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ISSN 0123-2894 Circulación nacional

MAYO 2016SEPARATA

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ACOREPATRIA - UNIÓN - PROGRESO

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Las cinco pistas sobre la fortuna oculta de las Farc

Por: Unidad Investigativa | Medio: El Tiempo | Fecha: 24 de abril de 2016

EE. UU. rastrea giros a Suecia y Suiza usando casas de cambio de Costa Rica y a un exdiplomático.

La Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía recu-peró el año pasado 640.000 hectáreas ocupadas, que eran baldíos de la Nación.

Durante una semana, el Gobierno indagó cuál fue la fuente oficial que le aseguró a la revista ‘The Economist’ que las

Farc tienen una fortuna oculta de cerca de 10.500 millones de dólares. El dato indignó a varios sectores que han escuchado de boca de jefes de esa guerrilla, como ‘Iván Márquez’, que no tienen plata para reparar a sus cientos de víctimas.

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La falacia del empate militar

Por: Darío Acevedo Carmona | Medio: El Espectador | Fecha: 3 de abril de 2016

Según esta visión el Estado no pudo derrotar a las fuerzas insur-gentes y estas tampoco pudieron hacerlo con aquél. De allí se con-cluye que lo procedente es negociar, y no de cualquier forma sino de igual a igual. Pasa página. 3

Una de las fincas expropiadas a alias 'Mono Jojoy'.

Un gabinete para el plebiscito

Por: La Silla Vacía | Medio: La Silla Vacía | Fecha: 26 de abril de 2016

El Presidente anunció el esperado remezón ministerial. Más que un equipo para la paz y el posconflicto, como lo presentó Santos, con el nuevo gabinete el Presidente le apuesta de frente a los políticos, con ministros que podrían convertirse en jefes regionales para el plebiscito si es que este finalmente se da. Y no resuelve el problema político que se le creó a raíz del nombramiento de la terna para Fiscal General. Pasa página. 4

2 SEPARATA MEDIOS/ Mayo / 2016

Las cinco pistas sobre la fortuna oculta de las Farc

EE. UU. rastrea giros a Suecia y Suiza usando casas de cambio de Costa Rica y a un exdiplomático

La Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía recu-peró el año pasado 640.000 hectáreas ocupadas, que eran baldíos de la Nación.

Durante una semana, el Gobierno indagó cuál fue la fuente oficial que le aseguró a la revista ‘The Economist’ que las Farc tienen una fortuna oculta de cerca de 10.500 millones de dólares. El dato indignó a varios sectores que han escuchado de boca de jefes de esa guerrilla, como ‘Iván Márquez’, que no tienen plata para reparar a sus cientos de víctimas.

Y aunque el propio presidente Juan Manuel Santos salió a decir que no le cabe duda de que las Farc están guardando dinero, aclaró que no hay un informe oficial sobre las finanzas ocultas de esa guerrilla, con la que se avanza en un proceso de paz. (Lea: Renuncia director de la Uiaf tras informe de revista 'The Economist')

Al respecto, Luis Edmundo Suárez, director de la Unidad de Información de Análisis Financiero (Uiaf), le admitió este sábado al Presidente que él fue la fuente que habló con ‘The Economist’. Y antes de renun-ciar, aseguró que en esa entidad “no hay un estudio válido sobre las finanzas de las Farc”, sino un rango de cifras sin validar técni-camente, que no han sido com-partidas con el Gobierno.

En el comunicado en el que Suárez presenta su carta de renuncia, afirma que tuvo un encuentro off the record (no oficial) con la corresponsal de 'The Economist' en Colombia y aclara que su entidad "no había podido obtener resultados concluyentes que permitieron dar cifras confiables sobre este tema".

Sin embargo, EL TIEMPO es-tableció que organismos del Estado sí tienen rastros sobre la existencia de esa fortuna e in-cluso intercambian información con el Gobierno de Estados Unidos para dar con ella.

"Las Farc eran pobres hasta principios de los 90. A partir de ahí entraron al narcotráfico y se estima que son dueñas del 20% del negocio, que mueve 4.500 mi-llones de dólares al año –dice una fuente oficial–. Réstele el costo por hombre y le quedan unos 300 millones de dólares al año".

Por: Unidad Investigativa | Medio: El Tiempo | Fecha: 24 de abril de 2016

De hecho, el Departamento del Tesoro, a través de la Ofac, ras-trea movimientos de dinero de las Farc entre Costa Rica y dos países europeos: Suecia y Suiza.

Así se lo dijeron a este diario fuentes federales y lo confir-maron funcionarios del alto Gobierno, quienes agregaron que un exdignatario de un or-ganismo internacionales la clave para rastrear esos dineros.

La existencia de esa ruta para mover plata producto del narcotráfico ya está compro-bada. La misma Ofac iden-tificó, en el 2008, tres casas de cambio al servicio de las Farc, ubicadas en Bogotá y Villavicencio: Colombian Money Exchange Business Ltda., Comercializadora Colombian Money Exchange Ltda. y Cambios El Trébol.

Y en agosto del 2015, en plenos diálogos en La Habana, incluyó en la Lista Clinton a cinco miem-bros de las Farc, acusándolos de narcotráfico y del blanqueo de dinero a través de empresas en Zúrich (Suiza) que movían oro y divisas. Uno de los cabecillas señalados es Ómar Zabala, alias ‘Lucas Gualdrón’, miembro de la llamada Comisión Internacional de las Farc.

Mercancía china

Otra pista que se sigue es la de la compra de mercancía en China que entra por Panamá y Nicaragua, y que se comerciali-za en Colombia en pueblos de influencia de las Farc.

“La mercancía aparece a nom-bre de empresas legalmente constituidas que declaran la importación y le lavan la plata a la guerrilla”, dice un funcionario colombiano.

Y la fuente agrega que supuestos emisarios de los negociadores en La Habana han abordado a empresarios de la Costa, Bogotá y Medellín para proponerles in-vertir clandestinamente en sus negocios a cambio de que, en la etapa del posconflicto, acepten tener proyectos con desmovili-zados.

Algunos de los empresarios están ubicados en las zonas en donde se concentrarían los desmovilizados: Arauca, Caquetá, Putumayo, el norte de Antioquia, Norte de Santander, Cauca y entre Tolima y Huila.

Lingotes y tierra

Las dragas y maquinaria pesada que llegan al país de manera legal y que terminan en regio-nes de minería ilegal es otra de las pistas que se siguen. Funcionarios del Gobierno tienen información de que el oro que las Farc extraen ilegal-mente no sale del país. Este es convertido en lingotes en fundi-doras clandestinas y encaletado en zonas como el bajo Cauca. De hecho, los viejos caleteros con dinero se han extinguido.

A los que sí han reactivado es a campesinos y hacendados ubicados en lo que las Farc lla-man ‘la república independien-te de Caquetania’, entre Caquetá y Meta. A ellos les están propo-niendo devolverles la tierra que les despojaron a cambio de que, una vez se las titulen, les dejen un porcentaje.

La Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía –en alianza con la Superintendencia de Notariado, el Incoder y el Ejército– recuperó el año pasa-do 640.000 hectáreas ocupadas, que eran baldíos de la Nación.

Según las Farc, esa tierra es de 6.000 campesinos. Sin embargo, solo una persona se acercó a tratar de demostrar la posesión.

En la zona recuperada había haciendas con cercas electróni-cas, sistemas tecnificados de or-deño, carreteras pavimentadas, redes de alumbrado y 40.000 reses. De hecho, investigacio-nes judiciales señalan que la guerrilla mueve semanalmente, en una flotilla propia de camio-nes, 2.000 reses desde el Yarí (Caquetá) hasta el Valle, donde son sacrificadas y comercia-lizadas.

En las próximas semanas se tomarán acciones para recu-perar otras 260.000 hectáreas en idéntica situación. En efecto, una de las tareas que tendrá que asumir la nueva Fiscalía será recoger todos los procesos disgregados en todo el país so-bre los bienes de las Farc y cen-tralizarlos para articular, con otras entidades del Estado, una investigación a fondo sobre su fortuna.

Es claro que así haya firma de la paz, si les encuentran bienes ocultos a las Farc, serán expro-piadas. Y uno de los entes claves en ese rastreo será la Uiaf.

Propaganda para la pazPor: Andrés Felipe Arcos | Medio: Los Irreverentes | Fecha: 4 de mayo de 2016

En diferentes momentos y escenarios, el presidente Juan Manuel Santos ha di-cho que la paz cuesta mucho menos que la guerra. Que Colombia se ahorrará billones de pesos una vez se firme el acuerdo con la guerrilla de las Farc y que el mejor negocio que puede hacer nuestro país es el de sellar, cuanto antes, un pacto con la guerrilla.

De acuerdo con la medición public a d a r e c i entemente por la firma encuestadora Yanhaas, el 65% de los co-lombianos rechazan la forma como el Gobierno está ges-tionando el proceso de paz con las Farc. La incredulidad respecto del mismo se debe a lo que se está acordando res-pecto del futuro de la demo-cracia colombiana.

Juan Manuel Santos, equivoca-damente, ha preferido invertir miles de millones de pesos en campañas publicitarias, cre-yendo que con ellas basta para vencer la desconfianza de los ciudadanos que ven con muy malos ojos que los miembros de la guerrilla no reciban un castigo penal efectivo por los crímenes que han cometido contra la población.

