AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8146/2018 QUEJOSA ......AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8146/2018 2 En sesión de treinta de octubre de dos mil dieciocho, el referido órgano colegiado dictó

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8146/2018 QUEJOSA: PRIMERO COMPAÑÍA MINERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE RECURRENTE: MIGUEL SALAS MÁRQUEZ (TERCERO INTERESADO)

PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS SECRETARIA: GABRIELA ZAMBRANO MORALES ELABORÓ: MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ ANDIÓN

Vo. Bo. MINISTRO:

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ________________.

COTEJADO:

V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de abril de

dos mil dieciocho ante la Oficialía de Partes de la Junta Especial

Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Primero

Compañía Minera, sociedad anónima de capital variable, por conducto

de su apoderado, promovió juicio de amparo directo en contra del

laudo de doce de marzo de dos mil dieciocho, dictado por la referida

junta al resolver el expediente laboral 543/16.

Señaló como derechos violados los reconocidos en los artículos

1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

SEGUNDO. La demanda de amparo fue turnada al Tercer

Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, cuyo Magistrado

Presidente la admitió y la registró bajo el expediente 552/2018, en

acuerdo de seis de junio de dos mil dieciocho.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8146/2018

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En sesión de treinta de octubre de dos mil dieciocho, el referido

órgano colegiado dictó sentencia, en la que concedió el amparo

solicitado, por razones de legalidad.

TERCERO. Inconforme con la decisión, el tercero interesado

interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el veintiséis

de noviembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia

Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en el Estado de

Durango.

CUARTO. Por acuerdo de diez de diciembre de dos mil

dieciocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la

Nación recibió y admitió el recurso de revisión; lo registró bajo el

expediente 8146/2018, y turnó los autos al Ministro José Fernando

Franco González Salas a efecto de que formulara el proyecto de

resolución respectivo.

QUINTO. En auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, el

Ministro Presidente de la Segunda Sala determinó que ésta se

avocara al conocimiento del asunto y envió los autos al Ministro

ponente.

SEXTO. El proyecto de esta sentencia se hizo público en

términos de los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo vigente.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación es competente para conocer del presente asunto1.

1 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo vigente; y, 11, fracción V, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los puntos primero y tercero del Acuerdo 5/2013, y los puntos primero y segundo del Acuerdo 9/2015, ambos del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un tribunal colegiado de circuito en un juicio de amparo directo en materia laboral, cuyo conocimiento corresponde a esta Sala, y no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno.


3

SEGUNDO. El recurso de revisión fue interpuesto

oportunamente2.

TERCERO. El recurso de revisión fue interpuesto por persona

legitimada para ello3.

QUINTO. A continuación se reseñan los antecedentes de la

sentencia recurrida.

1. El treinta de noviembre de dos mil dieciséis, Miguel Salas

Márquez, demandó de Primero Compañía Minera, sociedad anónima

de capital variable, la reinstalación en su trabajo, así como el pago de

aguinaldo, prima de antigüedad, prima vacacional, y demás

prestaciones laborales con motivo de su despido injustificado.

Por su parte, la empresa demandada contestó la demanda y,

entre otras cuestiones, opuso la excepción de prescripción respecto

del reclamo principal consistente en la acción de reinstalación, para lo

cual señaló:

IV.- LA DE PRESCRIPCIÓN.- Excepción que opongo en virtud de que como quedo de manifiesto la fecha de separación de las labores del actor MIGUEL SALAS MÁRQUEZ, lo fue el día 21 de Septiembre del año 2016, presentado el suscrito con fecha 26 de Septiembre del año 2016, ante esta H. Junta Especial número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, rescisión laboral que por haberse encuadrado en la causal prevista en la fracción II, del artículo 47, de la Ley Federal del Trabajo mismos que quedó registrado bajo el número de expediente PV64/2016, toda vez que el propio trabajador no quiso recibir dicho aviso de rescisión laboral, por lo que hace imposible que el día 01 de Octubre del año 2016 el actor del presente juicio MIGUEL SALAS MÁRQUEZ, haya sido despedido (…)

2 De las constancias de autos se advierte que la sentencia recurrida fue notificada por lista a las partes el quince de noviembre de dos mil dieciocho, surtió sus efectos al día hábil siguiente (dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho), por lo que el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo transcurrió del veintiuno de noviembre al cuatro de diciembre de la citada anualidad; descontándose, para tal efecto, los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de noviembre, uno y dos de diciembre, todos de dos mil dieciocho por corresponder a sábados y domingos, así como los días diecinueve y veinte de noviembre por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, si el recurso de revisión se presentó el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, su interposición resulta oportuna. 3 El recurso de revisión fue suscrito por Miguel Salas Márquez, parte tercero interesada en el juicio de amparo; calidad que se le reconoció por el Tribunal Colegiado de Circuito en el acuerdo de seis de junio de dos mil dieciocho dictado en el juicio de amparo 552/2018.


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2. El asunto fue registrado bajo el expediente 543/2016 en el índice

de la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación

y Arbitraje; posteriormente, el doce de marzo de dos mil dieciocho,

dicha junta emitió laudo en el que, por una parte, condenó a la

empresa demandada a la reinstalación y diversas prestaciones y, por

la otra, la absolvió del reconocimiento de la prima de antigüedad

reclamada por el actor, así como el pago de la prima vacacional,

vacaciones, vacaciones, bonos y días de descanso.

