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Informe Proyecto Becas de Investigación CLACSO-Asdi.
Nivel B. Consolidación Académica
“Dilemas ecoterritoriales de la integración regional:
IIRSA en las sociedades de Bolivia y Chile”.
Elizabeth Jiménez Cortés
2
Agradecimientos
Mis sinceros agradecimientos a todas las personas de Bolivia y Chile, que
generosamente compartieron sus experiencias para la realización de este informe. Al Dr.
Juan Carlos Gómez Leyton, por motivarme a participar en el concurso de Becas CLACSO-
Asdi,por acompañarme con sus pertinentes y sabias orientaciones en todo el desarrollo de
este trabajo y por su apoyo constante. A Lorena Bugueño,por los debates que me ayudaron
aproblematizar y clarificar los argumentos expuestos en el informe, y también por su
colaboración metodológica. A Patricia Quiñones,de Bolivia y Francisca Honorato, de Chile,
por facilitarme el trabajo de campo, en condiciones bastante difíciles. A Benito Alegre, de
Bolivia, por auxiliarme con esas entrevistas que parecían imposibles. A la persona que
evaluó anónimamente los informes, por su crítica oportuna, y al equipo de Becas
CLACSO-Asdi, por su comprensión y paciencia.
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Índice
INTRODUCCIÓN
CAPITULO 1
Aproximaciones bibliográficas y una propuesta de marco referencial
Aproximaciones a un marco referencial:
Territorialidades en disputa y escenarios políticos sudamericanos.
CAPÍTULO 2
La iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana
(IIRSA).
CAPÍTULO 3
IIRSA en Bolivia: el conflicto por la carretera Villa Tunari-San Ignacio de
Moxos.
Bolivia: reconfigurando la relación Estado, mercado y sociedad civil.
El TIPNIS y el conflicto por la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Los sujetos en conflicto, sus territorialidades y repertorios interpretativos.
Estrategias de apoyo, adaptación, resistencia y/o subversión
CAPÍTULO 4
IIRSA en Chile: el conflicto por el Túnel binacional de Agua Negra.
Chile: la configuración de la relación Estado, mercado y sociedad civil en una
sociedad mercadocéntrica.
La cuenca del Elqui y el conflicto por el Túnel binacional de Agua Negra.
Los sujetos en conflicto, sus territorialidades y repertorios interpretativos.
Estrategias de apoyo, adaptación, resistencia y/o subversión
CAPÍTULO 5
Comentarios finales
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INTRODUCCIÓN
En la década del noventa el neoliberalismo se impone como modelo de desarrollo en
América Latina (Seoane y Tadei, 2012). Con la guía del FMI, el BM y el BID, los
gobiernos facilitaron el rol del mercado como eje del orden social, promoviendo así la
configuración de sociedades mercado-céntricas. Bajo la lógica neoliberal, la integración
regional se asimiló a la conexión con los mercados capitalistas globales, concretándose un
modelo de regionalismo abierto (Gudynas, 2007; Olivo, 2008), cuya máxima expresión fue
el intento de extender la iniciativa del NAFTA hacia el resto de países del continente a
través de la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
En este contexto y con el aval del BID, FONPLATA y CAF, el año 2000 nace la
iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), que se
proyecta como soporte material del Área de Libre Comercio de las Américas. Mediante
megaobras viales, comunicacionales y energéticas, esta plataforma se propone potenciar la
competitividad de los territorios, acelerando y facilitando la producción y su transacción en
los mercados internacionales (www.iirsa.org). Al hacerlo, reordena las dinámicas
territoriales, particularmente en los espacios interioresque poseen abundantes fuentes de
agua, biodiversidad, semillas, minerales e hidrocarburos, y que debido a sus características
geográficas se habían mantenido relativamente fuera de las redes del capitalismo
transnacionalizado (Olivo, 2008; Ceceñaet al, 2007; Soto, 2012). Desde IIRSA estos
territorios son asumidos como „espacios vacíos‟ que deben ser ocupados, „espacios
desaprovechados‟ que deben volverse competitivos o „espacios inútiles‟ que pueden
sacrificarse; ignorando a los pueblos que han construido y mantenido ahí otras
territorialidades. Así, siguiendo la lógica de una empresa civilizatoria, se proyectaron una
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serie de corredores bioceánicos que harían posible, ahora en el Sur, otra „conquista del
Oeste‟, capaz de derribar las „barreras naturales‟ para „globalizar el progreso‟.
Sin embargo, a inicios del siglo XXI, paralelamente a la instalación de IIRSA, el
rechazo a las medidas de liberalización y privatización de los bienes comunes, configuró un
intenso ciclo de conflictividad política, donde tuvieron un rol ascendente las demandas de
carácter territorial y ecológico (Seoane y Tadei, 2013; Svampa, 2011; 2013).
Efectivamente, una serie de movimientos populares se desplegaron en todo el subcontinente
y en algunos países los levantamientos anti-neoliberales,lograron derrocar gobiernos y
expulsar capitales transnacionales (García Linera, 2008; 2011; Mayorga, 2011; Villegas,
2013). Las democracias representativas se vieron debilitadas y la influencia norteamericana
en la región perdió legitimidad, mientras en los países andinos emergían proyectos de
sociedad alternativos que, al promover la plurinacionalidad del Estado y el paradigma del
Suma Qamaña/ SumakKawsay, tensionaron la hegemonía del capitalismo neoliberal
(Gudynas, 2010; Gutiérrez, 2009). En este escenario, la fuerza de los movimientos
populares logró estancar las negociaciones del ALCA; luego, el sucesivo triunfo electoral
de gobiernos progresistas hizo inviable el proyecto.
El llamado „giro a la izquierda‟ y la derrota del ALCA, abrieron nuevas expectativas
de desarrollo regional, las que se han canalizado en proyectos de integración disidentes del
Consenso de Washington como ALBA, o que se distancian de la tutela norteamericana
como MERCOSUR, UNASUR y recientemente CELAC. Sin embargo, más allá de la
diversificación del escenario político sudamericano, del diseño de modelos económicos que
se declaran post-neoliberales y de las nuevas estructuras institucionales de integración,
IIRSA da continuidad al patrón capitalista neoliberal. En efecto, IIRSA se perpetúa -ahora
como foro técnico del COSIPLAN de UNASUR- gracias al acuerdo entre los gobiernos
abiertamente neoliberales, como Chile, Perú y Colombia, y aquellos que se definen
socialistas o progresistas, como Bolivia, Ecuador y Venezuela, los cuales asumieron
íntegramente el plan y lo articularon a sus proyectos gubernamentales (Svampa, 2011;
Villegas, 2013; Soto, 2011; Gudynas, 2010; 2012).
Actualmente, la perpetuación en IIRSA de las lógicas del regionalismo abierto, tiene
lugar en el complejo escenario de una crisis sistémica del capitalismo, que traspasa el
ámbito económico, proyectándose como una crisis civilizatoria que se expresa en las
dimensiones económica/financiera, ecológica, climática, energética y alimentaria
(Lander,2010; Gambinaet al, 2010; de Soussa Santos, 2013). En esta coyuntura,
Sudamérica cumple un papel estratégico por sus reservas de combustibles fósiles y
alternativas energéticas que son indispensables para la reproducción del capital, además de
poseer otros bienes necesarios para el estilo de vida de los países capitalistas centrales y,
especialmente, para la industrialización de los emergentes (BRICS). Las obras IIRSA hacen
posible la explotación intensiva de estas reservas naturales, definiendo y encadenando
enclaves extractivos en un proceso de re-primarización de las economías de la región
(Svampa, 2011; Villegas, 2013).
Consecuentemente, el problema de los pasivos ambientales que derivan de la
construcción de carreteras, gasoductos, hidroeléctricas, etc., pone en el centro del debate
6
político el tema de la gestión territorial y ecológica. En este sentido, la territorialidad
impuesta por las obras IIRSA genera un tipo particular de conflictividad política, que
llamamos ecoterritorial pues se enmarca en la reivindicación de derechos territoriales de
grupos locales y la preocupación global por el equilibrio de los ecosistemas.Si bien el
fenómeno es transversal a Sudamérica, nuestra hipótesis es que la dinámica, gestión y
resultados de estos conflictos, varía en función de la configuración del vínculo entre las
esferas del Estado, el mercado y la sociedad civil, que define a cada sociedad. Pues esta
configuración, constituye subjetividades con valores, intereses y características diferentes.
En algunas sociedades predominaran las dinámicas de apoyo o adaptación, pero en otras las
de resistencia e incluso subversión ala territorialidad IIRSA.
Atendiendo esta problemática, la investigación se planteó como objetivo general
analizar la conflictividad ecoterritorial, asociada a la implementación de la iniciativa para la
Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), y como objetivos
específicos: (a) Caracterizar la iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional
Sudamericana, considerando sus fundamentos, trayectoria y estrategias de implementación;
(b) Caracterizar la relación Estado/mercado/sociedad civil en sociedades neoliberales y en
aquellas que se declaran alternativas al neoliberalismo, insertas en la planificación
territorial de IIRSA; (c) Identificar a los actores locales, nacionales/plurinacionales
involucrados o afectados con la implementación de un proyecto y describir sus argumentos
a favor o en contra; y (d) Describir las estrategias de apoyo, adaptación, resistencia y/o
subversión desplegadas por diversos actores locales, nacionales/plurinacionales y
regionales frente a la implementación de unaobra.
Metodológicamente, en función de la configuración de la relación
Estado/mercado/sociedad civil, se seleccionaron dos casos representativos de los tipos de
sociedad regional: Chile, como sociedad de matriz mercado-céntrica, donde el
neoliberalismo es hegemónico, y Bolivia como sociedad que se declara post-neoliberal, y
que transita entre las matrices Estado-céntrica y socio-céntrica. En cada una de estas
sociedades se abordó un conflicto ecoterritorial específico, asociado a la implementación de
IIRSA.
Para el caso de Bolivia, se consideró el conflicto por la carretera Villa Tunari-San
Ignacio de Moxos, que atravesaría el TIPNIS. El TIPNIS es un Territorio Indígena y Parque
Nacional de la Amazonia, donde se superponen un corredor de biodiversidad y una franja
petrolera. El TIPNIS es propiedad colectiva de moxeños, yurakarés y chimanes, quienes
hacen un uso extensivo del territorio; modelo que coexiste tensamente con el manejo
intensivo de los cocaleros que poseen propiedad individual en los bordes del parque, y con
la explotación intensiva de madera y caimanes que realizan las trasnacionales. Pese a lo
anterior, los indígenas han mantenido ciertos niveles de autonomía territorial. El conflicto
surge por la construcción inicialmente inconsulta de una carretera, que dividiría el bosque,
incluyendo la zona núcleo. El tramo, conectaría el área sojera de Rondonía (Brasil), con el
corredor bioceánico norte, que sale al Asia Pacífico. Además, la obra facilitaría las
exploraciones petroleras y la internación de los cultivos de coca. Según el gobierno, la
carretera garantizaría la presencia del Estado y el desarrollo de los indígenas. Por lo cual,
7
sería una obra estratégica para integrar territorialmente Bolivia, resguardar la soberanía y
consolidar el Proceso de Cambio.
En Chile se trabajó el conflicto por el túnel de Agua Negra. Este túnel es una
conexión cordillerana entre el Valle de Elqui (Chile) y San Juan (Argentina)1. La obra es
parte del corredor MERCOSUR-Chile, que conecta las costas de Brasil con las chilenas. El
túnel se ubicaráen el nacimiento de la cuenca del Elqui, territorio de gran fragilidad hídrica,
donde se desarrollan la trashumancia caprina, pequeña agricultura, agroindustria y pesca.
Esta obra implica un aumento radical del transporte pesado con destino al puerto de
Coquimbo, lo que supone un nuevo ordenamiento territorial (red de caminos, ampliación
del puerto, etc.). Para las comunidades más cercanas, el principal temor es la amenaza a los
equilibrios hídricos,la contaminación y la precarización de las actividades tradicionales.
Cabe destacar que en la Región de Coquimbo, se está desarrollando un complejo proceso
de etnificación „diaguita‟. Los diaguitas fueron reconocidos legalmente como pueblo
originario el año 2006, pero no se les reconoce territorio. Aun así, diaguitas elquinos,
reivindican la cordillera de los Andes como su territorio original y sagrado; y en nombre de
esa territorialidad rechazan la construcción del túnel. Por su parte, la institucionalidad
pública niega la existencia de conflicto, y desconoce que esta obra sea parte de IIRSA. La
versión oficial defiende el túnel como un pilar de la integración binacional, enfatizando su
rol estratégico para el turismo en las costas chilenas2.
Este estudio de casos se planteó desde un enfoque cualitativo de carácter
etnográfico, con apoyo documental (Geertz, 1987; Denzin y Lincon, 2003; Vela, 2001). Se
realizó un trabajo de campo de 7 semanas en Bolivia (dividido en dos estadías) donde se
realizaron sesiones de observación etnográfica en las tierras bajas, el Chapare y las
ciudades de Cochabamba y La Paz. Ahí se realizaron también entrevistas a autoridades
tradicionales del TIPNIS, dirigencias indígenas, comunarios, participantes de las marchas,
dirigentes cocaleros, miembros de la CSUTCB, de las Bartolina Sisa y representantes del
partido de gobierno. En Chile, se realizó un trabajo de campo de 6 semanas en el interior
del Valle de Elqui, donde junto a las observaciones etnográficas, se realizaron entrevistas a
crianceros y regantes, dirigentes locales y pobladores que se auto-reconocen como
diaguitas. Asimismo,se entrevistó a autoridades del Gobierno Regional de Coquimbo,
comunidades ecológicas, colectivos en defensa del Valle y funcionarios públicos. El trabajo
etnográfico fue complementado con el seguimiento de prensa oficial y alternativa, y
revisión documental.
Para dar cuenta de los resultados dela investigación, este informe se estructura en
cinco capítulos: El primero presenta una breve revisión bibliográfica sobre IIRSA y una
aproximación teórica a la conflictividad ecoterritorial y los actuales escenarios políticos
sudamericanos, la que funciona como marco referencial del análisis. El segundo capítulo,
caracteriza la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana,
1 Que se inserta en el territorio que se ha llamado ‘corredor minero’, cuya gestión está amparada en el Tratado de Maipú, firmado entre Chile y Argentina. 2 Diferente es la versión oficial argentina, que promueve su potencial comercial, argumentando que el túnel
sería un nuevo ‘canal de Panamá’.
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considerando su trayectoria, supuestos epistemológicos y estrategias de operación. El tercer
capítulo aborda el caso de Bolivia y el cuarto el de Chile. Ambos capítulos se inician con
una reseña de la historia reciente y una caracterización de la relación entre las esferas del
Estado, el mercado y la sociedad civil, que permiten contextualizar el desarrollo de los
conflictos, luego se presentan los conflictos propiamente tal, se caracterizan los actores
involucrados o afectados por las obras, y sus estrategias de apoyo, adaptación, resistencia
y/o subversión. Finalmente, el capítulo quinto sintetiza los principales aspectos del trabajo
y plantea líneas emergentes para futuras investigaciones.
9
CAPITULO 1
Aproximaciones bibliográficas y una propuesta de marco
referencial
En el campo de la integración regional, IIRSA ha sido un proyecto en cierta medida
silencioso, aun cuando es la iniciativa de integración más estable y consensuada entre los
gobiernos sudamericanos. De hecho, IIRSA se presenta como una iniciativa de carácter
técnico (www.iirsa.org; UNASUR, 2012; COSIPLAN, 2009), desligándose así del debate
político. Situación que influye en la producción de conocimiento sobre los conflictos
ecoterritoriales que derivan de ella. Bajo estas condiciones, se identifican tres líneas de
trabajo: (a) La producción de diagnósticos oficiales, (b) La producción de ensayos y
artículos críticos; y (c) La producción de monografías de conflictos específicos, que
tangencialmente se refieren a IIRSA. .
En relación a los diagnósticos oficiales, estos se focalizan en las ventajas de IIRSA
como pilar del desarrollo sudamericano (UNASUR, 2012; BID-IIRSA, 2010). En esta
dirección, se naturaliza la necesidad creciente de infraestructura energética y conectividad,
y por ende, el proyecto de desarrollo que esta promueve, como el único camino posible
para las sociedades sudamericanas (BID-IIRSA, 2010). Por eso se argumenta que “sin
infraestructura no hay ningún desarrollo económico y social posible” (CEPAL, 2011),
mientras se define a IIRSA como una herramienta privilegiada para reducir la desigualdad
y la pobreza, pues sería un hecho que a mayor infraestructura, mayor PIB (CEPAL, 2010,
2011).
En este sentido, los textos oficiales afirman que la iniciativa IIRSA es un pilar
indispensable para el desarrollo de la región, ya que fortalece el circulo virtuoso
infraestructura-competitividad (Sánchez, 2010). Cabe señalar que este planteamiento anula,
bajo criterios técnicos, otras opciones de desarrollo o expectativas de orden social. Es más,
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esta naturalización, como estrategia política, refuerza una visión evolucionista de la historia
que promueve relaciones de dependencia entre las sociedades sudamericanas y aquellas
industrializadas que se constituyen en el referente de vida deseable.
Por otro lado, en los documentos de carácter nacional, IIRSA se presenta como una
plataforma de obras puntuales, muchas veces de pequeña envergadura, con impactos
situados a nivel local. De este modo, las obras son fácilmente asimiladas a los planes
estatales de infraestructura, lo que estratégicamente las desvincula de procesos sociales y
políticos más amplios. Esto invisibilizael rol de la iniciativa IIRSA como ordenadora de las
relaciones y dinámicas territoriales. Lo relevante de estos diagnósticos es que, por un lado,
limitan el debate público y con ello el eventual rechazo de las obras en la esfera de la
sociedad civil y, por otro, las obras ya despolitizadas pueden ser asumidas por gobiernos
neoliberales y por aquellos que se declararan post-neoliberales, sin mayor justificación
ideológica.
En contraposición a los informes oficiales, los artículos y ensayos críticos dan
cuenta de las deficiencias y contradicciones dela IIRSA. Aquí podemos distinguir entre
aquellos de carácter académico y los elaborados por la sociedad civil organizada. En el
primer caso, se subraya la relación de IIRSA con el neoliberalismo y la propuesta del
ALCA (Gudynas, 2006; Olivo, 2008; Laats, 2009; Svampa, 2013). En esta línea, se
argumenta que el regionalismo abierto sería perpetuado con la construcción de vías
terrestres y fluviales para la exportación, con entrada y salida en los puertos del Pacífico,
que conectan con las economías del Asia (Herbas y Molina, 2005). Área donde los
requerimientos de hidrocarburos, minerales, soja, biocombustibles y alimentos van en
crecimiento (Svampa, 2013; Villegas, 2013).
La iniciativa IIRSA generaría, entonces, un diseño territorial centrifugo, extractivo y
expulsor de riquezas (Ceceñaet al, 2007), que estimula la mercantilización de bienes que
habían estado fuera de las redes del mercado. Además de establecer un nuevo orden
regional, donde Brasil adquiere el rol de potencia, con expectativas subimperialistas
(Zibechi, 2011).
Asimismo, desde esta producción académica, se subraya el carácter antidemocrático
e insustentable de la IIRSA (Gudynas, 2006; 2010; Herbal y Molina, 2005) ya que la
iniciativa no considera la preservación del patrimonio ecológico (Gudynas, 2007; 2010;
Soto, 2012) ni el potencial etnocidio y/o genocidio de las poblaciones que habitan los
territorios intervenidos (Laats, 2009; Soto, 2012). Problema que se asocia tanto a la
reproducción del extractivismo tradicional, como a la puesta en marcha del neo-
extractivismoen las sociedades que se declaran post-neoliberales (Motes, 2010; Laats,
2009, Villegas, 2013).
Por su parte, los textos que emergen de las organizaciones sociales tienen un
carácter denunciante y propositivo, que enfatiza la vulneración de derechos,
especialmentelos indígenas. Por ejemplo, los informes de la Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas (CAOI) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica (COICA), señalan que IIRSA vulnera sus derechos a la propiedad
11
colectiva de la tierra, a la consulta y consentimiento previo, y a la libre determinación
(Convenio 169 OIT); por lo que concluyen que atenta el Suma Qamaña/ SumakKawsay
(CAOI, 2010; COICA, 2013). Estas organizacionesargumentan su rechazo a la IIRSA en la
crisis sistémica del capitalismo, que se expresa en la debacle ecológica y climática, por eso
plantean alternativas sistémicas que reposicionan el debate sobre la democracia y el
desarrollo.El problema con estos documentos es que abordan IIRSA como si fuese una
temática exclusivamente indígena, sin considerar sus efectos ecológicos, culturales y sobre
todo económicos, en el conjunto de la población nacional/plurinacional y regional
(Villegas, 2013).
Finalmente, tenemos gran cantidad de monografías de conflictos específicos. Aquí
cabe mencionar: El conflicto por la carretera del TIPNIS en Bolivia (Paz, 2010; Villegas,
2013), el Conflicto de Bagua en Perú (Alimonda, 2011), el conflicto en el territorio
mapuche de Neuquén, Argentina, el conflicto por las represas de Madre de Dios en Perú y
Brasil (Rodríguez y Alvarenque, 2006) y los conflictos de la hidrovíaParana-Paraguay.
Todos estos estudios abordan temáticas comunes como los impactos ecológicos de las
obras, la violación de Derechos Humanos, el rol de los movimientos sociales y la aplicación
del Convenio 169 de la OIT, en especial del derecho a la consulta previa, libre, informada y
de buena fe a los pueblos que habitan dichos territorios. Es notoria la ausencia de trabajos
que documenten conflictos asociados a IIRSA en Chile, situación que contrasta
radicalmente con la producción boliviana.
Si bien la bibliografía sobre el tema es variada, también es parcial. En el caso de los
diagnósticos oficiales la información es general y con una clara intensión de legitimar la
IIRSA; en su caso, llama la atención la total omisión de situaciones de conflicto, o por lo
menos, de tensiones provocadas por las obras. Mientras, los artículos académicos de
carácter críticocoinciden en los argumentos, pero no todos presentan investigaciones
empíricas que los sustenten, además su nivel de abstracción no da cuenta de las dinámicas
territoriales que entran en conflicto. Por último, los estudios de conflictos específicos, pese
a entregar valiosos detalles contextuales, al focalizarse en la descripción de lo local, pierden
la complejidad del IIRSA como iniciativa de integración regional, asociada a las dinámicas
de acumulación del capitalismo global. De cierto modo, la literatura fragmentada sobre el
problema, es funcional a la fragmentación y despolitización de las obras IIRSA.
Territorialidades en disputa y escenarios políticos sudamericanos.
Territorio y territorialidad.
Considerando los aportes y limitaciones de la bibliografía revisada, nuestra
aproximación teórica a la conflictividad ecoterritorial generada por las obras IIRSA, se
sitúa desde los debates de la ecología política latinoamericana. La ecología política es un
campo emergente de investigación transdisciplinar, que retomando los aportes de la
economía política, la geografía y la antropología, analiza las relaciones de poder asociadas
a la producción, apropiación y control de la naturaleza, enfatizando las disputas entre
12
diferentes proyectos de orden social (Gudynas, 2012; 2010; Alimonda, 2011; Palacios,
2006; Escobar, 2011). El enfoque de la ecología política, nos permitirá articular el análisis
de conflictos específicos con la problemática más amplia de la integración regional, y la
inclusión subordinada de Sudamérica en el orden capitalista global.
Para pensar esta articulación, partimos del concepto de territorio, comprendido
como el producto histórico de la interacción sociedad/naturaleza (Damonte, 2011; Gudynas,
2010; O‟conor, 1998). Según Montañez, el territorio es un fenómeno relacional “… que
insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación
entre una porción o la totalidad del espacio geográfico y un determinado sujeto, individual
o colectivo” (Montañez, 2001). En tal sentido, el territorio es una construcción política, que
expresa espacialmente las relaciones de poder.
Históricamente,cada grupohumano desarrolla su propia territorialidad, es decir su
forma particular de usar, significar, controlar y apropiarse del espacio, la que se expresa en
cómo este es distribuido y organizado (Crespo, 2006). La territorialidad supone una lógica
de ocupación que ordena las relaciones sociales y configura las subjetividades, mediante
sistemas de creencias, valores y normas. Cabe destacar que la territorialidad está asociada a
procesos de identificación colectiva, y por ende, a la delimitación de fronteras (materiales y
simbólicas), al ejercicio de la soberanía ya la implementación de determinados regímenes
de propiedad. En un mismo espacio pueden expresarse diferentes territorialidades, que se
disputan la hegemonía.
Las ciencias sociales y políticas han pensado los territorios desde la territorialidad
del Estado-nación, donde los principios de soberanía y propiedad privada cumplen un rol
fundamental. Pero en sociedades abigarradas, como gran parte de las de Sudamérica, dicha
territorialidad coexiste, tensamente, con otras territorialidades cuyo origen es incluso previo
a la invasión española. Algunas de las cuales han logrado reproducirse en complejas
dinámicas de resistencia/adaptación.
Siguiendo a Damonte (2011) podemos hablar, entonces, de territorialidades
hegemónicas y territorialidades contra-hegemónicas. Las primeras son las impuestas por el
Estado-nación liberal; y las segundas comprenden el amplio abanico de territorialidades
preexistentes y otras alternativas que se han ido formando desde los márgenes y/o la crítica
al orden capitalista. Sin embargo, cabe destacar que la territorialidad del Estado-nación, no
solo es tensionada por la diversidad de territorialidades que se reproducen en el espacio
donde este ejerce soberanía, sino también por territorialidades externas, de carácter regional
y global.
Es en el cruce de esta diversidad de territorialidades, que interactúan en relaciones
asimétricas, donde se configuran los conflictos territoriales. La disputa territorial es una
disputa por la apropiación material y simbólica del espacio, y la legitimación de su
ordenamiento. En esta línea de argumentación, es también un conflicto cultural.
13
La territorialidad capitalista neoliberal.
El capitalismo esun modelo cultural que se sostiene en la explotación del trabajo y
la naturaleza. Este modelo produce territorios y subjetividades subordinados al carácter
privado de la propiedad y el principio de la libre competencia. La territorialidad capitalista
se funda en una cosmovisión etnocentrista y antropocéntrica. El capitalismo es
antropocéntrico, pues atribuye al ser humano la supremacía absoluta sobre la vida en la
Tierra, lo que deriva en la cosificación de la naturaleza, que se define como una fuente
inagotable de recursos al servicio del capital, lo que legitima su control, privatización y
explotación (Gudynas, 2009). En este sentido, la territorialidad capitalista, supone una
valoración economicista de los espacios y sus ecosistemas, categorizados como recursos
naturales.
Pero el capitalismo también es etnocéntrico, pues se impone como modelo cultural
superior, legitimando así procesos históricos de colonización que amplían sus mercados.
Ciertamente, la expansión del capitalismo, traspasando todo tipo de fronteras en su fase
neoliberal, ha impuesto una territorialidad de carácter global, transnacionalizada; cuyos ejes
de poder son los grandes capitales, los Estados centrales (G20) y los organismos
multilaterales afines. Aunque la explotación del trabajo y la naturaleza no reconocen
fronteras, claramente el etnocentrismo estimula el despojo de los países periféricos en
función del crecimiento económico de los países centrales.
En la historia reciente de Sudamérica, la expansión del capitalismo neoliberal
conllevaun proyecto territorial basado en la privatización de los bienes comunes y la
transnacionalización (Seoane y Tadei, 2012; 2013). Dicho proyecto se concretó con los
ajustes neoliberales de la década del noventa y la implementación del regionalismo abierto,
promovido por la CEPAL, como estrategia de integración. El regionalismo abierto,
comprendió Sudamérica como un espacio geoeconómico que debía eliminar sus barreras
físicas e institucionales para facilitar la libre circulación y competencia de las mercancías.
En este enfoque, la integración hacia adentro se promueve en función de una integración
hacia fuera.
El ciclo de acumulación del capital abierto en aquel entonces, se basa en la
apropiación privada y mercantilización de bienes que habían estado fuera de las redes del
mercado. Harvey (2004, 2007) denomina este fenómeno „acumulación por desposesión‟,
pues instala una dinámica de despojo de los bienes comunes de poblaciones locales a favor
de la acumulación de las empresas transnacionales y los Estados del capitalismo central. De
hecho, bienes comunes como el agua, la biodiversidad, las funciones eco-sistémicas, etc.,
ahora definidos como recursosnaturales, se mercantilizan en un nuevo lenguaje de
valoración que los reduce al rol de insumos productivos.
El despojo, que opera mediante la privatización, el extractivismo y la
contaminación; impone una territorialidad que desarticula las preexistentes. Del proceso
emergen territorios, que bajo la forma de enclaves extractivos, se integran de manera
subordinada a los circuitos globales, actualizando y en algunos casos profundizando
relaciones históricas de dependencia y control. Con lanoción de acumulación por
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desposesión, se actualiza la definición marxista de acumulación original, pero enfatizando
su permanente reedición.
Para las sociedades de Sudamérica, esta última fase de acumulación por
desposesión, ha significado el fortalecimiento de lo que Acosta (2009) define como
economías rentistas, sostenidas en el extractivismo. Estas economías son extractivistas pues
se sustentan en la explotación intensiva de bienes naturales a un ritmo que sobrepasa sus
capacidades ecológicas de regeneración. Y son rentistas, pues ahí la acumulación no se
basa en el trabajo, sino en laapropiación directa deesos bienes comunes, mercantilizados
como recursos naturales. Paradójicamente, estas economías rentistas configuran sociedades
donde la riqueza ecológica coexiste con altos niveles de pobreza social, pues el modelo
extractivista se asocia a procesos de privatización y concentración de la propiedad.
Consecuentemente, la imposición de la territorialidad neoliberal provoca una nueva
conflictividad entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. La novedad es que tras la
crisis de legitimación del neoliberalismo, losconflictos no se enmarcan solo en la defensa
de derechos de propiedad territorial y, en términos más generales, de los procesos
tradicionales de apropiación del espacio, sino también en la promoción del equilibrio
ecológico del planeta, que realizan los movimientos ecologistas globalizados.
En este punto es donde el problema de los derechos territoriales se cruza con la
cuestión ecológica, dado que la explotación indiscriminada de los bienes naturales a nivel
local va encadenada a la vulneración de procesos ecosistémicos que trascienden los
espacios de soberanía estatal. Consecuentemente, el discurso de los derechos y el de la
protección ecológica son apropiados por grupos locales, que se movilizan en defensa de sus
territorios. Motivo por el queSvampa (2011) plantea el giro ecoterritorial de los
movimientos sociales que caracterizan lo que va del siglo XXI.
Este giro ecoterritorialcobra sentido en un escenario de despojo, donde los
territorios y sus bienes se transforman en el principal objeto de disputa política. La gestión
de lo ecoterritorial, entonces, se constituye en un campo de conflictividad permanente,
debido a la superposición asimétrica de territorialidades de carácter local, nacional, regional
y global. En este campo de disputa, la expresión „ecoterritorial‟ enfatiza la compleja
articulación de ambas perspectivas, pero no significa necesariamente su fusión, ya que las
demandas territoriales y las de carácter ecologista pueden tener convergencias o
desencuentros radicales.
Estado, mercado y sociedad civil: nuevas configuraciones al iniciar la segunda década del
siglo XXI.
