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Anuario de Psicología JurídicaVol. 22, 2012 - Págs. 25-35

Copyright 2012 by the Colegio Oficial de Psicólogos de MadridISSN: 1133-0740 - http://dx.doi.org/10.5093/aj2012a3

Análisis de la Justicia Restaurativa en Materia deResponsabilidad Penal para Adolescentes en

Colombia*

Analysis of Restorative Justice in CriminalLiability for Adolescents in Colombia

Leonardo Alberto Rodríguez CelyPontificia Universidad Javeriana, Colombia

Resumen. Este estudio tuvo como objetivo hacer un análisis de la justicia restaurativa orien-tado a la atención de casos de responsabilidad penal para adolescentes infractores colombia-nos de acuerdo con la Ley 1098 de 2006. Este análisis es el producto de un trabajo concep-tual y un ejercicio metodológico aplicado a un proceso de recolección, sistematización y aná-lisis de la información, basado en un diseño de investigación exploratoria. Se utilizó unamuestra intencional de treinta participantes que trabajan en el Centro de Servicios JurídicosEspeciales para Adolescentes, integrada por jueces de conocimiento y de control de garantí-as, fiscales delegados, defensores de familia, policía judicial, psicólogas y trabajadoras socia-les, a quienes se les administró una entrevista en profundidad basada en categorías previa-mente definidas. En el estudio se describen necesi dades del contexto institucional, profesio-nal y de los funcionarios del sistema, que permiten comprender las condiciones necesariaspara proponer lineamientos generales que guíen, por una parte, la formulación de un progra-ma de justicia restaurativa acorde con la ley vigente en Colombia y, por otra, que posibilitendiferentes estrategias para empoderar a la comunidad y cumplir el principio de corresponsa-bilidad entre el Estado, la comunidad, la familia, las instituciones educativas, las víctimas ylos adolescentes infractores, para hacer viables los programas de justicia restaurativa.Palabras clave: adolescentes, justicia restaurativa, responsabilidad penal.

Abstract. This study aimed to analyze the restorative justice oriented to dealing with casesof criminal responsibility for Colombian young offenders under Law 1098 of 2006. Thisanalysis is the product of a conceptual job and methodological exercise applied to a collec-tion process, systematization and analysis of information, based on an exploratory researchdesign. We used a purposive sample of thirty participants who work at the Center for SpecialLegal Services for Adolescents, composed of judges of knowledge and control of guarantees,prosecutors, family advocates, judicial police, psychologists and social workers who aregiven an in-depth interview based on predefined categories. In the study are described needsof the institutional context, professional and system staff members that provide insight intothe necessary conditions to propose general guidelines to guide on the one hand, the devel-opment of a restorative justice program in a accordance with applicable law in Colombia and,on the other hand, that allow different strategies to empower the community and fulfill the

La correspondencia sobre este artículo debe enviarse al autor al e-mail: [email protected]

* Investigación para obtener el Diplomado de Estudios Avanzados(DEA) del programa de Doctorado en Criminología y DelincuenciaJuvenil. Agradecimiento por el apoyo académico al Instituto deCriminología de la Universidad de Castilla La Mancha, a la tutora de lainvestigación Dra. Esther Fernández Molina. Subvencionado por laPontificia Universidad Javeriana. Colombia.

La justicia restaurativa se gestó a partir de lacompresión de las formas como se solucionabanconflictos en las antiguas comunidades indígenasde Nueva Zelanda, Irlanda, Canadá, EstadosUnidos y América Latina, cuyas prácticas se hanestudiado y retomado en tanto representan unaalternativa de justicia que ha permitido el desarro-llo de importantes tratados y convenios en los dife-rentes sistemas de justicia penal de menores en elmundo. Entre ellos se encuentra el de Colombia,que vive un proceso de transición de un sistemaeminentemente tutelar a un sistema de justicia oresponsabilidad penal juvenil (Griffiths y Hamil-ton, 1996; Pratt, 1996; Varona, 1998; Consedine2002; Brito, 2009).

La Convención de los Derechos del Niño -CDN- (1989) ha marcado una pauta a través de lapropuesta de principios e instrumentos internacio-nales que prácticamente todos los Estados miem-bros de la CDN han tomado en cuenta al formularlegislaciones especiales reguladoras de la respon-sabilidad penal de los menores de edad. Unamuestra de ello es que los sistemas actuales de jus-ticia juvenil han venido incorporando principiosde justicia restaurativa y del modelo de descrimi-nalización, desjudicialización, diversificación ydebido proceso, en el marco de procedimientosgarantistas y respetuosos de los derechos de losmenores de edad (De la Cuesta 1998; Giménez,1999; Tiffer, 2000; Carranza, Tiffer y Maxera,2002; Padilla 2010).

