Maria Toro - Ponencia

TERCER SEMINARIO INTERNACIONAL GESTIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD Y EL TERRITORIO

La participación ciudadana como herramienta en los nuevos modelos de

gestión urbana.

María Toro Martínez, Estudio atope ([email protected])

Palabras clave: Participación ciudadana, gestión urbana, urbanismo experimental,

innovación social

La planificación urbana tradicional y la necesidad de nuevos modelos de gestión

urbana

La práctica urbanística española se ha asociado, indisolublemente en los últimos años, “a la

especulación inmobiliaria, quedando su objetivo del bien común contaminado de puro

mercantilismo” (Borja & Muxí, 2000). De esta manera, los planes urbanísticos desarrollados

hasta ahora en el territorio español, han partido de:

el urbanismo de lo construido, basado en la especulación inmobiliaria y en el urbanismo

de proyectos, donde la ciudad se presenta como un catálogo de espacios rentables a la

venta.

el urbanismo funcionalista, que zonifica la ciudad, limitando el uso del espacio público

y queriendo controlar su uso, “obviando lo lúdico, la vida caótica y desordenada (que

también es vida)” (Borja & Muxí, 2000)

Esta manera de hacer ciudad provoca que las acciones de gobernar y gestionar la ciudad

“resulten simultáneas y parecidas” (Maximiliano Carbonetti & Sagredo Cáceres, 2003), debido

al afán protagonista de muchos alcaldes que buscan tanto dejar su impronta en la ciudad, como

buscar la llamada marca ciudad que distinga su municipio de otros a raíz de los productos

urbanísticos estrella elaborados por sus equipos de gobierno.

Hasta el momento, ha habido una separación entre planificación y gestión. Es decir, existen

planes específicos para abarcar diferentes escalas urbanas, desde las escalas más territoriales

(Plan de Ordenación Territorial), urbanas (Plan General de Ordenación Urbana) y locales (Plan

Parcial y Plan de Detalle); pero no hay herramientas de gestión urbana que consideren la ciudad

como un todo en el que deben intervenir diferentes disciplinas a la hora de abordar un proyecto

urbano, así como tampoco existen prácticas de participación ciudadana o conceptos como la

innovación social, la cohesión vecinal, el asociacionismo, la co-gestión y la co-responsabilidad.

Este modelo de urbanismo tradicional, considera la ciudad como un proyecto empresarial

(Maximiliano Carbonetti & Sagredo Cáceres, 2003) “que premia el ocio consumista y limita el


espacio público” (Rivas, 2015), aun siendo éste el ámbito físico de la expresión colectiva y de la

diversidad social y cultural.

La racionalidad del funcionalismo aplicada al espacio urbano elimina cualquier posibilidad

de manifestación y expresión colectiva, borrando las cualidades que caracterizan dichos

espacios: propiciar el encuentro, lo imprevisto, favorecer la diversidad, la cohesión ciudadana

y las relaciones urbanas. Como resultado “se obtienen ciudades sin pasión, gestionadas y

proyectadas al margen de sus usuarios y habitantes, de sus manifestaciones, actividades,

rituales, identidad y memoria colectivas” (Delgado, 2007).

Esto, unido a factores relacionados con la especulación del suelo, la malversación de fondos,

la prevaricación y la reducción del gasto público, ha hecho que sea la propia sociedad la que

exija a la clase política transparencia a la hora de gobernar nuestras urbes, reivindicando

también nuevos modelos de gestión urbana que incluyan y fomenten la participación

ciudadana en busca de nuevos modelos sostenibles, razonables, equitativos y eficientes. Para

esto, serán imprescindibles las prácticas locales “basadas en la descentralización, la

negociación, co-gestión y participación” (Maximiliano Carbonetti & Sagredo Cáceres, 2003),

donde el trabajo multidisciplinar y la colaboración entre diferentes concejalías “implicadas en

trabajar por el bienestar ciudadano” (Sierra, 2015) sea lo común y lo cotidiano; asegurando

proyectos urbanos del que todas las áreas de un municipio tengan conocimiento, aportando

cada una su visión, su experiencia y su campo de acción; y eliminándose al mismo tiempo los

problemas surgidos de la poca o nula coordinación entre concejalías.

