Tareas pendientes del estado argentino para ajustarse a la nueva política de inmigración�

por Eduardo J. Vior Dr. en Ciencias Sociales

Profesor investigador titular de Ciencia Política

Departamento de Derecho y Ciencia Política Universidad Nacional de La Matanza

1. Introducción Desde la sanción de la Ley 25.871 de Migraciones en enero de 2004 se ha

discutido largamente entre la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y los representantes de la Mesa de Organizaciones Civiles para la Defensa de los Inmigrantes sobre la redacción del decreto reglamentario de la ley. Fundamentalmente por presiones atribuibles a grupos enquistados en niveles medios de la DNM no fue posible llegar a un acuerdo y la ley sigue sin reglamentar. Desde este punto de vista, aparentemente, no habiendo decreto reglamentario la cuestión de si la ley está vigente o no sería un problema de interpretación de los jueces.

Sin embargo, la DNM está creando en el entretiempo una nueva situación migratoria aprovechando los instrumentos legales y administrativos de emergencia a disposición del Poder Ejecutivo Nacional:

1. Mediante la sanción del Decreto 836/04 se declaró la emergencia administrativa de la DNM (art. 1), para cuyos efectos se creó en el seno de la misma el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria. Mientras se preparaba el mismo, amparándose en el art. 23 L de la Ley Nacional de Migraciones 25.871, se resolvió suspender todas las expulsiones de inmigrantes indocumentados o en situación irregular procedentes de países miembros del MERCOSUR, Chile y Bolivia, a los que más tarde se agregó Perú. Esta resolución contribuyó a tranquilizar a un importante sector de inmigrantes, pero también a alentar el ingreso de otros procedentes de los mismos países que fundadamente podían esperar que en algún momento les llegaría la normalización documentaria1.

2. Por el Decreto 1169/04 se aplicó el Programa de Normalización Documentaria Migratoria a los extranjeros residentes en el país oriundos de países externos al MERCOSUR. La intención era fundamentalmente regularizar la situación de los inmigrantes chinos. Mediante una estrecha cooperación con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) se aseguró una rápida entrega de los DNI correspondientes que se hará el próximo 1º de abril de 20062. La normalización de la situación de los residentes extranjeros exteriores al

1 Fuentes de la DNM estiman que actualmente se encuentran en el país unos 700.000 inmigrantes

indocumentados de los cuales un 80 % procedería de este grupo de países y de éstos, a su vez, la primera minoría sería de origen paraguayo.

2 La lista de los recipiendarios puede verse en la página web de la DNM.

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MERCOSUR, si bien por distintas causas ha dejado afuera a muchos inmigrantes indocumentados, ha regularizado la situación de muchos miles de personas, la mayoría de ellos chinos. Con esta normalización y la posibilidad de la reunificación familiar contemplada por la Ley de Migraciones más las desgravaciones impositivas para comerciantes de ese origen acordadas en convenios bilaterales, se ha abierto las puertas a una moderada, pero continuada afluencia de inmigrantes originarios de la R.P. China. Como la experiencia de otros países con fuertes colectividades chinas indica, la existencia de las mismas es precondición para la inversión de capitales por empresas de esa procedencia. De este modo, además de la tranquilidad que la normalización trae a los inmigrantes y de la reducción concomitante del tráfico de personas, se espera que la normalización traiga al país beneficios económicos concretos.

3. Paulatinamente las distintas instancias del Estado en los niveles nacional, provincial y municipal, funcionarios escolares y de salud han ido comprendiendo que la nueva Ley de Migraciones permite a cualquier residente procedente de países del MERCOSUR, asociados y vecinos habitar por tiempo indefinido en territorio argentino con el sólo requisito de tener algún documento que lo identifique. De este modo se han subsanado situaciones injustas, especialmente en la atención médica y en los establecimientos educativos. Sin embargo, muchos funcionarios y empleados del Estado siguen desconociendo la existencia y los alcances de la Ley 25.871. Especialmente algunos ministerios provinciales de Salud, sobre todo en las provincias del Noroeste, desconocen las obligaciones establecidas por la nueva ley3.

4. En diciembre de 2005 se sancionó el Decreto 578/05, especificado por la Disposición 53.253/05 de la DNM, en el que se aplica el Plan de Normalización Documentaria Migratoria a los extranjeros residentes en el país procedentes de los países miembros del MERCOSUR y Estados asociados. Resulta interesante señalar que el art. 2 de la Disposición mencionada incluyó en el grupo de las personas beneficiadas a los oriundos de todos los Estados de América del Sur con excepción de Guyana, Surinam y la Guayana francesa. Para esta acepción tan amplia de los “Estados asociados a MERCOSUR” no hay ninguna fundamentación oficial. Cabe suponer que se lo hizo por la voluntad de ampliar unilateralmente la esfera de libre circulación de personas a todo el Subcontinente. Precisamente las autoridades de la DNM bautizaron al Programa como “Patria Grande” y así se llama el enlace en la página web de la Dirección, aunque la Jefatura de Gabinete habría rechazado esta denominación e impuesto a cambio el complicado título de “Programa Nacional de Normalización Documentaria para Extranjeros Originarios del MERCOSUR y Estados Asociados” que finalmente prevaleció. Modificando los modos habituales de aplicar este tipo de programas, en este caso la DNM ha firmado convenios con una vasta red

