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LA CONSOLIDACIÓN DE LA TRANSICIÓN, UN DESAFÍODurante diez años el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, ha venido trabajando desde diferentes ángulos, tanto teóricos como instrumentales, el tema de la gobernabilidad democrática.

En una serie titulada “El Desafío Venezolano”, se han publicado los libros “Continuidad Revolucionaria o Transición Democrática” (2014), y “Transición Democrática o Autocratización Revolucionaria” (2016).

Su nueva publicación “La Consolidación de una Transición Democrática. El Desafío Venezolano III”, continúa esa línea temática. El libro persigue brindar a los decisores políticos, las organizaciones y los ciudadanos venezolanos, un programa de gobierno para Venezuela en el que se indica las tareas esenciales necesarias que deben desarrollarse una vez que el cambio democrático de poder haya ocurrido.

El propósito de acopiar estas propuestas es enfrentar la crisis estructural venezolana y garantizar la estabilidad de un eventual gobierno de transición. El libro plantea medidas concentradas en tres ámbitos básicos dirigidos a atender la emergencia y a procurar la gobernabilidad: la reconstrucción de la capacidad estatal, la recuperación del Estado de Derecho, y el fortalecimiento de la democracia.

En 561 páginas, “La Consolidación de una Transición Democrática” recoge la participación, directa e indirecta, de más de doscientos especialistas en once áreas dirigidas a fortalecer tres pilares: capacidad estatal, Estado de Derecho y democracia; presentando un diagnóstico, identificando prioridades y aportando una serie de soluciones.

Las propuestas de gobierno contenidas en el libro “conservan un balance adecuado entre lo técnico y lo político, y su línea transversal es la premisa de que no es lo mismo un programa de gobierno para una democracia plena y sólidamente establecida, que uno para un proceso de transición democrática. Hemos aprendido y comprobado que en campo que la gobernabilidad democrática, más que una cualidad del gobierno es una cualidad del sistema gobierno-ciudadanos que depende fundamentalmente de dos variables: la legitimidad y la capacidad para procesar las demandas”, afirma Benigno Alarcón, director del CEPyG.

CONTENIDO / Coordinadores

TRANSICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA, LA GOBERNABILIDAD DE UNA TRANSICIÓN POLÍTICA | Benigno Alarcón Deza

ECONOMÍA | Ronald Balza Guanipa, María Alejandra Paublini, José Manuel Puente POLÍTICA SOCIAL | Lissette González FUERZA ARMADA NACIONAL | Yakeling Benarroche, Jorge Zedan SEGURIDAD CIUDADANA | Marcos Tarre Briceño ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Eglé Iturbe RELACIONES INTERNACIONALES | Félix Arellano, Elsa Cardozo ESTADO DE DERECHO | Miguel Mónaco, Jaiber Núñez LIBERTAD DE EXPRESIÓN | Marcelino Bisbal, Andrés Cañizález, León Hernández SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS | Benigno Alarcón, Luis Egúsquiza, Sócrates Ramírez, Jorge Valladares SISTEMA ELECTORAL | Roberto Abdul-Hadi SOCIEDAD CIVIL | Grupo Social CESAP, SINERGIA

TRANSICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA, LA GOBERNABILIDAD DE UNA TRANSICIÓN POLÍTICA

“La Consolidación de una Transición Democrática / El Desafío Venezolano III”

Coordinación general: Benigno Alarcón Deza y Sócrates Ramírez Prólogo: Dr. José Virtuoso, sj. Rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Casa editorial y sellos: AB Ediciones (UCAB), Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (UCAB), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Grupo Social CESAP, Instituto de Investigaciones Jurídicas (UCAB), SINERGIA, Asociación Civil Súmate.

Fecha de publicación: julio, 2018 / Tiraje: 500 ejemplares

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Una de las mayores amenazas que enfrenta la sustentabilidad de los sistemas democráticos y su gobernabilidad tiene que ver con la construcción y el funcionamiento efectivo de sus instituciones. Así ha quedado demostrado en la reversión de varios procesos de transición ocurridos entre 1974 y 2010, durante la llamada Tercera Ola de democratización en el mundo, cuando se pasó de 45 a 120 países que se consideraban en pleno ejercicio de la democracia.