A través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, Fondopaz, el gobierno ha entregado más de 100 mil millones de pesos en contra-tos a empresas, ONG y perso-nas naturales para que hagan publicidad favorable al proce-so de La Habana con las Farc.

Por considerar que esta in-formación debe ser cono-cida por los ciudadanos, Los Irreverentes publican la to-talidad de las empresas que entre 2013 y 2015 suscribie-ron contratos con el Gobierno para defender ante los medios de comunicación los diálogos que tienen lugar en Cuba.

Fundaciones y ONG

Hace algunos meses fue ten-dencia en las redes sociales las críticas que se le hicieron a Corpovisionarios, orga-nización cuya cabeza visible es el ex candidato presidencial, Antanas Mockus por cuenta de un millonario contrato que le fue adjudicado para la promo-ción de una marcha ciudadana a favor del proceso de paz. La del profesor Mockus, no es la única fundación u ONG que ha sido beneficiada con contra-tos de Fondopaz. De acuerdo con los documentos que Los Irreverentes tienen en su po-der, 9 entidades han recibido dinero de la presidencia de la República para que apoyen, difundan y expliquen el pro-ceso de paz:

Las empresas privadasEl grueso de la contratación para la publicidad y difusión del pro-ceso de paz se ha concentrado en grandes, medianas y pequeñas empresas y particulares. Surge el interrogante sobre si es necesa-rio invertir tal cantidad de dinero para trazar estrategias publicita-rias a favor del proceso de paz. O mejor, ¿cómo se han visto mate-rializadas dichas campañas? Más allá de las regordetas palomitas de la paz que utilizan el presi-dente Santos y sus funcionarios –incluido el director de la policía- son pocas o nulas las imágenes alusivas a la paz que justifiquen los multimillonarios contratos que referiremos a continuación:

Corpovisionarios: 1 contrato por $480.680.800Corporación Programa Desarrollo para la paz (PRODEPAZ): 1 contrato $944.173.200Corporación Nuevo Arcoíris: 1 contrato por $493.159.500Fundación Gabriel García Márquez: 5 contratos por $2.333.154.440Federación Nacional de Personeros (FENALPER): 1 contrato por $277.380.953Fundación Desarrollo y Paz: 1 contrato por $1.422.400.000Fundación Desarrollo para la Paz: 1 contrato por $1.300.000.000Asociación Bogotá Gota a Gota: 1 contrato por $157.439.506Redepaz: 1 contrato por $944.173.200Total: $7.352.561.599

2 way comm S.A.S: 4 contratos por $1.401.686.976Oportunidad Estratégica Ltda.: 1 contrato por $172.884.104Vice Media Colombia S.A.S: 2 contratos por $1.740.000.000J. Thompson Walter Colombia S.A.S: 1 contrato por $1.055.025.000Sergio de Zubiría Samper: 1 contrato por $46.080.000Bitácora y Territorios S.A.S: 1 contrato por $63.800.000Sistemas Audiovisuales Ltda.: 1 contrato por $39.433.735FOX Computer S.A.S: q contrato por $82.251.821Keypeople S.A.S: 1 contrato por $78.048.535Conecta S.A.S: 3 contratos por $5.246.400.000Ennoway S.A.S: 3 contratos por $1.305.970.341Sístole S.A: 2 contratos por $4.419.600.000Seed S.A.S: 2 contratos por $467.585.256Consejo de Redacción: 1 contrato por $344.520.000Resander: 2 contratos por $749.999.200Yanhaas S.A 1 contrato por $407.271.360SAVI: 1 contrato por $1.504.244.388Rayco: 1 contrato por $67.031.250RZM S.A.S: 1 contrato por $103.936.000Lowe SSP3: 1 contrato por $1.618.282.937Arena Comunications S.A: 2 contratos por $1.654.686.405

Total: $22.568.737.308

Cinco pistas / Sigue página 3

3Edición 559 /SEPARATA MEDIOS

blicidad del proceso de paz con la guerrilla de las Farc, hemos tenido que desembolsar más de 100 mil millones de pesos, cifra absurda e incompresible que el gobierno está en la obligación de explicar. El nuestro es un país pobre, con necesidades ur-

Cinco pistas / Viene página 2

Las universidades también han recibido su porción en la feria de contrataciones para la paz. La Nacional, con $135.720.000, la Pedagógica con $67.080.000 y la Jorge Tadeo Lozano, con $160.000.000 son las en-tidades de educación superior

cuyos representantes legales han pasado por las oficinas de Fondopaz en la Casa de Nariño a recibir sus respectivos cheques.

En total, hasta el año pasado, los colombianos, por concepto de difusión, propaganda y pu-

gentes que no se pueden satis-facer por falta de recursos y re-sulta agresivo y desafiante que el Ejecutivo haya establecido en la oficina de paz una suerte de cajero automático que reparte dinero a diestra y siniestra las 24 horas del día.

Este artículo se elaboró gracias a la colaboración e investiga-ción de Andrés Felipe Arcos: @AndresFeArcos

Dirección URL: http://www.losirrever-entes.com/precio-de-la-paz.html#.Vy79Nfa1VFc.mailto

La falacia del empate militarPor: Darío Acevedo Carmona | Medio: El Espectador | Fecha: 3 de abril de 2016

Según esta visión el Estado no pudo de-rrotar a las fuerzas insurgentes y estas tampoco pudieron hacerlo con aquél. De allí se concluye que lo procedente es ne-gociar, y no de cualquier forma sino de igual a igual.

Quienes defienden tal punto de vista se ahorran el análisis del desarrollo de la pugna en diferentes coyunturas, por ejemplo, si las condiciones fueron iguales durante o en el pos-Frente Nacional, en auge de la revolución cubana, con el en-trelazamiento del narcotráfico, con el derrumbe del comunismo, etc.

La premisa que sirve de fundamento a la hipótesis del empate militar es insufi-ciente por sí sola pues deja de lado otros factores como la correlación militar de fuerzas, el nivel de aceptación o de re-chazo alcanzado por los grupos que in-tentaron tomar el control del Estado, el control de territorio, el grado de legi-timidad, el reconocimiento o rechazo de la comunidad internacional, entre otros.

El mejor ejemplo de una situación de empate militar en una guerra civil es el de las dos Coreas que en 1953, al cabo de tres años de fieros combates, firma-ron un armisticio, las dos fuerzas fueron separadas por el paralelo 38 y cada cual fue reconocido por la ONU como un es-tado diferente.

No es lo que hemos vivido en Colombia, ni siquiera en los momentos de mayor auge militar de las guerrillas, aunque, al parecer, es lo que pretenden los jefes de las Farc aprovechando las dádivas del Gobierno, la vanidad del presidente Santos por pasar a la historia como el pacificador del país y la ingenuidad de-rivada de la conciencia de culpa que des-tila la política oficial de negociación.

El exfiscal Montealegre dio las puntadas más preclaras de tal desatino. Violando el campo de sus funciones se apresuró, el 23 de septiembre de 2015 luego del estrechón de manos Santos-Timocheno-Raúl Castro, a usar los medios y hacer una intervención nacional cual si fuese el presidente para darle a las Farc la condición de Alta Parte Contratante y declarar que los acuerdos de La Habana adquirían la condición de Tratado Internacional con fuerza de ley consti-tucional, sin necesidad de consulta a la población ni control del Congreso de la República ni de la Corte Constitucional. Preso de una euforia sin límites afirmó que los jefes guerrilleros quedaban exentos de todo proceso de enjuicia-miento por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Hasta ahora el presidente Santos no ha desmentido ese punto de vista, tampoco desautorizó a Montealegre cuando se reafirmó en su atrevimiento días antes de dejar el cargo.

La igualación jurídico-estatal con la que sueñan la comandancia guerrillera y sus escribanos del frente civil carece de asidero legal y de la venia de la opinión pública. Las fuerzas guerrilleras no con-trolan ni ejercen poder permanente en territorios habitados, sus operaciones militares tienen el rasgo inequívoco de terrorismo y la opinión pública siempre les ha sido mayoritariamente adversa.

Si echamos un vistazo al momento en que el presidente Santos decidió dar un giro de 180° a la política de la Seguridad Democrática impulsada por su antecesor y por él mismo cuando ocupó el ministe-rio de Defensa encontramos un cuadro de debilitamiento estratégico de esos grupos.

Hacia fines de 2010, como consecuencia de las operaciones militares de la Fuerza Pública, la situación de las guerrillas era deplorable: muerte de su comandante, al-tos jefes dados de baja, deserción en gran escala, operaciones demoledoras contras frentes y unidades especiales, pérdida de la confianza en las propias fuerzas en razón de las infiltraciones y los bombar-deos y ruptura de las comunicaciones. El retroceso se reflejó en su retorno a las operaciones de guerra de guerrillas que se suponía cosa del pasado. La baja del Mono Jojoy y del nuevo comandante de las FARC, Alfonso Cano, las dejó en una situación desesperada, sus jefes huyendo o instalados en Venezuela y en Ecuador.

En el campo internacional tam-poco tenían las cosas a su favor. Profundamente desprestigiadas por sus acciones contra la población civil fueron declaradas terroristas por USA, la Unión Europea, Canadá y otras instancias.

