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La Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos en España José Albiac Murillo
Investigador del Departamento de Economía Agraria, CITA-DGA. 1. Introducción
Los recursos hídricos han tenido una gran importancia en la península ibérica desde la
antigüedad. Un ejemplo es el bronce de Contrebia Belaisca (Botorrita) del 89 a. C., que
documenta el enfrentamiento entre la ciudad íbera de Salduie (Zaragoza) y la vascona de
Alaun (Alagón) por el abastecimiento de agua a Salduie, y otro ejemplo son las presas de
Almonacid de la Cuba, Proserpina y Cornalvo, que alcanzaban la mayor altura de todas las
construidas durante el Imperio Romano. Durante la Edad Media el Califato de Córdoba
desarrolló proyectos de regadío en Murcia, Valencia y Granada, y en Valencia se creó el
Tribunal de las Aguas como institución para resolver conflictos de agua, que ha estado en
funcionamiento durante los últimos mil años. Dos proyectos importantes de transporte y
regadío en la Edad Moderna fueron el Canal Imperial de Aragón y el Canal de Castilla.
En el siglo XIX se llevaron a cabo grandes obras de suministro de agua en las ciudades
de Madrid, Valencia, Gerona y Cartagena, pero la iniciativa privada fracasó en el regadío. A
comienzos del siglo XX se inició la intervención pública en los regadíos, y la planificación
hidrológica se convirtió en la herramienta de desarrollo económico de la España agraria. Se
sucedieron importantes iniciativas como la creación de las confederaciones hidrográficas, el
Plan de Obras Hidráulicas republicano que se llevó a cabo durante la dictadura, los Planes
de Desarrollo de los años sesenta, y los Planes Hidrológicos Nacionales de 1993 y 2001.
La enorme expansión del regadío y la sobreexplotación de acuíferos en el levante y
sureste peninsular, junto al error de cálculo de la disponibilidad de agua del trasvase Tajo-
Segura, llevaron a las propuestas de trasvases del Plan de 1993 (4.000 hm3) y del Plan de
2001 (1.200 hm3). Ambos planes encontraron una fuerte oposición por parte de
organizaciones políticas, sociales y medioambientales, y de muchos expertos. La principal
crítica era que el enfoque tradicional de oferta de la planificación hidrológica estaba
agotado, y eran necesarias nuevas iniciativas de gestión. Estas iniciativas debían consistir en
revisar las concesiones, limitar las extracciones superficiales y subterráneas, aumentar los
precios, desarrollar mercados de agua regulados, nuevas técnicas de oferta (desalación),
proteger la calidad de las aguas, y la reutilización y regeneración. Con el cambio de
gobierno de 2004, el Plan Hidrológico Nacional ha sido modificado por el Parlamento en
2005, sustituyendo el trasvase del Ebro por el programa AGUA. El programa AGUA
mantiene el enfoque tradicional de aumento de oferta, ya que pretende resolver los
problemas de escasez en el sureste peninsular mediante el suministro de agua desalada.
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Cuadro 1. Captación y utilización de recursos hídricos en 2002 (hm3). Total Agricultura Empresas suministro Otros sectores Refrigeración
Captaciones Superficial Subterránea
38.200 32.500 5.700
25.200 20.900 4.300
5.400 4.200 1.200
1.400 1.200 200
6.200 6.200
Pérdidas redes 5.500 4.500 1.000 Usos Agricultura Hogares Otros sectores Refrigeración
20.700 2.600 3.200 6.200
20.700
2.600 1.800
1.400
6.200 Fuente: INE (2006) y Martínez y Hernández (2003). Las cifras no incluyen las captaciones para producción hidroeléctrica, que el MIMAM (2000) estima en una media de 16.000 hm3.
