ACTA DE LA SESIÓN N.° 5516

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

CONSEJO UNIVERSITARIO AACCTTAA DDEE LLAA SSEESSIIÓÓNN NN..°° 55551166

CELEBRADA EL JUEVES 24 DE FEBRER0 DE 2011

APROBADA EN LA SESIÓN N. º 5529 DEL 31 DE MARZO DE 2011

TTAABBLLAA DDEE CCOONNTTEENNIIDDOO AARRTTÍÍCCUULLOO PPÁÁGGIINNAA

1. AGENDA. Modificación . ........................................................................................................................... 3 2. APROBACIÓN DE ACTAS. Sesiones N.os 5505, 5506, 5507 y 5508 . .................................................... 4 3. CONSEJO UNIVERSITARIO. Seguimiento de acuerdos ........................................................................ 6 4. CONSEJO UNIVERSITARIO. Minuto de silencio . ................................................................................... 8 5. COMISIÓN ESPECIAL. Comisión para estudiar el proyecto Ley General de

Electricidad . .............................................................................................................................................. 8 6. PRESUPUESTO. Cronograma para el proceso de formulación del Plan-Presupuesto

2012 ... .................................................................................................................................................... 10 7. COMISIÓN DE REGLAMENTOS. Reglamento de la Universidad de Costa Rica en

contra del Hostigamiento Psicológico en el Trabajo o Acoso Laboral ................................................... 15 8. VISITA. Dra. Lupita Chaves Cervantes, Coordinadora del proyecto Cero papel del

Poder Judicial ......................................................................................................................................... 32

Sesión N. º 5516 ordinaria jueves 24 de febrero de 2011

Universidad de Costa Rica – Consejo Universitario

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Acta de la sesión N.° 5516, ordinaria, celebrada por el Consejo Universitario el día jueves veinticuatro de febrero de dos mil once.

Asisten los siguientes miembros: Dr. Alberto Cortés Ramos, Director, Área de Ciencias

Sociales; Dra. Yamileth González García, Rectora; Dr. Ángel Ocampo Álvarez, Área de Artes y Letras; Dr. Oldemar Rodríguez Rojas, Área de Ciencias Básicas; M.Sc. María del Rocío Rodríguez Villalobos, Área de Salud; Ing. Ismael Mazón González, Área de Ingeniería; Ing. Agr. Claudio Gamboa Hernández, Área de Ciencias de Agroalimentarias; Dr. José Ángel Vargas Vargas, Sedes Regionales; Lic. Héctor Monestel Herrera, Sector Administrativo; Srta. María Isabel Victoria Torres y Srta. Sofía Cortés Sequeira, Sector Estudiantil, y Dr. Rafael González Ballar, representante de la Federación de Colegios Profesionales.

La sesión se inicia a las ocho horas y treinta y nueve minutos, con la presencia de los siguientes miembros: Dr. Ángel Ocampo, Ing. Ismael Mazón, Dr. Oldemar Rodríguez, Srta. María Isabel Victoria, Dr. José Ángel Vargas, M.Sc. María del Rocío Rodríguez, Ing. Agr. Claudio Gamboa y Dr. Alberto Cortés.

El señor Director del Consejo Universitario, Dr. Alberto Cortés Ramos, da lectura a la siguiente agenda:

1. Aprobación de las actas N.° 5505 de la sesión ordinaria del martes 7 de diciembre de 2010, N.° 5506 ordinaria del jueves 9 de diciembre de 2010, N.° 5507 extraordinaria del miércoles 15 de diciembre de 2010 y N.° 5508 extraordinaria del jueves 13 de enero de 2011.

2. Se continúa con los asuntos pendientes de la sesión 5515: a. Comisión de Reglamentos (Dr. Rafael González Ballar)

Analizar la propuesta de Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del Hostigamiento Psicológico en el trabajo o acoso laboral.

b. Comisión de Estatuto Orgánico (Dr. Ángel Ocampo)

PRIMER DEBATE. Trasladar el caso a la Comisión de Estatuto Orgánico para que, de acuerdo con el proceso establecido por el artículo 236 del Estatuto Orgánico, se propongan las respectivas modificaciones del capítulo IX del Estatuto Orgánico, artículo 108 bis, inciso ch), en lo referido a la reforma del nombre de la Sede Regional de Limón por Sede Regional del Caribe.

c. Comisión de Administración y Presupuesto (Dr. José Ángel Vargas)

Propuesta de cronograma para el proceso de formulación del Plan-Presupuesto 2012.

d. Comisión Especial (Dr. Rafael González Ballar) Criterio de la Universidad de Costa Rica sobre el proyecto de ley Adición de varios párrafos al artículo 4 de la Ley General de Administración Pública sobre transparencia institucional y resguardo efectivo del derecho de petición , el derecho a la información, la rendición de cuentas y el deber de probidad. Expediente N. °17.531.

3. Situación con el seguimiento de Acuerdos del Consejo Universitario. 4. Propuesta de Dirección para estudiar el Proyecto de Ley General de Electricidad, expediente 17.812,

y nombrar a la persona que coordinará dicha Comisión. 5. Visita de la Dra. Lupita Chaves Cervantes, Integrante del Consejo Superior del Poder Judicial, quien

expondrá acerca del proyecto Cero Papel.



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****A las ocho horas y cuarenta y tres minutos, entra el Lic. Héctor Monestel. ****

ARTÍCULO 1 El señor Director, Dr. Alberto Cortés Ramos, propone una modificación en el orden del día.

EL DR. ALBERTO CORTÉS dice con respecto al proyecto Cero Papel que parte del

equipo de la Administración del Consejo Universitario tuvieron una primera reunión, en la cual estuvo presente. La idea es que la sesión de esta mañana sea ampliada a todos los funcionarios y las funcionarias del Consejo, porque se pretende retomar la política que están siguiendo en la Corte para impulsarla no solo en este Órgano, sino en la Universidad de Costa Rica.

Indica que esta es una política muy agresiva de eliminación y reducción en el uso del

papel, y es impresionante lo que ha logrado la Corte, pues producían mucho papel en actas y resoluciones; sin embargo, lo solucionaron para que se hiciera todo vía generación e información digital. Esta es una actividad que se tenía programada desde hace tres semanas; por eso consideró conveniente mantenerlo hoy como punto de agenda, a pesar de que han tenido poco tiempo para discutir otros proyectos en estas últimas dos semanas. Espera que se pueda normalizar el ritmo de trabajo del Consejo en las próximas sesiones.

Pregunta si hay alguna propuesta con respecto a la agenda. ****A las ocho horas y cuarenta y cuatro minutos, entra el Dr. Rafael González.****

EL DR. ÁNGEL OCAMPO solicita, en relación con el análisis del dictamen de la Comisión

de Estatuto Orgánico, sobre el cambio de nombre de la Sede de Limón, a alguno de los miembros de la comisión o al Dr. José Ángel Vargas hacerse cargo de esta presentación; en caso contrario, que se reconsidere este punto, porque, tal y como había anunciado el martes pasado, en este momento se está realizando y desde el día de ayer él está participando en la conferencia de la UDUAL en la preparación del foro Autonomía Universitaria en la Universidad de Guadalajara, con personeros de esta Universidad. Hoy continúa dicha conferencia a las nueve de la mañana, por lo que tiene que estar presente en esta actividad. Solicita antes de aprobar la agenda decidir si es posible que este punto sea presentado por algunos de los miembros de la comisión o que se traslade para la próxima sesión.

****A las ocho horas y cuarenta y nueve minutos, entra la señorita Sofía Cortés.**** EL DR. ALBERTO CORTÉS apunta que a partir de esta sugerencia que hace el Dr. Ángel

Ocampo se modificaran algunos puntos de la agenda, porque hay algunos que son realmente rápidos de conocer.

Seguidamente, somete a votación la modificación de agenda, y se obtiene el siguiente

resultado:



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VOTAN A FAVOR: Dr. Ángel Ocampo, Ing. Ismael Mazón, Lic. Héctor Monestel, Dr. Oldemar Rodríguez, Dr. Rafael González, Srta. Sofía Cortés, Srta. María Isabel Victoria, Dr. José Ángel Vargas, M.Sc. María del Rocío Rodríguez, Ing. Agr. Claudio Gamboa y Dr. Alberto Cortés.

TOTAL: Once votos EN CONTRA: Ninguno. Ausente en el momento de la votación: Dra. Yamileth González.

Por lo tanto, el Consejo Universitario ACUERDA modificar el orden del día para conocer, después de la aprobación de las actas, los siguientes puntos: situación con el seguimiento de acuerdos del Consejo Universitario; la propuesta de la dirección para estudiar el proyecto Ley General de Electricidad; la propuesta de cronograma para el proceso de formulación del Plan-Presupuesto 2012; la propuesta de Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del hostigamiento psicológico en el trabajo o acoso laboral; el proyecto de ley Adición de varios párrafos al artículo 4 de la Ley General de Administración Pública sobre transparencia institucional y resguardo efectivo del derecho de petición, el derecho a la información, la rendición de cuentas y el deber de probidad; propuesta de modificación del capítulo IX del Estatuto Orgánico, artículo 108 bis, inciso ch), en lo referido a la reforma del nombre de la Sede Regional de Limón por Sede Regional del Caribe.

****A las ocho horas y cincuenta y cuatro minutos, entra la Dra. Yamileth González. **** ****A las ocho horas y cincuenta y cinco minutos, sale el Dr. Ángel Ocampo para asistir a

la conferencia.****

ARTÍCULO 2 El señor Director, Dr. Alberto Cortés Ramos, somete a conocimiento del plenario las actas de las sesiones N.ooss 5505, del 7 de diciembre de 2010; 5506, del 9 de diciembre de 2010; 5507, extraordinaria, del 15 de diciembre de 2010, y 5508, extraordinaria, del 13 de enero de 2011.

En discusión el acta de la sesión N.° 5505.

El Dr. Oldemar Rodríguez señala observaciones de forma para su incorporación en el documento final.

EL DR. ALBERTO CORTÉS somete a votación el acta de la sesión N.° 5505, y se obtiene

el siguiente resultado:

VOTAN A FAVOR: Dra. Yamileth González, Ing. Ismael Mazón, Lic. Héctor Monestel, Dr. Oldemar Rodríguez, Dr. Rafael González, Srta. Sofía Cortés, Srta. María Isabel Victoria, Dr. José Ángel Vargas, M.Sc. María del Rocío Rodríguez y Dr. Alberto Cortés.



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TOTAL: Diez votos EN CONTRA: Ninguno. Se abstiene: Ing. Claudio Gamboa por no haber estado presente en la sesión.


EL DR. ALBERTO CORTÉS somete a votación el acta de la sesión N.° 5506, y se obtiene el siguiente resultado:

VOTAN A FAVOR: Ing. Ismael Mazón, Lic. Héctor Monestel, Dr. Oldemar Rodríguez, Dr. Rafael González, Srta. Sofía Cortés, Srta. María Isabel Victoria, Dr. José Ángel Vargas, M.Sc. María del Rocío Rodríguez, Ing. Agr. Claudio Gamboa y Dr. Alberto Cortés.

TOTAL: Diez votos EN CONTRA: Ninguno. Se abstiene: Dra. Yamileth González por no haber estado presente en la sesión. En discusión el acta de la sesión N.° 5507.

El Dr. Oldemar Rodríguez y el Ing. Agr. Claudio Gamboa señalan observaciones de forma

para su incorporación en el documento final. EL DR. ALBERTO CORTÉS somete a votación el acta de la sesión N.° 5507, y se obtiene


VOTAN A FAVOR: Dra. Yamileth González, Ing. Ismael Mazón, Lic. Héctor Monestel, Dr. Oldemar Rodríguez, Dr. Rafael González, Srta. Sofía Cortés, Srta. María Isabel Victoria, Dr. José Ángel Vargas, Ing. Agr. Claudio Gamboa y Dr. Alberto Cortés.

TOTAL: Diez votos EN CONTRA: Ninguno. Se abstiene: M.Sc. María del Rocío Rodríguez por no haber estado presente en la sesión.


El Ing. Agr. Claudio Gamboa, la M.Sc. María del Rocío Rodríguez y la Dra. Yamileth

González señalan observaciones de forma para su incorporación en el documento final. EL DR. ALBERTO CORTÉS somete a votación el acta de la sesión N.° 5508, y se obtiene




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VOTAN A FAVOR: Dra. Yamileth González, Ing. Ismael Mazón, Lic. Héctor Monestel, Dr. Oldemar Rodríguez, Dr. Rafael González, Srta. Sofía Cortés, Srta. María Isabel Victoria, Dr. José Ángel Vargas, M.Sc. María del Rocío Rodríguez, Ing. Agr. Claudio Gamboa y Dr. Alberto Cortés.

TOTAL: Once votos EN CONTRA: Ninguno.

Por lo tanto, el Consejo Universitario APRUEBA las actas de las sesiones N.ooss 5505, 5506, 5507 y 5508, con modificaciones de forma.

ARTÍCULO 3 El Consejo Universitario entra a conocer la situación con el seguimiento de acuerdos.

EL DR. ALBERTO CORTÉS dice que les entregaron a los miembros el informe de Seguimiento de Acuerdos. Esta es una presentación parcial, porque llega hasta enero de 2011 y se debería tener hasta febrero. Agrega que el nuevo sistema de seguimiento de acuerdos esta en proceso de implementarse; esto implicó la migración de toda la información de un tipo de sistema y base de datos hacia otro sistema, que es el que va a funcionar de ahora en adelante. Esta migración no dio problemas con los informes parciales, incluyendo el que está entregando hoy, pero sí dio problemas con el informe final y actualizado a febrero, que tendría que estarse conociendo hoy.

Apunta que parte de la problemática es que hay algunos errores con fechas, hay diferencias entre la fecha de vencimiento del acuerdo, la fecha límite de la ejecución del acuerdo y las fechas de aprobación o ratificación de estos acuerdos. Eso no es un tema menor para el seguimiento de acuerdos, sino que es un tema central; por lo tanto, el equipo técnico le estaría solicitando la posibilidad de que se pueda conocer en un plazo máximo de dos semanas; es decir, antes del 15 de marzo. En caso de que el sistema siguiera fallando, ya se llegó a un acuerdo de que tendría que hacerse como se llama coloquialmente, a pie, pero que el Consejo Universitario tendría que conocer el informe completo antes del 15 de marzo.

Dice que presenta este informe parcial y sugiere que se suspenda la discusión hasta que se termine de completar y corregir la información que falta. Reitera que es un problema técnico el que se ha presentado y entrega este informe parcial en cumplimiento con lo que establece el Reglamento del Consejo Universitario, que obliga a presentar este informe en febrero y en setiembre.

EL DR. OLDEMAR RODRÍGUEZ apunta, en relación con este tema, que él estaba haciendo algunas pruebas. Estima que es una lástima que no se haya seguido utilizando una opción que tiene que es darles seguimiento semanalmente a los acuerdos para que no pasen este tipo de cosas. Opina que dos informes al año no es la mejor manera de hacerlo, y, lamentablemente, si se verifica, hay muchos acuerdos desde octubre del año pasado a la fecha que se han cumplido y no se ha hecho nada; por ejemplo, fito 1, acuerdo que se tomó el día que se aprobó el presupuesto. Se suponía que se tenía que tener un informe en la primera semana de diciembre y nunca se hizo; igualmente, hay varios acuerdos que se han cumplido las fechas y no se ha hecho nada. Recuerda que les pusieron fechas a muchos casos que



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tenían que cumplirse en febrero y diciembre, y a todos de nuevo se les venció la fecha y no se tomó ninguna medida al respecto. Lo que va a suceder, al corto o mediano plazo, es que se va a volver a la situación en la que estaban el año pasado.

Insta, respetuosamente, a la Dirección a que los seguimientos de acuerdos se hagan semanal o quincenalmente para que no se den las acumulaciones. Por ejemplo, ya existe una acumulación importante de casos, lo cual hace que sea muy difícil darle el seguimiento. Siempre ha pensado, y por eso insistió tanto en el período anterior, en que el Consejo Universitario sin un buen seguimiento de acuerdos, al fin y al cabo, se queda el director con la sensación de qué fue lo se estuvo haciendo. En ese sentido, considera que todavía están a tiempo para retomarlos. Espera que se resuelvan los problemas técnicos que aparentemente hay para retomar el tema y estar al día con esto. Espera que la Administración y el Consejo Universitario tengan claro qué está pendiente y qué no, porque antes lo que sucedía era que había tantos casos pendientes que en la práctica había mucho que no era pendiente realmente, porque eran cosas que sí se habían cumplido, pero que no se había llegado a una buena información a este Consejo, y otras que sí estaban pendientes. Esto va en deterioro de que realmente se cumplan las cosas que este Órgano acuerda.

Reitera que deja esta sugerencia, y espera que se pueda retomar ese día, pues piensa que por lo menos sea mensual o semanalmente. Siempre pensó que en el informe de dirección ─en su gestión no le dio tiempo─ semanalmente se mencionara cuáles acuerdos de esa semana se cumplieron; esto, para tomar las medidas del caso en ese momento, ya sea de ampliar el plazo de cumplimiento, dar por archivado el acuerdo o pedir información adicional. Le parece bien la idea de que se pueda ver cuando esté toda la información.

EL DR. ALBERTO CORTÉS señala que va a tomar en cuenta la sugerencia que hace el

Dr. Oldemar Rodríguez para buscar el plazo conveniente, porque le parece que no es una tarea solo de la Dirección, pues hay una parte del seguimiento de acuerdos que es del órgano colectivo, por lo que va a reflexionar el tema y buscar una propuesta para conocerla en este plenario.

Inmediatamente, somete a votación la suspensión de la discusión, y se obtiene el

siguiente resultado: VOTAN A FAVOR: Dra. Yamileth González, Ing. Ismael Mazón, Lic. Héctor Monestel, Dr.

Oldemar Rodríguez, Dr. Rafael González, Srta. Sofía Cortés, Srta. María Isabel Victoria, Dr. José Ángel Vargas, M.Sc. María del Rocío Rodríguez, Ing. Agr. Claudio Gamboa y Dr. Alberto Cortés.


Por lo tanto, el Consejo Universitario ACUERDA suspender el informe de seguimiento de acuerdos hasta subsanar algunos problemas técnicos presentados en el sistema para poder corregir y completar la información requerida.



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ARTÍCULO 4 El Consejo Universitario conoce del fallecimiento de la Sra. Virginia Trejos Fernández, madre del Dr. Gabriel Macaya, exrector de la UCR.

EL DR. ALBERTO CORTÉS señala que la señora Rectora le está informando que falleció la madre del Dr. Gabriel Macaya, por lo que solicita un minuto de silencio. El Consejo Universitario guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de la Sra. Virginia Trejos Fernández, madre del Dr. Gabriel Macaya, exrector de la UCR.

ARTÍCULO 5 El señor Director, Dr. Alberto Cortés Ramos, presenta una propuesta para conformar una comisión para estudiar el proyecto Ley General de Electricidad. Expediente N.° 17.812, y nombrar a la persona que coordinaría dicha comisión.

EL DR. ALBERTO CORTÉS expone el dictamen, que a la letra dice:

CONSIDERANDO QUE:

1-El plenario de la Asamblea Legislativa nombró una Comisión Especial Dictaminadora, a fin de que analizara y propusiera las reformas legales necesarias al Proyecto Ley General de Electricidad. 2- La Ley General de Electricidad definirá el modelo energético del país por muchos años, lo cual otorgará una relevancia estratégica para el futuro. 3-El artículo 3 del Estatuto Orgánico señala que La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo.

4-El artículo 88 de la Constitución Política de Costa Rica señala:

Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o al órgano director correspondiente de cada una de ellas.

ACUERDA:

Nombrar una Comisión Especial para que analice el Proyecto Ley General de Electricidad, la cual será coordinada por el Ing. Ismael Mazón González.

EL DR. ALBERTO CORTÉS dice que el Ing. Ismael Mazón estaría, posteriormente,

informando sobre las personas que van a integrar la comisión. Seguidamente, somete a discusión el dictamen. EL DR. JOSÉ A. VARGAS manifiesta que le parece bien la propuesta de esta comisión;

sin embargo, pregunta cuál sería el objetivo. Expresa esto, porque si la Asamblea Legislativa no



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pidió la consulta a la Universidad, no sabe, estrictamente, hacia dónde se dirigiría el criterio de esta Institución; es decir, podría servir para divulgar a escala nacional y mostrar una posición de la Universidad, porque si ya la Asamblea Legislativa obvió la consulta constitucional; entonces, no sabe si estarían resolviendo ese tema. A escala legal, le gustaría saber si la Universidad de Costa Rica puede declarar inconstitucional una ley que se apruebe si no ha sido consultada; es decir, si está legitimada la Universidad de Costa Rica para solicitar que una ley sea inconstitucional.

LA M.Sc. MARIA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ da los buenos días, y hace referencia a lo dicho por el Dr. José Ángel Vargas; dice que cuando se realizó el proyecto de Ley de Investigación con seres humano y la comisión comenzó a trabajar antes y lo que se hizo fue solicitar la consulta por medio de Rectoría, y en dos o tres días entró la consulta.

Señala que no sabe si eso es lo que procede para que estén con la posibilidad de estar

ofreciendo un dictamen que les fue solicitado. Si ya van a dar por un hecho que no fue consultado, más bien, lo que están apuntando es a una posterior declaratoria de inconstitucionalidad por la no consulta y ese es otro tipo de decisión.

EL DR. ALBERTO CORTÉS da lectura a la redacción que dice lo siguiente: (…) la ley

general de electricidad definirá el modelo energético nacional por muchos años, lo cual le otorga a este proyecto de ley (…).