De manera que para entablar negociacio-nes no era necesario haberles otorgado como en efecto se les reconoció, la cali-dad de contraparte del Estado.

El asunto da para reflexiones más hon-das y detenidas sobre la claudicación ofi-cial. Dejemos, a manera de inquietud, si se justifica, en nombre de una paz cada vez más parecida a un armisticio, poner en juego la Agenda Nacional y en grave peligro la separación de poderes, la Constitución, la Justicia, la fortaleza del Ejército, amén de la grave división de la sociedad, la amenaza de nuevas violen-cias, la no reparación de las víctimas, etc.

No se buscaba el arrasamiento total o ani-quilamiento de las guerrillas. El consenso de los diversos gobiernos giraba en torno a la máxima de López Michelsen “derro-tarlas militarmente para obligarlas a ne-gociar bajo las condiciones del Estado”, nada que ver con “tierra arrasada” y tampoco con resucitar a las guerrillas y empoderarlas como si hubiesen ganado o empatado “la guerra”.Dirección URL: http://www.elespectador.com/opi-nion/falacia-del-empate-militar

La ley del embudoPor: Jesús Vallejo Mejía | Medio: Periódico Debate | Fecha: 8 de mayo de 2016

Los capos de las Farc dicen que aspiran a hacer política, pero exigen un cúmulo de garantías y cortapisas que son a todas luces excesivas: conservar sus armas y su dinero, mantener filada a su gente, asegurar su propia protección, debilitar al ejército y la policía

Todo parece indicar que en las nego-ciaciones de La Habana las Farc lo quie-ren todo para sí, y el gobierno no cesa de darles gusto en lo que piden. Es como si jugaran al “carisellazo”: “Con cara gano yo y con sello pierde usted.”Mi apreciado amigo Rafael Uribe Uribe recuerda en su última Crónica que las Farc no han cedido un solo ápice en sus pretensiones. Peor todavía, cada vez piden más y, a medida que lo hacen, el gobierno se va mostrando más compla-ciente.Sus últimas exigencias se centran en la seguridad jurídica de los acuerdos que se busca suscribir con sus representantes. Pretenden que se los consigne en “cláu-sulas pétreas” que vinculen al pueblo co-lombiano de tal modo que sean del todo inmodificables en el futuro. De ahí que sus agentes oficiosos anden diciendo que el Acuerdo Final que ponga término a los diálogos de La Habana se eleve a la categoría de tratado entre dos altas par-tes contratantes, el Estado colombiano y las Farc.Ese Acuerdo Final estaría por con-siguiente por encima de la Constitución, que en el porvenir tendría que ceñirse a sus estipulaciones. Y, con más veras, ello ocurriría igualmente con las leyes de la República.Hay que recordar de nuevo que dicho Acuerdo Final sería resultado de con-versaciones privadas entre los repre-sentantes del gobierno y los de la orga-nización narcoterrorista, que tal es su ominosa índole, así unos sedicientes in-telectuales quieran convencernos de que la llamemos de otra manera más suave y hasta tierna. La opinión pública ha sido una convidada de piedra en esos diálo-gos. Y sus promotores aspiran a que el electorado les dé visto bueno votando sí o no en bloque, así sea por exigua may-oría, unos contenidos que le serán im-puestos desde arriba.Nada más contrario a la democracia que ello. Pero es un procedimiento que obedece estrictamente a la lógica de las revoluciones, que rara vez vienen de abajo, sino de minorías audaces que se aprovechan de la ignorancia, la indolen-cia y la desorganización de las comuni-dades, tal como viene sucediendo entre nosotros.Llama la atención que las Farc y sus secuaces se muestren tan puntillosos en achaques de juridicidad, pues siempre han proclamado a los cuatro vientos que no reconocen la legitimidad de nuestro ordenamiento jurídico. Es más, tampoco se han mostrado respetuosas del or-

denamiento jurídico internacional que ahora invocan tratando de parapetarse en sus disposiciones, pues la suya ha sido siempre la “Ley de la Selva”, es decir, la del más fuerte, el más violento, el más cruel, el más implacable, el más sanguinario, el más audaz, el más inescrupuloso. De ello da cuenta el sinnúmero de delitos de lesa humanidad que han cometido contra co-lombianos de todos los estratos sociales, contra las comunidades e incluso contra sus propios integrantes. Lo que se cuen-ta acerca de la vida en el interior de sus frentes parece extraído de unas crónicas infernales.Los capos de las Farc dicen que aspiran a hacer política, pero exigen un cúmulo de garantías y cortapisas que son a todas lu-ces excesivas: conservar sus armas y su dinero, mantener filada a su gente, ase-gurar su propia protección, debilitar al ejército y la policía, gozar del control de vastos territorios, beneficiarse de la im-punidad que les ofrece el acuerdo sobre justicia, disfrutar de un número todavía no definido de curules gratuitas, ajustar la Constitución y las leyes a la medida de sus obsoletas y delirantes concepciones ideológicas, y ubicarse en posiciones de privilegio que les faciliten la toma del poder por asalto.Como saben bien que el pueblo no los quiere, su propósito es, lo reitero, hacer la revolución desde la cima, y para ello cuentan con la debilidad, cuando no con la complicidad de Juan Manuel Santos. Este quiere controlar las reformas cons-titucionales y legales, erigiéndose prác-ticamente en un dictador, para trans-formar todo el ordenamiento jurídico colombiano al tenor de las exigencias de las Farc.Así ocurrirá si el Congreso aprueba el proyecto de Acto Legislativo para la Paz al que solo le faltan dos debates, si la Corte Constitucional lo declara exequible y si el mal llamado Plebiscito para la Paz, en caso de que se lo lleve a cabo, obtiene mayoría favorable.Juan Manuel Santos quedará entonces facultado para modificar toda la legis-lación civil, la penal la laboral, la electo-ral, la tributaria, la comercial, la agraria, la departamental y municipal, etc., en aras de la refundación del país que exi-gen las Farc. Y si no lo hace al gusto de ellas, se lo cobrarán como es de usanza en esa organización criminal. Es rehén suyo.

Dirección URL: http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/itemlist/user/182

4 SEPARATA MEDIOS/ Mayo / 2016

Un gabinete para el plebiscitoPor: La Silla Vacía | Medio: La Silla Vacía | Fecha: 26 de abril de 2016

El Presidente anunció el espe-rado remezón ministerial. Más que un equipo para la paz y el posconflicto, como lo presentó Santos, con el nuevo gabinete el Presidente le apuesta de frente a los políticos, con ministros que podrían convertirse en je-fes regionales para el plebiscito si es que este finalmente se da. Y no resuelve el problema político que se le creó a raíz del nombra-miento de la terna para Fiscal General.

Son seis nuevos ministros que entran: Luis Gilberto Murillo a Medio Ambiente; Maria Claudia Lacouture a Mincomercio; Elsa Noguera a Vivienda; Jorge Eduardo Rojas a Transporte; Jorge Londoño a Justicia y Clara López a Trabajo. Y deja intactos a todos los “presidenciables”: Gina Parody en Educación; Juan Fernando Cristo en Interior; Mauricio Cárdenas en Hacienda; y Aurelio Iragorri en Agricultura.

Todos los nuevos tienen en común que su trayectoria es esencialmente política y que, a excepción de Clara López, tienen raíces muy fuertes en las regiones: Murillo fue goberna-dor del Chocó; Lacouture, que viene de Bancoldex, es samaria; Noguera era la alcaldesa de Barranquilla; Rojas lo era de Manizales; Londoño fue gober-nador de Boyacá y es padrino político del actual.

Aunque reemplazan a otros que también venían de las regiones (solo hay un cachaco menos), estos son más representativos pues tuvieron antes cargos de representación popular y son reconocidos allá mientras que el ex ministro de Vivienda, por ejemplo, venía de Antioquia pero como era un técnico no era visto como un represen-tante de allá.

En el balance de género, otra de las cosas que rescató el Presidente, entran tres mujeres pero salen dos. Es decir que solo hay una mujer más, aunque las dos que entran al gobierno son mujeres de mucho peso propio, incluyendo a otra presidencia-ble como Clara.

Frente a lograr una base de apoyo más grande para la paz, que fue el tercer objetivo del Presidente según lo dijo en su discurso, no es claro cómo lo logra el nuevo gabinete. No está trayendo a ningún sector que no estuviera ya con la paz.

Quizás en ese frente el mayor valor agregado lo representa Murillo, que es un líder recono-cido en el sector afro, que los cohesiona. Él y la recién nom-brada viceministra del Interior, la ex alcaldesa de Quibdó, Zulia Mena, no solo reflejan la diversi-dad racial del país sino que po-drían ayudarle al Presidente a vencer las resistencias que exis-ten en las comunidades afro si algunas de las futuras zonas de concentración de las Farc que-dan ubicadas en sus territorios.

“No hay persona que nos re-presente mejor. Ha sido el me-jor gobernador del Chocó; la clase política lo sacó, pero es un hombre comprometido con nosotros, nos entiende,” dijo a La Silla Ray Charrupi, líder de la organización Chao Racismo.