2. Uso sectorial del agua y problemas de escasez y degradación
El cuadro 1 muestra la captación y utilización de recursos hídricos por sectores. Las
extracciones se acercan a los 40.000 hm3, de los que 6.200 hm3 se utilizan en refrigeración
de centrales de producción de energía, y 32.000 hm3 cubren la demanda consuntiva del
regadío, las empresas de suministro urbano, y otros sectores industriales y de servicios. Las
pérdidas de las redes primarias y secundarias son elevadas y alcanzan los 5.500 hm3, y para
reducirlas es necesario acometer importantes inversiones en renovación de infraestructuras.
La demanda de los hogares alcanza 2.600 hm3 con un precio medio de 1 €/m3, y la
demanda de la industria y los servicios es 3.200 hm3 con un precio medio de 0,25 €/m3. La
demanda neta del regadío es 20.700 hm3 y los precios dependen del tipo de agricultura. En
los regadíos del interior con sistemas colectivos de presas y canales, y cultivos en general
extensivos y de baja rentabilidad, los precios no superan los 0,05 €/m3. En los regadíos del
levante y sureste peninsular con bombeo individual de acuíferos y cultivos muy rentables, el
rango de precios varía entre 0,09 y 0,21 €/m3.
La presión creciente de estas actividades económicas ha creado problemas serios de
escasez y degradación del recurso. Los mayores problemas están localizados en el sureste
peninsular, y están ligados a la presión de la agricultura intensiva con captación de aguas
subterráneas, junto a la presión urbanística y del turismo sobre la costa mediterránea. La
sobreexplotación de acuíferos alcanza 700 hm3, en las demarcaciones del Júcar (160),
Segura (220), Sur (70) y Alto Guadiana (220), y es consecuencia de décadas de desgobierno
de las aguas subterráneas que se declararon dominio público en la Ley de Aguas de 1985.
Las inscripciones de concesiones (Registro) y derechos privados (Catálogo) están muy lejos
de completarse, y se estima que el número de pozos ilegales supera el millón. Por el
contrario, la escasez y degradación de los recursos hídricos es moderada en la España
interior, ya que el regadío esta basado en sistemas colectivos: las confederaciones
hidrográficas controlan las concesiones, los caudales y las reservas en los pantanos,
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mientras que las comunidades de regantes realizan la gestión de los polígonos de riego. Esta
buena organización garantiza el caudal ecológico de los ríos, y la gestión de sequías y
avenidas.
Para conseguir una gestión sostenible, es necesario que los economistas junto a
expertos de otras disciplinas hagan un esfuerzo de análisis que contribuya a una mejor toma
de decisiones. Es conocido el debate entre Aguilera (1993) y Rubio y González (1993)
sobre los trasvases del Plan Hidrológico de 1993, en el que estos autores afirmaban la
necesidad de examinar los efectos sobre el bienestar social de las distintas alternativas. La
cuestión clave era conocer los precios de equilibrio de la oferta y la demanda de recursos
hídricos en las cuencas, para compararlos con el coste del agua importada de otros
orígenes. Estas tareas no se han llevado a cabo ni en el Plan Hidrológico de 2001, ni en la
modificación del Plan en 2005.
La información aportada por Albiac et al. (2007) evalúa para el sector agrario diversas
alternativas de oferta y demanda que solucionen la escasez de recursos hídricos en el
levante y sureste peninsular. Las medidas de demanda como prohibir la sobreexplotación
de acuíferos o subir los precios del agua suponen unas pérdidas de 400 millones de euros
anuales para los agricultores, mientras que las medidas de oferta del trasvase del Ebro y el
programa AGUA requieren subvenciones de 300 y 120 millones anuales, respectivamente.
Pero la cuestión no consiste únicamente en la evaluación económica de las alternativas,
sino en determinar su viabilidad institucional y política. Subir los precios del agua a los
agricultores no es posible porque la autoridad de cuenca no controla el número de pozos y
el caudal de bombeo. Aunque pudiera controlarlos, el precio sombra del recurso en las
zonas de invernadero supera los 3 euros/m3, y no tiene sentido un precio a los agricultores
muy por encima del precio urbano o del coste de desalación. La actual capacidad
organizativa y de gestión de las autoridades de cuenca impide implementar la prohibición
de sobreexplotación de acuíferos o introducir mercados de agua.
