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GOBIERNO Y MOVIMIENTO INDÍGENA: OBSTÁCULOS PARA UN ACUERDOa1Por Mario Melo. Abogado. Profesor de Derecho en la Universidad Andina Simón Bolívar y en la PUCE. Asesor de la Fundación Pachamama.
PELIGROSO JUEGO:ECONOMÍA Y DIÁLOGO DE SORDOS.a2Por Julio José Prado. Economista, Profesor full-time e investigador en IDE Business School.
SOBRE LA LIBERTADa3 Por Xavier Flores. Abogado especialista en Derechos Humanos.
ESTRATEGIA CRIOLLLAa4 Por Jaime Rumbea. Politólogo especialista en estrategia corporativa.
UNA VERDAD A “MEDIOS”a5 Por Luigi Guerrón. Periodista.
“GRAN ACUERDO NACIONAL” EN ESTA EDICIÓN 5 ARTICULISTAS (a)
Introducción Se habla desde siempre en el Ecuador del “Gran Acuerdo Nacional”. Ante el ofrecimiento del gobierno de abrirse a las propuestas fundamentadas en necesidades legítimas y no en la “obstrucción”, el “chantaje” y la “extorsión”, como ha denominado sistemáticamente el Presidente de la República a las declaraciones públicas de la oposición en los últimos dos años, resulta una necesidad para quienes leen la política nacional poner en perspectiva lo que supone ese Gran Acuerdo Nacional.
Rafael Correa dijo que si en los comicios de abril 2009 salía reelegido, lo cual logró en una sola vuelta electoral, apelaría a la “madurez política nacional” para llegar a acuerdos con los distintos grupos que conforman el mapa político ecuatoriano. Es difícil encontrar signos en ese sentido.
¿Hubiera precipitado ese tan cacareado Gran Acuerdo Nacional una segunda vuelta, al darle más claro liderazgo popular a la oposición? Es una hipótesis no menos difícil de responder.
Igual o más que nunca, el Gran Acuerdo Nacional es incierto. La presente publicación busca echar luz sobre su factibilidad política, su utilidad, sus beneficios y los bemoles que tendría de conseguirse.
Cinco profesionales presentan en esta primera edición de PODERES sus miradas técnicas sobre el tema: Un Abogado especializado en temas étnicos, un Analista Económico, un Abogado especializado en Derechos Humanos, un Politólogo especializado en estrategia y un Periodista.
Invitamos a considerarlas para enriquecer y profesionalizar el debate político.
| AGOSTO | 2009 | EDICIÓN # 1
Gran Acuerdo Nacional
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PODERES - La Publicación consiste en una plataforma electrónica de frecuencia bimestral cuyo objetivo principal es dar a conocer las opiniones e investigaciones que se generan a nivel regional, nacional e internacional en el campo de la política. Además pretende ser un foro que reúna las preocupaciones, debates, y proyectos actuales en torno a los diferentes tópicos que abarca dicho campo. Cada edición presenta lecturas profesionales sobre un sólo tema o debate político, cada una desde la perspectiva analítica propia de su autor.
PODERES - La Publicación es una iniciativa de PODERES - Inteligencia Política
la publicación
El Contenido de los artículos es el análisis y la perspectiva de cada autor ycompromete su exclusiva responsabilidad. La opinión de poderes se expresaúnicamente en su Introducción.
Gobierno y movimiento indígena: Obstáculos para un acuerdoEn los momentos por los que atraviesa la Patria, la necesidad de un acuerdo nacional entre distintas fuerzas políticas está fuera de discusión. Un Presidente de innegable liderazgo como Rafael Correa, sería el llamado a convocar a diversos sectores nacionales con el objetivo de construir un conjunto de consensos que garanticen gobernabilidad. Las bases han sido ya senta-das en la Constitución que nos rige y que fue aprobada ampliamente en referéndum.
Un acuerdo de tal naturaleza no puede excluir a nadie, mucho menos al movimiento indígena, actor protagónico de la política desde la década de los noventa y permanente impulsor del cambio social.
Sin embargo, las posibilidades de un acuerdo, en la coyuntura aparecen remotas.
En el presente trabajo reflexionamos respecto a obstáculos conceptuales que podrían estar impidiendo o dificultando la construcción de consensos entre Go- bierno y Movimiento Indígena.
2. La construcción del disensoEl inicio del primer gobierno de Rafael Correa estuvo marcado por un ritual indígena.1
Algunas palabras dichas en Kichwa, bordados andinos en la camisa, aparecían como síntomas de cierta afinidad o simpatía del mandatario hacia los pueblos ancestrales.
Un gobierno de retórica izquierdista debiera haber visto en el movimiento indígena un aliado natural, más aún cuando apostó todo por una alternativa política que la CONIAE venía esgrimiendo como bandera de lucha desde hacía una década: la asamblea constituyente. Sin embargo, desde un principio las relaciones entre el gobierno de la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena, fueron, por decir lo menos, tibias.
Ya en el curso de la Constituyente, las posiciones de la mayoría oficialista generalmente fueron apoyadas por el pequeño bloque de Pachacutik. Hubieron concor-dancias de fondo entre las propuestas constitucionales levantadas desde el oficialismo y las aspiraciones indígenas: la invocación a la Pachamama en el preám-bulo constitucional como símbolo de respeto a la diversi-dad, la orien- tación general de los procesos de desarrollo hacia el “buen vivir” o Sumak Kawsay y en general, la concepción de una constitución fundamentalmente garantista de derechos.
Cuando el proceso constitucional fue arribando a momentos definitorios y el debate se centraba en los temas clave, las diferencias se fueron evidenciando. El punto de quiebre se produjo respecto al consentimiento libre, previo e informado que la CONAIE reivindicaba como un derecho colectivo internacionalmente recono-cido a favor de las comunidades afectadas por proyectos extractivos de recursos naturales en su territorio y que el Presidente de la República no estuvo dispuesto a aceptar que este sea incorporado en la nueva Constitución.
El discurso del gobierno del Socialismo del Siglo XXI topó techo cuando se trató un derecho cuyo recono-cimiento afectaba directamente los intereses transnacio-
nales beneficiarios de las industrias mineras y petroleras en cuya ampliación cifra el Gobierno las esperanzas de financiamiento para su proyecto político de largo plazo. Entonces, la retórica presidencial cambió. Se volvió dura, áspera, descalificadora hacia los indígenas. A veces incluso sarcástica y degradante como cuando el Presidente cantó en cadena nacional “que se vaya, que se vaya…” Pachacutik de la mayoría oficialista.
Luego del exabrupto presidencial, la CONAIE no tuvo más alternativa que declararse opositora y los asam-bleístas de su brazo político Pachacutik, asumieron una independencia crítica que se tradujo en votar con la mayoría solamente cuando la decisión votada benefi-ciaba la agenda social respaldada por la CONAIE.
Sin derecho a discrepar, quien no asumía obediente la consigna dictada a viva voz por el mandatario convertido en mandante de los asambleístas, era tachado de oposi-tor, denigrado (ecologista infantil, cuatro gatos que cuando en las elecciones no sacan ni el 2%...) y excluido.
Con todo y eso, al final la Plurinacionalidad fue inclu-ida en la nueva Constitución, los derechos colectivos indígenas fueron mantenidos, incluso con algunos avances y se consiguió dar pasos adelante de especial trascendencia como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, no como fruto de una voluntad política de concertar y construir un acuerdo nacional, al menos con los sectores progresistas, sino gracias a la capacidad de incidencia que sobre la Asamblea ejercieron los sectores interesados.