De resto, dado que Clara López está como si misma y no como representante el Polo y Jorge Londoño tampoco entra en repre-sentación de la Alianza Verde, con este nuevo gabinete Santos tam-poco está agrandando la base de apoyo político a la paz. Y en todo caso, el Polo y los verdes han votado consistentemente a favor de los proyectos de paz del Presidente.

Tan no entran estos en repre-sentación de sus partidos, que el solo anuncio de que Clara en-tra a Trabajo ya partió al Polo.

De entrada, el senador Jorge Enrique Robledo le dijo a La Silla que si ella acepta el cargo, “tiene que renunciar a la presi-dencia porque es que uno no puede dirigir un partido de oposición y al mismo tiempo ser ministra del gobierno”.

Lo mismo nos dijo el excandi-dato a la alcaldía por el Polo, Aurelio Suárez. “En los últimos congresos, el partido ha rati-ficado su oposición al gobierno. El que contradiga esa posición tiene que entregar el carnet. Así de sencillo.”

A la hora de escribir este artículo, estaba reunido el comité ejecu-tivo en el Club del Comercio, y otros miembros del partido es-taban en la sede del Polo, discu-tiendo el tema.

Algo similar ocurre en el Partido Verde con el nombre de Jorge Londoño en cabeza del Ministerio de Justicia.

“No es un nombramiento en representación oficial del par-tido. Es un dirigente histórico del partido y de su región y una persona de altos quilates aca-démicos pero en el partido no hay consenso en el ingreso al gobierno nacional”, le dijo a La Silla el concejal de Bogotá y co-presidente del verde, Antonio Sanguino. “Su designación fue una invitación personal que el presidente le hizo a Londoño para que asuma la responsabi-lidad de implementar la justicia transicional una vez se firmen los acuerdos de paz”.

El partido está dividido, sobre todo entre los congresistas. Los senadores Antonio Navarro,

Claudia López y los represen-tantes Angélica Lozano, Ángela María Robledo e Inti Asprilla se oponen a que el partido tenga representación en el Gobierno.

En cambio, los senadores Jorge Iván Ospina y Jorge Prieto y los representantes Sandra Ortiz, Oscar Ospina y Ana Cristina Paz sí lo ven con buenos ojos.

En lo técnico, hay pérdidas y ganancias

Reyes, un penalista y jurista reconocido que está en campa-ña para Fiscal General fue reem-plazado por el ex gobernador verde de Boyacá que es decano de derecho de la Universidad Santo Tomás pero tiene poco reconocimiento en el sector.

Esto le puede volver a hacer perder peso a un ministerio que no acaba de cuajar, pero que en los últimos meses gra-cias al prestigio de Reyes había comenzado a liderar debates importantes en el tema de dro-gas y también a coordinar los esfuerzos para hacer el alis-tamiento para el Tribunal de Justicia Transicional. Sin em-bargo, Londoño trae un cono-cimiento del Congreso por den-tro que Reyes no tenía.

La otra pérdida es en Vivienda. Henao era ampliamente recono-cido como uno de los mejores ministros del gabinete no solo por la entrega efectiva de las 100 mil casas gratis sin un solo escándalo de corrupción, sino por haber logrado récords como haber destrabado la construc-ción del acueducto de Yopal y Carmen de Bolívar y haber avan-zado más en la reconstrucción de Salgar en un año que lo que logró el Fondo de Adaptación en Gramalote después de 5 años.

En todo caso, será reemplazado

por Elsa Noguera, que viene de hacer una reconocida gestión como alcaldesa de Barranquilla: es economista, tiene maestría en administración de nego-cios, se formó como tecnócrata en el tanque de pensamiento Fundesarrollo y logró hacer la mayor cantidad de viviendas de interés social en los últimos 30 años en Barranquilla durante su gestión. ¿MinTransporte a cambio del cupo en la terna para Néstor Humberto?

Donde no se siente una pérdida en lo técnico es en Transporte, una cartera clave porque está encargada de manejar el gasto en infraestructura y especial-mente el programa de concesio-nes viales de 4G, el más impor-tante para activar la economía.

La ministra saliente Natalia Abello nunca logró despegar y se enfrentó a líos como los de la indefinición sobre Uber o los problemas en la nueva declara-ción del impuesto de vehículos. Sin embargo, una fuente del sec-tor dice que “ muy buena en la gestión contractual y algo que muchos no saben es que avanzó bastante en la agenda camio-nera”.

Su reemplazo, Rojas, es un político de La U, muy cercano al representante caldense Hernán Penagos y al conservador con-servador Luis Emilio Sierra, quien lo apoyó en los inicios de su carrera, cuando era concejal de Manizales.

Pero tiene trayectoria en infraes-tructura: es ingeniero, fue se-cretario de Obras de Manizales de Luis Roberto Rivas, y ge-rente técnico de la empresa local de aseo, la Emas. Según Juan Martín caicedo presidente de la Cámara Colombiana, de Infraestructura (el principal gremio del sector), su llegada es bienvenida. “Le dimos el año pasado el Premio Nacional de la Excelencia en Infraestructura porque demostró ser el mejor alcalde del país en buenas prác-ticas de contratación (...) Por eso su nombramiento es una buena señal.”, explicó a La Silla.

En Trabajo, aunque Lucho Garzón conocía el sector porque venía del sindicalismo, las re-laciones de Clara López con los sindicatos también son de larga data. Y ella le aporta un perfil más sólido, como economista y abogada, al Ministerio.

En Comercio, María Claudia Lacouture lleva 8 años traba-jando en “Colombia es pasión” y luego en Procolombia, por lo que los conoce por dentro. Eso hace que la salida de Cecilia Álvarez-Correa no se sienta tan fuerte.

Y en Ambiente, a Gabriel Vallejo, que no sabía nada del sector cuando llegó a la cartera, lo re-emplaza Murillo, quien fue di-rector de Codechocó a inicios de

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los años noventa y del antiguo Dama de Bogotá en la prime-ra administración de Antanas Mockus. Es decir, aunque no es un técnico propiamente dicho, sí ha trabajado en el sector am-biente.

“Es un hombre muy vinculado con el sector ambiental. Es un ingeniero de minas, pero no es un minero empresarial, y tiene un conocimiento enorme en temas de deforestación y recur-sos naturales”, dijo la directora del Instituto Von Humboldt, Brigitte Baptiste.

El balance político

El Presidente, por obvias ra-zones, no mencionó que el cam-bio de gabinete buscaba solu-cionar el caos político que hay al interior de la Unidad Nacional por cuenta de la integración de la terna para Fiscal General, que fue interpretada como una ‘escriturada’ de la presidencia del 2018 a Vargas Lleras por la inclusión del ex superministro Néstor Humberto Martínez.

Pero en ese frente, según lo que pudo averiguar La Silla, tampo-co se resolvió el problema, más allá de que dividió a su oposición de izquierda: las rupturas en el Polo y la Alianza Verde por los nombramientos de Clara López y Jorge Londoño, respectiva-mente, le quitan aliento.

Con el nuevo gabinete, en tér-minos de balance político, el Presidente le quitó a Cambio Radical el muy importante ministerio de Transporte (como lo había contado La Silla) por el menos atractivo políticamente Ministerio de Ambiente.

Le quitó un ministerio al Partido Liberal (al que en días pasados les había mantenido todas las entidades del posconflicto más la nueva Agencia Nacional de Tierras).

Entre los rojos hay sentimien-to de zozobra

“Parecería que el presidente Santos tiene una molestia con el liberalismo. Pareciera que es que este ajuste este ajuste son “esquirlas” del episodio de la terna para fiscal. Esperábamos por lo menos un liberal en Justicia aunque Londoño me parece bueno y Boyacá se lo merece además de que es de pensamiento liberal. Ahora vie-ne la Cancillería, que la ocupa María Ángela [Holguín] repre-sentando al liberalismo. Si no nombra a un liberal perdería el partido una representación más”, le dijo a La Silla un con-gresista rojo.

"Hay mucho ruido (de cambio en las directivas del partido) pero no ha pasado nada y no creo que pase" dijo otro "El tema aquí es que de los libera-

les del gobierno nos enteramos por medios".

Y al partido de la U le dio el Ministerio de Transporte que quería y le quitó Ambiente (que igual no los ‘representa-ba’), le mantuvo Comercio con una ministra que es vista en el Magdalena político como muy cercana al grupo del exminis-tro Sergio Díaz-Granados y en el grupo del senador atlanti-cense José David Name, de la U, también la sienten como “una amiga”.

Aunque a primera vista, la U es la gran beneficiada, un se-nador de ese partido le dijo a La Silla que en el chat de la bancada había mucha molestia. “Todos inconformes (...) Dicen que se van a salir de la Unidad Nacional”. La Silla pudo cono-cer tres chats en los que queda claro que hay una molestia muy grande porque sienten que se merecen una representación mayor, que Santos les hizo unas promesas que incumplió y que no eligió entre los candidatos que la bancada del partido les había presentado, como el ex ministro Sergio Díaz-Granados o el ex viceministro de comercio Sergio Rueda.

Fuera de estos problemas par-tidistas, la conducción del gabi-nete como tal no será ahora más armónica que antes pues la en-trada de Clara López al equipo significa una presidencial más en campaña para el 2018.

