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119 III. SUJETOS OBLIGADOS: SU SITUACION Y OPINION FRENTE AL SISTEMA DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS. s objeto de esta investigación, como se ha dicho ya, el análisis normativo y sistémico en lo que hace a los reportes de operaciones sospechosas (ROS), su implementación y perfomance. Previo a ello creemos resulta necesario efectuar algunas consideraciones previas de índole teóricas en torno a la situación de la UIF, los reportes de operaciones sospechosas y los sujetos obligados. Naturaleza jurídica y ubicación institucional de la UIF Ahora bien, consecuentemente con ese objetivo es absolutamente necesario, para comprender la problemática asumida, tener en cuenta ciertas y determinadas características de la relación entre la UIF y los sujetos obligados, sobre la cual gira la obligación de informar, los reportes y sus consecuencias. “…En su carácter de instancia central, la Unidad de Información financiera desempeña un rol clave conforme fuera estructurado el sistema preventivo a partir de la vigencia de dicha norma; constituyéndose ésta en el nexo institucional entre el sector económicofinanciero, de quien recibe los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y el Ministerio Público, a quien transmite la información debidamente analizada a efectos de que por su intermedio se promueva la acción penal…” 43 Para ello como primera aproximación resulta dable establecer cuál ha sido la tipología seleccionada por el legislador para adecuar la Unidad de Información Financiera. En este sentido, el modelo elegido y establecido en la ley 25.246 permite encuadrar a la UIF como un organismo de naturaleza eminentemente administrativa, la cual está destinada a cumplir una tarea de carácter prejudicial, alimentada fundamentalmente en la información suministrada por los sujetos obligados. La UIF puede tener, de acuerdo a la experiencia internacional, diferente estructura y ubicación institucional. De hecho se la ha colocado fuera de la esfera judicial o policial, descartando de esa manera la denominada tipología mixta policial/judicial, eligiéndose el modelo administrativo que es en realidad el más frecuentemente utilizado, pero dotando a sus integrantes de competencias profesionales de carácter multidisciplinario que permita el actuar eficaz del organismo. “…La UIF se crea entonces como un organismo eminentemente técnico, integrado por miembros seleccionados por su alta especialización y capacitación en la recolección, sistematización, análisis e intercambio de 43 Informe Anual UIF al Congreso de la Nación año 2005. www.uif.gov.ar E

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III. SUJETOS OBLIGADOS: SU SITUACION Y OPINION FRENTE AL SISTEMA DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.

s objeto de esta  investigación, como se ha dicho ya, el análisis normativo y sistémico en  lo que hace a los reportes de operaciones sospechosas (ROS), su implementación y perfomance. 

Previo a ello creemos resulta necesario efectuar algunas consideraciones previas de índole teóricas en torno a la situación de la UIF, los reportes de operaciones sospechosas y los sujetos obligados. 

Naturaleza jurídica y ubicación institucional de la UIF 

Ahora  bien,  consecuentemente  con  ese  objetivo  es  absolutamente  necesario,  para  comprender  la problemática asumida,  tener en  cuenta  ciertas y determinadas características de  la  relación entre  la UIF  y  los  sujetos  obligados,  sobre  la  cual  gira  la  obligación  de  informar,  los  reportes  y  sus consecuencias. 

“…En su carácter de  instancia central,  la Unidad de Información  financiera desempeña un rol clave conforme fuera estructurado el sistema preventivo a partir de la vigencia de dicha norma; constituyéndose ésta en el nexo institucional  entre  el  sector  económico‐financiero,  de  quien  recibe  los  Reportes  de Operaciones  Sospechosas (ROS) y el Ministerio Público, a quien transmite la información debidamente analizada a efectos de que por su intermedio se promueva la acción penal…”43 

Para ello como primera aproximación resulta dable establecer cuál ha sido la tipología   seleccionada por el legislador para adecuar la Unidad de Información Financiera. 

En este sentido, el modelo elegido y establecido en la ley 25.246 permite encuadrar a la UIF como un  organismo de naturaleza eminentemente administrativa, la cual está destinada a cumplir una tarea de carácter  prejudicial,  alimentada  fundamentalmente  en  la  información  suministrada  por  los  sujetos obligados. 

La  UIF  puede  tener,  de  acuerdo  a  la  experiencia  internacional,  diferente  estructura  y  ubicación institucional. 

De  hecho  se  la  ha  colocado  fuera  de  la  esfera  judicial  o  policial,  descartando  de  esa manera  la denominada  tipología  mixta  ‐policial/judicial‐,  eligiéndose  el  modelo  administrativo  que  es  en realidad  el  más  frecuentemente  utilizado,  pero  dotando  a  sus  integrantes  de  competencias profesionales de carácter multidisciplinario que permita el actuar eficaz del organismo.  

“…La UIF se crea entonces como un organismo eminentemente técnico, integrado por miembros seleccionados por  su  alta  especialización  y  capacitación  en  la  recolección,  sistematización,  análisis  e  intercambio  de 

                                                           

43 Informe Anual UIF al Congreso de la Nación año 2005. www.uif.gov.ar 

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información derivada de actividades económicas y financieras sospechadas de constituir operaciones de lavado de activos…”44 

Dicho ello, cabe señalar finalmente, y en lo que hace a este punto, que la ubicación institucional de la UIF lo es en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, detalle no menor tampoco  a  la  hora  de  efectuar  un  análisis  conclusivo  sobre  los  objetivos,  alcances,  obligaciones  y facultades de este organismo. 

Definida  la  naturaleza  jurídica,  cabe mencionar  algunos  otros  elementos  que  tienen  luego  directa repercusión en el aspecto sistémico. 

En  este  sentido,  la  actividad  prejudicial  que  debe  desarrollar  la  UIF  pareciera  que  se  encuentra limitada desde dos puntos de vista. 

Así desde el punto de vista autónomo, la UIF, si bien ha podido reglamentar el deber de informar por parte de  los  sujetos obligados y  ser  ella  la  receptora de  los ROS, no menos  cierto  es que  frente  al BCRA, que es la autoridad de aplicación para todo el sistema financiero, amén de ser también sujeto obligado en el marco del art. 21 de  la  ley 25.246, aparece muchas veces con un  rol paralelo y hasta superpuesto en algunas de  las  facultades que ambos organismos  tienen sobre el  tema de  lavado de dinero. 

En este sentido no han sido pocas  la voces que se han manifestado contrarias a que  la UIF pudiera reglamentar  la  actividad  financiera  ya  que  siendo un  organismo ubicado dentro del Ministerio de Justicia, poco y nada tiene de relación jerárquica y/o vinculada con lo sujetos obligados, y menos aún con la autoridad de aplicación de esa actividad. 

Ahora bien, en otro orden de ideas y siguiendo con el análisis, si bien la UIF realiza una actividad que podríamos definir como prejudicial,  la misma carece de facultades  investigativas. A ese respecto  las limitaciones son importantes y variadas y repercuten directamente sobre el alcance de sus facultades y falencias también destacadas en el informe anual, de las cuales se estarían haciendo eco los proyectos de modificación de su integración, facultades y obligaciones. 

Desde otro punto de vista,  la UIF  también  carece de  autarquía  financiera,  lo  cual  la  coloca  en una situación poco  favorable para  el desarrollo de  esta  tarea  ya  que depende de  otros  organismos del Estado que deben autorizar sus partidas de financiamiento, todo lo cual redunda naturalmente en la eficiencia de su actividad, por ejemplo en la aludida falta de recursos que la propia UIF ha resaltado en sus  informes anuales ante el Congreso de  la Nación, a saber: “…durante el  transcurso de estos  tres años,  la  Unidad  ha  ido  cumpliendo  en  forma  progresiva  diferentes  etapas  a  efectos  de  consolidarse  como organismo central nacional en materia de prevención de  lavado de activos provenientes de actividades  ilícitas, llegando a posicionarse en la actualidad como una de las UIF modelo de Sudamérica,…” 

“La UIF  ha  ido  superando  los  distintos  escollos,  logrando  su  inserción  como  instancia  técnica  especializada, entre los distintos actores del sector público y privado…”  

“Es oportuno recordar aquí  las recomendaciones y criterios esenciales aplicables a este tipo de organismos,  los cuales  prevén  establecer  una  UIF  como  organismo  central  nacional,  encargado  de  la  recepción,  análisis  y transmisión a  las autoridades competentes de  los reportes de operaciones sospechosas sobre  lavado de dinero y 

                                                           

44 ídem 

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financiamiento del terrorismo…Dicha UIF debe estar dotada de la estructura, los fondos y el personal adecuado y contar con recursos técnicos y de otro tipo, para desempeñar sus funciones en forma plena y eficaz, habiéndose establecido que la estructura adecuada de una UIF comprende la necesidad de gozar de suficiente independencia y autonomía operativa, para garantizar que esté libre de influencias e interferencias indebidas (conforme texto de las recomendaciones 26 y 30 del GAFI y Criterios Esenciales 26.1 a 26.10 y 30.1 de  la Nueva Metodología de Evaluación –versión 2004‐desarrollada y aprobada por el GAFI, FMI/BM y aprobada por GAFISUD).” 

“…en  el  presente  informe,  la UIF  argentina  cumple  en  la  práctica  con  la  gran mayoría  de  las  exigencias impuestas por  los estándares  internacionales, sólo resta reforzar  la estructura técnica de  la Unidad existente y lograr una concientización efectiva y una actuación coordinada de todas las agencias gubernamentales y de los demás  actores  sociales,  en miras  a  una  eficaz  prevención  y  represión  en  esta materia,  en  procura  del  bien común…” 45 

En  cuanto  a  los  reparos  que  la  reglamentación  efectuada  por  la UIF  ha  tenido  desde  la  doctrina, podemos citar un artículo del Dr. Francisco d’Albora  (h) en el que expresa que: “…Desde  la primera Resolución  de  la UIF,  dirigida  al  sector  bancario,  hasta  la más  reciente  destinada  a  los  escribanos  públicos, pasando  por  la  correspondiente  a  los  profesionales matriculados  ante  los Consejos  Profesionales  de Ciencias Económicas, se reiteran una serie de circunstancias que, en nuestra opinión, comprometen su validez. 

Claro que no todas ellas son achacables a la UIF puesto que, en algunos casos, se originan en un objetable marco normativo. Con la exclusiva finalidad de propiciar su saneamiento, las sintetizamos a continuación. 

