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Año 12, núm. 60 ISSN: 2079-8640 www.poderjudicial.gob.do ISSN: 2079-8640 Poder Judicial implementa Sistema de Recepción y Entrega del Registro de Títulos del Distrito Nacional Periodistas reciben capacitación sobre procedimiento penal Pleno de la Suprema Corte de Justicia asciende a 21 jueces PJ divulga normas que regirán la política de igualdad para personas con discapacidad Pág. 4 Pág. 4 Pág. 5 Como parte de los compromisos firmados en la Cumbre Judicial Nacional, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), doctor Mariano Germán Mejía, inauguró el Sistema de Recepción y Entrega del Registro de Títulos del Distrito Nacional. Con el objetivo de empoderar a los periodistas de los términos, procedimientos y fortalecer su capacidad en materia jurídica, el Poder Judicial realizó el taller “El Proceso Penal y Medios de Comuni- cación”, en la Escuela Nacional de la Judicatura. Decenas de periodistas de distin- tos medios de comunicación reci- bieron la bienvenida del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judi- cial (CPJ), doctor Mariano Germán Mejía, quien expresó satisfacción por el respaldo dado por los comu- nicadores a este tipo de iniciativas. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó el ascenso de 21 jueces y juezas de distintas jurisdicciones del país, tomando en cuenta su desempeño en el cargo, la trayectoria en el Poder Judicial y el tiempo de servicio. La decisión fue adoptada luego de recibir una propuesta remi- tida por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), el 19 de octubre del 2016, según consta en el Acta núm. 36/2016. En la provincia de Santo Domingo fueron ascen- didos 9 jueces y juezas, y 7 en el Distrito Nacional. Noviembre 2016 Pág. 3

año 12, núm. 60 ISSN: 2079-8640 ... · Poder Judicial implementa Sistema de Recepción y ... inmediatamente el expediente se torna digital, dando mayor seguridad a la documentación

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año 12, núm. 60 ISSN: 2079-8640 www.poderjudicial.gob.do

ISS

N: 2

079-

8640

Poder Judicial implementa Sistema de Recepción y Entrega del Registro de Títulos del Distrito Nacional

Periodistas reciben capacitación sobre procedimiento penal

Pleno de la Suprema Corte de Justicia asciende a 21 jueces

PJ divulga normas que regirán la política de igualdad para personas con discapacidad

Pág. 4Pág. 4Pág. 5

Como parte de los compromisos firmados en la Cumbre Judicial Nacional, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), doctor Mariano Germán Mejía, inauguró el Sistema de Recepción y Entrega del Registro de Títulos del Distrito Nacional.

Con el objetivo de empoderar a los periodistas de los términos, procedimientos y fortalecer su capacidad en materia jurídica, el Poder Judicial realizó el taller “El Proceso Penal y Medios de Comuni-cación”, en la Escuela Nacional de la Judicatura.

Decenas de periodistas de distin-tos medios de comunicación reci-bieron la bienvenida del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judi-cial (CPJ), doctor Mariano Germán Mejía, quien expresó satisfacción por el respaldo dado por los comu-nicadores a este tipo de iniciativas.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó el ascenso de 21 jueces y juezas de distintas jurisdicciones del país, tomando en cuenta su desempeño en el cargo, la trayectoria en el Poder Judicial y el tiempo de servicio.

La decisión fue adoptada luego de recibir una propuesta remi-tida por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), el 19 de octubre del 2016, según consta en el Acta núm. 36/2016. En la provincia de Santo Domingo fueron ascen-didos 9 jueces y juezas, y 7 en el Distrito Nacional.

Noviembre 2016

Pág. 3

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Noviembre 20162

FUNDADO EL 7 DE ENERO DE 2005, NÚM. 60 • Noviembre 2016

DIRECCIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Presidente: Mariano Germán Mejía

Director: Federico Méndez

Redactores: Nilba Pérez, adris G. Ferreras,

Guillermina Santos

Correctores: Mayra arbaje Lembert y Marlene Guillén

Diagramación: Manuel Peralta

Fotografía: Fior Vidal

Impresión: Editora Corripio

Editorial

Div. de Jurisprudencia y Legislación del CENDIJDContacto: 809-533-3191 ext. 2194

Email: [email protected]

Los enfoques relacionados a las personas con discapacidad han evolucionado a lo largo de

la historia. Desde el médico, que hace especial hincapié en la deficiencia de la persona que se considera que da origen a la desigualdad, hasta el social y de derechos humanos que incluyen una idea muy diferente, ambos consideran que la discapacidad es la consecuencia de la interacción del individuo con un entorno que no da cabida a las diferencias de ese individuo.

Este modelo de política se centra en la persona, no en su deficiencia y reconoce los valores y derechos de las personas con disca-pacidad como parte de la sociedad, que son sujetos de derechos y que el Estado y otras entidades tienen responsabilidades frente a estas personas.

En la sociedad actual existe una tendencia a adaptar el entorno y los espacios públicos a las necesidades de las personas con discapa-cidad, a fin de evitar la exclusión social, pues

una discapacidad se percibe como tal, en tanto que la persona es incapaz de interactuar por sí misma con su propio entorno.

La sociedad debe eliminar las barreras acti-tudinales, comunicacionales y arquitectónicas para lograr la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Es por eso que el Consejo del Poder Judicial aprueba la Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad.