Una institucionalidad fuerte y desarrollada que pueda dar respuesta a las múltiples y crecientes demandas del sistema es esencial en un proceso de transición; al mismo tiempo de la existencia de un sistema de balances y contrapesos dentro de un Estado de Derecho que goce del consenso ciudadano.

La baja capacidad institucional para adaptarse a las nuevas realidades o para responder de manera oportuna a las demandas presentes o emergentes explica, aunque sea parcialmente, la proliferación de narrativas demagógicas y los retrocesos en sistemas democráticos, teóricamente sólidos, que hoy engrosan la lista de democracias electorales y regímenes híbridos que terminan, casi siempre, involucionando hacia regímenes autoritarios.

Si aceptamos que Venezuela no es hoy una democracia, tal como lo señalan los más importantes índices internacionales, tales como The Economist Democracy Index o los reportes de Freedom House, sino un régimen autoritario, es entonces apropiado hablar de una transición democrática como la traducción de las aspiraciones de lo que hoy es, sin duda alguna, la gran mayoría del país.

Resulta importante resaltar que transición democrática implica no solo un cambio de actores, sino también de las reglas institucionales que regulan el funcionamiento del Estado y la relación entre éste y sus ciudadanos.

Capacidad estatal significa el nivel de competencia que los agentes estatales tienen para intervenir y alterar la distribución de recursos, la ejecución de políticas, y definir los canales y el tipo de relación entre ciudadanos y Estado. És una variable fundamental no

solo para el buen funcionamiento y preservación de un sistema democrático, sino también para garantizar el éxito de un proceso de democratización.

De manera que la consolidación de proceso de transición democrática en Venezuela implica esfuerzos que van mucho más allá de las tareas propias de un simple cambio de gobierno bajo condiciones de alternabilidad democrática. El caso venezolano, al igual que ha sucedido con otros muchos procesos de transición, demanda un esfuerzo planificado y ejecutado de manera específica para alcanzar el objetivo de consolidar un proceso de transición que se oriente hacia el desarrollo político, económico y social del país.

Uno de los principales problemas, de cara a un proceso de transición democrática, es que gobernar una transición no es lo mismo que gobernar una democracia.

Un gobierno de transición en Venezuela, que heredará instituciones con una burocracia sobredimensionada por motivos clientelares, y que ha sido incapaz de dar respuesta a necesidades básicas como electricidad, agua, alimentos y medicinas, no podrá, de la noche a la mañana, dar respuesta a éstas demandas básicas, y tampoco a otras más complejas que emergerán con fuerza de una sociedad altamente movilizada en lo político, y que lo estará aún mucho más por las expectativas que se generarán tras haberse logrado un cambio de gobierno.

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Tales presiones sobre el sistema, que son imposibles de satisfacer en lo inmediato deben ser priorizadas, administradas y canalizadas adecuadamente para darle gobernabilidad al sistema o terminará produciéndose su irremediable desestabilización.

Un programa de gobierno para un proceso de transición debe centrar sus esfuerzos en el fortalecimiento del estado, la construcción y el fortalecimiento de un nuevo Estado de Derecho, y el fortalecimiento de la democracia.

El libro “La Consolidación hacia una Transición Democrática” desarrolla una serie de propuestas dirigidas a fortalecer cada uno de estos tres pilares, presentando un diagnóstico, identificando prioridades y aportando una serie de soluciones para lo que consideramos las áreas de mayor importancia en cada uno de estos pilares.

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

La hiperinflación en curso ha evidenciado la gravedad de la crisis en materia económica, de allí que tenga que ser uno de los aspectos cruciales en la gestión de un gobierno de transición.

Para ello, en el libro se hacen propuestas concretas en cuatro aspectos. En primer lugar sobre sobre la relación entre ayuda humanitaria y programas sociales, haciendo una distinción entre ambos, a fin de asegurar la coexistencia de recursos públicos y privados destinados a superar la crisis con recursos de uso inmediato, en un marco de transparencia y precisión en su gestión. Más allá en el tiempo, algunos programas sociales requieren también recursos para ofrecer atención permanente a problemas transitorios.