1.‐  La  Ley  25.246  fue  observada  por  el Decreto  370/2000. Coincidimos  en  líneas  generales  con  las  razones técnicas de esta decisión del Poder Ejecutivo, pero la promulgación de la ley omitió cumplir previamente con el procedimiento impuesto por el juego armónico de los artículos 80 y 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional. 

2.‐ El Decreto Reglamentario  169/2001  se  inmiscuye  indebidamente,  cuanto menos  en  su  artículo  12,  en  la delegación expresa realizada por el legislador en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 21 de la Ley 25.246, para que  sea  la UIF quien precise, a  través de  su  reglamento,  el  concepto de operación  inusual o  sospechosa, objeto de la obligación de informar, para cada categoría de sujetos obligados. 

3.‐  La  Ley  25.246  fue  modificada  por  el  Decreto  1500/2001,  invocando  la  delegación  de  facultades extraordinarias operada por Ley 25.414. 

Más allá del acierto de  la reducción de miembros de  la UIF, se soslayó el  límite constitucional  impuesto por el artículo 99, inciso 3°, que excluye de la delegación del ejercicio de atribuciones legislativas a las “… normas que regulen materia penal …”, mientras la Ley 25.246 modifica el Código Penal. 

4.‐ La más superficial de las lecturas de cualquiera de las Resoluciones UIF dictadas en ejercicio de la delegación consagrada por el artículo 21,  inciso b), segundo párrafo, de  la Ley 25.246, evidencia un detallismo exagerado para  regular  la  concertación de  operaciones y  la  información  que debe  requerirse  a  la  clientela,  resultando  la imposición de una inadmisible cantidad de obligaciones que exceden el marco impuesto por la ley, convirtiendo virtualmente al poder administrador en poder legislativo, en contravención a lo que indican los artículos 1, 19, 28, 99 inciso 2° y 103 de la Constitución Nacional. Además, el cúmulo de obligaciones referido conspira contra el  normal  ejercicio  de  las  respectivas  actividades  específicas  de  cada  uno  de  los  sujetos  alcanzados  por  la reglamentación, vulnerando la garantía establecida por el artículo 14 ID. 

                                                           

45 ídem 

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5.‐ Por último, el legislador sólo delegó la fijación de pautas objetivas, especie que desde el punto de vista lógico se complementa con  las pautas subjetivas. Como específicamente se acotó  la delegación a  las pautas objetivas, resulta indiscutible que la UIF no puede utilizar pautas subjetivas en sus reglamentaciones. 

A poco que se repare en que las diferentes Resoluciones aluden a “… la experiencia e idoneidad…” de los sujetos obligados, se cae en la cuenta de que se ha incurrido en otra extralimitación inadmisible. Exigir del obligado un juicio de valor que defina la procedencia del ROS conspira contra la propia eficacia del sistema: quien propicia un  ejercicio  de  subjetividad debe  asumir  la  posibilidad  de  que,  quien  cumple  con dicho  parámetro  asuma un criterio diferente del sustentado por la autoridad de contralor. Se ingresa así, en un terreno donde pueden tener lugar preocupantes situaciones discutibles y enojosas. 

En definitiva, debiera la UIF considerar la conveniencia de reformular su actividad reglamentaria subsanando, al menos, las objeciones que le competen directamente..46 

Finalmente  y  en  lo  que  hace  puntualmente  al  régimen  de  reporte  de  operaciones  sospechosas  se elaboró un plan de acción recomendado para mejorar el cumplimiento de  las Recomendaciones del GAFI  (R  15‐18  y  RE  IV),  a  saber:  reconsiderar  el  límite  de  17.000  dólares  estadounidenses  para notificar  operaciones  sospechosas;  extender  claramente  la  obligación de  rendir  informe  a  todas  las operaciones relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; modificar el art. 6 de  la  ley 25.246 de modo que  incluya de forma más explícita el financiamiento del terrorismo como una  conducta  que  debería  desencadenar  el  mecanismo  de  notificación;  asegurar  que  las  partes notificantes intercambien información específica y general a fin de mejorar la calidad de los informes recibidos por la UIF. 

Respecto de la recomendación 18, se debería cambiar el marco legal a fin de que la UIF pueda instruir a las instituciones financieras que realicen más investigaciones o revisiones en ciertos casos. 

Reforma de la estructura de la UIF 

Recientemente  se  ha  aprobado  en  ambas Cámaras del Congreso  de  la Nación  un  proyecto  de  ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional47 que prevé la modificación de la estructura de la Unidad de  Información  Financiera.  Los  puntos  trascendentales  de  la  reforma  tienen  que  ver  con  la conformación  que  tendrá  la  UIF,  la  cual,  pasará  a  constituirse  como  organismo  unipersonal.  La mencionada reforma supone lograr una mayor eficiencia de la unidad previendo la designación de un Presidente  y  Vicepresidente  a  cargo  de  la  misma,  asistidos  por  un  Consejo  Asesor  con  la representación más o menos prevista en la sanción original de la ley 25.246. La nueva ley establece que el  Presidente  y Vicepresidente  serán designados  por  el Poder Ejecutivo Nacional,  a  propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pero se habilita un procedimiento similar al que existe para la selección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

Otra de  las  cuestiones  a destacarse  tiene  que  ver  con  el modo de  funcionar  que  tendrá  la UIF. El artículo  8  del  proyecto  aprobado  establece  que  el  Presidente  presidirá  un  Consejo  de  Asesores teniendo “voz pero no voto” en  la adopción de  las decisiones y por otro  lado, el artículo 16 supone que las decisiones de la UIF serán adoptadas por el Presidente, siendo obligatoria la consulta previa al Consejo, cuya opinión no será vinculante. De esta manera no queda lo suficientemente clara cuál sería, 

                                                           46  Reparos  que  suscitan  las  Resoluciones  de  la  Unidad  de  Información  Financiera  (Publicado  en  Revista  CEO  Argentina, PriceWaterhouseCoopers, Hot Topics, año 1, nº 6) pag. 46Por Francisco J. D’Albora (h) 47 Expte. 21 P.E 2006 

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en  la práctica,  la  función del Consejo; sobre  todo sabiendo que el Presidente se encuentra  facultado para  tomar  una  decisión  determinada,  aún  en  contradicción  a  la  opinión  emitida  por  este  órgano colegiado. Además no se prevé la posibilidad de que se deje asiento del dictamen del Consejo a pesar de la decisión contraria que pueda llegar a tomar el Presidente. 

Los Sujetos Obligados 

En  el  otro  extremo  de  esa  relación  se  encuentran  los  sujetos  obligados,  los  cuales  ya  han  sido enumerados de acuerdo a las previsiones del art. 20 de la ley 25.246. 

La primera pregunta que habría que formularse es respecto a la cantidad de sujetos obligados, esto es, si hay un numerus  clausus,  si  la  ley ha  sido  taxativa en este  tema, o bien  si  la  cantidad de  sujetos obligados pueden extenderse de manera ilimitada. 

Como  primera  aproximación  a  estos  interrogantes  cabe  señalar  que  tanto  el derecho  internacional como el comparado tienden a interpretar con amplitud el número y calidad de los sujetos obligados. Comparativamente  en  la  actualidad,  los EEUU  tienen  cuatro  (4)  sujetos  obligados:  1)  los Bancos  y Entidades  financieras  en  sentido  amplio  (llamadas  depository  institutions),  2)  las  empresas  de servicios  financieros  (Money  Bussines  Services)  que  incluyen  los  que  cambien  cheques  (checks redeemers, cashiers, etc.) y los que remesan fondos y cambian monedas (agencias o casa de cambio); 3) los casinos o lugares de juego, y finalmente 4) los agentes de bolsas y mercados futuros. 

Está claro entonces, que no es conveniente que dicha extensión se haga en forma indiscriminada, ya que ello puede llegar a conspirar precisamente con el nivel de eficiencia y eficacia que se busca. Tal es el caso de  los Registros Públicos  (de Comercio, de  la Propiedad  Inmueble, del Automotor, etc.) o  la Inspección General de  Justicia y  los Escribanos Públicos. Ellos  son organismos o profesionales que toman  razón  y  anotan  actos  tales  como  las  transferencias  o modificaciones  en  las  condiciones  del dominio de ciertos bienes, pero están totalmente alejados de los detalles de las transacciones a que les dieron lugar. 

En nuestro país se presentó en año 2004 en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley proponiendo  ampliar  el  espectro  de  sujetos  obligados  por  la  ley  25.246  a  informar  situaciones inusuales o sospechosas a la UIF. El mencionado proyecto preveía incorporar como sujetos obligados a agentes inmobiliarios, abogados, administradores de fideicomisos financieros e intermediarios en la compra  y  venta  de  jugadores  de  fútbol.  El  proyecto  fue  convertido  en  ley  en  abril  de  2006, modificando otras cuestiones previstas en su redacción original, pero sin dar acogida a la ampliación de sujetos obligados a informar.  

De  los sujetos obligados podemos decir que  los mismos  tienen  la obligación  legal de  informar y en este sentido a la luz de la relación que estamos describiendo y fundamentalmente en lo que hace a la prevención  de  las  conductas  constitutivas  del  lavado  de  activos  resulta  de  singular  relevancia  la actividad de los actores institucionales a los que las normas legales les establecen un específico deber de colaboración, que en nuestra legislación se denomina “deber de informar”. 

Parece una verdad de perogrullo decir que  sin  la  efectiva  colaboración de  terceros  ‐poseedores de información privilegiada‐ a las autoridades de prevención no les resultaría factible luchar de manera eficiente contra el lavado de dinero. 

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Es claro entonces que el objetivo de esta recolección de  información es el de colocar al Estado en su misión preventora y represora del  lavado de dinero, un paso antes del delincuente y para ello nada mejor que contar con la colaboración de quienes son actores del sistema. 

Los sujetos obligados mencionados en la ley 25.246, agrupan cerca de treinta actividades, todas muy distintas entre sí, incluyendo entre ellas a los profesionales matriculados en los Consejos de Ciencias Económicas y a los Escribanos Públicos. 

Estos dos últimos casos deben ser analizados en particular porque, en el caso de los primeros, a partir del dictado de  la Resolución UIF 3/04, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de  la Ciudad Autónoma  de  Buenos  Aires  y  la  Federación  Argentina  de  Consejos  Profesionales  de  Ciencias Económicas, presentaron el 6 de agosto de 2004 una impugnación a la citada resolución, solicitando su revisión y reforma, con la interposición de un recurso jerárquico en subsidio.  