En esta vía se ha venido configurando una nuevapolítica criminal de justicia penal juvenil de conte-nido sancionador-educativo que tiene en cuenta losprincipios de oportunidad e intervención mínima yque incorpora mecanismos como la mediaciónreparadora entre víctima e infractor, lo que se vin-cula, en ocasiones, a medidas de orden comunitario(Rodríguez, Padilla, Rodríguez y Díaz, 2010). Eldesarrollo de estos procedimientos reconoce a losmenores de edad como sujetos de derechos y deresponsabilidad y, además, implica característicascomo la especificidad de un derecho penal de

menores que aboga por procesos garantistas, flexi-bles, sumarios, únicos y confidenciales. De estaforma, la acción penal incorpora un amplio cuadrode medidas y sanciones que tiene presentes losprincipios de oportunidad1, intervención mínima2 ysubsidiariedad3 (Tiffer, 2000; ONU, 2002;Larrauri, 2004; Von Hirsch; Ashworth y Shearing,2003).

Gracias a este nuevo marco de política criminalen Colombia, se hace necesario comenzar con eldiseño de criterios para programas de justicia restau-rativa en materia de responsabilidad penal para ado-lescentes, a partir de la ley 1098/2006. Para tal fin,en esta investigación se indaga sobre los orígenes,los principios filosóficos, los valores, los procedi-mientos y los alcances de esta forma de justicia, asícomo también por los valores comunitarios y loslineamientos nacionales e internacionales que sub-yacen la puesta en marcha de programas propios deesta justicia (Carranza, Tiffer, Maxera, 2002; Álva-rez, 1999; Álvarez, Corzo, Mendoza, Parra yRodríguez, 2008).

El artículo presenta en su última parte los resul-tados de un ejercicio metodológico de corte cuali-tativo que ofrece lineamientos para un programapiloto de justicia restaurativa dirigido a atendercasos de Responsabilidad Penal para Adolescentesen el Centro de Servicios Jurídicos Especiales paraAdolescentes (en adelante CESPA) en la ciudad deBogotá y municipios de Cundinamarca (Colom-bia).

26 JUSTICIA RESTAURATIVA Y RESPONSABILIDAD PENAL EN ADOLESCENTES



principle of shared responsibility between government, community, family, educational insti-tutions, victims and young offenders to make restorative justice programs viable.Keywords: adolescents, restorative, criminal responsibility.

1 “Impone la creación de unas causales que bajo la idea del derechopenal mínimo, de su carácter fragmentario y de última ratio, permitaninterrumpir, suspender y renunciar de la acción penal, de paso esta solu-ción conlleva a un menor costo social; al permitirse así sea por excep-ción que se pueda disponer de la persecución penal” (Fiscalía Generalde Nación, 2007).

2 “El derecho penal no interviene de cara a la regulación de todos loscomportamientos del hombre en sociedad, sino sólo en orden de evitarlos atentados más graves que se dirijan contra importantes bienes jurí-dicos” (Villegas, 2009).

3 “En virtud de la subsidiariedad, todos los niveles de la organiza-ción social de orden superior y más complejo se ponen en una actitudde ayuda (palabra latina: subsidium) –apoyo, promoción, desarrollo-respecto a los menores” (Gómez, 2008).

Situación de los niños, niñas y adolescentesinfractores de la ley en Colombia

El miedo y la desesperanza se apoderan cada díamás de miles de ciudadanos y ciudadanas que vivenen la ciudad de Bogotá y en municipios deCundinamarca cuando tiene que transitar por algu-nas localidades especialmente peligrosas por lasbandas de niños, niñas y adolescentes que operan enellas (Bosa, Ciudad Bolívar, los Mártires, laCandelaria y Kennedy). De acuerdo con el CESPA,cada día se presenta una cantidad alarmante de deli-tos como homicidio, lesiones personales, extorsión,amenaza, hurto, robo, asaltos sexuales y micro-tráfi-co en los que están involucrados menores de edadque infringen la ley penal, lo que representa ungrave problema con serias repercusiones en el ámbi-to social, comunitario, educativo, familiar y perso-nal, que deja un creciente número de víctimas y unapreocupante tasa de reincidencia de los menoresinfractores, que viene en ascenso en los últimos añosen la ciudad de Bogotá (Fundación Restrepo Barco,2004; García, 2006; Márquez, 2007; Restrepo,2007; Rivera y Barreto, 2008; ONU, 2009).

Lamentablemente, muchos de estos niños, niñas yadolescentes están siendo reclutados sistemáticamen-te por la delincuencia común, por la delincuenciaorganizada y otro tanto por antiguos ex militantes delas guerrillas y paramilitares que amparados bajo elprograma de reinsertados y desmovilizados de la ley975 de Justicia y Paz de 2005 siguen delinquiendo yutilizando a menores de edad para cometer diferentesdelitos. Bajo el pretexto de que los menores van arecibir grandes sumas de dinero y que obtendránreconocimiento dentro del grupo, les ofrecen ademásprotección a los miembros de su familia, pero sobretodo hacen un proceso de convencimiento respecto alos beneficios e impunidad que otorga el código deinfancia y adolescencia por el carácter pedagógico,flexible y laxo de la norma y sus desbordantes garan-tías para los menores infractores (Ley 1098/2006;García 2006; Márquez, 2007; ONU, 2009).