3. El Periodo de TransiciónMal que bien, más allá de cualquier duda, el pueblo aprobó masivamente en referéndum la Constitución de Montecristi y se dio paso a un nuevo capítulo, el periodo de transición, en el que el ejercicio del poder guberna-mental se expresa a través de la elaboración de un marco legal secundario para la nueva institucionalidad y para la agenda de prioridades del Presidente.
La Ley de Minería, una de las primeras leyes aproba-das en esta nueva etapa, permitió ver lo que iba a hacer el poder con los avances constitucionales de 2008: nada. El Sumak Kawsay pasó de largo; los derechos de la naturaleza ignorados; el derecho al agua desvirtuado; la plurinacionalidad un membrete y los derechos colectivos indígenas un obstáculo. El Estado quiere un país para la minería transnacional a cielo abierto y a gran escala y la razón de Estado prima, una vez más, como antes, como siempre, sobre la letra y el espíritu de la Constitución.2
Nuevamente, la CONAIE fue el actor socia encabezó la resistencia. Una movilización nacional en febrero sin
mucho eco; una demanda de inconstitucionalidad como para testar al nuevo órgano tutelar de los derechos, la Corte Constitucional. En seguida la respuesta furibunda desde Carondelet: los dirigentes del paro indígena, descalificados y denigrados en cadena nacio-nal mientras que en el juicio de inconstitucionalidad el abogado de la Presidencia hace su defensa afirmando que pretender que haya un proceso de consulta especial para las nacionalidades indígenas (aunque así lo diga la Constitución) es discriminatorio.3
Sin embargo, el 12 de mayo de 2009, Rafael Correa, en el sepelio de la emblemática dirigente indígena Tránsito Amaguaña se comprometió públicamente a “radicalizar la lucha del gobierno para acabar con el estado de injusticia, desigualdad e inequidad de los pueblos indígenas”.4 Solo cuatro días antes, el 08 de mayo5, su Ministro de Minas y Petróleo había autor-izado inconsultamente el reinicio de las operaciones petroleras en los Bloque 23 y 24 a las que el Pueblo de Sarayaku y las Nacionalidades Shuar y Achuar viene oponiéndose desde finales de los noventa y respecto a los cuales hay decisiones de organismos internaciona-les de derechos humanos que amparan a los indígenas.6
Cuánta contradicción en un gobernante que siendo usuario de la ritualidad, la estética y la lengua indígena no es capaz de interlocutar con las naciona-lidades y pueblos ancestrales sobre la base de los derechos que ya les han sido reconocidos, para consultarles, en un proceso formal, de buena fe y en especial a través de sus instituciones representativas, tal como dispone el Convenio 169 de la OIT, respecto a los temas que les afectan.
4. ¿Cómo ve el Gobierno a losindígenas?Parecería haber una suerte de obstáculo conceptual que impide al gobernante ver en los indígenas un sujeto, pensante y actuante, capaz de ejercer derechos y contraer compromisos. Ese obstáculo, que anula la posibilidad de acuerdos políticos, queda evidenciado en una decisión presidencial que se ha levantado como un muro entre gobierno e indígenas.
El 12 de junio de 2009, el Presidente de la República suscribió el Decreto Ejecutivo No. 1780 que autoriza la suscripción de un contrato entre el Estado y las misio-nes religiosas católicas por el cual éstas se comprom-eten “A trabajar con todo afán en pro del desarrollo, fortalecimiento de las culturas, evangelización e incor-poración a la vida socio-económica del país, de todos los grupos humanos que habitan o habitaren dentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado, exaltando los valores de la nacionalidad ecuatoriana”.
Evidentemente varias de las misiones a las que se va a contratar vienen trabajando por décadas o centurias con indígenas, eso no es novedad. Lo que sí llama la atención por anacrónico es que haya jurisdicciones territoriales encomendadas a su cuidado dentro de las cuales haya grupos humanos a los que deban, por contrato, evangelizar e incorporar a la vida socio-económica del país. ¿Cómo conjuga eso el Gobierno nacional con la Plurinacionalidad y el derecho a la autodeterminación que garantiza la Constitución?
Mario Melo
Un gobierno de retórica izquierdista debiera haber
visto en el movimiento indígena un aliado natural
a1
1. Un acuerdo nacional necesario
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Parecería haber una suerte de obstáculo conceptual que impide al gobernante ver en los indígenas un sujeto, pensante y actuante,
capaz de ejercer derechos y contraer compromisos
En algún momento todos somos oferta y todos somos demanda. Entonces solo era cuestión de tiempo: o los empresarios se volvían más positivos, o los consumidores se volvían más negativos…
Peligroso juego: economía y diálogo de sordos
Peor aún, de acuerdo al referido decreto, las misiones serán contratadas para sostener y organizar con el apoyo de las entidades del Estado “comunas y cooperativas con los diferentes núcleos humanos de su influencia, asegurándoles zonas de asentamiento comunitario, muy especialmente en las proximidades fronterizas de las provincias Amazónicas y Esmeraldas, apoyando y fomentando la apertura de caminos de penetración a esas zonas”. Cuán pobre será la visión que tienen los gobernantes respecto de los procesos político- organiza-tivos de los indígenas y campesinos como para que se sientan en la necesidad de contratar a la misiones para que les organicen y asignen territorios.
Más perversa aún aparece la idea de que las misiones jueguen el rol de fomentar caminos de penetración a las zonas de frontera. No olvidemos que en la frontera está, por ejemplo, la Cordillera del Cóndor donde se libra un conflicto entre los Shuar, propietarios ances-trales de los territorios y las empresas mineras que quieren penetrar en ellos, para lo cual necesitan cami-nos. Precisamente allí, misioneros salesianos han venido promoviendo la defensa de los derechos territo-riales de los indígenas frente a la minería transnacio-nal. ¿Por qué deberían cambiar su rol al de fomentado-res de caminos de penetración?
En el fondo, lo que expresa el Decreto 1780 es que, respecto de los indígenas y campesinos pobres, la posición del gobierno del Socialismo del Siglo XXI se parece atávicamente a la del Conservadorismo del Siglo XIX. Los mira como víctimas de alguna clase de minus-valía que los vuelve seres necesitados de amparo y tutelaje. Esto choca y repugna a una ética contem-poránea fundada en los derechos humanos y que hoy en nuestro país se expresa, gracias a la permanente lucha y movilización de la CONAIE y de otros movimientos sociales a lo largo de décadas, en una Constitución que proclama al Ecuador como un Estado Constitucional de derechos y justicia, intercultural, plurinacional y laico.
5. El acuerdo nacional como un retoEl Gobierno del Presidente Correa está llamado a revisar permanentemente su lectura del país. La coyuntura de inicio de un nuevo período presidencial puede ser propi-cia para grandes cambios de timón.
La construcción de un acuerdo nacional no excluyente con diversos sectores es un imperativo para la profun-dización de la democracia. Pero ese acuerdo es impo-sible mientras no haya un reconocimiento desde el poder, de la capacidad de interlocución de los otros sujetos políticos y sociales, no como meros lzados en la Asamblea, sino como titulares de derechos.
El autoritarismo no requiere acuerdos programáticos, se conforma con mayorías negociadas por cargos o preben-das. Un gobierno genuinamente democrático y progre-sista, requiere de grandes acuerdos nacionales sobre un programa mínimo que ya fue definido en Montecristi y elevado a la categoría de texto constitucional.