Aunque ella tiene excelentes re-laciones personales, es claro que no entrará a sumar consensos sino muy posiblemente a ha-cerle un contrapeso al Ministro de Hacienda en decisiones que tendrá que tomar muy pronto como subir el IVA.

Frente a los ‘bandos’ de Palacio, quedaron en tablas: sin María Lorena Gutiérrez en la Secretaría General y sin Cecilia Álvarez-Correa, el gru-pito de las mujeres de Palacio se debilita mucho. Queda claro la más poderosa que es Tutina, la Primera Dama, y la minis-tra de Educación Gina Parody y sube de nivel María Claudia Lacouture, que es del mismo clique y muy cercana a la esposa de Santos.

El ‘bando’ de Vargas Lleras también perdió aunque solo se sabrá eso en los próximos días cuando se nombre Fiscal General.

¿Cómo queda Vargas?

La Silla pudo establecer con una fuente cercana a Vargas, que Santos armó el nuevo gabinete sin consultárselo al Vicepresidente. Su par-tido Cambio Radical perdió el Ministerio de Transporte y ganó el de Ambiente, un enroque que en principio no deja bien para-do a Vargas.

El nuevo ministro de Transporte

es muy cercano a algunos caci-ques de ese departamento: el representante Hernán Penagos (de La U) y el senador Luis Emilio Sierra (conservador). Y el de Ambiente se eligió con aval de Cambio Radical y Partido Conservador en alianza con la ex-alcaldesa de Quibdó Zulia Mena.

Además, como amigo íntimo y de vieja data del director de Invías, Carlos García, llega de entrada con un aliado en un cargo clave en el sector, que además puede servir de puente con Vargas Lleras.

Las opiniones sobre los efectos de “perder” Transporte en el vargasllerismo están divididas.

“El golpe para Vargas fue quitar-le Mintransporte”, dijo a La Silla una persona muy allegada a él.

Dado que en el sector vivienda ya casi toda la plata se entregó, y solo faltan por entregar 30 mil viviendas, una parte sig-nificativa de la campaña de Vargas Lleras para el 2018 es-taba fincada en las obras de infraestructura que dependen directamente de él.

Aunque la mayoría de los con-tratos para las carreteras 4G ya están entregados (20 y solo uno está en licitación), la inaugura-ción de esas obras le podrían dar mucha visibilidad y réditos políticos pues nada trae tanto desarrollo a las regiones como estas mega obras.

Además, le dan la oportunidad de tener una interlocución di-recta con los líderes políticos y empresariales en las regiones y salir todos los días en los me-dios como un gran ejecutor.En la práctica, la exministra Abello actuaba como viceminis-tra de Vargas, lo que lo volvía a él el único responsable político -para bien o para mal- de esas obras.

Un congresista de Cambio Radical minimizó el impacto de la decisión y dijo que “los grandes temas los seguirá manejando Vargas. Lo único es que los congresistas de Cambio que tienen espacios ahí podrían ver eso mermado”.

La razón de esto, argumentan los que son partidarios de esta teoría consultados por La Silla, que el decreto, de septiembre de 2014, en el que Santos le con-fiere al Vicepresidente la coor-dinación de todos los proyectos de vivienda e infraestructura, proyectos especiales de reno-vación urbana, desarrollo espa-cial y los planes de atención es-pecial en ciertas regiones sigue vigente.

Según un político cercano a Vargas Lleras, así sea de La U el nuevo Ministro tendría que rendirle cuentas al Vice, a quien además, según congresista de La U y otro de Cambio y un pe-riodista caldense, es cercano,

posiblemente vía el director de Invías.

Esto sería así a menos de que Santos aproveche que va a re-formar la Presidencia para qui-tarle esas funciones. Nada más fácil que cambiar un decreto. Seguramente esperará a ver si la Corte Suprema elige a Néstor Humberto Martínez de Fiscal General para hacer el cambio y ‘compensar’ así el creciente poder de Vargas Lleras.

Porque si no lo hace, lo único que habría hecho con este remezón ministerial sería postergar la solución del problema político. Y falta ver si, así no lo haga, el nuevo ministro entra a rendirle cuentas al Vicepresidente o no.

En todo caso, con el nuevo mi-nistro seguramente el roce entre Vargas y el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas por la finan-ciación de esos proyectos puede bajar, ahora que técnicamente el partido del vicepresidente perdió el manejo de esa cartera. Pero el roce entre el Vice y el Presidente puede crecer.

Más allá de esas consideracio-nes sobre Transporte, los vien-tos de cambio en el gabinete santista le dejaron intacto el Ministerio de Vivienda al var-gasllerismo. Con una particu-laridad: con la llegada de la ex-alcaldesa barranquillera Elsa Noguera, en reemplazo de Luis Felipe Henao, a esa silla se anota un gran hit el grupo de los Char.

Aunque los Char contaban en Transporte con Natalia Abello (quien había sido funcionaria de la Alcaldía de Elsa), con Noguera tendrán a uno de los principales alfiles de esa poderosa casa lide-rando los temas de vivienda.

Como lo contó La Silla, los Char ya no estaban muy contentos con Abello e incluso llegaron a tener un disgusto con ella. La exman-dataria -considerada una gran técnica y gerente- es en cambio de toda su confianza y del círculo cercano del patriarca Fuad Char, de quien es sobrina política.

“Felicitaciones a mi alcaldesa fa-vorita por su nombramiento como MinVivienda, merecido logro para una gran líder”, fue la reacción que por twitter tuvo el Alcalde Char luego del anuncio del Presidente.

La fortaleza con la que quedan los Char, de hecho, ya empieza a generar las primeras reaccio-nes en la bancada de Senado de Cambio Radical. Un senador nos dijo, con la condición de no ser citado, que “no hay en gene-ral tan buen ambiente” con ese grupo ahí “porque se siente que tienen de todo”.

Primero, porque los proyectos de transporte ya están andando y su financiación y desarro-llo no depende del ministerio sino de la Agencia Nacional de Infraestructura, en la que Santos tiene a un técnico, Luis

Fernando Andrade, desde que la creó en 2011.

¿Que consigue?

Quizás lo que realmente cambia con este nuevo gabinete es que Santos se asegura un equipo de jefes regionales de debate para un eventual plebiscito a favor del acuerdo final con las Farc.

Este nuevo gabinete dista en prestigio nacional del ‘dream team’ con el que arrancó Santos su gobierno, con varios minis-tros de talla presidencial, pero tiene un arraigo regional del que carecían los anteriores.

Como contó La Silla, Murillo llegó a la Gobernación del Chocó en 2011, en coalición con la al-caldesa de Quibdó, Zulia Mena, y con una votación histórica de 52.000 votos y el 41 por ciento de los votos. Él es alguien que en el momento que se necesite puede salir a la plaza pública y movilizar gente a favor del plebiscito.

Por su parte, Jorge Londoño, aunque pasó de tener 80 mil votos al Senado en 2010 a que-marse con 23 mil en marzo del 2014, es el padrino político del actual Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya y de la representante a la Cámara, Sandra Ortiz. A diferencia de Yesid Reyes, que le tenía repelús a la interlocución con los políti-cos, Londoño estaría en su salsa el día que le toque hacer cam-paña por el plebiscito.

Jorge Eduardo Rojas Giraldo, el nuevo Mintransporte, llegó a la Alcaldía de Manizales en 2011 con casi 40 mil votos y el 30.6 por ciento de la votación total. Su fuerte es hacer campaña.

Clara López, ni hablar. Sacó casi 500 mil votos y la tercera vo-tación en Bogotá en las eleccio-nes a la Alcaldía el año pasado y en el 2014 se midió en las presidenciales y sacó casi dos millones de votos y quedó de penúltima entre los cinco can-didatos que participaron en la primera vuelta.

Y Elsa Noguera que en 2011 sacó 227.349 votos y salió con una gran popularidad.

En conclusión, si la preocupación de Santos es lograr ganarle a la apatía y al uribismo el día que toque refrendar popularmente el Acuerdo Final es posible que este gabinete, unido a los recién nom-brados viceministros que tam-bién son políticos con recono-cimiento en las regiones, le que-dará más fácil hacer la campaña.

La pregunta es si esto era necesa-rio. Y si esto compensará los otros problemas que se le crearán en el gabinete y entre los partidos, cuyo saldo final solo se sabrá cuando termine de nombrar superinten-dentes y otros cargos clave, in-cluyendo el de María Lorena.Dirección URL: http://lasillavacia.com/node/55584

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'Farc no pueden recibir tratamiento de Estado': Alfonso Gómez MéndezPor: María Isabel Rueda | Medio: El Tiempoa | Fecha: 10 de mayo de 2016

El exfiscal también dijo que convertir en tratado los acuerdos de La Habana es incostitucional.

¿Qué es lo que está pasando hoy en su partido?

El desastre de hoy es el resultado de una crisis que viene de atrás. El espíritu errante del Frente Nacional afectó al li-beralismo y al conservatismo, pues los adormiló, los anquilosó, los convirtió en partidos gobiernistas y dejaron de lado el ejercicio de la oposición.

