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LA TUTELA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL PERÚ. UN
EXAMEN DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO INTERNACIONAL
PÚBLICO
TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE ABOGADO
AUTOR (A)
ZUÑIGA LINARES, ELENA DEL PILAR
Chiclayo, 14 de junio de 2018
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA DE DERECHO
II
LA TUTELA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL
PERÚ. UN EXAMEN DESDE LA PERSPECTIVA DEL
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
PRESENTADA POR:
ZUÑIGA LINARES , ELENA DEL PILAR
A la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
para optar el título de:
ABOGADO
APROBADA POR:
_________________________
Abog. Centurión González Freddy Ronald
PRESIDENTE
______________________________
Mtra. Alvarado Tapia Katherine del Pilar
SECRETARIO
______________________________
Dra. Serranó Agata
ASESOR
IV
DEDICATORIA
Esta tesis está dedicada a mis padres, mi abuela María Elena Aguilar Guevara y a
mi tía Miryam Erna Linares Aguilar; quiénes son ejemplo de fortaleza y empeño.
V
AGRADECIMIENTO
Un agradecimiento infinito a la Dra. Agata Serranó y a la Dra. Ana María Llanos. A la
primera, por el apoyo y las facilidades brindadas para la culminar este trabajo de
investigación, en su calidad de asesora temática; y a la segunda por haberme
brindado las pautas metodológicas necesarias que se emplearon en este trabajo.
VI
RESUMEN
Esta tesis quiere proponer medidas para mejorar la tutela de las víctimas del
“conflicto armado interno”, acaecido en el Perú entre los años 1980 y 2000,
perpetrado por actores armados como los grupos subversivos Sendero Luminoso y
el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, por un lado, y las fuerzas armadas y
policiales del Estado peruano, por otro. En primer lugar, se estudiará el contexto
histórico e ideológico en el que se desarrolló en conflicto, explorando las cifras de
víctimas y las secuelas económicas y psicosociales de la violencia. En segundo
lugar, se analizarán las medidas adoptadas a favor de las víctimas del terrorismo en
el marco jurídico internacional, de la Unión Europea, de España y de Perú a fin de
poder establecer cómo se han tutelado dichos sujetos, qué derechos se les han
reconocido y cuáles faltarían por reconocerles, sobre todo en el ámbito peruano. En
tercer lugar, se analizarán en el ámbito del sistema interamericano dos casos
peruanos relacionados con el conflicto armado interno, en los que el estado peruano
ha sido condenado por haber violado los derechos humanos de sus ciudadanos.
Todo ello a fin de proporcionar recomendaciones para mejorar la tutela de las
víctimas del terrorismo en nuestro país para que sean reconocidas como sujetos
dignos de una tutela específica que pueda garantizarles una igualdad de tratamiento
con las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.
PALABRAS CLAVE: Víctimas – Reparación – Terrorismo – Violación de los
Derechos Humanos – Conflicto Armado Interno.
VII
ABSTRACT
This aim of this thesis is to propose some measures to improve the protection of the
victims of the “internal armed conflict”, which occurred in Peru between 1980 and
2000. This conflict was perpetrated, on one hand, by subversive groups such as
Shining Path and Tupac Amaru Revolutionary Movement and, on the other hand, by
the Army and the police forces of the Peruvian State. Firstly, the historical and
ideological context in which the conflict broke out will be analysed. Besides, figures
on victims and economical and psychosocial consequences of violence will be
explored. Secondly, measures adopted in favor of victims of terrorism within four
different legal systems will be analyzed in order to establish how these subjects have
been protected, which rights have been recognized to them and which would be
missing to recognize and protect, especially by the Peruvian State. In the third place,
two cases in which the Peruvian state has been condemned for violating the human
rights of its citizens by the Inter-American Court the will be analyzed. Finally,
recommendations will be provided to improve the protection of victims of terrorism in
our country in order to be recognized as subjects who deserve specific protection that
can guarantee them equal treatment with victims of human rights violations.
KEYWORDS: Victims – Reparations – Terrorism – Human Rights Violations –
Internal Armed Conflict.
VIII
ÍNDICE
DEDICATORIA……………………………………………………………………… …….III
AGRADECIMIENTO………………………………………………………… ………….IV
RESUMEN……………………………………………………………………………… ....V
ABSTRACT………………………………………………………………………………...VI
ÍNDICE……………………………………………………………………………………..VII
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………... IX
CAPÍTULO I: EL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS EN EL PERÚ…………………..11
1.1. El contexto histórico e ideológico: el terrorismo en el Perú a finales del siglo
XX………………………………………………………………………………………… 11
1.2. Una aproximación a otros actores armados del conflicto……………………. 23
1.3. Las secuelas de la violencia: una estimación de las víctimas y sus
características…………………………………………………………………………… 32
CAPÍTULO II: LA TUTELA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNACIONAL, DE LA UNIÓN EUROPEA,
ESPAÑA Y PERÚ…………………………………………………………………………40
2.1 La ausencia de una tutela específica para las víctimas del terrorismo en los
ordenamientos jurídicos internacional y europeo. …………………………………. 42
2.2 La tutela específica de las víctimas en España………………………………… 46
2.3 La tutela de las víctimas en el Perú……………………………………………… 51
2.4 Las víctimas del terrorismo: derechos reconocidos y derechos por
reconocer……………………………………………………………………………….. 60
IX
CAPÍTULO III: LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN EL
PERÚ SEGÚN EL ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS……………………………………65
3.1. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: una breve
introducción……………………………………………………………………………… 66
3.2 Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú (Sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos del 19 de enero del 1995)……………………………………… 73
3.3. Caso Barrios Altos Vs. Perú (Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos del 14 de marzo de 2001). ………………………………………………… 81
3.4. Recomendaciones para mejorar la tutela de las víctimas del terrorismo en el
Perú a la luz de dos Sentencias de la Corte Interamericana………………………. 89
CONCLUSIONES……………………………………………………………………….. 97
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………….101
X
INTRODUCCIÓN
Esta tesis tiene el objetivo de proponer medidas para mejorar la tutela de las víctimas
del conflicto armado interno, acaecido en el Perú entre los años 1980 y 2000,
perpetrado por actores armados como los grupos subversivos Sendero Luminoso y
el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru como también por parte de las fuerzas
armadas y policiales del Estado peruano.
A tal fin, en el primer capítulo abordará el contexto histórico e ideológico en el que
se desarrolló en conflicto. A tal fin, por un lado, se señalarán los hechos más
trascendentes que evocaron este drama; por otro, se esbozarán los rasgos
ideológicos esenciales en los que los mayores grupos terroristas Sendero Luminoso
y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru justificaron su accionar. Por último, se
estudiará la actuación del Estado, siendo representado por las fuerzas armadas y
policiales de esa época y las secuelas de la violencia.
En el segundo capítulo se analizarán las medidas adoptadas en el marco jurídico
internacional, de la Unión Europea, de España y de Perú a favor de las víctimas del
terrorismo y de las violaciones de derechos humanos para poder establecer cómo
se han tutelado dichos sujetos, qué derechos se les han reconocido y cuáles faltarían
por reconocerles, sobre todo en el ámbito peruano.
XI
En el tercer capítulo se analizará cómo han sido abordados en el ámbito del sistema
interamericano los casos peruanos relacionados con el conflicto armado interno,
examinando dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
los que el estado peruano ha sido condenado por haber violado los derechos
humanos de sus ciudadanos: el caso Barrios Altos vs. Perú y el caso La Cantuta vs.
Perú.
En conclusión, esta tesis proporcionará recomendaciones para mejorar la tutela de
las víctimas del terrorismo en nuestro país a fin de que sean reconocidas como
sujetos dignos de una tutela específica que pueda garantizarles una igualdad de
tratamiento con las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.
12
CAPÍTULO I
EL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS EN EL PERÚ
A pesar de haber transcurrido varias décadas desde el comienzo de la época del
terrorismo y violaciones de los derechos humanos que el Perú ha padecido –
mayormente conocido como “conflicto armado interno”, tal como lo define la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR)1– todavía queda mucho por
explorar sobre el tema. Por lo que empezaremos este capítulo, en primer lugar,
introduciéndonos en el contexto histórico-político en el que se desarrolló el conflicto.
A tal fin, nos concentraremos sobre algunos de los hechos más trascendentes que
evocaron este drama, que dejaron una huella imborrable en los corazones de
muchos peruanos, debido a los numerosos y duraderos perjuicios causados a
1 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN, “Los periodos de la violencia” en Comisión de la
Verdad y de la Reconciliación. Informe Final, Tomo I, Sección Primera, Cap. 1, Lima, CVR, 2003, p. 53.
13
millares de personas. En segundo lugar, trataremos de esbozar ciertos rasgos
ideológicos en los que los mayores grupos terroristas implicados en dicho conflicto
justificaron la violencia ejercida. Para ser más precisos, en el primer epígrafe nos
concentraremos sobre todo en la cronología de hechos delictivos cometidos por
Sendero Luminoso y en su ideología y en el segundo epígrafe haremos hincapié
también en otros actores como el MRTA y las Fuerzas Armadas y policiales del Perú
que intervinieron en este conflicto.
A continuación, enmarcaremos los inicios del conflicto padecido por el Perú entre
1980 y 2000 en el contexto histórico-político en el que se generó, se desarrolló y
empezó su declive.
1.1. El contexto histórico e ideológico: el terrorismo en el Perú a finales del
siglo XX.
El conflicto vivido por el Perú, según el informe de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación (en adelante CVR) creada en 20012 se periodiza entre 1980 y el 2000.
La CVR definió este conflicto como el que “ha sido el de mayor duración, el de
impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos
humanos y económicos de toda nuestra historia republicana”. Tal como CHÁVEZ
ESPINOZA afirma, en el Perú encontramos en el siglo XX “una sociedad que se ha
caracterizado por muchos actos de violencia que han significado rupturas cruciales
a nuestro país”3. Sin embargo, se pudo llegar a la conclusión que “el número de
muertes que ocasionó este enfrentamiento supera ampliamente las cifras de
pérdidas humanas sufridas en la guerra de la independencia y la guerra con Chile –
los mayores conflictos en que se ha visto comprometida la nación”4. De tal modo que
sería un fenómeno sin precedentes en nuestra historia Republicana debido al alto
2 Véase D.S N° 101-2001-PCM. 3CHÁVEZ ESPINOZA, J., Sendero de Violencia, Testimonios periodísticos, 1986-1989, Lima, Colegio
de Periodistas y CONCYTEC, 1990, p. 4. 4COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN, “Los periodos de la violencia” en Comisión de la
Verdad y de la Reconciliación. Informe Final, Tomo I, Sección Primera, Cap. 1, Lima, CVR, 2003, p. 53.
14
costo en vidas humanas, daños materiales y consecuencias que hasta el día de hoy
se ven reflejadas en la sociedad peruana.
Este conflicto se alimentó en un país cuya estructura social centralista permitió la
marginación étnica, política y económica en amplios sectores de la población. Por
una parte, ya desde la segunda mitad de los años cincuenta el Perú pasó por
profundas transformaciones que afectaron su sociedad como una acelerada
industrialización y la aparición de nuevos movimientos políticos de masas5. Por otra,
en 1968 se produjo el autogobierno de las Fuerzas Armadas del General Juan
Velasco Alvarado, el cual puso en marcha reformas estructurales, siendo la más
resaltante la Reforma Agraria de 19696.
El 29 de agosto de 1975 los comandantes de las legiones militares desautorizaron al
General Velasco Alvarado y lo obligaron a que renunciara a su gobierno, así fue
como asumió el poder el General Francisco Morales Bermúdez. El modelo
económico adoptado desde un principio por este nuevo gobierno consistió en una
drástica reducción del gasto fiscal, en la eliminación de los subsidios, en un reajuste
de precios del mercado interno, en la devaluación progresiva de la moneda y en una
apertura ilimitada hacia el capital privado nacional y extranjero. Estas medidas se
distanciaron del proyecto nacionalista implantado por el gobierno anterior y no
obtuvieron un consenso amplio entre la población peruana y especialmente entre la
población andina que para poder suplir la desatención de sus necesidades por parte
del Estado tuvo que buscar nuevas oportunidades hacia la capital7.
Al finalizar el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez el 28 de julio de
1980, el Perú intenta encaminarse hacia la democratización a través de los partidos
que entran de nuevo en la escena política y el nuevo gobierno de Acción Popular
que puso en vigencia y aplicó la Constitución Política de 1979, con el objetivo de
5 SANCHÉZ, JUAN. La reducción peruana: Ideología y práctica política de un gobierno militar 1968-
1975, Sevilla, Novograf S.A, 2002, pág. 55. 6HALL, Ingrid. “La reforma agraria, entre memoria y olvido (Andes Sur peruanos)”, Revista
Antropológica de la PUPC, N° 31,2013,00101-125 7DOMINGUEZ, Luis, “Nacionalismo y militarismo en el Perú, 1968-1980”; Revista Omnia,
N°16,setiembre, 1989,8.
15
restaurar la institucionalidad democrática. La expectativa nacional era que la
recuperada democracia condujera a la edificación de un país más inclusivo y
desarrollado. Quedaba la responsabilidad de ejecutar la transición democrática,
entonces, en manos del gobierno democrático y de un Parlamento, donde por
primera vez estaban representados todos los partidos políticos, incluidos los de la
izquierda marxista incorporados a la legalidad. El proyecto planteado en la
Constitución quedó, sin embargo, rápidamente interferido y neutralizado por el inicio
de la violencia que Sendero Luminoso desencadenó contra el Estado peruano y la
sociedad civil sin que el gobierno ni los partidos políticos atinaran en la elaboración
de una respuesta rápida y eficaz que cortara de raíz la subversión armada8. Fue así
como Sendero Luminoso llegaría a ser uno de los actores determinantes para el
estallido del conflicto armado interno, uno de los conflictos más cruentos de nuestra
historia.
Por lo que, en 1980, año de elecciones generales, irrumpió en la escena política
Sendero Luminoso como una de las pocas fuerzas izquierdistas que no tomaron
parte en ellas que optando por iniciar una “lucha armada” en las provincias norteñas
del departamento de Ayacucho. Así GURMENDI lo describe:
“El 17 de mayo de 1980, en la víspera de las elecciones presidenciales, Sendero Luminoso quemó las ánforas y las cédulas de votación en el pueblo ayacuchano de Chuschi. Un grupo armado de cinco encapuchados irrumpió en el local donde se guardaban las ánforas y padrones para las elecciones nacionales del día siguiente y quemaron once de ellas”9.
GORRITI añade que:
“Mientras los autores del hecho fueron capturados rápidamente, nuevo material electoral fue llevado a Chuschi, las elecciones se
llevaron a cabo sin mayores incidentes”10.
8COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN, Op. Cit, p. 53. 9GURMENDI DUNKELBERG, A. “Lucha contrasubversiva en el Perú ¿Conflicto armado o
delincuencia terrorista?”, Themis Revista de Derecho, N° 63, junio 2013, 117. 10 GORRITI ELLENBOGEN, G. Sendero. Historia de la Guerra milenaria en el Perú, 3a ed., Lima,
Editorial Planeta Perú S. A, 2012, p. 17.
16
Estos actos constituirían el inicio de la forma de violencia que utilizaría Sendero
Luminoso para alcanzar sus objetivos, basada en una “guerra popular” que se
convertiría en un conflicto sin precedentes en nuestro país11.
En los meses siguientes, mientras la prensa reportaba el robo de dinamita en algunas
minas del país, ataques con explosivo de baja intensidad comenzaron a registrarse
en numerosos lugares: en la tumba del general Juan Velasco Alvarado, en Lima, en
un desfile escolar en Ayacucho, en una asamblea campesina en esa misma ciudad.
Según DEGREGORI:
“la situación adquirió ribetes folclóricos, si bien siniestros cuando hacia fines de ese año, limeños madrugadores encontraron perros ahorcados colgados de algunos semáforos. Tanto el gobierno como el conjunto de fuerzas políticas, incluyendo a los partidos agrupados
en frente Izquierda Unida, restaron importancia a los hechos”12.
En palabras del mismo autor, basándose en el análisis de la CVR y conversaciones
con el propio Abimael Guzmán, que fue el líder del grupo terrorismo Sendero
Luminoso, DEGREGORI afirma que:
“si nadie le dio importancia a las primeras escaramuzas de la guerra, fue porque hasta 1980 Sendero Luminoso aparecía como una pequeña organización regional, que no había tenido presencia en los grandes movimientos sociales y paros nacionales que entre 1976 y 1979 conmocionaron el país y contribuyeron a que los militares se replegaran a sus cuarteles”13.
Después del atentado en contra de las ánforas electorales, las elecciones
continuaron, siendo el ganador el partido de Acción Popular representado por
Belaunde Terry de 1980. El 28 de julio de 1980 durante su juramentación se produce
un apagón parcial por el derribo de una torre en Huancavelica y un ataque con
explosivos al local Acción Popular en Pasco, actos que se atribuyen a Sendero
Luminoso. En general, los medios de comunicación no dieron mucha importancia a
11 Estos hechos también pueden extraerse del Expediente N°105-04 de fecha 05/02/2007.Sala Penal
Nacional 12 DEGREGORI, Carlos. “Hechos. Los años que vivimos en peligro sobre el conflicto armado interno
en el Perú: 1980-1999” en Que Difícil es ser Dios, Lima, IEP Instituto de Estudios Peruanos, 2011, p. 89.
13 Ibídem., p. 90.
17
estos acontecimientos y a las primeras acciones de propaganda armada senderista,
ante la trascendencia de los debates propios de la transferencia del poder a los
civiles14.
Así es como se consideró por iniciado el conflicto armado interno y cómo Sendero
Luminoso adquirió más fuerza y protagonismo, creciendo tanto en el territorio que
controlaba como en el número de militantes que formaban parte de la organización,
principalmente en la sierra central. Sendero tuvo algún apoyo por parte de los
campesinos que obtuvo de forma mayoritaria mediante la tortura y el asesinato de
figuras de gran desaprobación en el campo. Por ejemplo, frecuentemente mataban
ladrones de ganado, cuyo crimen era considerado especialmente injurioso en las
zonas más pobres del Perú. Asimismo, asesinaban a los capataces de las granjas
colectivas controladas por el estado y a comerciantes acomodados que eran
impopulares entre los campesinos pobres de las zonas rurales15. Estas acciones
generaron el apoyo de algunos campesinos a las acciones de Sendero Luminoso y
alguna simpatía por su lucha, principalmente en los departamentos de Ayacucho,
Apurímac y Huancavelica. Sin embargo, sólo una minoría de campesinos adoptó con
entusiasmo el pensamiento maoísta y la doctrina de Sendero16. Las masacres que
perpetrarían también contra los mismos campesinos son una muestra de su accionar
frente a sus opositores o personas que no compartían su ideología, actos de
violencia que irían incrementando con el paso del tiempo y que jamás tendrían
justificación.
El incrementar de los ataques terroristas demuestra también la poca eficiencia del
gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry, que no tomó medidas suficientes
para evitar el avance del conflicto armado. Citando a GUILLEROT:
14Cfr. COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. “En las Organizaciones Subversivas” en
Hatun Willakuy. Versión abreviada del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima, Universidad Católica del Perú, 2008, p. 315.
15Cfr. ISBELL, B. J. "Shining Path and Peasant Responses in Rural Ayacucho" en SCOTT D. P. (ed.), Shining Path of Peru, 3a ed., New York , St. Martin's Press, 1994, p. 79.
16 DEGREGORI, C. I. “Harvesting Storms: Peasant Rondas and the Defeat of Sendero Luminoso in Ayachucho”, en STERN Steve (ed.), Shining and Other Paths: War and Society in Peru, 1980–1995, Durham and London, Duke University Press, 1998, p. 142.
18
“El estado no tuvo la capacidad para contener el avance de la subversión que se expandió en unos años a todo el país. En 1982, el gobierno democrático aceptó la militarización del conflicto y abandonando sus fueros y prerrogativas, dejó la conclusión de la lucha contrasubversiva en manos de las fuerzas armadas. Estas implementaron una primera estrategia de represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa de pertenecer a Sendero Luminoso, de forma que, en ciertos lugares y momentos del conflicto, la violación de Derechos Humanos se convirtió en práctica generalizada y/o sistemática. En un segundo periodo, la estrategia se hizo más selectiva, aunque no cesaron las numerosas violaciones de Derechos Humanos”17.
Los ataques seguirían y así el 2 de marzo de 1982 se produciría una de las acciones
armadas más conocidas realizadas por Sendero Luminoso desde el inicio de sus
atentados. Ese día más de un centenar de militantes senderistas atacaron la cárcel
de Huamanga, la capital ayacuchana, liberando a 247 presos y asesinando a dos
policías. Este ataque produjo una violenta respuesta por parte de la policía que
supuso los primeros casos de desapariciones forzadas. En efecto un día después de
producirse el asalto senderista un grupo de guardias republicanos secuestró de un
hospital ayacuchano a cuatro estudiantes sospechosos de militar en Sendero
Luminoso. Salvo uno que resultó gravemente herido, los otros tres fueron torturados
y asesinados18. Aquí se puede evidenciar que no solo Sendero Luminoso arremetió
contra muchos peruanos, sino que los agentes del Estado al tratar de contrarrestar
el terrorismo también cometerían graves violaciones a los derechos humanos,
convirtiéndose en otro de los actores de este conflicto.
Según PERALTA RUIZ19, otros de los hechos sangrientos se dieron luego de que
los militares visitaran a algunas comunidades, dando la orden de eliminar a todo
aquel individuo que amenazaran con la seguridad interna, así se les asignaría
legitimidad a las comunidades de utilizar la violencia en caso de ser atacados por
mandos de Sendero Luminoso. Mientras tanto, los diarios dieron cuenta de masacres
17 GUILLEROT, J. Para no olvidarlas más, mujeres y reparaciones en el Perú, Lima, APRODEH, 2007,
p. 30. 18PERALTA RUIZ, V. “Sendero Luminoso como espectáculo mediático” en Sendero Luminoso y la
prensa 1980-1994, Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de Las Casas”, Lima, 2000, p. 50 -51. También se puede encontrar en STERN STEVE. Los senderos insólitos del Perú. Guerra y Sociedad, 1980-195 Lima, IEP Instituto de Estudios Políticos, 1997. Lima, pp166 y ss.
19 PERALTA RUIZ, V. Op.Cit., p.52.
19
de senderistas ocurridas en las comunidades indígenas ayacuchanas de San José
de Secce, Huaychao y Uchuraccay20. Aquella orden dada a los integrantes de las
Comunidades fue exteriorizada con la muerte de ocho periodistas destacados como
corresponsales por tres diarios limeños de Ayacucho el 26 de enero del mismo año
en circunstancias aún todavía hoy sin esclarecerse.
El mismo autor nos informa de otro suceso escalofriante llevado a cabo la mañana
del 3 de abril del mismo en Lucanamarca, provincia de Huancasancos, donde un
grupo de guerrilleros senderistas asesinó a hachazos y machetazos a 69
campesinos, entre los que se encontraban un bebé de seis meses y 20 menores de
edad, acusados de colaborar con el gobierno.