El problema de control de extracciones también afecta al programa AGUA, que incluye
inversiones de 1.200 millones de euros para construir una capacidad de desalación de 600
hm3, de los que unos 300 hm3 se destinan a uso agrario en la franja costera. Aunque el
potencial de demanda efectiva existe en los invernaderos y otros cultivos rentables de la
zona, los agricultores bombean a un coste de extracción de entre 0,09-0,18 €/m3 que es
muy inferior al coste de desalación, y por tanto no van a comprar agua desalada. Las
inversiones públicas en desalación sólo se justifican si las autoridades de cuenca hacen
cumplir estrictamente la prohibición de sobreexplotación de acuíferos, lo que forzaría la
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compra de agua desalada por los agricultores. Se trata de un desafío considerable para las
autoridades de cuenca, por lo que el riesgo del programa AGUA es que se inviertan fondos
públicos en plantas de desalación, y que después la demanda de riego no se materialice.
El Plan Especial del Alto Guadiana que está preparando la administración para atajar la
sobreexplotación del acuífero de la Mancha occidental y recuperar el parque natural de las
Tablas de Daimiel no parece muy razonable. Los esfuerzos de los anteriores presidente y
comisario de aguas del Guadiana para sancionar las extracciones ilegales fueron
desautorizados, lo que supone enviar una señal equivocada a los cientos de miles de
responsables de la perforación de pozos ilegales. En lugar de controlar las extracciones, se
pretende llevar a cabo unas inversiones de 4.000 millones de euros para eliminar un
volumen de sobreexplotación de unos 220 hm3. Esta sobreexplotación ha provocado un
importante daño ecológico, quizá el mayor y más conocido en España.
Lo que sorprende de estas enormes inversiones es que no se haya hecho ningún
estudio de evaluación económica de los daños medioambientales por la pérdida de este
humedal, que permita comparar los daños a los ecosistemas con los beneficios del regadío
con aguas subterráneas, y que sirva para justificar las inversiones del plan. Si este plan se
generaliza a los 500 hm3 de sobreexplotación que hay entre el Júcar, Segura y Sur, quizá
serán necesarias inversiones adicionales de 10.000 millones de euros. Pero los acuíferos son
bienes comunales y tienen características de bien público impuro (no exclusión pero
rivalidad en el consumo) y externalidades medioambientales. Su degradación y el colapso de
sus ecosistemas asociados es similar al colapso de otros bienes comunales como los bancos
de pesca de alta mar, y una gestión sostenible requiere de la acción colectiva y de la
cooperación entre los agentes implicados. Las enormes inversiones planteadas en el alto
Guadiana pueden ser inútiles sino se consigue organizar la acción colectiva y la cooperación
de los grupos de interés de la zona.
3. Políticas de gestión del agua
Las iniciativas más importantes en la actualidad para alcanzar una gestión más
sostenible de los recursos hídricos son la Directiva Marco del Agua, el Plan Nacional de
Regadíos, y el Plan Nacional de Calidad del Agua en elaboración. La Directiva promueve el
principio de que los precios del agua deben aproximarse al coste completo de recuperación,
incluyendo los costes de extracción, distribución, tratamiento, costes medioambientales, y
valor del recurso. También se establece una combinación de límites de emisión y estándares
de calidad del agua, con fechas límite para alcanzar el buen estado ecológico de las aguas.