3 El tema de los “tours de parto” paraguayos a maternidades de Buenos Aires (especialmente a la

Maternidad Sardá), tan meneado por algunos medios sensacionalistas, estaría también en vías de solución mediante la negociación de un convenio binacional por el que Paraguay, siguiendo el modelo de la Unión Europea, reconocería los costos ocasionados en establecimientos sanitarios argentinos por sus nacionales no residentes en este país.

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de de municipios para que ellos hagan el relevamiento de la cantidad de personas involucradas, y con ONGs, para que las mismas actúen como “intérpretes” entre las autoridades y los inmigrantes. Esta previsto presentar la documentación en varios idiomas para que los inmigrantes se sientan reconocidos en sus identidades culturales. Como de acuerdo a la legislación electoral los extranjeros documentados tienen el derecho de voto activo y pasivo para elecciones municipales, los intendentes de ciudades con gran presencia de inmigrantes, especialmente en el Conurbano bonaerense, esperan beneficiarse de estos nuevos electores, lo que los hace especialmente cooperativos con la DNM.

Al implementar de esta manera el derecho humano a la migración establecido por la Ley 25.871 en su art. 4º, el Estado Argentino está sentando las bases para la creación de una zona de libre tránsito hacia el territorio de su jurisdicción para personas que ni nacieron en él, ni son hijos de padres argentinos, ni están emparentados y/o vinculados de algún modo con la cultura predominante en el país. Si bien el contingente de personas involucradas comparte con la mayoría del pueblo argentino en casi todos los casos la lengua, muchas sensibilidades, usos y costumbres y un parecido posicionamiento como latinoamericanos ante los Estados Unidos, no pueden soslayarse las enormes diferencias en el capital simbólico que los candidatos a la inmigración poseen. Se está modificando la composición sociodemográfica y cultural de lo que denominamos “pueblo argentino”.

La Constitución Nacional de 1853/60 identifica al “ pueblo” con los habitantes de la República Argentina y para ellos establece la igualdad de derechos. Sin embargo, claramente manifiesta la voluntad del Estado de “impulsar la inmigración europea”. A quienes vengan a vivir al suelo argentino se les promete la libertad de cultos, pero al mismo tiempo se establece la evangelización (católica) de los pueblos indígenas. No obstante estas discriminaciones, desde hace un siglo muchos intelectuales y otros voceros de la ideología dominante han insistido en el mito del “crisol de razas” en el que aparentemente se fusionarían todos los orígenes para crear la “raza” argentina.

Los estudios migratorios de los últimos años han tratado en variadas ocasiones (Benencia, 2004; Courtis, 2005; Giustiniani, 2004; Mármora, 2004; Novick, 1992; Oteiza / Novick / Aruj, 1997; Vior, 2005a; 2005c; 2005d; Zaffaroni, 2004) la discriminación de la que son objeto en Argentina aquellos inmigrantes internos o latinoamericanos cuyo fenotipo los asocia en el imaginario de las clases altas y medias a los pueblos originarios y afroamericanos. Para ellos nunca ha funcionado el mito del “crisol de razas” (Caggiano, 2005) o ha funcionado expulsivamente.

O sea que la nueva política de Estado impulsada desde la Dirección Nacional de Migraciones está tendencialmente modificando la composición del “pueblo argentino”. Al regularizar la situación documentaria de numerosos inmigrantes está reconociendo derechos civiles y politicos, es decir a elegir y a hacerse elegir. Partiendo de la base de que en los próximos años no se revierta el sentido de esta política inmigratoria – que en realidad ya deberíamos calificar de política de población -, por lo menos hipotéticamente sería de esperar que en un futuro mediato haya intendentes y legisladores de origen inmigrante latinoamericano o chino.

La definición de lo que se entiende por “pueblo” y “ciudadano argentino” no solamente no es inmutable y es modificable por el efecto de las políticas públicas, sino que además depende de la configuración del complejo sistema simbólico que denominamos “Nación”. Como se explica más abajo, en ella se articulan

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simbólicamente las visiones del mundo compartidas por una sociedad, sus valores, normas y proyectos de futuro, que habitualmente llamamos proyectos de Nación.

Por consiguiente, la modificación en la composición del “pueblo argentino” tiene que tener contrapartidas en una redefinición de la imagen y los proyectos de Nación. Ante esta constatación y partiendo de una perspectiva intercultural de los Derechos Humanos, se plantean las cuestiones siguientes:

• ¿Qué modificaciones son necesarias en la estructura y organización del Estado argentino para que pueda articular la nueva representación de intereses y demandas subsecuente al reconocimiento de derechos civiles y políticos para importantes y heterogéneos contingentes inmigrantes?

