of 14 /14
12 Localizando el compromiso público RESUMEN Los esfuerzos por incrementar el compromiso público en la gobernabilidad y el suministro de servicios públicos son generalizados aunque la confusión permanece, así como sus propósitos, utilidad y ámbito. Este artículo se basa en la teoría democrática para diagnosticar las fallas recurrentes del compromiso público. En particular busca comprender la aparente falta de interés público en dichas iniciativas. El artículo comienza con una clarificación de por qué buscamos el compromiso público y cómo estas ra- zones deberían influenciar la selección de métodos. Luego examina el creciente impacto de la teoría y la práctica deliberativa en el diseño y localización de iniciativas de compromiso. Tres ámbitos distintos para el compromiso público son entonces explorados, sus fortalezas y debilidades analizadas y su capaci- dad de comprometer activamente al público evaluado. Estos son: la entrega real de servicios, el entorno de los objetivos de servicio y la promulgación de la responsabilidad pública. El artículo sostiene que el compromiso público con iniciativas de gobernabilidad democrática aumenta claramente cuando una mezcla creativa de métodos participativos más tradicionales y más deliberativos son utilizados y cuando los ámbitos de su utilización son cuidadosamente delineados. Este cuidado, en efecto con las interaccio- nes de la ciudadanía con su gobierno, es visto como necesario para la democracia representativa para ser legitimado y efectivo y es aquí ofrecido como una réplica de aquellos que no abandonarían el com- promiso público sobre las bases engañosas de la inutilidad o la pereza de la ciudadanía. Palabras clave: Democracia; Gobernabilidad; Deliberación; Desconexión; Público. DR. RICARDO BLAUG Catedrático en Democracia y Teoría Política. Director del Centro para el Estudio de la Democracia, Universidad de Westminster, Departamento de Política y Relaciones Internacionales. www.blaug.net. Correo-e. [email protected] SILVIA MONTAÑA Traducción

Localizando el compromiso público

Embed Size (px)

Text of Localizando el compromiso público

  • 12

    Revista Comunicacin y Ciudadana 5

    ENERO-JUNIO 2012

    Localizando el compromiso pblico

    REsuMENLos esfuerzos por incrementar el compromiso pblico en la gobernabilidad y el suministro de servicios pblicos son generalizados aunque la confusin permanece, as como sus propsitos, utilidad y mbito. Este artculo se basa en la teora democrtica para diagnosticar las fallas recurrentes del compromiso pblico. En particular busca comprender la aparente falta de inters pblico en dichas iniciativas. El artculo comienza con una clarificacin de por qu buscamos el compromiso pblico y cmo estas ra-zones deberan influenciar la seleccin de mtodos. Luego examina el creciente impacto de la teora y la prctica deliberativa en el diseo y localizacin de iniciativas de compromiso. Tres mbitos distintos para el compromiso pblico son entonces explorados, sus fortalezas y debilidades analizadas y su capaci-dad de comprometer activamente al pblico evaluado. Estos son: la entrega real de servicios, el entorno de los objetivos de servicio y la promulgacin de la responsabilidad pblica. El artculo sostiene que el compromiso pblico con iniciativas de gobernabilidad democrtica aumenta claramente cuando una mezcla creativa de mtodos participativos ms tradicionales y ms deliberativos son utilizados y cuando los mbitos de su utilizacin son cuidadosamente delineados. Este cuidado, en efecto con las interaccio-nes de la ciudadana con su gobierno, es visto como necesario para la democracia representativa para ser legitimado y efectivo y es aqu ofrecido como una rplica de aquellos que no abandonaran el com-promiso pblico sobre las bases engaosas de la inutilidad o la pereza de la ciudadana.Palabras clave: Democracia; Gobernabilidad; Deliberacin; Desconexin; Pblico.

    DR. RICARDO bLAuG

    catedrtico en Democracia y teora poltica. Director del centro para el estudio de la Democracia, universidad de Westminster, Departamento de poltica y relaciones internacionales.www.blaug.net.correo-e. [email protected]

    sILvIA MONTAAtraduccin

  • se podra decir, sin embargo, que pocas iniciativas de compromiso triunfaron en sus objetivos [...] No obstante, la causa ms comn de falla y ciertamente la ms citada por sus crticos, es el aparente desinters de la ciudadana

    13

    Deliberacin, Comunicacin y Participacin

    Pocas veces en la historia de la democracia ha habido un acuerdo generalizado de que, en las democracias liberales, el compromiso ciudadano debe ser incrementado. Gracias a los gobiernos europeos, las comunidades que formu-lan polticas, las disciplinas acadmicas y la socie-dad civil, el giro participativo en la democracia es mucho ms evidente. Ya sea motivados por las preocupaciones sobre la falta de compromiso ciu-dadano, los dficit democrticos o los insensibles servicios pblicos, estamos inundados de iniciati-vas para comprometer al pblico a travs de los jurados ciudadanos, grupos focales, encuestas de satisfaccin, consultas pblicas, membresas y la cooptacin de los gobiernos locales. La fascinacin de la elite actual por comprometer nuevamente al pblico ha sido fuertemente influenciada por desa-rrollos acadmicos en la democracia deliberativa y la experimentacin prctica en la toma de decisio-nes pblica y cooperativa.

    Se podra decir, sin embargo, que pocas iniciativas de compromiso triunfaron en sus obje-tivos. Algunas luchan por mantenerse a flote con mtodos inapropiados de participacin, consul-ta y deliberacin, mientras que otras oponen las demandas pblicas poco realistas a restricciones presupuestales y administrativas. Muchas ms son maniobras cnicas, meras pretensiones de consulta pblica con poca intencin de accin subsecuente. No obstante, la causa ms comn de falla y ciertamente la ms citada por sus crticos, es el aparente desinters de la ciudadana. Esto es atribuido de forma diversa a un cansancio por la consulta o a la simple pereza (Bale et al, 2006; McHugH, 2006). La apata pblica o la retirada ciudadana es un problema antiguo en la historia de la democracia y clsicamente toma la forma de dos acusaciones distintas que compiten entre s (de luca, 1995). Puede ser que la apata se deba a la falla del gobierno para proveer institu-ciones adecuadas de participacin o al hecho de que los ciudadanos comunes no posean ni la voluntad ni la habilidad para participar efectiva-mente. Cuando las iniciativas para comprometer al pblico fracasan, los proponentes de ambas posiciones creen tener la razn y se afianzan an ms en sus enfoques. De este modo enfrentamos el peligro de que los actuales intentos de compro-miso pblico, asaltados como estn de confusio-nes conceptuales significativas, vayan a sucumbir al cinismo, la recriminacin mutua, capturados por intereses especiales y el agotamiento general de todos los lados. Las iniciativas mal ejecutadas para comprometer a los ciudadanos y a los usua-rios de servicios pueden as tener el efecto parad-jico de aumentar el desgano ciudadano.

    Este artculo se basa en la historia de la teora democrtica para diagnosticar las fallas recurrentes en las polticas de compromiso pbli-co. Busca aclarar la confusin entre los adminis-tradores pblicos sobre los propsitos reales del compromiso pblico para examinar cmo esos propsitos son alcanzados de una mejor manera y explorar mbitos en los que dicho compromiso puede ocurrir y en realidad ocurre. Para aquellos que culpan al gobierno de la apata de los ciuda-danos, esto nos conduce hacia la reforma insti-tucional. Para aquellos que culpan al pblico, se materializa en demostraciones empricas de pere-za ciudadana y propone mtodos y mbitos apro-piados para la deliberacin que pueden resultar en incrementos significativos en la motivacin pblica para comprometerse. Aunque muchos in-tentos de compromiso pblico no funcionan, este artculo argumenta que el creciente intercambio entre la teora deliberativa y la experimentacin prctica constituye el equivalente de un profundo desafo, no solo a la provisin existente de servicio pblico sino tambin a la actual estructura de la democracia representativa liberal. Antes de que nos demos por vencidos al compromiso pblico, entonces, deberamos invocar a joHn dewey y su-gerir que la solucin a los problemas de la demo-cracia es ms democracia. Es esto o arriesgarnos a perderlo todo.