Según el senador Horacio Serpa, el pro-blema es que no están contentos con los puestos…

El liberalismo pasó en estos años de ser la fuerza mayoritaria a convertirse en un partido que, como lo vemos ahora, solo pide puestos. El último presidente ver-daderamente liberal fue Virgilio Barco. Asumió que el conservatismo se fuera a la oposición. No se dejó chantajear de nadie e hizo respetar siempre el fuero presidencial.

¿Se parece más al “buey cansado” del que hablaba Carlos Lleras?

Exacto. Con su lánguida presencia es cada vez menos una coalición de matices de izquierda.

¿Cuándo empezó esta crisis?

No se puede negar que las acusacio-nes sobre financiación del narcotráfico de la campaña presidencial de Ernesto Samper le hizo grave daño al partido, y, seguramente si el Vicepresidente hu-biese sido alguien distinto a Humberto de la Calle, el presidente hubiera renun-ciado y el partido no hubiera tenido que cargar ese pesado fardo.

¿Cómo así que Samper hubiera renun-ciado si el vicepresidente no hubiera sido De la Calle?

Era clara que no había ninguna empatía personal o política entre el presidente y su ‘vice’. Es más, De la Calle le había “jurado” en publicitada entrevista, cuan-do le disputaba la candidatura liberal a Samper, con el apoyo de Gaviria, que jamás sería vicepresidente de Samper.

La verdad, no han estado muy de buenas en materia de candidaturas presidencia-les. Los dos últimos presidentes han sido liberales, pero bautizados bajo otras de-nominaciones…

Mire en lo que ha quedado el liberalismo. Se fue secando primero con las tres frus-tradas candidaturas de Horacio Serpa. En 1998 sacó el 57 por ciento de la vo-tación, ganó en primera vuelta y luego perdió con Pastrana; en el 2002, el 31 por ciento; en el 2006, el 11,83 por cien-to. Y la tapa fue con Rafael Pardo, con un

4,38, cuando estuvo a pocos votos de no alcanzar siquiera el umbral.

Pero el doctor Pardo fue jefe del li-beralismo…

Como ese liberalismo de ahora no tiene sentido de la autocrítica, el doctor Pardo, que casi acaba con lo que quedaba del partido como candidato, sin rubor algu-no se quedó como jefe para seguir mane-jando los avales. En eso ha terminado el liberalismo. En una fábrica de avales con jefes cuyo único mérito es ese poder que, al mejor estilo del antiguo bolígrafo, les permite mantener bajo disciplina para perros a los aspirantes a las corporacio-nes públicas.

Pero usted fue candidato por ese par-tido que tanto critica...

Sí, hice el ejercicio en el 2009. Represento un sector de la izquierda liberal. Pero el jefe del partido que era el doctor Gaviria tenía claras preferencias por Pardo, y la tiranía de los avales nos afectó a Aníbal Gaviria y a mí.

Viene el Congreso de su partido. ¿Va a asistir, con todas esas críticas que le hace?

No. No vale la pena. Es un congreso en buena parte afectado por la ilegalidad, pues las directivas se han negado con toda clase de leguleyadas a cumplir una decisión del Consejo de Estado que dice que esas directivas fueron elegidas de manera irregular. Ahora que existen los llamados jefes a quienes Vivian Morales describe mejor como ‘dueños’ del par-tido, se la pasan por la galleta.

¿Y usted es el único liberal rebelde?

No. Hay muchos sectores del partido que no comparten lo que está pasando. Vivian Morales, Sofía Gaviria, Bernardo Gaitán Mahecha, varios represen-tantes, exministros, exmagistrados, exgobernadores y jóvenes estudiantes. Ni qué decir de diputados, concejales y líderes populares que se ven silencia-dos por esa tiranía de los avales. Hay un grupo de liberales liderados por el exgobernador del Huila Julio Enrique Ortiz, Juan Manuel López Caballero, el exparlamentario Julio Bahamón, en-tre otros, que han venido expresando estas mismas inquietudes y están ges-tando una disidencia similar a la del MRL bajo el nombre de Movimiento de Recuperación Liberal y con la cual me siento identificado. Nos quedamos en el partido, pero no validamos lo que está pasando. También surtirían nuevas alianzas con sectores indepen-dientes de la sociedad y agrupaciones políticas.

¿Tiene esa disidencia algún futuro?

Desde luego. Al partido lo han movido siempre las disidencias. Gaitán en un momento determinado se sintió incó-modo y fundó la Unir, y si no lo matan hubiera sido presidente en 1950. El MRL de López sacudió al liberalismo y desde la disidencia llegó luego a la presidencia. Lo mismo Luis Carlos Galán con el Nuevo Liberalismo y su bandera de la lucha contra la corrupción y la defensa de los ideales liberales.

Álvaro Uribe es otro ejemplo…

Por las mismas razones, Álvaro Uribe tuvo que montar tolda aparte, lo mis-mo que el hoy vicepresidente Germán Vargas Lleras.

Serpa ha anunciado el retiro de la Unidad Nacional…

Es curioso. El liberalismo, después de la sequía burocrática durante los gobier-nos de Pastrana y Uribe, volvió a sentir ‘respiro’ burocrático con Juan Manuel Santos. Por cierto que mientras en mi condición de liberal anuncié por antici-pado mi apoyo, los ahora jefes liberales le andaban coqueteando a Mockus. A pesar de eso, en el 2014 no presentaron candidato con el argumento de que hacían parte de la Unidad Nacional. Eso le permitió a lo que va quedando de libe-ralismo volver a presidir las cámaras. ¡Tiene como cuota nada menos que al ministro de la política!

Sigo sin entender. ¿El liberalismo será gobierno u oposición?

Que el liberalismo decida si quiere ser gobierno u oposición. Y, en este último caso, que renuncie a los puestos. Salirse de la Unidad y quedarse con los puestos es una posición cómoda.

E inmoral…

El argumento para no salirse de los pues-tos, si es que se siente maltratado (cosa que no creo) no puede ser el apoyo al proceso de paz, pues esa es una bandera histórica del partido que siempre ha sido partidario de la solución negociada al conflicto armado. Robledo apoya la paz y no pide puestos.

Al Vicepresidente le piden la renuncia…

A Vargas Lleras se le pide la renuncia ya, porque aspira a la presidencia. Debería hacerse lo mismo con todos los que des-de el Gobierno aspiran a ser candidatos. La Constitución les da a todos un año del plazo.

¿Se refiere a Cárdenas, Cristo, Pardo, De la Calle, y no se quién más se me quede en el tintero?

La Constitución establece que todo alto funcionario que aspire a la presidencia debe retirarse un año antes de la ins-cripción. Esa prohibición no cobijaba al ‘Vice’ y la incluyeron en el equilibrio de

poderes. Lo que debe haber es igualdad. Si se pide la renuncia a uno debe hacerse a todos los candidatos que hoy están em-pollados en el Gobierno.

¿Le gustó la terna para fiscal?

El hecho de que últimamente la Fiscalía, contra toda previsión constitucional, hubiese adquirido semejante papel pro-tagónico en la política cuando hablaba de todo, intervenía en todo, se metía con periodistas críticos, influía en nombra-mientos e inspiraba tanto temor –más que respeto– ha llevado a que, como nunca antes, la elección del fiscal este tan politizada.

Su partido, el Liberal, hasta pidió esa cuota…

A un presidente le pueden hasta pedir cuotas en la conformación de un gabi-nete, pero no en la justicia. La lucha contra la impunidad y la libertad de los colombianos no pueden ser motivo de lucha partidista.

Pero la terna sí causó un terremoto…

Imagínese: una brillante y eficaz colab-oradora del presidente Santos, María Lorena Gutiérrez, dicen que renunció porque no le gustó la inclusión de un nombre en la terna. Hasta allá hemos lle-gado. ¡Y ahora le metimos hasta Festival Vallenato!

Sí, hubo campaña de ministros hacia uno de los candidatos de la terna en el Festival Vallenato. Falta ver si los magistrados se dejaron convencer…

A pesar de que no me gustó el procedi-miento, por innecesario, la terna es bue-na, y ojalá la Corte ponga fin a la interini-dad y no sea cierta la especie de que ha-bría intereses burocráticos para que esta se prolongue.

A usted trataron de descalificarlo cuan-do fue candidato a fiscal, porque venía del ejercicio profesional y tenía clien-tes…

A la Corte hay que dejarla que elija libre-mente sin presiones de ninguna natura-leza y sin tratar de darle consejos desde los medios por quién debe votar o no vo-tar, o tratar de descalificar a candidatos por el ejercicio profesional, como sin éxi-to se hizo conmigo cuando fui postulado a la Procuraduría y a la Fiscalía.

Será dura la misión del nuevo fiscal, de retomar el hilo de lo que realmente debe ser la Fiscalía y el fiscal…

El fiscal elegido, que ojalá lo sea pronto, debe retomar el hilo perdido de la en-tidad y dedicarse a lo que le ordena la Constitución y para lo que fue creada la Fiscalía, es decir, investigar y acusar sin sesgos a los procesados ante los jueces competentes. Que no haga nada más. Pero tampoco nada menos. Para que sea eficaz, un fiscal no debe, no necesita, es-tar citando a Borges o, genéricamente, a

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los griegos, ni disponer de una frondosa burocracia y una amplísima nómina paralela.

¿Usted como fiscal habría avalado los acuerdos especiales?

