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Nº 11 - Octubre 2013Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales
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Willaqniki
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad - ONDSPresidencia del Consejo de Ministros de la República del Perú - PCM
Juan Jiménez Mayor Presidente del Consejo de Ministros de la República del Perú
Vladimiro Huaroc Portocarrero Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ONDS-PCM
José Reátegui Bardales, Asesor de la ONDS-PCM
Coordinación y análisis del informeIván Mendoza Villarreal, responsable de la Unidad de Investigación y Análisis de la ONDS - PCM Ivette Castañeda García, Unidad de Investigación y Análisis de la ONDS - PCM
Diseño y diagramaciónMarko Capcha Solís
Décima primera edición, 500 ejemplares.Impreso en GMC Digital SACCalle Elías Aguirre 126, Of. 704, Miraflores
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2013 - 15235
OFICINA NACIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD – ONDS-PCM. Willaqniki N° 11. Lima, octubre 2013
Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales
Las opiniones, análisis y recomendaciones de política no reflejan necesariamente el punto de vista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Nº 11 - Octubre 2013Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales
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AIDESEP Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva PeruanaANA Autoridad Nacional del AguaALA Autoridad Local del AguaARA Autoridad Regional AmbientalATFFS Administración Técnica Forestal y de Fauna SilvestreCENEPRED Centro Nacional de Estimación , Prevención y Reducción de Riesgo y DesastresCENSOPAS Centro de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la SaludCOFOPRI Organismo de Formalización de la Propiedad InformalDGAAM Dirección General de Asuntos Ambientales MinerosINDECI Instituto Nacional de Defensa CivilINEI Instituto Nacional de Estadística e InformáticaMINAG Ministerio de AgriculturaMINAM Ministerio del AmbienteMINEDU Ministerio de EducaciónMINEM Ministerio de Energía y MinasMIMP Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerablesMINSA Ministerio de SaludOEFA Oficina de Evaluación y Fiscalización AmbientalONDS Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad OIRA Organización Indígena Regional de la provincia de AtalayaPART Programa de Alerta y Respuesta TempranaPCM Presidencia del Consejo de MinistrosPNUD Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloPRODUCE Ministerio de la ProducciónRREE Ministerio de Relaciones ExterioresSENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del PerúSERNAMP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el EstadoSUTEP Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del PerúVIVIENDA Ministerio de Vivienda
Lista de Acrónimos
Índice
Presentación
Demandas y actores sociales en los conflictos mineros: algunas reflexiones
La gestión del diálogo en el mes de setiembre
Avances en prevención
ANEXOSANEXO N° 1: Funciones de la Oficina Nacional de Diálogo y SostenibilidadANEXO N° 2: Las fuentes del estudioANEXO N° 3: Matriz de casos en GestiónANEXO N° 4: Matriz de casos en Prevención
Discurso del Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor en la inauguración de la 31° convención minera – Perumin
Presentación del Alto Comisionado de la ONDS, Vladimiro Huaroc en Perumin. El diálogo y la prevención: estrategias para promover el desarrollo, las inversiones y los derechos ciudadanos
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Presentación
Juan Jiménez MayorPresidente del Consejo de Ministros
La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad da a conocer su décimo primer informe Willaqniki, el cual pone de relieve el tema de los conflictos asociados a la minería en el Perú, la perspectiva de esta oficina sobre la naturaleza, prevención y gestión de los mismos y su marco general: la apuesta del Gobierno por atraer in-versiones serias, productivas y con responsabilidad.
El informe incluye, en primer lugar, la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad en la 31° Convención Minera – PERUMIN, llevada a cabo en la ciudad de Arequipa, del 16 al 20 de setiembre del 2013. Como parte de dicha participación, en la inauguración del mencionado evento, destacamos la importancia que tiene para este gobierno, generar mejores condiciones para que las inversiones mineras fomenten trabajo y condiciones para el comercio, la producción y realización de actividades económicas que requiere el país.
En segundo lugar, el discurso del Alto Comisionado para el Diálogo y Sostenibilidad, Vladimiro Huaroc, reflexiona sobre la experiencia de trabajo de la ONDS
en la gestión del diálogo para abordar la conflictividad minera, y presenta públicamente un instrumento técnico de utilidad para la prevención de potenciales conflictos en los 49 proyectos mineros a ejecutarse en el próximo quinquenio.
En tercer lugar, se presenta un artículo que reflexiona sobre la naturaleza de las demandas que dan origen a los conflictos mineros en el país y los principales actores participantes. El análisis brinda algunas pau-tas para el diseño de estrategias del Estado que contri-buyan a abordar la conflictividad de manera integral.
Por último, el Willaqniki N° 11 da a conocer su ya habitual análisis del panorama mensual de los conflictos sociales tratados desde la ONDS - PCM de acuerdo a sus competencias, incidiéndose también en los casos en prevención.
A casi un año de edición del Willaqniki, la ONDS - PCM considera fundamental renovar el compromiso con la gobernabilidad y su contribución a un Estado democrático, de la mano de la inclusión social y económica.
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Nos encontramos reunidos aquí varios ministros de Estado, los ministros de Transportes y Comunica-ciones, Vivienda Construcción y Saneamiento, de Defensa, de Energía y Minas, y Comercio Exterior y Turismo, así como el Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo, y el Alto Comisionado para la Minería ilegal. Tendremos también la visita del Presidente de la República, en una clara señal de la apuesta del Gobierno por la inversión.
Esta convención minera, constituye un homenaje a la inversión, pero también es un homenaje a la confianza. El Gobierno viene haciendo esfuerzos muy importantes, por generar las mejores condiciones para inversiones serias, inversiones productivas, con responsabilidad como la que produce la minería en el Perú, la seria y responsable por supuesto.
El esfuerzo del Gobierno busca generar mejores condiciones para que esta inversión sea más rápida, sea más productiva, genere trabajo y mejores condiciones para el comercio, la producción y la realización de actividades económicas que requiere el país.
El Presidente Ollanta Humala es una persona muy preocupada porque la inversión se realice en términos adecuados, pero también en términos rápidos, y venimos llevando a cabo acciones para que efectivamente ésta se realice de manera pronta. Para ello, estamos destrabando una serie de proyectos. El futuro del Perú inmediato y de mediano plazo también va a apostar por la minería y queremos que esto siga siendo así, y que esto permita también, generar oportunidades de diversificación productiva.
El Perú es un país minero y eso lo reconocemos quienes estamos en el Gobierno, y queremos que se reconozca en todo el país, para tener recursos que contribuyan a superar todas las brechas sociales: las de desigualdad y de infraestructura, que una vez
superadas nos permitan tener un país más integrado y más conectado. En esa línea se realiza el trabajo del Gobierno para permitir un flujo mayor de inversiones. Quiero dar la bienvenida aquí a las delegaciones de todos los países y quiero que sepan que el Perú apuesta por la inversión, por el trabajo y por la tecnología que esta convención minera está difundiendo.