Así se pasa de una planificación racional, a la cual le era complicado abordar la complejidad

urbana, y se recupera el concepto de ciudad como un todo resultante a partir de la suma de

piezas diferentes provenientes de todas las disciplinas, y que por lo tanto, es necesario

planificar desde una visión holística.

“El urbanismo no debe pretender resolver los problemas de la sociedad, pero al menos no

debería empeorarlos” (Borja & Muxí, 2000). Al contar con la participación ciudadana, los

proyectos nacerán de las propias demandas ciudadanas siendo legitimados desde la base y

asegurando así su continuidad en el tiempo, ya que serán los ciudadanos los que los mantengan

y protejan, al sentirse implicados en los procesos de cambio y transformación de sus barrios.

Con esto, no se quiere expresar que desaparezca la planificación de arriba hacia abajo (top-

down) que nace de las administraciones, sino que debería ampliarse a una modalidad más

comprensiva y armoniosa entre “una política y una gestión viable y eficiente centrada en la

relación mutuamente beneficiosa entre desarrollos estructurales de arriba hacia abajo y el

carácter único de estrategias locales de abajo hacia arriba” (Albrechts y Swyngedouw, 1989)

(estrategias bottom-up).


Las políticas urbanas actuales han de actualizarse incorporando las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación (TIC) y nuevos instrumentos de gestión urbana que favorezcan

el cambio en las estructuras de poder, siendo sensibles y atentas a los deseos locales, y teniendo

en cuenta el contexto social, económico, cultural, etc., de cada momento. En las nuevas

relaciones de poder, los ciudadanos han de poseer un espacio protagonista en los procesos

urbanos, incorporando de esta manera “mecanismos políticos democratizados basados en la

descentralización administrativa” (Borja, 1988). El papel de los técnicos pasa del planificador

al facilitador, siendo la facilitación “un medio para unir a las personas que permite determinar

lo que quieren hacer y ayudarlos a encontrar maneras de trabajar juntos para decidir cómo

hacerlo” (Sanoff, 2000). Esta nueva generación de profesionales (técnicos facilitadores) abre una

brecha de posibilidades con la enseñanza y la práctica tradicional y académica de la ordenación

de la ciudad.

Son los técnicos los que deben informar, negociar y dialogar con todas las partes implicadas

en el acto de hacer ciudad y formarse en este sentido, ya que hasta ahora, “la mayoría de

arquitectos urbanistas han trabajado con la pretensión de determinar el sentido de la ciudad a

través de dispositivos racionales que quieren dotar de coherencia y congruencia […] valiéndose

de un repertorio formal hecho de centros, curvas, radios, diagonales, cuadrículas, en el que

suele faltar lo imprevisible y lo azaroso” (Delgado, 2007) y planificando de manera global sin

“reparar en las experiencias personasles ni en el rol del apego” (Vidal, 2008).

El acto de participar

“La participación tiene que ver con procesos organizados para la toma de decisiones, por

parte de personas y entidades, cuya intención es influir directa o indirectamente en las políticas,

con el fin de llegar a una solución” (Font y Blanco, 2006).

Los movimientos sociales surgidos de la crisis (económica, social y política) y de la

disconformidad con el urbanismo de lo construido, donde los procesos urbanos han estado

históricamente en manos de “técnicos (quienes poseen los saberes científicos) y políticos

(quienes toman las decisiones)” (Márquez, 2014), apuestan por la mejora de nuestro paisaje

urbano trabajando de abajo hacia arriba en la gestión del espacio público desde lo común y lo

colaborativo. Estos movimientos ciudadanos, o micropoderes fuera de la esfera política, abren

con sus experiencias y acciones urbanas una ruptura con las estructuras de poder tradicional;

y ponen sobre la mesa el debate acerca de la toma de decisiones en procesos urbanos.

Resurgiendo con ellos el derecho a la ciudad elaborado por Henri Lefevbre en 1968, como la

“posibilidad de que la gente vuelva a ser dueña de la misma” (Mathivet, 2009).

Para fomentar la cohesión y el compromiso social, y garantizar la continuidad tanto de los

procesos informales como de los generados por parte de administraciones locales, será


fundamental que los primeros cuenten con el apoyo de las instituciones y los segundos con la

participación ciudadana; para esto, habrá que construir entre todos espacios de diálogo capaces

de reunir “tanto a los habitantes de las ciudades como a los que las gestionan y diseñan”

(Márquez, 2014).