****A las nueve horas y diecisiete minutos, el Consejo Universitario entra a sesionar en la

modalidad de sesión de trabajo. A las nueve horas y veintiún minutos, se reanuda la sesión ordinaria del Consejo

Universitario. **** EL DR. ALBERTO CORTÉS somete a votación la propuesta de acuerdo con las

modificaciones incorporadas, y se obtiene el siguiente resultado: VOTAN A FAVOR: Dra. Yamileth González, Ing. Ismael Mazón, Lic. Héctor Monestel, Dr.


TOTAL: Once votos EN CONTRA: Ninguno. Inmediatamente, somete a votación declarar el acuerdo firme, y se obtiene el siguiente

resultado: VOTAN A FAVOR: Dra. Yamileth González, Dr. Ángel Ocampo, Ing. Ismael Mazón, Lic.

Héctor Monestel, Dr. Oldemar Rodríguez, Dr. Rafael González, Srta. Sofía Cortés, Srta. María Isabel Victoria, Dr. José Ángel Vargas, M.Sc. María del Rocío Rodríguez, Ing. Agr. Claudio Gamboa y Dr. Alberto Cortés.

TOTAL: Once votos



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EN CONTRA: Ninguno.

Por lo tanto, el Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE: 1- El plenario de la Asamblea Legislativa nombró una Comisión Especial

Dictaminadora, a fin de que analizara y propusiera las reformas legales necesarias al proyecto Ley General de Electricidad.

2- La Ley General de Electricidad definirá el modelo de desarrollo de la industria

eléctrica del país por muchos años, lo cual le otorga a este proyecto de ley una relevancia estratégica para el futuro del modelo energético del país.

3- El artículo 3 del Estatuto Orgánico señala que: La Universidad de Costa Rica debe

contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo.

4- El artículo 88 de la Constitución Política de Costa Rica señala:

Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o al órgano director correspondiente de cada una de ellas.

ACUERDA: Nombrar una Comisión Especial para que analice el Proyecto Ley General de Electricidad, Expediente N.° 17.812, la cual será coordinada por el Ing. Ismael Mazón González.

ARTÍCULO 6 La Comisión de Administración y Presupuesto presenta el dictamen CAP-DIC-11-1, sobre la propuesta de cronograma para el proceso de formulación del Plan-Presupuesto 2012.

EL DR. JOSÉ A. VARGAS comenta que es un dictamen puntual, el cual se relaciona con el cronograma para la formulación del Plan-Presupuesto 2012, y evidentemente, con cada una de las etapas y la participación de las distintas instancias.

Señala que en la Comisión de Administración y Presupuesto recibieron, en un primer

momento, a funcionarios de la Oficina de Planificación Universitaria para que les ampliaran esa propuesta; en un segundo momento, recibieron, a raíz de otra reunión que tuvieron con la Licda. Maritza Monge, jefa de la Oficina de Planificación Universitaria, el oficio OPLAU-74-2011, en donde se precisó la imposibilidad de que el Consejo Universitario pudiera recibir la información antes de la fecha indicada.



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Comenta que la preocupación inicial de la Comisión de Administración y Presupuesto fue la de garantizarle al Consejo Universitario un mayor espacio de tiempo para que pudiera conocer, reflexionar, preguntar, cuestionar y replantear el Plan-Presupuesto que le habría sido enviado desde la OPLAU.

Agrega que tenían como fecha de referencia del 31 de agosto al 23 de setiembre. El Consejo Universitario tendría esas cuatro semanas para analizar el Plan-Presupuesto, querían al menos contar con una semana más, y la razón por la que se está presentando es precisamente lo que pueden encontrar en ese oficio. Se refiere a que todos los datos para la formulación de ese plan, la precisión en cifras y porcentajes dependen de la publicación del programa macroeconómico del Banco Central en donde están los cálculos de la inflación.

Considera que es necesario contar con el monto preciso del FEES, para el año siguiente,

y además, que una vez que el CONARE cuente con ese monto, tiene que reunirse y realizar los ajustes y la coordinación correspondiente.

Aclara que es hasta el 30 de julio donde llega esa información, de manera que está muy

ajustado solicitar datos antes, porque si no se sabe con base en qué números o porcentajes podría precisarse el Plan-Presupuesto.

Explica que es claro que la Oficina de Planificación Universitaria, por medio de la asesoría

y la coordinación con todas las unidades, lleva todo el proceso desde abril, pero la precisión con los datos será posteriormente, hasta que estén indicados esos datos del programa macroeconómico del Banco Central; es necesario tener el FEES aprobado y que haya una definición salarial a tiempo para que todas las instancias que participen y cumplan con lo que se les ha encomendado en las fechas previstas.

Comenta que el cronograma que está planteado en las páginas cuatro y cinco es

prácticamente igual al año 2011. Podrían notar que para empezar estaría del 25 de abril al 20 de mayo las unidades ejecutoras, las cuales da lectura.

Agrega que del 13 de junio al 8 de julio de 2011, el director de la unidad respectiva,

tomando en cuenta el criterio, las opiniones, la asesoría, las solicitudes de las unidades que están a su cargo en la OPLAU, hará la respectiva recomendación del presupuesto. También, va a estar trabajando con ese material y presentará al Consejo Universitario, por medio de la señora Rectora el Plan-Presupuesto y la información adicional necesaria para su análisis y aprobación definitiva el 30 de agosto. La OPLAU tiene un mes para darle forma definitiva al Plan-Presupuesto.

Además, el Consejo Universitario del 31 de agosto al 23 de setiembre y lo que harían es

agilizar la coordinación y los análisis respectivos para que dediquen el tiempo correspondiente y tener una o dos sesiones para discutirlo. Del 26 al 30 de setiembre de 2011, una vez que lo apruebe el Consejo Universitario, la señora Rectora lo remitirá a la Contraloría General de la República.

ANTECEDENTES 1. La Rectoría eleva al Consejo Universitario la Propuesta de cronograma para el proceso de formulación del Plan-

Presupuesto para el año 2012 (oficio R-7732-2010, del 2 de diciembre de 2010).



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2. La Dirección del Consejo Universitario traslada el expediente a la Comisión de Administración y Presupuesto (oficio CAP-P-10-046, del 7 de diciembre de 2010).

3. La Comisión de Administración y Presupuesto se reunió el 31 de enero de 2011 para analizar la Propuesta de cronograma para el proceso de formulación del Plan-Presupuesto para el año 2012, y contó con la participación del Lic. Johnny Méndez Vargas, jefe de la Sección de Evaluación de la Oficina de Planificación Universitaria, quien amplió la información al respecto.

ANÁLISIS I. JUSTIFICACIÓN La Propuesta de cronograma para el proceso de formulación del Plan-Presupuesto para el año 2012 incluye, únicamente, las etapas más significativas del proceso, así como las fechas en que estas se deben desarrollar para cumplir con los plazos establecidos por la Contraloría General de la República. Sin embargo, según manifiesta la Oficina de Planificación Universitaria mediante oficio OPLAU-717-2010, del 25 de noviembre de 2010, el cumplimiento de estas etapas dependerá de que:

• Todas las instancias involucradas atiendan las fechas señaladas.

• El monto del FEES acordado por CONARE esté debidamente comunicado.

• Se cuente con la definición salarial a tiempo.

Las diferencias que se dan con respecto al cronograma del año anterior se detallan a continuación: Cronograma para la formulación del Plan-presupuesto

20111 PROPUESTA

Cronograma para la formulación del Plan-presupuesto 2012

1- Las directoras y los directores de las unidades ejecutoras, considerando las políticas institucionales definidas por el Consejo Universitario y las directrices operativas establecidas por la Rectora, vicerrectoras y vicerrectores, deberán formular el Plan-presupuesto y remitirlo a la Oficina de Planificación Universitaria, de acuerdo con los requerimientos de información y formatos por ella establecidos (Proyectos 01, 02, 03, 801, 921, 931, 951 y 970 en adelante): 19 de abril-14 de mayo de 2010.

1- Las directoras y los directores de las unidades ejecutoras, considerando las políticas institucionales definidas por el Consejo Universitario y las directrices operativas establecidas por la Rectora, vicerrectores y vicerrectoras, deberán formular el Plan-presupuesto y remitirlo a la Oficina de Planificación Universitaria, de acuerdo con los requerimientos de información y formatos por ellas establecidos (Proyectos 01, 02, 03, 801, 921, 931, 951 y 970 en adelante). Del 25 de abril al 20 de mayo de 2011.

2- La autoridad superior respectiva, tomando en cuenta las opiniones de las unidades a su cargo, recomendará, de manera justificada, la asignación presupuestaria de las actividades que le atañen y remitirá dicha información a la Oficina de Planificación Universitaria: 7 de junio-2 de julio de 2010.

2- La autoridad superior respectiva, tomando en cuenta las opiniones de las unidades a su cargo, recomendará de manera justificada la asignación presupuestaria de las actividades que le atañen y remitirá dicha información a la Oficina de Planificación Universitaria. Del 13 de junio al 8 de julio de 2011.

3- La Oficina de Planificación Universitaria presentará al Consejo Universitario, por medio de la señora Rectora, el proyecto de Plan-presupuesto y la información adicional necesaria para su análisis y aprobación definitiva. Además, enviará una copia de dicho proyecto a la Oficina de Contraloría Universitaria: 31 de agosto de 2010.

3- La Oficina de Planificación Universitaria presentará al Consejo Universitario, por medio de la señora Rectora, el proyecto del Plan-presupuesto y la información adicional necesaria para su análisis y aprobación definitiva. Además, enviará una copia de dicho proyecto a la Oficina de Contraloría Universitaria. 30 de agosto de 2011.

4- El Consejo Universitario analizará y aprobará el Plan presupuesto anual de la Universidad de Costa Rica: 1.° al 24 de setiembre de 2010.

4- El Consejo Universitario analizará y aprobará el Plan-presupuesto anual de la Universidad de Costa Rica. Del 31 de agosto al 23 de setiembre de 2011.

5- La Oficina de Planificación Universitaria prepara el Plan-presupuesto aprobado por el Consejo Universitario y lo remitirá a la Rectoría para ser enviado a la Contraloría General de la República: 27 al 30 de setiembre de 2010.

5- La Oficina de Planificación Universitaria prepara el Plan-presupuesto aprobado por el Consejo Universitario y lo remitirá a la Rectoría para ser enviado a la Contraloría General de la República. Del 26 al 30 de setiembre de

1 Aprobado en la 5409, artículo 7, del 24 de noviembre de 2009.



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PROPUESTA Cronograma para la formulación del Plan-presupuesto

20122011.

II DELIBERACIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO En reunión del 31 de enero de 2011, la Comisión de Administración y Presupuesto recibió al Lic. Johnny Méndez Vargas, jefe de la Sección de Evaluación de la Oficina de Planificación Universitaria, quien amplió, por solicitud de la Comisión, la información pertinente. En esta oportunidad, la Comisión le solicitó, verbalmente, a la Oficina de Planificación Universitaria, que valorara la posibilidad de ampliar el plazo que tiene el Consejo Universitario para analizar y aprobar el Plan-presupuesto. Dado lo anterior, mediante oficio OPLAU-074-2011, del 6 de enero de 2011, manifestó:

Con referencia al cronograma del Plan-presupuesto 2012 y en adición a la sesión de la Comisión de Administración y Presupuesto del 31 de enero, me permito informarle que en la propuesta de cronograma se incluyen las grandes etapas del proceso y que para cumplirlas se debe contar con información que generan en otras Instituciones a nivel nacional, como es el caso de la publicación del Programa Macroeconómico del Banco Central, el cual es la base para el cálculo del monto del FEES para el año siguiente. Este documento según, el inciso b) del artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica N.° 7558, se publica durante los treinta días naturales de cada semestre (30 de julio).

Es importante recordar que este Cronograma se basa en las Políticas de la Universidad de Costa Rica para los años 2010-2014, así como en las directrices operativas establecidas por la Rectora, las vicerrectoras y vicerrectores para ese mismo período.

PROPUESTA DE ACUERDO La Comisión de Administración y Presupuesto propone al plenario la adopción del siguiente acuerdo. CONSIDERANDO QUE 1. La Rectoría remitió al Consejo Universitario el Cronograma para el proceso de formulación del Plan-presupuesto para el

año 2012 (oficio R-7732-2010, del 2 de diciembre de 2010).

2. El Cronograma para el proceso de formulación del Plan-Presupuesto para el año 2012, al igual que en años anteriores, incluye únicamente las etapas más significativas del proceso, así como las fechas en que estas se deben desarrollar para cumplir con los plazos establecidos por la Contraloría General de la República.

3. El Cronograma para la formulación del Plan-Presupuesto para el 2012 se basa en las Políticas de la Universidad de Costa Rica para los años 2010-2014, así como en las directrices operativas establecidas por la Rectoría y las vicerrectorías para ese mismo período.

4. Con el fin de cumplir a tiempo con las fechas establecidas, todas las instancias involucradas en este proceso deberán atender las fechas señaladas en este cronograma.

ACUERDA Aprobar el siguiente Cronograma para la formulación del Plan-Presupuesto para el 2012.


1. Las directoras y los directores de las unidades ejecutoras, considerando las políticas institucionales definidas por el

Consejo Universitario y las directrices operativas establecidas por la Rectora, vicerrectores y vicerrectoras, deberán formular el Plan-Presupuesto y remitirlo a la Oficina de Planificación Universitaria, de acuerdo con los requerimientos de información y formatos por ellas establecidos (Proy. 01, 02, 03, 801, 921, 931, 951 y 970 en adelante). Del 25 de abril al 20 de mayo de 2011.

2. La autoridad superior respectiva, tomando en cuenta las opiniones de las unidades a su cargo, recomendará de manera justificada la asignación presupuestaria de las actividades que le atañen y remitirá dicha información a la Oficina de Planificación Universitaria. Del 13 de junio al 8 de julio de 2011.



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3. La Oficina de Planificación Universitaria presentará al Consejo Universitario, por medio de la señora Rectora, el proyecto de Plan-Presupuesto y la información adicional necesaria para su análisis y aprobación definitiva. Además enviará una copia de dicho proyecto a la Oficina de Contraloría Universitaria. 30 de agosto de 2011.

4. El Consejo Universitario analizará y aprobará el Plan-Presupuesto anual de la Universidad de Costa Rica. Del 31 de agosto al 23 de setiembre de 2011.

5. La Oficina de Planificación Universitaria prepara el Plan-Presupuesto aprobado por el Consejo Universitario y lo remitirá a la Rectoría para ser enviado a la Contraloría General de la República. Del 26 al 30 de setiembre de 2011.

EL DR. JOSÉ A. VARGAS reitera que el propósito inicial de que el Consejo Universitario contará con más tiempo está claramente justificado que es imposible y pregunta si hay alguna consulta.

EL DR. ALBERTO CORTÉS somete a votación la propuesta de acuerdo, y se obtiene el siguiente resultado:

VOTAN A FAVOR: Dra. Yamileth González, Ing. Ismael Mazón, Lic. Héctor Monestel, Dr.


TOTAL: Once votos EN CONTRA: Ninguno. Inmediatamente, somete a votación declarar el acuerdo firme, y se obtiene el siguiente

resultado: VOTAN A FAVOR: Dra. Yamileth González, Ing. Ismael Mazón, Lic. Héctor Monestel, Dr.



Por lo tanto, el Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE: 1. La Rectoría remitió al Consejo Universitario el Cronograma para el proceso de

formulación del Plan-presupuesto para el año 2012 (oficio R-7732-2010, del 2 de diciembre de 2010).

2. El Cronograma para el proceso de formulación del Plan-Presupuesto para el año 2012, al igual que en años anteriores, incluye únicamente las etapas más significativas del proceso, así como las fechas en que estas se deben desarrollar para cumplir con los plazos establecidos por la Contraloría General de la República.

3. El Cronograma para la formulación del Plan-Presupuesto para el 2012 se basa en las Políticas de la Universidad de Costa Rica para los años 2010-2014, así como en las



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directrices operativas establecidas por la Rectoría y las vicerrectorías para ese mismo período.

4. Con el fin de cumplir a tiempo con las fechas establecidas, todas las instancias involucradas en este proceso deberán atender las fechas señaladas en este cronograma.

ACUERDA Aprobar el siguiente Cronograma para la formulación del Plan-Presupuesto para el 2012.


1. Las directoras y los directores de las unidades ejecutoras, considerando las políticas institucionales definidas por el Consejo Universitario y las directrices operativas establecidas por la Rectora, vicerrectores y vicerrectoras, deberán formular el Plan-Presupuesto y remitirlo a la Oficina de Planificación Universitaria, de acuerdo con los requerimientos de información y formatos por ellas establecidos (Proy. 01, 02, 03, 801, 921, 931, 951 y 970 en adelante). Del 25 de abril al 20 de mayo de 2011.

2. La autoridad superior respectiva, tomando en cuenta las opiniones de las unidades a su cargo, recomendará de manera justificada la asignación presupuestaria de las actividades que le atañen y remitirá dicha información a la Oficina de Planificación Universitaria. Del 13 de junio al 8 de julio de 2011.

3. La Oficina de Planificación Universitaria presentará al Consejo Universitario, por medio de la señora Rectora, el proyecto de Plan-Presupuesto y la información adicional necesaria para su análisis y aprobación definitiva. Además enviará una copia de dicho proyecto a la Oficina de Contraloría Universitaria. 30 de agosto de 2011.

4. El Consejo Universitario analizará y aprobará el Plan-Presupuesto anual de la Universidad de Costa Rica. Del 31 de agosto al 23 de setiembre de 2011.

5. La Oficina de Planificación Universitaria prepara el Plan-Presupuesto aprobado por el Consejo Universitario y lo remitirá a la Rectoría para ser enviado a la Contraloría General de la República. Del 26 al 30 de setiembre de 2011.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 7

La Comisión de Reglamentos presenta el dictamen CR-DIC-10-13, en torno a la propuesta de Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del hostigamiento psicológico en el trabajo o acoso laboral.

EL DR. RAFAEL GONZÁLEZ comenta que es un reglamento que amerita una discusión, porque es una materia que está poco regulada; incluso en el ámbito nacional e internacional, como lo dice la Oficina Jurídica, que no es igual que con la Ley contra el Hostigamiento Sexual.

Opina que, independientemente de que no exista la ley, que siempre ayuda como marco, la Universidad puede hacerlo dentro de su autonomía y acogerse a un marco de regulación que se adapte a las necesidades internas de la Universidad.



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Le parece importante leerlo todo, porque fue una comisión en donde el Ing. Fernando Silesky le había solicitado al Lic. Héctor Monestel que preparara, junto con una subcomisión, un proyecto; debido a lo controversial del tema, estuvo empantanado un tiempo. Luego, pasa a la Comisión de Reglamentos y le solicitaron al señor Monestel la versión final que tenía, quien les envió un documento, se reunieron con él, tomaron en cuenta la información que les dio y la Comisión llegó a concluir qué era lo más importante para la Universidad.

Reitera que por ser una materia controversial y tan nueva, existen ciertos aspectos que tienen que dejarlos a la práctica de la Universidad en la aplicación del Reglamento, precisamente, porque hay poco conocido doctrinariamente y es importante que el Reglamento, así como puede estar, sea un marco para introducir la regulación en la Universidad.

Seguidamente da lectura al dictamen, que a la letra dice:

ANTECEDENTES

1. Un grupo de funcionarios y funcionarias docentes y estudiantes de la Universidad de Costa Rica envían una

carta a la Dirección del Consejo Universitario con el fin de que elaboren una normativa sobre el acoso laboral (Carta 27 de junio de 2006).

2. La Dirección del Consejo Universitario solicitó a la Oficina de Bienestar y Salud la opinión de especialistas

que han venido desarrollando la temática sobre acoso laboral (CU-08-02-089, del 25 de febrero de 2008).

3. La Oficina de Bienestar y Salud solicita al Consejo Universitario un periodo de tres meses para elaborar la propuesta (OBS-UPSS-PS-34-08, del 1º de abril de 2008).

4. El licenciado Marlon Morales, psicólogo de la Oficina de Recursos Humanos, la licenciada Fabiola

Fernández, y la licenciada Vivian Vílchez, de la Oficina de Bienestar y Salud, envían la conformación del equipo de trabajo al M.Sc. Wilfridio Mathieu, jefe de la Oficina de Bienestar y Salud (OBS-UPSS-AP-140-08, del 3 de octubre de 2008).

5. El M.Sc. Wilfridio Mathieu, jefe de la Oficina de Bienestar y Salud, adjunta la propuesta de la normativa de

acoso laboral a la Dirección del Consejo Universitario (OBS-498-08, del 6 de octubre de 2008).

6. La Dirección del Consejo Universitario traslada la propuesta a la Comisión de Reglamentos para que elabore el dictamen (CR-P-08-011, del 6 de octubre de 2008).

7. La Comisión de Reglamentos solicita el criterio de la Oficina jurídica (CR-CU-08-24, del 22 de octubre de

2008).

8. La Comisión de Reglamentos solicita el criterio de la Oficina de la Contraloría Universitaria (CR-CU-08-25, del 22 de octubre de 2008).

9. La Oficina Jurídica y la Contraloría Universitaria emiten el criterio correspondiente (OJ-1387-2008, del 27 de octubre de 2008, y OCU-R-024-2009, del 5 de marzo de 2009 respectivamente).

10. La Comisión de Reglamentos conforma una subcomisión para que reelabore el respectivo reglamento de

acoso laboral, integrada por el lic. Marlon Morales, de la Oficina de Recursos Humanos (Coordinador); licda. Fabiola Fernández Trejos y licda. Vivian Vílchez Barboza, ambas del Área de Promoción de la Salud de la Oficina de Bienestar y Salud; licda. Tatiana Yucasta Barrantes Venegas, de la Junta de Relaciones Laborales, y la licda. Patricia Ramos Con, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica (CR-CU-09-2, del 13 de febrero de 2009).