    EL pROpsITO y LOs MTODOs DEL COMpROMIsO pbLICO

    Los servicios pblicos han sido criticados de manera diversa por su inefectividad crnica, sujetos a los rigores de la Nueva Administracin Pblica y amenazados por la progresiva privati-zacin. Aun as ellos permanecen insensibles a la necesidad del usuario. El giro participativo hacia el compromiso pblico en los servicios p-blicos es todo lo que nos queda como mecanismo de reforma. No sabemos lo que es bueno para otros o en lenguaje moderno, las necesidades de servicio de los usuarios y as debemos interac-tuar con ellos para averiguarlo. Nuestros servicios

  • 14

    Revista Comunicacin y Ciudadana 5

    ENERO-JUNIO 2012

    servicio pblico, y solo recientemente hemos co-menzado a considerar un abanico ms amplio de mtodos para hacer del compromiso algo ms realista y prctico.

    Cuando la pregunta sobre los mtodos prcticos del compromiso pblico surgi, pareci que todos los problemas iban a ser dirigidos con encuestas a los clientes, grupos focales o jurados ciudadanos. Ahora, sin embargo, la investiga-cin en gobernanza participativa puede proveer una mejor comprensin de la amplia variedad de tcnicas, foros pblicos y micropblicos dis-ponibles. Las investigaciones de gaventa y fung inspeccionan los tipos muy diferentes de micro-pblicos y muestran los mtodos relativos a cada uno (goetz & gaventa, 2001; fung, 2003). Los jurados ciudadanos entonces emergen como un medio efectivo de validar las decisiones de la ad-ministracin y de este modo en la provisin de le-gitimidad, mientras que estos no son tan efectivos al proveer retroalimentacin en el impacto de las polticas donde los grupos focales pueden ajus-tarse mejor. Los mtodos prcticos para la partici-pacin pueden ser comprendidos en tanto yacen en una escala de intensidad (arnStein, 1969). De este modo, ellos van desde el simple suministro de informacin siguiendo con la consulta pblica luego el actuar en asociacin con la ciudadana y finalmente con el apoyo a iniciativas propias e independientes de los ciudadanos. El preguntar por qu deberamos incrementar la participacin nos conduce a seleccionar del men de mtodos prcticos disponibles que responden a la pregunta de cmo hacerlo mejor.

    Cuando usamos dichos mtodos para des-cubrir las necesidades de los usuarios de servicios, podemos recurrir a los recientes desarrollos en investigacin social cientfica y particularmente a los avances en democracia deliberativa (dryzeck, 202; elSter, 1998). En general, el problema de las necesidades o en realidad de las preferencias es que ellas no son estticas, son con frecuencia sin forma e igualmente no informadas. As que, por ejemplo, preguntar a los ciudadanos acerca del incremento de patrullas de fuerza policial re-sulta en un rotundo s. Ahora, si se muestra, a estos mismos ciudadanos los lmites presupuesta-les sobre estas patrullas, entonces ellos empeza-rn a refinar sus respuestas (luSkin, fiSHkin & jowell, 2002). Permitir a los ciudadanos delibe-rar acerca de su temor al crimen resultar en un refinamiento ms pronunciado. Aun ms, surgen inconsistencias en las preferencias as que, por ejemplo, mientras las cifras del crimen disminu-yen, el miedo al crimen aumenta (Horner, lekHi & Blaug, 2006). No podemos por lo tanto asumir

    carecen de legitimidad, responsabilidad y sensi-bilidad, y entonces debemos comprometer a los ciudadanos en su diseo, suministro y evaluacin. De este modo debemos hacer democracia no por-que sepamos sino porque no sabemos.

    En consecuencia, las motivaciones para incrementar el compromiso pblico son de dos tipos. Primero, dicho compromiso revela las necesidades de los usuarios y los efectos de los servicios sobre ellos. En otras palabras, ste pro-vee retroalimentacin sobre la efectividad de las polticas y su implementacin. Segundo, el com-promiso da legitimidad: la habilidad de defender decisiones y prcticas con buenas razones. Ya sea en la argumentacin con el fisco en el an-lisis del gasto o en las pginas de la prensa, la forma ms poderosa de legitimidad es demo-crtica justamente se deriva del compromiso pblico. Entonces buscamos, quiz paradjica-mente, incrementar el compromiso pblico con el fin de fortalecer la mano de la administracin (coleMan & gotze, 2001). Los administradores deberan de este modo usarlo tanto para dirigir como para legitimar sus acciones.

    Cuando los administradores pblicos no tienen claro por qu estn promoviendo el com-promiso en un rea particular de su servicio, sigue siendo difcil para ellos ingeniarse cmo hacerlo mejor. As por ejemplo, llenar la vacante de un usuario de servicio en un consejo de administra-cin, en la creencia de que representar la opi-nin del usuario, no ser suficiente. De manera similar, la legitimidad democrtica no puede ser ganada meramente al circular cuestionarios de retroalimentacin para que los usuarios de servi-cio los completen. La respuesta al porqu de la pregunta informa de este modo la cuestin poste-rior de cmo puede ser alcanzado mejor el com-promiso pblico. Cuando se trata del compromi-so pblico, el propsito determina el mtodo. En consecuencia, como exploraremos ms adelante, la confusin respecto al propsito conduce a la se-leccin incorrecta de mtodos, los cuales a su vez ocasionan la falta de compromiso.

    Por supuesto cuando nos preguntamos cmo ganar el compromiso del pblico inmedia-tamente tropezamos con una de las objeciones ms comunes a la democracia: la acusacin de que es poco realista, imposible e imprctica. As por ejemplo, a finales del siglo xvii, Lord Sidney le replic a joHn locke con profunda indigna-cin: Qu? Nos va a poner a encuestar a toda la nacin?. Actualmente, podemos responder: Bueno s. An hoy, continuamos asumiendo que no todos los ciudadanos pueden participar en la gobernanza, y en el rea de la reforma del

  • 15

    Deliberacin, Comunicacin y Participacin

    que las preferencias pblicas son siempre raciona-les, consistentes, informadas o estticas. En reali-dad, esta es una fuente clsica de irritacin con la democracia, presentada de manera sucinta en el comentario de ScHuMPeter (1966) cuando afirma que posiblemente no podemos basar el gobierno en la estupidez bovina de las masas.

    En cuanto a la aparente irracionalidad de las preferencias pblicas, la investigacin recien-te en democracia deliberativa muestra que est precisamente en discusin que descubrimos y forma-mos nuestras necesidades. La conciencia humana puede incluso ser en su misma esencia, delibera-tiva por naturaleza con el fin de tomar decisio-nes, nos comprometemos en lo equivalente a un proceso de debate interno (MorSon & eMerSon, 1990). Si vamos a consultar y comprometer al pblico en la gobernabilidad, entonces debemos proveer foros en los cuales las preferencias pue-dan ser formadas y refinadas en deliberacin con otros y a la luz de informacin precisa. Solo en-tonces podemos ganar conocimiento de las nece-sidades del usuario y disponer de servicios que les respondan. Por esta razn es que tantos diseos prcticos de Fung son deliberativos.

    Deberamos aqu reconocer que cuan-do los administradores de servicios pblicos no quieren saber acerca del impacto de sus servi-cios, tienen poco inters en las necesidades de los usuarios o no tienen capacidad institucional para responder a ellas. Ellos no deberan pre-guntar. En realidad uno de los grandes peligros de la democracia ha sido siempre la accin auto-ritaria que pretende ser democrtica (oBer, 1989). Desafortunadamente, algunas iniciativas de go-bernabilidad participativa han sido equivalentes a poco menos que a dar el visto bueno y a una manipulacin cnica. As, por ejemplo, la recien-te consulta sobre el poder nuclear en el Reino Unido fue pronto desenmascarada tanto por grupos de campaa como por las cortes, como una farsa con el suministro de informacin ten-denciosa y una decisin para proceder que ya haba sido tomada. Un ejemplo ms es el que ofrece la consulta sobre la tercera pista del Aero-

    puerto Heathrow de Londres, donde 18 meses de investigacin y planeacin son seguidos por 12 semanas de consulta pblica que de algn modo debe reunir evidencia cientfica para prevenir su desarrollo. Estas iniciativas cnicas tienen como resultado ms cinismo; particularmente entre ciudadanos que desconfan crecientemente en sus oficiales elegidos y rebatiran las acusaciones de la estupidez bovina de las masas con gritos del engao de la elite. La gobernanza participa-tiva es socavada significativamente cuando un sistema de planificacin centrado en involucrar a la comunidad es ampliamente percibido como si de l se hubieran apoderado intereses institu-cionales y/o corporativos y cuando las consultas pblicas no lo son en realidad (vea por ejemplo, cPre, 2008 a; 2008b). En realidad, con tres de cuatro ciudadanos que reportan (incluso antes de los ms recientes escndalos en gastos) su des-confianza en que los polticos digan la verdad (iP-SoS/Mori, 2008), uno est tentado a preguntar si el cinismo pblico y la fatiga de la consulta es ya tan avanzada que los actuales intentos para ase-gurar el compromiso pblico equivalen a muy pocos y aplicados muy tarde.

