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Ensayo que analiza las políticas publicas y estatales del estado mexicano en relación al desarollo de las ideas sobre el Estado nacional de competencia, implementedas desde el sexenio de Lopez Portillo.Se hace un recuento histórico de las políticas estatales desde el sexenio de Lázaro Cárdenas hasta el de Enrique Peña Nieto
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Ramón Portilla Hernández Sociedad y Cultura Siglo XX y XXI 120120142
México S.A de C.V
El nuevo contexto de la realidad social.
Cuando un investigador como el antropólogo se dispone a estudiar una parte de la
realidad social no puede perder de vista que dicho fenómeno se encuentra inmerso y
contextualizado en una serie de relaciones político-económicas que lo determinan de
manera importante. En la actualidad y ante el avance del capitalismo a nivel global se
perfila como crucial comprender el impacto que las fuerzas del mercado tienen en las
dinámicas a nivel nacional, regional y local. En el caso de la nación mexicana, estamos
siendo testigos de la implementación, desde la administración federal, de un conjunto
de políticas neoliberales desde hace casi tres décadas que modifican de manera
importante la estructura de los procesos productivos y la vida nacional; comprender
estas políticas nos permitiría rastrear su impacto en los fenómenos estudiados y de este
modo ampliar la comprensión de la realidad social dentro de una dinámica que se
perfila cada vez más compleja y global.
El inicio de la segunda década del siglo XXI en el ámbito político y económico el
desarrollo de la nación se ve marcado por dos acontecimientos que considero
importante revisar: el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder
ejecutivo y la implementación de un paquete de reformas estructurales encaminadas a
limitar la intervención estatal sobre industrias que históricamente han sido consideradas
como vitales para el desarrollo nacional.
La dictadura perfecta….nunca se fue.
El 1° de diciembre del 2012 en medio de intensas protestas sociales en la calles,
acusaciones de fraude electoral y el eufórico aplauso de los militantes priistas asumió la
presidencia de la república el C. Enrique Peña Nieto candidato por el Partido
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Revolucionario Institucional, hecho que marcaría el regreso al poder ejecutivo del
partido político más antiguo del país y el que también había controlado el destino de la
nación por poco más de 70 años de manera ininterrumpida.; fue el temido regreso de la
que sería alguna vez llamada “la dictadura perfecta”, un regreso que se dio después de
una intensa campaña política y mediática tanto a favor como en contra del candidato
finalmente ganador y como telón de fondo un país hundido en la violencia después de
doce años de un gobierno de “oposición” fallido y una izquierda que no logro
convencer a importantes estratos de la sociedad. Evitando el espinoso debate sobre si
las elecciones fueron legítimas o no, sería importante rescatar las dos principales
dimensiones que dentro de la narrativa popular significo el regreso del PRI al poder:
por una parte se veía como el regreso a un régimen que más allá de todos los fallos que
se le pudieran imputar había logrado mantener un estado de paz social duradero, cosa en
la que el gobierno de oposición había fallado rotundamente; para otros significaba el
regreso de un régimen opresor, corrupto, de guerra sucia que poco tenía que ver ya con
la defensa de los ideales de la revolución.
Una dimensión poco explorada y comentada fue la relacionada a la continuidad de
un proyecto económico neoliberal de mas de tres décadas de desarrollo que preparó y
posicionó a México como un destino altamente rentable para la inversión de capital
privado extranjero, es decir, tanto el ascenso al poder del gobierno de oposición como el
regreso del PRI podrían ser dos etapas, por demás planeadas, de un proyecto
económico que busca migrar a la nación desde una economía enfocada en el
crecimiento interno de la industria y amplias facultades proteccionistas del estado como
la protección arancelaria, herencia de la época cardenista, hacia una economía de libre
mercado con pocas o nulas regulaciones y un aparato estatal enfocado en generar
condiciones óptimas para la atracción de capital extranjero, lo que algunos autores
denominarían “Estado nacional de competencia”.