• ¿Qué es necesario reformular en la imagen argentina de Nación para que sea una imagen realista de la sociedad argentina, pueda servir como referente ético y simbólico y fundamento normativo de las instituciones?

• ¿Cómo promover un cambio de actitud en la población para hacer posible el reconocimiento mutuo y pleno entre “viejos” y “nuevos” argentinos?

Teniendo en cuenta el poco tiempo disponible en esta ponencia se harán sólo algunas consideraciones sobre las consecuencias registrables y previsibles de este proceso para el orden político, se formularán algunas preguntas que atañen al desarrollo teórico y conceptual de las Ciencias Sociales en Argentina para dar cuenta del mismo y se propondrán algunas líneas generales para la formulación de políticas públicas en la esperanza de que las mismas sirvan para iniciar un debate que – a juicio del autor – necesariamente debe conducir a revisar las ideas de nacionalidad y de ciudadanía incluidas en la Constitución Nacional.

Este trabajo se basa en la aproximación intercultural al tratamiento de los derechos humanos (Bielefeldt, 1998; Bosse / Vior, 2005; Brocker, 1997; Craven, 1998; Dudy, 2002; Falk, 2000; Fornet Betancourt, 2000; Fornet Betancourt / Sandkühler, 2001; Künemann, 1996; id. 2002; Vior / Manjuk / Mnaolcheva, 2004; Vior, 2004), y en la idea de Nación como mayor imagen social orientadora (Vior, 1991).

2. Imagen de Nación, migraciones, y democracia Desde los años 1970 Argentina se caracteriza por la interrelación compleja entre

un proceso de democratización contradictorio y aún no consolidado y procesos migratorios contrapuestos4. De un lado tenemos la anarquización del Estado y el terrorismo contra la mayoría de la población apareado con la privatización mafiosa de numerosas tareas públicas. De este proceso resultó la gigantesca deuda externa argentina que recién ahora comienza a reducirse. Del otro lado se produjo la expulsión de cientos de miles de argentinos al exterior, parte de los cuales aún viven allí y se han integrado profesionalmente, aunque mantengan su vinculación afectiva, personal y económica con el país de origen. Bajo todas las administraciones el Estado argentino se ha desentendido sistemáticamente de esta población que, entre tanto – por la masiva emigración de los últimos años -, puede haber llegado a cerca de dos millones de personas.

4 En las páginas siguientes el autor introduce argumentaciones ya desarrolladas más ampliamente

en otro texto reciente (Vior, 2005f). Para la fundamentación de la argumentación sobre Derechos Humanos que basa esta contribución se remite a la publicación mencionada.

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Es importante remarcar la coincidencia temporal entre la desestructuración del Estado argentino con su manifestación más aguda en la deuda externa y la permanencia en la estructura del Estado y en las principales empresas del país de organizaciones y personas remanentes de regímenes autoritarios así como la adopción de políticas neoliberales que desresponsabilizan al Estado de otro control de población y territorios que no sea el represivo. Las migraciones se convirtieron meramente en una posibilidad de regulación de los mercados laborales y en una válvula de escape para desviar hacia ellas resentimientos varios.

A pesar de la Tercera Revolución Industrial5 y de los procesos transnacionales de homogeneización cultural concomitantes, la imagen de Nación sigue constituyendo el mayor sistema simbólico al que las sociedades modernas recurren para la legitimación de la dominación política (Anderson, 1991; Vior, 1991:Cáp. I). Considerándola en las características generales que adoptó desde fines del siglo XVIII, podemos decir que en ella se conjugan los seis aspectos racionales de la legitimación más difundidos internacionalmente (los principios de autodeterminación de los pueblos y de la soberanía popular, los consensos sobre el orden económico-social y sobre el lugar de dicho grupo social en el mundo, así como las ideas compartidas sobre la historia y el territorio comunes) con relatos míticos de violencia, generalmente en torno al origen del grupo social. Esta imagen representa simbólicamente la sociedad, disponiendo las relaciones de poder que organizan ésta según las reglas de funcionamiento de la ideología (negación, ocultamiento, desplazamiento y supresión) (Vior: 1991:2.2 y 2.3). Al constituir los seis aspectos racionales mencionados elementos diferentes combinados circunstancialmente en formas que adquieren cierta estabilidad y continuidad por la acción de procesos ideológicos complejos, la forma específica de su disposición interna y su articulación con el conjunto de la estructura social influye en el modo en que esta imagen representa la realidad.