No se requiere de mucho. Solo de aceptar con humildad los errores, olvidar la prepotencia, descender de la nube y asumir que en un país plural, todos tienen una palabra para decir y el derecho a ser escuchados con respeto.
Julio José Prado
Desde hace casi 6 años, el Dpto. de investigación del IDE en base a encuestas de Informe Confidencial (800 encuestas en Quito y Guayaquil en forma aleatoria), viene calculando el Índice de Expectativas de Consumo, que mide las percepciones de los consumi-dores frente a la economía. En términos sencillos y muy resumidos, cuando el IEC supera los 100 puntos hay mayores expectativas positivas, y vicerversa (cuando cae bajo 100).
Con el nuevo Gobierno, vinieron nuevas esperanzas y nuevos ofrecimientos, todo esto de la mano de una excelente campaña de propaganda de las nuevas autori-dades, contribuyeron al crecimiento de las expectativas de los consumidores. Desde finales de 2006 hasta los primeros meses de 2007, sucedió algo que rompió cualquier proyección. Por primera vez (desde que comenzamos a calcularlo), el IEC superó la barrera de los 100 puntos; los consumidores nos estaban diciendo que sus expectativas económicas eran mayoritariamente positivas. Si se hacía un corte de la serie, por ejemplo, en abril del año 2007 cuando el IEC alcanzó los 112 puntos, y viendo la fuerza con la que las expectativas de los consumidores venían creciendo, se podía esperar que la economía creciera también en forma vigorosa, pero lastimosamente los actores económicos parecían listos a unirse a la fiesta. Algunos grupos empresariales habían
mostrado cierto escepticismo frente al discurso Oficial. Para tratar de medir las percepciones de los empresarios, el Dpto. de Investigación del IDE, llevó a cabo una serie de encuestas online entre diferentes grupos de empresa-rios. Claro está que estos resultados reflejan solo la percepción de un grupo de empresarios de Quito y Guayaquil, y no se pueden generalizar, pero creemos que es una buena aproximación para saber lo que opinan personas vinculadas a grandes y medianas empresas (más de 300 empresarios respondieron).
Al ver estos números, que reflejan visiones tan distintas, quedó claro que estábamos ante dos países, y teníamos un gran problema, porque tal como lo comentamos en nuestros análisis de aquella época, esa división tan profunda entre consumidores y empresarios no se puede mantener durante mucho tiempo, porque todos somos parte de la misma economía. En algún momento todos somos oferta y todos somos demanda.
Entonces solo era cuestión de tiempo: o los empresarios se volvían más positivos, o los consumidores se volvían más negativos… lógicamente cruzamos los dedos para que fuera la primera, pero eso no fue suficiente.
Avivando el fuego…Cruzar los dedos para que los empresarios se vuelvan más positivos, no fue suficiente, porque los señales de la economía fueron confusas (o demasiado claras,
según se quiera ver). Inflación creciente, bajo creci-miento económico, no negociación de tratados comer-ciales con EEUU, Asamblea Constituyente, política comercial restrictiva, declaraciones agresivas para la Inversión nacional y extranjera, entre varios otros temas crearon temores entre los inversionistas priva-dos del Ecuador.
Tabla 1. Abril/Mayo 2007: ¿Cómo cree que estará la economía del país el próximo año?
MEJOR PEOR
EMPRESARIOS 8% 62%CONSUMIDORES 60% 7%
Fuente: IDE
a2
Referencias 1 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/zumbahua-espera-a-correa-para-posesion-256033-256033.html
2 Ver al respecto Acosta, Alberto ¿Hace agua la Constitución de Montecristi?. Julio 2009. http://www.llacta.org/notic/2009/not0001.html
3 Ver Escrito de Contestación a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Minera, presentado por Alexis Mera Giler, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República ante la Segunda sala de la Corte Constitucional en el caso No. 0008-09-IN (fojas 163 y siguientes)
4 http://kintto.obolog.com/ecuador-transito-amaguana-rafael-correa-movimiento-indigena-253372
5 Oficio No. 0147 DPG-DM/179-SJ-ALE-2009
6 Medidas Provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 6 de julio de 2004, en el caso del Bloque 23. Reclamación en la que se alega el incumplimiento por Ecuador del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL). Resolución del Consejo de Administración de la OIT. 2002 (Bloque 24).
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Tabla 2. Abril/Mayo 2008: ¿Cómo cree que estará la economía del país el próximo año?
MEJOR PEOR
EMPRESARIOS 9% 62%CONSUMIDORES 24% 35 %
Cuando estamos en bonanza el Estado debe proporcionar el ambiente adecuado para la competencia y la productividad, y estar vigilante
porque los mercados son propensos a las burbujas
Fuente: IDE
Tabla 3. Abril/Mayo 2008: Percepción de los empresarios
¿Cómo está la economía del paísrespecto al año pasado?
¿Cómo están las ventas de suempresa respecto al año pasado?
MEJOR 3% 43%PEOR 82% 23 %
Fuente: IDE
Tal como se puede apreciar en la tabla 2, durante el año 2008 los empresarios se mantuvieron muy negativos continuando con la tendencia del año 2007, pero la nove-dad fue que los consumidores se sintieron bastante más negativos. Eso lógicamente iba a reflejar un problema en el dinamismo de la economía, a menos que hubiese una intervención específica del Gobierno. ¿Por qué?
Cuando hay problemas, la racionalidad y la lógica económica nos dice que debemos reducir el gasto, consumir menos, tomar menos riesgos e invertir menos, hasta que las cosas vuelvan a su rumbo. Esa decisión que es tan acertada en cada familia y en cada empresa, cuando se multiplica por miles o millones al nivel de un país, genera menos dinamismo económico, más desem-pleo, y caída de los ingresos, que finalmente terminan por afectar a las mismas familias y a las mismas empresas. Lo que sirve y es lógico a nivel micro, no siempre lo es a nivel macro. ¿Cómo romper esta trampa económica?
Ahí es donde el Estado entra en escena. Es el único agente económico que tiene clara la película a nivel “macro”, pues tanto las familias cuanto las empresas van a velar siempre por sus intereses individuales (“micro”). Gracias a los ingresos que ha recolectado vía impuestos (o como en Ecuador vía producción petrolera) el Estado, tiene la capacidad de revertir los ciclos económicos adversos, y enviar señales positivas a las familias y a las empresas que no quieren consumir o invertir. Los merca-dos y los Gobiernos, están interrelacionados y no pueden funcionar el uno sin el otro. Cuando estamos en bonanza el Estado debe proporcionar el ambiente adecuado para la competencia y la productividad, y estar vigilante porque los mercados son propensos a las burbujas (creo que hoy por hoy de eso no queda duda). Cuando estamos en crisis, se vuelve el aliado directo del mercado, invirtiendo y llenando los vacíos que está dejando la actividad privada. Podríamos resumir la participación del sector público en la siguiente frase: La intervención del Gobierno en la economía es como un bisturí, si se utiliza adecuadamente, corta el tejido dañado y salva al paciente; si se utiliza mal, genera más daño del inicial, corta donde no debe, y mata al paciente. ¿Qué pasó en el Ecuador durante el 2008?