Dirigir a una nación a convertirse en un Estado nacional de competencia involucra la
implementación de políticas públicas y estatales que generen condiciones en las que los
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capitales extranjeros, ahora más flexibles y racionalizados, puedan obtener tasas de
ganancia más altas en comparación a otros Estados-nación, limitando la intervención
estatal sobre los procesos económicos y abogando por una economía de libre mercado
donde las fuerzas de este logren contenerlo y autorregularlo, es decir, convertir a la
nación en una oferta atractiva y laxa para la inversión capitalista extranjera que logre
destacar de otras opciones por su disponibilidad a ser explotada. (Hirsch: 1996).
De este modo el paquete de reformas estructurales (educativa, telecomunicaciones,
energética, etc.) que se han impuesto como parte fundamental del proyecto político de
la nación mexicana durante el presente sexenio sería la manifestación más tangible de la
parte final del viraje hacia un desarrollo económico de competencia nacional.
Aparte de la desregulación, dos ejes se consolidan como fundamentales para
impulsar esta serie de medidas económicas, la educación y la estabilidad interna de la
nación. Ofertar mano de obra eficientemente calificada para llevar a buen término los
procesos productivos es parte esencial para atraer la inversión y esto requiere de masas
de obreros calificados para el uso de las herramientas tecnológicas; por otro lado se
requiere una sólida imagen de estabilidad y paz social que asegure que las inversiones
corren el mínimo riesgo. Ante esto el Estado se encuentra con la titánica tarea de
asegurar por la vía que sea necesaria, incluida la violencia, una imagen corporativa
empresarial de éxito seguro hacia el mercado mundial.
México antes del neoliberalismo.
Para poder visualizar los efectos que las medidas neoliberales tienen sobre el aparato
estatal y la vida nacional nos vemos en la necesidad de interpretarlas desde un momento
histórico anterior a la implementación de las mismas. En este caso las directrices
aplicadas durante la época cardenista serían al mismo tiempo la conformación del
sistema político y estatal inmediato anterior al actual y el modelo que las políticas
neoliberales buscan erradicar.
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El sexenio de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) fue la consolidación de los
ideales de una revolución impulsada por enormes masas de trabajadores que se había
propuesto del modo más claro la conquista del poder para la construcción de una
sociedad más igualitaria. (Córdova: 1972). Esta igualdad no se concebía en los términos
comunistas de una sociedad sin clases sociales, más bien contemplaba la incorporación
de las diferentes clases a un proyecto de desarrollo nacional donde las desigualdades
inherentes a la clase explotada se podían remediar con una adecuada protección política
y jurídica a cargo del Estado. (Ibídem, 178). Ya dentro del conocido Plan Sexenal se
contemplaba de vital importancia la participación y crecimiento del sector privado, al
igual que la organización y agrupación corporativa de los sectores obrero, campesino y
militar a modo de contrapeso y motor del desarrollo; la protección a la producción
nacional por medio de políticas arancelarias restrictivas y el fomento a la creación de
industrias estatales en aquellos campos donde la iniciativa privada no tenía
intervención, no podríamos hacer omisión de la nacionalización de la industria petrolera
consumada el 18 de marzo de 1938, considerada de vital importancia para el desarrollo
nacional en los años posteriores; de este modo el Estado sería el encargado de dirigir y
controlar la actividad económica, proteger la producción nacional y limitar los intereses
de la clase capitalista a los del bien común de la nación y en especial de la clase
trabajadora.
“En términos de pura eficacia productiva, la clase capitalista, debidamente
controlada y dirigida, bien podía asegurar un funcionamiento adecuado del aparato
económico del país: todo dependía del papel que el Estado se decidiera a desempeñar.