Esta situación ha hecho que entre los ciudadanosy ciudadanas cada día tome más fuerza un argumen-to: que se han disparado las estadísticas de los deli-tos cometidos por los adolescentes, gracias a lainoperancia del Estado y la falta de control del apa-

rato judicial. A esto se suma el miedo de los ciuda-danos que recurrentemente han sido víctimas dedelitos, muchos de los cuales no se atreven a denun-ciar por el miedo, la amenaza y la poca credibilidadque genera el sistema. Cada vez se hace más eco a laidea que a partir de la entrada en vigencia de la ley1098 de 2006 se ha desbordado la acción delictivade las bandas, que en su mayoría son conformadaspor niños, niñas y adolescentes, bajo la dirección decriminales adultos (García 2006; Márquez, 2007;Rivera y Barreto, 2008).

Para describir quiénes son los adolescentesinfractores en Colombia, se hace necesario caracte-rizarlos en condiciones propias del contexto y, porende, de su vulnerabilidad. Se puede mencionar queexiste un dramático cuadro de miseria de niños,niñas y adolescentes con problemas de desnutrición,según el último estudio de desnutrición que se cono-ce en el país, realizado por el Instituto Colombianode Bienestar Familiar (en adelante ICBF) (2010), latasa de prevalencia en la población infantil del países del 12%. Esto quiere decir que de cada cien niñoscolombianos 12 presentan desnutrición crónica.

Este estudio señala además que un 13% de losniños en edades entre los cinco y nueve años tienenalgún retraso en su crecimiento y el 5% tiene unpeso bajo para su edad. El informe establece tam-bién que de la población entre los 10 y los 17 añosun 16% tiene baja estatura y el 7% tiene un pesodemasiado bajo (ICBF, 2010).

A las problemáticas de desnutrición y mendici-dad, se suma la deserción escolar de niños, niñas yadolescentes que de acuerdo con los datos delMinisterio de Educación Nacional (2009), represen-ta el 5.4%. Otro problema que afecta a la niñez yadolescencia en Colombia es la desintegración fami-liar, la farmacodependencia y la delincuencia vincu-lada a diferentes grupos armados que utilizan actual-mente menores de edad y cuyas cifras las exponen laDefensoría del Pueblo y UNICEF (2006) quienescalculan que hoy hay más de 7.000 niños y niñas enlas filas de los grupos armados irregulares. De ellos,el 60% ha visto matar; el 78% ha estado frente acadáveres mutilados; el 25% ha visto secuestrar; el13% ha secuestrado; el 18% ha presenciado torturas;el 40% ha disparado contra alguien y el 28% hasufrido heridas.



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Adicionalmente, de acuerdo con el reporte de laFundación Restrepo Barco (2004), de todos losniños y las niñas que participan en hostilidadesarmadas en el mundo, el 12% son colombianos queparticipan en la guerrilla, los grupos de autodefen-sas, narcotraficantes, grupos de delincuencia organi-zada y grupos de sicarios que se han vuelto a activarde forma importante después de la década de losochenta con los grandes carteles de las drogas.

El ICBF, las Comisarias de Familia, el CESPA, laPolicía Nacional, la Defensoría del Pueblo denun-cian, por su parte, las tasas bajas de denuncias eimpunidad (Rivera y Barreto, 2008) y, a la vez,muestran una vinculación alarmante de menores deedad que participan en delitos. El sistema de infor-mación estadístico delincuencial, operativo y con-travencional de la Policía Nacional (en adelanteSIEDCO) muestra una alta participación de niños,niñas y adolescentes como víctimas de homicidios,que entre los años 2002 y 2009 han alcanzado untotal de 15.817 participaciones. En cuanto a lesionesla cifra alcanza los 35.324 menores de edad. En elcaso del delito de hurto de bienes a los menores, del2008 al 2009 hubo un incremento del 41% (1.682casos más respecto al año anterior). Pero los delitosque presentan mayor participación comparado conpoblación adulta son aquellos contra la libertad, laintegridad y la formación sexuales, pues oscilanentre el 70% y el 76% entre el 2003 al 2009. Ademásde esta caracterización es importante recordar quemuchos de los y las adolescentes en Colombia son elproducto de una historia reciente de padres y fami-lias que han nacido en condiciones de pobreza(Restrepo, 2007) y con una historia social y culturalde un conflicto armado que dura ya más de sesentaaños en este país y que se ha caracterizado entreotros aspectos por: a) El problema de valores, nor-mas y creencias sociales que ha dejado la cultura delnarcotráfico, especialmente en la década de los añosochenta y noventa; b) muchos de los niños, niñas yadolescentes en Colombia han vivido el desplaza-miento forzado al lado de sus familias, que actual-mente conforman los cordones de miseria de lasprincipales ciudades del país como consecuencia delaccionar bélico de los grupos guerrilleros, en espe-cial las Fuerzas Armadas Revolucionarias deColombia (FARC); c) el secuestro de los niños,

niñas y adolescentes se convirtió en la década de losaños 90 y comienzos de 2000 en una estrategia deguerra, forma de terrorismo y soporte económico,dirigido a civiles nacionales y en algunos casos aextranjeros; d) la cantidad de menores de edad quehan sido mutilados por las minas antipersonales; e)la utilización de adolescentes para actividades delic-tivas como el homicidio, la extorsión, el secuestro,el hurto, el tráfico de drogas; f) adolescentes vícti-mas de los falsos positivos4 por parte de la fuerzasarmadas que reflejan una parte del conflicto internocolombiano y g) fleteo.