11. La subcomisión elaboró la propuesta de Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del

Hostigamiento Psicológico en el trabajo o acoso laboral, y la presentó a la Comisión de Reglamentos.



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ANÁLISIS

1. Introducción De acuerdo Heinz Leymann2, el acoso laboral o mobbing es el psicoterror en la vida laboral que conlleva una comunicación hostil y desprovista de ética, la cual es administrada de modo sistemático por uno o varios sujetos, principalmente, contra una persona, la que, a consecuencia de ese psicoterror, es arrojada a una situación de soledad e indefensión prolongada, a base de acciones de hostigamiento frecuentes y persistentes. El acoso laboral en el plano internacional ya ha sido investigado; existen estrategias de abordaje para su atención y resolución, también se cuenta con legislación y normativa para sancionar las conductas generadoras del hostigamiento laboral. En España, en el Código Penal se ha considerado en el artículo 173, apartado 1, dentro del Título VII del Libro II, dedicado a los delitos de torturas y contra la integridad moral, la ubicación adecuada para tipificar el acoso psicológico u hostil en las relaciones laborales, que humillen al que los sufre, así como, en el marco de otras relaciones contractuales, la alteración de condiciones, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad. En Colombia se dictó la Ley 1010, en la que se adoptan medidas, para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral. En el plano nacional, las autoridades y profesionales de diversas disciplinas y organizaciones gremiales se han interesado en el tema, lo que ha motivado a promover y realizar charlas, talleres, debates, publicaciones y otras actividades que buscan sensibilizar a la población sobre esta problemática. Igualmente, se ha creado normativa a nivel de reglamentos y de estatutos a lo interno de ciertas instituciones públicas y gubernamentales. Sin embargo, a pesar de que han existido iniciativas en el seno de la Asamblea Legislativa3, aun se carece de legislación nacional que regule este problema. Esta preocupación por el tema se acrecienta poco a poco porque se conocen los efectos perjudiciales y nocivos que genera en las victimas, que viola derechos laborales como derechos humanos fundamentales de las personas y además de que representa un alto costo para las organizaciones4. Un dato importante de destacar es la regulación existente sobre esta temática dentro del Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio de Salud y más recientemente incluido en el Estatuto de Personal del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), lo que se constituye en un antecedente normativo a nivel institucional que procura regular esta problemática5.

2. Estatuto Orgánico y Políticas Institucionales de la Universidad de Costa Rica La Universidad de Costa Rica consecuente con sus principios estatutarios, mediante las Políticas Institucionales, ha hecho explícita la decisión del Consejo Universitario de orientar la gestión y la convivencia universitaria en los siguientes temas:

5.5.1. Promoverá un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación6.

5.5.8. Mejorará las condiciones de seguridad para garantizar una efectiva prevención y pronta respuesta ante el hostigamiento sexual o laboral y otras formas de violencia, así como el apoyo al personal y a la población estudiantil que cuenten con medidas de protección7.

5.5.9. Promoverá estrategias de acción afirmativa, que enfrenten cualquier condición social que fomente la desigualdad y la exclusión, para mejorar la accesibilidad y la permanencia en la Institución tanto del estudiantado como del personal docente y administrativo8.

2 Experto internacional más reconocido en el campo del mobbing en los lugares de trabajo, quien, a principios de los años ochenta, comenzó a estudiar con detenimiento dicho fenómeno, argumentando que el atestar en la vida laboral implica hostilidad y que la comunicación es dirigida sistemáticamente por uno o más individuos, principalmente hacia otro individuo, el cual se encuentra en una situación desamparada e indefensa, permaneciendo tal condición por tiempo prolongado. 3 Proyectos de ley Nºs. 15.211 y 16.088, interpuestos por el exdiputado Carlos Avendaño Calvo. 2003 y 2005 respectivamente. 4 La estudiante de Psicología Paola Cartín Granados proporcionó la información relativa a los antecedentes de investigación tanto nacional como internacional sobre el tema, quien se encuentra elaborando su proyecto de tesis para optar por el grado académico de Licenciatura en Psicología bajo la tutoría del Lic. Marlon Morales Chávez, docente de la Escuela Psicología. 5 Ídem. 6 Políticas de la Universidad de Costa Rica para el año 2009. Pág. 19 7 Políticas de la Universidad de Costa Rica para el año 2009. Pág. 20 8 Políticas de la Universidad de Costa Rica para el año 2009. Pág. 20



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El DR. RAFAEL GONZÁLEZ informa que está en las políticas de la Universidad para el año 2009 en las páginas N.° 19 y 20.

Continúa con la lectura.

En este marco humanista de intenciones y realidades, las autoridades, docentes y administrativos de la Universidad de Costa Rica encuentran terreno fértil para trabajar el tema de hostigamiento o acoso laboral y proponer iniciativas investigativas, de prevención y de acción que atiendan, aborden y resuelvan esta problemática.

3. El acoso laboral

3.1. Antecedentes

Acerca de este tema, Cartín Granados señala que se han desarrollado diversos estudios, principalmente en Europa, aunque América Latina y el resto del mundo, no escapan a esto. Dichos estudios, en su mayoría de corte cuantitativo, tratan de explorar la prevalencia y las repercusiones que a nivel personal tiene la incidencia de este fenómeno que sucede en las organizaciones. En este sentido, González de Rivera, J.L., y Rodríguez-Abuín, M. (2006), llevan a cabo una revisión de los estudios sobre acoso psicológico en el trabajo (APT) realizados en un periodo de 6 años, por el Instituto de Psicoterapia e Investigación Psicosomática de Madrid. De los resultados generales obtenidos, se desprende que las personas afectadas de acoso en el trabajo, presentan manifestaciones psicopatológicas significativas; en comparación con la media de la población psiquiátrica; con elevaciones en las dimensiones de somatización, depresión, obsesión-compulsión, hostilidad e ideación paranoide. Además, el nivel socioeconómico correlaciona de manera inversa con el grado de afectación psicopatológica. De la misma manera, los autores concluyen que la relación inversa existente entre las dimensiones psicopatológicas de ideación paranoide y de sensibilidad interpersonal, sugieren que las estrategias de acoso psicológico en el trabajo, por lo general tienen un efecto “paranógeno” en las víctimas, el cual ocurre independientemente de la susceptibilidad interpersonal de las víctimas, o de la tendencia a interpretar de manera negativa las actuaciones ajenas. Por otra parte, las conductas de maltrato frecuente más señaladas y los daños asociados a ellas, presentan correlaciones elevadas y significativas en todas las escalas clínicas que evalúa el estudio. Finalmente, los autores manifiestan el haber identificado una relación entre el tiempo de trabajo dentro de la organización y el riesgo de ser víctimas de acoso, de forma que las y los trabajadores con mayor tiempo de laborar en el lugar son quienes presentan un mayor riesgo de ser objeto de acoso. En lo referente a América Latina, se ubica un estudio realizado en México por Acosta, M., Pando, M., Aranda, C. y Aldrete, M.G., (2005), quienes desarrollan su investigación con el objetivo de estimar la prevalencia del acoso moral en un grupo de trabajadoras y trabajadores administrativos y otro grupo de servicios, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. De igual manera, se proponen identificar las situaciones y comportamientos de acoso moral más recurrentes, para lo cual llevan a cabo la aplicación del cuestionario auto-administrado LIPT-60. Además, se aplicó una ficha sociodemográfica especialmente diseñada para aplicarla a esta población y así poder obtener datos como edad, sexo, antigüedad en el puesto de trabajo, entre otras. Los principales resultados de la investigación apuntan a que la prevalencia encontrada para el acoso moral, en los dos grupos de trabajadores que conformaron la muestra fue de 10,3%. En el caso de los trabajadores administrativos, estos registraron una prevalencia de 6,86%, mientras que para quienes laboraban en la prestación de servicios la prevalencia fue de 3,44%. Por otra parte, recalcan también la importancia de desarrollar este tipo de estudios en un mayor número de países, con el fin de obtener un apoyo que permita comprender el fenómeno de acoso, además de articular políticas gubernamentales y corporativas, que se preocupen por aminorar los riesgos y efectos psicosociales y organizacionales negativos que provoca este tipo de violencia.



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3.2. El acoso laboral en Costa Rica

En lo que respecta a nuestro país, el abordaje del tema del acoso laboral, se encuentra en estado incipiente; las aproximaciones al fenómeno giran principalmente en torno a un acercamiento con miras a llevar a cabo una revisión teórica del fenómeno y a una esquematización del concepto, las cuales, por lo general, han sido realizadas desde lo legal, con el fin de realizar una difusión del tema. Es así como se ubican trabajos como el realizado por Quirós, M. (2006), quien por su parte, lleva a cabo una revisión general del Proyecto de Ley 15.211, conocido como: Ley contra el acoso psicológico y moral en el trabajo; el cual fue presentado ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el 2003, y que en su paso por la Asamblea fue archivado debido a un dictamen negativo de mayoría, puesto que presentaba algunas inconsistencias de forma y fondo. Sin embargo, tras la realización del estudio se resalta como una de las conclusiones principales el hecho de que aunque en Costa Rica, no existe una legislación especifica en torno al tema del acoso laboral, el anteproyecto se consolida como un precedente importante, que debe tomarse en cuenta para la realización de futuras propuestas. Cartín Granados resalta la necesidad de estudiar el fenómeno, ya que este se está expandiendo rápidamente, y a pesar de que el acoso laboral toma distintos matices dependiendo de la cultura y el contexto en que se desarrolle, este tiene como único objeto el destruir a la víctima; arruina la salud de las y los individuos, reduce a la persona y menoscaba su autoestima y dignidad. Resalta, también que debido a la ignorancia del tema se tiende a disimular o justificar la existencia del Acoso Laboral, siendo está y el temor una de las principales razones por las cuales no se denuncia este hecho. Además, destaca el hecho de que las repercusiones del Acoso Laboral trascienden en la vida de las personas, más que sus relaciones de trabajo, abarcando incluso las relaciones familiares y sociales. Según Quirós, M (2006), lo anterior hace que a este fenómeno se le pueda considerar como un problema de salud, el cual se debe erradicar mediante el establecimiento de políticas preventivas dentro de las organizaciones. Es por este motivo que se menciona la necesidad de procurar la creación de ambientes de trabajo libres de violencia, en donde se prevenga el desarrollo de conductas que puedan generar daño a las personas y se mantenga el bienestar dentro de las organizaciones. De manera coincidente con lo anterior, el estudio realizado por Romero, J. (2006), quien además de sistematizar teóricamente el concepto de acoso, lleva a cabo una comparación sistemática de las conductas que no se deben confundir con el termino acoso. De esta manera, queda claro que el estrés laboral, el desgaste profesional y el acoso sexual no son conductas componentes del acoso laboral, ya que cada una de estas figuras, vistas desde el marco legal, presenta conceptualizaciones perceptiblemente diferentes al acoso. Al mismo tiempo, el autor lleva a cabo una revisión de la jurisprudencia existente a nivel internacional, para tratar el acoso, y se compara con la jurisprudencia costarricense, la cual es nula respecto a este tema, y se mantiene aun en la actualidad legislando los temas de violencia y acoso en el lugar de trabajo, a partir de lo estipulado en el Código de Trabajo y en la Ley N.° 2694 del 22 de noviembre del 1960, sobre la prohibición de la discriminación en el trabajo. Por su parte, Montoya, A., y Vásquez, N. (2007) enfocan el tema del acoso desde la salud pública, al realizar una evaluación del conocimiento que tiene el personal del Ministerio de Salud de Liberia, acerca del acoso laboral. A partir de esta aproximación al fenómeno, se evidencia que las y los trabajadores de esta institución manifiestan tener un grado de conocimiento respecto al tema del acoso laboral, el cual es concebido como una forma de violencia; pero que este conocimiento está en relación con el puesto que se desempeña dentro de la organización. En general, las autoras señalan un conocimiento escaso respecto al conocimiento del término acoso laboral, y a sus características como una forma de violencia, así como a los perfiles de la víctima y de la persona acosada. Ella hace que se incremente la vulnerabilidad de las y los trabajadores a sufrir acoso en sus lugares de trabajo, al tiempo que coloca a la Psicología en una encrucijada a partir de la cual debe responder de manera consecuente a este vacío de información, mediante el inicio del camino hacia la prevención y la erradicación del acoso. En conclusión, el acoso laboral en el plano internacional ha sido investigado, de manera que ya existen estrategias de abordaje para su atención y resolución; también se cuenta con legislación y normativa para sancionar las conductas generadoras del hostigamiento laboral. En el plano nacional, se encuentra en estado incipiente; las aproximaciones al fenómeno giran principalmente en torno a un acercamiento con miras a llevar a cabo una revisión teórica del fenómeno y a una esquematización del concepto. En cuanto a la Universidad de Costa Rica, estas investigaciones han motivado al Consejo Universitario a promover esta normativa cuyo fin es la atención, el abordaje y la resolución de conductas generadoras y asociadas al hostigamiento psicológico en el trabajo o acoso laboral. Dicha propuesta fue enviada a la Oficina Jurídica y a la Oficina de la Contraloría Universitaria, con el fin de que ambos entes emitieran sus conclusiones.



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En relación con lo anterior, la Comisión de Reglamentos constituyó una subcomisión para elaborar la propuesta de Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del Hostigamiento Psicológico en el trabajo o acoso laboral, integrada por el Lic. Marlon Morales, psicólogo de la Sección de Desarrollo Humano de la Oficina de Recursos Humanos; Licda. Fabiola Fernández Trejos, trabajadora social del Área de Promoción de la Salud de la Oficina de Bienestar y Salud; Licda. Vivian Vílchez Barboza, coordinadora del Área de Promoción de la Salud de la Oficina de Bienestar y Salud; Licda. Tatiana Yucasta Barrantes Venegas, de la Junta de Relaciones Laborales de la Universidad de Costa Rica, y la Licda. Patricia Ramos Con, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica, quienes elaboraron esa primera propuesta de reglamento9.

4. Criterio de la Oficina Jurídica Como parte del proceso de análisis, la Comisión de Reglamento solicitó el criterio de la Oficina Jurídica con respecto a la primera propuesta de Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del hostigamiento psicológico en el trabajo o acoso laboral. Esta Oficina, en el oficio OJ-1378-2008, del 27 de octubre de 2008, señaló que Costa Rica no cuenta con una Ley que regule el hostigamiento psicológico en el trabajo y que los tribunales nacionales hayan resuelto casos con base en disposiciones del Código de Trabajo10 y la conceptualización de la Sala IV con relación al acoso. Con respecto a la primera propuesta de Reglamento elaborado por la subcomisión, esta oficina respondió lo siguiente:

(...) 2.- ACERCA DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO OBJETO DE LA CONSULTA Recomendamos concordar los artículos 2 y 5 con el marco conceptual establecido por la jurisprudencia antes referida, a efecto de valorar la posibilidad de enriquecer el contenido de dichos numerales. La propuesta pretende dar a los casos de hostigamiento laboral un trámite semejante al que se brinda a los casos de hostigamiento sexual, lo cual es incorrecto. No es de recibo desarrollar un paralelismo entre el procedimiento para la tramitación de denuncias por hostigamiento laboral con el procedimiento establecido para el trámite de denuncias por hostigamiento sexual, tal y como lo hace la propuesta en consulta. El hostigamiento sexual está regulado por la Ley No. 7476, “Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia”. Esta Ley faculta a los patronos para establecer un procedimiento especial, diferenciado, único y adecuado para tramitar las denuncias por hostigamiento sexual. En concordancia con lo anterior, el Consejo Universitario emitió el Reglamento de la Universidad de Costa Rica contra el Hostigamiento Sexual. Esta normativa establece que en cada caso se debe nombrar una comisión instructora, la cual rendirá un informe a quien ejerza la potestad disciplinaria del denunciado. Con base en este informe, el superior jerárquico del denunciado resuelve la situación jurídica del denunciado. Tal y como se dijo supra, en nuestro país no se ha emitido una Ley que regule el hostigamiento laboral. No existe ninguna disposición legal que autorice a la Institución a establecer un procedimiento especial para tramitar estos casos. Consecuentemente, si el denunciado es un funcionario administrativo o un docente interino, el caso debe ser conocido por la Junta de Relaciones Laborales (artículo 25 de la Convención Colectiva de Trabajo), en tanto que si el denunciado es un docente en régimen académico, el caso debe ser conocido por la Comisión Disciplinaria Académica (artículo 17 del Reglamento del Régimen Disciplinario del Personal Académico). En concordancia con lo anterior, en los procesos disciplinarios por “mobbing” no debe constituirse una comisión instructora que realice la investigación. En aplicación del principio constitucional del juez natural, estos casos deben ser tramitados ante la Junta de Relaciones Laborales o ante la Comisión Disciplinaria Académica, según corresponda. Lo anterior no obsta para que, funcionarios de la Sección de Desarrollo Humano de la Oficina de Recursos Humanos y otros profesionales de la Oficina de Bienestar y Salud, puedan constituirse en grupo de trabajo, a los efectos de realizar una investigación preliminar (que puede contener conclusiones y recomendaciones), que será puesta en conocimiento de quien ejerza la potestad disciplinaria sobre la persona denunciada. Esta investigación servirá de insumo a efecto de determinar la procedencia de iniciar un proceso disciplinario por hostigamiento laboral, en contra del denunciado.

9 Anexo 1 10 (artículos 19, 69 inciso c); 81, incisos a), b) y c); 83 inciso b) y en los principios contenidos en la Ley Sobre la Prohibición en la Discriminación en el Trabajo.



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En razón de lo dicho, es menester realizar una revisión integral de la propuesta, a efecto de que la misma sea ajustada a los aspectos antes señalados. Finalmente, debemos señalar que, si bien, por la naturaleza de la materia que nos ocupa, es pertinente que a las personas que consulten o tengan acceso al expediente administrativo se les imponga un deber de confidencialidad de la denuncia y del procedimiento, precisa recordar que conforme con nuestro ordenamiento jurídico, las partes y sus abogados tienen derecho a acceder y fotocopiar el expediente administrativo.

5. Criterio de la Oficina de la Contraloría Universitaria También, como parte del proceso de análisis, la Comisión de Reglamento solicitó el criterio de la Oficina de la Contraloría Universitaria con respecto a la primera propuesta de Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del hostigamiento psicológico en el trabajo o acoso laboral. Esta Oficina, en el oficio OCU-R-024, del 5 de marzo de 2009, señaló lo siguiente:

(...) En primer lugar, vista la estructura y estilo de redacción de la propuesta, conviene considerar la posibilidad de ajustar ésta a los Lineamientos para la emisión de normativa Institucional, (Aprobados en sesión 4915-07, 22-09-04. Publicado en la Gaceta Universitaria 30-2004, 27-10-04). En este orden de ideas, existen algunos aspectos regulados en la propuesta, que podrían ser objeto de inclusión en un manual y no en un reglamento, dado su carácter meramente operativo (al respecto véase el artículo 6.2, 6.4 y 6.5, entre otros). En adición a lo anterior, también conviene considerar la inclusión de una tabla de derogatorias que permita derogar o reformar los artículos actualmente vigentes en otras normas, de tal manera que dichos ajustes permitan la entrada en vigencia del cuerpo normativo sin mayores distorsiones.

EL ING. CLAUDIO GAMBOA continúa con la lectura. También se requiere revisar el ámbito de acción y alcance de la propuesta, ya que en el artículo 1, no se especifica si se aplicará solo a docentes, administrativos o ambos. Merece indicarse que salvo que, salvo lo estipulado en el Código de Trabajo, no existe una ley que rija esta materia, por lo que es importante que la normativa que se establezca sobre el particular sea lo más preciso y posible. En ese sentido la propuesta en análisis, es un procedimiento disciplinario complementario a otros establecidos en la Institución, en donde se fijan una serie de pautas que pretenden promover un ambiente universitario libre de todas las formas de violencia y discriminación. Es decir, mediante esta propuesta no se estarían sustituyendo los actuales procedimientos disciplinarios institucionales, si no que se crearía un órgano técnico que coadyuvaría a la administración en la calificación de una conducta como “hostigamiento psicológico o acoso laboral”. Al respecto, nótese como en el “Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del Hostigamiento Sexual”, artículo 1 inciso b) se indica que: “…No serán aplicables a estas denuncias los procedimientos disciplinarios establecidos para otra clase de faltas en la Convención Colectiva, el Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente y el Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.”, mientras que, en el procedimiento en análisis actual, se señala claramente que “… Este procedimiento será complementario de otros procedimientos disciplinarios establecidos para otra clase de faltas en la Convención Colectiva, el Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente.” La anterior aclaración se hace en relación a lo indicado en el oficio OJ-1387-2008 de la Oficina Jurídica, en donde se indica que esta propuesta pretende crear un procedimiento para el acoso laboral similar al existente para el acoso sexual, y que en el caso de este segundo, existe una ley nacional que fundamenta la creación de un procedimiento especial. Esta Contraloría Universitaria considera que la propuesta de reglamento bajo estudio no está creando un procedimiento disciplinario distinto para los casos de hostigamiento laboral, si no que se está creando un procedimiento previo mediante el cual se evalúa si efectivamente se está ante una conducta constitutiva de acoso laboral, en cuyo caso se informa a las autoridades competentes, para que estas den inicio al procedimiento disciplinario respectivo. Adicionalmente, en el procedimiento se evidencian algunas situaciones que requieren algún tipo de ajuste, para tener mayor claridad en cuanto a lo que se está proponiendo.