En las consideraciones del laudo, para lo que en el asunto interesa,

la Junta responsable determinó lo siguiente.

“(…) Ofreciendo como pruebas de su intención que el PV 64/2016, el cual se tiene a la vista, con el que se acredita que el 26 de septiembre de 2016, se le tuvo al C. WILBERT OCTAVIO CHÁVEZ CORIA, en su carácter de apoderado legal de PRIMERO COMPAÑÍA MINERA, S.A., por presentado el escrito ante esta Junta, mediante el cual hace del conocimiento que el 21 de septiembre del presente año (2016), acompañado de los testigos RICARDO CANALES MARTÍNEZ y JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ SEGURA, intentó darle aviso por escrito de la rescisión de la relación de trabajo que representa, por haber incurrido en falta de probidad u honradez, ya que el 04 de septiembre del año en curso se le observó sacando hacia la subestación eléctrica de la planta de bolsas con material proveniente del molino, el cual quedó plenamente comprobado mediante material de video, rescisión fundamentada por el artículo 47, fracciones II y XV de la Ley Federal del Trabajo, relacionada con los artículos 134, fracciones I, III, IV y VII y 135, fracciones II y VII, y que, encontrándose presente dicho trabajador en la oficina de relaciones laborales de esta fuente de trabajo, se le manifestó la intención de hacerle entrega del aviso de rescisión de referencia y él, negándose a recibirlo, manifestó que: “no lo firmó”, solicitando se le notificara al trabajador el aviso de rescisión por conducto de esta H, Junta especial Número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Constando al reverso del escrito de rescisión que los testigos hicieron constar por así haber ocurrido en su presencia, que el día 21 de septiembre de 2016, siendo aproximadamente las 15:00 horas el LIC. WILBERTO OCTAVIO CHÁVEZ CORIA, leyó e hizo del conocimiento del trabajador MIGUEL SALAS MÁRQUEZ (sic), el aviso de rescisión y la causa o motivo por la que se le rescindió su contrato de trabajo, el cual una vez terminado de leerlo al trabajador, le hizo entrega de dicho documento, habiéndose negado el trabajador a recibir y firmar de recibido. Se levanta constancia inmediatamente después de que el Señor MIGUEL SALAS MÁRQUEZ se negó a recibir el aviso de rescisión que le fue leídos. Firmando los testigos al calce. Pero al desprenderse del PV 64/2016, que no ha sido notificado al actor por medio de esta Junta, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, no le prescribió al actor su acción para reclamar la acción de despido, toda vez que en dicho párrafo se establece que la prescripción para ejercer las acciones derivadas del


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despido no comenzarán a correr sino que hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. (…)”

3. Inconforme con tal determinación, la sociedad demandada

promovió juicio de amparo, en el que combatió entre otras cuestiones

de legalidad, que el laudo era contrario a los artículos 14 y 16

constitucionales, pues incorrectamente se declaró que no se

encontraba prescrita la acción del actor, pese que el patrón había

cumplido con todas las obligaciones impuestas por el artículo 47 de la

Ley Federal del Trabajo, en lo que se refiere al aviso de rescisión,

aunado a que el hecho de no habérsele notificado al trabajador había

sido imputable a la propia junta responsable, a quien con oportunidad

se le presentó el aviso correspondiente.4

4. Del asunto correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado

del Vigésimo Quinto Circuito, quien lo registró bajo el expediente

552/2018. En sesión de treinta de octubre de dos mil dieciocho, el

tribunal colegiado de circuito concedió el amparo solicitado por la

empresa quejosa, en lo que interesa por las siguientes razones:

Consideró que de las constancias aportadas por la quejosa se

advertía que se había dado cumplimiento al primero de los

supuestos previstos en el artículo 47 de la Ley Federal del

Trabajo.

Lo anterior, pues no obstante que el trabajador se negó a recibir

el escrito mediante el cual se le rescindía su relación laboral, ello

no significaba que no se le hubiera notificado por el personal de

la patronal comisionado para ello, en tanto que quedó acreditado

que en un acta circunstancial se dejó constancia de que el oficio

le fue entregado debidamente al trabajador y se hizo de su

conocimiento, a pesar de su negativa a recibirlo y firmar, aunado

a que dicha acta fue ratificada por sus signantes.

4 Por su parte, el actor promovió juicio de amparo directo, el cual fue registrado bajo el expediente 553/2018, por el tribunal colegiado de circuito, el cual en sesión de treinta de octubre de dos mil dieciocho, sobreseyó en el juicio por cesación de efectos, con motivo de la concesión del amparo en el expediente 552/2018.


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En ese sentido, si la demandada cumplió su obligación de dar a

conocer al actor el aviso de rescisión, mediante escrito de

veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, fue incorrecta la

determinación de la junta del conocimiento a condenarlo a su

reinstalación y pago de las prestaciones inherentes, pues la

empresa demandada consignó en el aviso respectivo la

conducta que motivó la rescisión y la fecha en la cual se

cometió, notificándolo de forma personal e instruyendo el acta

circunstancial para hacer constar tanto la notificación, así como

que quedaba debidamente enterado de su contenido, a pesar de

haberse negado a firmar de recibido.

