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Memorias de un juicio olvidado

Ideele Revista Nº 244 Patricia Wiesse Directora de la Revista Ideele Gerardo Saravia Editor de la Revista Ideele

Movió prensa y cámaras el primer día que se inició. Unos meses después, el juicio más importante de la Amazonía es casi clandestino. Hay serias irregularidades que se están "pasando por agua tibia". El comportamiento de la sala es errático por momentos, irrespetuoso en otros, y displicente casi siempre. Las condiciones del proceso y a las que son sometidos los acusados no se adecuan a los criterios interculturales. La mayoría de abogados carece del compromiso necesario para ejercer una ardorosa defensa. Los acusados están asustados y cada uno piensa en cómo salvarse. Los dirigentes están opacados y maltrechos. No hay espíritu de cuerpo. Estamos ante un juicio gris y sin mística.

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La tremenda corte

Ideele Revista Nº 244 Gerardo Saravia Editor de la Revista Ideele Patricia Wiesse Directora de la Revista Ideele

Nada intercultural ha resultado este juicio en el que priman los criterios occidentales y mestizos. El presidente de la Sala Penal Transitoria de Bagua suspende las sesiones cuando quiere y no le importa que los indígenas, que ganan en promedio seis dólares al mes, gasten lo que no tienen en el viaje a la ciudad de Bagua. Lo hace con el mismo desparpajo con el que suele hacer sus comentarios “anti interculturales” cuando dirige los debates. A veces hay cierto tono de burla o ironía en sus inadecuados comentarios, y en otros un paternalismo fuera de lugar. Con estas suspensiones, y con su negativa a informar sobre las fechas de las audiencias, ha logrado que el proceso se vuelva semi clandestino y que no sea cubierto por los medios de comunicación. ¿Qué pretende el juez Zabarburú? ¿Que no salgan a la luz las cuatro investigaciones a las que están sometidos él y el fiscal de este juicio?

Obliga a que los indígenas asistan a todas la sesiones. Llama la atención a los abogados que presentan excusas por la inasistencia de sus defendidos, sin considerar las penurias y el gasto enorme que les supone su traslado y estadía en Bagua. Va a contracorriente de resoluciones administrativas, como la 257-2010 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que dispone la creación de una sala itinerante en Santa María de Nieva, que permite que los magistrados se acerquen a las comunidades, y que se cumpla con el derecho al acceso gratuito a la justicia.

En este juicio todo sucede al revés. Nadie se entera en Lima, pero hay muchas cosas que el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) debiera saber. Por ejemplo: que no se están aplicando las normas internacionales de protección a los procesados indígenas. Hasta el momento, la única Biblia de Gonzalo Zabaruburú, el presidente de la sala, es el código de procedimientos penales de 1940. Para él es como si no existieran el Convenio 169 de la OIT y las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad.

Pero eso sí, cuando alguno de ellos tiene una diligencia, suspenden la audiencia. Este juicio que se sigue con más interés en el exterior que en nuestro país es uno más de los muchos que ve la sala. El pedido realizado por las organizaciones de derechos humanos para que se constituya una sala especial fue desatendido. Pero las agendas recargadas no deberían ser una excusa contra la absoluta falta de sensibilidad y consideración.

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Patapúfete

La tremenda corte está conformada por un juez que se esfuerza por parecer campechano y que termina preso del cliché “no todos los ciudadanos son iguales”. La mesa central la completan dos vocales que parecen el coro zabarburiano. Al costado un fiscal que no termina de entender su función de abogado de la sociedad, y que los tipos a los que zarandea en cada intervención, son también parte de ella. Junto al fiscal está su infaltable celular, cuyas llamadas responde incluso cuando los acusados están testimoniando. Es evidente que las prioridades están en otro lado. El juicio termina siendo la metáfora de un país que generó el Baguazo.

El Órgano de Control de la Magistratura debería saber que no se está conduciendo adecuadamente la dirección de debates del juicio oral. El presidente de la sala tiene control absoluto de las audiencias porque, además de cumplir con las funciones correspondientes a su cargo, asume ese rol también. ¿Por qué no le delegó esa responsabilidad a uno de los vocales? (Este hecho genera recelo, porque el director de debates es el encargado de elaborar el proyecto de sentencia.)