Queremos subrayar además, que estamos afrontando los dos aspectos que permiten el desarrollo de la minería en el Perú. El primero de ellos, la necesidad de ser más rápidos y más competitivos. El Gobierno está haciendo esfuerzos para eso. Y el segundo elemento, atender mejor la relación con las comunidades, evitar los conflictos, hacer que la inversión no tenga ningún escollo, en relación en cómo podemos realizar un trabajo de inversiones conectando la inversión con el desarrollo. Esa es la clave, lo que venimos haciendo en el Gobierno, para poder generar esta oportunidad de hacer negocios, pero también de desarrollar aquellas comunidades que no han tenido la suerte todavía de estar incluidas exitosamente dentro del mercado.
Y en esa línea de trabajo estamos. El Gobierno enfatiza la inversión, apostamos por la inversión, por el desarrollo del país bajo esta meta, la de poder generar crecimiento con inclusión social, uno de los temas que también se van a ver en esta convención.
Quiero felicitar a los organizadores, por supuesto a la bella ciudad de Arequipa, a todo ustedes por estar aquí, por apostar por la minería, por la inversión y la confianza.
Con esto, declaramos inaugurada la Convención Minera PERUMIN 2013.
Muchas gracias.
Dr. Juan Jiménez Mayor en la 31° convención mineraDiscurso del Presidente del Consejo de Ministros en la inauguración de PERUMIN
Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor con parte del gabinete ministerial en la 31° convención minera PERUMIN realizada en Arequipa del 16 al 20 de setiembre.
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El diálogo y la prevención:
Estrategias para promover el desarrollo, las inversiones y los derechos ciudadanos
En los últimos años, el país ha vivido períodos de fuerte conflictividad social en torno a la presencia de industrias extractivas. La respuesta inicial del Estado frente a estas situaciones fue la aplicación de medidas de urgencia, destinadas a controlar y gestionar los conflictos, con resultados de corto plazo, pero insuficientes para lograr soluciones integrales y sostenibles.
Frente a ello, el Gobierno del Presidente Ollanta Humala, especialmente desde julio del 2012 en que se formó el gabinete presidido por el doctor Juan Jiménez, viene desplegando esfuerzos para instaurar un nuevo enfoque basado en el diálogo y la prevención. El diálogo como una estrategia de solución pacífica de los conflictos sociales, facilita su transformación en oportunidades de desarrollo y la prevención contribuye a afirmar los derechos ciudadanos y la promoción de las inversiones.
La ONDS, como oficina de la PCM encargada de abordar la conflictividad social, fue creada bajo esta perspectiva y por este motivo tiene al diálogo y la prevención como ejes centrales. La acción de la ONDS en el último año ha permitido asegurar un clima de estabilidad, reduciendo sensiblemente la intensidad de los conflictos, los estallidos y crisis violentas, en un marco de respeto de los derechos ciudadanos, posibilitando la continuidad de las inversiones; reconstruir la confianza entre el Estado, la ciudadanía (especialmente en las comunidades locales) y las empresas y contribuir al desarrollo del país, especialmente, al desarrollo de las zonas de influencia de las industrias extractivas.
Estos logros se deben gracias a un arduo trabajo que ha consistido en primer lugar, en fortalecer las capacidades de la ONDS, aumentando su cobertura territorial, y una mayor articulación intersectorial e intergubernamental, lo que ha permitido mejorar la atención de la conflictividad en el país. De otro lado, se ha concretado un cambio de enfoque, centrándose
Exposición del Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Vladimiro Huaroc, en la convención minera PERUMIN 2013
en el diálogo y el desarrollo, a fin de generar espacios multiactor para la adopción de consensos democrá-ticos. Asimismo, la ONDS ha enfatizado el enfoque de prevención, atendiendo actualmente 62 casos en 22 departamentos del país. La ONDS participa activa-mente en 61 espacios de diálogo (21 mesas de diálogo, 12 de desarrollo y 28 mesas de trabajo y comisiones multisectoriales). De esta manera, esta oficina ha conducido la resolución de 42 casos en los últimos 13 meses y, para agosto de este año, la gestión de 66 conflictos sociales en 21 departamentos del país.
Después de un año de actividades, la ONDS reconoce con satisfacción el camino recorrido. Sin embargo, somos conscientes de la necesidad de redoblar los esfuerzos para la implementación de una estrategia basada en los siguientes ejes:
1) El fortalecimiento de la institucionalidad estatal pa-ra la gestión y prevención de conflictos sociales, lo que supone:
- Incrementar la presencia de la ONDS en el territorio nacional. A la fecha, existen equipos permanentes en 9 de los 24 departamentos del país. El próximo año, se espera alcanzar una cobertura completa.
- Continuar con el desarrollo de capacidades en Go-biernos Regionales. La ONDS contribuye a su fortalecimiento a través de capacitaciones y asistencia técnica.
- Fortalecer la rectoría de la ONDS en materia de gestión de conflictos y la promoción del diálogo a través de un nuevo marco normativo, que permita una mejor articulación del Estado frente a esta problemática. Para ello, se ha desarrollado un nuevo decreto supremo y se ha elaborado un proyecto de ley de creación de un Sistema Nacional de Prevención de Conflictos Sociales. Este sistema
incluye diferentes herramientas de prevención y fortalece la institucionalidad de la oficina.
- Asimismo, la ONDS trabaja en estrecho contacto con entidades estatales de fiscalización de las actividades extractivas. El fortalecimiento de este trabajo conjunto es clave para desarrollar una minería sustentable y que respete los derechos ciudadanos.
2) La incidencia en actores clave para contribuir a cambiar la estructura de relaciones estado-empresa, estado-sociedad, empresa-comunidades, lo que implica:
- Adelantarse al escalamiento de tensiones, superan-do la condición de “estado-bombero”, afrontando problemas de fondo, vinculados a las relaciones Estado-empresas-comunidades.
- Generar espacios de encuentro entre estos actores, y para ello, se ha planteado la creación de un Centro de Excelencia para la Responsabilidad Social y Ambiental, que promueva el establecimiento de una nueva minería a través de la adopción de buenas prácticas empresariales, iniciativas para la excelencia y cambio en la estructura de relaciones, de modo que contribuyan a erradicar las causas de muchos conflictos.
3) La promoción de una cultura del diálogo, a través de:
- La gestión y transformación de conflictos demanda cambios en la cultura política peruana. Para ello es necesario incentivar la cultura del diálogo, la difusión de valores de tolerancia, democracia, respeto por el otro, etc.
- La institucionalización de espacios de diálogo multi-actor, para que tanto Estado, empresa y sociedad civil abandonen lógicas desarticuladas y busquen, de manera conjunta, consensos de largo aliento. A fin de concretar estos objetivos, la ONDS está promoviendo la creación del Instituto para el Diálogo y el Consenso, con participación del Estado y la sociedad civil, para promover una cultura del diálogo en la población como mecanismo democrático de solución de controversias.