Para contrarrestar los anteriores delitos, infortu-nadamente se cuenta con un modelo de justicia encrisis y con un grave problema de impunidad, ya quedesde hace varias décadas, la administración de jus-ticia en Colombia se ha caracterizado por la perma-nente congestión de los despachos judiciales, por elbajo rendimiento en el trámite de los procesos, porla mala distribución geográfica de los recursos y poruna inadecuada planeación sectorial (García, 2006;Márquez, 2007). Como resultado de esta situación,se ha generado un ambiente de impunidad y de pocacredibilidad en el sistema judicial, que ha tenidocomo repuesta una serie de reformas a los códigos,que no han solucionado la crisis.

En síntesis, aún persisten, entre otros, los siguien-tes problemas: a) La desconfianza hacia los hombresque imparten la justicia; b) la legitimación de la justi-cia respecto a la credibilidad y viabilidad en la aplica-ción de las normas; c) la ausencia de definicionesjudiciales claras y justas; d) el aumento y altas tasasde reincidencia de los delitos, lo que además repre-senta sobrecarga de expedientes; e) precaria asigna-ción de recursos humanos, tecnológicos y económi-




4 Las investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas deseguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecu-ciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo delpaís. Aunque estos asesinatos no fueron cometidos como parte de unapolítica oficial, se encontró que muchas unidades militares comprome-tidas con los llamados “falsos positivos”, en los cuales las víctimas eranjóvenes asesinados por militares, a menudo por beneficio o gananciapersonal de los soldados. Generalmente, las víctimas fueron atraídasbajo falsas promesas por un “reclutador” hasta una zona remota dondeeran asesinadas por soldados que reportaban que había “muerto en com-bate” y tomaban medidas para manipular y encubrir la escena del cri-men”. Dentro de las Fuerzas Armadas, el éxito fue medido por el núme-ro de guerrilleros muertos y promovido por un entorno en el que hubopoca o ninguna rendición de cuentas. Los soldados sabían que podíanquedar impunes (Informe de Naciones Unidas 2009, sobre EjecucionesExtrajudiciales, 98.5% de impunidad http://www.extrajudicialexecu-tions.org/dhcolombia / Martes 25 de mayo de 2010).

cos; f) procesos costosos y dispendiosos; g) poca rela-ción entre la pena y el daño causado a las víctimas; h)las penas no cumplen con su papel de resocializacióny rehabilitación (ingreso de la persona a la sociedad);i) abandono de la(s) víctima(s) en los procesos judi-ciales en Colombia; j) hacinamiento en reclusión demenores; k) la mayoría de normas no se basan enestudios ni proyecciones de las instituciones académi-cas e investigativas (Rivera y Barreto, 2008).

Estos argumentos sobre la crisis en la administra-ción de justicia, la situación de la niñez y adolescen-cia en el contexto colombiano, las alarmantes esta-dísticas sobre los menores víctimas e infractores dela ley, las nuevas tendencias en la justicia de respon-sabilidad penal de adolescentes, el panorama inter-nacional respecto a la justicia restaurativa y la nuevaimplementación en la legislación colombiana yespecíficamente en la ley 1098 de 2006 se convier-ten en argumentos suficientes para llevar a cabo estainvestigación sobre ¿Cómo se están aplicando loscriterios de justicia restaurativa para atender casosde responsabilidad penal para adolescentes en elCentro de Servicios Jurídicos Especiales paraAdolescentes (CESPA) en la ciudad de Bogotá y losmunicipios de Cundinamarca- Colombia?

Objetivos del estudio

Objetivo General

Analizar la aplicación de los principios de justiciarestaurativa para atender casos de responsabilidadpenal para adolescentes en el CESPA en la ciudad deBogotá y los municipios de Cundinamarca, Colom-bia.

Objetivos específicos

– Identificar los conocimientos y experienciasque tienen los funcionarios del CESPA Bogotáy Cundinamarca sobre la aplicación de losprincipios de justicia restaurativa en casos deresponsabilidad penal para adolescentes.

– Valorar la opinión que tienen los funcionariossobre la oportunidad de diseñar un programa de

justicia restaurativa en casos de responsabili-dad penal para adolescentes en Colombia.

– Identificar los procedimientos y requerimientospara la implementación de un programa de jus-ticia restaurativa en caso de responsabilidadpenal para adolescentes en Colombia.

Metodología

Esta investigación es de corte cualitativo con undiseño de carácter exploratorio-descriptivo que seajusta a los presupuestos teóricos-conceptuales delos principios de justicia restaurativa descritos en larevisión bibliográfica. Para el estudio se definieronalgunas categorías iniciales de orden deductivo,pero durante el proceso de recolección, sistematiza-ción y análisis de la información surgieron nuevascategorías inductivas y de agregado. Las categoríaspermitieron organizar los resultados en las unidadesde análisis, de modo que la información obtenidacumpliera con los requisitos de ser exclusiva yexcluyente para el análisis, la discusión y la presen-tación de resultados.