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El principio de recuperación de costes es un elemento esencial de la Directiva. El
aumento de los precios del agua es una medida muy interesante en los sectores industrial y
urbano, ya que la demanda industrial y urbana responde a los precios del agua, y se
consigue una mayor eficiencia en el uso del recurso. Por el contrario, la demanda de agua
del regadío no responde a los precios del agua, lo que significa que subir los precios hasta el
“coste completo de recuperación” no puede mejorar la eficiencia del regadío. Establecer
unos niveles mínimos de precio del agua en el regadío sirve para que los agricultores
entiendan que el agua no es un bien gratuito. Ahora bien, lo que es discutible es la
utilización del precio del agua como mecanismo de asignación en el regadío. En este
sentido, Cornish et al. (2004) presentan resultados concluyentes de la literatura y de casos
empíricos, que demuestran la imposibilidad práctica de utilizar los precios para asignar agua
de regadío, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Como alternativa a los
precios del agua, estos autores señalan que la introducción de mercados de agua es un
mecanismo mucho más razonable, aunque difícil de implementar porque requiere esfuerzos
enormes y persistentes en el tiempo (1).
En consecuencia, el énfasis de la Directiva en los precios del agua no va a funcionar
en los países mediterráneos para reducir la demanda de agua de riego (Albiac et al. 2006).
España es un caso evidente, ya que los principales problemas de degradación de los
recursos ocurren en el sureste peninsular, con captaciones subterráneas individuales y
cultivos muy rentables. El mecanismo de precios es inviable porque las autoridades de
cuenca no controlan las extracciones, y porque el nivel de precios necesario supera los 3
€/m3 y es políticamente inaceptable. Por el contrario, la degradación de recursos hídricos es
moderada en los regadíos colectivos del interior basados en cultivos poco rentables, y estas
zonas son las únicas en las que las autoridades de cuenca pueden imponer precios de agua
más elevados. Por otra parte, los estudios de Martínez y Albiac (2004 y 2006) muestran que
el precio del agua de riego es la peor medida para reducir la contaminación difusa.
Los esfuerzos de la Directiva deben estar dirigidos a la reasignación de las extracciones
de uso agrario, urbano e industrial, hacia usos medioambientales en acuíferos, cursos de
agua y humedales. La reasignación en el regadío debe hacerse mediante el control directo
de las extracciones y no mediante precios del agua. También es necesario controlar la
contaminación difusa, recuperar humedales, y restaurar habitats. Estas medidas pueden
generar beneficios económicos importantes ligados al recreo, ecoturismo, y al valor de no-
uso de la protección de los ecosistemas, que pueden superar los beneficios del uso agrario e
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incluso urbano. Esta cuestión es clave en las cuencas del sureste, por la importancia que
tienen en la zona las actividades turísticas y sus posibilidades de desarrollo.
El Plan Nacional de Regadíos es otra iniciativa importante de la administración con una
financiación de 5.000 millones de euros al horizonte 2008, de los que 3.100 millones se
destinan a modernización de regadíos. La modernización tiene un gran potencial para
expandir cultivos rentables, conservar agua y reducir la carga de contaminación difusa, y
requiere esfuerzos coordinados entre los agricultores y la administración. El Plan de
Regadíos es una política fundamental para reducir la contaminación difusa de la agricultura
y conseguir los objetivos de mejora de la calidad del agua (2). La contaminación difusa es
un problema mucho más grave en los países del centro y norte de Europa con una
agricultura más intensiva en nutrientes y pesticidas (3), y donde los precios del agua no
pueden reducir la contaminación porque no hay regadío.
El segundo Plan Nacional de Calidad del Agua para el Saneamiento y la Depuración en
proceso de elaboración, prevé unas inversiones de 20.000 millones de euros en el horizonte
2015, de los que 5.000 millones serán financiados por el gobierno central y el resto por los
gobiernos autónomos y ayuntamientos. El Plan consiste en renovar las plantas de
depuración, proteger las zonas sensibles que rodean las fuentes de abastecimiento, y
construir depósitos que eviten el arrastre de contaminantes por las tormentas. El objetivo
es disponer de plantas de tratamiento terciario de aguas residuales que permitan reducir la
carga de emisiones de nitrógeno y fósforo en los cursos de agua (4). Pero estas inversiones
encarecerán significativamente el coste del agua para los consumidores urbanos, como ya
ocurre en Alemania y los países nórdicos.
