Octavio Alberola

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Los libertarios y la “Memoria Histórica”

Octavio Alberola Selección de textos extraídos de: http://www.alasbarricadas.org/noticias/opinion

Octavio Alberola es anarquista. Nació en España, en Alaior, Islas Baleares, en 1928. Hoy reside en Perpignan, Francia. En 1939 llega a México con sus padres. A partir de ese momento comienza su militancia anarquista. Actúa en las Juventudes Libertarias y en la CNT española en México. En 1962 forma parte de la organización clandestina “Defensa Interior” constituido por el Movimiento Libertario Español con posterioridad al congreso de la CNT de 1961.En la actualidad participa del “Grupo por la revisión del proceso Granado‐Delgado” que, desde 1998, está exigiendo la anulación de las sentencias franquistas. También integra los “Grupos de Apoyo a los Libertarios y Sindicalistas Independientes en Cuba”, GALSIC. Incansable, también colabora con otras iniciativas libertarias en Europa. Es un hombre lleno de historias, escritas en una trayectoria de vida libertaria agitada e intensa.

Extraído de:

http://mislatacontrainfos.blogspot.com.es/2010/05/ana‐entrevista‐

octavio‐alberola.html

http://starm1919.blogspot.com.es/ http://elsetaproducciones.blogspot.com.es/

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Los libertarios y la "Memoria Histórica" Publicado el 04/13/2009

http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/10359

Nadie o casi nadie ignora que el tema de la llamada “Memoria Histórica” se ha vuelto, desde hace algunos años, de actualidad en los medios informativos nacionales. Aunque esta “actualidad” no significa que el tema les interese realmente y mucho menos que quieran convertirlo en un verdadero debate público. La verdad es que, más allá de su interés por “cubrir la actualidad informativa” y justificar su “neutralidad informativa”, la mayoría de estos medios lo ha enterrado rápidamente.

Esta me parece ser una de las razones por las que el tema no apasiona a la inmensa mayoría de los españoles, aunque la excusa sea que “hay hoy muchos otros temas más urgentes y más vitales” para ellos y el conjunto de los españoles. Y, efectivamente, tienen razón; pues no es sólo en lo que concierne a la situación laboral y al ejercicio de las libertades democráticas sino inclusive en lo que concierne a la degradación del medio ambiente, por culpa de un sistema de desarrollo capitalista que pone en gran riesgo nuestra propia supervivencia, que deberíamos preocuparnos y movilizar nuestra acción.

Y ya se supondrá que no me refiero a todos esos españoles (y españolas, por supuesto) que pasan de todo y sólo se preocupan de lo que ellos llaman “vivir bien” sino a cuantos manifiestan, de una u otra manera, preocupaciones sociales y militan en partidos, organizaciones o sindicatos que se pretenden de izquierda, incluyendo los libertarios. Cierto es que debemos preocuparnos y movilizar nuestra acción en todos esos frentes; pero la cuestión es que esas situaciones más urgentes y más vitales no han surgido de la nada, y que si las analizamos seriamente descubriremos que en gran medida son consecuencia del pasado y de lo que ese pasado sigue condicionando nuestro presente.

Conocer lo que fue ese pasado me parece pues imprescindible para comprender cómo se ha llegado hasta aquí y por qué es tan difícil hoy luchar contra el Estado y el Capital. De ahí que, en tanto que libertarios, no me parezca antinómico preocuparse y movilizar nuestra acción en todas esas luchas y, al mismo tiempo, hacerlo también para recuperar la memoria histórica de lo que fue la lucha revolucionaria contra el fascismo durante los tres años de guerra y los cuarenta de dictadura franquista. No, no creo que sea una pérdida de tiempo y de energías el recuperar esa memoria del olvido o la deformación en que el Estado

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y todos los autoritarios han hecho todo lo posible por encerrarla.

Y no sólo para que las nuevas generaciones puedan conocer el por qué y el cómo de la lucha de los libertarios en ese pasado, y así rehabilitar a cuantos tuvieron que soportar represión por ello, sino también para poner en evidencia lo que fue la Transición y lo que es la Democracia surgida sin discontinuidad institucional de la Dictadura. ¡Una Democracia que treinta años después sigue aún validando las sentencias franquistas! Estos objetivos son los que creo hemos perseguido todos los libertarios que hemos participado en este proceso de recuperación de la memoria histórica. Inclusive cuando, al principio del proceso, se apoyó la presentación, por las familias de Francisco Granado y de Joaquín Delgado, de un Recurso de Revisión del consejo de guerra que en 1963 condenó a muerte a nuestros dos compañeros.