Este grado de violencia podría hacer creer que los ataques de Sendero Luminoso
sólo se perpetuaron en algunos departamentos de la sierra, pero este grupo
subversivo trasladó su violencia también a las grandes ciudades del país, entre ellas
la capital de Lima, donde acabó con la vida de un significativo número de civiles.
Entre estos atentados algunos:
“Destrozaron un elevado número de torres de alta tensión, con lo
que ocasionaban frecuentes apagones en todo el país y la capital e incendiaron la planta de Bayer, considerada símbolo del imperialismo Yanque. También detonaron una bomba en la sede de Acción Popular, partido político del presidente Fernando Belaunde Terry y crearon lo que dieron a llamar Ejército Guerrillero Popular, incrementando el número de ataques a puestos policiales y emboscadas a patrullas militares, sin disminuir la frecuencia de los asesinatos selectivos y demás atentados terroristas a los que tenían acostumbrados lamentablemente a los medios de prensa y a la
población”21.
De esta forma Sendero Luminoso logró una relativa expansión del campo a la ciudad
de Lima, siendo sus ataques más estratégicos y de mayor impacto nacional.
Asimismo, este grupo terrorista logró que sus ataques tuvieran trascendencia
internacional y así en junio de 1985 durante el gobierno de Alan García, los terroristas
20 PEREYRA CHÁVEZ, Nelson Ernesto. “Bases Documentales para el estudio de la Población
Campesina de Ayacucho en el siglo XIX”, Tesis para optar el grado de Magister en Historia, Mención Estudios Andinos, Lima, P.U.C.P, 2011, p.14.
21 GURMENDI DUNKELBERG, Alonso.” Lucha contrasubversiva en el Perú ¿El conflicto armado o delincuencia terrorista?”, Revista de derecho Themis, N° 63, 2013, 122.
20
detonaron un auto bomba frente a los palacios de gobierno y de justicia, durante el
mismo día que el presidente Belaúnde Terry recibía en Lima al presidente argentino
Raúl Alfonsín. Tras este feroz atentado, el grupo aparecería mencionado por vez
primera en los titulares de la prensa internacional. Sin embargo, Sendero Luminoso
no solo fue conocido internacionalmente por el suceso anterior, sino también por el
ataque contra personas de otras nacionalidades, tales como:
“Los asesinatos de Constantín Gregory, funcionario de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID) y el de dos trabajadores sociales franceses en 1988. Finalmente, el cruento asesinato de dos sacerdotes polacos y uno italiano, en el
departamento de Ancash en Agosto de 1991”22.
A comienzos de los años 1990, durante la crisis política y económica que vivía el
Perú, la población participó a las elecciones. De estas elecciones se elegiría
presidente al ingeniero hoy preso Alberto Fujimori. En ese mismo año se da la fuga
de 47 internos del penal Castro Castro pertenecientes al Movimiento Revolucionario
Tupac Amaru (MRTA)23, que fue otro grupo terrorista implicado en el conflicto, que
se definía como una organización marxista-leninista que proclamaba la necesidad
de hacer la revolución combinando todas las formas de lucha.
El Expresidente Fujimori, su jefe de seguridad Vladimiro Montesinos y la jefatura de
las Fuerzas Armadas llevarían un planeamiento contrainsurgente sin precedentes,
llegando a disolver el congreso y encargando a las Fuerzas Armadas el control de
las principales ciudades del país. De la ola de acciones desplegadas en Lima entre
enero y junio de 1992, la muerte de María Elena Moyano24, una apreciada dirigente
del movimiento de mujeres que se había atrevido a enfrentar a Sendero Luminoso
en la comunidad urbana de Villa El Salvador y un coche bomba detonado en la calle
Tarata en Miraflores -que dejó 22 muertos, más de cien heridos y cerca de doscientas
22 GURMENDI DUNKELBERG, Alonso, Op. Cit., p 127. 23 STC del 25 de noviembre de 2006 [Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Corte
Interamericana de derechos Humanos], p. 40. 24Cfr. COLECCIÓN DE CUADERNOS PARA LA MEMORIA HISTOTICA. Las organizaciones sociales
durante el proceso de violencia, Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), 2009.
21
viviendas inutilizadas- suscitaron particular repudio contra el “terror senderista“ en la
capital de la República, donde hasta entonces se había visto la confrontación entre
Sendero Luminoso y el Estado como un asunto relativamente distante.
Algunos meses después, el 12 de setiembre de 1992 se produjo la detención de
Abimael Guzmán Reinoso, cabecilla de Sendero Luminoso que fue resultado de un
dedicado trabajo policial y de la experiencia e información acumulada en la materia.
Posteriormente en 1993, Abimael Guzmán, a través de un video, admitía por primera
vez el éxito del gobierno peruano en derrotar la organización que él había fundado,
refiriéndose al área de inteligencia con un elogio especial25. Admitió que Sendero
Luminoso había sufrido una serie de fuerte bajas en los meses precedentes: los
tratados de paz, dijo, eran ahora una necesidad histórica para el pueblo peruano.
Reducido, pero no desmantelado, a principios de 1994 los expertos antisubversivos
calculaban que el movimiento había sido diezmado y que su fuerza de combate se
había reducido a una cuarta parte de la que tenía durante su mejor época, durante
la cual contaba con alrededor de 5000 efectivos. Según decían estaban divididos en
tres grupos: el primero, aquellos que apoyaban la iniciativa de Guzmán; el segundo,
200 a 300 militantes en el Valle del Huallaga, quiénes se habían convertido en la
principal fuente de fondos de Sendero a través de los cobros a los carteles de la
droga por el uso de pistas de aterrizaje locales; y el tercero, el grupo de militantes de
la línea dura que se encontraba principalmente fuera del valle del Huallaga, sobre
todo en las inhóspitas alturas, en los límites de los departamentos de Ayacucho y
Apurímac.26 Se creía que el último grupo estaba liderado por Feliciano, Oscar
Ramírez Durand27. Cuando en noviembre de 1999 fue detenido Óscar Ramírez
Durand, Abimael Guzmán decidió que ya el “Acuerdo de Paz” era inviable y levantó
la nueva línea, vigente a partir del 2000: “Por una solución política a los problemas
25 Cfr. DEGREGORI, Carlos. La década de la antipolítico: auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro
Montesinos. Lima, IEP, 2000. pp. 56-57. 26 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Informe Final., Op. Cit., p. 121. 27 Véase en la STC de 13 de octubre de 2006.Expeidente acumulativo N° 560-03 [Caso Abimael
Guzmán Reinoso y otros] y También puede verse en la STC de 26 de noviembre del 2207 .Corte Superior de Justicia, Segunda Sala Penal Transitoria R:N n°5385-2006 [Caso Abimael Guzmán y otros].
22
derivados de la guerra”. Esta posición reconoce que no existen razones para pedirle
al gobierno que firme un acuerdo y plantea una propuesta abierta a diversas
alternativas que pueda asumir tal salida, afirmando que ellas pueden inclusive
prescindir de él.
Además de la captura de Abimael Guzmán, otro acontecimiento de trascendencia
que se dio durante el mes de diciembre de 199628 fue la toma de rehenes de la
embajada japonesa llevada a cabo por el MRTA, con el fin de liberar a sus presos,
siendo esta acción contrarrestada por las Fuerzas Armadas, durante la operación
conocida como Chavín de Huántar29.
Posteriormente Alberto Fujimori intenta formar un tercer gobierno, el cual no sería
aceptado por la sociedad, obligándolo a convocar nuevas elecciones, y dos meses
más tarde renunciaría a la presidencia por fax desde Japón. El 4 de julio de 200030,
el gobierno transitorio de Valentín Paniagua crearía la Comisión de la Verdad con el
fin de esclarecer los hechos de violencia entre 1980 y el 2000. El 4 de noviembre del
2001, el nuevo presidente Alejandro Toledo ampliaría el nombre a Comisión de la
Verdad y la Reconciliación.
La derrota de Sendero Luminoso significó el fin de más de veinte años de violencia,
muerte, masacres y terribles delitos que han quedado como parte de la historia del
país y en la memoria de la población. Es indispensable que todos los peruanos
tomemos conciencia de las condiciones que hicieron posible este conflicto para evitar
que algún día vuelva a suceder. La reconciliación nacional exige la reconstrucción
de los hechos, el reconocimiento de los responsables de la violencia y las
28Cfr .BOWEN, Sally. “Arrasando con lo que queda” en El expediente Fujimori. Perú su presidente
1990-2000. Lima, Per Monitor, 2000, p.175 y ss. 29 Caso Cruz Sánchez VS Perú. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Stc. 17 de abril de
2015. 30Cfr. Instituto de Democracia y Derechos Humanos – IDEHPUCP. Proyecto justicia y Derechos
Humanos en el Perú: asesoría, capacitación y seguimiento para una eficaz judicialización de las violaciones de derechos fundamentales: Caso Chavín De Huantar 2009 [ubicado el 25 de IV 2015]. Obtenido en http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/boletin_ddhh/CASOS/cronica_judicial_chavin_de_huantar_juli_2009.pdf.
23
reparaciones de las víctimas. Esto no solo incumbe a las organizaciones propias del
Estado, sino que es una responsabilidad compartida por todos los peruanos.
Una vez trazado el periodo histórico en el que empezó, se desarrolló y culminó el
mencionado conflicto, a continuación, trataremos de esbozar los rasgos ideológicos
más importantes bajo los cuales el grupo terrorista Sendero Luminoso justificó su
violencia terrorista. Es importante especificar que del viejo tronco del Partido
Comunista surgieron Bandera Roja y Patria Roja, además de Sendero Luminoso;
otros grupos maoístas fueron Vanguardia Revolucionaria y el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria. Posteriormente cuando se da la ruptura al interior del
Partido Comunista entre pro soviético y prochinos, el Comité Regional de Ayacucho
se adhirió al segundo grupo. Abimael Guzmán asumió la dirección del Comité del
PCP-Bandera Roja en Ayacucho, desde el Frente Estudiantil Revolucionario logró el
predominio del maoísmo entre los estudiantes y amplió su influencia con la creación
de la federación de barrios de Ayacucho31.
En realidad, mucho del exotismo atribuido a Sendero Luminoso, años después, por
sus citas y loas a Mao Tse Tung, los giros chinescos de sus expresiones y
representaciones y hasta por la vestimenta ceremonial de sus líderes fue común a
otras organizaciones antes de 1980. Sendero no tuvo la exclusividad ni la originalidad
en exaltar el ejemplo chino, pero lo hizo más notorio porque atrajo la atención cuando
los demás ya habían abandonado dicha opción. Aun así, sería erróneo postular la
existencia de un sólo maoísmo. En verdad, al igual que con el marxismo, hubo
distintas maneras de entender y poner en práctica las ideas de Mao Tse Tung y la
experiencia china. Existieron diversos "marxismos" y "maoísmos" según
correspondieran a Lima o al resto del país, a intelectuales o a campesinos, etc. Así,
el maoísmo de la nueva izquierda (VR o el MIR) era más heterodoxo y cosmopolita
mientras que el de las agrupaciones vinculadas al tronco del Partido Comunista como
Bandera Roja, Patria Roja o Sendero Luminoso era más ortodoxo y esquemático32.
31 Cfr. ESCÁRZAGA, F. “Auge y caída de Sendero Luminoso”, Bajo el Volcán. Revista del Postgrado
en Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Vol. 2, núm. 3, 2001, 86. 32 Cfr. STERN S. J., Los senderos insólitos del Perú,Guerra y Sociedad ,1980. Op.Cit, pp. 77-78.
24
La línea ideológica de Sendero Luminoso en un principio fue la del marxismo-
leninismo debido a que perseguían la construcción de una vanguardia organizada
que impusiera por la vía de las armas la dictadura del proletariado. De Stalin, pues
heredó la simplificación del marxismo como materialismo dialéctico y materialismo
histórico y, además la tesis del partido único y el culto a la personalidad. De Mao Tse
Tung recogió la forma que la conquista del poder habría de adoptar en los países
denominados semifeudalistas: una guerra popular prolongada del campo a la ciudad.
Pero sobre todo de Mao Sendero Luminoso tomó la noción de que la guerra popular
es inevitable para llegar al socialismo y la idea de las revoluciones culturales como
un paso necesario después del triunfo de la revolución.
Sendero Luminoso glorificó el odio de clase y la violencia como medios legítimos
justos y necesarios para el cambio revolucionario y para la construcción del
comunismo, de esa sociedad justa, igualitaria y progresista que tendría que advenir
por su propia necesidad histórica. Y el llamado a la lucha armada encontró un gran
eco entre estudiantes y campesinos, entre personas que descubrieron que habían
vivido excluidas y postergadas por una sociedad en la que eran víctimas constantes
de abusos y discriminaciones33.
1.2. Una aproximación a otros actores armados del conflicto.
A la luz del contexto histórico-ideológico planteado en el epígrafe anterior podemos
deducir que los actores del conflicto fueron numerosos. Si bien hasta ahora nos
concentramos en Sendero Luminoso, a partir de ahora nos dedicaremos a una
presentación general también de los otros actores implicados en dicho conflicto. Otra
de las organizaciones terroristas que marcaron la historia del Perú entre 1980 y 2000
fue el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que surgió en la década de
los ochenta. Según PORTOCARRERO:
33 Cfr. PORTOCARRERO, G., “La conciencia y la vida: El Caso Abimael Guzmán” en Profetas del
odio .Raíces Culturales y Líderes de Sendero Luminoso, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012, p. 51.
25
“A partir de sus múltiples divisiones, se distancian en 1980 de aquellos partidos que deciden participar en las elecciones de dicho año. Militantes provenientes del MIR- El militante, PSR-Marxista Leninista y otro grupos pequeños de la UDP que se disolvieron oficialmente al crearse el Partido Unificado Mariateguista (PUM), en
octubre de 1983, son los que convergen para formar el MRTA”34.
El pensamiento de esta organización terrorista según CHAVEZ ESPINOZA se basa
en que:
“la guerra que hoy iniciamos por la independencia, la justicia por la vida, por el futuro de nuestros hijos, no terminará hasta que el pueblo en armas derrote definitivamente al imperialismo yanqui, a sus aliados y sus fuerzas represivas, conquistando nuestra liberación nacional y la construcción de una nueva sociedad, la sociedad socialista”35.
El MRTA planteaba sus acciones dentro de un esquema muy similar al de la guerrilla
centroamericana contemporánea de esos años y su ideología era marxista leninista,
pues su objetivo era la toma del poder a través de la violencia armada36. El 22 de
enero de 1984 se produjo el primer atentado del MRTA, cuando atacó a un puesto
policial del distrito de Villa el Salvador. Liderados por Víctor Polay Campos, los
emerretistas (término utilizado para nombrar a los miembros de esta organización
terrorista) consideraban que con sus acciones políticas y militares abrirían un nuevo
espacio dentro del campo popular y en la escena nacional.
Otro de los sucesos atribuibles a este grupo subversivo es la toma por asalto de la
residencia del embajador japonés durante la recepción ofrecida por el aniversario del
emperador Akihito en la mitad del segundo gobierno de Alberto Fujimori, el 17 de
diciembre de 1996. Citando a JARA37, podemos decir que la estrategia del gobierno
de ese entonces de Alberto Fujimori fue de no negociar con el MRTA, poniendo en
34PORTOCARRERO GRADOS. EL Perú contemporáneo en Historia del Perú, España, Lexus
Editores, 2007, pp. 146-147. 35CHÁVEZ ESPINOZA, J., Sendero de Violencia, Testimonios periodísticos, 1986-1989, Op Cit., p.28. 36Coord. TANAKA, M. Antología del pensamiento crítico peruano contemporáneo, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, CLACSO, 2016, p.34. 37Cfr. JARA, Humberto. Secretos del Tunel.126 Días de cautiverio en la Residencia del Embajador
del 17 de diciembre de 1996, Japón, Lima, Norma, 2007, pp. 39-40.
26
marcha la Operación Chavín de Huántar38, que tuvo como resultado la liberación de
los rehenes y la muerte de todos los emerretistas, marcando el inicio del fin de este
grupo subversivo. Según la CVR, el MRTA organizando asesinatos colectivos y
practicando secuestros y llevando a cabo otros delitos fue responsable del 1.8% de
las víctimas cometidas en el país durante los 20 años de conflicto. A pesar de que a
este grupo subversivo se le atribuyen menos atentados, no se le puede pasar de
vista, debido a que forma parte de los actores de este conflicto.
38 El 17 de diciembre de 1996 en la residencia del Emperador japonés Akihito mientras se
conmemoraba el aniversario por su onomástico acudieron aproximadamente seiscientas personas. Durante esta celebración un grupo de 14 emerretistas ingresaron a la residencia del Emperador portando diversos armamentos y tomaron de rehenes a los asistentes de dicha reunión. Ese mismo día el entonces presidente Alberto Fujimori Fujimori a través de D.S N° 063-96-DE-CCFFAA declaró el estado de emergencia en el Distrito de San Isidro y se formó una “Comisión de Garantes conformada por el entonces Ministro de Educación Domingo Palermo y representantes extranjeros. Dicha comisión se formó para buscar dialogar con los emerretistas y así buscar una solución, siendo liberados la mayoría de rehenes, quedando solo 72 personas en la residencia. En busca de una pronta solución el gobierno propuso asilo en Cuba para los emerretistas, la misma que no fue aceptada por el líder al mando Néstor Fortunato Cerpa Cartolini. Mientras se daban las negociaciones, el gobierno ordenó un plan de rescate de los rehenes que fue integrado por las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional, el cual era presidido por Vladimiro Montesinos Torres, así como otros altos mandos militares; el denominado Plan de Operaciones Nipon 96 tenía como objetivo específico “capturar o eliminar a los terroristas del MRTA y rescatar a los rehenes, a fin de establecer el estado de derecho y contribuir a la consolidación de la pacificación nacional”, Empezando dicha operación militar el día 22 de abril de 1997, que llegó a recordarse como la Operación Chavin de Huantar, se logró la liberación de los rehenes, reportando la muerte de 14 emerretistas durante el enfrentamiento con los efectivos militares. Sin embargo, dicha versión oficial sería puesta en duda por las declaraciones posteriores del ex rehén Hidetaka Ogura. Por tales hechos se inició un proceso judicial en contra Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Vladimiro Montesinos Torres y Roberto Edmundo Huamán Ascurra como autores mediatos del delito de homicidio calificado en agravio de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza; y contra Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Roberto Edmundo Huamán Ascurra y Jesús Salvador Zamudio Aliaga como autores mediatos del delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez. Posteriormente la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora, el 15 de octubre del 2012 absolvió a Montesinos, Hermoza Ríos y Huamán Azcurra del delito de homicidio calificado contra tres emerretistas en la operación de rescate Chavín de Huántar, realizada en abril de 1997. Sin embargo, el tribunal llegó a la conclusión de que el terrorista Eduardo Cruz Sánchez 'Tito' fue ejecutado. Murió de un solo balazo en la cabeza luego de que fuera detenido por dos policías y entregado a un comando tras el rescate de los rehenes; por lo que el caso llego a hasta instancias Supranacionales como la CIDH, la misma que ordenó al Estado Peruano continuar con investigaciones para esclarecer la muerte del terrorista Edmundo Cruz Sánchez, alias “Tito”, uno de los que tomó rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima. Actualmente la Corte Suprema ha decidido anular la absolución del ex oficial del Ejército Jesús Zamudio Aliaga por la ejecución extrajudicial del emerretista Eduardo Cruz Sánchez “Tito”, tras el operativo de rescate de los rehenes en la residencia del embajador japonés, esperándose un nuevo juicio para el procesado. Cfr. INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS – IDEHPUCP. Proyecto justicia y Derechos Humanos en el Perú: asesoría, capacitación y seguimiento para una eficaz judicialización de las violaciones de derechos fundamentales: Caso Chavín de Huantar, Op. Cit., pp. 3-5.
27
Como mencionamos en el primer epígrafe, también diferentes actores institucionales
estuvieron implicados en el conflicto, provocando numerosas violaciones de los
derechos humanos y un número conspicuo de víctimas. Tal como nos indica
GUILLEROT J.39 citando a la CVR, en 1982, el gobierno democrático aceptó la
militarización del conflicto dejando la dirección de la lucha contrasubversiva en
manos de las Fuerzas Armadas. Éstas implementaron una primera estrategia de
represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa de pertenecer
a Sendero Luminoso, de forma que, en ciento de lugares y momentos del conflicto,
las violaciones de derechos humanos se convirtieron en práctica generalizada y/o
sistemática40. En un segundo periodo, la estrategia se hizo más selectiva, aunque
no cesaron las numerosas violaciones de los Derechos Humanos. Según la CVR,
mientras la mitad de las víctimas fatales han sido atribuidas al accionar del PCP-
Sendero Luminoso, aproximadamente un tercio serían responsabilidad del conjunto
de las fuerzas del orden del Estado; el porcentaje faltante corresponde a las víctimas
causadas por el resto de los actores o por actores no identificados41.
Las Fuerzas Armadas que ingresaron a combatir directamente al senderismo en
1983 eran en lo fundamental las mismas que en 1965 habían derrotado la
insurgencia armada del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Ejército de
Liberación Nacional (ELN). Según TAPIA:
“Eran también las mismas que gobernaron el país desde 1968 hasta 1980 y las que durante la presidencia del general Velasco (1968-1975) habían llevado a cabo las transformaciones estructurales más
radicales en América del Sur”42.
Aunque desde 1982 los informes de inteligencia militar daban cuenta de la
preocupante expansión del senderismo en las zonas rurales de Ayacucho y de las
dificultades que tenían las Fuerzas Policiales para controlarlo, las Fuerzas Armadas
39 Cfr. GUILLEROT Julie; y MAGARRELL Lisa. Reparaciones en la transición peruana. memorias de
un proceso inacabado, Lima, Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, 2006, p. 19. 40 TAPIA C., Op. cit., p.52. 41 GUILLEROT J., Para no olvidarlas más, mujeres y reparaciones en el Perú, Lima, Asociación Pro
Derechos Humanos – APRODEH, 2007, p.30. 42 TAPIA, C. “La estrategia contrasubversiva” en Las fuerzas armadas y Sendero Luminoso, Lima,
IEP Instituto de Estudios Políticos, 1997, p. 17-18.
28
al principio mostraron reticencias en ser involucradas directamente en el conflicto
interno. Según TAPIA C. cuando el peligro se hizo inminente, el dispositivo de
intervención se basó en una estrategia equivocada y mostró una grave
subestimación y desconocimiento del adversario43.
Según este mismo autor, en los dos primeros años de intervención militar (1983-
1984), las Fuerzas Armadas cometieron errores estratégicos y el periodo de 1985-
1987 se caracterizó por la falta de iniciativa en la lucha contrasubversiva. Recién
entre fines de 1988 y comienzos de 1989 las Fuerzas Armadas, particularmente el
Ejército, lograron articular una estrategia global de lucha contra la subversión. Su
aplicación con el aval total otorgado por el gobierno de Fujimori fue uno de los
elementos centrales que permitió en cinco años conseguir la derrota estratégica del
senderismo.