Precisó que además, la parte patronal había cumplido con lo

establecido en el numeral 47 de la Ley Federal del Trabajo,

porque mediante escrito de veintiséis de septiembre de dos mil

dieciséis, comunicó a la junta, esto es, dentro de los cinco días

hábiles siguientes a la rescisión, y proporcionó el domicilio del

trabajador donde podría ser notificado personalmente, sin que de

autos se advirtiera que dicha autoridad lo efectuara, lo que no

podía ser atribuible al patrón.

Consecuentemente, si al actor se le notificó el oficio de rescisión

el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en ese momento

nació el derecho para exigir el cumplimiento de lo reclamado y

que el veintiuno de noviembre de dicho año, venció el término

para el ejercicio de su acción, por lo que si presentó su demanda

el treinta siguiente de ese mes y año, su acción fue

extemporánea.

5. Inconforme con tal determinación, el tercero interesado

(actor), interpuso recurso de revisión en el que esgrimió los siguientes

argumentos.

El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional,

además de que erróneamente fue aplicado por el Tribunal

Colegiado de Circuito.


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Lo anterior, pues dicha norma contraviene lo dispuesto en los

artículos 1°, 14 y 16 constitucionales, particularmente los

derechos de estabilidad en el empleo, igualdad procesal entre

las partes y certeza jurídica, en tanto que conforme a la

aplicación dada por el Tribunal Colegiado de Circuito, para

rescindir una relación laboral, el patrón únicamente tiene la

obligación de elaborar el aviso respectivo, así como un acta

ratificada con dos testigos, para colmar con el requisito de

notificar al trabajador, lo cual deja en estado de indefensión a

éste último, porque no se tiene certeza de que realmente se le

haya entregado dicho aviso de manera personal.

Tal circunstancia, provocó un estado de indefensión al

trabajador, quien tuvo conocimiento del despido hasta el día uno

de octubre de dos mil dieciséis, por lo que el plazo de dos meses

para ejercer la acción de reinstalación, debió contarse desde

esta fecha, lo cual se corroboró en las constancias

correspondientes.

Asimismo, el artículo impugnado establece dos supuestos que

favorecen en todo momento al patrón para entregar un aviso de

rescisión, pues la opción de notificarlo por conducto de una

junta, únicamente puede ser legal cuando se realiza de manera

legal en el domicilio del trabajador, pero la primera opción resulta

inconstitucional, habida cuenta que deja en estado de

indefensión a éste último.

La interpretación hecha por el Tribunal Colegiado de Circuito al

artículo impugnado resulta errónea, porque esa disposición

normativa establece la obligación de entregar de manera

personal el aviso de rescisión, lo que conlleva que el trabajador

lo reciba, pues solo así existe certeza jurídica en relación con el

transcurso del término prescriptivo de la acción.

La sentencia recurrida es ilegal porque se determinó que el solo

hecho de intentar entregar el aviso de rescisión y haberlo

comunicado a la junta, resultaba suficiente para que se tuviera


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por satisfecho lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Federal del

Trabajo, es decir, que se estimara cumplida la obligación de

entregar el aviso de rescisión, pues si el levantamiento de un

acta fuera suficiente para ello, así lo hubiera establecido el

legislador en el numeral referido.

El Tribunal Colegiado de Circuito omitió analizar el acervo

probatorio ofrecido por el actor, de donde se desprendía que el

trabajador continuó laborando hasta el día uno de octubre de dos

mil dieciséis, lo cual desvirtúa que el despido haya ocurrido el

veintiuno de septiembre de ese año, como lo adujo la parte

demandada.

La circunstancia de que la junta laboral no haya notificado el

aviso de rescisión al trabajador en términos del artículo 47 de la

Ley Federal del Trabajo, si bien no es atribuible al patrón, implica

que no debe correr el plazo prescriptivo en perjuicio del

trabajador para ejercer acción derivada del despido injustificado,

pues debe existir certeza respecto que el aviso haya sido

entregado de manera personal a éste.

La resolución recurrida priva al trabajador de las prestaciones

legales irrenunciables, cuya prescripción opera en el término de

un año, pues se soslaya que se tiene derecho a exigirlas, con

independencia de haber prescrito la acción derivada del despido

injustificado.

Finalmente, el Tribunal Colegiado de Circuito sobreseyó

indebidamente el juicio de amparo 553/2018, el cual estaba

relacionado a este procedimiento, por no haber entrado al

estudio de los conceptos de violación que se esgrimieron en la

demanda de amparo.

SÉPTIMO. Procedencia. A efecto de determinar la procedencia

del presente medio de impugnación, resulta conveniente precisar lo

siguiente.


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En primer lugar es importante señalar que el juicio de amparo

directo es un juicio con una sola instancia, pues la resolución que ahí

se dicte, por regla general, es definitiva y no admite recurso alguno.

De manera excepcional, en su contra podrá interponerse un medio de

defensa, que sólo justifica su procedencia si se actualizan dos

requisitos fundamentales, previstos en el artículo 107, fracción IX5 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el

artículo 81, fracción II6, de la Ley de Amparo, a saber.

1. En la revisión debe subsistir alguna cuestión de

constitucionalidad. Es decir, la sentencia de amparo combatida debe

resolver sobre la constitucionalidad o convencionalidad de normas

generales; establecer la interpretación directa de algún precepto

constitucional o de los derechos humanos contenidos en los tratados

internacionales de los que el Estado mexicano es parte u omitir un

pronunciamiento sobre tales cuestiones cuando se hubieran planteado

en la demanda.

2. El asunto debe fijar un criterio de importancia y trascendencia, a

juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a los

lineamientos sentados por ésta en el Acuerdo General 9/2015.