Otra iniciativa de la administración es la elaboración de planes de sequía por las
confederaciones hidrográficas, como consecuencia de la fuerte sequía del último año que
sigue afectando a las demarcaciones del Júcar y Segura, y a la cabecera del Tajo. Los planes
incluyen medidas para reducir los impactos económicos, ambientales y sociales de las
sequías. Una de las medidas que el Ministerio de Medio Ambiente está promoviendo es el
establecimiento de bancos públicos de agua para los intercambios, aunque la operatividad
de los bancos públicos de agua es dudosa (5).
Algunas iniciativas legislativas y la sequía del último año han recrudecido el
enfrentamiento entre territorios. La modificación en 2005 del Plan Hidrológico Nacional
atribuye la fijación del caudal ecológico en el delta del Ebro al gobierno central y al de
Cataluña, dejando fuera al resto de autonomías de la cuenca que se verán afectadas por ese
caudal ecológico (6). Los nuevos estatutos de autonomía también incorporan normas sobre
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recursos hídricos. Entre los aprobados, el catalán prevé que es necesario un informe
preceptivo para cualquier trasvase que afecte a su territorio, el valenciano se atribuye el
derecho sobre las aguas sobrantes de otras cuencas, y el andaluz refuerza las competencias
sobre los recursos propios. Entre los no aprobados, el aragonés establece una reserva de
recursos hídricos y señala que deben evitarse trasvases intercuencas, mientras que la
propuesta de estatuto castellano-manchego plantea la extinción del travase Tajo-Segura.
Estas iniciativas parecen poco razonables en uno de los pocos países que cuenta con una
gestión del agua por cuencas, en lugar de por límites políticos. La gestión sostenible de los
recursos hídricos requiere el mantenimiento de la unidad de cuenca y la toma de decisiones
a nivel federal. El ejemplo de países anglosajones como Estados Unidos y Australia,
muestra las dificultades de manejar los recursos hídricos a nivel estatal y no federal.
Conviene señalar aquí la competencia institucional, técnica y organizativa de las
confederaciones hidrográficas responsables de la gestión del agua, y también el alto nivel de
las empresas relacionadas con el sector del agua (construcción, distribución, depuración,
desalación) y de la agricultura de regadío más dinámica del sureste peninsular. Las
confederaciones disponen de una información de la que carecen otros países europeos, y
realizan una muy buena gestión de las aguas superficiales. Otro ejemplo del buen hacer de
la administración española es el Plan Nacional de Regadíos orientado a conservar el agua y
reducir la contaminación difusa.
4. Conclusiones
El problema para alcanzar una gestión sostenible de los recursos hídricos en España no
es de orden técnico o de carencia de expertos o capital, sino que falta voluntad política para
diseñar e implementar medidas razonables de gestión de la cantidad y calidad del agua (7).
Es decir, la raíz del problema es la poca importancia que la sociedad y los responsables
públicos otorgan a las cuestiones medioambientales. La administración central y las
organizaciones ecologistas que promueven una nueva cultura del agua, carecen de un
análisis de políticas de agua con un nivel de competencia suficiente. Lamentablemente y
como ocurre en otros países, la toma de decisiones no se fundamenta en el conocimiento
de los procesos biofísicos y en el análisis económico.
Como se ha señalado, tanto el Plan Hidrológico Nacional de 1993 como el Plan del
2001 modificado en 2005, carecen de un análisis serio de sus costes y beneficios
económicos y medioambientales. La Directiva Marco del Agua propugna subir los precios
del agua para resolver los problemas de cantidad y calidad de los recursos hídricos, pero el
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instrumento precios es inútil en países como España donde el regadío supone el 80 por
cien de la demanda consuntiva de agua. La preocupación del Ministerio de Medio
Ambiente es conseguir introducir un impuesto sobre el agua de riego, pero sin embargo no
se está trabajando en generar la base de información biofísica y económica necesaria para la
protección de la cantidad y calidad de los recursos hídricos. El problema de información es
serio y requiere recursos y tiempo, y no podrá resolverse antes de la fecha límite del 2009
de elaboración del Programa de Medidas de la Directiva, que debe implementarse en 2012.