Se puede describir en palabras de CASTRO CONTRERAS44 que las respuestas
dadas por los gobiernos Belaunde (1980-1985) y García (1985-1989) no se
encontraban a la altura de las circunstancias, puesto que comprometían a todos los
sectores de actividad responsables de la defensa nacional ni existía consenso
respecto a la tipificación del delito de terrorismo y las apreciaciones oscilaban entre
reconocerlos como delincuentes comunes hasta llamarlos anarquista. Este es el
caso de la Ley 15590 del 20 de agosto de 1975, en la cual la alteración del orden
constitucional, político y democrático de la República estaba tipificada como acto de
traición a la Patria, pero no como delito de terrorismo, pues a sus inicios los gobiernos
peruanos no les dieron la debida importancia a los sucesos que anunciaban el
conflicto.
Sin embargo, TAPIA sostiene que a partir de las evaluaciones y análisis realizados
por el Estado Mayor General del Ejército y con los informes recogidos de las
reuniones periódicas de los comandantes de las Regiones Militares y grandes
Unidades de Combate, se recomendó a la Dirección de Instrucción del Ejército la
43Ibídem, p.19. 44Cfr. CASTRO CONTRERAS, J. “Los gobiernos y la subversión en el Perú” en Sociología para
analizar la sociedad, 9aed. Lima, Editorial San Marcos, 2003, p. 204.
29
elaboración de un Manual que resumiera las experiencias de los años de lucha
contra la subversión en el país45. Por primera vez en 1989 se estudiaron
adecuadamente a las organizaciones contra las que se combatía, se analizaron sus
estrategias y se describió con precisión su modo táctico de operar, señalando sus
deficiencias y flancos débiles.
En la década de los noventa la subversión de Sendero Luminoso y el MRTA
campeaba de manera impune por todo el territorio nacional. Tras la entrada al poder
de Alberto Fujimori después del autogolpe del 5 de abril de 1992, el Gobierno de
Emergencia y Reconstrucción Nacional entonces instaurado decidió avalar la
intervención de las Fuerzas Armadas en los penales y en algunas universidades
como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de
Ingeniería y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Como
narra TAPIA, el 6 de mayo de 1992 se inició la intervención de las Fuerzas del Orden
y después de 72 horas los presuntos terroristas que se encontraban en las diferentes
universidades se rindieron y fueron trasladados a diferentes penales del país.
Según refiere el mismo autor46, en las universidades la intervención fue pacífica y los
efectivos militares se dedicaron a la limpieza de las instalaciones y pintado de
paredes. Sin embargo, en los mismos meses de 1991 también se produjeron
violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas como por
ejemplo la masacre de Barrios Altos que se dio el 3 de noviembre de 1991, donde
se asesinaron 16 personas, incluyendo mujeres y niños. Asimismo, se realizaron los
atentados con sobres bombas contra el abogado defensor de los derechos humanos
Augusto Zuñiga Paz47, que fue atribuido al Estado peruano48. En el mismo año
aparecieron los grupos paramilitares de la Alianza Antiterrorista del Perú (AAP) y el
Grupo Antiterrorista Operativo (GATO) en el departamento de Junín, y el Comando
de Liberación Antiterrorista en Ayacucho, los que fueron desactivados
45 TAPIA C., Op.cit., p.45. 46 TAPIA C., Op. cit., p.52. 47 Véase en la STC de 03 de noviembre de 1995 [Caso castillo Páez Vs. Perú. Corte Interamericana
de Derechos Humanos.] 48 Véase en Augusto Paz v. Perú, Caso 11.149, Informe No. 70/03, Inter-Am. C.H.R.,
OEA/Ser./L/V/II.118 Doc. 70 rev. 2 en 662 (2003). Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
30
paulatinamente, hasta desaparecer en 1992, año de la captura de Abimael Guzmán.
Pero antes, en julio de 1992, un denominado grupo Colina49, conformado por efectivo
del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), asesinó a nueve estudiantes y un
profesor de la Universidad Nacional de Educación “La Cantuta”50.
Para introducir otro actor del conflicto, los Comités de Autodefensa, es importante
subrayar que desde que tomaron el control de la región de Ayacucho en 1983, las
Fuerzas Armadas trataron de agrupar a los campesinos en núcleos poblados cerca
a los cuarteles y organizarlos en Comités de Defensa Civil, semejantes a las patrullas
civiles de las aldeas51.
Dichos Comités llamados también comités de autodefensa o, de manera más
genérica, rondas campesinas surgieron espontáneamente por campesinos que
defendían sus comunidades ante la invasión de Sendero Luminoso. Tales rondas
estaban pobremente armadas con lanzas, cuchillos, piedras, hondas, etc., y se
lanzaban al combate cuerpo a cuerpo. El Ejército los inducía a combatir,
enfrentándose no solo a Sendero sino también a los campesinos que apoyaban a
este grupo terrorista.
Según la CVR, los comités de autodefensa empezaron a proliferar rápidamente y,
como era de esperar, se convirtieron en el blanco principal de los senderistas. Los
integrantes de estas organizaciones fueron vistos por los senderistas como
prioritarios enemigos que había que “aniquilar”, de manera indiscriminada,
asumiendo que era un “acto justo” el asesinato de todo aquél que alteraba de alguna
manera los planes políticos de Sendero52.
49 Véase en el Expediente N°.28-2001de la Primera Sala Penal Especial. Corte Superior de Justicia
de Lima y también en la STC del 09 de diciembre del 2004. [EXP. N.º 2798-04-HC/TC GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE].
50 Véase en la STC de 29 de noviembre de 2006 [Caso La Cantuta Vs. Perú. Corte Interamericana de Derechos Humanos]. También véase en STC de abril de 2009 .Corte Suprema de Justicia. [Exp. A.V.19-2001]
51 Cfr. DEGREGORI, C. “Las rondas campesinas. La derrota de Sendero Luminoso” en Violencia políticas y respuestas campesinas en Huanta. Lima, IEP Ediciones, 1996, p. 25.
52 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Informe Final. Op. Cit., p. 134.
31
Para apropiarse de la autoridad local, la estrategia terrorista empezó a aprovechar
de la escasa presencia del Estado en los pueblos andinos y la débil conexión de los
servicios estatales, en especial de la policía, con la sociedad. “Los campesinos de la
sierra central no estaban acostumbrados a hacer valer sus derechos individuales
mediante el sistema legal, ni mucho menos mediante el recurso a la policía”53. Los
ataques del PCP-SL a la policía no provocaron, pues, rechazo masivo por parte de
los pobladores de las zonas de emergencia. El Estado respondió cambiando a los
policías preventivos y de vigilancia por patrullas policiales contrasubversivas,
entrenadas para contrarrestar al enemigo y a sus colaboradores y no para proteger
a la población y sus derechos. A poco de iniciada la ofensiva del PCP-SL en los años
‘80, el rostro de la policía cambió rápidamente en la zona de emergencia y se limitó
a la represión, la persecución, la captura y el interrogatorio. Asimismo,
posteriormente la policía fue sometida a régimen disciplinario militar y fue reducida a
la función de fuerza auxiliar.
De acuerdo con los testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, las Fuerzas de Policía son responsables del 6.6% de las víctimas
mortales ocurridas durante el conflicto y se ubican así en el tercer lugar, luego del
PCP-SL (54%) y las FFAA (36%). Lamentablemente, sin embargo, las fuerzas
policiales, por su parte también fueron golpeadas duramente por parte de los grupos
terroristas, resultando muertos el 25%. A las Fuerzas de Policía se le atribuye la
comisión regular o sistemática de cierto tipo de violaciones como la práctica de las
detenciones indebidas e indiscriminadas, los malos tratos y tortura de detenidos con
un total de 1741 casos reportados ante la CVR54.
Si bien no es posible precisar el número o porcentaje exacto de detenciones
arbitrarias, la CVR tiene registradas un total de 2879 detenciones efectuadas por
miembros de las Fuerzas Policiales. De los 2040 detenidos, 982 (48.1%) fueron
torturados y 396 (19.4%) desaparecieron.55
53Cfr. TAPIA, C., óp. cit., p.45. 54 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Informe Final. Op. Cit., p. 156 55 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Informe Final. Op., Cit pp. 162 y ss.
32
1.3. Las secuelas de la violencia: una estimación de las víctimas y sus
características.
De los hechos descritos por la CVR en su Informe Final se puede deducir que el
conflicto se inició en nuestro país debido a la decisión del Partido Comunista del Perú
Sendero Luminoso de conquistar el poder mediante la lucha armada a través de la
fuerza y la violencia. El terrorismo y la confrontación de este por parte de las fuerzas
policiales y armadas trajeron diferentes tipos de consecuencias traumáticas. Además
de que millares de personas perdieron la vida y fueron heridas, también se registran
un alto número de torturas, desapariciones forzadas, diversas violaciones a los
derechos humanos. Tales actos delictivos generaron secuelas psicosociales,
sociopolíticas y socioeconómicas en la sociedad civil peruana, las cuales
permanecen hasta el día de hoy.
Es necesario empezar a detallar quién se podría considerar como una víctima y para
eso nos remitiremos a la definición de SERRANÒ56, que considera:
“La víctima es quién, siendo inocente es asesinada o herida, acosada, extorsionada, amenazada, agredida en nombre de un proyecto político (y/o religioso) extremista, radical y totalitario que se quiere implantar por medio de la violencia [...] quien asesina no es víctima, sino responsables de un crimen, de una grave violación de
los derechos humanos”57.
De esa definición consideramos que en el Perú las víctimas del conflicto serían todas
aquellas personas que padecieron terrorismo y violaciones de sus Derechos
Humanos, cuya dignidad se vio severamente violada, que según la CVR se
contabilizan aproximadamente en 69,280 personas.
56 SERRANÒ, A. “Aprendiendo con las víctimas del terrorismo: lecciones desde la experiencia
española” en Cuesta Cristina (Dir. y Coord.), Aprendiendo con las víctimas del terrorismo. Propuesta didáctica para la ciudadanía activa por la Memoria y la Justicia, Fundación Miguel Ángel Blanco, Madrid, 2015, p. 22.
57 REYES MATE M., Justicia de las víctimas, terrorismo, memoria, reconciliación, Anthropos, Barcelona, 2008, pp.67-87.
33
Las características más comunes que se presentan en las victimas del terrorismo y
de las violaciones de los derechos humanos causadas por el conflicto vivido en el
Perú desde 1980 a 2000 son el desarrollo de síntomas de estrés negativo, de
trastorno de estrés postraumático (TEPT)58; tanto en las personas afectadas
directamente por la violencia como también en aquellas que han estado próximas a
eventos de esta naturaleza59: los familiares de las víctimas.
Según SERRANÒ la violencia terrorista y las violaciones de los derechos humanos
no sólo vulneran, a un nivel micro, la vida y/o integridad física de sus víctimas, sino
que lesiona, a un nivel macro, también la seguridad, el orden público y constitucional,
la Democracia, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. De ahí que el
terrorismo genere en la sociedad que lo padece una macro victimización, tal como lo
explica Beristain Ipiña60. Efectivamente el Perú tal macro victimización se puede
comprobar en las graves heridas de la sociedad civil todavía no sanadas, en la
debilidad del orden democrático, en las grandes pérdidas de infraestructura y de
oportunidades en todo el país, así como la destrucción de la capacidad y de los
recursos productivos de las comunidades, en especial de aquellas de carácter rural
donde el terrorismo se desarrolló con mayor intensidad.
La estimación del número de víctimas según el análisis cuantitativo utilizado por la
CVR demuestra que la región sur central entre sus departamentos de Ayacucho,
Huancavelica (las provincias de Acobamba y Angares), Apurímac (las provincias de
Andahuaylas y Chincheros) sufrieron la mayor cantidad de víctimas a causa de dicho
conflicto. Sin embargo, no sólo en esa parte del Perú se concentró la violencia, sino
que también en la selva nororiental y central y en Lima. Por lo que en estas regiones
se concentró el 97% de víctimas, así como la mayor cantidad de atentados, de
destrucción de infraestructura y de pérdida del capital social. Los principales actores
58 Cfr. ZEIDNER, M. “Contextual and Personal Predictors of Adaptive Outcomes Under Terror Attack”
en The Case of Israeli Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, Vol. 34, 5a ed, United Kingdom, Journal of Youth and Adolescence, 2005, 459–470.
59 Cfr. Adams, R. E. & Boscarino, J. A. “Stress and well-being in the aftermath of the World Trade Center Attack” en The continuing effects of a community wider disaster, Vol. 33 ,2a ed., Journal of Community Psychology ,2005, 175-190.
60 BERISTAIN, A. Protagonismo de las víctimas de hoy y mañana, evolución en el campo jurídico penal, prisional y ético, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004, p. 33 y ss.
34
del conflicto actuaron de manera indiscriminada, pues entre las víctimas existen un
considerable porcentaje de niños y niñas que asciende al 12.8% del total de los casos
que dejó esta época de terror.
Estas víctimas que son los destinatarios directos61 del terrorismo y de la violencia
ejercida no fueron elegidas al azar por los actores armados del conflicto. Puesto que
el objetivo de las organizaciones terroristas era destruir el orden público para llegar
al poder eligieron sus víctimas a numerosos cargos públicos, para que de esta
manera pudieran crear un vacío de poder y sucesivamente colocar a sus partidarios.
Según la CVR, el 54% de las víctimas fue causado por PCP-Sendero Luminoso; el
43% fue provocado por Agentes del Estado (FFAA y Policía); y el restante 17% fue
causado por otros actores o circunstancias (rondas campesinas, comunidades de
autodefensa, MRTA, grupos paramilitares, agentes no identificados o víctimas
ocurridas en enfrentamientos o situaciones de combate armado). El 21% de las
víctimas de PCP-SL fueron autoridades locales y dirigentes sociales, sin olvidar a los
campesinos que también sufrieron ataques por parte de los actores del conflicto.
Por tanto, podemos afirmar que no solo los grupos terroristas son responsables del
conflicto, sino que también agentes del Estado fueron responsables de graves
violaciones de los derechos humanos. Algunos de tales agentes han sido
condenados por la práctica de la desaparición forzada de personas de manera
generalizada y sistemática como parte de los mecanismos de lucha contrasubversiva
entre otras imputaciones. Así lo ha estableció el Informe n° 159 de la Defensoría del
Pueblo, en el cual se señala que hubo 339 procesados, de los cuales 264 pertenecen
al Ejército, 47 a la Policía Nacional del Perú, 17 a la Marina de Guerra y 11 civiles62
por actuaciones delictivas principalmente en la ciudad de Ayacucho. En ese
departamento se dio la mayor concentración del conflicto, reportando 4.414 casos
61 SERRANÒ, A, “El terrorismo como crimen de lesa humanidad: hacia una mayor tutela de los derechos humanos”, Revista La Jurídica En Red - Revista De Derecho “La Jurídica”, Red De Profesionales Abogados En Derechos Humanos, Bolivia, 2011, pp. 213- 230.
62 Defensoría del Pueblo. A 5 años de los procesos de reparación y justicia en el Perú. Balance y desafíos de una tarea pendiente. Serie Informes Defensoriales – Informe No. 139. Lima, 2008, Defensoría del Pueblo.
35
de desaparición forzada a lo que hay que añadir que en el 65% de esos casos el
paradero de las victimas continúa siendo desconocido, según la CVR63.
Entre los actos crueles cometidos por los principales actores del conflicto, destacan
en primer lugar la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, delitos que tuvieron
como objetivo castigar o como represalia contra la víctima, así como instrumento de
control e intimidación, los cuales fueron cometidos en primer lugar por funcionarios
del Estado o personas que actuaron bajo su autorización olvidando que el Estado
nunca debe utilizar los mismos medios que utiliza quien viola la Ley64. Según la CVR
tales actos crueles fueron cometidos por las agentes del Estado (75%), el grupo
subversivo PCP-SL (23%) y el grupo subversivo MRTA (1%) y otros elementos no
determinados (2%)65. Las torturas que muchas veces fueron previas al asesinato
tuvieron la siguiente modalidad: golpes, mutilaciones, cortes, crucifixión, ver y
escuchar tortura de otros, privación de libertad e imposición de castigos, azotes,
privación de la visión, corte de pelo, extenuación física, desnudo forzado, amenazas,
violación sexual, castigos contra niños y niñas; estos actos infrahumanos de más
intensidad a manos de Sendero Luminoso se llevaron a cabo en cinco
departamentos: Ayacucho con el 38% de los casos, Huánuco con el 17%, Apurímac
con el 11%, Junín con el 10% y Huancavelica con el 9%66.
En todo el conflicto las personas más vulnerables fueron las mujeres y los niños. De
hecho, existe un gran porcentaje de violaciones sexuales contra mujeres que
provenían muchas veces de sectores con menos recursos económicos, como fueron
campesinas quechua hablantes, viudas, etc. Estos hechos injustificados fueron
cometidos por parte de agentes del Estado aproximadamente en un 83% y 11%
correspondientes a los grupos subversivos conocidos en el Perú. De acuerdo con las
diversas investigaciones de la CVR, estos actos de produjeron mayormente en la
63 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Informe Final. Op. Cit., p. 223. 64ROXIN, Claus, ¿Puede admitirse o al menos quedar impune la tortura estatal en casos
excepcionales? (traducción de Gómez Navajas, Justa), en Cuadernos de Política Criminal, n. 83, 2004 p. 29.
65 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Informe Final. Op. Cit., p. 225. 66Cfr. Defensoría del Pueblo. Informe Defensoría N°55. La desaparición forzada de personas en el
Perú, 2000.
36
ciudad de Ayacucho seguido de Huancavelica y Apurímac, identificándose un grado
mayor de perpetuación entre los años 1884 y 1990. En el caso de violencia contra
los niños y niñas, según la CVR los agentes del Estado fueron los que más actos de
violencia perpetraron frente a estos seres vulnerables, principalmente violación
sexual, secuestros, reclutamientos forzados y asesinatos; también el PCP-SD causo
la muerte del 49,72% de niños67.
Identificando líneas atrás quiénes fueron las víctimas de este conflicto y
determinando geográficamente donde se dieron mayormente las violaciones de
Derechos Humanos, es hora de determinar cuáles son las secuelas del conflicto.
Dichas secuelas son tanto individuales como colectivas y fueron principalmente de
tres clases: psicosociales, sociopolíticas, socioeconómicas.
En cuanto a las secuelas psicosociales, ellas se podrían definir como las
consecuencias psicológicas y sociales en una población, como resultado de hechos
traumáticos que se producen de manera brusca e imprevista que son difíciles de
asimilar y que sobrepasan cualquier capacidad de respuesta y control68; en el caso
peruano se refleja en los numerosos testimonios de experiencias traumáticas que se
vieron agravadas por el silencio que vivieron durante años, lo cual impido que las
victimas pudieran enfrentar sus traumas. Entre los traumas que dejó este tipo de
violencia encontramos reacciones de miedo o temor como una poderosa y extrema
emoción que trae consigo reacciones corporales, reacciones impulsivas, alteración
del sentido de la realidad y la realimentación del temor69. Además del miedo, se
presentan otros sentimientos, como el de vulnerabilidad, inseguridad,
desmoralización, desesperanza, desesperación, desamparo, indefensión,
sufrimiento, dolor, odio y deseo de venganza reactiva. Otra de las secuelas
encontradas es la desconfianza en las personas y en los grupos, la disminución de
la apertura.
67 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Informe Final. Op. Cit., p. 229.
68Cfr. BARÓ, I. M. (2000). “Guerra y trauma psicosocial del niño salvadoreño”. En I. M. Baró (Ed.), Psicología social de la Guerra en Trauma y Terapia, San Salvador, UCA Editores, 2000, pp. 35-39.
69Cfr. CABRERA, M. L., BERISTAIN, C.M, Jiménez, A. y PÁEZ, D. Violencia sociopolítica y cuestionamiento de creencias básicas sociales en Psicología Política, N°32, 2006, 107-130.
37
Entre los efectos a nivel familiar, las investigaciones realizadas sobre la violencia
colectiva en sus múltiples formas han evidenciado que la violencia física en las
relaciones personales y sociales es asociada a conflictos familiares70. De ahí que
muchos hogares peruanos se vieran desquebrajados en su interior debido a la
repentina orfandad para niños y niñas, los cuales se vieron privados de la figura de
sus padres produciendo en ellos problemas psicológicos y económicos. También
entre los perfiles de los familiares de las víctimas es muy recurrente el de viuda, que
además de la pérdida del ser querido se tuvo que enfrentar a una pérdida de
derechos y estatus en su comunidad, de tal manera que ellas asumieron la carga
familiar solas y en el caso de que las familias no quedaron dispersas, la convivencia
se hizo difícil por los rasgos de irritabilidad y depresión que afectaron a algunos de
sus miembros.
En cuanto a las secuelas a nivel comunal, el terrorismo y las violaciones de los
derechos humanos debilitaron los lazos comunitarios, alterando las condiciones de
convivencia y practicas comunitarias, e incluso las calles y otros espacios públicos
se convirtieron en fuente de hallazgos de cadáveres y cuerpos mutilados71. Todos
estos hechos dejaron marcas personales de sufrimiento, entre las cuales destaca la
alteración de duelo ya que los actores principales del conflicto prohibieron a los
deudos que honren a sus muertos y despojaron a las víctimas de su condición
humana.
Dentro de estas secuelas se hace referencia al daño al nombre y al cuerpo; daño al
nombre debido a que muchas personas tuvieron que negar a sus propias familias
para poder salvarse de la muerte; daño al cuerpo debido a que muchos
sobrevivientes sufrieron torturas y otro tipo de aberraciones que atentan contra la
dignidad del ser humano.
70Cfr. Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen.
Washington, D.C: Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, 2002. 71 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. “Hatun Willakuy. Versión abreviada del informe
final de la comisión de la verdad y reconciliación”, Op, Cit., p. 360.
38
Otro tipo de secuelas fueron las de tipo sociopolítico72 entre las cuales se observan
la migración, el desplazamiento forzado y el refugio. Estos generaron rupturas
familiares, ruptura de los proyectos de vida de la comunidad, desorganización social,
pérdida de redes habituales y relaciones sociales, cambios culturales, como la
pérdida de formas tradicionales de organización, símbolos, tradiciones, ritos y el
ocultamiento de la propia identidad. En el caso peruano muchos decidieron
desplazarse a diferentes lugares dejando todos sus bienes materiales; muchos de
ellos no eran hispanohablantes de modo que se vio afectada severamente su
capacidad esencial de comunicación e integración en el nuevo lugar de domicilio.
Por las incursiones armadas que se dieron en diferentes zonas, se cambiaron
normas y costumbres propias de organizaciones, que tuvieron que adaptarse al
desorden y destrucción de su espacio social; esto produjo exacerbación de los
conflictos internos de tal manera que las comunidades buscaron una forma de
defenderse, formando rondas campesinas y nativas. También se dio el
resquebrajamiento del sistema de representación y orden jerárquico pues al ser
asesinados líderes de comunidades fue causado un vacío de poder, causando el
debilitamiento del sistema normativo de la organización.
Entre las secuelas causadas por el conflicto están también las de carácter
socioeconómico, que afectaron en el capital humano y social de las comunidades.