Dicha política se inserta dentro del plan es-tratégico 2015-2019 del Poder Judicial, como objetivo estratégico OE1: Mejorar y facilitar el acceso a la justicia. Dentro de este, existen líneas estratégicas que hacen referencia a la eliminación de las barreras que dificultan di-cho acceso y que constituyen obstáculos para el pleno ejercicio de derechos de las personas, especialmente de aquellas en condición de vulnerabilidad, entre las que se encuentran las personas en condición de discapacidad.

La meta es que se evolucione en cuanto al accionar relativo a la discapacidad, con la finalidad de lograr una más satisfactoria dig-nidad de la persona involucrada.

El contenido de esta política refleja el com-promiso que asume el Poder Judicial con el respeto de los derechos humanos y los prin-cipios de igualdad y no discriminación por razones de discapacidad, de equiparación, de prioridad absoluta, de la no violencia, de accesibilidad y de auto representación, entre otros.

El Poder Judicial, a través de todas sus de-pendencias y tribunales, asume el compromi-so de eliminar toda restricción, limitación u obstáculo que sean consecuencias de la inte-racción del ser humano con un medio físico, comunicacional o actitudinal no adaptado a la diversidad, y solicita ser apoyado en dicha iniciativa por la sociedad dominicana.

El Compromiso con la Igualdad

El despido unilateral del empleado fue jus-tificado por la Tercera Sala de la Suprema

Corte de Justicia, cuando entre los factores concurrentes están la hostilidad y el incumpli-miento de obligaciones.

Ese criterio jurisprudencial quedó estableci-do en una decisión expedida el 24 de agosto de 2016, en la cual traza el límite entre el poder del empleador y la actuación del trabajador.

Hostigamiento laboral. Despido. Trabajador que se mantiene en hostigamiento hostil con sus compañeros de trabajo. Despido justifica-do. Sentencia del 24 de agosto de 2016.

Considerando, que el despido es una termi-nación del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empleador, por una falta del tra-bajador, en forma clara, evidente, inequívoca, que no deje lugar a dudas de la materialidad del mismo, que en la especie quedó establecido ante los jueces del fondo.

Considerando, que la empresa recurrida sostiene que el despido obedece “al hecho de que en fecha 3 de octubre pudimos comprobar que usted ha mantenido manejo inadecuado de los empleados a su cargo, ya que no les brinda acompañamiento, duda de la palabra de sus empleados, los cuales se sienten perseguidos y mal liderados porque usted no brinda informa-ción acerca de la empresa y muestra demora en la asignación de los trabajos”; además de viola-ción a los numerales 4°, 14° y 19° del artículo 88 del Código de Trabajo.

Considerando, que ante el tribunal del fondo quedó establecido como una cuestión de hecho, que el trabajador recurrente tenía problemas reiterado con el manejo en el cumplimiento de sus obligaciones de trabajo, y sus compañeros de trabajo, así como crear y fomentar un ambiente hostil, y el no cum-plimiento de las asignaciones de trabajo, sin ninguna evidencia de desnaturalización, ni error material.

Considerando, que la falta de obediencia consiste en el deber de desempeñar su traba-jo (prestar el servicio convenido), con inten-sidad, cuidado y esmero, en el modo, tiempo y lugar convenidos (deber de diligencia) y bajo la dirección del empleador o de su re-presentante a cuya autoridad esté sometido en todo lo concerniente al trabajo (deber de obediencia).

Considerando, que es necesario para que esta causal de despido exista el hecho de la desobediencia a las órdenes del empleador o su representante (sent. 13 de diciembre de 1968, B. J. núm. 697, pág. 2799).

En la especie quedó comprobado ante los jueces del fondo que el trabajador no reali-zaba su labor con “cuidado y esmero”, y no daba cumplimiento a “las labores asignadas” y su actuación creaba o promovía un “am-biente hostil” en las relaciones internas de la empresa.

Tercera Sala de la SCJ: Trabajador que comete falta de obedienciaConsiderando, que no se incurre en vague-

dad en los motivos, ni en motivos generales y confusos cuando el tribunal de fondo no señala nombre de los compañeros de trabajo que el recurrente en su calidad le mantenía un am-biente hostil horizontal, contrario a la buena fe del desempeño de todo trabajo en la ejecución de sus obligaciones derivadas del contrato, el tribunal cumple con su función de la búsqueda de la verdad material unida a los hechos reales cuando analiza y señala los hechos coherentes, sinceros y verosímiles apreciados soberana-mente que le han servido para formar su reli-gión del caso sometido.

Considerando, que si bien la empresa o el empleador tiene límites en el ejercicio de los poderes del empresario en la ejecución del con-trato de trabajo y sobre todo en el respeto a los derechos fundamentales del trabajador en sus relaciones de trabajo, en la especie, se trata de un trabajador que comete faltas de obediencia y faltas sustanciales al contrato de trabajo, “por manejo no adecuado con sus compañeros y un hostigamiento horizontal a sus compañeros” y el no cumplimiento de sus tareas asignadas.

infoJUriS

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3Noviembre 2016

Poder Judicial implementa Sistema de Recepción y Entrega del Registro de Títulos del Distrito Nacional

El Sistema de Recepción y Entrega del Registro de Títulos inició como piloto en el Distrito Nacional.

Un técnico da explicaciones del sistema de Recepción y Entrega del Registro de Títulos que implementa la JI.