México, por tanto, podía renunciar al capitalismo sin renunciar a la clase capitalista. El
capitalismo al que se renunciaba, por supuesto, era ese tipo de economía que se cifraba
en el privilegio de los poseedores de la riqueza, en la sujeción sin límites de la sociedad
y de su Estado a los intereses de unos cuantos.” (Ibídem, 179)
El fuerte desarrollo de la industria interna, permitió, al igual que el régimen de
acumulación fordista en los Estados Unidos de Norteamérica, un crecimiento
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económico sólido y constante y generó cambio importantes tanto en la vida cotidiana de
la nación como en las estructuras geográficas y poblaciones “La creciente demanda de
fuerza de trabajo no sólo condujo a la incorporación de las masas asalariadas en el
proceso de producción […] sino que también fue la causa de grandes movimientos
migratorios: una fuerte migración laboral tuvo lugar desde la periferia industrial”
(Hirsch: 1996, 109)
Tanto el modo de regulación fordista en los Estados Unidos como la economía mixta
del sexenio cardenista se fundamentaron de manera esencial en la existencia de grandes
organizaciones sociales corporativizadas como sindicatos, federaciones, cámaras
empresariales, agrupaciones agrarias, de médicos y otros sectores de interés vital para el
desarrollo nacional; un Estado con facultades intervencionistas en amplias e
importantes esferas de las sociedad que en conjunto con las agrupaciones sociales
podían manejar políticamente los procesos del mercado capitalista al igual que las
estructuras y desarrollos de la sociedad, mediante sistemas de negociación
centralizados. Estamos ante un Estado de seguridad, en el sentido de que busca
bienestar para la población y de que ejerce control y vigilancia sobre las dinámicas
nacionales. (Hirsch: 1996; 110-111)
Esta restructuración de la vida política, económica y cotidiana de la nación
proporcionó una base sobre la cual actuar y mantener un desarrollo económico
generalizado y sostenido hasta mediados de los años 70´s cuando, visto de una manera
simplificada, la expansión de las fuerzas productivas se desacelero y la tasas de
ganancia del capital se vieron importantemente reducidas, esto sucedió tanto en la
economía mexicana como en otras metrópolis capitalistas, incluido el máximo
exponente, Estado Unidos. En los centros capitalistas más desarrollados se mostraba
inminente la necesidad de expandir los mercado donde pudieran circular los bienes, y
en las economías periféricas como la mexicana la incapacidad de satisfacer la demanda
interna orillaba a la apertura del mercado a productos extranjeros que competían
directamente, y la mayoría de las veces con una ventaja notable, con los de fabricación
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nacional; el crecimiento coordinado por la esfera estatal enfocado hacia el interior y la
protección del mercado, consumo y producción nacional ahora se vislumbraban como
barreras para el libre desarrollo nacional y para los intereses del capital privado.
(Hirsch: 1996). “Al inicio de los 80 el fenómeno que se venía perfilando desde la
década anterior cumple su cometido, es decir, el modelo de desarrollo que
anteriormente había asegurado el crecimiento económico y la estabilidad política en el
México posrevolucionario estaba en crisis” (Rogozinski: 1997, 32)
Hay que “bajar de peso” al Estado… hasta la anorexia.