Esta carencia del análisis de políticas se refleja tanto en el Plan Especial del Alto
Guadiana como en el Programa AGUA. No tiene sentido planificar unas inversiones de
4.000 millones de euros en el alto Guadiana, sin haber realizado previamente un estudio de
valoración económica de los daños medioambientales de los ecosistemas de las Tablas de
Daimiel, y sin plantear incentivos que logren la acción colectiva y la cooperación de los
grupos de interés en la gestión del acuífero que es un bien comunal. El Programa AGUA
presenta el problema de que la demanda potencial de agua desalada para uso agrario sólo
puede materializarse con un control estricto de las extracciones de acuíferos, lo que
requiere incentivos para que surja la acción colectiva. La orientación actual del Programa
AGUA es subvencionar el recurso hasta un nivel en que los agricultores compren agua.
Para conseguir una gestión sostenible de los recursos hídricos, es necesario disponer de
conocimientos e información sobre los recursos superficiales y subterráneos, y sus
ecosistemas asociados. Los aspectos de calidad de agua también exigen disponer de
información sobre las emisiones puntuales y difusas en el origen, los procesos de transporte
y destino de los contaminantes, la carga de contaminantes en el ambiente, y la valoración de
los daños de la contaminación en el ambiente sobre los ecosistemas acuáticos. Esta
información es muy escasa en la literatura internacional, y ni siquiera son fiables las bases
de datos estadísticos de la Unión Europea o la OCDE sobre cantidad y calidad de agua. La
falta de conocimiento de los procesos biofísicos subyacentes en la utilización de los
recursos hídricos, y de su complejidad espacial, temporal y social, impide la adecuada
gestión del recurso. Este conocimiento es indispensable para establecer medidas
razonables, como las que requiere la Directiva Marco del Agua.
NOTAS (1) Como ha ocurrido en la cuenca del Murray-Darling en Australia. También hay que señalar que los
mercados de agua en el Murray-Darling han llevado a ventas de agua por parte de usuarios con derechos que no la utilizaban, y se ha incrementado la escasez de agua y la degradación medioambiental. Esto
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demuestra que los instrumentos económicos no pueden funcionar en ausencia de mecanismos de mando y control.
(2) Mema (2006) señala que la modernización del regadío en el Valle medio del Ebro reduciría el arrastre de sales en medio millón de toneladas (50%) y la contaminación de nitrógeno en 7.000 toneladas N-NO3¯ (40%).
(3) El consumo de fertilizantes (nitrógeno, fósforo y potasio) está por encima de los 200 kg/ha en Alemania, Bélgica, Francia Holanda, Irlanda y Reino Unido, un umbral que duplica el consumo en España.
(4) Los países del sur de Europa junto con Francia, Bélgica y Reino Unido sólo disponen de depuradoras con tratamiento secundario, con una carga de emisiones de fósforo y nitrógeno de 0,4 y 3 kg por habitante y año. El tratamiento terciario ya instalado en los países del centro y norte de Europa reduce la carga de fósforo y nitrógeno a 0,1 y 2 kg, respectivamente (EEA 2005).
(5) En la sequía de 1991-1992, el banco de agua de California compró 1.000 hm3 pero sólo vendió 500 hm3 en 1991, mientras que en 1992 se intercambiaron 200 hm3. En la sequía de 2001, el banco intercambió únicamente 100 hm3. En comparación, los mercados de agua en California intercambian unos volúmenes anuales de 300 hm3 en derechos permanentes y 1.200 hm3 en derechos temporales. El uso de agua en California alcanza los 50.000 hm3, de los que 40.000 hm3 son para uso agrario.