El juicio está siendo grabado. Por lo tanto, basta analizar los interrogatorios, las preguntas y los comentarios de algunas de las audiencias para darse cuenta de que Zabarburú permite que las preguntas del fiscal José Novoa sean reiterativas o inconducentes, y que no le llama la atención cuando en ocasiones utiliza un tono agresivo que pone más nerviosos a los interrogados. Está registrada, además, una de sus frases racistas. En un interrogatorio le dijo a un mestizo (sic): “Usted que es normal, responda…”

Ante este tipo de expresiones, el presidente de la sala no dice esta boca es mía. Pero cuando se trata de los abogados, está siempre listo para impedir que ejerzan una decorosa defensa. Interrumpe, apura, restringe sus preguntas o no les permite sustentar sus objeciones. Calla a Juan José Quispe, el abogado del IDL, que parece que le produjera urticaria, y es el único que se le enfrenta. Hace uso del voto singular de manera injustificada.

Es inusual su manera de conversar con los acusados. Les habla y les expresa sus puntos de vista. Un ejemplo (sic): “Usted dirá eso, pero yo no le creo”. Adelanta opinión, como ocurrió en el interrogatorio de Ronald Requejo, sobre quien caían todas las acusaciones: incitación, homicidio calificado, motín, daños agravados y demás etcéteras. Zabarburú captó el absurdo de los cargos presentados por el Ministerio Público y añadió irónicamente: “Ni que fuera Rambo”.

Las condiciones del juicio ni siquiera permiten soñar con la traducción simultánea que es el estándar internacional, y no “la aplicación a la peruana” que consiste en resumir las intervenciones en awajun y en wampis cada vez que el interrogado termina de hablar. La experiencia en este juicio ha marcado un precedente y ha hecho que los dirigentes indígenas se “pongan moscas”. Hace unos días, han presentado una demanda al presidente de la Corte Superior de Amazonas, para que haya un traductor en todos los procesos penales en los que estén involucrados indígenas de estos pueblos, tal como lo establece el artículo 114 del Código Procesal Penal. La demanda ha sido presentada en Nieva, provincia de Condorcanqui, por Santiago Manuin, que es uno de los líderes regionales que está viviendo en carne propia las dificultades de estar sometido a un juicio anti-intercultural, y Wrys Pérez, ambos presidentes del Consejo Permanente de los Pueblos Indígenas Awajun y Wampis.


Para Juan José Quispe, hay motivos de más para pedir la recusación del juez Zabarburú. Recusarlo significa sacarlo del proceso, y que el segundo magistrado asuma la presidencia de la sala. “Dudo de la imparcialidad del magistrado. Se han violado las garantías procesales”, sostiene.

En la última audiencia, se produjo el siguiente diálogo entre el presidente de la sala y el fiscal Novoa que hizo que Quispe se reafirme.

Novoa: “Señor presidente, le informo que vamos a convocar a 38 testigos”.

Zabarburú: “Uy, son muchos. ¿No puede reducir el número de testigos? Elimine algunos”.

La situación se agrava, ya que el presidente de la sala ha decidido que solo les mandará una notificación a los testigos, cuando la ley establece que sean tres. ¿Una sola notificación para alguien que vive río adentro? ¿No es esta una clara violación del debido proceso?

Mientras tanto, uno que otro infiltrado se pasea tratando de grabar las conversaciones y tomando fotos de las personas que asisten al juicio. El ambiente está cargado en esta sala. No es por el calor.

De intercultural ni las coronas

Por el contrario, cualquier indígena que llegue con su tawas o corona de plumas – un signo de autoridad del apu – es mal visto por estos funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. El único día que llegó el congresista Nayap, una fiscal lo confundió y le dijo a Zabarburú: “Señor presidente, allá hay otro acusado parado hablando”. Es claro que los operadores de justicia solo están viendo qué cabezas cortar, y no entienden que están juzgando a personas que tienen otra cultura. Es un juicio occidental en la forma y en el fondo.

Walter Powosino, de la Comisión Episcopal de Acción Social, que apoya a los indígenas que asisten a las audiencias, afirma: “El Poder Judicial y los jueces no pueden darles el mismo trato que se le da a un ciudadano que participa de la cultura oficial. Lo que he visto es que ni los magistrados, ni los abogados de oficio, ni los fiscales han recibido la preparación adecuada para llevar adelante un juicio de estas características”.

Y no es que se estén enfrentando a lo desconocido. Existe jurisprudencia al respecto. Un ejemplo reciente de aplicación de justicia intercultural data de enero del 2013, y se dio en esa misma Sala Penal Transitoria de Bagua. El juez de la Corte Suprema, Salas Arenas, ratificó la sentencia emitida por esa sala, que absolvió a Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Perú (Odecofrop), y a otros cuatro dirigentes acusados del delito de secuestro de funcionarios de la minera Afrodita. El 15 de enero de 2009, los comuneros de Huampami retuvieron, por ocho días en un calabozo, a varios trabajadores de la empresa.