Miguel de la Madrid Hurtado asume la presidencia de la república (1982-1988) en
medio de una fuerte crisis económica marcada por un amplio déficit en la balanza de
pagos, una deuda total (interna y externa) cercana al 60% del PIB, inflación del 100%
anual y una devaluación monetaria que alcanzó su punto máximo en el 3100%
(Aguirre:2003), de igual manera las grandes estructuras políticas de agrupaciones
obreras, que en otro tiempo habían impulsado el desarrollo de la nación, se encontraban
controladas y puestas al servicio clientelar de un sistema político que monopolizaba el
acceso al poder por medio de la conciliación interna de las diferentes facciones de poder
al interior de un gran partido, el PRI. (Aguilar: 1994)
Es durante este sexenio cuando tienen sus primeras aplicaciones las ideas
neoliberales en México, con la intención de reducir la carga económica que las
empresas estatales significaban para la administración federal, se procedió a la venta y
privatización de buena parte de empresas paraestatales , que incluyeron a “Vehículos
Automotores Mexicano y Renault de México, así como empresas fundidoras,
productoras de hierro y acero, de aviación, de bienes de capital, ingenio azucareros,
textiles, teléfonos, fábricas de material y equipo ferroviario, etcétera” (Vidales: 1996 en
Salas: 2009). Durante el primer año del sexenio, el gobierno federal contaba con
participación en 45 ramas de la economía y tenía en su control 1155 empresas
paraestatales, para su término en 1988 solo había participación en 23 ramas económicas
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y tenía en su haber 412 compañías paraestatales. “La desincorporación de estas
empresas obedeció a que no eran estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional,
argumento presentado en un documento informativo por el gobierno federal”
(SHCP:1998 en Salas:2009). La desregulación de los mercados y la apertura estatal a la
inversión privada, mayoritariamente extranjera, había llegado para quedarse.
Durante el siguiente sexenio, a cargo de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) el
proyecto neoliberal se fue profundizando y se plantearon con mayor claridad los
principales postulados de la política económica gubernamental; nombrada por algunos
autores como la etapa del desmantelamiento, se realizan reformas constitucionales que
impactan enormemente en la estructura de la administración estatal y su relación con las
dinámicas sociales, por mencionar algunas tenemos la modificación de los artículos 28,
73 y 123 referidos a la privatización de la Banca (nacionalizada unos años antes), los
procesos electores y las relaciones estado-iglesia respectivamente; le declaración de
término del proceso de reparto agrario y la modificación al artículo 27 que abrió la
posibilidad a los ejidatarios para vender sus parcelas a capitales tanto nacionales como
extranjeros. (Salas: 2009).
En efecto, la modificación al artículo 27 abre la puerta a los capitales privados para
asumir la responsabilidad del desarrollo de la capacidad productiva ya no en relación a
las necesidades del consumo interno, si no a el posicionamiento de los productos en el
mercado internacional al que la nación se estaba incorporando, que dicho sea de paso
contaba con mejor infraestructura productiva.
Se creó un nuevo estrato social conformado por los poseedores de capital privado
que lograron adquirir las empresas paraestatales a precios “regalados” y que no en
pocos casos lo hacían mediante el tráfico de influencias. La venta de México se
convirtió en un negocio ampliamente redituable tanto para la inversión privada como
para los funcionarios en el poder.
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Las ideas de libre mercado fueron implementadas en todos niveles como la firma en
1992 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN (entra en vigor el
1° de enero de 1994) un proyecto que eliminaba las cuotas arancelarias para los
productos que transitaran entre los tres países de América del Norte. Para Estados
Unidos (aún la potencia económica y militar del momento) constituía la posibilidad de
asegurar un área de influencia y la expansión de los mercados disponibles para sus
industrias, por mucho más eficientes que las mexicanas; para México la posibilidad de
incorporarse al mercado mundial e inyectar inversión para nivelar (o al menos tratar) los
serio déficits que tenía y que se habían visto agravados por la mismas políticas de
privatización y desregulación implementadas. (Centeno: 1997). (Hirsch: 1996)
“La estrategia económica era engañosamente simple. México iba a atraer grandes
cantidades de capital internacional […] y ese capital por un lado ayudaría a disminuir la
carga de la deuda, y por el otro se invertiría en nuevas empresas productivas. La clave
del esquema estaba en ofrecer estabilidad monetaria e incentivos económicos [como
condonación del pago de impuestos] como mano de obra barata y acceso a los
mercados. Para garantizar lo primero se redujeron radicalmente los presupuestos
públicos [sacrificando buena parte de las políticas proteccionistas que funcionaban,
hasta cierto punto, como un aparato redistributivo de la riqueza nacional] –produciendo
los primeros superávits de explotación de México durante décadas- y se vinculó el peso
al dólar. Para lo segundo fue necesario abrir la economía mexicana el comercio mundial
(y asegurar la reciprocidad). Obviamente el TLACN era el toque maestro, pues le
prometía a los inversionistas el acceso al mercado consumidor más rico del mundo. […]
Durante los primero años de la década de los 90 entraron a México cantidades masivas
de capital” (Centeno: 1997).