Según la CRV se dieron sobre todo en Ayacucho y Huancavelica, departamentos
que sufrieron un deterioro en su economía. “La principal razón se encuentra en la
disminución de la población económicamente activa que, entre los periodos
censales, bajó de 154 mil a 131 mil en el caso de Ayacucho, y de 107 mil a 104 mil
en el de Huancavelica”73.
Los diferentes ataques de los grupos terroristas y los agentes del Estado no solo
afectaron a los medios de producción destruidos por ellos mismos, sino que por la
72Cfr. BERISTAIN M., GIORGUA, C., Páez, D., y Fernández, I. Reconstruir el tejido social. Un enfoque
crítico de la ayuda humanitaria. Barcelona, Icaria Editorial Antrazyt, 1999, p.45. 73 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN, “Los asesinatos y masacres” en Comisión de
la Verdad y de la Reconciliación. Informe Final, Tomo VI, Sección cuarta, Capítulo 1 “Patrones en la perpetración de los crímenes y de las violaciones de los derechos humanos, p. 57 y ss.
39
ausencia de los principales miembros de la cadena productiva se desencadenaron
cambios en la producción misma. Esto debido en una parte al abandono de tierras
productivas, ganado y bienes de todo tipo y, por otro, debido a la sustracción y
destrucción de propiedades de la comunidad por parte de los actores principales del
conflicto. En cuanto al daño causado se estima por una “Comisión Especial del
Senado que los costos económicos ocasionados por los grupos subversivos
ascendían hasta 1988 aproximadamente a US$ 9.184.584.648 y que la magnitud de
ello equivaldría al 66% del total de deuda externa y 45% del PBI”74.
Así diremos que debido a los diferentes estragos que vivieron los miembros de las
diferentes comunidades se produjo en ellas una paralización en cuanto a su
desarrollo, agravando lo que hoy vemos en esas ciudades y más resalta a la vista,
la pobreza y la desolación de muchos lugares del Perú.
Entonces podemos concluir en este capítulo que el contexto en que se llevó a cabo
el conflicto ocurrido entre 1980 al 2000, participaron diferentes actores armados
teniendo entre los principales al grupo terrorista Sendero Luminoso, Movimiento
Revolucionario Tupac Amaru, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, las
rondas campesinas. Estos actores del conflicto llevaron a cabo distintas violaciones
a los derechos humanos como el asesinato, la desaparición forzada, torturas,
incumplimiento del debido proceso, entre otros, dejando una estimación de 69, 280
víctimas. Se parecían además en la población diversas secuelas tanto individuales
como colectivas en el ámbito psicológico, sociopolítico y económico, que deben ser
reparadas de manera integral siguiendo los lineamientos y recomendaciones de los
diversos organismos nacionales e internacionales75 ya que es responsabilidad del
Estado restituir aquellos derechos que fueron vulnerados a las víctimas, los cuales
serán analizados con más detenimiento en el segundo capítulo.
74 Ibídem, 57 y ss. 75 STERN, Brigitte. “The Obligation to Make Reparation”, New York, CRAWFORD, James, Alain
PELLET y Simon OLLESON, 2010, p. 563.
40
CAPÍTULO II
LA TUTELA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO INTERNACIONAL, DE LA UNIÓN EUROPEA, ESPAÑA Y PERÚ.
Como pudimos constatar en el primer capítulo, la época del terrorismo en nuestro
país se puede datar entre 1980 y 200076. Durante esas décadas se vivió un conflicto,
que, por un lado, tuvo como principales responsables al Partido Comunista del Perú
Sendero Luminoso (SL), al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y a
algunos representantes del Estado peruano pertenecientes a las Fuerzas Armadas
y a la Policía Nacional del Perú, entre otros actores. Éstos cometieron diversas
violaciones de los Derechos Humanos, dejando cuantiosas pérdidas y secuelas
imborrables en los corazones de muchos peruanos. Si bien una parte de dichos
actores han sido arrestados, juzgados y condenados por los crímenes cometidos,
por otro lado, la gran interrogante que esta tesis se pone se refiere a la situación de
aquellas victimas que el terrorismo y las violaciones graves de los Derechos
Humanos provocaron durante el mencionado conflicto.
76 COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN (CVR). “Los períodos de la violencia” en
Comisión de la Verdad y la Reconciliación .Informe Final. Op.Cit., p 1.
41
Remitiéndonos al informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y a
otras fuentes77 es notorio que el conflicto que el Perú ha vivido (1980-2000) dejó
entre víctimas mortales y desaparecidas al menos 69,280 personas78. Sin embargo,
la violencia ejercida por las organizaciones terroristas y por las fuerzas de seguridad
del Estado no sólo dañó gravemente la integridad física de muchos peruanos, sino
que, al mismo tiempo, dejó graves secuelas individuales y colectivas en el ámbito
psicológico, sociopolítico y económico.
Después de haber enmarcado en el primer capítulo el conflicto peruano en su
contexto histórico, especificando quiénes son los principales responsables y cuáles
han sido las consecuencias traumáticas sobre la población, en este segundo capítulo
analizaremos las medidas adoptadas en el marco internacional, de la Unión Europea,
en el estado español y peruano en materia de víctimas del terrorismo y de las
violaciones de derechos humanos para poder establecer cómo se han tutelado
dichos sujetos, qué derechos se les han reconocido y cuáles faltarían por
reconocerles, sobre todo en el ámbito peruano.
2.1 La ausencia de una tutela específica para las víctimas del terrorismo en
los ordenamientos jurídicos internacional y europeo.
En este apartado constataremos que en el marco internacional y europeo la tutela
de las víctimas del terrorismo no es específica para este grupo de víctimas, sino que
ellas son consideradas al igual que las víctimas del delito en general.
77 Véase en DEFENSORIA DEL PUEBLO, Informe Defensorial N°86 “A un año de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación”, Lima, Hecho en el depósito legal Registro N° 1501162004-6406,2004. Véase también EQUIPO PERUANO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE – EPAF y COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS – CNDDHH, Desaparición forzada en el Perú, él y la construcción de un paraguas humanitario, Lima, Sinco Editores S.A.C, 2008.
78COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN (CVR), “Las Organizaciones Subversivas”, en Hatun Willakuy. Versión abreviada del informe final de la comisión de la verdad y reconciliación. Op. Cit., p. 353.
42
La preocupación de tutelar a las víctimas del delito en general en la comunidad
internacional comienza según FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE tras la segunda
guerra mundial. Como consecuencia de esta experiencia traumática, se inicia una
política legislativa tendente a establecer distintas medidas para reactivar la
intervención de la víctima en el proceso penal y otorgarle protección. Este proceso
se intensifica en el orden internacional a partir de la década de los años ochenta del
siglo pasado79.
A partir de la fecha a nivel internacional se crearán una serie de normas
internacionales referidas a la tutela de las víctimas. Esto debido a que, según SANZ
HERMIDA, “se hará una reinterpretación en el sentido de concebir el proceso penal
como un instrumento de garantía, de salvaguarda del régimen de valores, derechos
y libertades fundamentales reconocidas”.80 Entonces, no solo se tutela los derechos
fundamentales del imputado sino que se ve la otra cara de la moneda, es decir a las
víctimas del delito que deben ser protegidas y tuteladas de manera efectiva por el
Estado, siendo resarcidas en los daños que pudo ocasionar la violación de algún
derecho fundamental.
Es así como con el pasar de los años se han venido elaborando diferentes tipos de
normas internacionales que buscan una protección a las diferentes categorías de
víctimas, entre las cuales destacan las siguientes: víctimas de delitos, victimas del
abuso de poder, víctimas de desaparición forzada, víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, víctimas de
violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, etc. Sin embargo, entre
tales instrumentos de tutela específicos se constata una gran ausencia de
instrumentos dedicados a la tutela específica de las víctimas del terrorismo.
Analizando brevemente las diferentes categorías de víctimas tuteladas por el
Derecho Internacional Público, diremos que en cuanto a las víctimas del delito en
79FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE, R. El derecho Internacional de las víctimas, México, Editorial
Porrúa, 2011, p 56. 80SANZ HERMIDA, A, Víctimas de delitos: derechos, protección y asistencia, Madrid, Iustel, 2009,
p.25.
43
general su tutela se toma en consideración en el ámbito de las Naciones Unidas en
1985, con la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y del abuso de poder”81, adoptada por la Asamblea General de la
ONU el 29 de noviembre. En esta declaración se llega a una definición de víctimas y
se establecen ciertos derechos fundamentales que éstas poseen como el acceso a
la justicia y a un trato justo, el resarcimiento del daño sufrido, una indemnización
económica, asistencia médica y psicológica.
En cuanto a las víctimas de desaparición forzada, en el marco de la ONU se firmó la
Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas, aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 de 18 de
diciembre de 1992, y, más recientemente, la Convención Internacional para la
protección de todas las personas contra la desaparición forzada, del 20 de diciembre
del 2006. Sobre esta categoría de víctimas la atención de la comunidad internacional
es relativamente reciente. Esto es debido quizás, como precisa REÁTEGUI, a que
en las últimas décadas fueron principalmente las asociaciones de familiares de
numerosos desaparecidos las que lucharon por hacer que este tema asumiera
prioridad en la agenda internacional82.
Sobre la tutela de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho
Internacional el 16 de diciembre de 2005, mediante la Resolución 60/147 la
Asamblea General adopta los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones de normas internacionales de derechos humanos y del
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones83;
principios contenidos en la Resolución 2005/35, adoptada por la Comisión de
81 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso
de poder. Aprobada por la Asamblea General en su resolución 40/34. 82 REATEGUI, F. Desaparición forzada y derecho de las víctimas. La respuesta humanitaria a las
demandas de verdad, justicia y reparación en el Perú, Lima, Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú. N° 2013-04972, 2012, p.1.
83 NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, aprobada por Resolución 60/147 dada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005.
44
Derechos Humanos de fecha 19 de abril del 2005. Lo que resalta de estos principios
y directrices es que hace una distinción entre dos tipos de víctimas, tanto las directas
como las indirectas, siendo las primeras las que hayan sufridos daños de manera
individual o colectiva mientras las segundas corresponden a la familia de las víctimas
directas.
Sin embargo, en el marco internacional todavía no existe ninguna norma coactiva
que se refiera de forma específica a las víctimas del terrorismo ni que contemple sus
derechos84. Como precisa FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE, lo único que hay por
parte de la ONU son pronunciamientos de carácter ético o moral pero no obligaciones
jurídicas concretas a cargo de los Estados85. Esto es lo que señala también el Relator
Especial para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales en la Lucha contra el terrorismo, Sr. EMMERSON, que en su primer
informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos y ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas en junio de 2012 recomienda “a los Estados
miembros de la adopción de una norma internacional que aborde tanto los derechos
de las víctimas directas e indirectas del terrorismo como los deberes de los o
respecto de las víctimas actuales y potenciales”86.
Por lo que se refiere al sistema regional europeo es necesario precisar que las
víctimas del terrorismo en el siglo XX se tutelaron al igual que las víctimas del delito
en general, no existiendo medidas específicas para esta categoría de víctimas. Un
instrumento de referencia que tutela a las víctimas del delito (y por tanto también a
las víctimas del terrorismo) es por ejemplo el denominado “Convenio europeo sobre
84 Cfr. BOU F. Y FERNANDEZ DE CASADEVANTE. La inclusión del terrorismo entre los crímenes
internacionales previstos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, Valencia, MINIM 2009, p 23.
85FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. El derecho internacional de las víctimas, México, Porrúa, 2011 pp. 65-70.
86 NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. [ubicado el 25. X.2015]. Obtenido en: :http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13598&LangID=S#sthash.DV5LD0yN.dpuf
45
indemnización a las víctimas de delitos violentos87”, que se aprobó en Estrasburgo
el 24 de noviembre de 1983 y que fue ratificado por 47 Estados. En este convenio
se especifican los principios fundamentales que se deben tener en cuenta para la
indemnización de víctimas de los delitos. Otro instrumento muy importante que tutela
a las víctimas del delito (incluidas el terrorismo) es la Directiva 2004/80/CE88, del
Consejo de Europa, del 29 de abril del 2004, sobre indemnización a las víctimas del
delito.
En el ámbito europeo, el Consejo de Europa en la actualidad es la única organización
que ha adoptado normas referidas a las víctimas del terrorismo: las “Líneas
directrices sobre la protección de las víctimas de actos terroristas”, adoptadas por el
Comité de Ministros el 02 de marzo del 2005. Según FERNÁNDEZ DE
CASADEVANTE se fundamentan en el principio de que los Estados por el hecho de
ser el garantista de los derechos fundamentales debe resarcir el daño ocasionado y
asegurar a las personas que hayan padecido, como consecuencia de un acto
terrorista, un atentado directo a su integridad física o psíquica (así como, en las
circunstancias apropiadas su familia próxima) el disfrute de las prestaciones y
medidas previstas en ellas”89.
Otro instrumento por señalar es la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo de la Unión Europea que establece normas mínimas sobre los derechos,
el apoyo y la protección de las víctimas del delito. Entre los derechos reconocidos a
las víctimas se encuentran: el derecho a la información, el derecho a la participación,
el derecho a la protección, el derecho a la asistencia y el derecho a la reparación.
Según la Directiva todos estos derechos deben garantizarse a las víctimas del delito,
entre las cuales las víctimas del terrorismo son una categoría que debe tutelarse de
manera especial o con carácter prioritario. Esto es debido a que la finalidad del delito
de terrorismo es hacer daño a toda la sociedad, de tal manera que las víctimas de
87 Convenio europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos. Publicado el 24 de
noviembre de 1983 y ratificado el 20 de octubre del 2001. 88 Directiva 2004/80/CE, del 29 de abril del 2004. 89 FERNADEZ DE CASADAVANTE ROMANI, C. El Estatuto jurídico de las víctimas del terrorismo en
Europa, Madrid, Editorial DILEX, S. L, 2013, p 45.
46
este delito necesitan especial atención, apoyo y protección. Así lo establece esta
Directiva en el preámbulo párrafo 16:
“Las víctimas del terrorismo pueden ser objeto de un importante escrutinio público y a menudo necesitan el reconocimiento social y un trato respetuoso por parte de la sociedad. En consecuencia, los Estados miembros deben tener especialmente en cuenta las necesidades de las víctimas del terrorismo y esforzarse por proteger su dignidad y
seguridad”90.
Entonces para dicha Directiva las víctimas del terrorismo están incluidas dentro de
la categoría de las víctimas del delito en general por lo que, en el ámbito europeo no
existe una normativa específica referida a las víctimas de terrorismo, quedando
mucho que hacer en cuanto a la tutela de estos sujetos de Derecho.
2.2 . La tutela específica de las víctimas en España
España es un país donde se manifestó una escala de violencia sin precedentes
conocida comúnmente como los “años de plomo”. Según SERRANÓ A.
aproximadamente se calcula que el número total de víctimas mortales que han
causado el terrorismo en este país asciende a al menos 1326 víctimas mortales, a
centenares de heridos y un incalculable sufrimiento a sus ciudadanos91.
Entre los grupos terroristas que han atacado en España destaca ETA (Euskadi Ta
Askatasuna – Tierra Vasca y Libertad)92, cuyo objetivo fundamental es conseguir la
independencia del País Vasco93 por medio de la violencia terrorista. El terrorismo de
90 Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y Del Consejo de 25 de octubre del 2012.
Considerando 16. 91SERRANÒ A. “Aprendiendo con las víctimas del terrorismo: lecciones desde la experiencia
española” en Aprendiendo con las víctimas del terrorismo. Propuesta didáctica para la ciudadanía activa por la Memoria y la Justicia. Op. Cit., p.14
92JAVATO, V. ETA. Origen e ideología, 2011. Obtenido en http://www.ab-initio.es/wp-content/uploads/2013/03/0308-ETA.pdf
93Cfr. JÁUREGUI, G., “Del nacimiento de ETA a su primera Asamblea (1959-1962)”, en GARMENDIA J. M. (Coord.), Historia de ETA, Madrid, 2000, p. 201.
47
ETA en la sociedad vasca, según SERRANÓ A., ha producido diferentes tipos de
victimización: en primer lugar, una victimización directa, cuyas manifestaciones más
evidentes son la muerte o los daños físicos o psicológicos causados por los
atentados a personas inocentes; en segundo lugar, no se puede negar la existencia
de una victimización indirecta que afecta a toda la sociedad civil, causada por la
presión social que el terrorismo ejerce mediante diferentes practicas criminales94. Es
decir que los actos de terrorismo afectan tanto a las víctimas directas e indirectas
como a la sociedad en general, causando daños tanto psicológicos como materiales
que influyen en el desarrollo político, social y económico de un país.
Los supervivientes y los familiares de las víctimas que dejó el terrorismo en España
a partir de los años ochenta del siglo XX formaron algunas asociaciones, que con
mucho esfuerzo y perseverancia lucharon para que sus derechos fueran tutelados.
Entre ellas, una de las asociaciones más conocidas es la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT), que fue fundada en 1981 con el objeto de socorrer a todas las
víctimas del terrorismo del abandono y marginación del Estado, así como de muchos
sectores de la sociedad española. Gracias a estas asociaciones se dieron medidas
políticas, sociales, y judiciales que han permitido mejorar, sustancialmente, la
situación de las víctimas. Otra de las asociaciones reconocida que ha luchado contra
el terrorismo de una forma pacífica es la Coordinadora Gesto por la Paz (1989-2013).
Su objetivo fundamental era mostrar el rechazo a la violencia, y para ello, asumió
como labor prioritaria la concienciación y sensibilización de la sociedad respecto a
ese problema. Esta labor se realizaba fundamentalmente a través de la movilización
ciudadana.
Otra de las Fundaciones que se han sumado a la lucha por los derechos de las
víctimas del terrorismo en España es la Fundación Miguel Ángel Blanco. Dicha
institución lleva tal nombre porque quiere mantener viva la memoria de Miguel Ángel
Blanco, concejal del Partido Popular secuestrado y asesinado por ETA en julio de
1997. Su asesinato entre los ciudadanos españoles y la reacción pacifica de la
94 SERRANÒ, A. “La lucha social contra el terrorismo: testimonios de algunas víctimas de ETA”,
Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, n. 26, pp. 253- 279, 2012.
48
sociedad en contra del terrorismo de ETA en esa ocasión marcó un hito en la historia
de España95. Las asociaciones y fundaciones mencionadas son sólo algunas de las
más de 50 organizaciones que luchan a favor de la promoción y protección de los
derechos de las víctimas del terrorismo en España, las cuales han venido trabajando
arduamente para sensibilizar a los poderes públicos sobre sus necesidades.
Es así que, tal como SERRANÓ A. nos refiere, el legislador español a partir años
ochenta:
“se concentró en satisfacer el derecho de reparación económica a los damnificados por terrorismo, mediante indemnizaciones y pensiones extraordinarias para viudedad y orfandad, garantizándolas progresivamente no sólo a los funcionarios del Estado sino a todos los ciudadanos que falleciesen o resultasen incapacitados por acciones terroristas. En segundo lugar, garantizó a las víctimas del terrorismo asistencia especializada proporcionada por órganos específicos”96.
Se puede apreciar, por tanto, que en la legislación española existen diversas formas
de reparación a las víctimas del terrorismo y que progresivamente fueran
incrementándose. Si bien hasta los años ochenta el legislador español creó
exclusivamente normas que tenía en el objetivo de sancionar a los responsables del
delito de terrorismo, a partir de los años ochenta y noventa del siglo XX, gracias a la
gran labor de sensibilización de las víctimas se empezó a tener una visión protectora
de las víctimas del terrorismo a través de indemnizaciones y una tutela específica a
favor de este grupo vulnerable. Así a partir de 1992 se creó el Real Decreto 673/1992,
con fecha 19 de junio por el que se regulan los resarcimientos por daños a las
víctimas de bandas armadas y elementos terroristas97. Según HERRERA MORENO
“incluye directa cobertura de daños corporales, psíquicos, gastos médicos e incluso
95 SERRANÓ, A. “Aprendiendo con las víctimas del terrorismo: lecciones desde la experiencia
española” en Aprendiendo con las víctimas del terrorismo. Propuesta didáctica para la ciudadanía activa por la Memoria y la Justicia. Op.Cit., p. 28.
96 Ibídem, p.33. 97 Real Decreto 673/1992, de fecha 16 de junio de1992.
49
determinados daños materiales, en contraste con la situación de cobertura de
precedentes regulaciones, que se extendía sólo a los daños corporales”98.
También se hace mención de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social que incluye, entre las normas de
protección social, una nueva regulación del régimen de resarcimientos por actos
terroristas. Esta norma al igual que la anterior regula el resarcimiento pecuniario en
diferentes supuestos, como son víctimas del terrorismo por lesiones invalidantes,
incapacidad permanente y gran invalidez. Entre las medidas que se adoptaron que
tutelaban específicamente a las víctimas del terrorismo en ese país, destaca la Ley
32/199999 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo que fue modificada con la
Ley 2/2003 que constituyó un hito en materia de protección y asistencia a las víctimas
del terrorismo, puesto que les aseguró por primera vez una asistencia personalizada
en el ámbito psicológico y sociofamiliar y les otorgó el reconocimiento público de su
condición100.
Otra ley muy importante en cuanto a la tutela especifica de las víctimas del terrorismo
es la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del
Terrorismo, que entró en vigor el 23 de septiembre de 2011. El legislador español
con esta Ley reunió en un solo corpus normativo la anterior legislación en materia de
víctima del terrorismo actualizándola101. Su aplicación es retroactiva y abarca a las
personas que hayan sufrido daños como consecuencia de actos de terrorismo a
partir de 1960. Esta norma establece qué derechos y prestaciones son derivadas de
actos de terrorismo, enmarcándolos en un ámbito subjetivo y social. En el ámbito
subjetivo menciona qué tipos de ayuda económica deben recibir las víctimas del
terrorismo, estableciendo las normas procedimentales para adquirir dicho beneficio.
98 Cfr., HERRERA MORENO, M. La hora de la víctima, Compendio de Víctimología España, Edersa
editoriales de Derecho reunidas, 1996, p. 93. 99 LEY 32/1999, del 8 de octubre 1999, Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, [ubicado
el 23. III 2015]. Obtenido en http://www.boe.es/boe/dias/1999/10/09/pdfs/A36050-36052.pdf. 100 SERRANÓ, A. “Victims of Terrorism in Spain over two Centuries: the path to specific legal
protection”, en J. Alberto del Real Alcalá (Ed.), The rights and the vulnerable groups, Bentham Science Publishers, USA, 2015.
101 NACIONES UNIDAS, Oficina De Las Naciones Unidas Contra La Droga y El Delito. La respuesta de la justicia penal en apoyo a las víctimas de actos de terrorismo, Nueva York, Sección de Servicios en Inglés, Publicaciones y Biblioteca, Oficina de las Naciones Unidas en Viena. 2011, pp 30-31.