Justamente eso. El Gobierno tuvo ingresos extraordi-narios gigantescos producto de un precio de petróleo que estuvo por la nubes, y eso sirvió para mantener un gasto público alto que se fue canalizando tanto por el lado de la inversión, como por el lado de sueldos y salarios. En definitiva el gasto del Gobierno creció en un valor cercano al 60% entre 2007 y 2008. Por eso es que el resultado económico del año pasado fue muy bueno para la mayoría de empresas; el Gobierno reemplazó la caída en la actividad privada y la inversión. Esa es una buena noticia en el muy corto plazo pues significa que la recesión económica podía haber sido peor de lo que se está sintiendo hoy por hoy. Pero para ser objetivos, hay decir que un gasto de gobierno más alto no soluciona todos los problemas, solo los pospone. El motor de la
economía (aquí y el cualquier parte del mundo) es el sector privado, y si las empresas no encuentra la motivación y los incentivos adecuados para invertir, ampliar las producción y quedarse en el Ecuador estamos generando un vació económico que más temprano que tarde nos pasa la factura.
Aquí nos queda una lección muy clara: las expectati-vas (y los incentivos) son importantes, porque son las que dan forma a las decisiones económicas. Nada ganamos si es que los consumidores son muy positivos y los empresarios muy negativos, es más, tenemos mucho que perder como sociedad si estas dos visiones se mantienen porque la evolución económica nos ha permitido saber y constatar que no existe ninguna posibilidad de que el Gobierno asuma el papel de la empresa privada, al menos no si es que lo que se quiere es una economía próspera y competitiva.
El país mal. ¿Y tu empresa? Bien, gracias. Los empresarios que encuestamos, creen en su gran mayoría (82%) que la economía del país está mal con respecto al año pasado. Cuando hacemos la misma pregunta pero haciendo referencia a las ventas de su empresa, solo el 23% nos dice que están peor y el 43% dice que están mejor. Aquí hay algo extraño. ¿Cómo puede estar mal la economía y bien la empresa? ¿No son todos parte de la misma economía? Es por este tipo de hechos, que resulta tan complicado analizar la economía ecuatoriana… y es por eso mismo que resulta tan complicado hacer estrategia empresarial.
Nuestra explicación (limitada por el asombro ante los resultados), es que este es un efecto directo de haber fomentado, tolerado o permitido, la polarización de la economía entre consumidores y empresarios, entre ricos y pobres, entre los buenos y los malos. Es un círculo vicioso que se viene cocinando desde hace mucho, pero puede estar encontrando un caldo de cultivo para desarrollarse y crecer en los últimos años.
Este resultado, sugiere que los empresarios crean una barrera muy clara entre lo que es la economía del país, y lo que es su empresa. Esto es peligroso para el desarrollo del Ecuador porque implica que algunos empresarios han perdido la confianza en el Gobierno (en el actual y en los anteriores), y están dispuestos a seguir sus activi-dades privadas, “sin importar lo que hagan los políti-cos”. “Allá la economía, aquí mi empresa”. Eso puede ser una muestra de lo emprendedores y aguerridos que
son nuestros empresarios, quienes saben sobreponerse y pasar por encima de cualquier obstáculo, pero lamen-tablemente esta es la receta de un desempeño económico mediocre a nivel de país.
Un gran riesgo y una luz.Thomas Friedman en su famoso libro “La tierra es plana”, da las pautas de por qué ese comportamiento es tan peligroso. En pocas palabras, dice que la diferencia entre los países que crecen y los que se quedan atrás, son tres cosas: reformas al por mayor (macroeconomía), reformas al por menor (microeconomía), y los “intan-gibles”. Friedman, le da mucha importancia a estos intan-gibles y sostienen que esa es la verdadera semilla del desarrollo de los países; entre ellos se incluye: una clase política menos corrupta, un Gobierno dispuesto jugarse por objetivos de largo plazo, unas élites dispuestas a poner sus intereses a un lado, y una población con una cultura de proactividad y trabajo fuerte (entre otros temas).
Por lo tanto el riesgo de profundizar la polarización entre dos países, está muy claro. Todavía tenemos cierta estabilidad macro pero el tiempo se agota, hemos hecho poco en la parte micro, y si continuamos por esta senda habremos perdido la batalla en la parte de intangibles. Todos somos culpables. El Gobierno, que no busca el diálogo con los empresarios y envía señales e incentivos errados; los empresarios, que han aprendido a trabajar en solitario y se niegan a dar el primer paso para acercarse al Gobierno; las élites, que pocas veces se han sentado a ver más allá de sus intereses particulares; el pueblo que ha aprendido a vivir en el corto plazo y el paternalismo; y así podríamos seguir…
No todo es malo. La oportunidad de cambio que nos otorga el escenario actual es interesante, porque pocas veces se había visto un Gobierno con tanto apoyo popu-lar. La gente tiene ganas de creer, de cambiar, y eso se refleja en los índices de expectativas que hemos presen-tado en este documento. Si encaminamos en forma adecuada esas expectativas positivas podemos dar un giro en la economía. Para eso es importante entender que el Gobierno, los empresarios y los consumidores forman parte de la misma economía, y que nada pueden lograr trabajando aislados. Lamentablemente el calendario
político, que vive del corto plazo, no es lo mejor para una economía que debería pensar un poco más allá de la siguiente elección presidencial…
Referencias
Friedman Thomas, The World is Flat, Farrar Straus & Giroux
Ideinvestiga.com, Indice de Expectativas de Consumo,series históricas.
Rodriguez María José, El alien de los dos países, Revista Perspectiva IDE.
Prado Julio José, Empresarios de Marte Consumidores de Venus, Revista Perspectiva IDE.
Prado Julio Jose, Expectativas en el Verano 2007, Caso de Estudio, IDE.
BCE, Encuestas de confianza empresarial, varios números.
Porter Michael, On Competition, HBS
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IntroducciónEste artículo discute, en principio, el concepto de libertad a partir del uso que del mismo han hecho en sus discursos las autoridades de la M. I. Municipali-dad de Guayaquil. Este concepto de libertad que postulan las autoridades del Gobierno seccional local lo relaciono con el concepto de “liberalismo conser-vador”, concepto éste que procedo a contrastarlo con el concepto de “liberalismo igualitario” que subyace al texto constitucional y al discurso de las autoridades del Gobierno central. A partir de este contraste, reflexiono sobre las posibilidades de alcanzar una “deliberación política legítima” que promueva acuer-dos nacionales con relación al concepto de libertad y, en general, con relación a cualquier otro asunto de interés público. A este efecto se refieren, en principio, las dificultades para cumplir con este propósito y, enseguida y de manera somera, las condiciones que harían posible esta “deliberación política legítima”, a cuya concreción deben orientarse las acciones de la sociedad civil.
El concepto de libertad en el discurso delGobierno seccional localLas autoridades del Gobierno seccional local suelen invocar a la libertad como un atributo de los habitan-tes del territorio que administran1. Sin embargo, podrían argumentarse algunas críticas a las restric-ciones a la libertad que las regulaciones del Gobierno seccional local (por acción o por omisión) imponen a los habitantes del territorio bajo su administración. Podría sostenerse, en principio, que existen graves restricciones al uso ciudadano de los espacios públi-cos, en particular, en el espacio al que se ha dado en llamar “Zona Regenerada” en la que se coartan, de manera habitual, varios derechos civiles que la Constitución nos garantiza (los derechos a la libertad de reunión, de expresión, de circulación, a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la protesta) al amparo de anchos términos tales como “orden público”, “bien común” y “buenas costumbres” que constan en ordenanzas del cantón Guayaquil. A esta crítica por acción podría sumársele una crítica por omisión, una que refiera el hecho cierto de que ninguna de las ordenanzas del cantón Guayaquil establece la posibilidad de los habitantes del cantón de participar con su opinión, o de cualquier otra manera, en la discusión o en la ejecución de la política y la obra públicas que el Gobierno seccional local pretende aplicar, o aplica en el cantón.