Como parte de los compromisos firmados en la Cumbre Judicial Nacional, el presidente de la

Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), doctor Mariano Germán Me-jía, inauguró el Sistema de Recepción y Entrega del Registro de Títulos del Distrito Nacional.

El acto tuvo lugar en el salón Centro de Capacita-ción de la Jurisdicción Inmobiliaria, donde se pre-sentó la puesta en marcha del sistema iniciando como piloto en el Registro de Títulos del Distrito Nacional.

Este nuevo sistema, que se enmarca dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los servicios de la Jurisdicción Inmobiliaria, permitirá la integración de datos e imágenes en una única base de datos histórica, y la misma servirá de base para el de-sarrollo de una oficina virtual donde los usuarios podrán solicitar trámites, consultar estatus de expedientes, documentos publicitados incluyendo asientos y certificaciones en línea.

Este sistema, que inicia primero en el Registro de Títulos, permeará los demás órganos de la Jurisdic-ción Inmobiliaria, es decir: Mensuras Catastrales y Tribunales de Tierras, de manera que integrará los expedientes generados en los diferentes órganos en un único sistema.

Tan pronto la documentación es recibida en el Registro de Títulos del Distrito Nacional, es etiquetada, escaneada y resguardada, por lo que

inmediatamente el expediente se torna digital, dando mayor seguridad a la documentación.

Este sistema abarca siete fases, iniciando con la recepción del trámite, procedimiento a la ins-cripción y etiquetado de la documentación, para luego pasar a las fases de escaneo, digitación, pre-calificación, impresión y publicidad, para luego culminar con la entrega del producto.

Germán Mejía resaltó la importancia del proyec-to, el cual dijo será replicado en los demás regis-tros de títulos de cada una de las provincias del país. “La ciudadanía nos ha demandado servicios y estamos dando respuesta a ellos. Gracias por exi-girnos”, enfatizó el presidente del Poder Judicial.

Este sistema automatizado tiene grandes venta-jas, ya es integrado, en línea, parametrizaje, posibi-lita trazabilidad, es auditable y multitrámite, por lo que los usuarios podrán solicitar cuantos trámites requieran sin tener que proporcionar la documen-tación por cada uno de ellos de manera individual.

A través de este sistema los registradores estarán prácticamente en línea con el usuario, quien ya no tendrá que trasladarse personalmente a los regis-tros de títulos en procura de saber el estatus de su expediente, sino que podrá consultarlo de manera virtual, lo cual se traduce en ahorro de tiempo y dinero.

Otra de las ventajas del sistema es que tendrá incorporadas alertas de trámites simultáneos

para que el registrador conozca otros expedientes depositados en el RT que involucra el inmueble sujeto a evaluación. Permitirá además realizar auditorías de control, para lo cual cuenta con un módulo de monitoreo y reportería de acciones por expediente y por empleado.

Lo que se busca es que la Jurisdicción Inmobilia-ria cumpla con el papel que la sociedad requiere. Se adelantó que el segundo Registro de Títulos a implementarse será el de la provincia Santo Domingo.

El proyecto contempla la automatización com-pleta del registro de títulos desde el ingreso del expediente hasta la obtención de una respuesta.

La creación y presentación del Proyecto de Re-cepción y Entrega del Registro de Títulos estuvo a cargo de la firma Consultores para el Desarrollo.

En esta primera presentación estuvieron presen-tes diferentes instituciones y gremios en el ámbito inmobiliario, a saber: Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Fundación Ins-titucionalidad y Justicia (FINJUS), Asociación de Hacendados y Agricultores, Asociación de Bancos Comerciales, Liga Dominicana de Asociación de Ahorros y Préstamos, Cámara Americana de Comercio de República Dominicana, Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), entre otros.

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Noviembre 20164

Los 21 jueces ascendidos pertenecen a distintas jurisdicciones del país.

La Suprema Corte de Justicia asciende a 21 jueces

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó el ascenso de 21 jueces y juezas de distintas

jurisdicciones del país, tomando en cuenta su desempeño en el cargo, la trayectoria en el Poder Judicial y el tiempo de servicio.

La decisión fue adoptada luego de recibir una propuesta remitida por el Consejo del Poder Judi-cial (CPJ), el 19 de octubre de 2016, según consta en el Acta núm. 36/2016.

Los magistrados ascendidos son Natividad Ra-mona Santos, a la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo; Felipe de Jesús Molina Abreu y Karen Josefina Mejía Pérez, a la Primera Sala de ese tribunal de segundo grado.

El magistrado José Aníbal Madera Francisco fue promovido como juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo.

Asimismo, la magistradas Yudelka López De La Cruz fue llevada a jueza de la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santo Domingo; Eduardo De Los Santos Rosario, a juez presidente del Segundo Tribunal Colegiado de la

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia; Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, a sustituta del presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo.

Los magistrados Bernardo Coplín García, a juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Per-manente, y Bienvenido Evertz Rodríguez, fue pro-movido a la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo.

En el Distrito Nacional, fueron ascendidos Teó-filo Andújar Sánchez, como juez presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia; Rafael Antonio Pacheco Paulino, a primer sustituto del presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia en adición a sus funciones de presidente del Tercer Tribunal Colegiado; Pilar Antonia Rufino Díaz, a jueza Segunda Sustituta del presidente de la referida Cámara en adición también a sus funciones de presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado.