Se debe promover la co-gestión y la co-responsabilidad entre administraciones y

ciudadanos, los cuales estarán más preparados y serán conscientes de los derechos y

responsabilidades que poseen como co-gestores y custodios de sus ciudades. La incorporación

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) será imprescindible en

estos procesos, ya que la actual “sociedad red depende de redes de comunicación que procesan

conocimiento e ideas para crear y destruir la confianza, fuente decisiva de poder” (Castell,

2009). Ésta, junto con las diversas dinámicas de participación, es una buena forma de

democratizar los procesos de gestión urbana y promover la co-responsabilidad, ya que ofrece

facilidades para la participación y la representatividad, tanto individual como colectiva.

La metodología a emplear será la i-a-p (Investigación Acción Participación), una

metodología que articula de manera concreta y eficaz la participación ciudadana “donde los

grupos y las personas pasan de ser el objeto de estudio pasivo al sujeto activo protagonista de

una investigación socio-práctica, crítica y dinámica en relación al espacio público y sus usos”

(Márquez, 2014). Esta metodología incluirá a todos los grupos sociales, incluidos mayores y

niños (muchas veces poco escuchados) y minorías en riesgo de exclusión (ya sea por cuestiones

étnicas, sexuales, culturales, etc).


Figura 1. Taller de arquitectura y patrimonio para niños en el Centro Cultural Baños Árabes

de Jaén (en el barrio histórico de La Magdalena, un barrio con altos niveles de exclusión y

marginación). Fuente: @estudioatope


El espacio público y La Ciudad Amable

El interés por realizar procesos participativos en espacios públicos se debe a la importancia

de estos como contexto urbano utilizado para las expresiones colectivas. “Es el espacio

principal del urbanismo y de la cultura urbana” (Borja & Muxí, 2000), el ámbito físico de y para

la ciudadanía, donde “ocurren las prácticas sociales, donde se construye lo cotidiano, la

convivencia colectiva, los asuntos de interés público y las interacciones e intercambios

comunicativos” (Vidal, 2008). Es en el espacio público donde la ciudadanía teje sus

sentimientos de identidad y pertenencia, y donde la memoria colectiva se hace presente. Es

más, tal y como afirman Borja y Muxí (2000), “el espacio público parece el punto sensible para

actuar si se pretende impulsar políticas de hacer ciudad en la ciudad, ya que es donde se

manifiesta con mayor fuerza y frecuencia la crisis de ciudad y de urbanidad”. El espacio público

(urbano, social, común, compartido y colectivo) no es un simple ejercicio teórico de la práctica

urbanística, así como tampoco debiera ser un producto propagandístico ni publicitario al

servicio de entes privados, sino que significa “la interacción de multitud de sinergias que nos

brindan la posibilidad de aprender en la ciudad y al mismo tiempo, aprender de ella”

(Rodríguez Rodríguez, 2008).

Participar en los procesos de transformación y mejora urbana fomenta la cohesión vecinal y

fortalece los vínculos comunitarios, además de establecer compromisos tanto individuales

como colectivos con los proyectos desarrollados. Participar también fomenta el apego hacia el

lugar, ya que implica a los ciudadanos en la evolución urbana, incorporándose el entorno

construido entre todos a los “procesos cognitivos y afectivos de manera activa” (Vidal, 2008);

al mismo tiempo que se desarrollan sentimientos de orgullo y pertenencia hacia el lugar en el

que se vive, siendo una “condición de ciudadanía el hecho de ser reconocidos por los otros, la

visibilidad e identidad” (Borja & Muxí, 2000).

Las prácticas urbanas que promueven la co-gestión y el diseño participado, fomentan el

empoderamiento ciudadano y generan sentimientos de apropiación. La primera acción

(empoderamiento) significa, irremediablemente, un cambio en las estructuras y relaciones de

poder, ya que “para que un actor social participe en una estrategia con el fin de lograr un

objetivo, adquirir el poder significa intervenir en el conjunto de relaciones de poder que

enmarcan cualquier proceso social” (Castell, 2009). La segunda acción (apropiación) tiene que

ver con el conjunto de prácticas sociales que se dan en un determinado lugar, que le confieren

unas características determinadas.