Participantes del estudio

El trabajo ha contado con una muestra intencionalintegrada por treinta profesionales que trabajan en elCESPA, pertenecientes a: Policía Judicial, Fiscalesdelegados, Jueces de Conocimiento, Jueces deControl de Garantías, Defensor de Familia,Ministerio Público y Policía de Infancia y Adoles-cencia.

Anexo

Se diseñó y aplicó una entrevista en profundidadbasada en un cuestionario de 20 preguntas que sedividieron de acuerdo con las categorías del estudiode la siguiente forma:

• Cinco preguntas para obtener informaciónsobre los conocimientos y la experiencia quetenían los funcionarios sobre la aplicación de laley 1098 de 2006.




• Ocho preguntas sobre el conocimiento respectoa lineamientos internacionales y nacionales enjustica restaurativa.

• Seis preguntas que indagaban por programas yprocedimientos específicos en justicia restaura-tiva que se estuvieran aplicando en el CESPAde la ciudad de Bogotá y municipios de Cundi-namarca.

• Una pregunta acerca de los recursos institucio-nales con que se cuenta para desarrollar progra-mas de justicia restaurativa.

Resultados

Los resultados de la investigación se dan a cono-cer a partir de las categorías del estudio previamen-te establecidas y que permitieron organizar la infor-mación aportada por los grupos de profesionales quetrabajan en el CESPA de la ciudad de Bogotá y enlos municipios de Cundinamarca.

En primera instancia se establecen las diferenciasy coincidencias en el desarrollo de la Ley de infan-cia y adolescencia entre los participantes del estu-dio, y lo pertinente al tema de responsabilidad penalde los adolescentes teniendo como aspecto central eldesarrollo de programas de justicia restaurativa.

Como resultado general se observa que existendiferencias en cuanto al conocimiento y la experien-cia de los profesionales que laboran en el CESPA dela ciudad de Bogotá y los profesionales del CESPAde los municipios de Cundinamarca. Los primeroshan recibido mayor capacitación y formación encuanto el Código de Infancia y Adolescencia.

Resultados obtenidos en la categoríade conocimiento y experiencia

La información arroja como resultado que elgrupo de Jueces de CESPA de Bogotá en compara-ción con los profesionales de CESPA Cundinamarcacuentan con una mayor experiencia, por cuantoempezaron a implementar el sistema desde el año2006 con mayor cantidad de casos atendidos; mien-tras que en el caso de los profesionales de Cundina-marca, algunos de ellos no han recibido capacitación

y comenzaron a aplicar la ley el primero de junio de2009 con un número reducido de casos. Los profe-sionales del CESPA de Bogotá muestran mayoresconocimientos que han adquirido a partir de cursosinstitucionales, del interés particular de los funcio-narios, por la necesidad de resolver los casos atendi-dos tratando de cumplir con los principios del dere-cho internacional humanitario, la convención de losderechos del niño, los principios de Beijing, lasdirectrices de Riad, la Constitución Política deColombia, aspectos del derecho procesal y elCódigo de niños, niñas y adolescentes.

El grupo de profesionales que participaron en elestudio, le dan un valor importante al nuevo carácterpedagógico, diferencial y específico de la norma,para que ello sea posible, previamente el Estadocolombiano debe cumplir con su responsabilidad degenerar las condiciones necesarias para el buen de-sarrollo físico, psicológico, social de los niños, lasniñas y los adolescentes. Además, ofrecer las condi-ciones mínimas y oportunidades socio económicaspara las familias de los adolescentes infractores de laley, acompañándolos con políticas públicas efecti-vas hacía las madres cabeza de familia, quienes nocuentan con los suficientes recursos económicos, niapoyos institucionales para el cuidado, la crianza yla supervisión de los hijos.

Otro punto, es que consideran que hay deficienciasen la planeación y ejecución de la misma ley, debidoal poco tiempo que ésta lleva en el Sistema deResponsabilidad Penal de Adolescentes. Critican lostiempos que otorga la norma para la sanción de losadolescentes, ya que según ellos, es muy limitado, yno se logra un proceso pedagógico, ni de resocializa-ción adecuado, lo que provoca que los adolescentessistemáticamente se burlen de las sanciones legales.

Posteriormente centran sus críticas en las políti-cas públicas en materia de educación, ya que segúnlos profesionales existe una alta deserción escolar delos adolescentes infractores de la ley. Hacen referen-cia a las escasas instituciones educativas especiali-zadas en los problemas de los adolescentes en la ciu-dad de Bogotá y los municipios de Cundinamarca,que por ser tan escasos, también generan preocupa-ción por la ubicación tan distante teniendo conse-cuencias en una grave separación del adolescente desu entorno familiar.