    Estas preocupaciones parecen plausibles cuando consideramos la actual profundidad de la falta de compromiso ciudadano. Es un hecho em-prico que ahora existe una brecha extraordinaria entre el nmero de ciudadanos llamando a una mayor participacin y aquellos que realmente desean participar (McHugH, 2006). Esta separa-cin hace es eco de las preocupaciones actuales sobre la cada en la votacin con ciudadanos que reportan ampliamente que su voto no hace la diferencia y que no existe una escogencia real y con la percepcin de que los ciudadanos carecen de medios por los cuales asegurar un re-direccionamiento adecuado debido a las fallas de los servicios pblicos. Por ejemplo, en el Servicio Nacional de Salud, solo el 56% de aquellos que creen que tienen fundamentos para quejarse se molestan en hacerlo y de aquellos que lo hacen un sorprendente 68% consideraron que el proce-so de queja fue intil.

    En cuanto a la aparente irracionalidad de las preferencias pblicas, la investigacin reciente en democracia deliberativa muestra que est precisamente en discusin que descubrimos y formamos nuestras necesidades. La conciencia humana puede incluso ser en su misma esencia, deliberativa por naturaleza

  • 16

    Revista Comunicacin y Ciudadana 5

    ENERO-JUNIO 2012

    Sin embargo, no es el cinismo pblico el que nos previene de participar en el suministro, diseo y evaluacin de servicios pblicos. En rea-lidad, histricamente los ciudadanos estn moti-vados a participar con frecuencia precisamente por su desconfianza en el gobierno. No podemos entonces citar el cinismo popular como una causa de baja participacin y en cambio debemos mirar en otro lado para explicar la brecha a la que se refiere McHugH entre las demandas populares de compromiso y la voluntad real de hacerlo.

    En particular debemos reconocer que la democracia es ms bien ms compleja de lo que comnmente se ha supuesto. No hace mucho imaginamos que la democracia liberal constitu-y el fin de todo un conflicto ideolgico (fuku-yaMa, 1989). Habiendo derrotado el fascismo y el comunismo, la democracia practicada como en Occidente pareca ser una forma tan estable como discernible. Las elecciones libres y justas, la proteccin de los derechos civiles,

    una prensa libre, fueron deseadas por todos los individuos pensantes. Ahora por supuesto he-mos sido sorprendidos por nuestra complacen-cia y hemos vuelto a ser conscientes de nuevo de otras culturas y otras formas de democracia. En efecto, aquellos que estudian la historia de la democracia cuestionan la historia usual en la que nuestras iluminadas elites gradualmente le devolvieron el poder al pueblo, le extendieron la franquicia y dieron una participacin institucio-nal y formas constitucionales (keane, 2009). En cambio, cuando miramos atrs, lo que aparece es un desastre. La democracia ahora resulta que no es otorgada a la gente pero es en cambio arre-batada de las elites en una constante lucha por el poder (ranciere, 2006). Lo que tenemos hoy puede ser por lo tanto concebido como el ms mnimo compromiso pblico posible para que las elites gobernantes se salieran con la suya. La Ley de Reforma de 1832, por ejemplo, es frecuente-mente vista como la que se desempe un papel importante como punto de partida del celo revo-lucionario que se apoder de Europa en 1848. Aun as, despus de la ley, solo 653.000 personas

    de una poblacin total de 14 millones, haban votado. Todos ellos, hombres propietarios.

    Una comprensin ms completa de la historia muestra que la naturaleza de la democracia, y por ende tambin de la participacin, depende de la perspecti-va propia. Elites y ciudadanos de hecho dieron una mirada a un objeto que pa-reca muy distinto para cada cual. Es la divergencia de perspectiva la que comienza a explicar por qu la gente quiere un compromiso pblico, aun-que a rengln seguido se afirme que no desee comprometerse.

    Las elites gobernantes buscan formas institucionales estables de participacin que sean compatibles con los complejos imperativos admi-nistrativos. Por ello, la democracia aparece como una serie de formas institucionales dentro de las cuales ellas deben funcionar. En contra de esto, los ciudadanos situados fuera de las estructuras de gobernabilidad, ven la participacin como una res-puesta a la injusticia, como una forma de resistencia o como una experien-cia personal o interpersonal (wolin, 1994; Pizzorno, 1970; Blaug, 2002). La historia de la democracia es de este modo y en parte, un estallido constan-te o erupcin de energa participativa.

  • 17

    Deliberacin, Comunicacin y Participacin

    Una reciente investigacin acadmica ha mos-trado que esto ha ocurrido en movimientos de protesta, rebeliones de esclavos e incluso comu-nidades piratas (lineBaugH & rediker, 2000). Estas experiencias de prctica participativa son suprimidas de la historia, cooptadas y parcial-mente institucionalizadas. Aun as, la naturaleza muy personal, empoderante y efmera de estas experiencias contrasta crudamente con las for-mas de compromiso pblico ordenadas, admi-nistradas y en realidad despolitizadas, general-mente ofrecidas por las elites gobernantes.

    Una de las razones por las cuales los ciuda-danos no estn dispuestos a participar es porque nuestra democracia liberal no ofrece instituciones atractivas y eficaces a travs de las cuales puedan experimentar la deliberacin. No hay ningn lu-gar para que la gente hable y ningn lugar para que el hablar haga la diferencia. Como vamos a ver, las instituciones participativas pueden par-ticularmente en un foro deliberativo en el que se empoderan los ciudadanos ofrecer debate, emocin y accin significativa. Aun as lo que se ofrece normalmente es la invitacin a espacios para la simple administracin. Una vez que apre-hendamos estas dos perspectivas bien distintas so-bre la participacin, podremos diagnosticar ms adecuadamente la falta de compromiso pblico y adems explorar mtodos y mbitos en los cuales el pblico quiera realmente participar.

    Cuando buscamos incrementar el compro-miso en servicios pblicos y comprender por qu algunas iniciativas atraen el inters de los ciuda-danos mientras que otras no, es til diferenciar tres mbitos en los que la participacin ha sido, o est siendo, usada. Por ejemplo podemos dis-tinguir entre iniciativas que buscan participacin en la entrega real de servicios, aquellas interesa-das en la participacin en el entorno de objetivos de servicio y aquellas concernientes a asuntos de responsabilidad pblica. En cada uno hay grada-ciones de intensidad y en cada uno podemos ob-servar los efectos de las perspectivas divergentes sobre la participacin explorada anteriormente.

    MbITO 1:ENTREGA DE sERvICIOs

    Al comienzo de este reciente giro partici-pativo de la democracia, la mayora de iniciativas en compromiso pblico buscaron la participacin directa de los ciudadanos en la ejecucin real de servicios. Aqu el intento consista en traer su co-nocimiento particular y local como usuarios de servicio para soportar en gran parte preocupa-ciones operativas. Dichas iniciativas fueron con frecuencia motivadas por el deseo, de parte de los

    proveedores, tanto de ganar conocimiento en los efectos de sus servicios como de legitimar sus ac-tividades existentes. Ello llev a que los usuarios de servicio fueran invitados a ocupar sillas en los consejos administrativos en ocasiones acompa-ados por un asesor jurdico en la celebracin de reuniones pblicas y en el montn de encuestas y cuestionarios diseados para revelar las necesi-dades de los usuarios y los niveles de satisfaccin con los servicios. Las iniciativas para incrementar el compromiso pblico en la entrega real de ser-vicios ha generado y contina generando algunos ejemplos marcadamente intensos como la parti-cipacin arrendataria e incluso la operacin de asociaciones de vivienda, las asociaciones de entrega de servicios, la contratacin externa de servicios por cuerpos voluntarios. El sostenimien-to del presupuesto participativo ha sido particu-larmente importante en el desarrollo de esta rea y an brinda uno de los mejores ejemplos de compromiso pblico. El proyecto In Control, en el Reino Unido, donde por ejemplo usuarios disca-pacitados controlan sus propios presupuestos y se-leccionan los servicios que requieren, es ejemplar aqu. Este programa comprende 105 autoridades locales, de 2.000 usuarios de servicios y maneja un presupuesto de 20 millones de libras esterlinas.