Esta Segunda Sala aprobó la jurisprudencia 2a./J. 128/2015

(10a.), donde se puntualizaron los requisitos para la procedencia del

recurso de revisión en amparo directo, con base en los artículos 107,

fracción IX constitucional, 81, fracción II de la Ley de Amparo, y en el

5 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: […] IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras; […] 6 Artículo 81. Procede el recurso de revisión: […] II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno.- La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.


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Acuerdo General 9/2015 del Pleno de este Alto Tribunal, que señala

cuándo se está ante un caso de importancia y trascendencia. La

referida jurisprudencia tiene el rubro: REVISIÓN EN AMPARO

DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA7.

Sin embargo, esta Segunda Sala también sostuvo que existe la

posibilidad de impugnar mediante el recurso de revisión en amparo

directo, la constitucionalidad de normas generales aplicadas por

primera ocasión en la sentencia de amparo directo.

Ante tal situación, se determinó que para la verificación de su

procedencia, era necesario realizar un análisis integral del asunto para

evaluar que se cumpla con lo siguiente:

1. De las consideraciones de la resolución emitida por el órgano

colegiado se constate que se actualiza el acto concreto de aplicación

de la norma general cuya regularidad constitucional se impugna.

2. Que trascienda al sentido de la decisión adoptada.

3. Verificar que se trate del primer acto de aplicación de la

norma en perjuicio del recurrente.

7 Publicada bajo el texto: “Por regla general, las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo son definitivas y sólo de manera extraordinaria, pueden impugnarse mediante el recurso de revisión previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, conforme a los cuales, una vez actualizados los presupuestos procesales (competencia, legitimación, oportunidad del recurso –en su caso–, entre otros), procede el mencionado medio de defensa siempre que: 1) en la sentencia de amparo directo combatida se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones referidas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y 2) el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Ahora bien, con el fin de armonizar la normativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los preceptos citados, el Pleno emitió el Acuerdo General 9/2015 (*), que regula la procedencia del recurso de revisión interpuesto contra sentencias de amparo directo, el cual, en vez de privilegiar el análisis de los agravios en la revisión, permite al Alto Tribunal hacer una valoración discrecional de los méritos de cada recurso, para determinar si a su juicio el asunto reúne los requisitos de importancia y trascendencia, para lo cual, su punto segundo señala que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando: (i) pueda dar lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o (ii) lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto contra ese criterio o se hubiere omitido aplicarlo.” Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, libro 22, septiembre de 2015, tomo I, pág. 344. Registro: 2010016.


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4. Que en los agravios se presenten argumentos mínimos

para impugnar la norma general aplicada.

En vista de los antecedentes y autos que obran en el expediente,

se advierte que el recurso de revisión fue interpuesto por el tercero

interesado, quien alega que el artículo 47 de la Ley Federal del

Trabajo fue aplicado en su perjuicio por primera ocasión en la

sentencia de amparo directo que se recurre.

Al respecto, de la lectura de la sentencia de amparo, se advierte

que se colman con los requisitos establecidos por esta Segunda Sala

para la procedencia del recurso de revisión en contra de una norma

aplicada en dicha ejecutoria. En efecto, dentro de sus

consideraciones, el Tribunal Colegiado de Circuito construyó su

argumentación y determinó conceder el amparo solicitado por la

empresa quejosa, con fundamento en el artículo 47 de la Ley Federal

del Trabajo, mismo que fue aplicado por primera ocasión en perjuicio

de la parte tercero interesada, en tanto que en el laudo reclamado se

determinó condenar a la demandada por considerar que no se habían

colmado con los requisitos establecidos en dicho numeral para que

operara la prescripción de la acción de reinstalación reclamada.

Además, en sus agravios el recurrente expuso las razones por

las cuales considera que dicho artículo contraviene la Constitución.

Por otro lado, se colma con el requisito de importancia y

trascendencia, pues esta Segunda Sala no se ha pronunciado sobre la

cuestión relativa a si el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo

resulta contrario al principio de certeza jurídica y equidad procesal.

OCTAVO. Estudio de fondo. Como se precisó, la materia de la

revisión radica en analizar si artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo,

viola los principios de certeza jurídica, equidad procesal y estabilidad

en el empleo, como lo aduce el recurrente en sus agravios.


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Para la solución de este asunto, es fundamental exponer de

manera breve el procedimiento establecido en la Ley del Trabajo

mediante el cual, es factible que el patrón rescinda una relación

laboral.

Al respecto, la Ley Federal del Trabajo establece que las

relaciones de trabajo se pueden suspender, rescindir o terminar.

Particularmente, en relación con la rescisión, el artículo 46 de esa

legislación señala que el “trabajador o el patrón podrá rescindir en

cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa justificada, sin

incurrir en responsabilidad.”

Por lo que respecta al patrón, en el artículo 47 establece lo

siguiente:

Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: I. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador; II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia; III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se desempeñe el trabajo; IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción II, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo;


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VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del perjuicio; VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él; VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo; IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa; X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada; XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado; XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades; XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico; XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo; XIV Bis. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda del periodo a que se refiere la fracción IV del artículo 43; y XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere.

El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien, comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, dentro de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal.


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La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto de la Junta, por sí sola determinará la separación no justificada y, en consecuencia, la

nulidad del despido.