No se pretendía obtener la revisión de ese juicio sino utilizar el Recurso como medio para denunciar y evidenciar la vergonzosa contradicción de esta Democracia que seguía y sigue aún reconociendo legalidad a los tribunales represivos de la Dictadura. Y es por ello que denunciamos y continuamos denunciando la cobarde e infame Ley de “Memoria Histórica”. No porque los libertarios creyéramos poder obtener justicia a través de las leyes sino porque esa Ley evidencia la cobardía y la infamia de que son capaces los que nos gobiernan, aunque se llamen socialistas. Esa Ley es cobarde e infame porque, entre otras cosas, no anula las sentencias franquistas y porque establece una escandalosa discriminación entre las víctimas de la represión que perdieron la vida antes de 1968 y las que la perdieron después. No es sólo porque los políticos han demostrado una vez más su inconsecuencia ideológica que los libertarios debemos denunciarlos sino porque es un deber ético no hacernos cómplices de tal cobardía y de tal infamia.

Garzón y las víctimas de la represión franquista Publicado el 04/16/2010


La decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, de encausar al juez Baltasar Garzón por el delito de "prevaricación" al haberse declarado competente para investigar el caso de las desapariciones forzadas durante el franquismo, ha provocado un gran revuelo mediático y la movilización de las asociaciones de "memoria histórica" y de víctimas de la represión franquista en

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defensa del juez "estrella" de la Audiencia Nacional. Se piense lo que se piense de este juez y del enorme cúmulo de intrigas que rodean sus actuaciones, es indiscutible que ha sido gracias a su peculiar forma de abrir y cerrar la investigación de este caso que la pervivencia del franquismo judicial se ha puesto públicamente en evidencia y se ha reactualizado el debate público sobre lo que quedó a medio hacer, o se hizo mal, en la "transición" de la Dictadura a la Democracia.

Efectivamente han sido el protagonismo de Garzón y su "impericia procesal" las que han llevado a la derecha franquista a quitarse la careta y a recomenzar la "guerra civil" en la dehesa judicial con la intención de impedir cualquier tentativa de cambiar el ordenamiento jurídico que, según pretenden, quedó blindado con la Ley de amnistía de 1977. Ordenamiento que no contempla la revisión o la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura franquista y la investigación de los crímenes perpetrados por ella; pero que tampoco lo impide, salvo que se haga de la Ley de amnistía una lectura sesgada. Lo que ha hecho el juez Varela para poder encausar a Garzón, aun a riesgo de escandalizar a amplios sectores de la opinión pública, nacional e internacional, y de provocar las reacciones de los colectivos memorialistas y las movilizaciones de estos últimos días. Movilizaciones en las que, por primera vez, participan también sindicatos, políticos e intelectuales y artistas de la izquierda "progresista" para impedir que los franquistas del sindicato ultra Manos Limpias, de la asociación Libertad e Identidad y de la Falange Española y de las JONS consigan sentar en el banquillo de los acusados a Garzón.

¿Por qué nos encontramos en tal situación?

Pese a lo tardías de estas reacciones y movilizaciones, no es el momento de lamentarlo, aunque otro gallo nos cantaría si se hubieran producido antes, tras comenzar la andadura de la Democracia parida por los pactos de la "Transición" o cuando algunas víctimas de la represión franquista comenzaron a pedir justicia... No fue así y los años no pasaron en balde (sobre todo para los familiares mayores de las víctimas de la represión franquista); pero tampoco es demasiado tarde para reparar esa injusticia... Y puesto que ahora se habla tanto de "memoria histórica", no está de más no olvidar la ausencia de reacciones y movilizaciones (sindicales, políticas y culturales) cuando la viuda del comunista Julián Grimau presentó en 1989 en el Tribunal Supremo un recurso de revisión contra la sentencia del Consejo de Guerra que en 1963 condenó a muerte a su marido. Y eso que también entonces el Gobierno era socialista. O cuando en

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1998 los familiares de los jóvenes anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado, también condenados y ejecutados en 1963, recurrieron ante el Supremo para pedir la revisión de la sentencia "por existir un elemento nuevo"...

No, no se debe olvidar lo que costó sensibilizar a los partidos políticos sobre esta materia pendiente de la “Transición” y conseguir que algunos de ellos comenzaran ‐¡por fin a partir del año 2000!‐ a comprometerse y apoyar el recurso de revisión del caso Granado‐Delgado y los que otras familias (de Puig Antich, de Peiro, etc.) habían presentado en el Supremo. Como tampoco se debe olvidar que no fue hasta entonces que comenzaron a surgir y actuar las Asociaciones para la recuperación de la "memoria histórica"... Ni que, pese a ello, aún en 2003 estuviéramos solos (los libertarios) en una concentración pública en la Puerta del Sol de Madrid para exigir al Tribunal Constitucional que anulara las sentencias franquistas, sin que se sumaran al acto los manifestantes por la República que en ese mismo momento recorrían calles cercanas.