La magistrada Clara Sobeida Castillo Castillo, promovida a miembro del Segundo Tribunal Cole-giado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia; Pilar Jiménez Ortiz, a jueza presidenta de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Tierras

Poder Judicial divulga normas que regirán la política de igualdad para personas con discapacidad

del Departamento Central y Tercera Sustituta del Presidente; Jelbin Nodir Khoury Lorenzo, a juez de la Tercera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdic-ción Original, y Natali Moya Estrella, a jueza de la Quinta Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original.

En el Distrito Judicial de Santiago, fue ascendida la magistrada Martha Del Carmen Martínez López, a jueza sustituta del presidente del Segundo Tribu-nal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, y el magistrado Carlos Manuel Martínez Almánzar, a juez miembro de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación.

En el Distrito Judicial de Peravia, fue ascendido José Manuel Medina Benítez, a juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Prime-ra Instancia.

En el Departamento Judicial de Puerto Plata, fue promovido Manuel Ureña Martínez, a juez de la Corte de Apelación.

Mientras que en el Distrito Judicial de Espaillat, fue ascendida Laura Patricia Sánchez Amparo, a jueza miembro del Tribunal Colegiado de la Cáma-ra Penal del Juzgado de Primera Instancia.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ),

doctor Mariano Germán Mejía, encabezó la pre-sentación de un conjunto de normas que regirán la política de igualdad para las personas con discapa-cidad en poder del Estado.

La "Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad”, aprobada por el CPJ, como parte de los compromisos firmados en la Cumbre Judi-cial Nacional el 7 de octubre de 2016, tiene como propósito reconocer los valores y derechos de las personas con esa condición y evitar su exclusión social.

El Presidente del Poder Judicial señaló en la pre-sentación que en la sociedad actual existe una ten-dencia a adaptar el entorno y los espacios públicos a las necesidades de las personas con discapacidad a fin de evitar su exclusión.

Apunta que a raíz de esa inquietud, el CPJ aprobó la Política de Igualdad de Género para las Personas con Discapacidad, la cual se inserta dentro del plan estratégico 2015-2019 del Poder Judicial, con el objetivo de mejorar y facilitar el acceso a la justicia.

Destaca que dentro de ese objetivo existen líneas estratégicas que hacen referencia a la eliminación de las barreras que dificultan dicho acceso y que constituyen obstáculos para el pleno ejercicio de derechos de las personas en condición de vulnera-bilidad o discapacidad.

Afirmó que el Poder Judicial, a través de todas sus dependencias y tribunales, asume el compro-miso de eliminar toda restricción, limitación u obs-táculo que sean consecuencias de la interacción del ser humano con un medio físico y solicita el apoyo de la sociedad dominicana en esta iniciativa.

También la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) formará a servidores judiciales en la lengua de señas para que puedan fungir como intérpre-tes judiciales, y desarrollará material didáctico relacionado con los derechos de las personas con discapacidad.

Por su lado, la licenciada Iluminada González, directora de la Difnag aseguró que la Política de Igualdad para Personas con Discapacidad está ba-sada en instrumentos nacionales e internacionales que establecen la obligación del Estado domini-cano a favor del acceso a la justicia de todas las personas.

En tanto, el licenciado Magino Corporán, pre-sidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), aseguró que con esta iniciativa, el Poder Judicial dominicano ha dado un gran paso de avance en el cumplimiento de los convenios internacionales sobre las personas que viven con alguna discapacidad.

República Dominicana cuenta con la Ley núm. 5-13, que establece la No Discriminación por Moti-vo de Discapacidad.

Este protocolo contiene varios principios, como son el de Igualdad y no Discriminación por razo-nes de Discapacidad; Principio de Equiparación; Principio del Respeto a la Diversidad; Principio del Interés Superior del Niño, Niña y Adolescen-tes; Principio de Prioridad Absoluta; Principio de la No Violencia; Principio de la Accesibilidad; Principio de Vida Independiente y Principio de Autorepresentación.

Según esta obra que se pone en circulación, existen dos marcos normativos respecto a la disca-pacidad, que son el marco normativo internacional y el marco normativo nacional.

Con la medida el Consejo del Poder Judicial busca evitar la exclusión de las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

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Noviembre 2016 5

Los periodistas expresaron entusiasmo en el taller “El Proceso Penal y Medios de Comunicación”.

Periodistas de distintos medios de comunicación reciben capacitación de la magistrada Ysis Muñiz y Jacinto Castillo Moronta.

el ejercicio de los derechos fundamentales y la debida orientación a la ciudadanía.

Comentó que el ejercicio del periodismo se ha convertido en un ente que lleva la información de los hechos que se producen a la población en un lenguaje llano, comprensible, acompañado de un manejo correcto del mismo.

Destacó que el Poder Judicial reconoce los grandes aportes que los medios de comunicación hacen cada día en procura del fortalecimiento de las instituciones.

“En ese tenor, distinguidos periodistas, esta ocasión es más que propicia para socializar detalles relevantes, que se viven día a día, en el proceso penal de la República Dominicana”, acotó el Presidente del Poder Judicial.

El taller fue impartido por el subdirector de la Escuela Nacional de la Judicatura, Jacinto Castillo, y la jueza de la Tercera Sala de la Cámara Penal de

la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, quienes enfocaron temas sobre medidas de coerción, audiencia preliminar, el sistema in-vestigativo, los elementos de pruebas y el princi-pio de separación de funciones, el juicio de fondo, entre otros aspectos.