Los fundamentos de esa histórica sentencia son sumamente interesantes, y se basan en la Constitución Política del Perú: El artículo 89 reconoce la autonomía organizativa, económica y administrativa de las comunidades nativas. El artículo 149 faculta a las comunidades a aplicar su derecho consuetudinario, dentro de su ámbito territorial, siempre que no vulneren


los derechos fundamentales. El artículo 15 del Código Penal establece que “quien por su cultura o costumbres comete un hecho punible, sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto, será eximido de responsabilidad”.

Aplicando el Derecho occidental, se puede dictar una sentencia intercultural, señores magistrados de la misma sala.

La dupla

Varias de las fuentes consultadas sostienen que en la Corte Superior de Justicia de Amazonas se ha tejido una telaraña cuyos hilos de seda llegan hasta las altas instancias de justicia. Sostienen, además, que las bandas delincuenciales y el narcotráfico de la zona son las arañas que la sustentan y extienden.

El caso de la Curva del Diablo ha pasado por varias manos en esta corte. Pero esta vez nos centraremos en la dupla conformada por el juez Gonzalo Zabarburú Saavedra y el fiscal José Felicino Novoa, que suelen pasarse la pelota en taquito. Actualmente la OCMA está investigando su actuación en cuatro procesos.

Llama la atención que en este juicio de la Curva del Diablo los dos se hayan vuelto a juntar, más aún cuando era otro el fiscal asignado al caso. El 10 de junio de este año, fecha de la cuarta audiencia, intempestivamente el Ministerio Público cambió de representante. Hasta ese momento, el fiscal asignado era Edwin Vargas, quien fue sustituido nada menos que por Novoa.

Para aumentar las suspicacias, hace menos de un mes que la Procuraduría Anticorrupción investiga a esta dupla por corrupción de funcionarios. Esta institución considera que ha habido una deficiente actuación fiscal y judicial en el proceso seguido contra Domingo Guerrero Dávila, ex alcalde del distrito de Cajaruro, procesado por ser el presunto autor intelectual del asesinato del ex presidente regional de Amazonas, Augusto Wong López.

La denuncia que pesa contra Novoa es por los siguientes delitos: asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio, encubrimiento personal, abuso de autoridad y omisión de actos funcionales. La formulada contra Zabarburú es por cohecho pasivo propio. La denuncia se encuentra en Lima, en la Fiscalía Supranacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Según el abogado de Guerrero, el móvil no existe, y que este no tenía motivos para querer asesinar a Wong. Su caso estaba en primera instancia en el Juzgado de Instrucción de Bagua. La fiscalía sustentó la prisión preventiva y el juez se la concedió. Guerrero apeló, y su pedido pasó a la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua. ¿A manos de quién? De Zabarburú. Esta sala envió el expediente a la Fiscalía Superior de Bagua. ¿A manos de quién? De Novoa, quien sustentó la confirmación de la prisión preventiva y la devolvió. ¿A quién? A Zabarburú, que la confirmó.

En estos dos pares de manos está el destino de los líderes indígenas. Durante este juicio oral solo están ratificado que trabajan en pared.


Pero como al final nada sale perfecto, el presidente de la sala sentirá una resequedad en la boca cada vez que vea sentado a su izquierda nada menos que al incómodo abogado Quispe, del IDL, y recuerde todo el tiempo que es el mismo que defiende a Domingo Guerrero, y el mismo que quiere recusarlo. Como dicen, el mundo es un pañuelo.


Con jean y sin tawas

Ideele Revista Nº 244

Patricia Wiesse

Directora de la Revista Ideele

Gerardo Saravia

Editor de la Revista Ideele

El líder nacional, Alberto Pizango, ha dejado su tawas: viste jean y camisa blanca y prefiere hablar en castellano. En general, la estrategia de los abogados es que los indígenas nieguen su participación en el Paro Amazónico, o al menos que la relativicen. ¿Por qué pisar el palito de la criminalización de la protesta?

Las respuestas de los indígenas en los interrogatorios sorprenden, por decir lo menos. Desconocen todo. No conocen la existencia de ORPIAN, no saben quiénes son los líderes, no conocen a Pizango. A la Curva del Diablo llegaron prácticamente de casualidad. Como si haber estado allí, o haber coordinado la protesta, fuera un hecho criminal y vergonzoso del que se debieran desprender. ¿Acaso la protesta está criminalizada en el país?

El planteamiento de la Fiscalía es: hay unos presuntos asesinos que están siendo juzgados por el homicidio calificado de 23 policías, y unos líderes indígenas que los han instigado a cometer esos asesinatos. Los cargos son tremendos y los abogados pisan el palito: Aceptan que se enfoque el juicio como uno penal cualquiera.

Por sus características, éste no se debe descontextualizar : los sucesos ocurrieron durante el Paro Amazónico, una protesta que se realizó para exigir la derogatoria de varios decretos leyes.