Es necesario no olvidarlo porque eso permite comprender el por qué en 2010, treinta y cinco años después de la desaparición del dictador y pese a la Ley de "Memoria Histórica" aprobada a finales de 2007, aún no se ha conseguido poner fin a la infamia y deshonor de una Democracia que sigue validando las sentencias pronunciadas por una Dictadura surgida de un golpe de Estado que el Congreso de los Diputados condenó en 2002. Y que aún debamos movilizarnos para tratar de evitar que el Supremo dé razón a los grupos de ultraderecha que intentan sentar en el banquillo de los acusados a Garzón…

Una reacción tardía pero necesaria...

Pues bien, aunque sea tardía, la reacción que se está produciendo es necesaria y debemos apoyarla. Y ello porque, a pesar de los fortísimos intereses políticos y hasta personales que están en juego en el enjuiciamiento del juez de la Audiencia Nacional, no debemos permitir que la derecha se salga con la suya y también porque la reacción unitaria en contra de este enjuiciamiento puede servir para abrir un nuevo frente en la lucha por la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación de las víctimas de la represión franquista.

Decimos "puede servir" porque ello dependerá del objetivo que se fije a las actuales movilizaciones; pues sería un error que éste sólo fuese la defensa de Garzón y que no se aprovechen para exigir la anulación de las sentencias franquistas. Sobre todo, para exigirlo a quienes tienen la responsabilidad y potestad políticas, además del deber moral de hacerlo: los grupos parlamentarios que constitucionalmente "representan la soberanía de la nación". Y al decir

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grupos parlamentarios nos referimos a los Partidos que marcan la pauta del poder legislativo, el único facultado para anular y aprobar leyes.

No olvidemos que es gracias a esa cobarde e infame Ley de “Memoria Histórica”, aprobada por esos Partidos y sus Grupos parlamentarios, que la Justicia española puede seguir escamoteando el pronunciarse clara y definitivamente por la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales franquistas. Ese "oprobio" que, según declaró recientemente la nieta del poeta Miguel Hernández, “aún pesa como una losa” sobre las víctimas de la represión franquista. Aunque también debemos reconocer que, si esto es así, lo es por no haber sido capaces de unirnos antes para hacerlo desaparecer. No volvamos pues a la desunión y movilicémonos todos en la misma dirección… Allá cada uno con su conciencia y esperemos que algunos no vengan ahora sólo para la foto o para hacer olvidar pasados dudosos.

Sí, es la hora de sumar, de unirnos para aprovechar esta ocasión y dar un paso definitivo hacia la completa rehabilitación moral, política y judicial de las víctimas de la represión franquista. Pero no nos equivoquemos otra vez de objetivo. No son los jueces los que tienen la posibilidad de hacerlo.

Ellos sólo interpretan y aplican leyes. Son los políticos los que tienen la potestad y la obligación de promulgar leyes menos abyectas que las actuales (la de amnistía de 1977 y la de “Memoria Histórica” de 2007) para ser consecuentes con su pretendida profesión de fe democrática y hacer desaparecer ese vergonzoso baldón que “aún pesa como una losa” sobre la Democracia española.

Pero no lo olvidemos, los políticos no lo harán si, terminado el episodio Garzón, no se lo exigimos. Nuestro deber es pues seguir unidos y movilizados para exigirles se ponga fin a esa escandalosa injusticia histórica de la que aún son víctimas los que lucharon para hacer posibles las libertades que hoy se proclaman constitucionales y que por ello padecieron la brutal represión franquista.

Lo que está en juego con la "Memoria Histórica" Publicado el 04/30/2010


Desde hace algunas semanas y más de treinta años después de haber muerto Franco, estamos asistiendo a una insólita movilización cívica, tanto en España como en Europa, de apoyo al juez que el Tribunal Supremo quiere inculpar por

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haber abierto y cerrado una causa que pretendía hacer justicia a las víctimas de la represión franquista. Pero, aunque esta movilización esté plenamente justificada, tanto desde el punto de vista ético como político, ella puede perjudicar la causa por la que luchan desde hace mucho tiempo las familias de las víctimas del franquismo: la plena rehabilitación moral, política y judicial de cuantos sufrieron la brutal represión instaurada por ese régimen fascista durante cuarenta años. Y puede ser así porque esta movilización se está centrando exclusivamente en la batalla judicial en defensa del juez Baltasar Garzón, olvidando el combate por la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura franquista.