    Dos problemas particulares surgen cuan-do intentamos aumentar el compromiso pbli-co en la entrega de servicios; sin embargo, stos han servido para limitar su efectividad y dismi-nuir las expectativas pblicas sobre su xito. El primero se refiere a las dificultades encontradas cuando la experiencia profesional del provee-dor es obstaculizada inapropiadamente por la participacin pblica, o donde esta experien-cia no puede ser fcilmente aprendida por los participantes (andraS & cHarlton, 2002). Los alcances de reemplazar la experiencia profesio-nal con la de ciudadanos amateur han limitado esta forma de compromiso y han sido una fuente recurrente de disputa entre los administradores pblicos (ver por ejemplo, dzur, 2002; eSquitH, 1990). Las tensiones entre los que son caracte-rizados como imperativos de la burocracia y la democracia han proporcionado de este modo a los pesimistas una vara fcil con la cual golpear a aquellos que buscan aumentar el compromiso pblico. Esta vara es particularmente efectiva cuando limitamos la participacin a un simple lugar: el funcionamiento real de los servicios.

    El segundo problema con la participacin en el rea de la entrega de servicios ha sido y con-tina siendo el aplicado desinters de los mismos ciudadanos. Los consejos de las fundaciones hos-pitalarias han luchado, por ejemplo, para atraer

  • 18

    Revista Comunicacin y Ciudadana 5

    ENERO-JUNIO 2012

    a miembros pblicos (klein, 2004; McHugH, 2006: 550), y la Corporacin de Vivienda ha en-frentado problemas similares con el reclutamien-to de su propio consejo administrativo. De este modo es correcto afirmar que cuando se trata de asuntos operativos, el pblico no quiere participar (cHiSHolM et al, 2007). A decir verdad, al faltar bien la vocacin personal o los salarios profe-sionales no es de extraar que muy pocos estn dispuestos a participar en los consejos administra-tivos, asistir a reuniones pblicas o llenar cuestio-narios. La brecha de McHugH entre la deseada gobernanza participativa y el molestarse por par-ticipar uno mismo podra entonces deberse a la pereza pero no a la manera y al lugar en los cuales la participacin es usualmente ofrecida. El tedio administrativo, la fatiga en la consulta y el asen-tarse entre las ridas jerarquas burocrticas, no son tan atractivos para la mayora (carr, 2004). Esto sumado a las motivaciones con frecuencia c-nicas y confusas para involucrar en primer lugar a los ciudadanos as como la falla repetida para responder a esta participacin de parte de los pro-veedores de servicios, es suficiente para desalentar totalmente a la mayora de la gente. Aqu enton-ces el pblico evita la participacin en la entrega real de servicios y en gran parte se asume que esto sea una tarea para profesionales (lowry, 2000).

    Aun con estas limitaciones, sin embargo, parece haber un mbito considerable para incre-mentar la participacin directa en asuntos ope-rativos. Tal vez el ejemplo ms contundente de este tipo de participacin es proporcionada por el deber de jurados, que involucra directamente a los ciudadanos en la toma de decisiones en las cortes criminales. El deber de jurados comprome-te al pblico en asuntos operativos, es deliberativo y puede ser visto como aquel hacer una diferencia apreciable en los resultados. No es por lo tanto sorprendente que de aquellos ciudadanos que han asumido el deber de jurados un 85% afirme que estara dispuesto a hacerlo de nuevo (Home Office, 2004). Ciertamente, el valor anexado a esta institucin es muy destacado por su larga y distinguida historia, pero este porcentaje tan alto habla poderosamente en contra del argumento de la pereza ciudadana. Finalmente, los nmeros extraordinarios de ciudadanos que hacen trabajo voluntario sugieren que el compromiso directo en el suministro real de servicios constituye un lugar floreciente para incrementar la participacin p-blica (green et al. 2004).

    Aun cuando sin darnos cuenta imagina-mos que la entrega real de servicios es el nico lugar para involucrar al pblico, tambin encon-tramos algunas de las respuestas ms histricas

    para incrementar el compromiso pblico. Bale, taggart y weBB critican as la llamada hecha por Power Inquiry en busca de ms participacin al acusarla de apoyar el reemplazo total de la toma de decisiones representativa con un pblico tonto. Esto es, por supuesto, un argumento que se multiplica rpidamente, junto con las frases de no te sientes en esa silla, porque si todos se sentaran moriran aplastados. As que llevado a los extremos, the Inquiry se interpreta como po-pulista y como apoyo a la norma de la turba. Aun as una vez ms el funcionamiento real de los servicios es solamente un lugar para la participa-cin y hemos notado cmo en general falla para comprometer al pblico. Ms preocupaciones consideradas como las del nfasis de McHugH en distinguir entre el debate pblico y la toma de decisiones polticas (McHugH, 2005: 4,17), y el reclamo de HaBerMaS para la concepcin de democracia como tener dos pistas: formacin de la opinin y construccin de polticas (HaBerMaS, 1996; SquireS, 2002) articulan las limitaciones de la participacin popular en la gobernanza opera-tiva; sin embargo, se las arreglan para abstenerse de desembuchar la vieja carga elitista de que un poquito ms de participacin equivaldra a que los internos tomen por asalto el sanatorio.

    En trminos de la brecha de McHugH en-tre querer ms participacin y no estar dispuesto a participar, debemos reconocer entonces el papel desempeado por la clase de participacin que en general est en oferta, la falta de pago o los impactos ostensibles de la participacin, la ausen-cia de instituciones en las cuales la participacin puede ocurrir y el simple hecho de que los ciu-dadanos nunca hayan tenido dichas experiencias. Antes de que pasemos a etiquetar a la ciudadana como perezosa deberamos considerar estas lagu-nas y mostrar que el compromiso pblico puede suceder tambin en otros mbitos.

    MbITO 2:REsuLTADOs DE sERvICIOs

    Un mbito muy diferente para la par-ticipacin est emergiendo en las agendas de reforma de servicios pblicos, siendo ste un compromiso pblico en construccin de crite-rios evaluativos, metas en polticas y resultados en servicios. El escenario deliberativo y pblico de expectativas de desempeo para servicios pblicos constituye un rea importante de expe-rimentacin de la gobernabilidad participativa (HanBerger, 2006: 4) y es particularmente avan-zado en los recientes debates alrededor del va-lor pblico (Moore, 1995) y comisionamiento (BlaugH & lekHi, 2007). Si los servicios pblicos

  • Aun con estas limitaciones, sin embargo, parece haber un mbito considerable para incrementar la participacin directa en asuntos operativos. Tal vez el ejemplo ms contundente de este tipo de participacin es proporcionada por el deber de jurados, que involucra directamente a los ciudadanos en la toma de decisiones en las cortes criminales

    19

    Deliberacin, Comunicacin y Participacin

    son genuinamente sensibles a las necesidades lo-cales, atraer al pblico en determinar esas nece-sidades parecera ser de suma importancia.

    De hecho el examen de este mbito para el compromiso revela no solamente qu tan poco los ciudadanos estn involucrados en el entorno de los criterios evaluativos para sus propios servi-cios pblicos, sino tambin una vez ms la deter-minacin con la cual los proveedores de servicio se adhieren a su propias interpretaciones de las necesidades locales aun cuando se busca partici-pacin. Tradicionalmente determinar el propsi-to y los fines apropiados de servicios pblicos ha sido el objetivo de una administracin basada en experiencia y evidencia. Los servicios son de este modo diseados para producir ciertos resultados: sean stos un nmero de camas de hospitales, cu-pos para las escuelas de primaria o canecas des-ocupadas. El desempeo de servicios es entonces evaluado por la eficiencia y efectividad con la cual ste provee dichas metas.