Del contenido de la disposición anterior, puede observarse que el

legislador estableció un listado de las causas por las cuales el patrón

puede rescindir la relación laboral al trabajador y efectuar el despido

de manera justificada.

Sin embargo, para que dicho despido pueda calificarse como

justificado y al patrón se le exima de responsabilidad, dicho precepto

impone a éste último la obligación de hacer del conocimiento del

trabajador, mediante un aviso por escrito en el que se le asiente

claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión, así

como la fecha o fechas en que se cometieron. Asimismo, la norma

establece dos mecanismos mediante los cuales el patrón debe dar el

conocimiento de dicho aviso:

1) El patrón debe entregar personalmente al trabajador el aviso

de rescisión en el momento mismo del despido, o bien;

2) El patrón debe comunicarlo a la Junta de Conciliación y

Arbitraje competente, dentro de los cinco días hábiles

siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último

domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la

autoridad se lo notifique de manera personal.

La entrega del aviso de rescisión, por sí mismo, no implica que

el despido deba considerarse justificado, sino que busca el pleno

conocimiento de las causas por las cuales el patrón decide rescindir la

relación laboral, para que el trabajador prepare su defensa y a su

elección, en caso de estimar que la separación fue injustificada, tener

la posibilidad de acudir ante la instancia jurisdiccional a solicitar su

reinstalación en el trabajo que desempeñaba o el pago de la


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indemnización constitucional conforme a lo previsto en el artículo 48

de la Ley Federal del Trabajo.8

No obstante, para ejercer la acción en la que se solicite

cualquiera de esas pretensiones con motivo del despido injustificado,

el legislador consideró pertinente establecer en la Ley Federal del

Trabajo un plazo prescriptivo, a fin de no dejar en estado de

incertidumbre esa situación jurídica.

Por ese motivo, en el mismo artículo 47 de la Ley Federal del

Trabajo se establece que el término prescriptivo para ejercer la acción

derivada de un despido injustificado inicia a partir de que le sea

entregado personalmente al trabajador el aviso de rescisión

correspondiente.

En caso de no haberse realizado la entrega de dicho aviso, el

artículo 5189 de la misma legislación laboral, dispone un término

prescriptivo de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de la

separación, habida cuenta que en estos casos, ante la ausencia de

dicha comunicación, el despido deberá considerarse injustificado,

conforme al mandado establecido en el referido artículo 47.

Una vez puntualizado lo anterior, debe recordarse que uno de los

motivos de inconformidad del recurrente radica en que, a su juicio, el

artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo viola el principio de certeza

jurídica, porque no establece la manera por la que se tenga seguridad

de que el aviso de rescisión se le entregue al trabajador

personalmente y que éste lo reciba para efecto de que comience a

correr el plazo de prescripción para ejercer la acción derivada de un

despido injustificado, lo cual, considera que deja en estado de

indefensión a la parte trabajadora.

8 Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago. 9 Artículo 518. Prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación.


16

Tal planteamiento resulta infundado, por las razones que a

continuación se exponen.

En primer lugar, conviene precisar que esta Suprema Corte de

Justicia ha definido que el principio de seguridad jurídica consiste en

dotar de certeza a los gobernados sobre su situación ante las leyes,

esto es, “saber a qué atenerse”.

El principio en comento, con relación a las normas jurídicas se

respeta cuando las disposiciones de observancia general generan

certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas que

producirán, a fin de que se sancione con estricta objetividad y justicia,

evitando así una actuación arbitraria o un estado de incertidumbre

jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma. 10

Ahora, la primera razón por la cual se considera que no le

asiste la razón al recurrente radica en que el hecho de que la

disposición reclamada no establezca cómo debe de efectuarse o

demostrarse la entrega personal del aviso de rescisión para efectos de

determinar cuándo comienza a correr el término prescriptivo, no la

torna inconstitucional, ni implica que se vulnere el principio de

seguridad jurídica, pues es criterio de esta Segunda Sala que el

legislador no se encuentra obligado a definir todos los conceptos,

vocablos o locuciones o desarrollar los términos establecidos en una

ley, dado que ello haría nugatoria la labor legislativa, aunado a que

nuestro sistema jurídico permite que existen métodos de interpretación

10 “GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad” (Novena Época, Registro: 174094, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 144/2006, Página: 351).


17

que permiten establecer el sentido y alcance de las disposiciones

normativas. 11

Por tanto, es incorrecto pretender que una ley sea

inconstitucional por no definir un vocablo o concepto utilizado en su

texto, o bien, por la eventual irregularidad en su redacción, pues la

contravención a la Constitución Federal se basa en aspectos objetivos

que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea

prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los

gobernados u ordenando la forma en que deben conducirse en su

función de gobierno.

Por lo anterior, si bien las leyes deben ser claras con la finalidad

de que el gobernado tenga pleno conocimiento de su situación

jurídica, también es cierto el legislador no está obligado a definir todos

los términos y palabras utilizados, en razón de que basta que las

normas jurídicas contengan los elementos mínimos para que los

gobernados puedan ejercer los derechos en ellas previstos.

Asimismo, el artículo reclamado no transgrede el principio de

certeza jurídica, porque contrario a lo aducido por el recurrente, lejos

de dejar en estado de indefensión al trabajador, tiene como objetivo

crear mayor seguridad jurídica a la parte obrera pues, por un lado, la

obligación consistente en que el patrón deba asentar por escrito en el

aviso de rescisión la causa o causas por las cuales despidió al

trabajador, así como las fechas en que se cometieron, busca que el

patrón, con posterioridad, no pueda modificar tales cuestiones en

perjuicio del trabajador.