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En el artículo 5, relacionado con los “comportamientos constitutivos del Hostigamiento Psicológico en el trabajo o acoso laboral”. Sobre este particular, debe tenerse presente que al momento de crear normas que tipifiquen como faltas cierto tipo de comportamientos, debe tenerse el cuidado de evitar caer en alguna situación de extremo, sea crear una lista taxativa, en donde lo que quede fuera de ella no sería sancionable, o el otro extremo, que es formar enumeraciones tan generales que no quede clara el tipo de conducta a sancionar y ello se preste a injusticias. Para el caso bajo análisis, tratándose de un reglamento que va a tener su primera experiencia de aplicación no se recomienda de momento el establecimiento de listas cerradas o “numerus clausus”, esto podría ser posible posteriormente, cuando ya se tenga una considerable experiencia en la aplicación del reglamento. Tampoco se recomienda la redacción de enunciados muy generales y abstractos, pues al momento de interpretarlos, podría prestarse para arbitrariedades. Por ejemplo, en el artículo bajo análisis, se incluyen algunas características amplias y subjetivas, que por sí solas y por su indeterminación, no parecieran ser elementos suficientes para tipificar una falta por acoso laboral. Considerando la diversidad de circunstancias que componen la interacción humana en los centros de trabajo, es necesario que queden claramente definidas las herramientas para valorar estos elementos en forma objetiva, o al menos con el menor grado de subjetividad, sobre la existencia o no de acoso laboral. Dada la explicación anterior, se sugiere que de momento se utilice el modelo de establecer tipos genéricos de faltas como las indicadas en el artículo 7 de la propuesta en faltas leves, graves y muy graves. En este sentido, deberá tenerse el cuidado de revisar integralmente todo el articulado y calificar, según corresponda, determinadas conductas que sean evidentemente inidentificables, quedando en forma residual otro tipo de conductas no contempladas bajo el examen del órgano disciplinario, pero siempre y cuando se esbocen los criterios que se tendrán en cuenta para ubicar como leve, grave o muy grave una conducta, por ejemplo, la reiteración o reincidencia, testigos, si fue en público, si afectara la estabilidad laboral del funcionario, entre otros. El artículo 6.8, Informe Final, párrafo tercero inciso b) se señala que se procederá a “remitir el expediente a la Junta de Relaciones Laborales con el propósito de que se califique el tipo de falta y el daño moral que el denunciado ocasiona al denunciante”, sin embargo, elevarlo a la Junta de Relaciones Laborales aplica solamente para los funcionarios administrativos o docentes interinos. En ese sentido es necesario que se agregue en este artículo que, en los casos de docentes en régimen académico, se remitirá el expediente a la Comisión Disciplinaria Académica. En el artículo 7, “Calificación de las faltas”, en este apartado se hace la clasificación de las faltas en leves, graves y muy graves; sin embargo no se hace una descripción de las conductas que son calificadas con esta escala. Para mayor claridad de este punto, debe agregarse la descripción respectiva para cada uno de los tipos de falta. Artículo 8, Sanciones. En este artículo no hay diferencia entre la sanción establecida para las faltas leves en relación con las faltas graves, ya que, en ambas faltas se establece la “suspensión sin goce de salario no mayor de ocho días”. Este punto debe revisarse con el fin de que las sanciones que se pretenden sean diferentes y acordes con la calificación de las mismas. Artículo 15, Denuncias Falsas. En este artículo debe corregirse la palabra “hostigamiento sexual” por las palabras “hostigamiento psicológico en el trabajo o acoso laboral”, ya que la propuesta de reglamento es contra el hostigamiento psicológico en el trabajo o acoso laboral. Finalmente en relación con este tema, cabe señalar que en el expediente legislativo N° 15.211 se propuso una “Ley Contra le Acosos Psicológico y Moral en el Trabajo” y en el expediente N° 16.088 se propuso otra Ley “Para Prevenir y sancionar el acoso laboral “. A pesar de que ambos expedientes se encuentran archivados en la Asamblea Legislativa, se pueden rescatar algunos artículos que para la normativa interna en proceso de análisis podrían aportar elementos valiosos tanto en su contenido como en la redacción del texto propuesto (OCU-R-024-2009, del 05 de marzo de 2009).

6. Análisis de la Comisión de Reglamentos

La Comisión de Reglamentos considera que es importante y pertinente crear una normativa que fundamente la atención, el abordaje y la resolución de conductas generadoras y asociadas al hostigamiento psicológico en el trabajo o acoso laboral, pero, además, que estimule los esfuerzos investigativos que permitan caracterizar y tipificar qué conductas y en cuáles condiciones debe considerarse una situación como acoso laboral y develar cuáles son las



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situaciones de acoso psicológico en el trabajo más frecuentes en nuestro país y por ende en la Universidad de Costa Rica. Esta normativa que se propone asociada a la investigación sobre acoso laboral, debe complementarse con campañas de divulgación y de concienciación, que sensibilicen a la comunidad universitaria sobre un tema cuyo desconocimiento, según la investigación y experiencia internacionales, se ha demostrado casi como general. Esta iniciativa pretende propiciar un ambiente laboral y académico, libre de todas las formas de violencia y discriminación, participando a las organizaciones sindicales y otras, con el fin de evitar y contrarrestar el avance del hostigamiento laboral cuyos efectos negativos no son solo perceptibles en el ámbito laboral, sino que afectan también la calidad de vida privada y social de las personas afectadas por este fenómeno, y por tanto también a la sociedad en general. Después de analizar los criterios de los entes asesores, la Comisión de Reglamentos aprobó los cambios sugeridos y en varias reuniones realizadas modificó la primera propuesta de Reglamento.

EL DR. RAFAEL GONZÁLEZ continúa con la lectura. PROPUESTA DE ACUERDO La Comisión de Reglamentos del Consejo Universitario presenta al Plenario la siguiente propuesta de acuerdo. CONSIDERANDO QUE

1. La Dirección del Consejo Universitario solicitó a la Oficina de Bienestar y Salud la opinión de especialistas que han venido desarrollando la temática sobre acoso laboral para elaborar una propuesta de reglamento, debido a una solicitud de un grupo de funcionarios y funcionarias docentes y administrativos de la Universidad de Costa Rica, interesados en la normativa sobre el acoso laboral (CU-08-02-089, del 25 de febrero de 2008) y (Carta 27 de junio de 2006).

2. La jefatura de la Oficina de Bienestar y Salud remitió la conformación del equipo de trabajo, compuesto por

el licenciado Marlon Morales, psicólogo de la Oficina de Recursos Humanos, la licenciada Fabiola Fernández y la licenciada Vivian Vílchez (OBS-UPSS-AP-140-08, del 3 de octubre de 2008).

3. El Jefe de la Oficina de Bienestar y Salud adjuntó la propuesta de la normativa de acoso laboral a la

dirección del Consejo Universitario (OBS-498-08, del 6 de octubre de 2008).

4. La Dirección del Consejo Universitario trasladó la propuesta a la Comisión de Reglamentos para que elabore el dictamen (CR-P-08-011, del 6 de octubre de 2008).

5. La Comisión de Reglamentos conformó una subcomisión con las siguientes personas: Lic. Marlon Morales,

de la Oficina de Recursos Humanos (Coordinador); Licda. Fabiola Fernández Trejos y Licda. Vivian Vílchez Barboza, ambas del Área de Promoción de la Salud de la Oficina de Bienestar y Salud; Licda. Tatiana Yucasta Barrantes Venegas, de la Junta de Relaciones Laborales, y la Licda. Patricia Ramos Con, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica (CR-CU-09-2, del 13 de febrero de 2009). Esta subcomisión reelaboró el respectivo Reglamento de Acoso Laboral.

6. La Oficina Jurídica en oficio N.º OJ-1387-2008, del 27 de octubre de 2008, indico lo siguiente: (

(...) 2.- ACERCA DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO OBJETO DE LA CONSULTA Recomendamos concordar los artículos 2 y 5 con el marco conceptual establecido por la jurisprudencia antes referida, a efecto de valorar la posibilidad de enriquecer el contenido de dichos numerales. La propuesta pretende dar a los casos de hostigamiento laboral un trámite semejante al que se brinda a los casos de hostigamiento sexual, lo cual es incorrecto. No es de recibo desarrollar un paralelismo entre el procedimiento para la tramitación de denuncias por hostigamiento laboral con el procedimiento establecido para el trámite de denuncias por hostigamiento sexual, tal y como lo hace la propuesta en consulta.



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El hostigamiento sexual está regulado por la Ley No. 7476, “Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia”. Esta Ley faculta a los patronos para establecer un procedimiento especial, diferenciado, único y adecuado para tramitar las denuncias por hostigamiento sexual. En concordancia con lo anterior, el Consejo Universitario emitió el Reglamento de la Universidad de Costa Rica contra el Hostigamiento Sexual. Esta normativa establece que en cada caso se debe nombrar una comisión instructora, la cual rendirá un informe a quien ejerza la potestad disciplinaria del denunciado. Con base en este informe, el superior jerárquico del denunciado resuelve la situación jurídica del denunciado. Tal y como se dijo supra, en nuestro país no se ha emitido una Ley que regule el hostigamiento laboral. No existe ninguna disposición legal que autorice a la Institución a establecer un procedimiento especial para tramitar estos casos. Consecuentemente, si el denunciado es un funcionario administrativo o un docente interino, el caso debe ser conocido por la Junta de Relaciones Laborales (artículo 25 de la Convención Colectiva de Trabajo), en tanto que si el denunciado es un docente en régimen académico, el caso debe ser conocido por la Comisión Disciplinaria Académica (artículo 17 del Reglamento del Régimen Disciplinario del Personal Académico). En concordancia con lo anterior, en los procesos disciplinarios por “mobbing” no debe constituirse una comisión instructora que realice la investigación. En aplicación del principio constitucional del juez natural, estos casos deben ser tramitados ante la Junta de Relaciones Laborales o ante la Comisión Disciplinaria Académica, según corresponda. Lo anterior no obsta para que, funcionarios de la Sección de Desarrollo Humano de la Oficina de Recursos Humanos y otros profesionales de la Oficina de Bienestar y Salud, puedan constituirse en grupo de trabajo, a los efectos de realizar una investigación preliminar (que puede contener conclusiones y recomendaciones), que será puesta en conocimiento de quien ejerza la potestad disciplinaria sobre la persona denunciada. Esta investigación servirá de insumo a efecto de determinar la procedencia de iniciar un proceso disciplinario por hostigamiento laboral, en contra del denunciado. En razón de lo dicho, es menester realizar una revisión integral de la propuesta, a efecto de que la misma sea ajustada a los aspectos antes señalados. Finalmente, debemos señalar que, si bien, por la naturaleza de la materia que nos ocupa, es pertinente que a las personas que consulten o tengan acceso al expediente administrativo se les imponga un deber de confidencialidad de la denuncia y del procedimiento, precisa recordar que conforme con nuestro ordenamiento jurídico, las partes y sus abogados tienen derecho a acceder y fotocopiar el expediente administrativo. (...)

7. La Contraloría Universitaria, en el oficio N.º OCU-R-024-2009, del 5 de marzo de 2009, argumentó lo siguiente:

(...) En primer lugar, vista la estructura y estilo de redacción de la propuesta, conviene considerar la posibilidad de ajustar ésta a los Lineamientos para la emisión de normativa Institucional, (Aprobados en sesión 4915-07, 22-09-04. Publicado en la Gaceta Universitaria 30-2004, 27-10-04). En este orden de ideas, existen algunos aspectos regulados en la propuesta, que podrían ser objeto de inclusión en un manual y no en un reglamento, dado su carácter meramente operativo (al respecto véase el artículo 6.2, 6.4 y 6.5, entre otros). En adición a lo anterior, también conviene considerar la inclusión de una tabla de derogatorias que permita derogar o reformar los artículos actualmente vigentes en otras normas, de tal manera que dichos ajustes permitan la entrada en vigencia del cuerpo normativo sin mayores distorsiones.(...)

8. En lo que respecta a nuestro país, las aproximaciones al fenómeno de acoso laboral giran principalmente

en torno a un acercamiento para llevar a cabo una revisión teórica del fenómeno y a una esquematización del concepto, las cuales, por lo general, han sido realizadas desde lo legal, con miras a realizar una difusión del tema.

9. El acoso laboral en el plano internacional ya ha sido investigado y existen estrategias de abordaje para su

atención y resolución, también se cuenta con legislación y normativa para sancionar las conductas generadoras del hostigamiento laboral.



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10. Las personas afectadas de acoso en el trabajo presentan manifestaciones psicopatológicas significativas en comparación con la media de la población psiquiátrica; con elevaciones en las dimensiones de somatización, depresión, obsesión-compulsión, hostilidad e ideación paranoide (González de Rivera, J.L., y Rodríguez-Abuín, M., (2006)) Además, el nivel socioeconómico correlaciona de manera inversa con el grado de afectación psicopatológica.

11. El acoso laboral tiene como único objetivo el destruir a la víctima; arruinar la salud de las personas

trabajadoras expuestas a este, además, de reducir y menoscabar su autoestima y dignidad (Paola Cartín Granados). Resalta, también, que debido a la ignorancia del tema se tiende a disimular o justificar su existencia, siendo esta y el temor una de las principales razones por las cuales no se denuncia este hecho.

12. La jurisprudencia costarricense es nula respecto al tema de acoso laboral, y se mantiene aún en la

actualidad resolviendo los casos de violencia y acoso laboral, a partir de lo estipulado en el Código de Trabajo y en la Ley N.° 2694 del 22 de noviembre del 1960, sobre la prohibición de la discriminación en el trabajo.

13. El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, mediante las Políticas Institucionales 2010-2014,

ha hecho explícita la decisión de orientar la gestión y la convivencia universitaria en los siguientes aspectos:

5.5.1. Promoverá un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación11. 5.5.8. Mejorará las condiciones de seguridad para garantizar una efectiva prevención y pronta respuesta ante el hostigamiento sexual o laboral y otras formas de violencia, así como el apoyo al personal y a la población estudiantil que cuenten con medidas de protección12. 5.5.9. Promoverá estrategias de acción afirmativa, que enfrenten cualquier condición social que fomente la desigualdad y la exclusión, para mejorar la accesibilidad y la permanencia en la Institución tanto del estudiantado como del personal docente y administrativo13.

ACUERDA Publicar en consulta a la comunidad universitaria, de conformidad con el artículo 30, inciso k) del Estatuto Orgánico, el Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del hostigamiento psicológico en el trabajo o acoso laboral y que se lea de la siguiente manera:

Reglamento de la Universidad de Costa Rica contra el hostigamiento psicológico en el trabajo o acoso laboral

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- El presente Reglamento regula los mecanismos de prevención, aplicación, sanción y acatamiento de las conductas de acoso laboral previstas en las diferentes disposiciones normativas internas, del derecho positivo costarricense y la normativa internacional aplicable al caso en concreto. Artículo 2.- Las disposiciones normativas establecidas en este Reglamento serán de acatamiento obligatorio para todo funcionario(a) administrativo(a) o docente, sea su condición de interino o en propiedad. Artículo 3.- La Junta de Relaciones Laborales o la Comisión Instructora Institucional, una vez recibida la queja o denuncia interpuesta por un o una funcionaria, deberá realizar el traslado de esta en forma oficiosa, a la Comisión Evaluadora de acoso laboral, que será de naturaleza investigativa-pericial, conformada a petición de parte por denuncia o queja interpuesta ante la Junta de Relaciones Laborales o ante la Comisión Instructora Institucional, según corresponda, para el inicio de la investigación pertinente. Artículo 4.- Con base en el Informe Final de la Comisión Evaluadora de acoso laboral, la jefatura del supuesto (a) acosador(a) solicitará la viabilidad de sancionarlo (a) ante la Junta de Relaciones Laborales de la Universidad de Costa Rica o ante la Comisión Instructora Institucional, según corresponda.

11 Políticas de la Universidad de Costa Rica para el año 2009. Pág. 19 12 Políticas de la Universidad de Costa Rica para el año 2009. Pág. 20 13 Políticas de la Universidad de Costa Rica para el año 2009. Pág. 20



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CAPÍTULO II COMISIÓN EVALUADORA DE ACOSO LABORAL

Artículo 5.- Comisión Evaluadora de acoso laboral. Comisión técnica, de naturaleza investigativa-pericial, conformada a petición de parte por denuncia o queja interpuesta ante la Junta de Relaciones Laborales o ante la Comisión Instructora Institucional, según corresponda. Esta Comisión estará conformada por un o una Abogada, un o una Trabajadora Social y un o una Psicóloga, quienes elegirán un coordinador. Este equipo de trabajo será nombrado por la Vicerrectoría de Administración por un período de tres años renovables. Artículo 6.- Traslado de la queja o denuncia. La Junta de Relaciones Laborales o la Comisión Instructora Institucional, una vez recibida la queja o denuncia interpuesta por un o una funcionario (a), deberá realizar el traslado de esta en forma oficiosa, a la Comisión Evaluadora de acoso laboral, para el inicio de la investigación pertinente. Artículo 7.- La Comisión Evaluadora de acoso laboral tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a. Recibir la queja o denuncia que ha sido trasladada por la Junta de Relaciones Laborales o la Comisión Instructora Institucional.

b. Convocar el equipo de trabajo, para iniciar la investigación pertinente.

c. Levantar el expediente y documentar mediante la presentación de un Informe Final, el estudio

correspondiente al diagnóstico técnico-pericial de la queja interpuesta por el o la funcionario (a). d. Delimitar la queja dentro del Informe Final, calificándola de acoso laboral o de conducta análoga.

e. Presentar ante el superior jerárquico del supuesto acosador, el resultado del Informe Final, el cual

contendrá una recomendación de sanción.

f. La recomendación de la Comisión Evaluadora no será vinculante para la o el superior jerárquico del supuesto acosador.

g. Evaluar y analizar los motivos por los cuales el superior jerárquico del supuesto (a) acosador (a)

rechaza la recomendación, y quedará a juicio de la Comisión Evaluadora presentar el Informe Final ante Rectoría para que se pronuncie sobre la viabilidad de solicitar la sanción recomendada ante el órgano disciplinario correspondiente.

h. Acompañar a la persona quejosa en todo el proceso disciplinario, luego de presentada la solicitud de

sanción ante el órgano disciplinario correspondiente. La persona quejosa si así lo considera necesario, podrá hacerse acompañar de representación legal en todo momento.

Artículo 8.- El o la funcionario (a) podrá, en todo momento, acudir a las instancias superiores pertinentes si considera que su queja no ha sido atendida oportuna y diligentemente.

CAPÍTULO III

DE LA PREVENCIÓN Artículo 9.- Toma de medidas de carácter organizativo. La Universidad de Costa Rica desarrollará entornos laborales saludables. Mediante las vicerrectorías y otras instancias según corresponda, también velará por la prevención y la erradicación de las conductas de acoso laboral.

CAPÍTULO IV

DE CONDUCTAS ANÁLOGAS AL ACOSO LABORAL ARTÍCULO 10.- Conductas análogas al acoso laboral. Constituyen conductas análogas al acoso laboral, las siguientes:

a) estrés laboral b) desgaste profesional



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c) situaciones conflictivas laborales d) agresión Aislada

Tales conductas deberán ser tratadas mediante mecanismos alternos, propuestos por la Comisión Evaluadora de acoso laboral, en el informe rendido ante la o el superior jerárquico de la persona quejosa. ARTÍCULO 11.- Si la queja encaja dentro de las llamadas conductas análogas de acoso laboral, –determinadas en este Reglamento– se aplicará los mecanismos alternos propuestos por la Comisión Evaluadora. Si la Comisión Evaluadora determina que existen elementos suficientes para elevar la queja, la trasladará mediante el Informe Final, al superior jerárquico de la persona acosadora. ARTÍCULO 12.- Si la jefatura rechaza la recomendación, deberá presentar por escrito, ante la Comisión Evaluadora, –en un plazo no mayor a diez días hábiles–, los motivos por los cuales, a su juicio, no someterá el caso ante la Comisión Instructora Institucional o ante la Junta de Relaciones Laborales, según corresponda.

CAPITULO V CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL

Artículo 13.- No constituye acoso laboral. No constituye acoso laboral, entre otras, bajo ninguna de sus modalidades, las siguientes conductas:

a) Las órdenes dadas por la jefatura para el fiel cumplimiento de las labores de los trabajadores.

b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que a consideración de la Comisión Evaluadora de acoso laboral, corresponde legalmente a la jefatura sobre sus colaboradores.

c) La formulación de exigencias razonables para la elaboración de un trabajo, o cumplimiento de funciones.

d) La formulación de circulares o memorandos encaminados a mejorar la eficiencia laboral de colaboradores

conforme la normativa interna y ley aplicable al caso.

e) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, con base en un causa legal o una justa causa, prevista en la normativa interna, Código de Trabajo o leyes conexas.

f) La solicitud que realice una jefatura superior del fiel cumplimiento de los deberes laborales establecidos en

la normativa interna, Código de Trabajo y leyes conexas.

g) La solicitud que realice una jefatura del acatamiento de las prohibiciones y deberes establecidos en la normativa interna, Código de Trabajo y leyes conexas.

CAPÍTULO VI

ACOSO LABORAL Artículo 14.- Acoso laboral es toda aquella situación o comportamiento en la que una o varias personas ejerzan violencia psicológica por medio de comportamientos, palabras, insinuaciones o ciertas actitudes, la cual se ha producido de forma sistemática, recurrente y durante un tiempo prolongado, sobre otra persona o personas en su lugar de trabajo, ejercida sobre un o una funcionaria administrativa o docente, una jefatura inmediata, un compañero o compañera de trabajo o una o un subalterno. El acoso laboral es también conocido como hostigamiento laboral, persecución encubierta, intimidación en el trabajo, maltrato psicológico o violencia psíquica, o como “mobbing”. Artículo 15.- La Comisión Evaluadora deberá estudiar cada caso de acoso y constatar si cumple con los siguientes requisitos:

a) Intencionalidad: tiene como fin minar la autoestima y la dignidad del acosado.

b) Sistemático y frecuente: se trata de un comportamiento constante y no aislado.

c) Duración: el acoso se suscita durante un período prolongado.

d) Fin: la agresión tiene como finalidad que el funcionario o la funcionaria acosada abandone su trabajo.