La conflictividad ecoterritorial que caracteriza hoy en día la política sudamericana,
se enmarca en un nuevo escenario que se constituye tras la crisis del neoliberalismo y las
democracias representativas que lo legitimaban (Seoane y Tadei, 2011; Thwaiteset al,
2012; Gómez, 2012). Efectivamente, la imposición de una territorialidad neoliberal,
intensificó la desigualdad(Acosta, 2012; Gudynas, 2009). En algunas sociedades, las
democracias de mercado contuvieron el descontento, pero en otras potentes movilizaciones
15
populares demandaron el rol regulador del Estado, o reivindicaron su derecho a la
autonomía para controlar sus territorios y bienes comunes (Gutiérrez, 2009; Crespo, 2011;
Prada, 2011).
Si bien el poder destituyente de estas movilizaciones no fue un fenómeno
generalizado, en su conjunto, los levantamientos populares en Venezuela, Argentina,
Bolivia y Ecuador, cuestionaron la hegemonía neoliberal en la región, posibilitando otras
formas de relación entre Estado, mercado y sociedad civil, que trasgreden el orden
mercado-céntrico(Gómez y Escalante; 2010).Estos procesos canalizaron una serie de
proyectos sociales disidentes y/o alternativos, que solo confluían en su rechazo al
neoliberalismo y/o a la tutela norteamericana y de los organismos financieros
internacionales. El campo de la disidencia contenía proyectos de carácter socialista,
indianista, nacional-popular, socialdemócrata, etc.
De estos procesos surgen sociedades que se declaran post-neoliberales, aunque los
significados que atribuyen al término son diversos: Por un lado tenemos sociedades que
recuperan la retórica desarrollista que imperó a mediados del siglo XX (Seoane, et al, 2011,
2012) y reactivan la centralidad del Estado como regulador del orden social. Sin embargo,
mantienen políticas neoliberales que coexisten con las de carácter redistributivo. Es el caso
de Brasil y Argentina, donde las reformas intentan un modelo mixto, que transita entre la
centralidad del mercado y la del Estado, como configurador del nuevo orden. En estas
sociedades, la crisis del cambio de siglo no significó procesos destituyentes, sino más bien
la apertura de un ciclo reformista que „popularizó‟ la política social, pero no ha alterado el
patrón de desarrollo. De todas maneras, las movilizaciones promovieron una nueva actitud
frente a las relaciones internacionales, que enfatiza la soberanía ante los organismos
financieros multilaterales.
Por otro lado, tenemos sociedades donde el post-neoliberalismo se comprende desde
un enfoque descolonizador. Es el caso de Bolivia y en menor medida Ecuador, sociedades
donde el ciclo de movilizaciones anti-neoliberales activó la memoria larga de las luchas
indígenas anticoloniales. En estos casos, pese a sus notorias diferencias, el fracaso
neoliberal posibilitó procesos constituyentes de carácter refundacional, de los que emergen
Estados que se declaran plurinacionales; asumen el paradigma del Suma Qamaña/
SumakKawsay, como alternativa al desarrollo capitalista; y la democracia participativa y
comunitaria como complemento de la representativa. Aunque se debe aclarar que su
reestructuración constitucional, no ha sido suficiente para cambiar prácticas políticas y
culturales heredadas del pasado oligárquico y neoliberal. En ambos casos, el post-
neoliberalismo se comprende como un freno a la privatización transnacional y el control de
los organismos financieros globales, y la implementación de políticas redistributivas. En
estas sociedades, la posibilidad de instalar un orden socio-céntrico, se va diluyendo al
cerrarse el ciclo de debates constituyentes, mientras se instala un orden Estado-céntrico,
que tensiona el principio de plurinacionalidad y las potencialidades de la democracia
participativa y comunitaria. A pesar de su fuerte crítica al neoliberalismo, sus gobiernos
actuales no plantean proyectos alternativos al capitalismo.
16
No obstante, junto a estas sociedades que en menor o mayor grado se distancian del
neoliberalismo, en Sudamérica este sigue presente. Es más, este modelo de desarrollo ha
configurado sociedades neoliberales (Gómez Leyton, 2010), donde el mercado regula las
relaciones sociales, mientras el Estado facilita el operar del mercado y subsidia, mediante
políticas focalizadas, la inclusión en él de los sectores empobrecidos. El caso paradigmático
es Chile, pero también integran este grupo Perú y Colombia. Estas sociedades, sobre todo la
chilena, se caracterizan por la existencia de una sociedad civil privatizada y despolitizada,
que se articula en función de la competitividad y eficiencia. Un rasgo transversal a estas
sociedades es la cercanía de sus gobiernos con el norteamericano, y la violencia ejercida
por el Estado, razón por lacual podemos incluir estos países como representativos de lo que
González Casanova (2002) llama „neoliberalismo de guerra‟.
Lo relevante de este panorama político es la diversificación de proyectos de
sociedad, que gestan nuevas visiones del ordenamiento territorial y de los horizontes
culturales que definen losmodelos deseables de integración regional. Dicha diversidad
tensiona la hegemonía de la territorialidad neoliberal, aunque no lo suficiente para levantar
proyectos alternativos al regionalismo abierto y el extractivismo rentista. En ese sentido, la
implementación de los modelos alternativos de sociedad es contradictoria, pues el
capitalismo aun es dominante, como se manifiesta en la continuidad de las políticas de
despojo que, a través de los corredores IIRSA, vincula los territorios locales con las
dinámicas globales de acumulación.En este contexto, resulta interesante cómo los
conflictos ecoterritoriales asociados a las obras IIRSA, son permeados por las
conflictividades políticas propias de cada sociedad. De hecho la interpretación y las
estrategias de gestión de estos conflictos no pueden desprenderse de ellas.
17
CAPÍTULO 2
La iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional
Sudamericana (IIRSA).
La iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)
surge en el contexto de la Primera Reunión de Presidentes de América del Sur, que se
realizó el año 2000 en Brasilia. Esta reunión fue convocada por el presidente Fernando
Enrique Cardoso en el contexto dela conmemoración de los 500 años del „descubrimiento‟
de Brasil, y contó con la participación de los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname,Uruguay y Venezuela. También
estuvieron presentes representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y del Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF). El evento se focalizó en las proyecciones comerciales
de la región, y su vínculo con el desarrollo de la infraestructura.
Los debates y acuerdos de la reunión fueron sintetizados en el Comunicado de
Brasilia, documento que puede considerarse una declaración de principios y una hoja de
ruta para el fortalecimiento del neoliberalismo. Este comunicado valora el éxito de las
reformas estructurales y la democracia representativa, que habría marcado la década del
noventa, y desde ahí asume el Regionalismo abierto como la estrategia de integración para
América del Sur. Explícitamente, el punto 33 señala:
“Los presidentes suramericanos reafirmaron el entendimiento de que
el proceso de formación de un espacio ampliado en la región
obedecerá los principios del „regionalismo abierto‟ y reforzará la
posición de los países de América del Sur en negociaciones
18
importantes, que la región desea ver llevadas a buen término, como las
de un Área de Libre Comercio de las Américas, las negociaciones que
involucran la búsqueda de una mayor articulación con la Unión
Europea, o en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio,
entre otras. Señalaron la expectativa de que esas negociaciones
comerciales extraregionales deban contribuir para el desarrollo
socioeconómico y para la plena integración de los países
suramericanos en la economía internacional”.
El Comunicado de Brasilia enfatiza el compromiso categóricode los gobiernos
sudamericanos con la OMC y elALCA. En este contexto, la infraestructura se presenta
como el soporte material de dicho modelo de integración, y por extensión del desarrollo
neoliberal, como explica el punto 37:
“Integración y desarrollo de la infraestructura física son dos líneas de
acción que se complementan. La formación del espacio económico
ampliado suramericano, que anhelan las sociedades de la región,
dependerá de la complementación y expansión de proyectos existentes
y de la identificación de otros nuevos proyectos de infraestructura de
integración, orientados por principios de sostenibilidad social y
ambiental, con capacidad de atracción de capitales extraregionales y
de generación de efectos multiplicadores intraregionales. Avances en
el campo de la infraestructura, por su parte, revertirán en nuevos
impulsos para la integración, creándose así una dinámica que debe ser
incentivada. Ese escenario sería también beneficiado por una política
de inversiones con perspectiva regional y no sólo nacional”.
En este primer encuentro de presidentes, el BID -a solicitud del gobierno brasilero-
presentó una evaluación de la infraestructura regional y un plan de mejoramiento, que
configuró la plataforma de proyectos IIRSA. La idea central de la propuesta es desarrollar
obras que potencien la competitividad de los territorios, y generar alternativas de
financiamiento que incluyen la inversión pública y privada, para ello se consideran obras
viales que conecten los territorios, obras energéticas que sustenten la extracción de
recursos, y comunicacionales, que aceleren los flujos de información.
La planificación propuesta por el BID, se basa en Ejes de Integración y Desarrollo
(EIDs), que son definidos como “franjas multinacionales de territorio en donde se
concentran espacios naturales, asentamientos humanos, zonas productivas y flujos
comerciales” (www.iirsa.org). Según declara la web de IIRSA, para cada EID se
identifican los requerimientos de infraestructura física, a fin de articular el territorio con el
resto de la región, planificar las inversiones y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Estos Ejes de Integración y Desarrollo configuran corredores comerciales con salidas en
las costas del Atlántico y el Pacífico, que reorganizan el territorio suramericano,
superponiéndose al ordenamiento estatal. Actualmente, IIRSA cuenta con los siguientes
ejes:
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1. Eje Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela)
2. Eje Andino del Sur (Chile, Argentina)
3. Eje del Amazonas (Colombia,Ecuador,Perú,Brasil)
4. EjedeCapricornio(Chile,Argentina,Paraguay,Brasil)
5. EjedelEscudoGuayanés(Venezuela-Brasil-Guyana-Surinam)
6. EjedelaHidrovíaParaguay-Paraná(Paraguay,Argentina,Uruguay,Brasil,Bolivia)
7. EjeInteroceánicoCentral(Bolivia,Brasil,Chile,ParaguayyPerú)
8. EjeMERCOSUR-Chile(Chile,Argentina,Uruguay,Brasil)
9. EjePerú-Brasil-Bolivia
10. EjedelSur(Argentina,Chile)
Mapa Ejes de Integración y Desarrollo IIRSA
En torno a estos ejes se estructura la Cartera de Proyectos, los que son seleccionados
a través de la Metodología de Planificación Territorial Indicativa, que se plantea
“identificar los grupos de proyectos que mayor impacto esperado tendrían en relación al
desarrollo sustentable de sus áreas de influencia”. De esta manera, se pretende “profundizar
la vinculación de los proyectos con sus espacios y la mejor funcionalidad logística de las
inversiones” (www.iirsa.org). Este proceso de planificación ha considerado dos etapas: La
primera del 2003 al 2004, correspondió a la conformación y ordenamiento de la Cartera de
20
Proyectos; y la segunda, de 2005 a 2010, se orientó a la promoción de un salto de calidad
en el proceso de planificación territorial y de la Cartera de Proyectos IIRSA.
Trabajando en torno a los 10 Ejes de Integración y Desarrollo, la IIRSA ha
canalizado una serie de obras de infraestructura de gran impacto territorial, cuya selección y
diseño responde a criterios técnicos y financieros. Para eso los países proponen sus
proyectos, los que son evaluados y asesorados en las reuniones de ministros o
representantes gubernamentales ante IIRSA. Una tarea central de la plataforma es facilitar
la adquisición de recursos, estimulando la inversión privada; y otra, la de promover la
homogenización de marcos normativos y fiscalizadores que faciliten la aprobación y
ejecución de las obras. Cabe destacar la desigual capacidad de inversión que presentan los
países miembros, lo que se traduce, por ejemplo, en el predominio de los intereses
brasileros y la dependencia de Bolivia y Paraguay.
A pesar de las declaraciones oficiales, que valoran su aporte a la eficiencia de la
economía regional, particularmente por el desarrollo de proyectos que viabilizan la
explotación y exportación de materias primas; IIRSAha sido fuertemente criticada. Entre
las críticas más generalizadas, destacamos: (a) la centralidad que en la toma de decisiones
asumieron los organismos financieros multilaterales (BID, CAF, FONPLATA) en
desmedro de la soberanía de los Estados, (b) la falta de atención a los impactos
medioambientales generados por las obras, (c) la vulneración de derechos de los pueblos
afectados por la ejecución de los proyectos, (d) el protagonismo de la banca brasilera
(BNDES) y las empresas de ese país, en el financiamiento, y por ende, en la definición e
implementación de las obras, y (e) la falta de mecanismos democráticos de información y
participación. Más allá de estas críticas puntuales, la iniciativa ha sido rechazada por su
enfoque de Regionalismo abierto, que operativiza la integración intraregional en función de
las necesidades del comercio global, en perjuicio de las economías locales;y por su
asociación directa a la propuesta del ALCA. El problema con las obras IIRSA es que estas
sustentan el extractivismo y, por ende, la primarización de las economías de la región.
Tras la derrota del ALCA en el Encuentro de Mar del Plata, las críticas a IIRSA se
intensificaron. De hecho, el año 2006 en la Cumbre de Cochabamba diferentes sectores
sociales y políticos exigieron la revisión y reconducción de esta plataforma. Descontento
que fue canalizado públicamente por el Presidente de Bolivia, quien escribe una carta en la
que señala:
“Debemos revisar el IIRSA para tomar en cuenta las preocupaciones
de la gente que quiere ver carreteras en el marco de polos de
desarrollo y no autopistas por las que pasan contenedores para la
exportación en medio de corredores de miseria y un incremento del
endeudamiento externo” (Evo Morales, 2006).
Efectivamente, en Cochabamba se debatió el rol de IIRSA como instancia
reproductora del neoliberalismo y, por tanto, de la subordinación de las economías
regionales al capitalismo globalizado.La imagen de la iniciativa quedó entonces muy
21
debilitada, debido al cuestionamiento de los gobiernos autodenominados progresistas y
dela sociedad civil organizada en redes regionales, como la Confederación de
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Confederación Andina de
Organizaciones Indígenas (CAOI) y la Alianza Social Continental. Pero ello no fue
suficiente para modificar la cartera de proyectos, ni la orientación extractivistade la
plataforma.
Desde el 2006, las sucesivas Cumbres Presidenciales estuvieron marcadas por los
cuestionamientos a IIRSA y el diseño de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
como nueva estructura política de integración regional. En esta coyuntura, el debate por la
orientación de la infraestructura regional se articuló al de los lineamientos políticos que
definirían el posicionamiento de América del Sur frente al orden económico global. Por
eso la UNASUR, que finalmente se constituye el año 2008, se plantea como una de sus
prioridades el desarrollo de infraestructura para la interconexión de la región. De hecho, en
su Tratado Constitutivo específica tareas directamente vinculadas al tema, entre ellas
destacamos:
d) La integración energética para el aprovechamiento integral,
sustentable y solidario de los recursos de la región.
e) El desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la
región y de nuestros pueblos de acuerdo con los criterios de desarrollo
social y económico sustentables.
m) La integración industrial y productiva, con especial atención a las
pequeñas y medianas empresas, cooperativas, redes y otras formas de
organización productiva.
Para cumplir estas tareas, UNASUR crea, el año 2009, el Consejo Suramericano de
Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) y, valorando positivamente los avances de
IIRSA, pero considerando sus fallas, redefine esta plataforma como su Foro Técnico, al
que se atribuyen las siguientes funciones:
- Elaborar la planificación para la integración física regional de América del
Sur.
- Actualizar, evaluar y monitorear la ejecución de la Cartera de Proyectos de
Infraestructura para la integración física regional.
- Desarrollar y aplicar metodologías para enriquecer la Cartera de Proyectos,
atendiendo criterios de desarrollo social y económico sustentables,
preservando el ambiente y el equilibrio de los ecosistemas.
- Actualizar, reformular y dar seguimiento a la Agenda de Implementación
Consensuada.
- Mantener permanente intercambio de información y colaboración con el
Comité Coordinador.
- Presentar al Comité Coordinador sus aportes para el Plan de Acción y el
Plan de Trabajo Anual.
22
UNASUR toma el control de IIRSA con la intensión de darle una orientación
política comprometida con el desarrollo sustentable y los derechos de los pueblos, pero sin
abandonar los principios del regionalismo abierto. Cabe destacar que UNASUR se presenta
como una apuesta de integración política de alto nivel, que opera con autonomía respecto a
otras instancias de integración lideradas por Estados Unidos, lo que generó grandes
expectativas en los sectores antiimperialistas y críticos del neoliberalismo.En términos
operativos, UNASUR aplicaun nuevo organigrama para la infraestructura de integración
regional, en el que IIRSA queda subordinada al COSIPLAN, que finalmente tiene la
responsabilidad política de las obras, mientras las Coordinaciones Nacionales asumen
mayor protagonismo en su relación con los organismos financieros que forman el Comité
de Coordinación Técnica:
Fuente www.iirsa.org
En este nuevo escenario, IIRSA-COSIPLAN incorpora otro instrumento de gestión,
la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API). Esta agenda consiste en un
conjunto de 31 proyectos estructurados por un monto de inversión estimado en
US$16.713,8 millones, de carácter estratégico y de alto impacto para la integración física y
el desarrollo socio-económico regional. Su objetivo es promover la conectividad de la
región a partir de la construcción y operación eficiente de la infraestructura, atendiendo a
criterios de desarrollo social y económico sustentable, preservando el ambiente y equilibrio
de los ecosistemas (www.iirsa.org).
Como se explica en la web oficial “Los componentes de esta Agenda no son
proyectos aislados, sino „proyectos estructurados‟. Un proyecto estructurado es aquel que
consolida redes de conectividad física con alcance regional, con el propósito de potenciar
sinergias existentes y solucionar las deficiencias de la infraestructura implantada”. En estos
momentos la API contiene 31 proyectos estructurados y 101 proyectos individuales. Para
desarrollar esta agenda, IIRSA-COSIPLAN viene elaborando una serie de propuestas
metodológicas que buscan mejorar sus estándares de sustentabilidad ambiental y
participación social, sin dejar de lado su perspectiva comercial. Aquí cabe mencionar la
Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) y los Programas Territoriales de
23
Integración (PTI), que aún están en fase piloto. Lo que se espera con estos instrumentos es
“optimizar el manejo ambiental del territorio, sumar ingredientes de integración productiva
y logística, armonizar temas de naturaleza regulatoria y normativa, y mejorar los impactos
locales de la infraestructura” (www.iirsa.org).
Pero la inclusión de IIRSA en COSIPLAN, y el desarrollo de un lenguaje más
democratizador y consciente de los problemas ecológicos, no ha generado cambios visibles
en su orientación ni en sus estrategias operativas. Por el contrario, la iniciativa continúa con
su plan original, solo que ahora legitimada por UNASUR. De hecho, los organismos
financieros mantienen un rol predominante, aunque en los últimos años el BNDES brasilero
se ha posicionado como el principal financista de las obras IIRSA, lo que implica un giro
en la orientación de la deuda de las naciones sudamericanas, y también en las relaciones
políticas intraregionales. En este sentido, es importante señalar que el posicionamiento de
Brasil como potencia emergente, se sustenta, de variadas maneras, en la implementación de
los corredores bioceánicos del IIRSA.
La persistencia de IIRSA, luego del fracaso del ALCA es un tema sumamente
complejo: Hoy en día, todos los gobiernos de la región -incluso el boliviano, que duramente
exigiera la reconducción de la iniciativa- coinciden en su apoyo a la implementación de los
proyectos, los que son presentados como logros gubernamentales, desvinculados de la
plataforma IIRSA. Efectivamente, los gobiernos publicitan obras puntuales, sin hacer
referencias a los Ejes de Integración y Desarrollo que les dan sentido. La fragmentación de
las obras, invisibiliza los corredores.
Esmuy relevante comprender que IIRSA, a diferencia del ALCA, se plantea como
unórgano técnico de UNASUR,no como una propuesta geopolítica, por eso sus decisiones
se legitiman en criterios ingenieriles. Situación que explica la ausencia de espacios de
participación ciudadana. Sin embargo, esta estrategia de despolitización de las obras
comienza a perder eficiencia desde inicios de 2010, cuando emergen importantes
movilizaciones sociales, que vinculan conflictos ecoterritoriales específicos con el diseño
de los corredores IIRSA. En este sentido, ni la Evaluación Ambiental y Social Estratégica
(EASE), ni los aún incipientes Programas Territoriales de Integración (PTI), han logrado
responder a las demandas de democratización de la iniciativa.
Actualmente, la plataforma de proyectos IIRSA, se posiciona como uno de los
órganos más relevantes de UNASUR, pero paradójicamente, continúa siendo invisible para
la generalidad de los pueblos sudamericanos. En efecto, las obras -principalmente las
energéticas- sustentan la continuidad de los programas neoliberales y también las
experiencias de postneoliberalismo, mientras IIRSA-COSIPLAN mantiene un relativo
anonimato, que inhabilita su problematización en el debate público. Esta es una
contradicción fundamental, pues las expectativas políticas que en su momento generó la
constitución de UNASUR tienden a desvanecerse, mientras el modelo de regionalismo
abierto, canalizado a través de IIRSA, se fortalece.
24
CAPÍTULO 3
IIRSA en Bolivia: el conflicto por la carretera Villa Tunari-San
Ignacio de Moxos.
En este capítulo trataremos el conflicto por la carretera Villa Tunari-San Ignacio de
Moxos, para abordar la conflictividad asociada a IIRSA en Bolivia. Cabe subrayar que
Bolivia, en tanto corazón del subcontinente, cumple un rol estratégico en el diseño de los
corredores IIRSA. De hecho son 6 los Ejes de Integración y Desarrollo (EID)queatraviesan
este país, principalmente vinculados a la expansión brasilera al Asia Pacífico, y la
producción de materias primas: minerales e hidrocarburos, que sustentan el Proceso de
Cambio, implementado por el gobierno de Evo Morales. Si bien el mismo presidente ha
cuestionado la orientación de IIRSA, hoy en día, las obras son publicitadas como ejemplos
de su eficiencia gubernamental. El gobierno omite las referencias a IIRSA, pero el conflicto
por el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos (articulado con el
corredor norte) ha visibilizado el papel de IIRSA en el ordenamiento territorial boliviano,
abriendo un incipiente debate, que gracias a la repercusión mediática de dicho conflicto, se
extiende a los casos de la hidroeléctrica Cachuela Esperanza, el tramo Riberalta-
Guayaramerín, y la hidroeléctrica El Bala, por dar algunos ejemplos.
A manera de contextualización del conflicto por la carretera Villa Tunari-San
Ignacio de Moxos, primero presentamos una breve reseña de la historia reciente de
Bolivia; un análisis de su Nueva Constitución Política, en tanto marco jurídico de la
relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil; y algunos comentarios de la
situación post-constituyente. Este ítem se basa en la revisión documental y bibliográfica, y
el seguimiento de prensa. Luego entregamos antecedentes generales del conflicto por la
carretera, para seguir con la caracterización de los sujetos involucrados y los repertorios
con que interpretan el conflicto y defienden sus posiciones y demandas. Posteriormente,
nos enfocamos en la descripción de las estrategias con que los diferentes sujetos enfrentan
la obra caminera. Cabe destacar que esta última parte se sustenta en las sesiones
etnográficas y las entrevistas realizadas, por lo que se incluyen relatos de las posiciones en
25
conflicto3. El capítulo se cierra con unos breves comentarios que retoman el tema IIRSA,
pues en este caso el problema de la territorialidad indígena ha desplazado al de la
integración regional como foco del conflicto. Efectivamente, en torno al proyecto carretero,
confluyen los debates por el diseño de la integración y el problema de la territorialidad en
un Estado Plurinacional.
BOLIVIA: RECONFIGURANDO LA RELACIÓN ESTADO, MERCADO Y
SOCIEDAD CIVIL.
La actual configuración de la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil
en Bolivia, se explica en función del proceso constituyente que emergió del ciclo de
movilizaciones anti-neoliberales de fines del siglo pasado.Periodo en que la sociedad
boliviana intenta el tránsito hacia una matriz política socio-céntrica, donde la sociedad civil
de carácter popular asume un rol preponderante. Desde 2009 Bolivia se define
constitucionalmente como un Estado Plurinacional, que se declara post-neoliberal y
descolonizador, y asume los principios del paradigma andino del Suma Qamaña.
Este nuevo orden emerge de la derrota del proyecto neoliberal que no consiguió
arraigar un modelo mercado-céntrico de sociedad. Por el contrario, al entrar en crisis, este
gatilla las tensiones latentes en la base misma del Estado-nación. En la historia reciente de
Bolivia, la crisis del modelo se gesta con la instalación del neoliberalismo durante el
Gobierno de Víctor Paz Estensoro (1985-1989), quien, bajo la consigna „Bolivia se nos
muere‟, legalizó con el Decreto 21060, el ajuste estructural que reorientó la economía al
libre mercado. Cambio que se consolida en los gobiernos siguientes; primero, con la Ley de
Inversiones promulgada por Jaime Paz Zamora (1989- 1993) y, luego, con el Programa de
Capitalización de Empresas Estratégicas del Estado, obra de Gonzalo Sánchez de Lozada
(1993-1997) (Soares, 2010). Con estas medidas se impone una nueva territorialidad, de
carácter neoliberal, que promueve la competitividad hacia los mercados externos. Un hito
de este proceso es el diseño de la Red Vial Fundamental que bajo la guía del BID se
propusounir los polos estratégicos de producción, en función de su integración a los
circuitos del capitalismo global.
Ante los efectos precarizadores de la gestión neoliberal, la sociedad civil popular se
movilizó exigiendo mayor compromiso social del Estado. Este responde con adaptaciones
institucionales. En esta línea, el año 1994, se redefine constitucionalmente a Bolivia como
una nación multiétnica y pluricultural, y, paralelamente, se desarrollan instrumentos de
inclusión focalizada y descentralización. En este contexto, siguiendo las recomendaciones
de los organismos financieros multilaterales, Bolivia asumió el multiculturalismo como
enfoque para abordar el vínculo Estado-pueblos indígenas, a través del reconocimiento de
„derechos de minoría‟ que promovieron la participación regulada de la mayoría indígena en
3 Los extractos se tomaron de las entrevistas, con excepción de los casos del Presidente Evo Morales y el
Vicepresidente Álvaro García Linera, y de otros sujetos a quienes no fue posible entrevistar. En estos casos se toman declaraciones a la prensa, situación que se indica en pié de página.
26
los espacios locales y su inclusión a las dinámicas de mercado. El multiculturalismo, como
enfoque político, se inscribe en las lógicas de la matriz mercado-céntrica.
A diferencia de otros países de la región, en este caso el multiculturalismo operó
sobre una „sociedad abigarrada‟ donde coexisten diversos tiempos históricos,
territorialidades y estructuras políticas que han sobrevivido fuera del Estado-nación
(Zabaleta 2010, Tapia, 2007; 2011). Fueron, principalmente, estas estructuras, las que se
apropiaron de los discursos y mecanismos multiculturales en función de sus propios
proyectos de orden social. Así, la apertura de un proceso de etnificación controlado y
funcional al neoliberalismo, facilitó la incursión de los indígenas en el sistema político
liberal y fortaleció sus capacidades de movilización en las calles. Circunstancia que,
paradójicamente, logró etnificar los canales tradicionales de la política, poniendo en crisis
la „democracia pactada‟ imperante desde 1982.
En este escenario, la resistencia de los sectores populares a los ajustes estructurales,
tomó como marco movilizador la reivindicación de derechos colectivos, porque la defensa
ante el despojo de los bienes comunes, activó la memoria larga de las luchas indígenas
anticoloniales (Prada, 2011, Rivera, 2012, Mayorga, 2010, 2011). El proceso fue bastante
complejo, pues se desplegaron dos fenómenos con límites porosos: por un lado, la
actualización del movimiento indígena, en las versiones de „originarios de tierras altas‟ e
„indígenas de tierras bajas‟ que se movilizaban por sus derechos territoriales, y por otro, la
etnificación4de los movimientos sindicales campesinos, especialmente cocaleros, que
encontraron en los discursos indígenas la legitimación de sus demandas antiimperialistas.
Frente a la crisis neoliberal, los sectores indígenas, originarios y campesinos
construyeron una alianza estratégica: el Pacto de Unidad, que en nombre de „lo indígena‟,
lideró la acción colectiva popular desde el año 2002. El Pacto de Unidad estableció una
relación complementaria, pero difícil con el instrumento político de los cocaleros, el MAS-
IPSP. Este partido/movimiento asumió la representatividad indígena en el sistema político
liberal, canalizando sus reivindicaciones, mientras las bases del Pacto de Unidad
sostuvieron sus éxitos electorales, hasta lograr que el líderMASista, Evo Morales, ganara la
presidencia de Bolivia. Se debe subrayar que el MAS se articuló en la red de alianzas del
Pacto de Unidad, pero no fue su síntesis.
Con el triunfo de Evo Morales en las elecciones presidenciales de 2006, se cerró el
ciclo de movilizaciones anti-neoliberales abierto en los años noventa y se inauguró el
Proceso de Cambio, conducido por el autodenominado „Gobierno de los movimientos
sociales‟ (García Linera, 2008, 2011; Gutiérrez 2009; Zegada 2011). El nuevo gobierno,
convocó una Asamblea Constituyente y decretó la nacionalización de los hidrocarburos,
principales demandas de la Agenda de Octubre (Schavelzon, 2013), medidas que
reestructuraron, al menos formalmente, el vínculo entre Estado, mercado y sociedad civil.
4 Proceso de construcción o actualización de una identidad étnica. En este caso dicha identidad había sido desplazada por la identidad campesina, promovida por la Revolución de 1952 y su proceso de Reforma Agraria. En los noventa, los campesinos reivindicaran esa identidad indígena, pero de una forma diferente a la que expresan los originarios del ayllu.
27
La Asamblea Constituyente diseñó un nuevo orden político en torno al principio de
pluralidad, que se planteó la superación del Estado nacional y republicano, y también del
multiculturalismo (Tapia, 2011; Prada, 2007; García Linera, 2008; Schavelzon, 2013;
Garcés, 2013). Este diseño se sustenta en tres pilares básicos: (a) El carácter plurinacional
del Estado, (b) La adopción del Suma Qamaña como guía para una economía post-
neoliberal y (c) La democracia participativa y comunitaria.
a) La Plurinacionalidad del Estado.
En términos formales, la plurinacionalidad implica un giro epistemológico que
rompe la equivalencia entre Estado y nación; y por ende, el principio de orden que rige las
relaciones políticas modernas. Asimismo, la plurinacionalidad supone un acto
descolonizador que desnaturaliza el orden capitalista y lo posiciona como una opción
cultural más en un amplio abanico de horizontes civilizatorios posibles. En un marco de
relaciones plurinacionales, la modernidad capitalista, como proyecto cultural, no
desaparece, pero su hegemonía se torna objeto de disputa. De manera más específica,
elementos básicos del capitalismo como la defensa de la propiedad privada, la
competitividad y el valor supremo del mercado como regulador de las relaciones sociales;
se nos presentan como valores y creencias particulares, no como principios universales. Sin
embargo, cabe señalar que este quiebre epistemológico adquiere connotaciones particulares
al ser incluido en el texto constitucional, las que regulan y/o mitigan su potencial político.