El discurso de libertad del Gobierno seccional local como un discurso “liberal conservador”Carlos Santiago Nino describe el discurso “liberal conservador” como aquel “que pone énfasis en la defensa del mercado libre y de la propiedad privada”2 y que “está impedido de criticar pautas y convencio-nes sociales”3. A este discurso “liberal conservador”, Carlos Santiago Nino le opone el discurso “liberal igualitario”, el que este autor identifica como aquel “que avala la posibilidad de redistribuciones de bienes y recursos y de interferencias en las transacciones privadas si ello es necesario para promover la igual-dad entre los individuos”4. En razón de la descripción que formula Nino y de las prácticas en materia de libertad que se expusieron en el apartado anterior, no resulta difícil caracterizar el discurso del Gobierno seccional local como un discurso afín a esta postura “liberal conservadora”.
El contraste entre el discurso “liberal conser-vador” y el discurso “liberal igualitario” en el contexto nacionalEse discurso “liberal igualitario” que describió Carlos Santiago Nino en el apartado anterior subyace al texto constitucional que impulsó y al que de manera decisiva contribuyó el Gobierno nacional, así como también subyace, de manera habitual, al discurso que postula este nivel de Gobierno, mismo que contiene una fuerte carga igualitaria5.
Este contraste entre los discursos que postulan el Gobierno seccional local y el Gobierno nacional podría analizárselo, en principio, a partir de dos escenarios. Uno de ellos, el escenario jurídico, en el que se destaca la Constitución que se aprobó en Mon-tecristi y que entró en vigor el 20 de octubre de 2008, establece una amplia gama de derechos de libertad y de derechos que promueven la igualdad, al tiempo de establecer un elenco de mecanismos e instituciones
cuyo propósito es garantizar este último valor (la igualdad). Así, a este diseño institucional de orden constitucional se lo puede considerar afín al concepto de “liberalismo igualitario”. Dicho esto, valga precisar que esta afinidad no impide, como lo destacó el propio Carlos Santiago Nino en el trabajo que hemos seguido para la redacción de este artículo (inspirado, en este punto, en la obra de John Rawls) que se discutan las modulaciones del sistema de adjudicación e intercambio de recursos económicos porque se trata de “una cuestión empírica e instrumen-tal que depende, entre otras cosas, de estructuras de interacción vigentes en la sociedad y en el contexto
internacional, las motivaciones prevalecientes, los grados relativos de escasez, el tipo de distribución de bienes existente”6.
El otro escenario es el escenario político, sobre el que hablaré en el apartado siguiente.
Posibilidades de un acuerdo nacional fundado en la “deliberación política legítima”En principio, como se advirtió en la introducción de este artículo, hablaré sobre las dificultades que presenta el contexto nacional para alcanzar ese acuerdo. La primera dificultad y la más evidente es el personalismo de rasgos autoritarios de los actores políticos relevantes de ambos niveles de gobierno, en particular, de Jaime Nebot para el Gobierno seccional y de Rafael Correa para el Gobierno nacio-nal. Este personalismo obstaculiza una discusión conceptual y de fondo sobre las razones que legiti-man sus acciones. Una segunda dificultad, mucho más relevante para lo que aquí se discute, es el mínimo nivel de participación de la sociedad civil, en general, y más todavía con relación a la discusión de este tipo de temas conceptuales, en particular. Esta mínima participación registra algunas causas entre las que conviene destacar la común apatía de los ecuatorianos a la participación política y la tradi-cional ausencia de mecanismos e instituciones que promuevan esa participación7.
Como se advirtió en el párrafo anterior, esta última dificultad es la que más nos puede interesar para hacer posible un acuerdo sobre el concepto de libertad y, en general, sobre todo tipo de acuerdos en materia de interés público. En la medida en que el personalismo de los actores políticos relevantes monopolice el debate sobre este tema y lo acote a la oposición entre ambas posturas políticas se dificultará alcanzar cualquier tipo de acuerdo. De ahí, precisamente, la
radical importancia de fomentar la participación de la sociedad civil en este debate para extraerlo de ese monopolio casi irreductible de posiciones opuestas y democratizarlo mediante una “deliberación política legítima”.
Dicho esto último, postularé cuál es el escenario ideal al cual debe orientarse nuestra exigencia como sociedad civil para que esa “deliberación política legítima” se concrete. Expresaré cuál debería ser ese escenario con cita del resumen que realiza Rafael del Águila de las tres condiciones que Jürgen Habermas sostiene como necesarias para tal efecto:
Xavier Floresa3
Las posibilidades de un acuerdo nacional sobre cualquier tema de interés público son escasas pero es un hecho cierto que esas posibilidades se acrecientan si conocemos a qué normas
formales debemos atenernos
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Reflexiones a partir del concepto de libertad:la “deliberación política legítima” comofundamento de los acuerdos nacionales
La concreción del ideal de la “deliberación política legítima”
implica, para el caso concreto del Gobierno seccional local la
modificación del nulo debate público que se impone desde sus
ordenanzas
Estrategia [criolla] del conflicto
Jaime Rumbea
“Primero, libertad de las partes para hablar y exponer sus distintos puntos de vista sin limitación alguna que pudiera bloquear la descripción y argumentación en torno a lo que debe hacerse […]Segundo, igualdad de las partes de modo que sus concepciones y argumentos tengan el mismo peso en el proceso de discusión. Ambas precondiciones tienden a garantizar a todos las mismas opciones para iniciar, mantener y problematizar el diálogo, cuestionar y responder a las diversas pretensiones de legitimidad y, en general, pretenden mantener unas garantías mínimas que permitan poner en cuestión todo el proceso y cualquier resultado al que eventual-mente pudiera llegarse. […]La tercera condición se refiere a la estructura misma de la deliberación en común: lo que debe imponerse en la discusión es la fuerza del mejor argumento sin que sea posible acudir a la coacción o a la violencia como elemento integrante de la misma” 8.
ConclusionesDe lo expuesto en líneas anteriores son evidentes algunas cosas. La primera, el enorme hiato entre la práctica política nacional y el ideal de la “deliberación política legítima” inspirado en la obra de Habermas
Otra, que el escenario jurídico circunscribe, en cierta medida aunque no de manera exclusiva, la deliberación a un terreno afín al “liberalismo iguali-tario”. Tercero y en conexión con el punto anterior, que el procedimiento de “deliberación política legítima” se vincula de manera íntima con los ideales liberales-democráticos en detrimento de otros (tradicionales, autoritarios) y registra, asimismo, una mayor afinidad con el contenido del “liberalismo igualitario”. Cuarto, que la concreción del ideal de la “deliberación política legítima” implica, para el caso concreto del Gobierno seccio-nal local la modificación del nulo debate público que se impone desde sus ordenanzas, como implica para el ámbito nacional el profundo desarrollo de las normas constitucionales que promueven la participación política y la deliberación colectiva.
Dichas todas esas cosas, diré la más obvia: las posibilidades de un acuerdo nacional sobre cualquier tema de interés público son escasas. Pero es un hecho cierto que esas posibilidades se acrecientan si conocemos a qué normas formales debemos atener-nos (y en defensa de qué ideales, además) para inten-tar concretarlas, a lo que ha querido contribuir, con modestia, este breve artículo.