El recurso de reconsideración fue desestimado por extemporáneo mediante resolución UIF Nº 08/04 y se  elevaron  las  actuaciones  al Ministerio de  Justicia y Derechos Humanos  a  fin que  entienda  en  el recurso  jerárquico  interpuesto,  el  cual,  mediante  resolución  Nº  188/04  el Ministerio  rechazó  por inadmisible el recurso interpuesto y se devolvieron las actuaciones a la UIF para el tratamiento de la impugnación  planteada. Así  las  cosas,  los  organismos  representativos  de  los  profesionales  de  las Ciencias Económicas pidieron se suspendieran  los términos de  las actuaciones a fin de elaborar una Norma Técnica referida a  la aplicación por parte de  los Contadores Públicos,  las disposiciones de  la ley 25.246 y las reglamentaciones de la UIF. 

Dichas normas fueron efectivamente dictadas y llevan los Nos. 40/05 y 311/05, las cuales de acuerdo al plenario del Directorio de la UIF ambas reglamentaciones se adecuan a la Resolución UIF 03/04. 

Con respecto a los Escribanos Públicos, y a partir de la publicación de la Resolución UIF Nº 10/04, los Colegios  de  Escribanos  de  diversas  provincias  y  algunos  escribanos  por  derecho  propio  iniciaron acciones  judiciales tendientes a la declaración de inconstitucionalidad parcial de la ley 25.246 y de la Resolución UIF  10/04  peticionando  asimismo  el  dictado  de  una medida  cautelar  que  suspenda  la aplicación de ésta última.  

En este sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia, se han expedido sobre este cuestionamiento. Así, se ha dicho entre otras cosas que “...estas normas violan el principio de legalidad en tanto obligan a los escribanos públicos a denunciar operaciones consideradas sospechosas basándose en criterios difusos, subjetivos y cuyo supuesto básico es la sospecha indiscriminada de todos los ciudadanos...”, básicamente porque el análisis que puedan hacer los notarios siempre es ex post, por lo tanto  “...no se debe imponer a profesionales con funciones claramente determinadas por el Estado, actividades para las cuales no está capacitado y por las cuales puede verse gravemente  responsabilizado”, por  lo que, sobre esa base “...La  ley que contiene  estos defectos resulta inconstitucional, pues no se ajusta al mandato de la Constitución Nacional, esto es la estricta observancia del principio de legalidad...”48 

A estos  cuestionamientos  se  sumaron  la presentación efectiva ante  la  justicia de varios planteos de inconstitucionalidad, respecto de los cuales se dictaron medidas cautelares de no innovar, por lo cual no  se  aplicó, por  el momento,  la  resolución  en varias provincias del país, provocando una  abierta 

                                                           48 Encubrimiento y Lavado de Activos de origen ilícito. Inconstitucionalidad de la Ley 25.246 y la res. 10‐/2004 UIF, por Horacio L. Pelosi. La Ley 24/6/05 

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desigualdad con otras en  las cuales sí se aplica, o bien porque  la  justicia no  se expidió aún, o bien porque rechazó la medida cautelar, o bien porque no hubo acción judicial iniciada. 

En relación al planteo de inconstitucionalidad que hicieron los escribanos y a la respuesta  judicial al mismo, podemos citar como ejemplo de los cuestionamientos efectuados algunos párrafos de un fallo de  la Sala 1ª de Cámara Federal de Bahía Blanca  respecto a un planteo que efectuara el Colegio de Escribanos de la Provincia de La Pampa. 

“...Que el decisorio recurrido dispone la inaplicabilidad transitoria de la resolución UIF. 10/2004 respecto de los actos notariales que se realizaren en el ámbito de  la provincia de La Pampa, por escribanos matriculados en el Colegio de ésta, hasta tanto se haya dictado sentencia definitiva sobre el fondo. 

I.2. Este fondo está constituido por la pretensión de descalificación por inconstitucionalidad de la ley 25246 (1): arts. 14 inc. 10, 20 (rectius: 20 inc. 12) y 21 incs. b y c, y de la resolución 10/2004: anexos II y IV (parte ‐sic Conf. fs. sub. 37/vta.), que es reglamentaria de la primera (14‐10 de ésta). 

I.3. La resolución en crisis acuerda la cautelar sobre la base del periculum in mora que implicaría la inmediata entrada  en vigencia del  régimen  reglamentario  aludido, habida  cuenta de  que  el mismo  contiene un  régimen sancionatorio cuando  se  incumpliere  la obligación de  informar; y,  sobre  el  fumus boni  iuris,  sólo acota que  el mismo se puede dispensar parcialmente en la medida en que aquél aparezca patente y manifiesto. 

II.1. La ley tachada de inconstitucional importa, como bien lo señala el memorial de apelación de fs. sub 77/92‐III, un encuadre de nuestro país entre  los Estados nacionales que se han conjurado para combatir el  lavado de dinero que es, en los tiempos que corren, tal vez el mayor flagelo mundial. Porque los grandes males de nuestra época (el terrorismo y el narcotráfico, el primero por poner en tela de juicio las seguridades más elementales y los valores  colectivos  más  profundos,  y  el  segundo  porque  mina  la  salud  mental  y  física  de  millones  de  ‐principalmente‐ jóvenes, desplazándolos así hacia terrenos axiológicos y pragmáticos cercanos a aquél) devengan tan  ingentes  divisas  que  ellas  no  pueden  ser  ʺblanqueadasʺ  sino  a  través  de  complicados  e  ingeniosísimos artilugios financieros, en continuo perfeccionamiento en un mundo globalizado y tecnificado, que configuran el ʺlavado de dineroʺ a que alude la citada ley. 

II.2. Es  obvio  que, no  existiendo  o  siendo muy  complicado  el  lavado de  dinero,  tanto  el narcotráfico  como  el terrorismo  no  meramente  folclórico,  disminuirán  exponencialmente,  y  en  directa  relación  con  aquella complicación. 

III.1.1. De modo  que  el  encuadre  de  nuestro Estado  en  tal  régimen  necesariamente  internacional  (porque  el dinero, como la droga y las armas, discurre libremente, sin pagarse en fronteras nacionales) es un paso decisivo tendiente al  futuro, que debe ser atendido con profunda seriedad,  incluso por  los  jueces, en cuanto  integrantes calificados de él y cargados de obligaciones sociales e institucionales como los legisladores y los administradores. 

III.1.2. Más  aún  cuando  tal  encuadre  ha  sido  hecho  por  intermedio  de  una  ley  formal  que,  en  un  régimen republicano como el nuestro, es la versión normativa suprema, asistida por tanto de la llamada ʺfuerza de leyʺ y dotada de una presunción de validez que sólo puede ser avanzada en casos francamente excepcionales, en los que se hallen  comprometidos valores  superiores. Todo  lo  cual  fuerza a una  consideración  cautísimo modo de  todo requerimiento de enervación de aquella normativa suprema. 

III.2.1. Va  de  suyo  que  tal  formidable  renversement  de  circunstancias  debe  tener  su  correlato  en  la  técnica legislativa, pues resultaría anacrónico, en el decir de un gran filósofo argentino, aplicar instrumentos de los años del miriñaque,  la  carreta,  la  vela  de  sebo  y  el  trabuco  a  la  época  del  nylon,  el  avión  supersónico,  el  átomo fisionado y la bomba de hidrógeno (y, agregaríamos nosotros, de la Internet, el ADN. manipulable, la clonación y 

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el chip, Anquín, Nimio: ʺMito y políticaʺ, 1955, Cáp. I, páragr. 19). Cualquier cosa se puede pretender de un Estado menos que se entregue sin lucha, como el cordero, al degüello del enemigo: no hay valor jurídico superior a la subsistencia misma, sea tanto para personas físicas como para entes colectivos que, al menos por ahora, son esenciales para el desarrollo de aquéllas (art. 1 CN.). 

III.2.2.1. En  este  sentido,  el  tribunal  no  advierte,  en  este  estado,  un  dislate  tan manifiesto  en  la  normativa impugnada que contradiga principios jurídicos de jerarquía superior ni coloque a los notarios pampeanos en una suerte de lecho de Procusto que les imposibilite el ejercicio profesional o se los complique irreparablemente. 

III.2.2.2. Porque, en efecto (a esta altura del conocimiento judicial, en que todavía no se ha trabado la litis), las normas reglamentarias en crisis no erigen a  los escribanos en  investigadores o policías ni  les  imponen cargas insoportables.  Solamente  apelan  a  su  experiencia  y  les  imponen  una  acción  activa,  en  función  de  detectar operaciones complejas y alambicadas, que muchas veces pasan  inadvertidas  incluso a  los ojos más perspicaces. En este sentido, nada contradictorio tiene que la norma apele a la sospecha, en la medida en que ella es la acción y el  efecto  de  ʺaprehender  o  imaginar  algo  por  conjeturas  fundadas  en  apariencias  o  visos  de  verdadʺ  y/o ʺDesconfiar,  dudar,  recelar  de  alguienʺ  (Diccionario  de  la RAE.  en  Biblioteca Consulta Microsoft  Encarta, 2005); actitud subjetiva que pueden tener más autorizadamente quienes, en razón de su oficio o profesión, tienen una  experiencia más  calificada,  como  es  el  caso  de  los  escribanos  públicos  de  registro.  Es  impensable  una legislación contra el lavado de dinero que no los considere decisivamente a ellos...”49  

A pesar del conflicto suscitado entre la UIF y los escribanos, hoy todavía no zanjado, pareciera tener un principio de solución a partir de una referencia que sobre el particular la UIF hace en su informe anual de 2005 y que transcribimos a continuación: “…Sin perjuicio de ello, y ante la situación planteada, con  fecha 26 de diciembre de 2005 se conformó una comisión técnica compuesta por tres representantes de  los Colegios  de Escribanos  y  tres  funcionarios  de  la UIF,  a  fin  de  estudiar  las  posibles  reformas  a  la  resolución cuestionada…”.50 

El informe anual da cuenta además que “…en el caso de llegarse a un proyecto consensuado entre las partes, la UIF no estaría a la fecha en condiciones formales de emitir el acto administrativo, por vía del cual se modifique la resolución cuestionada, atento a lo ya explicitado en el punto relativo a la integración del directorio…” 51 

Con relación a  los demás sujetos obligados, resulta necesario detenernos a nuestro  juicio en quienes tienen un rol fundamental en este tema, no sólo por la actividad propia que desarrollan sino porque son los sujetos obligados que más nivel cualitativo y cuantitativo registran frente a la UIF y es el sector bancario y financiero. 