Además, consideran los profesionales delCESPA, que falta mayor apoyo y seguimiento de loscasos para conocer la situación en que se encuentrael adolescente, su familia y el entorno donde viven,ya que esta labor no se puede cumplir por el núme-ro escaso de profesionales con los que se cuentaactualmente y que se requiere de una mejor forma-ción en las diferentes áreas del conocimiento.Critican a la vez, la falta de coherencia en la unifi-cación de criterios de actuación profesional e inter-profesional, al no contar con protocolos especializa-dos dirigidos a: la prevención, atención, remisión ytoma de decisiones de los profesionales que atiendenlos casos. En esta misma línea, plantean problemassobre los criterios que les permita articular las fun-ciones de las instituciones educativas frente a losprofesionales las familias y el propio adolescente.

Sobre las instituciones de la institución familiar,consideran que hay un escaso compromiso de lasfamilias para cumplir el papel pedagógico de la san-ción, objetando el papel de los padres respecto a laspautas de crianza, la ausencia de normas, y caracteri-zando a los padres como negligentes y en ocasionescómplices de las conductas delictivas de sus hijos.Existe además, un grave abandono de las figuraspaternas en el cumplimiento de responsabilidades,pues dejan a cargo de sus hijos únicamente a la madrey la familia extensa de ésta en la mayoría de los casos.

Frente a las medidas pedagógicas de los adoles-centes, consideran que tienen cada vez más proble-mas con la justicia a más temprana edad, y que lamayoría de adolescentes no tiene conciencia parareparar a sus víctimas; los adolescentes sólo se alla-nan a los cargos para que no sean remitidos a las ins-tituciones.

Al indagarse por los principios de la ley sobrebienestar, tutela y resocialización, la mayoría defuncionarios coinciden que se intenta cumplir conlos derechos de los y las adolescentes infractores dela ley, así como hacer cumplir los derechos de lasvíctimas. La mayoría de participantes consideranque se ha mejorado la vigilancia y control para queno se vulneren los derechos de los adolescentescuando intervienen los profesionales pertenecientesa la Policía de infancia y adolescencia, al InstitutoColombiano de Bienestar Familiar, la FiscalíaGeneral de la Nación y los Juzgados.

Respecto al tema de la resocialización vuelven ainvocar los mismos problemas para hacer posible lassanciones pedagógicas y algunos mencionan que enpocos casos se han logrado experiencias exitosas, yéstas se asocian a las siguientes circunstancias: sondelincuentes que delinquen por primera vez, buenacrianza, compromiso de la familia, suficiente tiempopara hacer supervisión, delito leve, consciencia yvoluntad de cambio por parte del adolescente.

Hay consenso entre los profesionales al decir quesi bien la Ley 1098/06 establece unos parámetrospara materializar los principios y que, además, éstoshacen lo posible por cumplir la norma, la realidaddemuestra que no existe una relación clara entre ladoctrina legal, los aspectos metodológicos y los pro-pósitos buscados para la resocialización, que es elfin menos logrado. De acuerdo con las respuestasobtenidas, lo anterior se atribuye principalmente aun sistema desbordado por la cantidad de casos, lacarente disposición por parte del menor infractor, laescasa corresponsabilidad de la familia, el entornosocial y cultural, las deficiencias legales, la falta deinfraestructura y los pocos recursos económicos.

Sobre el carácter pedagógico, diferencial y espe-cífico que exige la norma, los profesionales laencuentran como una norma valiosa y fundamentalque permite: a) Procesos reflexivos de los adoles-centes infractores en torno al compromiso de noreincidir en las conductas delictivas; b) dar un tratodiferencial respecto a los adultos por su inmadurezpsicológica; c) entenderlo como una sanción peda-gógica y no punitiva alejándolo de las institucionesde los adultos; d) cada infracción debe tener un tipoespecífico de sanción pedagógica dependiendo de lagravedad de los hechos, las características y necesi-dades del adolescente.

Resultados obtenidos en la categoría sobreprincipios de justicia restaurativa

En cuanto a la aplicación de los principios de jus-ticia restaurativa, los funcionarios del CESPA tantode Bogotá como de los municipios de Cundina-marca, a excepción de un juez (conocimiento), unfiscal y un defensor de familia, admiten no tenerconocimientos ni experiencia sobre el tema, pero




asocian la aplicación de estos principios con: a) Elprocedimiento dirigido a restablecer los derechos delas víctimas y a buscar una indemnización económi-ca; b) al incidente de reparación integral; c) a resta-blecer los vínculos sociales que afectan la conductadel adolescente infractor; d) la solicitud de perdónpor parte del victimario y la iniciación de un proce-so de rehabilitación para la víctima; e) se asocia conlos principios de Justicia y Paz de EstadoColombiano; f) probar un delito para reparar a lavíctima; g) tratar de que el adolescente reflexionebuscando un mínimo de convivencia y compren-diendo que el menor infractor también ha sido vícti-ma de la crisis social; h) evitar al máximo que losadolescentes sean institucionalizados; i) un procedi-miento que se aplica a los delitos asociados conhurto y lesiones personales; j) la indemnización, elperdón y las garantías de no repetir la conducta; k)habilitar y dar protagonismo a las víctimas a travésde acciones como la asistencia psicológica, la infor-mación adecuada, un trato amable y coherente conla situación denunciada.

