Cultivadores de Dignidad de Dignidad...Cultivadores de Dignidad Gráfico 1. Momentos Pedagógicos Momento de motivación y sentido de nuestra participación ir uc .-n d. r a io 10

«La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Tierra Digna y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea».

Escuela de Promotores para la Defensa del Territorio en el Chocó

Cultivadores de Dignidad

Presentación 7

La escuela 9

El contexto 10

La propuesta pedagógica 11

Momentos pedagógicos 12

Ruta: Cultivadores de Dignidad 14

Módulo 1: ¿Por qué defender nuestro territorio? 16

Módulo 2: ¿Cómo queremos vivir en nuestro territorio? 68

Módulo 3: ¿Cómo construir estrategias integrales para

la defensa territorial? 80

Módulo 4: ¿Qué acciones podemos realizar para defender

nuestro territorio? 110

Pág

Escuela de promotores para la defensa del territorio en el Chocó:Cultivadores de dignidad

Tierra DignaCentro de Estudios para la Justicia Social

Proyecto No. DCI-NSAPVD/2012/294-571 Escenarios de concertación local: una apuesta por la vida, la gobernabilidad y el etnodesarrollo en los territorios colectivos de Indígenas y Afrodescendientes en el departamento del Chocó.

Calle 39 Bis A No 28A -19Teléfono: (+571) 309 98 [email protected]á, Colombia.

Equipo Pedagógico:Ximena GonzalezEnyel Rodríguez GarcíaAndrea Torres BobadillaKarla Vanessa Enríquez Wilches

Fotografías:Tierra DignaEnyel Rodríguez García

Con el apoyo solidario de:

Foro Interétnico Solidaridad ChocóRed Departamental de Mujeres Chocoanas

Unión EuropeaDiakoniaFUCLA

Tabla de contenido:

Diseño y diagramación:Enyel Rodríguez García

Impresión:

Primera Edición 2014ISBN:Bogotá. Colombia - 2014

El Centro de Estudios para la Justicia Social T ierra Digna es una organización colombiana, no gubernamental, dedicada a la promoción y defensa de los derechos de comunidades afectadas por el diseño, implementación y ejecución de políticas económicas y otras medidas oficiales, así como por prácticas de agentes económicos como las Empresas Trans Nacionales, que derivan en la violación de sus derechos.

‘Tierra Digna’ concentra sus esfuerzos, principalmente, en la realización de un trabajo de acompa-ñamiento integral a las comunidades, a través de un trabajo jurídico e investigativo de alto impacto que garantice el acceso a la justicia de las comunidades afectadas en sus derechos, y a través de la construcción de procesos de fortalecimiento y capacitación con las mismas que conduzcan a contrarrestar la impunidad que caracteriza esas violaciones.

Actualmente, las áreas temáticas de trabajo en torno a las cuales ‘Tierra Digna’ articula sus es-fuerzos de monitoreo, litigio, investigación e incidencia, son las siguientes:

* Producción energética (Represas)* Derecho al Agua (Defensa de Acueductos Comunitarios)* Impactos de la explotación Minera (Oro y Carbón)* Defensa de la Pesca Artesanal e impactos de la explotación industrial* Impactos de la explotación de Bosques y Biodiversidad


7

Presentación:


9

La Escuela de Promotores para la Defensa del Territorio: Cultivadores de Dignidad es un espacio para el diálogo de saberes que tiene como objetivo construir participativamente, estrategias de defensa territorial integral, desde una perspectiva jurídica, pedagógica, política e intercultural, que permita la exigibilidad de derechos colectivos y étnicos, y el fortalecimiento y defensa de propuestas de etnodesarrollo desde las comunidades.

Para ello busca propiciar reflexiones políticas que den sentido a la defensa territorial en relación con la pervivencia cultural, histórica, ambiental, social y económica de las comunidades en sus territorios, y desarrollar habilidades para la implementación de acciones jurídicas que logren con-solidar el proceso de exigibilidad de Derechos ante el Estado, frente a los grandes megaproyectos y la amenaza que representa la intervención de los diferentes actores económicos en el territorio.

En ese sentido, busca fortalecer a las comunidades de cada una de las subregiones del Chocó, para que dentro de sus procesos organizativos logren consolidar facilitadores jurídicos y/o abogados con una perspectiva étnica y de autonomía en defensa del territorio.

Dirigido a:

* Líderes y lideresas de las comunidades interesados e interesadas en facilitar el proceso de exigibilidad jurídica* Abogados de las diferentes comunidades * Estudiantes de Derecho

La escuela:


Gráfico 1.Momentos Pedagógicos

Momento de motivación

y sentido de nuestra

participación

Momento de compartir nuestros saberes.Momento de construc-

ción y validación c

on

nuestra comunidad.

Momento de

proponer

estrategia

s para la

defensa

del terri

torio

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El contextoFrente a los megaproyectos y la gran minería en el Chocó, T ierra Digna tiene una postura ins-

titucional de hacerles frente y de cuestionar la política minera impulsada desde el actual gobierno, por considerar que no ha sido consultada con las comunidades y el país, porque pone en riesgo la sobrevivencia de las comunidades en su territorio, además de que genera graves afectaciones al medio ambiente, la salud y la cultura. Ante este panorama, se hace importante fortalecer procesos organizativos en defensa de los territorios desde una visión propia y étnica, que a largo plazo bene-ficie a las comunidades.

Es así como nuestro trabajo está orientado a desarrollar elementos para la defensa del territorio en el campo jurídico e investigativo, y a contribuir en el fortalecimiento de las comunidades en el avance de sus propuestas alternativas de desarrollo para sus territorios.

La propuesta pedagógica:

La propuesta pedagógica contempla cuatro momentos para el desarrollo de cada uno de los módulos que hacen parte de la Escuela de Promotores para la Defensa del Territorio: Cultivadores de Dignidad, así:

Momentos Pedagógicos

Al iniciar cada módulo se realizarán actividades que permitan a los participantes entender su sentido y motivación al formar parte de esta escuela. Será el momento para buscar y poner en diálogo nuestros sentidos como Promotores para la Defensa del Territorio y conformar un espacio para cimentar y fortale-cer nuestras apuestas éticas y políticas en relación con las comunidades a las que pertenecemos.

Como mencionamos en el primer momento, las estrategias y acciones para la defensa del territorio no tendrían sentido si la comunidad a la que pertenecemos no participa y valida nuestros planes. Es momento entonces para retroalimentar el proceso organizativo, de manera que podamos ser Cultivadores de Digni-dad en nuestros Territorio y Comunidad

Momento de motivación

y sentido de nuestra

participación:

Momento de construir

y validar con nuestra

comunidad:

1

4

El conocimiento propio, el saber popular y la experiencia vital de cada uno de los que participamos de esta escuela, será indispensable para lograr aprender y relacionarnos con las estrategias y mecanismos jurídicos. Dichos saberes representan un gran tesoro que contempla no sólo nuestra experiencia, sino la experiencia de nuestra comunidad, de nuestros ancestros: saberes muchas veces discriminados, pero que no podemos olvidar y menos a la hora de pensar en defender nuestro territorio. Es el momento de compartirlos y aprender dialogando con los saberes de las y los otras/os.

Momento de compartir

nuestros saberes:2

Ahora es el momento de imaginar, crear, planear y aprender de otras experiencias que nos permitan construir estrategias para la defensa de nuestro territorio. Desarrollar acciones para esto, nos llevará a comprender los marcos normativos, los mecanismos de exigibilidad y participación a los que tenemos derecho, además de reconocer experiencias significativas que nos permitan tener referentes sobre cómo actuar ante los conflictos que vivimos en nuestros territorios.

Momento de proponer estrategias

para la defensa del territorio:3

12



13

Módu

lo 1

Módu

lo 2

Módulo 3 Módulo 4

Ruta para fortalecernos como Cultivadores de Dignidad

Objetivo de la Ruta:Construir participativamente estrategias de defensa territorial integral, desde una perspectiva jurídica, pedagógica, política e intercultural, que permita la exigibilidad de derechos colectivos y étnicos, y el fortalecimiento y defensa de propuestas de etnodesarrollo desde las comunidades.

¿Por qué defender nuestro Territorio?

¿Cómo queremos vivir en nuestro territorio?

¿Cómo construir estrategias integrales para la Defensa

del Territorio?¿Qué acciones puedo ejercer para defender nuestro territorio?

Como primer paso de esta ruta, construiremos los Sentidos de Defensa Territorial, que orientarán todo nuestro caminar para for talecernos como Cul-tivadores de Dignidad. Para esto, es-tableceremos las diferentes relaciones que existen entre los movimientos so-ciales, el territorio y los derechos que como comunidades nos pertenecen.

Fortalecer la lectura crítica de nues-tro contexto, será el objetivo para la de-finición de los problemas y conflictos que vivimos en el territorio, lo que permitirá identificar los actores que hacen parte, la relación entre las problemáticas locales, regionales y globales, y contrastar las ideas de desarrollo que intervienen en nuestra comunidad.

Uno de los pasos fundamentales para fortalecernos como Promotores de Defen-sa Territorial, es la construcción de metas de manera concertada con la comunidad. Esto permitirá fortalecer los procesos or-ganizativos y el ejercicio de la autonomía territorial a partir de los planes de etnode-sarrollo o planes de vida.

La construcción de estrategias integrales para la defensa del territorio será el centro de discusión en este paso. Los saberes que proponemos contemplan reflexiones acerca de las dimensiones: comunitaria, jurídica, co-municativa, de seguridad y de articulación, como elementos a tener en cuenta para hacer efectiva nuestra acción como Cultivadores de Dignidad.

Como último paso de esta ruta, nos concentraremos en los Mecanismos de Participación y Exigibilidad que podemos activar para hacer frente a las intervencio-nes en el territorio que pongan en riesgo nuestra comunidad. Asimismo, definiremos las estrategias de litigio que permitan ha-cer seguimiento al proceso de defensa.

Módu

lo 1

¿Por

qué d

efend

er nu

estro

Terri

torio?

Les damos la bienvenida a este pequeño recorrido que esperamos acompañar con el fin de fortalecer sus saberes, profundizar en sus inquietudes y, sobre todo, brindar herramientas concretas para la defen-sa de los territorios. La escuela: Cultivadores de Dignidad, como se mencionó en la parte inicial, es un espacio agradable para aprender, pero sobre todo, para enseñar, para hablar de lo conocido, de los saberes propios, y a partir de éstos, potenciar las acciones, llenarlas de argumentos y estrategias que permitan la defensa del territorio y la construcción del Buen Vivir, de la Vida Digna y la Paz con justicia social que tanto anhelamos en las comunidades.

Iniciamos este caminar con una pregunta que tiene la intención de cuestionar nuestras motivaciones al que-rer fortalecernos como promotores para la defensa del territorio: ¿por qué defender nuestro territorio? De este primer momento, dependerá que nuestros pasos sean firmes y con conciencia sobre lo que sig-nifica para nuestras comunidades y pueblos el que decidamos ser Cultivadores de Dignidad.

Por esta razón, les proponemos algunas reflexiones y actividades con el fin de construir los Sentidos de Defensa Territorial, es decir, los motivos y

argumentos que nos llevan a caminar en busca de la Vida Digna o Buen Vivir. Dicho recorrido nos lleva a explorar interrogantes como:

¿Qué es la tierra? ¿Cómo me relaciono

con la tierra?

Basta con indagar sobre la relación que establecemos con la tierra que habitamos, para entender gran parte de nuestra forma de actuar y relacionarnos en el mundo.

Por ejemplo, alguien podría haber pensado en una relación basada en la propiedad: “yo poseo una casa, un local, un parqueadero, una finca, una hacienda, etc.” Otras/os, quizá pensaron en la tierra que ha-bitan, como un espacio del que se logra obtener el alimento o sustento a partir del trabajo, una posición más cercana a los campesinos-as. En la misma vía, los Afrodescendientes, por ejemplo, comprenden que la tierra es un bien colectivo, no particular, y del cual de-penden las prácticas culturales y la pervivencia mate-rial como comunidades. Otras/os, quizá pensaron en la tierra como un ser vivo y dador de vida, la madre de todo lo existente, visión cercana a la construida


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¿Por qué defender nuestro Territorio?

Sí, por ejemplo, tan solo en cifras oficiales, “el or-ganismo público Acción Social registró 3,7 millones de personas desplazadas entre 1997 y mayo de 2011…” (HRW, 2012), pero la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), considera que la cifra real de desplazados desde mediados de los años 80, supera los 5 millones de personas.

Dentro de las consecuencias del conflicto armado se encuentran, además, las innumerables violaciones de derechos humanos realizadas por actores armados legales e ilegales, que se traducen en el exterminio de pueblos indígenas, partidos políticos, movimien-tos sociales y sindicatos. A este crítico panorama, se suma la negociación y aprobación de tratados de libre comercio o de integración económica (TLC con Corea, TLC con Canadá, TLC con USA, Acuerdo CAN - Unión Europea, etc.) y la expedición masiva de nor-mas internas (Código minero, Estatuto de Desarrollo Rural, Ley Forestal, Régimen de licencias y permisos ambientales, ley de prescripción adquisitiva de bie-nes, planes de ordenamiento territorial, etc.), relati-vas al uso, apropiación, tenencia y explotación de la tierra y demás recursos naturales.

En ese sentido, la acumulación de la tierra para el año 2009, según el índice “Gini de propietarios as-cendió a 0,875, el de tierras a 0,86 y el de avalúos a 0,84, (…) Si estos resultados se comparan con los de otros países, se concluye que Colombia registra una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina y el mundo.” (PNUD 2011, p. 196).

EL índice de Gini dice que: cuanto

más cercano a uno (1) esté el índice,

más concentrada está la propiedad

(pocos propietarios con mucha tierra),

y cuanto más cercano a cero (0), mejor

distribuida está la tierra (muchos

propietarios con mucha tierra).

Sí, eso podría ser cier to, pero no toda la tierra en Colombia puede ser apropiada por par ticula-res, por grandes terratenientes o ahora por las Transnacionales.

En Colombia, existen Territorios Colectivos, es decir, territorios en los que la propiedad no pue-de ser individual, sino de un colectivo de perso-nas. Dentro de estas encontramos, las Tierras de Comunidades Negras que son administradas por los Consejos Comunitarios, los Resguardos que se administran a través de los Cabildo Indigenas; y las Zonas de Reserva Campesina.

Para el caso de los Afrodescendientes, estos territo-rios son definidos por la ley 70 como: el asentamiento histórico y ancestral de comunidades negras en tie-rras para su uso colectivo, que constituyen su hábi-tat, y sobre los cuales desarrollan en la actualidad sus prácticas tradicionales de producción.

por los pueblos indígenas, que comprenden que la “madre tierra” es sagrada, a ella se le debe nuestra vida y nuestra cultura; y por ello debemos protegerla.

Pero existen muchas otras relaciones que se esta-blecen con la tierra. Las Transnacionales, por ejem-plo, al contrario de los indígenas, afrodescendientes y campesinos, ven en ésta una gran forma de hacer riqueza a través de su sobre-explotación, que es jus-tificada por la generación de “empleo” y “desarrollo” para las naciones. De allí que la tenencia de la tierra representa uno de los principales objetivos para las empresas extranjeras, al ser indispensable para ac-ceder a los recursos o materias primas que permiten mantener el actual sistema económico, centrado en la explotación de hidrocarburos y minería, y que se desarrolla a través de lo que conocemos como indus-trias extractivas

Según la Balanza de Pagos del Banco

de la República, en su informe de

Inversión Extranjera Directa –IED-,

petróleo y minas, representa el 54% de

la inversión total en Colombia con

US$ 6.375 millones.

(Proexport, 2013).

Claro, las diferentes formas de relacionarnos con la tierra, no sólo difieren en el papel, pues dejan al des-cubierto una gran disputa que tiene como resultado, entre otros, la configuración de un conflicto armado que se ha mantenido por más de cincuenta años, re-sultado de la contradicción que existe entre los prin-cipios o ideales democráticos que gobiernan el país y la realidad que viven millones de colombianos que no cuentan con las condiciones básicas de subsistencia.

¿Eso quiere decir que la

relación que establecemos con

la tierra define en gran parte la

realidad que vivimos?

Entonces, si tenemos el 0,87

¿nos falta tan solo el 0,1 y un

poquitico para que toda la tierra en

Colombia sea de una sola persona?

¿Cómo así?

¿Qué los detiene?

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De esta manera el Estado Colombiano, reconoce la titulación colectiva a comunidades afrodescendientes en la Cuenca del Pacífico, a través de los denomina-dos Consejos Comunitarios, que son el mecanismo por el cual se administra los Territorios Colectivos definiendo un reglamento interno de funcionamiento, además de “delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprove-chamiento y la conservación de los recursos natu-rales”. (Ley 70 Capítulo III, artículo 5).

Para el caso indígena el territorio colectivo es un derecho fundamental que se encuentra reconoci-do en la Constitución Política, en el Convenio 169 de la OIT, en la ley 164 de 1994 y en el Decreto 2164 de 1995 que atribuye el carácter de propie-dad colectiva al territorio de los Resguardos. En ese sentido, son territorios que no se restringen a la ubi-cación geográfica de una comunidad o un resguardo indígena, sino que se asocia al concepto más amplio de ámbito cultural de la comunidad.

Podemos decir que los Territorios Colectivos afro, in-dígenas o étnicos se caracterizan por ser :

1. Inalienables: una vez que se ha establecido el derecho de un grupo étnico sobre su territorio, dicho grupo no puede renunciar a ese derecho, es decir que el territorio no se puede vender a personas ajenas al grupo étnico y, en el caso de los afrocolombianos, a personas ajenas a la co-munidad negra del Consejo Comunitario.

2. Imprescriptibles: significa que el derecho ad-quirido no termina con el tiempo, no se extingue ni se agota. aunque personas ajenas a la comu-

nidad levanten mejoras (cultivos o construccio-nes) o pretendan hacer posesión material sobre el territorio colectivo.

3. Inembargable: Quiere decir que los territo-rios no pueden ser utilizados como prenda de garantía sobre deudas individuales, familiares o colectivos y, por tanto, no se puede embargar.

No del todo. Aunque en el papel pareciera así, en los territorios colectivos étnicos si bien no puede ser cuestionada la propiedad, que es colectiva, la tensión derivada por la propiedad de los recursos naturales, y en especial de aquellos no renovables que yacen en el subsuelo, la especial vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades derivada del conflic-to armado, la desatención histórica del Estado y la aprobación de leyes y políticas públicas que propen-den por el extractivismo, han generado estrategias y dinámicas para lograr acceder a estos territorios, caracterizados por su alta biodiversidad y recursos naturales.

Es de esta manera que logran ingresar, al hacernos sentir que nuestras formas tradicionales de vida van en contravía al desarrollo, al presionarnos u ofrecer-nos pequeñas o grandes cosas o dinero para que participemos en procesos de negociación en los que demos nuestra autorización, al tomar las decisiones fundamentales sobre el futuro productivo de nuestros territorios a nuestras espaldas y al hacernos pensar que la felicidad ya no se encuentra viviendo en la tie-rra, sembrando en el monte, al lado del río o del mar, comiendo dentón, bocachico, bravo o bacalao, sino en la posesión de celulares, computadores, internet y viviendo en la gran ciudad.

Podemos ver como se utilizan distintos mecanismos para ingresar a los territorios colectivos de afro-descendientes e indígenas para adelantar en ellos proyectos de extracción de recursos naturales o de instalación de infraestructuras. Esta realidad, lleva a muchas comunidades y pueblos a una posición de claro desequilibrio en cualquier proceso de nego-ciación, en los que además carecen de información sólida, suficiente y amplia de las condiciones en que se desarrollarán los proyectos y de los impactos am-bientales, sociales y culturales que pueden generar. Sumado a que en algunos casos se reciben presiones de actores armados para actuar de una u otra forma, o se dan procesos de división interna que progre-sivamente afectan el tejido comunitario. Estas situa-ciones que enfrentan las comunidades étnicas, han sido reconocidas por la legislación y llevan el nom-bre Afectaciones Territoriales, que se pueden definir como aquellas intervenciones en el territorio que impiden el desarrollo de planes de vida y etno-desarrollo autónomos, otorgando a particulares el poder para controlar de manera ilícita los territorios colectivos.

Ah! Qué bueno,

¿entonces en estos Territorios

Colectivos sus pobladores pueden

estar tranquilos ante el panorama

nacional de Mega-explotación de

recursos naturales y

despojo de tierras?

Claro, no podemos olvidar lo valioso de estos territorios étnicos, pues son los únicos que por su constitución, historia y naturaleza trazan una ruptura al esquema de propiedad privada indivi-dual de la tierra en Colombia.

Debemos tener en cuenta que en el contexto de implementación masiva de mega-proyectos de infraestructura y de extracción de recursos natu-rales, las compañías privadas progresivamente se convierten en propietarias de amplias extensiones de tierra en todo el país, fenómeno que se conoce como “empresarización de la propiedad” y que hasta el momento no se ve en nuestros territorios colectivos, al ser inembargables, imprescriptibles e inalienables. En todo caso, la gran amenaza que enfrentamos no consiste en perder la titularidad colectiva de nues-tros territorios, sino en perder la posibilidad de ad-ministrarlos, gestionarlos y aprovecharlos de forma autónoma como espacio para seguir desarrollando nuestros proyectos de vida como comunidades.

Eso quiere decir que los Territorios Colectivos, Afro-descendientes e Indígenas, son una alternativa y es-peranza que mantienen y dan vida a otras formas de relacionarnos en equilibrio y armonía con la tierra, lo que significa asimismo el mantenimiento de nuestra di-versidad étnica, cultural y ambiental a través de mode-los propios de organización política en los territorios.

Como ven, hay un gran

interés por explotar la “tierrita

donde nacimos”; al parecer resultó

ser de utilidad para el llamado

“desarrollo” que dicen “viene en

locomotora…”

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Actividad 1: ¿qué es la tierra? ¿qué es el territorio?

Objetivo: Problematizar nuestra relación con la tierra que habitamos, con el fin de evidenciar las relaciones que conforman y configuran lo que denominamos el Territorio.

Metodología: Nos disponemos para la actividad conformando un círculo con todos los participantes de la escuela y en el centro se coloca una cartelera con el nombre “Tierra”. Una vez hecho el círculo, damos a cada participante una ficha (bibliográfica) con un marcador y les pedimos que a través de una palabra, dibujo o símbolo, nos compartan sus ideas sobre lo que para cada una/o significa la Tierra. Si no nos conocemos, será un buen espacio para aprender nuestros nombres, lugares de procedencia, comuni-dad o pueblo al que pertenecemos, entre otros.

Junto a la ficha, entregaremos una tira de lana, o similar, que deberá estar unida a nuestro dibujo o palabra. Al escuchar o ver que lo comentado por algún participante se relaciona con nuestra idea, pasaremos y uniremos nuestro lazo al puesto anteriormente, haciendo evidente su relación. Ésta será una buena forma de conocer nuestras voces y pensamientos, por lo que cada uno/a tendrá un espacio al azar, para ir al centro y explicarnos sus ideas sobre lo que significa la Tierra. Así, poco a poco, en el centro irá apareciendo un tejido con los dibujos y palabras que todas y todos compartimos sobre la Tierra y la forma de relacionarnos con ella. Será muy importante dar un espacio para que pense-mos bien nuestras ideas, que seguramente van a poner sobre la mesa la relación cultural, ambiental, económica, histórica y sociopolítica que nuestras comunidades y pueblos han establecido con la tierra ancestralmente, lo que configura en gran parte nuestra cosmovisión o sentido de vivir en el mundo.

Son precisamente dichas relaciones las que nos permitirán iniciar la discusión sobre lo que significa el Territorio, no como un espacio físico “tierra”, sino como un campo de relaciones que pone en evidencia las tensiones y disputas por el “uso” que le damos.