Como afirma Walter Powosino, representante de la Comisión Episcopal de Acción Social, que ha asistido a todas las audiencias: “Este proceso penal busca castigar y encontrar al culpable o culpables de lo que ocurrió el 5 de junio del 2009. Tiene una perspectiva meramente punitiva. La discusión se centra en las consecuencias del desalojo, y no en las causas por las que los indígenas se movilizaron”.

Estamos ante el juicio más importante de la historia de la Amazonía peruana, y nadie quiere darse cuenta de ello. Es uno de los principales hechos de la historia del país en los últimos años, un proceso de alto contenido político, y ni los operadores de justicia, ni los abogados parecen estar a la altura. Tampoco los medios de comunicación que solo informarán cuando salga la sentencia. No se está reivindicando la lucha y la organización que acabó con unos decretos nefastos.

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Todo lo contrario: se le quiere hacer aparecer como un hecho vergonzante. Es cierto, la muerte de los policías y de los indígenas fue una vergüenza nacional, de la que el gobierno de Alan García se está sacudiendo muy fácilmente. Y desgraciadamente la orientación de este juicio contribuye a ello.

En esta sala sofocante falta alguien que se pare y ponga los puntos sobre las íes. Alguien que reivindique el liderazgo de un Pizango que ganó la batalla, aunque ahora parezca opacado y derrotado. Alguien que reivindique la fuerza de la organización regional que finalmente arrinconó a un gobierno que tuvo que retroceder. Alguien quien grite a los cuatro vientos que los líderes son inocentes. Alguien que les haga recordar a los operadores de justicia de Amazonas, que los señores presentes en esa sala no han matado a ningún policía. Que ya les han hecho las pruebas de absorción atómica y que éstas han salido negativas. Los líderes que están siendo juzgados tampoco han instigado a nadie a quemar locales públicos, ni a amotinarse, ni han dado órdenes de matar a los policías. Se enteraron después. Santiago Manuin afirmó que él supo de las muertes varios días después, cuando despertó en el hospital.

La estrategia de Pizango

¿Es que ya no hay líderes que estén dispuestos a morir por la causa? ¿O eso ya pasó de moda? ¿No debe sorprender que el dirigente nacional actúe como Pilatos? Qué tremendo desamparo deben sentir los indígenas de la Amazonía que están siguiendo los pormenores del juicio al darse cuenta de que nadie sacará la cara por ellos.

Por el momento, Alberto Pizango no quiere dar declaraciones. Dice que se siente hastiado. Las idas y vueltas en el juicio han desgastado su economía y salud. Se le ha diagnosticado soriasis y su deterioro es evidente.

Desde un inicio la estrategia de defensa del líder indígena no parecía guardar relación con la de los demás indígenas. Una suerte de “sálvese quien pueda” parece ser el sentimiento en los procesados, incluyendo a su máximo dirigente.

El interrogatorio al líder de AIDESEP, la central indígena que convocó al Paro Amazónico, duró unas siete horas. Sus respuestas eran traducidas al awajun y wampis para que el resto pudiera entender. Aunque en realidad no fue muy complicado porque repitió lo mismo una y otra vez. Lo interrogó el fiscal que, para sorpresa de todos, no repreguntó. Los jueces lo dejaron hablar. Zabarburú se bloqueó o le creyó, porque tampoco repreguntó. Los vocales siguieron su ejemplo.

Desconoció todo. Prácticamente dijo que la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN) actuaba por su cuenta, lo cual es imposible porque se trata de una base regional que figura en la estructura orgánica de AIDESEP, y era la que implementaba las directivas de la central indígena.

Sabemos que Pizango es challawita y que, por lo tanto, no habla ni entiende awajun, que puede no conocer las costumbres de los indígenas de Amazonas, en tanto vive más arriba de Yurimaguas, en el departamento de Loreto. Hasta ahí llega nuestra credulidad. Pero quiso forzarla hasta límites inadmisibles cuando afirmó que no conocía a Santiago Manuin, el líder


histórico de los awajun. (Una cosa es que no sean amigos, pero que no se conozcan es imposible.)

Carlos Barreto es su abogado, lo representa y habla por él: “El Paro Amazónico no se dio solo en Bagua sino en muchas regiones, y en las comunidades de los 64 pueblos indígenas. Cuantitativamente hablando fue mucho más poderoso en Ucayali. Sin embargo, tenemos que recalcar que los hechos de supuesta violencia de indígenas hacia policías see da básica y aisladamente en Bagua”.

Cierto, el Paro Amazónico fue mucho más que el Baguazo. Se trató de una lucha de dos meses en respuesta a los decretos legislativos que pretendían “poner en valor” la Amazonía peruana. Pero el Baguazo fue parte y consecuencia del paro, y es el motivo por el cual se está procesando a más de treinta indígenas, incluido Pizango.