(6) La Generalitat baraja cifras de 8.000 hm3 de caudal ecológico, pero por otra parte mantiene la puesta en nuevo regadío de 100.000 ha en Segarra-Garrigues, lo que reducirá el caudal del Ebro en unos 600 hm3.
(7) Un ejemplo es el de las estaciones de medición de la calidad de agua, que se instalaron en la mayoría de las cuencas a partir de 1993, pero que en 2005 aún no se habían instalado en la cuenca del Segura donde los problemas de calidad de agua son más graves.
BIBLIOGRAFÍA Aguilera, F. (1993): “El problema de la planificación hidrológica: una perspectiva diferente”,
Revista de Economía Aplicada, núm. 1(2), págs. 209-216. Albiac, J.; Martínez, Y., y Tapia, J. (2006): “Water quantity and quality issues in Mediterranean
agriculture”, en Water and Agriculture: Sustainability, Markets and Policies, OCDE, Paris, págs. 137-156.
Albiac, J.; Tapia, J.; Mema, M.; Meyer, A.; Hanemann, M.; Calatrava, J.; Uche, J., y Calvo, E. (2007): “Los problemas económicos de la planificación hidrológica”, Revista de Economía Aplicada, En segunda revisión.
Cornish, G.; Bosworth, B.; Perry, C., y Burke, J. (2004): Water charging in irrigated agriculture. An analysis of international experience, FAO Water reports Nº 28, FAO, Roma.
European Environment Agency (2005): European environment outlook, EEA Report Nº 4/2005, Copenhague. Disponible en www.eea.europa.eu
Instituto Nacional de Estadística (2006): Bases de datos sobre Estadísticas Medioambientales del Agua y Cuentas Satélite del Agua, INE, Madrid. Disponibles en www.ine.es
Martínez, Y., y Albiac, J. (2004): “Agricultural pollution control under Spanish and European environmental policies”. Water Resources Research, núm. 40(10), doi:10.1029/ 2004WR003102.
Martínez, Y., y Albiac, J. (2006): “Nitrate pollution control under soil heterogeneity”. Land Use Policy, núm. 23(4), págs. 521-532.
Martínez, L., y Hernández, N. (2003): “The role of groundwater in Spain’s water policy”. Water International, núm. 28(3), págs. 313-320.
Ministerio de Medio Ambiente (2000): Libro Blanco del Agua en España, Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, Secretaría de Estado de Aguas y Costas, MIMAM, Madrid.
Mema, M. (2006): Las políticas de control de la contaminación difusa en el Valle medio del Ebro, Tesis Doctoral, Departamento de Estructura, Historia Económica y Economía Pública, Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
Rubio, S., y González, A. (1993): “El problema de la planificación hidrológica: un argumento económico a favor de los trasvases”. Revista de Economía Aplicada, núm. 1(2), págs. 217-222.
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RESUMEN
La gestión sostenible de los recursos hídricos requiere que los economistas, junto a expertos de
otras disciplinas, realicen un esfuerzo de análisis que contribuya a una mejor toma de decisiones. Este esfuerzo no se ha llevado a cabo en la elaboración de los planes hidrológicos de la última década, ya que se han ignorado los efectos económicos y medioambientales de las inversiones sobre el bienestar social. España posee medios técnicos e institucionales suficientes para alcanzar una gestión sostenible de los recursos hídricos, y la raíz del problema es la poca importancia que tiene el medio ambiente para la sociedad y los responsables públicos. La tarea esencial es mejorar el nivel de competencia de los análisis que apoyan las políticas del agua, y dedicar recursos y tiempo para disponer de conocimientos e información en el diseño de estas políticas y asegurar su cumplimiento.
Palabras clave: Sostenibilidad de los recursos hídricos, Análisis de políticas, Bienes comunales.