En  este  sentido  no  podemos  dejar  de mencionar  que  en  oportunidad  del  encuentro mencionado anteriormente que sobre la materia organizó la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  (FAPLA),  realizado durante  el mes de noviembre de 2005, del cual participamos como asistentes algunos de  los  investigadores de Unidos por la Justicia, uno de los disertantes fue el Dr. Marcelo Casanovas quien explicó los logros de la banca, la problemática que enfrenta el sector bancario y esbozó algunas propuestas de reforma. 

                                                           49 Colegio de Escribanos de la provincia de La Pampa v. Poder Ejecutivo Nacional (Unidad de Información Financiera) Cámara Federal de Bahía Blanca, sala 1ª,  7/7/05 50 Informe Anual UIF 2005 51 Informe Anual UIF 2005 

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El  distinguido  funcionario  del  Banco  de  la  Provincia  de  Buenos Aires  señaló  que  la  banca  había asumido  la  administración  del  riesgo  del  lavado  de  activos,  para  lo  cual  adoptó  un  programa  de cumplimiento  cuyos  pilares  resultaban  ser:  el  establecimiento  de  un  comité  de  prevención,  la designación  de  un  oficial  de  cumplimiento,  la  elaboración  de  un  manual  de  procedimiento,  la organización de una capacitación del personal para esta problemática y a su vez el establecimiento de una auditoría del programa de cumplimiento.  

Para tal cometido se incorporaron procedimientos operativos de conocimiento del cliente, para lo cual se  establecieron  rutinas  informáticas y  en  soporte papel para  conocer  a  los  clientes habituales que tienen cuenta en el banco y a los ocasionales que realizan transacciones aisladas; así como también la ponderación de riesgo sobre el perfil del cliente. 

En cuanto a  la emisión de  los ROS,  los bancos participan en  las Asociaciones y Cámaras del sector para  lo  cual  crean  una  Comisión  especial  de  prevención  del  Lavado  de  Activos.  Colaboran permanentemente al brindar respuesta a los requerimientos administrativos y judiciales vinculados al lavado de dinero. Los bancos realizan  importantes  inversiones en  la capacitación del personal, en  la asignación de  recursos humanos al área de cumplimiento y en  la compra o desarrollo del software específico. Utilización de similar estándar de cumplimiento en  l banca excepto  las  jurisdicciones no cooperadoras (GAFI). 

En Argentina se registran escasos procesos judiciales que involucran a bancos nacionales en temas de lavado de dinero. 

Se  realizan  propuestas  y  reuniones  con  el  supervisor  de  la  actividad  (BCRA)  y  ante  la UIF  sobre regulaciones y problemáticas de  su aplicación,  igualmente destaca  la baja  receptividad que  tiene el sector ante dichos organismos.    

El  nivel de  reporte  alcanzado  por  el  sector  financiero  y  cambiario  es  superior  al  70% del  total de reportes recibidos por  la UIF al mes de mayo de 2006,  lo cual es coincidente con el nivel de reporte que exhibió el Dr. Casanovas en ese encuentro, habiendo tomado como base la estadística del mes de septiembre de  2005,  con  lo  cual  sigue  siendo  el principal  reportante a  la UIF  el  sector  financiero y cambiario. 

Así también destacó cuáles son los problemas que afronta la banca, a saber. 

a) El traslado de los deberes de vigilancia y seguridad, que son de exclusividad del Estado hacia los Bancos, por ende se confunde el rol de colaboración propio de las entidades bancarias. 

b) El traslado también de los riesgos propios del Estado (tareas de prevención del lavado de activos) hacia los bancos y su personal (Oficial de Cumplimiento y Empleados). 

c)  Regulaciones  administrativas  (UIF‐BCRA)  que  imponen  obligaciones  de  casi  imposible cumplimiento, aumentando la exposición del riesgo legal de la banca tanto en las inspecciones como en los procesos administrativos y judiciales. También observa el conflicto de normas antes apuntado. 

d) Existen escasos controles sobre los entes estatales vinculados con la tarea de prevención del lavado de  activos  (regulaciones,  criterios,  supervisión  y  tramitación)  a  contrario  del  contralor  que  se desarrolla sobre la banca.  

e) Falta de  coordinación y  capacitación  entre  todos  los  eslabones que  inciden  en  la prevención del lavado de activos, 1) Poder Judicial‐fiscales; 2) UIF; 3) BCRA, y 4) bancos  

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f)  Asimetrías  de  cumplimiento  y  supervisión  en  los  restantes  sujetos  obligados  a  informar. Competencia  desleal  sobre  la  actividad  bancaria  (mas  del  70%  de  los  ROS  provienen  del  sector bancario y financiero). 

g) Ausencia de compromiso del Estado en suministrar  información consolidada y pública sobre  las nuevas  recomendaciones  del  GAFI,  a)  personas  expuestas  públicamente,  b)  listado  de  terroristas (consejo de seguridad de la ONU), c) base de datos sobre identidad de personas físicas y jurídicas. 

Expuestas  las cuestiones relacionadas con  los bancos y el sistema  financiero en general como sujeto obligado, también en su relación con  los organismos estatales, no han sido pocos  los  inconvenientes que debió enfrentar la UIF. 

En este sentido, el  levantamiento del secreto ha sido uno de  los  temas más álgidos, no sólo con  los Escribanos Públicos, los Contadores Públicos, sino en este caso con la AFIP. 

Así,  es dable  citar  como  ejemplo  algunos de  los párrafos de un  fallo de  la Cámara Nacional  en  lo Criminal y Correccional Federal, que ha tratado sobre el tema: “...a) Pues bien, ellas encuentran su inicio en la nota del 30/5/2001, por la cual el Banco de la Provincia de Buenos Aires reportó al Banco Central (BCRA.), en su calidad de sujeto obligado, a informar en los términos de la Comunicación ʺAʺ 3094 y del art. 21 inc. b, ley 25246, una serie de movimientos detectados en las cuentas de dos de sus clientes que aparecían a priori como inusuales,  por  no  adecuarse  a  la  actividad  que  habían  declarado  realizar  (conf.  copia  del  reporte  y  de  la documentación de respaldo a fs. 2/31 del principal). 

Tras recabar la información que a su respecto pudiere obrar en las entidades sujetas a su control, previo dictamen de  las áreas pertinentes, de conformidad con  lo previsto para  informes  inferiores a $ 500.000 en  la resolución UIF. Nº 2/2002, el subgerente de control de operaciones especiales del BCRA con  fecha 13/1/2003, elevó a esa unidad un reporte de operación sospechosa (fs. 158/67). 

Fue allí entonces donde, en el marco de la investigación preliminar que le compete realizar a la UIF, la AFIP se negó a brindar la información que le fuera requerida por tratarse de datos de carácter económico‐patrimonial del contribuyente, protegidos por el secreto fiscal estatuido por el art. 101 ley 11683, texto ordenado por el decreto 821/1998 (3) (conf. copia de las respuestas a fs. 178/9 y 344 del principal)...” 

“...Por un lado, nos encontramos frente a la más reciente regulación de la ley 25.246 que concibe a la UIF como el organismo específicamente pensado para la prevención y el control del delito de lavado de activos, para lo cual se  la  dota  de una  serie  de  herramientas  indispensables  para  la  consecución  de  ese  objetivo:  profesionales  con amplia  experiencia  en  las áreas más vulnerables a  este  fenómeno;  la posibilidad de  reglar  la  forma  en que  los sujetos  obligados  han  de  cumplir  sus  deberes  de  información,  identificación  del  cliente  y  conservación  de registros;  y,  fundamentalmente,  la  facultad  de  dirigir  investigaciones  preliminares  sobre  la  base  de  las operaciones que le sean reportadas (conf. particularmente arts. 13, 14 y 17 de esa norma). 

Por  otro,  nos  hallamos  frente  al  art.  101  de  aquella  otra  ley  que  ‐al  imponer  el  carácter  secreto  de  las declaraciones  juradas,  manifestaciones  e  informes  que  los  responsables  o  terceros  presenten  a  la  AFIP  y sancionar  su  violación  con  la  pena  del  art.  157 CP.‐  obstaculiza  aparentemente  esa  labor,  al  impedir  que  el organismo recaudador  informe a  la unidad hechos u operaciones sospechosas (arts. 20,  inc. 15 y 21,  inc. b  ley 25.246) y responda a los requerimientos que pudiere dirigirle en el marco de las actuaciones que tuviere en curso (art. 14 inc. 1). 

A  efectos  de  dirimir  este  conflicto,  fácil  sería  apelar  a  las  reglas  sobre  sucesión  de  leyes  en  el  tiempo, interpretando que  ese  carácter  secreto  cede  en  todos  los  casos  frente a  las nuevas disposiciones  en materia de 

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prevención del delito de lavado de activos; sin embargo, ello no importaría sino una excesiva simplificación del asunto. 

Es  que  la  propia  ley  25246,  inmediatamente  después  de  consagrar  la  facultad  de  la  unidad  de  ʺ...  solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones a cualquier  organismo  público,  nacional,  provincial  o  municipal,  y  a  personas  físicas  o  jurídicas,  públicas  o privadas,  todos  los  cuales  estarán  obligados  a  proporcionarlos...ʺ,  advierte  que  cuando  ʺ...  le  sean  opuestas disposiciones que establezcan el secreto de las informaciones solicitadas, podrá requerir en cada caso autorización al juez competente...ʺ (art. 14, inc. 1). 

De la misma forma, su art. 20  ‐luego de establecer la nómina de sujetos a quienes alcanza el deber de reportar operaciones sospechosas del inc. b del artículo siguiente‐ señala en un último párrafo: ʺ... No serán aplicables ni podrán ser invocados por los sujetos obligados a informar por la presente ley las disposiciones legales referentes al  secreto  bancario,  fiscal  o  profesional,  ni  los  compromisos  de  confidencialidad  establecidos  por  la  ley  o  por contrato cuando el requerimiento de información sea formulado por el juez competente...ʺ No ocurre lo mismo, en  cambio,  en  los  casos de  cumplimiento de  la  obligación de  reportar pues no  sólo  la  ley no  trae previsiones similares al respecto, sino que además su decreto reglamentario expresamente dispone que: ʺEl conocimiento de cualquier hecho u operación  sospechosa  impondrá a  tales  sujetos  (los  enumerados  en  el art. 20  ley 25.246)  la obligatoriedad del ejercicio de  la actividad descripta precedentemente  (informar a  la UIF). El cumplimiento de este deber de informar no estará limitado por las disposiciones referentes al secreto bancario, fiscal o profesional, ni por los compromisos de confidencialidad establecidos por ley o por contratoʺ (art. 10 decreto 169/2001). 