Durante la actividad, es muy importante reconocer cada una de las ideas y pensar en otros actores y la relación que establecen con la tierra, como por ejemplo: transnacionales, paramilitares, Estado, alcalde, entre otros. Hacer evidentes la diferencias entre la relación comercial, de mercado y propiedad privada de otros actores, y la visión ancestral y comunitaria de nuestros pueblos, nos dará paso a conocer y debatir sobre el uso de la tierra e indagar sobre casos en el territorio donde hay disputas territoriales por su uso.

Por ahora les proponemos desarrollar una actividad muy sencilla que

nos permitirá entrar en diálogo y compartir nuestros saberes sobre la

Tierra que ancestralmente habitamos.

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Tierra

¿Por qué hablamos de derecho al territorio?

Hablar de derecho al territorio no es algo natural. De hecho, para muchos pueblos en el mundo tener acceso a la tierra es una lucha y una reivindicación constante ante el despojo creciente de los pueblos ancestrales. Son precisamente este conjunto de lu-chas en todo el mundo, las responsables en gran parte de las transformaciones jurídicas que vivimos constantemente en la humanidad. Los derechos hu-manos, como el gran conjunto de derechos que po-seemos por el hecho de ser humanos, son resultado, en muchos casos, de las conquistas que mujeres y hombres consiguieron al dejar de ser parte de la his-toria, para convertirse en actores y sujetos históricos comprometidos con su transformación.

Entonces, los derechos son construcciones sociales que se van transformando al ritmo de la historia, lo que nos permite comprender que no son normas in-alcanzables que están por encima de la humanidad, sino por el contrario, acuerdos que debemos fijar para mejorar y facilitar nuestra convivencia en la tie-rra, por lo que se pueden transformar o crear para garantizar la construcción de proyectos de vida digna en nuestros territorios.

Claro, al ser el campo jurídico el resultado de los acuer-dos de quienes han asumido el poder en la historia, no siempre los derechos terminan siendo tan “derechos”. En otras palabras, la historia nos ha mostrado que es posible manipular e interpretar los marcos normativos con el objetivo de sacar provecho particular de estos y no hacer efectivo el cumplimiento de los derechos. Esta situación ha puesto en tela de juicio la univer-salidad de los derechos humanos y más cuando se

“El pueblo indígena Embera Katio en el departamento del Chocó, defiende su

territorio ancestral de los mega-proyectos e intereses extractivos”

El pueblo Embera Katio adelantó un proceso de exigibilidad jurídica exitoso que le permitió salvaguardar la integridad de su territorio ancestral, y de su visión de desarrollo propio, que se veían gravemente amenazdas por la incursión de distintos megaproyectos en su espacio vital tradicional, los cuales no fueron previamente cosultados con la comunidad. Así, se quería avanzar en la construcción de una carretera que atravesaría los resguardos, en la instalación de una red de interconexión eléctrica que uniría energéticamente a Colombia y a Panamá, y en actividades de exploración y explotación de metales preciosos en virtud de la celebración de contratos de concesión minera entre el Estado y empresas privadas.

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-129 de 2011 en la que analizó como la implantación inconsulta de mega-proyectos en territorios indígenas, puede generar el desconocimiento de principios constitucionales y derechos fundamentales de la comunidad. De las apreciaciones más relevantes realizadas por la Corte, se expresa con claridad que no se puede anteponer de forma genérica la idea de “interés general” y la visión mayoritaria que pueda tenerse de “progreso” y “desarrollo” cuando se trata de realizar intervenciones en territorios étnicos. En esos casos, es necesario analizar el “progreso” y “desarrollo” a la luz de la visión que de ello tengan los pueblos implicados.

Adicionalmente, en esta sentencia la Corte realizó consideraciones especiales sobre el alcance del derecho fundamental a la consulta previa cuando se trate de planes de desarrollo que quieran emprenderse sobre territorios étnicos. Afirma que en tales casos se debe alcanzar el Consentimiento Previo, Libre e Informado de la comunidad de la que se trate, lo que supone que no basta llevar a cabo un proceso para consultar la opinión no vinculante de los pueblos étnicos, sino un nivel cualificado de participación en donde esa opinión es necesaria, vinculante y definitiva en casos en que se trate de proyectos que: i) impliquen el traslado o despla-zamiento de la comunidad por la obra o proyecto; ii) estén relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos; iii) representen un alto impacto social, cultural y ambiental en una comunidad étnica, que conlleve a poner en riesgo la existencia de la misma.

trata del diálogo con otras culturas no eurocéntricas, para la cuales el “desarrollo” es entendido de manera diferente.

En ese sentido, no podemos quedarnos en la visión romántica sobre la historia de los derechos humanos como la historia de las conquistas realizadas por los movimientos sociales, pues, aunque son los responsa-bles de que tengamos las garantías que nos permiten defender nuestros territorios en la actualidad, son pre-cisamente estos movimientos los que nos han enseñado a luchar permanentemente por que la justicia acompañe las diferentes acciones que se extienden en nuestros territorios y ponen en riesgo la pervivencia cultural y material de los pueblos.

Dicho de otro modo asumir una perspectiva de defensa territorial significa ir más allá de lo escrito en las cartas que promulgan que somos sujetos de derechos: signi-fica mantener una actitud crítica frente a la realidad sin olvidar nuestra memoria ancestral y/o comunitaria.

Es de resaltar que el eje jurídico es un elemento muy importante en los procesos de defensa territorial, pero no la única vía que tenemos. Para realizar una defensa integral del territorio debemos tener en cuenta otros elementos como: la seguridad, la comunicación y la edu-cación comunitaria, aspectos que serán explorados más adelante en el módulo número 3: ¿Cómo construir estrategias integrales para la defensa territorial? página 80.

Ahora les invitamos a conocer dos historias que nos permitirán ampliar los

conocimientos sobre la relación entre derechos y territorios, en casos

relacionados con pueblos indígenas y afrodescendientes.

Hagamos memoria:

¿a qué personas de nuestra

comunidad se les recuerda por

su valor al asumir la defensa del

territorio?26



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Adicionalmente, Ji Shen Wood Industries adquirió a finales de la década de los 90’s los servicios del Ejer-cito Nacional de Surinam para vigilar sus concesiones, de manera que el territorio Saramaca no sólo fue ocupado para la explotación privada de madera, de forma inconsulta, sino que fue militarizado sin su consentimiento a través de la instalación de un cuartel militar en la zona de explotación, para proteger las inversiones extranjeras, impidiendo el paso de los Saramaca, incluso para realizar faenas de pesca, caza y agricultura.

Por esas razones el pueblo Saramaca inició una serie de reclamaciones, agotando todos los escenarios jurídicos posibles, tanto nacionales como internacionales, para asegurar la protección inmediata de sus derechos y los derechos de sus integrantes. Sin embargo, la respuesta del gobierno surinamés siempre fue la misma: la negativa absoluta a su territorio, a la titulación que esa protección requería y a la posibilidad misma del consentimiento, libre, previo e informado.

Esas densas contradicciones, obligaron a las comunidades del pueblo Saramaca, afectadas no sólo con esas medidas, sino con la indiferencia de las autoridades estatales, a exponer su situación ante toda la comunidad internacional, particularmente ante organismos especializados en derechos humanos y de los pueblos, entre ellos el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial), la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esa fue parte esencial de su estrategia de exigibilidad y de la experiencia que hoy resaltamos. Fue así como en octubre de 2000, al no haber recibido respuesta alguna de parte de Estado, las autoridades tradiciona-les Saramaca presentaron una queja formal contra Surinam ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue registrada como el Caso No. 12.338, y denominada “Twelve Saramaka Clans – Suriname” (Doce Clanes Saramaka). En marzo de 2006, la CIDH declaró que Surinam era responsable de violar los derechos del pueblo Saramaca, y que su ordenamiento jurídico interno no contemplaba ningún remedio judicial que asegurara el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad sobre la tierra y a los recursos que ancestralmente habían ocupado y empleado.

Posteriormente, en noviembre de 2007 la Corte Interamericana se pronunció sobre este caso y declaró la responsabilidad del Estado de Surinam por violar, el derecho a la propiedad colectiva, y con éste al territorio, a sus recursos naturales necesarios para su subsistencia, a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado, en contra de las comunidades que integran el pueblo Saramaca. Así mismo, ordenó al Estado, entre otras cosas: (i) demarcar, delimitar y titular de manera colectiva el territorio de los miembros del pueblo Saramaca; (ii) revisar las concesiones hechas sobre sus territorios, con el fin de evaluar si requería o no una modificación para que se ajustaran a la Convención Americana de Derechos Humanos y no representaran una violación mayor a los derechos del pueblo ya afectado; y, (iii) eliminar o modificar las disposiciones legales internas que impidieran la protección del derecho de propiedad y otros derechos colectivos del pueblo

Surinam: El pueblo Saramaca, una luz de esperanza*

Dentro de las experiencias a resaltar en este país, se encuentra la del pueblo cimarrón de Saramaca, des-cendiente de esclavos africanos que lograron su emancipación del yugo colonial a través de la desobedien-cia a autoridades que no reconocían como legítimas, y que se asentó en lugares apartados a las antiguas concentraciones urbanas.

Los Saramaca se establecieron a lo largo de las riberas de los principales ríos del interior del bosque pluvial de Surinam, y desde sus inicios se les ha considerado como grupos de personas culturalmente diferentes a los demás sectores de la sociedad surinamesa, que se auto-gobiernan de acuerdo a sus propias leyes y costumbres.

Lamentablemente, el reconocimiento de su autonomía se ha visto disminuido durante las últimas décadas, a través de medidas oficiales con las que se ha desconocido el derecho de los Saramaca, como pueblo cimarrón, sobre los territorios que han ocupado ancestralmente, y la legitimidad de sus autoridades y leyes tribales, las cuales condujeron a la pérdida en perjuicio de ese pueblo de una parte importante de su pro-piedad colectiva, principalmente.

Las concesiones madereras otorgadas por el Estado de Surinam en territorios que pertenecen a la comuni-dad Saramaca, redundaron en graves impactos en su contra. Cabe resaltar que aquellas fueron otorgadas, entre 1997 y 2003, a favor de empresas como Tacoba NV, subsidiaria de la compañía China International Marine Containers Limited.

Como consecuencia de las actividades de explotación maderera, fueron destruidos de manera masiva los bosques nativos y los recursos naturales de los Saramaca, entre ellos sus lotes agrícolas, fueron contami-nadas las fuentes hídricas e igualmente fue reducida de manera significativa la fauna nativa, especialmente los animales de caza.

En consecuencia, la Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales del pueblo indígena y ordenó que se respetara el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad frente a todos los proyectos que pretendían instalarse en su territorio, que se suspendieran las obras que estuviesen en curso, así como las actividades de prospección o exploración minera que se estuvieran adelantando en la región. Ordenó ade-más adelantar campañas pedagógicas sobre el contenido y alcance del derecho a la consulta previa; que se realicen de forma seria los estudios de impacto ambiental de las obras o proyectos que quieran emprenderse sobre territorios indígenas, entre otras importantes medidas.

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para pensar...De todo lo visto podemos concluir que Colombia sigue siendo un país con una

altísima concentración de la tierra y de la riqueza, lo que sugiere enormes

retos como sociedad para alcanzar condiciones de mayor justicia social, y por

tanto de acceso y redistribución de la propiedad.

En ese contexto, debemos reconocer que si bien las comunidades étnicas, hemos

alcanzado el reconocimiento del derecho fundamental a la propiedad colectiva

de la tierra, en respuesta a nuestras particularidades culturales, cosmovisión y

forma de vida, lo que constituye una conquista de gran valor, ello no ha sido

suficiente para lograr una garantía plena de nuestros derechos, pues subsisten

aspectos estructurales que convierten nuestros territorios y los recursos natura-

les de los que depende la vida en comunidad, la de nuestros hijos y nietos, en

tesoros que pretenden ser intervenidos y apropiados con fines de extracción.

Saramaca, así como adoptar, en su legislación interna y a través de consultas previas, efectivas y plenamen-te informadas con el pueblo Saramaca, medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de reconocer, proteger, garantizar y hacer efectivos los derechos de los que son titulares.

Esta decisión de la Corte Interamericana redundó, pese a las limitaciones que expresamos en la parte inicial de esta historia, en una protección de la que no gozaba el pueblo Saramaca, ni otros que se valieron de la condición de intérprete autorizado de la Corte para exigir una protección similar en otros Estados, pues con ese pronunciamiento se lograron declaraciones judiciales de orden internacional nunca antes conocidas.

Todo ello es reflejo de un esfuerzo jurídico de largo aliento por transformar las instituciones que rigen en los Estados, y por ello es merecedora de un reconocimiento de luz y esperanza.

* Tierra Digna, 2010: Voces de Aliento y Esperanza:“La defensa del Territorio en la experiencia de otras comunidades Latinoamericanas”

Resumen conceptual:

T ierra: Espacio y soporte físico del cual depende la vida. Eso incluye también el mar, los ríos, las lagunas y cualquier otro espacio con el cual nos relacionamos como seres humanos, pues son parte fundamental para la vida en la tierra.

Territorio: Construcción social y cultural que se genera de la relación que establecen los seres humanos y las comunidades con la Tierra que habitan y que define en gran parte la cosmovisión o forma de entender el mundo natural, cultural, espiritual, histórico, político y económico.

Territorios Colectivos: Son asentamientos históricos y ancestrales de comunidades negras en tierras para su uso colectivo, que constituyen su hábitat, y sobre los cuales desarrollan en la actualidad sus prácticas tradicionales de producción.

T ierras de comunidades negras: Tierras baldías ocupadas de forma ancestral por las comunidades negras de acuerdo a sus prácticas tradicionales de producción, sobre las cuales el Estado reconoce el derecho de propiedad colectiva, de conformidad con lo establecido en la Ley 70 de 1993.

Consejos Comunitarios: Personas jurídicas creadas por las comunidades negras que permiten ejercer la máxima autoridad de administración interna de las tierras de comunidades negras, y en cuyo funcionamiento deben respetar la constitución, la ley y el derecho propio. Se compone de dos organismos principales, la Asamblea General y la Junta Directiva, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1745 de 1995.

Territorios indígenas: Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parciali-dad o grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales

Resguardos Indígenas: Tierras de propiedad colectiva adjudicadas por el Estado a pueblos indígenas o reconocidas desde tiempos coloniales, en razón a su ocupación ancestral. En la actualidad el reconocimiento de la titularidad de la tierra a los pueblos indígenas cumple una función de garantizar su pervivencia física y cultural y la sostenibilidad de sus proyectos y planes de vida comunitarios.

Cabildo indígena: Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indí-gena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es repre-sentar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad.

Afectaciones Territoriales: Son las intervenciones territoriales que ponen en riesgo el uso, la disposición y la administración autónoma de los territorios colectivos.

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¿Qué clase de derechos existen?

Conociendo la importancia que tienen nuestros te-rritorios colectivos, ahora haremos un repaso de los principales conceptos y reflexiones sobre los derechos humanos, entre ellas: ¿qué se entiende por derechos humanos? ¿de dónde surgen? ¿en qué instrumentos legales están consagrados? Éstas preguntas nos orientarán con el propósito de tener elementos más claros para comprender qué tipo de derechos tenemos y cuáles de ellos se ven amenaza-dos o vulnerados con los proyectos de extracción de recursos naturales a gran escala. Los Derechos humanos son un conjunto de garantías que tiene toda persona por el sólo he-cho de serlo. Son el fruto de conquistas y luchas so-ciales que se han dado en distintas partes del mundo y que han permitido reconocer que toda persona, sin discriminación de ningún tipo, merece respeto y un trato digno. Por ello se dice que los derechos huma-nos tienen un carácter universal.

Con el paso del tiempo, la noción de derechos huma-nos ha avanzado y ha permitido contemplar, como parte de su definición, todas aquellas garantías que requieren las personas en los distintos ámbitos de la vida como el individual, familiar, social, laboral, cultu-ral y espiritual. Por ello se dice que los derechos hu-manos deben protegerse de forma interdependiente, integradora y complementaria, pues sólo de esa for-ma puede alcanzarse una existencia digna.

Si bien en distintos momentos de la historia se han dado pasos en la conquista por derechos y condi-ciones más justas de vida, el primer instrumento in-ternacional que consagró por primera vez una carta completa de los derechos humanos, fue la Decla-ración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en París en 1948, a partir de la cual se emprendió un proceso que permitió la con-sagración de estos derechos en distintas Constitu-ciones y legislaciones de los Estados. En Colombia el reconocimiento de los derechos humanos de una forma amplia y sistemática se dio con la Constitución de 1991.

Derechos Humanos Individuales:Para la comprensión, estudio y protección de los de-rechos humanos en cabeza de individuos, tradicio-nalmente se ha hecho una clasificación de ellos en: a) Derechos civiles y políticos o de primera generación, que son aquellas garantías para la protección del individuo ante posibles agresiones o excesos de or-ganismos públicos, o que le permiten aportar en la construcción de la vida en sociedad y que le imponen al Estado una serie de obligaciones inmediatas para proveer su protección y salvaguarda; en este tipo de derechos se encuentran: el derecho a la vida, a la in-tegridad personal, al debido proceso, a la libertad de pensamiento, circulación, religión, asociación y opi-nión, entre otros; b) Derechos económicos sociales y culturales, también conocidos como derechos de se-gunda generación, que buscan asegurar el bienestar económico, social y cultural de los individuos y que suponen un deber para los Estados de protegerlos y garantizarlos de forma progresiva por medio de po-líticas públicas. Entre estos derechos encontramos, la salud, la educación, la recreación, el trabajo y la seguridad social entre otros.

Derechos humanos colectivos*:Los derechos colectivos son una categoría de los de-rechos humanos, que se entienden como las faculta-des que tienen grupos de personas para construir sus diferentes mundos de relaciones individuales y colectivas, de acuerdo con sus prácticas sociales, sus vidas en comunidad y sus necesidades.

Dentro de las características de los derechos colec-tivos se resaltan su titularidad, su interdependencia y su indivisibilidad. En cuanto a su titularidad, esta se concreta en una colectividad y no en una persona determinada. Su interdependencia hace que la reali-zación de un derecho dependa de la realización de otro. En virtud de su indivisibilidad, la violación pue-de causar agravio a un derecho colectivo y al tiempo causar lesión a derechos individuales. En nuestro ordenamiento jurídico se encuentran con-sagrados en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, reglamentaria del artículo 88 de la Carta Política, y son entre otros:

1. El goce de un ambiente sano2. La existencia del equilibrio ecológico 3. La moralidad administrativa 4. El goce del espacio público5. La defensa del patrimonio público6. La defensa del patrimonio cultural de la Nación7. La seguridad y salubridad públicas 8. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública9. La libre competencia económica 10. El acceso a los servicios públicos y a que su pres-tación sea eficiente y oportuna 11. La prohibición de la fabricación, importación, po-sesión, uso de armas químicas biológicas y nuclea-res, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos.12. El derecho a la seguridad y prevención de desas-tres previsibles técnicamente 13. La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. 14. Los derechos de los consumidores y usuarios 15. Derecho a la seguridad alimentaria

*www.defensoria.org.co

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No todos nos relacionamos con la Tierra de la misma manera, no todos

esperamos o pensamos lo mismo de ella, y quizá allí se concentran algunas de

las razones por las que existen conflictos territoriales, conflictos sobre el cómo

debemos relacionarnos con la tierra, y donde los pueblos Afrodescendientes,

Indígenas y campesinos, aportan para la humanidad invaluables experiencias de

las que tenemos que aprender.

Actividad 2: Cartografía del cuerpo en relación con el territorio

Objetivo: Construir participativamente los Sentidos (motivos) de defensa territorial que guiarán nuestro caminar como cultivadores de dignidad.

Metodología:Para dar inicio a la actividad, se invita a los participantes para que conformen 4 grupos, a cada grupo se entregará marcadores y papel, con el objetivo de desarrollar una cartografía social que ponga en diálogo nuestras percepciones sobre el territorio y así lograr evidenciar los Sentidos o motivos comunitarios de los cuales partimos para ser promotores para la defensa territorial.

• Grupos 1 y 2: Conformados los grupos, se pide que elijan a una persona para que sobre el papel podamos dibujar su silueta o croquis. Una vez hecho el croquis, se propone que piensen en el territorio donde ha vivido y establezcan relaciones entre el cuerpo y el territorio a través de la pregunta: ¿Si pudiéramos darle forma humana a nuestro territorio, cómo relacionaríamos cada una de las partes y/o funciones de nuestro cuerpo con las del territorio?. (Ejemplo: La venas son los ríos). Cada relación que se establezca tendrá entonces una razón o explicación que esperamos sea compartida con las otras y otros una vez finalice la cartografía.

• Grupo 3 y 4: Para estos grupos se desarrollará la misma actividad, pero ahora no partiendo del cuerpo sino del territorio, es decir, dibujarán en el papel el croquis de su territorio común y pensarán en como este representa o se relaciona con la comunidad y nuestro cuerpo.

Finalizadas las cartografías se pide den un nombre a su mapa que represente la discusión y reflexiones compartidas en el grupo.

Socialización de las cartografías: Por grupos presentarán los mapas y las reflexiones surgidas de la cartografía. Es muy importante interrogar sobre el porqué de las relaciones e indagar sobre el valor que tiene lograr pensar el territorio como un cuerpo y viceversa. Asimismo, estimular la participación de las y los otros con el fin de generar un diálogo de saberes.

Reflexión:Como cierre de este momento se pedirá a los participantes que relaten que les pareció la actividad y si han surgido reflexiones nuevas. Es importante hacer evidente que los únicos que pueden hacer estas relaciones

en el territorio, son quienes viven en él, es decir que las construcciones territoriales que han compartido en la escuela son únicas, y que las cosas que afectan al territorio afectan directamente la cultura y la memoria de la comunidad. A partir de este pequeño diálogo expondremos las diferencias entre tierra y territorio. Tierra: como el lugar, la base física y productiva de un territorio. Por Territorio, el conjunto de relaciones y representaciones que construyen los seres humanos a partir de la tierra. Es por tanto, el territorio, un concepto y una realidad que se construye y reproduce colectivamente y es producto de la memoria colectiva y ancestral de nuestras comunidades. En otras palabras, sin territorio no hay cultura ni memoria, y sin cultura no hay territorio, hay simplemente tierra. La forma como nos relacionamos con la tierra que habitamos representa entonces toda nuestra cosmovisión, nuestra memoria y cultura.

Cuando defendemos el territorio, defendemos nuestra memoria ancestral,

nuestra cultura y costumbres, que son la base para la pervivencia de nuestras

comunidades y pueblos.

Construcción de Sentidos de Defensa Territorial:Para finalizar este primer momento se pide a cada uno de los grupos que piensen en cuáles serían los Sentidos (motivos o razones más profundas) que nos orientarán a la hora de ser Promotores de Defensa Territorial. Dichos Sentidos deben dar cuenta de los Saberes que se han construido al vivir en este territorio, y su relación con nuestra identidad, memoria, cultura y artes que hemos heredado de nuestros ancestros, de toda y cada una de las formas que creemos pueden permitirnos la construcción de la Vida Digna. No olviden ser lo más creativos posible para lograr comunicar tan bella pero desafiante tarea.

Una vez acordados los sentidos, se presentarán y socializarán a todo el grupo con el fin de crear, si así lo desean, una sola propuesta como escuela. Es muy importante mencionar que son estos Sentidos los que nos ayudarán a recorrer la ruta que como Cultivadores de Dignidad hemos iniciado. De ser posible deben estar expuestos en cada escuela en la pared, o en el mejor de los casos, se podría realizar un mural, o cualquier otra forma que podamos imaginar, para tenerlos presentes durante todo nuestro caminar.

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¿Cómo hacer lecturas críticas de los conflictos territoriales?

Realizar lecturas críticas del territorio, es una tarea indispensable para quienes se consideran Promotores de Defensa Territorial, pues es precisamente de la forma como leemos el contexto que podremos interpretar los conflictos que nos afectan o podrían hacerlo, más allá de una visión superficial e inmediata.