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CAPÍTULO VII DE LA CALIFICACION DE LA FALTA

Artículo 16.- Tomando como base el Informe Final de la Comisión Evaluadora y la gravedad de la falta, la Junta de Relaciones Laborales o la Comisión Instructora Institucional procederán a recomendar las sanciones de acuerdo a lo que establezca el Reglamento de Régimen Disciplinario del Personal Académico, el Reglamento Interno de Trabajo, y a la Convención Colectiva, Artículo 17.- Reincidencia. La reincidencia en la infracción de cualquiera de las conductas a que se refiere el artículo anterior, deberá computarse en un período de hasta por doce meses. Artículo 18.- De las medidas preventivas. Se tomará como medidas preventivas las siguientes:

a. Traslado temporal de la víctima a otro lugar de trabajo. b. Suspensión con goce de salario de la persona acosadora, previa autorización de la Vicerrectoría

correspondiente.

MEDIDAS CAUTELARES Artículo 19.- Medidas cautelares. La Junta de Relaciones Laborales o la Comisión Instructora Institucional, según sea el caso y mientras dure la solución del conflicto, podrá dictar provisionalmente medidas cautelares, tales como:

a. Traslado temporal de la persona acosadora a otro lugar de trabajo. b. Traslado temporal del funcionario o funcionaria acosada a otro lugar de trabajo, con su

consentimiento.

c. Suspensión de la persona acosadora con goce de salario.

d. Cualquier otra que considere, La Junta de Relaciones Laborales, la Comisión Instructora Institucional.

GARANTÍAS DEL DENUNCIANTE Y LOS TESTIGOS

Artículo 20.- Ninguna persona que amparada en este reglamento haya denunciado hostigamiento laboral o comparecido como testigo de las partes, podrá ser objeto de represalias por ese motivo.

CAPÍTULO IX FALSAS DENUNCIAS

Artículo 21.- Quien denuncie hostigamiento laboral falso podrá incurrir, cuando así se tipifique, en cualquiera de las conductas propias de la difamación o la calumnia, según el Código Penal.

CAPITULO X DISPOSICIONES FINALES

Artículo 22.- La Universidad se reserva el derecho de adicionar o modificar en cualquier momento las disposiciones del presente Reglamento, con sujeción en cada caso a las disposiciones legales vigentes nacionales o internacionales.

EL DR. RAFAEL GONZÁLEZ agradece a los miembros de la Comisión que participaron en la preparación del dictamen, al analista José Rocha, a la Sra. Maritza Mena, filóloga, y al Sr. Francis Mora, asesor jurídico, quien participa en la Junta de Relaciones Laborales.

EL DR. ALBERTO CORTÉS indica que el Ing. Agr. Claudio Gamboa, como miembro de la

Comisión, desea complementar la información.



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EL ING. AGR. CLAUDIO GAMBOA señala que como se puede observar en los antecedentes, el caso se inicia en el 2006, cuando el Consejo Universitario solicita el estudio; en el 2008, la M.L. Ivonne Robles, en calidad de Directora, hace el pase a la Comisión de Reglamentos, momento en el que el Ing. Fernando Silesky retoma el caso; en ese momento, el Lic. Héctor Monestel y su persona pasan a formar parte de la Comisión; al conocer los pormenores del caso, se dan cuenta de que hay muchos detalles por atender, los que ameritaban una discusión más amplia. Luego, a principios del año 2009, el Dr. Rafael González pasa a coordinar la comisión y se reciben observaciones del Lic. Héctor Monestel, quien conocía del caso, y fueron tomadas en cuenta.

Destaca que la resolución del caso ha tomado mucho tiempo por tratarse de un tema de

difícil resolución, por lo que a pesar del tiempo que se le ha dedicado, es del criterio de que generará mucha discusión, aunque se trató de incluir gran parte de los aspectos involucrados.

EL DR. ALBERTO CORTÉS indica que en vista de que están cerca del momento de

realizar el receso acostumbrado, que deben atender una visita y tomando en cuenta que el Lic. Héctor Monestel desea presentar una propuesta alterna. Aunque está claro de que la discusión tiene que hacerse sobre el dictamen de la Comisión; además de la importancia del tema, donde se reconoce que no hay antecedentes a los que puedan recurrir, plantea que el Lic. Monestel haga una presentación de su propuesta en la próxima sesión para iniciar con la discusión del tema.

EL DR. RAFAEL GONZÁLEZ aclara que la posición del Lic. Monestel no se contrapone al

criterio de la Comisión, a pesar de que incluye aspectos de forma y de fondo, por lo que estima pertinente que el Lic. Monestel exponga, en la presente sesión, los aspectos que considere relevantes para ser tomados en cuenta en el momento de la discusión.

Finalmente, destaca que no se trata de una propuesta alterna; o sea, no se debe elegir

entre ambas. EL LIC. HÉCTOR MONESTEL indica que como no se cuenta con antecedentes la

situación es un poco confusa. Puede ser que en el sentido estricto no se trate de un segundo dictamen, pero es una propuesta alterna a la presentada por la Comisión.

Agrega que coincide con el Dr. Rafael González, en cuanto a que la propuesta que desea

presentar es parte de la original, por lo que es probable que coincidan en algunos aspectos; lo deseable sería lograr una síntesis de ambas.

Seguidamente, consulta si en caso de que prevalezca la propuesta de la Comisión, se

sometería a votación la propuesta que personalmente trae al plenario. Por otra parte, manifiesta que el Ing. Agr. Claudio Gamboa hizo una referencia sobre el

origen de la iniciativa, y al parecer, en el dictamen se omite que el Ing. Fernando Silesky, en ese momento, coordinador de la Comisión de Reglamentos, lo designó –Lic. Monestel– para que le diera continuidad al tema en una subcomisión que ya estaba creada, e incluso, para esa fecha estaba convocada una reunión de esa subcomisión para entregar el informe, por lo que siempre asumió que era parte de esa subcomisión; lo que desea decir con eso es que no es ajeno al procedimiento del documento que está conociendo el Consejo Universitario por parte de la Comisión de Reglamentos.



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Agrega que la propuesta que presentó a la Comisión de Reglamentos es la propuesta que, desde su perspectiva, resultó del trabajo y su participación en la subcomisión que se menciona.

Seguidamente, indica que ya sea en la presente sesión o en la próxima, sería prudente

exponer, en forma breve, lo más general y político del asunto; podría hacer una síntesis de la propuesta, con el propósito de que una vez que lean el documento y lo cotejen, puedan comprender mejor la perspectiva que está planteando.

EL DR. OLDEMAR RODRÍGUEZ indica que es cuestión de definir el procedimiento por

seguir; no ve ningún problema en que la Comisión presente el dictamen y, a partir de ahí, el Lic. Héctor Monestel haga una presentación donde plantee su propuesta. Agrega que fungiendo como Director del Consejo Universitario, hizo una contrapropuesta sobre el tema de la negociación salarial y se sometió a votación.

Seguidamente, comenta que la discusión versa sobre el punto de agenda; a partir de ahí,

cualquier miembro del plenario puede presentar una contrapropuesta, aunque lo deseable, en esta oportunidad, sería que de ambas se obtenga una versión mejorada.

Finalmente, manifiesta que el Lic. Monestel puede hacer un resumen y al final decidir si la

presenta como propuesta independiente o no, o si se trata de integrar ambas propuestas, que sería lo ideal.

EL ING. ISMAEL MAZÓN indica que queda claro que el Lic. Héctor Monestel no participó

en la comisión que coordina el Dr. Rafael González, pero que sí formó parte de la anterior comisión que analizó el caso y que el Lic. Monestel remitió observaciones a la actual comisión, las cuales fueron valoradas y aceptadas parcialmente; pregunta por qué razón no estuvieron de acuerdo con algunas de las recomendaciones.

Estima que el procedimiento lógico debería ser conocer la propuesta de la Comisión y

conforme avance la discusión, conocer la posición del Lic. Monestel y valorar su pertinencia. Finalmente, señala que la propuesta sobre la que debe girar la discusión debe ser la

presentada por la Comisión, o sea, la propuesta marco. EL DR. OLDEMAR RODRÍGUEZ sugiere, con todo respeto, suspender el debate en ese

momento, para que en la próxima sesión el Lic. Monestel inicie el punto de agenda presentando su posición, tal y como lo van a hacer los demás miembros del plenario, para proponer los cambios que consideren pertinentes.

EL DR. ALBERTO CORTÉS le propone al Lic. Monestel que plantee las principales

diferencias que tiene con la propuesta de la Comisión, con la intención de que los miembros del plenario dispongan de un criterio de lectura en el momento de revisar el dictamen.

Seguidamente, manifiesta que en este caso tienen que ser un tanto flexibles por tratarse

de una situación atípica no solo por el procedimiento que ha seguido la discusión, sino por el fondo, por lo que será necesario dar un amplio debate al asunto antes de aprobar la versión final del reglamento.

EL LIC. HÉCTOR MONESTEL agradece al señor director y a los miembros del plenario.



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Seguidamente, destaca la importancia que tiene la definición de una reglamentación sobre el tema no solo para la Universidad, sino para el país, por las razones que ya se han comentado.

Por otra parte, manifiesta que, probablemente, el enfoque central de discrepancia de

fondo que hay con el planteamiento de la Comisión, tal y como persiste en llegar al Consejo Universitario, persiste, porque se hizo una primera propuesta de reglamento; luego, la actual Comisión preparó una segunda propuesta que no solamente modifica la primera propuesta, sino que, además, incluye algunos elementos que personalmente sugirió. La diferencia de fondo consiste en que el enfoque de la propuesta de la Comisión se da desde el punto de vista psicológico y el enfoque de su propuesta, a pesar de que no excluye el factor anímico y psicológico, se basa en los derechos laborales, por lo que no se opone a los tratamientos y enfoques psiquiátricos con argumentos teóricos de la Psiquiatría, además de enfocarse como un problema de salud pública.

Además, en la propuesta de la Comisión se incluye una norma que debería ser una

política institucional y consiste en si la Universidad desarrolla programas de investigación y prevención del acoso. No se trata de una norma; por lo tanto, no debe incluirse en un reglamento.

Seguidamente, manifiesta que tiene muy claro que el fenómeno ha sido tratado por

psicólogos y psiquiatras, por lo que existe un tratamiento, pero no pueden dejar de lado que están ante un problema de derechos laborales, por lo que el problema se debe enfocar desde el punto de vista jurídico laboral.

****A las diez horas y cuarenta y cinco minutos, sale el Dr. José Ángel Vargas. **** EL DR. ALBERTO CORTÉS agradece al Lic. Monestel por la exposición. Seguidamente,

propone suspender el debate para ir a receso; el tema se retomará en la próxima sesión. Posteriormente, somete a votación la propuesta de suspender el debate, y se obtiene el

siguiente resultado: VOTAN A FAVOR: Dra. Yamileth González, Ing. Ismael Mazón, Lic. Héctor Monestel, Dr.

Oldemar Rodríguez, Dr. Rafael González, Srta. Sofía Cortés, Srta. María Isabel Victoria, M.Sc. María del Rocío Rodríguez, Ing. Agr. Claudio Gamboa y Dr. Alberto Cortés.

TOTAL: Diez votos EN CONTRA: Ninguno. Ausente en el momento de la votación el Dr. José Ángel Vargas.

Por lo tanto, el Consejo Universitario ACUERDA suspender el debate en torno a la propuesta de Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del hostigamiento psicológico en el trabajo o acoso laboral, para recibir a la Dra. Lupita Chaves Cervantes, del Consejo Superior del Poder Judicial.



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****A las diez horas y cuarenta y siete minutos, el Consejo Universitario hace un receso.

A las once horas y cinco minutos, se reanuda la sesión con la presencia de los

siguientes miembros: Ing. Ismael Mazón, Lic. Héctor Monestel, Dr. Oldemar Rodríguez, Dr. Rafael González, Srta. Sofía Cortés, Srta. María Isabel Victoria, Dr. José Ángel Vargas, M.Sc. María del Rocío Rodríguez, Ing. Agr. Claudio Gamboa y Dr. Alberto Cortés. ****

****A las once horas y seis minutos, entran en la sala la Dra. Lupita Chaves Cervantes y

Argili Gómez.****

ARTÍCULO 8

El Consejo Universitario recibe a la Dra. Lupita Chaves Cervantes, integrante del Consejo Superior del Poder Judicial, quien expone acerca del proyecto “Cero papel”.

EL DR. ALBERTO CORTÉS explica que esta parte de la sesión se ampliará a la mayoría del personal del Consejo Universitario, con el fin de que conozcan el proyecto “Cero papel”, del Consejo del Poder Judicial.

Para ello, están como invitadas la Dra. Lupita Chaves, integrante del Consejo Superior del

Poder Juridicial, y la Licda. Argeri Gómez, asesora del Consejo Superior del Poder Judicial. Señala que esa actividad es el resultado de una primera reunión que tuvieron en una

visita a la Corte, a la que asistió personal del CIST, donde les expusieron ese programa que les pareció impactante. Detalla que en el Consejo Universitario quieren hacer el mayor esfuerzo para avanzar en la reducción del consumo de papel. Quisiera que fuera no solo una iniciativa del Consejo, sino, más bien, una política institucional. Por eso, cree que la exposición de la Dra. Chaves les dará muchos elementos que podrían retomar en un futuro cercano en la Universidad de Costa Rica.

Cede la palabra a la Dra. Lupita Chaves. DRA. LUPITA CHAVES: –Me da mucho gusto estar aquí presente y haber aceptado esta

invitación tanto para los señores y señoras miembros del Consejo Universitario, así como para el personal administrativo que nos acompaña. Le pido al universo que me ilumine bastante para poder transmitirles el entusiasmo y lograr motivarlos y mejorar la organización que ustedes tienen.

Mi nombre es Lupita Chaves, como acaba de señalarlo el Dr. Cortés, laboro en el Poder

Judicial como integrante en el Consejo Superior. Este programa que vamos a exponer, yo quisiera humildemente indicarles que, como otros, tiene poco tiempo de haberse iniciado; partió en marzo del 2010 como verán. Hemos tenido beneficios, hemos tenido resultados, pero yo creo que lo importante no es quedarse con el beneficio que se ha adquirido, sino que la tarea más difícil es darle sostenibilidad y lograr, en la organización, el cambio cultural, porque para estos temas se requiere un cambio cultural que permita el uso de las herramientas tecnológicas.



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Además, se debe tomar conciencia de que Costa Rica, como país, está enfrascado en formalismos y en trámites, que al final lo que hacen es obstaculizar una buena gestión en todo sentido. Verán que el mejoramiento de la gestión se convierte en una necesidad; para ello, el Poder Judicial ha recurrido a este programa, acompañado de la oralidad.

No quiero aquí que ustedes crean que todo es cero papel en el Poder Judicial, porque

sería venir a decirles una mentira; no es así. Además, tengo aquí al Dr. Rafael González, quien conoce bien el sistema y sabe cómo funciona. Al menos sí está sucediendo algo muy interesante a raíz de este programa, los documentos de los diferentes despachos se leen digitalmente; es interesante ver cómo ya se va adquiriendo, hasta en la cultura, el cambio del lenguaje, donde indican en los diferentes oficios que estamos con la eliminación del papel. Estos son aspectos que antes no se indicaban. Yo me alegro mucho cuando leo esas frases, porque es lo más difícil; la transformación cultural es lo más difícil en una organización.

¿Qué representa el papel para la Justicia? Tenemos que enfocarnos en la organización, en el Poder Judicial en este caso. El papel,

como les decía, es amigo del formalismo, es amigo de la rigidez. Esto hace que todos los poderes judiciales del mundo se vuelvan más complejos con tanto papel y ha permitido que se deshumanice la Justicia, en donde el contacto con la situación que hay que resolver se ha hecho en papeles.

Esta fue una presentación en

Telenoticias, donde mostraban lo excesivo del uso del papel. Uno, como ciudadano, dice: “¿cómo pretendemos que nos resuelvan las situaciones que llevamos al Poder Judicial con tanto papel?” Esa es una radiografía de lo que todavía existe, no es que se ha eliminado.

Estos son datos que más adelante veremos con

más profundidad, donde el programa lo que ha hecho es interiorizar y concientizar para que cuando cada uno llegue a su casa y vea el papel, piense en el programa.



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Dentro del grupo, tenemos una periodista experta en comunicación; ella nos ha ayudado mucho con el tema de la estrategia, para efectos de que el programa sea interiorizado en nuestros hogares; o sea que se tome conciencia de que no es algo nada más de la organización, sino del planeta como tal; por lo tanto, se han hecho comparaciones entre el consumo del papel, lo que representa cuántos árboles se están talando con ese consumo y cuánto está contribuyendo el Poder Judicial a ese efecto negativo en el planeta.

Todas estas situaciones son datos que demuestran la situación del Poder Judicial; pueden

ver cómo va aumentando el gasto público para el año 2009. Costa Rica es uno de los países que tiene mayor costo promedio de procesos.

Vean, aquí que en dólares son

$539, porque tenemos una pésima gestión para resolver los procesos judiciales. Está el gasto de justicia por habitante, donde también está consumiendo el gasto de justicia.

Nuestro país es el que tiene más

jueces por habitante y por kilómetro cuadrado. Sin embargo, es el país que está produciendo menos. En producción, el Poder Judicial está muy mal y por eso está con este tipo de motivaciones, para ver cómo logramos la gestión rápida y ágil,

de acuerdo con lo que dicta la Constitución Política. En cuanto a la tasa de dependencia, vemos

que cuanto más esta se aleja del uno, significa que el retraso es menor. Sin embargo, aquí empieza a bajar la tasa, y la resolución donde cada vez se está resolviendo menos y la tasa de dependencia va aumentando porque se va alejando del uno. Eso genera que en el ciudadano se den un montón de casos abandonados; el ciudadano se agota, se cansa del sistema y abandona el proceso. Esta es la radiografía que teníamos al año 2009.

Se empiezan a hacer diagnósticos de cómo

estaba el consumo de papel. El presidente de la Corte, Dr. Luis Paulino Mora, es uno de los grandes inspiradores de este programa. Él, en sus discursos de apertura del año judicial −el Dr. Rafael González tuvo que haberlo escuchado−, se quejaba de cómo el consumo de papel estaba afectando el presupuesto del Poder Judicial.

Vean la exageración del año 2008 al 2009. En general, del 2005 pasamos, en el inicial es

lo que se presupuestaba en papel, de 329 millones de colones se aumenta a 802 millones de colones, y el devengado es lo que se gastó: de 257 millones de colones subimos, en el 2009, a 945 millones de colones en gasto de papel. Solamente este tipo de papel, papel cartón impreso, era algo exorbitante.



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Se hizo un estudio de cuántas resmas de papel se habían consumido y se llegó a la conclusión de que en el 2009 se consumieron 52.443 resmas de papel de 1.000 hojas, lo cual representó una derogación de 249 millones de colones, solamente en resmas de papel. Al tipo de cambio del dólar ahora, 249 millones de colones significan casi medio millón de dólares y la tala de 6.169 árboles que propició en el Poder Judicial, solamente por el consumo de resmas de papel.

El Poder Judicial es una institución con

ámbitos: el administrativo, el jurisdiccional, que lo integra toda la parte de Administración de Justicia; los jueces; el OIJ, que es un ámbito auxiliar; la Defensa Pública y el Ministerio Público. En el área administrativa estaba uno de los mayores porcentajes.

Se hizo un estudio antes de crearse el

programa, que, como les recuerdo, se inició en marzo del 2010, y solamente de enero a marzo del 2010, cuando ustedes ingresan a los edificios del Poder Judicial, encuentran un staff de fotocopiadoras, los cuales son servicios contratados por el Poder Judicial. Ese estudio representa lo que pagó el Poder Judicial a estos señores contratados. Aquí está por fuera lo que se gastó en ir a sacar fotocopias, donde no teníamos ese servicio contratado; solamente en tres meses representó el pago de 18 millones de colones, aproximadamente, y la tala de 190 árboles.

Con el papel, la Justicia –les decía a ustedes– no se resuelve de manera oportuna. Es un

obstáculo para realmente cumplir con el mandato constitucional de una justicia pronta y cumplida; el papel lo ha impedido, la cultura que ha generado el papel, el proceso escrito. Se ha violentado el principio de inmediatez y las políticas de oralidad de los procesos. El uso de papel ha permitido que en la manipulación de las causas se ordenen actos procesales innecesarios; por ejemplo, si yo les preguntara cuál ha sido su experiencia en el servicio de justicia, muchos dirán “fatal”, porque de pronto un litigante cambiaba la dirección para recibir notificaciones; entonces, ya en el papel se dictaba una resolución, se toma nota y la nueva dirección para las notificaciones, lo cual generaba un costo grande para la Justicia, porque era notificar a las partes; el notificador tenía que ir y se presentaba un retraso en el expediente. Todos estos actos innecesarios son los que han hecho que el proceso del expediente en Costa Rica sea tan caro, más de $500, y el papel carga el presupuesto de los poderes judiciales.

La jerarquía inicia con la preocupación antes de la creación del programa, a raíz del alto

consumo de papel; es decir, se origina el interés de la Presidencia en promover una política de reducción del consumo de papel. En este sentido, la Corte Plena, en sesión N.° 16-09 celebrada el 1.° de mayo de 2009, artículo XXI, aprobó las “Medidas para la Contención del Gasto”. Una de las medidas, con el propósito de disminuir el consumo de papel, dice:

“(…) 16. Con el propósito de disminuir el consumo de papel, se deberá potenciar el uso de los medios electrónicos de comunicación, tal y como lo autoriza el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al efecto se establecerán políticas de uso restringido del papel tanto en la tramitación judicial cuanto en la administrativa, incentivándose prácticas de cero papel y un uso intensivo de las bases de datos con que se cuenta y del correo electrónico institucional.