4) La adopción de nuevas herramientas para la pre-vención de conflictos sociales en el marco del Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, actualmente en proceso de creación.
- La prevención es la estrategia clave para adelantarse a acontecimientos, estallidos y crisis, que luego
La ONDS ha enfatizado el enfoque de prevención, atendiendo para agosto de este año, 62 casos en 22 departamentos del país. Participa activamente en 61 espacios de diá-logo (21 mesas de diálogo, 12 de desarrollo y 28 mesas de trabajo y comisiones multisectoriales).
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resultan mucho más costosos en términos sociales, políticos y económicos. Para ello se fortalecerá y ajustará el Programa de Alerta y Respuesta Temprana de la ONDS.
- Así mismo la prevención se focalizará en los 49 ma-croproyectos de inversión minera, por US $ 57 mil
millones, previstos para los próximos cinco años.
- Por ello, la ONDS ha preparado un indicador com-plejo de riesgo para la prevención de conflictos sociales vinculados a la gran minería, que se presenta a continuación.
Proyectos analizados con el índice de riesgo para la Prevención de Conflictos Sociales
Principales proyectos mineros en el Perú
CAÑARIACO
BAYOVAR
CONGA
SHAHUINDO
MAGISTRAL
COLQUIJIRCA
CONSTANCIA
CERRO VERDE
TOQUEPALA
PAMPA DE PONGO
HAQUIRA
LOS CHANCAS
MARCONA
LAGUNAS NORTE
CRESPO
SAN LUIS
HILARION
CERCANA
SALMUERAS SECHURA
TOROMOCHO
ALPAMARCA
GALENO
US$ 57,403 millones
AMPLIACIONES
CON EIA APROBADO
CON EIA PRESENTADOO EN EVALUACIÓN
EXPLORACIÓN
SITUACIÓN DE LA MINERÍA
09
12
03
25
INMACULADA
MICHIQUILLAY
LA GRANJA
ACCHA
RONDONI
MINA JUSTA
EXP DE RELAVES
INVICTA FOSFATOS MANTARO
CUAJONE
REF. ILO
AMPL. FUNDICIÓN
PROY. FOSFATOS
CERRO CCOPANE
LAS BAMBAS
CORANI
OLLACHEA
LLAMA Ty01
HIERRO APURIMAC
PUKAQAQA
ZAFRANAL QUELLAVECO
CHUCAPACA
QUECHUA
TIA MARIA
LOS CALATOS
Fuente: MINEM
El Indicador Complejo de Riesgo para la Prevención de Conflictos vinculados a la Gran Minería
Actualmente existen en nuestro país 09 proyectos mineros en fase de ampliación; 12 con estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado; 03 con EIA en evaluación; y 25 en exploración. Dentro de una lógica de prevención como la del enfoque de la ONDS, se considera de importancia estratégica trabajar en torno a estos 47 proyectos.
En los últimos 13 meses, la experiencia acumulada de la ONDS ha permitido realizar un análisis detallado de las principales características de los conflictos sociales mineros en el país. Se constató que éstos se producen en:
- Ámbitos donde existen amplias brechas sociales y pobreza.
- Ámbitos dónde hay una relativa ausencia y debi-lidad de las instituciones estatales.
- Ámbitos donde existe una desconfianza entre los actores involucrados, tensiones por el acceso a los recursos naturales (agua y tierra) y la percepción de afectación (real o imaginaria) de los mismos.
- Las distintas etapas de los proyectos mineros y no solamente durante la operación de los mismos.
En estos ámbitos, la población local demanda percibir mayores beneficios por la presencia de las actividades mineras. Frente a estas constataciones, se considera imprescindible contar con herramientas que permitan conocer por anticipado qué espacios del país reúnen una mayor cantidad de factores de riesgo de conflicto social.
Un indicador complejo recoge las características identificadas anteriormente y las traduce en un valor numérico. Esto permite establecer una escala de clasificación de riesgo de los distritos donde se ubican los proyectos mineros en cartera.
El indicador complejo permitirá visualizar e identificar los distritos que tienen un mayor potencial conflictivo ante la presencia de grandes proyectos mineros, facilitando al Estado (sectores y niveles) el desarrollo de estrategias de prevención de crisis mucho antes que los conflictos hayan empezado a gestarse.
1. La pertinencia y utilidad de un Indicador Complejo de Riesgo para la Prevención de Conflictos vinculados a Proyectos Mineros
De esta forma, el margen de tiempo ganado para actuar puede llegar incluso a ser de varios años, lo que permite superar la “lógica de bombero” del Estado e incrementar su capacidad para abordar las causas de fondo de los conflictos. En última instancia esto busca la consecución de dos objetivos:
1) Generar un contexto de estabilidad social y polí-tica para promover las inversiones.
2) Lograr una confluencia entre el desarrollo local y el desarrollo de las inversiones mineras en el país, generando una relación benéfica para la población local, que asegura el clima de estabilidad buscado.
El indicador complejo mide cuatro dimensiones de análisis, las tres primeras son de carácter cuantitativo y la última, de carácter cualitativo:
· Capacidad de adaptación de la población a los proyectos mineros: Esta dimensión está referida a qué tan preparada está una población para aprovechar las nuevas oportunidades y afrontar los cambios que supone un proyecto de gran minería. Las variables que buscan recoger esta dimensión están vinculadas a la medición de la capacidad de adaptación de la población a los cambios laborales; a medir la situación de pobreza distrital (monetaria como no monetaria) y la capacidad de la población para informarse al momento de constituirse como un interlocutor de las empresas mineras y otros agentes foráneos.
· Presencia del Estado en la zona: Mide la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos. Los indicadores de esta dimensión permitirán tener una aproximación al cumplimento real de estas funciones a nivel distrital, destacando indicadores sobre servicios básicos, educación, salud y provisión de seguridad.
· Impacto de los proyectos en los recursos de los distritos: Recoge elementos para entender las percepciones de la población en torno a afectación y competencia por el acceso a éstos recursos. Las variables consideradas en esta dimensión buscarán recoger información sobre la disposición de fuentes, cantidad y calidad del agua, así como la relevancia de las actividades agropecuarias para la población.
· Capacidad de movilización social: Considera los antecedentes de conflictividad así como los tipos de organizaciones sociales y los tipos de liderazgos existentes, tomando en cuenta que, bajo determi-
2. El funcionamiento del indicador complejo
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nadas circunstancias, el desencadenamiento de conflictos puede estar ligado a estos factores.
El recojo de información sobre estos aspectos operará en dos momentos: el primero, a partir del recojo de información proveniente de fuentes oficiales del Estado para el ámbito de cada proyecto y el segundo, a partir de información de visitas de campo y revisión de otro tipo de fuentes de información.