Hacer lecturas críticas implica entonces: ir más allá de lo que a simple vista percibimos, informarnos por nuestra propia cuenta sobre lo que ocurre, tener una visión histórica del problema, identificar los actores y los beneficiarios de los conflictos, establecer las relaciones de este conflicto con la realidad local, regional, nacional y global, ser creativos para lograr sobrepasar las condiciones que parecen ser naturales o normales; entre otras pautas que permitirán que agudicemos nuestra mirada y podamos, junto con nuestra comunidad, establecer la propia visión sobre el conflicto y los mecanismos que podemos activar para defender el territorio, de ser necesario.

Las y los invitamos a analizar algunos conflictos territoriales que ocurren en

Colombia, con el fin de fortalecer nuestra lectura crítica del contexto

teniendo en cuenta algunas pautas que les proponemos en la Actividad 3.

Actividad 3:Lectura Crítica de Conflictos Territoriales

Objetivo: Identificación de un conflicto territorial que afecta a la comunidad a través de la lectura crítica del contexto territorial.

Metodología: En grupos, se asignará una problemática relacionada con las áreas temáticas así:

Grupo 1: Impactos de la explotación Minera (Oro y Carbón) e hidrocarburos Grupo 2: Defensa de la Pesca Artesanal e impactos de la explotación industrial Grupo 3: Impactos de la explotación de Bosques y Biodiversidad – bonos de carbono

Una vez conformados los grupos, se entrega a cada uno los casos, con el fin de analizarlos críticamente y posteriormente socializarlos, para esto proponemos desarrollar los siguientes pasos:

Los casos se encuentran en el CD de Apoyos Didácticos

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¿Esto ya había pasado?

¿Cuál es la Problemática o Conflicto Territorial?

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Cartografía del cuerpo: relación entre cuerpo y territorio. Diciembre de 2013. Foto: Tierra Digna.

l es la Problemática o Conflicto Territorial?

Fundamentales Colectivos

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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Local: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________Regional: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nacional:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Global:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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¿Qué actores intervienen?

¿Cuáles son sus intereses o moti-

vaciones?

¿Qué acciones realizan?

¿Cuál es su visión de

Desarrollo?

¿Qué derechos creen han sido vulnerados?

¿Qué hubiese hecho usted con su comunidad de ser los directamente afectados?

¿Qué relaciones pueden establecer entre este conflicto y la realidad local, regional, nacional y global?

Identificación de Actores

¿A quién(es) beneficia el proyecto o el conflicto territorial?

Presentación de lecturas críticas sobre los conflictos territoriales:

Antes de iniciar la socialización, se sugiere preguntar a los participantes sobre la actividad, ¿qué difi-cultades tuvieron?, ¿qué información creen que falta?, entre otras que serán importantes para evaluar la actividad y reconocer oportunidades de aprendizaje.

Cada grupo tendrá un espacio para presentar su caso y su lectura crítica sobre el mismo, una vez haya terminado, el facilitador aclarará, de ser posible, las dudas surgidas y se dará espacio para las preguntas y comentarios del público.

Seguramente la actividad ha suscitado más preguntas que respuestas, por esto

les invitamos a continuar este diálogo con la profundización en un tema que

afecta a nuestros territorios cada vez con más frecuencia: Los MEGA-proyectos.

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Mega-proyectos: ¿qué son? ¿cómo funcionan? ¿qué efectos producen?

El contexto socio-político que rodea la construcción masiva de mega-proyectos en territorios habitados ancestralmente por comunidades negras e indígenas en el departamento del Chocó, es una realidad cada vez más común que experimentan diversas comuni-dades y pueblos en Colombia y en América Latina.

Un primer paso para avanzar en la comprensión de este contexto, es precisar qué entendemos por Mega-Proyectos: Son aquellas obras civiles o in-tervenciones que se realizan en un territorio determinado, que se caracterizan porque tie-nen una cobertura geográfica amplia, conlle-van alteraciones considerables en el entorno físico, económico, social y cultural existente, se orientan al aprovechamiento directo de re-cursos naturales (hidroeléctricas, termoeléctri-cas, explotación de minerales o hidrocarburos) o a crear redes físicas acondicionadas para transporte (puertos, vías férreas, carreteras), comprometen presupuestos millonarios, y su implantación es llevada a cabo por compañías privadas nacionales o transnacionales.

La construcción de grandes proyectos de inversión en América Latina ha sido permanente desde el siglo XIX, momento en el que se sembró de manera decisi-va la idea de que la calidad de vida de los habitantes de una población se encuentra determinada por el nivel de industrialización.

No obstante, desde el año 2000 se observa la cons-titución de espacios políticos integrados por los di-versos Estados del continente y promovidos por las Instituciones Financieras Internacionales, estos son, la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Re-gional Suramericana (IIRSA), el Proyecto de Integra-ción y Desarrollo de Mesoamérica (PIEM) y la Alianza para el Pacífico, que persiguen la edificación de una plataforma física sustentada en la explotación y apro-vechamiento de recursos naturales para fortalecer el “desarrollo industrial, la apertura de mercados y esti-mular la competitividad” de los países, para lo cual se prevé la construcción de múltiples mega-proyectos en diversos sectores.

Dichas iniciativas se sustentan fundamentalmente en dos pilares:

a) la cimentación de una visión “estratégica” de la re-gión, ello implica proyectar qué continente se anhela, qué tipo de desarrollo pretende alcanzarse y, en con-secuencia, visualizar qué clase de proyectos podrían realizarse en los distintos territorios atendiendo a su potencialidad y disponibilidad de recursos naturales;

b) Ordenar los distintos factores que facilitarían que esa idea de región fuera una realidad; esto presupo-ne crear espacios de coordinación entre los distintos actores, unificación de normatividad, recursos finan-cieros y operativos.

La IIRSA fue fundada en una reunión de mandata-rios de 12 países suramericanos llevada a cabo en la ciudad de Brasilia en 2000, y tiene por obje-to “promover el desarrollo de la infraestructura de transporte, energía y comunicaciones bajo una visión regional” y el logro de un “patrón de desarrollo

equitativo”. Parte de la definición de unos ejes geo-gráficos de desarrollo y de la creación de un banco conjunto de proyectos. Así mismo, su funcionamiento práctico obedece a la existencia de mecanismos de coordinación e intercambio de información entre los gobiernos, las empresas privadas y las instituciones financieras internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento y Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata).

La IIRSA consolidó una cartera de 524 mega-proyec-tos que se implementarán de manera progresiva con base en los acuerdos que han formalizado los Esta-dos, los que se recogen en la “Agenda de Implemen-tación consensuada”. Los proyectos seleccionados han sido clasificados en 47 grupos, y para su eje-

cución se destinarán aproximadamente US$96.119 millones. Adicionalmente se integró una agenda de 31 proyectos de alto impacto que requieren atención y financiación prioritaria.

Colombia hace parte de 2 ejes de integración y desa-rrollo de la IIRSAr: el eje andino y el eje amazónico, y de ese modo participa en la construcción de 33 mega-proyectos promovidos por esta instancia inter-nacional.

A continuación se incluye una imagen que grafica la distribución de los principales ejes de la IIRSA:

Ejes de Integración y Desarrollo IIRSA

Eje Andino Eje del EscudoGuayanés

Eje PerúBrasil - Bolivia

Eje del Amazonas

Eje de la HidrovíaParaguay - Paraná

Eje InteroceánicoCentral

Eje de Carpricornio Eje

Mercosur- Chille

Eje Andino del Sur

Eje del Sur

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Derechos vulnerados en relación a las fases de un Mega-proyecto

Utiliza figuras contractuales como:1. Contrato de concesión: Es un con-

trato entre el Estado y las empresas

2. Contrato privado: Es un contrato

entre comunidades y empresas

Los MEGA-PROYECTTOS Se planifican a través de:1. Conpes

2. Planes de interés nacional estratégico

3. Plan nacional de desarrollo

4. Plan departamental de desarrollo

5. Plan municipal de desarrollo

6. Plan de ordenamiento y manejo de cuencas

En la etapa previa de un Mega-proyecto se contempla una fase de planificación para lo cual se deberá

tener en consideración la perspectiva de desarrollo que tenga el país para que sea recomendado y

considerado como estratégico. La planificación se puede hacer a través del Consejo Nacional de Política

Económica y Social (Conpes) creado por la ley 19 de 1958, ya que es un organismo asesor del Gobierno

en materia de desarrollo económico y social, que entre sus funciones tiene la de formular y recomendar

las políticas en diferentes áreas y presentar, para su análisis, estudios sobre la ejecución del Plan Nacio-

nal de Desarrollo y sobre las políticas, estrategias, programas y proyectos del Gobierno Nacional. Está

bajo la autoridad del Presidente de la República.

Por otra parte, se debe suscribir un contrato que materialice el Mega-proyecto y la contratación puede

ser a través de la modalidad de concesión, que consiste en que el Estado cede la administración, opera-

ción y explotación de un servicio o bien público a una particular.

Fase previa

* Derecho a la libertad de información (art. 20 de

la Constitución Política de Colombia)

* Diversidad étnica y cultural (véase art. 7 de de


* Los principios de publicidad y de transparencia

se hacen efectivos, a juicio de la Corte constitu-

cional, por medio de los derechos de acceso a la

información pública y de petición (véase art 20 y

23 de la Constitución Política de Colombia)

* Principio de buena fe (véase art 83 de la Cons-

titución Política de Colombia)

Derechos y principios constitucionales vulnerados con frecuencia en la Etapa Previa:* Debido proceso (véase art. 29 Constitución Po-

lítica de Colombia)

* Derecho a la participación (véase art. 2, 40 de


* Derecho a la consulta previa (Artículo 7 Conve-

nio 169 de la OIT), consentimiento previo libre e

informado (véase la declaración de los pueblos

indígenas, T- 129 de 2011)

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Fase intermedia

Derechos y principios constitucionales vulnerados con frecuencia en la Etapa Intermedia:* Derechos y principios constitucionales vulnerados

* Derecho a la consulta previa (Artículo 7 Con-

venio 169 de la OIT), consentimiento previo libre

e informado (véase la declaración de los pueblos

indígenas T- 129 de 201)

* Derecho a la participación (véase art. 2, 40 de la

Constitución Política de Colombia)

* Derecho a la libertad de información (art. 20 de

la Constitución de 1998 Política de Colombia)

* Derecho al territorio (véase Convenio 169 de la

OIT Ley 70 de 1993)

* Derecho al goce de un medio ambiente sano

(véase art 4 ley 472 de 1998)

* Derecho a la seguridad y salubridad públicas


* Derecho a la moralidad administrativa (véase

art. 4 ley 472 de 1998, Fallo del Consejo de Esta-

do 1330 de 2011)

* Derecho del patrimonio cultural de la Nación

(véase art. 4 ley 472 de 1998)

Esta etapa intermedia se presenta como el momento en el que se incian los estudios de pre factibilidad y

factibilidad tanto económica, social y de tipo ambiental etc., para lo cual la empresa responsable del mega-

proyecto ingresa al territorio y principia a realizar estudios; el ingreso al territorio puede presentarse por una

fase de exploración que se dice no genera impacto ambiental pese a la realidad que demuestra lo contrario

como que un megaproyecto en esta fase puede ocasionar afectaciones tanto ambientales como de orden so-

cial, pues llega con costumbres ajenas y con desconocimiento de la población allí asentada y con maquinaria

que irrumpe de manera ofensiva en un territorio compuesto, de comunidades étnicas, campesinas, especies

naturales invaluables, patrimonio cultural, vestigios arqueológicos, zonas o sitios sagrados desconociendo la

cosmovisión ancestral de los grupos étnicos y situando un territorio que no les pertenece.

Por otro lado, en esta etapa se está gestionando el proceso de licenciamiento ambiental y la solicitud de otra

clase de permisos para otros usos por ejemplo: aguas, vertimentos etc, dependiendo del tipo de megapro-

yecto allí instalado, en esta fase también pueden verse afectados o amenazados varios tipos de derechos.

Fase de exploración física y técnica:Fases de Pre factibilidad del proyecto y valo-

ración técnica / ingreso al terreno

Fase de licenciamiento y permiso ambiental: Estudios técnicos/físicos/

geológicos/ambientales - Ingreso al te-

rreno / exploración.

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Fase de cierre

Explotación de recursos

Montaje materia minera- represas: * Construcción de infraestructura, ingreso de

maquinaria.

* Adquicisión de permisos complementarios

de usos de recursos naturales.

Derechos y principios constitucionales vulnerados con frecuencia en la Etapa de Cierre:* Derecho a la vida.

* Derecho a la dignidad humana.

* Derecho al territorio (véase Convenio 169 de la

OIT Ley 70 de 1993)

* Derecho al goce de un medio ambiente sano;


* Derecho a la libertad de información y expresión

(véase el art. 20 de la Constitución de Política de

Colombia)

* Derecho al trabajo en condiciones dignas y justas

(véase el art. 25 de la Constitución de Política de

Colombia)

* Derecho a la participación (véase art. 2, 40 de


* Derecho a la existencia del equilibrio ecológi-

co y el manejo y aprovechamiento racional de los

recursos naturales para garantizar su desarrollo

sostenible, su conservación, restauración o susti-

tución, la conservación de las especies animales

y vegetales, la protección de áreas de especial

importancia ecológica, de los ecosistemas situa-

dos en las zonas fronterizas, así como los demás

intereses de la comunidad relacionados con la

preservación y restauración del medio ambiente


En esta etapa final se inicia a realizar el montaje o construcción de infraestructura, ingresando maquinaria

pesada, fuerza trabajadora, instalación de campamentos; se implanta el modelo de vida de los miembros

de la empresa a la vez que se siguen gestionando los permisos faltantes; se empieza una fase de explo-

tación propiamente dicha de los recursos concedidos a la empresa por el Estado o por los particulares.

El Estado pierde su rol facilitando estos proyectos que violan los derechos de sus asociados, quienes

persiguen utilidades inversiones, dinero, en perjuicio de derechos.

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¿Por qué es de tanto interés el Chocó para los Mega-proyetos?

El departamento del Chocó es uno de los territorios más ricos en diversidad natural, étnica y cultural. Es concebido como un “complejo ecorregional”, al abar-car 4 regiones de ricos ecosistemas húmedos y tro-picales que se definen como uno de los lugares más biodiversos del planeta. Según los registros realiza-dos por Biopacífico, se estima que en la región existe uno de los mayores índices de endemismo continental de plantas, es decir, de especies exclusivas de una región terrestre. Se estima que en la región está re-presentado el 11% de todas las especies de aves conocidas en el mundo y el 56% de las colombianas .

A su vez, es el hogar de múltiples comunidades ne-gras e indígenas que lo habitan ancestralmente y de comunidades mestizas descendientes de migrantes de diversas partes del país. Tiene una población de 471.601 personas, de las cuales el 70% es afroco-lombiana y un 11% es indígena. Cuenta con un total de 2.915.339 hectáreas tituladas como territorios colectivos de comunidades negras, que correspon-den a 24 de los 30 municipios del departamento, en donde se asientan aproximadamente 591 comunida-des negras. Por otra parte, además hay un total de 116 resguardos indígenas, integrados por las etnias Embera dóbida, Embera katio, Embera chamí, Wou-naan.

Desde la década de los años 80, diversos actores armados han disputado el control y dominio de estas tierras, situación que ha convertido al departamento, en un escenario “propicio” para el tráfico de armas y

drogas, lo que ha permeado un escenario de conflicto armado permanente, con devastadoras consecuen-cias en materia de respeto y garantía de los derechos humanos de sus habitantes.

En consecuencia, la tenencia y disfrute del territorio propio de las comunidades étnicas en el departa-mento, ha estado marcada por la violencia impulsada por actores armados legales e ilegales. Su accionar y otras causas concurrentes, han generado el despla-zamiento masivo de población indígena y afrocolom-biana, las cuales han visto gravemente vulnerado su derecho al territorio colectivo.

A ello se suma la creciente presencia de empresas nacionales y transnacionales, que pretenden impul-sar allí múltiples proyectos de inversión en los ejes de producción agroindustrial, construcción de obras de infraestructura vial, portuaria y energética, explo-ración y explotación de petróleo y de minerales, con la premisa de atraer verdaderas “oportunidades” de “desarrollo” en una región en la que –paradójica-mente- abundan la pobreza y el hambre.

Estudios específicos sobre el potencial del departa-mento en el aprovechamiento industrial de los recur-sos naturales, indican que:

“La región es reconocida por una gran riqueza ictio-lógica; se calculan aproximadamente 400 especies de agua dulce y marina; la acuicultura representa cer-ca del 20% de la producción pesquera del país. En cuanto a minerales, ésta es conocida por sus grandes yacimientos de oro y platino. Otros minerales de po-tencial aprovechamiento son el cobre, el manganeso, el cromo, el hierro, el carbón y la magnetita. Ecope-trol estima que se pueden encontrar 36 millones de

barriles de petróleo y unos 45 millones de metros cúbicos de gas” .

Esta riqueza, ha convertido al departamento del Chocó en un campo ideal para la implementación de mega-proyectos, con su ubicación estratégica, la habilitación de una posible comunicación inter-oceánica, las incalculables reservas de hidrocarbu-ros y recursos minerales, la amplia extensión de sus bosques nativos y obviamente su riqueza en recursos bióticos.

Ahora, vamos a

profundizar aún más en

nuestro conocimiento, abor-

dando por temáticas las dife-

rentes afectaciones territoriales

que produce el desarrollo de

los Mega-proyectos en el

Chocó.

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Mega-Minería:

La actual política nacional de desarrollo, incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 y de-nominada “prosperidad para todos” tiene como pro-pósito impulsar a los sectores económicos con una aparente capacidad de generar aumentos continuos y permanentes de productividad, y que sean a su vez capaces de arrastrar el crecimiento en otros sectores de la economía.

Uno de los sectores económicos priorizados en ese modelo de desarrollo, es el denominado “sector de desarrollo minero y expansión energética”, que tiene la finalidad de crear un choque de oferta (boom mi-nero-energético) para impulsar los índices generales de crecimiento económico, a través de la explotación de minerales, hidrocarburos y la generación energé-tica.

Este modelo de prioritaria explotación de los recur-sos minero-energéticos, acentúa el rol de Colombia como productor y exportador de recursos primarios y materias primas, el cual, debido a la división interna-cional del trabajo, difícilmente logrará impulsar, como se ha experimentado en el pasado, un crecimiento sostenido y responsable de la economía nacional de enclave y extracción, pese a las insistentes y expre-sas manifestaciones de desarrollo y progreso que suelen sustentarlo. Con ello, la situación de goce y disfrute de los derechos asociados al bienestar y a la vida en condiciones de dignidad, se complejiza gra-dualmente.

Tres documentos centralizan la política minera del gobierno Colombiano. El primero es el Plan de De-sarrollo Minero 2006-2010, el segundo, el Plan de

Desarrollo Minero Colombia visión 2019, ambos pro-ducidos en la administración del gobierno de Álva-ro Uribe Vélez, y el tercero es el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, los cuales apuntan a que en el mediano plazo, Colombia se defina como un “País Minero”.

Colombia, y en general Latinoamética, tiene impor-tantes reservas de hidrocarburos y de minerales, cuya extracción, explotación y comercialización ha sido cedida a compañías transnacionales para su descomunal enriquecimiento.

Los impactos que causa la Mega-minería en los terri-torios son diversos y se podrían clasificar así:

a. Impactos de tipo ambiental:i. La minería a gran escala, es una actividad que comporta el uso extensivo de tierra y el empleo in-tenso de fuentes hídricas. Adicionalmente, supone la utilización de cantidades considerables de energía. Es una actividad que genera críticos impactos en el medio ambiente, que se materializan en: el aumento de emisión de gases tóxicos, desviación del cauce de ríos, contaminación de fuentes hídricas como conse-cuencia de la utilización de sustancias tóxicas como

el arsénico y el mercurio, la disminución de corrientes de agua superficiales y subterráneas, surgimiento de aguas ácidas, destrucción de cerros, destrucción de capas vegetales no recuperables, destrucción del suelo, de áreas cultivables y del bosque natural,

ii. Surgimiento de críticos problemas de salud en la población que habita en las áreas circundantes a los centros de explotación de minerales y en los traba-jadores que laboran en los centros de extracción y producción de minerales. En particular, sobresalen las enfermedades respiratorias, dérmicas y gástricas. En diversas partes del continente, se han presentado sucesos de derrames de mercurio inorgánico gene-rando críticos problemas de salud por intoxicación y se ha detectado la presencia de metales en el co-rriente sanguíneo en pobladores. Igualmente se han reportado sucesos crónicos de contaminación auditi-va como producto de las explosiones y detonaciones con dinamita en cercanía de poblados

iii. Muerte de animales de pastoreo y crianza de las comunidades rurales asentadas en las zonas en las que se han instalado los proyectos de gran minería, como consecuencia de la contaminación ambiental, y generación de malformaciones congénitas.

b. Impactos de tipo socio-cultural:i. Alteración de economías rurales y locales de las comunidades en cuyos territorios se implementan proyectos de minería a gran escala, de una parte por el cambio radical del paisaje, por el empleo casi exclu-sivo de las fuentes de agua, por la contaminación am-biental y por la vinculación de campesinos en labores mineras mal remuneradas. Así, la agricultura sosteni-ble, la pesca artesanal y la cacería de sobrevivencia,

actividades tradicionales que sustentaban o susten-tan los modos de vida de comunidades rurales, se ven desplazadas física y culturalmente por la minería.

ii. Ruptura de tejidos sociales. La implementación de proyectos mineros a gran escala, ha conducido a la fragmentación comunitaria, que se debe en buena parte, al ofrecimiento de dádivas, privilegios y remu-neraciones económicas por parte de las empresas operadoras de los proyectos, a favor de aquellos líderes comunitarios que presten su consentimiento favorable al impulso de la actividad extractiva.

iii. Múltiples proyectos de gran minería pretenden ser implementados o ya son llevados a cabo en te-rritorios habitados ancestralmente por comunidades indígenas y afrodescendientes sin respetar su dere-cho fundamental a la consulta previa. La negación del poder de decisión de las comunidades sobre el destino de su territorio ancestral se convierte en una amenaza y violación a sus derechos colectivos y en una condena a sus formas propias de vida.

iv. La explotación minera a gran escala ha genera-do una transformación profunda del modo de vida y la cultura tradicional de las comunidades étnicas y campesinas, al suponer su desplazamiento físico in-voluntario y el despojo de sus tierras tradicionales, bajo el amparo de la permisión legal que privilegia los intereses económicos de las compañías propietarias de los proyectos sobre los derechos colectivos de las comunidades.

v. Los proyectos de gran minería en América Latina y en Colombia han conducido a aumentar el fenómeno de concentración de la tierra, en tanto comportan la utilización de bastas extensiones.

¿Pero cuáles son los

principales

impactos de la

Mega-minería?

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51

vi. La minería a gran escala afecta el ejercicio de la minería artesanal al limitar el acceso a los yacimien-tos y, en consecuencia, la disponibilidad del recur-so mineral. Con ello se altera la sostenibilidad so-cioeconómica de las comunidades étnicas y rurales que realizan esta práctica de sobrevivencia, ante las presiones de compañías extractivistas foráneas. Las políticas mineras a gran escala suponen una perse-cución frontal contra la pequeña y mediana minería, actividades diferenciadas que han recibido un trata-miento homogéneo, lo que conduce a la negación de formas de extracción artesanales propias de las co-munidades étnicas que utilizan técnicas respetuosas del ambiente.

c. Impactos en derechos civiles y políticosi. Existen limitaciones considerables al acceso a la información relativa a los proyectos mineros a gran escala. Si bien de manera formal existen mecanis-mos constitucionales o legales óptimos para solici-tar la remisión de información oficial, buena parte

de los detalles técnicos, operativos y financieros se encuentran directamente en manos de las compañías privadas operadoras de los proyectos. Así, tanto la ciudadanía en general como en particular las comu-nidades afectadas por las operaciones de extracción, encuentran notorios obstáculos para conocer de for-ma cercana la información que requieren.

ii. Es importante resaltar que ante los adversos im-pactos de la industria extractiva minera, múltiples sectores sociales y comunidades han expresado su oposición a través de diversos mecanismos, entre ellos la movilización y la protesta, y ello ha sido objeto de represión desproporcionada y desmesurada por parte de las fuerzas militares y policiales del Estado, que han redundado en una serie de ataques contra la vida, la integridad personal y la libertad de expresión.

iii. Adicionalmente es impor tante destacar que en las zonas donde se realizan las explotaciones mi-neras por par te de las compañías privadas, suele observarse fuer tes procesos de militarización, con

la intención de proteger y asegurar las inversiones. La fuerte presencia de la fuerza pública con la mi-sión de preservar y proteger la seguridad de las compañías, es un factor de riesgo inminente para las comunidades que se ven afectadas por los impactos causados por la actividad minera que ellas ejercen.