Por el otro lado, mediante la entrega o notificación personal de

ese aviso de rescisión, se busca garantizar que el trabajador tenga

pleno conocimiento de las causas y consecuencias de las conductas

que se le atribuyen para que cuente con todos los elementos

11 Tesis: 2a./J. 92/2005; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época; 177584; 4 de 5; Segunda Sala; Tomo XXII; Agosto de 2005; Pág. 310; Jurisprudencia (Constitucional) de rubro: “LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR.”


18

suficientes para que, en dado caso, prepare una defensa óptima a sus

intereses.

Ello, sin que el hecho de que en dicho precepto normativo no se

establezca las maneras por las cuales exista certeza de que el

trabajador recibió de manera personal el aviso de rescisión conlleve a

su invalidez, pues dicha disposición no debe entenderse de manera

aislada, sino atendiendo al conjunto de reglas que imperan en el

procedimiento laboral, dentro de las cuales, se destaca el contenido

del diverso artículo 784, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, que

impone al patrón la carga probatoria para acreditar que hizo entrega al

trabajador del aviso escrito con la fecha y causa de su despido, así

como demostrar que se incurrió en ésta última.

Aunado a que la consecuencia de que el patrón no demuestre

esos extremos, es que el despido se considerará injustificado y, por lo

tanto, sea condenado al pago de la pretensión que el actor decida

ejercitar con motivo de ello.

Además, no puede sostenerse como lo pretende el recurrente

que la única manera por la cual dicho artículo pueda brindar certeza

jurídica de dicha entrega personal es que el trabajador firme de

recibido el aviso de rescisión, en tanto que no puede constreñirse al

patrón a exhibir como único medio probatorio para acreditar tal

extremo el acuse de recibido por el trabajador.

Lo anterior, porque dado que la finalidad de la norma estriba en

que el trabajador tenga conocimiento claro y suficiente de los hechos

que se le imputan para que pueda impugnar la decisión patronal y

preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su

defensa, mas no establecer una carga formal al patrón de recabar la

firma del trabajador a contra entrega del aviso de rescisión.

Además, si bien el acuse de recibido por parte del trabajador

permite al patrón tener constancia plena de que la comunicación ha

sido recibida por su legítimo destinatario, ello no excluye que puedan

emplearse otros medios para demostrar fehacientemente la efectiva

recepción.


19

No pasa desapercibido el criterio establecido por esta Segunda

Sala, al emitir la jurisprudencia 2ª/J. 142/201112, de rubro: “AVISO DE

RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. EL HECHO DE QUE EL

TRABAJADOR SE NIEGUE A FIRMAR POR SU RECIBO, OBLIGA AL

PATRÓN A AGOTAR EL PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL”, pues

dicha determinación se emitió conforme al texto anterior del artículo 47

de la Ley Federal del Trabajo, el cual establecía al patrón la carga de

probar la negativa de recibir el aviso de rescisión para acudir ante la

Junta para que ésta lo notificara de manera personal.

Previsión que sufrió modificaciones, a partir de la reforma del

treinta de noviembre de dos mil doce, en cuya exposición de motivos

se expresó la necesidad de “replantear el mecanismo para comunicar

los avisos de rescisión de la relación de trabajo que debe dar el patrón

a los trabajadores, a efecto superar la incongruencia de probar en

juicio un hecho negativo, es decir que el trabajador se negó a recibir el

aviso de despido”, por lo que se estableció un nuevo mecanismo al

patrón para hacer del conocimiento del trabajador las causas por las

cuales es rescindida la relación laboral.

Aunado a que, el texto anterior del artículo 47 de la Ley Federal

del Trabajo no establecía término prescriptivo alguno para ejercer la

acción derivada de la rescisión por parte del patrón, sino que conforme

a lo resuelto por esta Segunda Sala en la contradicción de tesis

60/2003, en todos los casos operaba la regla establecida en el artículo

518 de esa legislación, el cual dispone que el inicio de la prescripción

inicia a partir de la fecha de la separación.

12 Datos de localización: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1091. Registro: 161131. Texto: “El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo prevé que cuando el trabajador se niegue a recibir el aviso de rescisión de la relación laboral, dentro del plazo relativo, el patrón debe hacerlo del conocimiento de la Junta respectiva solicitando su notificación al trabajador; negativa que también se actualiza ante la falta de firma por su recibo, pues no obstante que el precepto no contempla dicha negativa, la firma es una manifestación que entraña conformidad con efectos jurídicos vinculatorios, es decir, constituye la base para tener por cierto el conocimiento por parte del trabajador de dicho aviso, cumpliendo con la finalidad de que sepa de manera cierta la fecha y las causas que motivaron la rescisión de la relación de trabajo y pueda ejercer las acciones que considere pertinentes. Consecuentemente, el hecho de que el trabajador se haya negado a firmar de recibido el referido aviso, obliga al patrón a agotar el procedimiento paraprocesal para su notificación.”