De allí no cabe sino colegir que, al menos en el estado actual de nuestra legislación, la operatividad del secreto establecido en otras disposiciones legales conserva plena vigencia cuando la solicitud de información parte de la UIF (art. 14, inc. 1) y cede, por el contrario, cuando esos mismos datos son suministrados por el sujeto obligado en el marco de un reporte de operación sospechosa (art. 21, inc. b), tal la conclusión a la que también arribó la Procuración del Tesoro de la Nación ante un conflicto semejante (Dictamen n. 168/2003 del 13/3/2003). 

En este último grupo de casos una previsión en contrario tornaría, lisa y llanamente, en letra muerta el régimen preventivo que se pretendió instaurar, pues privaría a la unidad de aquella información primaria y esencial sobre la base de la cual ha de girar toda su actuación. 

Nótese sobre el particular que de los sujetos obligados muchos son los que, al mismo tiempo, se ven alcanzados por deberes de reserva o confidencialidad. Basta mencionar aquí las entidades sujetas al régimen de la ley 21.526 y modif.,  los  escribanos públicos y  los profesionales matriculados cuya actividad  está  reglada por  los consejos profesionales de ciencias económicas (art. 20, incs. 1, 12 y 17). 

Sin embargo, y en lo que respecta al primer conjunto de supuestos, no puede menos que decirse que la situación planteada dista, y en mucho, de ser la ideal. La posibilidad, legalmente admitida, de que un organismo ‐como la AFIP en este caso‐ pueda rehusarse sin más a aportar información ante un pedido de la UIF librado en el marco de una investigación preliminar por lavado de activos, tornando así necesaria la intervención judicial, disminuye con creces toda posibilidad de éxito. 

Es  que  tratándose  el  lavado  de  activos  de  un  proceso  especialmente  gobernado  por  criterios  de  celeridad, complejidad  y  eficacia,  y  cuyas  probabilidades  de  detección  y  seguimiento  decrecen  a  partir  de  la mismísima introducción  de  los  fondos  en  el  circuito  económico‐financiero  legal,  su  investigación  debe  necesariamente guiarse por idénticos parámetros. 

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No hace falta decir que ellos difícilmente podrían verse reflejados en casos como el que nos ocupa, en que pasados ya cinco meses desde la judicialización del conflicto, aún parece no existir acuerdo acerca del curso de acción a seguir,  ello  sin mencionar  los  cuatro  años  transcurridos  desde  el  reporte  de  operación  inusual,  origen  de  la investigación en sede administrativa. 

Desde esta perspectiva, el diferente tratamiento que la ley acuerda a este grupo de situaciones cuanto menos debe ser tildado de desacertado:  inadecuado al  fin que  la norma persigue como unidad  lógica,  incluso contradictorio con sus propias previsiones y con las ya consolidadas reglas que rigen el secreto. 

Esto último desde que la entrega de datos amparados por el secreto fiscal, bancario o de que se trate a la UIF no podría a priori configurar por sí una acción típica del delito del art. 157 CP, en tanto que todos sus funcionarios y empleados se encuentran igualmente obligados a guardar el secreto de la información que reciban en razón de su cargo y de las tareas de inteligencia que se desarrollen como consecuencia, siendo que la inobservancia de ese deber  los hace pasibles de una sanción  incluso mayor a  la prevista en aquel tipo penal (prisión de 6 meses a 3 años, conforme el texto del art. 22, ley 25.246). 

Sin perjuicio de lo expuesto y de nuestra convicción acerca de la necesidad de una reforma legislativa, no debe olvidarse que hace a la labor de los jueces especialmente en esta clase de situaciones, buscar una interpretación de las normas que mejor armonice su letra con su finalidad, que concilie sus disposiciones de modo tal que ninguna se vea anulada por la otra, conservándolas a todas con pleno efecto y valor. 

Esa búsqueda nos  llevará a sostener que aquello que  la  ley 25.246 pretendió preservar mediante el tratamiento disímil que otorgó a los casos previstos en su art. 14, inc. 1 ha sido el carácter extraordinario de las excepciones al  secreto,  y  que  el  legislador  consideró  que  ello  se  vería mejor  asegurado  de  reservarse  la  evaluación  de  la excepción a quienes la ley responsabiliza primariamente por su resguardo. 

Llevado al caso en estudio, esto significa que  la AFIP sólo puede brindar  información amparada por el secreto fiscal a  la unidad de  ser  ella quien, a partir de un análisis propio,  concluya  en que  se  configura  la  situación excepcional prevista por la norma: una operación sospechosa. 

Ello supone, por un lado, la oposición del secreto ante pedidos que, como los librados en el expte. UIF. n. 011/03, no permiten al requerido efectuar ningún control propio, pero correlativamente lleva a concluir ‐y es aquí donde nos encontramos con la llave que permitiría destrabar el conflicto sin llegar a una instancia judicial‐ que, en caso contrario, de contar éste con aquellos datos que posibiliten la verificación y de coincidirse con la evaluación de la unidad, no existe óbice legal alguno para que acceda al requerimiento de información.” 

De esta forma, la intervención judicial quedaría reservada sólo para los supuestos en que no exista tal unidad de criterio, en los que sí se  justifica sacrificar en alguna medida los objetivos que persigue la ley 25.246 en aras de asegurar la estricta necesidad del levantamiento...”y finaliza...Por ello, habiendo los representantes de la vindicta pública, en el marco de una evaluación que les es propia, valorando la solicitud de la UIF como un hecho a investigar ejercitando la persecución penal, se hará lugar a la apelación interpuesta, debiendo el magistrado de grado, sin perjuicio de la competencia territorial que en definitiva corresponda, instruir el presente sumario...52” 

Los Sujetos obligados no reglamentados 

En el caso de aquellos cuya actividad aún no ha sido reglamentada por la resoluciones de la UIF, su situación se encuentra contemplada en el artículo 18 del decreto 169/2001, en tanto el mismo dispuso                                                            52 (C. Nac. Crim. y Corr. Fed., sala 2ª, 27/05/2005 ‐ Administración Federal de Ingresos Públicos). 

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en  forma  expresa  que  la UIF  está  facultada para  “determinar  los procedimientos  y  oportunidad  a partir de la cual los obligados cumplirán ante ella el deber de informar que establece el artículo 20 de la ley. 

Los Sujetos obligados que carecen de pauta reglamentaria son: 

1) Los  registros Públicos de Comercio, Organismos Representativos de Fiscalización, Control de  las Personas  Jurídicas,  los Registros de  la Propiedad  Inmueble,  los Registros Automotor y  los Registros Prendarios.  

2) Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.  

3) Las empresas dedicadas al transporte de caudales. 

4) Las entidades comprendidas en el art. 9 de la ley 22.315. 

5) Las  personas  físicas  o  jurídicas  inscriptas  en  los  registros  establecidos  por  el  art.  23  inc.  (t) del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias). 

6) Inspección General de Justicia. 

7) Las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros. 

Antecedentes de los ROS 

Los antecedentes del reporte de operaciones sospechosas podemos encontrarlos en Alemania, Francia y el Reino Unido, donde debían acreditarse que en el caso concreto concurren motivos suficientes para poner los datos en conocimiento de la autoridad de contralor. En dicho supuesto, los sujetos obligados se encuentran sometidos al cumplimiento de una obligación legal, que determina en forma expresa el motivo de la investigación y los hechos precisos alcanzados por ésta. 

Si bien EE.UU tipifica el lavado de dinero hacia el año 1986, la noción de sujeto obligado se encontraba presente en la normativa de aquel país desde al menos el año 1970 cuando se aprobó la Bank Secrecy Act  en  la  que  se  autorizaba  al  Secretario  del  Tesoro  a  dictar  reglamentos  destinados  a  que  las entidades financieras cooperasen en la lucha contra el lavado de dinero mediante la individualización del cliente y el reporte de ciertas transacciones. 

En función de dicha facultad se dictaron numerosas leyes y reglamentaciones por las cuales se impuso a las entidades financieras el deber que registrare informar ciertas transacciones en efectivo, la salida o el transporte hacia o fuera de los EEUU de dinero metálico y a partir de 1987 de informar operaciones sospechosas superiores a los U$S 5000. 

Este  rango  de  normas,  en  particular  aplicado  a  la  actividad  financiera  y  bancaria,  reconoce  como fuente de carácter regional el artículo 10, acápites 2 y 3 del reglamento modelo CICAD‐OEA, pero su antecedente  internacional más  relevante  se  remonta  al ámbito autorregulatorio    establecido por  las entidades financieras, en el artículo 6 bis, acápite 2 a la Convención de Basilea.  

En efecto, en 1988, la declaración de Principios de Basilea reconocía la necesidad de colaboración del sistema  financiero  con  la  labor de  los  organismos  o  agentes  estatales  al  tiempo  que  enfatizaba  los ruinosos efectos que para la actividad bancaria se derivaban del blanqueo de capitales. 

Esa disposición  a  colaborar de  los  sujetos  originariamente  involucrados  que  incluyó  el dictado de normas autorregulatorias en el marco de la actividad financiera, implicó, asimismo, desde los inicios 

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de  la  actividad  legislativa  en  la materia  una  necesaria  preservación  de  la  confidencialidad  en  la relación  con  el  cliente‐  su  derecho  a  la  privacidad,  intimidad,  secreto‐  y  las  obligaciones, responsabilidades y consecuencias que para  las  instituciones resultan de  la relación profesional y de confianza establecida con aquel. 

No  es  ocioso  destacar  aquí  la  preocupación  de  algunos  sujetos  obligados  a  las  eventuales responsabilidades frente a su cliente en el marco de este deber.  

Clases de Reportes 

1)  Las  comunicaciones  al  principio  tenían  carácter  de  derecho,  es  decir  eran  facultativas,  ello  en beneficio de las instituciones financieras, por lo que conforme las evaluaciones internacionales de las agencias  de  prevención,  aquellas  no  exhibieron  una  particular  disposición  a  la  presentación  de reportes, ya que las diferentes políticas aplicadas por cada institución en la administración y ejercicio de ese derecho afectaban  la competitividad en el mercado y ninguna de ellas quería ver afectada su clientela, en beneficio de terceros. 