Referencias
1 A guisa de ejemplo, en su discurso del último 25 de julio con ocasión de conmemorarse el 474vo aniversario de fundación de Guayaquil, el Alcalde Nebot afirmó “Guayaquil es libre y no admite cadenas ni en el cuerpo ni en el alma”. Los discursos del Alcalde pueden encontrarse en:http://www.guayaquil.gov.ec/index.php?option=com_docman&Itemid=107 [Última visita, 31 de julio de 2009]
2 Cfr. Nino, Carlos Santiago, Liberalismo conservador: ¿liberal o conservador?, en: Alegre, Marcelo y Roberto Gargarella (coord.), El derecho a la igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007, Pág. 17.
3 Ibíd., Pág. 40.
4 Ibíd., Pág. 17.
5 Valga recordar, en este sentido, su recurrente motto: “La patria ya es de todos”.
6 Ibíd., Pág. 43.
7 Una apatía que podría pensarse en clave de la grave fractura social de este país que impide reconocer al otro como un sujeto válido para intervenir en un debate; una tradición que la Constitución intenta romper con el elenco de garantías y de mecanismos de participación que establece, en particular, en los artículos desde el 85 al 107.
8 Del Águila, Rafael, La política: el poder y la legitimidad, en: Del Águila, Rafael, Manual de ciencia política, Madrid, editorial Trotta, cuarta edición, 2005, Pág. 33-34.
Entre acuerdo y desacuerdo, se abre el campo del regateo, y que una estrategia es aquel conjunto de acciones que permite a una u
otra parte alcanzar el mayor beneficio en ese campo
a4
IntroducciónEl artículo a continuación pretende reflexionar sobre dos de los lineamientos conceptuales de Thomas C. Schelling, según fueran enunciados y desarrollados en su célebre libro La Estrategia del Conflicto, a través de su aplicación, mutatis mutandis, a la realidad política ecuatoriana. Basando nuestra metodología en un uso poco ortodoxo de la tesis fundamental del autor, a saber que toda relación de conflicto contiene a su vez elementos de cooperación, y que el manejo adecuado del conflicto puede servir para lograr altos grados de influencia en el accionar de terceros, las líneas que siguen buscan inquietar al lector ecuatoriano respecto a los eventuales niveles de factibilidad, deseabilidad e incluso necesidad del tan cacareado y tristemente desgastado Gran Acuerdo Nacional.
Decisiones interdependientesLa teoría de la estrategia, aquel cuerpo de conocimientos que el autor buscó sistematizar en 1960, y para cuya formulación toma reflexiones de las relaciones interna-cionales –ojo, su contexto fue el de la guerra fría–, de la estrategia militar y del lumpen, entre otros, es el cuerpo de conocimientos sobre situaciones en que dos o más personas –“jugadores” en el lenguaje de la teoría de juegos–, interactúan en la búsqueda de maximizar su utilidad frente a un asunto o problema, conflicto latente o manifiesto1. Al preocuparse de la interacción, dicha teoría busca explicar las posibles situaciones que emer-gen en el espacio imaginario que se forma, en una interacción, entre el conflicto absoluto y la cooperación entre las partes; es decir, echa luces sobre escenarios en los que un jugador busca maximizar su beneficio en desmedro de otro(s), por un lado, y sobre escenarios en
que la maximización del beneficio de uno no implica el deterioro en el beneficio de otro(s). Este último tipo de interacción es la que, por su estructura de beneficio mutuo, se sustenta en la cooperación, por oposición al conflicto2.
En la vida real, sin embargo, las cosas no son blancas o negras, puramente cooperativas o conflictivas; por eso Schelling es enfático al decir que “la riqueza del tema surge del hecho que, en asuntos internacionales3, hay dependencia mutua al igual que oposición. Un conflicto puro, en el que los intereses de dos antagonistas son completamente opuestos, es un caso excepcional”4.
El hecho cierto es que, a partir de los aportes referidos, las visiones que estudiaban el conflicto y la cooperación con modelos independientes, han perdido la relevancia que tuvieron dando paso al entendimiento de que conflicto y cooperación coexisten en la mayor parte de las interacciones sociales. Simplificando, se puede decir que entre acuerdo y desacuerdo, se abre el campo del regateo, y que una estrategia es aquel conjunto de acciones que permite a una u otra parte alcanzar el mayor beneficio en
ese campo. Por ello Schelling afirma que “estudiar la estrategia del conflicto equivale a tomar en cuenta que la mayoría de las situaciones de conflicto son esencialmente situaciones de regateo”5.
Influencia, disuasión o persuasión.Como consecuencia del análisis de situaciones de regateo, Schelling llega a afirmar en su libro que la mejor estrategia es aquella en la que ni siquiera se llega a interactuar física o materialmente, siendo a nuestro criterio su ejemplo más evocador el de la huelga exitosa. Con clarividencia describe Schelling la situación en que una huelga de trabajadores, para ser realmente exitosa no deberá destruir financieramente al empleador, sino que ni siquiera debería llegar a tener lugar. Baste con la posibilidad cierta de que tenga lugar la huelga, que esa posibilidad sea percibida como perju-dicial por el empleador, para que su curso de acción varíe en beneficio de los eventuales huelguistas. De manera sintética este fenómeno puede explicarse diciendo que frente a una determinada interacción social, disponer de una estrategia no significa hacer uso de la fuerza de manera eficiente sino aprovechar su uso potencial para lograr el accionar deseado en la persona con quién se interactúa6.
Esta definición describe claramente lo que significa la influencia7. Sin lugar a duda la explicación de Schelling es relevante desde diversos puntos de vista, y se ve aplicada en innumerables disciplinas. En psicología deportiva, por ejemplo, impacta la inefi-ciencia del golpe que dio Zinedine Zidane en la final del último mundial de fútbol frente a la eficiencia de los continuos desafíos y amenazas previas proferidas
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En política, las reiteradas amenazas entre opositores, o simplemente las advertencias públicas, evidencian la voluntad de disuadir el accionar del interlocutor
por Materazzi. En política, las reiteradas amenazas entre opositores, o simplemente las advertencias públicas, evidencian la voluntad de disuadir el accio-nar del interlocutor8.
Estas herramientas –movimientos estratégicos en el lenguaje de la teoría de juegos– buscan justamente lograr objetivos estratégicos sin recurrir al uso de la fuerza o la coerción. De manera literal, Schelling propone que “un movimiento estratégico es aquel que influencia la elección de otra persona, en una forma favorable al interés propio, afectando las expectativas del otro respecto al comportamiento de uno”9.
Una Estrategia [criolla] del ConflictoReconociendo nuestra incapacidad para ser exhaustivos en la presentación de los conceptos de Schelling que hemos creído relevante aplicar en un análisis del contexto político ecuatoriano, en las líneas siguientes cotejamos las prescripciones teóricas que hemos enunciado antes de manera sucinta, con algunos de los movimientos estraté-gicos que han caracterizado el accionar del Gobierno de Rafael Correa Delgado, y reflexionamos, desde una perspectiva Schelling-iana, sobre el posible advenimiento de un “Gran Acuerdo Nacional”.
Aún al día de hoy, al inicio de un segundo período presidencial, es poco probable que alguien reconozca que la legitimidad de la que goza Rafael Correa se debe en gran medida al nivel de conflictividad que caracteriza su discurso y su accionar. Como ciudadanos de a pie, acostumbrados al ritmo monótono de nuestras existen-cias, hemos asociado en nuestro imaginario la conflic-tividad con una valoración negativa, que genera incomodidad, disgusto o molestia; sin embargo, simul-táneamente, hemos en nuestra gran mayoría sido presa –en alguna medida– de los objetivos de una deliberada estrategia [criolla] de conflicto, cuya eficacia se eviden-cia en no pocos resultados electorales.