    Reciente experimentacin sobre el com-promiso pblico ha buscado involucrar a la gente en el escenario de las metas de servicio que re-flejan ms precisamente las necesidades locales. Una vez ms los ejemplos yacen a lo largo de la escala de la intensidad, pero deben incluir el uso dado por la localidad de Lewishgman de Londres de un panel ciudadano de 1.000 residentes que consider los problemas locales y tom evidencia de testigos expertos y consejos sobre las necesida-des locales. La participacin musulmana, evang-lica y de grupos ateos en disear su exhibicin del arte renacentista y medieval son tambin ejem-plares. Aqu el compromiso pblico se ha movido ms all de la mera medicin de la satisfaccin del usuario con servicios y hacia los escenarios reales de metas de servicio. Dichas iniciativas en general caracterizan los foros deliberativos, la provisin de buena informacin y participacin que tiene un impacto apreciable. De este modo ellos incre-mentan la comprensin mutua entre administra-dores y participantes y mejoran tanto la legitimi-dad como la receptividad del servicio provisto.

    Comprometer al pblico en el escenario de los criterios evaluadores es un elemento cen-tral tambin en la emergencia de concepciones de valor pblico. Esta aproximacin ve los servi-cios como un valor pblico floreciente cuando las organizaciones se concentran en sus propios y distintos objetivos locales, formula y autoriza esos objetivos en el debate pblico y entonces los usa como estndares evaluadores. As, por ejemplo, el Servicio para el Derecho de los Nios dirigido por el concejo del municipio de Newham ha de-sarrollado un nmero de formas incluyendo gru-

    pos de planeacin y un Parlamento de Juventud para involucrar a los nios y jvenes en determi-nar las necesidades locales y disear servicios que los satisfagan. De igual modo, un Pfi (Iniciativa de Financiacin Privada) en vivienda social en Camden comprometi a grupos residentes en la especificacin de medidas que determinaran el pago del servicio contratista.

    Este ltimo ejemplo suscita dos problemas que emergen cuando buscamos el compromiso en el escenario de metas de servicio. Primero, debe-mos notar la tendencia por acelerar ms el mo-vimiento de reglamentar resultados usualmente estipulados por los administradores a resultados de servicios informados pblicamente. En segun-do lugar, donde los servicios estn cada vez ms subcontratados a organizaciones voluntarias y privadas, nos enfrentamos al requerimiento de que los comisionados pblicos de servicio de al-gn modo incorporen un elemento democrtico en los servicios para los cuales ellos estn contra-tando. Analicemos cada uno de ellos.

    El impulso por una mayor receptividad de los servicios pblicos ha conducido a una crecien-te atencin a los resultados metas especficas y efectos ms que a una produccin numrica. Un ejemplo de esta distincin podra ser la pro-duccin del nmero de personas que tomaron un curso educacional contra el resultado de qu tanto aprendieron. Podra ser otro el nmero de personas servidas por una unidad de rehabilita-cin contra la drogadiccin versus el nmero de quienes dejaron de usar drogas. El movimiento de produccin a resultados est alimentado actual-mente por los intentos de realizar un suministro de servicios integrados para reducir problemas

  • 20

    Revista Comunicacin y Ciudadana 5

    ENERO-JUNIO 2012

    complejos, como exclusin social y reincidencia criminal. Adems deberamos notar que lo que la gente valora acerca de un servicio pblico en ge-neral toma la forma de resultados. De este modo ellos estn ms preocupados de los efectos, resul-tados y logros de los servicios pblicos que por la produccin.

    Aun as, como lo sealan kelly, MuerS y Mulgan (2002), es mucho ms fcil estipular la produccin que lo que significa entregar notas promisorias que comprometen un servicio a tener un efecto particular y real. Una produccin como el nmero de camas de hospitales es as inmedia-tamente entregable de una forma que no lo es el nmero de individuos curados. El problema aqu es parcialmente uno de causacin comple-ja ya que no es claro cmo un resultado surge o incluso cmo los problemas particulares se ma-nifiestan en la sociedad en primer lugar. Adems de todo, entregar resultados como cohesin de la comunidad y una poblacin ms saludable son difciles de cuantificar, presupuestar sobre las competencias de un nmero diferente de provee-dores de servicios y de este modo demandan una considerable coordinacin. Finalmente, la intran-sigencia institucional para el compromiso pblico en el escenario de resultados de servicio es refle-jado en los hallazgos de una reciente encuesta de proveedores de servicio Pct (Terapia Post Ciclo) donde los gerentes manifestaron bajas expectati-vas en cuanto a que el compromiso pblico hara demasiada diferencia en sus decisiones existen-tes. Solo el 20% de los foros de pacientes usua-rios de Pct los vio como altamente influenciables y el 60% de los encuestados citaron la falta de comprensin del pblico como una barrera a su participacin efectiva (cHiSHolM et al, 2007). Sin embargo, kelly, MuerS y Mulgan sostie-nen que el compromiso pblico en el escenario de resultados de servicio permite oportunidades significativas en el diseo de servicios que reflejen ms adecuadamente preferencias pblicas y nece-sidades locales.

    Donde la reforma de servicio pblico busca adquirir de proveedores voluntarios y privados, el papel de cuerpo pblico se vuelve en aquel como comisionado o alcahuete. Dejando a un lado la cuestin de si la privatizacin es o no deseable el gobierno contrata cada vez ms con actores pri-vados con el fin de entregar los servicios. Mientras esto suscita importantes problemas acerca de la disponibilidad de la informacin abierta y qui-zs incluso las exacerbe, ya que ahora la infor-macin debe fluir no solamente desde los cuer-pos pblicos sino desde los privados (caMeron, 2004). Tambin requiere que la receptividad a las

    necesidades locales sea de algn modo construi-da en contratos de servicio (Mccrudden, 2004). Para ser compatible con el compromiso pblico en el escenario de los resultados de servicio, los contratos deben permitir entonces la flexibilidad adicional requerida para acomodarse a las de-mandas y necesidades cambiantes de aquellos cu-yas voces son buscadas. Aun as, los altos riesgos polticos asociados con la falla de servicios hacen de la flexibilidad algo muy difcil de incorporar y estipular en un contrato. En efecto, hay una po-derosa tendencia contraria por parte de los cuer-pos pblicos para micro-administrar contratistas en formas que sirvan para limitar la flexibilidad y la innovacin y a su vez una tendencia similar de parte de los contratistas para controlar cuida-dosamente los riesgos asociados con el suministro del servicio.

    El compromiso pblico en la comisin de servicios necesita de este modo no solamente una reorientacin hacia resultados sino adems la es-critura de contratos que permitan una sensibili-dad creativa para los resultados cambiantes. En trminos contractuales, flexibilidad y riesgo cues-tan dinero. As, para nada es claro que la agenda de privatizacin y compromiso pblico sean com-patibles o que sern adecuadamente subvencio-nados. Tampoco deberamos fallar al notar que la sigilosa privatizacin est ahora siendo pedida para entregar un nivel de receptividad que han evadido enteramente las agencias pblicas en el pasado. Sin embargo, una vez ms las cuestiones de flexibilidad y costo son aqu un asunto de la intensidad del compromiso pblico. Es claramen-te posible que al menos parte de los servicios se reorienten hacia la produccin para alcanzar ms compromiso pblico en la determinacin de estos resultados y para intentar una flexibilidad con-tractual. Como siempre, una pequea ganancia en participacin constituye un buen comienzo.

    MbITO 3:REspONsAbILIDAD pbLICA

    Un tercer lugar donde la participacin pue-de ser deliberativa, comprometida y efectiva es en el rea de responsabilidad pblica. En nuestra democracia, la responsabilidad pblica es gene-ralmente limitada a las elecciones pero la recien-te experimentacin est comenzando a expandir su evidente poder- tanto real como simblico a otras reas de la gobernanza.