2) En un  segundo escalón, el cual se mantiene hoy en día en  importantes  sectores de  la  legislación internacional,  fue  el  requerimiento  de  los  reportes  sistemáticos  u  obligaciones  automáticas  de comunicación.  

En  este  caso  la obligación  reconocía origen  en  el monto operado por  el  cliente y no en  el eventual carácter  sospechoso  de  la  operatoria  reportada,  resultando  por  tanto  innecesario  el  análisis  de tipologías que calificasen la eventual inusualidad de las operaciones. 

El  primer  ejemplo  internacional de  reporte  sistemático  lo  encontramos  en  los EEUU  en donde  las autoridades bancarias debían  reportar  ‐obligación aún vigente‐ cualquier operación en efectivo que superara los diez mil dólares. 

Los cuestionamientos a tal procedimiento fueron diversos. En la actividad financiera se hizo referencia a  los  mayores  costos  que  ese  requerimiento  implicaba,  a  la  necesidad  de  realizar  complejas modificaciones en los programas informáticos vigentes y a su reducida eficiencia ante la multiplicidad de información. 

Desde el punto de vista doctrinario se cuestionó que este tipo de reportes sistemáticos importaba una lesión al derecho a  la  intimidad de quien  realizaba operaciones en metálico, pudiendo constituir  lo que  se  denomina  genéricamente  “incursiones  de  pesca”,  esto  es,  impulsar  procedimientos  que permitían colectar información sin causa o finalidad determinada. 

3)  La  tercera modalidad  que  se  desarrolló  en  la  legislación  comparada  ante  el  crecimiento  de  las operaciones  de  lavado  de  activos  ,  y  que  ha  sido  elegida  por  la  ley  25.246  es  la  obligación  de comunicar  las  llamadas operaciones  sospechosas,  lo  cual  fue  reglamentado por  la UIF mediante  el dictado de  la resolución 2/2002, de esa manera se ha optado por un modelo de cuño  internacional  ‐como  lo han hecho  la mayoría de  los países‐ que supone el  traslado que, adecuado en cuanto a sus requerimientos  y  exigencias  ,  constituye  un  ponderado  aporte  a  la  prevención  de  las  conductas criminales en áreas  tan  sensibles como  las analizadas y en  las que  los sujetos  involucrados pueden colaborar de manera eficaz. 

El contenido de los ROS  

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Otro  elemento  a  tener  en  cuenta  es  la  información de  la que  se nutre  la UIF. Es decir qué  tipo de información recibe la Unidad. Sobre el particular lo primero que cabe señalar es que esa información viene contenida en un modelo de reporte de acuerdo al sujeto obligado que se trate y cuya actividad de información haya sido reglamentada.  

Se dice esto porque existen sujetos obligados a informar que no han sido reglamentados. 

En cuanto a  la naturaleza de  la  información,  la misma puede calificarse como altamente sensible,  la cual será sometida a análisis, tratamiento y su posible transmisión a los efectos de prevenir e impedir el  lavado  de  dinero  y,  en  su  caso  judicializar  el  caso,  esto  es,  poner  los  elementos  de  convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público. 

Ahora bien, ¿qué es lo que se informa? 

Básicamente una operación que  tiene ciertas y determinadas características: La  ley argentina  intenta definir los elementos que hacen que una operación sea sospechosa. 

La operación, ¿debe ser sospechosa o inusual? 

En  el  régimen  establecido  por  la  ley  25.246  el  deber  de  información  de  los  sujetos  obligados  está referido específicamente a los hechos u operaciones sospechosas o inusuales, que ellos advirtieran en el desarrollo de su actividad conforme el conocimiento del cliente, su perfil y las pautas fijadas por la propia ley. 

Los ROS deben necesariamente producirse a partir de la inusualidad de una operación respecto a lo que normalmente el cliente  realiza. Sobre ello  la  regla “conozca a su cliente o know your customer (KYC)” debe abarcar las actividades a las que se dedica, así como el rango de sus negocios, debiendo establecerse  en  base  a  esos  datos  un  perfil  que  permita  identificar  la  eventual  inusualidad  de  las operaciones que realice, cuando éstas se apartasen de aquellos parámetros previamente definidos. 

Lo cierto es que los sujetos obligados a informar, en virtud de la relación establecida con el cliente sólo pueden  pronunciarse  sobre  el  carácter  inusual  de  la  operación  informada  o  reportada,  lo  que  no implica calificación alguna sobre su eventual sospecha. 

En  efecto,  la  palabra  sospecha  no  aparece  en  otro  lugar  que  no  sea  en  el  derecho  penal  y más precisamente se presenta como condición para la recepción de la declaración al imputado. 

Así  la normativa  ritual nacional prescribe  que  “cuando  hubiere motivo  bastante  para  sospechar  que una persona  ha  participado  en  la  comisión  de  un  delito...”  la misma  será  convocada  a  prestar  declaración indagatoria prevista en el art. 294 del CPP. Es decir, no hay dentro del ordenamiento legislativo otra mención al término sospecha que no sea en el ámbito del ius puniendi, el que tiene básicamente como condición una actuación de última ratio o último recurso.53 

El estado de sospecha es una observación netamente subjetiva del instructor, el juicio de sospecha sólo cabe en quien tiene la facultad y la autoridad para establecer el llamado a declarar a ese tenor con lo cual aquí también cabe destacar el carácter puramente subjetivo/valorativo de dicho juicio. 

Así, el maestro procesalista Francisco DʹAlbora al comentar dicha norma procesal dice: El “...motivo bastante...” constituye un presupuesto subjetivo del  juzgador, una decisión que se adopta en su  fuero  interno, 

                                                           

53Las Unidades de Información Financiera (UIF) Roles Funciones y riesgos Gustavo Enrique Gené La Ley 18/4/2005 

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con posterioridad al estudio de la causa y presupone una meditada definición que debe encontrarse relacionada con otros elementos de carácter objetivo...” 54  

Las  instituciones bancarias, que  en  el marco de  la  ley  25.246  informasen una operación  inusual,  lo harían por no ajustarse ésta a  los parámetros establecidos para el cliente, su rango de actividad,  los montos promedio de sus transacciones, el tipo de operatoria que suele realizar, pero en modo alguno puede implicar una calificación previa sobre su presunto carácter ilícito. 

Es más, esa obligación estaba vigente aún antes de  la  sanción de esta normativa por  imperio de  la Comunicación  “A”  3094  del  Banco  central  (EDLA,  2000‐A‐570).  Dicha  Entidad  las  definió  como aquellas que sean inusuales, sin justificación económica o jurídica o de innecesaria complejidad. 

Y como sostiene Bulit Goñi en su artículo ya citado que “…la ley ‐25.246‐, en términos muy imprecisos por cierto,  trata  de  limitar  esta  obligación  de  reporte  al  señalar  que  la  misma  deberá  efectuarse  sobre  “bases objetivas” y agrega que dichas bases objetivas deben ser distintas a las características con que la ley califica a las eventuales  transacciones motivo  de  reporte…””…no  hay  operaciones  sospechosas  objetivas  ellas  son  siempre subjetivas…” 

“Una transacción será sospechosa sólo y en cuanto por un conjunto de elementos objetivos y subjetivos se pueda presumir que tiene una finalidad delictiva…” 55 

No  resulta menor  la distinción, pues,  en  razón de  sus  incumbencias profesionales,  no podrían  los sujetos obligados a  informar, calificar, siquiera  tentativamente,  la actividad de sus clientes desde el punto de vista de su posible vinculación con actividades ilícitas. 

Ésta será la labor de la Unidad de información financiera quien luego de cumplir con aquellas tareas que  tiene  legalmente asignadas, hará mérito  sobre  la procedencia de  comunicar  tal  circunstancia al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal en los términos del art. 19 de la ley 25.246. De hecho en este artículo cuando se habla de estado de sospecha se lo vincula a la comisión de delitos. 

El mismo carácter administrativo de la UIF refuerza la inusualidad de la operación informada y tal es la  denominación  indistinta  que  se  realiza  en  la  resolución  2/2002  cuando  aprueba  la  guía  de transacciones inusuales o sospechosas en la órbita del sistema financiero y cambiario. 

El deber de información 

De  acuerdo  a  lo  normado  por  el  art.  21  inc.  b)  de  la  ley  25.246,  que  establece  que  será  la UIF  la encargada  de  definir,  a  través  de  pautas  objetivas,  las modalidades,  oportunidades  y  límites  del cumplimiento  de  la  obligación  de  reportar  operaciones  sospechosas  para  cada  categoría  de  sujeto obligado y tipo de actividad, para lo cual emitió las siguientes normas reglamentarias. 

Resolución UIF Nº 2/02 dirigida al Sistema Financiero y Cambiario 

Resolución UIF Nº 3/02 dirigida al Mercado de Capitales 

Resolución UIF Nº 4/02 dirigida al Sector Seguros 

Resolución UIF Nº 6/03 Comisión Nacional de Valores 

                                                           

54Código procesal Penal de la Nación Anotado, Comentado Concordado, quinta edición Lexis Nexis Abeledo Perrot 15/5/2002 pag. 617. 55 Ob. citada 

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Resolución UIF Nº 7/03 Administración Federal de Ingresos Públicos 

Resolución UIF N8/03 Superintendencia de Seguros de la Nación 

Resolución UIF Nº 9/03 Remisores de Fondos 

Resolución UIF Nº 11/03 Obras de Arte, Antigüedades,  Inversión Filatélica o Numismática,  Joyas o Bienes con Metales o Piedras Preciosas 

Resolución UIF Nº 15/03 Banco Central de la República Argentina 

Resolución UIF Nº 17/03 Juegos de Azar 

Resolución UIF Nº 3/04 Profesionales en Ciencias Económicas 

Resolución UIF Nº 10/04 Escribanos Públicos 

Resolución UIF 04/05 deroga el límite mínimo para informar operaciones sospechosas 

Resolución UIF Nº 06/05 que modifica la resolución Nº 4/02 del Sector Seguros. 

Efectuado el detalle de los sujetos obligados a quienes la UIF les ha reglamentado las pautas objetivas sobre  las  cuales  deberían  informar  cabe  señalar,  en  consonancia  con  lo  dicho  por  la  doctrina  que “...Esta  obligación  es  de  las  más  “nuevas”  en materia  de  prevención  del  lavado,  ya  que  si  la  de  reportar operaciones  por  sus  elementos  cuantitativos  específicos  se  remonta  a  1970,  la  de  informar  transacciones sospechosas se adopta recién en 1985 en los Estados Unidos de América y ese país es uno de los ejemplos de los sistemas mixtos.”56 

Este deber de información u obligación de comunicación actual se inició en la legislación comparada como un derecho de  comunicación o autorización  en beneficio de  las  entidades  financieras  ‐norma que no suponía inmiscuirse en los intereses del banco pues no estaba obligado a revelar datos de su cliente. 