Los resultados de la información recogida y procesada permitirán clasificar los distritos de los 49 macro proyectos en cartera de acuerdo al nivel de riesgo de conflictividad, habiéndose considerado 4 niveles: bajo, mediano, alto y muy alto. Esto desde luego, no significa la inminencia de un conflicto, pero sí constituye una señal importante para que el Estado dinamice su presencia en la zona.
Una vez determinado el nivel de riesgo de los distritos involucrados en la cartera de macro proyectos, se elaborarán estrategias conjuntas en función del nivel de riesgo identificado. Se optará por estrategias de intervención para aquellos casos con niveles alto y muy alto o por estrategias de monitoreo para los casos con niveles mediano y bajo.
Cabe señalar además, que el Indicador Complejo de Riesgo para la Prevención de Conflictos vinculados a la Gran Minería es de uso exclusivo e interno de la ONDS para su tarea de prevención de conflictos sociales.
3. Los resultados
4. Potencialidades
La creación de este instrumento constituye un primer paso para la identificación de zonas de riesgo, a partir de la cual se desarrollará estrategias diferenciadas en función de cada espacio. Este instrumento se articulará dentro del futuro Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, estableciendo sinergias con otras herramientas. Se trata de una herramienta prospectiva de conflictos, no de predicción tampoco de solución de los mismos, cuyo fin último es permitir, tanto al Estado como a las empresas estar mejor preparados para evitar la exacerbación de las tensiones sociales y afrontar las eventualidades que puedan surgir en las zonas dónde se desarrollan los proyectos.
En un inicio, solo se han analizado los proyectos mineros publicados en la cartera de inversiones del MINEM, pero la cobertura puede ampliarse a otros proyectos mineros existentes. Asimismo, la ONDS se encuentra desarrollando herramientas específicas para otros sectores.
Finalmente, cabe resaltar que el componente de prevención de conflictos sociales que este instru-mento busca atender, está íntimamente ligado al cumplimiento del rol de protector de los derechos ciudadanos por parte del Estado. En este sentido, la ONDS reafirma su compromiso de dar continuidad y fortalecer el trabajo conjunto con las diferentes entidades de fiscalización de las empresas extractivas, enfatizando que hoy tenemos la oportunidad histórica de instalar una nueva cultura de confianza y diálogo en busca de una mejor gobernabilidad, desarrollo y bienestar para todos.
Los resultados de la información recogida y procesada permitirán clasificar los distritos de los 49 macro proyectos en cartera de acuerdo al nivel de riesgo, lo que no significa la inminencia de un conflicto, pero sí constituye una señal importante para que el Estado dinamice su presencia en la zona.
Se trata de una herramienta prospectiva de conflictos, no de predicción tampoco de solución de los mismos, cuyo fin último es permitir, tanto al Estado como a las empresas estar mejor preparados para evitar la exacerbación de las tensiones sociales y afrontar las eventualidades que puedan surgir.
Arriba: Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, Alto Comisionado de la ONDS, Vladimiro Huaroc con autoridades de la Región Tacna en una reunión realizada en la PCM por el tema del canon minero en esa región.06 - 09 - 2013
Sobre esta líneas: Comisionado de la ONDS facilitando el desarrollo de la 4ta Mesa de Diálogo en el distrito de Sarín en la provincia de Sánchez Carrión, Departamento de La Libertad. 20 - 09 - 2013
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Algunas reflexiones:
Demandas y actores sociales en los conflictos mineros
Los conflictos sociales en torno a la minería son, como se sabe, los de mayor importancia relativa en el conjunto de casos gestionados por la ONDS. Desde los inicios de la publicación de Willaqniki, han representado consistentemente entre el 33% - 35% del total.
En torno a estos conflictos, se ha ido construyendo una serie de ideas y estereotipos alimentados por algunos hechos reales que, en la práctica, son por lo menos exagerados sino falsos, y frecuentemente informados por intereses políticos e ideológicos. Así por ejemplo, en ciertos círculos políticos y grupos ligados a movimientos sociales, no es raro encontrar discursos que resaltan el carácter antiminero de las movilizaciones de protesta en torno a estos proyectos, hecho debido, en gran medida, a la existencia de un supuestamente extendido sentimiento o ánimo opuesto a las actividades extractivas, en una población dedicada sobre todo a la agricultura y ganadería.
Otra idea muy difundida en un sector de la opinión pública, de la comunidad empresarial y de la clase política, explica los conflictos por minería, principalmente como resultado de la presencia de agitadores y activistas. Bajo la firme creencia de que la minería trae progreso y desarrollo, para lo cual hay que crear las reglas de juego que faciliten la inversión, resulta incomprensible que la población se oponga a ésta y sólo puede entenderse por la manipulación política antes que por factores asociados al compor-tamiento de las empresas, aunque con frecuencia se acepta que los vacíos y deficiencias del Estado tienen que ver también en el problema.
Asimismo, hay sectores que asocian a los conflictos mineros con el desencadenamiento de la violencia, debido sin duda a que éstos estarían conducidos (o manipulados) por sectores radicales con agendas
propias, que incluyen enfrentamientos con las fuerzas del orden como parte de sus estrategias.
La información disponible muestra que la realidad es mucho más compleja y variada, y tales enunciados no están sólidamente fundamentados en la realidad. Esto no ha impedido sin embargo que algunas estrategias diseñadas para afrontar la conflictividad minera desde el Estado o las empresas, hayan estado informadas por estas nociones y, en la mayoría de casos, no funcionaran o, al menos, no lograran su objetivo de reducir o controlar los estallidos y sus costos.
A fin de esclarecer ideas como las antes reseñadas, en el presente informe, queremos examinar algunos datos reveladores acerca de la naturaleza de las demandas que dan origen a los conflictos mineros en el país, los principales actores participantes, la presencia e influencia de posibles “agitadores”, el potencial y las limitaciones de las organizaciones de la sociedad civil, el rol de las autoridades locales, entre otros. Estos elementos suministran interesantes pistas para el diseño de estrategias que desde el Estado contribuyan a abordar la conflictividad de manera integral y, de paso, constatar el grado de verosimilitud y fundamentación de las afirmaciones antes expuestas.
La existencia de una masiva oleada o arremetida antiminera, por parte de una población mayori-tariamente rural, andina, pobre y supuestamente manipulada por políticos y agitadores profesionales, es un prejuicio que la realidad desmiente de manera contundente. Basta para ello examinar los datos de la conflictividad social actualmente disponibles en la ONDS.
1. Los contenidos de las demandas
Así, tomando las cifras del pasado mes de agosto, que no difieren sustancialmente de las presentadas a partir de noviembre del 2012, se observa que algo menos de un tercio de los conflictos en torno a la minería pueden ser calificados de “antimineros”, entendiendo como tales a aquellos en donde la reivindicación central de los reclamos de la población (o de un sector de ésta), rechaza la presencia y
operaciones de las empresas, especialmente en las etapas iniciales. Al respecto, es interesante señalar el peso del departamento de Cajamarca en esos conflictos de rechazo a la minería, pues allí se produ-cen casi la mitad de éstos. Los otros cuatro están dispersos en igual número de departamentos (2 en el sur, 1 en la Amazonía y 1 en Lambayeque).