En este punto podría parecer que se ha perdido de vista la dimensión social en todos
estos procesos político-económicos, sin embargo, fueron estos mismos procesos los que
contextualizaron y dieron pie a múltiples fenómenos sociales de trascendencia histórica
como la lucha sindical del magisterio en 1989, el desmantelamiento del sindicato
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petrolero o levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional EZLN en
Chipas en 1994.
Las relaciones sociales entre la clase obrera y campesina se ven importantemente
modificadas por los requerimientos de un sistema que se introduce en todos los ámbitos
de la vida nacional y al que el Estado ya no puede, ni quiere, controlar en favor de los
desposeídos, fue la entrada de un sistema que restringió los salarios y las prestaciones,
limitó los derechos sindicales básicos y dio vía libre a la concentración y centralización
del capital.
México se vio “aplastado” dentro de la economía de mercado mundial, las
estrategias para mantener la nación a flote ya no se enfocarían más en el desarrollo de la
industria interna o en la regulación estatal de sectores vitales en una economía planeada,
a partir de ahora lo opción era ser el mejor destino para la inversión de capital privado
nacional y extranjero. Crear incentivos fiscales para el capital, asegurar la producción
de mano de obra barata y certificada por organismos con reconocimiento internacional
(CONOCER, ISO), debilitar la organización sindical, facilitar la movilidad laboral, y
tomar el control de los recursos naturales para ofertarlos a la explotación serían a partir
de ahora las tareas del estado, un nuevo Estado nacional de competencia.
Al final de estos dos sexenios el saldo final fue una disminución en el poder salarial
real de 47.5 %, el desempleo y subempleo alcanzó a 10 millones de mexicanos y la
pobreza extrema incluía a 13.7 millones de habitantes; la distribución del PIB se orientó
hacia el capital en una relación frente al trabajo de 55% a 25% respectivamente para el
año 1991. Durante los dos sexenios neoliberales, los trabajadores de México perdieron
252 mil 503 millones de dólares, que fueron a para a manos de las 300 familias que
controlan la economía nacional. (Salas: 2009)
La devaluación del peso en el conocido “error de diciembre” fue el tiro de gracia para
grandes sectores de la población que apenas habían sobrevivido a 12 años de golpes
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económicos, para algunos fue sencillamente imposible cumplir con las deudas
contraídos y lo créditos que les habían sido otorgados (de manera bastante laxa) y los
llevo a la ruina total.
Posteriormente, durante el último periodo priista, la presidencia de Ernesto Zedillo
Ponce de León (1994-2000), el neoliberalismo continuó su marcha. En el plano
constitucional, modifica el artículo 28, con el objetivo de permitir la participación del
capital privado en áreas de comunicación vía satelital y los ferrocarriles, crea las Afores
transformando con ello las seguridad social de los trabajadores y se compromete con el
capital financiero internacional para privatizar la petroquímica y la industria eléctrica.
(Salas: 2009)
Hoy verdes, mañana azules, siempre los mismos.
Al inicio del presente texto se planteó la hipótesis de que el ascenso al poder de un
gobierno de “oposición” fue parte del proyecto neoliberal en México y no represento en
ningún momento algún tipo de viraje en el plan económico político que venía
manejando la nación.
Rumbo a las elecciones del año 2000 el sistema político mexicano priista se
encontraba “desgastado”, la percepción poblacional sobre el partido se encontraba
fuertemente debilitada por tres causas:
a) Se podría suponer que todo sistema político después de 70 años requiere renovarse
de alguna manera.
b) Las crisis económicas que había sufrido la nación bajo el mando del PRI.
c) Los altamente cuestionados procesos electorales que habían llevado a la
presidencia a Ernesto Zedillo en 1994 en detrimento de Cuauhtémoc Cárdenas
(candidato salido de la facción nacional revolucionaria del PRI) que postuló por el
Frente Democrático Nacional, y que se presume, ganó realmente las elecciones.