50
En cuanto al ámbito social determina la asistencia sanitaria, los derechos laborales
y de seguridad social, ayudas extraordinarias a las víctimas del terrorismo y
anticipos, pensiones extraordinarias, actuaciones en materia de vivienda, ayuda
educativa, derechos específicos de los extranjeros víctimas del terrorismo, derechos
de los afectados en el tratamiento de las informaciones correspondientes a las
víctimas, entre otros.
La Ley también se refiere a la protección de las víctimas en los procesos judiciales,
a los reconocimientos y las condecoraciones y a la defensa del honor y al respeto a
la dignidad de las víctimas. Podemos decir que esta Ley es una de las más
avanzadas en Europa a favor de las víctimas del terrorismo, pues no solo las
distingue de las víctimas del delito en general, sino que les otorga una protección
específica otorgándoles reconocimiento público, considerando la verdad, la
memoria, la justicia y el respeto a la dignidad como principios inspiradores de las
más recientes disposiciones normativas examinadas102. Según SERRANÓ, tal
protección diferenciada se fundamentaría en el hecho de que el delito de terrorismo
no sólo es un delito que está dirigido en contra del individuo en su singularidad como
todos los delitos privados, sino también contra la res publica que el ciudadano
victimizado en ese momento representa103.
Entonces podemos distinguir claramente que en España a diferencia del marco
jurídico internacional y europeo existe una tutela específica para las víctimas del
terrorismo que ha ido evolucionando en el tiempo para tutelar los derechos de este
grupo vulnerable.
102SERRANÓ, A. “Aprendiendo con las víctimas del terrorismo: lecciones desde la experiencia
española” en Aprendiendo con las víctimas del terrorismo. Propuesta didáctica para la ciudadanía activa por la Memoria y la Justicia. Op.Cit., p.36 y ss.
103 SERRANÒ, A. “La lucha social contra el terrorismo: testimonios de algunas víctimas de ETA”, Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología.Op.Cit, pp. 253-279.
51
2.3 . La tutela de las víctimas en el Perú.
Después de determinar cómo es la tutela en el ordenamiento jurídico internacional,
de la Unión Europea y de España, es el momento de concentrarnos en nuestro país
y verificar qué tipo de tutela se ha asignado a las víctimas del conflicto. A tal propósito
examinaremos como fuentes principales al Informe de la Comisión de la Verdad y de
la Reconciliación, los informes de la Defensoría del Pueblo, y las leyes de reparación
aprobadas en el ordenamiento jurídico vigente.
Sin embargo, es importante hacer una precisión y es que en el conflicto peruano
existieron diferentes tipos de víctimas que podemos clasificar en dos categorías: las
víctimas del terrorismo y las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.
Empezando con la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, se dirá que
es la vigésimo segunda experiencia entre diversos órganos, que, bajo distintas
denominaciones y matices, han trabajado en función del mismo objetivo: descubrir
la verdad en el postconflicto intentando la reconciliación nacional, tratando de reparar
los derechos vulnerados de las víctimas. Después de la experiencia de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación peruana, otras Comisiones de la Verdad han sido
creadas en Paraguay, Ghana, Sierra Leona, Indonesia, Marruecos, Congo,
Argelia104.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación105 en el Perú creada en 2001, tuvo
como mandato “esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia
terrorista y de la violación de los Derechos Humanos producidos desde mayo de
1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas
como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la
paz y la concordia entre los peruanos”. El Informe final entregado por dicha Comisión
104 Para saber sobre la lista de Comisiones de la Verdad y Reconciliación véase a PRISCILA Informe
Anual 2005, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: [ubicado el 23. X 2015] Obtenido en: http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2006/mayo/11/informe_coordinadora.pdf
105 D.S N° 101-2001-PCM. [ubicado el 23. X 2015] Obtenido en:_http://www.cverdad.org.pe/lacomision/nlabor/decsup02.php
52
propone al Estado acciones de reparación de los daños materiales y morales
ocasionados a las víctimas a fin de impulsar la reconciliación nacional y el
fortalecimiento democrático del país106.
Entre las páginas del Informe Final encontramos una serie de recomendaciones
sobre las reformas institucionales que el Perú debería afrontar a fin de que los
hechos violentos no se repitan una vez más. Dichas recomendaciones se centran en
la creación y la implementación de políticas públicas en torno a cuatro ejes: reforma
del Estado, reforma de la Defensa y del Orden Interno, reforma del Sistema de
Administración de Justicia y Reforma de la Educación. La finalidad de estas reformas
será recuperar la presencia estatal en aquellas zonas afectadas por el terrorismo
manteniendo el orden interno y el acceso a la justicia.
a) En cuanto a la reforma del Estado, la CVR promueve una mayor correlación
entre la Policía nacional y la ciudadanía y recomienda fortalecer la justicia de
paz a través de las diferentes instituciones públicas como los Consultorios
Jurídicos Populares. Igualmente, promueve la creación de instancias de
defensa de los derechos humanos en el área policial, judicial y del Ministerio
Público como también la presencia de partidos políticos en todo el territorio
nacional pues de esta forma se promoverá la democracia y la participación
ciudadana en asuntos políticos.
b) La reforma de la defensa y el orden público busca mejorar los lazos de
confianza entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, destacando la formación
de una élite civil experta en temas de seguridad y defensa. Dicha
recomendación tiene el objetivo de que los ciudadanos vuelvan a confiar en las
Fuerzas Armadas con la seguridad de que ellos respetarán los derechos
fundamentales.
c) En cuanto a la reforma del sistema de administración de justicia la CVR propone
fundamentalmente el cumplimiento del debido proceso y el respeto de los
106 Cfr. MACHER, Sofía. Recomendación VS Realidades: Avances y desafíos en el Post-CVR Perú,
.Lima, Mega Trazo S.A.C, 2007, p 16 y ss.
53
Derechos Humanos a través del fortalecimiento de la independencia del
sistema de administración de justicia, la incorporación constitucional y legal del
fuero militar al poder judicial bajo la Corte Suprema de Justicia, la creación de
un ente autónomo responsable del Programa de protección de víctimas y
testigos, el establecimiento de una sistema especializado temporal para
procesar casos de crímenes y violaciones a los Derechos Humanos, impulsar
un sistema para abordar el tema de personas desaparecidas entre 1980 y 2000
y reformas en materia penitenciaria, entre otras.
d) Finalmente, en cuanto a las reformas en educación se prioriza la enseñanza de
valores democráticos, el respeto a los Derechos Humanos, el respeto a las
diferencias, la valoración del pluralismo y la diversidad cultural, especialmente
en las zonas rurales.
Después de referirnos brevemente a estas recomendaciones, expresamos nuestra
preocupación por el poco avance que existe por parte del Estado peruano para
implementarlas. Si bien la época del conflicto terminó no podemos permitir que estos
actos vuelvan a repetirse, por lo que consideramos que es necesario el cumplimiento
eficaz de dichas recomendaciones dirigidas a la implementación de políticas públicas
muy importantes para nuestro país.
Otras de las recomendaciones muy relevantes de la CVR es implementar un Plan de
Reparaciones (en adelante PIR), que tiene como finalidad primordial reparar los
daños económicos, sociales y psicológicos de las víctimas del conflicto que incluye
programas de reparaciones simbólicas, programa de restitución de los derechos
vulnerados a los ciudadanos y programas de reparaciones económicas.
Asimismo, la CVR recomienda implementar un plan nacional de investigaciones
antropológicas–forenses que tiene como objetivo producir lineamientos necesarios
para el desarrollo de las investigaciones eficaces relacionadas con graves
54
violaciones de los Derechos Humanos, especialmente las ejecuciones extrajudiciales
y las desapariciones forzadas107.
Y finalmente en relación con la verdad, la memoria y la justicia insta a la difusión del
Informe Final y, con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, a promover la
investigación de los hechos, así como a llevar a cabo la judicialización inmediata de
los presuntos responsables de los crímenes investigados por la CVR.
Puesto que la CVR encargó a la Defensoría del Pueblo promover e investigar los
hechos con la finalidad de complementar sus investigaciones, una de las primeras
tareas de este último órgano fue revisar ciertos informes elaborados por la CVR108.
Podemos apreciar que la CVR y la Defensoría del Pueblo reportan sobre diversos
tipos de violaciones de derechos humanos, de tal manera que dichas instituciones
hacen una distinción entre las víctimas de cada delito (víctimas de las desapariciones
forzadas, las víctimas de ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias, etc.),
aunque en su conjunto se refieren a ellas como a las víctimas del conflicto. Sin
embargo, nunca se refieren a las víctimas de Sendero Luminoso o del MRTA como
a las víctimas del terrorismo, puesto que también éstas reciben el nombre de
“víctimas del conflicto”.
Otra de las investigaciones de la Defensoría del Pueblo nos indica que muchos
hechos ocurridos durante el conflicto fueron investigados por la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos, la cual se pronunció en sus sentencias indicando la
necesaria reparación a las víctimas en cuanto a sus derechos de reparación,
memoria, verdad y justicia. Sin embargo, no siempre las medidas ordenadas por sus
sentencias han podido implementarse a fin de garantizar los derechos de las
víctimas.
107 MACHER, Sofía. Recomendación VS Realidades: Avances y desafíos en el Post-CVR Perú.
Op.Cit.,p 34 108 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe Defensorial, A un año de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación. Op.Cit., p 45.
55
Por tanto, podemos llegar a la conclusión que en nuestro país es necesaria la
implementación de políticas públicas que tutelen los derechos de las víctimas,
teniendo en cuenta que:
“Una política pública es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no reactivo ni causal. No se reduce a actos concretos y aislados, sino que implica una actuación articulada del Estado, que incluye orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales y la previsión de sus resultados. Así, las políticas públicas son los cursos de acción que desarrolla el Estado para la consecución de un objetivo determinado109.
Entonces si no existe una política pública aplicable de manera eficiente en el ámbito
de reparaciones a través de medidas oportunas que tengan un margen de impacto
en la vida real de tales víctimas no se podrán cerrar aquellas heridas que hasta hoy
en día persisten en la sociedad y en las familias que vivieron la época del terrorismo.
La política de reparación que en el Perú se ha implementado se inicia con la Ley N.º
28592 que fue aprobada el 20 de julio del 2005 (Aprobación del Plan de Reparación
a las Víctimas de la Violencia) y su reglamento, a partir de los cuales se buscó
ordenar el marco normativo referido a reparaciones, creando una estructura orgánica
y estableciendo funciones y responsabilidades a determinadas entidades. De
acuerdo con este marco general, las instancias a cargo de las reparaciones son las
siguientes110:
a) La Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las
acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación
colectiva y la reconciliación (CMAN), como ente rector del sistema;
b) El Consejo de Reparaciones (CR), encargado de la elaboración del
Registro Único de Víctimas (RUV) y de la acreditación, identificación e
individualización de las víctimas;
109 LAHERA, E. Introducción a las Políticas Públicas. Fondo de Cultura Económica. Santiago de Chile,
2004, p. 16. 110 LEY Nº 28592. Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR publicada el 20 de julio del
2005.
56
c) Los gobiernos regionales, locales y ministerios como órganos ejecutores de
los distintos programas de reparación (colectivas, económicas, salud,
educación, reparaciones simbólicas, facilitación y acceso habitacional y
restitución de derechos).
Casi doce meses después, el 06 de julio de 2006, se publicó el Decreto Supremo N°
015- 2006-JUS, mediante el cual se aprobó el Reglamento de la Ley N° 28592. Esta
norma, además, creó el Programa de Reparaciones Económicas Individuales
(PREI), que otorga una indemnización económica a determinados/as
beneficiarios/as acreditados/as en el Registro Único de Víctimas (RUV).
En el año 2011 se expidió la norma que posibilitó la puesta en marcha del referido
Programa. En efecto, el 16 de junio de ese año se publicó el Decreto Supremo N°
051-2011-PCM, el cual determinó los mecanismos y procedimientos para
implementar el PREI. Además, estableció un plazo para llevar a cabo el proceso
de determinación e identificación de los/as beneficiarios/as, que inició con la
entrada en vigencia de la Ley y terminó el 31 de diciembre de 2011.
La primera lista de personas beneficiarias de reparaciones económicas salió
publicada en el mes de julio del 2011: hasta la fecha se han emitido un total de 11
listados111.
También es importante precisar que existió en nuestro país un “Compendio de
Legislación para Víctimas del Terrorismo”112 de aproximadamente 30 normas de
diverso rango y jerarquía que regulaban la situación y los beneficios que
corresponden a las fuerzas del orden, servidores y funcionarios del Estado y
miembros de los Comités de Autodefensa. Además de estas, entre los años 2003 y
111 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe de Adjuntía n° 008-2014-adhpd/dp. Balance del Nivel de
Cumplimiento del Programa de Reparaciones Económicas Individuales (PREI), Lima, 2014 [ubicado el 25 .X 2015]. Obtenido en : http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/varios/2014/Informe-de-Adjuntia-008-2014-ADHPD-DP.pdf
112 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe Defensorial N°162. A diez años de verdad, justicia y reparación. Avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso. Lima, 2013 [ubicado el 25 .X 2015].Obtenido en: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/INFORME-DEFENSORIAL-162.pdf
57
2013 se han emitido, por lo menos otras 19 normas referidas a la implementación
de reparaciones, comprendiendo a otros sectores, como las víctimas civiles113.
En las primeras normas que se refieren a reparaciones es necesario precisar que
tuvieron como objetivo dar beneficios propios a algunos grupos de víctimas como
serían entre ellas las víctimas del terrorismo, luego se decidió legislar otras normas
que tenían como finalidad reparaciones integrales a las víctimas del conflicto en
general, es decir se hizo una distinción entre las víctimas de terrorismo y de las
violaciones de los derechos humanos siendo un patrón propio de la CVR.
El Informe N° 162 de la Defensoría del pueblo afirmó:
“El desarrollo normativo, hasta la fecha, no refleja un trabajo ordenado y concertado entre las diversas entidades del Estado, existiendo programas de reparación que aún no han sido implementados. Esta atomización de recursos y esfuerzos institucionales torna más complejo el proceso de reparaciones y dificultaría, además, la labor de monitoreo que corresponde realizar a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN). En cuanto a los avances en la identificación de las víctimas, se han creado dos registros distintos y previos al Registro Único de Víctimas (RUV) a cargo del Consejo de Reparaciones: el Registro Nacional para las Personas Desplazadas (RADI), y el Registro Especial de Ausencia por Desaparición Forzada (READF). Además, se creó el Padrón Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política114”.
Es necesario tener en cuenta que uno de los factores de la eficiencia de las
reparaciones a las víctimas del terrorismo es que esta labor primordial ha sido
encargada a un órgano determinado, en este caso La Comisión Multisectorial de
Alto Nivel (CNAM), que lamentablemente no se abastece con la labor tan ardua de
reparación. De ahí que compartimos la apreciación de la Defensoría del Pueblo que
afirma:
“Las reparaciones deben entenderse y ejecutarse como tales, evitando confundir sus objetivos con proyectos o programas sociales, como ha venido ocurriendo con algunas medidas adoptadas por el Estado. Si
113 Ibídem, p .21 114 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe Defensorial N°162. A diez años de verdad, justicia y
reparación. Avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso. Op.Cit., p 23.
58
bien es cierto pueden existir otras políticas que contribuyan con este sector, estas deben complementarse, respetando en todo momento la
finalidad reparadora del PIR”115.
Entonces en nuestro país tanto las recomendaciones de la CVR y de la Defensoría
del Pueblo y la legislación en materia de reparación incluyen a las víctimas del
terrorismo entre las víctimas del conflicto y, por lo tanto, ellas se consideran víctimas
de violaciones de los Derechos Humanos.
Con lo que respecta a las reparaciones garantizadas por el estado a las víctimas del
conflicto se trata de reparaciones simbólicas, en salud, en educación, de restitución
de los derechos ciudadanos, reparaciones económicas, colectivas, de memoria y
judicialización a través del Plan Integral de Reparaciones116.
En cuanto a las reparaciones en salud podemos destacar el convenio que se firmó
en el año 2005 entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Ministerio de la Salud. Dicho
convenio se firmó para la implementación del proyecto de Fortalecimiento de la
Atención de Salud Integral en personas víctimas de la violencia y violación de
derechos humanos, con el que buscaba brindar capacitación al personal de la salud,
que concluyó en el año 2007. También cabe destacar que con el apoyo de la
Universidad de Harvard a través de su Programa de Atención al Trauma del
Refugiado se logró crear la “Guía Práctica para uso en servicios de emergencia y
consulta externa” desarrollado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
que además de brindar conocimientos sobre las consecuencias de la violencia,
enseñaba cómo brindar atención a sus víctimas.
En cuanto a las reparaciones en educación en 2016 el PIR ha dado prioridad a la
formación académica para descendientes de las víctimas, esto a través del Registro
Único de Victimas, en el cual se registran las víctimas del conflicto y así acceden a
115 Ibídem , p 28 y ss. 116 El viernes 29 de enero de 2016 el gobierno modificó, mediante un decreto supremo, el reglamento
de la Ley N° 28592 que creó el Plan Integral de Reparaciones, para que las víctimas de la violencia política puedan transferir su derecho a reparación en educación a hijos/as o nietos/as.
59
los beneficios que el Estado promueve a través de sus diversos programas sociales.
Entre ellos destaca el programa de Becas REPARED implementado desde el año
2012, destinado a dotar de becas para estudios superiores a cargo del Consejo de
Reparaciones del Ministerio de Justicia a favor de las víctimas que figuraran en el
Registro Único de Víctimas (RUV)117.
Por lo que se refiere al derecho de restitución, es importante recalcar que en el año
2016 se promulgo la Ley 30470, Ley de Búsqueda de personas desaparecidas
durante el periodo de violencia 1980-2000, la misma que en su artículo primero tiene
como finalidad priorizar el enfoque humanitario durante la búsqueda de las personas
desaparecidas en el período de violencia 1980-2000, articulando y disponiendo las
medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución
de los restos humanos. Para la ejecución de este proyecto el resultado que se espera
es la Implementación del registro de personas Desaparecidas y el Banco
Biogenético, para lo cual el Estado ha presupuestado en 2018 la suma de 6.0
millones de soles.
Con el fin de reconocer los derechos colectivos de las víctimas del conflicto se creó
la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del Seguimiento de las Acciones
y Políticas del Estado en los Ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la
Reconciliación Nacional (CMAN)118 como ente coordinador, encargada de elaborar
los programas de reparaciones y de coordinar y supervisar su ejecución, de tal
manera que se beneficie a las comunidades campesinas y nativas afectadas por el
conflicto. Es así como según el documento de Sustentación del Presupuesto 2018
en el Sector Justicia y Derechos Humanos de septiembre del 2017 se ha mejorado
la atención a víctimas y familiares con una nueva Sala de atención en la sede central
de la CMAN, y mayor personal para atención logrando reducción de tiempo de
espera de 5 horas a 40 minutos. El mismo documento también refiere que en 2016
se otorgaron 400 becas REPARED, las mismas que subvencionan estudios
universitarios y técnicos, eliminando los plazos para la transferencia del derecho a la
117 AYALA, J y JAVE I.” La Beca REPARED, oportunidad y derecho en el Programa de Reparaciones en el Perú”, Lima, Editorial Equis Equis, 2017, pág. 41. 118 Decreto supremo 011-2004-JUS, 7 de febrero de 2004.
60
reparación en educación y la eliminación de requisitos como la prohibición de
estudios previos. Si bien el Informe de Sustentación de Presupuesto del año 2018
asigna 14.0 millones de soles para la meta de las Reparaciones a las Víctimas de la
violencia ocurrida entre 1980-2000, de tal manera que beneficie a 56 comunidades
y 840 usuarios, también es necesario que estas reparaciones se den de manera
progresiva y oportuna a través de la integración de los distintos programas sociales.
2.4 Las víctimas del terrorismo: derechos reconocidos y derechos a reconocer.
Después de examinar varios instrumentos normativos en el ámbito internacional, de
la Unión Europea, España y Perú podemos concluir que no existe un enfoque
unánime sobre qué tipo de tutela asignar a las víctimas del terrorismo.
En primer lugar, en cuanto a la tutela en el ámbito internacional, hay que subrayar
que las víctimas del terrorismo no reciben un tratamiento específico, sino que son
equiparadas a las víctimas del delito en general. En una definición amplia de la
categoría de víctima se incluyen a todas aquellas personas que hayan sufrido alguna
violación a sus derechos fundamentales y, por lo tanto, deberán ser resarcidas por
el Estado aplicando diferentes políticas de reparación.
No existiendo una tutela específica asignada a las víctimas del terrorismo, se les
reconoce derechos que son común denominador para todas las víctimas del delito
como el derecho de asistencia sanitaria de urgencia y a largo plazo, el derecho de
acceso efectivo a la justicia, el derecho a la reparación y a la indemnización, el
derecho a la protección de la vida privada y familiar119.
Como hemos visto, en el ámbito de la Unión Europea la tutela de las víctimas del
terrorismo ha ido evolucionando, de tal manera que, entre las víctimas del delito en
119 Todos estos derechos se encuentran en la “Líneas directrices sobre la protección de las víctimas
de actos terroristas”, adoptados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 2 de marzo del 2005.
61
general ellas reciben una especial consideración. La Directiva 2012/29/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de la UE que establece normas mínimas sobre
los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas del delito reconoce a las
víctimas del terrorismo el derecho a recibir información sobre el juicio, el derecho a
la participación, el derecho a la protección, el derecho a la asistencia y el derecho a
la reparación.
El derecho a la información, que está previsto en los artículos 4 y 6 de la respectiva
Directiva, según BLÁZQUEZ120 reconoce, en primer lugar, a la víctima el derecho a
recibir información desde el primer contacto con una autoridad competente,
previendo al mismo tiempo para el Estado la obligación del uso de un lenguaje
sencillo y accesible.
En cuanto al derecho a la participación se circunscribe a la posibilidad de que las
víctimas sean escuchadas durante las actuaciones (por tanto, no solo durante el
proceso penal, sino también en cualquier actuación que se realice antes, durante o
después del proceso y que tenga relación con la víctima) y a aportar los medios
probatorios que estimen pertinentes. De tal manera, a través de su participación
pueden contribuir a esclarecer los hechos, a que sus daños sean resarcidos y que
no se vulnere su derecho a la defensa.
Según PEREZ RIVAS, los derechos que se encuentran descritos en los artículos 14
y 20 de la mencionada Directiva contemplan dos medidas, una orientada al primordial
cuidado que se debe tener con víctimas menores de edad pues deben ser
consideradas y tratadas como titulares plenos de los derechos establecidos en la
misma; y la otra medida consiste en hacer referencia al estatuto de la víctima en el
sistema de justicia penal correspondiente. La idea central de este derecho será no
ocasionar ulterior daño emocional a la víctima del que ya haya sufrido, protegiendo
la privacidad de estas víctimas ante el proceso penal.
120 BLÁZQUEZ PEINADO, María. ”La Directiva 2012/29/UE ¿Un paso adelante en materia de
protección a las víctimas en la Unión Europea?”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, N°. 46,
Setiembre/Diciembre, 2013, p. 906.