Efectivamente, Bolivia se define como un “Estado Unitario Social de Derecho
Plurinacional Comunitario” que deja atrás “el Estado colonial, republicano y neoliberal”
(Art.1CPE), donde el Estado asume “como fortaleza la existencia de culturas
indígenaoriginario campesinas, depositarias de saberes, conocimientos,
valores,espiritualidades y cosmovisiones” (Art.98, CPE).Además, en el conjunto del texto
constitucional, la plurinacionalidad opera como principio rector de un sistema de derechos
que enfatiza los derechos colectivos y la pluralidad jurídica y económica (Art.9, 98, 191,
306, CPE)
En términos más concretos, la plurinacionalidad, implica el reconocimiento de la
libre determinación de los pueblos indígenas y su derecho a la territorialidad (Art. 13,
CPE). Esta está asociada a la Autonomía Indígena Originaria Campesina, que consiste en
“el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos que
compartan identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y
cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión española” (Art. 13, CPE). La
conformación de la autonomía indígena originario campesina se basa en los territorios
ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la voluntad de su
población, expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y la ley (Art.290, CPE).
Esta definición de la autonomía promueve un nuevo ordenamiento territorial, que
debiese trascender la simple descentralización administrativa con enfoque multiculturalista,
puesto que conlleva el derecho a la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y
aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio
28
sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros (Art.13, inciso17,
CPE).Sin embargo, en el mismo texto constitucional, la libre determinación es limitada por
la potestad del Estado sobre los recursos naturales que se consideren estratégicos. De esta
manera, la plurinacionalidad se subordina al principio de soberanía territorial que rige al
Estado moderno.
Asimismo, la plurinacionalidad se expresa en la definición constitucional de un
nuevo sujeto de derecho: „las naciones y pueblos indígena originario campesinos‟, los que
son definidos como “toda colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma,
tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a
la invasión colonial española” (Art. 30, CPE).Esta categoría jurídica fusiona las identidades
del Pacto de Unidad. El uso de la categoría es sumamente interesante, pues el ejercicio de
síntesis reemplaza la diversidad, nótese que no hay comas ni guiones en su redacción
(Schavelzon, 2013). Efectivamente, la Constitución boliviana no reconoce naciones ni
pueblos específicos, aunque sí 36 lenguas indígenas originarias, lo que jurídicamente no es
equivalente. De esta forma, la plurinacionalidad se sostiene en el reconocimiento de un
sujeto abstracto que solo puede ser representado por el Estado (Mayorga, 2011). La
preexistencia colonial de este sujeto, es el fundamento histórico-cultural que se instala
como eje articulador de ´lo boliviano‟.
Lo anterior se explica, en gran medida, por las particularidades históricas de las
luchas indígenas populares. En Bolivia, los sujetos colectivos andinos -que resistieron el
poder colonial- configuraron sólidas estructuras orgánicas de carácter comunitario que
durante la República operaron corporativamente5. En esta sociedad, los procesos de
ciudadanización individual, fueron frenados por dichas estructuras, las que establecieron
complejas relaciones de competencia/colaboración con el Estado. Aquel vínculo
corporativo con el Estado, forma parte de la cultura política del MAS y el Pacto de Unidad,
por eso su vigencia en la administración de Evo Morales y su incorporación, con distintos
matices, en el texto constitucional (Mayorga, 2011).
b) El paradigma del SumaQamaña como soporte de una economía post-neoliberal.
Asumida la plurinacionalidad y por ende ampliado el horizonte de alternativas
civilizatorias, el pacto constitucional adopta un nuevo paradigma: El SumaQamaña6. Este
emerge como respuesta al desgaste del paradigma de desarrollo capitalista. Más allá de la
crítica a las políticas económicas fracasadas, los discursos oficiales que sustentaron su
constitucionalización, desacreditan la noción occidental de desarrollo. Cabe destacar que la
Constitución boliviana define el Suma Qamañacomo un “principio ético-moral de la
sociedad plural” (Art.2), situándolo en un plano que trasciende la noción de desarrollo y
progreso.
5 En el contexto de este trabajo no se atribuye una connotación negativa a ‘lo corporativo’. 6 Autores cercanos al indianismo como Esteban Ticona (2013), han negado el ‘Buen Vivir’ como traducción
adecuada de SumaQamaña, argumentando que este vocablo no logra interpretar la cosmovisión comunitaria que enmarca el devenir cotidiano de los pueblos indígenas originarios.
29
En términos formales, la constitucionalización del Suma Qamaña instala otra lógica
en el escenario político, no dicotómica ni lineal, donde la convivencia se construye en la
interconexión comunidad/Madre Tierra y el devenir del tiempo presente. De esta forma, se
opone al antropocentrismo capitalista que separa sociedad y naturaleza. Siguiendo las
cosmovisiones indígenas, el nuevo paradigma comprende la naturaleza como un sistema
integral. Esta es cargada de significados culturales que la subjetivizan como Pachamama, la
gran madre, con quien se establece un vínculo afectivo que rechaza su cosificación,
privatización y comercialización. Proteger la Pachamama, emerge entonces como un
mandato político, que se consolida con la promulgación de la Ley de Derechos de la Madre
Tierra (Ley 071). Esta defensa adquiere sentido en relación al proceso descolonizador, que
reconoce el vínculo Pachamama-comunidad, como pilar de las „naciones y pueblos
indígenaoriginario campesinos‟.
El Suma Qamaña también introduce otras maneras de pensar las relaciones
económicas. Estas toman forma en elmodelo de Economía Plural, que se autodefine como
post-neoliberal (García Linera, 2008). Así, en el texto constitucional se reconoce la
diversidad de lógicas y prácticas económicas de las naciones y pueblos que integran el
Estado. La Economía Plural debe complementar el interés individual con el Suma Qamaña.
Este modelo considera cuatro formas de organización económica: comunitaria, estatal,
privada y social cooperativa (Art.306 CPE) que debiesen tender a la articulación bajo el
principio andino de complementariedad.
En principio, el carácter post-neoliberal del modelo se evidencia
constitucionalmente en la recuperación del Estado como actor preponderante en la
planificación y dirección integral del desarrollo económico (Art.311 CPE) y el
reconocimiento de la propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo
boliviano sobre sus recursos naturales (Art.349 CPE). Aunque se debe subrayar, que el
texto constitucional señala que es el Estado, quien representa al pueblo boliviano en la
administración de esos recursos. El mercado, por tanto, es desplazado como regulador de la
economía.
Pero más allá de la recuperación del Estado, este diseño económico evidencia
contradicciones, pues la visión holística del Suma Qamaña termina subordinándose ala
lógica del desarrollo, pues en él coexisten una visión desarrollista, que promueve la
industrialización, y una ecológica etnificada, que defiende los derechos de la Pachamama.
Efectivamente, la Economía Plural asigna prioridad a los procesos de industrialización de
los recursos naturales renovables y no renovables (Art.319 CPE).
Bajo el discurso de la descolonización, la industrialización se plantea como un
camino adecuado hacia la soberanía económica, pues permitirá agregar valor a recursos
estratégicos, generando un excedente para la inversión social. La idea es redistribuir los
beneficios equitativamente en la población (Art.353 CPE), con el objeto de evitar la
desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples
dimensiones (Art.316 CPE). La recuperación -vía nacionalización- de los hidrocarburos y
otros recursos estratégicos como el agua, se orienta a controlar su productividad y el
30
destino de sus excedentes, rompiendo las relaciones de dependencia con los países
capitalistas centrales.
Para resolver la contradicción entre industrialización y resguardo de la Pachamama,
el texto constitucional incorpora la idea de sustentabilidad, señalando que: “Es deber del
Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los
recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente”
(Art.342 CPE). Por eso la industrialización debe realizarse en un marco de respeto y
protección al medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas (Art. 319 CPE).
Previniendo que estas declaraciones, en su generalidad, no sean suficientes para
evitar los conflictos asociados al proceso industrializador, se estipulan mecanismos de
consulta previa e informada, sobre la gestión ambiental en general (Art.353 CPE) y la
ejecución de proyectos que afecten a las „naciones y pueblos indígena originario
campesinos‟, en particular (Art.352 CPE).
c) La democracia participativa y comunitaria.
La nueva Constitución boliviana define como régimen político la democracia
participativa, representativa y comunitaria. Esta promueve un rol activo de la sociedad
civil, que va en sintonía con el lema „Mandar obedeciendo‟ que adoptó7desde sus inicios el
„Gobierno de los movimientos sociales‟. Específicamente, el texto constitucional señala que
la democracia se ejerce de las siguientes formas: (1) Directa y participativa, por medio del
referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el
cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo
conforme a Ley. (2) Representativa, por medio de la elección de representantes por voto
universal, directo y secreto, conforme a Ley, y (3) Comunitaria, por medio de la elección,
designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos
propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a
Ley (Art.11, CPE).
En este contexto, la consulta previa se presenta como un mecanismo de
democratización de la sociedad boliviana. Aquí cabe diferenciar dos tipos de consulta. Por
un lado la que se ha llamado „consulta pública‟, según la cual la población tiene derecho a
la participación, que se concreta siendo informada y consultada previamente a la toma de
decisiones que pudieran afectar la calidad del medio ambiente (Art. 343 CPE). Esta
consulta está orientada a la sociedad civil en general y no es resolutiva, su aplicación se
inscribe en las lógicas de la democracia participativa.
Pero, por otro lado, la constitución boliviana también incorpora la consulta previa,
libre, informada y de buena fe, a las „naciones y pueblos indígena originario campesinos‟
sobre medidas administrativas o proyectos que pudiesen afectar sus territorios. Este
mecanismo constitucionaliza la consulta contenida en el Convenio 169 de la OIT, que
7 El ‘Mandar obedeciendo’ forma parte de los repertorios políticos zapatistas. Repertorios que desde 1994
han permeado de diferentes maneras las luchas indígenas y populares de América Latina.
31
Bolivia firmó el año 1991. En este caso la consulta se asocia directamente al
reconocimiento de la libre determinación y las autonomías territoriales. De hecho, el texto
“…reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el
derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables
en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la
participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables
que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias,
administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de
acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la
naturaleza”(Art. 403 CPE).
Teniendo como marco la plurinacionalidad del Estado, esta consulta opera como un
mecanismo de reconocimiento de la libre determinación, por lo que necesariamente debiese
ser vinculante. Es decir, la consulta es el procedimiento para ejercer el derecho al
consentimiento, lo que supone la obligatoriedad del Estado respecto a las decisiones de las
naciones y pueblos consultados. A diferencia de la consulta a la sociedad civil en general,
esta se enmarca en la democracia comunitaria, que sustenta el carácter plurinacional del
nuevo ordenamiento político.
La ampliación del régimen democrático, con mecanismos de democracia
participativa y comunitaria, es clave en la reconfiguración del vínculo entre el Estado, el
mercado y la sociedad civil, pues los actores que operan desde esta última esfera, quedan
habilitados, por lo menos formalmente, para ejercer control sobre las decisiones del Estado.
Paralelamente, el poder delegado pierde centralidad, lo que redefine la representación
política como un proceso en continua actualización.
En términos generales, puede plantearse que la Nueva Constitución Política del
Estado, articula tensamente diferentes agendas, asociadas a tradiciones populares críticas,
que no necesariamente responden al clivaje izquierda/derecha. En este sentido, recupera la
tradición indianista, pero también lasindigenista, marxista y nacional-popular, lo que
explica de algún modo la diversidad de interpretaciones en competencia. El resultado, son
las incoherencias que se visibilizan en las políticas públicas; por ejemplo, el Suma Qamaña
cuestiona la lógica de acumulación capitalista, pero los modelos económicos en que se
concreta, solo tensionan la actual arquitectura del capitalismo global. Se podría incluso
cuestionar que el reconocimiento de otras formas económicas se realiza en función de la
inclusión social, no como alternativa al capitalismo. Eso explicaría el énfasis, primero, en la
soberanía del Estado sobre los recursos naturales, principalmente los no renovables, que
son los que hoy dinamizan el capital; y segundo, en la redistribución de los excedentes
productivos y la compensación de daños, que transforma las propuestas post-neoliberales
en respuestas adaptativas al capitalismo.
De hecho, el gobierno ha naturalizado el extractivismo como un mal necesario,
argumentando que Bolivia no posee condiciones para intentar una alternativa no capitalista
sin antes haberse industrializado, y no podrá hacerlo si no cuenta con la renta de los
hidrocarburos (García Linera, 2012). Además, el „socialismo comunitario‟ es un proyecto a
largo plazo, que también requiere de la previa industrialización (García Linera, 2008;
32
2010). Según este diagnóstico, el Estado no puede salirse de las redes del capital, pero sí
mejorar las condiciones de su integración.
Si bien la misma Constitución plantea el nuevo orden como un proceso en
construcción, las leyes derivadas, que finalmente son las que operativizan la Constitución,
no han respondido a las expectativas de importantes sectores que hicieron posible el
Proceso de Cambio, evidenciando las contradicciones y desplazando los antagonismos
hacia el interior del bloquepopular (Escárzaga, 2011; Ribera, 2013; Crespo, 2013).
Efectivamente, en el segundo periodo presidencial de Evo Morales, se ha desarrollado una
nueva conflictividad política, donde antiguos aliados se disputan la interpretación legítima
de los mandatos constitucionales (Prada, 2012; Villegas, 2013). Los principales puntos en
debate son los significados y límites del Suma Qamaña, la representatividad indígena y
originaria en el sistema político, el deslinde jurisdiccional y sobre todo el derecho a la
autodeterminación y los límites de las autonomías, tema directamente asociado al régimen
de propiedad.
Pese a lo anterior, un rasgo predominante del periodo post-constituyente, es la
fuerza interpeladora de la sociedad civil frente a las decisiones gubernamentales, la que se
expresa en la participación de las bases de apoyo MASistay otras instancias en el diseño de
políticas y proyectos, y una serie de acciones contestatarias como marchas y bloqueos,
realizadas también por sectores orgánicos, que así obligan al gobierno a negociar sus
demandas. Esas demandas se presentan ante un gobierno que asume un rol redistributivo,
que opera con un sistema de bonificaciones que le permite mitigar problemáticas
estructurales de larga data, y que si bien partió fortalecido frente a la incapacidad de la
derecha tradicional para producir una alternativa de oposición que sea viable, hoy en día
enfrenta la configuración de una nueva oposición de izquierdas, diversa internamente,
formada por ex aliados y MASistas disidentes que exigen la „reconducción del Proceso de
Cambio‟, cuya máxima expresión ha sido el quiebre del Pacto de Unidad. Es en esta
Bolivia post-constituyente, con una sociedad civil desplegada en el espacio público, donde
se contextualiza el conflicto por la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, más
conocido como el conflicto del TIPNIS.
EL TIPNIS Y EL CONFLICTO POR LA CARRETERA VILLA TUNARI-SAN
IGNACIO DE MOXOS.
El TIPNIS es un bosque amazónico de las tierras bajas de Bolivia, ubicado entre los
departamentos de Beni y Cochabamba, donde se sobreponen un corredor de biodiversidad y
una franja petrolera (Rosell, 2012; Paz, 2011, Villegas, 2012). El bosque es habitado por
tres pueblos indígenas: moxeños, yurakarés y chimanes, que hacen un uso extensivo del
territorio a través de una economía de subsistencia basada en la pesca, recolección, caza y
pequeña agricultura de chaco. Su sistema de vida se organiza sinérgicamente en torno a los
ritmos productivos del bosque y los ríos, por eso definen el territorio como su „Casa
Grande‟ y a sí mismos como „pueblos del río‟. Estos grupos, originalmente nómades, se
habrían asentado en el bosque como estación final de su travesía hacia la mítica „Loma
33
Santa‟. Ahí se refugiaron, con ciertos niveles de autonomía del Estado, pero expuestos a las
relaciones de explotación económica que establecieron los hacendados (García Linera,
2012).
Desde la década del sesenta, la Amazonia de tierras bajas se constituyó en un punto
de atracción para los migrantes de tierras altas, que tras sucesivas crisis económicas,
decidieron colonizar nuevas áreas de cultivo (Schavelzon, 2013). Primero se asentaron en el
Chapare, dedicándose a la producción de coca, y desde el sector de Villa Tunari bordearon
el TIPNIS (Paz, 2011, 2012; Rumbol, 2011). Ya en los ochenta, empresas forestales, de
desarrollo turístico y caza de caimanes, entraron al parque; más tarde lo hicieron las
exploraciones petroleras (García Linera, 2012; Paz, 2012). Así, al iniciar la década del
noventa, tres formas de territorialidad competían por el control del TIPNIS: (a) la de
manejo extensivo, propia de los indígenas de tierras bajas, que para lograr la sinergia con su
„Casa Grande‟ requieren grandes extensiones de terreno; (b) la del uso intensivo de la
tierra, característica de los cocaleros, que necesitan „limpiar el bosque‟ para levantar
parcelas de cultivo; y (c) la de explotación intensiva de recursos, renovables y no
renovables, que guía a las corporaciones transnacionales.
Ante la precarización ecológica y social que causaban las forestales, los pueblos del
TIPNIS, con apoyo de ONGs radicadas en Beni y Santa Cruz, realizaron la „I Marcha por la
Vida, el Territorio y la Dignidad de los Pueblos Indígenas‟ (1990), repertorio de acción
colectiva que los visibilizó a nivel nacional (Albo, 2012; Regalski, 2003, 2011; Crespo,
2010). El objetivo de esta marcha, y las cuatro que le siguieron, fue exigir la presencia
reguladora del Estado. En respuesta, este estrenó las políticas multiculturales: ratificó el
Convenio 169 de la OIT, otorgó al parque el status de Tierra Comunitaria de Origen (TCO)
y reconoció su titularidad a moxeños, yurakarés y chimanes. Para administrar la TCO, estos
pueblos formaron la Subcentral del TIPNIS, reconociendo como órgano matriz a la
Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB). Desde ese momento, los
gobiernos neoliberales promovieron la organización de las minorías indígenas de tierras
bajas, como alternativa multicultural a la politización de las mayorías aymaras y quechwas
de tierras altas que rechazaron la categoría „indígena‟ por considerarse „naciones
originarias‟.
Pero más allá de la amenaza directa de las forestales, la liberalización económica de
los años noventa intensificó la migración de los campesinos y mineros empobrecidos de
tierras altas, que presionaron los bordes del TIPNIS. Hecho que, el año 1999, gatilló un
enfrentamiento entre indígenas y colonizadores, el cual se resolvió acordando una línea roja
como nueva frontera (Rumbol, 2011; Paz, 2012; García Linera, 2012). La línea roja
delimitó la interacción entre dos lógicas de gestión territorial, que se materializan en
regímenes de propiedad de la tierra contrapuestos y formatos organizacionales distintos.
Efectivamente, los indígenas mantienen un régimen de propiedad colectiva, pero privada de
la tierra, y estructuran la Subcentral TIPNIS bajo la forma del cabildo. En tanto, los
cocaleros, entre los que no solo hay colonizadores sino también indígenas de la zona
fronteriza del TIPNIS, poseen la propiedad privada individual y su organización, el Consejo
Indígena del Sur (CONISUR), opera como sindicato.
34
Tras la crisis política asociada a la Guerra del Agua del 2000, la Subcentral TIPNIS
y las otras organizaciones de la CIDOB se desprendieron de la tutela gubernamental y
abrieron diálogo con el recién fundado Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu
(CONAMAQ) con el cual comparten la demanda de derechos territoriales y autogobierno.
Asimismo, apoyaron las movilizaciones anti-neoliberales de cocaleros y campesinos, con
quienes establecieron un frente común de resistencia popular a los procesos de
privatización y la injerencia norteamericana. En esta coyuntura, plantearon junto a
CONAMAQ la propuesta de Asamblea Constituyente, la que fue adoptada más tarde por
las organizaciones campesinas del Pacto de Unidad (Schavelzon, 2013). Cabe subrayar que
fue en el ciclo de acción colectiva anti-neoliberal, gracias a la interacción con otras
organizaciones indígenas latinoamericanas y luego con CONAMAQ, donde el movimiento
indígena de tierras bajas politizó sus demandas fuera de la lógica multicultural.
Así, en los primeros años del nuevo siglo, el conflicto entre indígenas del TIPNIS y
colonizadores entró en latencia ante la posibilidad de frenar juntos el proceso de ajuste
neoliberal. Luego de la caída de Sánchez de Lozada, la CIDOB participó en la campaña de
Evo Morales y tuvo un rol activo en el proceso constituyente. En ese escenario, moxeños,
yurakarés y chimanes del TIPNIS exigieron su reconocimiento como parte de las „naciones
y pueblos indígena originario campesinos‟ que sustentan el carácter plurinacional del
Estado. Pero, al institucionalizarse la plurinacionalidad según el parámetro liberal de
„derechos de minoría‟, su rol político quedó limitado a los cupos de las circunscripciones
especiales de la Asamblea Legislativa. Situación que generó enfrentamientos internos con
campesinos y cocaleros del Pacto de Unidad y reactivó los antiguos problemas de la
territorialidad; aunque ello no significó su rechazo al gobierno MASista. De hecho, este se
reforzó cuando Evo Morales, el año 2009, firmó la titularidad de la TCO y avaló el co-
manejo del parque entre la Subcentral TIPNIS y el Estado. Co-manejo que se materializó
en emprendimientos turísticos, de producción de chocolate y de explotación maderera.
En 2010, el escenario cambió radicalmente cuando Evo Morales, acompañado de
Lula Da Silva, anunció la construcción del tramo carretero, el cual forma parte de la
carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que pretende unir los departamentos de Beni
y Cochabamba y, a través de ellos, las tierras bajas y altas de Bolivia (García Linera, 2012;
Albo, 2012; Crespo, 2012). Dicha carretera fue contemplada en el diseño de la Red Vial
Fundamental que, bajo la guía del BID, impulsaron los gobiernos neoliberales de los años
noventa y que luego se acopló a la plataforma de la iniciativa para la Integración de
Infraestructura Regional Sudamericana, IIRSA (Villegas, 2013, Svampa, 2013). Vale
señalar que cuando Evo Morales asumió la presidencia, ya existían los senderos no
pavimentados que forman los tramos I y III, pero fue en su gobierno, que se consiguió el
financiamiento del BNDES para el tramo II y se adjudicó la obra a la constructora OAS,
ambas brasileras.
Este proyecto carretero fue tratado en el XXIX Encuentro de Corregidos del
TIPNIS, donde se rechazó la obra por considerarla una amenaza a la biodiversidad del
bosque y, por extensión, a lospueblos indígenas que lo habitan. Luego se presentó el caso
en la polémica „Mesa 18‟ de la Conferencia Mundial de los Pueblos de Tiquipaya y unos
35
meses después, la Subcentral TIPNIS anunció una marcha hacia La Paz, la VIII desde el
año 1990. Se iniciaba así el despliegue de la defensa del TIPNIS, la que congregó
masivamente a sectores inconformes con las políticas gubernamentales. Paralelamente, las
bases cocaleras, e indígenas afines al MAS, se movilizaron para respaldar la obra en
nombre del Proceso de Cambio.
En este contexto, la policía -en un incidente aun no aclarado- reprimió
violentamente a los marchista en las inmediaciones de Chaparina. Acción que fue
rechazada de manera tajante por la sociedad boliviana. Ante estos hechos, el gobierno se ve
obligado a dialogar y decretar la Ley 180 de intangibilidad del TIPNIS. Pero unas semanas
más tarde, el Consejo Indígena del Sur (CONISUR), que desconoce la representatividad de
la Subcentral TIPNIS y CIDOB, marchó hacia La Paz, demandando la construcción de la
carretera y la derogación de la Ley 180. El gobierno entonces decretó la Ley 222, abriendo
un proceso de consulta, que fue rechazado por los indígenas opositores a la obra, quienes
nuevamente marcharon a la capital, pero sin lograr repetir la apoteósica convocatoria de su
movilización anterior. Sin resultados concretos, y con una organización intervenida por
sectores afines al gobierno, los marchistas regresaron al TIPNIS para resistir la consulta. A
fines de 2012, el gobierno anunció que el 82% de las comunidades del parque, aprueba la
carretera, siempre y cuando esta sea una carretera ecológica. Sin embargo, las acusaciones
de mala fe, ponen dudas sobre la veracidad de los resultados. Desde entonces el gobierno
intenta minimizar el conflicto, y los indígenas reposicionarlo en el debate político
plurinacional.
LOS SUJETOS EN CONFLICTO, SUS TERRITORIALIDADES Y REPERTORIOS
INTERPRETATIVOS.
Para empezar tres advertencias: Primera,el conflicto por el tramo II de la carretera
Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, no ha sido un proceso homogéneo, por el contrario su
propio desarrollo ha modificado las dinámicas de confrontación y los repertorios
interpretativos que sustentan las posiciones a favor o en contra de la obra; lo que significa
la permanente reconfiguración identitaria de los sujetos colectivos en pugna. Segunda, para
comprender dichas dinámicas, se debe considerar que en este conflicto convergen otros
conflictos sociales, por lo que su despliegue activa viejos antagonismos. Tercera, el
conflicto surge como un problema local, pero luego se extiende a nivel
nacional/plurinacional, constituyéndose en el principal tema de la agenda política, en el
trascurso los sujetos en conflicto también se diversifican. En este contexto, identificamos
los siguientes sujetos involucrados y sus repertorios interpretativos8.
8 Comprendemos como marcos interpretativos, el conjunto de líneas argumentales que organizan su
definición del problema, sus posicionamientos y demandas.
36
El gobierno impulsor de la obra: “Necesitamos construir Estado”.
Se trata del gobierno del primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, que
canalizó la Agenda de Octubre y la Asamblea Constituyente. Su segundo periodo se ha
caracterizado por la promoción de un enfoque productivista, aun centrado en el
extractivismo de materias primas, pero que proyecta la industrialización de los recursos
nacionalizados. Enfoque que entra en tensión con su posicionamiento internacional como
Defensor de la Pachamama. Este gobierno plantea la carretera como una obra estratégica
del Proceso de Cambio, pues al unir tierras bajas y altas, aseguraría la presencia estatal y
por ende los derechos ciudadanos en todo el territorio boliviano. Según este argumento, la
carretera es necesaria para construir un „Estado integral‟ que supere el „Estado aparente‟9:
“La razón de la construcción de esta carretera que une Amazonia y altiplano
y valles, es que Bolivia tiene una tercera parte de su territorio desvertebrado
donde no hay Estado, y donde no hay Estado quien gobierna es el
hacendado, es el maderero que depreda los bosques o es el narcotraficante.
La presencia de la carretera iba a permitir, y tiene que permitir tarde o
temprano, una articulación no solamente de regiones separadas durante 180
años -la Amazonia es una región muy importante, un reservorio de agua,
biodiversidad y de bosques- sino que a la vez también va a permitir
presencia del Estado y de derechos. En el TIPNIS la gente no tiene carnet,
no tiene escuelas -el TIPNIS es el bosque donde debería pasar la carretera-
no tiene escuelas, no tiene hospitales. Allí la gente para llevar el arroz que
cultiva, para intercambiarlo digamos por azúcar o por sal, tarda 5 días para
llegar a un lugar para intercambiar sus productos” (Álvaro García Linera)10
.
Como se puede observar, el argumento oficialista se sustenta en la carencia de los
habitantes del parque, la que se presenta como un efecto de la histórica falta de Estado. La
carretera, entonces, se asume como un instrumento de inclusión de los necesitados. Pero no
solo de quienes serán vinculados territorialmente, sino de todos los necesitados del pueblo
Boliviano, que serán beneficiados con el „desarrollo‟ de la Amazonia. Por eso, el
presidente Evo Moralesdenuncia que estar contra la obra, es estar contralas políticas
sociales:
“No puedo entender que hermanos indígenas del Oriente, de la Amazonia y
del norte paceño se opongan al desarrollo que requiere el pueblo boliviano.
Si bien Bolivia es respetuosa del medio ambiente, no puede dejar de
desarrollarse explotando racionalmente sus recursos naturales… Es una
necesidad tener más petróleo, más gas, más caminos e industria. Las ONG
usan a algunos dirigentes para oponerse y no facilitan las licencias
ambientales para que haya más pozos y más petróleo ¿De qué entonces
Bolivia va a vivir? si algunas ONG dicen „Amazonía sin petróleo‟…. Están
diciendo, en otras palabras, que el pueblo boliviano no tenga plata, que no
9 Términos que el Vicepresidente García Linera ha retomado del sociólogo René Zabaleta.
10 Entrevista TELESUR, 2011.
37
haya IDH, que no haya regalías, pero también van diciendo que no haya (el
bono) Juancito Pinto, ni la Renta Dignidad, ni el bono Juana Azurduy” (Evo
Morales).
Con estos planteamientos, el gobierno se enmarca en una retórica desarrollista que
naturaliza la necesidad de las obras como soporte de sus políticas redistributivas. En esta
línea argumental, se enfatiza el antagonismo entre „conservacionistas‟ y „fuerzas
revolucionarias‟:
“Esta es precisamente la trampa conservadora de los críticos del
extractivismo. En su liturgia conservacionista, mutilan a las fuerzas
revolucionarias y a los gobiernos revolucionarios de los medios materiales
para satisfacer las necesidades de la población, para generar riqueza y
distribuirla con justicia, y crear sobre ello una nueva base material no
extractivista que preserve y amplié los beneficios de la población laboriosa”
(Álvaro García Linera).
Según la versión gubernamental, estos „conservacionistas‟, vinculados a las ONG,
responderían a intereses coloniales, funcionales al capitalismo, que buscan transformar
Bolivia en una „Patria de Guardabosques‟:
“Las alhajas de la „alternativa civilizatoria‟, „otro desarrollo posible‟, „la
consulta‟ y la „critica a la modernidad‟ no designan a Bolivia sino como
República Pastoril o Patria de Guardabosques, que tanta falta le hacen al
sistema capitalista. Por eso el oenegismo es enfermedad infantil del
derechismo; derecha, porque finalmente no hace más que actualizar el
carácter colonial de la sociedad, condenando al buen salvaje a su rol de
neófito o quizás guardabosques; infantil porque la derecha en su madurez, o
sea su configuración burguesa, no se resigna al papel de clase dominante
dependiente ni a Señor de una República de Pastores; enfermedad porque esta
política está condenada, más tarde que temprano a sucumbir” (Álvaro García
Linera).
Si a las ONG que trabajan temas ambientales e indígenas, se las desacredita,
atribuyéndoles intereses serviles al imperialismo, a la generalidad de indígenas que
rechazan la obrase los minimiza:
“El conflicto sobre el TIPNIS ha involucrado a algunos pueblos indígenas
de tierras bajas, pero se mantiene el apoyo de los indígenas de tierras altas y
valles, que son 95% de la población indígena de Bolivia. Y de los indígenas
movilizados, la mayor parte eran dirigentes de otras zonas que no son
precisamente del TIPNIS, pero que cuentan con un apoyo sistemático de
organismos no gubernamentales ambientalistas, varias de ellas financiadas
por USAID” (Álvaro García Linera).
38
Cabe destacar que el gobierno ha sustentado su defensa del tramo carretero en el
problema de la inclusión social y el desarrollo, desvinculándola de la temática de
integración regional. De hecho, desde el 2011, el Vicepresidente ha negado toda conexión
del proyecto con la iniciativa IIRSA, como se verá más adelante este argumento es refutado
por otros sujetos en pugna. De esta manera, la versión oficial conjuga un repertorio
defensivo, enfocado en la inclusión social, y otro desacreditador que descalifica y/o
minimiza el rechazo a la obra.
En esta línea interpretativa, la necesidad del „Estado integral‟, que da sentido a la
promoción de la carretera, expresa la visión de una territorialidad estatal, cuya intento de
hegemonía tensiona otras territoriales de carácter local. Efectivamente, este proyecto de
orden entra en competencia con el que mantienen los sujetos que desarrollan su vida en el
parque: los indígenas de tierras bajas y los colonizadores. Ambos mantienen un conflicto
territorial, por lo menos desde la década del sesenta, que invisibilizado por su alianza
estratégica en el Pacto de Unidad, se canaliza actualmente en el problema de la carretera.