    La responsabilidad pblica es un asunto complejo pero siempre denota un parecido fa-miliar entre prcticas que involucran escrutinio y sancin (ruBin, 2006: 53; newell, 2004: 59). El escrutinio implica examen y evaluacin de

  • 21

    Deliberacin, Comunicacin y Participacin

    decisiones representativas por un pblico infor-mado. De este modo, suscita problemas inevita-bles respecto a la apertura de la informacin y la transparencia de procedimientos. La sancin implica accin empoderada, un acuerdo pblico para aceptar o rechazar la explicacin dada por un funcionario oficial y una rgida demostracin de poder popular. As por ejemplo la responsa-bilidad electoral constituye un momento de pro-funda clarificacin porque aqu la gente hace valer activamente su ltima soberana sobre el gobierno (dunn, 1999; PrzeworSki, StokeS & Manin, 1999; dowdle, 2006: 3, 12). En una so-ciedad liberal, la responsabilidad puede extender-se tambin a los mercados, los medios y la esfera pblica. De este modo, la responsabilidad pblica es multifactica y de capas mltiples. Opera ho-rizontal y verticalmente (PrzeworSki, 1999: 19; dowdle, 2006: 17; goetz & gaventa, 2001: 7), puede ser informal (Scott, 2004; Morgan 2004: 245; caMeron, 2004: 61) y/o formalizada de va-rias maneras en una matriz de instituciones y me-canismos (PrzeworSki, 1999: 10; dowdle, 2006: 4; caMeron, 2004: 60). En todas las sociedades democrticas, sin embargo, es un sitio crucial de lucha poltica y un momento simblico importan-te de reconocimiento. Como tal, debera consti-tuir un lugar donde el compromiso pblico ocu-rre regularmente.

    De hecho, recientes problemas de alto per-fil con la responsabilidad pblica (como aquellos en el Reino Unido de los trenes Railtrack, la Ofi-cina de Antecedentes Criminales y la guerra en Irak) han mostrado otra vez que las instituciones del gobierno y las corporaciones se obstinan en no responder y en efecto generalmente se salen con la suya. Ellas han servido as para estimu-lar demandas por una responsabilidad pblica mayor (dowdle, 2006: 10). Estas demandas de nuevo subrayan la importancia del escrutinio pblico y de la informacin abierta (caMeron, 2004: 59; anecHiarico, jacoBS & jackall, 1996). En esto, las asociaciones de la sociedad civil son muy ayudadas por los desarrollos en las tecnologas de la informacin, las cuales no solo hacen que generalmente la informacin sea ms disponible para el escrutinio sino que adems permiten la formacin instantnea de comuni-dades (caMeron, 2004: 66; graHaM, 2002: 5). Donde las organizaciones y los ciudadanos es-tn armados de conocimiento, han jugado un papel importante en desarrollar una plataforma de nuevos sistemas de revelacin al requerir que las corporaciones y los gobiernos compartan informacin y sean transparentes en sus procedi-mientos (Graham, 2002). Por ejemplo, despus

    del descubrimiento de que 98.000 norteameri-canos murieron cada ao por errores mdicos, el Instituto de Medicina recomend que los hos-pitales fueran obligados a publicar las tasas de error usando la Internet para hacerlo.

    La responsabilidad pblica de este modo suscita preocupaciones inevitables acerca de la calidad del conocimiento disponible a los par-ticipantes y por implicacin, la calidad de sus posteriores juicios. Donde la sancin sigue al es-crutinio, el conocimiento lo es todo. Los riesgos son particularmente altos en un rea de protes-ta poltica contempornea, donde la accin di-recta masiva, las redes sociales y la multitud en Internet ahora amenaza a los gobiernos y a las corporaciones con formas nuevas y virulentas de atencin pblica. La experimentacin con la gobernanza participativa toma la forma aqu de foros deliberativos, inspeccionando y sancionan-do la actuacin administrativa. Las innovaciones contemporneas de polticas, como las iniciativas conducidas por los ciudadanos para arreglar au-diencias pblicas e inspeccionar servicios pblicos (HanBerger, 2006: 3), constituye de este modo un lugar distintivo para el compromiso pblico, aqu en la responsabilidad de los titulares de las ofici-nas por ciudadanos informados y empoderados.

    Las innovaciones en responsabilidad pbli-ca permanecen, en su mayor parte, subvaloradas, y stas se dedican ms al escrutinio que a la san-cin. Por lo tanto, estn ampliamente enfocadas en problemas de la informacin abierta, la trans-parencia procedimental y la revelacin pblica. Por ejemplo, el Departamento Australiano de Fi-nanzas ha llevado a cabo en su marco de trabajo de Reporte y Actuacin Administrativa en Vic-toria, un foco sobre el reporte pblico de resulta-dos de polticas explcitamente para informar al escrutinio pblico (caMeron, 2004: 61). De igual modo, la Iniciativa Global de Reportes lista las muchas compaas que ahora reportan pblica-mente su actuacin social, ambiental y econmi-ca (www.globalreporting.org). Aun formas ms intensas de responsabilidad pblica han ido ms all de la transparencia informativa y han busca-do el uso de foros deliberativos en los cuales los ciudadanos puedan ganar informacin, deliberar y algunas veces incluso decidir. Estos foros han sido usados con gran diversidad para reconectar a los ciudadanos y a los funcionarios pblicos de una manera directa en general en capacidad de consejera o consultora. Ejemplos incluyen los ciudadanos jurados y paneles, el parlamento del pueblo, las audiencias pblicas y las juntas de su-pervisin, foros de apelacin y Encuestas de Opi-nin Deliberativa (fiSHkin, 1992).

  • 22

    Revista Comunicacin y Ciudadana 5

    ENERO-JUNIO 2012

    Aunque no estn en general empoderados para entregar sancin, estos micropblicos clara-mente constituyen ejemplos de alta intensidad del compromiso y pueden ser usados para aumentar la retroalimentacin de polticas y para proveer (o negar) legitimidad. Ellos pueden ser cuidado-samente estructurados para asegurar que sean representativos tanto de los intereses grupales e individuales como de la demografa. Los micro-pblicos pueden ser ajustados para asegurar una representacin adecuada de los grupos de difcil alcance (BurnHeiM, 1985) y para compensar por la clase intransigente, la raza y el sesgo de gnero en la seleccin de funcionarios. Lo ltimo parece particularmente bien dirigido por recientes inno-vaciones en el uso de seleccin aleatoria (carSon & Hart, 2005; Mc corMick; 2006: 2). Frecuen-temente, al seguir los debates sobre los mtodos de decisin semejantes a aquellos desarrollados por American Speaks, aquellos micropblicos estn combinando ms nuevas tecnologas de la informacin con tcnicas de facilitacin grupal. El Proyecto gora Virtual, por ejemplo, permite la deliberacin colectiva en lnea (http:/virtuala-gora.org). fung (2003: 355) describe micropbli-cos que son empoderados para actuar y entregar sancin como la forma mxima de compromiso pblico. Su principal ejemplo es de nuevo el pro-grama de presupuesto participativo en Porto Ale-gre, donde la responsabilidad pblica es directa y se debi a un consejo deliberativo empoderado. Muchas organizaciones tienen, en su corazn, una asamblea autnoma para la cual todos los funcionarios son responsables, incluyendo Con-sumers International, The Womens League of Voters, The National Framework for Tenants Par-ticipation Groups, Friends of Earth International y The Sierra Club. Los ciudadanos hechos y de-rechos o las asambleas constituyentes se sientan ahora en British Columbia, Bolivia, Nueva Gales del Sur, Australia, donde estn empoderados de manera muy diversa para hacer legislacin y con-ducir el cambio constitucional.

    Dos innovaciones en particular sugieren maneras en las cuales las formas participativas de responsabilidad podran ser empoderadas para entregar tanto escrutinio pblico y sancin: las Revisiones Pblicas (HanBerger, 2006: 16) y las Auditoras Ciudadanas (MccandleSS, 2002). Las Auditoras Pblicas desarrolladas por la Alianza de Responsabilidad Pblica estn destinadas a proporcionar evaluaciones pblicas del desempe-o institucional. Evaluaciones ex post han tenido lugar adems en instituciones paralelas organi-zadas por los ciudadanos para expresar un juicio pblico en el desempeo que les incumbe. As,

    por ejemplo, una variedad de audiencias y juicios de prueba se han pronunciado sobre problemas como la legalidad de la Guerra de Vietnam, la brutalidad de la polica y los crmenes contra la humanidad (kenyon, 2004). Sin embargo, po-deres faltantes de sancin, como evaluaciones retrospectivas, comparten el poder simblico de las comisiones de verdad y reconciliacin. De este modo ellos suponen una participacin pblica para dar cuenta de una apertura de informacin y una emisin de quejas ex post (Parlevliet, 1999). Aun as, mientras las comisiones de verdad y re-conciliacin parecen derivar su efectividad preci-samente de su falta de poder para sancionar aqu al remover las consecuencias de la revelacin los mtodos participativos de responsabilidad p-blica parecen particularmente prometedores en entregar una experiencia de compromiso pblico que realmente surte efecto.