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Este fue el primer antecedente. Luego, sigue el Departamento de Planificación. El 6 noviembre de 2009, este

departamento emitió un informe sobre la necesidad de ejecutar políticas de simplificación de trámites administrativos, a nivel interno, de reducción del uso del papel y la utilización de los sistemas de comunicación internos.

En enero de 2010, el Consejo Superior, inicialmente, se constituye como Comité

Coordinador Institucional para la reducción del uso del papel. Ya para febrero de 2010, un mes antes de que se inicie el programa, la auditoría hace un análisis de la razonabilidad de las acciones institucionales relacionadas con tecnología. Este informe de auditoría casi que llega a la conclusión de que el impacto de la tecnología es mínimo; seguimos apegados al papel a pesar de que se tenían bastantes herramientas tecnológicas que podían haber permitido una reducción de ese gasto.

El 8 de marzo es cuando el Comité realiza su primera reunión y le cambiamos el nombre a

Programa de Cero Papel. La Comisión está estratégicamente integrada. En cada ámbito del Poder Judicial tenemos

cuatro personas, un coordinador, y un integrante del Consejo, que es mi persona, y es el coordinador general de este programa; nos reunimos cada tres semanas con los coordinadores. Además, el programa está monitoreando datos constantemente, que es algo muy importante, porque eso va generando la cultura, y se les pide a los administradores datos mensuales de cuánto está consumiendo cada Circuito en papel, cuánto consume cada Circuito en fotocopias; hay control de impresiones.

El compromiso del programa se inicia con un grupo de personas que asumimos el

liderazgo y el desarrollo de políticas y estrategias que eliminen el uso del papel y el apego a la escritura. Con esto, queríamos no solamente generarle un beneficio al ambiente y reducir el presupuesto en gasto de papel, sino que el desarraigo del papel constituyera, para la persona usuaria, un fortalecimiento de sus derechos, porque con la eliminación del papel estamos orientando el proceso hacia una mejor gestión judicial.

Fomentar el uso de la tecnología, la oralidad, reducir costos para la Justicia y colaborar

con el ambiente, entre otros. En cuanto a la conexión de la política con las herramientas tecnológicas, cuanto menos

papel tengamos, menos usuarios van a estar en nuestras oficinas pidiendo datos; por ejemplo, la tecnología nos permite ahora suministrar la información de manera digital. Entonces, logramos menos presencia de los abogados en los despachos. Actualmente, tenemos varios despachos electrónicos y ya los estudios han demostrado que todo se hace por gestión en línea; con una clave que se le da al abogado, él puede ingresar al sistema y enterarse inmediatamente de que la contraparte presenta un escrito, qué tipo de escrito es y todo. No sé si don Rafael González ha tenido la experiencia, pero siempre, como les dije humildemente, escucha uno quejas.

Yo soy, en el Consejo Superior, la representante de los litigantes; estoy nombrada por

medio del Colegio de Abogados, y esta semana tuve una reunión en el Colegio de Abogados con la Junta Directiva, y siempre hay quejas, de que la “clave no me sirve”. Con la tecnología



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siempre tenemos problemas, pero eso no debe generar un obstáculo para conocer cuáles son los beneficios que nos va a generar.

Se mejora la gestión del expediente, se eliminan los formalismos del proceso escrito para

mayor agilización y eficiencia en los procesos jurisdiccionales, administrativos, economías presupuestarias e impacto positivo; mayor transparencia; una justicia pronta y cumplida, con plazos más razonables; es el complemento del Pacto de San José, que es un tratado internacional que nos obliga a nosotros a dar una justicia pronta y cumplida.

Vean la radiografía de lo que es un despacho

con papel y lo que es una oficina sin papel. Ese fue el objetivo del programa: generar este cambio y decirle al servidor judicial que también hay otros beneficios que le trae la eliminación del papel. Hay mayor armonía en el ambiente laboral; el papel hace que provoque problemas de salud, como alergias en las manos o la rinitis; en el ambiente de trabajo, a veces tenía que llegar uno y brincarse los expedientes. Todavía hay espacios así, pero definitivamente genera hacinamiento.

Objetivos específicos

• Campañas de sensibilización y capacitación. Ahora les voy a pasar, más o menos, cómo han sido estas campañas. Ya hemos tenido

dos campañas: una a finales del 2010 y otra este año, para generar la sensibilización.

• Informar sobre las herramientas tecnológicas, lo cual significa que habrá varias cápsulas remitidas.

A veces, tenemos la herramienta tecnológica y, tal vez por vergüenza, por temor, no la

utilizamos, porque en el fondo no sabemos, no estamos bien informados de cómo utilizar esa herramienta tecnológica; a veces, la capacitación no ha sido suficiente.

• Generar protocolos o manuales digitales sobre cada herramienta tecnológica

Por ejemplo, usted está a las ocho de la noche en su oficina y le falló la herramienta

tecnológica; entonces, que pueda tener el manual digital de qué es la situación que se le está generando, algo que todavía no existía y que está en elaboración.

• Conocer y controlar las causas que generan la resistencia

Darnos cuenta de si es por desconocimiento, si es cultural, si hay un problema con la

herramienta tecnológica; es decir, que alguien esté detrás de este tema. Por lo general, las organizaciones se limitan a ponernos la herramienta tecnológica, pasa un informático y rápidamente nos explica y se va, pero nadie le da seguimiento. Eso era lo que sucedía, pero de pronto se va descubriendo que esa herramienta que le ha sido instalada, era utilizada por un porcentaje limitado de operarios y el resto no; eso es parte de la resistencia para poder controlarla.



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• Planes estratégicos y anuales operativos Actualmente, en el Poder Judicial es una política ya establecida, debe estar presente en el

Plan Anual Operativo (PAO) y en el plan estratégico de cada oficina judicial. En el PAO tienen que existir al menos dos acciones relacionadas con la eliminación del papel en esa oficina. Ya es una política cuyo incumplimiento generará hasta, si es del caso, un procedimiento disciplinario, porque ya es una política y una obligación la incorporación.

• Sustitución de formularios en papel por electrónicos

A veces, nosotros estábamos habituados a que pedíamos vacaciones y nos llevaban, por

ejemplo, un formulario de vacaciones: “fírmelo”; un trámite de carrera profesional: “tome, aquí está el formulario, fírmelo”, y lo veíamos como muy normal. Ahora estamos en la tarea de sustituir todos estos formularios que generan mucho gasto, ya que el papel de formulario es muy costoso, por digitales, a tal grado que ahora lo remiten a uno a concursos electrónicos para juezas y jueces; o sea, existe ya esa cultura de poder sustituir todo este tipo de trámites que antes era puro papel.

Yo no sé ustedes cómo estarán en ese tema, pero había que viáticos, que el formulario

para combustible, y le tienen nombres y números y a montones. Todo ese tipo de formularios que existían en la organización se están eliminando.

• Generar la reducción de gasto presupuestario

El banco de buenas prácticas se identificó, porque siempre ha habido esfuerzos aislados.

El Dr. Rafael González nos acompañó, inclusive, como parte del jurado en los concursos de “Buenas prácticas”; se han realizado dos de estos en el Poder Judicial y se revisaron estas prácticas, que fueron presentadas en su oportunidad para efectos de tener en el futuro un link, donde las diferentes oficinas judiciales, en la página, puedan revisar qué prácticas hay sobre buenas prácticas de la eliminación del papel y que participen en concursos de buenas prácticas. Es un tema interesante que tal vez el Dr. González, más adelante, les pueda comentar a ustedes cómo fue la experiencia de él como jurado en los concursos de “Buenas prácticas”. Las organizaciones se quejan de que nadie los motiva y que la creatividad se ha dejado de lado.

Esos concursos han generado que las oficinas empiecen a fomentar el trabajo en equipo y

a buscar en equipo, porque eso se valora en los concursos, que la práctica que estén presentando ya esté establecida en el despacho u oficina judicial y que haya sido elaborada por un equipo. Hemos perdido mucho el trabajo en equipo y es necesario rescatarlo en las organizaciones para generar el compromiso, un compromiso de identificación con la organización para una mejor gestión.

• Implementar indicadores de costo y consumo

También, ya se le ordenó al Departamento de Planificación que elaborara indicadores de

costo y consumo de papel, para que queden establecidos e incorporados en todos los indicadores y estadísticas que tiene el Poder Judicial. Se pretende, como Poder Judicial, ser pionero en este tema; pocos poderes judiciales lo han incorporado. El año pasado en Brasilia fui a exponer el programa –obtuvo un premio internacional–, para efectos de ver cómo se reproducen estas prácticas en otros poderes judiciales.



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Cuando nosotros como equipo de trabajo pensamos en la política, siempre decíamos que qué pereza, cuando nos hablan de política siempre uno se imagina un manual grandísimo. Entonces, nosotros dijimos que aquí tenía que ser algo que cada uno de ustedes salga por esta puerta y pueda decir cuáles eran las dos políticas y que se las aprendan. Vean que son dos políticas sencillas, que se quiere que cada persona de la organización las asimile y las comprende, porque ya se habían hecho varios ejercicios en el Poder Judicial de que se le preguntaba a alguien cuál es el PAO de su oficina, y no sabía; cuáles eran los valores de su oficina, y tampoco.

Entonces, por lo menos, en estas políticas, dijimos que debía ser algo sencillo y concreto

para explicarles; vean qué sencillas: la política uno es: Maximizar el uso de la tecnología en la oficina como medio para alcanzar una justicia sin papel. La política uno es simplemente el norte tecnológico, utilizar y optimizar las herramientas; la segunda, que es la más difícil, es: Fomentar en el Poder Judicial una cultura de no utilización del papel. Esta es la más difícil, porque tiene que ver con la actitud de las personas.

Algunas acciones de ejemplo: con la política uno, reforzar la cultura del uso de la

tecnología, para que en todo trámite que se lleve a cabo en el Poder Judicial se evite el consumo de papel, propiciando el uso de información en forma electrónica y prescindiendo de su posterior impresión. Al final de cuenta, pasaba que para asegurarnos de que alguien después no dijera, por ejemplo, que no se le mandó un correo, ese se imprimía. Ahora lo que se está tratando, como van a ver ustedes en la campaña, es que cada servidor sepa las funcionalidades y beneficios que le da el correo electrónico; a tal grado que, yo no sé en el correo electrónico de ustedes, pero en el del Poder Judicial se puede revisar si la persona lo abrió o no; se puede guardar en una carpeta electrónica y todo el dato queda ahí reservado.

Se establece que el correo electrónico es el medio oficial de comunicación. Antes pasaba

que se imprimían los informes de planificación, los informes de personal, lo cual es algo que también tiene que generar un cambio y que todavía el programa tiene que trabajar bastante, es uno de los grandes objetivos. No podemos seguir con una cultura sin papeles, una cultura digital, pero redactando igual como que si fuera un papel. Entonces, leemos un informe del Departamento de Planificación de 40 o 50 páginas o uno del igual del Departamento de Personal. Las personas, al trabajar de manera digital, tienen que desarrollar destrezas y habilidades relacionadas con la cultura digital; no podemos seguir pensando en lo digital con una mentalidad escrita.

Lo que hacía el Departamento de Planificación era que a los integrantes del Consejo nos

mandaban el informe digitalmente, pero para la Secretaría de la Corte iba impreso. Ya todo eso se estableció en que no todo es digital. Como nuestra experiencia en el Consejo Superior, que todo es digital, las agendas, las actas, el sistema con la Secretaría de la Corte, tanto para el Consejo Superior como para la Corte Plena; también, tratar de que en el intercambio de información con otras organizaciones distintas del Poder Judicial, se logre que todo sea de forma digital. En ese aspecto, todavía tenemos, por citarles un ejemplo, un obstáculo muy grande con la Procuraduría General de la República, donde todavía no quieren recibir notificaciones digitales; como programa, tenemos que coordinar reuniones, porque la Procuraduría es una de las grandes usuarias del sistema de justicia, como abogado del Estado, y los procuradores todavía se resisten a que se les notifique por correo, se resisten a utilizar la oralidad.

En el proceso de formulación presupuestaria, se determinó como directriz que no se

aprobarán incrementos en la compra de papel; es algo por lo que ustedes pueden empezar



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para generar cultura. Por ejemplo, ayer fue nuestra segunda reunión de presupuesto, ya para el 2012 tenemos un tope de incremento del presupuesto. A pesar de que ayer en revisión de algunas oficinas cuya formulación presupuestaria era hasta en números negativos, no había ni un crecimiento del 1%, revisando la partida de papel F74 “Cartón y suministros”, tenían un incremento de un 40%. Por eso, ayer mismo tomamos la directriz de que no se permitirá, a pesar de que el presupuesto de la oficina no supere el 9%, en esa partida, que es una partida del presupuesto determinada, un aumento del monto. Es un tema no de dinero, sino cultural.

Con esta directriz, también veníamos para el presupuesto del 2010. Cuando iniciamos las

uniones de presupuesto del 2011, se tomó la directriz de que a ninguna oficina se le iba a permitir aumentar el papel, que se iba a dejar el mismo gasto del 2009 para el 2010. Esta vez, lo que se está haciendo es que ya está la directriz de que a ninguna se le va a permitir aumentar, pero tomemos en consideración que ya la partida esta no sufrió aumento en el 2010, porque no se le dejó aumentar, al ser lo mismo del 2009. Ahora solamente se le va a permitir un aumento del 9% para efectos de crear esta cultura.

Por otra parte, el cambio de los formularios impresos por digitales potencia el desarrollo y

el acceso a la tecnología a lo interno con los usuarios, para facilitar sus trámites con el Poder Judicial. Por ejemplo, el uso de la videoconferencia, que es muy importante hacer uso de esta para efectos de agilizar los procesos o las reuniones. Hoy en la mañana, precisamente me llamó un litigante de Pérez Zeledón que quiere una videoconferencia con todos los litigantes de Pérez Zeledón, con mi persona, como representante del Consejo Superior; estamos tratando de desarrollar esa cultura a lo interno y a lo externo.

En cuanto a la gestión en línea, se refiere a todos estos procesos electrónicos que

tenemos, a tal grado de que el programa le solicitó a la Comisión de Accesibilidad que para generar la accesibilidad a los no videntes, el Departamento de Tecnología de la Información analice que en cualquier proceso judicial, sea este electrónico o no electrónico, con solo que una de las contrapartes sea un no vidente, ese expediente tiene que llevarse de manera electrónica, digital totalmente, para la accesibilidad.

Se quiere utilizar los medios virtuales, la agenda electrónica. ¿Cómo estamos con esta

cultura de la agenda electrónica? Bueno, se han dejado de entregar agendas en papel, porque si el sistema tiene la agenda electrónica, ¿por qué entonces los departamentos de Proveeduría seguimos comprando agendas en papel? Tenemos que generar la cultura de la agenda electrónica.

Para la firma electrónica de documentos, ya tenemos algunos con digital y otros con la

firma electrónica; la están utilizando los jueces en materia de cobros. En cuanto a las notificaciones electrónicas y citaciones, una estadística que solicitó el

programa al Segundo Circuito Judicial, donde hay un tribunal de cobro totalmente electrónico, nos generó que a pesar de que los litigantes litigan todo de manera electrónica, se están basando en una norma, la cual señala para notificación unos casilleros que tiene el Poder Judicial; entonces, ahí el gasto de papel es muy grande. La semana pasada me reuní con la jueza de ese despacho, y en la resolución inicial, como avances que tiene el programa, se le va a invitar al litigante a que señale un medio electrónico para ver cómo lo motivamos; también, se le va a indicar que hay una mejora en el sistema, porque los litigantes tenían mucho miedo de señalar cuenta electrónica por el temor a que el buzón esté lleno y quedar notificados. Ahora con el número de cédula y un código que les dan, pueden ingresar a la página web, a un



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escritorio virtual que hay, donde cada día pueden revisar, desde cualquier parte del mundo, a ver si fueron notificados en algunas de sus causas.

En el futuro, se quiere, con la agenda electrónica, si logramos que todos los despachos la

alimenten, que el usuario y los litigantes puedan revisar cómo está la agenda de audiencias, de juicios, de tal despacho, de tal lugar del país; todo, por medio de la agenda electrónica.

La segunda política es la parte cultural. Las campañas que se han hecho para incentivar

la cultura y las unidades de capacitación; esto es muy importante. Se está exigiendo, y ya se ha dispuesto así por el Consejo Superior, que todas las unidades de capacitación del Poder Judicial tengan que incluir en sus contenidos de capacitación el tema de la justicia sin papeles; o sea, qué necesita un defensor público para exigir una defensa buena, sin papales; qué necesita un fiscal para ir a un juicio con una computadora y hacer la acusación sin papeles. Esos temas serán asumidos por las unidades de capacitación para efectos de empezar a fortalecer la cultura en ese aspecto.

Las jefaturas de los despachos u oficinas deben velar porque se cumpla con las políticas,

con las dos acciones. Toda oficina judicial debe llevar un control estricto de fotocopias; ya las últimas fotocopias que se están adquiriendo, porque tampoco las vamos a desaparecer, tienen claves donde se ha generado un servicio común de centros de impresión en algunos lugares y estos tienen impresoras con un sistema por códigos; a través de esos centros detectamos, por ejemplo, en Heredia, me dieron la información de que un juez ordenó imprimir una ley completa, teniendo nosotros todo ese sistema costarricense de información jurídica, donde están todas las leyes digitales. Después, alguien había hecho la impresión de una tesis; entonces, inmediatamente, se generó el control, como parte de la cultura que se tiene que ir haciendo.

Muchos de los jueces y las juezas están acostumbrados a tener la impresora a la par; por

eso se les quitó la impresora. Ustedes no se imaginan el desastre que se generó todavía, porque todos argumentaban que no podían trabajar sin la impresora a la par y que les costaba mucho caminar unos cuantos metros; también, hablaron de la inseguridad, porque podía llegar cualquier persona y llevarse el documento, además de otros argumentos. En las zonas periféricas y en lugares donde todavía no se pueden organizar de esta manera, algunas oficinas judiciales cuentan con impresoras.

Voy a contarles algo que me contaron ayer, que no es responsabilidad del programa, pero

me tiene muy preocupada; no sé quién lo ordenó, no fue el programa. El auditor tuvo ayer una reunión con integrantes del Consejo y parece que está preparando un informe donde hay como 140 impresoras que se habían adquirido en el 2008, las que todavía no han sido distribuidas. El programa no se va a esos extremos; al menos, debieron haberse sustituido las viejas por las nuevas, pero nosotros como programa nunca lo hemos ordenado. Es algo del campo en el que estamos tratando de generar ese tipo de lineamiento; probablemente, alguien dio la orden, pero no fuimos nosotros; el asunto es que todo está más reglado ahora.

Estamos instaurando reconocimientos a las oficinas judiciales que presenten una

reducción significativa. Por ahora, el reconocimiento que estamos haciéndoles es contarles a otras oficinas judiciales que tal otra oficina lo logró; contar cómo pueden hacerlo todos.



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La conformación de la Comisión

generó que se hiciera un diagnóstico general. Recuerden que estamos por equipos y cada equipo del programa revisó cómo estaba su ámbito y cuáles esfuerzos estaban aislados, para tener un panorama completo.

Cada sector llevó a cabo un análisis de las

principales fuentes del papel; es muy importante que cada uno pueda detectar dónde está la principal fuente del papel, porque si hablamos de la Defensa pública, por ejemplo, podemos pensar que la principal fuente del papel son las fotocopias de los expedientes, lo mismo si hablamos del Ministerio Público. Es importante revisar cuáles son las fuentes que nos están generando mayor gasto en papel, para valorar soluciones que permitan su erradicación, y que generan un alto consumo.

Se trabajó durante cinco sesiones en

las políticas que les mostramos y se han emitido circulares relacionadas con la obligación de establecer controles sobre el uso de las fotocopiadoras, impresoras y de incluir objetivos acordes con las políticas cero papel.

Los administradores fueron un

contacto estratégico para el programa. La organización de la Universidad me imagino

que también deberá sensibilizar a quienes están en las sedes, para efectos de lograr que ellos asuman el liderazgo en cuanto al control, como el que les conté de Heredia, el cual fue por medio del administrador de Heredia, quien informó al programa, y así nos dimos cuenta de esas situaciones. Hay oficinas judiciales con las que, lamentablemente, todavía tenemos problemas con el acceso a Internet e intranet, pero se debe a situaciones relacionadas con el ICE. Entonces, a falta de estas posibilidades, al menos que envíen los informes estadísticos en un CD, de manera digital, que de alguna manera lo hagan llegar, todas las estadísticas, todos esos tipos de informes que antes se mandaban en papel, inclusive en los que adjuntaban la hoja de elaboración, ahora todo se envían digital.



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La Defensa, el Ministerio Público, todos los ámbitos emitieron lineamientos de no autorizar fotocopias de los expedientes completos. A mi oficina llegaban bravísimos los fiscales, diciendo que ellos no podían, ni tenían tiempo, y yo decía qué dicha que el coordinador de la Fiscalía está haciendo algo, porque si no estuviera haciendo nada, nadie llegaría con quejas. Era muy difícil para ellos, porque, por ponerles un ejemplo, hay cosas que se hacen sin pensarlas, como automático. A un fiscal que de pronto le llegaba un proceso contravencional de 800 folios, donde lo que se estaba testimoniando como una pieza para el Ministerio Público era un pagaré, por decirles algo, el fiscal se limitaba a enviarle un oficio al juez contravencional y decirles: “por favor, mándeme fotocopia completa del expediente”; es decir, 800 folios, cuando de ahí lo que iba a ocupar era lo que cuestionaba la veracidad del pagaré, alrededor de unos 10 o 20 folios, por lo que los demás irían al canasto de la basura.