Pero la imagen nacional no sólo tiene una función representativa. Por su función de legitimadora del Estado, sus símbolos son incorporados a políticas sectoriales que influyen sobre las relaciones sociales y de poder informando simultáneamente los discursos sobre la Nación, o sea todas las prácticas de legitimación del poder y la dominación. De esta manera la representación simbólica nacional tiene un efecto performativo sobre la constitución de sujetos políticos y sociales (Butler, 1997). A través de ella se produce un efecto especular que la convierte en paradigma prismático de la formación de subjetividad individual y colectiva. Procesos identitarios diversos y hasta encontrados buscan en ella su reconocimiento. Cuanto más amplio sea el espectro de quienes se perciben reconocidos en ella, más “universal” y “normal” será la dominación y menos necesario el ejercicio de la violencia para asegurarla. Por supuesto que en una sociedad compleja convive una multitud de procesos identitarios que no necesariamente se remiten a la imagen nacional. Sin embargo, si los grupos así constituidos pretenden ejercer poder sobre el conjunto de la sociedad o influir en dicho ejercicio, deben referirse a la imagen nacional vigente para legitimar su acción y sus discursos. Pero esta referencia nunca es “neutral”; cada apelación a la imagen nacional la modifica en tanto la enlaza con contenidos y articulaciones discursivas diferentes.

5 El autor ha desarrollado el concepto de “Tercera Revolución Industrial” en otros trabajos, a los

que aquí se remite (Vior, 2005e). Sucintamente, se trata de entender la actual fase de desarrollo del sistema mundial capitalista (Wallerstein, 2003) iniciada en 1979 como una reiteración cíclica de la “Primera y la Segunda Revoluciones Industriales” de los siglos XVIII/XIX y XIX/XX respectivamente, aunque por supuesto en dimensiones y en una escala mucho mayores, más complejas y con características peculiares que la individualizan.

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La referencia a la imagen nacional es normativa, prefigurando el tipo de sujetos políticos y sociales deseables, los subordinables, los excluibles y, en muchos casos, también aquéllos contra los que debe ejercerse la soberanía del Estado. Mediante la referencia sistemática y reiterativa a la imagen nacional, como típicamente se hace en los sistemas educativos y en los medios de comunicación masivos, pueden conformarse personalidades dominadoras, sometidas y excluidas. Las conductas sociales y las interrelaciones entre los actores sociales pueden ser prefiguradas mediante el diseño de la imagen nacional y el modo en que se la utiliza en las relaciones de poder. Claro que el diseño y la utilización de la misma son resultado de constelaciones estratégicas que pueden variar por relaciones de fuerza y efectos discursivos difícilmente predecibles. Si podemos en cambio reconocer relaciones estructurantes y continuidades de la imagen nacional que nos permiten, a la vez, identificar momentos de rupturas en la misma, correlacionarlos con el análisis de otras dimensiones del proceso social, establecer periodizaciones y formular explicaciones con sentido.

Con estos antecedentes en estudios sobre migraciones se considera aquí tan importante determinar primero el carácter de los sujetos prefigurados en la imagen nacional, cuál es la imagen de “pueblo” como comunidad de los ciudadanos que la misma diseña, cómo se ve en ella al inmigrante deseado y cómo al que se pretende mantener alejado de las fronteras nacionales. La referencia a la imagen nacional es constitutiva de identidad. Por ello es que, por el camino inverso, el estudio de las prácticas estatales en relación con las comunidades de origen inmigrante nos brinda indicios para entender qué tipo de sujeto “normal” se está deseando. O sea que al fijar las fronteras de la comunidad nacional y segregar grupos poblacionales a los que se adscriben determinadas características, también se está definiendo normativamente cómo debe ser el ciudadano deseado.

De hecho las investigaciones comparativas sobre la construcción de los Estados modernos y el desarrollo de las ciudadanías democráticas demuestra que existe una estrecha interrelación entre la construcción de la identidad étnica en la idea de Nación vigente, su grado de republicanismo y el desarrollo de su democracia (Tilly, 1995). Imágenes nacionales en las que el peso de los relatos míticos fundacionales es muy grande disminuyen su capacidad de representar la diversidad de imaginarios presentes en la sociedad. Se hacen más intolerantes e irracionales. Por el contrario, imágenes de Nación en las que conviven respetuosamente múltiples relatos de origen, variadas ideas de justicia, de solidaridad y de responsabilidad compartida de todos los ciudadanos por los asuntos comunes y la transparencia de los actos públicos son más aptas para representar simbólicamente experiencias y tradiciones culturales muy variadas. La idea de “pueblo” se hace multifacética y los modos de reconocer a los su jetos como “ciudadanos”, variados.

Cuanto mayor es la cercanía de la imagen nacional a la experiencia vital del mayor número posible de miembros de una sociedad, mayor diversidad puede incluir. Mayor es por lo tanto la capacidad de integración social y política del sistema político que se fundamente en la misma y mayor su estabilidad. A la inversa, existe una relación directa entre regímenes intolerantes y represivos de la diversidad e imágenes nacionales mitificadas, pero éstos acusan también una alta dosis de inestabilidad.