Considerando que la principal causa de la hiperinflación es el acelerado financiamiento monetario del déficit fiscal, otras medidas deben corresponder al Banco Central de Venezuela. Frenar el financiamiento monetario del Banco Central es indispensable para controlar la hiperinflación, sumado a la una sana práctica presupuestaria. El presupuesto es clave para generar confianza dentro y fuera de Venezuela, puesto que obliga a hacer públicas las prioridades de gasto de las autoridades; sus previsiones de ingresos; sus metas de inflación, crecimiento y tipo de cambio; sus planes y sus compromisos futuros.

Un sistema cambiario bien definido, en términos de operadores cambiarios y generación de información pública, es una de las piezas necesarias para crear confianza. No basta la súbita eliminación del control para lograr este resultado, porque puede crear expectativas también súbitamente frustradas. En este contexto, la coexistencia de monedas como medios de pago aceptables para transacciones internas puede contribuir a estabilizar un mercado cambiario.

Por su parte, se requieren ajustes para que el sistema bancario tenga condiciones que incentiven su recuperación patrimonial, la reducción de los riesgos de morosidad, así como el fortalecimiento del mercado de capitales.

La gravedad de la crisis económica, resultado del uso de los recursos públicos para imponer un sistema de planificación centralizada y sin rendición de cuentas, ha destruido capacidades productivas y generado una emergencia humanitaria completamente injustificable en un país democrático.

Abandonar el sistema de planificación centralizada requiere de la creación de sistemas de mercado bien definidos caracterizados por hacer explícitas garantías en materia de seguridad jurídica y derecho a la propiedad, establecer claros mecanismos de cooperación pública y privada, e incentivos para la inversión.

La participación privada en actividades actualmente reservadas al sector público es esencial, para lo cual deben explorarse mecanismos diversos de privatización y restitución de activos confiscados, asociaciones público privadas y convenios mixtos, entre otras opciones.

La coexistencia de un sistema de mercado con uno de protección social no sólo es posible. Es políticamente conveniente para resolver pacífica y democráticamente múltiples y simultáneos conflictos de intereses.

El reto es construir una economía funcional que incentive la innovación y revierta la pobreza, requiera indispensablemente de transparencia y la adecuada secuencia en la toma de decisiones. Al mismo tiempo se contempla una serie de iniciativas en materia social, entendidas como un aspecto medular de la transición.

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Es preciso tomar en cuenta, en primer lugar, la fuerte conflictividad asociada a las demandas de atención de las necesidades de la población, pues 87% de las protestas registradas en el 1er trimestre de 2018 fueron por derechos socio-económicos.

Así, se propone la creación de subsidios directos a la población más vulnerable, programas de recuperación nutricional, reactivación del rol comunitario de las escuelas con programas como el PAE y Sanidad Escolar, reorganización de los servicios de salud y reactivación del suministro de medicamentos e insumos.

La democratización del país supone restaurar los derechos ciudadanos en toda su amplitud. En este sentido se propone iniciar negociaciones laborales con el personal de los servicios de educación y salud, diseñar mecanismos de formalización e inclusión de médicos comunitarios y maestros bolivarianos, dar autonomía a las escuelas para suplir las vacantes de maestros y reformular la LOCTI para permitir nuevas fuentes de financiamiento a la educación superior.

El tema de la participación se considera importante pues es una de los logros de la Constitución de 1999, aunque hay disenso entre especialistas sobre la necesidad de revisar las leyes del Poder Popular.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REQUIERE UN ACUERDO NACIONAL

La administración pública aporta elementos fundamentales para la gobernabilidad democrática. La calidad de las políticas públicas determina la calidad de un gobierno. Es necesario prepararse para gobernar en democracia y ello implica tener una visión de futuro de hacia donde se quiere conducir al país, seleccionar adecuadamente los actores claves para avanzar en ese proceso, Para la consolidación de la transición democrática deberá construirse un puente para pasar de la autocracia a la democracia.