Esta vergüenza, este deshonor de una Democracia que continua ‐ ¡treinta y dos años después de haber promulgado su primera Constitución democrática posfranquista! ‐ a validar las sentencias pronunciadas por la «Justicia» de la Dictadura contra cuantos lucharon para hacer posibles las libertades que hoy son constitucionales.

Es cierto que el riesgo no es sólo el cese de esta movilización una vez terminado el caso Garzón sino que ella contribuya a hacer recaer exclusivamente sobre los jueces la responsabilidad de esta vergüenza y este deshonor. Una responsabilidad que incumbe sobre todo al Gobierno y a los Partidos con representación parlamentaria; puesto que es el poder legislativo el que promulga las leyes y no el poder judicial ‐los jueces debiendo sólo interpretarlas y aplicarlas.

Es pues el poder legislativo, compuesto por el Gobierno, los senadores y los diputados, el que tiene la responsabilidad de esta ignominia histórica y la potestad para ponerle fin. Ignominia que los Partidos políticos han permitido, par cobardía moral y política, de existir y perpetuarse…

La prueba: no es únicamente la Ley (pre constitucional) de amnistía de 1977 que es invocada por la Justicia actual para rechazar la anulación de las sentencias franquistas o para no investigar los crímenes del franquismo, sino también la Ley de Memoria Histórica aprobada a finales de 2007. Esa Ley, cobarde e injusta, que no sólo no se atreve a rehabilitar a las víctimas del franquismo sino que, además, las divide escandalosamente en dos categorías al establecer una infame discriminación entre ellas: unas con derecho a una reparación económica casi catorce veces superior a las otras!

Imposible pues de olvidar que, después de la promulgación de la Ley de amnistía de 1977 y la aprobación de la Constitución en 1978, se han sucedido varios

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gobiernos (e inclusive dos gobiernos socialistas que han gobernado durante varios mandatos cada uno) sin que ninguno de ellos haya osado rehabilitar plenamente a las víctimas del franquismo.

Lo mismo puede pasar ahora si nos focalizamos en el combate judicial provocado por Garzón o en el trámite parlamentario para anular o revisar la Ley de amnistía de 1977; pues en los dos casos hay el riesgo de que pase el tiempo y la anulación de las sentencias franquistas quede olvidada una vez más.

Anulación que podría ser pronunciada ya si el Gobierno socialista o la mayoría parlamentaria actual lo quisiera verdaderamente; pues esto depende exclusivamente de su voluntad de hacerlo... Voluntad de atacarse a un tabú de la Transición, como lo hicieron los Diputados el 20 de noviembre de 2002, cuando condenaron a la unanimidad el golpe militar de 1936, o el 26 de diciembre de 2007, cuando la mayoría de ellos aprobó la Ley llamada de Memoria Histórica que declara «ilegítimos» los tribunales represivos franquistas e «ilegítimas» sus sentencias.

Cómo pues no preguntarse el por qué hoy no cambian esa ley para que ella declare esos tribunales nulos e «ilegítimos» y sus sentencias nulas, además de «ilegítimas» en Derecho. ¿Por qué, después de tantos años de excusas y tergiversaciones, no lo osan o no quieren hacerlo?

El precio de la «transición» a la Democracia...

Es verdad que la «transición» a la Democracia no pudo hacerse que a la condición de renunciar, los antifranquistas, a la ruptura institucional con la Dictadura, puesto que el antifranquismo había sido incapaz de abatir la dictadura. Y que, en consecuencia, en ese momento no estaba en posición de fuerza para reclamar la restauración de la República y oponerse a la continuidad de las instituciones del Estado franquista y de los poderes fácticos. Impotencia que explica todo lo que ha seguido desde entonces hasta el día de hoy.

Se puede pensar y decir lo que se quiera sobre el precio pagado para tener derecho a la Democracia que tenemos, pero la realidad es que la mayoría del pueblo español aceptó, sea por miedo o por interés, que ella sea lo que ella ha sido desde que esa mayoría la aprobó, en 1978, al aprobar la Constitución que define sus principios y prescribe su funcionamiento, y que nada dice del pasado ni manifieste voluntad alguna de querer mirarlo...

Por ello, cuando una gran parte de los españoles vota por los dos partidos comprometidos en este statu quo constitucional e institucional, ¿cómo esperar que los núcleos dirigentes de esos Partidos acepten de meterlo en causa?