¿Cómo se ha modificado la imagen de Nación en América Latina bajo las condiciones de la Tercera Revolución Industrial? Especialmente en el período de los nacionalismos populares (entre los 1930 y los 1970) la imagen de la Nación incluyente, que aparentemente incorporaba a todos los sectores de la población, apareada a procesos de desarrollo económico basados en el fortalecimiento de los mercados internos y a la distribución progresiva de la riqueza, crearon “pueblos” mestizos, policlasis tas, republicanos y plebeyos que se identificaron con las Naciones. Así deben entenderse los distintos terrorismos de Estado de los años 1970 e inicios de los 1980 como intentos de contención y reversión. Cuando comenzó la

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democratización de los regímenes autoritarios, se produjo un desdoblamiento de la dominación y la legitimación: quienes estaban incorporados al mercado y al intercambio de los bienes culturales, fueron reconocidos como “ciudadanos” abstractos sin vinculación con herencias históricas específicas. Sin embargo, en Argentina por ejemplo se revivió el mito del “crisol de razas” supuestamente unificador y homogeneizador surgido a principios del siglo XX. Es decir que la supuesta universalidad de la “ciudadanía” liberal de los 1980 se combinaba c on el racismo antiindígena y antinegro y la negación de las tradiciones de resistencia de los movimientos populares desde el siglo XVI. Complementariamente, quienes no estaban o no debían ser incorporados al mercado para evitar su competencia por otros bienes materiales y simbólicos, fueron excluidos concientemente por distintos medios, inclusive los violentos.

Es en este sentido que los procesos de democratización posteriores bajo el signo de la Tercera Revolución Industrial y de la expansión continental de los Estados Unidos registran fuertes continuidades con el período terrorista que sólo en los últimos años comienzan a quebrarse.

Las imágenes nacionales actualmente vigentes, construidas bajo la hegemonía del neoliberalismo, perfilan una imagen de “pueb lo” como agregado amorfo de consumidores sometidos a las disciplinas del mercado o a la amenaza de potencial represión. Su relación con los centros de poder está prefigurada por la representación mediática y las técnicas de venta. El Otro es omnipresente y difuso: el extranjero y el nativo de color, el “drogadicto” y el “criminal”, los ancianos, los discapacitados y los niños. Esta presencia difusa está construida como una amenaza que hace imposible la construcción de solidaridades comunitarias. A esta debilidad de los sujetos y sus interlocutores internos corresponde, según las coyunturas, una hiperbolización (“somos primer mundo”) o una autodisminución del lugar en el mundo.

En este contexto la imagen de Nación sigue cumpliendo sin dudas sus funciones representativa y normativa, pero el “pueblo” (y por lo tanto la “ciudadanía”) construido en ella carece de entidad, es una imagen abstracta que dificulta la identificación desde la vida cotidiana.

La investigación del modo de construcción simbólica de ese Otro interno que es el inmigrante en el sistema de la “comunidad imaginada” (Anderson, 1991) nos permite comprender las condiciones de reconocimiento de actores en el sistema político. Al variar la composición étnico-cultural de nuestra población como sucede desde hace más de veinte años, debemos preguntarnos si la nueva población del país aún se siente representada por la imagen nacional heredada. Como construcción simbólica la Nación no es manipulable haciendo ingeniería cultural ni los procesos de ideologización son programables, pero en tanto esta representación contiene aspectos racionales que hacen posible una dominación y legitimación acordes con las necesidades y deseos de la población, puede intentarse que tales aspectos reflejen más verazmente las ideas y aspiraciones de nuestra población actual para que ésta pueda identificarse mejor con la Nación resultante. Por consiguiente se pretende indagar aquí qué modificaciones requiere nuestra imagen nacional para adecuarla a las necesidades y deseos de la población realmente existente del país y qué implicancias podrían tener tales modificaciones sobre la formulación de políticas públicas.

3. Inmigración e imagen de Nación en Argentina

3.1. Hasta 1983 La imagen nacional de Argentina fue construida por las generaciones que

construyeron el Estado oligárquico entre 1852 y 1880 en base a dos mentiras: a) que las poblaciones que habitaban el suelo argentino (pueblos originarios, criollos, mestizos y negros) eran incapaces de trabajar y, por lo tanto, de todo progreso; b) que era preciso traer a inmigrantes del Norte de Europa por sus virtudes laborales y cívicas. De hecho

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parecen demostrar investigaciones recientes que Bartolomé Mitre y su logia lombarda sabían ya desde el inicio de los años 1860 que la inmigración que vendría sería italiana y española y no alemana o inglesa6. ¿A qué respondería esta “mentira” combinada?: a la decisión tomada en el período de promulgación de la Constitución de remplazar la población existente por inmigrantes europeos, pero trayéndolos del Sur de Europa bajo condiciones de discriminación para evitar la competencia en el manejo del país.

De este modo se habría hecho posible legitimar la duradera proscripción de la mayoría de la población hasta 1912. La imagen de Nación del Centenario, el “crisol de razas”, según la cual Argentina era un país rico y generoso, de cuño europeo a diferencia de sus vecinos latinoamericanos, que abría los brazos para recibir a todos los que quisieran venir a labrar tierras que sólo esperaban quien las trabajara, se completaba con la salvedad de que la tierra ya estaba repartida desde antes que llegaran los inmigrantes y sólo se aceptaría a aquellos que se sometieran a la arbitrariedad oligárquica. Bajo estas condiciones, la representación de la soberanía era la de las élites, la autodeterminación regía ante los Estados Unidos, Chile y Brasil, pero no ante Gran Bretaña, el pasado común reivindicado era el de los “héroes” patricios, el orden económico-social propuesto era el del patronato sobre una población desposeída, el lugar en el mundo era el de una supuesta nación “civilizada” y “europea” ligada incondicionalmente al Imperio Británico y el territorio “propio” era una gran estancia sin las empobrecidas provincias del Noroeste y del Nordeste.