La defensa de Pizango plantea una relación difusa entre la dirigencia en Lima y las bases que pararon la Amazonía. Cuando le preguntamos acerca del conocimiento que tenía Pizango de lo que estaba ocurriendo al interior del país, respondió que el presidente de AIDESEP no era awajun y que, por lo general, los dirigentes regionales mantienen relaciones con los pueblos de los cuales son oriundos. “Recordemos que Alberto no es ni awajun ni wampis, y que tampoco habla su idioma. Él siempre ha tenido conexión con su pueblo shawi y con ellos tiene permanente comunicación”, afirma Barreto. Además, el abogado sostiene que, si bien él era el principal, AIDESEP tiene cinco dirigentes nacionales, y cada uno de ellos pertenece a un pueblo distinto. “Cada uno de ellos tiene conocimiento de primera mano de las decisiones que se toman en sus pueblos”, aclara.

La defensa que está articulando Pizango no pasa por la reivindicación de las jornadas de lucha, ni por asumir las acciones de presión que se realizaron esos días a fin de forzar un diálogo estancado, sino más bien por tomar distancia de estos hechos. Según Barreto: “Lo que la gente debe entender es que la palabra lucha no viene aparejada de la palabra violencia. Hay diversas formas de lucha. Nosotros en AIDESEP la entendemos como presentar propuestas en las mesas de diálogo, y a esto nos hemos abocado desde el año 2008. Hasta la actualidad seguimos integrando mesas con el Gobierno, y seguimos haciendo acuerdos para la mejora en la cobertura de los derechos de los pueblos indígenas”.

El representante de Pizango sostiene que ellos no califican como legítima cualquier acción de protesta. Y va más allá: “No forma parte de la política de AIDESEP pronunciarse sobre la legitimidad de alguna toma de carretera. Cualquier persona que lo diga lo hará a título personal”. Esta posición es peligrosa e insostenible. Si los cinco días anteriores al Baguazo , Alberto Pizango estuvo en Lima como protagonista de un frustrado diálogo, fue por la presión social que se expresaba en esas acciones de fuerza. En ningún momento se le escuchó tomar distancia o declararse en contra de dichas medidas de lucha. (¿Es que nos quieren hacer creer que el diálogo resuelve todo y que no se necesita la presión? ¿O es que existe un mundo intercultural perfecto en el que los pueblos indígenas no son ninguneados y no nos hemos dado cuenta?

Otro peligro de la estrategia legal planteada por Barreto y Pizango es que los demás procesados vean en su defensa la intención de solamente salvar su pellejo, que la desesperación cunda, y que cada uno piense en emplear cualquier tipo de mecanismo con tal de ser liberado. Los tiempos de la guerra interna nos dejaron lecciones terribles: una


situación que combinaba tribunales ignominiosos y desesperación de los detenidos (muchos de ellos inocentes, como se comprobaría después.)

Barreto, en defensa de Pizango, explica que AIDESEP se rige por un tipo de democracia muy distinta a la de los organismos occidentales. En su caso no se trata de un grupo de dirigentes que toman decisiones y las comunican a las bases. La lógica en los indígenas amazónicos es distinta: son las bases quienes toman las decisiones y los dirigentes las ejecutan.

En este juicio el “uno para todos y todos para uno” ha sido cambiado por el “uno para todos y ninguno para mí”.

Si la defensa de los líderes regionales no se vuelve más agresiva y contundente, lo más probable es que el partido se pierda por goleada. Pero éste no es un simple juego, sino uno en el que se juega con vidas. Para empezar, con la de Santiago Manuin.

El final estaría cantado: Se liberará al grupo mayoritario que ni siquiera sabe por qué está acusado, y el ensañamiento tendrá nombres y apellidos. Pizango, el mediador que no sabe nada, será librado. Enhorabuena. Pero no es justo que los líderes locales sean condenados a 35 años y/o a cadena perpetua. De esa forma, se descabeza al movimiento awajun-wampis, se criminaliza la protesta, se venga a Alan García, y se le saca una piedra fastidiosa que tiene hace cinco años en el zapato. De cumplirse el pronóstico, solo queda ir preparando el terreno para llevar el caso a las instancias Si la defensa de los líderes regionales no se vuelve más agresiva y contundente, lo más probable es que el partido se pierda por goleada. Pero éste no es un simple juego, sino uno en el que se juega con vidas. Para empezar, con la de Santiago Manuin.