Los indígenas de tierras bajas: “Nadie puede entrar sin permiso a nuestra Casa
Grande”.
En principio, el rechazo a la obra surge de los yurakarés, moxeños y chimanes que
viven en 64 comunidades al interior del parque, y que desde la década del noventa se
organizan en la Subcentral TIPNIS. La identidad de estos grupos está asociada
directamente a la trayectoria del movimiento indígena de tierras bajas, por lo que operan
orgánicamente a través de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB).
En este sentido, su negación a la carretera se sostiene en una sólida estructura
organizacional que articula los 34 pueblos del Oriente, la Amazonia y el Chaco. Esto es
muy importante, pues el rechazo no es individual, ni comunitario, sino
orgánico.Históricamente, su integración al Estado ha sido parcial y precaria. De hecho,
recién en la década del noventa adquieren visibilidad como sujetos políticos, y luego su
identidad queda subsumida en la del Pacto de Unidad.
Como antes se ha explicado, estos pueblos hacen un uso extensivo del territorio, rotando
actividades de recolección, pesca y chaco, orientadas a la subsistencia. La estrecha relación
que establecen con los ritmos ecológicos del bosque, se expresa metafóricamente en su
definición de este como la Casa Grande, el hogar que provee:
“La Casa Grande, es una Casa Grande donde todos tenemos, por ejemplo, lo
necesario dentro de nuestro hogar, como los animales silvestres, madera,
tenemos ríos, lagunas, de todo, eso nos sirve para poder tener el sustento de
la familia dentro del hogar, dentro de la comunidad, porque de ahí se provee
el tema (…) sin costo ninguno. Nosotros hacemos lo que necesitamos dentro
de las comunidades y dentro del hogar ¿no? Por ejemplo en el tema de
proveerse de carne, ahí tenemos los animales silvestres, tenemos el pescado
en los ríos, en las lagunas y las aves ¿no?, entonces es una Casa Grande”
(Corregidor TIPNIS).
39
Siguiendo este argumento, los indígenas no serían pobres, pues la Casa Grande que
los cobija, satisface sus necesidades:
“Yo quiero decirle que mis hermanos no son pobres, viven todos sobre las
riberas del río, ellos cultivan sus necesidades prioritarias como el maíz, el
arroz, la yuca, tienen champa en el suelo, y ahí está su carne en el río.
Entonces nosotros decimos nuestros hermanos no sufren” (Presidenta IX
Marcha).
Este uso del territorio, va asociado a la propiedad colectiva, que emerge como
régimen estructurante de las relaciones sociales y la identidad indígena. Este tipo de
propiedad permite el uso extensivo, acorde a las dinámicas ecológicas. Argumento que
niega la existencia de tierras „ociosas‟:
“Nosotros como pueblos indígenas no vendemos, no vendemos -así sea que
nos calumnien- un metro de tierra dentro de nuestro territorio. La familia
que trabaja dentro es dueña de todo lo que puede sembrar, es dueño del
espacio donde vive... Por eso es la razón de que tenemos bastante tierra
nosotros (…) dentro de las TCO consolidadas, porque no se permite dentro
de los estatutos de los pueblos indígenas. Entonces por eso es que realmente
los pueblos indígenas mantenemos ese espacio grande, y realmente muchos
campesinos y el mismo gobierno dice que tenemos tierra de ociosa.
Nosotros le hemos dicho al gobierno que en ningún momento nuestros
espacios territoriales son de ociosos, porque nosotros en algunas partes, por
ejemplo en el parque nacional, el territorio está zonificado, hay un área de
reserva” (Dirigenta CIDOB).
Efectivamente, los indígenas rechazan la existencia de tierras ociosas y las
acusaciones que los califican de flojos por no „trabajar‟ sus terrenos, por el contrario se
definen a sí mismos como „conservadores por naturaleza‟, argumento que los habilita para
defender su sistema de gestión territorial:
“Porque aparte de eso, nosotros lo que tenemos es que somos conscientes de
que tenemos que cuidar nuestro territorio, no derrumbar tanto, y somos
conservadores por naturaleza. Y por eso si es que existe bastante monte,
bastante territorio. Y no es porque seamos flojos tampoco” (Dirigenta
CIDOB).
Es desde este repertorio interpretativo, que los indígenas se posicionan para negar
la carretera y desacreditar los argumentos gubernamentales. Su planteamiento central es
que la carretera amenaza la Casa Grande, sus derechos y su vida:
“La carretera es una amenaza para el territorio, para la preservación de los
recursos naturales. Se van a deforestar 1.500 hectáreas de árboles. Afectará
a las nacientes de varios ríos, a la flora y la fauna; hay riesgo de que las
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comunidades puedan desaparecer. Nosotros no creemos que con esa
carretera llegará el desarrollo” (ex Presidente Subcentral TIPNIS).
“Una vez lográndose el camino, por aquí cualquier clase de gente,
empresarios, van a entrar. Y la gente ya va a perder la costumbre y toda su
vivencia del lugar, incluso se van a cansar de estar de peones de los
empresarios, se van a ir a la ciudad, al campo y no, no hay mucha costumbre
de vivir (ahí), como vago no más, por ahí se puede decir. Entonces esa es la
peor consecuencia de ese camino que se va a hacer” (Dirigente TIM).
Esta negación de la equivalencia entre carretera y desarrollo, se sostiene en la
experiencia de otros pueblos indígenas, que durante el periodo neoliberal fueron
intervenidos por carreteras que supuestamente les facilitarían la vida, pero que solo la
habrían empeorado:
“…para nosotros de algunas cosas será beneficiada la carretera, en otras no,
es perjudicial. Yo lo comparo por ejemplo (con) el tramo Trinidad-San
Ignacio, San Ignacio-San Borja. San Borja hacia adelante hemos recorrido,
las dos marchas han estado (ahí), la VIII y la IX, hemos recorrido y hemos
pasado en esas comunidades. En esas comunidades, de años hacen las
carreteras que están construidas, y están más pobres que las comunidades de
donde yo vivo, no tienen absolutamente nada, la gente no tiene madera para
ya hacer su casa, no tiene los pescados de antes, no tiene los animales
silvestres que tenían antes, pero pasa la carretera a diez metros de su
comunidad” (Ex Corregidor TIPNIS, actual dirigente Subcentral).
Ante lo que definen como una gran amenaza, los pueblos se plantean defender el
territorio, señalando que nadie puede entrar sin permiso a su Casa Grande. En este
contexto, la demanda hacia el gobierno es respeto:
“Ahora en nuestro territorio tenemos riesgo para que el territorio lo
perdamos, nuestra Casa Grande, y hasta ahora ya recién nosotros hemos
podido estar, e ir adelante o sea en las entrevistas, así en las luchas, ir a
enfrentarlo ¿no?, luchando para nuestro territorio. Porque estamos exigiendo
el respeto y que este Presidente que tenemos, que nos pueda respetar, que
pueda respetar el territorio. Es nuestra Casa Grande, y estamos nosotros
protegiendo que nadie pues entre así, entren de otros lados personas
extrañas… nosotros no podemos decir que vengan y que hagan un camino o
algo, tienen que pedir pues permiso para que nosotros podamos hablar,
bueno dialogar” (Dirigenta Subcentral TIPNIS).
Esta demanda de respeto se sustenta en la lucha histórica emprendida a fines del
siglo XX, que abre el ciclo de movilizaciones populares que gestó el proceso
destituyente/constituyente, y que a nivel local logró el reconocimiento de las TCO y la
titularidad colectiva del parque. El argumento es que no se puede perder aquello que se
ganó en la lucha:
41
“No podemos aceptar nosotros que el parque pueda ser destruido de repente,
en un corto tiempo, cuando ha costado casi veinte años para poder
consolidar el territorio del TIPNIS, para lograr su titulación, entonces no es
justo. Desde las primeras marchas de nuestros padres, por dejar una tierra
por herencia a nuestros hijos, hoy que tengamos que retractar en algún
momento, y dejar que así no más el gobierno atropelle nuestra Casa Grande.
Porque para nosotros, para mí como indígena y como dirigente, los
territorios son nuestra Casa Grande” (Presidenta IX Marcha).
El proyecto carretero entonces, no solo es una amenaza potencial al equilibro
ecosistémico del territorio, sino también una vulneración de los derechos indígenas. Es en
este punto, donde el tema de la autonomía cobra relevancia, pues más allá del rechazo a la
obra, el argumento que convoca orgánicamente a los indígenas es la imposición del
proyecto.
“Este gobierno tal vez con las buenas intenciones, pero que también se ha
equivocado. No por el hecho que es Presidente de una nación vaya a hacer
lo que le dé la gana ¿no? (…) sin tomar en cuenta a los vivientes que viven
¿no?, dentro de cada TCO. Y no toman en cuenta en realidad cuáles son
los(problemas) que nos pueden perjudicar, como territorio de todos ¿no?”
(Corregidor TIM).
“Donde justo pasa la carretera diseñada por el gobierno es por la zona
núcleo, y donde realmente se detectan tres pozos grandes para la explotación
mineral de petróleo. Entonces obviamente si el gobierno quisiera expropiar
eso, se nos debe de consultar, pero legalmente, sin saltar las instancias. Por
lo tanto, es lo que no ha sucedido con nosotros los pueblos indígenas de
tierras bajas, donde el gobierno se ha saltado las instancias” (Presidenta IX
Marcha).
Dicha imposición, se presenta como expresión de un problema más amplio: la
traición del gobierno, especialmente de Evo Morales, a los pueblos indígenas.
“Nosotros no, no lo estamos permitiendo, como lo que nosotros decimos: él
hace todas las leyes, pero él mismo lo pisoteó, él mismo viola, y en eso no
estamos de acuerdo nosotros, que nos tenga así el Presidente” (Dirigenta
TIPNIS).
“Para nosotros todavía es una amarga experiencia, porque realmente en esta
época donde realmente se dice que se practica la democracia, donde se dice
que Bolivia nunca más sin los pueblos indígenas. Pero nosotros tenemos un
análisis y decimos: Tenemos un Presidente discriminador, tenemos un
Presidente racista, tenemos un Presidente enemigo de los pueblos
indígenas” (Presidenta IX Marcha).
42
Así, deslegitimando al gobiernolos indígenas invalidan los argumentos oficiales a
favor de la carretera, pero también se sitúan como oposición política. Desde esta posición,
su crítica al proyecto se articula a la denuncia de intereses campesinos sobre su territorio,
lo que actualiza el problema histórico de la propiedad de la tierra, que enfrenta a los
indígenas con los campesinos, bases que sostienen al gobierno. Para los indígenas, la
vulneración de sus derechos autonómicos es funcional al intento de arrebatarles sus tierras:
“Son las conclusiones que nosotros sacamos, porque el gobierno sabe por
ejemplo que ya se terminó la repartida de tierra, ya la distribución de tierra
tanto para campesino como para indígena ya se venció su etapa. Por lo
tanto, si nosotros logramos consolidar espacios territoriales para los pueblos
indígenas, bastante es también que nos ha costado, bastante lucha y
conflicto. Y eso el gobierno no lo quiere aceptar, no lo quieren aceptar los
campesinos, dicen que nosotros tenemos bastante tierra y que van a meter
auditoria a nuestros territorios. No nos pueden hacer eso, porque ya nuestros
territorios están totalmente titulados” (Dirigenta CIDOB).
En este escenario, la carretera sería el instrumento para ocupar sus tierras,
parcelarlas e instalar un modelo de agricultura campesinatecnologizada, el que es
rechazado como algo ajeno a su cultura:
“Entonces eso, el gobierno (nos) quiere cambiar, pero no podemos aceptar
que a nosotros nos impongan otra cultura que no es la nuestra. Nosotros no,
no, no trabajamos con químicos, no trabajamos con maquinaria como el
gobierno piensa hacer. Entonces ¿de qué protección a nuestro territorio
estaríamos hablando?Estaríamos hablando de repente (de) querer
convertirnos en pequeños empresarios o en grandes empresarios”
(Presidenta IX Marcha).
Con estos argumentos los indígenas niegan que la obra sea un beneficio para ellos,
pues facilitaría la internación de campesinos, especialmente cocaleros y también la
explotación de petróleo. De hecho, quienes viven en el territorio, señalan que el trazado ni
siquiera resolvería el problema de comunicación de la mayoría de las comunidades:
“¡Pero de qué desarrollo se está hablando!Si no hay comunidades en donde
va a pasar la carretera, solamente por el Norte está la comunidad de Santo
Domingo, por el lado Sur está San Antonio ¿no? Entonces son las únicas
dos comunidades que están cercanas a esa carretera y el 95% de las
comunidades están hacía abajo, mucho más lejos ¡Entonces de qué, de qué
progreso habla el gobierno!” (Corregidor TIPNIS).
Por otro lado, frente al repertorio desarrollista, los indígenas también señalan que la
implementación de servicios, que el gobierno identifica con progreso, no debe
superponerse al respeto de las culturas:
43
“Más allá que el gobierno diga que será el desarrollo del TIPNIS, que más
allá que el gobierno diga que será el desarrollo llevándole escuela, posta, es
su obligación del Estado boliviano asistir con los servicios básicos. Pero no
puede destruir nuestro territorio de esa manera. Entonces, en ese sentido,
realmente nosotros quisiéramos tener la protección de nuestros hermanos.
Que esa riqueza de la etnia, cultura, tanto del pueblo chiman, del pueblo
yurakaré, del pueblo trinitario, se pueda mantener” (Presidenta IX Marcha).
En este contexto, el tema del desarrollo es sumamente complejo, pues aquí se
identifican dos posiciones al interior del movimiento indígena de tierras bajas: Una que
asume la perspectiva desarrollista, representada por la ampliación de servicios básicos y
oportunidades productivas, pero que se las plantea desde el ejercicio de la autonomía:
“Mayormente el gran deseo es tener un territorio bien productivo, para que
entonces así mismo nosotros, más que todo, las comunidades ¿no? requieran
de todas esas necesidades que ahora hay ¿no? Entonces, a través de la
autonomía, consideramos que sí es un fortalecimientopoder gobernarnos
nosotros mismos como territorio” (Corregidor TIM).
Esta posición no rechaza en sí la construcción de la carretera, pues se comparte,
aunque con matices, el imaginario desarrollista. Pero no la imposición del control externo:
“Por decir el Multiétnico, el TIM, nunca ha dicho „no a la carretera‟, siempre
ha dicho sí, pero que se haga por las vías legales como corresponde, entonces
que el gobierno no viole los derechos. Por eso que el TIM salió a la marcha, a
la VIII marcha también y defendiendo los derechos ¿no?” (Corregidor del
TIM).
La otra posición es radical en su rechazo a la carretera, pues no se plantea la opción
de negociar la intervención del territorio, el que considera debiese mantenerse como hasta
ahora los pueblos indígenas lo han manejado:
“Nosotros no queremos la carretera, no la necesitamos, nuestra carretera es el
río, si necesitamos algo tenemos todingo el río para ir a otros pueblos.
Siempre así, esa es la vida nuestra, la Casa Grande es nuestra, tanto hemos
sufrido, caminando en esa marcha por la Casa Grande, muertos hemos tenido,
enfermitos. Con todingos los niños estuvimos ¡No pueden entrar! Yo tengo
para comer, vivir bien. No queremos máquinas, ni petróleo, dicen que por eso
es ¡Que respete! …” (Dirigente TIPNIS).
En esta misma línea interpretativa, se plantea que pese a rechazar la carretera en el
TIPNIS, los indígenas no están contra la obra, ni el desarrollo del país, por lo que proponen
la búsqueda de otro trazado. El lema „Sí a la carretera, pero NO por el TIPNIS‟, adoptado
como bandera de lucha en el trascurso final de la VIII Marcha, les permitió sensibilizar a
44
sectores urbanos que adhieren de forma generalizada al enfoque desarrollista promovido
desde el gobierno:
“No permitiremos la carretera en el TIPNIS, lo que no quiere decir que
nosotros estamos en contra del desarrollo del país, no quiere decir con eso
que estamos contra el desarrollo del Departamento del Beni, no quiere decir
que estamos en contra de que se unan dos departamentos, más al contrario
estamos apoyando esta reconstrucción de este país, pero no queremos esta
reconstrucción (sobre) la cosmovisión de cada pueblo, nuestros propios
valores de cada pueblo, nuestra propia forma de desarrollo de cada pueblo
de lo que se llama el VivirBien. Estamos sufriendo permanentemente
avasallamiento de los hermanos cocaleros, nosotros no estamos en contra de
ellos, que se desarrollen, pero que nos respeten nuestro territorio, nuestra
identidad, nuestros valores” (Dirigente TIPNIS).
Respecto a los argumentos de rechazo que presentan los indígenas, es importante
señalar la ausencia de referencias sobre IIRSA. Situación que da un giro relevante a inicios
del año 2013, cuando en consideración del conflicto por el TIPNIS, la Coordinadora de
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que reúne a representantes
de Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, realizó su encuentro anual en
Santa Cruz. En este evento, la COICA posicionó el conflicto del TIPNIS como un
problema de la región en su conjunto. Sin embargo, a lo largo del 2013, las referencias a la
iniciativa tienden a desvanecerse, sin lograr posicionarse en el discurso de las dirigencias.
Los colonizadoresoriginarios de tierras altas: “La tierra es de quien la trabaja”
El otro sujeto colectivo que protagoniza el conflicto a nivel local, es el colonizador
dedicado al cultivo de coca y asociado a la Federación del Trópico de Cochabamba, que
está afiliada a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia
(CSCIB). Los colonizadores constituyen la principal base de apoyo del gobierno de Evo
Morales, su líder desde los noventa. Estos se ubican en el área de Villa Tunari, y desde ahí
han bordeado el TIPNIS, avanzando hacia el interior en busca de tierras para cultivo. En el
proceso han interactuado con grupos indígenas, que actualmente adoptan el cultivo de coca
y la forma sindical. Los cocaleros defienden la construcción de la carretera, argumentando
que esta los conectará a los circuitos comerciales y permitirá el desarrollo de los indígenas.
Los cocaleros son agricultores que hacen un uso intensivo de la tierra, de la cual
poseen propiedad individual. Llegaron a la zona en sucesivas migraciones, asociadas a las
crisis económicas de la minería y agricultura en tierras altas. Mientras los indígenas de
tierras bajas atribuyen a la categoría „colonizador‟ una connotación negativa, equivalente a
la de „invasor‟ del territorio, estos defienden una identidad positiva, sustentada en una
historia de sacrificio y lucha por hacer habitable y productiva tierras inhóspitas:
45
“Esta zona es colonización espontanea, sin apoyo de los gobiernos, aquí han
venido a buscar sobrevivencia. Especialmente ha profundizado el Decreto
21060, donde los mineros son relocalizados y el neoliberalismo ha
profundizado la pobreza, yo diría, esas crisis económicas, por lo tanto se han
venido a Chapare… porque los chapareños eran desnutridos, amarillos,
además yo diría infectados, podridos por sarnas, no había apoyo del
gobierno, no había caminos…Si hay camino, es gracias a la organización
sindical” (cocalero del MAS).
La colonización fue un proceso colectivo, ejecutado por sólidas estructuras
sindicales, que sin apoyo del gobierno, emprendieron la travesía de buscar un mejor futuro
en donde suponían „abundaba la tierra‟:
“(Mis tíos) comentaron que debíamos agarrar terreno allá, bastante terreno,
por lo menos para sustentar a la familia, entonces algunos compañeros se
agruparon, se vinieron como un sindicato y una provincia se juntaron,
sabiendo eso entraron a colonizar sobre esa base, porque hablaban: „El
trópico es libre, hay terreno, podemos formar un sindicato‟. Así entraron a
colonizar a esta zona y eso se mantiene hasta ahora” (colonizadora).
A través de los sindicatos se organizó la ocupación del espacio. Se impuso una
territorialidad agrícola, mediante la construcción comunitaria de chacos de cultivo. Según
sus argumentos, para conquistar la tierra, „abundante‟ e „inhóspita‟, construyeron caminos:
“Porque no había, donde no había economía, no había mucha coca, pero era
para comer, con montes altos. Y todavía no estaba chaqueado, era muy
difícil por esa razón, porque ellos han trabajado comunitariamente entre
aynessobre esa base, pedazo por pedazo chaquearon para cultivar yuca,
plátano, y poco a poco plantaban también la hoja de coca. Poco a poco se
formaron, porque era muy costoso, era muy difícil, no llegaba ni el camino,
ni auto, ni bicicleta, porque a pie andaban ellos, días andaban. Lo primero es
camino, porque todo puede llevar, es necesario para consumir, si no tienes el
camino no puedes llevar nada, porque es pesado y esa es la cuestión de la
vida, era difícil para vivir” (colonizadora).
Para los cocaleros, „la tierra es de quien la trabaja‟, y ellos habrían trabajado tierras
que estaban „ociosas‟. En esta línea interpretativa, su laboriosidad y sacrificio los
diferencia de los indígenas, quesolo se „dedican a sobrevivir‟.
“(Los indígenas) en la parte de organización evidentemente tienen otra
forma de organización y nosotros otro tipo de organización. Ellos se dedican
a sobrevivir y trabajar (el) sustento diario para vivir, mientras que nosotros
vivimos siempre pesando algo en la vida, superando(nos) para los hijos y
(que) los hijos sean algo. Por otro lado ellos son indígenas que son dueños
de la tierra y ellos nacieron en esa tierra. En (el) caso (de) nosotros hemos
46
migrado el 90% de los diferentes departamentos y 10% son originarios”
(cocalero).
Desde su perspectiva desarrollista, los cocaleros demandan la construcción de la
carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, como una herramienta fundamental para el
progreso del territorio. La carretera consolidaría su desarrollo productivo, diversificándolo
más allá de los cocales, y sería por tanto sinónimo de progreso:
“Para la región más que todo va (a) ser alegría, mediante la carretera va (a)
progresar la economía. Quienes producen plátano, papaya, palmito, piña,
esos productos van a llevar para que consuman, para que vendan. La
economía no alcanza para ellos, cuando compran los productos son caros y
no pueden alcanzar” (dirigente cocalero).
Pero la carretera no solo mejoraría su capacidad productiva, sino también la vida de
los indígenas, que según su visión, deben desarrollarse:
“Dos objetivos tiene la carretera para nosotros: Uno, controlar los recursos
naturales que tenemos, por medio del área verde. Otro, también mejorar la
vida de los pueblos indígenas que viven dentro de esa área” (dirigente
campesino).
“Ellos (los indígenas) no pueden vivir así, toda la vida sin luz, sin agua, sin
alimento. Por lo menos una buena ropa no conocen, ni el zapato no conocen,
es preocupante. Por esa razón queremos que sean como nosotros. Mientras
que estamos como gobierno, como indígenas tienen que ser desarrollados,
también tienen que conocer esta vivencia (dirigenta cocalera).
A diferencia del caso de los indígenas, los cocaleros sí vinculan el tema carretero
con la integración sudamericana. En este sentido, señalan que el desarrollo de Bolivia
requiere dicha integración:
“Los que apoyan piensan articular y conectar la carretera a nivel de
Sudamérica, para exportar. Por ejemplo, (en) Bolivia somos ricos como es
en petróleo y gas. Sería -para mí digamos- entre Brasil y Bolivia, de
gobierno a gobierno, (pues) el Brasil tiene mucha tecnología” (dirigente
campesino).
“Pero los pobres queremos la carretera, nuestros pueblos necesitan carretera,
necesitamos integración, estamos en la integración latinoamericana,
necesitamos esa diplomacia de nuestros pueblos, esa integración de
pueblos” (cocalero del MAS).
Por ese motivo, plantean la carretera como una obra emblemática del gobierno de
Evo Morales, un hito para la historia:
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“Entonces va (a) ser diferente la estabilidad de (la) economía. Pero mucho
más allá, pensando como Bolivia, eso va ser muy diferente, por primera vez
vamos (a) tener como Estado boliviano, vamos (a) tener una carretera de
integración entre otros países. Eso también se (va a) quedar como una
historia, nunca (lo) hemos visto en Bolivia. Se va (a) quedar esa tarea y esa
visión, esa historia para las nuevas generaciones, ellos dirán: Gracias al
Presidente se hizo la carretera” (cocalera).
Finalmente, cabe destacar que los cocaleros articulan su defensa de la carretera con
su demanda de reconocimiento como indígenas. Identidad que los habilita para exigir el
desarrollo de lo que consideran su territorio. Así, disputan a los indígenas de tierras bajas
la exclusividad de sus derechos de propiedad territorial, ampliando los términos del debate:
“¿Los cocaleros quiénes son? Pues somos indígenas quechwas y aimaras, no
somos de Estados Unidos, no somos de otro país, somos aimaras y
quechwas, por eso el Chapare es plurinacional. Aquí estamos aimaras,
quechwas y de todos los departamentos. Pese a esas diversidades, culturas,
aquí se ha aprendido a pensar en nuestra querida Bolivia…Es nuestra
cultura, nuestra identidad, somos aimaras y quechwas, nosotros también
somos indígenas, solamente tenemos otra estructura, pero bien consolidada
con las Seis Federaciones del Trópico, mediante esa estructura hacemos
nuestro desarrollo, nuestras luchas” (cocalero del MAS).
Con estos argumentos, los cocaleros defienden su derecho a ocupar y desarrollarse
en el territorio, lo que esperan se logre con la carretera, la que también llevaría el progreso
y „la civilización‟ a los indígenas. Es muy interesante la construcción de oposiciones entre
indígenas y colonizadores, mientras los primeros acusan a los segundos de „invasores‟ que
reproducen las estrategias de conquista; los segundos los acusan de „flojos que no trabajan
la tierra‟ y „egoístas que no piensan en Bolivia‟. Aun así, se posicionan como sus
redentores, que al defender la carretera también defienden un mejor futuro para los
„hermanos indígenas‟.
Los sujetos plurinacionales: originarios de tierras altas, campesinos, ONG,
intelectuales y colectivos urbanos.
Si bien el conflicto parte como un problema entre los indígenas de tierras bajas y el
gobierno de Evo Morales, rápidamente este se sitúa a nivel local, confrontando a los
indígenas con los cocaleros que bordean el TIPNIS. En este punto, el enfrentamiento
asume un carácter orgánico, pues es canalizado a través de la Confederación de Indígenas
del Oriente Boliviano (CIDOB) y la Confederación Sindical de Comunidades
Interculturales de Bolivia (CSCIB). A través de estas estructuras orgánicas, el conflicto se
instala en la agenda pública plurinacional. Efectivamente, estas organizaciones despliegan
complejas alianzas que diversifican a los sujetos en conflicto. Por una aparte, CIDOB
refuerza su alianza con el Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu
(CONAMAQ) y por otro, los cocaleros son respaldados por la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (SCUTCB) y la Confederación Nacional de
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Mujeres Campesinas de Bolivia: Bartolina Sisa (CNMCB). En torno a estos dos bloques,
que a su vez divide el Pacto de Unidad, se articulan otros sujetos colectivos como las
ONG, intelectuales asociados a los movimientos sociales y variados colectivos urbanos.
Con fines solo explicativos presentaremos sus argumentos como bloque, destacando la
construcción de visiones compartidas, pero también los matices cuando corresponda.
El bloque campesino de la CSUTCB y las Bartolinas: “Sin carretera siempre vamos a
estar atrasados”.
Este bloque corresponde al heterogéneo grupo de organizaciones campesinas afiliadas a la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y su
línea femenina, conocida como las Bartolina Sisa. Heterogenia, pues a pesar que su núcleo
son los campesinos de tierras altas, también la integran campesinos de los valles y
trabajadores agrícolas del Oriente. Asimismo, incluye a comunidades originarias que
formalmente se presentan como sindicatos, pero donde se superponen otras estructuras de
autoridad. La identidad de este bloque se articula en la forma sindicato, que emerge de la
Revolución de 1952y su Reforma Agraria, la que promovió la identidad campesina en
reemplazo de la indígena. Diversas corrientes ideológicas han disputado el control de la
CSUTCB, destacándose el katarismo. En la historia reciente, la CSUTCB fue clave en las
movilizaciones populares anti-neoliberales y la elección de Evo Morales. De hecho, hoy en
día ambas, la CSUTCB y las Bartolina, están articuladas al MAS, el partido de gobierno, a
través del cual se proyectan en el sistema de partidos. Es desde esa visión de izquierda
nacionalista e indigenista11
, que asumen un proyecto de desarrollo productivista, basado en
la industrialización del campo y su demanda de redistribución de la tierra.
A partir de esa visión de desarrollo, este bloque apoya la construcción de la
carretera, argumentando que esta es fundamental para el futuro agrícola, al posibilitar el
acceso campesino a la fértil Amazonia. De este modo, se espera que la carretera ayude a
resolver el problema de la falta de tierra:
“… Queremos acabar con (el) latifundio, para eso tenemos que construir
esta carretera, de ese modo los aimaras y quechwas tengan sus terrenos en
tierras bajas, solo así va (a) haber una revolución agraria, sino van (a)
seguir, continuar los patrones del Beni y Pando, y nosotros vamos a ser
sirvientes. Entonces la carretera nos va a ayudar a acabar (con) esos
privilegios” (asambleísta del MAS)
“… La ventaja va a ser para los aimaras y quechwas, porque hay minifundio
en Chapare, hay surcofundio en Valle Alto, en el Occidente, por culpa del
capitalismo. Por culpa de los gobiernos neoliberales hay calentamiento
global. También tienen derecho (a) vivir dignamente en esas regiones, por
tanto tienen que tener terrenos en Pando, Beni y en Santa Cruz. En otras
palabras, esa carretera va a generar un desarrollo productivo. No solo
empresarios pueden sembrar miles de hectáreas y nuestros compañeros
11 Lo uso en el sentido de las políticas Estatales de mediados de la primera mitad del siglo XX.
49
como peones, como mendigos, no. Eso tiene que acabarse, más bien hay que
regular a los empresarios, que produzcan nuestros pueblos indígenas.
Nuestros aimaras y quechwas tienen derecho de producir” (Asambleísta del
MAS).
Según sus argumentos, además de permitir la redistribución justa de la tierra, la
carretera controlaría el poder hacendal de las oligarquías del Oriente que se oponen al
Proceso de Cambio y no quieren renunciar a sus antiguos privilegios:
“Si esta carretera se construye ya no hay Media Luna y con esto tenemos
que acabar con (el) latifundio. Entonces, ese es el tema. Las oligarquías del
Occidente y del Oriente por eso buscan cualquier pretexto para derrotar al
gobierno” (Asambleísta del MAS).
El problema por tanto, sería el acceso a la propiedad de la tierra, pues según estas
organizaciones, mientras en tierras altas y el valle no hay tierra disponible para los
campesinos pobres, en el Oriente los indígenas poseen tierras abundantes y no
aprovechadas. Este argumento sigue la misma línea de los cocaleros que bordean el
TIPNIS, pero sitúa el problema en una perspectiva mayor, que lo vincula directamente al
proyecto de desarrollo país. En este contexto, renunciar a las carreteras, es renunciar al
progreso:
“Sin carretera, siempre vamos (a) estar atrasados frente a Europa, estamos
atrasados en una generación frente a ellos, con la tecnología, siempre vamos
(a) estar atrasados, no será lo mismo, pero vamos a avanzar poco a poco.
Para que tenga un pueblo desarrollo, lo primero es carretera, (lo) vemos en
Brasil, Argentina, en Europa, en EEUU, ellos tienen carreteras, conexiones
entre ambos países, de una ciudad a otra cuidad, para comunicar. Con la
carretera hay futuro, sin carretera para mí no hay desarrollo” (Dirigente
CSUTCB).