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Porque, en efecto, la investigación judicial de los crímenes franquistas implicaría, necesariamente, poner en causa el espíritu «de paz y concordia» impuesto, por los «vencedores» a los «vencidos» de la Guerra Civil, con fondo de ruido de sables para que la llegada de la «Democracia» fuese posible. Espíritu que obligaba a los «vencidos» a olvidar las «atrocidades de la Guerra Civil» y a resignarse a la impunidad de los crímenes franquistas.

¿Cómo, pues, pretender, más de treinta años después de la desaparición de la Dictadura, poner fin a la impunidad que se les ha reconocido a los ex franquistas durante todos esos años, y, en ocasiones, hasta la honorabilidad que se les ha testimoniado al mostrarse públicamente con ellos?

Es demasiado tarde para ello y, moralmente, muy poco digno exigirlo ahora para enmendarse de no haberlo exigido antes, después de tantos años de resignación y silencio! En todo caso, no deberíamos olvidar que justicia no debe confundirse con venganza y que el rechazar ésta es lo que nos diferencia de los fascistas.

La verdadera justicia para las víctimas del franquismo

Lo que les víctimas de la represión franquista merecen, desde hace mucho tiempo, es la plena rehabilitación moral, política y judicial. Y es una infamia que estén obligadas de esperarla aún, después de más de treinta años de esta Democracia lograda ‐según nos dicen‐ gracias al espíritu de «reconciliación»... De ahí nuestro deber de movilizarnos para que ellas tengan derecho a esa rehabilitación plena que hasta ahora sólo parcialmente se les ha reconocido. Pues ni siquiera las condenas a muerte emblemáticas del presidente Lluis Companys y del poeta Miguel Hernández han sido anuladas, pese a las promesas hechas a sus familiares desde la propia presidencia del Gobierno.

A las víctimas del franquismo les debemos esto y por ello debemos denunciar a todos los que, por cobardía política y moral, tienen la responsabilidad de que esta Democracia continúe con el deshonor de validar las sentencias de los tribunales represivos de la dictadura franquista. Y más ahora, cuando el Gobierno y el Partido socialista utilizan el caso Garzón para hacer olvidar su responsabilidad en ese deshonor e incitar, a las asociaciones de víctimas del franquismo, a atascarse en el terreno judicial, para ellos ganar tiempo, cansar y desanimar a cuantos se movilizan hoy, y así mantener, cueste lo que cueste, esa infame Ley de «Memoria Histórica».

Es pues importante no equivocarse de combate, y más en este momento, cuando hay tantos que, por el eco mediático del caso Garzón, se despiertan ahora creyendo aportar su apoyo a las víctimas del franquismo a través la

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defensa del juez de la Audiencia Nacional ‐la heredera del célebre TOP (Tribunal de Orden Público) durante el franquismo. Pues, aunque las circunstancias nos obliguen a tratar de impedir que la acusación presentada contra Garzón por organizaciones fascistas consiga su objetivo, es necesario acabar con este falso combate y movilizarse, por fin, para anular las sentencias franquistas y obtener así la definitiva rehabilitación moral, política y judicial de las víctimas del franquismo. No sólo por deber de justicia sino también por deber de memoria y así poner fin a la amnesia institucional sobre la Guerra Civil, la Dictadura y los compromisos de la Transición.

¡ Gracias señor Zapatero ! (carta abierta) Publicada el 10/28/2011


Sí, gracias por lo que usted, con sus gobiernos y la ayuda de su partido, el PSOE, ha hecho en estas dos legislaturas por la memoria histórica y la rehabilitación de las víctimas de la dictadura franquista. Sin olvidar también lo que ha hecho por preservar las conquistas sociales que tantas luchas y sacrificios costaron en el pasado.

Gracias, pues, por lo bien abonado que le deja usted el terreno a Rajoy y su partido, el PP, para proseguir consolidando esta Democracia de injusticia social y de amnesia que Franco dejó "atada y bien atada". Una Democracia que, gracias a sus medidas de "estabilización", ha provocado un recorte de un 4,4% de los ingresos medios de los hogares en 2010, llevando el porcentaje de españoles que viven por debajo del umbral de la pobreza hasta el 21,8%. Es decir, según la "Encuesta de condiciones de vida" del Instituto Nacional de Estadística: ¡un avance de un punto porcentual desde 2009! Una Democracia que sigue validando vergonzosamente, más de 30 años después de la muerte del Dictador, todas las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la Dictadura contra los que luchaban por las libertades que hoy son sarcásticamente constitucionales.