Fue desde muy temprano en el ejercicio del poder que el gobierno de la revolución ciudadana evidenció su voluntad de marcar un ruptura respecto a la política tradicional ecuatoriana. Al no postular candidatos al entonces Congreso Nacional, el movimiento guberna-mental sentó claramente su mensaje de conflicto: no habría regateo al interior del Congreso. Así fue, la tarea legislativa se resumió en un todo o nada: relevo de legisladores y posterior mayoría para PAIS, sustentando las acciones políticas en la complacencia de una ciudadanía cansada de los acuerdos legislati-vos del pasado. Asimismo su discurso confrontó secuencialmente, y entre otros, a pelucones, a
guayasenses con peninsulares, a partidos y líderes políticos, a Colombia, e incluso a Estados Unidos. Todos los frentes de conflicto fueron abiertos con una encuesta en mano y modulados en función de los resultados que proveía el monitoreo de opinión. El regateo entre conflicto y acuerdo con los distintos sectores que disponen de poder10 ha marcado el ritmo de la Presidencia de Correa.
En lo que tiene que ver con la influencia que ha logrado construir el gobierno de la revolución ciudadana frente a los grupos cuyo accionar le es significativo, tomando
como eje la conflictividad, el número de ejemplos es evocador. Con el desarrollo de un altamente especial-izado aparataje de inteligencia política, la disponibili-dad de información privilegiada sobre detractores o gérmenes de oposición facilitó sustancialmente la tarea de disuadir, sin tan siquiera recurrir a la acción11, esa no-pocas-veces-voceada contra-revolución. Mediante el paradigmático proceso de incautación de los bienes Isaías, se remitió un clarísimo mensaje disuasivo al sector empresarial y a la oposición de derecha, respecto al riesgo de querer jugar de igual a igual con el gobierno. ¿No será por eso, vale preguntarse, que sin que existan contactos sistemáticos entre gobierno y sector productivo privado, los gremios y las empresas han modificado sus conductas para adecuarse al nuevo contexto político? El proceso de Teleamazonas en el CONARTEL, ¿no es también una acción susceptible de leerse como mensaje de disuasión dirigido al canal y a otros generadores de opinión del país respecto a cómo ejercer su tarea crítica?
En política externa, el ejemplo de oro es la confor-mación de la coalición ALBA+Irán, sobre la que no pocos analistas han manifestado su desconcierto. Y es que la estrategia no es ideológica, y la revolución ciudadana prefiere apalancar un discurso marginal que pueda infligir daño a los beneficiarios de la globalización económica, antes que alinearse con estos últimos y volverse una pieza insignificante en su andamiaje. Dicha decisión es estratégica en la medida en que aumenta su capacidad para regatear en el concierto internacional.
En breve, el gobierno nacional ha recurrido sistemáti-camente al conflicto pues en la medida que le indican las encuestas, su apalancamiento político y su capaci-dad de lograr objetivos estratégicos, sigue siendo mayor confrontando que abriendo la puerta a la cooperación.
Para cerrar…No es sin pena que todos quienes nos preocupamos sobre la política debemos tomar partido en ocasiones respecto al pensamiento estratégico: muchos llaman pragmatismo a la capacidad de tomar decisiones en función de los resultados y no en función de los medios –otros lo llaman maquiavelismo. Sea cual sea el caso, parece que resulta más sencillo comprender lo que sucede en nuestra política nacional desde una perspectiva de análisis estratégico, que desde una lectura ideológica, imprescindible, sí, pero también a menudo imprecisa para estas cosas. Schelling, en ese marco, con su Estrategia del Conflicto –en versión criolla– parece seguir vigente cuando hemos revisado a través de algunos de sus prismas teóricos la poca probabilidad de encontrar en un futuro cercano ese gran acuerdo nacional.
Referencias
1 Con el avance conceptual de la teoría de juegos desde la publicación del libro hasta la actualidad, sería posible traducir completamente La Estrategia del Conflicto en fórmulas matemáticas. Esto, sin embargo, no dejara de ser una importante pérdida pues la utilidad de la teoría de juegos es justamente la inversa: servir a la mejor comprensión de fenómenos sociales como los que Schelling revisa en su libro.
2 Desde una explicación de teoría de juegos, se define al juego de puro conflicto como juego de suma cero (beneficio para uno es perjuicio para otro), al juego cooperativo como juego coalicional (el beneficio se comparte), y a la combinación de los dos como juego de motivo mixto. Matemáticamente, se pueden estudiar todas estas estructuras como parte de un mismo conjunto de reglas.
3 Respecto al hecho que la obra de Schelling fue pensada en torno a las relaciones internacionales, y que el presente artículo la considera fundamentalmente desde una perspectiva de análisis de política nacional, es relevante para el lector conocer que la mayor parte de los ejemplos utilizados por Schelling en su libro no son de política interna-cional, y que sus obras posteriores aplican y continúan aplicando los mismos conceptos a temas de política económica nacional, inmigración, medio ambiente, etc.
4 Schelling, T., “The Strategy of Conflict”, Harvard University Press, Massachusetts, p. 5 (Todas las traducciones son propias del autor del artículo).
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Bajo el término “disuasión”, se convirtió en uno de los pilares principales del equilibrio del terror que caracterizó las relaciones internacionales durante la guerra fría.
8 Revista Vanguardia, 21/10/2008, la sección “mirador-las frases” reseñaba a Celso Amorim, Canciller brasileño, advirtiendo que “Brasil puede reducir a cero su comercio con Ecuador si el Gobierno se niega a pagar la deuda con un banco estatal brasileño (…)”. El objetivo de su advertencia, obviamente, era ejercer una presión sobre los cursos de acción evaluados al momento por el gobierno ecuatoriano.
9 Schelling, T., op. cit., p.160.
10 El concepto correcto para evaluar que sectores o grupos han de ser repelidos mediante el conflicto o acercados mediante la cooperación, en teoría de juegos, se denomina “utilidad transferible”, y consiste en una representación numérica de lo que puede aportar o restar un tercero a una estrategia.
11 Salvo en ciertos casos icónicos como Dayuma, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, etc.
Una verdad a “medios”Luigi Guerrón
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A principios de 2007, cuando el régimen actual apenas estaba calzándose pañales pero ya enfrentaba a uno de sus contradictores políticos por la designación de un altísimo funcionario judicial, una multinacional
de comunicación ubicada en el cono sur -preocupada por los efectos que sobre sus clientes locales pudiera tener la habitual inestabilidad política del país- me solicitó un análisis de lo que estaba ocurriendo y qué se
podía prever. Mi conclusión fue que la confrontación sería una norma de este gobierno. Ni clarividencia ni sagacidad: venía escuchándolos desde la campaña decir, en privado, que la “revolución ciudadana” se haría en las
La comunicación oficial estuvo siempre encaminada a destruir la legitimidad de cualquier interlocutor
calles, y que cualquier intento por detenerla, se ventilaría también en las calles... y así lo han venido haciendo... Bueno, al menos parcialmente, porque la verdad es que la “revolución” se hace y se defiende a través de los medios de comunicación, que es una forma de estar en la calle... en las oficinas... en los dormitorios... en las mentes de los ciudadanos... es la mejor forma de estar en todas partes.