62
Y como últimos derechos reconocidos dentro de esta Directiva se encuentran los
derechos de asistencia y de reparación. En cuanto al primero abarca la asistencia en
los ámbitos jurídicos, sociales, psicológicos y sanitarios, mientras que el segundo, el
derecho de reparación, está referido a las indemnizaciones económicas a cargo del
victimario y a favor de la víctima. Todos estos derechos están reconocidos a las
víctimas del delito, entre las cuales las víctimas del terrorismo son una categoría que
debe tutelarse con carácter prioritario, puesto que el delito de terrorismo es un delito
grave que tiene la finalidad de atentar contra orden público, de tal manera que sus
víctimas necesitarán una especial atención.
Haciendo mención del artículo 23 de la Directiva Europea antes mencionada se
pueden determinar las medidas que se deben tomar en cuenta durante las
investigaciones penales para proteger a las víctimas del terrorismo, siendo las
siguientes:
a. se tomará declaración a la víctima en dependencias concebidas o adaptadas
a tal fin;
b. la toma de declaración a la víctima será realizada por profesionales con
formación adecuada a tal efecto o con su ayuda;
c. las víctimas pueden ir acompañadas de su representante legal y de una
persona de su elección, a menos que se haya adoptado una resolución
motivada en contrario;
d. cualquier reconocimiento médico se reduzca al mínimo y se efectúe
únicamente si es necesario para los fines del proceso penal;
e. También se adoptan otras medidas durante el proceso antes los tribunales
como son:
i. medidas para evitar el contacto visual entre la víctima y el infractor,
incluso durante la práctica de la prueba, a través de los medios
adecuados, incluido el uso de tecnologías de la comunicación;
63
ii. medidas para garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar
presente en la sala de audiencia, especialmente mediante la utilización
de tecnologías de la comunicación adecuadas;
iii. medidas para evitar que se formulen preguntas innecesarias en
relación con la vida privada de la víctima sin relación con la infracción
penal, y
iv. medidas que permitan la celebración de una audiencia sin la presencia
de público.
Respeto a la tutela de las víctimas en España, se puede establecer que es uno de
los países que han dado pasos muy significativos, siendo uno de los países que
recoge en su legislación un tratamiento específico para las víctimas del terrorismo.
Además de los derechos al resarcimiento de las víctimas, a recibir una asistencia
personalizada en el ámbito médico, psicológico y sociofamiliar, a la protección de las
víctimas en los procesos judiciales, la tutela específica de las víctimas del terrorismo
garantizada en España está orientada a una protección integral de las víctimas. De
ahí que se haya considerado a la legislación española como un modelo a seguir para
tutelar a las víctimas del terrorismo en nuestro país.
En tanto en el ámbito nacional podemos afirmar que si bien el legislador peruano a
través de diferentes políticas públicas ha reconocido numerosos derechos a las
víctimas del conflicto y ha implementado organismos que trabajen para resarcir los
daños que ellas padecieron entre los años 1980 al 2000, es necesario no solo que
se dé prioridad a las necesidades asistenciales y de reparación en sus diversas
modalidades, sino también reconocer los derechos de memoria, verdad, dignidad y
justicia.
De todo lo analizado en este capítulo podemos concluir que en los cuatro
ordenamientos jurídicos (el ordenamiento internacional, de la Unión Europea, de
España y de Perú), citando a SERRANÓ A., se han satisfecho solo los derechos
relativos a la dimensión privada o individual del daño causado por el terrorismo, es
decir el daño ocasionado directamente a la víctima contra su integridad física y moral.
64
De ahí que los derechos reconocidos a las víctimas referidos a esta dimensión sean
más de ámbito patrimonial, tal es el caso de las indemnizaciones y reparaciones
económicas, en el ámbito de la salud, de la educación, entre otros. Mientras que los
derechos relativos a la dimensión pública o colectiva del daño ocasionado por el
terrorismo no han sido todavía atendidos tales como el derecho a la verdad, la
memoria, la justicia y con ello el respeto a su dignidad121.
Entonces no se podrá hablar de tutela completa para las víctimas del terrorismo si
no se toman en cuenta estos últimos derechos pues solo así aquellas voces
silenciosas que fueron víctimas del terrorismo podrán alcanzar lo que tanto han
anhelado por muchos años, la justicia.
121SERRANÒ, A. “Aprendiendo con las víctimas del terrorismo: lecciones desde la experiencia
española” en Aprendiendo con las víctimas del terrorismo. Propuesta didáctica para la ciudadanía activa por la Memoria y la Justicia, Op.Cit, p.23.
65
CAPÍTULO III
LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN EL PERÚ SEGÚN EL
ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS.
En el capítulo anterior hemos examinado la tutela de las víctimas en diferentes
ordenamientos jurídicos entre los cuales destaca el ordenamiento peruano. Desde
este primer análisis se puede llegar a la conclusión que entre las víctimas del
conflicto no sólo existen las víctimas del terrorismo sino también víctimas de violación
de los Derechos Humanos, entre las cuales se encuentran las de desaparición
forzada, de esterilización forzada, de ejecuciones extrajudiciales, de violaciones
sexuales, de torturas, etc.
Ahora bien, las víctimas de las violaciones de los Derechos Humanos pueden ejercer
la capacidad jurídica activa de recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) para solicitar la reparación del daño sufrido, gracias a los acuerdos
66
internacionales suscritos por nuestro país122. De tal forma que ante la CIDH se han
presentado hasta hoy 29 casos relacionados con el conflicto armado interno,
obteniendo una sentencia condenatoria que compromete al estado peruano a
resarcir los derechos que fueron vulnerados a sus ciudadanos, siendo el último
pronunciamiento de la CIDH el 08 de febrero 2018 con la sentencia relacionada al
caso Zegarra Marín Vs. Perú123.
Por lo que en este capítulo se profundizará cómo han sido abordados en el ámbito
jurisdiccional supranacional los casos peruanos relacionados con el conflicto armado
interno, examinando dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en los que el estado peruano ha sido condenado por haber violado los
derechos humanos de sus ciudadanos.
3.1. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: una
breve introducción.
El Sistema interamericano cumple un rol primordial en la protección y promoción de
los derechos humanos, tal es así que la preocupación por la dignidad de la persona
y su amparo jurídico data varias décadas. Siendo ya en febrero de 1945, durante el
desarrollo de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la
Paz de Chapultepec, México, donde los países americanos concibieron la posibilidad
de crear un sistema regional de protección de los derechos humanos124. Pero sería
en abril de 1948, con ocasión de la IX Conferencia Internacional Americana,
celebrada en Bogotá, Colombia, que se adoptaron los dos primeros instrumentos
internacionales de este sistema de protección, como son la Carta de la Organización
de Estados Americanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
122 Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica), 1969.
123 Corte IDH. Caso Zegarra Marín Vs. Perú. Sentencia de 08 de febrero de 2018. 124 NÚÑEZ PALACIOS, Susana. Actuación de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, 1994, p. 52.
67
Hombre que antecedió a la Declaración Universal, suscrita el 10 de diciembre del
mismo año125.
Precisamente, en agosto de 1959, durante la V Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores de la OEA, celebrada en Santiago de Chile, se adoptó la
Resolución VIII, titulada “Derechos Humanos”, en la cual se encomendó al Consejo
Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de una Convención sobre Derechos
Humanos y se dispuso la creación del primer órgano de protección del sistema: la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante COIDH)126.
Es importante tener en cuenta que la creación de la COIDH en sus inicios no podía
proteger de manera eficaz los derechos humanos, pues no es un organismo de
naturaleza judicial, por lo que se limita a dictar recomendaciones y a buscar una
solución amistosa en los supuestos de violación de los Derechos Humanos127. Para
ARLETTAZ, este fue el motivo que facilitó la creación de un organismo propiamente
jurisdiccional que velara por la protección de los Derechos Humanos en el Continente
Americano: la Corte Interamericana de Derechos Humanos128 (en adelante CIDH).
Gracias al Sistema interamericano de Derechos Humanos, el ciudadano puede
ejercer su capacidad jurídica activa accediendo a la jurisdicción supranacional según
en el artículo 205 de la Constitución Política de 1993, donde se ha establecido que,
agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la
Constitución reconoce, puede recurrir a sistemas supranacionales de tutela de los
derechos humanos. A fin de que el ciudadano recurra a los tribunales u organismos
internacionales que tienen jurisdicción sobre el Perú es necesario el cumplimiento de
125 HITTERS, Juan Carlos. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Buenos Aires, Editorial
Edi, Tomo XI, 1991, p. 13. 126NOVAK FABIAN. “El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos:
semejanzas y diferencias con el sistema europeo”. Agenda Internacional, Año IX, N°18, 2003, 28. 127 UGARTE BOLUARTE, Rosa Luz. Los derechos humanos en el Perú: una mirada al cumplimiento
de las sentencias supranacionales dictadas por la Corte IDH vs. el Perú”, Revista Les, Año XII, N°14, 2014, p. 35.
128 ARLETTAZ, Fernando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Breves apuntes con ocasión del aniversario de su instalación, p.2. [ubicado el 03.X.2015 a las 10.24 horas]. Obtenido en: http://www.tiempodelosderechos.es/docs/sep12/fa.pdf.
68
ciertos requisitos que se precisan en el artículo 46 de la Convención Americana de
Derechos Humanos (CADH), la cual señala:
1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o
45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:
a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna,
conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente
reconocidos;
b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en
que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión
definitiva;
c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro
procedimiento de arreglo internacional, y
d) que la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el
domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la
entidad que somete la petición.
2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del artículo 44 CADH no se aplicarán
cuando:
a) no exista en la legislación interna del Estado el debido proceso legal para
la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;
b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los
recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos;
c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
Una vez que la denuncia se ha admitido a trámite, la Comisión iniciará el
procedimiento y, entre otros trámites a realizar, se prevé la apertura de un plazo de
dos meses para que los denunciantes puedan presentar observaciones adicionales
sobre el fondo del asunto. La Comisión podrá por iniciativa propia o a solicitud de
69
alguna de las partes, establecer un plazo para que ellas manifiesten si tienen interés
en iniciar un procedimiento de solución amistosa129.
Al admitir la denuncia, la Comisión irá a examinar los alegatos, las pruebas
suministradas por las partes, las informaciones obtenidas durante las audiencias y
las observaciones in loco y procederá a deliberar sobre el caso. En este momento
del procedimiento se pueden dar dos situaciones:
1) que se llegue a una solución amistosa; en este caso, con arreglo a las
disposiciones del inciso 1.f. del artículo 48 de la CADH, la Comisión redactará un
informe que será transmitido al demandante y a los Estados partes en esta
Convención y será comunicado, para su publicación, al Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos. Este informe contendrá una breve
exposición de los hechos y de la solución convenida.
2) De no llegarse a una solución amistosa, y dentro del plazo que fije el Estatuto de
la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus
conclusiones. Si el Estado que la Comisión ha considerado como responsable de las
violaciones de derechos humanos en cuestión ha aceptado la jurisdicción de la Corte
Interamericana y, a su vez, la Comisión considera que dicho Estado no ha cumplido
con las recomendaciones del informe aprobado, se someterá el caso a la Corte
(CIDH), salvo por decisión fundada de la mayoría absoluta de los miembros de la
Comisión, de acuerdo con el artículo 50 de la CADH130.
La CIDH tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la
interpretación y la aplicación de las disposiciones de la Convención que le sean
sometidos, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido su
competencia contenciosa131.
129GONZÁLES MORALES, Felipe. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
antecedentes, funciones y otros aspectos” en Anuario de Derechos Humanos,N°05, 2009, p. 51. 130 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, art. 44.1. 131 CODH.ABD de La Corte Interamericana de Derechos Humanos. El qué, cómo, cuándo, dónde y
por qué de la Corte Interamericana. Ubicado el [23 de X 2015]. Obtenido en https://www1.umn.edu/humanrts/research/colombia/ABC%20Corte%20IDH.pdf
70
Puesto que en este capítulo se analizarán algunas sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, se considera importante determinar cómo es
el funcionamiento de este tribunal, a fin de que se puedan comprender más en
profundidad los diferentes fallos emitidos en los casos referidos al conflicto armado
interno en el Perú132. Por ello, es necesario mencionar que el máximo tribunal se
toma un tiempo considerable en dar seguimiento a los casos, debido a las diferentes
particularidades de las reparaciones, pues se determina el fallo de acuerdo con cada
caso en concreto.
Es importante subrayar que “toda violación de un compromiso internacional implica
la obligación de reparar de una forma adecuada”133 y que el incumplimiento de una
norma de Derecho Internacional genera un conjunto de obligaciones para el Estado
infractor que son: (i) cesar el hecho ilícito, en caso de que se trate de una obligación
de naturaleza continuada; (ii) ofrecer garantías de no repetición, si las circunstancias
lo requieren; (iii) reparar adecuadamente el daño causado; y (iv) soportar las
contramedidas lícitas que aplique el Estado lesionado para obtener el cese del hecho
ilícito y la reparación de los hechos sufridos134.
Como es sabido nuestro país se ha adherido a la CADH el 28 de julio de 1978 y
aceptó la competencia contenciosa de la CIDH el 21 de enero de 1981, por lo que,
desde esa fecha, según el artículo 67 del Tratado de San José de Costa Rica, todo
fallo del tribunal es definitivo e inapelable en nuestra jurisdicción. Más aún, según el
artículo 68 inciso 1135, los Estados se comprometen a cumplir la decisión de todo
132 Caso Cayara, Caso Neira Alegría y otros, Caso Loayza Tamayo, Caso Castillo Páez, Caso Castillo
Petruzzi y otros, Caso Cesti Hurtado, Caso Durand Ugarte, Caso Cantoral Benavides, Caso Barrios Altos, Caso Hermanos Gómez Paquiyauri, Caso De la Cruz Flores, Caso Lori Berenson Mejía, Caso Huilca Tecse, Caso Gómez Palomino, Caso García Asto y Ramírez Rojas, Caso Baldeón García, Caso Penal Miguel Castro Castro, Caso La Cantuta, Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, Caso Anzualdo Castro, Caso Osorio Rivera y Familiares, y Caso J.
133 Corte Permanente de Justicia Internacional. Caso Fábrica Chorzów. Serie A. N° 9. 26 de julio de 1927, p. 21.
134 SÁNCHEZ, Víctor. “Responsabilidad Internacional del Estado”. En: SÁNCHEZ, Víctor (Editor). Derecho Internacional Público. Barcelona: Huygens Editorial, 2010, pp. 303-304
135 Artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
71
caso en el que formen parte del proceso, y según el inciso 2136, a que la
indemnización compensatoria ordenada se ejecute mediante el proceso interno de
cada Estado. Por lo que el Estado peruano está obligado a cumplir los fallos emitidos
por la CIDH, habiendo ratificado su competencia contenciosa y siendo un Estado
Constitucional de Derecho que cumple con sus obligaciones.
En el caso peruano, la ejecución de las decisiones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos se reguló por medio de la Ley Nº 27775, “Ley que Regula el
Procedimiento de Ejecución de Sentencias Emitidas por Tribunales
Supranacionales”, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de julio de 2002.
Conforme al artículo 2 de dicha Ley, las sentencias de este Tribunal deberían ser
remitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores al presidente de la Corte
Suprema, quien tendría la obligación de transmitirla a la Sala en la que se agotó la
jurisdicción interna. Posteriormente, el Juez Especializado o Mixto que conoció el
proceso en primera instancia debería disponer su ejecución137.
Según el artículo 2° inc.16 de la misma Ley “el procedimiento de ejecución de
Sentencias Supranacionales” se divide en varias fases que son las siguientes: a)
Competencia; b) Procedimiento para la ejecución de resolución que ordena el pago
de suma determinada; c) Procedimiento para el pago de suma por determinar; d)
Proceso para fijar la responsabilidad patrimonial y el monto indemnizatorio; y, e)
Ejecución de medidas provisionales138 (incluso, una partida de fondos para atender
exclusivamente al pago de sumas de dinero impuestas por sentencias de tribunales
internacionales por violaciones a los Derechos Humanos)139.
También es importante tener en cuenta que la CIDH ha diseñado un proceso de
supervisión de cumplimiento escrito en el cual “el Estado responsable presenta los
136 ARTICULO 68 INCISO 2 de La Convención American de Derechos Humanos: Los Estados Partes
en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 137 ANTKOWIAK, Thomas. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus Reparaciones
centradas en la Víctima”. Óp. cit., p. 309 138 LEY N° 27775, Ley que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales
Supranacionales, publicada el 07 de junio del 2012. 139 PELLEGRINI, Lisandro. “El incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos” en Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, Montevideo, Fundación Konrad-Adenauer, 2010, p. 88.
72
informes que le sean requeridos por la Corte, y la Comisión Interamericana y las
víctimas o sus representantes legales remiten observaciones a dichos informes”140.
Tal es así que nuestro país participó en el 2016 en el 157° periodo de sesiones en
Washington, donde la CIDH realizó una audiencia pública a pedido del Estado
peruano para informar sobre los avances en las diferentes reparaciones a las
víctimas del conflicto armado interno a través del Plan Integral de Reparaciones.
Dicha audiencia estuvo integrada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos,
por el embajador del Perú en ese entonces, Luis Chuquihuara, el secretario de la
Comisión de Alto Nivel (CMAN) Adolfo Chávarry, el procurador supranacional Luis
Huerta y representantes de la sociedad civil en materia de derechos humanos. Cabe
destacar que según la CMAN hasta la fecha el Programa de Reparaciones
Económicas ha beneficiado a 77,578.00 personas, entre las cuales se encuentran
familiares de víctimas fallecidas o desaparecidas, personas con discapacidad
producto de la violencia política y víctimas de violación sexual141.
Después de haber descrito brevemente el procedimiento mediante el cual el
ciudadano puede recurrir ante la COIDH por violaciones de Derechos Humanos cuyo
responsable es el Estado, y después de haber explicado como su caso puede llegar
a la jurisdicción de la CIDH, pasaremos en el siguiente apartado a analizar dos casos
concretos relacionados con el conflicto armado interno peruano ante la CIDH: el caso
Neira Alegría y otros Vs. Perú142 y Barrios Altos vs. Perú.
140 Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre
de 2003. Serie C No. 104, párr. 105. 141 La Comisión de Alto Nivel (CMAN). Logros en reparaciones individuales y colectivas. [ubicado el
03.X.2015 a las 10.24 horas]. Obtenido en: http://cman.minjus.gob.pe/index.php/logros-programa-de-reparaciones.html
142 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos del 19 de enero de 1995.
73
3.2 Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú (Sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos del 19 de enero de 1999).
Es sabido que en 1986 en nuestro país existía una gran cantidad de militantes de
Sendero Luminoso recluidos en los diferentes establecimientos penitenciarios de
Lima, debido a esto según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) existía
una intensa actividad ideológica y organizativa en el interior de los penales que ya
había causado en 1985 dos motines (respectivamente el 3 de abril y el 13 de julio)
con toma de rehenes e incluso apoderamiento de armas de fuego, los mismos que
fueron resueltos con la intervención de autoridades judiciales, del Ministerio Público
y funcionarios del Institución Nacional Penitenciario (INPE), a través del diálogo con
los internos.
En el año 1986, entre los detenidos en el establecimiento penal San Juan Bautista,
conocido como “El Frontón”143, en calidad de procesados como presuntos autores
del delito de terrorismo, figurarán los señores: Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno
Escobar y William Zenteno Escobar. El 18 de junio de 1986, la misma fecha en la
que los mencionados condenados por delito de terrorismo se encontraban en el
penal “el Frontón”, se produjo un amotinamiento reportándose la toma de rehenes y
el hallazgo de armamento de guerra. Como consecuencia del amotinamiento
producido en ese penal en la fecha indicada, mediante Decreto Supremo Nº 006-86
JUS, el Gobierno delegó en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el control
de los penales y el Penal San Juan Bautista quedó incluido en las llamadas “Zonas
Militares Restringidas”.
143 El día 08 de febrero de 2018 resolvió dictar Medidas Provisionales Respecto de nuestro país y
resolvió ratificar la Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 17 de diciembre de 2017 y requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de las víctimas del caso Durand y Ugarte a obtener un acceso a la justicia sin interferencias en la independencia judicial, archive el procedimiento de acusación constitucional actualmente seguido ante el Congreso de la República contra los Magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, al que se ha hecho referencia en esta Resolución. A la vez requirió a más tardar el 15 de abril de 2018, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo antes mencionado. Véase CIDH. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Sentencia de 19 de setiembre de 1996.
74
Fue así como las Fuerzas Armadas con el apoyo de las Fuerzas de Operaciones
Especiales (FOES) de la Marina de Guerra al mando del Capitán de Navío AP Luis
Giampietri Rojas, decidieron realizar una apertura en los boquetes en el Pabellón
Azul de “el Frontón”, disparando dos cohetes sobre la pared del lado oeste del
pabellón. Al ver que esta primera estrategia no tuvo resultado, decidieron lanzar otro
cohete, pero, esta vez, contra la puerta principal de dicho penal. Este acto generó
que los internos amotinados respondieran disparando con armas de fuego y dardos
por horas. Tal enfrentamiento armado entre los miembros de la Infantería de la
Marina y los internos condenados por terrorismo amotinados en el Pabellón Azul se
prolongó hasta aproximadamente las 14:00 horas del día 19 de junio, cuando se
produjo la rendición de los reclusos y la liberación de los rehenes Luis Pérez Ellis y
José Mayta Calderón. Sin embargo, también se generó la muerte tanto de algunos
miembros de las fuerzas del orden como de algunos internos entre los que se
encontraban: Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno
Escobar. Según reporta la CVR hubo un total de 28 sobrevivientes que constituiría
menos del 20% de la población estimada en el Pabellón Azul, y entre dicha
población, muchas personas fueron desaparecidas.
Luego de estos fatídicos hechos, los familiares de Víctor Neira Alegría, Edgar
Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar decidieron presentar un recurso de
hábeas corpus que fue declarado improcedente debido a que se había decretado un
estado de emergencia. Por otro lado, se abrió instrucción en la jurisdicción penal
militar para determinar una posible responsabilidad de los miembros de las Fuerzas
Armadas que participaron en el operativo. No obstante, se sobreseyó la causa y se
determinó la no responsabilidad de los encausados. Debido a esto, los familiares de
los reclusos anteriormente mencionados presentaron su denuncia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, el 31 de agosto de 1987.
Posteriormente el caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por la Comisión mediante demanda del 10 de octubre de 1990 a la que
acompañó el informe No. 43/90, aprobado el 14 de mayo de 1990. En dicha
demanda, la Comisión afirmó que el Gobierno violó los artículos 1 (Obligación de
Respetar los Derechos), 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 4
75
(Derecho a la Vida), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y
25 (Protección Judicial) de la CADH, en virtud de lo cual solicitó que la Corte “decida
sobre este caso conforme a las disposiciones de la Convención, que determine la
responsabilidad por la violación señalada y que otorgue una justa compensación a
los familiares de la[s] víctima[s]144”.