La irrupción yrigoyenista legitimó a los inmigrantes europeos como ciudadanos de pleno derecho. Pero como no llegó a modificar las otras variables, tuvo el efecto secundario de que éstos asumieran los mitos de la imagen nacional oligárquica. A través de la escuela y de los medios de comunicación adoptaron la propuesta hegemónica y su odio a los indios, negros y criollos. El Peronismo, por su parte, modificó sin remplazar totalmente la imagen recibida. Si por un lado, al reconocer plenamente a los trabajadores del campo y la ciudad y a los marginados de todo tipo, valorizar el trabajo manual, integrar físicamente a las distintas regiones del país y adoptar una política exterior de independencia, cambió gran parte de la imagen nacional imperante, al persistir en los mitos de origen heredados construyó una continuidad con la misma que se demostró falsa.

El Peronismo se propuso absorber la inmigración en el pueblo argentino. No importaba de dónde viniera, lo importante eran sus capacidades técnicas e industriales. Sin embargo, tampoco estaba dispuesto a aceptar la diferencia, ya que las facilidades para ingresar al país se combinaban con la presión para que los extranjeros se naturalizaran. La imagen nacional del Peronismo gobernante no era diferente de la imperante previamente por sus contenidos, sino por la modificación de sus sujetos simbólicos y por su articulación. Ésta fue la que después de su derrocamiento permitió sostener tan largamente una resistencia tan masiva7.

6 Agradezco el dato a María L. Leiva. 7 No corresponde en este lugar discutir las manidas tesis sobre el “populismo” peronista que,

presumiblemente, por su supuesto carácter amorfo, sería capaz de incluir indefinidamente contenidos y demandas contradictorias, absorbiéndolas y neutralizándolas. Un reciente ejemplo de esta argumentación puede verse en E. Laclau (2005:266-276). Expresado sintéticamente, el discurso pseudocientifico sobre el “populismo” puede verse como una operación ideológica tendiente a subsumir la formación de sujetos populares en las resistencias a políticas de opresión, que remplaza la necesidad de retrabajar las categorías centrales del pensamiento político (representación, participación, Nación, pueblo, soberanía, ciudadanía, etc.) por fórmulas fáciles

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3.2. Después de 1983 Los gobiernos posteriores carecieron de política migratoria. Prefirieron ignorar

el fenómeno, permitiendo el fácil ingreso ilegal complementado con las dificultades planteadas a la regularización. Todos ellos tuvieron una política ambigua en la materia. Se aceptaban casi sin problemas las inmigraciones “blancas”, pero se discriminaba a los recién llegados con fenotipos indígenas. Inclusive los grupos provenientes de Asia fueron aceptados, aun cuando no se les reconocieran derechos plenos.

Se persistía en una imagen de Nación alejada y opuesta a la realidad etnocultural, social y lingüística de Argentina. Dicha imagen tenía la fuerza normativa de un objetivo que todos los argentinos debían esforzarse por alcanzar, pero que sólo estaría al alcance de unos pocos. Producto de las transformaciones en el entorno internacional, en el sistema económico y social, en las mentalidades y en las relaciones entre las fuerzas políticas, las clases dominantes argentinas radicalizaron la imagen nacional discriminatoria instaurando el terrorismo de Estado: es el Estado quien decide sobre el derecho a la vida de la población; la “ciudadanía” sólo será para los amigos.

Como ya se ha visto, esta imagen autodestructiva no fue superada después de 1983, sino contenida por las instituciones y el entorno altamente continuistas. El discurso oficial y con él la imagen de Nación se desdoblaron: las apelaciones a la democracia coincidieron con el “gatillo fácil” y la extendida corrupción tolerada o apoyada por las élites. Este esquema sobrevivió a los tres primeros gobiernos constitucionales. Respecto a la inmigración se mantuvo la política triple de permitir el fácil ingreso, proclamar que se pretende su pronto regreso al país de origen y dificultar el asentamiento legalizado. Se trataba de crear un permanente espacio de ilegalidad en cualquier momento regulable por métodos violentos.