Gracias señor Zapatero por irse tan satisfecho de haber aprobado esta Ley cobarde, de Memoria Histórica, que ni siquiera ha servido para anular las sentencias del presidente catalán Lluis Companys y la del poeta Miguel Hernández. Esta Ley tan infame que ha introducido y legalizado la discriminación al establecer, entre las víctimas del franquismo, dos categorías, al conceder a la

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familia de las que perdieron la vida desde 1936 hasta 1968 una reparación de un monto 14 veces inferior al concedido a la familia de las que la perdieron después de 1968 hasta 1978.

Una Ley que tampoco ha servido para "transformar" la basílica del Valle de los Caídos en ese espacio que ustedes dijeron sería de "reconciliación en el mejor espíritu de la Transición", puesto que la Comisión de expertos nombrada por su Gobierno ha decidido entregar, después del 20N, el "informe" que debía estar listo este mes. Una más de sus cobardías...

Así, Franco sigue y seguirá en el Valle de los Caídos; puesto que no será Rajoy quien decida realizar tal exhumación.

Pero el colmo de la cobardía y de la hipocresía de usted, de su gobierno y de su partido, el PSOE es la forma vergonzosa en que ustedes han actuado con Stuart Christie. Sí, ese represaliado por el franquismo a quien como usted sabe se le comunicó el 1 de diciembre de 2009, por carta de la Oficina para las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura (OVGCD), que su expediente estaba "completo” y no se iba “a requerir más documentación (el hecho alegado es la prisión y está justificada)", además de precisarle que "el plazo para adoptar una resolución termina el 10 de enero de 2010, por lo que ha de esperar a recibir la

correspondiente notificación", sin que al día de hoy casi dos años después haya recibido tal “notificación” (Certificación expedida por el Ministerio de Justicia que "acredita haber sido injustamente condenado por consejos de guerra ilegítimos" durante la dictadura franquista).

Sí, señor Zapatero, el colmo de la cobardía y de la hipocresía porque ni usted, ni la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ni el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, ni el Ministro de Presidencia Ramón Jáuregui se atrevieron a contestar a las cartas de Stuart Christie, en las que les pedía una explicación y su intervención por el irresponsable y extraño comportamiento de la OVGCD. Pero lo hicieron sirviéndose de Carlos García de Andoin, Director Adjunto del Gabinete del Ministro de Presidencia, para comunicarle, el 7 de febrero de 2011, que del Ministerio de Justicia les habían informado "que están efectivamente recabando documentación al respecto para proceder a realizar la resolución a su petición", además de incitarle a confiar "en que en próximas fechas se le comunicará, como es el proceder habitual en estos casos." Y ¿qué ha pasado desde esa fecha, señor Zapatero, se le ha comunicado a Stuart Christie "la resolución de su petición"? Usted sabe que no, que, como en el caso del Valle de los Caídos, ustedes han decidido dejar también este "caso" en manos del gobierno que salga del 20N (es

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decir: del señor Mariano Rajoy y su partido, el PP). Y ello pese a que, en el “caso” de Stuart Christe, está probado que fue represaliado por el franquismo, como lo atestigua la prensa de la época de su detención, en 1964, y todos los documentos del consejo de guerra y carcelarios hasta su indulto en 1967. Documentos todos en posesión de la OVGCD.

Señor Zapatero, ¿por qué Stuart Christie no ha recibido aún la Certificación del Ministerio de Justicia? ¿Qué razón hay para dejar este caso para después de las elecciones? ¿Por qué dejarlo en manos del señor Rajoy? Si es por cálculo lectoral, se equivocan. Al contrario, son estas canalladas con las víctimas de la represión franquista, como las cometidas con los trabajadores, las que les pasarán factura el 20N. Gracias pues, señor Zapatero, por todo lo que usted, sus gobiernos y su partido, el PSOE, han hecho en estas dos legislaturas para que la derecha franquista pueda continuar sin complejos su descarada política antisocial y su cobarde e infame "rehabilitación" de las víctimas del franquismo.

17 de octubre de 2011. Octavio Alberola

Carta abierta al candidato Rubalcaba (carta abierta) Publicada el 11/16/2011


Hace unos días leí en la prensa española que, en vísperas de su debate público con el candidato del PP, usted manifestó ante un grupo de voluntarios reunidos en la sede el PSOE y a micrófono abierto su "preocupación" por "ese sentimiento, que afecta sobre todo a la gente de izquierdas, de como si ya nada mereciera la pena, esa cosa de decir 'nos han ganado' y que llega a formulaciones del tipo: el voto no merece la pena, para qué vamos a votar..."