Las respuestas que se obtienen de la pregunta silos problemas de criminalidad en adolescentes pue-den ser abordados desde la perspectiva de la justiciarestaurativa, algunos funcionarios responden que esposible cuando: a) se cuente con el grado de corres-ponsabilidad social entre el Estado, la comunidad, lafamilia, la víctima y el adolescente infractor; b) lasnecesidades básicas de alimentación, salud, educa-ción, vivienda, y empleo estén satisfechas y garanti-zadas; c) existan oportunidades para los adolescen-tes y se logre la transformación del entorno que loslleva a delinquir; d) se comprendan los contextos ylas necesidades del adolescente que vive en Bogotáy los que viven en los municipios de Cundinamarca.

Los profesionales del CESPA critican la falta deapoyo por parte del Estado para implementar pro-gramas de justicia restaurativa, creen que se debebrindar mayor asistencia psicológica y social, asícomo ampliar la participación de otras entidades.Además, se hace necesario un seguimiento másriguroso de este proceso que permita medir la rein-cidencia de los adolescentes infractores y verificar elcumplimiento de los acuerdos. Los participantes enla investigación piensan que este último aspectoincide en la presentación continua de conciliaciones

que no resuelven el conflicto, sino que, por el con-trario, lo mantienen en un círculo vicioso, determi-nando la poca credibilidad que los menores infracto-res tienen de las instituciones.

Los beneficios de los programas de justicia res-taurativa son: a) Permite tomar conciencia a edadestemprana; b) integra conceptos de distintos profesio-nales con un mismo fin que es garantizar el bienes-tar del menor e impartir justicia c) la victima sienteque hace parte de un Estado social y democrático dederecho por medio de la reparación; d) el Estado yla sociedad cambia la percepción del adolescentecomo un delincuente; e) continúa el empoderamien-to del adolescente como un sujeto de derechos y res-ponsabilidades; f) el victimario piensa en la condi-ción con la victima; g) los padres toman concienciade la falta de autoridad, cuidado y disciplina respec-to a sus hijos; h) la victima tiene la posibilidad deconocer la verdad; i) se ahorra el desgaste de la ley;j) la víctima y el victimario participan de maneraconjunta en la solución del caso; k) Se cumple lafunción pedagógica que pretende los estándaresinternacionales; l) se aleja la idea de impunidadreparando a la víctima y reinsertando al adolescentea la sociedad; m) se evita la congestión de los proce-sos judiciales, solucionándolos de forma rápida eintegral. Otros funcionarios interpretan los benefi-cios de la justicia restaurativa como una ventaja paraque los menores no sigan delinquiendo.

Ante la pregunta sobre las principales críticas delmodelo de la justicia restaurativa, los profesionalesresponden que: a) Este enfoque se excede en garan-tías y protección a los adolescente infractores, por lotanto facilita la reincidencia de sus conductas; b) nose ha contado con la inducción ni capacitación nece-saria para los profesionales y el equipo técnico queinterviene sobre estos casos; c) la reparación quepiden las víctimas no es proporcional al daño causa-do, y tampoco se ajusta a las condiciones económi-cas del adolescente o en su defecto de la familia; d)no todos los delitos son susceptibles de aplicar a estemodelo; e) el modelo no se ajusta a los diferentescontextos y necesidades sociales; f) ha presentadodificultades la aplicación de los modelos de justiciarestaurativa porque se mantienen muchos de los prin-cipios de la justicia punitiva y retributiva; g) estemodelo requiere de importantes transformaciones y




prácticas culturales que permitan una mayor cohe-sión social que apoye a la justicia; h) el adolescenteno asume la responsabilidad de los hechos cometi-dos, simplemente tiene llamados de atención, y quie-nes reparan son los padres; i) aprovechando la flexi-bilidad del modelo de justicia restaurativa, los ado-lescentes se convierten en un instrumento de losadultos para la comisión de delitos; j) el exceso deprotección del modelo de justicia restaurativa generapara el adolescente un perjuicio de adaptación socialen su vida adulta; k) el modelo de justicia restaurati-va no regula la posibilidad de que los adolescentespresenten altos índices de reincidencia y mayor gra-vedad en los delitos cometidos; l) hay confusión porparte de algunos funcionarios respecto a la etapa pro-cesal donde se debe aplicar la justicia restaurativa;m) algunos funcionarios no tienen críticas porqueconsideran que hasta el momento se están implemen-tando los programas de justicia restaurativa.

Resultados obtenidos en la categoría de programas de justicia restaurativa

Sobre la implementación de los programas de jus-ticia restaurativa los profesionales hacen las siguien-tes consideraciones: a) Se debe contar con una capa-citación integral frente al tema, que incluya ademásde los profesionales a todas las partes involucradasen el proceso (familia, comunidad y colegios); b) serequiere hacer una mirada más preventiva a partir dela Policía de Infancia y Adolescencia, la FiscalíaGeneral de la Nación, el Instituto Colombiano deBienestar Familiar, las familias y las institucioneseducativas; c) se deben integrar los medios de comu-nicación para divulgar y socializar la importancia dela justicia restaurativa; d) hay que tener claridadsobre las funciones que debe cumplir cada uno delos profesionales, teniendo en cuenta el dominio y laespecialidad de su disciplina, con el fin de lograracciones articuladas y coordinadas frente a los pro-gramas de justicia restaurativa; e) es necesario con-tar con más recursos humanos, logísticos, técnicos yeconómicos para la implementación de programasde justicia restaurativa.