Se visita el Registro Judicial, por la cantidad de personas; yo no sé si ustedes pasaban

por ahí y veían un montón de filas de personas. Se conoce la causa y resulta que Migración había emitido una directriz; antes se le daban las certificaciones directamente a Migración de personas con trámites migratorios; de pronto, ellos dijeron: “no, vayan al Poder Judicial”. Con el programa se retomaron conversaciones con Migración y por dicha logramos que a las personas extranjeras se les enviaran las certificaciones digitales, mediante un correo . Además, se tenía la costumbre de que cualquier persona ciudadana costarricense que llegaba a pedir las certificación de delincuencia, porque las piden en los trabajos, decía: “es que necesito tres, una para el Poder Judicial, otra para la UCR”; ahora no, porque se le da solamente una y se le dice al usuario que cuando vaya a los diferentes centros de trabajo lleve el original para que se lo confronten con una copia. Solamente eso nos generó un ahorro increíble y ahora van a ver los resultados.

Prensa y comunicación han sido un resorte importante. Yo creo que los comunicadores

tienen que elaborar una estrategia para esto, porque nosotros no tenemos esa formación, esa estrategia, y hemos tenido mucho apoyo de ellos. También, tenemos un plan piloto, lo cual es importante, y lo tenemos en Grecia, donde hemos ido a hablar y Grecia está demostrando que realmente podría eliminarse bastante el papel. Tratamos de estarlos monitoreando constantemente, y lo que les había dicho de las personas no videntes.

Solamente el OIJ identificó formularios impresos que tenían treinta controles

administrativos, y de ahí determinaron inmediatamente que veinte eran digitales, y están viendo a ver cómo logran hacer digital los otros diez, de los cuales algunos están relacionados, por ser material penal, con el tema de la firma digital.

En el 2009, el OIJ elaboraba una especie de

boletines informativos. Solamente cambiar del papel cuché, que generaba mayor gasto, a un papel corriente les generó el ahorro de 50.000 hojas menos que se consumieron. Solamente para el 2010, los primero nueve meses, ya se habían consumido 6.000 hojas, cuando el año anterior se habían consumido 56.000 hojas.

Para mostrarles las campañas que hemos pasado. A

todos los correos electrónicos, de todos los servidores y servidoras judiciales, se enviaban información sobre cuál era el programa, los objetivos, el



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compromiso. Esta presentación les gustó mucho, como que ahí les impactó mucho la representación del gasto en árboles, porque a veces la resistencia es más por falta de información que por no querer hacerlo. Entonces, si no logramos el compromiso a través de la información, yo creo que es la mejor fuente que se puede lograr para tener aliados y personas comprometidas: la información es la que genera el compromiso, la participación.

Recuerdan la parte en la que les dije que la

parte cultural que estamos tratando de combatir es el tema de cómo hacer el uso óptimo de las herramientas que tenemos. Aquí, como parte de la campaña, se les pone el Programa Cero Papel, cumpliendo con su objetivo de informar sobre el uso y las diferentes opciones que proporcionan las herramientas tecnológicas, se les indica cómo puede usted utilizar el corrector ortográfico. Entonces le va explicando todo, dónde posicionarse y todo es una especie de capacitación, como parte de la sensibilización mediante capsulas.

La segunda cápsula para utilizar el

corrector ortográfico de un programa nuestro, que es el PJEditor, ahí se le va explicando; sobre el OpenOffice, sobre las diferentes herramientas tecnológicas; también se les fue explicando cómo utilizar la agenda en el correo electrónico, prensa y comunicación nos ayudan; en otros sistemas, cómo utilizar la agenda, también; se les expone todo así en pedacitos, todo gráficamente, para que puedan guardarlos de forma digital y conservarlo para efectos de utilizarlo. Esa fue la primera campaña.



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La segunda campaña giraba

sobre cómo motivamos a esta oficina, donde una oficina del OIJ logró reducir el consumo de papel, durante el primer semestre del 2010, en 123 700 hojas y evitó la tala de 15 árboles, y continuarán ahorrando. Esta es una manera de motivar a las oficinas que se van destacando en el programa; esta información se pasa por todos los correos electrónicos, como una especie de circular.

Aquí fue de la Corte plena sobre la tramitación de expedientes judiciales mediante

sistemas informáticos o nuevas tecnologías. Las medidas de contención del

gasto fue otra de las circulares de las que les hablé. En estas medidas de contención del gasto, vean qué importante donde se restringirá la compra de fotocopiadoras, las que solo serán adquiridas con autorización expresa y debidamente fundamentada por el Consejo Superior. También en el punto 17, que era el párrafo que les había leído, sobre las áreas comunes de impresión. Estas medidas fueron una base importante para empezar a lograr resultados.



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También se les informa sobre el uso de

la firma, los despachos electrónicos. Está la obligación de incorporar e identificar en los planes de trabajo, en los PAO, acciones relacionadas con los temas de valores, género, accesibilidad, cero papel y control interno. Es obligatorio para todas las oficinas.

Esta es la solicitud para el sistema de

juzgamientos del Registro Judicial, se les informa a todos cuál es el trámite y cómo lo pueden hacer.



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Aquí vemos la parte de beneficio; vean qué interesante este cuadro, donde ¿recuerdan cómo había aumentado el consumo al 2009? Al 2010, logramos bajar de una ejecución en el presupuesto de 945 millones de colones a 673 millones de colones, lo que nos significó en el 2010, solamente por ese tipo de papel, 271.994 colones.

En cantidad de fotocopias reducidas,

también vemos cómo se logra reducir. Vean la reducción de 5 millones y resto de fotocopias a 4 millones; se redujo en un 1.235.179 fotocopias que le generaron al Poder Judicial un ahorro de 12.961.000 colones y se salvaron 145 árboles.

En la cantidad de resmas de papel

despachadas por el Departamento de Proveeduría, se me olvidó contarles que este departamento, a pesar de que el presupuesto en esta partida, que fue el acuerdo que se tomó ayer de que no se va a permitir mayor aumento del 9%, el Departamento de Proveeduría nos ha ayudado en el programa donde está entregando un 25% menos de papel a cada oficina. Nadie ha gritado, entonces significa que podemos vivir sin el papel.

Vean aquí cómo va disminuyendo la

tasa de consumo por año, vean cómo estábamos en el 2008, de 22 594, como la variación que se tenía, a 15 625; pero en el 2010 pasó a 1.225; o sea, la tasa de variación se reduce. Esperamos llegar a número negativos; ojalá que para el 2011 se las podamos mostrar con esos números.



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Esto es por ámbitos; en la

Defensa Pública. A raíz de circulares que emitieron, lograron reducir el consumo de fotocopias; ahí están los datos expresados en el ahorro que significó en colones, en cuántas hojas menos consumieron y de cuántos árboles se lograron evitar la tala: 154 árboles.

El Registro Judicial, que era el que les

contaba, de donde se sacan las hojas de delincuencia, con la coordinación con Migración, dejaron de atender 2000 personas menos por ventanilla; el promedio diario que era de 8000 personas bajó a 6000 y se pasó a entregar tres certificaciones. Con solamente ese dato de 6000 hojas que se consumían, se pasó a 2000 hojas diarias, aproximadamente; ese gasto era diario en todas las oficinas del Registro Judicial del país. Esos permitieron un ahorro del 22% en comparación con el año anterior, en 241.000 hojas. Vean cómo bajan en el gráfico.



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En el Ministerio Público, con las directrices, estas oficinas específicas tomaron algunas medidas como: centralizar los vistos buenos para el fotocopiado por servicios externos, con un límite de copias; si se excedían de ese límite, necesitaban el visto bueno, lo cual significaba que si el fiscal estaba poniendo el expediente completo, se le preguntaría por qué o para qué lo necesita. Se les facilitó a las oficinas de la Fiscalía los escáneres, para escanear documentos. Comenzaron a escanear expedientes paralelos y se les dijo a los despachos que cuando los fiscales les pidieran una fotocopia completa del expediente, no se las dieran, que informaran y que les indicaran al fiscal que por favor revisara los folios que realmente necesitara

de ese expediente, ya que el despacho era el que tenía la carga y el fiscal casi le exigía que le sacara la fotocopia completa del expediente y me lo certifica. Ahora ningún juez le certifica un expediente completo a un fiscal, solo se les certifican aquellos que necesiten.

Vemos aquí cómo el control en la cantidad de impresiones implicó un descenso entre el

primer y el último bimestre, entre enero-febrero gastaban 251.000 hojas y baja a 168.000 en noviembre-diciembre, además del ahorro en colones, reducción de papel en 83.000 hojas, 354.000 colones y se salvaron 10 árboles.

En cuanto al Organismo de Investigación Judicial, con los boletines informativos que les

contaba. La digitalización de los formularios, los beneficios que obtuvieron y alcanzaron reducir, en 6 meses, el consumo de papel a 123 resmas de hojas, las cuales son 123.700 hojas y salvaron uno 15 árboles.

Si logramos implementar la firma electrónica o la firma que no es electrónica, pero que la

hacen también, con solamente la implementación de este tipo de firma se generó un ahorro increíble, porque por cada notificación que firmaba un juez eran, por lo menos, 3 folios. Al hacerlo con la firma electrónica, se logró reducir el gasto de papel en 16.986.947 colones, por documentos firmados de esta manera. Se dejaron de imprimir 639.213 documentos.

Este es el plan piloto que teníamos

en Grecia, en los Tribunales, donde ven cómo hemos ido reduciendo. Vean el tema de fotocopias, está llegando casi a números negativos. Esperamos, donde hemos logrado reducir bastante el tema de las fotocopias, reducir también en impresiones, y en el uso de papel va bajando el consumo. Han dejado de utilizar 10.634 hojas por el momento.



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Estos son datos generales de lo que le hemos presentado donde algunos se destacan. Con la suma de estos beneficios se lograron reducir 972.356 hojas y se salvaron, aproximadamente, 115 árboles.

Lo de la experiencia en Brasilia ya se los conté, donde el Programa fue seleccionado y

premiado por el CEJA para ser presentado en la Feria de Tecnología del VIII Seminario Internacional de Gestión Judicial, que se realizó en Brasilia (Brasil) en noviembre de 2010.

Actualmente, tenemos despachos, lo que

es un Poder Judicial, sin papel. Ya por dicha tenemos despachos que son totalmente electrónicos.

En el Segundo Juzgado de Cobro, recién inaugurado, las pantallas que se están adquiriendo son de 19 pulgadas, para poder leer documentos como si fueran un libro y poder ver dos documentos a la vez, lo cual facilita la revisión. Esa era una de las quejas que había, que tenían que estar saliendo del documento para poder ver otro; entonces, se están adquiriendo ahora, en todo lo que se está implementando, este tipo de pantallas.

Hay una reflexión: “Los tiempos cambian y también las

necesidades sociales. Hay que repensar formas para enfrentar los desafíos actuales de los poderes judiciales, donde el mayor reto está relacionado no solo con reducir la duración de los procesos, sino también con la despapelización de la justicia.”

Tal vez, sería bueno contarles rápidamente nuestra

experiencia en el Consejo Superior. Ustedes saben que la Secretaría de la Corte es la que genera ese centro; ellos hacen toda la labor de la organización de las agendas y ejecución de acuerdos, tanto de Corte Plena como del Consejo Superior. Tenemos un sistema que se llama el SICE, en la Secretaría de la Corte, que es el Sistema Integrado de Correspondencia Electrónica; ahí no se permite ningún documento impreso. Si por A o por B llegó un usuario, lo que se hace es escanear el documento para incorporarlo al sistema; todo el personal de la Secretaría le lleva la ruta al documento. El sistema está adaptado a las necesidades de la Secretaría y, aunque parezca mentira, empezó como parte de una tesis de grado de un compañero judicial y la implementó en la Secretaría, y ha sido tan buena la experiencia que ahora se va a implementar en el Departamento de Personal y en otros oficinas.



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Este sistema hace que nosotros, los integrantes del Consejo, sesionemos y no se vea ni un solo papel; somos totalmente cero papel, tanto en la Corte Plena como en el Consejo Superior. Sesionamos igual que ustedes, dos veces a la semana, y nos emiten las agendas y las actas, por ejemplo del martes, el viernes en la tarde; nos mandan por correo el acta y la agenda y el lunes en la tarde nos están mandando la del jueves. Entonces, cuando llegamos a la sesión ya todos hemos leído, vamos leyendo ahí para el tema de los acuerdos. Para las actas nos hemos organizado de manera interesante, porque, a veces, revisar el acta nos consumía mucho tiempo de la sesión. Entonces, cada uno tiene el compromiso de que cuando se lee el acta cada uno manda, de forma digital, las observaciones a todos los integrantes; a menos de que haya algo de fondo qué discutir, lo llevamos a la sesión; si no, van viendo las correcciones de forma y prácticamente se aprueba el acta. Antes, a veces, nos consumían unas actas de 300 o 350 páginas, con sesiones de una hora u hora y media, viendo las observaciones de cada uno; ahora todos lo hacemos digital.

Nuestras agendas son muy grandes y es algo en lo que todavía no estamos muy bien. Por

cada sesión de Consejo, por ejemplo la de este martes, fue de 349 páginas la agenda, más los asuntos fuera de agenda que siempre hay; nos hacen una sesión grande; todo mundo quiere consultarle todo al Consejo Superior y quiere que le resuelvan todo. Esa cultura hay que eliminarla, porque las jefaturas también deben aprender a tomar decisiones y no solamente el Consejo.

Así que sesionamos cero papeles totalmente y en nuestras oficinas también todo es por

computadora. Claro, tenemos un sistema especial que nos acaban de instalar, que es una maravilla, en el que yo puedo estar en mi casa y es como si estuviera en mi escritorio trabajando; todo lo que es Intranet, lo que es correo electrónico; todo me sale. Antes teníamos el problema de que uno llegaba a la casa, se conectaba, tenía conectividad; se ponía uno a limpiar correo y de pronto llegaba otra vez a la oficina y todo el correo que había leído le aparecía como sin leer. Ahora tenemos este sistema que nos permite trabajar como si estuviéramos en el escritorio y en la oficina; eso –probablemente– también va a facilitar el teletrabajo.

Ya tenemos la primera experiencia de teletrabajo; hay 15 personas que se iniciaron con

un plan piloto de 15 días para trabajar en sus casas; entre ellos, algunos letrados. También se está analizando aplicarlo a algún juez o jueza que en algún momento requiera y que no tenga audiencias programadas. Eso, probablemente, en el futuro nos va a generar la disminución en el consumo de energía eléctrica.

A la par del Programa Cero Papel existe una comisión ambiental, coordinada por el

magistrado Óscar González, con objetivos muy diferentes. Nosotros estamos con el tema de la cultura, cómo logramos que haya menos papel, que se adquiera menos papel; ellos están con el tema del reciclaje, los recibos; están haciendo contratos muy buenos con Kimberly Clark, en el cual todo el papel que se está desechando en el Poder Judicial, que cada vez esperamos que sea menos, se le entrega a Kimberly Clark. Lo que es jabón, papel higiénico y demás, ellos nos lo dan como forma de pago para reducir el gasto en esos implementos de higiene.

EL DR. ALBERTO CORTÉS agradece a la Dra. Chaves por su exposición. Señala que la

intención es tener un intercambio de ideas con todos los miembros, por lo cual deja abierto, a partir de ese momento, el uso de la palabra para quienes quieran preguntar y sacar provecho de la visita de la Dra. Chaves.



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LA DRA. LUPITA CHAVES agrega, en cuanto al servicio de fotocopiado, que, por lo general, eran asociaciones de personas no videntes o ciudadanos que quería algún incentivo al poner al servicio del Poder Judicial la fotocopiadora.

Comenta que ya quebró la primera persona y le echan las culpas a ella. Comenta que en

Grecia esa persona mandó un oficio al Consejo de una resolución unilateral del contrato, porque él no conocía el Programa Cero Papel cuando decidió dar el servicio en Grecia. A raíz de la renuncia de esa persona, explica que se tomó el acuerdo de, en el futuro y actualmente, tratar de decirles que cualquier licitación de ese tipo que se vaya a hacer, en los términos de referencia, se indicará que el servicio no tendrá que ser estrictamente de fotocopiado, sino que tienen que darle el servicio al usuario para llaves de almacenamiento (maya), CD; todo lo que se requiera para apoyar el desarrollo digital.

EL SR. ROY VARGAS detalla que tiene dos preguntas. La primera se refiere al

escaneado. Comenta que la Dra. Chaves mencionó que cuando alguien ocupa una copia de un expediente muy grueso se le dan los folios, lo cual lo lleva a preguntar cómo en el Poder Judicial no hay un servicio de escaneado para que el usuario, interno y externo, pueda llegar y pedir un escaneo de algún documento.

La otra duda le surge porque él trabaja en un archivo, junto con varias compañeras, y

señala que hay plazos para que se eliminen ciertos documentos y así no abarcar mucho espacio en el archivo. Pregunta cómo están haciendo eso ellos, puesto que hay procesos muy delicados en los que apenas terminan no puede desecharse el expediente, porque después puede que se retome.

EL SR. JAVIER FERNÁNDEZ explica que tiene una inquietud y un par de preguntas.

Considera que es importante la reducción de la gestión administrativa y la reducción de los costos; sin embargo, de todo lo que la Dra. Chaves expuso, él vio ausente el factor humano. Pregunta si efectivamente hicieron algún estudio con respecto a la salud de las personas al tener que leer en los monitores, u otro tipo de afecciones que podrían surgir a nivel ergonómico, de espalda y demás, porque se pueden reducir costos administrativos, de legislación, de papel, pero se pregunta qué pasa con los otros costos, con los humanos.

Estima que el cambio podría aumentar la obtención de licencias, de programas, porque

necesitan mayor equipo informático, software y ese tipo de cosas. Lo otro es que pueden estar generando costos adicionales, puesto que podrían trasladando los costos administrativos institucionales a las personas, quienes podrían estar yendo no al médico de la empresa a solucionar sus problemas de salud, sino al sistema de salud externo, por lo cual también están externalizando costos.

Dice no saber si ellos hicieron un estudio o si está pensado ver esa relación de variables,

porque él solo vio una variable en todo el proceso. Señala que su interés es ver cómo se comportan las otras variables para ver si, efectivamente, el programa es exitoso en esa parte.

LA SRA. MAGALY GUTIÉRREZ aclara, en relación con lo manifestado por el Sr. Roy

Vargas, que ellos tienen una tabla de plazos de conservación de documentos. Se imagina que si se implementara un programa así, tendrían que valorarlo también, porque de manera electrónica se tiene que llevar un sistema de archivo con la valoración documental, igual a como lo llevan convencionalmente.



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Aparte de eso, detalla, a manera de comentario y tomando en cuenta que se debe potenciar el uso del escáner, que tienen una fotocopiadora que sirve de escáner y es más funcional escanear con esta máquina, pero, en general, no todos tienen acceso a escanear documentos; a fotocopiar, sí. Aclara que se puede escanear el documento, pero está direccionado solo a una máquina, cuando lo ideal sería que todos tuvieran acceso, sin necesidad de pedir permisos adicionales; de manera que si el compañero no está, el documento escaneado llegué directamente a la máquina de la persona que escaneó. Comparte que el día anterior tuvo que escanear un documento solicitado, pues lo necesitaban de inmediato, como estaba el compañero, al inicio, no tuvo ningún problema; sin embargo, él se fue a almorzar, por lo que tuvo que terminar de fotocopiarlo; esto hizo que entregara la información en dos partes: una digital y la otra en papel.

No estima conveniente que el acceso a escanear documentos en dicha fotocopiadora lo

tenga una sola persona; es posible porque él compañero se los facilita de inmediato para enviarlo por correo, pero si él no está, se produce un atraso en la atención al usuario; por lo tanto, considera pertinente que otros también puedan usar esa herramienta, de manera que se pueda accesar desde la computadora de cada funcionario.

Con respecto a lo de los plazos, señala que hace un momento estaba conversando con

una compañera del Poder Judicial y ella le dijo que en el Poder hay una comisión que está encargada de velar por los plazos para documentos digitales, lo cual es importante para que se cumpla con todos los requerimientos y no se elimine un documento, sin necesidad de pasar primero por todo el proceso de valoración administrativo-legal y científico –cultural que interviene.

EL DR. ALBERTO CORTÉS explica que agregará una opinión más, a cargo del Dr.

Oldemar Rodríguez, el experto en el tema de la seguridad y el respaldo. Cede la palabra al Dr. Rodríguez y le solicita que les cuente cómo han resuelto el tema. EL DR. OLDEMAR RODRÍGUEZ comenta que se habla del criterio remoto de un juez, un

tema bien delicado, porque se cuestiona qué tal si él se metiera a un escritorio remoto y ve el expediente de él y lo modifica; se cuestiona cómo logran garantizar que eso no suceda. Señala que los escritorios remotos de Windows han sido ampliamente violados, y todos, incluso los de Linux, que son un poco más cerrados.

LA DRA. LUPITA CHAVES se refiere a la pregunta del Sr. Roy Vargas. Le comenta que

cuando ella se refería a fotocopiar, se refería, por ejemplo, a que en un proceso judicial puede ser que se esté arguyendo de falso un documento, un pagaré. Explica que de ese pagaré, sí necesitan el documento, porque hay que hacerles pruebas grafoscópicas para determinar su veracidad. Explica que en esos casos se necesita, definitivamente, el documento impreso.

Señala que en el Poder Judicial sí ha habido la política de entregar escáner a todos.