Es comprensible pues que, ante los pronósticos demoscópicos que incitan a pensar que ese estado de ánimo que induce a la abstención o a la infidelidad se ha instalado hasta entre "millones" de antiguos votantes socialistas, usted haya llegado a tal nivel de preocupación y de abatimiento. Lo que no es comprensible es que su abatimiento le lleve a lamentarse; pero no a asumir responsabilidades: "Si nuestra gente, nuestros votos, se quedan en casa porque creen que no valen para nada, entonces sí que la izquierda tiene un problema."

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Sí, señor Rubalcaba, no es comprensible ni honesto que quiera echarle la responsabilidad de tal fiasco a la izquierda y no a su partido, el PSOE, y los dos gobiernos en los que usted ha participado. Pues usted sabe muy bien que son su partido, el PSOE, y los gobiernos socialistas de estas dos últimas legislaturas los responsables de que "millones" de antiguos votantes socialistas no quieran votarles hoy y de que todos sus esfuerzos, por obtener el voto útil de los votantes de izquierda hacia su candidatura, sean inútiles.

Sí, señor Rubalcaba, no es sólo la política antisocial implementada por el gobierno socialista en esta última legislatura que les es reprochada, sino también su cobardía a proceder a la "completa rehabilitación de las víctimas de la dictadura franquista", que ustedes habían prometido hacer al anunciar en 2004 la creación de la Comisión Interministerial para tal objetivo. Una promesa que sigue incumplida tras casi doce años de gobiernos socialistas y pese a esa Ley de 2007 con la que ustedes dijeron se alcanzaría tal objetivo.

Sí, señor Rubalcaba, todas las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la Dictadura contra los que luchaban por las libertades que hoy se proclaman constitucionales siguen sin ser anuladas. Miles de fusilados enterrados en fosas comunes siguen "desaparecidos" y nada se hace oficialmente por localizarles. Franco seguirá en la basílica del Valle de los Caído, la simbología franquista volverá a exponerse en calles y plazas, y yo seguiré esperando que la Oficina para las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura (OVGCD), creada en virtud de la Ley de "Memoria Histórica", siga sin entregarme la notificación de represaliado del franquismo que se me anunció recibiría a más tardar el 10 de enero de 2010, como usted sabe muy bien.

Esa "notificación", ese papelucho que se limita a reconocer a los represaliados del franquismo el haber sido "injustamente" condenados por "tribunales ilegítimos" y con el que ustedes pretenden cubrir su cobardía a anular las sentencias pronunciadas por los tribunales franquistas.

Sí, señor Rubalcaba, ninguna de estas promesas las cumplirán ya, puesto que todo evidencia que intencionalmente no han querido cumplirlas, y puesto que es obvio que no será el gobierno del señor Rajoy que las cumplirá en lugar de ustedes. No se sorprenda pues, señor Rubalcaba, de que sean muchos los millones de españoles que se sientan engañados por ustedes y que hoy les pasen factura.

En lo que me concierne, señor Rubalcaba, le diré que no me siento engañado. La trayectoria del PSOE durante la "transición" y las políticas de los gobiernos

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socialistas, de Felipe González y de Zapatero, me habían convencido de la sumisión de los socialistas españoles a los poderes fácticos.

No esperaba pues que en mi caso no siguiera tal sumisión; pero menos aún que intentaran disimularla con las grotescas e indignas excusas que ustedes me han dado para dejarlo pendiente de resolución al gobierno del Partido Popular.

13 de noviembre de 2011

Atentamente

Stuart Christie

Juzgar a los torturadores, ¿será suficiente? Publicado el 11/06/2013


Según informa la prensa de hoy, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz “ha retirado el pasaporte y ha prohibido salir del territorio nacional" al ex inspector Antonio González Pachecho, alias Billy el Niño, y al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar. Los dos miembros del aparato represor franquista aún vivos, de los cuatro que la juez argentina María Servini de Cubria ha imputado recientemente por el delito de torturas en los últimos años del franquismo, y contra los que ha solicitado una orden internacional de detención. Las medidas impuestas a los dos ex agentes, que incluyen la "obligación de comparecer semanalmente en la Audiencia Nacional o en el juzgado más próximo a su domicilio", han sido decretadas por el juez Ruz "en conformidad con lo solicitado por el fiscal, Pedro Martínez Torrijos".

La citación de los dos ex mandos policiales franquistas se ha producido después de que el Consejo de Ministros decidiera, el pasado viernes, continuar los trámites legales del proceso de extradición solicitada por la justicia argentina para que la juez Servini de Cubría pueda tomarles "declaración indagatoria".