    Como ya se anot, la mayora de las eva-luaciones ex post de desempeo institucional ado-lecen de ser subvaloradas particularmente cuan-do se refiere a los poderes de sancin. Incluso as, curiosamente el garrote provisto por los mecanis-mos participativos de responsabilidad pblica no es acerca de la sancin en absoluto. De hecho, los foros empoderados adecuadamente tambin han sido relativamente modestos en este aspecto, en su mayor parte exigiendo poco ms que un muy pblico destape. Entonces el poder de estos meca-nismos parece ser ampliamente simblico aun-que no menos importante por serlo pues ofre-cen un desempeo pblico de soberana popular ms que sanciones punitivas sustantivas. Incluso donde el poder de sancin es mnimo, ellas sirven para disuadir efectivamente los abusos de poder. Esto en cambio sugiere que lo que est faltando en la experimentacin contempornea con el compromiso pblico respecto a la responsabilidad no es tanto el poder de sancin como el poder de exigir respuestas (MccandleSS, 2002: 133) Los foros completamente empoderados seran carac-terizados de este modo no por la severidad de sus sanciones sino por su capacidad de hacer compa-recer testigos e insistir en la revelacin. En esto los mecanismos de participacin para responsa-bilidad difieren marcadamente de las comisiones de verdad y reconciliacin donde los testigos no necesitan responder las preguntas.

    En las repblicas antiguas de Atenas y Roma, los ciudadanos hicieron extensivo el uso de mecanismos participativos para la responsa-bilidad pblica y pasaron siglos ajustando sus constituciones para corregirlos (elSter, 1999; MccorMick, 2001). En cada ciudad la respon-sabilidad pblica muchas veces tom la forma

  • 23

    Deliberacin, Comunicacin y Participacin

    de un populismo feroz con funcionarios p-blicos que fueron requeridos para informar so-bre sus acciones ante las asambleas populares al final de su periodo oficial. Estos eventos eran poderosas demostraciones simblicas de escru-tinio pblico y sancin. En parte teatrales y en parte genuinas las evaluaciones ex post operaban para hacer participar y educar a la ciudadana con el fin de incrementar la sensibilidad de los detentores de los puestos pblicos y para ener-var la gobernanza participativa.

    En toda nuestra conversacin de com-promiso pblico, no hicimos uso de los me-canismos directos a prueba de tiempo para la responsabilidad pblica y ellos generalmente se han extraviado del voto como pieza cen-tral tanto de la participacin democrtica y la responsabilidad. En las democracias liberales existe una total exclusin de la ciudadana en general de la censura, la acusacin y los proce-dimientos de remocin dirigidos a los funciona-rios pblicos sospechosos (MccorMick, 2006: 155; MccandleSS, 2002: 11). Entre los varia-dos efectos de los mecanismos participativos por responsabilidad, tanto reales como simb-licos, se encuentra su habilidad de revelar qu tan lejos hemos ido con la informacin abier-ta y el empoderamiento ciudadano si nuestras buenas intenciones participativas quieren signi-ficar algo. Los mecanismos deliberativos para la responsabilidad pblica constituyen de este modo un lugar importante para el compromiso, uno donde la participacin puede surtir efec-to realmente y donde hay ms probabilidad de que los ciudadanos quieran comprometerse.

    bamos a encontrar formas de hacer parti-cipar al pblico en el escenario de los resultados de servicio y en el desarrollo de criterios de eva-luacin, podramos combinar nuestros segundo y tercer escenarios para el compromiso pblico y mantener los proveedores de servicios para dar cuenta, en pblico, de su desempeo en contra de estos criterios. Una vez ms, mezclar y hacer coincidir es mejor que pensar que una sola estra-tegia puede cumplirlo todo. Si realmente quisira-mos aumentar el compromiso pblico tendramos mayor cuidado para establecer justamente por qu, en una situacin particular, intentamos ha-cerlo y entonces seleccionar de una amplia varie-dad de mtodos prcticos disponibles cules pue-den ser estimulantes y efectivos. Reconocer que hay muchos mtodos y muchos mbitos para la participacin es seguramente un paso importante hacia el desarrollo de instituciones que permitan el compromiso pblico ms que limitarlo estimu-lando inadvertidamente apata y luego sealando

    la apata como una razn para dejar de compro-meter al pblico.

    CONCLusINLa actual agenda de compromiso pbli-

    co puede tomar cualquier camino. Si podemos encontrar mbitos y mtodos apropiados para comprometer el pblico, entonces podemos pro-veer gobiernos democrticos con un sistema de bases (Boyte, 2007). Sin embargo, si nuestra inhabilidad para superar la falta de compromi-so pblico resulta en que esta agenda est sien-do abandonada, contemplamos nuestra falla de democratizar la sociedad civil y apuntalar ade-cuadamente nuestras instituciones representati-vas dejndolas suspendidas en el aire. Los logros democrticos de un pasado distante entonces nos parecern cada vez ms extraos y arriesgamos su ser por estar casualmente perdidos.

    Podra ser tambin que somos ms indi-vidualistas que nuestros ancestros pero tambin somos menos deferenciales e indulgentes con la incompetencia de la lite. Dados los muchos pro-blemas que enfrentamos no podemos diagnosticar meramente la apata poltica como pereza y debe-mos mirar en otros lugares en teora democrti-ca e historia por una explicacin ms adecua-da. Cuando se busca incrementar el compromiso pblico hemos notado la necesidad de clarificar el propsito. Decidir si el compromiso es o no primeramente por retroalimentacin sobre la di-reccin de servicio y calidad o por legitimidad, ayuda a la seleccin correcta y mezcla de foros deliberativos, encuestas y mtodos de consulta. Tambin hemos notado la importancia de delibe-racin pblica e informacin abierta que permite que las necesidades locales sean tanto aclaradas como descubiertas. Finalmente, hemos revisado posibles escenarios en los cuales el compromiso pblico puede, y est siendo, significativamente creciente: el diseo y entrega de servicios; el es-cenario de resultados y criterios evaluativos, y los mtodos de responsabilidad pblica que propor-cionan escrutinio y sancin pblicas.

    Los muchos mbitos y mtodos prcticos por incrementar el compromiso pblico, sus di-ferentes grados de intensidad y sus evidentes li-mitaciones sugieren que la vieja acusacin elitista y la bola de nieve del gobierno de la turba no puedan ser sostenidas. La demostracin de la bre-cha de McHugH entre querer ms participacin y estar realmente dispuesto a participar no prue-ba nada en absoluto. Es el equivalente cientfico social de usar un reloj del sol para mostrar que el sol gira alrededor de la tierra. Ciertamente uno puede medir esa brecha, pero como el reloj de sol,

  • 24

    Revista Comunicacin y Ciudadana 5

    ENERO-JUNIO 2012

    uno est calibrando una ilusin. Como hemos vis-to, comprometer creativamente a los ciudadanos en una variedad de lugares a una variedad de fi-nes, con una variedad de formas y con una varie-dad de intensidades contribuye en gran medida a cerrar esa brecha.

    Ya sea que optemos por ms o menos com-promiso pblico podemos ciertamente esperar que la democracia contine ejerciendo presin en el gobierno de la elite con una nueva partici-pacin, ms virulenta y formas virtuales. De este modo debemos encontrar nuevos mbitos para el compromiso pblico o enfrentar una participa-cin de una clase totalmente diferente y cada vez ms desesperada.

    bIbLIOGRAFAandraS, P., cHarlton, B.G. Democratic de-

    ficit and communication hyperinflation in health care systems, Journal of Evaluation in Clinical Practi-ce, 8: 291-297, 2002a.

    anecHiarico, jacoBS, 1996 and jackall, R. Moral Mazes: The World of Corporate Managers, Oxford: Oxford University Press, 1988.

    arnStein, S.R. A Ladder of Citizen Parti-cipation, Journal of the American Institute of Planners, 1969, 35/4, pp. 216-224; The International Asso-ciation of Public Participations Spectrum; Wilcox.