El final estaría cantado: Se liberaría al grupo mayoritario que ni siquiera sabe por qué está acusado, y el ensañamiento tendría nombres y apellidos. Podría ser que Pizango, el mediador que no sabe nada, sea librado. Enhorabuena. Pero no es justo que los líderes locales sean condenados a 35 años y/o a cadena perpetua.

De ser así, se descabezaría al movimiento awajun-wampis, se criminalizaría la protesta, se vengaría a Alan García, y se le sacaría una piedra fastidiosa que tiene hace cinco años en el zapato. La situación perfecta para lanzar su candidatura presidencial para el 2016. De cumplirse el pronóstico, solo queda ir preparando el terreno para llevar el caso a las instancias internacionales.

A pesar de su situación y de la orientación del juicio, Pizango y su abogado se muestran optimistas: “Alberto se siente seguro, piensa que no lo van a condenar. Está seguro de que la acusación se va a caer, y que este juicio se va a resolver con la absolución de todos los hermanos awajun y wampis que están procesados.”

Estamos ante un discurso por demás esquizofrénico.


Personajes Memorables

Ideele Revista Nº 244

Gerardo Saravia

Editor de la Revista Ideele

Patricia Wiesse

Directora de la Revista Ideele

Este es un juicio en el que abundan los individuos oscuros, las leguleyadas y la falta de visión política y de país. La solidaridad la pone la Iglesia católica, que se encarga del traslado y de la alimentación de los procesados, pero el “ampay me salvo” ha descompuesto el espíritu de cuerpo. Haciendo un paralelo bíblico, Lot no encontró a nadie rescatable en Sodoma; en cambio nosotros hemos encontrado a dos personajes que redimen al resto: El padre Fermín, que vive en carne propia cada una de las audiencias, y a Santiago Manuin, que está tratando de vivir para contarlo.

Fermín Rodríguez Campoamor es “los ojos y oídos del juicio”. Registra cada detalle en un cuaderno de hojas cuadriculadas del que no se separa.

Algo de él podemos encontrar en la filmografía de Chaplin o de Buñuel. Se trata de un sacerdote jesuita, español para más señas, que llegó a estas tierras casi de casualidad. En ese entonces, él estaba completamente sumergido en unas movidas religiosas, que implicaban una serie de traslados de sacerdotes a Roma o a otras parroquias de España. Quizás, como lo hace hasta ahora, apuntaba todo en algún otro cuadernito.

Fue así como Fermín pasa de Vigo a Salamanca. Sin embargo, al poco tiempo, el Vaticano ordena detener el proceso. A Fermín, recién instalado, le dijeron que se quedara en esa ciudad junto a otro religioso. En esas estaba, cuando llegó una carta de Santa María de Nieva, una remota provincia de la Amazonía peruana a la que solo se llega en bote. Allí, los jesuitas han cruzado caudalosos ríos para construir misiones y colegios. La noticia era triste: les comunicaban la muerte de un sacerdote que había dejado inconclusa la preparación de muchos jóvenes. Inmediatamente, Fermín sintió que algo lo llamaba. Interpretó el hecho como una cuestión providencial. “Esto es para mí”, se dijo. Hacía tiempo que quería salir de España y poner su vocación al servicio de otras comunidades, pero el deber que tenía con sus padres ancianos se lo había impedido. “Nunca había visto una cosa tan clara sobre mí. Yo quería ir a Perú desde hacía tiempo”. Esa vez, hace ya más de 20 años,

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se juntaron una serie de circunstancias que bien podrían ser interpretadas como una señal. La iglesia de Chiriaco, a tres horas de Bagua, sería su nuevo hogar.

A pesar de provenir de una familia franquista - un régimen que estuvo muy vinculado a la Iglesia, aunque también contaba con prisiones reservadas para los curas rebeldes - Fermín nunca fue partidario de la dictadura. Por el contrario, sus liturgias fueron espiadas muchas veces por agentes del régimen, aunque ni entonces ni ahora se considera de izquierda, aunque hubo gente conservadora que alguna vez lo catalogó así: “Los que no son de izquierda me dicen que soy de izquierda. Depende de la postura que adopten”.

Fermín nació en Asturias, en el pueblo de Navia junto al mar Cantábrico, hace 81 años. Después de la intensa experiencia en España, el sacerdote creyó que lo había visto todo. Allí vivió los rezagos de la Guerra Civil, conoció los estragos de la dictadura de Francisco Franco y la Segunda Guerra Mundial. Pero, en el 2009, lo esperaba la que quizás sea la experiencia más importante de su vida: el Baguazo.