Los periodistas de distintos medios de co-municación, acreditados en la fuente judicial, expresaron gran satisfacción por la capacitación recibida en la que pudieron aclarar dudas sobre el proceso.

Entre los periodistas que asistieron al taller se encuentran Miguel Febles, Viviano de León, Loyda Peña, Edmundo Ledesma, Gilbert Guzmán, Domingo Berigüete, Liliam Mateo, Emilio Guz-mán, Hogla Enecia Pérez, Libonny Pérez, Suanny Reynoso, Silvia Infante, Paola Ledesma, Kharla Pimentel, Maryerlin Paula, Leticia Díaz, Yelissa Rosario, Kirsis Díaz, Yanela Pimentel, Roselvis Vargas, Jenny Ramírez, Julio Benzant, entre otros.

Con el objetivo de empoderar a los periodistas de los términos, procedimientos y fortalecer

su capacidad en materia jurídica, el Poder Judi-cial realizó el taller “El Proceso Penal y Medios de Comunicación”, en la Escuela Nacional de la Judicatura.

Decenas de periodistas de distintos medios de comunicación recibieron la bienvenida del presi-dente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), doctor Mariano Germán Mejía, quien expresó satisfacción por el respaldo dado por los comunicadores a este tipo de iniciativas.

El taller para periodistas que cubren la fuente judicial, surge como parte de los compromisos suscritos en la Cumbre Judicial Nacional, celebrada el pasado octubre.

El magistrado Germán Mejía sostuvo que los me-dios de comunicación juegan un papel fundamen-tal en el fortalecimiento de las libertadas públicas,

El doctor Mariano Germán Mejía pronunció las palabras de apertura del taller.

Poder Judicial realiza charla sobre prevención de cáncer de mama

La Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Poder Judicial (DIFNAG) celebró la

charla “Detección y Prevención Oportuna del Cán-cer de Mama”, dirigida a servidoras y servidores del Poder judicial.

La charla estuvo a cargo de las oncólogas Liliam Marte y Bernarda Diloné, quienes manifestaron que el cáncer de mama es un crecimiento anormal y desordenado de las células del tejido mamario.

Liliam Marte señaló que estas células afectadas proliferan y forman un nódulo o masa que pueden ser palpable al realizarse el autoexamen, y en caso

de ser muy pequeño, a través de estudios especia-les como la mamografía.

También indicó que existen dos tipos principales de cáncer de mama: El Carcinoma Ductal, que es el más frecuente y comienza en los ductos que llevan leche desde las mamas hasta el pezón, y el Carci-noma Lobulillar, el cual comienza en los lobulillos que son los productores de la leche materna.

Mientras que Bernarda Diloné habló sobre las señales de alerta que presenta el cáncer de mama, entre las cuales citó las protuberancias, fluidos desconocidos, bulto interno, endiduras, piel

anaranjada, hundimiento del pezón, asimetría, huecos, venas crecientes, endurecimiento, erosio-nes de la piel, enrojecimiento y ardor.

Resaltó que existen factores de riesgo que la mujer debe tomar en cuenta, como son el consumo de alcohol, menopausia después de los 55 años, dieta, no haber tenido hijos, edad avanzada, inicio de menstruación a edad temprana, antecedentes de cáncer en la familia, cáncer en matriz o en ova-rios, sedentarismo, obesidad, consumo de grasas saturadas, uso excesivo de anticonceptivos orales, radiación ultravioleta o ionizante, primer embara-zo después de los 30 años, consumo de tabaco.

Periodistas del área judicial reciben capacitación sobre proceso penal en Escuela Nacional de la Judicatura

El objetivo de esa iniciativa es crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

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Noviembre 20166

Difnag celebra panel con motivo del Mes de la Familia

El Poder Judicial y la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género (DIFNAG) celebraron el

panel “Análisis Sociojurídico y sicológico de la Fa-milia en el marco de las Garantías de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, el cual se llevó a cabo en el auditorio de la institución y dirigido a estudiantes de varios centros educativos del Dis-trito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Durante la charla, la magistrada Berenice Núñez expuso el tema “Marco Normativo del Rol de la Fa-milia y la Garantía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”.

La magistrada Núñez, quien es jueza presidenta de la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia Santo Domingo ex-plicó que la Constitución establece que la familia tiene su base en el matrimonio.

Dijo que la igualdad de derechos de los hijos ante la ley se impone sin importar de dónde estos provengan, ya sea de dentro del matrimonio o fuera de él.

“El Estado debe intervenir para garantizar estos derechos sin importar el desacuerdo que tengan

Glorianna Montás, Berenice Núñez, Fernando Fernández Cruz, Leonardo Recio Tineo, Tahira Vargas e Iluminada González.

las partes, los hijos tienen derecho a un medioam-biente sano”, manifestó la jueza Berenice Núñez.

Manifestó que entre los hijos y los padres debe darse una relación de comunicación y confianza, ya que a veces los adolescentes obvian tratar cier-tos temas con sus progenitores por temor a cómo van a reaccionar.

Durante el panel también expusieron la sociólo-ga Tahira Vargas, quien trató el tema “Adolescen-tes Procreando Familia y su Impacto Social”, y la psicóloga Glorianna Montás, directora Nacional de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de la República, quien habló del “Aspecto Psicológico de la Familia y la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”.