A partir de entonces se  fueron acentuando  los requerimientos a  los sujetos obligados, pero siempre reconociendo  el  carácter  excepcional de  la  información  requerida,  así  como  su  aplicación  exclusiva dentro de  los específicos  límites normativos en que  la misma era obtenida ya que si bien el secreto bancario no tiene un carácter absoluto o ilimitado, su develamiento se encuentra casi universalmente sometido  a  normas  de  excepcionalidad  cuyo  quebrantamiento  genera  responsabilidades  para  los autores.  

La intromisión por parte de la actividad estatal en este ámbito de información privilegiada encuentra su razón de ser en la protección de un bien  jurídico reconocido constitucionalmente, en la necesidad de perseguir conductas criminales y en la inestimable intervención de quienes pueden colaborar en la prevención; pero resulta  innegable que al  tiempo de resolver esa  tensión se  lo debe hacer poniendo énfasis en las garantías propias de un estado de derecho, tanto para los obligados a informar, como a los clientes, y evitando un inadecuado traslado de cargas de vigilancia. 

El  derecho  internacional  y  el  comparado  han  adoptado  casi  unánimemente  el  sistema  de  delegar ciertas funciones –básicamente de prevención, detección e información‐ en personas físicas o jurídicas 

                                                           56 Algunos aspectos de la nueva ley 25.246. Los sujetos obligados. Roberto Buli Goñi. Diario El Derecho. Suplemento de Derecho Penal y Procesal Penal del 16 de agosto de 2001  Nº 10.318 Págs. 1/11 

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que por su especial actividad están en contacto permanente con activos de variada naturaleza y por ello en una relación de inmediatez con los procesos de reciclaje de aquellos de origen ilícito. A estas personas  se  las  somete  al  cumplimiento de determinados deberes  tendientes  a  que  contribuyan  al esfuerzo de luchar contra el lavado de dinero y colaborar en la sanción de los lavadores. 

Este  sistema  delegativo  no  es  novedoso,  de  hecho  existen  numerosas  normas  de  carácter administrativo dictadas, especialmente de regulaciones de la actividad económica.  

Se dice que existen dos fundamentos básicos que justifican estos sistemas, el primero que tiene que ver con una mínima  intervención del derecho penal  sólo  reservado para aquellas  acciones que  atenten contra los valores básicos y esenciales de la sociedad y extiende el necesario grado de protección social mediante  normas  de  carácter  menor,  aunque  igualmente  represivas.  De  esta  forma  se  deja  una primera instancia de intervención –regulación y sanción‐reservada a la actuación de organismos para‐jurisdiccionales. En el marco de la regulación económica, no son ajenas a esta elección la mutabilidad de las normas de regulación, la necesidad de especialización del órgano de contralor e, incluso, de que dichos organismos intervengan en la primera etapa jurisdiccional en el terreno penal administrativo. 

El segundo fundamento, más allá de la natural posición de garantes que, por vía de esta delegación, asumen ciertas personas o entes, en especial aquellos que gozan de una autorización o habilitación especial, se asienta en la búsqueda de dotar a los regímenes represivos de la moderna delincuencia de mayor efectividad. 

Pero antes de entrar a analizar el traslado de esas cargas de vigilancia a laS que ya hicimos referencia, hay  que  decir  que  el marco  jurídico  de  la  obligación  de  informar  se  encuentra  consagrado  en  el capítulo III de la ley 25.246 en sus arts. 20, 21 (ya desarrollados) y el art. 22, en el cual se establece un tipo penal específico de violación de secretos para quienes revelan las informaciones secretas fuera del ámbito de la UIF. 

En  ese marco  legalmente  establecido, dicha  información  se debe  suministrar  a  la UIF  sin  que  ello afecte el secreto bancario, ni  implique responsabilidad alguna para quien  informa, en  tanto cumpla con los parámetros establecidos en el art. 18 del mismo cuerpo normativo. 

Dicho ello, la propia ley 25.246 en una remisión de carácter normativo delegó en la UIF la fijación de pautas objetivas para  la obligación de  informar, en cada categoría y tipo de actividad. La Unidad, a partir  de  su  efectiva  constitución  y  como  consecuencia  de  la manda  legal  aquí mencionada,  dictó diversas resoluciones que alcanzan a gran parte de los sujetos obligados, pero no a todos.  

Es este aspecto, uno de aquellos en el que se ponen en tensión las llamadas teorías del desplazamiento de  las cargas de vigilancia, en tanto  la debida diligencia  implica para  las personas físicas y  jurídicas legalmente  establecidas  la  carga  del  conocimiento  del  cliente  y  en  caso  de  que  éstos  actúen  en representación  de  terceros,  tomar  los  recaudos  necesarios  para  la  identificación  de  la  persona  por quien  actúan,  la  del  seguimiento  operativo  de  sus  actividades  como  el  resguardo  de  los  soportes documentales de las operaciones en las que haya tomado parte.  

De  hecho  la  resolución  2/2002  para  el  sistema  financiero  y  cambiario, mediante  la  cual  se  fijaron pautas  objetivas  por  parte  de  la  UIF  se  presentaría  como  un  exceso  en  función  del  tipo  de requerimiento de información que la norma, “conozca a su cliente” impone a los agentes financieros en el desempeño de su actividad, para generar este desplazamiento de las cargas de vigilancia. 

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En efecto, según nuestra opinión, las pautas fijadas en la resolución 2/2002 parecen más propias de un Manual de Procedimiento interno para cada uno de los sujetos obligados, que una fijación de criterios objetivos de inusualidad o sospecha en la definición de las operatorias que deberán ser analizadas.57 

La cantidad de requerimientos informativos establecidos por la UIF, parecerían más adecuados para otro  tipo de plaza y no para  la  realidad de nuestro  sistema  financiero nacional, pero así como está formulado el sistema de informes, se han establecido niveles altos de cumplimiento sobre situaciones fácticas  que presentan  las  actividades propias  y  especiales de  los  sujetos  obligados,  cuadro  que  se presenta por demás dificultoso a la hora de acatar la exigencia legal, la que trae aparejada además una transferencia de responsabilidad a los agentes involucrados. 

Si bien es cierto que los sujetos obligados resultan per se agentes calificados, por el manejo de un tipo particular  y  especial  de  información,  esto  no  puede  implicar  el  traslado  a  ellos  de  funciones regulatorias,  de  contralor,  supervisión  y/o  superintendencia  que  son  propias  de  la  administración pública y entidades descentralizadas y autárquicas que deben cumplir estas funciones. 

De  esta manera  estaríamos  trasladando  el deber de vigilancia que  es propio de  las  autoridades de control a quienes cumplen otro tipo de actividades, y que si bien pueden cooperar no pueden suplir al Estado en esos términos.   

Si los niveles de exigencia devienen, como ya se dijo de cumplimiento muy dificultoso, esto implicará la posibilidad de generar un incumplimiento allí donde lo que hay es imposibilidad y un consecuente traslado de obligaciones generadoras de responsabilidad, sin intervención subjetiva alguna del sujeto pasible de la eventual sanción. 

En  síntesis,  la  generación  de  una  responsabilidad  de  cuño  objetivo  obtenida  a  través  del desplazamiento de cargas de vigilancia y fijando un nivel de exigencia superior a aquél que el propio organismo de contralor se fija para su propia actividad. 

Analizado el traslado de las cargas de vigilancia debemos detenernos en cómo la ley ha implementado el sistema de información  

DÀlbora se refiere a ello y expresa que, “…la obligación de  informar operaciones sospechosas o`  inusuales prevista  por  el  artículo  21,  inciso  b),  que  denominamos obligación  específica. Por  el  otro,  la  obligación  de cualquier  organismo  público,  nacional,  provincial  o municipal,  y  las  personas  físicas  o  jurídicas,  públicas  o privadas, de proporcionar dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley, los informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que la UIF estime útil para el cumplimiento de sus funciones, impuesta por el artículo 14, inciso 1º), primer párrafo, denominada obligación genérica.  

Ambos  supuestos  son  distintos,  a  punto  tal  que  la  obligación  específica  juega  sobre  los  parámetros  objetivos preestablecidos  en  abstracto,  reglamentados  liminarmente  por  la  UIF,  en  tanto  la  obligación  genérica presupone  la  solicitud previa  en  el caso concreto, precisando  el  informe, documento, antecedente o elemento requerido. 

Además, la obligación específica sólo alcanza a los sujetos incluidos por el legislador en la nómina del artículo 20 de  la  ley,  en  tanto  la genérica  recae  sobre  la  totalidad de  las personas  físicas o  jurídicas, públicas o privadas, según el exhaustivo detalle del primer párrafo del inciso primero del artículo 14. 

                                                           57 Las Unidades de Información Financiera (UIF) Roles, Funciones y Riesgos. Gustavo Enrique Gené. Diario  La Ley 18 de abril de 2005. Págs. 1/5 

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Claro  está  que  ésta última  sólo  puede  tener  lugar  como  consecuencia de una  operación  inusual  o  sospechosa informada  con  anterioridad  al  pedido  de  información  adicional  en  virtud  de  una  obligación  específica;  de  lo contrario se convalidaría de manera inadmisible la realización de “expediciones de pesca”.”58 

Además del traslado de responsabilidades a  la manera de una delegación, del grupo de titulares de los deberes que se mencionan en el art. 21 de  la  ley 25.246, sobre  la base de  la recolección de datos empíricos a través de  las entrevistas con  los sujetos obligados  llevadas a cabo por  investigadores de Unidos por  la  Justicia, es dable concluir que algunas de  las actividades mencionadas, carecerían de relevancia  a  la  hora  de  aportar  elementos  para  la  prevención  o  detección  ex  ante  del  proceso  de blanqueo,  o porque por  la propia  idiosincrasia del negocio  o  actividad  que manejan no  tienen  los elementos  suficientes  como  para  detectar  aspectos  de  su  operativa  que  puedan  contribuir significativamente a la investigación o prevención de una maniobra delictiva.  