20

En las consideraciones de dicho asunto, particularmente se

destaca, el razonamiento por el cual se sostuvo que la separación a la

que hace referencia el artículo 518, debía ser considerada como la

“separación material”, sin que ello implicara la necesidad de emitir un

aviso de rescisión para que comenzara a correr dicho término,

puntualizando que podía darse el caso en que el trabajador se negare

a recibirlo y, entonces, el término para iniciar la prescripción se dejaría

al arbitrio del trabajador, eximiéndolo de la carga de ejercitar la acción

en el plazo previsto por la ley. Así, se determinó que el trabajador, al

ser separado materialmente del trabajo, conocía su derecho de acción

y a partir de ese momento podía ejercitarlo sin dejarlo en estado de

indefensión.

En consecuencia, con mayor razón, el texto vigente del artículo

47 de la Ley Federal del Trabajo, no genera estado de indefensión a

los trabajadores, pues al establecer claramente que el inicio del

término prescriptivo para combatir la rescisión es a partir de la entrega

personal del aviso respectivo, es aún más favorable que el texto

anterior analizado por esta Segunda Sala, el cual se consideró acorde

con el principio de seguridad jurídica.

En suma, la reforma del artículo que se reclama, no buscó

imponer mayores formalidades a la entrega personal del aviso de

rescisión, sino facilitar los mecanismos por los cuales el patrón debe

hacer del conocimiento del trabajador el contenido del aviso de

rescisión, así como brindar mayor protección a la parte obrera, en la

medida de que en estos casos (cuando recibe el aviso), la prescripción

para ejercitar su defensa no corre si no a partir de que éste tenga

conocimiento de los elementos necesarios para que tenga tiempo

suficiente para preparar una efectiva defensa.

En la inteligencia de que cuando el trabajador se niega a

asentar su firma de recibido, no se traduce en automático que no

hubiere conocido su contenido, sino que el patrón tendrá que acreditar

mediante otros medios probatorios que hizo entrega personal del aviso

respectivo u optar por presentar el aviso dentro de los cinco días


21

siguientes a la separación a la Junta correspondiente para que ésta le

notifique.

De manera que el inicio del término prescriptivo no queda al

arbitrio del patrón, sino que queda sujeto a la demostración en juicio

que la entrega personal del aviso de rescisión se realizó al momento

del despido o, en su caso, mediante la notificación personal a cargo de

la junta; sin que de manera alguna puede quedar indefinido en el

tiempo el término prescriptivo, pues como se refirió, en caso de no

habérsele comunicado de manera personal al trabajador, opera la

regla establecida en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo,

quien a partir de su separación material, se encuentra en aptitud de

ejercer su derecho de acción respectivo.

Lo anterior, resulta comprensible en la medida que, cuando

existe un aviso rescisorio, la separación del empleo atiende

supuestamente a las causas que el patrón estima justificadas, las

cuales tendrá que combatir el trabajador ante el procedimiento que

instaure; en cambio, cuando al trabajador no se le hizo entrega de

dicho aviso rescisorio, la lógica de la defensa cambia, en tanto que la

litis se circunscribe a determinar si el patrón logra acreditar que

cumplió con sus obligaciones establecidas en el artículo 47 de la Ley

Federal del Trabajo, o bien, excepcionarse y exponer las razones que

justifiquen que no se haya efectuado tal aviso.

Por lo tanto, el artículo 47 reclamado no viola el principio de

certidumbre jurídica, al establecer de manera clara y precisa las

obligaciones a las cuales se encuentra constreñido el patrón para

estar en aptitud de rescindir una relación laboral de manera justificada,

así como las reglas a partir de las cuales inicia el término prescriptivo

para tener la posibilidad de ejercer acción en contra del despido,

corriendo a cargo del patrón conforme al artículo 784 de esa misma

legislación, demostrar mediante los medios probatorios que estime

pertinentes que colmó con las obligaciones de ese precepto, los

cuales, la Junta del conocimiento deberá valorar pormenorizadamente


22

y otorgarles el valor probatorio correspondiente, tomando su decisión a

verdad sabida y buena fe guardada.13

En diverso aspecto, tampoco le asiste la razón al recurrente

cuando afirma que el artículo reclamado es contrario al principio de

equidad procesal, al ser una disposición que únicamente le es

favorable al patrón y que permite su actuar unilateral y arbitrario.