Él considera que el país vivió dos Baguazos, y lo señala en las hojas dominicales que reparte en sus homilías. El primero nació en la Amazonía: “Fue un movimiento popular pacífico de protesta contra unos decretos legislativos inconsultos e inconstitucionales, que atentaban contra los derechos reconocidos internacionalmente de los pueblos indígenas sobre sus territorios”. El segundo Baguazo, de acuerdo a la tesis dominical de Fermín, vino desde Lima, y tuvo el lenguaje de las balas: “Llegó armado a la misma Curva del Diablo con armas de guerra y ordenes muy precisas. El primero no produjo ninguna víctima. El segundo nació sobre el cuerpo baleado y desangrado de Santiago Manuin. El cerro reventó como un cráter explosivo y las balas terminaron por enloquecer a todos y cada uno de los que improvisaban su propia defensa, y que trataban de sobrevivir como sea”, escribió.

La visión que tiene Fermín sobre el desenlace del juicio es desalentadora. No confía para nada en la imparcialidad del tribunal. “El juez quiere aparecer como independiente, pero al final solo remata lo que dice el fiscal, pero a grados más humillantes. El fiscal es un señor que esta puesto ahí, pero que no conoce a nadie, no tiene sensibilidad para nada, y muchas veces se le ve despistado. El dictamen será una gran contradicción, es “impepinable”. Dicen que Leo Timias es instigador de todos los crímenes y delitos en la Curva del Diablo. Y dicen exactamente lo mismo de Santiago Manuin, como que lo hubieran clonado”.

(Siguiendo con la tesis dominical de Fermín, ojalá que este juicio no se termine convirtiendo en el tercer Baguazo.)

Fermín reparte sus hojitas todos los domingos en la misa. Diserta sobre estos temas ante una audiencia que no necesariamente opina igual que él. El pueblo de Chiriaco está compuesto básicamente por mestizos que tuvieron nula o poca participación en el Paro Amazónico. Sus aliados están al otro lado del río, en la comunidad awajun de Wachapea. Cada hoja empieza con una cita bíblica que liga a la información, análisis y opinión del juicio, que por supuesto saca de su cuaderno. No falta quienes cuestionan este afán, y el padre no duda en cuadrar a quien se le ponga en frente.

“¿Que qué tiene que ver esto con el reino de Dios?, exclama. “ A una persona que me lo preguntó yo le dije unas palabras muy fuertes que no las repito para no perturbar algunos oídos castos. ¿Dónde está el reino de Dios y su justicia? La justicia y la libertad son de Dios y


acá la están pisoteando. El dictamen fiscal es vergonzoso y aborrecible, es todo un montaje”, dice Fermín, echando fuego por la boca.

Se acuerda de las frases textuales de los interrogatorios. Refiere que en una de las audiencias, uno de los indígenas mencionó la palabra “a quemarropa” y el juez lo interrumpió para que detalle a qué se refería, e hizo toda una fundamentación de la particularidad de esa palabra en un contexto de tiroteo. “Muchas veces les hacen preguntas capciosas”, afirma.

Cuando defiende de manera apasionada la inocencia de los indígenas, lo hace con conocimiento de causa. Él es amigo personal de muchos de ellos, y los ve regularmente en su iglesia. Recuerda especialmente a Santiago Manuin y a Ronald Requejo.

Durante la conversación que tuvimos con él, el padre se refirió repetidas veces a sus hojitas. Le interesa mucho su difusión. Y tiene razón. Es lo más minucioso que puede encontrarse acerca de este olvidado proceso. Fermín es metódico y detallista. Apunta cada pormenor en su cuaderno y luego escribe su crónica dominical. No se pierde ninguna audiencia. Es de los primeros en llegar y de los últimos en abandonar la sala.

Aunque a él no le interese hablar de este tema, se trata de un empeño personal. Ir y venir de Chiriaco a Bagua para cada audiencia le cuesta 50 soles, además del trajín de las tres horas de viaje que a su edad no es un paseíto. Algunos amigos y familiares lo apoyan; también su comunidad eclesial con el alojamiento y la comida.

El drama del Baguazo no solo ha dejado indignación, sino la triste constatación de que en el país de la economía blindada -tal como le gustaba decir al ex presidente - todo parece cambiar menos nuestra relación y deuda con las poblaciones indígenas. Bagua y su tragedia también nos ha permitido conocer historias hermosas, de tesón y entrega como las del padre Fermín. Gracias a él y su titánica labor, los ecos de este juicio no se perderán.

El camino de Santiago

En medio del aire enrarecido que se respira en esta sala de la ciudad de Bagua, hay un acusado que le da tintes de dignidad a un proceso en el que todos tratan de “salvar su pellejo” a como dé lugar. Es Santiago Manuin Valera, del que tanto se ha hablado. Aquel que subió el cerro corriendo, con las manos en alto, gritando “paz, paz”, y que, a sus 50 años, perdió 50 centímetros de intestino delgado.