Defender la negociación no supone derogar el ordenamiento jurídico. He dicho que el Gobierno debe decir clara-mente qué es lo que quiere y no permitir que salga tanto espontáneo al ruedo. Como decían los campesinos tolimenses frente a la aparición de los espantos, “de parte de Dios o de parte del diablo: ¿qué es lo que quiere?”

Ha habido mucha improvisación fallida…

Primero fue el marco jurídico para la paz, extraído del inquieto caletre jurídi-

co de Roy Barreras y del cual hoy nadie se acuerda. Luego, el referendo para la paz, que defendí como ministro de Justicia y que permitía consultarle al pueblo sobre los acuerdos, aun en fecha que coincidiera con una elección ordinaria. Luego, el plebiscito para la paz, con bajonazo del umbral, al parecer también sugerencia del nuevo negociador Barreras.

Y simultáneamente cursa un proyecto de acto legislativo para reducir términos…

Para desarrollar pronto los acuerdos de La Habana que supongan, como lo creen algunos, cambio constitucional. Y ahora está la descabellada idea de que lo que se acuerde en La Habana automática-mente entra a regir, así se hagan cambios constitucionales o legales. ¿Qué tal que de allí salga la revocatoria del Congreso, como se hizo en forma por lo demás irre-gular en la Constituyente, o la del propio

Presidente, contra la prohibición expre-sa de la actual Constitución de que no se puede tocar el mandato de un presidente o un congreso elegido?

Lo que aparentemente quieren que suce-da es que las Farc reciban tratamiento de Estado…

Las Farc no pueden recibir tratamiento de Estado, y como tal lo que allí se acuerde no es un tratado internacional. Afortunadamente, primero los negociadores De la Calle y Jaramillo, y luego el Presidente en su exten-sa entrevista en Caracol (Radio), le salieron al paso al desatino.

Pero la Corte Constitucional ya invitó a las Farc a una sesión…

Respeto al magistrado Palacio, a quien admiro de verdad, pero reconozco que me pareció extraño que se le diera

trámite a una demanda contra el acuerdo preliminar entre el Gobierno y la guerri-lla. La competencia de la Corte es regla-da, y ante ella solo se pueden demandar, según el artículo 241 de la Constitución, las leyes, los decretos con fuerza de ley, los proyectos de leyes estatutarias, las reformas constitucionales por vicios de forma. Y de oficio revisa las leyes apro-batorias de los tratados públicos, antes del canje de ratificaciones...

Si se les da el carácter de tratado inter-nacional a los acuerdos de La Habana, ¿cómo sería ese canje de ratificaciones?

Esa “audacia”, como diría el Presidente, que es abiertamente inconstitucional, ha debido ser rechazada de plano en la Corte.

Dirección URL: http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/entrevista-a-alfonso-gomez-mendez/16587108

Brasil: Las amenazas a la seguridad en los juegos olímpicos de Río (I)Por: José Marulanda / Medio: Panampost.com / Fecha: 8 de mayo de 2016

El Estado Islámico ha anunciado que actuará durante el evento, y esa amenaza no puede ser subestimada, sobre todo tras los recortes en gastos de seguridad.

El relatorio de atentados olímpicos es corto pero dramático.

Por estos días, Brasil está en los titulares de los medios debido a la muy posible revocatoria de su presidenta Rousseff, lo que sería el mayor golpe a toda la iz-quierda latinoamericana que viene per-diendo el poder que ha detentado en los últimos 20 años en la región. Para algu-nos, esta turbulencia política vaticina perturbación social y confrontaciones callejeras en el país que, además, sufre la peor recesión desde 1930. En medio de la confusión político-económica-social, la realización de los Olímpicos a menos de 100 días, plantea serios interrogantes sobre la seguridad del evento.

El relatorio de atentados olímpicos es corto pero dramático. En 1972, Septiembre Negro, facción de la OLP, atacó las instalaciones Olímpicas en Múnich y asesinó a 11 atletas y en-trenadores judíos. En 1996, un “Lobo Solitario”, el ultraderechista norteam-ericano Eric Robert Rudolph instaló una bomba en el Centennial Olympic Park de Atlanta, en donde se celebraban los Juegos Olímpicos de Verano: dos per-sonas resultaron muertas y mas de 100 heridas. En 2014, el Estado Islámico (EI) anunció que atacaría a los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, Rusia. El evento se realizó con muchas expectati-vas y ningún incidente.

Para los juegos de Rio, el asunto de seguri-dad se ha venido complicando. El viernes 15 de abril, dos reconocidas agencias de seguridad privada, la inglesa Control Risk y la norteamericana Stratfor, distribuye-ron a sus abonados en el mundo una aler-

ta informando que la amenaza del Estado Islámico (EI) contra el evento, eran au-ténticas, citando la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN). Tal amenaza saltó a las redes sociales poco después de los atentados en París, en noviembre de 2015, y en ella Maxime Hauchard, un mi-litante francés dijo: “Brasil, eres nuestro próximo objetivo” y agregó: “Podemos atacar ese país de mierda”.

“La amenaza es contra el país —me argu-mentó un especialista que trabaja para el Gobierno en la seguridad del evento— y no contra los Juegos. Una amenaza simi-lar ocurrió en noviembre de 2015 con-tra México”, me aclaró, en referencia a un video del EI en el que amenazaba a 60 países que considera sus enemigos, México entre ellos.

Pero varios hechos podrían dar validez a los temores generados por la amenaza.

Brasil no ha sido objeto de un ataque terrorista de ningún tipo, mucho menos alguno que implique la participación de suicidas o “Lobos Solitarios”. La expe-riencia de las fuerzas de seguridad no va mas allá de lidiar con los anarquistas de Black Block que intentaron torpedear, sin éxito, el Mundial de Fútbol de 2014.

Los recursos asignados a la seguridad del evento se han reducido en un 33%. El Secretario de Seguridad del Estado de Rio de Janeiro reveló que no hay fondos para articular un dispositivo de emer-gencia. Aportar mas recursos para este torneo deportivo global, en momentos en que la economía se contrae a un ritmo de un 3 o 4% anual, es una tarea harto complicada.

El aumento de la delincuencia común, es otro factor que deteriora la imagen de seguridad de los Olímpicos. Según las es-tadísticas en el Estado de Rio de Janeiro cuatro personas son robadas cada 15 minutos y alguien es impactado por una bala cada dos días.

Paulo Storani, excapitán del Batallón de Operaciones Especiales, BOPE, popu-larizado en una exitosa película, dijo a la prensa que: “las organizaciones ex-tremistas podrían intentar promover acciones, y mas en un país vulnerable como el nuestro”.

Por otra parte, uno de los objetivos ape-tecidos por extremistas islámicos ha sido Brasil, en donde viven un poco mas de un millón de musulmanes. Aunque no existe una estructura terrorista formalmente identificada dentro de sus fronteras, en el gigante sudamericano habría al me-nos 20 células operativas de Hezbolá, la Yihad Islámica y Al Qaeda, según fuentes oficiales, citada por la revista Veja.

De acuerdo con el diario Estadão la in-teligencia brasileña estuvo en alerta el marzo pasado al detectar que grupos terroristas intentaban reclutar a jóvenes “Lobos Solitarios”.

El periódico brasileño O Globo informó que la policía había detectado cone-xiones entre el grupo terrorista libanés Hezbolá y la banda Primer Comando de la Capital (PCC). De acuerdo con ese periódico, que citó fuentes de la Policía Federal (PF), hay indicios de que “trafi-cantes” ligados al movimiento chiita abrie-ron canales para la entrega de armas al PCC y, a cambio, la banda brasileña debía proteger a los presos vinculados con la organización detenidos en el país, prin-cipalmente por tráfico de drogas.

Los primeros indicios de estos nexos datan de 2006, pero las pruebas empe-zaron a aparecer en 2008. Los trabajos de inteligencia se realizaron también en

la Triple Frontera de Brasil, Argentina y Paraguay, que las autoridades estadouni-denses han señalado desde hace varios años como sede logística y financiera de un gran número de células extremistas.

De acuerdo con el diario brasileño, el Gobierno de Estados Unidos ya había detectado en 2006 la vinculación de co-merciantes libaneses con el narcotráfico, la venta de explosivos robados y el finan-ciamiento de acciones terroristas. Un jeque sunita de una mezquita en Sao Paulo, miembro del Consejo de Líderes de las Sociedades y Asuntos Islámicos de Brasil, fue vinculado hace varios años con una red de la Triple Frontera a la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos considera una de las que proporciona mayor apoyo financiero y logístico a Hezbolá. En 1995, se rumorea que el jeque albergó al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden y al cerebro del aten-tado del 11 de septiembre, Khalid Sheik Mohammed, en esa zona trifronteriza.

El Director de Contraterrorismo de la ABIN dijo recientemente en una rueda de prensa que existe un creciente núme-ro de personas en el país que viene ad-hiriendo a la ideología de un Califato y al uso de la violencia y mostró banderas del Brasil con la frase “Dios por encima de todo” escrita en árabe y con símbolos de EI. Los “Lobos solitarios” son la principal preocupación de la agencia, dijo el fun-cionario.