En los últimos 18 años la administración pública de Venezuela ha crecido en forma desmesurada, desatendiendo criterios esenciales para el buen diseño y aplicación de las políticas públicas caracterizadas por no ser oportunas ni de calidad. Un reflejo de ello es el hecho de que al cierre de 2018 se contaban 7 vicepresidencias, 33 ministerios y 1.674 órganos y entes adscritos a la administración pública nacional.

Así pues, el equipo de expertos propone tres acciones paralelas y coordinadas en materia de administración pública: 1-

Solventar crisis económica, de alimentación y de salud; 2-Avanzar en el escenario escogido para la transición, y 3- Iniciar el proceso de diseño de una nueva estructura de la administración pública moderna acorde con los objetivos del desarrollo.

El reto es que un proceso de transición democrática sobre la base de la recuperación del Estado de derecho, el apoyo a la democracia y la recuperación de la capacidad estatal, se debe alcanzar logrando un amplio acuerdo nacional con unidad de propósitos en materia de administración pública. Pare ello es fundamental contar con un diagnóstico claro y acertado que considere oportunidades y limitaciones; el compromiso de los actores políticos y sociales, y en especial, un adecuado equipo de gobierno sin ambiciones de permanencia, solvente moralmente y capacitado profesionalmente que genere la confianza de los ciudadanos para lograr resultados en este difícil período.

LA AYUDA HUMANITARIA TAMBIÉN FORMA PARTE DE LA AGENDA INTERNACIONAL

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Para que el quehacer internacional sirva en todos los ámbitos a la recuperación y estabilización de capacidad estatal, estado de derecho y gobernabilidad democrática, es necesaria la coherencia con los principios y concentración en las necesidades nacionales, eficiencia en el ajuste de relaciones y en la generación de confianza internacional, agilidad en la búsqueda y gestión de cooperación y una organización en capacidad de contribuir pronta y eficazmente a todo ello.

Por ello es importante la caracterización precisa (urgencia, importancia y sensibilidad) para el trato adecuado de temas y relaciones. Atender las agendas humanitaria, de reconstrucción económica y de seguridad a través del desarrollo de vínculos con países democráticos, la participación en acuerdos y organizaciones internacionales en los que se concierten iniciativas y recursos para el desarrollo humano, económico y político así como para la cooperación en seguridad.

En la superación de la crisis, se prevé que la gestión de gobierno en relaciones exteriores, también juegue un papel que favorezca la realización de proyectos de cooperación internacional en materia de recuperación económica, humanitaria, institucional y de seguridad.

En el libro “La Consolidación hacia una Transición Democrática” se propone que la cancillería de un gobierno de transición deba cultivar el entorno internacional de manera favorable para que se materialicen relaciones externas de apoyo, protección y cooperación pare enfrentar los desafíos humanos, materiales e institucionales del desarrollo de capacidades materiales se perfila como tarea tan urgente como importante.

Dos orientaciones generales son fundamentales en este ámbito. En primer lugar, en cuanto a los vínculos por atender, el criterio central es el manejo de las “puertas” con el mundo, para, por un lado, proteger al país de las relaciones que de diversos modos han favorecido el autoritarismo y pudieran complicar la estabilización democrática a la vez que, por el otro, abrirlo a las que favorecen la estabilización y consolidación de la gobernabilidad democrática. El cuidadoso examen y manejo de cada relación y los temas que involucra es cuestión de seguridad a atender con cuidada eficiencia.

En segundo lugar, la concepción orientadora del equipo encargado de los asuntos internacionales debe apuntar prioritariamente al logro de condiciones que faciliten la fluidez de las diversas facetas de transformación que contribuirían a la reconstrucción democrática de la capacidad estatal.

En ese sentido, el mensaje internacional debe ser claro, coherente y firme con la protección de los derechos humanos y la recuperación de la democracia y el estado de derecho y de disposición franca para cultivar las capacidades necesarias para la canalización de apoyos, así como para la negociación de proyectos de cooperación con miras a mantener unas relaciones respetuosas, transparentes y eficaces en el marco de la normativa constitucional e internacional.