Para apropiarse de un espacio, es necesario habitarlo, es decir, que “sus vivencias,

aspiraciones, tiempos, ritmos, actividades se inscriban en el espacio y se dirijan al


reconocimiento de los habitantes en la producción del espacio urbano (como deseo y necesidad

de hacer), rompiendo la codificación socioespacial de los urbanistas” (Martínez, 2014). Y esto

se puede lograr a través de:

participar en él, bien sea usándolo, participando en su diseño o ambas.

reconocerse en él a través de la memoria y el imaginario colectivo, estableciendo

conexiones emocionales que generen “la apropiación emocional indispensable en la

identificación del individuo con el espacio” (Smithson, 1970).

En los procesos participativos se ha de fomentar el acto de habitar, a través de la socialización

de los espacios públicos y la realización de acciones cotidianas y espontáneas que difuminen el

control que los gobiernos quieren imponer sobre los espacios públicos. Así también se garantiza

la presencia de la gente (habitantes y usuarios) en las calles y plazas, en escenarios de la ciudad

que desean ser vividos. “Rehabilitando la presencia del sujeto en la producción de la ciudad,

los hombres se reconocerían en la realidad social creada activamente por ellos, captándose

como copartícipes en la construcción de su obra y de su ser social” (Martínez, 2014).

El proyecto La Ciudad Amable surge desde la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta

de Andalucía (España) a través de la Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura, en

colaboración con la de Movilidad y la de Infraestructuras. Su objetivo es “abrir un nuevo

camino en las políticas de intervención en el espacio público por parte de las administraciones.

Constituye una iniciativa que aspira a desarrollar acciones de sensibilización, formación y

difusión sobre los valores y técnicas de intervención en el espacio público como lugar de la

colectividad, la movilidad sostenible en la ciudad contemporánea y, en general, sobre la mejora

de la calidad del espacio urbano y su activación social, cultural y económica. El programa

pretende propiciar una ordenación social y medioambientalmente más racional del espacio

público, otorgando mayor protagonismo, seguridad y comodidad al peatón y al ciclista”.

Este proyecto se adecúa también al Artículo 6.2. La Participación Ciudadana de la L.O.U.A.

(Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), que expone que “en la gestión y desarrollo de

la actividad de ejecución urbanística, la Administración actuante debe asegurar la participación

de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la defensa de sus intereses, así

como velar por sus derechos de información e iniciativa”.

La Ciudad Amable hace una selección de las propuestas presentadas por los municipios

andaluces que lo deseen, siendo tres las categorías existentes:

Islas Ambientales. Intervenciones sobre sectores urbanos delimitados (un área del centro

histórico, por ejemplo) que inciden en la potenciación de la movilidad urbana sostenible


y en la recuperación de los espacios públicos para la colectividad. Se trata de generar

zonas en las que se produzca una significativa reducción de coches.

Espacios Habitables. Proyectos arquitectónicos de activación y mejora de la calidad

ambiental y paisajística de un espacio público o secuencia urbana concreta, con ámbito

más restringido que la isla ambiental (calle, plaza...).

Vías Sostenibles. Proyectos de diseño de vías ciclistas que conecten lugares de residencia

con centros de trabajo, ocio, comercio y actividades.

Estudio Atope, el equipo técnico encargado de desarrollar la propuesta “Regeneración de

espacios urbanos para la ciudadanía” planteada por parte del Ayuntamiento de Martos (Jaén,

España), plantea el proceso como una propuesta participada, donde la ciudadanía participará

en la definición y diseño de la misma; tutelando el proceso y elaborando al mismo tiempo un

análisis desde el punto de vista técnico, que se conjugará con los resultados de las acciones

participativas, de donde partirán las futuras acciones de mejora y regeneración.

La intervención tendrá lugar en el Barrio Fortaleza Baja (popularmente conocido como La

Plaza), el cual se encuentra dentro de la delimitación del Conjunto Histórico del municipio,

declarado Bien de Interés Cultural con dicha tipología en 2005 (Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía, nº 16 del 25 de enero de 2005, Página 49).


Figura 2. Ámbito de Actuación en el Barrio La Plaza (Fortaleza Baja), Martos (Jaén), 2014.