Oposición a
minería
Contaminación/
Daño ambiental
Compensaciones/
Reparaciones
Acceso a mayores
beneficios
Incumplimiento de
compromisosTotal
Cajamarca 3 2 1 - 1 7
Ancash - 2 1 3 - 6
Cusco 1 - - 1 - 2
Tacna 1 - - 1 - 2
Lambayeque 1 - - - - 1
Moquegua - - 1 - - 1
Puno - 1 - - - 1
Amazonas 1 - - - - 1
Junín - 1 - - - 1
Total 7 6 3 5 1 22
a) la existencia de fuertes organizaciones sociales, con capacidad de convocatoria y movilización, como ocurre en el caso de las rondas campesinas de Cajamarca, pero también en Lambayeque (proyecto Cañariaco) y Chumbivilcas (proyecto Anabi), o en Amazonas (Afrodita), donde las comunidades campesinas o las organizaciones nativas tienen niveles de cohesión y movilización fuertes y dinámicos. El caso más conocido es el de Conga, donde un nutrido movimiento opositor apoyado en las rondas campesinas, en un frente de carácter urbano y bajo el liderazgo del mismo Presidente Regional, puso en jaque al proyecto y logró afectar el desarrollo normal de sus operaciones, lo que impactó fuertemente en la opinión pública nacional. Los otros conflictos tuvieron un alcance más localizado y de menor repercusión.
b) el liderazgo o apoyo de las autoridades locales (alcaldes) y regionales al movimiento en contra de la
Cuadro N° 1 Conflictos mineros, según tipo de demanda
Fuente: Informe Willaqniki N° 10, Anexo 03 de casos en gestión, pp. 29-46
Los 7 conflictos por rechazo a la minería tienen sin duda algunos elementos comunes, los que tienen que ver fundamentalmente con los siguientes factores:
minería, del cual los casos de Cajamarca son también un ejemplo, donde es destacable el rol de la Municipalidad Provincial de San Ignacio; como lo es igualmente el conflicto en Tacna en torno al proyecto Pucamarca de la empresa MINSUR y el de Chumbivilcas en Cusco, donde la Municipalidad distrital de Llusco así como la comunidad campesina demandan el cierre de las operaciones de la minera Anabi.
c) la ausencia de operaciones mineras previas en la zona y la inexperiencia de la población en tratar directamente con las empresas, lo que sin duda incrementa la incertidumbre y desconfianza de la población respecto a sus impactos, alimentados en diversos casos por prácticas “inapropiadas” de las compañías en sus relaciones comunitarias. Una vez más, el caso de Minera Yanacocha en Cajamarca ilustra esta situación. Esta tiene una suerte de “defecto de fábrica” que le dificulta legitimar sus operaciones en la zona. La carencia de antecedentes
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por compensaciones y reparaciones, principalmente económicas. Los segundos son pedidos también frecuentes de la población que habita en los entornos donde se encuentran los yacimientos, la que busca maximizar los beneficios derivados de la actividad minera, ya sea a través de empleo local temporal, programas de inversión social o contratos de aprovisionamiento para emprendedores locales. No es raro que un conflicto estalle también por una combinación de estos factores.
Es ilustrativo al respecto, que Ancash, el depar-tamento con mayores conflictos mineros, no registre ningún caso en donde la demanda central sea el rechazo a esta actividad, aun cuando, eventualmente, se puedan encontrar algunos grupos o dirigentes minoritarios y aislados que lo plantean. Todos exigen mayor acceso a beneficios o piden compensación por daños ambientales y contaminación. En esta región, existen antecedentes remotos de actividad minera, lo que de alguna manera ha legitimado a ésta ante la población.
Las fuerzas que organizaron las protestas en Cajamarca incluyen una coalición de grupos políticos acostumbrados a moverse en el terreno de las movilizaciones sociales, lo que de alguna manera contribuyó a radicalizar la protesta. Esto no ha ocurrido en Ancash, en donde las fuerzas políticas dominantes son más bien moderadas (Perú Posible, movimientos regionales), particularmente activas en el terreno electoral y en la administración pública, mas no en las protestas.
Cabe mencionar también las disparidades en el grado de organización. En Cajamarca, los sectores campe-sinos tienen organizaciones mucho más fuertes que en Ancash. La mayoría de caseríos y centros poblados están nucleados en torno a las rondas campesinas, las que mantienen buena capacidad de convocatoria y de control de las poblaciones locales. En Ancash, la población rural es proporcionalmente menor y carece de entidades comparables a las de Cajamarca.
En síntesis, la mayoría de los conflictos mineros que se abordan desde la ONDS - PCM, evidencia que éstos distan de enarbolar demandas o discursos que podrían considerarse radicales, mucho menos que busquen la expulsión de las compañías mineras o planteen una cerrada negativa a las inversiones en este sector; por el contrario, la experiencia demuestra que, en el grueso de los casos, la población y sus líderes están dispuestos a negociar mayores y mejores beneficios y ventajas derivadas de la explotación minera. Existen desde luego sectores o grupos opuestos a esta actividad, pero éstos no han logrado el liderazgo de las protestas si no en una minoría de
locales en minería es también evidente en Lambayeque (Cañariaco), la Amazonía (minera Afrodita en la cordillera del Cóndor) y Chumbivilcas (Anabi).
En todos los casos donde hay un rechazo a las actividades mineras, se trata de proyectos en fase de exploración, la mayoría de ellos además (excepto Conga y Pucamarca) a cargo de empresas juniors que, en apariencia, no habrían tenido un manejo adecuado de sus relaciones comunitarias.
Sólo el caso de Tacna, zona de minería antigua, parece diferir del patrón general. Allí, la oposición a la presencia de MINSUR, ha buscado legitimarse mediante consultas populares, pero al parecer no logró el apoyo mayoritario de la población ni de la regional.
Los conflictos no fueron entonces fruto de manipulaciones o estrategias conspirativas de grupos radicales, aun cuando en casi todos los casos, se constató la presencia de activistas con estas orientaciones. Sin embargo, salvo un par de conflictos, no hubo evidencias de que éstos hayan logrado hegemonizar o liderar la mayoría de los movimientos de protesta, pese a sus indudables esfuerzos por lograrlo.
Finalmente, cabe precisar que los factores mencionados no operan aisladamente y ninguno por sí mismo tiene una influencia determinante en el desencadenamiento y el rumbo de un conflicto.