También de respeto por los principios y normas del derecho internacional y de participación constructiva de confianza, eficiencia y responsabilidad democrática en instancias multilaterales, así como de demostrar la voluntad de cumplimento con los compromisos internacionales contraídos tras evaluarlos en referencia al marco constitucional, sus

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principios y procedimientos, su transparencia, así como la la eficacia de su ejecución para la sostenibilidad de la transición. Conjunción de buena disposición y evaluación de capacidad efectiva.

Las relaciones bilaterales se espera puedan desarrollar y fortalecer vínculos con países democráticos del mundo, con especial atención a los de nuestro hemisferio, los miembros del Grupo de Lima y los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

En ese sentido, resultará necesario revisar y evaluar exhaustivamente las relaciones y acuerdos con países que han mantenido vínculos estrechos y poco o nada transparentes con el régimen bolivariano y retomar el posicionamiento equilibrado de Venezuela en la política internacional sin hacerse parte de conflictos geopolíticos ajenos a sus intereses ni renunciar por ello a su defensa de los derechos humanos y el respeto por los principios del Derecho y la institucionalidad internacional.

ESTADO DE DERECHO

Resulta evidente que en Venezuela ha existido un desdoblamiento del Estado de Derecho, en el cual el Estado existe sin estar sometido al Derecho como límite a su actuación. Inclusive, se han comenzado a conformar dos sistemas jurídicos paralelos, con órganos que no se reconocen y que son excluyentes entre sí. Por tanto, la restitución del Estado de Derecho en Venezuela debe ser uno de los principales temas o problemas que deben ser abordados por un gobierno de transición.

Sin separación de Poderes, el Poder Ejecutivo puede actuar arbitrariamente sin un control efectivo de otras ramas del Poder Público.

La existencia de una Asamblea Nacional Constituyente (“ANC”) ha asumido funciones por encima del Derecho, sin control alguno ni legitimidad, por no haber sido designada por el cuerpo electoral venezolano. Ante la falta de órganos judiciales imparciales, no resulta posible declarar su inconstitucionalidad. Por esa razón, se ha planteado, desde una perspectiva constitucional y política, la realización de un referéndum aprobatorio, con suficientes garantías electorales, y en la cual el cuerpo electoral decida sobre la continuación de la ANC, sobre todo de cara a una conciliación política y la reunificación del sistema legal venezolano.

Los especialistas del Centro de Estudios Jurídicos de la UCAB, que abordaron el tema jurídico, proponen examinar la conveniencia de iniciar un proceso de reforma constitucional sobre aspectos estrictamente esenciales, tales como eliminar el derecho a la reelección indefinida a cargos de elección popular y la actuación ilimitada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Ante una postura a favor de emprender ese tipo de reformas, existen especialistas en el tema que consideran que una reforma a la Constitución sería inconveniente durante un proceso de transición hacia la democracia, por cuanto sería un momento de inestabilidad política donde más bien resulta conveniente mantener al texto constitucional como elemento de cohesión de todos los sectores, así como por el hecho que –desde un punto de vista práctico- podrían temporalmente alcanzarse los mismos fines por vía de acuerdos políticos.

En el marco de una transición democrática y constitucional resulta imperioso realizar reformas en el Poder Judicial. Se proponen concursos para la elección de jueces que gocen de la debida estabilidad, así como un proceso independiente para la selección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que permita que aquellos que resulten electos en función de sus méritos puedan ejercer sus funciones con absoluta independencia de otros poderes.

Un aspecto esencial es lograr un equilibrio entre los acuerdos que sean necesarios para la reconciliación política por vía de amnistías o beneficios procesales o penales. Se plantea así un régimen jurídico especial para la reconciliación política y la reivindicación de los Derechos Humanos. Con la aplicación de una Justicia, que para muchos sería transicional, en tanto persigue determinar la verdad sobre los delitos cometidos al amparo del Estado, la reparación de las víctimas y las debidas garantías de no repetición.