Para este bloque, además, la carretera por el TIPNIS es una obra necesaria para
mejorar la integración comercial con otros países:
“Bolivia está pensando cómo articular(se) con los países vecinos para el
comercio, porque tenemos que sacar muchas cosas, si no exportamos no hay
dinero, si exportamos hay dinero y es para bien de los bolivianos”
(Dirigente CSUTCB).
En este escenario, la conexión del tramo carretero con el corredor norte de IIRSA
que integra Brasil, Bolivia y Perú, es estratégica, pues dicho corredor facilitaría la salida de
los productos bolivianos por las costas del Pacífico, sin pasar por los puertos chilenos.
Alternativa que se comprende en función de la disputa histórica por la salida al mar para
Bolivia, que actualmente se discute en tribunales internacionales:
“Por lo tanto, (el camino del corredor) es una estrategia para privar
exportación e importación por Chile, por eso se buscan otras alternativas por
50
lo puertos peruanos. En este momento Bolivia se ha convertido en un (…)
enclaustrado tributario. Para sacar productos tenemos que pagar impuestos a
Chile y también en la importación, casi todo importamos. Lamentablemente,
Bolivia todavía es consumista, un país importador, gracias a nosotros Chile
vive, aumentamos su crecimiento económico, la misma cantidad que
aportamos aquí se aporta a Chile. Frente a eso hay que buscar otros puertos,
para eso estamos obligados a unirnos Perú, Brasil y Bolivia” (Asambleísta
del MAS).
En este proceso de integración, el bloque campesino reconoce la importancia de
Brasil como potencia regional, cuyo apoyo es garantía para el cambio:
“Para este proceso revolucionario latinoamericano, la garantía es Brasil y
Argentina, si el Brasil estaría contra los principios de este proceso
seguramente no avanzaría, por eso Brasil es un padre en Latinoamérica.
Mientras el Brasil permita este proceso, nosotros vamos a seguir
avanzando” (Asambleísta del MAS).
Ya definida la carretera como una obra estratégica de integración comercial, a nivel
local y regional, el bloque campesino argumenta que en este caso el interés particular debe
subordinarse al del Estado boliviano. Pues los recursos naturales son de todos:
“No somos dueños solo una organización, no somos dueños un sindicato,
una central o una federación, sino que se es dueño de los recursos naturales
como Estado, también quienes componemos los nueve departamentos. Por
eso, mediante eso, entra la economía al tesoro nacional del Estado. Creo que
es importante esa parte, mantener también los recursos naturales tiene que
ser beneficio para todos, eso significaría una hermandad entre los nueve
departamentos, entre indígenas y entre campesinos” (Dirigentade Bartolina
Sisa).
Siguiendo este argumento, el problema sería que quienes se oponen a la obra no
piensan en el país, ni en el futuro del pueblo, si no en sus propios intereses, como lo hacen
los dirigentes indígenas de CIDOB:
“Algunos dirigentes indígenas se oponen y siempre (se) van a oponer,
porque ellos piensan en ellos no más, ellos no piensan para el futuro y no
piensan para las futuras generaciones. (La carretera) significaría para ellos
mismos el progreso, va por la mayoría del pueblo” (Dirigentade Bartolina
Sisa).
Efectivamente, el bloque campesino deslegitima a los grupos movilizados en
defensa del TIPNIS, señalando que el conflicto fue provocado por personas con intereses
desestabilizadores del Proceso de Cambio, a quienes se acusa de engañar y manipular a los
„hermanos indígenas‟ y el pueblo boliviano:
51
“El conflicto no ha sido de nuestros hermanos indígenas, sino más bien (de)
quienes agitaron al conflicto, quienes utilizaron a los hermanos indígenas, a
los jóvenes, a las mujeres, a la cabeza de falsos dirigentes que se opusieron a
la carretera, ellos han hecho conflicto”(Dirigente CSUTCB).
“Pero las comunidades indígenas en sí, sí lo quieren la carretera y hay
necesidad, solo se oponen unos cuantos manejados por la derecha, por ONG
del exterior. A nombre de los indígenas ellos mencionan que no quieren la
carretera. Están utilizando y están engañando a los indígenas y a las
comunidades y al todo boliviano” (Dirigentade Bartolina Sisa).
A estos falsos dirigentes, se les atribuye el servir a la derecha y al gobierno
norteamericano, y desvirtuar la realidad de los indígenas. En este punto, el argumento
campesino se asemeja al del gobierno, al denunciar la pobreza de los indígenas y el interés
de dichos dirigentes en mantenerlos como „salvajes‟. Por el contrario, los campesinos que
apoyan la carretera, afirman el deseo de desarrollo de los indígenas y valoran los
beneficios que el gobierno les ha dado:
“(Ellos) creen que viven como animales todavía, por eso no piensan que
tienen necesidadesnuestros hermanos indígenas. Ahora nuestros hermanos
indígenas se han civilizado, quieren tener su casa, quieren tener energía
eléctrica, quieren vivir, quieren estudiar, eso no entiende la oposición”
(Dirigentade Bartolina Sisa).
“Ahora con el Proceso de Cambio algunos ya tienen escuelas, ya producen,
casi ya no son nómadas, antes andaban por aquí por allá andaban, ahora ya
no, ya tienen casas propias, pueblitos propios, entonces ya han cambiado
nuestros hermanos indígenas” (Asambleísta del MAS).
Pero no solo los dirigentes serían responsables del conflicto y la manipulación de
los indígenas, sino también los analistas y las ONG, que han entregado información errada.
Por una parte cuando atribuyen a los indígenas el rechazo a la carretera, que en realidad en
su mayoría desean, pues los conecta al desarrollo, y por otro lado,al afirmar que el TIPNIS
es un parque virgen, cuando debido a la ausencia de Estado, este ha sido saqueado:
“(El caso de) los analistas, científicos, quienes hablan (…) porque ellos
sabían donde el monte virgen no era el monte virgen, más bien se
aprovechaban los empresarios. Los transnacionales (...) han sacado los
recursos naturales y totalmente se han llevado la plata para unos cuantos.
Ahora los medioambientalistas, recién vieron que no se puede construir por
medio del TIPNIS porque es monte virgen, eso totalmente estaría falso, por
esa razón nosotros decimos: Cuando hay una cosa positiva para el pueblo
siempre se oponen, porque son dominados por la plata y por la economía”
(Asambleísta del MAS).
En esta misma línea argumental, el rechazo a la carretera por parte de las ONG y
los activistas, es señalada como un pretexto para atacar al gobierno y resguardar los
52
intereses norteamericanos, que a través de la cooperación internacional se adueñan de los
parques, impidiendo su uso productivo con la finalidad de mantenerlos como reservas para
sus necesidades futuras:
“Los que no quieren carretera, solo quieren buscar pretextos. Lo más grave,
Estados Unidos que dice: Todos los parques de Latinoamérica son de
Estados Unidos ¿Por qué? Porque coopera para protección mediante las
ONG. Por eso no necesitamos a las ONG para que se adueñen (de) nuestros
parques nacionales, para que se aprovechen (de) nuestros parques
nacionales. Lo más grave, en muchas regiones en nuestro país donde hay
recursos naturales, donde hay oro, donde hay petróleo y hay otras muchas
cosas, han decretado parques nacionales, seguramente
pensando:„Posteriormente va a ser de Estados Unidos‟, porque todavía
tienen esa mentalidad colonial, invasionista” (Asambleísta del MAS).
En términos generales, el bloque campesino reproduce los argumentos centrales
usados por el gobierno, entre ellos la carencia de los indígenas, la desacreditación de los
dirigentes y la promoción de una visión desarrollista. Sin embargo, a diferencia de la
versión oficial, esta sí trata el tema de la integración regional, vinculando el tramo
carretero al corredor norte de IIRSA, aun cuando se identifica el corredor, pero no la
plataforma IIRSA, iniciativa que es desconocida. Asimismo es importante subrayar que
este bloque posee un „proyecto país‟, que lo hace problematizar el tema carretero más allá
del conflicto local entre indígenas y cocaleros del parque. Su proyecto es productivista y
requiere una redistribución de la tierra, que pasa por encima de la protección de las
reservas naturales y las TCO. En este escenario es donde emerge el conflicto por la
transformación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en Territorios Indígena
Originario Campesinos (TIOC), que se articula con el conflicto por la carretera del
TIPNIS, pues esta ha visibilizado la disputa que los indígenas y originarios tienen con los
campesinos, poniendo en debate la pertinencia epistemológica y política de la categoría
„naciones y pueblos indígena originario campesinos‟.
El bloque plurinacional en defensa del TIPNIS: “Bolivia debe respetar los derechos
indígenas, la Pachamama y la Nueva Constitución Política”.
Este bloque integra un amplio abanico de sujetos colectivos, orgánicos y no
orgánicos que solidarizaron con los indígenas de tierras bajas y su defensa del parque,
hasta asumir el problema como una causa propia. Entre estos sujetos podemos diferenciar,
por un lado, al movimiento de naciones originarias de tierras altas, representado por el
Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu (CONAMAQ) que se presentó como
el principal aliado de CIDOB durante la VIII Marcha, pero que en la IX Marcha se acopló
a esta bajo una plataforma única. Y por el otro, a las ONG que desde los noventa asesoran
a las organizaciones indígenas, intelectuales vinculados a los movimientos populares y
sobre todo colectivos urbanos, entre los que destacan los anarquistas y ecologistas, más un
importante grupo de activistas web autoconvocados. Estos grupos se apropiaron de los
53
discursos en defensa del parque, resaltando aspectos puntuales, sin necesariamente
articularse a las estructuras de CIDOB.
En el caso de CONAMAQ, se trata de una organización de carácter reivindicativo que
representa a las naciones originarias de tierras altas (andinas), que en los noventa iniciaron
un proceso de reconocimiento étnico, que reniega de la identidad campesina y la forma
sindical. Su misión es recuperar la territorialidad del ayllu, reconstruyendo el Qullasuyu. El
CONAMAQ comparte el argumento central de los indígenas del Oriente, es decir que el
tramo carretero amenaza no solo el territorio, sino también su existencia como pueblo. Por
eso su apoyo a la causa se fundamenta en la defensa de los derechos indígenas,
especialmente el derecho a la consulta previa, libre e informada:
“Estamos apoyando a la CIDOB de nuestros hermanos indígenas, para hacer
respetar nuestros derechos. Si es que eso se llegaría a hacer, va a cometer un
etnocidio ¿no? porque el abrir la carretera es muerte para los pueblos
indígenas, encima viola la Constitución Política del Estado, que establece
que cuando existan medidas administrativas o legislativas susceptibles de
afectar a (un) pueblo indígena, tiene que haber un proceso de consulta
previa, antes” (ex Malku de CONAMAQ)12
.
“Nos hemos unido con los hermanos y hemos estado juntos en apoyo a
nuestros hermanos. Aunque el gobierno, como a Tupak Katari, ha querido
desmembrar y desunir al movimiento popular”(Mama‟ talla CONAMAQ)13
Para CONAMAQ este no es un apoyo externo ni desinteresado. De hecho, las
naciones originarias de tierras altas se asumen como parte del conflicto, pues la
vulneración de los derechos de yurakarés, moxeños y chimanes es la vulneración del
derecho indígena, por tanto un precedente para futuros conflictos:
“Respaldar la causa de los pueblos de tierras bajas es respaldar a la vida, es
respaldar los derechos colectivos, es respaldarnos nosotros mismos”
(Dirigente de CONAMAQ).
“Tenemos que apoyar a los hermanos indígenas, porque el TIPNIS es un
parque nacional y ellos tienen derecho. Si pasa en el TIPNIS nos pasa a
nosotros, también tenemos problemas. La carretera en el TIPNIS abre la
puerta a que también entren a nuestros territorios. Defender el TIPNIS es
por los derechos de todos los indígenas y originarios de Bolivia” (Dirigenta
de CONAMAQ).
En tal sentido, como la amenaza es la misma, también lo es la resistencia.
Efectivamente ambas organizaciones articularon una plataforma única de lucha, que
sintetiza en la defensa del TIPNIS las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas
de tierras bajas y naciones originarias de tierras altas:
12
Extracto de prensa. 13 Extracto de prensa
54
“Es único los pueblos indígenas de Oriente y de Occidente, (hay) muchas
necesidades y por esa razón se ha elaborado una plataforma única CIDOB –
CONAMAQ, y eso creo que hemos coincidido desde hace tiempo (…)
CIDOB –CONAMAQ va a dar un lineamiento, un proceso de cambio para
el país, entonces en ese marco estamos unidos” (Malku CONAMAQ)14
.
“Nosotras hemos sido la voz gritando la vulneración del TIPNIS y los
territorios; hemos dicho que con esa carretera bioceánica, se está partiendo
el cuerpo del territorio del TIPNIS pero también se está partiendo a otros
territorios porque los territorios indígenas son como un cuerpo unido y lo
del TIPNIS es un precedente” (Mama de CONAMAQ)15
.
La inclusión de CONAMAQ en la defensa del TIPNIS, desarmó el argumento
inicial del gobierno, que definía el problema de la carretera como un conflicto entre
indígenas de tierras bajas y originarios de tierras altas, asimilable geográficamente al que
enfrentó al gobierno con la Media Luna del Oriente; y lo redefinió como un conflicto de
los indígenas y originarios con los campesinos; contraponiendo así dos lógicas de gestión
territorial y propiedad de la tierra.
Asimismo, visibilizó la diferencia entre los originarios de CONAMAQ y los de la
CSUTCB, tema sumamente complejo, pues ambos comparten una identidad étnica, que sin
embargo se actualiza con proyectos políticos antagónicos: la reconstrucción del ayllu y la
agricultura tradicional, y la reforma agraria con fines productivistas, respectivamente. Igual
que en el caso de CIDOB, CONAMAQ no ha incluido el tema IIRSA en su defensa del
parque, pues su perspectiva de la integración se focaliza en la alianza con CIDOB y los
movimientos indígenas regionales asociados a la Confederación Andina de Organizaciones
Indígenas (CAOI).
Por otra parte, lo que hemos llamado el bloque plurinacional por la defensa del
TIPNIS, incluye también a ONG y reconocidos intelectuales, que de diversas maneras se
vinculan a los movimientos sociales y que, por lo mismo, han tenido un rol importante en
el proceso destituyente/constituyente. De estos grupos emergieron las sistematizaciones
relativas al conflicto, los sustentos teóricos y técnicos del rechazo a la obra, y también las
estrategias iniciales de socialización hacia otros actores. En el caso de las ONG, se destaca
el trabajo de CEJIS,CEDIB, FOBOMADE, Fundación Tierray CEADESC, que
acompañaron las movilizaciones y/odifundieron los argumentos a favor de los indígenas.
El apoyo de estas instituciones se sustenta en una fuerte crítica a las políticas
gubernamentales debido a su lejanía de los mandatos constitucionales:
“… El gobierno ya no está cumpliendo la Constitución, eso habría que
entender, lo del TIPNIS significa la violación de todo el bloque
constitucional de derechos en Bolivia, derechos de primera, segunda, tercera
y cuarta generación, eso significa. Y quienes pelearon por ese bloque de
14
Extracto de prensa. 15 Extracto de prensa.
55
derechos, porque estaban los suyus dentro: CONAMAQ tierras altas,
CIDOB tierras bajas. Entonces el TIPNIS obviamente está en ese
(contexto)” (investigador CEADESC).
Es desde estas instituciones donde con mayor claridad se ha vinculado el conflicto por el
TIPNIS con IIRSA. Efectivamente aquí se denuncia el proyecto carretero como una obra
funcional a las transnacionales, donde Bolivia solo cumpliría un rol de transito:
“…Lo que buscaba el gobierno con la construcción de la carretera, (es que)
había un objetivo al que apuntar, y ese objetivo era no vincular precisamente
dos departamentos si no vincular el corredor bioceánico con otros fines,
absolutamente de beneficio de las trasnacionales, como ellos mismos lo
decían. Entonces Bolivia ni siquiera se va a beneficiar, vamos a ser como un
país en tránsito nada más” (profesional de CEJIS).
En esta línea interpretativa, se plantea que además de los cocaleros, el beneficiado
directo de la carretera sería Brasil, pues esta le facilitaría su ocupación de la Amazonia y el
tránsito hacia las costas del Pacífico:
“Desde Acre empieza a surgir una franja de agroindustria (…). Solo (en) la
parte de Rondonia (…) tienes una agroindustria establecida (que) es más
grande que todo el Departamento de La Paz (…) entonces eso tiene que salir
al mar, entonces, los brasileros lo han dicho, no lo estoy diciendo yo, ellos
han hecho cálculos, como están muy cerca de la frontera con Bolivia,
actualmente tienen que ir hasta el océano Atlántico (…) para llegar al
mercado del Asia Pacífico ¿ya?, entonces es una vuelta enorme, entonces
para ellos salir por Bolivia es un ahorro de 30 mil millas marinas ¡Imagínate
lo que significa en costos! Entonces como eso está en la frontera con
Bolivia, obvio, ahí entiendes el camino del TIPNIS” (investigador de
CEDIB).
Esta relación de la carretera del TIPNIS con las necesidades brasileras, habilita una
nueva crítica al gobierno: su subordinación a la expansión del Brasil, en desmedro de las
necesidades de Bolivia:
“Como la carretera, casi todo lo que quiere hacer el gobierno le sirve a
Brasil, no mucho para nosotros. Yo creo que han negociado con el Brasil
compromisos muy fuertes y de mucho dinero para hacer todas esas obras
que son necesarias para la expansión brasilera… hay una expansión
brasilera sobre la tierra en Bolivia. Por lo menos la mitad de la zona agrícola
la controlan los brasileros en el Oriente. Eso se ha ido dando
paulatinamente” (Investigador UMSA).
Con estos argumentos, las ONG y los intelectuales que apoyan la defensa del
TIPNIS desacreditan el carácter revolucionario del gobierno MASista, y denuncian su
traición al Proceso Constituyente, y su carácter anti-indígena:
56
“El conflicto ha servido para revelar varias cosas. Primero, cuál es el
proyecto económico del gobierno, que consiste en, básicamente en
construcción de carreteras, represas y concesiones mineras y de
hidrocarburos que han empezado hace ya desde un año (…) y lo que ha
hecho es revelar una veta anti-indígena bien fuerte en el gobierno, por lo
tanto, ha hecho cambiar la imagen del gobierno en lo interno, todavía lo
externo parece que tiende a predominar todavía lo contrario, pero lo interno
ha quedado evidente que se trata de un gobierno anti-indígena, porque
explícitamente han articulado un discurso de ese tipo” (Investigador
UMSA).
De este modo, las ONG y los intelectuales, han problematizado el conflicto del
TIPNIS desde los cuestionamientos al gobierno MASista. No obstante, cabe subrayar que
la continua desacreditación por parte del gobierno, que los acusa de responder a intereses
imperialistas, ha desgastado su credibilidad pública. Un efecto de esta estrategia, es el
desplazamiento del tema IIRSA de la agenda mediática, lo que facilitó el apoyo a la VIII
Marcha indígena de amplios sectores disidentes del gobierno, pero que comparten su
imaginario desarrollista.
Siguiendo con los sujetos plurinacionales que se hacen parte del conflicto, tenemos
el amplio espectro de colectivos e individuos autoconvocados, principalmente urbanos.
Pese a su diversidad, es posible establecer algunos rasgos comunes: se trata de sujetos muy
politizados, interiorizados de la coyuntura nacional y participantes directos y/o herederos
de la memoria popular de las luchas anti-neoliberales. Estos no responden a convocatorias
orgánicas tradicionales, ni expresan identidades étnicas o sociales convencionales. En ellos
confluyen una serie de discursos de carácter local y global, que se expresan en argumentos
de defensa de los Derechos Humanos, la Pachamamay/o la autonomía frente al Estado.
Estos sujetos asumen protagonismo tras el bloqueo de la VIII Marcha en Yucumu, hecho
que originó la represión de Chaparina. Su solidaridad con la defensa del parque, se hace en
nombre del „pueblo boliviano‟, pues asumen que el problema no es solo de los indígenas:
“El tema del TIPNIS ya no es solo de los compañeros que habitan el parque,
es de todo Bolivia, porque tiene que ver con medioambiente, tiene que ver
con un criterio de desarrollo que tiene que ser diferente” (activista La Paz).
“La situación es muy preocupante, la construcción de la carretera es la
destrucción del Amazonas, es matricidio, es el etnocidio, es el
ecocidio…todas las especies que ahí viven y los pueblos que tienen derecho
al Buen Vivir, ese es su Buen Vivir…la carretera destruirá el TIPNIS. Hay
que acompañar a los compas del TIPNIS, son un ejemplo de lucha por sus
derechos, como bolivianos „todos somos TIPNIS‟, no todos, el Evo no,
creo” (activista Cochabamba).
57
Inicialmente, estos grupos son motivados por el tema ecológico, que enfatiza el
carácter de Área Protegida del parque. De hecho, la defensa del TIPNIS y los „hermanos
indígenas‟ se legitima en nombre de la biodiversidad y el futuro del planeta. Sin embargo,
en el transcurso de las movilizaciones emergen otros colectivos, que si bien incorporan la
temática ambiental, se focalizan en la crítica hacia el Estado como forma represiva de
organización social, a pesar de sus matices, estos grupos comparten una perspectiva
anarquista. En sus argumentos, la defensa del TIPNIS es la de un mundo libertario, en
armonía y sin Estado:
“Apoyamos sí, esta es una lucha de los indígenas por su autonomía, no de
los partidos. A nosotros personalmente no nos gustan los partidos políticos
ni el gobierno. Se dice que es Estado Plurinacional, pero es Estado y Evo es
el Estado, el MAS lo coopta todo, es un Estado totalitario. Los indígenas del
TIPNIS están en otra, construyendo otra cosa, luchando por otra cosa, son
un ejemplo de sociedad libertaria” (activista Cochabamba).
“El TIPNIS ha mostrado …la levadura humana que los pueblos indígenas le
pueden aportar a Bolivia, su visión civilizatoria… otra forma de ver el
mundo y habitarlo…desde su sencillez, nobleza, afecto y amor, han
iluminado la posibilidad de…construir junto con ellos, aprendiendo de ellos,
una sociedad no capitalista, no estatal, no clasista” (extracto revista
Combate).
Cabe destacar, que estos sujetos colectivos autoconvocados por la coyuntura,
articularon sus propias perspectivas políticas a las demandas indígenas, sin sumarse a sus
estructuras de movilización, es decir, mantuvieron su autonomía. Aun así son sujetos
claves en la difusión de mensajes y apoyo logístico a los indígenas y originarios
movilizados. Su masividad se explica en parte por el uso de las redes sociales. En efecto, la
autoconvocatoria se sostuvo en una „movida web‟ que interpeló a los cyberactivistas, tema
a retomar más adelante. Por ahora basta señalar que los repertorios interpretativos de los
diferentes sujetos en conflicto circularon masivamente a través de la web y los celulares, lo
que facilitó su apropiación por grupos tradicionalmente ajenos a las convocatorias
orgánicas de asambleas indígenas, confederaciones y sindicatos.
Las redes indígenas regionales:“El TIPNIS, otro potencial etnocidio”.
En este bloque consideramos a las redes de pueblos indígenas amazónicos y
andinos, que en los últimos años han sido claves en el posicionamiento internacional de las
reivindicaciones indígenas. Efectivamente, la filiación de CIDOB a la Confederación de
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y de CONAMAQ a la
Confederación Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), facilitó la rápida
internacionalización de la defensa del TIPNIS. Ambas instancias, vienen desarrollando una
compleja articulación política que se sustenta en la defensa de una territorialidad ancestral,
que trasciende las soberanías estatales. En nombre de esta territorialidad, rechazan la
carretera del TIPNIS, argumentando que esta podría desencadenar un etnocidio:
58
“… La destrucción del TIPNIS como territorio indígena y área
protegida tendría como consecuencia el desplazamiento y extinción de
los pueblos indígenas que viven dentro de dicho territorio; y (…) se
constituiría como antecedente por parte del actual y posteriores
gobiernos para vulnerar los derechos de pueblos indígenas asentados
en otros territorios y áreas protegidas de Bolivia, y un mal ejemplo
para los demás países amazónicos” (COICA, 2013)16
.
Así, la COICA regionaliza el conflicto y lo presenta como una prueba del modelo
extractivista, que se impone a través de la expansión de infraestructuras, asociadas directa
o indirectamentea la IIRSA. De hecho, en su último encuentro, COICA consideró la lucha
del TIPNIS un ejemplo de la resistencia indígena, ypor eso convocó a:
“Organizar cada año, en dos fechas significativas para el movimiento
indígena, actividades conjuntas y simultáneas, en las 9 organizaciones
indígenas miembros de COICA, referidas a las demandas señaladas
anteriormente sobre el IIRSA, BNDES, Megaproyectos, y defensa de
derechos territoriales y colectivos de los pueblos indígenas
amazónicos. Estas fechas son el 5 de Junio (“Baguazo”)
conmemorando la resistencia indígena amazónica en el Perú contra la
privatización de sus territorios; y el 25 de Septiembre recordando la
lucha Indígena del TIPNIS en Bolivia y la represión de Chaparina”
(COICA 2013).
De esta manera, COICA respalda la defensa del parque, pero también articula la
lucha de los indígenas bolivianos con las de otros pueblos sudamericanos amenazados por
las obras IIRSA. En este contexto, COICA rechaza tajantemente los fundamentos,
objetivos y consecuencias de dicha plataforma:
“Consideramos a la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana
IIRSA, como la imposición política y financiera de las grandes
empresas trasnacionales, dentro y fuera del Brasil, en la región,
orientada a crear una economía de negocios hacia afuera, desplazando
a los países de su soberanía económica y política, destruyendo los
ecosistemas Amazónicos, Andinos, Mata atlántica, Orinoquia, Chaco,
Pantanal, Cerrado; y con el sometimiento y dependencia a los pueblos
indígenas en todos sus aspectos económicos, políticos, sociales,
culturales y ambientales” (COICA, 2013)
16
Los extractos de este ítem, fueron tomados del comunicado oficial del encuentro, pues este se realizó después de mi trabajo en terreno.
59
Tal como se observa, los representantes de COICA, a diferencia de las dirigencias de
la Subcentral TIPNIS y CIDOB, explicitan su rechazo a IIRSA y al rol de Brasil en el diseño
de la integración regional, complejizando así los términos del debate.
Para cerrar este ítem, es importante destacar la gran diversidad de sujetos en
conflicto. De hecho el problema local de unas millas de carretera en medio del parque, al
canalizarse orgánicamente se instaló como un debate plurinacional, que a lo largo del
proceso de movilización de los indígenas que se oponen a la carretera, logró trascender el
ámbito meramente orgánico y convocar la atención de un pueblo boliviano diverso, con
sensibilidad ecológica y política. Por eso el tema de la territorialidad es complejo, pues
quienes tienen la experiencia territorial directa son los grupos locales. Ahí se visualiza con
claridad la disputa por la imposición de un determinado orden, pero ya en el nivel
plurinacional solo los actores orgánicos cuentan con repertorios interpretativos que
promueven o critican los proyectos de territorialización del TIPNIS, pues el resto de
sujetos auto-convocados, argumenta su solidaridad con los indígenas en la defensa, muchas
veces abstracta, de los Derechos Humanos y la conservación de la Tierra, sin considerar la
territorialidad del Estado, y tampoco la de Sudamérica. Eso explica, en parte, que la
masividad del apoyo no haya logrado instalar un debate transversal sobre el modelo de
desarrollo ni la orientación de la integración regional.
ESTRATEGIAS DE APOYO, ADAPTACIÓN, RESISTENCIA Y/O SUBVERSIÓN
FRENTE AL PROYECTO CARRETERO.
Como primer punto, se debe subrayar que el proyecto del tramo II de la carretera
Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, es un proyecto aún no ejecutado, debido al rechazo de
los indígenas de tierras bajas, originarios de tierras altas, y otros sujetos colectivos
solidarios con la causa. En este sentido, la configuración de la relación Estado/ mercado/
sociedad civil, ha promovido un rol activo y protagónico de la sujetos orgánicos y no
orgánicos, que operan desde esta última esfera.
El conflicto del TIPNIS ha canalizado otros conflictos latentes en la sociedad
boliviana post-constituyente que, en términos generales problematizan los límites de la
plurinacionalidad del Estado, la democracia participativa y comunitaria, y el Suma
Qamaña. De manera más específica, este conflicto visibiliza las contradicciones entre el
respeto a la Pachamama y los derechos indígenas, y la continuidad de un modelo de
desarrollo centrado en la agricultura industrializada y el extractivismo rentista, que
perpetúan las lógicas de acumulación capitalista.
En este contexto, los sujetos a favor y en contra de la construcción del tramo
carretero, han desplegado una serie de estrategias para promover sus posiciones. La
principal característica de estas estrategias es su apropiación del espacio público
plurinacional. Por el lado de quienes rechazan la obra en nombre de la defensa del TIPNIS,
la estrategia ha sido vincular el problema directamente con la memoria de las luchas
60
pasadas y los debates políticos post-constituyentes que se centran en el cumplimiento de
los mandatos constitucionales, y socializarlo masivamente. El gobierno por su parte, ha
respondido primero con la negación y/o minimización del conflicto, luego con la represión
de los disidentes y finalmente con la movilización de los recursos institucionales que le
permitan gestionarlo, desarticulando la oposición. Mientras, el bloque campesino que
apoya la obra, ha reforzado su vínculo con el gobierno en defensa del Proceso de Cambio.
Estas estrategias están asociadas a una serie de dinámicas, que varían a lo largo del tiempo.
En este ítem, optamos por presentarlas secuencialmente, pues las formas de enfrentar el
proyecto carretero se van configurando en el mismo despliegue del conflicto.
La activación orgánica del movimiento indígena de tierras bajas: El primer paso de la
resistencia.
“Siguiendo la historia, nosotros somos parte de CIDOB, la
organización matriz de los indígenas. Los del TIPNIS llamamos a
CIDOB, son los mismos problemas, somos parte, desde ahí vemos qué
hacer. Esa es nuestra forma, así como en las grandes marchas de los
noventa” (dirigente de Subcentral TIPNIS)
Como antes se señaló, el movimiento indígena de tierras bajas se sustenta en una
sólida estructura organizacional que vincula, a través de la CIDOB, a las Subcentrales de
los diferentes territorios. Los moxeños, yuracarés y chimanes de la Subcentral TIPNIS,
recurrieron a estas estructuras para movilizarse y resistir, exigiendo la anulación de la
carretera. Así, la resistencia contra el proyecto, se ha sustentado en una organización formal
preexistente que, apelando a su trayectoria histórica, diseminó la convocatoria y definió las
formas de movilización y resistencia. Siguiendo los „usos y costumbres‟, la convocatoria
contempló complejos procesos de negociación. El objetivo de esa negociación fue levantar
un pliego petitorio, que al sumar las demandas de pueblos particulares, sumara también
compromisos que cohesionaran la defensa del parque. En este punto, es importante recalcar
que la activación del movimiento indígena de tierras bajas no depende de individuos que se
reconozcan en sus demandas, sino de sujetos comunitarios que se adhieren de manera
orgánica y colectiva.