En el Chocó la actividad de mega-minería está en proceso de consolidación, pues buena parte de los territorios colectivos titulados a pueblos indígenas y comunidades afrodecendientes, se ven amenazados por la celebración de múltiples contratos de conce-sión minera entre el Estado y personas naturales o compañías privadas, que les permiten adelantar labo-res de exploración y explotación de metales precio-sos y sus derivados, uranio, cobre y carbón.

Dentro de las compañías transnacionales con ma-yores intereses extractivos en el departamento del Chocó, se encuentran:

AngloGold Ashanti, tercera empresa productora de oro y metales preciosos en el mundo, con sede en Sudáfrica.

Anglo American, segunda empresa productora de minerales en el mundo, con sede principal en Ingla-terra.

Glencore-Xstrata, primera empresa productora y comercializadora de minerales y otras materias pri-mas en el mundo, con sede principal en Suiza.

Continental Gold, empresa de origen canadiense, especializada en labores de exploración minera, con

más de 8 proyectos en Colombia.Por otro lado, a la hora de establecer acciones o ac-tivar un mecanismo de exigibilidad para defender el Territorio de un proyecto Mega-minero, es muy im-portante determinar la fase de desarrollo del proyec-to, por lo que les proponemos esta clasificación:

Fases de un proyecto Mega-minero:

1. Prospección: Inicia con los estudios desarrolla-dos por la autoridad minera (Agencia Nacional de Minería) y las empresas privadas, en donde se hace un inventario de los recursos naturales que se podrían explotar en el territorio de inte-rés. Dichos estudios no permiten saber la capa-cidad o la profundidad de los minerales.

2. Concesión Minera: Esta fase inicia con la firma del contrato que la empresa privada hace con el Estado para iniciar la intervención en los te-rritorios.

3. Exploración Minera: En esta fase se establece el volumen del mineral, para ello deben remover la capa vegetal, y establecer la viabilidad del pro-yecto, es decir, si es rentable.

4. Definición de Plan de Trabajo y de Obras: Se inicia en esta fase el montaje de la mina y se determina: las fases o tiempos de explotación, el presupuesto y la financiación que es realizada por privados o por la banca multilateral.

5. Explotación: Se inicia la explotación con un tér-mino inicial de 30 años que es prorrogable.

6. Cierre: Una vez explotado el territorio, se inicia el cierre con el re-acondicionamiento de las zo-nas intervenidas a través de la re-forestación, que se desarrolla de manera superficial y sobre un suelo con altos índices de contaminación.

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53 Consecuencias de la Minería de Oro a Gran Escala.

Si sumamos las áreas estratégicas, los títulos vigentes y la solicitudes mineras; en la actualidad se han destinado

para la Explotación Minera:

46,1 Millones de Hectareas.40.36% Del Territorio Nacional.

Ahora les compartimos algunas cifras de interés sobre la

actividad Minera en el país:*

5,64060%

2) Títulos Mineros Vigentes:

9.400Ocupan un área de 5,6 millones

de Hectáreas.

Equivalen a:

4,9% del territorio nacional titulado a la minería.

ExploraciónConstrucción y Montaje

Explotación

3,76040%

3) Solicitudes Mineras En

Trámite: 19.000Sobre 20 millones de Hectáreas.

Equivalen a un 17,51% del territorio nacional

Con estudio técnico y jurídico

Archivadas

Otorgadas

En evaluación

Resolviendo Recurso Reposición

En estudio técnico ojurídico

7.53538%

5.92130%

3.64119%

8314%

1.1026%

5993%

* Datos extraidos de: Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista”, Contraloría General de la

República, Mayo 2013.

La actividad de mega-minería pretende desarrollarse en zonas antes dedicadas a la producción agroalimentaria, en ecosistemas de especial importancia ecológica, en nacederos de agua y zonas de recarga de

acuíferos, en territorios colectivos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y, a menudo, éstas son decisiones ausentes de

estudios técnicos, científicos, socio-culturales, y cartográficos.

Área: 17,6 millones Ha. 202 bloques15,4% del territorio nacional

(Resolución 0045 de jun/2012 Agencia Nacional de Minería)

Se incorporan 120 mil Ha. a esta Resolución

Área: 200 Ha. 1 Bloque en Nte. de Santander(Resolución 429 de 2013 de la ANM)

Área: 2,9 millones Ha. 313 bloques2,5% del territorio nacional

(Resolución 180241 de feb/2012 MME)

1) Áreas Estratégicas Mineras:

Área del Territorio Nacional114.2 millones de Hectáreas (Ha)

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Es importante romper con el “mito” que nos lleva a pensar que los Impactos y Afectaciones Territoriales de la Mega-minería y, en general de los Mega-pro-yectos, son causados sólo en la fase de Explotación (en nuestro listado la fase número 5), pues como vi-mos, desde el mismo momento en que existe una ne-gociación para explotar nuestro territorio, se empie-zan a generar Impactos y Afectaciones Territoriales que ponen en riesgo la autonomía, la vida y la cultura en los Territorios Colectivos y Resguardos Indígenas.

En general, un proyecto Mega-minero o un proyec-to extractivo que hace presencia en Territorios Co-lectivos, vulnera el derecho a la Vida Digna, lo que pone al descubierto la poca o nula responsabilidad del Estado para dar garantía de los DDHH (Derechos Humanos). Esto genera la impunidad de las afecta-ciones Territoriales causadas por Empresas Transna-cionales, debido a la falta de control y seguimiento, y a una “Política Pública” que prioriza la protección del capital privado, sobre los intereses de las comunida-des y pueblos ancestrales.

¿Qué otro tipo de minería se practica en el Chocó y qué impactos tiene?

Las comunidades negras asentadas en el departa-mento del Chocó, son herederas de una rica tradición de extracción artesanal de minerales, y por tanto poseen una gran sabiduría en el ejercicio de esta actividad, la cual ejercen prioritariamente de manera colectiva.

Actualmente, de las actividades económicas tradicio-nales implementadas por las comunidades étnicas del departamento del Chocó, la minería artesanal ocupa un lugar esencial, a tal punto que la acción extractiva del oro y platino en el Pacífico colombiano se concibe como una de las “principales actividades económicas de sustentabilidad de la población afrodescendiente”.

No obstante, en los últimos años la extracción de mi-nerales en el departamento del Chocó no se reduce a la utilización de métodos artesanales. Desde finales de la década de los 90 la riqueza mineral de estas tie-rras atrajo personas foráneas provenientes de diver-sos rincones de la geografía nacional, especialmente de los departamentos de Antioquia, Cauca, Tolima y Córdoba, quienes extraen minerales no sólo de la superficies de las aguas y de los lechos de los ríos, sino del interior de la tierra, para lo cual emplean maquinaria pesada (dragas de succión, elevadores hidráulicos y retroexcavadoras principalmente).

La minería mecanizada a mediana escala en el depar-tamento del Chocó, ha tenido los siguientes rasgos característicos:

Aspectos Ambientales y de Salubridad:La minería a mediana escala se viene realizando en zonas de especial importancia ecológica, dotadas de una riqueza ecosistémica particular y de gran bio-diversidad. Para potenciar el proceso extractivo, se emplean sustancias tóxicas como el mercurio utiliza-do para lograr la separación de las arenas del mine-ral, las cuales junto con los desechos de combustible y demás compuestos, son vertidas sin ningún tipo de tratamiento a las ríos, generando una gran contami-nación ambiental a su paso.

Además de todos los impactos ambientales relacio-nados, la extracción minera por medio de dragas de succión y retroexcavadores ha conllevado todo tipo de alteraciones en el entorno natural de las comu-nidades, al generar deforestación, alteración en el cauce de los ríos, contaminación de proporciones altamente riesgosas para la vida e integridad de los individuos y comunidades, y con ello un crítico pano-rama arrasador.

Aspectos socio-económicos:Este tipo de explotación minera, ha afectado el ejer-cicio de la minería artesanal al limitar el acceso a los yacimientos y, en consecuencia, la disponibilidad del recurso mineral. Se ha alterado la sostenibilidad so-cioeconómica de las comunidades negras ante las presiones de mineros extractivistas foráneos. Como consecuencia de lo señalado, las nuevas genera-ciones de afrodescendientes han crecido con cierto desprendimiento de la actividad minera artesanal, así como de sus formas tradicionales de autoabas-tecimiento y sostenimiento, lo cual conducirá en un mediano plazo a que esta práctica desaparezca de los modos de vida de las comunidades negras.

La mediana minería es una actividad que genera cuantiosos dividendos económicos que se destinan prioritariamente al enriquecimiento de los propietarios de la maquinaria. Para alcanzar aceptación de las co-munidades en las que realizan la explotación, pagan una especie de cuota a las familias poseedoras de los terrenos que son ocupados por la maquinaria, y dan algunos empleos a personas pertenecientes a las co-munidades. Para evitar la persecución de las autorida-des gubernamentales locales, realizan precarias con-tribuciones al erario bajo la figura de regalías. En la medida en que se trata de una actividad que genera

excedentes económicos, ha generado para quienes la practican y para las comunidades en cuyos territorios se realiza, dependencia económica.

Anteriormente, las comunidades negras alternaban el ejercicio de la minería con otro tipo de prácticas de sostenimiento económico, entre ellas se destacan principalmente la agricultura, la caza y la pesca, con las que aseguraban un abastecimiento total de sus necesidades alimenticias. Actualmente la minería me-canizada ha sustituido estas prácticas ante la pro-mesa de una recompensa económica mayor, esto es ante el surgimiento de una esperanza sobre la obten-ción de más dinero con un menor esfuerzo.

La explotación minera mecanizada, ha generado una modificación trascendental en la cultura de las comu-nidades étnicas, al sembrar como valor la obtención de dinero. Sobre este asunto el IIAP, estimó que: “propician una adversa permeación cultural alteran-do las pautas de convivencia solidaria y pacífica de las Comunidades Negras en sus áreas colectivas”*. La política pública diseñada por el Estado frente a mi-nería se orienta a fortalecer la minería a gran escala realizada por grandes empresas. Por ello, frente a la minería de hecho no existe un enfoque garantista y transformador orientado a valorar los impactos cau-sados hasta el momento por esta actividad, y a pro-pender por el saneamiento, recuperación e inversión social en las zonas afectadas, ni mucho menos a ge-nerar oportunidades económicas alternativas para las

* Véase: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) “Diagnóstico Situacional de la minería artesanal y en pe-

queña escala desarrollada por afrocolombianos en territorios colectivos de comunidades negras en el Chocó Biogeográfico”.

Junio 2005. Pag. 17

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personas que se dedican a esta actividad productiva. Por el contrario su respuesta ha sido represiva, desde la detención y quema de maquinaria, hasta la iniciación de procesos penales contra los mineros, entre otras.

En torno a la práctica de la mediana minería debemos pensar si esta actividad, a pesar de sus profundos im-pactos medio-ambientales, debe ser la que sigamos impulsado sin mayores controles y medidas de mitiga-ción y recuperación en nuestros territorios colectivos.

El Pacífico colombiano posee una de las reservas boscosas y biodiversas más grandes del planeta Tie-rra, de la cual depende una gran cantidad de fauna y flora nativa, que cuenta con la existencia de especies inexploradas hasta el día de hoy. Estas características hacen que el Chocó funcione como un regulador cli-mático, y que su selva y bosques lluviosos sean con-siderados como parte fundamental en el equilibrio del ecosistema mundial. De esta manera, el Pacífico Cho-coano hace parte de una Eco-región llamada también Chocó Biogeográfico.

Gran parte de esta Eco-región pertenece o fue ti-tulada a los Consejos Comunitarios y los Resguardos como parte del reconocimiento de los territorios co-lectivos, los cuales requieren de la expedición de una licencia de aprovechamiento forestal, para determi-nar el uso y la administración de las correspondientes zonas boscosas.

En ese sentido, la Ley 70 de 1993 determinó que la titulación de tierras a las comunidades negras, bajo la figura de la propiedad privada colectiva, incluye de manera clara la adjudicación del suelo y el bosque a dichas comunidades. Lo que significa que tienen de-recho a la propiedad, tenencia, administración y ma-nejo de los recursos forestales de manera autónoma y a partir de criterios de uso y manejo propios re-lacionados con las prácticas tradicionales y contem-plando una función ecológico-social de la propiedad.

Si bien la explotación de maderas en el departamento del Chocó ha sido parte de las actividades ancestra-les de sobrevivencia de las comunidades negras e indígenas utilizando técnicas apropiadas de conser-vación, desde la década de 1960 y en especial en la subregión de Bajo Atrato, se impone un modelo de

extracción industrial liderado por diferentes actores entre los cuales se encuentran empresas nacionales, transnacionales y actores ilegales.

En los últimos años, más del 90% de las autorizacio-nes de aprovechamiento forestal fueron otorgadas a los Consejos Comunitarios de comunidades negras, previa aprobación por parte de Codechocó (autori-dad ambiental del departamento) de los planes de manejo forestal, los cuales presentaban notables de-ficiencias en sus estándares de calidad y seguimiento. Los Consejos Comunitarios han denunciado los gra-ves impactos ocasionados por la explotación forestal ilegal o legal no controlada, así como las condiciones poco favorables previstas en la legislación, en las po-líticas del Estado y las consecuencias generadas por el conflicto armado, factores que las conducen a una situación de extrema vulnerabilidad que les impide emprender por su propia cuenta explotaciones fores-tales rentables, racionales y sostenibles.

Así, cada vez es más común que la explotación fo-restal de los bosques en Chocó se realice por medio de negocios entre Consejos Comunitarios y empresas privadas, que han tenido efectos perjudiciales para el ambiente, la salud, la alimentación, el paisaje, la cultura y para el bienestar de las comunidades. A este panorama se suma el hecho de que el Estado colom-biano no ha desarrollado un sistema apropiado de seguimiento, control, apoyo, acompañamiento y ca-pacitación con enfoque ambiental, social y diferencial sobre los territorios en los cuales concede el permiso de aprovechamiento forestal.

Bosques y Explotación Forestal:Un primer reporte nacional nos anuncia

una crisis sobre la explotación forestal

y la tala indiscriminada, advirtiendo

que de seguir con el ritmo actual,

bastarían tan solo cien (100) años para

que toda la capa boscosa de Colombia

desapareciera.

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59 El Chocó es una reserva forestal e hídrica para la humanidad. Cascada de Caujandó,

Minicipio de Bagadó, Chocó.

¿Qué Impactos ha generado la Explotación Forestal en el Chocó?

Los impactos sociales y ambientales son cada vez peores y como consecuencia se ha presentado un menoscabo de la biodiversidad forestal, ante la pérdida progresiva de algunas especies nativas del departamento, entre ellas el Catival y el Arracacho. La situación es tan grave que de cada árbol sólo se aprovecha un 40% y el 60% restante es desechado a las fuentes hídricas.

Por esta razón, se ha generado una creciente conta-minación y sedimentación del cauce de los principales rios y sus afluentes, lo que ha disminuido notoriamente

Una experiencia para aprender:

¿Qué pasó con la explotación de los bosques nativos en Bahía Solano?

En 2004 la empresa REM Forest, hoy llamada Prima Hardwood Colombia, llegó a Bahía Solano (Chocó) con grandes promesas para su población. Promesas de desarrollo, promesas de salir de la pobreza y promesas de oportunidades de trabajo e ingresos fijos para los habitantes de la zona, lo que se materializó en la celebración de un contrato privado entre la compañía y el Consejo Comunitario Los Delfines. Todo eso a cambio de poder explotar tres millones de metros cúbicos de madera ubicada en 44 mil hectáreas de las tierras más biodiversas del planeta, la cual sería extraída por medio de helicópteros con destino a mercados internacionales.

El proyecto de extracción forestal que la compañía canadiense quería emprender en el territorio colectivo afro-descendiente, carecía de estudios serios sobre las consecuencias socio-ambientales que podría causar, razón por la cual la autoridad ambiental negó la licencia de aprovechamiento forestal.

Adicionalmente, la empresa nunca suministró información completa a la comunidad de lo que podría pasar en su territorio con ese tipo de extracción masiva de bosques, y además la empresa inició una serie de maniobras de acercamiento con la comunidad para ganar su aceptación por medio de la oferta de compensaciones y programas sociales complementarios.

Esta situación abrió un gran debate en la zona, pues para algunos sectores este tipo de intervenciones extractivas en el territorio suponía poner en riesgo un tesoro ambiental de gran importancia para el mundo; para otros, en cambio, este negocio era una posibilidad concreta que le permitiría a la comunidad superar su situación de pobreza.

Tras hacer un análisis más informado de las ventajas y desventajas de lo que la empresa proponía como “negocio”, comprender la magnitud de los impactos reales e irreversibles de lo que supondría una explota-ción forestal de tales proporciones, que llevaría a la población a tener que cambiar su estilo de vida y tal vez incluso a abandonar el territorio en un futuro, la comunidad decidió desistir del trato y pensar en otras alter-nativas para el aprovechamiento racional de los recursos naturales disponibles en su territorio, alternativas que efectivamente permitan combinar un desarrollo comunitario real e integral con un equilibrio ecológico y ambiental.

Este caso nos deja muchas reflexiones para pensar: ¿Existe equilibrio en las negociaciones que se realizan entre una compañía multinacional y una comunidad afrodescendiente afectada por el conflicto armado y el abandono del Estado? ¿Estos negocios sugieren que las empresas tienen una posición dominante en las negociaciones que las llevan a sacar provecho de la extrema vulnerabilidad y las necesidades insatisfechas que tienen las comunidades? ¿La extracción masiva de estos recursos debe permitirse en zonas de tan alta importancia ambiental para el mundo? ¿La explotación de bosques nativos debe dejarse en manos de empresas privadas, sin que se realicen estudios amplios y suficientes de sus impactos socio-ambientales? ¿Puede ser sostenible, rentable y deseable para las comunidades negras continuar en su práctica ancestral de aprovechamiento racional y de conservación de los bosques, en vez de tomar parte de negocios que conduzcan a su exterminio?

la presencia y reproducción de peces y otra fauna asociada a estos ecosistemas. También se han crea-do botaderos que impiden la recuperación natural de los bosques y que restringen la libre movilidad en la zona, todo ello con efectos preocupantes sobre la sa-lud, la alimentación, el ambiente y por tanto sobre la calidad de vida de los habitantes y comunidades en el departamento del Chocó.

Todo lo anterior ocurre porque se tiene la visión de que cada árbol, de que cada bosque, es útil sólo por su fin comercial, y que con su extracción pueden ha-cerse negocios que generen ingresos económicos. Se ha olvidado el valor ambiental que tiene cada ár-bol, los cuales integran ecosistemas valiosos de los cuales depende el equilibrio ambiental, la sostenibili-dad de las prácticas acuícolas y pesqueras, la regula-ción del clima y la biodiversidad.

Sí, es precisamente la relación ancestral que han establecido las comunidades afro e in-dígenas con el territorio, lo que hoy nos permite contar con una zona tan biodiver-sa en Colombia. Es la manera de relacio-narse con el bosque a partir de la conser-vación ambiental, y la compresión integral de los árboles y bosques como parte de un

sistema biológico del que depende la fauna, flora y agua, lo que encierra un gran saber

ancestral en relación con la naturaleza.

Podríamos decir

entonces que quienes po-

seemos colectivamente zonas de

reserva forestal en el Chocó, hemos

tenido la responsabilidad de proteger

y mantener el equilibrio ecológico del

mundo, a la vez que mantenemos

nuestras prácticas, usos y costum-

bres ancestrales.

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Por ejemplo, las comunidades afro que luchan por mantener las formas propias y el conocimiento an-cestral, no talan cualquier árbol y, de ser necesario, solo lo hacen en luna llena y respetando los ciclos naturales, a diferencia de la explotación empresarial, que se caracteriza por la tala indiscriminada y por no tener en cuenta una visión integral de los bosques en el territorio.

Uno de los hechos que pone en riesgo este equili-brio y la pervivencia de las comunidades, es la re-forestación inadecuada, o con especies no nativas, lo cual produce fuertes impactos en las condiciones equilibradas del ecosistema. Por lo que un uso, ad-ministración y aprovechamiento responsable de los territorios colectivos, debe buscar la conservación ambiental y lograr un uso sostenible y adecuado de la madera, en donde no prime un criterio de comer-cialización, de manera que se permitan las condicio-nes de vida digna y el mantenimiento de las formas tradicionales, que hacen parte de una diversidad y patrimonio cultural invaluable, es decir, que NO tiene precio.

La medicina tradicional, por ejemplo, depende de es-pecies de árboles nativos que en muchos casos se encuentran en peligro de extinción “(...) dentro del proceso de degradacion progresiva de los bosques, se puede observar que actualmente en zonas del Chocó se está presentando la escasez de varias es-pecies de árboles tradicionales y nativos, entre ellos: el pino amarillo, el guayacán amarillo, caoba, chacha-jo, algarrobo y guayaquil ...”*.

*IIAP -Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico-El IIAP avanza en el proceso de investigación pertinente y de

interés social para el Chocó Biogeográfico.

Cambio climático, bonos de carbono y su relación con los bosques en el Chocó:

Una de las preocupaciones en relación con la con-servación y uso responsable de los bosques, es la implementación de una política internacional para la reducción del calentamiento global que tiene como punto de partida la aprobación de la Convención Mar-co de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992, y del Protocolo de Kioto en 1997, instrumen-tos internacionales que obligan a los Estados que los suscriban a reducir la producción de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

La manera en que se busca la reducción de los GEI y la promoción del Desarrollo Limpio, han creado los llamados Bonos de Carbono, que son el mecanismo por el cual, países desarrollados financian proyectos de captura o abatimiento de estos gases en otras naciones -principalmente en vías de desarrollo-, acreditando tales disminuciones como si hubiesen sido hechas en territorio propio. En otras palabras, las empresas que en países desarrollados produzcan gran cantidad de gases efecto invernadero, pueden comprar “bonos de carbono” en otros países que cuenten con zonas de conservación ambiental, como si fuesen lotes o acciones que se restan a la contami-nación que producen.

El precio de cada bono de carbono (equivalente a una tonelada de CO2 no emitida a la atmósfera) por lo que está sujeto a la ofer ta y demanda del mer-cado; así, algunos países, presionados por cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones,

pueden tener más interés en comprar bonos a un determinado precio o en comprar una mayor cantidad a lo largo de cierto lapso de tiempo. Por su parte, otros países o empresas que hayan obtenido o sean poseedoras de bonos de carbono, estarán interesa-dos en vender sus bonos al mejor precio posible.

Sin embargo, esta modalidad de “responsabilidad so-cial”, no frena los altos índices de contaminación en la actualidad, pues permite que las empresas respon-sables de la contaminación, paguen por continuar con un modelo de producción altamente contaminante y no implementen técnicas de desarrollo limpio. Asimis-mo, es preocupante que el protocolo Kioto, al que Co-lombia se encuentra suscrita, no cuente con la firma de los algunos países causantes en gran medida del calentamiento global, como es el caso de los Esta-dos Unidos de América, que son los responsables del 36% de las emisiones de GEI en el mundo.