Lo ocurrido hoy en la Audiencia Nacional es el resultado de las denuncias presentadas en Argentina, desde 2010, por las familias de las víctimas de la represión franquista ante la falta de progreso de las causas contra estos agentes en España. Un resultado que ha sido posible porque la Justicia argentina ha tomado en consideración el criterio de "justicia universal" utilizado por el juez Baltasar Garzón cuando investigó en España, a finales de la década de los noventa del pasado siglo, a los criminales de las dictaduras de Argentina y de Chile de los años 1976‐1983 y

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1973‐1990 respectivamente.

Pero también es ‐ como lo ha declarado hoy frente a la Audiencia Nacional una de las víctimas del bestialismo de esos torturadores ‐ un "sueño hecho realidad" que ha sido posible gracias a la obstinación de las asociaciones de represaliados en proseguir las denuncias judiciales en Argentina después del fracaso de la tentativa de hacerlo en España con Garzón.

Un "sueño hecho realidad" que los miembros de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) quisieran repetir con el ex ministro Martín Villa.

¿Se realizará este "sueño"? ¿Serán extraditados a Argentina los dos ex agentes franquistas para que les interrogue la juez Servini de Cubría? ¿Los juzgará y condenará la Justicia argentina?

Por lo sucedido hoy en la Audiencia Nacional, tanto en el despacho del juez Ruz como en la calle, pocas esperanzas pueden alentarse. El hecho de que la juez haya dejado en libertad a los dos ex mandos de la Policía y la Guardia Civil, y que los agentes de la Policía y de la Guardia Civil, que guardaban el edificio, hayan alejado a empujones y con amenazas de multar a los integrantes del grupo de víctimas del franquismo que reclamaba justicia, induce más bien a pensar que ni ese “sueño” se repetirá, ni serán extraditados, juzgados y condenados esos dos ex agentes franquistas.

Además, aunque en los próximos días, semanas, meses o años, ese "sueño" llegara a repetirse y hubiera extradición, juicio y sentencia, sería la Justicia argentina y no la española la que finalmente juzgaría y condenaría (o no) a los torturadores y responsables de la represión franquista que aún queden vivos. Es decir, que tendríamos que asumir la vergüenza de nuestra impotencia por no haber sido capaces de poner fin a la continuidad del franquismo en las Instituciones del Estado.

Desgraciadamente, el que el juez Ruz se haya visto obligado a actuar a petición de la juez argentina evidencia ya esa impotencia. Una impotencia cuya responsabilidad incumbe principalmente a la clase política española que se pretende "progresista": tanto por aceptar este estado de cosas en la oposición como por su cobardía a cambiarlo cuando ejerció funciones de gobierno.

Ante una tal situación, ¿que hacer?

Por supuesto, todo lo que se haga por recordar y rehabilitar públicamente a las víctimas de la represión franquista tiene su valía y debemos continuar haciéndolo… Lo peor sería enterrar la memoria de su lucha con nuestro silencio... Pero me parece que no se conseguirá preservar esa memoria dejándola en manos de la Justicia (sea

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la argentina o la española); pues un acto judicial entierra la memoria más que la preserva.

El combate de la memoria no debe ser para castigar, aunque sea simbólicamente. El castigo, y más si es judicial, es una venganza. El objetivo de la memoria debería ser

el de interesar a las nuevas generaciones en lo que fue aquella lucha, para que no haya amnesia histórica y los Poderes responsables de aquella tragedia no sigan decidiendo el ordenamiento de la sociedad.

El recurso a la Justicia, como lo hicimos los libertarios con las demandas de revisión de las sentencias pronunciadas por los tribunales franquistas, era para romper la amnesia impuesta por la “transición” y obligar a los partidos políticos “progresistas” a asumir su responsabilidad…

El “proceso de memoria histórica” se puso en marcha y esos partidos no supieron ir más lejos de esa cobarde e hipócrita Ley, parida por un gobierno socialista, que ni siquiera sirve para anular las sentencias franquistas. No obstante, eso demostró que el combate, aunque deba pasar en algún momento por lo judicial, es político y que es a los políticos de asumir la responsabilidad del resultado del mismo. Y a nosotros de obligarles a asumirlo.

Desgraciadamente, la situación es la que es , y por ello se impone ahora, cuando comienza el tiempo de las promesas, de no olvidar lo que esos políticos no tuvieron el valor de hacer cuando tuvieron en sus manos el poder de hacerlo.

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Octavio Alberola