La convocatoria realizada por la Subcentral TIPNIS y CIDOB, se enmarcó en una
perspectiva ecoterritorial que integró la preocupación global por la conservación de los
ecosistemas y la reivindicación de derechos territoriales, asociados a la autodeterminación
indígena. En este sentido, el principal argumento fue que la carretera, al atravesar el
TIPNIS, alteraría, de manera irreversible, los equilibrios ecológicos, poniendo en riesgo el
derecho al Suma Qamaña de los indígenas e incluso su propia vida. Desde esta perspectiva
ecoterritorial, los indígenas actualizaron, pero con importantes cambios, los repertorios
interpretativos del ciclo de movilizaciones anti-neoliberales. Ciertamente, la defensa del
TIPNIS se planteó como un paso más en la larga lucha contra la colonización y el despojo
de los bienes comunes.
61
Sin embargo, la organización no se centró solo en el movimiento indígena, sino
también en un intenso proceso de socialización de la problemática y articulación de
alianzas, cuyo antecedente previo fue la presentación, el año 2010, del problema en la Mesa
18 del Encuentro de Tiquipaya. Desde ahí, las dirigencias de la Subcentral TIPNIS salieron
del territorio, realizando charlas en las universidades, conversatorios con la sociedad civil,
reuniones con ONG y entrevistas en medios alternativos. Paralelamente se negociaba la
alianza con CONAMAQ, que sería clave en el proceso de resistencia. Esta estrategia apeló
a las estructuras políticas no estatales, que desde la sociedad civil habían configurado el
ciclo destituyente/constituyente.
La VIII Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad: La apropiación del espacio
público plurinacional.
“Mire en eso he participado, he ido, he caminado, hemos salido de
Trinidad, hemos ido juntos, (…) caminando juntos y con las hermanas
de allá de tierras altas… Nosotros lo que queríamos era ir a buscar (…)
el respeto de nuestro territorio, para Vivir Bien en nuestra Casa
Grande, y así hemos hecho” (Dirigenta TIPNIS)
Los indígenas del Oriente recurrieron a la marcha hacia La Paz como principal
estrategia de resistencia a la carretera. Marcha que duró 65 días. Desde 1990, este tipo de
protesta funciona como medio de comunicación de las demandas, demostración de unidad y
fuerza, y marca de identidad. La misma historia del movimiento indígena de tierras bajas,
como actor diferenciado de la política boliviana, se entrelaza a la historia de sus marchas.
Más que un evento de protesta, la marcha indígena se presenta como una acción política
compleja y amplia. En efecto, lo que se denominó „marcha‟, correspondió a un conjunto de
acciones en continuo desplazamiento territorial, que tensionaban cotidianidades diversas, y
se recomponían en la caminata del cuerpo colectivo. Entre esas acciones, resaltamos:
- Rituales interculturales: A diferencia de marchas anteriores, CONAMAQ no salió al
encuentro de los indígenas en la entrada del Departamento de La Paz, sino que se
trasladó a Trinidad (Beni). Ahí, la salida de la VIIIMarcha fue precedida por
ofrendas a la Pachamama, que sellaron la alianza entre originarios e indígenas. Los
ritos se repitieron en cada hito del camino, como la llegada a la Cumbre de Pongo.
Su carácter intercultural cumplió un rol estratégico, al negar la versión
gubernamental que definía el conflicto como una disputa entre tierras bajas y altas.
Estos rituales tuvieron gran impacto simbólico, porque reconstruían la „unidad‟ de
Bolivia, sin renunciar a su diferencia.
- Recibimientos y encuentros ciudadanos: Durante los 65 días de caminata, los
indígenas hicieron escalas para acampar y abastecerse. Las escalas se transformaron
en encuentros políticos, cuando las organizaciones locales, tras decidir en sus
asambleas el apoyo a la causa, organizaban coloridos actos de bienvenida, que
incluían discursos, música, conversatorios y actividades recreativas, que en conjunto
62
amplificaban los mensajes de protesta. Asimismo, la recepción incluía sesión de
espacios para el campamento, entrega de alimentos y ropa, y preparación de
material informativo. En algunos casos, la bienvenida fue asumida por colectivos
populares, y en otros por las autoridades municipales opositoras o críticas del
gobierno.
- Conferencias de prensa y comunicados: Con el pasar de las semanas, la travesía de
los marchistas se volvió tema de interés plurinacional. Las dirigencias de CIDOB
mantuvieron la atención pública con sucesivas conferencias de prensa, que
difundían las actividades de la VIIIMarcha y sus opiniones sobre la coyuntura
política. Simultáneamente, se emitían comunicados y reproducían notas y
entrevistas radiales. Su incursión en estos medios fue básica, pero efectiva. En torno
a las conferencias de prensa, se tejió una red de medios independientes que, en tono
épico, narró la crónica de los marchista. La incorporación de estos medios en la
cotidianidad de la marcha contrarrestó las versiones oficiales.
En la marcha indígena convergieron memoria y territorio. Efectivamente, la
caminata de Oriente a Occidente, de la periferia al centro del poder político, territorializó
un conflicto histórico. La caminata misma puede reconocerse como un lento (y firme)
proceso de apropiación del espacio plurinacional, históricamente ajeno. Igual que en las
procesiones, el „sacrificio‟ de los marchistas construyó una ruta del olvido a la inclusión,
donde su vulnerabilidad ante el frío, la lluvia, el cansancio, el hambre y la altura, los
legitimó para reclamar un lugar en el espacio público. Su sacrificio, físico y emocional,
despertó la caridad de algunos grupos sociales, pero también la solidaridad, la empatía y/o
la admiración de otros. La suma, muchas veces inconexa, de estas reacciones, fortaleció al
movimiento indígena de tierras bajas. De hecho, en el imaginario popular los „indígenas
olvidados de la Amazonia‟, „los más salvajes y puros‟, se transformaron en la „reserva
moral de Bolivia‟. A medida que avanzaba la marcha, sus estratégicas muestras de
vulnerabilidad los fortalecían, mientras debilitaban al gobierno.
La construcción discursiva de la resistencia: Un nuevo juego de identidades y
diferencias.
“Somos indígenas de tierras bajas, de la selva, nosotros no tenemos
whipala, pregúntenle a los originarios (porque) esa es su bandera,
nosotros no somos andinos, somos amazónicos, tenemos una bandera,
la bandera con la flor de patujú…” (Dirigente TIPNIS)17
.
Como antes se ha explicado, en la argumentación de los indígenas el proyecto
carretero era un síntoma, el más evidente y grave, de un problema mayor: la traición del
MAS y el gobierno de Evo Morales a las naciones y pueblos indígenas originarios. Traición
que observaban en la imposición del extractivismo como apuesta de desarrollo y la atención
privilegiada a las demandas de los cocaleros por sobre el respeto a sus derechos colectivos.
17 Extracto de prensa.
63
Esta interpretación del problema desplazó los antagonismos sociales, pues los indígenas
definieron como nuevos adversarios a los mismos grupos con que antes compartieron la
lucha: las bases campesinas y cocaleras del MAS. En ese momento, para diferenciarse de
ellos, desplegaron una serie de recursos, por ejemplo:
- La difusión de un discurso con perspectiva ecoterritorial: Este se oponía a la
perspectiva socioproductiva de cocaleros y campesinos MASistas, con la cual
coexistió, se retroalimentó y muchas veces se confundió durante el ciclo anti-
neoliberal. En esta línea, los mensajes del movimiento indígena enfatizaron que la
defensa del territorio, la Casa Grande, que realizaban en nombre de sus derechos
colectivos y la Pachamama, no era equivalente a la demanda de recuperación de los
recursos naturales estratégicos, cuya explotación, según el oficialismo, aseguraría la
soberanía boliviana. Más aún, estas perspectivas serían antagónicas, pues el
extractivismo es imprescindible para la segunda, pero incompatible con la primera.
- La construcción de una simbología propia: Fenómeno que se sintetiza en el
reemplazo de las whipalas por banderas blancas con la flor de patujú.
Probablemente, su negación al uso de las whiplas tuvo dos funciones; marcar la
diferencia cultural con los originarios de tierras altas y oponerse al MAS, que había
adoptado este símbolo como bandera partidista. Como alternativa, el patujú sobre
un fondo blanco, simbolizó su „respeto a la naturaleza‟, valor que presentaron como
estructurante de su identidad cultural y proyecto político. El uso del patujú, que
durante la marcha y otros eventos también se llevó en poleras y pancartas, sintetiza
un complejo proceso de „naturalización‟ de los indígenas de tierras bajas, que se
definieron a sí mismos como „Guardianes de la Casa Grande‟.
- La articulación de sus demandas particulares con los discursos multilaterales sobre
Derechos Indígenas: Los indígenas movilizados apelaron al orden jurídico
supranacional, especialmente al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la
ONU, para reivindicar derechos colectivos diferenciados, basados en el
reconocimiento étnico y no en su condición de clase social. Así, se desmarcaron del
„mundo popular y plebeyo‟ que los asimilaba a campesinos, mineros, asalariados
pobres y, por supuesto, cocaleros. Ello no negó la explotación que viven como
indígenas, pero la consideró un aspecto más de sus vivencias como pueblo
colonizado. Desde esta posición se distanciaron de los cocaleros que, aun siendo
„plebeyos‟, son también „colonizadores‟.
La articulación de todos estos recursos en su estrategia de rechazo a la carretera por
el TIPNIS, implicó continuidades y rupturas con los repertorios interpretativos de las
movilizaciones anti-neoliberales. No se generó una transformación radical de dichos
repertorios, sino más bien desplazamientos en los antagonismos y reformulaciones en los
mensajes legitimadores de la demanda. De cierta forma, la protección del TIPNIS -la „Casa
Grande‟ y la „Tierra sin mal‟ de „los hermanos indígenas‟ de tierras bajas- se legitimó como
una lucha por hacer efectivos los derechos „ganados con sangre‟.
64
La movida web: El soporte comunicacional de la resistencia a la carretera por el
TIPNIS.
“El facebook, la cuenta de twiter, sobre todo los msm de los celulares
fueron claves para convocar la movilización por el TIPNIS. Páginas
de activistas que informaban, gente que sabe usar la web; pero
también activistas de calle, que empezaron a usar las herramientas,
pero haciendo uso muy rudimentario. Por ejemplo, si pasaba algo, los
dirigentes por msm avisaban o pedían les cargaran los celulares…”
(Activista La Paz).
La masiva convocatoria en rechazo a la carretera por el TIPNIS, se explica en gran
medida por el uso político del internet y los celulares. Efectivamente, facebook,twiter y los
msm, cumplieron un papel estratégico en la construcción de redes sociales que vincularon
las demandas de los indígenas de tierras bajas con sectores urbanos orgánicos y no
orgánicos, que desde distintas visiones se adhirieron a la causa. Internet se transformó,
entonces, en una eficaz arma de lucha.
Aquí, se pueden distinguir dos fenómenos interrelacionados; por un lado, el trabajo
de colectivos críticos del sistema, algunos muy profesionalizados, que usaron sus
plataformas web para difundir información y análisis del conflicto, considerando incluso el
tema IIRSA. Y por otro, el uso popular de facebook y twiter, que masificó los mensajes de
apoyo. En el primer caso, se destaca la labor de „Territorios en Resistencia‟, „Chaski
Clandestino‟ y „Los Amigos del TIPNIS‟, que facilitaron la articulación de los tradicionales
„activistas de calle‟ con los emergentes „activistas web‟, además de mantener canales de
comunicación directa con la dirigencia de las marchas y las comunidades del parque.
En el caso de twiter, su uso aún incipiente en las redes bolivianas, paradójicamente
ejerció un gran poder de comunicación, al llamar la atención de los medios de prensa y
televisión, que amplificaron a nivel plurinacional los mensajes y debates. De este modo, un
evento puntual, como el trendytopic con el mensaje „#salvemos el TIPNIS‟, se convertía en
noticia nacional. Los celulares, en tanto, permitieron comunicaciones rápidas, y también la
documentación de momentos claves como la represión policiaca en Chaparina, que fue
grabada en celulares y trasmitida casi simultáneamente al resto del país. Evidentemente, el
impacto de las imágenes potenció el apoyo a la causa indígena.
Cabe destacar, que en estas redes tendió a predominar la construcción de imágenes
muchas veces simplificadas del conflicto y sus protagonistas: Los cocaleros, se presentaron
como „colonizadores‟, categoría usada para referirse a los migrantes de tierras altas, pero
que adquirió un carácter negativo asociada a la invasión y el despojo. Así, los cocaleros
fueron acusados de „avasallar‟ el territorio por su afán de acumulación capitalista,
reeditando lógicas colonizadoras que se remontan a la conquista española, a lo que se sumó
el cuestionamiento a la legalidad de sus actividades. Mientras, los indígenas victimizados,
65
fueron exaltados por su vínculo natural con la Pachamama, y puestos como ejemplo de una
vida armónica, alternativa al capitalismo.
Los bloqueos: la estrategia de los cocaleros para apoyar el proyecto carretero.
“Nosotros no les vamos a dejar pasar a los hermanos del TIPNIS, así
tomen otras medidas, cerraremos en su totalidad si no existe diálogo
con el gobierno” (Dirigente cocalero)18
.
“Ellos que quieren venir aquí, estudiantes, mineros, partidos políticos,
no se atrevan, porque sí o sí vamos a reventarlos” (Dirigente
cocalero)19
.
Frente al despliegue de la VIII Marcha Indígena, los cocaleros cerraron filas en
torno a la defensa de la carretera, movilizando sus bases para contra restar lo que definieron
como una amenaza al Proceso de Cambio. Su principal estrategia fue bloquear a los
marchistas para obligarlos a dialogar con el gobierno. El bloqueo es una práctica tradicional
de subversión al orden político, que los cocaleros asumieron en la década del noventa y que
en este nuevo contexto, fue usada para frenar la marcha antes de su arribo a La Paz.
Si bien, los bloqueos fueron constantes desde el inicio de la movilización indígena,
condicionando de alguna manera la ruta de los marchista, fue en la localidad de Yucumu,
donde el bloqueo cocalero desestabilizó a los indígenas. Efectivamente, los cocaleros
cercaron a los marchistas, impidiendo no solo su tránsito, sino también el ingreso de víveres
y movilidades a su campamento. De esta manera, intentaron controlar la llegada de
activistas, estudiantes, políticos y especialmente ONG, que pretendían reforzar la marcha.
El bloqueo de Yucumu, polarizó el conflicto. La tensión fue en aumento, y el
gobierno envió fuerzas policiales para prevenir un posible enfrentamiento entre cocaleros e
indígenas. En este contexto, los medios de comunicación estatales difundieron
declaraciones y entrevistas a dirigentes cocaleros, quienes denunciaban con tono de
amenaza, el rol protagónico de ONGs y políticos de oposición en la mantención económica
de la marcha; mientras se posicionaban como los defensores del Proceso de Cambio. Los
bloqueos cocaleros, por una parte desgastaron material y emocionalmente a los indígenas y
originarios movilizados, pero por otra reforzaron el imaginario popular que los descalifica
como colonos avasalladores.
La Vigilia de las Mama Ta’llas: Otra forma para visibilizar la resistencia.
“Nosotras instalamos la vigilia para apoyar directamente a los
hermanos marchistas. Lo hicimos indignadas por el bloqueo de los
18
Extraído de periódico El Tiempo (19 Septiembre de 2011). No se obtuvo entrevista con quienes reconocieran haber estado en los bloqueos. 19 Extracto de entrevista televisiva.
66
colonos en Yucumu y el cerco de los policías (…) decidimos que era el
momento de no dejar que nos aislaran en la lucha y entonces
decidimos hacer la vigilia…” (Mama de CONAMAQ)20
.
Otra estrategia de resistencia fueron las vigilias, destacándose la Vigilia de las
Mama Ta‟llas21
de CONAMAQ. Las vigilias son eventos masivos donde un grupo de
personas se instala indefinidamente en un espacio público en espera de que sus demandas
sean escuchadas. En este caso, el 19 de septiembre, cuando los marchistas no podían salir
de Yucumo, las Mama Ta‟lla de CONAMAQ convocaron a una gran vigilia nacional en la
Plaza San Francisco (La Paz), para exigir el fin del cerco y sumar solidaridades con la
defensa del TIPNIS. Cerca de 30 carpas formaron un campamento que funcionó como
centro de operaciones.
En torno a este, se realizaron ciclos de charlas y foros, con la participación de
expertos, presentación de videos sobre el TIPNIS, entrega de volantes, confección de
afiches, y actos artístico-culturales. Junto al campamento se instaló un escenario y puestos
de información. Desde ahí, se establecieron redes de apoyo con otras organizaciones y, más
adelante, se coordinó la recepción de los marchistas. Esta vigilia se extendió por 34 días.
Siguiendo el ejemplo de las Mama Ta‟llas, también se realizaron vigilias en las plazas de
Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, Sucre y Camiri.
A diferencia de las marchas, la vigilia „ocupa‟ un espacio que tradicionalmente tiene
otra función y lo re-significa, alterando las dinámicas cotidianas. Esta „ocupación‟ de la
plaza como eje de interacción urbana, convocó a una ciudadanía diversa que difícilmente
podía abstraerse de la situación vivida en un lugar tan remoto como Yucumu, pero que se
sentía cercano gracias a las actividades de la Mama Ta‟llas. La Vigilia de la Plaza San
Francisco reforzó el protagonismo de CONAMAQ, y sobre todo la alianza entre CIDOB y
CONAMAQ. También posicionó públicamente el rechazo de los indígenas y originarios al
curso asumido por el Proceso de Cambio.
La estrategia de contención gubernamental: De la deslegitimación de la marcha a la
represión policial.
“Algunos dirigentes están sacrificando a señoras y niños con
otro interés político, ya no es tema carretera, ya no es tema de
parque, ya es interés político de desgastar al Presidente, de
molestar al Presidente, de mostrar que indígenas se enfrentan
a indígenas” (Álvaro García Linera)22
Ante el avance de la marcha indígena, la estrategia del gobierno fue minimizar el
rechazo a la carretera y deslegitimar las dirigencias, acusándolas de intereses golpistas
20
Extracto de prensa. 21
chacha-warmi 22 Extracto de prensa
67
promovidos por Estados Unidos, o bien haciendo públicas confusas situaciones judiciales.
Paralelamente, el gobierno mantuvo la invitación al diálogo. De hecho sucesivas
delegaciones ministeriales intentaron negociar el conflicto, aunque se negó el diálogo
directo con el Presidente Morales. En esta coyuntura, fue muy relevante el rol de los
medios oficiales de comunicación: BoliviaTV, Radio Patria Nueva y el periódico El
Cambio, que posicionaron los argumentos oficiales; así como la producción editorial de la
Vicepresidencia, que elaboró y difundió los sustentos teóricos y políticos que avalan la
construcción de la carretera.
Pero el bloqueo de Yucumu cambió el escenario, y también la estrategia
gubernamental. Argumentando la necesidad de prevenir un enfrentamiento entre indígenas
y colonizadores, el gobierno movilizó sus capacidades de contención armada. En efecto, el
gobierno envió un contingente policial, que en lugar de aplacar la polarización, la reforzó.
Los indígenas se sintieron acorralados por los cocaleros y los policías. Para destrabar la
situación exigieron la presencia del Canciller Choquehuanca, que en un confuso incidente
fue obligado por las mujeres a caminar hasta romper el cerco cocalero. Acción que fue
difundida internacionalmente como el „secuestro del canciller‟. Al día siguiente, la policía
intervino violentamente la marcha, atacando el campamento que tenían en Chaparinay
tomando por la fuerza a los indígenas para trasladarlos al aeropuerto de Rurenabaque, y de
ahíregresarlos al TIPNIS.
El uso de la fuerza como estrategia de contención de los manifestantes, fue un
rotundo fracaso, pues las imágenes de la violencia de Estado sobre familias indígenas
cercadas, despertó la indignación generalizada del pueblo boliviano. A las pocas horas, la
población de San Borja impidió el paso de las flotas, y un grupo de tacanas rescató a los
marchistasencerrados en el aeropuerto. Ciertamente, la movilización de fuerzas armadas,
fue una desafortunada decisión gubernamental, que aún no logra ser explicada.
Paradójicamente, esta intervención fortaleció la legitimidad de la movilización
indígena. El gobierno debilitado por la condena popular y la crisis del gabinete, se ve
obligado a recibir a los marchistas y aceptar su demanda, aunque expresando su
desacuerdo. De este encuentro emerge la Ley 180 que declara la Intangibilidad del TIPNIS.
Con esta acción el gobierno se compromete a anular el proyecto carretero y proteger el
parque.
La marcha del Consejo Indígena del Sur y la Ley de Consulta del TIPNIS
“Aquí estamos las cuatro lenguas, mojeño trinitario, mojeño ignaciano,
yuracaré y chimán, con un solo objetivo: conseguir la anulación de la
ley corta (…) Hay niños resfriados porque no es nuestro ambiente. Nos
vemos obligados de seguir adelante porque nuestros dirigentes nos han
traicionado (…) porque nos han puesto una soga al cuello para que los
68
grupos indígenas no pudiéramos hacer ninguna labor dentro del Parque
IsiboroSécure” (Dirigente CONISUR)23
.
La victoria de los indígenas y el bloque plurinacional en rechazo a la carretera por el
TIPNIS, fue solo aparente. Como ya se ha explicado, el gobierno decretó la protección del
parque, pero al mismo tiempo abrió una fuerte polémica por los significados y alcances de
la Ley de Intangibilidad. Polémica que puede ser considerada en sí misma una
contraofensiva gubernamental. De hecho, el Vicepresidente, responsabilizó a la dirigencia
indígena y las ONG por los efectos de la Ley 180, ya que mientras los grupos movilizados
concebían la intangibilidad como la prohibición del extractivismo, ejercido por actores
ajenos a las comunidades; el gobierno la definía como la prohibición de toda actividad
extractiva (pesca, producción de chocolate, emprendimientos madereros, incluso la
agricultura); lo que en la práctica pone en riesgo la reproducción material de los indígenas.
Dicha polémica abrió nuevamente el conflicto, generando las condiciones para la
movilización de los indígenas del CONISUR, que marcharon desde el TIPNIS exigiendo la
anulación de la Ley de Intangibilidad. Como antes se ha explicado, el CONISUR es una
organización afín al gobierno, que integra a indígenas del TIPNIS que han asumido el
cultivo de coca, la propiedad parcelada de la tierra, la orgánica sindical y el proyecto
agrocéntrico de los cocaleros.
Esta contramarcha, utilizando los mismos recursos simbólicos que la anterior, apeló
a la solidaridad del pueblo boliviano, pero para reivindicar su derecho al desarrollo, el que
consideraban vulnerado por la Ley 180. A diferencia de la VIII Marcha, la marcha del
CONISUR contó con el apoyo del bloque campesino plurinacional y los medios de
comunicación oficiales. Sin embargo, su cercanía al gobierno, generó el rechazo de los
paceños.
La exposición pública de indígenas del TIPNIS que demandaban la carretera,
permitió al gobierno re-definir el conflicto como una disputa interna por la
representatividad legitima de los indígenas del parque; y posicionarse como mediador del
conflicto. La estrategia entonces fue convocar a una consulta para decidir el futuro del
proyecto carretero. Mediante la Ley 222, el gobierno asumíó la consulta que tiempo antes
había negado; inhabilitando las denuncias de autoritarismo y posicionándose como garante
de la democracia y los derechos indígenas. Efectivamente, la contraofensiva gubernamental
modificó estratégicamente los términos del debate, apropiándose de los recursos simbólicos
y las formas de movilización de sus opositores, y desplegándolas en la dirección contraria.
La IX Marcha indígena originaria por la Vida, el territorio, la dignidad y los derechos
indígenas.
“Sí, marchamos(otra vez) hasta que se llegó a la ciudad de La Paz,
para que se respete la Ley 180. Se llegó con dificultades y todo, y en la
23 Extracto de prensa.
69
ciudad de La Paz por ejemplo, llegamos y ahí nos persiguieron con
gases, nos recibieron con agua, con esa bomba que estrenaba el
gobierno para gasificar a la gente, para eso (la) había comprado, y no
nos permitió y no nos oyó nunca. Y nos hemos vuelto sin dialogar con
nadie, donde de ahí decidimos que nosotros vamos a hacer resistencia
dentro del territorio” (Ex corregidor TIPNIS).
Nuevamente se realizó una Marcha hacia La Paz para demandar, esta vez la
derogación de la Ley 222 de Consulta y el cumplimiento de la Ley 180 de Intangibilidad.
Esta marcha duró 62 días, pero en condiciones climáticas más extremas que la VIII Marcha.
El recorrido contempló recibimientos, conferencias de prensa, conversatorios, rituales
interculturales, etc., los que no lograron concitar el interés público de su predecesora.
Paralelamente, se realizaron vigilias en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. No hubo
eventos novedosos sino más bien una constante reedición de los anteriores. Por otro lado,
los cibereventos, que habían sido claves en el éxito de la VIII Marcha, minimizaron su
impacto, al reducirse el número de ciberactivistas.
Probablemente, en este momento de la defensa del TIPNIS, la poca efectividad de
las acciones y la incapacidad de los indígenas y originarios para encontrar otras formas de
expresión, se deba a la desconfianza suscitada en la ciudadanía por la cercanía de partidos y
organizaciones „antipopulares‟, que se mostraban públicamente como adherentes y/o
protectores de la marcha. La yuxtaposición de mensajes y proyectos políticos, que antes
había logrado niveles estratégicos de articulación, se mostró amenazante para sujetos
colectivos que habían luchado por la descolonización en el ciclo de movilizaciones anti-
neoliberales, y para los individuos que apostaban por la autonomía de un pensamiento
construido abajo, pero a la izquierda. En este contexto, los indígenas fueron perdiendo su
status como „reserva moral de la patria‟, y se les hizo cada vez más difícil sostener su
imagen de vulnerabilidad.
Por estos motivos, la marcha en La Paz se fue debilitando. La contraofensiva
gubernamental fue muy eficiente al instalar dudas sobre la legitimidad de los intereses
movilizados y la idoneidad de dirigentes y organizaciones de apoyo, todo eso sin atacar a
los indígenas como tales, a quienes se definía como „hermanos engañados y manipulados‟.
El presidente no recibió a la IX Marcha, pero invitó a los indígenas opositores a resolver
ahí sus problemas con CONISUR. En esta coyuntura, la admiración dio paso a la
compasión de los paceños, y la estadía fue perdiendo sentido. Entre tanto, el gobierno
alentó la formación de una CIDOB paralela, que apoyó, en nombre del SumaqQamaña, la
construcción de la carretera, „para que los indígenas salgan de la miseria‟. Entonces la IX
Marcha decidió volver al Oriente para recuperar las oficinas de CIDOB y organizar la
resistencia a las brigadas de consulta en su propio territorio. Con el regreso de los indígenas
a tierras bajas se inicia otra etapa, mucho menos visible, de la resistencia.
70
La consulta indígena en el TIPNIS: El cambio de estrategia gubernamental.
“Lo que nosotros hemos dicho es que se haga la consulta y que si los
compañeros deciden carretera, pues que haya, y si no, pues es decisión
de ellos, pero que se haga la consulta” (Álvaro García Linera)24
.
Asumiendo un giro radical en su estrategia para defender la construcción del tramo
carretero en el TIPNIS, el gobierno organizó un proceso de consulta, que abordo tres temas:
la carretera, la intangibilidad y la necesidad de proyectos de desarrollo. Para eso se decretó
la Ley 222 y se organizaron brigadas con la misión de internarse en el parque y consultar a
las comunidades, respetando sus „usos y costumbres‟. La idea era concretar los
lineamientos de la consulta previa, libre, informada y de buena fe, que estipula el Convenio
169 de la OIT, y la nueva Constitución Política del Estado.
Al reconocer como un error la omisión de este proceso, el gobierno inhabilitó una
de las principales críticas de la oposición a la carretera; si bien no logró convencer a los
disidentes que denunciaron su ex temporalidad, por lo menos generó un espacio de disputa
que relativizó el rechazo de los sectores urbanos. Cabe destacar que la demanda por la
consulta estaba incluida en el pliego petitorio de la VIII Marcha Indígena, por lo que el
rechazo de los indígenas se tornó confuso para la opinión pública plurinacional.
Paradójicamente, el gobierno defendió el derecho a la consulta como un logró del Estado
Plurinacional, y acuso a los indígenas disidentes por atentar contra este principio
democrático.
El gobierno enfrentó la consulta como una elección política, desplegando una
campaña a favor de la carretera y contra la intangibilidad, por eso la consulta en el TIPNIS
puede comprenderse como una estrategia de legitimación de la acción gubernamental. La
que se complementó con una cruzada contra la pobreza en el TIPNIS, que canalizó recursos
públicos para la compra de motores fuera de borda, proyectos productivos, de educación y
salud. Asimismo, fuera del territorio se denunciaba el rol colonizador de las ONGs,
argumentando que estas, amparadas en discursos ecologistas y humanitarios, utilizaban a
los indígenas para fortalecer la oposición al Proceso de Cambio.
Luego de varios meses de campaña gubernamental, y resistencia indígena, se
anunció públicamente que el 84% de las comunidades aceptan la carretera, con la condición
que esta nodañe los ecosistemas del parque, para eso se plantea una carretera ecológica que
se podría construir bajo tierra o en el aire. Estos resultados minimizaron la resistencia
indígena y desacreditaron la representatividad de las VIII y IX Marcha, pero también
abrieron una nueva polémica por la pertinencia, trasparencia y credibilidad del proceso.
Para cerrar esta exposición del caso boliviano, es importante resaltar algunos
aspectos, que pueden ayudar a la comprensión del conflicto:
24 Extracto de prensa.
71
- El conflicto por el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, no
puede desvincularse de la territorialidad proyectada por la plataforma IIRSA.
Efectivamente, nuestro análisis asume que, como parte del diseño de la Red Vial
Fundamental, la carretera por el TIPNIS es funcional a los corredores bioceánicos
que conectan Brasil con las costas del Pacífico. En tal sentido, el camino facilita la
expansión del modelo extractivista, y también la imposición de la territorialidad
estatal sobre los territorios indígenas.
- En el TIPNIS se superponen una serie de proyectos territoriales en disputa: Por un
lado, está el proyecto desarrollista del gobiernoy el agrocéntrico de los cocaleros, y
por otro, el proyecto de la autonomía indígena. Sin embargo, esta disputa „in situ‟,
se complejiza con aquella que a nivel plurinacional, enfrenta a la territorialidad
estatal con la de los movimientos ecologistas, anarquistas e indígenas-originarios.
La competencia entre estas territorialidades, tiende a invisibilizar la fuerza de la
territorialidad IIRSA, que impone límites al post-neoliberalismo boliviano.
- El Estado Plurinacional es un proyecto aún no acabado; y el gobierno de Evo Morales no es el Estado, aunque en el actual contexto tiendan a mimetizarse. Por
eso es tan complejo hablar de una territorialidad hegemónica, pues la fuerza del
proyecto gubernamental es relativizada por los preceptos del mismo Estado. Por eso
todos los sujetos en conflicto, hablan a nombre o en defensa del Estado
Plurinacional, pues este se asume -idealmente- como proyección de la voluntad del
pueblo. De cierta manera, se piensa al Estado imbricado en la sociedad civil.
- De lo anterior, se deriva un predominio (siempre relativo) de la esfera de la
sociedad civil, en relación a las esferas del Estado y el mercado. El que se visualizó
en las primeras etapas del conflicto por el TIPNIS, pues es la sociedad civil -que en
Bolivia tiene un carácter corporativo y orgánico- la que tomó el control del
conflicto. Aunque luego, el cambio de estrategia gubernamental ha dado un giro al
conflicto.