Ante este panorama, los mercados voluntarios para la compra de bonos de carbono, fijan sus ojos, entre otros, en los territorios colectivos de afrodescendien-tes e indígenas en Colombia, vulnerando los planes de vida y etnodesarrollo al relacionarse sin ninguna regulación por parte del Estado colombiano y aprove-chando la situación de vulnerabilidad de los mismos, caracterizada por el impacto del conflicto armado, el desplazamiento forzado y el despojo de tierras que impiden la construcción de proyectos de vida digna. Por lo que se hace necesario que los planes de et-nodesarrollo y planes de vida empiecen a incluir una reflexión sobre el uso y aprovechamiento de los bos-ques desde una perspectiva de conservación y equi-librio de manera que permita la pervivencia cultural y física de los pueblos ancestrales y de su territorio.

Gran parte del territorio nacional ha sido declarado con distintas modalidades jurídicas, como zonas de especial importancia ecológica. En algunas de ellas se destaca la implantación de proyectos MDL (pro-yectos de desarrollo limpio), que permiten, entre otros, la negociación de nuestro aire en las bolsas de valores del mundo, para efectos de dar cumplimiento a los compromisos que se desprenden del Protocolo de Kyoto.

1. Promover debates regionales que permitan la construcción de mecanismos de regulación interna de los territorios que, basados en la autonomía, nos lleve a cuestionarnos sobre el ¿para qué queremos nuestros bosques?

2. Enterar a las comunidades de las dinámicas que ponen en riesgo a los bosques en el contexto nacional e internacional.

3. Establecer formas equilibradas que permi-tan el mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la Eco-región, en relación con las prácticas, usos y costumbres tradicionales.

4. Concentrar esfuerzos para frenar la indus-tria extractiva a gran escala en Colombia..

Se constituyen

como apuestas de

autonomía territorial,

ante este

panorama:

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Pesca Artesanal y Pesca Industrial

La pesca en el Pacífico colombiano se caracteriza por la coexistencia de las denominadas “pesca industrial” y “pesca artesanal”. La primera captura principalmente especies para la exportación y la segunda comerciali-za sus productos para el mercado interno*. Estas dos actividades, a pesar de estar muy alejadas en cuanto a la tecnología utilizada y organización de la producción, están estrechamente vinculadas ya que dependen del mismo recurso natural, lo que hace que la actividad de la pesca industrial impacte inevitablemente en la capa-cidad productiva de la pesca artesanal, más vulnerable y de menor escala.

Les proponemos profundizar en cada uno de los mo-delos de pesca presentes en el Pacífico colombiano y así poder establecer los impactos, afectaciones y alter-nativas de defensa de la pesca artesanal.

La Pesca Artesanal, un modo de vida:Desde tiempos ancestrales las comunidades étnicas y mestizas y, en general la población rural, que se rela-ciona con las aguas marítimas y continentales (ríos, la-gos, lagunas, humedales, entre otros) en el Chocó, han construido diferentes artes para la obtención de ali-mento. Una práctica artesanal de la cual ha dependido históricamente el sustento y la seguridad alimentaria de varias generaciones, lo que se constituye además, en un elemento fundamental en la construcción de la identidad. Es de esta forma propia y ancestral, creada en el diálogo permanente de los seres humanos con

las aguas que hacen parte de su territorio, que la pes-ca artesanal no sólo alimenta a las comunidades que la practican, sino a poblaciones en el interior de la nación colombiana.

La Pesca Artesanal es una práctica cultural, alter-nativa y de resistencia, que define roles en la comu-nidad y genera redes de solidaridad en quienes la practican. En ese sentido, alimenta la razones y el de-seo de quedarse en el territorio, pues crea elemen-tos de identidad que fortalecen la visión ancestral. Asimismo, representa una apuesta ambiental que ge-nera impactos menores en los ecosistemas marinos, respetando la producción de los ciclos naturales, lo que garantiza la reproducción y permanencia de las especies marinas, al actuar según criterios de época, tiempo y distinción de las especies en los momentos de la captura.

Formas de pesca artesanal :El palangre: es una arte ancestral que se caracteri-za por utilizar una línea única y principal de la cual se desprenden ramas o líneas de anzuelos conectadas a ella. Su instalación depende del sitio donde el pez que se quiere capturar se encuentre.

Línea de mano: es una arte ancestral caracterizada por una línea, que tiene un solo anzuelo, la cual es sostenida por el pescador artesanal. En otros lugares se conoce como pesca con caña.

Pero son múltiples las afectaciones que esta prác-tica tradicional ha venido enfrentando. Afectaciones derivadas de las actividades que imponen los Mega-proyectos en los territorios y ponen en riesgo el equi-librio ecológico, generando condiciones que impiden la pervivencia física y cultural de los pueblos ancestrales.

La Pesca Industrial, ¿desarrollo?:Los sectores pesqueros industriales más importantes en el Pacífico colombiano son el atunero y el camaronero, que de hecho son dos de las especies marinas más consumidas a nivel mun-dial: el atún es la tercera especie marina más consu-mida y, según la FAO, las ocho principales especies de atún suman el 5% de la comercialización mundial de especies marinas; por su lado, el camarón es el principal producto pesquero en términos de valor, y constituye el 15% del valor total de los productos pesqueros comercializados a nivel internacional*.

Según la Corporación Colombia Internacional (CCI), en 2009 el atún aportó en Colombia el 69,14% de las capturas de peces en el Pacífico, representando el 68,4% en peso y el 41,6% en valor de todas las exportaciones de productos pesqueros en Colombia de ese mismo año.

La Industria Camaronera se caracteriza por uti-lizar métodos que no contemplan criterios de con-servación ambiental, es decir, solo se relaciona con el territorio marino desde una visión comercial y de acumulación. Una de las técnicas “desarrolladas” por esta industria pesquera es el Arrastre, que consiste en lanzar una red que se arrastra por millas en el fondo marino, buscando camarón en aguas profun-das y someras (de poca profundidad). La utilización de redes industriales arrasa con las artes de pesca instaladas en el mar por los pescadores artesanales como el Palangre.

Uy, ¿todo eso

sabemos nosotros?, y uno

que a veces no valora lo

que nuestros abuelos nos

enseñaron...Claro, este es apenas un ejemplo

pequeñito de la gran sabiduría que existe

en los pueblos afrodescendientes, indígenas

y campesinos. Saberes que a veces creemos son

poco desarrollados o subdesarrollados, pero que

encierran una forma diferente de construir el

conocimiento, de darle sentido al mundo y

de producción de la ciencia popular.

* Diagnóstico de las principales pesquerías del Pacífico colombiano. Fundación Marviva – Colombia,

Bogotá, pp. 33.

* El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura. Departamento de pesca y acuicultura de la FAO –Organización de Naciones Unidas para

la Agricultura y la Alimentación; Roma, 2010.

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Esta forma que propone el modelo industrial para la extracción de alimento marino, destruye los ecosiste-mas subacuáticos por el arrastre de la red. Como es una práctica que no diferencia en la captura de espe-cies, como sí lo hace la pesca artesanal, al recoger las redes, a las embarcaciones llegan otras muchas y diversas especies, algunas sin vida, que son botadas al mar causando fuertes afectaciones a los ecosistemas marinos. Esto lo hacen con el fin de evitar posibles sanciones derivadas de la exclusividad de la licencia ambiental sobre la explotación del camarón. En otros casos se generan vínculos con el mercado negro de es-pecies protegidas o en veda.

La Industria Atunera, tiene fuertes similitudes con el modelo extractivista de la Industria Camaro-nera. Su diferencia principal radica en que las flotas industriales bolicheras, que reciben su nombre por el método que utilizan para la explotación del atún, se caracterizan por el montaje de un “boliche” o “cerca” que genera un encerramiento donde se capturan, sin distinción, atunes y especies diversas que se ponen en riesgo; esto hace que se alimente el mercado ne-gro de especies en veda (protegidas), o se termi-nen procesando otras especies diferentes al atún, lo que representa un engaño al consumidor y un actuar irresponsable en el mercado del que se dicen ser la vanguardia y ejemplo de desarrollo.

Y uno se imagina que esos

barcos camaroneros están siem-

pre en alta mar, pero se encuentran

haciendo uso de los territorios que

ancestralmente han sido explotados por

pescadores artesanales, afectando la

soberanía alimentaria y la vida digna

en los territorios

colectivos.

¿Entonces en la lata de atún

que compramos no solo viene atún,

sino muchas especies que por la pesca

industrial se ponen en riesgo, afectando

el equilibrio de los ecosistemas marinos

y generando afectaciones graves a

la pesca artesanal?

Sí, además de las afectaciones ya mencionadas, existe una práctica que genera Altos impactos en la contaminación cuando se desarrollan las “faenas”, o captura de peces. Es el caso que se presenta cuando en un tiempo menor al pronosticado se logra cap-turar la cantidad esperada de peces. Dichas faenas tienen una duración aproximada de dos (2) meses, lo que implica llevar grandes cantidades de combustible que al no necesitarse, son derramadas al mar cau-sando daños incalculables para la vida en el territorio marino.

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Barco Atunero en proceso de extracción en aguas someras.

Consecuencias de la pesca industrial indiscriminada.

Acciones de defensa territorial:

El Pacífico se caracteriza por tener una plataforma continental más profunda que la del Caribe colombiano, eso significa que es posible encontrar zonas profundas y con una alta biodiversidad en territorios cercanos a las costas. Al hacer presencia la pesca industrial en los territorios, se presenta una disputa territorial por el de-recho que poseen los pescadores artesanales sobre el aprovechamiento de estos territorios. Este debate se ha puesto en la agenda pública gracias a la movi-lización y organización social de los pescadores arte-sanales que en diferentes momentos han desarrollado ejercicios de autonomía para lograr construir criterios para re-ordenar el territorio de aguas marítimas y con-tinentales.

A continuación destacamos la experiencia de la ZEPA, (zona exclusiva de pesca artesanal), que considera-mos un aliento para seguir defendiendo nuestra au-tonomía y la pervivencia de las prácticas ancestrales. No ha sido la única experiencia, pero quizás la que en la actualidad ha logrado establecer vías de protección, participación y exigibilidad de los derechos en los Te-rritorios Colectivos. Por lo que la consideramos una ex-periencia de aprendizaje que nos da pautas concretas sobre cómo se puede reglamentar a nivel nacional la defensa del territorio.

ZEPA - zona exclusiva de pesca artesanal - La creación de la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA) es una conquista de las organizaciones de pes-cadores artesanales del nodo norte de la Costa Pacífica chocoana, quienes lograron la demarcación de un área de protección para el ejercicio de su actividad pesquera.

Estas organizaciones lideraron por varios años un proceso de interlocución y exigibilidad con las auto-ridades competentes, que se tradujo en la activación de un Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal (GICPA) y posteriormente en la creación de la ZEPA.

Originariamente la ZEPA fue creada de manera pro-visional por 1 año, y tras la emisión de otras 3 reso-luciones que la renovaban por periodos limitados, el pasado año 2013 fue emitida la resolución 899 por parte de la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicul-tura (AUNAP), a través de la cual la ZEPA quedaba como una figura permanente. A pesar de lo limitado de esta figura, pues únicamente comprende las 2,5 millas mar adentro desde el punto de la más baja marea de los litorales de los municipios de Juradó y Bahía Solano, desde el principio el sector pesquero artesanal se mostró muy comprometido con un buen manejo, implementando de forma adicional planes de sustitución de artes que llevaron a usar técnicas más selectivas y respetuosas con el medio acuático, de forma a propiciar un aprovechamiento más racio-nal del recurso pesquero (captura de tallas ideales de madurez, respeto de los ciclos de reproducción, etc.), lo cual ha redundado automáticamente en una mejoría en los niveles de captura y en los ingresos de los pescadores y sus familias, y, por supuesto, en una innegable dinamización de la economía local.

Varios estudios técnicos han constatado los benefi-cios de la existencia y mantenimiento de la ZEPA, y la misma AUNAP ha reconocido que la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal es un sistema de gobernanza y eco-manejo ideal, de gran utilidad para la conservación y reproducción del recurso pesquero, lo cual beneficia sin duda a los distintos sectores.

Recordemos que en Colombia:

• Hay 8 departamentos costeros, dentro de cuyas jurisdicciones existen un total de 46 municipios, que se ubican sobre las costas

de los océanos Pacífico y Caribe. • De esos 46 municipios costeros, 16 perte-

necen al litoral Pacífico y los 30 restan-tes al litoral Caribe.

• Esos datos ponen de presente el carácter residual y excepcional de la zona exclu-siva de pesca artesanal creada para los municipios de Juradó y Bahía Solano, y tanto más la necesidad de hacerla ex-

tensiva para los demás municipios del país.

Consecuencias del ingreso de embarcaciones de tipo industrial en el millaje comprendido dentro de la ZEPA:

1. La práctica industrial ha contribuido al deterioro de los ecosistemas del fondo marino, debido princi-palmente a la utilización de redes de arrastre que, además de destruir la flora subacuática, permite la captura acompañante, todo lo cual se traduce en una clara afectación del equilibrio ecológico.

2. Particularmente, ha incidido en la interrupción del crecimiento y la reproducción de los camarones, base de la cadena alimenticia de otras especies.

3. La utilización de redes industriales ha arrasado las artes de pesca empleadas e instaladas en el mar por los pescadores artesanales como el Palan-gre. Adicionalmente, el abandono de esas redes industriales en el fono marino, cuando termina su vida útil, genera la muerte de especies acuáticas y contaminación ambiental.

4. Las embarcaciones industriales utilizan tecnología que les permite detectar tanto corrientes marinas como el flujo y presencia de peces en los cala-deros - aquella zona apropiada para efectuar la pesca, toda vez que en ella coinciden cardúmenes de diferentes especies, haciendo posible el verda-dero aprovechamiento de los recursos marinos, lo que facilita la realización de faenas de pesca arrasadora, impidiendo que posteriormente los pescadores artesanales puedan participar del aprovechamiento de los recursos pesqueros.

Es gracias a los procesos de concertación derivados de la organización, articulación y diálogo comunitario, que se puede avanzar en la vía de exigibilidad jurídica. Lo que representa una estrategia más que permite posicionar nuestras formas ancestrales y defender la pesca artesa-nal ante las afectaciones causadas por pesca industrial. Es importante entonces fortalecer los procesos organi-zativos con argumentos y razones que nos empoderen como Promotores de Defensa Teritorial.

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Actividad 4:¿Qué conflictos afectan a nuestro territorio?

Objetivo:Desarrollar la lectura crítica de nuestro territorio con el objetivo de identificar uno de los conflictos territoriales que proponemos trabajar en la escuela en relación con los sentidos de defensa territorial construidos en el primer momento.

Metodología:Para esto, se dispondrán nuevos grupos ahora pensando en hacer equipos para que realicen la selec-ción de un conflicto territorial que deseen trabajar durante toda la escuela. Por ello habrá que tener en cuenta los intereses de los participantes en cada uno de los casos temáticos y la pertenencia a una comunidad o territorio.

¿Esto ya había pasado?

¿Cuáles son los conflictos territoriales que nos afectan?

Identificación de Actores

¿A quién(es) beneficia el proyecto o el conflicto territorial?

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¿Qué actores intervienen?

¿Cuáles son sus intereses o

motivaciones?

¿Qué acciones realizan?

¿Cuál es su visión de

Desarrollo?

¿Qué derechos creen han sido vulnerados?

Fundamentales Colectivos

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¿Qué relaciones pueden establecer entre este conflicto y la realidad local, regional, nacional y global?

Local: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________Regional: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nacional:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Global:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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¿Qué información nos hace falta para poder comprender nuestro conflicto?

¿Cuál es la META que pretendemos alcanzar para defender el Territorio?

Validación y reconstrucción con nuestra comunidad:

Como cierre de este módulo es muy importante validar con nuestras comunidades este ejercicio, en especial si la Meta y los Sentidos realmente responden a los intereses de la comunidad. Será el momento para indagar y profundizar en la lectura crítica del conflicto y así continuar la ruta que como Cultivadores de Dignidad ya iniciamos.

Resumen conceptual:

Derechos Humanos: Categoría que agrupa todos los derechos que como seres humanos nos pertenecen. Son fruto de la movilización social por alcanzar garantías para la vida digna.

Derechos Fundamentales y Derechos Colectivos:: Son una clasificación que ayuda a comprender qué acciones debemos desarrollar para defender nuestros derechos.

Sentidos de Defensa Territorial: Reflexión que condensa las razones y motivos más profundos que nos llevan a ser Cultivadores de Dignidad, que dan cuenta de los Saberes que hemos construido como pueblos en relación al Territorio que habitamos ancestramente, que reflejan nuestra identidad y memoria, y nos dan fortaleza para unirnos colectivamente en defensa de los territorios.

Meta de Defensa Te¡rritorial: Objetivo que creamos concertadamente con las comunidades, para deter-minar qué buscamos ante un conflicto territorial que nos afecta.

Lectura crítica del territorio: Es el ejercicio que desarrollamos para leer el territorio y que nos implica ir más allá de lo que a simple vista vemos. De este ejercico depende la definición de la meta de defensa territorial.

Mega-proyectos: Actividad económica extractiva, que requiere de grandes extensiones de territorio y causa graves afectaciones a los modos de vida tradicional y ancestral en los territorios colectivos y al equilibrio biológico del planeta Tierra.

Chocó Bio-geográfico: También llamado Eco-región, surge de la compresión del Pacífico colombiano como una gran zona caracterizada por una alta biodiversidad y como un sistema que permite el equilibrio climático en el mundo.

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Módu

lo 2

¿Cóm

o que

remos

vivir

en

nues

tro te

rritor

io?

¿Cómo queremos vivir en nuestro territorio?

Actividad 5:

Re-paso: Un breve recorrido por los pasos que ya hemos dado.

Objetivo: Definir y socializar los Sentidos y Meta de Defensa Territorial consultados y validados participativamente con la comunidad.

Metodología:La propuesta para abordar este primer momento es retomar los Sentidos y la Meta de Defensa Territorial que construimos en el módulo anterior, con el objetivo de darles un lugar muy importante en la ruta que estamos re-corriendo como Cultivadores de Dignidad.

Para esto les proponemos socializar lo construido y dar un espacio para dialogar los aspectos más relevantes de nuestra experiencia al haber consultado y re-construido con nuestra comunidad la Meta de defensa territorial y los Sentidos de defensa territorial.

Seguimos nuestra ruta y damos paso a un nuevo módulo que pretende fortalecer nuestro liderazgo comunitario, los procesos organizativos y el ejercicio de la autonomía territorial

que en algunos casos se consolidan en los planes de etnodesarrollo o planes de vida.


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Comenzamos con un diálogo de experiencias para el cual sugerimos algunas preguntas que permitan animar la discusión, estas puden ser:

• ¿Qué estrategia utilizaron para dialogar con la comunidad?• ¿Qué reacción tuvo la comunidad al ver los Sentidos y Meta propuestos para defender

el territorio?• ¿Qué dificultades tuvieron para lograr transmitir el mensaje a la comunidad?• ¿Qué avances y logros se alcanzaron?• ¿Qué nuevas propuestas surgieron?• ¿De qué manera se transformaron los Sentidos y la Meta de defensa territorial que

llevaban?• ¿Qué desafíos surgen al decidir defender el territorio?

Luego de socializar los Sentidos y Metas, vamos a encontrar varias diferencias en la forma de redactar lo que pretendemos como comunidades. Algunos tienen más información, otros describen mejor el pro-blema, algunos son muy puntuales en los derechos que se vulneran, entre otras diferencias que propo-nemos poner en diálogo para mejorar en la organización de la información y no perder de vista aspectos que harán más solida nuestra acción de defensa con algunas pautas que presentamos a continuación:

• ¿Cuál es la comunidad que presenta la acción de defensa?• ¿Cuál es el conflicto territorial o situación problema?• ¿Cuáles han sido los hechos? Actores, fechas y lugares.• ¿Cuáles son los derechos vulnerados?• ¿Quiénes son los responsables?• ¿Ante quiénes se interpone la acción de defensa?• ¿Qué esperamos ocurra a partir de nuestra acción?

Una vez hayamos unificado los criterios para redactar los Sentidos y Meta de defensa territorial, les invitamos a plasmarlos en nuestra ruta, para que los mantengamos presentes durante el recorrido que aún nos queda.

Sentidos de Defensa Territorial

Meta de Defensa Territorial

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Cultivadores de Dignidad acordando los Sentidos y Meta de Defensa Territorial.Rioscio, Chocó.

¿Qué es la autonomía territorial?

La Autonomía Territorial, es la expresión más auténtica y profunda de los pueblos Indígenas, Afrodescendien-tes y Campesinos, al re-crear y mantener la cultura, la historia, el pensamiento y las técnicas ancestrales, la educación propia y los valores, reconociendo que la Tierra y el Territorio son elementos fundamentales para la construcción de su identidad. En ese sentido, la pregunta sobre el ¿Cómo queremos vivir en nues-tro Territorio? implica varios desafíos por hacer uso y administrar de forma autóma el territorio.

Un Promotor de Defensa Territorial reconoce que si se negocia el territorio, se negocia la propia identidad y se pone en riesgo la pervivencia de la cultura, pues es consciente que los saberes propios dependen del territorio, que es en la relación con la tierra, la mon-taña, el árbol, el río, los pájaros, el mar, las maripo-sas, las plantas, entre otros; que se ha construido el conocimiento que ancestralmente hemos heredado y que dichos saberes son invaluables para la huma-nidad, por lo que no tienen precio y menos cuando es precisamente por la pérdida de nuestra propia identidad, o aculturación, que nos encontramos en situación de vulnerabilidad ante proyectos que nie-gan nuestra propia forma de concebir la relación con la Tierra: el Territorio.

Algunos impactos no nos darán la oportunidad de revertir las afectaciones causadas al territorio. Por lo que hay que creer en nosotros, en los saberes pro-pios y defender lo que somos. El miedo y la rabia que han causado el conflicto y la implementación del

“desarrollo” en nuestros territorios, deben ser trans-formados en la Esperanza que permita fortalecer la autoestima en las comunidades, de manera que nos lleve a comprender el lugar que ocupamos en la his-toria de nuestro pueblo y, por ende, entender la res-ponsabilidad que tenemos por defender el Territorio.

El ejercicio de la Autonomía Territorial significa:

1. La Participación en la definición de nues-tro Propio Desarrollo, de nuestro futuro. Significa reconocernos como sujetos/as que par-ticipamos del cómo queremos vivir en nuestro te-rritorio. Nuestra voz, nuestra palabra y nuestras decisiones son determinantes para definir como queremos vivir

2. Un uso responsable del Territorio, lo que implica, identificarlo geográficamente, evaluar cómo lo hemos usado, caracterizarlo, planificar y ordenar las actividades productivas que que-remos llevar a cabo para asegurar nuestra su-pervivencia digna, la de nuestros hijos y nietos, y en ese sentido analizar qué posibles efectos perjudiciales pueden tener los mega-proyectos o las actividades de explotación a gran escala de ciertos recursos.

3. El fortalecimiento de la Gobernanza Co-munitaria*: se refiere a la importancia de po-tenciar las instancias tradicionales y los liderazgos comunitarios, la construcción e implementación de los planes de etno-desarrollo y de los planes de vida para la toma de decisiones en la organización interna, de acuerdo a los usos y costumbres. Es decir, asumir la responsabilidad colectiva por el ordenamiento del territorio que se traduce en

los Consejos Comunitarios y Cabildos, que con-templa: la creación de estrategias para definir y organizar el funcionamiento interno, promover li-derazgos que no generen dependencia y fomen-tar la participación de las mujeres, jóvenes, niñas y niños a través del diálogo intergeneracional.

4. Una reflexión que nos permite repensar y rea-firmar las respuestas a las preguntas: ¿cómo queremos vivir? y ¿qué queremos hacer con el Territorio? lo que permite la consolidación de un horizonte político para la or-ganización comunitaria y asumir con argumentos y responsabilidad las decisiones frente a los me-ga-proyectos, o cualquier otro tipo de afectación territorial que ponga en riesgo la pervivencia de la cultura y la vida.