En cuanto a los otros casos, cabe señalar la importancia de los conflictos por contaminación o daño ambiental (6) y por el acceso a mayores beneficios; ambos muestran dos dimensiones frecuentemente asociadas a los proyectos mineros. En el primer caso, puede tratarse de daños reales o percibidos, que suelen ir acompañados de demandas
En todos los casos donde hay un re-chazo a las actividades mineras, se trata de proyectos en fase de explo-ración, la mayoría de ellos además (excepto Conga y Pucamarca) a car-go de empresas juniors que, en apariencia, no habrían tenido un manejo adecuado de sus relaciones comunitarias.
casos, y por una diversidad compleja de factores, que no pueden ser explicados apelando al argumento de la manipulación. Esto, sin embargo, no debe conducirnos a minimizar los problemas que afrontan diversos proyectos, que el Gobierno Nacional y las entidades públicas en general deben prestar atención. Las políticas de las empresas y los comportamientos de sus funcionarios, tanto como del mismo Estado en sus distintas instancias son factores que también deben tenerse en cuenta para establecer un clima adecuado, que contribuya a generar confianza social.
Un tema adicional tiene que ver con la violencia; mientras que las protestas de Ancash apenas han registrado alguna medida de presión o fuerza, incluyendo enfrentamientos con las fuerzas del orden, en Cajamarca, las movilizaciones donde se apelaba a este tipo de acciones han sido más frecuentes. Puede decirse que, en la mayoría de casos, en algún momento, los protagonistas de la protesta recurrieron a acciones de fuerza, aunque difícilmente ello puede significar que estemos ante estallidos incontenibles de violencia. El uso de ésta no es entonces algo inevitable, pese a que los mecanismos de negociación del sistema político no muestran mucha flexibilidad y adaptabilidad ante las movilizaciones. Puede afirmarse que, salvo casos excepcionales, los niveles de violencia y uso de la fuerza para respaldar las protestas han sido más bien moderados y controlables.
La información disponible en la ONDS, la misma que se difunde mensualmente desde Willaqniki, muestra que los conflictos mineros suelen enfrentar, por un lado, a las compañías con las poblaciones de los entor-nos. El estado como actor suele estar presente a través de los ministerios directamente involucrados en la ac-tividad como son el MINEM y MINAM, y con fre-cuencia otros como MINAGRI, los Gobiernos Regio-nales y Locales, así como diversas entidades públicas.
Las protestas suelen estar conducidas por líderes y dirigentes de distintas orientaciones y pueden manifestarse a través de canales formales, que facilitan el diálogo entre las empresas y la población, o con medidas de presión cuando las organizaciones o líderes perciben que sus demandas no son adecua-damente atendidas. Las posiciones intransigentes de funcionarios de las compañías o de ciertos dirigentes sociales pueden aumentar las tensiones durante el proceso, y ocasionalmente, han desembocado en actos de violencia.
En muchos casos, según se ha visto, las autoridades locales, especialmente los alcaldes, desempeñan un
2. Los actores principales de los conflictos mineros
papel importante, ya sea apoyando los reclamos o directamente liderándolos, lo que también ha ocurri-do a propósito de ciertos asesores políticos que han surgido en la escena local de estos casos para brindar sus servicios a las comunidades. Autoridades y fun-cionarios de otras instancias del Estado (Gobierno Nacional y Gobierno Regional), tienen igualmente algún tipo de intervención que, dependiendo de las circunstancias, puede ser central y decisivo.
Cabe destacar especialmente el rol de las autoridades locales en los conflictos de Ancash y Cajamarca, aunque sin duda con orientaciones e intereses diferentes. En el primer departamento, encontramos casos de alcaldes y regidores que lideran protestas contra las mineras en busca de reclamar mayores
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En el caso de los conflictos en Tacna y Cusco, el panorama fue algo similar aunque con matices; en el primero, se trata de una Municipalidad provincial urbana, en un ámbito donde la actividad minera es familiar y no existen organizaciones sociales relativamente sólidas ni liderazgos radicales legitimados. En Cusco (Chumbivilcas), el alcalde distrital y la comunidad campesina, ambos con capacidades de liderazgo y movilización, condujeron un movimiento en contra de la empresa.
En general, la participación de las autoridades locales liderando o apoyando las protestas, ha contribuido a expresar el malestar de la población y a potenciar los movimientos, pero también en muchos casos, ha influido en su transformación positiva. Asimismo, cuando las organizaciones comunales conservan capacidades para movilizar a sus asociados y ejercer efectivamente funciones de defensa frente a terceros, sus posibilidades de hacer valer los intereses colectivos que representan son mayores.
La mayoría de casos gestionados desde la ONDS, evidencian que los conflictos en entornos mineros expresan las aspiraciones y expectativas de la población por acceder a bienes y servicios públicos, así como a beneficios derivados de la minería. El “sentimiento antiminero” es predominante sólo en una minoría de casos, y por lo general, está asociado a ámbitos donde no existe experiencia directa previa de actividades mineras y las actitudes y prácticas de ciertas empresas agudizaron la desconfianza siendo percibidas por muchos como una amenaza para el acceso a ciertos recursos (agua, tierras). Adicional-mente, se encuentran organizaciones hegemonizadas por líderes políticamente radicales que, si bien pueden tener presencia en muchas zonas, en pocos casos logran movilizar a la gente tras banderas antimineras.
En contextos de tales características, es un desafío para el Estado poder adelantarse a los aconteci-mientos y llegar hasta la población con intervenciones que, simultáneamente, contribuyan a defender los derechos de los ciudadanos, impulsen políticas articuladas de desarrollo y ejerzan un control y fiscalización eficaz de las mineras. En la medida que el Estado muestra efectiva capacidad para hacer todo esto, y las empresas revisan sus políticas de relaciones comunitarias en la perspectiva de superar deficiencias y construir relaciones de mutua confianza con la gente, se estarán creando condiciones para la prevención o la transformación constructiva de los conflictos.
En conclusión
beneficios a las compañías, aunque sin descartar objetivos políticos y electorales personales. No obstante, su intervención ha sido más bien positiva, aunque el principal escollo con el que tropezaron ha sido la debilidad de sus aparatos políticos, tal como lo atestiguan, entre otros, los casos que involucraron a la Minera Antamina y las comunidades de su entorno.
En Cajamarca se registra también una activa parti-cipación de las autoridades aunque, a diferencia de Ancash, el peso de las rondas campesinas ha sido muy grande y es probable que esto haya empujado a los alcaldes a tener una participación activa en las movili-zaciones. En otros casos, sus propias agendas políti-cas los condujeron al campo de la protesta, como una manera de legitimarse y ganar espacio en sus ámbitos.