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En materia económica también se requieren reformas normativas para rescatar el Estado de Derecho, debido a que en Venezuela se ha intentado la aplicación de un sistema de planificación central de la economía, el cual ha anulado prácticamente el ejercicio de las libertades económicas y el derecho a la propiedad privada. En este sentido, se proponen una serie de cambios puntuales para rescatar tales derechos, entre ellas, levantar el control general de precios; la derogación del régimen de control de cambios, al menos en los términos presentes; retomar el camino hacia la libre competencia como medio para lograr la eficiencia económica y precios competitivos; y retomar los principios sobre los cuales se organizó la apertura petrolera, la cual permita nuevamente distintas formas de participación privada, con el objeto de lograr los recursos necesarios para la recuperación de este sector.

SISTEMA ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS

La prolongada etapa de autoritarismo ha generado un entorno hostil para el desarrollo de las organizaciones políticas. Por ello es necesario crear las condiciones para que las instituciones políticas se regeneren, especialmente los partidos políticos, que requieren un marco jurídico propicio, así como un nuevo enfoque y proceder por parte de los organismos electorales.

La estrategia de redemocratización debe realizarse por etapas, priorizando al inicio condiciones mínimas de competencia electoral y personería jurídica de las organizaciones políticas para posteriormente incidir en un marco integral del financiamiento político y reglas para la elección democrática de autoridades y candidaturas.

En lo electoral, el objetivo de la propuesta recogida en el libro “La Consolidación hacia una Transición Democrática” es orientar a los actores del complejo proceso político que atraviesa el país para la toma de decisiones necesaria que permita recuperar y restituir un Sistema Electoral que garantice la alternabilidad en el poder, así como el pleno ejercicio del derecho de los venezolanos a elegir y ser electos a través de procesos electorales en condiciones de libertad, transparencia, justicia y equidad.

El fortalecimiento del Sistema Electoral y del Sistema de Partidos Políticos requiere que se tomen en consideración todos los componentes, desde el marco jurídico general pasando por el diseño institucional y de los procesos, y la organización y desarrollo de las elecciones con las que participan las instituciones, los electores, los candidatos, las organizaciones políticas, entre otros, en un despliegue enmarcado en convenciones, prácticas y normas de aceptación internacional que generen los mayores niveles de confianza y credibilidad en los actores.

SOCIEDAD CIVIL

Entre las recomendaciones para el rol habilitante de los partidos en la transición figuran:

Restablecer el derecho de participar libremente en los asuntos públicos mediante el indulto, la nulidad de procesos judiciales y reparaciones a las personas injustamente procesadas por razones políticas.

Remover las restricciones administrativas que impiden el reconocimiento jurídico de los partidos políticos. Asegurar la participación de los partidos que apoyan el régimen autoritario. Reintroducir la proporcionalidad y establecer incentivos para la moderación en el sistema electoral.

Para su institucionalización en el largo plazo se plantea:

Nuevo régimen de financiamiento político, restableciendo el público y limitando el privado. Enraizamiento en la sociedad sobre tres pilares: erradicación del clientelismo en la administración estatal, el

fomento de la articulación entre partidos y grupos de interés público y diversificación de la membresía. Se agregan propuestas para la elección democrática de dirigentes y candidatos, la flexibilización de la

participación de ciudadanos en las elecciones internas, el establecimiento de límites a las reelecciones internas y la renovación programática a través de debates con miembros y sectores de la sociedad.

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Ante cualquier proceso de transición el papel de la sociedad puede variar desde su capacidad propositiva, formación en valores democráticos, diálogo entre actores, participación en el proceso de reconciliación, hasta vigilancia del proceso de transición.

Ante un eventual proceso de transición democrática en Venezuela, la sociedad civil se enfrenta a superar retos que han estado presentes hasta el presente:

El término sociedad civil fue sustituido por “poder popular”.

La intervención del Estado ha limitado la autonomía de la sociedad civil.

Se le ha venido desconociendo, al tiempo que se promueven entes paralelos.

Se ha practicado la exclusión política en la interlocución con el Estado.

Al mismo tiempo que se ha eliminado el financiamiento público, se ha restringido el acceso al financiamiento internacional.