Añade que siempre que solicitaron fotocopias se les manda escáner; ese es un dato que podría incorporarse en la presentación en el futuro; es decir, la cantidad de escáneres que se han adquirido en la Institución; comenta que no es uno, sino muchos y de diferentes tipos; explica que ha hecho una adquisición bastante fuerte en ese tema y se han distribuido por todo el país los escáneres. Señala que nada hacen con prohibir las fotocopias si no tienen otro medio para darle al servidor judicial.



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Explica que, efectivamente, están regulados por la Ley de Archivos Nacionales, que los obliga a establecer conexiones a lo interno de las organizaciones públicas de control y eliminación de documentos, además de establecer tablas de conservación de documentos. En ese tema, señala que no están muy avanzados; dice no ser informática, pero detalla que ya le hicieron la consulta a Archivos Nacionales, porque las preguntas que hace el Sr. Roy Vargas son las inquietudes que tienen muchos de ellos con el tema de conservación, cuánto tiempo hay que conservar un CD, o si será el CD, porque la tecnología va cambiando; en fin, qué será lo más adecuado.

Comenta que en ese momento sí tienen la oralidad, con videos de oralidad en material

penal y en materia contencioso-administrativa. Señala que subir un video a la red es algo muy pesado; sin embargo, detalla que en materia penal y en oralidad sí los tienen y se les entrega a los usuarios el CD. Detalla que hubiera querido venir con la compañera de Informática para que les explicara mejor.

Señala que la organización no tiene capacidad para que todos esos videos queden en un

sistema, por lo que han tenido que ir adquiriendo cada vez más servidores. Explica que lo que se está haciendo es guardar en CD la información. Detalla que hace poco se enteró de horrores, donde algunos expedientes civiles se están mandando al Archivo Judicial, en los cuales las sentencias han sido dictadas en la oralidad; se han grabado en un CD y algunos de esos se han quebrado. Comenta que sobre ese tema hay una fuerte discusión y están a la espera de que Archivos Nacionales, como ente rector, dé directrices en el tema. Explica que ya se le hizo la consulta por parte del Poder Judicial, hace alrededor de un mes y medio, y aún no han obtenido respuesta. Mientras eso sucede, señala que ellos van avanzando, tratando de que los muchachos de Informática se encarguen, y en Archivos Nacionales también ir estableciendo plazos de conservación en todo lo que es digital.

Sostiene que, sin ser experta en tecnología, es un tema que genera preocupación, por lo

cual es necesario definirlo y aclararlo de la mejor forma, porque en procesos judiciales se establece, por las tablas de conservación, un plazo de ciertos años y un porcentaje de expedientes que se conserva; no todo se guarda. También, señala que se ha establecido una política interesante de cómo devolver el papel al usuario. Comenta que en despachos judiciales, por ejemplo el Departamento de Personal, tienen un sistema que se llama Sistema 20-20, en el que, por ejemplo, el expediente de una persona como ella, con 27 años de estar en la Administración Pública, debe tener un expediente personal casi como un mamotreto, con ese sistema están digitalizando los expedientes personales de cada servidor judicial para devolvérselo a cada uno.

Comenta que esa práctica se está tratando de implementar en los procesos judiciales: una

vez concluido el proceso, el Poder Judicial no es un custodio de la documentación que se dio, pues los interesados son las partes; así, una vez concluido el proceso y teniendo el fallo en firme, se está implementando la práctica de decirle a la parte que el expediente judicial está a disposición para que se lo lleve. Detalla que así ellos, el día de mañana, en alguna situación relacionada con ese expediente, podrán hacer que la parte tenga, además del archivo digital que conserven, no es que se van a quedar sin nada, la documentación de aquel expediente que fue escrito y que se discutió en su oportunidad.

Señala que si fueran al archivo de ellos, verían que es una barbaridad, porque no caben la

cantidad de expedientes judiciales que hay que estar guardando. Por eso, explica que se han buscado mecanismos alternos para efectos de ir avanzando y que no se convierta en un obstáculo.



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En cuanto a la consulta que hicieron sobre la salud, comenta que el programa inició, más

bien, con una necesidad de atender el problema de alergias que existían. Señala que tuvieron un estudio de incapacidades, hecho por la Unidad Médica del Poder Judicial, que fue expuesto al Consejo Superior, en el cual se establece la estadística de enfermedades y cuáles son las mayores enfermedades que estaban atacando a los servidores judiciales. Detalla que en el tema de columna estaban muy mal; todo lo que es postura y problemas de columna; entonces, a raíz de ese informe de incapacidades, se tomó el acuerdo de que en el presupuesto del Poder Judicial, por ejemplo, de manera preventiva, que es algo que poco hacen las organizaciones, todos los años se iba a destinar un 5% del total que se tiene para compra de mobiliario de oficina, sin que la persona esté enferma, nada más por prevención, en equipo ergonómico. Detalla que ya van por el 10% o el 15% y la idea es llegar al momento en que todo el equipo que se adquiera sea ergonómico, para prevenir la salud.

Con el tema tecnológico, señala que todavía no han tenido estudios, ni existen

investigaciones que digan que van a generar daños colaterales a la salud. Lo que sí tienen claro es que, por ejemplo, ella llegó a un despacho judicial, un juzgado civil, que está en el I Circuito Judicial de San José, y los expedientes estaban carcomidos. Cuando ella les preguntó por qué estaban así, le dijeron que habían tenido que matar 28 ratas. Entonces, eso les deja ver que el papel genera ratas, alergias, problemas de hacinamiento en las oficinas, etc.; por eso, como primer mecanismo inmediato a futuro, ya cuando estén todos en la organización con el chip en la cabeza, cree que es muy atinente lo que les indicaban de determinar algún efecto colateral que pueda darse con la salud.

Comenta que por el momento se considera que, más bien, se está tratando de mejorar el

ambiente laboral; el objetivo es mejorar la gestión y el ambiente laboral, refiriéndose, por ejemplo, al polvo, las ratas, del hacinamiento y de otras cosas.

En cuanto al tema de la seguridad y el respaldo, explica que en esos momentos tienen

limitaciones con respecto al Facebook y al Twitter. Añade que el presidente de la Corte sí tiene una cuenta en estos medios, pero que los compañeros de Informática están trabajando para efectos de proteger el sistema, porque parece que con el uso de esas herramientas sociales se puede poner en riesgo el sistema del Poder Judicial. Comenta que hay un juez de Quepos que le decía que él quería tener una audiencia por Facebook una o dos veces por semana, pero que el sistema no se lo permitía. Añade que ella misma tampoco puede con su computadora utilizar el Facebook, porque han considerado que primero deben establecer seguridad.

Comenta que el sistema actual que se tiene de escritorio virtual es seguro, a tal grado que

con el número de cédula cualquier litigante que tenga expediente puede mandar escritos, revisar sus notificaciones, enterarse del escrito que la contraparte generó en el sistema, pero no puede modificar los datos, y el expediente se va haciendo de manera electrónica en ese despacho electrónico. Da como ejemplo el caso de las pensiones alimentarias en Alajuela, que son totalmente electrónicas, en las que la cantidad de usuarias diarias era muy alta y se ha reducido notablemente; además, señala que los procesos han tenido una reducción increíble en plazos. En materia contencioso-administrativa, por ejemplo de plazos de expedientes de 5 o 7 años, comenta que se ha demostrado mejora, a pesar de que todavía tienen retraso, porque se está tratando de reforzar el Tribunal Contencioso. Señala que el modelo tiene que estar madurando, y ha habido una reducción de plazos en procesos que se han resuelto en cuestión de 3 o 6 meses, cuando antes ese mismo proceso generaba para la Justicia un plazo de 5 o 7 años. Además, explica que está comprobado que al usuario no le importa si le resuelven bien o



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si le resuelven mal, en lo que están fallando es en dar respuesta ágil a lo que necesita el usuario.

EL DR. RAFAEL GONZÁLEZ agradece la participación de la Dra. Chaves. Señala que ya

conocía esa iniciativa desde hace tiempo, ese esfuerzo que estaba haciendo la Corte. Comenta que vio que uno de los gastos más altos en tiraje de papel que tiene el Consejo Universitario es La Gaceta.

Detalla que está preparando una posible declaración de parte del Consejo Universitario,

ya que Costa Rica se ha comprometido a ser carbono neutral para el 2021, en la que se diga que la Universidad, de ahí al 2021, será una universidad carbono neutral y será un ejemplo para el país. Considera que el Consejo Universitario puede ser pionero en esa línea y explica que en la reforma que está haciéndole al Reglamento del Consejo Universitario le añadirá algunas cosas que puedan ayudar con una iniciativa, porque eso no es tampoco de la noche a la mañana; sino es un proceso que se debe generar.

Señala que la Universidad de Costa Rica debe dar el ejemplo, y añade que luego les

pasará esa declaración que está preparando para ver si lo hacen como impulso para ellos, como Consejo mismo, y para la Administración, con el fin de ser una universidad carbono neutral. Detalla que ya existen esfuerzos en la Universidad, pero considera necesaria una declaración que así lo consigne, con ciertos aspectos que ya están en el Convenio regional sobre el cambio climático, en el Convenio internacional sobre el cambio climático, en alguna de la legislación, sobre la estrategia que tiene Costa Rica en torno al cambio climático. Le parece que ese esfuerzo se une muchísimo a los asuntos de cambio climático, porque por cada árbol que puedan salvar, están contribuyendo de una u otra forma.

Considera que es bueno que vayan conociendo todos esos esfuerzos, porque cree que la

Universidad hace esfuerzos, pero podrían ayudar a que sean mayores, y en eso, dentro de poco tiempo, señala que les pasará una declaratoria.

LA M.Sc. MARÍA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ agradece la exposición de las dos

compañeras invitadas. Señala que fue muy estimulante y muy desafiante la propuesta que ellas les presentaron, sobre todo, los resultados que ya están obteniendo.

Se refiere, de manera breve, a los aspectos que comentaba el Sr. Javier Fernández, en

relación con el posible traslado de los riesgos de trabajo, por llamarlo de algún modo, hacia otras órdenes. Comenta que la salud laboral es una construcción social y si le cambian los elementos con los que interactúan los trabajadores, así también estarán produciendo nuevos riesgos.

Señala que la Escuela de Tecnologías en Salud, de la Universidad de Costa Rica,

específicamente la carrera de Terapia Física, ha hecho varios trabajos de tesis relacionados con el uso de las pantallas de visualización de datos; uno fue en la propia Universidad; otro, en el Banco de Costa Rica. Detalla que tienen evidencia de que la compra de equipo ergonómico no es garantía, por una parte, de que las personas estén bien, porque las personas tienen diferentes dimensiones en los miembros superiores e inferiores y los equipos ergonómicos, si no son ajustables y no les enseñan a las personas a utilizarlos adecuadamente, no son garantía. Por otra parte, explica que la distancia en la postura del monitor, del mouse, el problema con el túnel carpal, hace que las personan deban tener una formación muy específica; además, encontraron que quienes tienen más riesgos y más malas posturas son los más jóvenes, porque, como bien lo dijeron, nacieron con el chip, por lo cual ellos están



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familiarizados a tener la computadora en los regazos, en la cama, en cualquier parte, y descuidan así su postura. Eso quiere decir que existe más riesgo de tener problemas posturales cuanto más jóvenes sean las personas, por lo cual los problemas de lumbalgias, dorsalgias y otro tipo de problemas relacionados con la columna, podrían aumentar.

Cree que, entonces, la Escuela podría, si se solicita, que algún proyecto o trabajo final de

graduación se ocupe de estudiar las particularidades en la Corte, como ya se ha hecho para el caso del Banco de Costa Rica y de la propia Universidad. Además, señala que hay que asesorar a quienes hacen las compras, porque no todo lo que se vende como ergonómico lo es realmente, porque no necesariamente son ajustables. Explica que si los equipos ergonómicos no son ajustables, una personas más pequeña, más gruesa, más alta o más flaca, por ejemplo, no va a poder hacer nada con una silla ergonómica, pues no podrá ajustarla; también, considera que hay que capacitar a quienes compran los equipos.

Comenta que entonces es una cadena de consecuencias interesante, porque la salud en

el trabajo es una construcción social y si se le cambian los elementos será necesario analizar cómo funcionan y afectan esos elementos para generar riesgos en la salud de las personas.

EL LIC. HÉCTOR MONESTEL les agradece la exposición, y le parece que la Universidad

ha venido haciendo esfuerzos por desarrollar una cultura amigable y en armonía con la naturaleza y el ambiente. Señala que, en ese esfuerzo, el Consejo Universitario ha tomado acuerdos en cuanto a políticas generales, de donde considera que la exposición que acaban de tener va a ayudar en mucho, incluso para valorar algunas medidas específicas y concretas que, como lo dijo el Dr. Cortés en la presentación, no sean solo para el funcionamiento del Consejo Universitario, sino de consideración institucional, como política.

A la par de las observaciones y las inquietudes que han planteado, especialmente la

última, la de la M. Sc. María del Rocío Rodríguez sobre salud ocupacional, que le llamó mucho la atención, le queda la inquietud sobre la correspondencia entre ese programa y la legislación procesal nacional, con el asunto de las pruebas, los plazos, etc.

Detalla que solamente quiere dejar la inquietud, porque ese no es el lugar para

solucionarlo. Pone un ejemplo que a él le alegra por la eficiencia procesal que tiene, pero que le preocupa también por la lesión a principios, como el de la defensa. Comenta que tiene una especialidad en asuntos penales y agrarios y que el día trasanterior recibió una notificación del Juzgado Penal de Limón, vía correo electrónico, a las una y treinta de la tarde, para una audiencia de medidas cautelares a las tres y treinta de la tarde del mismo día. Lo señala, porque no sabe si es el sistema, las instrucciones o las políticas las que están induciendo a eso; añade que si se está induciendo a ese tipo de celeridad procesal, deberían tener mucho cuidado en el Poder Judicial, porque se podrían estar lesionando principios fundamentales de los debidos procesos no solo en materia penal, como en ese caso, en donde se va a discutir una presión preventiva, sino en otros procedimientos de cualquiera de las jurisdicciones.

Hace el comentario, porque cree que es digno y oportuno haberlo comentado con todos. EL DR. OLDEMAR RODRÍGUEZ agradece la presentación, la que les fue de mucha

utilidad. Piensa que en el Consejo Universitario y en la Universidad deberían dar el ejemplo, aun cuando hay consideraciones de tipo de seguridad, porque si bien eso es cierto, la mayoría de los documentos pueden eliminarse.



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Se refiere a las actas como ejemplo, y señala que él nunca las revisa en papel; de hecho, para él es mucho más fácil verlas en formato electrónico porque, las búsquedas las pueden hacer más rápido. Detalla que la misma Gaceta ya la habían reducido un poco, pero que lo que pasa es que los reglamentos no dejan, aunque deberían ser ellos mismos quienes modificaran eso también para que, definitivamente, se elimine, porque en las decanaturas llegan a hacer bulto; para ellos mismos, al irlas a buscar, es mucho más fácil hacer una búsqueda electrónica. Con las sesiones, cree que deberían seguir el ejemplo y pensar en tener sesiones sin papel; añade que desde su caso, si le mandaran vía correo electrónico todos los expedientes que van a ver en un día y la agenda, no ocuparía el papel.

Considera que, tal vez, lo que hace falta es ordenarlo, que de verdad lo tengan el día

antes y no tengan que ir a la intranet, porque de pronto se le olvida, no pudo o no le dio tiempo; entonces, ya no lo tendrían. Comenta que una vez propuso un FTP donde esté una cuenta de cada uno y ahí esté todo, lo cual facilitaría el proceso.

Cree que pueden ir evolucionando hacia eso; efectivamente, señala que requeriría un

cambio y sería tener algún tipo de pantalla un poco más grande, porque para que sea mejor leer en libro electrónico que el libro en papel, se necesita, por lo menos, una pantalla de 19 o 20 pulgadas.

LA DRA. LUPITA CHAVES le comenta a la M.Sc. María del Rocío Rodríguez que el tema

de la salud ocupacional es muy amplio. Señala que ellos tienen por ley la obligación de tener por cada cantidad de trabajadores, médico de empresa. Al ser el Poder Judicial tan grande sería mentira decirles que están cumpliendo con la cantidad que se necesita en la organización, porque no, el tema del seguimiento a todo lo que es preventivo.

A raíz del informe de incapacidades, les comenta que el Consejo Superior les dio la

oportunidad a las unidades médicas de que contrataran servicios para efectos de establecer grupos de baile, por ejemplo, o se han contratado varias empresas donde se seleccionan los servidores que por sus incapacidades están generando, inclusive, problemas al corazón; también, hay convenios hasta con el Colegio de Abogados para darles clases de natación; se han buscado mecanismos donde todos los días hay una clase a las cinco de la tarde; hay yoga, baile, aeróbicos y todas estas actividades en las cuales la institución da la mitad; por supuesto, se hace un esfuerzo para pagarle al servidor la otra mitad, porque quien recibe todo gratis, tampoco le pondrá mucho interés. Explica que todo ese tipo de cosas, que en alguna medida son paliativas, se están buscando para mejorar la salud de los servidores judiciales.

Comenta que en el tema de salud ocupacional, ese porcentaje que se estableció es para

prevención, pero, también, para una persona que tiene un problema de columna, quien con el certificado médico del neurocirujano recibe un equipo específico y concreto; en algunos casos ha llegado hasta $1.500. Señala que para eso no hay un tope y quien se encarga de generar todas esas solicitudes es, precisamente, el Departamento de Salud Ocupacional.

Explica que para realmente tener una gestión humana, porque el mayor capital que tiene

una institución es el capital humano, hubo una reestructuración en el Departamento de Personal con una sección de Gestión humana, que es algo a lo que las instituciones le han dado poca importancia y se han limitado a dar capacitaciones de tipo académico, la cual está generando otro tipo de capacitación relacionada con la salud, donde se sacan de las oficinas servidores judiciales y se les da, por varios días, el tema de cómo tener una buena salud. Aparte de eso, detalla que, en esa reestructuración, salud ocupacional pasó a ser parte de Gestión humana, con todo el tema de capacitación relacionada con el mejoramiento de la



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persona como tal. Por ejemplo, se refiere al tema de la capacitación distinta; tienen hasta capacitación de tipo virtual, de cómo mejorar la atención al usuario; esa unidad participa en todos esos temas relacionados con cómo debe mejorar la persona, cómo debe bajar el estrés. Añade que sobre el tema del túnel carpal han hecho unas cápsulas muy buenas que generan toda la información.

Señala que toma nota del ofrecimiento; le parece muy importante lograr, con una tesis,

evaluar, desarrollar y avanzar un poco más en ese tema. En relación con el comentario del Lic. Monestel, exterioriza que es muy lamentable el

haber recibido esa notificación. Señala que esas situaciones ocurren y le solicita el dato para verlo con más detenimiento. Detalla que el programa está apuntando a que, más que reformas legales para mejorar la gestión de los procesos judiciales, se necesitan reformas mentales, y ese es uno de los lemas, porque si se quedan cruzados con la maravillosa Asamblea Legislativa que tienen, no van a avanzar nunca por estar esperando la reforma legal para mejorar los procesos, siempre y cuando no se violente el debido proceso como corresponde.

Detalla que es un tema que, como les dijo al inicio, están tratando de mejorar y siempre

encontrarán a los usuarios con algún tipo de situación que, como integrante y representante del Consejo Superior, se compromete a valorar. Añade que cuando detectan situaciones así, por lo menos, es la obligación mínima hablar con el despacho correspondiente, ver qué pasó e informarle al usuario sobre el caso concreto, aunque sea un tema de fondo en el que tenga que involucrarse, pero ese es meramente administrativo.

EL DR. ALBERTO CORTÉS agradece a la Dra. Lupita Chaves por la presentación, por la

visita, y a todos los miembros por las intervenciones. Comenta que como horizonte, la Universidad ha ido estableciendo algunos lineamientos

que apuntan en esa dirección, pero definitivamente la presentación que ellas han hecho, y sobre todo lo que están haciendo en la Corte, es una fuente de inspiración con una referencia concreta. Considera que, a partir de ese momento, todos se llevan una visión distinta y cree que parte de lo que provocó quienes escucharon esa primera presentación cuando estuvieron en la Corte, fue empezar a pensar cómo pueden en concreto economizar papel, cómo pueden potenciar más el uso de las nuevas tecnologías para poder hacer eso. Añade que lo que convendría en ese momento es darle seguimiento, establecer una comisión institucional que ayude a pensar e implementar acciones concretas para avanzar en esa dirección.

Acepta que el reto mayor es el reto cultural; señala que todos los cambios que tiene que

hacer se están dando con o sin cero papel, por lo cual tendrán que adaptarse a una nueva realidad, que es una realidad con un cambio tecnológico profundo, por lo cual ese es un buen momento para que reflexionen sobre todas las consecuencias que tiene esa transformación.

Les agradece a todos y les comenta que con eso están agotando el tiempo, tal y como lo

habían acordado, para recibirlas a ellas ahí. Espera que sigan en contacto en el futuro por las dos vías para fortalecer ese tipo de políticas institucionales.

LA DRA. LUPITA CHAVES señala que queda a las órdenes de todos y que deja unas

tarjetas para quienes estén interesados o para cualquier situación que necesiten.


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Comenta que, en el momento que requieran, pueden conversar los de Informática con la parte de Informática del Poder Judicial, para que les cuenten y les evacuen las dudas o situaciones tecnológicas que se les puedan presentar.

Les ofreció que pueden hablar con una de sus informáticas, Kathia Morales, para que se

pongan en contacto.

A las doce horas y cincuenta y siete minutos, se levanta la sesión.

Dr. Alberto Cortés Ramos Director

Consejo Universitario

NOTA: Todos los documentos de esta acta se encuentran en los archivos del Centro de Información y Servicios Técnicos, (CIST), del Consejo Universitario, donde pueden ser consultados.

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ACTA DE LA SESIÓN N.° 5516