Tahira Vargas sostuvo que el inicio de las rela-ciones sexuales en adolescentes cada vez se da a más temprana edad, con mayor concentración en edades de 12 a 15 años.

Manifestó que esto trae como consecuencia la interrupción de los estudios, y agregó que se nece-sita que las familias cambien su comportamiento respecto a los y las adolecentes.

Indicó que el abordaje de la maternidad en la adolescencia debe ser trabajado desde un análisis más profundo de la feminidad, la maternidad y la sexualidad en la cultura popular.

Por último la sicóloga Glorianna Montás expuso que ahora la familia se reorganiza para cumplir nuevas tareas y es indispensable hacer una nueva revaloración de las reglas.

Dijo que los padres deben establecer controles a los hijos desde que empiezan a caminar y a hablar, lo cual les garantiza seguridad y respeto.

Las palabras de bienvenida al panel las pronun-ció la licenciada Iluminada González, directora de la DIFNAG, quien destacó la importancia del even-to para la formación integral de la familia como promotora del desarrollo.

Asistieron estudiantes y profesoras de los cen-tros educativos Socorro Sánchez, Matías Ramón Mella, Juan Bosco, Estados Unidos, Liceo Alma Rosa y Parroquial Domingo Savio.

El Consejo del Poder Judicial aprobó mediante resolución el Protocolo de la Comisión y Sub-

comisiones para la Igualdad de Género del Poder Judicial, con la finalidad de impulsar las mejoras necesarias y nuevas políticas encaminadas a eli-minar las desigualdades de género en todos los departamentos judiciales del país.

Por medio de dicho protocolo, el Consejo del Po-der Judicial da respuesta a lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cuando en su re-solución Núm. 3041-2007, del 1ero. de noviembre de 2007, aprobó la Política de Igualdad de Género del Poder Judicial, herramienta que constituye el accionar de la institución a favor de los derechos de la mujer y que luego dio lugar a la a la creación de la Comisión para la Igualdad de Género del Po-der Judicial.

La presente resolución núm. 18/2016, de fecha 12 de octubre de 2016, nace del estudio y pon-deración de la celebración de varias reuniones y cumbres de presidentes de Cortes Supremas de Justicia, así como de más de 16 encuentros de magistradas en diferentes países, en los que se identificaron las áreas donde acuden asiduamente las mujeres a presentar sus problemáticas, tales la violencia doméstica, pensiones alimentarias, acoso sexual, laboral y otros.

La Comisión para la Igualdad de Género del Po-der Judicial está conformada por cinco integrantes, en tanto que las Subcomisiones la compondrán 6 miembros designados por la Comisión para la Igualdad de Género por departamentos judiciales, y a su vez por distritos judiciales.

Los integrantes de las subcomisiones serán designados por un período de dos años, a menos que por traslado, jubilación, cancelación renuncia u otra causa amerite acortar el tiempo.

La Comisión debe rendir informes de sus tra-bajos cada año, en tanto que las Subcomisiones lo harán cada seis meses.

La resolución del Consejo del Poder Judicial establece que en cada departamento judicial se creará una Subcomisión Departamental para la Igualdad de Género del Poder Judicial, que son el órgano dependiente de la Comisión, con el obje-tivo de promocionar, cumplir y hacer cumplir los

derechos de la mujer dentro de su propio Depar-tamento Judicial.

El presente protocolo rige a nivel nacional a la Comisión para la Igualdad de Género, a las Sub-comisiones Departamentales para la Igualdad de Género del Poder Judicial y a quienes se vinculen en la materia.

La decisión está firmada por el magistrado Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial; Víctor José Castellanos Estrella, Etanislao Rad-hamés Rodríguez F., Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio Tineo, miembros del Consejo.

Consejo del Poder Judicial aprueba protocolo Comisión y Subcomisiones para la Igualdad de Género

Miembros del Consejo del Poder Judicial.

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Noviembre 2016 7

El magistrado Edgar Hernández Mejía, juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia

(SCJ), participó en el X Congreso Internacional de Derecho Agrario celebrado en la Universidad de La Habana, Cuba, realizado con el auspicio de la Unión Nacional de Juristas Cubanos.

Durante el congreso fueron tratados diversos aspectos de la propiedad y el rendimiento de las tierras destinadas a la producción agrícola, así como a las condiciones laborales y protección legal de los trabajadores del campo, la conservación de las aguas y del medio ambiente.

Mientras que el magistrado Hernández Mejía disertó sobre la existencia en República Domini-cana del programa de titulación de los pequeños parceleros que se desarrolla con notoria eficacia.

La Unidad Académica de la Suprema Corte de Justicia (UASCJ) celebró el II Panel Nacional de

Derecho Inmobiliario, bajo el tema “Sugerencia para el Mejoramiento de la Jurisdicción Inmobi-liaria Dominicana”, en el que disertaron jueces, juezas y otros expertos en la materia.

El magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuc-cia, coordinador de la UASCJ, presidió la mesa principal del evento que tuvo como moderador al juez Edgar Hernández Mejía, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Al pronunciar las palabras de bienvenida, el ma-gistrado Herrera Carbuccia destacó que durante este año, la UASCJ ha realizado más de 20 activi-dades, entre cursos, jornadas, congresos, conver-satorios, mesas redondas, además de 19 maestrías para jueces de Cortes y abogados/as ayudantes,

todo con la finalidad de tener un Poder Judicial abierto, democrático y crítico.