Lo anterior, pues esta Segunda Sala ha definido que dentro del

derecho del debido proceso reconocido en el artículo 14 constitucional,

se encuentra el de equidad procesal, el cual consiste en que los

contendientes en posición de igualdad disponen de las mismas

oportunidades de alegar y probar cuanto estimen conveniente, lo que

significa que el legislador tiene la obligación de crear leyes

procedimentales que propicien la igualdad entre las partes en el juicio

para alegar y probar procesalmente sus derechos e intereses, lo

anterior, con apoyo en la tesis aislada 2a. XV/2012.14

13 Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero las Juntas de Conciliación y Arbitraje están obligadas a estudiar pormenorizadamente las rendidas, haciendo la valoración de las mismas. Asimismo, expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyan. 14 Sustentada por esta Sala en la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 1, página 775, del tenor siguiente: “PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD PROCESAL (TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010). El principio de equidad procesal previsto en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que deriva del de igualdad de las personas ante la ley, constituye un derecho que implica el respeto del principio esencial de contradicción, de modo que los contendientes dispongan de las mismas oportunidades de alegar y probar cuanto estimen conveniente, lo que significa que el legislador tiene la obligación de crear leyes procedimentales que propicien la igualdad de las partes en el juicio. Derivado de lo anterior, se sigue que el artículo 28, fracción VI, de la Ley citada, en tanto prevé que en el juicio de nulidad el actor puede solicitar la suspensión de la ejecución respecto de la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, la cual se decretará y surtirá efectos si se ha constituido o constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, no contraviene el referido principio de equidad procesal, porque no otorga mejores oportunidades a una de las partes para defender sus intereses, ni desequilibra las reglas procesales para alegar y demostrar en el juicio el derecho que a cada una de ellas asiste; además, como toda medida cautelar, la suspensión tiene como fin paralizar el procedimiento de ejecución, sin desconocer el derecho que, presuntivamente, asiste a la autoridad fiscal de requerir el pago de una obligación tributaria; es decir, el actor gobernado debe garantizar que con la suspensión no se causará perjuicio al erario federal, razón por la cual se justifica que sea la propia autoridad exactora la que verifique la satisfacción de los requisitos exigidos por las leyes fiscales aplicables”.


23

En tal virtud, si la norma cuestionada únicamente regula una

formalidad que debe ser colmada por el patrón para tener la

posibilidad de rescindir una relación laboral de manera justificada, no

viola el derecho de equidad procesal, al no ser una disposición de

carácter adjetivo ni establecer regla procedimental alguna que

implique una situación de desigualdad para defenderse en el juicio

laboral.

Máxime que, como se explicó, el artículo 47 de la Ley Federal

del Trabajo se dirige a otorgar certeza al trabajador de las causas o

causa de la rescisión para que éste tenga la oportunidad de tener una

defensa adecuada, imponiendo la carga de la prueba al patrón para

que acredite en juicio haber entregado de manera personal tal aviso

de rescisión.

Asimismo, resulta infundado el argumento del recurrente en el

que plantea que el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo es

violatorio del principio de estabilidad en el empleo reconocido en los

artículos 123, apartado A, fracción XXII, de la Constitución15, y 48 de la

Ley Federal del Trabajo.16

15 “Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: (…) XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él”. 16 (REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) “Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior”.


24

Lo anterior, pues si bien tal como lo afirma el recurrente, la

Constitución en el artículo referido establece a favor de los

trabajadores el derecho de estabilidad en el empleo, debe señalarse

que dicho derecho no es absoluto, toda vez que el constituyente

estuvo consciente de la necesidad de establecer algunas excepciones

a la regla general a que se refiere la fracción XXII, por lo cual dispuso

que: “la ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido

de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una

indemnización”.

Acorde a ello, el legislador ordinario desarrolló esa excepción a

la estabilidad en el empleo en el artículo 49 de la Ley Federal del

Trabajo, donde estableció las clases de trabajadores que, por sus

características especiales, imposibilitaban la continuación de la

relación de trabajo17.

Así, la circunstancia de que el artículo 47 de la Ley Federal del

Trabajo, en el que se establecen las causas de rescisión de la relación

laboral sin responsabilidad para el patrón, prevea que en forma

unilateral los patrones pueden dar por concluida esa relación, cuando

ocurra alguno de los supuestos que señala el mismo precepto,

deviene en una excepción más al principio de la estabilidad en el

empleo, por tanto no implica que se vulnere ese principio contenido en

el artículo 123, fracción XII, de la Constitución Federal, ya que subsiste

además la obligación del patrón de dar aviso al trabajador de la

existencia de dichas causales.

Además, la mera posibilidad de que el patrón rescinda a

relación laboral mediante el aviso referido, no significa que ese acto no

pueda ser enjuiciado por la Junta de Conciliación y Arbitraje en el

17 Artículo 49. El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes: I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año; II. Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo; III. En los casos de trabajadores de confianza; IV. En el servicio doméstico; y V. Cuando se trate de trabajadores eventuales.


25

procedimiento jurisdiccional respectivo, en donde el trabajador en

términos de los artículos citados, tiene derecho a reclamar la

reinstalación en su puesto o el pago de la indemnización

constitucional, en el caso de que se estime que han sido despedidos

injustificadamente.18

Por último resultan inoperantes los agravios del recurrente en

los que impugna la indebida interpretación del artículo 47 de la Ley

Federal del Trabajo, así como las cuestiones relacionadas con la

valoración del acervo probatorio por el cual se tuvo por acreditada la

entrega personal del aviso de rescisión al trabajador en el caso

particular y que se le privó de prestaciones legales irrenunciables,

pues son cuestiones de mera legalidad que escapan de la materia de

esta revisión.

Lo mismo ocurre con los argumentos relativos impugnar el

sobreseimiento decretado en el juicio de amparo relacionado, en el

que el recurrente figuraba como quejoso, pues la materia de esta

revisión únicamente se circunscribe a analizar las cuestiones de

constitucionalidad relacionadas con el amparo directo 552/2013; en

todo caso, el recurrente debió interponer el recurso de revisión

correspondiente en contra de dicha resolución.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia

recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la

quejosa, en los términos y para los efectos establecidos por el Tribunal

Colegiado del conocimiento en la sentencia recurrida.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los

autos relativos al lugar de su origen; y, en su oportunidad, archívese el

toca como asunto concluido.

18 Similares consideraciones sustentó esta Segunda Sala al resolver el amparo directo en revisión 3262/2015, por unanimidad de 5 votos.


26

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, Octavo y Duodécimo Transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo de artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se testa la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8146/2018 QUEJOSA ......AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8146/2018 2 En sesión de treinta de octubre de dos mil dieciocho, el referido órgano colegiado dictó