72
73
74
CAPÍTULO 4
IIRSA en Chile: el conflicto latente por el Túnel Binacional de
Agua Negra.
En este capítulo abordamos el conflicto -aun latente- por el Túnel de Agua Negra en
el sector cordillerano del Valle de Elqui, como ejemplo para analizar la conflictividad
ecoterritorialgenerada por IIRSA en Chile. Para empezar es importante subrayar que los
puertos chilenos cumplen un rol estratégico en el diseño territorial de IIRSA, en tanto
puerta de salida al Océano Pacífico. Por eso, 5 Ejes de Integración y Desarrollo (EID)
atraviesan este país: Andino del Sur, Capricornio, Interoceánico Central, MERCOSUR-
Chile, y Del Sur. Sin embargo, la iniciativa IIRSA es prácticamente invisible, no existe
bibliografía especializada, ni documentación de las obras o los conflictos que estas
pudiesen generar. Aun así, IIRSA cumple un rol central en la implementación de pasos
fronterizos, la ampliación de puertos, aeropuertos y redes viales.
Lo relevante de este caso, es que la territorialidad de IIRSA coincide con el
neoliberalismo imperante en Chile. De hecho, la estrategia de regionalización según
orientaciones productivas, que promueven los Ejes de Integración y Desarrollo (EID), es
similar al proceso de regionalización aplicado por la dictadura pinochetista en la década del
setenta. En ese periodo, las reformas estructurales liberalizaron la economía y,
paralelamente, reorganizaron el territorio en función de las necesidades del comercio
75
exterior. Cuatro décadas después, los efectos ecológicos y sociales del modelo son
impactantes, pero también lo es la capacidad de gestión de conflictos de las instituciones
estatales. Un ejemplo claro, es el del Túnel de Agua Negra, que pertenece a la Cartera de
Proyectos Prioritarios de Integración, pero que comunicacionalmente se ha desvinculado de
la plataforma IIRSA, presentándose como un anhelo histórico, que está por concretarse
gracias al trabajo conjunto de la Región de Coquimbo (Chile) y la Provincia de San Juan
(Argentina). Si bien este proyecto suscita una serie de aprehensiones en la población del
Valle de Elqui, estas no se traducen en un enfrentamiento público, por eso hablamos de
conflicto latente.
Para abordar dicho conflicto, primero se caracterizará el orden social chileno,
atendiendo, por un lado, los procesos políticos de la historia reciente, y por otro, el marco
constitucional que sustenta el modelo. Tras una breve reseña del proyecto, se presentaran
los sujetos en conflicto, sus territorialidades y repertorios interpretativos, para finalizar con
la descripción de las estrategias que estos movilizan para apoyar o rechazar la obra.
CHILE: LA CONFIGURACIÓN DE LA RELACIÓN ESTADO, MERCADO
Y SOCIEDAD CIVIL EN UNA SOCIEDAD MERCADOCÉNTRICA
En Chile, la actual configuración de la relación entre las esferas del Estado, el
mercado y la sociedad civil, emerge de las políticas de desarrollo neoliberal impuestas por
la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), y consolidadas por los gobiernos de
la Concertación de partidos por la democracia (1990-2010). En este periodo, Chile asume
una matriz mercado-céntrica de sociedad (Cavarozzi en Gómez y Escalante, 2009), en la
cual “Se considera al conjunto de la sociedad como mercado, donde el principio de la
acción colectiva organizada es sistemáticamente rechazado y donde el Estado pierde su
carácter de referente de la demanda social, eliminando su papel regulador” (Portilla;
2008:9). El Estado, por ende, deja de regular los mercados y son estos los que pasan a
regular las relaciones sociales.
La dictadura militar refundó el Estado chileno (Goicovinc, 2011), transformando
profundamente las estructuras de poder bajo una intensa represión política orientada a
construir sus propios dispositivos de reproducción y legitimación. Lo que se impone es un
Estado neoliberal que desplaza las funciones sociales del Estado desarrollista, asumiendo
los nuevos roles de garante y facilitador del funcionamiento de los mercados, eso quiere
decir que el Estado no desaparece, más bien muta; como señala Lechner “Una estrategia
destinada explícitamente a imponer una economía capitalista de mercado, desmantelando al
Estado, solo tiene éxito cuando se apoya sobre una fuerte intervención estatal” (Lechner en
López 2009). El ajuste estructural se articuló y potenció con el despliegue de la violencia
institucionalizada en sus dimensiones física y simbólica, lo que reitera la centralidad
mantenida por el Estado. La ciudadanía fue de ese modo disciplinada y subordinada a un
nuevo orden y un nuevo proyecto de sociedad: la sociedad neoliberal (Gómez, 2011).
76
Para llevar a cabo el proyecto se tomaron una serie de medidas fundacionales,
siguiendo los lineamientos de la propuesta del „Ladrillo‟, que fue adoptada como base del
modelo económico. Entre estas medidas, resaltamos: (a) La apertura de mercados con
grandes estímulos para la inversión extranjera; (b) La privatización de recursos y servicios
que habían sido responsabilidad del Estado; (c) La definición de orientaciones productivas
regionales; y (d) El desarrollo de una Contrareforma agraria. Los cambios se consolidaron
con la Constitución de 1980. Esta constitución, se organiza en torno a dos núcleos
discursivos: por un lado, el resguardo de la propiedad privada como fundamento de la
libertad política, y por otro, la doctrina de la seguridad nacional.
Se debe destacar que este ejercicio de dominación que desmanteló el orden previo
se extendió después en complejas estrategias para lograr la hegemonía. Aun cuando los
pilares de la hegemonía neoliberal se construyen en la dictadura, esta no surge desde el
vacío sino que anclándose en prácticas y relaciones de dominación/subordinación
rastreables, por lo menos, hasta la Colonia. De todos modos, la reformulación los proyectos
de vida según el modelo neoliberal fue un proceso complejo que se funda en dictadura pero
se consolida en democracia.
Efectivamente, los gobiernos concertacionistasdan continuidad al modelo
inaugurado por Pinochet. Situación que ilustra, claramente, la reforma constitucional,
aplicada por Ricardo Lagos el año 2005, pues si esta elimina formalmente algunos de los
„enclaves autoritarios‟ heredados del régimen anterior, conserva sus núcleos discursivos.
En este sentido, el actual modelo societal chileno se sustenta en una Constitución ilegitima,
que se estructura en torno al resguardo de la propiedad privada (Art.24) y la doctrina de
seguridad nacional, que ahora se expresa en el Consejo de Seguridad Nacional (Art. 106,
107). Cabe destacar que el carácter neoliberal de la Constitución chilena, supone un
menoscabo del sistema de derechos. Por ejemplo, no reconoce derechos colectivos, ni la
existencia de pueblos/naciones indígenas. Podría plantearse que más que un ordenamiento
social, lo que la constitución impone son normativas que contienen la participación social,
pues el pueblo o sociedad civil, es desprovisto de roles activos en el plano político.
En este contexto, los gobiernos concertacionistas, principalmente el de Eduardo
Frei, fortaleció la hegemonía neoliberal con la firma de Tratados de Libre Comercio que
buscan una mayor integración productiva en los mercados globales. La gran diferencia con
el régimen anterior es la incorporación del principio de equidad como nuevo eje discursivo
de la acción estatal. Fenómeno que tendrá su punto más alto en el gobierno de Michel
Bachelet.
Efectivamente, en torno al principio de equidad se despliegan políticas públicas
orientadas a compensar los desequilibrios asociados al modelo económico, sin cuestionar
sus bases ideológicas. Los gobiernos democráticos chilenos han actuado perfeccionando el
desarrollo exportador y ejecutando políticas sociales focalizadas para la superación de la
pobreza que tiende a concentrase en aquellos grupos excluidos del control de sus recursos
naturales y del acceso a servicios que anteriormente entregaba el Estado.
77
Estas políticas apelan a la inclusión social pero desde la lógica mercantil; es decir, el
compromiso del Estado con los pobres es buscar estrategias para integrarlos al mercado, y
lo cumple subsidiando al mismo mercado a través de mecanismos de fomento productivo.
La paradoja del modelo chileno, es que los altos indicadores macroeconómicos, que
posicionan al país como un referente para América Latina, no se condicen con los niveles
de desigualdad social.
Sin embargo, a pesar de la enorme desigualdad, no se puede negar la aceptación
relativa -unas veces acrítica y otras resignada- que amplios sectores sociales, incluidos los
más precarizados, manifiestan hacia el modelo económico chileno. En este punto, la
problemática que estamos analizando se complejiza, pues si bien la gestión neoliberal
emerge en un escenario de violencia dictatorial, esta se sustenta luego en la internalización
de los valores neoliberales como fórmula de vida. Sin duda este es un tema central que se
vincula directamente con las estrategias de construcción de la hegemonía y, en especial,
con el surgimiento de una sociedad civil disciplinada a los intereses de mercado.
Tal como antes señalamos, más allá de la represión inicial, la consolidación del
neoliberalismo ha sido un proceso intenso donde se han instalado sutiles, pero efectivos
mecanismos de control que permean toda la sociedad chilena. Durante cuarenta años, los
vínculos sociales se han re-creado en torno a una fórmula neoliberal, cuyos postulados
centrales son: (a) La defensa de la propiedad privada como fundamento de la libertad
política; (b) La defensa del mercado como asignador eficiente de los recursos económicos;
(c) La acreditación del individuo atomizado como sujeto de la acción social y las políticas
públicas, y (d) El reconocimiento del mercado como lugar de ejercicio y realización de la
ciudadanía. A partir de ahí, se configuran una serie de mecanismo que sustentan a la
sociedad neoliberal, entre ellos:
a) El estímulo a la competitividad como valor estructurante de las relaciones sociales. El
término competitividad posee dos acepciones; una es capacidad para ejecutar una tarea y la
otra rivalidad para lograr un fin. En Chile, ambas se integran en la imagen de un sujeto
individual que desarrolla sus potencialidades para lograr el éxito en los mercados,
superando a los demás. Las políticas de fomento productivo y las de compensación social
han definido a este sujeto como su interlocutor y objeto de cambio.
En un sentido distinto pero complementario, la institucionalidad pública fomenta el
emprendimiento impulsando la eficiencia e innovación. Competencias que se conciben
como una forma peculiar de propiedad privada individual que puede y debe ser
rentabilizada. La apuesta estatal, entonces, es seleccionar emprendedores que posean estas
características para incorporarlos al mercado a través de los clúster productivos; de esa
manera se capitaliza la competitividad de los individuos y por extensión la de los
territorios. Simultáneamente, el emprendimiento se posiciona como un atributo clave en la
configuración de subjetividades atomizadas funcionales a la matriz mercado-céntrica.
b) La formación y legitimación de una asociatividad neoliberal, regulada por las
instituciones públicas y dependiente del mercado. Los sentidos asociativos tradicionales,
han sido desplazados por una asociatividad de carácter neoliberal, planteada como un
78
agregado de sujetos que buscan incrementar sus ganancias individuales. Este tipo de
asociatividad es inherente al mercado, pues surge de la necesidad de sumar esfuerzos para
alcanzar la competitividad que no se ha logrado individualmente. Mediante instrumentos
públicos, el Estado invita a la sociedad civil a organizarse adoptando la racionalidad
empresarial. Como respuesta, se han multiplicado las organizaciones normadas
institucionalmente, ampliando el rango de clientes en competencia por los fondos
públicos.Con el estímulo de las políticas neoliberales los lazos asociativos, se nos muestran
coyunturales, precarios y dependientes de las presiones del mercado; ámbito donde los
sujetos se individualizan y vinculan a partir del consumo.
c) La promoción de una lógica subsidiaria que media las relaciones entre el Estado y la
sociedad civil. Siguiendo la doctrina de “Superación de la pobreza” el Estado neoliberal
chileno subsidia modalidades de inclusión parciales, flexibles y funcionales, dirigidas a
grupos precarizados que no logran ser competentes en los mercados. Este foco sobre la
pobreza define a los sujetos en base a sus carencias, omitiendo las relaciones de
desigualdad en que ellos se insertan. En este sentido, el Estado moviliza recursos
destinados a mitigar necesidades puntuales. Es así como en Chile se ha institucionalizado
un sistema público de bonificaciones.
e) La dicotomía público/privado como esquema de relaciones entre Estado y sociedad. La
gobernabilidad y, específicamente, los vínculos entre el Estado y la sociedad civil chilena
se sostienen en la distinción tajante de dos ámbitos de acción: lo público y lo privado. En
dicho esquema el Estado, como referente del bien común, se posiciona como defensor de
los intereses públicos, mientras al resto de actores se atribuyen intereses privados. Este
orden dicotómico cumple varias funciones, por ejemplo: (a) Niega a organizaciones civiles
la representación de intereses de bien público, más allá de los sectoriales; (b) Homogeniza
lo diverso y desigual, al aglutinar en la categoría „privado‟ tipos tan diferentes como una
minera transnacional y centro de padres; (c) Invisibiliza las asimetrías de poder entre
aquello que se ha definido como privado; y (d) Minimiza los discursos alternativos y
disidentes que no se sienten representados por el Estado.
d) El predominio de la tecnocracia sobre la sociedad civil organizada. En busca de la
eficiencia, el Estado neoliberal chileno ha sustituido el debate político por un aparato
tecnocrático como fuente de las decisiones públicas. Esta tecnocracia ha despolitizado
amplios campos de la acción social. De hecho, los problemas de la pobreza y la
vulnerabilidad, son definidos como asuntos técnicos que deben ser resueltos por
especialistas comprometidos con el crecimiento económico, bien superior que guía la toma
de decisiones. La tecnocracia ha erosionado dinámicas de reflexión y decisión, imponiendo
sus conocimientos y criterios sobre los saberes y experiencias locales. Como resultado, la
sociedad civil organizada se transforma en un mero objeto de intervención que,
eventualmente, es convocada para legitimar -con su participación presencial- agendas y
proyectos elaborados por la tecnocracia estatal.
Lo relevante es cómo la articulación de estos mecanismos de regulación social
sostiene la hegemonía neoliberal, instalando un sentido de comodidad del que emergen
subjetividades pasivas, cuyos proyectos vitales se construyen en relación al consumo,
79
fuente de sus esperanzas y también sus grandes frustraciones, las subjetividades se
construyen entonces desde las carencias y los esfuerzos de superación, mientras las
reivindicaciones de derechos quedan fuera de sus demandas al Estado.
Sin embargo, al finalizar la primera década del siglo XX, emerge un intenso ciclo de
movilizaciones sociales, que demandan una mejor inserción en el modelo. El ciclo se abre
con las movilizaciones estudiantiles en el gobierno de Bachelet, pero continúan con las
movilizaciones asociadas a conflictos ecoterritoriales. A diferencia de los gobiernos
concertacionistas, que lograron contener la protesta social, el de Sebastián Piñera fue
desbordado por las movilizaciones. En esta coyuntura toma forma la demanda de una nueva
constitución política. Entonces, los desgastados partidos de la concertación, negocian un
nuevo pacto político: La Nueva Mayoría, que se articula en torno al liderazgo de Michel
Bachelet, e incluye al partido comunista. En las elecciones de fines del 2013, Michel
Bachelet nuevamente logra la presidencia, con el compromiso de ejecutar cambios, aunque
está por verse si cumple las promesas de campaña, y si estas responden a las expectativas
ciudadanas. Se debe subrayar que uno de los temas claves para el futuro gobierno, será el
ecológico, pues la profundización del modelo extractivista, ha sido uno de los detonantes
del descontento social. En este escenario es donde se proyecta la construcción del Túnel de
Agua Negra, en una sociedad neoliberal, que de manera incipiente posiciona sus demandas
en el espacio público, con la intención no de cambiar el modelo, sino de garantizar una
mejor inserción en él.
EL VALLE DE ELQUI Y EL CONFLICTO LATENTE POR EL TÚNEL DE
AGUA NEGRA.
ElValle de Elqui es un territorio del norte semiárido de Chile, que
administrativamente pertenece a la Región de Coquimbo. Este territorio se nutre de la aguas
del río del mismo nombre, que nace en la alta cordillera, donde se alimenta de la
acumulación de nieve. La cuenca del Elqui se caracteriza por su semiaridez, que se traduce
en extensos periodos de escasez hídrica.
En el valle de Elqui, coexisten diferentes territorialidades. Por una parte están los
agricultores y crianceros tradicionales. Los crianceros son productores de queso de cabra,
carne y guano. Estos hacen uso extensivo del territorio bajo un sistema de trashumancia
estacional que se desarrolla en terrenos de las Comunidades Agrícolas, sistemas
tradicionales de propiedad colectiva de la tierra que operan como organizaciones de gestión
territorial. En estos territorios, la ausencia de cursos superficiales y estables de agua da
lugar a una economía doméstica orientada, con pocas excepciones, a la subsistencia. En tal
sentido, las labores de criancería se complementan, estacionalmente, con la pequeña
agricultura, la pirquinería y la contratación de la población en faenas mineras o
agroindustriales.
Por otra parte, están los pequeños y medianos agricultores, que se ubican en las
zonas bajo riego. Estos se han adaptado a los periodos de escasez hídrica, desarrollando un
80
sistema de almacenamiento y canalización de aguas, que cuenta con 2 embalses: La Laguna
y Puclaro. Los pequeños y medianos agricultores coexisten tensamente con las
agroindustrias que llegaron a la zona desde la década del ochenta.
Las actividades agrícolas y ganaderas se desarrollan bajo un modelo de gestión
neoliberal del territorio, que fue instalado en la década del setenta y consolidado con la
Constitución Política de 1980. Periodo que inicia el proceso de privatizaciones y
liberalización económica que, luego, es fortalecido con los tratados de libre comercio de los
años noventa en adelante. En este modelo, cabe destacar la privatización del agua como
fenómeno configurador de las actuales dinámicas territoriales. Actualmente, la gestión
neoliberal del territorio se sintetiza en el paradigma “Chile, Potencia Agroalimentaria”, que
estimula la inversión privada, el desarrollo agroindustrial y el encadenamiento de los
pequeños y medianos productores a las grandes empresas exportadoras, con el fin de
potenciar su competitividad. El valle también es uno de los atractivos turísticos más
importantes de la región de Coquimbo, y un centro espiritual para grupos alternativos que
se han radicado en la zona, con estilos de vida alternativos a la modernidad occidental.
Tradicionalmente, los pasos cordilleranos del Elqui han permitido el tránsito entre
Chile y Argentina. El más importante es el paso de Agua Negra, que comunica la Región de
Coquimbo con la Provincia argentina de San Juan. El territorio elquino forma parte del Eje
de Integración y Desarrollo (EID) MERCOSUR-Chile. De ahí el interés de IIRSA por usar
este paso para facilitar los flujos comerciales de este corredor. En este contexto, se propone
la construcción de un túnel que reduzca los tiempos de transportes, agilizando los
desplazamientos entre Chile y Argentina, y de ahí al resto del corredor. La obra forma parte
de la cartera de Proyectos Prioritarios de Integración. La construcción del túnel implica un
aumento radical del transporte pesado con destino al puerto de Coquimbo, lo que supone un
nuevo ordenamiento territorial (red de caminos, ampliación del puerto, etc.).
A pesar que la obra es presentada como un pilar para el desarrollo de la Región de
Coquimbo, esta genera cuestionamientos y/o rechazo en los grupos que habitan el Valle,
principalmente porque el túnel estimularía un mayor flujo de trasporte pesado por la Ruta
41 que cruza el valle hasta el puerto de Coquimbo, que se consolidaría como puerta de
salida a los mercados del Asia Pacífico. Para las comunidades más cercanas, la obra
significa una amenaza a los equilibrios hídricos, la contaminación y la precarización de las
actividades tradicionales.
Cabe destacar que el túnel se presenta como una obra binacional, que materializa los
acuerdos del Tratado de Maipú. En este contexto, el año 2009, se constituyó la Entidad
Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN) cuyo objetivo es gestionar el proyecto.
Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de pre-factibilidad. El año 2013, EBITAN
convocó a las empresas interesadas en ejecutar la obra a la manifestación de interés, y 23
empresas y/o consorcios, respondieron a los requerimientos y están a la espera del llamado
a licitación. Paralelamente la cartera de proyectos IIRSA contempla la mejora de la Ruta
41, y también se realizan obras de ampliación en el Puerto de Coquimbo, las que son
gestionadas a nivel local.
81
No obstante estos avances en la concreción de la obra, la población elquina no
cuenta con información oficial, ni se la ha convocado al proceso de participación
ciudadana. De hecho, el proyecto, pese a tener ya el diseño de los túneles y en marcha la
estrategia de financiamiento, no ha ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental.
La desinformación e imposición de la obra, ha generado malestar en algunos
sectores, pero por motivos diferentes, pues algunos rechazan el corredor bioceánico, y otros
solo la inclusión de la Ruta 41como parte del corredor. Sin embargo, el rechazo a la obra no
da lugar a un conflicto abierto, solo manifestaciones esporádicas de descontento. Mientras,
la institucionalidad pública niega cualquier indicio de conflicto, y desconoce que esta obra
sea parte de IIRSA. La versión oficial defiende el túnel como un pilar de la integración
binacional, enfatizando su rol estratégico para el turismo en las costas chilenas. Aun así,
definimos la situación en torno al proyecto Túnel de Agua Negra, como un conflicto
latente.
LOS SUJETOS EN CONFLICTO, SUS TERRITORIALIDADES Y REPERTORIOS
INTERPRETATIVOS:
Desde fines de 2009, los anuncios de materialización del túnel binacional de Agua
Negra, vienen gestando una serie de posiciones a favor y en contra de la obra, que dan lugar
a una situación de conflicto latente. La conflictividad está ahí, pero no se ha expresado en
una confrontación política abierta. Si bien ya se han realizado acciones colectivas de
rechazo, los sujetos en conflicto y sus argumentos se encuentran en un incipiente proceso
de articulación, que potencialmente puede irrumpir el espacio público o bien reducirse al
nivel de un malestar acotado y privado. En este escenario, cabe subrayar que el problema
no se ha instalado en el debate nacional. A diferencia del caso boliviano, aquí no
identificamos sujetos colectivos con sólidas estructuras orgánicas que canalicen el apoyo o
descontento, sino una ciudadanía fragmentada, que suma y resta sujetos individualizados.
Por eso no es posible hablar de „bloques‟ en disputa, pues las posiciones son dispersas y
aisladas. Entre las más visibles, identificamos:
Los organismos públicos: “Vamos a la conquista de nuevos mercados”.
En este grupo consideramos el Gobierno Regional de Coquimbo, los Consejeros
Regionales, y también la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN), cuyo
consejo cuenta con representantes de las Repúblicas de Chile y Argentina. En relación a la
materialización del Túnel de Agua Negra, es importante destacar que la Región ha seguido
la línea de trabajo definida en el Tratado de Maipú, pese al reacomodo de las fuerzas
políticas en la administración de Sebastián Piñera. Situación que se explica por el consenso
que el modelo neoliberal suscita en la clase dirigente chilena. Efectivamente, la visión
predominante en las autoridades regionales es la que promueve la construcción del túnel
como una obra estratégica para la integración comercial, cuya ejecución potenciará la
competitividad en los mercados mundiales:
82
“Estas regiones que lo tienen todo, que tienen un potencial enorme, van a
tener a partir de ahora una infraestructura que les va a permitir ¡Las ligas
mayores! ¡Ir a pelear ahí, en los mayores mercados del mundo! como
aquí se ha dicho, y pelear además de manera exitosa. (Esto) representa el
movimiento colectivo de muchos que creen en el progreso, que creen
además que los países tienen que unirse, trabajar unidos en el futuro para
conquistar nuevos mercados” (Ex Intendente de Coquimbo).
De esta manera, los organismos públicos despliegan un repertorio desarrollista, que
se articula en torno a los principios liberales de la competitividad y el emprendimiento, pues
el mundo es un mercado, y el mercado un campo de lucha. La tarea entonces es conquistar
dichos mercados, y el túnel como parte del Corredor Bioceánico, sería una herramienta para
lograrlo. Siguiendo esta lógica, la construcción en sí misma se nos presenta como una
gloriosa epopeya:
“Esto es como la época de la película de cowboy, cuando los
norteamericanos estaban construyendo las carreteras y las líneas férreas
entre la Costa Este y la Costa Oeste que fue un gran impulso y un gran
motivo de desarrollo en Estados Unidos principalmente, y esto de unir el
Atlántico con el Pacífico en América del Sur, en los distintos paralelos
¿cierto?, tiene que ver con eso, tiene que ver con dar soluciones de
infraestructura para que exista la posibilidad de hacer los
emprendimientos internacionales” (Consejero Regional).
En este repertorio desarrollista, el afán de conquista -en su doble dimensión,
territorial y comercial- se legitima apelando al referente histórico: Estados Unidos. Aquí, el
argumento oficial es claro: Si el desarrollo de este país fue impulsado por la „Conquista del
Oeste‟, cabe esperar que nuestra región repita la historia. Pero no solo esta experiencia
avala la construcción del túnel, también lo hace la del Canal de Panamá:
“Recuerdo a Adolfo Zaldívar. La verdad es que él decía, y yo coincido,
esta obra va a ser igual que el Canal de Panamá 100 años atrás, o no sé
cuántos años tiene. Porque va a unir también el Atlántico con el Pacífico,
con la diferencia que los que estamos sobre esta obra vamos a tener la
posibilidad de desarrollarnos, vamos a tener la posibilidad de crecer,
vamos a tener la posibilidad de hablar con otra gente. Más oportunidades
para que vivan mejor, para que tengan mejores salarios y posibilidades
de realizaciones. Y esto sin duda que es soberanía” (Gobernador de San
Juan/EBITAN).
Así, la asociación infraestructura-desarrollo, opera como núcleo articulador de la
promoción del túnel de Agua Negra, que convertirá a Coquimbo en el Canal de Panamá del
Siglo XXI. Según las autoridades regionales, eso debiese transformar la Región de
83
Coquimbo en una plataforma de servicios de exportación, aprovechando las ventajas que
otorgan los TLC:
“Nosotros aspiramos a ser una plataforma de servicios y una plataforma
de conectividad y (…) digamos también eventualmente una plataforma
de complementariedad económica productiva (…) Existe en este minuto
el interés y la indagatoria de gente de la Argentina que tiene mucha
capacidad de producción, sin embargo como Argentina no está enfocado
al comercio internacional, no está enfocado a la exportación y Chile sí,
hay mucha gente explorando la posibilidad de traer productos argentinos
a Chile y aquí en Chile hacerle la trasformación y la agregación de valor
mínima que exige la ley ¿cierto? para poder sacarla a los TLC como
producto con agregación de valor en Chile” (Consejero Regional).
Pero estas expectativas de las autoridades regionales, entran en conflicto con las del
Gobierno central, el que es cuestionado por concentrar la toma de decisiones. Aquí la
defensa del túnel, articula el repertorio desarrollista con uno regionalista, que cuestiona la
visión territorial impuesta desde Santiago. En este escenario, poner en marcha la ejecución
del túnel es valorado como un triunfo de las regiones:
“Es más que un túnel, es cercanía, es confianza, es integración, es
hermandad, que ha surgido desde acá, desde las regiones. Hemos sido
capaces de descentralizar las decisiones en torno a la obra, dando el
ejemplo al resto del país de cómo deben hacer las cosas” (Intendente de
Coquimbo).
En esta línea interpretativa, el proyecto focaliza el conflicto estructural entre
Santiago y las Regiones. Lo que da lugar a una retórica defensiva donde el nosotros (la
región) se opone a un Gobierno central, incapaz de entender la necesidad del túnel que
complementa, y no compite con la ruta Santiago-Buenos Aires:
“Yo siempre lo he visto como una política centralista, ellos nunca han
valorado en poner la opción de Coquimbo como la complementariedad
necesaria del sistema Santiago-Valparaíso, de Valparaíso-Santiago-
Buenos Aires. Es un eje muy centralizante de Santiago a Argentina. Y al
final la IIRSA, todo el mundo entiende que van a ver muchos pasos, es
una pelea chica y sin mucho glamur” (Consejero Regional).
“Este túnel, este paso y este túnel nunca han tenido el apoyo del MOP
(Ministerio de Obras Públicas) en Santiago, nunca, y de hecho hasta hace
poco el MOP siempre está en una actitud de dilatar ytrabar el paso del
túnel” (Consejero Regional).
Frente a este conflicto, lo que se demanda es apoyo. Demanda que de partida
desacredita cualquier rechazo que desde la Región se haga al proyecto. Así, se inhabilita la
84
crítica local por eventuales impactos ecológicos, argumentando que esta favorecería al
adversario, Santiago:
“Nosotros hoy día lo único que necesitamos son apoyos para construir el
túnel y (no) tratar de „poner la carreta adelante de los bueyes‟. En el
sentido de decir: „Tú dame firmado, muéstrame el proyecto y ahí yo te
apoyo el túnel?Es absurdo eso, digamos. Eso es un apoyo para Santiago,
para que no hagan el túnel. Nuestra pelea de hoy, la pelea de la región,
como yo la entiendo hoy, es lograr el túnel y la de mañana será la de
mitigar los impactos” (Consejero Regional).
Sin embargo, el llamado a formar un frente regional ante el conflicto „Coquimbo v/s
Santiago‟, no logra desplazar los cuestionamientos locales a los efectos territoriales del
túnel, particularmente por el aumento de tránsito en la Ruta 41 que atraviesa el Valle de
Elqui hasta la conurbación Serena-Coquimbo. Ante estos hechos, los defensores del túnel
reconocen que el Valle ya no será el mismo, pero también que el cambio es inevitable:
“Todo tiene pro y contra. Todo tiene sus tiempos, hay tiempos para hacer
las cosas. El impacto si no es por A, va a ser por B, pero obviamente el
Valle del Elqui no se conservará como un lugar idílico, no intervenido
por el hombre. No existe eso” (Consejero Regional).
Ya normalizada la posibilidad de cambios asociados al túnel, se minimiza y
desacredita a los opositores locales, atribuyéndoles la defensa de una vida „bucólica‟, que
los lleva a imponer sus intereses particulares sobre el bien común:
“Hay un grupo, sobre todo en Vicuña que ha hecho oposición al proyecto
(…) Ellos están en una situación que encuentran bastante buena en este
minuto. Están cerquita de la ciudad, pero no tan cerca. Tienen toda esa
cosa idílica, tienen todo eso, un bonito clima, bonito paraje, muy poco
intervenido por el hombre, pero el futuro nuestro no es ese” (Consejero
Regional).
“Ahora, si se tratara de una votación, que no se trata de eso. Pero no, yo
creo que el Corredor Bioceánico tiene efecto de mayor valor para la
comunidad. Todas las cosas deben ser respetuosas de las minorías o de
los afectados, pero eso no significa que no se deba atender el interés
general” (Consejero Regional).
La propuesta de esta „minoría‟ es levantar una ruta por La Higuera, que conecte el
túnel con el puerto de Coquimbo, evitando el tránsito por el Valle de Elqui. Desde la
posición de las autoridades regionales, discutir esta alternativa es inútil, pues no se ajusta a
la institucionalidad chilena:
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“¿Cuál es la crítica de ellos? Que ellos quieren ver hoy el proyecto de la
carretera que baja de La Higuera, y que no va abajar por Vicuña. Eso no
existe y no va a existir hasta como el 2030, cuando haya un flujo
importante de camiones (…) La metodología del sistema de inversión de
Chile no te permite dejar por escrito: „Ya, vamos a hacer el túnel, pero no
se preocupen muchachos, yo les voy a dejar firmado que después vamos
a hacer un camino que baje por La Higuera‟…Todo eso es una conversa
que no conduce a nada” (Consejero Regional)
“Tú para hacer el proyecto (camino alternativo) y poder evaluarlo, túteni‟
que decir: -Ya, aquí pasan 1.000 camiones o pasan 100 camiones. Hoy
día ¿Cuántos camiones pasan? - 0 camiones. Hasta ahí te llegó tu
proyecto (…) Yo pienso: „Oye, pero el Océano Pacífico y la soya y el
puerto‟. -Ya, pero ¡Muéstramelo ahora! -Es que dicen que el año 2040.-
¡Estamos en 2013!” (Consejero Regional).