Dijo que la Unidad Académica surgió para tra-bajar en el área del conocimiento de los jueces y abogados ayudantes del alto tribunal.

Manifestó que este panel de Derecho Inmobi-liario, se hizo con el fin de tratar sugerencias para el mejoramiento de la Jurisdicción Inmobiliaria, principal motor de la seguridad jurídica y el desa-rrollo económico.

En un primer turno expusieron la magistrada Lusnelda Solís, jueza del Tribunal Superior de Tierras Departamento Central; Gedeón P. Bautis-ta, abogado del Estado Departamento Central, y magistrada Alba Beard, jueza coordinadora de los Tribunales de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional.

En el segundo turno disertaron la licenciada Modesta Contreras, registradora de Títulos del Distrito Nacional; agrimensor Sócrates Montero, director regional de Mensuras Catastrales Depar-tamento Central; el magistrado Yoaldo Hernández, del Tribunal Superior de Tierras Departamento Central, y licenciado Héctor Alíes, coordinador Área Maestrías Jurídicas de la Pontificia Universi-dad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

La actividad fue moderada por el magistrado Ed-gar Hernández Mejía, juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia y contó con la presencia de jueces y juezas de distintos tribunales, funcio-narios judiciales, juristas, abogados, catedráticos universitarios, estudiantes y otros invitados espe-ciales interesados en el tema.

Unidad Académica de la Suprema Corte de Justicia celebra II Panel Nacional de Derecho Inmobiliario

El taller “Sugerencia para el mejoramiento de la Jurisdicción Inmobiliaria dominicana” fue organizado por la Unidad Académica de la Suprema Corte de Justicia.

Juez SCJ participa en X Congreso de derecho agrario

Mag. Edgar Hernández Mejía, juez de la Tecera Sala de la SCJ.

El doctor Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Ju-dicial, recibió la visita de cortesía de una delegación de parlamentarios británicos con quienes conversó

sobre la judicatura nacional.La delegación de parlamentarios británicos estuvo integrada por Gareth Jhonson MP, Sir David Amess

MP, Baroness Hooper, Lord Bruce Of Bennachie, Ynonne Fovargue MP, y Rosie Cooper MP, quienes estuvie-ron acompañados del embajador dominicano en Reino Unido, Federico Cuello Camilo.

Los parlamentarios visitaron la Suprema Corte de Justicia, a los fines de saber sobre el trabajo jurisdic-cional que realizan y posteriormente hacer un ejercicio de derecho comparado con su nación.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ),

doctor Mariano Germán Mejía, y el embajador de Brasil en República Dominicana, Clemente Baena Soares, sostuvieron una reunión en la que intercambiaron impresiones y analizaron diversos tópicos de carácter institucional.

El diplomático realizó una visita de cortesía al despacho del magistrado Germán Mejía, donde ambos se mostraron satisfechos por la celebración de ese encuentro.

El diplomático es hijo del ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Joao Baena Soares.

Magistrado Mariano Germán Mejía recibe visita de Parlamentarios británicos

Germán se reúne con Embajador de Brasil

Los parlamentarios británicos en la Sala Augusta de la SCJ en compañía del magistrado Mariano Germán Mejía.

El magistrado Mariano Germán Mejía junto al embajador de Brasil en R, D., Clemente Baena Soares.

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Noviembre 20168

Importancia de los peritajes en casos violencia sicológica

“Existe una concepción instrumental de las Insti-tuciones, lo que significa que estas carecen de jus-tificación autónoma y que su legitimidad descansa por tanto en la protección de los individuos, de sus derechos e intereses…” Luis Prieto Sanchís.

En el estado actual de nuestro ordenamiento ju-rídico es un fenómeno reconocido, desde el punto de vista fáctico y normativo, la violencia sicológica, manifestada principalmente a través de insultos y manipulaciones capaces de menoscabar la autoes-tima de la víctima.

Para el establecimiento de estos hechos en sede penal, no basta con poseer una legislación que tipifique y sancione tal modalidad de violencia, es preciso que para el tratamiento procesal adecuado de estos casos se cuente con fuentes de prueba capaces de llevar el conocimiento necesario ante el juzgador que va a evaluar estos casos para la toma de decisiones justas a la luz de situaciones concretas.

Pese a que se reconoce que en virtud del Principio de Libertad Probatoria los casos penales pueden estar fundamentados en todo medio de prueba con las ya conocidas limitantes de su legalidad, licitud, pertinencia y relevancia, es preciso reconocer que en supuestos como el que abordamos, cobra gran relevancia el tema de los peritajes sicológicos.

Estos peritajes, tal como lo ordena el debido proceso,1 deberán ser obtenidos e incorporados 1 El Principio del Debido Proceso consagrado en el artículo 69 de la Constitución

dominicana.

conforme a las reglas procesales, establecidas en los artículos 204 y siguientes; y 324 del Código Procesal Penal, esto desde el punto de vista formal. No obstante, desde el plano material, tal medio de prueba debe satisfacer otros requisitos encami-nados a establecer su credibilidad ante los jueces, entre estos su objetividad.