Lo que respecta al fondo del asunto, con respecto a las personas privadas de libertad
la CADH establece que, si bien estas personas pierden ciertos derechos, aún como
seres humanos tienen el derecho a vivir en condiciones de detención respetuosas
con su dignidad personal y, por tanto, es deber del Estado garantizarles el derecho
a la vida y a la integridad personal. Entonces podemos determinar que el Estado es
responsable directo de mantener el orden de los establecimientos de detención y a
aún más es el garante de los derechos de los detenidos. Por lo tanto, con respecto
a este tema el Estado peruano debe velar para que se cumplan las garantías
constitucionales y convencionales de los detenidos en sus centros penitenciarios.
Otro punto controversial que analiza la Corte es el referente al punto 61 del fallo en
la Sentencia Neira Alegría y otro Vs Perú que se refiere a que en este caso el Perú
ejerció el derecho y el deber de ejecutar la debelación del motín del Penal San
Juan Bautista, más aún cuando el motín no se produjo de forma súbita sino que
parece haber sido preparado con anticipación, pues los detenidos habían fabricado
armas de diversos tipos, excavado túneles y asumido prácticamente el control
del Pabellón Azul. También debe tenerse en cuenta que en la primera fase de
la debelación por la Guardia Republicana los detenidos capturaron como rehenes
a un cabo y a dos guardias, causaron heridas a otros cuatro y tomaron posesión de
tres fusiles y una pistola ametralladora con los que produjeron muertes entre las
fuerzas policiales que entraron a debelar el motín. Si bien es cierto el Estado peruano
a través de sus fuerzas policiales tuvo el derecho de reprimir el conflicto que se
suscitó en el Penal, también debemos tener en cuenta que las fuerzas policiales
tienen el deber de respetar, en la medida de lo posible, los derechos humanos por lo
que durante toda la operación no debieron dejar su actuar a la arbitrariedad.
144 Corte IDH. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Sentencia de 19 de setiembre de 1996, párr. 02.
76
La actitud de los funcionarios y autoridades no es juzgada por la CIDH pues según
ella es innecesario analizar si los funcionarios y las autoridades que tomaron parte
en la debelación del motín actuaron o no dentro de sus funciones y de acuerdo con
su derecho interno, ya que la responsabilidad de los actos de los funcionarios del
Gobierno es imputable al Estado con independencia de que hayan actuado en
contravención de disposiciones de derecho interno o superado los límites de su
propia competencia.
Un derecho vulnerado a los que se hace mención en el fallo es el derecho a la libertad
personal que se encuentra recogido en el artículo 4.1 de la CADH, el cual estipula
que “[n]adie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Es aquí que debemos
detenernos a analizar el derecho del Estado a usar la fuerza que implicó violación
del derecho a la vida. La Corte afirma que no se puede justificar el uso de la fuerza
que se empleó para combatir el motín pues en este caso se provocó una
confrontación política entre el Gobierno y los detenidos y esto trajo como
consecuencia la muerte de internos que eventualmente hubieran podido terminando
rindiéndose.
Según la posición de la Corte, el Estado peruano violó el derecho a la vida, tutelado
por el artículo 4.1 de la Convención, el mismo que estipula: “Toda persona tiene
derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la Ley y, en
general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente”. Esta protección integral del derecho a la vida por parte del Estado
no solo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quiénes deben
resguardar la seguridad, sean estas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas.
“En razón de lo anterior, los Estados deben tomar las medidas necesarias, no solo
para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de los
actos criminales, en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias
por parte de sus propios agentes de seguridad”145. En este caso nuestro país
efectivamente tiene una responsabilidad directa pues no previno los actos arbitrarios
145 CIDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs Honduras. Sentencia 07 de junio de 2003. Serie C N° 99,
Párrafo 110.
77
que cometieron las fuerzas armadas para detener el amotinamiento. Además, el
Estado peruano no tomó las medidas necesarias para prevenir este tipo de
incidentes y no fue garante de sus reclusos, otorgándoles las condiciones mínimas
para vivir que sean acordes con el respeto de su dignidad.
Otros de los derechos vulnerados por el Estado peruano según la Corte son los que
están tutelados en los artículos 7.6146 y 27.2147 referido el primero al derecho a la
libertad personal y el segundo a los derechos económicos, sociales y culturales.
Tales vulneraciones se debieron a la aplicación de los Decretos Supremos 012-IN y
006- 86 JUS de 2 y 6 de junio de 1986 que declararon el estado de emergencia en
las provincias de Lima y de El Callao y consideraron como “Zona Militar Restringida”
a tres penales, entre ellos el de San Juan Bautista, produciendo la inaplicación del
habeas corpus. En efecto, si bien dichos decretos no suspendieron de manera
expresa la acción o recurso de hábeas corpus regulado por el artículo 7.6 de la
Convención, el cumplimiento que se dio a ambos decretos produjo la ineficacia de
facto del citado instrumento tutelar, y por tanto, el desamparo y perjuicio de las
víctimas.
En este caso se presentó el habeas corpus por parte de Irene Neira Alegría y Julio
Zenteno Camahuali, parientes de las víctimas, pues pensaban que las presuntas
víctimas estaban secuestradas y, en el caso de que hubieran muerto, exigieron que
se les señalara dónde se encontraban los cadáveres. Como lo explica el párrafo 35
de la Opinión Consultiva 8/87, ya citada, entre los deberes del hábeas corpus figura
“controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición
146 Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin
de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
147 La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
78
o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. En este caso la
familia exigió que se cumpliera este derecho a través de la garantía del habeas
corpus, pero esta fue denegada.
En tanto a la violación del artículo 5.1. de la Convención, el cual establece: “Toda
persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”, en
este caso el razonamiento de la Corte es que aunque efectivamente se ha probado
que Víctor Peláez y otros efectivamente se encontraban en el penal “El Frontón” ese
día y que desaparecieron, no se puede probar que ellos fueron víctimas de algún
maltrato físico o psicológico y no se puede tampoco comprobar que se les haya
privado de las garantías judiciales, tuteladas en el artículo 8 de la Convención. Aún
más, sólo se puede establecer de los hechos que ellas fueron víctimas del motín
pero no se puede dar por cierto que efectivamente estas personas sufrieron algún
daño directo o maltrato durante su estancia en el penal. Por lo tanto, en cuanto al
cumplimento del artículo 63.1 de la Convención la corte refiere que:
“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.
Sin embargo, la corte precisa que de los hechos se puede solo determinar sólo la
reparación pues no se podrá garantizar al lesionado el goce de su derecho o libertad
vulnerados, pues en este caso se encuentran desaparecidos o de ser el caso ya
fallecieron.
El fallo al que llega la Corte es fijar US$154.040,74 como total de las
indemnizaciones debidas a los familiares de las víctimas a que se refiere este
caso. La sentencia estableció que este pago habría que hacerse por el Estado del
Perú en el plazo de seis meses a contar de la fecha de la notificación de la presente
sentencia y en la forma y condiciones que en ella se expresan.
También ordenó el establecimiento de fideicomisos según lo previsto en los párrafos
65 y 66 de la Sentencia de Reparaciones y Costas. En ambos se señala que, en lo
79
que respecta a la indemnización a favor de los menores de edad, el Gobierno
constituirá fideicomisos en una institución bancaria peruana solvente y segura,
dentro de un plazo de seis meses, en las condiciones más favorables que permitan
la legislación y la práctica bancarias, en beneficio de cada uno de esos menores,
quiénes recibirán mensualmente los intereses respectivos. Al cumplir la mayoría de
edad o haber contraído matrimonio, recibirán el total que les corresponde. En caso
de fallecimiento, el derecho se transmitirá a los herederos. De otro lado, en el
supuesto de que alguno de los mayores de edad no se presentara a recibir el pago
de la parte de la indemnización que le corresponde, el Estado depositará la suma
debida en un fideicomiso en las condiciones indicadas en el párrafo anterior y hará
todo esfuerzo necesario para localizar a esa persona. Si después de diez años de
constituido el fideicomiso la persona o sus herederos no lo hubieren reclamado, la
suma será devuelta al Estado y se considerará cumplida esta sentencia respecto a
ella. Lo anterior será aplicable también a los fideicomisos constituidos en favor de los
familiares menores de edad.
Otro punto interesante de la sentencia es que el Estado del Perú no podrá gravar
con impuesto alguno el pago de las indemnizaciones y que el Estado está obligado
a hacer todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas
y entregarlos a sus familiares. Finalmente la Corte resolvió que supervisará el
cumplimiento de la Sentencia de Reparaciones y Costas y sólo después dará por
concluido el caso.
Luego de dictar la sentencia, la Corte hizo seguimiento a su cumplimiento y así con
fecha 28 de noviembre del 2002 se pronunció sobre ello, estableciendo que el Estado
peruano ya había cumplido con la entrega de los principales intereses a los
beneficiarios de las víctimas. Sin embargo, en cuanto a la indemnización no
pecuniaria muy poco se había avanzado, en virtud de que se habían abierto algunas
investigaciones preliminares en el Ministerio Público para determinar
responsabilidades sin que se llegara a algún resultado. Por otro lado, no se había
realizado ninguna gestión para determinar en qué cementerio o en qué lugar se
encontraban enterrados los restos de los reclusos, información que le correspondería
80
brindar al Ministerio de Defensa. Finalmente se agregó que los familiares de las
víctimas no habían sido contactados por el Estado para llevar a cabo gestión alguna.
Luego del primer seguimiento que realizó la Corte, el 19 de enero del 2009 se hizo
una segunda supervisión del cumplimiento de dicha Sentencia dictada por la Corte
en el Caso del Frontón. En esta supervisión en líneas generales, el Estado peruano
ha incumplido con su obligación de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas
para dar cumplimiento a lo dispuesto en las Sentencia de Reparaciones y Costas,
emitida el 19 de septiembre de 1996. Además, la Corte decidió mantener abierto el
procedimiento de supervisión de cumplimiento de la sentencia, en lo que respecta a
localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares, pues
aún este punto se encuentra pendiente de cumplir.
Es necesario precisar que el 22 de noviembre de 2012 la Segunda Fiscalía Penal
Superior, a cargo de la fiscal Luz Carmen Ibáñez Carranza en ese momento, entregó
restos óseos de nueve personas, víctimas de la denominada matanza en la
prisión “El Frontón”, en el Callao, ocurrida en 1986148. En el auditorio de la Morgue
Central de Lima se entregaron los restos óseos de Óscar Martín Acevedo Abad,
Óscar Chuluncuy Prada, José Edwin García Vallejo, Antonio Guevara Arteaga,
Tiberio Poma Sulca, Julio César Taboada Camacho, Marco Antonio Nagajata Daza,
Alejandrino Gutiérrez Poma y Juan Carlos Aponte Silva. Sin embargo, los restos de
las víctimas de este caso no se han aún entregado, quedando pendiente de
conocerse su paradero.
148 “Entregan Restos De Nueve Victimas De La Matanza Del Frontón”. Publicado en el diario PERÚ
21. Obtenido en: http://peru21.pe/actualidad/entregan-restos-nueves-victimas-matanza-fronton-2104662
81
3.3 Caso Barrios Altos Vs. Perú (Sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos del 14 de marzo de 2001)149.
Es sabido que durante las décadas de los ochenta nuestro país se enfrentaba a una
crisis interna contra los grupos subversivos SL y el MRTA. En ese escenario
aparecieron diversos grupos paramilitares, entre ellos en la década de los noventa,
el llamado “Grupo Colina”, formado por miembros del Servicio de Inteligencia del
Ejército.
Es así que el 03 de noviembre de 1991 aproximadamente a las 22:30, seis individuos
armados irrumpieron en el inmueble ubicado en el Jirón Huanta No. 840 del
vecindario conocido como Barrios Altos de la ciudad de Lima, en donde se estaba
celebrando una “pollada”, es decir, una fiesta para recaudar fondos con el objeto de
hacer reparaciones en el edificio. En ese mismo instante los individuos armados
ordenaron a las personas que se encontraban en el lugar a arrojarse al suelo. Y una
vez que estaban en el suelo, dispararon indiscriminadamente matando a 15 personas
e hiriendo gravemente a otras cuatro, quedando una de estas últimas, Tomás Livias
Ortega, permanentemente incapacitada.
Luego de estos hechos, las investigaciones judiciales y los informes periodísticos
revelaron que los involucrados trabajaban para la inteligencia militar y eran miembros
del Ejército peruano que actuaban para el “escuadrón de eliminación” llamado
“Grupo Colina” que llevaba a cabo un programa antisubversivo e ilegal.
Posteriormente a los hechos ocurridos, en 1995 la Fiscal de la Cuadragésima
Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima, Ana Cecilia Magallanes, denunció a cinco
oficiales del Ejército como responsables de los hechos, incluyendo a diferentes
149 A través del periódico oficial “El Peruano” el día 25 de diciembre 2018, Pedro Pablo
Kuczynski, Presidente de la República y Enrique Mendoza, Ministro de Justicia y Derechos Humanos firmaron el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias al interno del Establecimiento Penitenciario Barbadillo a favor de Alberto Fujimori Fujimori, respecto de las condenas y procesos penales que a la fecha se encuentran vigentes. También es de mencionar que el día 02 de febrero del 2018 la CIDH realizó una audiencia en la que escuchó a las partes en los casos La Cantuta y Barrios Altos (representantes de las víctimas, el Estado y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos) sus argumentos sobre el indulto a Fujimori. CIDH. Caso
Barrios Altos Vs. Perú (Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de marzo de 2001)
82
condenados en el caso de La Cantuta150. Los cinco acusados eran el General de
División Julio Salazar Monroe, entonces Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional
(SIN), el Mayor Santiago Martín Rivas, y los Suboficiales Nelson Carbajal García,
Juan Sosa Saavedra y Hugo Coral Goycochea. Dicha fiscal formalizó la denuncia
ante el 16º Juzgado Penal de Lima presidida por la Juez Antonia Saquicuray, quien
inició una investigación formal el 19 de abril de 1995, pero los tribunales militares
interpusieron una petición ante la Corte Suprema reclamando la competencia sobre
el caso, alegando que en el momento de los hechos los oficiales militares estaban
en servicio activo. Entretanto, el congreso peruano aprobó la Ley Nº 26479 que entró
en vigor el 15 de junio de 1995, que exoneraba de todas las responsabilidades a
militares, policías y civiles que hubieran cometido o participado entre 1980 y 1995 en
violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, se liberaron a los ocho
hombres recluidos por el caso conocido como “La Cantuta”, algunos de los cuales
estaban procesados en este caso, el caso “Barrios Altos”.
Pero dicha Ley anteriormente mencionada no sería aplicada por la Juez Antonia
Saquicuray a los procesos penales pendientes en su juzgado contra los cinco
miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), debido a que la aplicación de
dicha Ley significaría darles una amnistía que violaría las garantías constitucionales
y las obligaciones internacionales que la CADH impone al Perú. En el transcurso de
esta controversia el Congreso peruano aprobó el 28 de junio de 1995 una segunda
Ley de amnistía, la Nº 26492, que “estaba dirigida a interferir con las actuaciones
150 Este caso se inició el 22 de mayo de 1991 al momento que se dio un toque de queda en la
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta, siendo que el día 18 de julio de 1992 el Ejército y algunos miembros del Grupo paramilitar Colina ingresaron en las viviendas universitarias y se llevaron a los estudiantes Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa. Procedieron de la misma manera en las residencias de los profesores, siendo detenido el profesor Hugo Muñoz Sánchez. Posteriormente en julio y noviembre de 1993 se encontrarían los restos de Bertila Lozano Torres y Luis Enrique Ortiz Perea, mientras que las demás personas siguen desaparecidas. Por lo que el caso después de ser llevado en el fuero judicial peruano pasaría a la instancia Supranacional de la CIDH, que siguió la misma línea de la sentencia del caso Barrios Altos. Véase CIDH. Caso La Cantuta Vs.Perú (Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29de noviembre de 2009)
83
judiciales del caso Barrios Altos”. Dicha Ley declaró en su artículo segundo que la
amnistía no era “revisable” en sede judicial y que era de obligatoria aplicación.
Así que la decisión de la jueza Saquicuray sería apelada por los abogados de los
acusados en el caso Barrios Altos y pasó a conocimiento de la Undécima Sala Penal
de la Corte Superior de Lima, que decidió el 14 de julio de 1995, el archivo definitivo
del proceso en el caso Barrios Altos. Luego de los hechos acontecidos, el 30 de
junio de 1995, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó una
denuncia contra Perú por haber otorgado una amnistía a agentes del Estado
responsables del asesinato de 15 personas y de las heridas inferidas a otras cuatro,
como consecuencia de la matanza de Barrios Altos. En consecuencia, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) inició el 28 de agosto de 1995 la
tramitación del caso. Un año más tarde el 29 de enero de 1996 la Asociación Pro
Derechos Humanos (APRODEH) presentó una denuncia a la COIDH en nombre de
los familiares de las 15 personas asesinadas y las cuatro personas heridas en los
hechos ocurridos en Barrios Altos. También en ese mismo año el 23 de mayo 1996
la Comisión de Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos presentó ante la COIDH el caso de Filomeno León y Natividad
Condorcahuana, asesinado y herida respectivamente en los sucesos de Barrios
Altos. Y finalmente el 23 de septiembre de 1996 la Comisión recibió una denuncia
presentada por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) que
pertenece a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a nombre de los
familiares de Javier Manuel Ríos Rojas y Manuel Isaías Ríos Pérez, dos personas
asesinadas en los acontecimientos de Barrios Altos.
El mismo 12 de febrero de 1997 la COIDH acumuló las denuncias mencionadas
conformando un único expediente: el caso Nº 11.528. El 7 de enero de 1999 la
COIDH se puso a disposición de las partes con el objeto de lograr una solución
amistosa; sin embargo, el Perú le solicitó que desistiera de su iniciativa y que
declarara inadmisible el caso por falta de agotamiento de recursos internos. Dicho
pedido fue desestimado por la Comisión, que hizo una serie de recomendaciones,
entre las cuales que se dejaran sin efectos las Leyes de amnistías Nos. 26479 y
26492 y que se otorgara una reparación efectiva a las cuatro víctimas que
84
sobrevivieron y a los familiares de las 15 víctimas asesinadas por las violaciones de
los derechos humanos señaladas en este caso.
Pero el día 09 de mayo del 2000, al remitir su informe estatal a la Comisión con
respecto a dichas recomendaciones, el Estado peruano se mantendría en su
posición de seguir aplicando las Leyes de amnistía mencionadas y, por estos
motivos, la Comisión decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos el 10 de mayo de 2000.
La Corte consideró en primer término analizar la admisibilidad de las Leyes de
Amnistía, de tal manera que analizó los efectos que produjeron y llegó a la conclusión
que efectivamente violaban el derecho a las garantías judiciales (art. 8 CADH), el
derecho que tiene toda persona a la protección judicial (art. 25 CADH) y el deber de
adoptar disposiciones de derecho interno, que obliga al Estado peruano a adoptar
las medidas legislativas o de otro carácter que garanticen el cumplimiento de los
derechos y libertades que regula la CADH (art. 2 CADH). Eso fue debido a que las
leyes de auto amnistía impidieron lograr identificar a los responsables de las
violaciones de derechos humanos cometidas, haciendo que los heridos y los
familiares de las víctimas se quedaran sin conocer la verdad de los hechos y sin
obtener justicia. Es necesario hacer mención al voto concurrente del entonces
Presidente de la Corte, Juez Antonio A. Cançado Trindade que sostuvo lo siguiente:
“Las llamadas auto amnistías son, en suma, una afrenta inadmisible al derecho a la verdad y al derecho a la justicia (empezando por el propio acceso a la justicia). Son ellas manifiestamente incompatibles con las obligaciones generales - indisociables - de los Estados Partes en la Convención Americana de respetar y garantizar los derechos humanos por ella protegidos, asegurando el libre y pleno ejercicio de los mismos (en los términos del artículo 1(1) de la Convención), así como de adecuar su derecho interno a la normativa internacional de protección (en los términos del artículo 2 de la Convención). Además, afectan los derechos protegidos por la Convención, en particular los derechos a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25)”151.
La consideración de este magistrado es que las Leyes de auto amnistía son
incompatibles con las normas internacionales que protegen los Derechos Humanos,
de tal manera que si bien los Estados parte de la Convención pueden dictaminar
151 Referente a la Sentencia del Caso Barrios Altos.
85
ciertas leyes a nivel interno, éstas en algunos casos pueden ser incompatibles con
el derecho internacional y por tanto con dicha Convención, como sucede en el caso
peruano con las mencionadas Leyes de amnistía, pues estas favorecen la impunidad
y obstaculizan la justicia, violando los artículos 8 y 25 de la Convención de la que el
Perú es parte.
Las leyes de amnistía producen impunidad, que es definida como:
“la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”152.
Por lo que se deduce que el Estado peruano tendría la obligación de contrarrestar la
impunidad ejerciendo todos los medios necesarios para la realización de la justicia y
el descubrimiento de la verdad de los hechos. Dicha obligación del Estado peruano
se pone en duda a la luz de los últimos acontecimientos relativos al indulto concedido
por razones humanitarias a Alberto Fujimori Fujimori durante la presidencia de Pedro
Pablo Kuczynski en diciembre de 2017, que sin duda dificulta la reconciliación
nacional.
Es más, también podemos señalar que en Argentina, a través de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación de la República Argentina se declaró la nulidad de las leyes
de “Punto Final” y “Obediencia Debida”153, las cuales interrumpieron los procesos
penales que se estaban llevando a cabo en ese entonces contra militares argentinos
acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante el golpe de Estado
de 1976. En este caso el Estado argentino, respetando la Convención Americana de
la que es también parte, determinó la inaplicabilidad de esas Leyes de amnistía y
obedeció a los mandatos supranacionales.
152 Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr.
186; Corte I.D.H., Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 123; Corte I.D.H., Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 211.
153 Ley 24.952. Derogación de las Leyes de Obediencia debida y punto final.
86
Por otro lado, el fundamento jurídico 47 del fallo sobre el caso de Barrios Altos
menciona, que se impidió a las víctimas sobrevivientes, sus familiares y a los
familiares de las víctimas que fallecieron conocer la verdad acerca de los hechos
ocurridos.
Es necesario precisar que violar el derecho a la verdad también significa obstaculizar
esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves
violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario por parte de los Estados.154 Si bien este derecho no se encuentra
explícitamente recogido en la CADH, tanto la COIDH como la CIDH han determinado
el contenido del derecho a la verdad y las consecuentes obligaciones de los Estados
a través del análisis integral de una serie de derechos establecidos tanto en la
Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre como en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a la importancia que tiene
este derecho para la consecución de la justicia.
Entonces a partir del reconocimiento judicial del derecho a la verdad, nace en los
Estados que forman parte de Convención la obligación de investigar de oficio o de
parte los hechos ocurridos por hechos delictivos, de tal manera que los familiares de
las víctimas tienen el derecho a saber sobre lo que ocurrió con sus seres queridos155.
En este caso, y de acuerdo al fallo de la Corte en su fundamento 48, el derecho a la
verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a
obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos
violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el
juzgamiento que prevén los artículos 8 y 25 de la Convención, determinando que el
Perú incurrió en la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con
las garantías judiciales y la protección judicial de sus ciudadanos.