Fuente: @estudioatope


Figura 3. Conjunto histórico de Martos, 2014. Fuente: www.rutas.legadoandalusi.es

Breve Diagnóstico Situacional

Martos es un municipio situado en la provincia de Jaén (España) que hasta el siglo XIX “fue

el resultado evolutivo de la superposición de capas y elementos de herencia íbera, romana,

musulmana, cristiana, renacentista, barroca y modernista, momento hasta el cual la ciudad era

un cuerpo compacto” (Pérez Fernández, 2012). Con el paso de los años, la ciudad Medieval fue

creciendo y se colmató su recinto amurallado, siendo la propia orografía la que ha ido

condicionando la evolución del municipio y el urbanismo del mismo, con calles estrechas y

alargadas que se adaptan a las curvas de nivel.

Es a mediados del siglo XX cuando el interior de la fortaleza árabe comienza a ocuparse por

familias con pocos medios, ya que debido al difícil acceso rodado, la población con

posibilidades de mejorar su situación geográfica y su calidad de vida, termina abandonando la

zona antigua. Lo mismo pasa en relación a los comercios, equipamientos e instituciones. Todo

esto provoca un despoblamiento creciente del conjunto histórico, que en pocos años hace que

la zona antigua de Martos, y en particular el barrio de La Plaza, se convierta en un barrio

marginal donde viven familias con escasos medios (Martos cuenta actualmente con una

población de aproximadamente 25.000 habitantes, de los cuales unos 2.000 viven en su conjunto

histórico). Ésta es la visión que mantiene el resto de marteños, quienes suelen transitar estas


zonas o bien para realizar trámites administrativos (horario laboral de mañana) o bien para

visitar algún tipo de feria, actividad o exposición puntual (no soliendo participar de estas

acciones la población que sí vive en el barrio).

Existe un sentimiento de inseguridad hacia esta parte del municipio por parte de la

población que reside fuera del barrio, a la vez que se detecta una falta de apropiación hacia el

mismo y la inexistencia de sentimientos de identidad que les hagan sentirse parte del entorno

a la vez que establezcan por sí mismos estrategias que lo protejan, mantengan y difundan (tanto

para los residentes del barrio como para los que no lo son).

Esta ausencia de apropiación y de marcos de relación y memoria con los espacios a

intervenir, suponen una amenaza para la conservación y la continuidad de los programas

propuestos para la regeneración y recuperación del futuro proyecto de espacio público en el

Barrio Fortaleza Baja.

Identificación de actores y grupo motor

Para el proyecto participativo, será necesario contar con 3 vértices fundamentales en el

proceso de planificación, regeneración y diseño del espacio público a tratar: técnicos, políticos

y resto de ciudadanía. Será fundamental, además, que exista una comunicación activa y directa

entre todos los agentes implicados, para garantizar la fluidez del proceso y el éxito de su

ejecución y mantenimiento en el tiempo.

En los procesos participativos, se tendrá en cuenta la complejidad del proyecto debido a que

su contexto y evolución, implica a varias concejalías (hasta el momento: Urbanismo, Cultura y

Patrimonio, Turismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Medio Ambiente y Recursos

Humanos y Desarrollo). En el proyecto se contemplará también la dificultad de diálogo tanto

entre las concejalías mencionadas (y otras que se pueden ir incorporando en el tiempo).

Se prevé como Grupo Motor la suma de 3 colectivos locales por sus actividades de difusión

y puesta en valor del patrimonio, y por sus intervenciones en el espacio público. Se desea que

sean ellos los que se apropien del proyecto y velen por garantizar la consecución de objetivos

y la continuidad de la propuesta.

Objetivos

El objetivo global del proceso de participación ciudadana es que el análisis urbano del

entorno a intervenir, fundamental para redactar el proyecto técnico, sea producto de la

colaboración técnica y social. Se desea que los marteños, y en especial los vecinos del barrio La

Plaza, intervengan en este proceso y participen posteriormente en las modificaciones para la

aprobación de dicho proyecto. Con esto se pretende conseguir que la propuesta responda a las

necesidades y deseos reales de los habitantes del barrio y de los marteños en general, así como


la apropiación por parte de estos del proyecto a ejecutar en este espacio público. También se

quiere promover la sensibilización, puesta en valor y difusión de esta zona tanto para los

residentes del barrio, como para el resto de marteños y turistas.

Para ello, será imprescindible contar con nuevos instrumentos y herramientas que “permitan

planificar y evaluar en tiempo real el impacto de las intervenciones urbanas” (Paisaje

Transversal, 2012). Estos elementos serán, entre otros, el empleo de las redes sociales, la

convocatoria de acciones urbanas a pie de calle para realizar los sondeos y mapeos colectivos

y generar así sentimientos de apropiación y de seguridad hacia este entorno urbano, y las

sesiones comunitarias con dinámicas participativas donde se recogerán las peticiones y las

propuestas colectivas de ciudadanos y usuarios.