5. El Posicionamiento político de los Planes de Etnodesarrollo y Planes de Vida, a través del diálogo con otros actores que permitan a Res-guardos y Consejos Comunitarios, partiendo de la identidad propia, teniendo claro el “yo”, po-sicionar otras formas de concebir el desarrollo desde una relación equilibrada y armónica con el territorio.

6. La realización de acciones colectivas, de participación y movilización social, entre otras instancias que fortalezcan la organización y de-fensa del territorio.

Existen dos instrumentos que históricamente se han usado por parte de Consejos Comunitarios y Resguar-dos, para ejercer la autonomía territorial: los Planes de Vida –indígenas- y los Planes de Etnodesarrollo

–afrodescendientes-, que son una de las vías para hacer ejercicio de la autonomía territorial, aunque claro, no las únicas.

Los Planes de Vida y Planes de Etnodesarrollo, encuentran su antecedente legislativo en la aproba-ción de la Constitución de 1991 al definir que Co-lombia es un Estado pluriétnico y multicultural, en el Convenio 169 de la OIT que da apertura a la partici-pación de las comunidades étnicas en la definición del desarrollo y en la ley 152 de 1994 (ley orgánica del Plan de Desarrollo) que establece en su Art. 32 que los Cabildos Indígenas tienen la libertad de escoger sus propias prioridades de desarrollo y de elegir la forma de hacer planificación de acuerdo a sus usos y costumbres.

* En algunos Consejos Comunitarios, como el de Cocomopoca, han construido Estatutos sobre el uso y administración del Territorio

Colectivo. Anexo en CD80



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De allí nace el concepto de los planes de vida, pro-movido por los pueblos indígenas en Colombia a par-tir de 1997 con la idea de que “podamos construir nuestro destino desde nuestra propia lógica”. En el caso de las comunidades afrodescendientes, la Ley 70 de 1993 es el instrumento legal que reflejó la reflexión sobre la cultura diferenciada de estas co-munidades, su especial relación con el territorio y por tanto el reconocimiento de que se trata de actores sociales con opiniones y posiciones propias sobre la construcción de desarrollo.

Posteriormente, la Corte Constitucional dictó la sen-tencia T-025 de 2004, en la que se reconocen las graves afectaciones que se han causado histórica-mente a pueblos afrodescendientes (Auto 005 de 2009) e indígenas (Auto 004 de 2009)* y se ordenó la adopción de planes de salvaguarda para atender las consecuencias graves y desproporcionadas que generó el conflicto armado y el desplazamiento for-zado sobre la pervivencia física y cultural de estos pueblos y comunidades. A partir de las decisiones tomadas por la Corte se retoma la importancia de los planes de vida y etno-desarrollo como instrumentos del derecho propio que pueden contribuir a resta-blecer su cultura, sus formas de vida y su visión de futuro.

*La sentencia T-025 de 2004 y los autos 004 y 005 los podemos encontrar en el CD de apoyo.

Planes de Vida*: Un Plan de Vida Indígena es un instrumento de pla-neación que se construye a partir de un proceso par-ticipativo de autodiagnóstico y del ejercicio de elabo-ración de proyectos. Es un instrumento de política y de gobierno y, como tal, un acuerdo social que debe surgir del consenso.El Plan de Vida se consolida como un documento que contiene:

• información sobre la comunidad, sus recursos y sus necesidades;

• información sobre los cambios que la comunidad quiere lograr, y los proyectos para lograr esos cambios y vivir mejor;

• el posicionamiento de la comunidad acerca de la relación entre el gobierno indígena, los actores gubernamentales y otros actores;

• la visión política de la comunidad a largo plazo.

* www.territorioindigenaygobernanza.com/planesdevida.html

Planes de EtnodesarrolloLos planes de Etnodesarrollo Afrodescendientes son un instrumento que se soporta en La Constitución del 91 y la Ley 70 de 1993, la cual define que son res-ponsabilidad de los Consejos Comunitarios: “delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y protección de los dere-chos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conserva-ción de los recursos naturales”. Ley 70 Capítulo III, artículo 5.

Es a partir de los Consejos Comunitarios que se logra entonces realizar un ordenamiento territorial comuni-tario que tiene como desafío principal, la articulación entre la junta directiva y los consejos comunitarios lo-cales, el fortalecimiento de los niveles de gobernanza comunitaria y establecimiento de un reglamento in-terno o Plan de Manejo de los territorios colectivos. Esto supone un ejercicio posterior al proceso de titu-lación del territorio y el ordenamiento conjunto entre la comunidad y la corporación autónoma regional.

Reflexión:Estos ejercicios de autonomía territorial nos abren la posibilidad de ordenar el territorio y ejercer el derecho propio. Es decir, no el derecho enten-dido como la construcción que se hace desde arriba, desde las instituciones, sino desde nuestras propias comunidades.

En los documentos de

apoyo podrán encontrar el

Reglamento Interno del Consejo Co-

muniario de Cocomopoca, un ejemplo del

cómo hacer ejercicio de la autonomía para

la administración interna territorial, so-

cial y cultural de las comunidades

afrodescendientes.

El derecho propio es entonces una forma auténtica que condensa una mirada diferente sobre la relación con la tierra y que se antepone o se enfrenta a una visión hegemónica extractivista, a partir de los usos y costumbres ancestrales de los pueblos afrodescen-dientes, indígenas y campesinos. En ese sentido, son múltiples las expresiones del derecho propio, pues dependen de la lectura, apuestas y desafíos que en cada territorio colectivo se viven.

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Consejo Comunitario de Cocomopoca

Actividad 6:¿Cómo queremos vivir en nuestro territorio?

Objetivo: Fortalecer los planes de vida y etnodesarrollo como una expresión de la autonomía territorial de los pueblos afrodescendientes e indígenas.

Metodología:Es muy importante que los planes de vida o etnodesarrollo sean instrumentos que dinamicen la reali-dad comunitaria en los territorios colectivos. Por lo que son mucho más que documentos y se convier-ten en la carta de navegación de las comunidades afrodescendientes e indígenas para el ordenamiento del territorio colectivo desde el derecho propio.

Para ello les invitamos a compartir la experiencia propia en la participación de estos planes, con el objetivo de evidenciar posibles debilidades y fortalecer nuestros procesos organizativos, como vía para el ejercicio de la autonomía territorial, a través de las siguientes preguntas:

¿Qué estrategias para posicionar políticamente nuestro Plan de Vida o Etnodesarrollo utilizamos o podemos utilizar en relación con los entes territoriales?

Imaginemos: ¿cómo nos gustaría vivir en el Territorio?

¿Cómo podemos garantizar que nuestro plan de vida o de etnodesarrollo sea conocido por toda la comunidad y haga parte de nuestra cotidianidad?

¿El Plan de Vida o Etnodesarrollo responde a nuestras actuales problemáticas y necesidades colectivas?

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Les proponemos ahora imaginar cómo nos gustaría vivir en el territorio, no importa que nos parezca algo difícil de alcanzar y alejado de la realidad. La imaginación tiene un gran poder y es que a través de ésta logramos afrontar creativamente las condiciones históricas de inequidad o injusticia que vivimos. Lo que nos pone en un lugar de transformación frente al mundo que nos permitirá no sólo recuperar y mantener nuestra cultura ancestral, sino re-crear y alimentar nuestro plan de vida o etnodesarrollo.

Para esto conformaremos dos (2) grupos que tendrán como misión crear el territorio ideal a partir de la siguiente pregunta: ¿Cómo sería un día en el territorio imaginado? Es importante pensar en nuestra vivienda, medio de transporte, alimentación, salud, relación con el Estado, relación con la tierra, espacios comunitarios y culturales, entre otros que puedan dar cuenta de cómo sería la vida en ese lugar.

Para finalizar, podemos dialogar sobre las diferencias entre el lugar imaginado y nuestra vida cotidiana y ver de qué forma podemos hacer realidad algunas ideas re-creadas.

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Módu

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¿Cómo construir estrategias integrales para la Defensa del

Territorio?

Para este momento del recorrido ya hemos comprendido la importancia que tiene, el haber decidido ser pro-motores de defensa del territorio o Cultivadores de Dignidad, para la memoria de nuestra comunidad, para su pervivencia cultural y material, y para el ejercicio de la autonomía territorial en relación con los planes de etnodesarrollo o planes de vida.

Por eso les proponemos algunos ejes de trabajo que creemos serán importantes para hacer efectiva la exigi-bilidad de nuestros derechos y desarrollar Estrategias Integrales para la Defensa Territoral, que pre-sentamos como el conjunto de acciones que se pueden desarrollar para la protección de nuestros territorios y así evitar posibles Afectaciones Territoriales o frenar la acción de Megaproyectos que ponen en riesgo nuestra autonomía. La estrategia está conformada por cuatro (4) ejes de trabajo que invitamos a desarrollar conjunta-mente y que parten de los Sentidos y Meta de Defensa Territorial que construimos en los dos primeros módulos.

Estrategia Integral de Defensa Territorial

Sentidos y Meta de Defensa Territorial

E jeEducativo

Comunitario

EjeJurídico

EjeSeguridad

EjeComunicacióne Incidencia

EjeEducativo

ComunitarioLa Escuela de promotores para la defensa del territorio “Cultivadores de Dignidad”, es un escenario educativo que propone un diálogo entre los saberes propios y el campo jurídico. Esto con el fin de fortalecer las diversas acciones que para la defensa del territorio, implementan o buscan implementar organizaciones comunitarias desde la autonomía. De esta manera propone una ruta que parte del reconocimiento del saber popular y la ciencia propia, como posibilidad y realidad de los pueblos y comu-nidades afrodescendientes, indígenas y campesinas en Colombia.

Ahora bien, es de gran relevancia que los saberes, ideas y propuestas que constru-yamos en esta escuela, o que surjan de la reflexión sobre la defensa de los territo-rios, establezcan un diálogo constante con las comunidades a las que pertenecemos, y donde los procesos de educación propia serán un desafío por establecer el en-cuentro y la participación de las diferentes generaciones en la reconstrucción de la memoria y la proyección del futuro desde nuestros propios saberes y desde nuestros territorios.

Un proceso de defensa del territorio, es entonces, un desafío por lograr fortalecer nuestros procesos organizativos, con el objetivo de incentivar la participación de nuestra comunidad durante todo el proceso Esto evita que perdamos de vista los Sentidos de Defensa Territorial, que insistimos representan las razones y motivos más profundos que nos llevan a ser Cultivadores de Dignidad. En ese sentido, busca que la toma de decisiones se realice de forma participativa, concertada y que res-ponda a los saberes y contextos particulares.

Debemos entender entonces que la defensa integral de los territorios es un proceso no lineal, que requiere de la guía y la motivación permanente para lograr fortalecer los modos propios de organización comunitaria. Es por esta razón que el proceso Educativo Comunitario es uno de los ejes fundamentales en una Estrategia Integral de Defensa Territorial y en el que podríamos identificar los siguientes campos de acción:

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Sentidos y Meta de Defensa Territorial

En el centro de nuestra estrategia están los Sentidos de Defensa Territoriall, que he-mos definido como las razones y motivos más profundos que nos llevan a ser Cultivadores de Dignidad, es decir, vivir partiendo de los Saberes Propios que se han construido en relación al Territorio que habitamos ancestralmente. Por lo que reflejan nuestra identidad y memoria, y nos da fortaleza para actuar colectivamente en defensa de los territorios. De esta manera los Sentidos de Defensa Territorial condensan las respuestas a las preguntas:

¿Por qué defender nuestro territorio?¿Cómo quisiéramos vivir en nuestro territorio?

Asimismo, contempla la definición de una Meta de Defensa Territorial, construida a partir del análisis crítico de un conflicto que afecta directamente a nuestra comunidad. Este será nuestro punto de partida y nos mostrará el horizonte que debemos trazar para desarrollar Estrategias Integrales de Defensa Territorial.

Diálogo de Saberes

MemoriaHistórica

Diálogo inter-

generacional

El Diálogo de Saberes nos desafía a comprender las propias formas de construir el conocimiento

y a valorar los saberes propios. Esto con el fin de poder dialogar con los saberes que vienen

de afuera desde una relación horizontal y no subordinada. El diálogo de saberes es posible

en tanto nos asumimos como sujetas/os políticas e históricas, por lo que no es algo dado,

es una construcción que se hace posible cuando nos encontramos y confrontamos nuestras

ideas, las interrogamos y buscamos armonizarlas en busca de la Vida Digna y el Buen Vivir. De

esta manera, el diálogo de saberes se convierte en un desafío a la hora de desarrollar estrategias

integrales de defensa territorial.

EjeEducativo

Comunitario

El eje educativo comunitario nos invita a establecer estrategias para que las diferentes genera-

ciones establezcan momentos de encuentro y diálogo. La participación de las nuevas gene-

raciones en los procesos de defensa territorial es indispensable, no sólo como escuchas,

sino como interlocutores que pueden ayudarnos a imaginar cómo queremos vivir en el

territorio, interrogar sobre aspectos que quizá no hemos contemplado y a construir con-

juntamente la memoria colectiva. Claro, nuestros mayores y mayoras, abuelos y abuelas,

serán la luz que ilumine y acompañe este caminar; de esta manera, el Diálogo Intergene-

racional representa la posibilidad de establecer estrategias que permitan la continuidad en los

procesos de defensa del territorio y la construcción de la Vida Digna o Buen Vivir.

Educaciónformal y no formal

Una estrategia de defesa territorial integral, desarrolla asimismo acciones para la actualiza-

ción, formación y profundización de saberes por parte de la comunidad y sus diferentes

generaciones. Esto incluye habilitar espacios para que podamos articular los procesos de

educación formal e informal entre los que podemos encontrar:

• Escuela básica y secundaria: Nuestros niños y niñas, en el mejor de los casos, asisten

a la escuela formal regularmente. En este escenario educativo en muchas ocasiones

no se tienen en cuenta las problemáticas y necesidades que vivimos en la realidad; por

lo que es importante establecer articulaciones entre los docentes y la comunidad, para que la

educación que reciben nuestras niñas y niños reivindique nuestros saberes propios, parta de la realidad para

lograr comprenderla en su complejidad y nos permita darle sentido a nuestro territorio para transformar las

situaciones de injusticia e inequidad que vivimos. De esta manera la educación propia hace parte de esta

estrategia de defensa territorial, como uno de los retos que afrontaremos como Cultivadores de Dignidad.

• Educación informal y no formal: Otras iniciativas educativas serán de gran ayuda para fortalecer nuestra

estrategia, entre éstas encontramos: talleres, conversatorios, cursos, foros, entre otros escenarios de for-

mación no formal e informal, que permitirán a los diferentes actores de nuestra comunidad seguir en diálogo

con otros saberes o reivindicar los propios para fortalecer los argumentos que nos llevan a defender el

territorio.

Es importante mencionar que estos espacios educativos también pueden ser creados por nosotros mismos,

echando mano de los saberes que cada persona de la comunidad tiene, como por ejemplo: clases de tejido,

formas ancestrales de pesca, artes propias, formas de cultivo tradicional, preparación de alimentos, entre otros

saberes que fortalecen nuestra identidad.

La identidad, es decir, el concepto que hemos construido sobre lo que somos, en relación con las otras

y otros en un territorio determinado; se alimenta constantemente de la Memoria, allí encontramos

las experiencias significativas que han marcado nuestra historia y que conforman un hilo más del

tejido que nos permite hablar de una historia colectiva. Pero la historia colectiva es un campo en

permanente tensión, un campo de disputa en donde la historia oficial se antepone y niega cual-

quier otra versión sobre la realidad que vivimos. Es así como un proceso educativo, que se articule

con la defensa de los territorios, debe reivindicar las memorias populares y ancestrales, pues son la

base para poder comprender nuestro lugar en el mundo a partir de nuestra propias historias.

Mantener la memoria viva es entonces crear encuentros donde la palabra silenciada, la palabra oprimida,

la palabra subestimada, camine de boca en boca alrededor del fuego, de la tulpa, de la red y el azadón.

Existen diferentes experiencias que han construido las comunidades para mantener la memoria y que

pueden darnos una idea sobre el cómo desarrollar estas iniciativas. Entre estas encontramos: La casa

de la memoria, galerías fotográficas, bus de la memoria, libros, museos itinerantes, conmemoraciones,

movilizaciones, archivos de la memoria, entre otros. Estos ejercicios no sólo son importantes para el eje

educativo, sino que también pueden proveer insumos para la exigibilidad de derechos, como testimonios,

fotografías, entre otros, que pueden ser utilizados como material probatorio.

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Como promotor-a de defensa del territorio, ¿qué

puedo hacer en caso de que se presente un riesgo a mi

integridad personal?

¿Qué hacer de forma preventiva?Lo primero que sugerimos es la creación de Protocolos de Seguridad Internos, que permitan que toda la comunidad establezca, entre otros:

• ¿Cómo manejar la información vital de la comunidad?

• ¿Quiénes son los representantes de la comuni-dad que deben interlocutar con los diferentes actores que hacen presencia en el territorio?

• ¿Cómo crear monitoreos ambientales de control territorial? eso aplica también para los territorios marítimos.

• ¿Qué aliados e instituciones pueden brindar apo-yo en caso de una emergencia?

Ruta Jurídica a Seguir:

Fase 1. Denuncias y Comunicados Públicos: Estas acciones se realizan de forma inmediata a la ocurrencia de un hecho de amenaza, intimidación, seguimiento o atentado que ponga en riesgo la vida o integridad personal de un defensor comunitario, y tienen por objetivo dar a conocer la situación ante

EjeSeguridad

distintas autoridades, medios de comunicación, or-ganizaciones aliadas y ante la opinión pública, para exigir que se emprendan medidas urgentes que logren superar o controlar la situación de riesgo o emprender las investigaciones correspondientes. Las acciones son las siguientes:• Alertatemprana• Denunciapública• Comunicadoalaopiniónpública

Fase 2. Acciones Judiciales a.. Denuncia Penal: Se presenta ante la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de que esta ins-titución inicie una investigación que permita identifi-car a los responsables de los hechos de amenaza, intimidación, seguimiento o atentado que ponga en riesgo la vida o la integridad personal de un promo-tor comunitario y que constituyan delito, con el fin de imponer las penas que establezca la ley. En la denun-cia se deben relatar los hechos con la versión de la familia y la comunidad. Copia de la denuncia se debe presentar ante la Defensoría del Pueblo para que realice un seguimiento apropiado. Como miembros de la comunidad tenemos el derecho de conocer los avances que se adelantan en la investigación penal, conocer qué Fiscalía o Juzgado la adelanta y para ello en cualquier momento podemos presentar derechos de petición para estar mejor informados.

b. Intervención en el proceso penal: Es proba-ble que ante el conocimiento público de un hecho de amenaza o agresión contra un defensor comunitario, la Fiscalía haya iniciado por su propia cuenta una

Para llevar a cabo Estrategias Integrales de Defensa de nuestro Territorio, debemos valorar los riesgos potenciales que ello puede generar y contemplar medidas de prevención y de reacción en caso de que esos riegos se vuelvan realidades que pongan en peligro la vida, la integridad personal o la libertad de algún líder o miembro de la comunidad, o que afecten directamente nuestro territorio.

Podemos encontrar distintos actores que no verán con buenos ojos las acciones que emprendamos en el marco de las estrategias in-tegrales, por ello debemos protegernos adecuadamente. Para esto se propone una ruta de protección diferenciada dirigida a prevenir y reaccionar frente a amenazas concretas o atentados contra la vida o integridad personal de un promotor comunitario.

Para blindar nuestras acciones, inicialmente podemos buscar ar-ticularnos con la academia, instituciones estatales, ONG’s, otras comunidades y organismos de acompañamiento internacional en los que depositemos confianza o tengamos referencias sobre su acción.

Otra de las acciones que podemos iniciar para protegernos, es la conformación de recorridos por el territorio, que nos permitan te-ner un diagnóstico permanente sobre lo que sucede en él. En caso de encontrar algún cambio que amenace o esté causando una afec-tación territorial, estos recorridos podrán informarnos a tiempo, por lo que será muy importante registrar, en video o fotografía, los cambios que podamos encontrar y enlazar dichos registros con las acciones que desarrollemos en los ejes educativo y comunicación.

Una evaluación permanente sobre los riesgos y estrategias que venimos desarrollando, representa una buena forma de conocer las acciones de nuestra estrategia integral y nos permitirá hacer ajustes durante el proceso. De manera se sugiere realizar informes por ejes sobre de los avances, dificultades y oportunidades que hemos encontrado en esta desafiante tarea.

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Con estas vías buscamos respaldo

de organizaciones internacionales y

que las mismas emitan una serie de

recomendaciones al Estado.

investigación penal contra los presuntos responsa-bles. Por eso se hace necesario conocer si la Fiscalía adelanta alguna investigación, preguntando de forma verbal o presentando un derecho de petición. Una vez se conozca que la Fiscalía adelanta un proceso, se debe presentar una solicitud que permita nuestra intervención en todas las etapas del proceso como representantes de la víctima, para solicitar pruebas e impulsar su avance.

Estos dos caminos buscan que se de-

clare la responsabilidad penal in-

dividual de los responsables de las

amenazas, seguimientos, atentados

u otros hechos que afecten la vida,

la integridad personal o la libertad

de un defensor comunitario.

c. Acción de Reparación Directa: Se persigue que se declare la responsabilidad de las entidades del Estado, por su acción u omisión en hechos de amenaza, seguimientos, intimidaciones, detenciones y demás agresiones que puedan afectar o poner en riesgo la vida o integridad personal de un defensor/a comunitario/a. El objetivo de esta acción es solicitar una reparación integral en favor de la víctima y/o de su grupo familiar por los daños materiales o in-materiales que un hecho de esta naturaleza pueda generar. En el proceso se debe probar la responsa-bilidad del Estado y se deben presentar pruebas de los daños ocurridos. El tiempo en el que se puede

presentar la acción son dos años contados desde el momento en que sucedieron los hechos.

d. Información y visibilización ante instancias internacionales: Es posible poner en conocimiento los hechos de agresión o amenaza contra un defen-sor comunitario ante las instancias internacionales existentes que realizan un seguimiento a la situación de derechos humanos en el país (como se explicará más adelante).

Ahora ampliaremos el mecanismo de Alertas Tempranas:

Sistema de Alertas Tempranas –SAT*:

La Defensoría del Pueblo dentro de su trabajo por la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos, implementó el Sistema de Alertas Tem-pranas -SAT-, como un instrumento al servicio de la

*http://www.colectivodeabogados.org/Como-se-Activa-una-Alerta-Temprana

prevención de violaciones masivas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

El SAT es un proyecto defensorial conformado por un conjunto de elementos que se articulan en un pro-ceso de recepción, verificación, análisis, valoración, clasificación, comunicación y seguimiento de infor-maciones creíbles y factibles de ocurrencia de viola-ciones masivas de derechos humanos , acaecidas en el contexto del conflicto armado interno, que arroja diversos productos tales como informes, análisis y “Alertas Tempranas o de Inminencia”, las cuales son dirigidas a las autoridades pertinentes para procurar su respuesta, tomando en cuenta su gradualidad.Como este es un mecanismo legal, la finalidad es que las organizaciones las activemos a través de la pre-sentación de un documento que enunciando la situa-ción de riesgo en la que se encuentra una determi-nada comunidad, permita a la Defensoría del Pueblo:

a. Notificar a las autoridades que corresponda la situación determinada, encaminada ésta a la miti-gación, superación, eliminación o disminución de la amenaza de vulneración de los derechos fundamen-tales sobre una comunidad determinada.

b. Adelantar procesos de recolección, análisis y pro-cesamiento de información para estimación de situa-ciones de riesgo que activan las alertas a los niveles gubernamentales comprometidos con la respuesta.

c. Estudiar las lógicas y dinámicas del conflicto arma-do para valorar el riesgo de posible ocurrencia de violaciones masivas.

d. Estimular la acción eficaz y oportuna de la atención estatal frente a las amenazas de violaciones masivasde DDHH y DIH.

e. Realizar seguimiento y evaluar el procedimiento de respuesta con el fin de mejorar continuamente la ac-ción preventiva.

f. Promover el fortalecimiento de la relación entre la sociedad civil y las instituciones para estimular accio-nes de prevención.

g. Aportar en la consolidación de redes sociales alrededor del tema de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En este sentido la labor de activación de este mecanismo permitiría la prevención de graves violaciones de derechos humanos de las comunidades con las que estamos trabajando.