Con estos indicios y la amenaza del EI, que bien puede ser un simple alardeo, ¿cómo se preparan Brasil y sus Fuerzas de Seguridad para prevenir un incidente mayor que proyecte la organización ex-tremista islámica como una verdadera amenaza global —y al Gobierno brasile-ño como un fracaso?

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8 SEPARATA MEDIOS/ Mayo / 2016

El Calabozo de la Libertad

La trampa caza bobos que Maduro le tiene a la MUD

Por: Gustavo Azócar Alcalá | Medio: Informe21.com | Fecha: 7 de mayo de 2016

Nicolás Maduro sabe que no tiene mucho tiempo. El ex chofer del Metro de Caracas tiene las horas contadas. El mandatario se aferra a la bombona de oxíge-no que le han suministrado los magistrados del TSJ y las 4 recto-ras pro-oficialistas del CNE para tratar de mantenerse con vida. El gobierno semeja un barco a la deriva en mitad de una tormenta que no cesa y que por el con-trario arrecia cada día que pasa.

Maduro quisiera tirar la toalla, pero los cubanos y la cúpula militar no lo dejan. La presión que ejerce cada uno de estos dos sectores sobre el Presidente es demoledora. Soy de quienes cree que si al inquilino de Miraflores se le ocurriera tan siquiera hacer mención de la palabra “renuncia”, los militares y los cubanos lo pasarían por las armas de inmediato. Cubanos y militares prefieren a un presi-dente muerto que a un presi-dente renunciante. La renuncia sólo le sirve a la oposición, pero su desaparición física (que la oposición democrática, en la que yo me inscribo, no apoya ni desea) mantendría con vida a la revolución.

Maduro está tan desesperado, que ha dado órdenes a las cua-tro rectoras del CNE para que impidan a toda costa la reali-zación del referendo revoca-torio durante el año 2016. Las 4 “malandras” como acertada-mente las llamó Henry Ramos Allup, harán todo cuanto sea posible, violando para ello la Constitución y las leyes, con tal de cumplir con el deseo del he-redero de Chávez. Es duro decir-lo, pero es un escenario que hay que asumir y combatir con to-dos los hierros: existe la posi-bilidad de que este año no haya referendo revocatorio. Uno de los principales elementos que conspira para que la consulta se haga es el factor tiempo. Los lapsos lucen muy apretados. Es una carrera contra reloj. Y si a eso le sumamos el hecho de que la MUD perdió los primeros 4 meses del año discutiendo cómo sacar a Maduro, para ter-minar aceptando que el camino menos tortuoso era el revocato-rio, pues la cosa se pone peor.

Maduro se ha propuesto impe-dir que haya referendo este año y para ello tiene una trampa caza bobos que busca desarticu-lar las pretensiones opositoras de someterlo a un revocatorio que acabe con su mandato. El Jefe de Estado está dispuesto a sacrificar a unos cuantos gober-

nadores del PSUV para tratar de salvar su propio pellejo. La Sala Situacional de Miraflores ha recomendado al mandatario que ordene al CNE obstaculizar a cómo de lugar el revocatorio y que en su lugar se lleven a cabo las elecciones regionales para gobernadores y Consejos Legislativos.

La idea no es tan alocada como parece. Todo lo contrario, tiene mucha lógica política. Los par-tidos de oposición tienen en la actualidad una poderosa razón para mantenerse unidos dentro de la MUD: la salida de Nicolás Maduro. Ese propósito, que no es solamente un objetivo de los partidos, sino un gran clamor nacional, exigido por la gran mayoría de los venezolanos, ha hecho que las organizaciones con fines políticos mantengan viva a la Mesa de la Unidad Democrática.

Pero cuando se trata de elegir gobernadores y diputados re-gionales, la cosa luce muy dife-rente. En los estados, cada par-tido político que integra la MUD tiene sus propias aspiraciones. Cada organización ya ha comen-zado a sacar cuentas, y aunque en algunas entidades pareciera haber claridad con relación a quienes deberían ser los can-didatos naturales, hay muchas otras regiones donde la pelea será a cuchillo. El asunto es tan complejo que hay estados donde los candidatos mejor posicio-nados no son precisamente los dirigentes de los partidos que integran la MUD. También hay personeros independientes. Y si a eso se le suman los diputados de la Asamblea Nacional que con toda seguridad dejarán sus curules para irse a buscar una gobernación, el asunto se torna mucho más peliagudo.

Maduro y sus asesores cubanos y españoles, saben muy bien que cuando se vaya a la lucha por las gobernaciones y conse-jos legislativos, la unidad mono-lítica de la MUD no será la mis-ma. Miraflores conoce las debi-lidades de los partidos políticos y sus dirigentes, y sabe, como lo sabemos muchos venezolanos que no nos chupamos el dedo y que conocemos algo de política, que la batalla por las goberna-ciones hará que salgan a flote los intereses personales e indi-viduales que tanto daño le han hecho a la oposición venezolana en los últimos años.

El dilema en el que se debate Maduro es muy simple: si se

hace el referendo revocatorio este año, será revocado con una votación aplastante. Todas las encuestas señalan que 7 de cada 10 electores votará favorable-mente para sacarlo del poder. Ante esa realidad, Maduro ha optado por boicotear y sabotear todo cuanto tenga que ver con el referendo. El CNE y el TSJ harán la tarea de impedir la consulta popular.

Pero si Maduro insiste en obs-taculizar el revocatorio y además de ello también se da a la tarea de boicotear y sabotear las elec-ciones regionales, las cuales de acuerdo con la constitución y las leyes deben realizarse este mismo año, la olla de pre-sión que existe en el país --- y que se apaciguó momentánea-mente, luego del proceso de recolección de firmas para acti-var el mecanismo--- terminará por estallar en cada rincón de Venezuela, con consecuencias inimaginables para el gobierno y para toda la nación en general. Esta bomba social que se siente y se oye en las calles, sólo puede desactivarse de una sola mane-ra: con la salida de Maduro.

Maduro no sabe jugar ajedrez. Pero a pesar de ello, intentará mover algunas piezas. Hasta los que no entienden el juego saben que lo importante es defender a la Reina. Si para ello tiene que entregar los peones, los alfiles, un caballo y una torre, lo hará. Algo me dice que eso es exactamente lo que quiere Maduro: entregará la cabeza de los gobernadores del PSUV, con tal de salvar su propio pellejo. Una clara demostración de que a Nicolás las gobernaciones le tienen sin cuidado es el hecho de que se haya traído a Istúriz para la vicepresidencia de la república y a Castro Soteldo para el ministerio de produc-ción agrícola y tierras.

Maduro puede ser bruto, pero no es gafo. El sabe que los par-tidos que integran la MUD quie-ren tener sus propios goberna-dores. Si el próximo domingo se llevaran a cabo las elecciones regionales, y se repitiera la vo-tación del pasado 6 de diciem-bre, el oficialismo perdería al menos 20 gobernaciones. Cada partido que integra la MUD quiere su pedazo de torta. Pero Maduro también sabe que el triunfo de las fuerzas democráti-cas en los comicios regionales dependerá de algunos factores, como por ejemplo: 1) la forma como la MUD elija a sus candi-datos. Si se repite la fórmula

aplicada por la MUD en el año 2012 (imposición de candidatu-ras a dedo, y repetición de can-didatos bate quebrados) mu-chas gobernaciones probable-mente quedarán nuevamente en manos del oficialismo.

Otro elemento importante que debe considerarse, de cara a unas elecciones regionales, es saber si los partidos deciden mantener en vigencia la tarje-ta única de la MUD o si por el contrario, optan por lanzarse al ruedo con sus propias tarjetas. El PSUV ha puesto en marcha una estrategia político electoral que busca desesperadamente acabar con la tarjeta única de la MUD. Hay dos decisiones que se han adoptado en organismos controlados por el gobierno que demuestran la intención del ofi-cialismo por acabar con la tarje-ta que permitió a la oposición ganar la mayoría en la Asamblea Nacional. La primera tiene que ver con el registro de los par-tidos ordenado por el CNE y la segunda con la sentencia del TSJ que prohíbe la doble militancia.

El gobierno sabe el gran daño que electoralmente hablando le ha ocasionado la tarjeta única de la MUD y tales decisiones buscan desarticular esa tarjeta para que no aparezca más en el tarjetón electoral. Impedir la doble militancia significaría,

por ejemplo, que quienes apa-rezcan inscritos en AD o en PJ no pueden aparecer en los re-gistros de la MUD. Eso implicaría que la MUD tendría que ser tratada como un partido, y los militantes y dirigentes de ese partido no podrán aparecer en las listas de otras organizacio-nes políticas.

Así las cosas, la estrategia del ofi-cialismo está muy clara: eleccio-nes regionales, sí. Revocatorio, no. Apuesto fuertes a lochas a que Tibisay Lucena anunciará primero la fecha de los comicios de gobernadores antes que la fecha del referendo. La trampa caza bobos está servida. Sólo falta saber cuál será la estrate-gia de la MUD para enfrentar este escenario que, como ya se ve, sólo busca dejar a Maduro en la Presidencia de la República hasta el año 2019.

La MUD tendrá que decidir qué es lo que quiere: referendo o regionales. No es fácil hacer las dos cosas este año. Habrá que decidir entre el interés del país y el interés de los partidos. Yo apuesto por el interés del país. Se acabaron los trailers. Comenzó la película.

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