Comuneros de Cajacay con diversas autoridades participan en la mesa de trabajo instalada por la ONDS en el distrito de Cajacay, provincia de Bolognesi, región Ancash.26 - 09 - 2013
Participación en la cesión de posición contractual en el contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos y cambio de operador en el lote 116, llevado a cabo en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas.24 - 09 - 2013
Imágenes del
DIÁLOGO
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Comisionado de la ONDS luego de la reunión de información para la revisión del proceso de titulación de la CCNN Nuevo Amanecer Hawai en la provincia de Satipo, región Junín.05 - 09 - 2013
Reunión con autoridades locales y organizaciones familiares afectados por la violencia política en el distrito de San Martín de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín.21 - 09 - 2013
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Comisionado de la ONDS facilitando la reunión de trabajo entre ENACO, MINAGRI, GORE Cusco y agricultores de la Convención, Yanatile y Kosñipata en Cusco.18 - 09 - 2013
Reunión y firma de acta de acuerdos por el caso: Demandas de representantes y autoridades de la región Huánuco por el asfaltado y mantenimiento de la carretera central.13 - 09 - 2013
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Arriba: Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, encabeza una masiva marcha junto a autoridades regionales y locales, por las principales calles de la ciudad de Huanta, en el marco del Día Internacional de la Paz.21 - 09 - 2013
Sobre esta lineas: Participación de la ONDS - PCM en el V Foro de Amazonía llevado a cabo por el PAD Universidad de Piura y la institución Tendiendo Puentes los días 24 y 25 de setiembre en Lima.26 - 09 - 2013
Análisis
La gestión del Diálogo en el mes de setiembre
23
En el mes de setiembre, la ONDS ha atendido un total de 62 conflictos, habiéndose reducido en cuatro casos respecto al mes de agosto.
En esta oportunidad, los conflictos por minería (grande y mediana) los de mayor importancia relativa, representan el 37% del total, aumentando su peso respecto a meses inmediatamente anteriores. Los conflictos por hidrocarburos ocupan en setiembre el segundo lugar (15%), desplazando al tercer lugar a los conflictos relacionados con la minería ilegal y la minería informal, que habían tenido ese peso en los meses anteriores, siendo actualmente un 13%, pues disminuyen en 3 casos durante setiembre.
Los conflictos agrarios (11%) y los de demarcación territorial (6%) completan la lista de los cinco más importantes tipos, sumando en conjunto el 81% de todos los registrados en el mes de referencia.
El patrón de distribución regional de los conflictos, continúa bastante estable, no habiendo experimen-tado sustanciales modificaciones. Así, los departa-mentos de Cajamarca, Ancash, Loreto y Piura tienen la mayor importancia relativa, como viene ocurrien-
Cuadro N° 2Conflictos sociales según tipo
Fuente: Sistema de información ONDS, actualizado al 02 de octubre de 2013
Casos atendidos
por la ONDS
Minería
Hidrocarburos
Minería ilegalinformal
Agrarios
Demarcaciónterritorial
OtrosLaborales
HídricosEnergéticos
Tipo Número %
Minería 23 37%
Hidrocarburos 9 15%
Minería ilegal / informal 8 13%
Agrarios 6 10%
Demarcación territorial 4 6%
Hídricos 2 3%
Energéticos 1 2%
Laborales 4 6%
Otros 5 8%
Total 62 100
do desde el pasado mes de junio. Actualmente, continúan representando el 37% del total. Los casos multiregionales, sumados a los nacionales y a los de Junín, eleva la cifra hasta el 55%.
El patrón geográfico de los conflictos mineros sigue siendo bastante diferenciado en términos geográ-ficos: así por ejemplo, 17 de los 23 conflictos se concentran en 4 departamentos, siendo en total 10 las regiones donde se produjeron estos hechos. Más de un 60% de estos casos, se encuentra sólo en Cajamarca y Ancash.
Los conflictos por hidrocarburos presentan un patrón más concentrado, hallándose en Loreto el 66% del total. Los conflictos por minería ilegal e informal tienen desde hace tiempo, y ahora se repite, un patrón más bien disperso, al igual que los de carácter agrario y por demarcación territorial. Una minoría de departamentos (7) tiene dos o más tipos de conflicto; otros cinco (Huánuco, Huancavelica, Ica, Pasco y Ucayali) no registraron ninguno mientras el resto tenía uno solo.
De otro lado, el registro de casos en setiembre arroja que los conflictos disminuyen en cinco departamen-tos (uno en cada ámbito): Ica, Lambayeque, Lima-Callao, Piura y los multiregionales, y sólo aumentan en La Libertad.
Cuadro N° 3Conflictos sociales según ubicación
Fuente: Sistema de información ONDS, actualizado al 02 de octubre del 2013
Región Total %
Cajamarca 7 11%
Ancash 6 10%
Loreto 6 10%
Piura 4 6%
Multiregional 4 6%
Junín 4 6%
Nacional 4 6%
Lima 3 5%
Cusco 3 5%
Puno 3 5%
La Libertad 3 5%
*Regiones con 2 casos 10 15%
**Regiones con 1 caso 5 8%
Total 62 100%
Ubicación de conflictos según estado
37 CASOS EN SEGUIMIENTO
33 casos en las regiones
03 casos multiregionales
01 caso nacional
- Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y Lote 88- DT San Martín – Loreto
-Majes, Sihuas
- Pequeña Minería y Minería Artesanal
25 CASOS EN TRATAMIENTO
21 casos en las regiones
01 caso multiregional
03 casos nacionales
-
- Pescadores de anchoveta- Proyecto de la Ley del Servicio Civil
- SUTEP (reactivación de funcionamientode comisión intersectorial)
DT Puno - Moquegua
62 CASOS EN GESTIÓN
Fuente: Sistema de Información ONDS, al 02 de octubre de 2013
DT: demarcación territorial
Finalmente, cabe indicar que, en cuatro casos en seguimiento el mes pasado, la ONDS ha dejado de tener participación. Éstos son los casos de: problemática de San Juan de Lurigancho y Lurigancho Chosica; Lambayeque - Minería Informal no metálica; el caso de Mineros ilegales de Tambogrande y de Suyo en Piura, el caso de los mineros informales asociados a la FENAMARPE en Ica y el caso de Cafetaleros de la Selva Central que se encontraban en paro en el mes de agosto. A su vez, en el mes de setiembre ingresaron tres casos que fueron prontamente gestionados por la ONDS, habiéndose concluido su labor en los mismos durante ese mes. Estos casos comprenden la demanda de la provincia de Huánuco por asfaltado de carretera central, la huelga Nacional de Médicos y la demanda por incumplimiento de compromisos asumidos por las empresas mineras Volcan S.A. y Chinalco Perú S.A. para la ejecución del proyecto "Mejoramiento de la Carretera JU-1029, Tramo 22 Pachachaca - Yauli" - Yauli - Junín. Conviene señalar que la ONDS monitorea el cumplimiento de los acuerdos arribados en los casos mencionados.
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Registro de casos
Avances en prevención
Los casos en prevención gestionados por la ONDS ascendieron a 63 en el mes de setiembre, habiéndose ingresado 8 nuevos respecto a setiembre, habiéndose retirado 7.