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De la gravedad de los hechos que han ocurrido en el municipio o comunidad _____________Descripción de los hechos: debe hacerse una relación pormenorizada de la situación, haciendo énfasis en las fecha, hora, lugar, nombre de las víctimas y posibles victimarios. De igual forma ha de tenerse en cuenta la parte sobre determinación de la responsabilidad del Estado (ver Acción Urgente).

Solicitud: Se debe escribir lo siguiente:Luego de los antecedentes e información disponible nos permitimos:ALERTAR DE MANERA TEMPRANA SOBRE LA OCURRENCIA DE NUEVOS HECHOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS (________________ COMPLEMENTAR SI SE DESEA), los cuales tienen ocurrencia sobre (___________ COMPLEMENTAR CON LOS DERECHOS RELACIONADOS) la vida, la libertad, la segu-ridad e integridad personales de (NOMBRE DE LAS PERSONAS EN RIESGO) y que se encuentran en grave riesgo de ser vulneradas por quienes han venido cometiendo crímenes en los últimos meses. Crímenes que se han realizado con conocimiento total de las autoridades militares y civiles del orden municipal, departa-mental y nacional.

Es por eso que hoy elevamos la voz de __________(ejemplo: PROTESTA, INDIGNACIÓN, INCONFORMI-DAD), en el sentido de declarar a las siguientes autoridades como responsables de cualquier violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en (NOMBRE DEL LUGAR: VEREDA, MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, CIUDAD) por acción o por omisión:(Se realiza el listado de autoridades de acuerdo con la situación)

Dirección de notificación. De la organización o de la persona que activela ALERTA TEMPRANA.Despedida y Firma: De la organización o persona respectiva.

¿Qué debe contener la activación de una alerta temprana?

Estos serían los elementos básicos a la hora de realizar una ACTIVACION DE UNA ALERTA TEMPRANA:

a. Título: ACTIVACION DE ALERTA TEMPRANA. SOBRE LA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL MUNICIPIO O COMUNIDAD _____________Fecha: De la emisión de la ACTIVACION DE ALERTA TEMPRANADestinatario/a: En donde se incluye lo siguiente: Doctor/a: Nombre del Defensor del PuebloDirección:Ciudad:

Un breve resumen de la situación que se va a describir:Referencia: Una vez colocada la palabra “referencia” se coloca el texto: Activación de alerta temprana y prevención de hechos violatorios de los derechos humanos en el municipio o en la comunidad ______.

Encabezado: Nombre de las organizaciones que activan el SAT, seguido de la frase:

ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA y por su intermedio A LAS SIGUIENTES AUTORIDADES CIVILES:• Señor Presidente de la República• Señor Vicepresidente de la República• Señor Ministro del Interior• Señores Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario• Las demás organizaciones que se consideren convenientes (alcaldes, gobernadores)

A LAS AUTORIDADES MILITARES:• Comandante General de las Fuerzas Militares• Comandante del Ejército Nacional• Comandante de la División del Ejército respectiva• Comandante de la Brigada del Ejército respectivo

A LAS AUTORIDADES POLICIALES• Director de la Policía Nacional• Comandante Departamental de Policía• Director de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional

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Es un derecho consagrado en instrumen-tos internacionales, en especial en el Art.19

de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, en la Constitución Política de 1991 en

sus artículos 15, 20, 40, 70 y 78, y recientemente ha sido reglamentado en Colombia en la ley 1712 de 2014.

Artículos de La Constitución relacionados con el Derecho a la Información:• Artículo 15: Habeas Data.• Artículo 20: Derecho a la libertad de expresión,

a la información y la prohibición a la censura• Artículo 40: Todo ciudadano tiene derecho a

participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

• Artículo 70: El Estado promoverá la investiga-ción, la ciencia, el desarrollo y la difusión de sus valores culturales.

• Artículo 78: La ley deberá regular lo relacionado con la información a brindar a la comunidad so-bre la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y prestados, y su comercialización.

¿Qué mecanismos puedo activar para el acce-so a la información?• Derecho de petición: Es un derecho fundamental previsto en el Art.23 de la Constitución Política de 1991, como uno de los mecanismos concretos que le permiten a cualquier persona natural o jurídica ac-ceder a información pública, y a presentar peticiones o solicitudes respetuosas, ya sean orales, escritas o por medios electrónicos, ante las autoridades o ante instituciones privadas (sólo con el fin de garantizar de-rechos fundamentales), los cuales deben ofrecer una respuesta oportuna, clara, de fondo y congruente a lo solicitado.

• Entrevistas a: comunidad, personas relacionadas con el conflicto, investigadores, abogados, institucio-nes, académicos.

¿Qué requisitos debe cumplir la solicitud?Para orientar la comunicación, con la cual se da ini-cio al trámite, el ciudadano interesado debe estar en condiciones de conocer:•Elentecompetente; laoficinaa lacualestácon-fiada la función y la persona o servidor responsable del trámite;•elobjetodeltrámite,esdecir,loqueseestásoli-citando;•el término fijadopara la conclusióndel trámiteoprocedimiento, es decir, el tiempo dentro del cual la administración debe decidir;•laaccióndetipoadministrativoojurisdiccionalqueel interesado puede interponer contra la administra-ción; y, la oficina correspondiente.

¿A qué tenemos derecho?El acceso a la información supone para el ciudadano los siguientes derechos:• Conocer la persona o dependencia encargada oresponsable del procedimiento o trámite;•laconclusióndelprocedimientoentiemposciertos;•laposibilidaddeintervenireneltrámiteoproce-dimiento;•elaccederalosactosdelprocedimiento;•presentarescritosydocumentos;•Estipularacuerdosconlaadministración;•lacomunicacióndeladecisión;•unadecisiónmotivada;•conocer loscriteriosymodalidadesdeconcesiónde ventajas económicas de parte de personas y en-tes públicos y privados; y•recibir una comunicación clara y en lenguaje simple.

¿Qué es el derecho a la información?Es un derecho de carácter universal, que puede

ejercer cualquier persona natural o jurídica para ac-ceder a información pública. Las entidades del Estado o los particulares que posean información de interés público deben suministrarle a quien lo solicite informa-ción clara, completa, oportuna, cierta y actualizada, y de una manera fácil de entender. Sólo en casos ex-cepcionales señalados expresamente por la ley, ciertos documentos pueden ser declarados como reservados.

Un paso fundamental para emprender cualquier acción jurídica en defensa de nuestro territorio, es acceder a la in-formación sobre el mega-proyecto del que se trate. Así, debemos buscar la información oficial que pue-dan tener las entidades del Estado, así como la que tengan las empresas interesadas, la que exista en in-ternet o en otras fuentes complementarias para tener una radiografía completa de lo que ocurre. Debemos comprender entonces que acceder a la información es un derecho que tenemos. Veamos:

Otra de las rutas que podemos emprender para la defensa de nuestro territorio, consiste en construir y emprender una estrategia jurídica que parta de un análisis crítico de la situación problemática, que incluye:• Identificar los derechos vulnerados o que se encuentran en riesgo• Establecer los tiempos y requisitos• Identificar los actores que intervienen en el conflicto• Definir la meta que se pretende alcanzar con la acción jurídica• Establecer qué pruebas se tienen y cuáles hacen faltan• Identificar las comunidades que están siendo afectadas o en riesgo.• Determinar qué apoyos se requiere por parte de organizaciones que podrían

ser nuestras aliadas en la acción de defensa.

EjeJurídico

Estos aspectos nos permitirán determinar qué acción jurídica o que combinación de acciones jurídicas podemos activar para alcanzar nuestra finalidad. De esta manera los promotores jurídicos deben desarrollar una evaluación de acciones y mecanismos existentes, confor-mando un equipo sólido de trabajo investigativo y jurídico con el fin de generar una defensa integral de los territorios. En el módulo 4 (página 110) podremos profundizar sobre este eje. Por ahora, indagaremos sobre uno de los pasos fundamentales para establecer cual-quier estrategia jurídica: el derecho a la información.

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Modelo de Derecho de Petición

.......................... (Ciudad y fecha)

Señor..........................(Ente público)E. S. D.

Ref.: Derecho de petición de información ambiental

Yo, .........................., mayor de edad (o menor, si es el caso), vecino de ......................., identificado con cédula de ciudadanía número ........................... (o tarjeta de identidad) expedida en .........................., me permito instaurar en mi propio nombre (o como representante legal) ante su despacho este Derecho de Petición, con fundamento en los siguientes:

HECHOS:(Deben contarse detalladamente las razones que llevan a presentar una petición, aportando los datosbásicos o necesarios.)

PETICIÓN:1. (Finalidad de la solicitud).2. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, me permito solicitar información relacionada con.......................... (o sobre ..........................);

FUNDAMENTOS DE DERECHO:1. La Constitución colombiana, artículo 23, sobre Derecho de petición.2. La Ley 1437 de 2011 Art- 13 y siguientes y demás normas aplicables o pertinentes; 3. Artículo 74 de la Ley 99 de 1993.

Actividad 7:Derecho a la información

Objetivo: Realizar un ejercicio práctico que nos permita reconocer los requisitos para la presentación de un derecho de petición, con el fin de acceder a la información que necesitemos sobre el conflicto territorial seleccionado.

Metodología: Vamos ahora a concentrarnos en nuestro caso particular, simulando la solicitud de un derecho de petición que nos permita indagar información precisa sobre el proyecto o mega-proyecto que ha generado el conflicto territorial y así hacer ejercicio de nuestro derecho a la información.

La Constitución Política dispone en su artículo 23 que: Toda persona tiene derecho a pre-sentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organiza-ciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

A continuación algunas preguntas que pueden orientar qué tipo de información es importante tener sobre el caso:

• ¿En qué fase se encuentra el proyecto?• ¿Quiénes son los entes responsables de su ejecución y vigilancia?

• ¿En qué consiste el proyecto?• ¿Cuál es el marco legal de su ejecución?

• ¿Cuáles son los tiempos que tienen dispuestos para su desarrollo?

Ahora, los invitamos a realizar un derecho de petición que permita al grupo acceder a la información relevante sobre el caso que por alguna razón no conoce o no ha logrado conseguir. Este ejercicio nos permitirá aprender a ejercer el derecho a la información y encontrar pruebas que hagan consistente la defensa del territorio.

“Recordemos que el Derecho de Petición es un derecho fundamental y que por medio de él puedo ejercer mi derecho a la información. De la misma manera puede ser utilizado como instrumento para la solicitud o petición de actuación por parte de la entidad a

quien se dirige.”

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¿y qué ocurre si no

responden a mi derecho de

petición y a la información?

Al ser violados los

derechos fundamentales de

petición y a la información,

puedo utilizar como mecanismo

de exigibilidad la

acción de tutela. (ver página 117)

E jeComunicación e

Incidencia

NOTIFICACIONES:Recibiré notificaciones personales en ................ (debe ponerse la dirección a donde debe llegarle la respuesta de la autoridad a la que se está dirigiendo, la ciudad correspondiente y el teléfono al que puede llamársele).

Atentamente, (El peticionario)c. c. No. ................ expedida en ................

Anexo: lo enunciadoCon copia a: personero municipal (y a otras entidades que deban conocer la petición).

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La Comunicación Interna debe ser un ejercicio permanente. Una comunidad desinformada, o peor aún, mal informada, impedirá que logremos los objetivos que hemos construido para la pervivencia cultural y material, y que se relacionan direc-tamente con el territorio que hemos habitado, en muchos casos, ancestralmente.

La Comunicación Externa será la que nos permita comunicar a otros/as lo que pensamos y nuestras pretensiones frente al conflicto territorial. En muchas ocasio-nes son manipuladas o no son visibles las opiniones de las comunidades en los me-dios de comunicación privados, por lo que debemos buscar estrategias que permitan crear redes para la difusión y articulación que visibilicen el conflicto y nos permita n blindar las acciones que como comunidad pensemos desarrollar.

En ese sentido es muy importante construir una comunicación fluida con las institu-ciones, los actores económicos y la opinión pública; más cuando existen procesos de negociación o consulta previa. Esto permitirá posicionar nuestro plan de vida o de etnodesarrollo e incidir políticamente en la opinión pública.

Las y los invitamos a desarrollar la actividad No.8, que nos permitirá comprender

desde la práctica cómo la comunicación es un aliado fundamental en la Defensa del

Territorio.

En el CD de apoyo encontrarán varios ejemplos de comunica-dos realizados por organizaciones sociales que pueden ser de ayuda para esta actividad.

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Actividad 8:La Comunicación, un aliado fundamental en la Defensa del Territorio

Objetivo: Establecer reflexiones prácticas que nos lleven a comprender la importancia de construir ejercicios de comunicación desde la comunidades, como parte de una estrategia de defensa territorial integral.

Metodología:1. Preguntas para iniciar el diálogo sobre el eje de comunicación:

• ¿Por qué es importante comunicar lo que pensamos y acordamos como comunidad?• ¿Qué queremos comunicar?

• ¿A quién quiero comunicar y para qué quiero hacerlo?• ¿La comunicación ejerce un poder político?

• ¿La comunicación ejerce un poder ideológico?• ¿Qué redes de DDHH y prensa en el territorio podrían ayudarnos a difundir nuestro

mensaje?• ¿Quiénes podrían ser nuestros aliados a la hora de articularnos con otras organizacio-nes o comunidades que están enfrentando o tienen experiencia en situaciones similares?

2. Creación de comunicado de prensa: Realizaremos ahora un ejercicio para construir un comunicado a la opinión pública sobre el caso elegido, que nos permita organizar la información y comunicar a otras y otros nuestra Meta de Defensa Territorial. Un comunicado público debe contener:

• ¿Quiénes somos?• ¿Cuáles son las causas del conflicto?

• ¿Cuáles han sido los hechos (fechas, horas, actores)?• ¿Quiénes son los posibles responsables de los hechos mencionados?

• ¿Cuáles son los derechos vulnerados?• ¿Cuál es nuestra posición de defensa en relación con los planes de vida o planes de

etnodesarrollo?• ¿Cuál es nuestra Meta de Defensa Territorial frente al conflicto?

• ¿Qué acciones ya hemos emprendido?• Las entidades competentes

• Los datos de contactoo notificación de la comunidad o consejo:(dirección, teléfonos, correo electrónico, redes sociales)

Nota: Es importante hacer revisar el comunicado antes de hacerlo público por una persona hábil en la redacción y que preferiblemente pertenezca la comunidad. Otra posibilidad es compartirlo con alguien de confianza que pueda darnos sugerencias para que nuestro mensaje se logré entender y cumpla su cometido. Asi-mismo, debemos crear una base de datos de redes amigas a las que enviaremos nuestro comunicado, además de las instituciones competentes, radios y prensa locales, regionales, nacionales, y porque no, internacionales.

Deberá haber una estrategia de comunicación tanto externa como interna para lograr hacer una defensa integral de nuestro territorio y ganar en visibilidad, articulación y organización. Por último, si tenemos algún logo que identifique a nuestra comunidad, así como una frase o eslogan que represente nuestro sentir, es importante incluirlo en nuestro comunicado o en cualquier pieza comunicativa que realicemos como comunidad.

3. Juego de Rol:Luego de construir nuestro comunicado, realizaremos un ejercicio muy divertido pero con grandes en-señanzas en este caminar. Les proponemos entonces hacer un juego de rol donde habrán dos escenas principales. La idea es que realicemos el cubrimiento en VIVO del conflicto territorial seleccionado: en primer lugar, desde la visión de un noticiero privado, y luego desde la visión de un noticiero popular o comunitario. Por lo que tendrán que existir al menos los siguientes roles:

* Camarógrafo* Periodista* Promotor(es/as) de Defensa Territorial* Representante del Estado* Representante de los presuntos causantes del conflicto territorial

Este ejercicio será una forma divertida de afianzar nuestros conocimientos y argumentos de defensa territorial.

Comunicado a la Opinión Pública__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Promotores de Defensa Territorial desarrollando ejercicios de comunicación e incidencia

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Les damos la bienvenida a este último módulo para centrar nuestra atención en los Mecanismos de Participación y Exigibilidad que podemos activar de manera autónoma para hacer defensa del terri-torio. Es pues ese el sentido de esta escuela, al pretender que la defensa de los territorios par ta de la visión propia de las comunidades y gane en autonomía frente a la relación que se establece con otros actores.

Consolidar una estrategia de defensa a partir de la definición de las apuestas políticas, de los Sentidos y Metas de defensa territorial, de los procesos de organización y autonomía comunitaria, entre otros, permitirán que nuestro horizonte no sea fijado por actores externos, que si bien pueden ayudarnos, su papel en ese caso es el de facilitar la concreción de los intereses que la comunidad ha construido a partir del fortalecimiento de los planes de vida o etnodesarrollo.


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¿Qué acciones podemosejercer para defender nuestro Territorio?

Ahora nos concentraremos en

los Mecanismos de participación

que se vinculan directamente con la

defensa de los territorios ante la

presencia de megaproyectos:

Mecanismos de participación:

Un mecanismo de participación es un instrumento constitucional que tiene todo ciudadano a fin de in-jerir en las decisiones que le afecten en el orden na-cional, regional o local para garantizar sus derechos. También son mecanismos que se utilizan para que los ciudadanos y/o las comunidades sean consultadas cuando se tomen las medidas o decisiones adminis-trativas y/o legislativas.

Es de resaltar que estos mecanismos responden y obedecen a la naturaleza del Estado colombiano, el cual es un Estado Social de Derecho que propugna por el respeto de los derechos y libertades de sus conciudadanos y de la participación, la cual debe ser respetada y tomada con la mayor seriedad y pronti-tud para que de manera eficaz los derechos de los ciudadanos se garanticen en diferentes ámbitos de la vida, tales como los que ha señalado la Corte Cons-titucional: ambito individual, familiar social y comuni-tario.

Asimismo, el artículo 2º de la Constitución Nacional consagra como fin fundamental del Estado el princi-pio de la participación. De acuerdo con este artículo, al Estado le corresponde “facilitar la participación de todos los colombianos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”

Dentro de los mecanismos de participación conteni-dos en la ley 134 de 1994 encontramos*:

• El Voto: Es el acto mediante el cual un ciudada-no participa de manera activa en la elección de las personas que quiere que lo representen o en la adopción de una decisión, pronunciándose en uno u otro sentido.

• El Plebiscito: Es el pronunciamiento del pueblo, convocado por el Presidente de la República, para apoyar o rechazar una determinada deci-sión del Ejecutivo. El más famoso plebiscito en la historia reciente fue el que abrió las puertas al Frente Nacional.

• El Referendo: Es la convocatoria que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica, o derogue o no una norma ya vigente. El referendo puede ser nacio-nal, regional, departamental, distrital, municipal o local.

• El Referendo Derogatorio: Es cuando se colo-ca a consideración del ciudadano el sometimien-to de un acto legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local, en algunas de sus partes o en su integridad, para que el pueblo decida si la deroga o no.

• El Referendo Aprobatorio: Es cuando se co-loca a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o rechaza, total o parcial-mente, un proyecto de acto legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local y una iniciativa popular que no haya sido aprobada por la corporación pública correspon-diente.

* www.inci.gov.co/servicio-al-ciudadano/mecanismos-de-participacion

• El Cabildo Abierto: Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales y de las juntas administradoras locales (JAL), para que los habi-tantes puedan participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.

• La Iniciativa Popular: Es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyec-tos de ley y de actos legislativos (que pretenden reformar la Constitución) ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de resolución ante las Juntas Administradoras Locales (JAL), y demás resoluciones de las corporaciones de las enti-dades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modifi-cados o negados por la corporación pública co-rrespondiente.

• La Revocatoria del Mandato: Es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un Gobernador o a un Alcalde.

Consulta Popular: Es un mecanismo de participación que consiste en plantear una pregunta, de iniciativa ciudadana o por la autoridad local, para que la comunidad manifieste su opinión positiva o negativa (si o no), sobre un tema que les afecta colectivamente. Para las comuni-dades que no habitan territorios colectivos ha signifi-cado una opción para poder hacer frente y posicionar su autonomía ante los Megaproyectos.

Aunque su valor en términos jurídicos está en debate, su desarrollo por lo general significa una ganancia en términos organizativos para las comunidades. Es decir, se destaca por su valor político y social al signi-ficar, por lo general, un proceso organizativo, aunque éste pueda ser de doble vía, ya que las empresas interesadas en la explotación de un territorio, en mu-chas ocasiones, financian las consultas o ponen en riesgo a líderes comunitarios que se oponen a sus intereses, por lo que es vital fortalecer los procesos organizativos y no dejar solos a los líderes que po-tencian la autonomía de las comunidades. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria.

Consulta Previa:La Consulta Previa es un derecho fundamental, que

fija un procedimiento que se debe agotar para que las comunidades afros e indígenas sean informadas sobre las acciones, leyes, medidas administrativas o cualquier tipo de proyecto que tenga una relación directa con sus territorios.

Este proceso puede durar alrededor de 8 meses.

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Es importante compren-

der que los mecanismos de

participación se pueden crear a

partir de la iniciativa ciudadana, así que

desde nuestras comunidades podemos

proponer nuevas formulas para ejercer

nuestro derecho a la participación en la

definición de los planes, programas y

proyectos que se desarrollan en

nuestro territorio.

Mecanismos deexigibilidad:Un mecanismo de exigibilidad o de justiciabilidad de derechos es aquella herramienta jurídica que le permite al cultivador de dignidad acudir ante la ad-ministración de justicia, es decir, ante un Juez o Ma-gistrado, para ventilar un conflicto de tipo ambiental, cultural, o de otra naturaleza que ha ocasionado a su vez, la violación o amenaza de los derechos indi-viduales y/o colectivos de la comunidad en un tiempo determinado y en una zona determinada. Como se ve en la escuela de promotores jurídicos, existe un importante número de mecanismos los cuales podrán verse en el diagrama de la página 124, los cuales merecen la atención para saber cuál se debe ejercer.No obstante lo anterior, en este módulo nos concen-traremos en dos mecanismos de tipo constitucional considerados como los más notables para la defensa del territorio debido a sus características y naturale-za, como por ejemplo la de no requerir abogado para ser presentada. Los mecanismos de exigibilidad o de justiciabilidad que veremos son: la acción de tutela y la acción popular

Acción de tutela:Es un mecanismo constitucional que tiene como ob-jetivo principal garantizar la protección de los dere-chos fundamentales, cuando estos sean vulnerados o amenazados por alguna persona o autoridad pública o un particular.

Fundamento jurídico:• Constitución Política de Colombia, ar tículo

86.• Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se regla-

menta la acción de tutela consagrada en el

ar tículo 86 de la Constitución Política”• Decreto 306 de 1992, “Por el cual se regla-

menta el Decreto Extraordinario 2591 de 1991”• Decreto 1382 de 2000, “Por el cual establecen

reglas para el reparto de la acción de tutela”

¿Quién puede presentar una acción de tutela? a. Cualquier persona incluyendo a los menores de edadb. Una Persona Jurídica.c. El Ministerio Público. es decir la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, los personeros. En defensa de las personas en con-dición de vulnerabilidad manifiesta e indefensión o en defensa de la propia institución.d. Las personas extranjeras y los colombianos que estén fuera del país.e. Los apoderados en representación de un ciuda-dano o de sujetos colectivos como las comunida-des étnicas.