En el presente artículo realizamos algunos aná-lisis generales acerca de la prueba en los casos de violencia sicológica, para luego enfocarnos en la de tipo pericial y los requisitos o estándares probato-rios necesarios para satisfacer los parámetros del “estándar más allá de duda razonable” que rige en el sistema procesal penal dominicano.

Desde el enfoque antes indicado, resulta relevan-te abordar aspectos esenciales del peritaje tales como la calidad habilitante del científico que los realiza, efectividad de la metodología utilizada, objetividad del perito, la figura de los consultores técnicos y su rol en estos casos, careos entre peri-tos, modalidades de incorporación de los informes periciales, entre otros supuestos que resultan per-tinentes al tema.

Los análisis antes dichos poseen una visión más jurídica con el objetivo principal de llamar a reflexión acerca de la importancia del tema en material procesal penal.

Aspectos Generales de la Prueba en el Proceso Penal

Vale destacar que a la luz de las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico actual en materia procesal penal, a partir de las actuales tendencias neoconstitucionalistas,2 el proceso penal, escenario en el que se dilucidan los delitos que afectan a nuestra sociedad, ha de satisfacer los requisitos del debido proceso para garantizar los llamados derechos fundamentales de las partes envueltas en el mismo.

Este debido proceso implica una serie de re-quisitos sustanciales tales como precisión en la

2 En base a las ideas de Prieto Sanchís el “neo constitucionalismo” es el resultado de la convergencia de dos tradiciones que con frecuencia han caminado separadas: la norteamericana que concibe la Constitución como regla de juego de la competencia social y política, en un marco democrático y relativamente igualitario, contribuyendo así al Principio de Supremacía Constitucional garantizada y en su consecuente garantía jurisdiccional y por la tradición francesa que observa a la Constitución como proyecto político bien articulado que más que establecer “reglas de juego” pretende participar directamente en el mismo. Para profundizar el tema véase a este autor en Derechos Fundamentales, neo constitucionalismo y Ponderación judicial. Editora Palestra. Lima Perú. 2003.

formulación de los cargos, el contacto de las partes con los actos y pruebas que son obtenidos con mo-tivo de la investigación, conocimiento de lo que se pretende probar con cada uno de los mismos.

Con esto se garantiza una parte esencial de un proceso penal no arbitrario, y por ende, capaz de conducir a consecuencias jurídicas susceptibles de legitimación de los usuarios que se ven afectados por estas decisiones.

Pese a lo antes señalado, existe otra parte tam-bién esencial que ha de satisfacerse y es el conven-cimiento del ente estatal encargado de administrar justicia: el juzgador. Esta fase se logra a través de medios de prueba que no solamente satisfagan los requisitos formales, aunque sustanciales, sino el aspecto material. Este aspecto material conduce al sujeto procesal a satisfacer los elementos que con-forman el actual sistema de valoración de prueba denominado sana crítica.

La sana crítica como sistema de valoración de pruebas, y a los términos de los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal dominicano, conduce al juez o tribunal a utilizar los elementos de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos al momento de valorar la prueba incor-porada a establecer un ilícito penal.

De lo dicho anteriormente, se extrae que el tema final principal es el convencimiento a los jueces en base a pruebas incorporadas de forma efectiva. Tal efectividad ha de ser satisfecha a través de la selección de medios de prueba idóneos de acuerdo al hecho que se pretende probar.

En el logro de lo antes dicho, juegan un estelar el litigante (acusador – defensa) en el diseño del caso, el dinamismo y puntualidad de sus alegatos y discursos, pero sobre todo “el comportamiento” de la prueba en la fase cúspide del proceso: el juicio oral.

En suma, la “calidad de la información”, resulta-do de la incorporación probatoria es la que hace la diferencia en cuanto a “ganar o perder” un caso. Los resultados deberán quedar exteriorizados en la justificación del juzgador que decida el conflicto. Esta última idea refuerza la expresión de que “las pruebas son las que condenan o absuelven, los jueces solo declaran por sentencia sus resultados”.

En una segunda entrega nos encaminamos a la prueba en los casos de violencia psicológica, y los estándares que han de satisfacer para su efectividad.

La jueza del Tribunal Superior de Tierras, Depar-tamento Central, Catalina Ferrera Cuevas, fue

galardonada con el mérito profesional en el ámbito de la administración de justicia, por la Federación de Mujeres Empresarias Dominico-Internacional (FEM).

El galardón le fue otorgado durante un acto cele-brado en la Sala Aida Bonnelly, del Teatro Nacional, con la asistencia de distintas personalidades.

La Junta Directiva de la FEM seleccionó a la ma-gistrada junto a otras damas para ser reconocidas con el Galardón FEM-2016, que reconoce cada año a la mujer por su trayectoria y mérito profesional.

Ferrera Cuevas agradeció la distinción otorgada por la entidad y al Poder Judicial de la República Dominicana, en el cual afirmó que se debe confiar.

Exhortó a las mujeres a seguir creciendo, supe-rándose, dejando de lado las cosas vanas y las que no dan verdadero valor a la vida.

Durante el acto, fue leída una semblanza donde se destaca la hoja de vida y la trayectoria en el Po-der Judicial de Ferrera Cuevas.

Federación de Mujeres Empresarias Dominico-Internacional reconoce a jueza Catalina Ferrera Cuevas

La magistrada Catalina Ferrera Cuevas, junto a otras tres galardonadas.

Sarah A. Veras AlmánzarJueza de la Corte de Apelación

de Santo Domingo