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Un sexenio más podría significar ir más allá de lo que la población podría estar
realmente dispuesta a soportar, además ante los ojos del mundo capitalista la
permanencia en el poder por el mismo grupo durante setenta años no era algo que los
mantuviera tranquilos, definitivamente no por su preocupación por los sistemas
democráticos y representativos de los intereses del pueblo, sino porque no había nada
que asegurara que con un eventual cambio de régimen sus inversiones seguirían siendo
protegidas y favorecidas por la administración estatal; la alternancia era la opción.
Un proceso de alternancia política, de acuerdo con Góngora (2014), es “un cambio
regulado por vías o pactos intrínsecos o extrínsecos que no representa una modificación
profunda en la forma de administración o dirección política”; bajo este entendido la
alternancia del poder con el ascenso de Vicente Fox Quezada a la presidencia de la
república (2000-2006), un ex-directivo de una de las compañías transnacionales más
grandes del mundo, The Coca-Cola Company mandaba un mensaje muy claro hacia los
capitales nacionales y extranjeros: México estaba listo para cambiar de manos el
régimen político sin que esto significara una amenaza para sus intereses, seguirían
siendo bien recibidos en un gobierno de y para ellos; al mismo tiempo abría el espacio
para un “respiro” que permitía la reorganización interna de las filas priistas; habría que
acotar que aun perdiendo el control del poder ejecutivo, en buena parte de la república
los legisladores adscritos al PRI de ambas cámaras, tanto a nivel estatal como federal,
seguían siendo mayoría.
No habría de sorprendernos que la política económica de Vicente Fox se encaminara
bajo el mismo esquema que el de sus antecesores. Dentro de sus acciones se cuentan la
intervención del capital privado en los servicios de salud a cargo del estado, la
disminución en gran medida del presupuesto otorgado a la educación superior en
universidades públicas. (Salas: 2009). Así como el intento de gravar con impuesto al
valor agregado IVA alimentos, medicinas, libros y revistas, entre otros.
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Los siguientes seis años estarían a cargo del también panista Felipe Calderón
Hinojosa que asumió la presidencia del 2006 al 2012, sexenio en el que el país se
hundió en la violencia con una “guerra contra el crimen organizado” que dejó un saldo
de 71 mil muertos, regiones del país controladas totalmente por organizaciones
delictivas y una estructura política infiltrada en gran escala por organizaciones
criminales. Para el 2012 49 millones de personas vivían en la pobreza, un aumento del
92% en la deuda externa y de un 40% en los bienes de la canasta básica. (Blanco: 2012)
Tratando de evitar por un momento la tragedia humana que se vivió durante este
sexenio, también se vislumbraron los resultados de más de dos décadas de políticas
neoliberales, las remesas pasaron a formar el segundo ingreso en volumen de divisas al
país, producto del éxodo migratorio que arrasó la geografía nacional, el aumento de la
capacidad de explotación laboral llego a los trabajadores del Estado por medio de las
reformas a la ley orgánica del ISSSTE, se desintegró, con el uso de la fuerza y tomando
las instalaciones de madrugada, al Sindicato Mexicano de Electricistas uno de los más
fuertes y a la compañía Luz y Fuerza del centro. No hace falta decir que fue durante
esta misma administración que el empresario Carlos Slim es nombrado por la revista
Forbes la persona más rica del mundo.
Buena parte de la crisis económica vivida durante esta época fue producto del
impacto de la crisis que sacudió a los Estado Unidos como producto de las prácticas
voraces de un capitalismo que por medio de la especulación generó ganancias
multimillonarias del empobrecimiento de amplios sectores de la población.