A la pregunta, ¿cómo debería operar un programade justicia restaurativa?, los profesionales hicieron

las siguientes consideraciones: a) Fortalecer losequipos técnicos e interdisciplinarios para desarro-llar los programas; b) trabajar conjuntamente con eladolescente, la víctima, la familia y la comunidad através de actividades culturales, académicas, recrea-tivas, y promoviendo oportunidades laborales paralograr cambios en el sistema de justicia y la socie-dad; c) hacer uso del principio de corresponsabilidadentre la sociedad, la familia y el Estado para atenderal menor infractor; d) desarrollar estudios interdisci-plinarios e interinstitucionales con el fin de estable-cer criterios para la viabilidad de los programas dejusticia restaurativa; e) los programas de justicia res-taurativa deben autorregularse a través de procesosde evaluación, lo que permitiría los cambios perti-nentes para mejorar los procedimientos y los objeti-vos que se buscan.

En cuanto a la participación de la comunidad, losfuncionarios del CESPA de la ciudad de Bogotá ymunicipios de Cundinamarca, consideran que hacefalta más información sobre las alternativas de par-ticipación sobre los programas de justicia restaurati-va. Para los profesionales del CESPA, el personalque trabaje con un enfoque enmarcado en la justiciarestaurativa debe tener una capacidad de compren-sión y compromiso con los usuarios y la problemá-tica que allí se atiende. Consideran necesaria unacapacitación especial para atender este tipo de con-flictos desde una perspectiva pedagógica, ya que porsu condición de defensores de familia, trabajadoressociales, psicólogos, policías de infancia y adoles-cencia, según señalan, no han sido preparados a pro-fundidad para ello. En su opinión, hay una necesidadde recibir capacitación en áreas como asistenciasocial, negociación y resolución de conflictos y psi-cología infantil.

En general, los funcionarios señalan que la natu-raleza de los conflictos de los adolescentes infracto-res de la ley hace imprescindible la participacióncoordinada entre jueces, fiscales psicólogos, trabaja-dores sociales, representantes de policía, de laDefensoría Pública y del Instituto Colombiano deBienestar Familiar, así como la conformación deequipos interdisciplinarios que posibiliten la acciónconjunta para restablecer los derechos y reparar a lasvíctimas. En suma, la realización de un trabajo inter-sectorial, interinstitucional e interdisciplinario.




Resultados sobre la categoría de recursosinstitucionales

Para el cumplimiento de su tarea, los profesiona-les del CESPA de Bogotá y Cundinamarca señalanque hacen falta recursos y herramientas tales comoinstalaciones adecuadas, instrumentos tecnológicos,personal capacitado y espacio físico para la realiza-ción de talleres y la ejecución de entrevistas en lasque se mantenga la privacidad. Así mismo, mencio-nan la falta de compromiso de las diferentes entida-des y del apoyo de las instituciones relacionadas conla problemática del adolescente.

En síntesis, la aplicación de cada una de las catego-rías propuestas en el estudio, ponen en evidencia undesconocimiento sobre los procedimientos generalesde los programas y mecanismos de justicia restaurati-va por parte de las instituciones tanto judiciales comoeducativas, así como de los profesionales, la comuni-dad, la familia y los adolescentes infractores.

Conclusión

La aplicación de cada una de las categorías pro-puestas en el estudio, ponen en evidencia un descono-cimiento sobre los procedimientos generales de losprogramas y mecanismos de justicia restaurativa delas instituciones tanto judiciales como educativas, asícomo de los profesionales, la comunidad, la familia ylos adolescentes infractores en principios y progra-mas de justicia restaurativa. Una buena política crimi-nal en el SRPA debe permitir mecanismos de transfor-mación cultural, social, comunitaria, familiar e indivi-dual para interiorizar las formas de justicia restaurati-va. Se hace indispensable cumplir con el principio decorresponsabilidad entre el Estado, la comunidad, lafamilia, las víctimas y adolescentes infractores parahacer viable los principios y programas de JusticiaRestaurativa en Bogotá y los municipios de Cundi-namarca. Por último, el estudio muestra la necesidadde generar criterios de actuación profesional e inter-profesional a partir de protocolos especializados diri-gidos a: la prevención, atención, remisión y toma dedecisiones de los profesionales que atienden los ca-sos. En esta misma línea, plantean problemas sobrelos criterios que les permita articular las funciones de

las instituciones educativas frente a los profesionaleslas familias y el propio adolescente.

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Manuscrito recibido: 01/03/2012Revisión recibida: 27/04/2012

Aceptado: 30/04/2012

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