    Bale, t., taggart, P., weBB, P. You Cant Always Get What You Want: Populism and the Power Inquiry, Political Quarterly, 2006, 77/2, pp. 195-203.

    Benner, T., reinicke, w.H., witte, J.M. Multisectoral Networks in Global Governance: Towards a Pluralistic System of Accountability, Government and Opposition, 2004.

    Blaug, R., lekHi, R. Commissioning for Public Value, London: The Work Foundation, 2007.

    Blaug, R. Engineering Democracy, Politi-cal Studies, 50/1: 102-16, 2002.

    Boyte, H.C. Building Civic Agency: The Public-Work Approach, 2007, at www.opende-mocracy.net/articles/democracy_power/delibe-ration/citizen_creators

    BurnHeiM, J. Is Democracy Possible? Cam-bridge: Polity Press, 1985.

    caMeron, W. Public Accountability: Effec-tiveness, Equity, Ethics, Australian Journal of Public Administration, 63/4: 59- 67, 2004

    carr, S. Has Service User Participation Made a Difference to Social Care Services? London: Social Care Institute for Excellence, 2004.

    carSon, L., Hart, P. What Randomness and Deliberation Can Do For Community Enga-gement, International Conference on Engaging Commu-nities, Brisbane: Australia, 14-17, August, 2005.

    cHiSHolM, A., redding, d., croSS, P., coulter, A. Patient and Public Involvement in PCT Commissioning: A Survey of Primary Care Trusts, Pic-ker Institute, 2007.

    coleMan, S., gotze, J., Bowling To-gether: Online Public Engagement in Policy Deli-beration, Hansard Society, 2001.

    deluca, T. The Two Faces of Political Apathy, Philadelphia: Temple University Press, 1995.

    dowdle, M.W. (ed.), Public Accountabili-ty: Designs, Dilemmas and Experiences, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

    dryzek, J. S. Deliberative democracy and Be-yond: Liberals, Critics, Contestations, Oxford: Oxford University Press, 2002.

    dunn, J. Situating Democratic Political Accountability, in PrzeworSki, a., StokeS, S.c., Manin, B. (eds.), Democracy, Accountability, and Re-presentation, Cambridge: Cambridge University Press, 329-342, 1999.

    dzur, A.W. Democratizing the Hospital: Deliberative Democratic Bioethics, Journal of Health Politics, Policy, and Law, 27: 177-211, 2002.

    elSter, J. Deliberative Democracy, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

    elSter, J. Accountability in Athenian Po-litics, in PrzeworSki, a. StokeS, S.c. Manin, B. (eds.), Democracy, Accountability, and Representation, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 253-278.

    eSquitH, S. Locating Professional Ethics Politically, Centennial Review, 34: 131-161, 1990.

    fiSHkin, J.S. The Dialogue of Justice: Toward a Self-Reflective Society, New Haven: Yale University Press, 1992.

    fukuyaMa, F. The End of History? The National Interest, Summer, 3-18, 1989.

    fung, A. Recipes for Public Spheres: Eight Institutional Design Choices and their Conse-quences, Journal of Political Philosophy, 2003: 11/3, pp. 338-367.

    Goetz, A.M., Gaventa, J. Bringing Ci-tizen Voice and Client Focus into Service Deli-very, Brighton: Institute for Development Stu-dies, 2001.

    Graham, M. Democracy by Disclosure: The Rise of Technopopulism, Washington: Broo-kings Institute, 2002.

    hazel G., Connolly, h., Farmer, C. (Offi-ce for National Statistics), Citizenship Survey: People, families and communities, Home Office Research Study 289, December, 2004.

    habermas, J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, Cambridge: Polity Press, 1996, p. 373.

  • hanberGer, A. Democratic Accountabili-ty in Decentralized Governance, paper presented to conference on the Interpretive Practitioner, Birmingham, 2006.

    Home Office, Jurors perceptions, unders-tanding, confidence and satisfaction in the jury system: a study in six courts,

    Research Findings, No.227, 2004.horner, L., lekhi, r., blauG, R. Citizen

    Expectation and User Commitment, London: The Work Foundation, 2006.

    keane, J. The Life and Death of Democra-cy, London: Simon and Schuster, 2009.

    kelly, G., muers, s., mulGan, G. Crea-ting Public Value: An analytical Framework for Public Service Reform, Prime Ministers Strate-gy Unit, London: Cabinet Office, 2002.

    kenyon, A.M. Dreaming Suburbia: Detroit and the Production of Postwar Space and Cultu-re, Detroit: Wayne State University Press, 2004.

    klein, R.Q. NHS foundation trusts, BMJ, 328: 2004.

    lineBaugH, P., rediker, M. The Many-Headed Hydra: The Hidden History of the Revolutionary Atlantic, London: Verso, 2000.

    lowry, R.J., tHoMPSon, B., lennon, M.A. Public health policy: How much do the general public want to be involved in decisions on imple-menting water fluoridation? British Dental Journal, 188, 500502, online: 13 May, 2000.

    luSkin, R.C., fiSHkin, j.S., jowell, R. Considered Opinions: Deliberative Polling in Britain, British Journal of Political Science, 32: 455487, 2002.

    MccandleSS, H.E. A Citizens Guide to Public Accountability, Victoria, BC: Trafford, 2002. www.accountabilitycircle.org.

    MccorMick, J.P. Machiavellian Demo-cracy: Controlling Elites with Ferocious Popu-lism, American Political Science Review, 95/2: 297-313, 2001.

    MccorMick, J.P. Contain the Wealthy and Patrol the Magistrates: Restoring Elite Ac-countability to Popular Government, American Political Science Review, 100/2: 147-163, 2006.

    Mccrudden C. Using Public Procure-ment to Achieve Social Outcomes, Natural Resou-rces Forum, Vol. 28, 2004.

    McHugH, D. Wanting to be Heard but Not Wanting to Act? Addressing Public Disenga-gement, Parliamentary Affairs, 59/3: 546-552, 2006.

    Morgan, B. Technocratic v. Convivial Ac-countability, in Dowdle, 243-268, 2006.

    Moore, M. Creating Public Value: Strategic Management in Government, Cambridge, MA: Har-vard University Press, 1995.

    MorSon, G.S., eMerSon, C. Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics, Stanford: Stanford University Press, 1990.

    newell, P. Making Accountability Count, IDS Policy Briefing, 33, November, 2006.

    oBer, J. Mass and Elite in Democratic Athens: Rhetoric, Ideology, and the Power of the People, Prince-ton: Princeton University Press, 1989.

    odPM reports, Citizen Engagement and Public Services: Why Neighbourhoods Matter, 2005; Vibrant Local Leadership, 2005.

    Parlevliet, M. Considering Truth: Dea-ling with a Legacy of Gross Human Rights Viola-tions, Netherlands Quarterly of Human Rights, 16/2: 141-174, 1999.

    Pizzorno, A. An Introduction to the Theory of Political Participation, Social Science In-formation, 9/5: 29-61, 1970.

    Power, M. The Audit Society: Rituals of Ve-rification, Oxford: Oxford University Press, 1997.

    PrzeworSki, A., StokeS, S.c., Manin, B. (eds.), Democracy, Accountability, and Representation, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

    rancire, J. Hatred of Democracy, London: Verso, 2006.

    ruBin, E. The Myth of Non-Bureaucratic Accountability and the Anti-Administrative Im-pulse, in Dowdle, 52-82, 2006.

    ScHuMPeter, J.A. Capitalism, Socialism and Democracy, London: Allen & Unwin, 1966.

    Scott, C. Spontaneous Accountability, in Dowdle, 174-191, 2006.

    SquireS, J. Deliberation and Decision Ma-king: Discontinuity in the Two-Track Model, in PaSSerin dentrveS, M. (ed.), Democracy as Public Deliberation: New Perspectives, Manchester: Universi-ty of Manchester Press, 133-156, 2002.

    wolin, S. Fugitive Democracy, Constella-tions, 1/1:11-25, 1994.

    www.globalreporting.orgwww.poweringquiry.org/report/index.phpyoung, I.M. Inclusion and Democracy,

    Oxford: Oxford University Press, 2000.