Con respecto al derecho a la memoria podemos resaltar que la Corte resolvió que
se dispusiera por parte del Estado la publicación de “una expresión pública de
154 COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. El derecho a la verdad en
América. [Ubicado el 10- 04-2016]. Obtenido en : http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf
155 Ibídem
87
solicitud de perdón a las víctimas por los graves daños causados” y la ratificación de
la voluntad de que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos. Se determinó además
erigir un monumento recordatorio para que se haga un reconocimiento público a las
víctimas de la matanza de Barrios Altos.
En conclusión, de acuerdo al fallo emitido por la CIDH en el caso Barrios Altos, el
Estado peruano violó los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos como consecuencia de la promulgación y aplicación de las Leyes de
amnistía Nº 26479 y Nº 26492. En segundo lugar, el Estado peruano violó los
artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad física) y los artículos 8 y 25
(el derecho a las garantías judiciales) de la CADH. La CIDH, en consecuencia,
declaró que las leyes de amnistía N.º 26479 y N.º 26492 son incompatibles con la
Convención Americana de Derechos Humanos y que careciendo de efectos jurídicos
es obligación del Estado peruano investigar los hechos para determinar las personas
responsables de las violaciones de los derechos humanos, así como divulgar
públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables.
Además, en cuanto a las Leyes de amnistía la Corte determinó iniciar el proceso por
el cual se tipificara en el código penal peruano el delito de ejecuciones extrajudiciales
y que se iniciara el procedimiento para suscribir y promover la ratificación de la
Convención Internacional sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa
Humanidad.
En cuanto a las reparaciones pecuniarias, la Corte determinó que el Estado peruano
debe pagar la cantidad de US$175.000,00 (ciento setenta y cinco mil dólares de los
Estados Unidos de América) a cada una de las siguientes víctimas sobrevivientes:
Natividad Condorcahuana Chicana, Felipe León León, Tomás Livias Ortega y
Alfonso Rodas Alvítez (o Albitres, Albites o Alvitrez) y la cantidad de US$175.000,00
(ciento setenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a los
beneficiarios de las reparaciones relacionadas con cada una de las siguientes
víctimas fallecidas: Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Luis Alberto Díaz
Astovilca, Octavio Benigno Huamanyauri Nolazco, Luis Antonio León Borja,
Filomeno León León, Lucio Quispe Huanaco, Tito Ricardo Ramírez Alberto,
88
Teobaldo Ríos Lira, Manuel Isaías Ríos Pérez, Javier Manuel Ríos Rojas, Alejandro
Rosales Alejandro, Nelly María Rubina Arquiñigo, Odar Mender (o Méndez)
Sifuentes Nuñez, y Benedicta Yanque Churo; así como la cantidad de
US$250.000,00 (doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de
América) a los beneficiarios de las reparaciones relacionadas con la víctima fallecida
Máximo León León.
La Corte también se pronunció en cuanto a la reparaciones en materia de salud y
determinó que el Estado peruano debe otorgar a los beneficiarios de las reparaciones
los gastos de servicios de salud, brindándoles atención gratuita en el establecimiento
de salud correspondiente a su domicilio y en el hospital o instituto especializado de
referencia correspondiente, en las áreas de: atención de consulta externa,
procedimientos de ayuda diagnóstica, medicamentos, atención especializada,
procedimientos diagnósticos, hospitalización, intervenciones quirúrgicas, partos,
rehabilitación traumatológica y salud mental.
En tanto a las reparaciones en materia educativa, la Corte determinó que el Estado
peruano debe proporcionar a los beneficiarios de las reparaciones diversos
beneficios educativos tales como: a) becas a través del Instituto Nacional de Becas
y Crédito Educativo con el fin de que puedan estudiar en Academias, Institutos y
Centros de Ocupación Ocupacional y apoyo a los beneficiarios interesados en
continuar sus estudios, a través de la Dirección Nacional de Educación Secundaria
y Superior Tecnológica; b) materiales educativos; textos oficiales para alumnos de
educación primaria y secundaria; uniformes; útiles escolares y otros.
El último seguimiento del caso llevado a cabo por la Corte fue el 07 de setiembre del
2012, cuando afirma que hasta esa fecha no se había dado cumplimiento total al
deber de investigar los hechos para determinar las personas responsables de las
violaciones de los derechos humanos a los que se hizo referencia en la Sentencia
de fondo, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y la
sanción de los responsables.
Luego de los pronunciamientos de la Corte en cuanto al caso Barrios Altos es
necesario destacar que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia
89
hizo pública el 20 de marzo del año 2013 su sentencia de segunda instancia sobre
los casos Barrios Altos, el delito de los pobladores del Santa y el periodista Pedro
Herminio Yauri Bustamante156. En la misma, confirmó las condenas a Vladimiro
Montesinos Torres, Nicolás Hermoza Ríos, Julio Salazar Monroe y miembros del
destacamento Colina, las cuales varían entre 15 a 25 años de prisión, por los delitos
de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir. Asimismo, declaró
infundadas e improcedentes las excepciones planteadas por varios de los acusados
en este caso, las cuales fundamentaron su apelación a la sentencia expedida, en
primera instancia, a la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia
de Lima. La sentencia declaró que ninguno de los agraviados en este caso formó
parte de grupos terroristas. Asimismo, el colegiado estableció que los hechos materia
del proceso constituyen crímenes de lesa humanidad.
Como hemos visto, los dos casos anteriormente expuestos, denotan que durante el
conflicto armado interno la sociedad peruana no solo padeció el terrorismo de SL y
el MRTA sino también la violación de los derechos humanos por parte de los
aparatos militares y policiales del Estado. En los dos casos que hemos analizado,
los derechos vulnerados de las víctimas han sido tutelados gracias al recurso a una
instancia supranacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin
embargo, las víctimas que aún no han obtenido justicia en el País siguen siendo
numerosísimas, por lo que en el próximo epígrafe propondremos algunas
recomendaciones para mejorar la tutela de las víctimas del conflicto en el Perú.
3.4. Recomendaciones para mejorar la tutela de las víctimas del terrorismo en
nuestro país.
Como pudimos ver en el primer capítulo, durante el conflicto armado interno
existieron los grupos terroristas denominados Sendero Luminoso y Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru como también violaciones de derechos humanos
perpetrados por parte de las fuerzas policiales y armadas. Por lo que hubo, por una
parte, víctimas del terrorismo y, por otra, víctimas de las violaciones de los derechos
156 SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL PERMANENTE R. N.
N°4104-2010 LIMA de fecha 20 de marzo del 2013.
90
humanos con diferentes tipos de secuelas, tanto individuales como colectivas en el
ámbito psicológico, sociopolítico y económico, que deben ser reparadas de manera
integral siguiendo los lineamientos y recomendaciones de diversos organismos
nacionales e internacionales que se han pronunciado sobre la materia.
Como se pudo comprobar en el segundo capítulo, en el ordenamiento jurídico
internacional y en el de la Unión Europea no existe una tutela específica de las
víctimas del terrorismo pues se les considera a la par que las víctimas de los delitos
violentos. En el ordenamiento español se considera que las víctimas del terrorismo
deben tener una tutela específica con respecto a las otras víctimas de los delitos
violentos porque el crimen de terrorismo representa un delito contra el orden público
y, por tanto, causa un daño cuya dimensión no afecta solo la esfera privada sino
también la esfera pública.
El tratamiento en nuestro país para las víctimas del terrorismo según la CVR
debería ser igual que a las víctimas de los aparatos militares y policiales,
siendo todas víctimas de violaciones de derechos humanos. Sin embargo,
como sabemos, las víctimas del terrorismo en el Perú no tienen la posibilidad
de recurrir a una instancia supranacional como la Comisión Interamericana de
los Derechos Humanos pues su competencia es para juzgar solo delitos cuya
responsabilidad es atribuible a un Estado. Entonces se podría inferir que las
víctimas del terrorismo sufren de una desigualdad en la tutela de sus derechos
con respecto a las víctimas de los derechos humanos. Dicha disparidad se
podría compensar considerando al terrorismo como crimen internacional
otorgándole la competencia para juzgar dicho delito cometido a nivel individual
a la Corte Penal Internacional. Es sabido que la Corte Penal Internacional
tipificó además del crimen de genocidio, también los crímenes de lesa
humanidad y los crímenes de guerra y su Estatuto fue ratificado por el Perú
desde el año 2001. Sin embargo, dentro de la competencia de la corte no está
recogido expresamente el delito de terrorismo, por lo que los crímenes
cometidos por SL y el MRTA podrían ser juzgados por instancias
internacionales sólo si pudieran encuadrarse como crímenes de lesa
humanidad, en los supuestos en los que efectivamente fueron ataques
91
sistemáticos y generalizados contra una población157. Es necesario tener en
cuenta que el delito de terrorismo aún no ha sido tipificado dentro de la
competencia de la Corte Penal Internacional, pero que de darse el caso podría
mejorarse el acceso a la justicia de las víctimas del terrorismo de SL y el
MRTA. De hecho, según SERRANÓ: “con el fin de asegurar un juicio de
responsabilidad por los actos de terrorismo, así como la sanción efectiva a
sus autores y cómplices, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito
internacional los crímenes de terrorismo deberían ser considerados crímenes
internacionales y, como tales, imprescriptibles” 158.
Para poder compensar dicha carencia a nivel internacional, es decir la falta de
atribución de competencia a la Corte Penal Internacional para juzgar el delito de
terrorismo, una recomendación que queremos hacer desde este estudio es que
el Perú pueda promulgar una Ley que prevea los mismos estándares de
reparación otorgadas a las víctimas reparadas por sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para todas las víctimas del conflicto.
Igualmente, lo que se sugiere es tutelar de forma específica a las víctimas del
terrorismo en nuestro país. Tal criterio no se debe interpretar como una
discriminación hacia las víctimas de las violaciones de los derechos humanos
sino simplemente una discriminación positiva del colectivo de las víctimas del
terrorismo que difícilmente podrá recibir la misma tutela de los derechos
vulnerados. Para que se pudiera realizar dicha discriminación positiva a la
que normalmente se recurre para poner fin a una situación de desigualdad el
estado peruano debería otorgar una condición jurídica propia a las víctimas
de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y
homologar sus reparaciones con las reparaciones de las víctimas de las
157 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN (CVR), Op.Cit., p. 515. 158SERRANÒ A., “Las dificultades ante el terrorismo transnacional. El Estado de Derecho frente al
delito de terrorismo internacional”, en J. Alberto del Real Alcalá, J.A. (ed.), La maquinaria del Derecho en Iberoamérica: Constitución, derechos fundamentales y Administración, UNAM, México DF, 2016, pp. 350-351.
92
violaciones de los derechos humanos que hayan recibido una sentencia por
parte de la CIDH. Para ello, el estado peruano dentro de sus políticas
presupuestarias debería incrementar la partida anual asignada a las
instituciones encargadas de las reparaciones de las víctimas, en este caso al
Consejo de Reparaciones y el Registro Único de Victimas para que estas
instituciones puedan avanzar en su labor de reparación y reconciliación
nacional.
Si bien es cierto que existen en nuestro país diferentes instituciones
encargadas de velar por el resarcimiento de las víctimas del conflicto armado
interno, la documentación de dichas instituciones no es de fácil acceso al
ciudadano. Es por eso que recomendamos que el estado peruano a través
de su canal oficial (TV PERÚ) trasmita periódicamente información sobre los
logros alcanzados por la Registro Único de Víctimas y las actividades del
Consejo de Reparaciones. De esta manera la actuación de dichas
instituciones seria de conocimiento público y aquellas víctimas que no
conocen todavía sus derechos podrán acercarse a ellas y exigirlos.
Se debe proporcionar a los familiares de las víctimas la información necesaria
para que puedan ejercer sus derechos y, en el caso de que las víctimas
hablaran idiomas nativos propios de su lugar de origen, el Estado debería
proveer de manera gratuita intérpretes que puedan brindarles dicha
información para una interacción eficaz con los organismos encargados de
velar por el cumplimiento de sus derechos.
El Estado peruano debería garantizar las asociaciones de víctimas del
terrorismo y de las violaciones de los derechos humanos reciban ayuda
pública del Estado. Además, el Perú debería participar de manera activa en
las actividades que realiza la ONU con respecto al Portal de Apoyo a las
Víctimas del terrorismo, que tiene como finalidad:
93
a. Servir de centro de acopio de la información sobre cuestiones relacionadas
con las víctimas del terrorismo. Esta información, procedente de los
gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales, la sociedad civil
y las víctimas del terrorismo, se presenta en un formato de fácil uso y
accesible al público para beneficio de las propias víctimas, la comunidad y
los encargados de elaborar las políticas nacionales;
b. Expresar la solidaridad internacional con las víctimas del terrorismo y
fomentar la concienciación respecto de los esfuerzos nacionales e
internacionales realizados para apoyarlas, a fin de destacar la importancia
de incluir a las víctimas en todas las esferas de la labor de lucha contra el
terrorismo, y
c. Contribuir a la rehabilitación de las víctimas del terrorismo mediante el
intercambio de información acerca de los recursos pertinentes con las
víctimas y sus familiares.
El estado peruano debería evitar con todos los medios posibles que las
víctimas no sufran victimización secundaria, es decir “la victimización
producida no como resultado directo del acto delictivo sino por la respuesta
de las instituciones y personas individuales en relación con la víctima”159, por
lo que a través de todos los organismos institucionales se deberá prestar
asistencia a las víctimas a fin de que no sufran perjuicios mayores de los que
ya sufrieron.
El estado peruano debe procurar que exista dentro de las instituciones
encargadas de las reparaciones a las víctimas, personal especializado que
reciba capacitación para atender a las víctimas. También se debería brindar
capacitación sobre cuestiones relacionadas con las víctimas del terrorismo
dentro de las diferentes instituciones del gobierno, como serian el Poder
Judicial, el Ministerio Público, entre otros.
159 Consejo de Europa, Recomendación Rec(2006)8 del Comité de Ministros a los Estados miembros
sobre asistencia a víctimas del delito, aprobada por el Comité de Ministros el 14 de junio de 2006.
94
El estado peruano en cumplimiento de los mandatos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos debe velar porque las investigaciones
penales de presuntos actos de terrorismo y de violaciones de los derechos
humanos comiencen prontamente y se efectúen con rapidez, minuciosidad y
de manera que se garantice la rendición de cuentas al público y a los mismos
familiares.
El estado peruano debe procurar que los medios de comunicación participen
de manera activa en la sensibilización a favor de las víctimas y de sus
necesidades de tal manera que contribuyan a la restitución pública de las
mismas, a que la sociedad peruana tome conciencia y no olvide las injusticias
sufridas.
El estado peruano a través del Ministerio de Salud, debe proporcionar
atención médica, rehabilitación psicológica y psicosocial especializada a las
víctimas. Para esto el sistema de salud peruano debería incorporar un área
de atención al público especializada que brinde las pautas para que las
personas que hayan sufrido el terrorismo y las violaciones de los derechos
humanos en nuestro país pueda acceder a dicho servicio. Además se deben
capacitar a los profesionales de la salud que trabajen con dichas víctimas para
que mantengan el trato adecuado y no incurrir en malas prácticas que podrían
causar victimización secundaria.
El estado peruano debería realizar un convenio de colaboración con el Colegio
de Psicólogos del Perú para que aquellas víctimas que sufran secuelas
psicológicas puedan ser atendidas de manera gratuita en los diferentes
centros de salud, pues es fundamental apoyar a estas víctimas no solo con
ayuda económica o social, sino también con atención psicológica.
Es importante tener en cuenta que la memoria de lo ocurrido es una herencia
para las nuevas generaciones de peruanos. A fin de concientizar a las nuevas
generaciones sobre las consecuencias de los actos terroristas es necesario
que el Estado implemente medidas que aseguren el respeto y la dignificación
95
de las víctimas, a través de actos, memoriales, y monumentos que
conmemoren el recuerdo y reconozcan el padecimiento de las víctimas.
Los centros educativos públicos con el objeto de garantizar el respeto de los
derechos humanos, deben impulsar planes y proyectos de educación para la
democracia y la paz, en la que se procure estudiar los hechos que se dieron
durante el conflicto armado interno y sobre todo que se resalten la memoria
de las víctimas.
El gobierno peruano debe concluir con el pago de las reparaciones
económicas individuales y colectivas y garantizar los recursos necesarios
para implementar la Ley 30470 de Búsqueda de personas desaparecidas
durante el periodo de violencia 1980-2000. Esto con la finalidad de cumplir los
mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo de
reafirmar la democracia en nuestro país, de tal manera que las víctimas no se
sientan aisladas y olvidadas en el tiempo.
El estado peruano a través del Ministerio de Educación debe seguir facilitando
la concesión de ayudas de estudio cuando como consecuencia de un acto
terrorista o una violación de los derechos humanos se deriven para el
estudiante, para su viudo o viuda, pareja de hecho o hijos del fallecido, o para
sus padres, hermanos, daños personales o psíquicos que los incapaciten
para el ejercicio de su profesión habitual.
En las universidades se deben impartir seminarios educativos referidos a
concientizar a los universitarios de los actos delictivos cometidos entre 1980
al 2000 para contribuir tanto al reconocimiento y la atención de las víctimas
como también crear conciencia en los universitarios de los actos vividos
durante esa época para que nunca no se vuelvan a repetir.
Dentro del currículo escolar se debería desarrollar una asignatura sobre la
historia del conflicto armado interno que vivió el Perú que recoja el testimonio
de todos los actores implicados, y por tanto también de las víctimas.
96
El estado peruano tiene que cumplir con las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones de las
víctimas de violaciones de los derechos humanos aún más cuando el Estado
peruano haya sido condenado como responsable, como han sido el caso de
Barrios Altos y el caso Neira Alegría y otros vs. Perú.
97
CONCLUSIONES
1.-Los actores del “conflicto armado interno” podrían resumirse en dos grupos
terroristas denominados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru, por un lado, y las fuerzas militares y policiales del Estado peruano, por otro.
Eso nos lleva a afirmar que en el conflicto armado interno existieron dos categorías
de víctimas: las víctimas de los grupos terroristas y las víctimas de las fuerzas
armadas y policiales, estas últimas consideradas como víctimas de violaciones de
los derechos humanos. Tales víctimas acarrean diversos tipos de secuelas tanto
individuales como colectivas en el ámbito psicológico, sociopolítico y económico que
deben ser reparadas de manera integral siguiendo los lineamientos y
recomendaciones de los diversos organismos nacionales e internacionales que
intervinieron en la época post-conflicto.
2.- En el ámbito internacional y en el ámbito de la Unión Europea no existe una tutela
específica de las víctimas del terrorismo pues ellas están consideradas simples
víctimas del delito. En la legislación peruana, las víctimas del terrorismo y las
víctimas de la violación de los derechos humanos se consideran indistintamente
como “víctimas del conflicto” Sin embargo en España, el ordenamiento jurídico
considera a las víctimas del terrorismo como sujetos dignos de una tutela específica
porque se considera que, siendo el terrorismo un crimen contra el orden público, el
daño que se acarrea a las víctimas no es solo privado sino también publico. En dicha
dimensión pública del daño provocado por el terrorismo se justifica la necesidad de
una tutela específica de las víctimas del terrorismo.
98
3.- La Corte Penal Internacional es competente del crimen de genocidio, los crímenes
de lesa humanidad y los crímenes de guerra y su Estatuto fue ratificado por el Perú
desde el año 2001. Sin embargo, dentro de la competencia de la Corte no está
recogido expresamente el delito de terrorismo, por lo que los crímenes cometidos
por SL y el MRTA podrían ser juzgados por instancias internacionales sólo si
pudieran encuadrarse como crímenes de lesa humanidad, en los supuestos de
ataques sistemáticos y generalizados contra una población.
4.- El tratamiento en nuestro país para las víctimas de Sendero Luminoso y el MRTA
debería ser igual al de víctimas de las fuerzas armadas y policiales. Sin embargo, las
víctimas del terrorismo en el Perú no tienen la posibilidad de recurrir a una instancia
supranacional como en cambio tienen las víctimas de las fuerzas armadas y
policiales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuya competencia
es para juzgar violación de los derechos humanos cuya responsabilidad es atribuible
a un Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces se
podría inferir que las víctimas del terrorismo sufren de una desigualdad en la tutela
de sus derechos con respecto a las víctimas de las violaciones de derechos humanos
por parte del Estado en el Perú. Dicha disparidad se podría compensar considerando
al terrorismo como un crimen internacional y una violación de los derechos humanos,
otorgándole la competencia para juzgar dicho delito a la Corte Penal Internacional.
A nivel interno, para poder compensar dicha carencia, es decir la falta de atribución
de competencia a la Corte Penal Internacional para juzgar el delito de terrorismo,
sería necesario promulgar una Ley que prevea los mismos estándares de reparación
otorgadas a las víctimas reparadas por sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos para todas las víctimas del conflicto.
5.- Las víctimas, sean ellas del terrorismo o de las violaciones de los derechos
humanos tienen derecho a ser reparadas. Por una parte, los condenados por
terrorismo deberían garantizar la efectividad de tales reparaciones; por otra, el
estado peruano tendría que cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en materia de reparaciones.
99
6.- Es necesario tutelar de forma específica a las víctimas del terrorismo en nuestro
país. Tal criterio no se debe interpretar como una discriminación hacia las víctimas
de las violaciones de los derechos humanos sino simplemente una discriminación
positiva del colectivo de las víctimas del terrorismo que difícilmente podrá recibir la
misma tutela de los derechos vulnerados. Para que se pudiera realizar dicha
discriminación positiva a la que normalmente se recurre para poner fin a una
situación de desigualdad el estado peruano debería otorgar una condición jurídica
propia a las víctimas de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru y homologar sus reparaciones con las reparaciones de las víctimas de las
violaciones de los derechos humanos que hayan recibido una sentencia por parte de
la CIDH.
7.- El estado peruano debería evitar con todos los medios posibles que las víctimas
sufran victimización secundaria, por lo que a través de todos los organismos
institucionales se deberá prestar asistencia integral a las víctimas a fin de que no
sufran perjuicios mayores de los que ya sufrieron. A través del Ministerio de Salud,
debería proporcionar atención médica, rehabilitación psicológica y psicosocial
especializada y gratuita a las víctimas. A través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos se debería seguir implementando la Ley 30470 de Búsqueda de personas
desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000 a fin de recuperar los
restos de las personas desaparecidas y poder cerrar las heridas del pasado en la
población. A través del Ministerio de Educación, se debería prever dentro del
currículo escolar una asignatura que trate la historia del conflicto armado interno que
vivió el Perú, que recoja el testimonio de todos los actores implicados, y por tanto,
también de las víctimas para contribuir a que tales actos inhumanos nunca no se
vuelvan a repetir.
8.- Es importante tener en cuenta que la memoria de lo ocurrido es una herencia
para las nuevas generaciones de peruanos. A fin de concientizar a las nuevas
generaciones sobre las consecuencias de los actos terroristas es necesario que el
Estado implemente medidas que aseguren el respeto y la dignificación de las
100
víctimas, a través de actos, memoriales, y monumentos que conmemoren el
recuerdo y reconozcan el padecimiento de las víctimas.
101
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