Sin embargo, este proceso culminó en una indeseada homogeneización: si los inmigrantes eran los marginados, la marginación de la mayoría de la población trabajadora y buena parte de la clase media por la crisis económica y la corrupción de las élites generó la identificación de unos con otros. El estallido de 2001 y las movilizaciones posteriores implicaron una reasunción de la imagen nacional desde abajo que acepta y reconoce las diferencias etnoculturales existentes. Figuras retóricas del discurso kirchnerista (“un país en serio”, “la cultura del trabajo”, “reindustrializar”, “un país abierto a todos”, etc.) pueden leerse de este modo como esbozos todavía tímidos de una imagen de Nación abarcadora e integradora parecida a la que en algún momento supo interpretar el Peronismo, pero con otros actores y articulaciones. Todavía no aparece claro quién es el sujeto de dicha imagen, cuáles sus límites y cuáles sus representaciones en aspectos centrales (pueblo, historia, orden económico-social, lugar en el orden internacional, etc.), pero la promulgación de la Ley de Migraciones, la regularización de inmigrantes externos al MERCOSUR indocumentados, el cese de las expulsiones para los originarios del MERCOSUR y países asociados, la creciente aceptación de los principios de la nueva Ley por funcionarios y otros agentes de la administración pública y la próxima normalización de los inmigrantes indocumentados procedentes de todos los países luso- e hispanohablantes de América del Sur indican que está en marcha un cambio radical de la imagen de Nación. Dado que el diseño y la aplicación de las políticas culturales, empero, sigue estando en manos de élites pseudoilustradas sin interés por registrar en el imaginario colectivo la presencia de los inmigrantes no-europeos, de afrodescendientes y de americanos étnicos, resulta difícil

de reproducción cómplice. Se trata de un mero discurso de poder sin relevancia para el pensamiento científico.

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decir qué lugar se pretende darle a los inmigrantes procedentes de los países vecinos en el imaginario nacional argentino. Aceptar e incorporar civil y políticamente a nuevos grupos poblacionales sin reconocimiento simbólico sólo puede producir serias disrupciones en el sistema de representaciones, reacciones xenófobas y guetoización.

4. ¿Es adecuable la imagen de Nación a la nueva composición sociocultural de la República?

Parece ocioso discutir sobre las posibilidades de modificar concientemente una imagen constituida simbólicamente de la que además se ha dicho que incluye relatos míticos sobre el origen de nuestra comunidad. Sin embargo, experiencias internacionales en procesos de reconciliación (Sudáfrica), de elaboración del pasado (Alemania), de duelo (Ruanda) o de autodignificación (China) parecen demostrar la posibilidad de incidir sobre la imagen nacional mediante políticas culturales cuidadosas, bien elaboradas y persistentes.

Una primera premisa importante es que sólo se puede modificar una imagen nacional que por definición es compleja mediante un proceso de diálogo incluyendo a todos los grupos interesados. Segundo, la modificación sólo puede tener éxito en combinación con un proyecto nacional que señale la dirección en que se pretende marchar. El grupo animador de este último debe estar dispuesto a actuar como moderador del debate social sobre esta materia. Tercero, debe tenerse en cuenta y acometer simultáneamente todos los aspectos de la obra: no se puede modificar la visión social sobre la composición etnocultural de la población sin acometer el debate sobre su orden económico-social y lo mismo sucede con otros aspectos. Cuarto, la discusión debe llevarse adelante mediante organizaciones especialmente creadas para dicho fin (comisiones, congresos, foros, festivales, etc.) y no encomendarse a las instituciones existentes, porque por su propia inercia conservadora frenarán el proceso. Quinto, es preciso actuar con una combinación de estrategia y pragmatismo, porque nadie puede alterar las imágenes que una sociedad entera tiene de sí y de su lugar en el mundo sin estar dispuesto a superar imprevistos.

En lo referente a la inmigración es importante constatar como punto de partida de todo el proceso que Argentina siempre ha sido un país multiétnico y multicultural en su composición que necesita una organización que sólo puede ser intercultural, o sea, no se trata de amontonar grupos uno al lado del otro al modo de los Estados Unidos, fingiendo una multiculturalidad que sólo oculta la hegemonía de uno de los participantes. Aceptar que nuestro país en realidad nunca fue “blanco” y “europeo”, implica reconocer la igualdad de derechos para todos los participantes en nuestra sociedad y proveer los medios para que los más desposeídos sean los más privilegiados, de modo de restablecer progresivamente el equilibrio socioeconómico y cultural. En este sentido resulta necesario promover desde el Estado el desarrollo de las lenguas y las culturas de los pueblos originarios y de las colectividades inmigrantes. Debe fomentarse la formación de docentes e investigadores de esas comunidades tanto como de los criollos pobres. En este ámbito no puede faltar una intensa política de becas y subsidios. Tanto los medios como la publicidad deben ser alentados a reflejar y festejar la diversidad de nuestra sociedad. La diversidad debe reflejarse también en múltiples aspectos del orden jurídico. Por este camino es de esperar que la dignificación de las diferencias resulte en un mayor respeto por sí mismo y por el otro.