Conclusiones

Muchos son los artículos escritos desde la década de los 70 sobre el necesario cambio en las

estructuras de poder en cuanto a la gestión urbana de las ciudades, explicando la necesidad de

la participación ciudadana, la co-gestión y la co-responsabilidad,. Y sin embargo, son muy

pocos los municipios que han apostado por emplear nuevos instrumentos urbanos y dejar a un

lado los macroproyectos en busca de la difusión de sus ciudades. Cabría preguntarse entonces

qué es lo que está fallando entre administraciones, técnicos y ciudadanos de a pie; y buscar un

punto en común que fortaleciera la comunicación y el diálogo, que disipara el miedo en ambas

direcciones:

de los de arriba hacia las incursiones de los de abajo, a los procesos informales que se

están dando ahora mismo en las ciudades españolas debido, bien a que la

administración maneja otros tiempos y trámites y está lejos de llegar a las problemáticas

locales de forma rápida y cercana, bien por la disconformidad con el sistema de gestión

urbana actual que no cubre las necesidades de los ciudadanos.

de los de abajo hacia los de arriba, ya que por norma general, muchos procesos

informales que buscan el bien común y generan beneficios sociales y culturales a nivel

de barrio, son paralizados por las administraciones (que suelen poner trabas e

impedimentos) y es esto lo que genera la desconfianza ciudadana y la afirmación de que

no se puede colaborar con la administración.

Hay que recuperar la vida colectiva y el uso multifuncional del espacio público, evitando la

privatización del suelo y la especulación del mismo, asegurando la mezcla, la diferencia y la

diversidad, la sostenibilidad, el contacto, la educación y la equidad. El espacio urbano “no es

un escenario vacío, ni un envoltorio, ni tampoco una forma que se impone a los hechos; es una

actividad, una acción interminable cuyos protagonistas son los usuarios que reinterpretan la


obra del diseñador y la utilizan al tiempo con la recorren” (Delgado, 2007). Al asegurar la

presencia de los ciudadanos en el espacio público, también se estaría abordando el tema de la

peligrosidad urbana y la marginación, ya que crece la sensación de seguridad: “el espacio

público no provoca ni genera los peligros, sino que es el lugar donde se evidencian los

problemas de injusticia social, económica y política” (Borja & Muxí, 2000).

Los movimientos sociales, las nuevas tecnologías, la nueva economía y las nuevas

generaciones de derechos, requieren una re-organización basada en una comunicación en todas

las direcciones, para incorporar a todos los actores en el análisis de la realidad y generar

colectivamente medidas de mejora que persigan intereses comunes.

Los gobiernos han de fomentar del desarrollo económico local y la planificación a distintas

escalas; ya que han de ser conscientes de que existen situaciones y acontecimientos de la vida

cotidiana a los que, bien por incapacidad política o administrativa, les es imposible llegar. Esta

descentralización hará que los gobiernos locales y regionales sean “entidades más flexibles,

unidas al terreno de sus identidades” (Borja & Castells, 1998). A los que habrá que prestar

especial atención y resolver sus dificultades previsibles, esto es, “su dependencia

administrativa y su escasa capacidad de recursos económicos y el riesgo de derivar hacia el

localismo político y el tribalismo cultural si la defensa de la identidad se convierte en

fundamentalismo” (Borja & Castells, 1998).

La construcción colectiva de la ciudad debe apostar por la construcción y regeneración de

los espacios para el encuentro, la comunicación y la expresión colectiva de sus ciudadanos,

debe asegurar el acceso a equipamientos y espacios públicos cercanos y “favorecer la mezcla

social y funcional en todas las áreas” (Borja & Muxí, 2000). Los proyectos surgidos de esta

nueva manera de entender el urbanismo, serán más reales y directos, ya que nacen de las

necesidades de los ciudadanos, definidas por ellos mismos.

“La ciudad del deseo es la ciudad querida, mezcla de conocimiento cotidiano y de misterio,

de seguridades y de encuentros, de libertades probables y de transgresiones posibles, de

privacidad y de inmersión en la vida colectiva” (Borja & Muxí, 2000).

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