Los casos en minería constituyen el 44% del total, proporción ligeramente superior a la del mes pasado, comparativamente superior a los conflictos de este tipo (37%) presentados en la sección anterior.
En segundo lugar se encuentra la categoría, “otros” (16% del total), donde están incluidas controversias distintas como las de infraestructura pública y otras.
En tercer lugar, se registran los casos de demarcación territorial y energéticos (8% cada uno). Las controversias en el sector agrario e hidrocarburos (6% cada uno), son también relevantes. El siguiente cuadro consigna a todos los casos.
De otro lado, en el transcurso del mes de setiembre, la oficina ha gestionado casos en 20 departamentos. En 10 de éstos, se gestiona un caso cada uno, 5 contro-versias están en ámbitos multiregionales y una en el nacional. En 4 departamentos (Cusco, La Libertad, Lambayeque y Moquegua), no se registraron casos.
Las actividades de prevención se despliegan funda-mentalmente en los departamentos de Lima-Callao (14%); Pasco (11%), Junín (10%) Ancash y Puno (8% cada uno), totalizando estos el 51%. En departamen-tos como Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Ica y Arequipa, se tiene a un 25% restante. En los demás, las acciones preventivas han sido menores.
Cuadro N° 5Casos en prevención según tipo
Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 02 de octubre de 2013
Casos en PREVENCIÓN
Minería
Minería ilegal informal
Otros
Agrarios
Demarcaciónterritorial
Laborales
Hídricos
Energéticos
Hidrocarburos
Tipo No %
Minería 28 44%
Otros 10 16%
Demarcación Territorial 5 8%
Energéticos 5 8%
Agrarios 4 6%
Hidrocarburos 4 6%
Hídricos 3 5%
Laborales 3 5%
Minería Informal e Ilegal 1 2%
Total 63 100%
Cuadro N° 6Distribución regional de los casos en prevención
Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 02 de octubre de 2013
Los casos en prevención relacionados con la minería se encuentran distribuidos en 13 departamentos, sin que ninguno de estos espacios concentre una significativa cantidad. Esta dispersión es más o menos común a todos los otros tipos.
Los departamentos de Lima y Ancash tienen 5 tipos de casos en prevención; Pasco y Junín (4 cada uno) exhiben también su diversidad, reproduciendo un patrón detectado en meses inmediatamente anteriores.
Finalmente cabe señalar que en dos casos que se encontraban en prevención el mes pasado, la ONDS ha dejado de tener participación, a saber: el caso de pequeños mineros y mineros artesanales de Sandia y Carabaya y el de demarcación territorial entre las provincias de La Convención (Cusco), Manu, Tambopata y Tahuamanú (Madre de Dios) y Atalaya y Purús (Ucayali); en donde se monitorea los acuerdos arribados.
Región No %
Lima-Callao 9 14%
Pasco 7 11%
Junín 6 10%
Ancash 5 8%
Puno 5 8%
Ayacucho 4 6%
Apurímac 3 5%
Cajamarca 3 5%
Ica 3 5%
Arequipa 2 4%
Regiones con 1 caso (10) 10 16%
Multiregional 5 8%
Nacional 1 2%
Total 63 100%
27
Ubicación geográfica de casos
57 casos en las regiones
05 casos multiregionales
01 caso nacional
- DT Ayacucho – Huancavelica- CCNN Amazonas - Loreto
- ARPI SC: Junín - Pasco- CETICOS: Moquegua - Arequipa
- Incremento de pensiones leyes 19990 y 18846
- DT Ancash – Huánuco
DT: Demarcación Territorial
63 CASOS EN PREVENCIÓN
Fuente: Sistema de Información ONDS, al 02 de octubre de 2013
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Anexos
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ANEXO N° 1 Funciones de la Oficina Nacional de Diálogo
y Sostenibilidad
El DS. 106-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012, le asigna a la ONDS 10 funciones:
1. Proponer lineamientos y estrategias de diálogo, mediación, negociación.
2. Participar en la mediación y negociación de controversias, diferencias y conflictos sociales para los que sea requerido por los sectores e instancias de gobierno.
3. Promover una cultura de paz, de promoción y respeto de los derechos humanos y demás valores democráticos.
4. Implementar, con los diversos niveles de Gobierno, los mecanismos de alerta temprana y prevención de diferencias, controversias y conflictos.
5. Coordinar con todas las entidades del Poder Ejecutivo y de los Gobiernos Regionales y Locales, la debida atención del proceso de diálogo, media-ción y negociación, la solución de controversias y conflictos sociales.
6. Articular con los diferentes sectores de gobierno estrategias de comunicaciones, destinadas a la prevención de conflictos sociales.
7. Requerir a todas las entidades públicas información en materia de conflictos sociales.
8. Desarrollar y difundir metodologías para la prevención y mejor gestión de controversias, diferencias y conflictos sociales.
9. Contribuir a la generación de capacidades de diálogo, mediación y negociación, para la prevención y gestión de las controversias, diferencias y conflictos sociales.
10. Promover y realizar investigaciones y estudios para la promoción del diálogo y la prevención y gestión de controversias, diferencias y conflictos sociales.
ANEXO N° 2 Las fuentes del estudio
La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad trabaja con información de diversa procedencia. La fuente primaria para este estudio son las visitas de campo realizadas por el personal de la ONDS en el cumplimiento de sus funciones, las cuales alimentan el sistema de información de la Oficina, complementadas por fuentes secundarias de diversa naturaleza entre las que cabe mencionar las siguientes:
1) Los diversos sectores del Gobierno Nacional que deben abordar los conflictos bajo su competencia, incluyendo aquéllos que tienen unidades dedicadas al tratamiento de los conflictos (Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Producción, entre otros).
2) La Defensoría del Pueblo a través de sus Reportes Mensuales, boletines diarios e Informes Defensoriales.
3) Medios de comunicación: prensa escrita, audio-visual y virtual a nivel nacional y regional.
El Sistema de Información de la ONDS centraliza los datos sobre los conflictos, recogidos en una matriz incluida en el último anexo del presente informe. Se ha creado también una matriz específica para los casos de prevención, también anexada al citado informe. Todos los datos presentados en los cuadros analizados pro-ceden de estas matrices.
La captura de información primaria permite una identificación detallada de actores políticos, organizaciones sociales, actitudes de la población, proyectos de inversión, entre otros, facilitando la elaboración periódica de estadísticas sobre la conflictividad y el diálogo en el país. Asimismo, esta información suministra pistas para planificar estrategias y desarrollar acciones de prevención y solución de conflictos sociales.
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Tan profundo como los cambios económicos y sociales que vive nuestro Perú, es el nivel de desconfianza que existe entre sus ciudadanos. Hoy tenemos la oportunidad histórica de transformar esta condición, instalando una nueva cultura de confianza y diálogo en busca de una mejor gobernabilidad, desarrollo y bienestar para todos.
ONDS