Se descalifica y persigue políticamente a líderes civiles. Se ha insistido en fortalecer la relación de clientelismo -

entre el Estado y el Ciudadano- y en debilitar la relación de sociedad civil -entre el Estado y las Organizaciones.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Como se expuso inicialmente, la gobernabilidad democrática conjuga como cualidad la interrelación gobierno-ciudadanos, más que solo de una cualidad del gobierno. Así, los medios de comunicación y la libertad de expresión como derecho fundamental, tienen significativo valor.

En virtud de ello se proponen políticas públicas dirigidas a la restitución del derecho ciudadano a la comunicación, el acceso a la información pública, la libertad de expresión de medios y periodistas y la instauración de un verdadero servicio público de radio y televisión para el país.

En lo inmediato, se propone la restitución del acceso a las fuentes y el ofrecimiento de garantías al ejercicio del periodismo. Se recomienda que CONATEL vuelva a actuar como un organismo encargado de las frecuencias del espectro radioeléctrico del país, no como “un vigilante político”. Se estima preciso restituir señales y frecuencias a medios radiales y televisivos que hayan sido objeto de cierres o expropiaciones.

Se sugiere la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública a través del poder Legislativo y la revisión de instrumentos tales como la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, entre otras que incluyen trabas en la libertad de comunicación de los venezolanos. Es necesario el establecimiento de un verdadero servicio público que no dependa directamente del Gobierno, que actúe con autonomía, posea alta credibilidad y sea promotor de respeto a los derechos humanos.

SEGURIDAD CIUDADANA E INTEGRIDAD TERRITORIAL

10 TAREAS CLAVES DE LA SOCIEDAD CIVIL

1. Lograr apoyo de la sociedad civil para acompañar el proceso de transición;

2. Crear una instancia consultiva para apoyar la transición;

3. Invitar a actores civiles en la labor de promover los valores democráticos;

4. Presentar una narrativa incluyente en todos los espacios;

5. Fortalecer la articulación de la sociedad civil por sectores;

6. Garantizar un marco habilitante que permita el funcionamiento del espacio cívico;

7. Restablecer canales de comunicación para expresar demandas en todos los poderes públicos;

8. Restablecer mecanismos de consulta y participación de la sociedad civil;

9. Facilitar el financiamiento de los actores civiles;

10. Conocer las expectativas y exigencias al Estado venezolano por parte de la sociedad civil.

EL ROL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

La Fuerza Armada Nacional tiene un rol fundamental que desempeñar para garantizar la estabilidad institucional del sistema que surja como consecuencia de la instauración de una transición democrática.

Las propuestas están dirigidas a recomponer a la institución con base a sus fundamentos constitucionales y doctrinarios, así como a subsanar las desviaciones que la organización ha tenido a lo largo de este proceso “revolucionario” y que han tenido un impacto directo y profundo, en su propia esencia y en la sociedad venezolana y sus instituciones.

Ante estas circunstancias resulta perentorio el sometimiento de la Fuerza Armada Nacional al control civil, impulsar su transformación como factor de armonía y progreso, que contribuya en la construcción de una democracia duradera, y sea un instrumento eficaz de disuasión, prevención y respuesta que garantice de modo permanente la soberanía, independencia nacional e integridad territorial.

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En materia de seguridad ciudadana, violencia, criminalidad y delincuencia organizada, se proponen medidas urgentes e inmediatas que un eventual nuevo gobierno deberá tomar para enfrentar el problema y, simultáneamente, asegurar gobernabilidad. Una Política de Estado en materia de Seguridad Ciudadana debe transmitir un mensaje claro de proteger y ayudar al ciudadano, cumplimiento de la ley, reducir la impunidad, bloquear los nichos de rentas de las actividades ilícitas y generar medidas que incapaciten a los individuos dedicados a actividades criminales.

En tal sentido se propone el “Plan de las 9 medidas”:

1. Control de Armas Ilegales.2. Conformación de Grupo de Tarea de Fuerzas Especiales.3. Conformación de Centro Nacional de Inteligencia.4. Resguardo de Actividades y Servicios Estratégicos.5. Creación del Sistema Nacional de Prevención.6. Medidas carcelarias e Instalaciones Prefabricadas.7. Convenio con Naciones Unidas contra la Corrupción.8. Incorporación de Milicia como Auxiliares Policiales9. Alumbrado Público