El nuevo PRI, corregido y aumentado.
Mientras se acercaban las elecciones del 2014, .la imagen de un nuevo PRI se hizo
presente de forma masiva en los medios de comunicación, la época de corrupción,
impunidad y totalitarismo había terminado, estaban listos para encarar, con una visión
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joven los retos que el siglo XXI tenía para México, un notable esfuerzo por desdibujar
el pasado histórico de la institución.
Sin embargo, por debajo de la nueva imagen que se buscaba dar, se lanzaba una
intensa campaña, para algunos en complicidad con una de las grandes televisoras
mexicanas (Televisa), para posicionar a Enrique Peña Nieto como candidato a la
presidencia, reactivar la economía nacional, reducir los niveles de violencia y combatir
la descomposición estructural del aparato estatal, eran las principales propuestas para el
sexenio.
Algunos autores como Naomi Klein podrían incluso argumentar que el crecimiento
desmesurado de la violencia durante el sexenio Calderonista podría ser generado o
permitido como un “shock” para la posterior implementación de una “terapia” en
conjunto con políticas neoliberales.
El proyecto político de Peña Nieto, que resulto finalmente ganador de la presidencia
para el periodo 2012-2018 contemplaba la implementación de 11 reformas estructurales
en áreas de vital interés para los capitales privados y para el mantenimiento, desde la
administración estatal, de las condiciones propicias para el desarrollo de la actividad
capitalista, por ejemplo:
a) Reforma energética: Busca abrir a la inversión privada la exploración y explotación
de yacimientos petroleros, aquella industria que durante el cardenismo se vislumbró
como esencial para el desarrollo nacional y que aún hoy día lo es, pretende ser
entregada, si no de manera total por lo menos si en buena parte, al mercado global.
b) Reforma laboral: Flexibilizar la fuerza de trabajo y disminuir las obligaciones
patronales así como la seguridad social adquirida por medio del ámbito laboral son
indispensables para aumentar la rentabilidad en los procesos productivos, ahora se
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contempla la contratación y pago del trabajo por hora, al mejor de los estilos
Estadounidense.
c) Reforma Educativa: Después de una campaña mediática para desprestigiar el sistema
educativo, que se ha visto abandonado en muchos sectores desde hace varios años, se
modificaron leyes orgánicas que más que implementar cambios en los planes y
programas o en las estrategias de enseñanza, se centró en hacer mucho más laxas la
relaciones laborales para con los profesores y un duro golpe para la estabilidad laboral.
Conclusiones
Estamos viviendo la introducción de relaciones capitalistas en áreas de la sociedad
que anteriormente estaban a cargo de un Estado que velaba, hasta cierto punto, por el
bienestar de las clases trabajadoras. Esto es algo que no se puede perder de vista al
reconstruir el contexto de los fenómenos sociales en la actualidad mexicana.
Finalmente y afianzando el anterior planteamiento, la política neoliberal en México
aplicada desde 1982, no ha logrado los objetivos de desarrollo planteados, pues existe
una crisis recurrente en la economía nacional, el crecimiento sostenido no ha podido
lograrse, y existe el padecimiento de inflaciones constantes, desempleo, inseguridad,
pobreza, etcétera; demostrando con ello, su incapacidad para generar el bienestar que
tanto se pregonaba
El trazado histórico del desarrollo de las políticas neoliberales en el Estado
mexicano, nos permite comprenderlas implicaciones que ha tenido en las relaciones
entre el aparato estatal y la esfera productiva con sus respectivas repercusiones en la
vida social, de igual manera, pone en perspectiva los objetivos del presente sexenio y el
funcionamiento del sistema político mexicano en la primera década del siglo XXI
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Los procesos de desregulación y el viraje hacia la construcción de un Estado
nacional de competencia, involucrarán la desposesión total de los estratos más
desprotegidos de la sociedad y seguramente la configuración de luchas sociales de
reivindicación.
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