También desde la campaña, Rafael Correa ha venido interpretando y trocando cada uno de los roles descritos por Stephen Karpman1 en su Análisis del Libreto Dramático o Triángulo Dramático: el Salvador (cuando ofrecía rescatar al país de las manos de las mafias socialcristianas), la Victima (al denunciar inten-ciones golpistas y obstaculizaciones a la revolución ciudadana), y el Perseguidor (la partidocracia, los pelucones, la prensa corrupta, entre muchos etcéteras). Su gran coprotagonista, con el que intercambia papeles: el pueblo, al que llega -¿adivinan ustedes?- a través de los medios de comunicación.
El pueblo, al que escucha a través de encuestas(o elecciones, que son una manera más compleja de consultar), y al que le habla con su discurso cargado de sustantivos y adjetivos (otra vez, partidocracia, prensa, poderes fácticos, gordita horrorosa, etc.), es el único interlocutor legítimo reconocido por la “revolución”.
Pero ¿cómo ha logrado esa sintonía que hace innecesarios los acuerdos o pactos que eran tan comunes en nuestra política, desde el muy vernáculo pacto “de la regalada gana”, pasando por “la aplana-dora” o el ya olvidado pacto “mordoré”, entre otros? Ha tenido que copar los espacios informativos, sin dejar lugar para la proactividad en las salas de redacción de los medios, quitándoles el poder que han detentado para generar la agenda política.
Para eso, se ha valido de un timing preciso: ni los gabinetes itinerantes ni los enlaces radiales se hacen en fin de semana (viernes, los primeros; sábados, los segun-dos) para no interrumpir las actividades en días hábiles; son en fin de semana porque los medios de comuni-cación no tienen tiempo de reacción y, por ende, tampoco los demás actores políticos. En ese lapso, se genera un vacío informativo, una falta de respuesta de quienes han sido mencionados por el demoledor discurso presidencial; el vacío es llenado únicamente por la voz oficial que se convierte en verdad.
Un poco más digerido: el Presidente es noticia, por ende sus declaraciones son importantes; en consecuen-cia, los medios siempre recogen las actividades y declaraciones del Presidente, que ocurren -sobre todo- durante los fines de semana. Pero las redacciones de los medios permanecen casi vacías en esos días y su capaci-dad de reaccionar y buscar reacciones de quienes hayan sido mencionados, es casi nula. Para el inicio de la semana siguiente, ya hay nuevos temas en agenda, y lo dicho por el Presidente entre viernes y sábado no tiene contradicción. Si no es verdad, está bien tramado, dice un dicho italiano.
¿Por qué valerse de los medios contra los cuales tanto denuesta? ¿Por qué, mejor, no utilizar cadenas nacionales o propaganda tan sólo? La respuesta es sencilla: porque necesita de los medios para que sus mensajes sean insertados en los espacios informativos (contenidos editoriales, como se denominan en Relacio-nes Públicas); eso les confiere un valor de credibilidad2 que es fundamental en el objetivo de “influir para hacer juzgar favorablemente”3 la imagen del Mandatario.
Hubo un momento en que no bastó influir en los medios y -sin entrar en razones jurídicas- se volvió necesario manejarlos directamente. Ese objetivo se logró con el control -insisto, sin entrar en consideracio-nes jurídicas- de TC, cuyo noticiero estelar bordeaba los 30 puntos de rating4 en Guayaquil. Aunque marginales, el resto de medios (Gama TV, El Telégrafo, varias radios, además de los medios afines al régimen, que los hay por voluntad propia, perdiendo así su esencia de ser objetivos o, al menos, imparciales; claro, los hay en el
sentido contrario, también), sumaban en beneficio de la comunicación oficial.
Con ese control se evitaba también el “ruido”5
que pudiera interferir en los mensajes del régimen.
Entonces, está claro que nunca hubo la intenciónde lograr acuerdos. Hoy tampoco existe esa intención. Todo lo contrario. La comunicación oficial estuvo siempre encaminada a destruir la legitimidad de cualquier interlocutor. La agenda informativa la imponía el Presidente, omnipresente con sus gabinetes itineran-tes, omnisciente en sus enlaces sabatinos. A los medios se los continúa minando, pero no en el sentido que denuncian (de persecución del régimen, de diatribas en su contra por parte del Presidente), sino en su capacidad de generar una agenda política, que es el rol que hoy desempeñan en el mundo: marcan el ritmo y el rumbo.
Los medios eligen el contenido de sus informativos, muchas veces políticos, y buscan validadores externos6 para sustentar su discurso; luego, ese contenido se convierte en parte de la discusión política.
Los medios son, quizá, el único contradictor que le resta por derrotar a un gobierno fortalecido por cinco elecciones ganadas consecutivamente. Sin embargo, el control de unos medios, el sometimiento de otros, la filiación de unos más, llevan al gobierno por esa ruta.
En el proceso, hay quienes quieren encontrar en las actitudes verbales de Rafael Correa, un libreto funda-mentado en los “principios” de Joseph Goebbels7.
Y, aunque anacrónico, bien podrían engarzar: ¿recuerdan la propaganda de los payasos en el ascensor o del león cazando (principio del enemigo único)? ¿o los ataques contra la partidocracia (varios enemigos en una sola categoría, principio del método de contagio)? ¿o cuando las informaciones provenientes del régimen se suceden una tras otra (principio de renovación)?
Cualquiera que sea la hipótesis en la que queramos enmarcarlo, está claro que el régimen no busca acerca-mientos con otros grupos, a menos que el sometimiento a sus designios sea incondicional. De otra forma, no los necesita. Y cuando ha parecido que modera el tono de la confrontación, ha sido para desarmar al contradictor y luego, con la defensa baja, lanzarle violentamente todo el aparataje comunicacional del gobierno.
Hay que reconocerle eso al Presidente Correa: tiene fijada una meta y esta yendo tras ella sin desvíos, apartando a quien plantee alguna resistencia en la conse-cución del objetivo confesado, que es instaurar el socia-lismo del siglo XXI, entendamos o no de qué se trata.
Referencias
1 Stephen Karpman, doctor norteamericano, autor del “Análisis del Libreto Dramático”, que revela los tres roles psicosociales que juega la gente: Salvador, Victima y Perseguidor.
2 En Relaciones Públicas, el valor de credibilidad es el resultado de multiplicar el valor comercial que tiene un espacio en un medio de comunicación, por un factor cuya media es 2,5. Esto se debe a que se considera más creíble un mensaje emitido a través de un medio informativo que a través de una propaganda o publicidad.
3 Uno de tantos, pero quizá entre los más extendidos conceptos de Relaciones Públicas, aceptado incluso en algunas academias.
4 Rating es una medida que establece cuántas personas u hogares están viendo u oyendo un programa de radio o TV. En Ecuador, un punto de rating equivaldría más o menos a 60 mil personas.
5 En teoría de la información, la cantidad de “ruido” o “desorden” en un mensaje se denomina entropía, y de acuerdo a cuánto se libere, el mensaje llega con mayor o menor claridad.
6 Validadores externos son expertos en determinados temas, contratados por organizaciones personas, para emitir mensajes de forma que por su expertise en ellos se vuelvan creíbles.
7 Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, se le atribuye la creación de once “principios”, que son parte de la propaganda moderna.
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A los medios se los continúa minando, pero no en el
sentido que denuncian, sino en su capacidad de generar una agenda política, que es el rol que hoy desempeñan
en el mundo: marcan el ritmo y el rumbo.
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