¿Ante quien dirijo la petición y en dónde?La acción se puede dirigir a: a. Una autoridad publica que este vulnerando o amenazando el derecho fun-damental. b. particulares por ejemplo en una situa-ción de subordinación e indefensión. Cuándo ejercen funciones públicas. prestación de un servicio público y este en grave perjuicio el interés colectivo.

la acción de tutela debo presentarla en lugar de los hechos y/o violación, amenaza de los derechos fun-damentales. No obstante se debe tener en cuenta lo indicado en el Artículo 1. del decreto 1382 de 2000:

1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo

Existen dos visiones que se enfrentan sobre la Consul-ta Previa. En primer lugar, una que reduce la consulta al trámite que hace la empresa interesada en explo-tar el territorio y en el cual se socializa el proyecto a la comunidad para que ésta esté informada sobre las ventajas de su implementación. En este caso la “participación” de las comunidades se limita a asistir a reuniones en donde no se discute el proyecto y sus posibles afectaciones a la autonomía territorial. Por otro lado, las comunidades exigen una Consulta pre-via ligada al Consentimiento previo, libre e informado, y donde la opinión y participación de la comunidad es vinculante, es decir, que tiene la posibilidad de decidir sobre su territorio, más cuando se trata de proyectos extractivos que causan afectaciones territoriales a la vida colectiva, a la cultura y a los usos y costumbres. No basta entonces con una simple consulta que no contemple el “consentimiento” de la comunidad.

El caso de la comunidad de Saramaca en Surinam, que compartimos en el primer módulo, nos muestra un ejemplo de cómo la corte internacional y nacional, eleva el mecanismo de participación de la Consulta Previa a una instancia de consentimiento previo, libre e informado.

Otros mecanismos de participación que son importantes para hacer defensa el territorio:

Consulta interna: Es un espacio interno que las organizaciones a cargo de territorios colectivos han creado para poder expresar de manera au-tónoma sus decisiones sobre los proyectos que tienen lugar en los territorios.

Movilización social: Ha sido una de las estrategias que posiciona a los pueblos y crea espacios de con-certación con el gobierno local y nacional, visibili-zando los intereses políticos de las organizaciones comunitarias.

Audiencias públicas ambientales: Es un mecanismo de participación en el que de manera pública los em-presarios, las autoridades locales, la defensoría del pueblo y la comunidad, se reúnen para socializar sus percepciones sobre los “beneficios” de los proyectos a instalarse en los territorios. Estos espacios permi-ten conocer una posición crítica de la comunidad al exigir el derecho a la información veraz y donde se pueden conocer otras visiones diferentes a la empre-sa interesada en el desarrollo del proyecto extractivo.

Comités ambientales: Es una experiencia desarro-llada por organizaciones campesinas en las que se valora y pone foco en los proyectos extractivos en el territorio, con el fin de fortalecer la visión propia y enfrentar los megaproyectos.

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lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tri-bunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura.

A los jueces del circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector des-centralizado por servicios del orden nacional o auto-ridad pública del orden departamental.

A los jueces municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden Distrital o municipal y contra par-ticulares.

Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conoci-miento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cun-dinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de con-formidad con las reglas establecidas en el presente numeral.

2. Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscalía General de la Nación, se re-partirá al superior funcional del juez al que esté ads-crito el fiscal.

Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judica-tura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, sección o subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del presente decreto.

Cuando se trate de autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, se aplicará lo dispuesto en el numeral 1º del presente artículo.

Parágrafo: Si conforme a los hechos descritos en la solicitud de tutela el juez no es el competente, éste deberá enviarla al juez que lo sea a más tardar al día siguiente de su recibo, previa comunicación a los interesados.

En este caso, el término para resolver la tutela se contará a partir del momento en que sea recibida por el juez competente.

Artículo 2:Cuando en la localidad donde se presente la acción de tutela funcionen varios despachos judiciales de la misma jerarquía y especialidad de aquél en que, con-forme al artículo anterior, resulte competente para conocer de la acción, la misma se someterá a reparto que se realizará el mismo día y a la mayor brevedad.

Realizado el reparto se remitirá inmediatamente la solicitud al funcionario competente.

Aspectos a tener en cuenta para la presentación de una acción de Tutela:

1. La acción u omisión que vulnera el derecho fundamental y que es motivo de la interposi-ción del mecanismo de protección.

2. Derecho que se considera violado o ame-nazado.

3. Nombre de la autoridad pública o del par-ticular demandado, según el caso, si fuese posible.

4. Nombre y lugar de la residencia del deman-dante.

5. Si es posible, citar la norma constitucional.6. Puede presentarse sin formalidades.7. No se requiere actuar a través de abogado.8. Puede presentarse verbalmente.

Características*:

1. Puede presentarse sin formalidades. 2. No se requiere actuar a través de abogado.3. Puede presentarse verbalmente.4. Es posible apelar el fallo5. Durante el trámite, el juez puede suspender

la aplicación del acto que vulnera o amenaza los derechos fundamentales. El juez puede dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho y a evitar que se produzcan los daños como consecuencia de los hechos realizados.

Cartografía del cuerpo: relación entre cuerpo y territorio. Diciembre de 2013.

* Manual para el ejercicio de acciones constitucionalesComité Pedagógico- COPE-. Grupo de Acciones Públicas.

Bogotá. Editorial Universidad del Rosario. 2007.

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PETICIÓN:Señor juez: con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, le solicito a usted respetuosamente TUTELAR en mi favor (o a favor de) ......................... el derecho constitucional fundamental involucrado, ordenándole a ......................... (indicar la autoridad o el particular contra el que se dirige la acción), que ......................... (indicar el objeto de la solicitud).

MEDIDA PROVISIONAL:(Este punto se utiliza cuando el caso es muy urgente y amerita que se ordene una medida provisional para evitar la producción de daños como consecuencia de la vulneración del derecho.)

De manera comedida y en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, dada la urgencia que el caso amerita, le ruego ordenar, como MEDIDA PROVISIONAL, la siguiente ................. ........ (indicar la medida de conservación o seguridad que se pretende invocar para proteger el derecho o evitar la producción de daños).

JURAMENTO:Bajo la gravedad de juramento me permito manifestarle que por los mismos hechos y derechos, no he presentado petición similar ante alguna autoridad judicial.PRUEBASMe permito aportar en copia informal los siguientes documentos para que se tengan como pruebas: ................................................................................................................................................., (Si se considera pertinente practicar otro tipo de pruebas, debe solicitarse aquí).

NOTIFICACIONES:Accionado: ......................... (indicar la dirección y teléfono del demandado)Accionante: recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la siguiente dirección: ........... ..............; teléfono: ..........................

Atentamente,

.............................................. (Firma)Nombres y apellidos:c. c.

MODELO DE ACCIÓN DE TUTELA

.............................. (Ciudad y fecha)SeñorJuez .............................. (Reparto)

Ref.: Acción de Tutela

Accionante: .............................. (nombre de quien o quienes presentan la acción de tutela)Accionado: .............................. (nombre de la persona o la institución contra la que se interpone laacción de tutela)

El suscrito ....................... (nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ............................., mayor de edad, domiciliado en la ciudad de .............................., acudo ante usted respetuosamente, para promover en nombre propio (o en representación de ..............................), la presente ACCIÓN DE TUTELA, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto reglamentario 2591 de 1991, con el fin de que se ampare el derecho constitucional fundamental que considero ..... ......................... (indicar si el derecho ha sido amenazado y/o vulnerado) por la .............................. (indi-car si es por la acción u omisión) en la que incurre .............................. (indicar la autoridad o el particular contra quien se dirige la acción de tutela).

Esta acción se fundamenta en los siguientes:HECHOS:(Explicar de manera clara y detallada los acontecimientos que originan la amenaza o vulneración del derecho. Se sugiere que en lo posible se haga un recuento cronológico de los mismos).

DERECHOS AMENAZADOS Y/O VULNERADOS:

Considero que con la ......................... (indicar si es con la acción o la omisión) de ..............................

(señalar la autoridad o persona accionada), se .............................. (indicar si se amenazan o vulneran los derechos) el derecho constitucional fundamental de .............................. (indicar el o los derechos amenazados o vulnerados que garantiza la Constitución Política. Esta garantía es la que permite promo-ver esta acción constitucional de protección, cuyo fin es obtener el amparo oportuno y eficaz).

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Acción Popular:Es una acción constitucional fundamentada en el art. 88 de la Constitución Política de Colombia. Esta he-rramienta tiene por finalidad la protección y defensa de los derechos de la comunidad (derechos colecti-vos). Estos derechos se encuentran expresados en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y se relacionan con los intereses comunes que recaen sobre cierto grupo de personas.

Características*:• Puede ser interpuesta sin abogado.• No caduca.• Es principal o autónoma.• No se necesita, para interponer la acción popu-

lar, el agotamiento de la Vía Gubernativa.• Las acciones populares pretenden corregir da-

ños ya ocurridos y evitar los posibles daños que amenazan con generarse.

• Pueden interponerse sin límite de tiempo, mien-tras permanezca la amenaza o exista la intención y posibilidad de reparar.

• Se pueden interponer siempre que exista un daño u amenaza a un derecho de la comunidad. Sin importar que existan otros mecanismos para alcanzar los objetivos de la demanda.

¿Ante quién se interpone?:Se presenta ante un Juez; será el Juez Administrativo si el demandado es una entidad del Estado o un par-ticular en ejercicio de funciones públicas. Esta acción será conocida en segunda instancia por los Tribuna-les administrativos.Cuando la persona que se va a demandar es un Particu-lar, la demanda será conocida en primera instancia por los Jueces Civiles del Circuito y en su segunda instancia, será conocida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial.

Audiencia especial de pacto de cumplimiento.Art. 27 de la ley 472 de 1998Es el momento en el que el juez escuchará las diversas posiciones sobre la acción instaurada, pudiendo interve-nir también las personas naturales o jurídicas que hayan registrado comentarios escritos sobre el proyecto. La intervención del Ministerio Público y de la entidad res-ponsable de velar por el derecho o interés colectivo será obligatorio.

La inasistencia a esta audiencia por parte de los funcio-narios competentes, hará que incurra en causal de mala conducta, sancionable con destitución del cargo.

Es muy importante No confundir la Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento, con una audiencia de “concilia-ción”, ya que los derechos colectivos no son conciliables o negociables.

Inicialmente se realiza

una solicitud de protección

a las entidades involucradas en

la amenaza o afectación del derecho

colectivo. Pasados 15 días podremos

decidir si presentamos la Acción

Popular.

NOTA.Esta etapa es muy importante ya que si se logra un pac-to se podrá terminar de manera anticipada el proceso, claro está, garantizando la protección y evitando la amenaza de los derechos colectivos, de lo contrario seguiremos a la etapa de pruebas.

¿Quiénes pueden interponerla?Art. 12 de la ley 472 de 19981. Toda persona natural o jurídica.2. Las Organizaciones No Gubernamentales, las

Organizaciones Populares, Cívicas o de índole similar.

3. Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos no se haya originado en su acción u omisión.

4. El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros Distritales y muni-cipales, en lo relacionado con su competencia.

5. Los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la protección y defensa de estos derechos e inte-reses.

Las Medidas Cau-

telares se exigen cuando se

quiere prevenir un daño o perjuicio

inminente o irremediable. De esta man-

era salvaguardar el derecho colectivo

afectado, en conformidad con el

artículo 25 de la Ley 472 de

1998.

¿Contra quién se interpone?:Art. 14 de la ley 472 de 19981. Persona natural.2. Persona jurídica.3. Autoridad pública.

Si no se conoce quién es el responsable, pero se sabe que existen violaciones o amenazas a los de-rechos colectivos, el Juez será la persona encargada de determinarlos.

* Manual para el ejercicio de acciones constitucionalesComité Pedagógico- COPE-. Grupo de Acciones Públicas.

Bogotá. Editorial Universidad del Rosario. 2007.

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MODELO DE ACCIÓN POPULAR

...................................(Ciudad y fecha)SeñorJuez Administrativo .................................. (Reparto) o Juez Civil del Circuito (Reparto) (según el caso)La CiudadREF.: Acción popularYo, .................................. (nombre y apellidos de quien interpone la acción), identificado con la cédula de ciudadanía No. .................................., obrando en nombre propio, con domicilio en la ciudad de..............y residente en la dirección .................................., respetuosamente acudo a usted, con fundamento en el ar-tículo 12 de la Ley 472 de 1998, con el fin de interponer una Acción Popular contra ........................ (entidad demandada), cuyo representante legal es .........................., para que, previo el trámite legal correspondien-te, su despacho proceda a efectuar las declaraciones que solicitaré en la parte petitoria de esta demanda, tendiendo en cuenta los siguientes:

HECHOS: ...........................................................................................................................................................(Narración detallada y cronológica de los hechos e intervenciones de las autoridades, personas jurídicas, personas naturales, etc., en la presunta violación de los derechos colectivos.)

INTERÉS O DERECHO COLECTIVO VULNERADO O AMENAZADO: .....................................................................................................................................................................................................................................................(Indicar los intereses colectivos amenazados o vulnerados.)

CONSIDERACIONES DE DERECHO:......................................................................(Las consideraciones de derecho consisten en la relación de todos los elementos jurídicos que fundamentan la acción y su complementariedad con los hechos. Por ello, se debe guardar coherencia entre los hechos y las consideraciones.)

MEDIDA CAUTELAR: Artículo 25 de la Ley 472 de 1998.

* Ordenar la cesación inmediata de ..................... (actividades que hayan generado el daño, estén generán-dolo o puedan llegar a hacerlo).* Ordenar que se ejecuten los actos necesarios para ...................... (Indicar cuáles son los actos que deben realizarse para evitar el daño; es decir, cuál es la omisión en la que ha incurrido el demandado).* Obligar al demandado a presentar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anterio-res medidas previas.

* Ordenar, con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, los estudios necesa-rios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo.

PRETENSIONES:Solicito Señor Juez, teniendo en cuenta los hechos y consideraciones expuestas, efectuar los siguientes pronunciamientos:* Ordenar al demandado ejecutar las acciones tendientes a evitar el daño contingente, y hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos.* Ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior.* Reconocer lo ordenado en los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, en caso de condenarse al demandado.

PROCESO: El presente proceso se regula por la Ley 472 de 1998.

COMPETENCIA: Es usted competente Señor Juez para conocer el presente proceso, por la naturaleza del asunto y la calidad del demandado.

MEDIOS DE PRUEBA: (Las pruebas deben corresponder con los hechos narrados en la demanda.)Solicito practicar y tener como pruebas, las siguientes:Documentales: ..............................................................Testimoniales: ...............................................................Pericial: ........................................................................

ANEXOS: (Los anexos deben ir por duplicado o en la cantidad correspondiente al número de demanda-dos, para realizar el traslado de la demanda.)

NOTIFICACIONES: La entidad demandada recibirá notificaciones en ............................ (indicar dirección, ciudad y teléfono). El (los) suscrito (s) las recibirá (recibiremos) en ..................... (indicar dirección, ciudad y teléfono) o las solicitaré en la Secretaría del Despacho.

Atentamente,

................................... (Firma)Nombres y apellidos:c. c.

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Incidente de

desacato

Etapas de litigio en la

Acción de Tutela

Presentación

de la demanda

Admisión - notificaciones

3 días

Sentencia

10 días

Recursos

3 días (apelación)

Fallo de 2da instancia

Recurso de revisión ante la

Corte Constitucional 3 meses

Práctica de pruebas

3 días

Admisión de notificaciones

10 días

Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento

Contestación de la deman-da 3 días

Práctica de pruebas

20 días

Alegatos para sentencia

5 días

Medidas cautelares (pueden interponerse

antes de sentencia de 1ra instancia)

Sentencia de Mérito

Recursos apelación 3 días

Decisión 20 días

2da instancia

Recurso de revisión eventual

ante el Consejo de Estado

Si hay pacto: Sentencia Aprobatoria

del Pacto

Si NO hay pacto: Apertura de la Etapa

Probatoria

Presentación de la

demanda 3 días

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Etapas de litigio

en la

Acción Popular

Resumen conceptual:Acciones y medios de control

Constitucionales: Acción de tutela: Acción constitucional que no requiere abogado se instaura para solicitar la protec-ción inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por los megaproyectos.Acción popular: Se instaura para la protección de derechos colectivos que se encuentran amenazados y/o afectados. No requiere abogado.Acción pública de Inconstitucionalidad: Cualquier ciudadano podrá demandar la inconstitucio-nalidad de normas como leyes, decretos expedidos por el gobierno con fuerza de ley ante la Corte constitucionalAcción de cumplimiento: Acción que tiene como pretensión fundamental exigir el cumplimiento de una ley o un acto administrativo.Acción de Grupo: Acción de reparación colectiva por el daño ya causado ( por los mega-proyecctos). Se tienen hasta 2 años para presentarla, requiere de abogado y se busca una indemnización.

Contenciosas, (requieren abogado):Acción de nulidad: Acción que se instaura cuando existe un acto administrativo emitido por el Go-bierno que afecte derechos fundamentales o haya sido expedido de manera irregular. Cuando el acto administrativo es general, el término es indefinido; si el acto es particular, el término es de 4 meses.Acción de restablecimiento del derecho: Acción que se instaura cuando se ha considerado lesiona-do un derecho particular por la expedición de un acto. Tiene un término de caducidad de cuatro meses, salvo que la parte demandante sea una entidad pública, y en ese caso la caducidad es de dos años.Acción de repetición: Acción que adelanta el Estado colombiano en contra del particular. Tiene una responsabilidad compartida.Acción de reparación directa: Acción individual y se demanda al Estado pretendiendo que sean reparados y resarcidos todos los daños causados. Tiene un término de caducidad de dos años. Los daños pueden ser de orden fisiológico, moral, material etc.Responsabilidad civil extracontractual: Acción que se instaura en contra del particular o persona jurídica que incurrió en la conducta que produce el daño de manera directa o indirecta. Tiene tres años desde el momento en que se produce el daño contra el que directamente ocasionó el daño y diez años para el que indirectamente los ocasionó, que se cuenta a partir del día siguiente de hecho que haya generado el perjuicio, por ejemplo, un actor privado como una empresa produzca daños y perjuicios.

Denuncia penal: Se activa en casos donde las empresas transnacionales cometan delito de ocupación en contra de las comunidades- ocupaciones ilegales -delito propio ambiental-. La comunidad se puede constituir en víctima dentro del proceso.

Sistema internacional:En adición a los mecanismos nacionales, los movimientos de derechos humanos alrededor del mundo han logrado que paulatinamente sean incorporados en instrumentos internacionales otros mecanis-mos de protección, en caso que aquellos contemplados en el derecho interno no cumplan el objeto de proteger en sus derechos y reparar cualquier daño sufrido por las personas y/o grupos, como conse-cuencia de la acción u omisión de los Estados.

Así, dentro de los mecanismos internacionales más empleados se encuentran los siguientes: 1.) En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: es un sistema que opera en el continente americano para asegurar la protección de derechos de quienes habitan en esta región. El instrumento fundamental que orienta la labor del Sistema Interamericano es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se integra por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su labor es alimentada por organismos que integran a su vez la Organización de los Estados Americanos.

Los mecanismos más empleados son los siguientes:1.1) Sistema de quejas individuales: puede activarse una vez se han agotado las instancias internas para exigir la salvaguarda de personas o grupos de personas, siempre que aquéllas no hayan sido efectivas para hacer cesar la vulneración y para reparar íntegramente los daños ocasionado con la misma.

1.2) Medidas extraordinarias de protección preventiva: también denominadas “medidas cau-telares” o “medidas provisionales”, dependiendo del organismo del Sistema que las emita, a saber la Comisión Interamericana en el primer caso o la Corte Interamericana en el segundo. Su objetivo es evitar que se produzca un perjuicio irremediable sobre alguno de los derechos protegidos por la Convención Americana o los instrumentos internacionales afines, en escenarios de extrema gravedad y urgencia para quienes requieren tal protección. 1.3) Comunicaciones temáticas a oficinas especializadas de la OEA: las cuales consisten en do-cumentos informales que tienen el objetivo de mantener informados a distintos organismos de la OEA y dependencias del Sistema Interamericano sobre asuntos relevantes a situaciones o temas específicos. Muy útiles en labores de incidencia, como parte de estrategias de protección

Adicional al Sistema Interamericano, existen también dos sistemas regionales más: el Sistema Euro-peo de Derechos Humanos y el Sistema Africano de Derechos Humanos. Y existe también un Sistema Universal, con competencia para activar la protección de derechos de habitantes de todo el mundo, asociado a la Organización de las Naciones Unidas, todos ellos con mecanismos semejantes a los del Sistema Interamericano.

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Nos alegra mucho haber

acompañado este recorrido, y espe-

ramos haber fortalecido sus capacidades

comuntarias como Promotores de Defensa

Teritorial. Por ahora, les invitamos a construir

un espacio para compartir los Saberes Pro-

pios, con la Actividad que da cierre a

esta escuela.

Actividad 9: Poniendo en práctica los conocimientos aprendidos

Objetivo: Realizar la simulación colectiva de un caso donde podamos poner en práctica los conocimien-tos aprendidos durante toda la escuela.

Metodología: Se propone desarrollar un juego de rol a través de un caso propuesto por el grupo durante la escuela y que sea relevante para todas y todos, o en un caso propuesto por el facilitador o facilitadora.

Inicialmente se conforman dos grupos que deberán dar los siguientes pasos:

El primer paso para la actividad es retomar los Sentidos de defensa territorial o razones más profundas que nos llevan a defender el territorio.

En un segundo paso nos concentraremos en el análisis crítico del conflicto territorial; para esto podemos recordar lo planteado en la actividad 4 página 64.

El tercer paso se concentra en la construcción de la Meta de Defensa Territorial, que pretende-mos alcanzar en relación con las afectaciones territoriales analizadas en el caso particular.

Como cuarto paso, se propone elaborar una Estrategia Integral para la Defensa del Territo-rio, teniendo en cuenta la propuesta de la Escuela de Cultivadores de Dignidad, la cual está conformada por cuatro (4) ejes: Educativo Comunitario, Comunicación e Incidencia, Seguridad y Jurídico. Se presen-tarán las acciones y estrategias a desarrollar en cada uno (ver módulo 3, página 89).

El quinto paso nos llevará a elaborar una estrategia de litigio que pondremos a prueba a través de un simulacro que explicamos a continuación.

Simulacro de una audiencia judicial:Se propone ahora un ejercicio en el que se representará una audiencia judicial donde tendremos la oportunidad de ventilar los argumentos y pretensiones, así como la estrategia integral de defensa del territorio. A su vez se deberá presentar la argumentación del demandado para finalmente fallar el caso.

Para esto el o la facilitadora de nuestra escuela deberá representar el papel del juez, así que evaluará los argumentos que se le presenten y deberá tomar una decisión frente el caso.

Asimismo, una o dos personas elegidas por el facilitador-a del grupo deberán representar a la parte gestora del proyecto y a la entidad demandada, por lo que presentarán los respectivos argumentos que sustenten sus pretensiones de realización del proyecto.

Socialización y evaluación de lo aprendido:De esta manera se desarrollarán dos audiencias, una por cada grupo, y donde podremos evidenciar las dificultades o mejoras que debemos implementar, así como de los aciertos que tuvimos y que serán sujeto de un diálogo con el fin de aprender y resolver dudas frente a nuestra labor como Promotores de Defesa del Territorio o Cultivadores de Dignidad.

Éste será el momento para hacer nuevas preguntas y aportar ideas sobre cómo podemos asumir esta tarea tan desafiante, como lo es la Defensa de los Territorios.

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Actividad 10:Diálogo de Saberes

Objetivo: Construir un escenario para el diálogo de saberes propios, donde las memorias y experien-cias de las y los participantes, tendrán un lugar especial en el cierre de este caminar propuesto por la escuela.

Metodología: Este momento de cierre es un espacio que no sabemos cómo guiar; será a partir de la imaginación y creatividad de las y los participantes de cada escuela que se logrará determinar como ha-cer el cierre de este camino. Eso quiere decir que tenemos una invitación a compartir nuestros saberes que quizá podrían tener estos espacios:

• Saberes propios en relación a la olla• Saberes propios en relación a la obtención de alimento (siembra, pesca)

• Saberes propios en relación a las artes (danza, música, tejido)• Saberes propios en relación a las formas de construcción de vivienda

• Saberes propios en relación a las historias, mitos y leyendas• Saberes propios en relación a la luna y el sol

• Saberes propios en relación al agua

¿y qué otros Saberes Propios tienen para compartir?

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