Parecieran  por  el  contrario  que  sí  podrán  hacerlo  con  posterioridad  y  en  el momento  de  colectar elementos probatorios o investigativos. Tal podría ser el caso por ejemplo de quienes se dedican a la explotación  de  juegos  de  azar,  o  bien  los  registros  públicos,  así  también  quienes  desarrollan actividades  relacionadas  con  la  compraventa  de  obras  de  arte  o  filatelia,  los  propios  escribanos públicos,  todo  lo  cual  no  hace más  que  agravar  la  situación  particular  de  algunos  de  los  sujetos obligados, a los que además de la obligación del deber de informar se les suma la posibilidad cierta de una sanción por la omisión de ese mismo deber.  

La UIF y el sistema de reportes  

Desde que  la UIF  es  operativa  y hasta  el  31 de mayo de  2006 ha  recibido un  total de  1955  casos reportados  los  cuales pueden desglosarse,  como ROS  1742, Colaboraciones  (ley  25246  arts.  13.3  y 13.2) 96 y finalmente los Informes de Otras Fuentes (IOF) que suman un total de 117. 

Con respecto a estos últimos, si bien los mismos no constituyen técnicamente lo que se conoce como Reportes de Operaciones Sospechosas resultan sí un valioso aporte que la UIF gestiona en el marco de su  competencia,  y  pueden  provenir  de  los  legisladores,  del  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos Humanos, del Poder Judicial, de declaraciones voluntarias, del Banco Central, del Sistema financiero, de la AFIP, del Sector Seguros, de los Escribanos Públicos, de Organismos Públicos Extranjeros, de las Fuerzas de Seguridad, del Ministerio Público.  

Ahora bien,  ¿qué  es  lo que hace  la UIF  con  los  reportes? Para  responder  a  esta pregunta hay que establecer  cómo  desagrega  dicho  organismo  los  reportes  recibidos  de  acuerdo  a  su  estado  de situación, tomando como fecha de corte el último informe de la UIF publicado en su página Web, que data del 31 de mayo de 2006.  

Así será dable encontrar reportes que se encuentran en proceso de investigación en la UIF, que son un total de 773; en proceso de investigación con pedido de levantamiento de secreto, que son un total de 8;  reservados  (a  la espera del  informe preliminar de  los organismos de supervisión  respectivos) 31; reportes que pasaron a ser colaboración  judicial, que son 3; Archivos en el ámbito de  la Unidad con carga de la información en la base de datos que son 95; en Guarda Activa (que son aquellos calificados con análisis preliminar y cumplimiento de diligencias mínimas que revisten bajo índice de sospecha, 

                                                           58 Los abogados y la obligación de informar operaciones sospechosas en las normas de prevención contra el lavado de dinero. Por F. J. D’Albora (h) (Pub. en “Sociedades ante la I.G.J.”,  La Ley, Bs. As., abril de 2005, p. 200) 

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manteniéndose un criterio expectante hasta que surjan nuevos elementos de análisis), que constituyen un total de 704, y finalmente los remitidos al Ministerio Público, 128. 

Como  conclusión,  de  acuerdo  a  los  datos  que  arroja  dicho  estado  de  situación  se  remitieron,  de conformidad con lo dispuesto por el art. 19 de la ley 25.246 al Ministerio Público, el 7,35% de los ROS recepcionados  por  la  UIF,  es  decir,  se  judicializaron;  destacando  las  conclusiones  que  sobre  el particular, aún con guarismos más bajos, dicho organismo valoró en oportunidad de elevar el informe anual del año 2005. Es así que resaltó dicho porcentaje resultando el mismo igualmente significativo frente  a  “…las  dificultades  experimentadas  por  la UIF,  para  llevar  adelante  la misión  para  la  que  ha  sido conformada  (oposición  del  secreto,  falta  de  colaboración  de  instancias  de  la  propia Administración  Pública, imposibilidad de ejecutar su partida presupuestaria, etc”). 

Calificación de los ROS 

La  UIF  ha  calificado  los  ROS  a  los  fines  de  establecer  de  la manera menos  subjetiva  posible  la prioridad de análisis en el universo de los reportes asignados a cada analista. 

Dicha calificación consta de un dígito, siendo el 5 el más prioritario y el 1 el menos. Ésta es asignada por el Comité de Análisis de consuno, previo a la carga del mismo en la base de datos de la Unidad. 

La metodología usada para la calificación de un reporte consiste en la utilización de cinco conceptos diferentes con distinta ponderación en el resultado final. En este sentido se toman como parámetros de medición el monto del ROS reportado que va hasta los 100.000 pesos, el cual se califica con 1, hasta más de 10.000.001 que se califica con 5. 

Otro de los parámetros es la característica de la operación. La calificación con menor prioridad (1) será denominada  simple y  la de  extrema  complejidad  será  calificada  5, pasando por  semi  compleja  (2), compleja (3) y muy compleja (4). 

Otro parámetro es la persona involucrada que tiene un criterio más subjetivo ya que se ponderan las características del o de los clientes involucrados en la operación (habituales, ocasionales, actividades, peps, testaferros, etc.)  

Así  también se  toma en consideración para el análisis,  las personas con domicilios en  territorios de riesgo, es decir del domicilio declarado por el o los clientes involucrados en la operación en particular, los domiciliados en paraísos fiscales o países no cooperadores. 

Finalmente se toma como parámetro la repetición en otros reportes en dos calificaciones: 1 y 2. Sobre el particular resulta a todas luces muy útil el análisis de los ROS sobre la base de la calificación, por cuanto a la luz de la mayor complejidad unida a la cantidad del dinero comprometido, amén de otras circunstancias, resultan ser estos parámetros objetivos a  los fines de valorar el reporte. De hecho no resulta ocioso destacar que el 74 % de los ROS recibidos y calificados con la mayor prioridad –nivel 5‐ se encuentran actualmente o bien en la UIF bajo análisis ‐42%‐ o ya en el Ministerio Público ‐32%‐ todo lo cual permitirá avanzar en  la  investigación  judicial ya que aporta cierta certeza, por  la objetividad que muestran ciertos elementos del reporte, en orden a calificar de inusual el mismo. 

También  existe otra  calificación  en orden  a  establecer modos de  inusualidades que  se ha  tabulado mediante  códigos.  Así  para  el  sistema  financiero  y  cambiario  se  consignan  las  siguientes inusualidades:  1)  aumento  en  los  fondos  operados  por  el  cliente,  2)  depósitos  en  billetes  de  baja denominación,  3)  estructuración  de  depósitos  en  efectivo,  4)  inicio  o  aumento  de  operatorias  con 

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transferencias de distinto tipo, 5) uso de cajas de seguridad, 6) compraventa de valores negociables, 7) fondos provenientes de países o territorios no cooperativos (FATF‐GAFI) o que no tuvieran controles antilavado suficientes, 8) operaciones de compraventa en moneda extranjera, 9) solicitudes de crédito con garantías de fondos depositados en otras entidades, 10) cancelaciones anticipadas de créditos, 11) cancelaciones  de  anticipadas  de  pólizas  de  seguro,  12)  movimientos  de  fondos  en  custodia,  13) adquisición de bienes a valores significativamente disímiles a  los del mercado y 14) operaciones no mencionadas en los ítems precedentes. 

Respecto del BCRA se consignan las mismas inusualidades: 

Para la CNV y Mercado de Capitales se consignan las siguientes: 1) aumento en los fondos operados por el cliente, 2) inicio o aumento de operatorias con transferencias de distinto tipo, 3) compraventa de valores negociables, 4) operaciones no mencionadas en los ítems precedentes. 

Respecto de la AFIP se consignan las siguientes: 1) aumento en los fondos operados por el cliente, 2) depósitos en billetes de baja denominación, 3)  inicio o aumento de operatorias con transferencias de distinto  tipo, 4)  fondos provenientes de países o  territorios no  cooperativos  (FATF‐GAFI) o que no tuvieran  controles  antilavado  suficientes,  5)  operaciones de  compraventa  en moneda  extranjera,  6) adquisición  de  bienes  a  valores  significativamente  disímiles  a  los  del mercado,  7)  operaciones  no mencionadas en los ítems precedentes. 

Para el sector de seguros se consignan los siguientes: 1) aumento en los fondos operados por el cliente, 2) adquisición de bienes a valores significativamente disímiles a los del mercado, 3) cancelaciones de anticipadas  de  pólizas  de  seguro,  4)  estructuración  de  depósitos  en  efectivo,  5)  operaciones  no mencionadas en los ítems precedentes. 

Respecto a los Escribanos: 1).sucesivas transferencias sin justificación aparente, 2) operación efectuada en  efectivo  en  billetes  de  baja  denominación  o  superiores  a  $  50.000,  3).compraventas  por  cifras significativamente  superiores  o  inferiores  a  las  de mercado,  4)  operaciones  con  personas  físicas  o jurídicas domiciliadas en “paraísos fiscales” o territorios considerados no cooperativos por el GAFI, 5) constitución de tres o más sociedades dentro de un período de 30 días de acuerdo con puntos 1 y 2 del anexo II a la resolución, 6) fondos sospechados de estar vinculados al terrorismo, 7) otros.  

Cabe preguntarse  si  existe una base de datos  en  el  ámbito de  la UIF que  se  refiera  a  los ROS. De acuerdo a lo normado por el art. 15 de la ley 25.246, se impone a la UIF una serie de obligaciones entre las  cuales  se  cuenta  la de  conformar un  registro único de  información  con  la base de datos de  los organismos obligados a suministrarla y con  la  información que por su actividad  reciba. Aún así, el informe  anual  también  da  cuenta  de  las  dificultades  para  el  cumplimiento  de  tal  manda  legal básicamente por el carácter secreto de ciertas informaciones y/o la resistencia de ciertos organismos a suministrar sus bases de datos a la unidad, sin perjuicio de lo cual se incorporaron algunas.  

Asimismo  se  implementó  en  el  ámbito  de  la  UIF  un  sistema  que  permite  la  carga  de  los  datos contenidos en los ROS, que son recibidos en formato papel, y la posterior consulta o interrogación de la  base  por  número  de  ROS,  por  nombre  de  la/s  persona/s mencionadas  en  dichos  reportes,  por número  de  documento,  etc.  En  todos  los  casos,  la  disponibilidad  de  la  información  habilita  la delimitación de (inter) conexiones entre diversos casos almacenados en la base. 

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Se proyecta para una  segunda  etapa  la  implementación de un programa que permita  a  los  sujetos obligados a reportar a la UIF cargar los datos directamente, generar el ROS y enviarlo a la Unidad vía Internet. 

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