Es católico practicante. Tiene 14 hijos. (Por si acaso, no es del OPUS DEI. El número de hijos tiene que ver con las costumbres matrimoniales de los awajun.) Va a la misa, pero también asiste a las sesiones de toé para recibir la visión de Ajotab. Para los comuneros es como un Lázaro, ya que fue declarado muerto durante 24 horas, y después resucitó en un triste hospital de Chiclayo.

Su salud es precaria, el pronóstico es reservado. Sin embargo, su fuerza y su dignidad natural le permiten soportar el calor de la sala y las largas sesiones. A veces cabecea y hace enormes esfuerzos por no dormirse; otras se inclina y agacha la cabeza.


A Santiago, presidente del Consejo Aguaruna-Huambisa y actual consejero regional de Santa María de Nieva, se le acusa de ser el instigador de gravísimos delitos. Él fue interrogado el 10 de octubre, día en el que habló en su idioma con voz imponente, como si una energía ancestral hubiera tomado posesión de su cuerpo contraído. En ese momento quienes lo conocen reconocieron a su líder, que parece otro cuando se le mira en las fotografías anteriores al Baguazo, rebosante de salud y entrado en carnes con treinta y tantos kilos más.

El día de su interrogatorio, los magistrados y el fiscal no tenían la menor idea de a quién tenían frente a ellos. El perfil de ninguno de ellos aparece en la web, en cambio el de Santiago aparece en varios sitios. En Wikipedia, por ejemplo, dicen que es “un reconocido dirigente indígena de la selva del Perú, que dedica su vida a la protección de la naturaleza y a la promoción del desarrollo de las comunidades indígenas”. Tampoco sabían que el señor que cabecea en las audiencias, es un experto en derechos humanos, y que cuenta con una maestría otorgada por la Universidad de Deusto, en Navarra. En los años de la violencia política, su organización indígena impidió que el MRTA ingrese a sus territorios, y erradicó los cultivos de amapola y coca de la zona. Hoy, todo maltrecho, Santiago sigue recorriendo los ríos de las cinco cuencas de Santa María de Nieva.

El interrogatorio tuvo momentos contundentes, en los que el líder histórico apareció en toda su grandeza; y otros en los que se notaba claramente que seguía las indicaciones de su abogado. (Como hemos señalado en el artículo Con jean y sin tawa, la estrategia de la defensa en este juicio es desvincular a los indígenas de la protesta en Amazonas.) Con firmeza, Santiago declaró que la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN) les informó sobre los decretos legislativos. Posteriormente, el equipo técnico de su organización los analizó, y fue la población la que decidió participar. Dijo que él no obligó a nadie, y que “los padres de familia que querían defender su territorio fueron de buena fe”.

Hay un lapso de tiempo -entre la convocatoria y el Baguazo- en el que no explicó cuál fue su función. Santiago sólo ha dicho que estuvo en Nieva, y que llegó a la Curva del Diablo el día 4 de junio (un día antes) a recoger a su gente, porque habían decidido desalojar la carretera. Su testimonio no aclara cuáles fueron las tareas que su organización le encomendó durante los dos meses que duró la movilización, como si la sola participación fuera un delito. Esa “nebulosa” descontextualiza un paro que fue necesario y justificado.

Pero luego hay un segundo momento en el que saca fuerzas de flaqueza, y con énfasis sostiene que se enteró de lo que había sucedido mucho después, cuando estaba grave, inmovilizado en una cama. “En el hospital los doctores no querían que me contaran. Cuando me comunicaron que los 23 policías habían muerto por cumplir órdenes, me dio pena y lloré”, declaró.

Con un vozarrón potente y enérgico, contestó en awajun las preguntas del fiscal, relacionadas con su llegada a la Curva y su actuación en la madrugada del 5 de junio del 2009. Con absoluta firmeza sostuvo que llegó para organizar el retiro que su pueblo había ordenado. Dijo: “Justamente porque yo no practico la violencia, la gente me había comisionado para recogerlos”.

Recordó que a eso de las cinco de la mañana escuchó disparos en el cerro y subió. Sostuvo: “Quería buscar al jefe de los policías para decirle que no habíamos ido para enfrentarnos.


Pero el humo de las bombas no me dejaba ver. Alcé mis manos para invocar y decirles que no estábamos armados. Después me eché al piso y ahí me alcanzaron las balas. No me acuerdo más”.

Si, a pesar de las evidencias, Santiago es declarado culpable, su debilitado cuerpo no resistirá la prisión.

Posdata: Más detalles del juicio, en las hojas de misa dominicales de la Parroquia de Chiriaco. Pregunten por Fermín.

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Memorias de un juicio olvidado - elchasqui.de€¦ · Quellenangabe: ... termina de entender su función de abogado de la sociedad,