No es posible programar el resultado de este proceso ni tiene sentido al principio del mismo especular sobre las formas constitucionales e institucionales que puede tomar. Es pensable adoptar una mezcla pragmática de distintas experiencias

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internacionales: algunas instituciones del multiculturalismo canadiense pueden combinarse con la discriminación positiva sudafricana, la restitución de derechos australiana y el cantonalismo suizo entre muchos otros. El necesario pluralismo jurídico deberá combinarse con una multiplicidad de formas de propiedad, la escuela deberá adaptarse a la diversidad sin perder de vista su obligación de fortalecer la equidad. Las iglesias están llamadas a pregonar y organizar la convivencia.

5. Conclusiones A pesar de la Tercera Revolución Industrial la imagen de Nación sigue siendo el

instrumento simbólico por excelencia orientador de la convivencia social. Desde el punto de vista de una aproximación intercultural a los Derechos Humanos, a pesar de las dificultades que pueda presentar la inclusión en la misma de relatos míticos sobre el origen de la comunidad, la Nación se presenta como el espacio realmente existente para el reconocimiento de los múltiples y variados sujetos de dichos derechos. Es el espacio por excelencia para la prefiguración simbólica de las categorías de “ pueblo” y “ciudadanía”.

Así también se presenta como el campo de validación de los discursos performativos de las identidades sociales, por lo tanto también de las etnoculturales. Sólo en ella puede hacerse efectivo el reconocimiento igualitario de todas las identidades, en tanto se las combine con las ideas sobre el orden económico-social, con el modelo de ciudadanía y con las imágenes sobre el territorio y la historia.

Tanto para el tratamiento de la población que ya está habitando la República como para el de los que se fueron y los que están por venir, la imagen de Nación cumple un papel central. En ella se responde a las preguntas por el “¿quiénes somos?” y por el “¿quiénes queremos ser?” Respondiendo entonces a la primera pregunta formulada al finalizar la Introducción de este trabajo es necesario responder: somos múltiples, diferentes, iguales y únicos en el mundo. La imagen de la multiplicidad debe inscribirse en la de Nación. Múltiples son nuestros orígenes e historias, múltiples los territorios que hemos construido y seguimos construyendo. Variadas son también las nociones de “pueblo” presentes en nuestra sociedad y, por lo tanto, las de “soberanía”. Si bien parece estar perfilándose un consenso sobre un modelo económico industrialista exportador, deben incorporarse a la imagen de Nación también las distintas acepciones de “mercado” vigentes, las d iversas ideas de “dinero”, “crédito” y “propiedad”. El lugar de Argentina en el mundo está definiéndose primero por su lugar en América Latina y segundo por sus intereses exportadores. Especialmente la apertura política y mental hacia nuestro continente abre numerosas posibilidades a las diferentes percepciones del mismo presentes en nuestra sociedad.

Se planteó también en la Introducción la pregunta por los cambios en el Estado y las políticas públicas que las nuevas iniciativas inmigratorias requieren. Es preciso 1) modificar los modos de reclutamiento del personal de las administraciones públicas así como los criterios para su capacitación y promoción; 2) debe combinarse una mayor centralización de la soberanía, o sea modificar la distribución de facultades constitucionales de hecho y de Derecho entre el Estado central y las provincias y municipios por un lado y entre los poderes del Estado a favor del Ejecutivo por el otro, con una mayor participación social, regional y de las comunidades en la administración y gestión de los asuntos públicos; 3) debe reformarse el sistema de representación parlamentaria complementándolo con la postergada ampliación de la participación popular directa (iniciativa popular y referendo); 4) en algunas cuestiones que afectan directamente los derechos de las minorías debe introducirse un derecho de veto directo

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o indirecto; 5) implementando el derecho de resistencia sería conveniente introducir el referendo revocatorio de medidas gubernamentales; 6) tanto la legislación partidaria como la electoral deberían favorecer agregados complejos que a la vez respeten los derechos de las minorías; 7) el sistema jurídico debería abrirse a la idea de “pluralismo jurídico”; 8) la selección de jueces debería considerar, además de la considera ción de antecedentes y la oposición, a los que podemos llamar “jueces naturales”, aquellas personalidades que en su comunidad tienen capacidades conciliatorias y regulatorias previas a las sancionadoras.

En esta breve enumeración no se han considerado por razones de espacio las políticas sectoriales y regionales que el Estado debería modificar para adaptarse a la cambiante realidad de la población argentina, pero son de gran importancia y debería dársele toda la importancia que merecen en la reforma del Estado. Lo mismo sucede con la necesaria reforma de instituciones fundamentales de la sociedad civil (sindicatos, iglesias, asociaciones empresarias, deportivas, culturales, etc.).

La pregunta por el futuro proyecto parece estar siendo respondida con un “que remos ser más y más diversos”. Algunos sueñan con poblar con inmigrantes las enormes regiones despobladas de nuestro país, pero realizar este sueño implica formular proyectos territoriales complejos que modifiquen las relaciones existentes de propiedad y de organización del espacio.

Así como una piedra lanzada al azar puede desencadenar una avalancha, los cambios introducidos desde 2004 en las políticas inmigratorias argentinas pueden inducir una renovación total del país o graves trastornos según el marco político e ideológico en el que se las enmarque. A este debate se quiere contribuir con esta ponencia.

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