Más allá de desestimar la oposición al aumento del tráfico de la Ruta 41, las
autoridades regionales también niegan potenciales impactos ecológicos en la cuenca:
“Consejero: El túnel no tiene ningún impacto sobre el río ni sobre las
aguas existentes, ni el túnel ni el camino son usuarios de agua, no es tema
digamos.
Entrevistadora: ¿Hay un impacto en la cordillera…en el sentido de las
aguas nival?
Consejero: No, cero, cero impacto ¿Qué es lo que se hace, digamos,
cuando cae nieve en los caminos de cordillera? La nieve se saca pal‟
lado, hay máquinas para sacar la nieve (…) no hay destrucción de nieve”.
Con estos argumentos se inhabilita la oposición de grupos ecologistas y sobre todo la
de productores locales, agricultores y crianceros, que dependen de las fuentes hídricas. Sin
embargo, como se verá más adelante, esta versión es cuestionada por dichos productores,
que identifican impactos colaterales asociados directamente a la provisión de agua.
Como puede observarse, las autoridades de Gobierno Regional posicionan un
repertorio desarrollista, que promueve la construcción del túnel. Desde esta perspectiva, la
defensa de la obra se sustenta en un proyecto territorial donde la „conquista‟ de nuevos
mercados, requiere antes la versión local de la „conquista del Oeste‟, sin cuestionar las
implicancias políticas y éticas de dicha gesta. En este escenario, los promotores de la obra
reconocen la tensión con el Gobierno Nacional, al que atribuyen obstaculizar el proyecto, y
por extensión, el progreso de la Región de Coquimbo. Paralelamente, identifican un cierto
descontento a nivel local, el que es minimizado y descalificado como expresión de una
„minoría‟, que debe finalmente subordinarse al interés general, que es potenciar la
integración comercial en función del crecimiento económico.
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La SEREMIA de Medio Ambiente: “No existe el proyecto del túnel, solo es política
ficción”.
En una dirección diferente a la promoción del túnel, la Secretaria Regional de Medio
Ambiente (SEREMIA) niega la existencia misma del proyecto y, por ende, la situación de
conflicto. Si bien esta es una visión particular, es sumamente relevante debido al rol central
de la SEREMIA en la aprobación y fiscalización de las obras. Efectivamente, esta
SEREMIA representa al Ministerio de Medio Ambiente, que tiene a su cargo el desarrollo y
aplicación de los instrumentos de gestión ambiental en materia normativa, protección de los
recursos naturales y control de la contaminación. Cabe destacar que su negación de la obra
se basa en un argumento meramente técnico: el proyecto no ha ingresado al Sistema de
Impacto Ambiental, y mientras eso no ocurra, no tiene sentido debatir sus implicancias:
“(El túnel) no ha ingresado ni al Servicio de Impacto Ambiental, o sea ni
tú lo conoces ni yo lo conozco, ni el CORE lo conoce, ni nadie lo conoce.
Recién se conoce cuando entra al Sistema de Impacto Ambiental,
entonces, por eso te digo, estamos conversando proyectos que en realidad
están en el aire…que no existen” (SEREMI Coquimbo)
Negativa que se extiende al caso de la Ruta 4125
, cuyo mejoramiento se presenta
como una acción rutinaria, desvinculada del Corredor Bioceánico y, por tanto, de la
plataforma de proyectos IIRSA:
“Tú dices un conflicto latente y yo no he visto ningún conflicto. De
hecho acá, por ejemplo, la pavimentación de la Ruta Internacional 41,el
caso de Chile, eso es mejoramiento común y corriente de la Ruta 41,
como la 43 de Vallenar, pero eso no tiene que ver con el túnel de Agua
Negra… Entonces, este mejoramiento es un mejoramiento netamente con
los mismos niveles o superior al tránsito común y corriente, y no tiene
nada que ver con el Corredor Bioceánico de Brasil-Argentina-Chile”
(SEREMI Coquimbo).
De esta forma, la SEREMIA elabora un repertorio tecnocratizador, que anula por sí
mismo el debate político sobre el túnel, a la vez que deslegitima otras fuentes oficiales de
información, como se observa en el siguiente diálogo:
“Entrevistadora: Dentro de la presentación que se hizo en Lima, en este
momento la presidencia protempore de los proyectos IIRSA-COSIPLAN,
se presenta la ubicación del paso Agua Negra y se presenta toda el área
de influencia y dentro del área de influencia…
SEREMI: ¡Eso es falso, eso es falso!... ¡Tú no quieres entender, eso no
existe! (…) Esto todavía no está hecho, entonces tú cómo vas a poder
25
Ruta directa entre el paso de Agua Negra y el Puerto de Coquimbo, cuyas obras de mejoramiento están incluidas en la cartera de proyectos IIRSA-COSIPLAN (accesible en la web oficial: www.iirsa.org).
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especular o vas a hacer estimaciones futuras de algo que ni siquiera está
hecho”.
En este contexto, resulta paradójico que mientras se declara la inexistencia del
proyecto, se reconoce la existencia de EBITAN. Instancia que, sin embargo, es presentada
como ajena a IIRSA:
“¡Pero si esto (el túnel) es EBITAN no es IIRSA! Es EBITAN, es una
firma internacional entre la Presidenta Kirchner y el Presidente Piñera, en
el trabajo del Corredor Bioceánico…Es el EBITAN que toma las
decisiones” (SEREMI Coquimbo).
Las refutaciones y/o el desconocimiento respecto a IIRSA que evidencia esta
SEREMIA, se explica -en parte- por la parcelación de competencias y el apego a
procedimientos técnicos que caracterizan a los organismos públicos chilenos. En este
contexto, la interpretación tecnocrática del problema, permite a los funcionarios presentarse
como sujetos neutrales y objetivos, habilitados para descalificar las preocupaciones que
suscita el proyecto del túnel, pues en términos formales, este no existe:
“Para mi visión es super irresponsable. Y esa es la palabra: irresponsable,
opinar de algo que no existe, porque entonces tú estás diciendo que puede
ser que genere impacto, pero no, porque no existe… Ahora estamos
haciendo casi política ficción. Eso es lo que estamos haciendo, lo que
hemos conversando es casi pura política ficción” (SEREMI Coquimbo).
Esta rotunda negación del proyecto del túnel y el conflicto asociado, se articula y
potencia con la legitimación y defensa del carácter democrático del orden institucional
chileno, que se ejemplificaría claramente en los procedimientos de la Evaluación Ambiental
de proyectos:
“Chile es uno de los países que tiene mejores tasas de democratización
ambiental en el mundo. De hecho, tú puedes ver los proyectos en
internet, o sea todas las personas que se sientan bien involucradas, es
decir, todos los chilenos, todo el mundo, puede ver cómo se están
evaluando todos los proyectos, cuáles son las preguntas que hacen los
servicios, cuáles son las respuestas de ellos, del propio titular. Ylas
personas pueden llamar a participación ciudadana siempre y cuando se
cumpla con estas dos cosas: que se generen externalidades negativas y
positivas del proyecto para la sociedad” (SEREMIA Coquimbo).
Consecuentemente, si el proyecto del túnel de Agua Negra y sus obras asociadas
realmente existieran, es decir si se formalizaran; la eficiencia, trasparencia y profundidad
democrática de esta institucionalidad, garantizaría su sustentabilidad y la mitigación de los
daños colaterales. Pero como ya se ha señalado, eso aún no ocurre.
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Esta interpretación de la institucionalidad chilena como ejemplo de eficiencia y
democratización, contrasta con la de aquellos grupos que se oponen a la construcción del
túnel. Efectivamente, la otra lectura de la parcelación de funciones es la descoordinación
institucional, y la de la rigurosidad procedimental, la burocratización. En esta misma
dirección, los procedimientos dan cuenta de una perspectiva cortoplacista de la
planificación, que enfatiza la mitigación sobre la prevención, y de una participación
regulada, circunscrita a la etapa de implementación del proyecto, no a su definición. En
términos generales, las contradicciones entre la SEREMIA de Medio Ambiente y los otros
organismos de Gobierno Regional, podría dar cuenta de visiones en competencia o bien de
una estrategia de comunicación que al negar la obra en las instancias técnicas, inhabilita el
conflicto.
Las comunidades Krishna y otros grupos alternativos: “El túnel provocará una
catástrofe”.
El rechazo más rotundo al Corredor Bioceánico, proviene de grupos y comunidades
que localmente se conocen como hippis. Los primeros llegaron en los años ochenta, al
difundirse la idea del cambio del eje energético de la Tierra desde el Himalaya hasta el
Elqui, lo que define al valle como un lugar privilegiado para vivir la „Nueva Era‟. Desde
entonces, diversos grupos se han asentado en el valle con estilos de vida alternativos a la
modernidad occidental, adscritos o influenciados por culturas orientales; sus relaciones con
los lugareños transitan entre la desconfianza y la integración. En los últimos años, se destaca
la presencia de Krishnas, que se definen como ecologistas, animalistas y pacifistas, y se
insertan en redes globales de activismo social como la „Revolución de la Cuchara‟ y el
„Pacto Mundial Consciente‟. Estos viven en un EcoTrully en el pueblo de Diaguitas, pero en
contacto con centros urbanos. Los Krishnas poseen un fuerte sentido de organización, que
los posiciona como un sujeto comunitario, que cuenta además con simpatizantes
ocasionales. Su propuesta de vida se basa en un uso „amigable‟ de los ecosistemas. Para
ellos el territorio es una fuente de espiritualidad:
“El Valle del Elqui, es un valle que se caracteriza por su espiritualidad,
su misticismo, por sus lugares maravillosos, por sus ríos, por sus
pueblitos ancestrales, por su cultura, en donde vivieron asentamientos
diaguitas” (Krishna Eco-Trully).
Su vínculo con el territorio se sustenta en una visión holística, que vincula lo local
con los procesos globales y cósmicos de regeneración de la vida:
“Claro, hay un equilibrio armónico energético de la naturaleza. Por
ejemplo, todo lo que acontece aquí va a repercutir en otros planetas,
también en otros niveles, en otras dimensiones. Porque todo es un solo
rango, el universo, el planeta. Entonces la cosa como digiéranos „no anda
al lote‟ como se dice en buen chileno. La cosa tiene su distribución, su
organización… un orden cósmico, un sincronismo universal de energías
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superiores, por eso también vamos a ver muchas catástrofes, vamos a ver
a la Madre Naturaleza que también se va a enojar” (Ckishna, La Serena).
Esta visión holística los habilita para rechazar el túnel de Agua Negra, pues suponen
que la obra desencadenará una catástrofe territorial y cósmica, al intervenir la cordillera
donde nacen las fuentes hídricas:
“Entonces todo este valle, que baja desde la Cordillera de los Andes,
transversalmente, llegando hasta el Océano Pacífico, va a sufrir una gran
catástrofe…Y también lo que es la problemática ecológica de la
destrucción de los glaciares donde va a pasar el túnel, o está pasando el
túnel, que tiene una incidencia muy importante en lo que es el
mantenimiento de las aguas del río durante el año”(Eco Trully).
A diferencia de otros sujetos en conflicto, la visión de estos grupos trasciende el
problema coyuntural, pues interpretan el túnel como una manifestación de la expansión de
corporaciones multinacionales que devastan la Tierra, por eso su rechazo a la lógica
mercantil que guía el Corredor Bioceánico. En este sentido, enfatizan el rol que asumirá el
puerto de Coquimbo como salida para recursos saqueados a otros territorios:
“(En Coquimbo) se van a mover grandes capitales, el tráfico portuario,
donde llega todo lo que es explotado en nuestros países hermanos, que
necesitan de sus bosques. El planeta necesita el Amazona, y todo esto es
para destruir, sacar por este lado, es como una mafia gubernamental,
política… Van a sacar la riqueza natural de los bosques, del Amazonas,
de los ríos, lo que van a destruir las mineras, los monocultivos
transgénicos de la soya, la empresa de ganadería” (Krishna EcoTrully).
De ahí la dimensión de „catástrofe‟ que atribuyen a la obra, pues más allá del ruido
de los camiones y la contaminación del valle, lo que está en juego es la desposesión de unos
en función de la riqueza de otros. Según este argumento, el túnel, y en general el Corredor
Bioceánico, es funcional a la acumulación de las multinacionales:
“(Es) autodestrucción cada camión que pasa. Esos camiones y esa
energía no va para alimentar a los niños de África, eso es para llenar las
arcas de las multinacionales, de las corporaciones de los ricos más ricos
del mundo, y el mundo siempre va a seguir pasando hambre” (Krishna,
EcoTrully).
A partir de esta interpretación del problema, los Krishna y otros grupos asociados
establecen una diferencia radical con los lugareños que apoyan la obra, quienes son
presentados como un „poco dormidos e ignorantes‟. A la vez que descalifican el repertorio
desarrollista, exponiendo su afán civilizador, que solo reproduce la exclusión:
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“Hay mucha gente también un poco dormida, poco ignorante, pensando
que viene la civilización, que viene el hombre blanco, que viene más
trabajo, que viene más dinero y eso es un gran engaño y ustedes conocen
la estadística… económica de estos pueblos y el grado de exclusión que
producen estos proyectos. Como en todo lugar siempre somos menos,
somos pocos, pero el amor es más grande” (Krishna La Serena).
No obstante su seguridad en la definición y los alcances del problema, y su rol activo
en las incipientes movilizaciones de rechazo a la obra, estas comunidades y sus
simpatizantes se muestran desesperanzados ante el futuro:
“(Esto va a ser) como siempre ha sido ¿no? Uno aprende a vivir con la
enfermedad ¿no? Aprende a vivir con la problemática, a acostumbrarse.
Pero que no se diga que no se hizo algo ¿no? Prácticamente son luchas,
dijéramos, imposibles ¿no? Luchar con un monstro tan gigante: el
materialismo, el consumismo, la explotación que abarca todo de frente,
todos los aspectos de nuestra vida. Se ve bastante oscuro, sobre todo un
lugar como el Valle del Elqui, que es considerado mundialmente un lugar
de energías espirituales, un centro espiritual” (Maestro EcoTrully).
Esta desesperanza se explica en función de la definición del contrincante, que no son
precisamente las corporaciones multinacionales a quienes acusan de saqueo, sino el
materialismo y consumismo de la propia gente que es afectada por las obras, y que está
„dormida‟ y „engañada‟. Por eso los ecofestivales, donde la campaña de alerta ante el
Corredor Bioceánico se articula a las de escasez hídrica, contaminación minera y maltrato
animal. El problema es que su imagen pública genera tanto apoyo como rechazo, el que se
hace extensivo a los temas que abordan. Es decir, su legitimación como grupo „minoritario‟
y sobre todo „alternativo‟ es proporcional a la legitimidad de su denuncia. Paradójicamente,
sus incursiones en el espacio público, refuerzan su aislamiento.
Los diaguitas: “La cordillera es nuestra tierra sagrada”
A nivel local, quienes también rechazan la construcción del Túnel de Agua Negra
son algunos grupos que se autoidentifican como diaguitas. Los diaguitas son un pueblo
originario reconocido por la Ley Indígena chilena el año 2006, tras haberse decretado su
desaparición a inicios de la invasión española. Estos no poseen estructuras políticas propias,
lengua ni tradiciones diferenciadas, y no se les reconocen derechos territoriales.
Actualmente, en la Región de Coquimbo, se vive un complejo proceso de etnificación
diaguita, que se concentra en las urbes y es gestionado desde el Estado. En el valle de Elqui,
las dinámicas sociales de estos nuevos diaguitas, no se distinguen del resto de pobladores:
algunos viven en Vicuña y otros en localidades rurales, donde desarrollan actividades
agrícolas y crianceras. Cabe subrayar que no existen comunidades diaguitas, sino grupos
dispersos que reivindican un legado cultural prehispánico. En este escenario, su auto-
reconocimiento se sustenta en un sentirse indio, en la re-creación de una memoria trasmitida
generacionalmente y en un vínculo especial con la Tierra:
91
“Nosotros nos sentimos diaguitas, yo me sé india, diaguita es un nombre,
pero yo recuerdo de niña que acá se hablaba de que éramos indios, mi tía
abuela era india recuerdo, y no necesito yo que el Estado me reconozca,
yo sé lo que soy. A mí me cambio la vida decir que soy india, es difícil
hablar de esto… Vivimos en la ciudad, en este valle donde están nuestros
lugares sagrados, y no nos reconocen este territorio, pero somos
diaguitas” (diaguita elquina).
Los diaguitas del siglo XXI, han articulado un repertorio interpretativo sacralizante
de la naturaleza. Este reivindica una territorialidad primordial, que trasciende el Elqui y se
configura en las rutas de la cordillera:
“La gente de antes recorría la cordillera… Hay un desplazamiento
transversal por los cordones transversales que tiene la cordillera, y que
conectan directamente el valle del Elqui con el de Huasco, en las partes
ancestrales”
“La cordillera tiene muchas rutas, nuestra gente las hacía, las usaba,
recorrían de valle en valle. Los diaguitas tenían ahí, tenemos ahí nuestros
lugares de rituales” (diaguita elquino).
Usando como argumento esta territorialidad primigenia, estos grupos demandan el
derecho a conectarse con lo que consideran su territorio. El problema, es que este ha sido
privatizado:
“Nosotros queremos tener acceso al río, queremos tener acceso a los
lugares sagrados. Hoy, por ejemplo, acá en el valle del Elqui, en
Cochihuaz, en Alcohuaz, todo está privatizado y nosotros queremos
llegar a nuestras tierras, que son los petroglifos, no sé… y resulta que
para eso tenemos que pedir permiso. Y si el dueño del fundo no nos
quiere dar permiso, no nos da no más permiso” (diaguita elquina).
Problema que trasciende el caso puntual, pues según sus argumentos, es Chile como
país el que está privatizado:
“Entonces uno empieza a decir: „En este país, pero qué estoy
defendiendo‟. O sea igual uno es chileno, lo que si es que en Chile está
ya casi todo vendido. Es como si yo estuviera acá en mi casa y les digo:
„Pasen a mi casa‟, pero si el comedor lo tengo fiado, yo ya no puedo
venir a almorzar. Entonces ¡Cuál es mi pertenencia, si esta ya no es mi
casa!Y así dicen que Chile es mi patria ¡Qué patria! O sea, los que
defienden el sentido de nación y de patria ¡Oye, de qué me estás
hablando! Si está todo vendido” (diaguita elquina).
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Con estos planteamientos, este grupo deslegitima el Estado, al que, además, acusan
de negarles el acceso al Fondo de Tierra y Agua, destinado a los pueblos indígenas. Lo que
se contradice con su condición de tercera fuerza indígena del país:
“(Hace tiempo) queríamos postular a este subsidio (de Tierras y Aguas),
nos dijeron que no venía para la Región de Coquimbo, porque
supuestamente acá no existían indígenas, no había población indígena. Y
hoy día ¡Somos la 3º fuerza! según esta estadística que se hizo del Censo,
que también está cuestionada. Pero dentro de los resultados de este Censo
¡Nosotros somos la 3º tercera fuerza indígena del país que creció, o sea la
3º fuerza del país!”(diaguitaelquina).
Estos diaguitas, entonces, se presentan como víctimas de la privatización del valle y
la discriminación del Estado. Sin embargo, también se posicionan como defensores de la
cordillera sagrada, en la que focalizan sus demandas territoriales. De hecho, en sus relatos,
esta condensa lo sacro, aquello que suponen no les puede ser arrebatado. Por eso rechazan el
Túnel de Agua Negra:
“(Sobre el túnel) hay una especie como de desconfianza de parte de un
grupo de personas, digamos, que nos sentimos indígenas, nos sentimos
diaguitas, sin tener la propiedad, sin tener el asentamiento digamos, como
lo tienen en el Valle del Huasco. Tenemos una desconfianza porque
justamente nuestra lucha va por la recuperación de tierras que son
sagradas, tierras que han sido territorios ancestrales (…) Y hay una
conexión, que aunque uno no lo quiera reconocer, no sé cómo darle la
explicación a esa cosa, pero a mí me complica más cuando vamos a partir
un cerro ¿Me entiende? Porque para mí la Tierra es sagrada, para mí los
cerros son guardianes, para nosotros los cerros son guardianes, son
protectores” (diaguita elquino).
En esta línea interpretativa, su rechazo al túnel se sostiene en la defensa del territorio
ancestral y el legado de los antepasados, a quienes se atribuye una relación subjetivada con
la Tierra, la que se asume como una Madre que cuida y a quien se respeta:
“Cuando mi tía abuela nos enseñaba a sacar la tierra, ella me decía así:
La Tierra, la Tierra es tu madre, la Tierra es tu madre y tú tienes que,
cuando la saques, tienes que pedir permiso, porque también se enoja. Tú
no la puedes destruir, y si tú le vas a pedir permiso tiene que ser no
porque tú vas a ser egoísta” (diaguita elquina).
Enseñanza que entra en contradicción con un proyecto territorial mercantilizado, que
solo beneficiaría a los empresarios, en desmedro de una población desinformada que no
piensa los impactos de la obra:
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“En realidad los beneficiados (del túnel) son las grandes empresas,
porque incluso las autoridades lo ven como una expansión de desarrollo
turístico y trabajo (…) yo creo que los mueve eso, más que pensar en los
efectos contrarios, laterales ¿Quién se va a preocupar a quién le hacen
daño rompiendo la Tierra? (…) Mucha gente no tiene ni idea que incluso
va a tener un efecto súper grande, en realidad nosotros no tenemos idea
de la riqueza aquí en el valle y lo que van a perder ... Yo sé que acá en
Vicuña, en el valle ¿Quién se va a beneficiar, si habrá más
contaminación? Será una señora que tenga alguna hostal o algo”
(diaguita elquina).
Es importante subrayar que en su defensa de la cordillera, estos grupos invocan los
derechos indígenas reconocidos en la jurisprudencia multilateral, que garantiza el resguardo
de territorios sagrados. Derechos que el proyecto del túnel, no estaría respetando:
“Toda ley, todo convenio (dice que en) cualquier acción que sale (…) de
los Estados, debiera ir incluido el respeto y la no edificación, la no
explotación sobre territorios sagrados, que tengan significado para los
pueblos, aunque (…) existan solo en la memoria de ellos” (diaguita
elquina).
“En todo esto, hay algo que nos desagrada, que nos produce cierto
escozor: el pensar que nos están atropellando, no nos han respetado, no
han visto el Convenio 169, no nos han consultado” (diaguita elquina).
Esta vulneración a sus derechos indígenas, se expresa en la falta de información
sobre la obra del túnel. Problema que hacen extensivo al resto de la población elquina que se
encontraría desinformada y expuesta:
“Lo que pasa es que yo creo que esto se va a hacer de manera subrepticia,
como otras veces se ha hecho, de forma oculta sin que nadie ¿no? se dé
cuenta, como pasa en otros proyectos, en otros megaproyectos…”
(diaguitaelquina).
Ante la falta de información oficial y el aumento de rumores en torno al proyecto de
Agua Negra, los diaguitas están gestando un incipiente espacio de debate, y proponiendo
acciones públicas. La más importante es la de una marcha silenciosa hacia la cordillera, la
que significan como una apropiación simbólica de dicho territorio:
“Algunos nos estamos tratando de organizar para hacer una marcha.
Primero queríamos hacer una marcha hacia nuestros lugares sagrados.
Queremos hacer eso y estamos pensando hacerlo así como una caravana,
pero hacia nuestro lugar sagrado… Es como una protesta silenciosa,
como una manifestación silenciosa, pero significativa” (diaguita elquina).
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Esta marcha no considera participación externa. Al parecer, más que influir en el
futuro de la obra, lo que se espera es gestar sentidos de cohesión y pertenencia, que
construyan la hoy inexistente „comunidad diaguita‟.
“Queremos asentarnos po‟, o sea simbólicamente tomarnos el lugar, el
territorio, de forma simbólica… y cuando estemos en la tierra hacer una
especie de evento, pero un evento ancestral que tenga contenido de los
rituales, para pedirle… y tratar de que nos acompañen y vean la belleza
que se van a perder…Pero lo que he aprendido, es que entre menos se
diga, entre menos se hable, mejor” (diaguita elquino).
Como se desprende de los relatos, los nuevos diaguitas elquinos han sacralizado la
Cordillera de Los Andes, lugar en el que focalizan sus demandas territoriales. En su caso, la
reivindicación de su diferencia étnica/cultural, apela a una territorialidad ancestral, que no
sería viable en un valle ya privatizado. Entonces, la apropiación simbólica de la cordillera,
condensa un proyecto territorial que revaloriza y sobre todo actualiza el legado indígena;
pero este es tensionado por la construcción del Túnel de Agua Negra. En esta coyuntura, la
defensa de la cordillera hoy amenazada, opera como eje articulador de un proyecto de
comunidad. Consecuentemente, su rechazo al túnel los sitúa en un conflicto eco-territorial,
en el cual se pone en juego su propia identidad.
Los nuevos elquinos: “Debemos conservar el valle, no pueden destruir esta belleza”
Este grupo corresponde a sujetos urbanos, generalmente con recursos económicos
y/o profesionales, que han comprado parcelas de agrado, sin fines productivos, y
establecido ahí residencias temporales, que les permiten transitar entre las dinámicas
urbanas y rurales. En contraste con los grupos alternativos a la modernidad occidental,
estos nuevos elquinos no reniegan del sistema, pero cuestionan la mercantilización y los
efectos colaterales de la industrialización. Su vínculo con las comunidades tradicionales es
difícil, porque sus planes de vida configuran una territorialidad individualizada,
desconectada de las territorialidades preexistentes. Este grupo rechaza el aumento del
tráfico vehicular en la Ruta 41, que se supone provocará la apertura del túnel de Agua
Negra. Para expresar su descontento, algunos han formado una pequeña agrupación
llamada Los Amigos del Valle, que ha convocado a informarse y discutir el impacto de la
obra.
Los nuevos elquinos comparten un repertorio conservacionista que define el
territorio como un paisaje, asociado a la tranquilidad y el equilibrio. Para ellos el Valle de
Elqui es un bello refugio que compensa los aspectos negativos de la modernidad:
“Tú hablas del Valle del Elqui y tú en tu mente tienes una idea de cómo
es ¿cierto? Este es un lugar místico, este es un lugar bellísimo desde el
punto de vista arquitectónico natural ¿cierto? bellísimo, tiene una mística.
Reconocido porque es un lugar huaso, también de gente típica como la
ciudad de Diaguita, que es una ciudad típica” (Amigos del Valle).
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Desde su perspectiva, vivir en el valle es una opción asociada a un proyecto de
realización personal y/o familiar, una estrategia para mejorar su calidad de vida, y lograr la
felicidad:
“Yo me traje a mis cabros chicos de Antofagasta pa‟ acá, para que no
estuvieran metidos en colegios de mercado, y hoy día creo que somos
bastante más felices que en una ciudad normal, una ciudad urbana. Yo
todavía no he comprado acá, nosotros aún estamos en el proceso de
compra, y quiero pasar el resto de mi vida acá” (Amigos del Valle).
Proyecto de vida, que en esta línea interpretativa, resulta incompatible con el uso
industrial de la Ruta 41, pues este vulneraría su derecho a la tranquilidad:
“(El valle) se va a ver afectado, impactado fuertemente por la
industrialización de las carreteras que nos mueven a todos, que nos unen
a todos” (Amigos del Valle).
“Imagínate, es una cantidad enorme de camiones que van a pasar, se
habla de 1 camión cada 4 minutos; levantando polvo, metiendo ruido,
uno tras otro, y también se habla de un puerto seco, donde estacionaran
los camiones. Ahora pasan unos pocos vehículos, se está tranquilo, por
eso uno decidió vivir acá” (Amigos del Valle).
De ahí su rechazo al aumento de tráfico en la Ruta 41. Rechazo que no se extiende al
Túnel de Agua Negra ni al Corredor Bioceánico:
“Nuestro tema es el problema de la carretera, sabemos que Chile tiene
que desarrollarse, que es importante el comercio, pero que pase por otro
lado. Por ahí por La Higuera, por esos lugares, hacer un camino
alternativo que dé la vuelta, salga del túnel y dé la vuelta, sin dañar este
valle” (Amigos del Valle).
Como aquí se observa, estos individuos defienden el paisaje elquino, pero no
cuestionan la lógica desarrollista que promueve los corredores bioceánicos. Sin embargo,
minimizan los beneficios que Chile lograra con el corredor, situación que contrastan con la
de Brasil y Argentina. Argumento que los habilita para proponer una alternativa: Negociar
con estos países la construcción de otro camino:
“(La obra es para) ayudar a la minería del otro lado de Argentina. Si esos
son los beneficiados: Los países (de) Argentina y Brasil, los vecinos son
beneficiados, ellos financian la carretera. Que esa sea la alternativa (el
camino por La Higuera) y que esa sea la pedida de Chile, como lo decía
endenante: ¿Qué le pedimos a cambio, si estamos ganando en la Tasa
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Interna Bruta un 6 %? Ya po‟ negociemos, pero negociemos, no digamos
a todo que sí” (Amigos del Valle).
Ya instalada la demanda de una vía alternativa, estos individuos cuestionan el rol
que, en la gestión del proyecto, ha cumplido la institucionalidad chilena, a la que
responsabilizan por la desinformación sobre los impactos. Hecho que consideran una falta
de respeto a los ciudadanos:
“Entonces, está la desinformación, el tema es la desinformación, y eso yo
lo reclame a la Intendencia: „Oye si ustedes quieren hacer esta cuestión, a
lo menos, oye, infórmenle al votante,huevón, un poco de respeto al
ciudadano votante común y corriente‟” (Amigos del Valle).
Siguiendo esta argumentación, la desinformación no sería producto del error o la
falta de eficiencia, sino del interés por evitar el rechazo ciudadano:
“Yo creo que es ventajoso para ellos no difundirlo demasiado. A medida
que van ampliando la carretera, la gente va teniendo pega, como de
costumbre la gente va poniendo cemento en la carretera, poniendo las
barandas ¡Y chuta! Con el paso del tiempo se van dando cuenta que el
valle no es lo mismo, que los camioneros tienen la embarrada‟” (Amigos
del Valle).
Para contra restar este problema y canalizar el descontento, nacen Los Amigos del
Valle. Agrupación que se nos presenta como una iniciativa individual, que articula una
pequeña red de relaciones amistosas y familiares:
“Los Amigos del Valle, o sea son mi círculo de amistades, es mi amigo
el que está acá y me puso unas lucas para ayudarme en esta cuestión
¿cachay?, bueno mi señora que me apoya en esto y el grupo cercano y ahí
se acoplan más” (Amigos del Valle).
“Ahí un amigo dijo: Oye yo pago la página web y la cuestión, y tiramos
algo pa‟ „rriba. Porque él vive a la orilla de la carretera, más abajo, por el
kilómetro 14, por ahí él está viviendo. Al lado de la carretera se sabe que
¡Chuta, le pueden estropear! Hoy día disfruta de un paisaje espectacular,
tranquilidad, de todo, y se ve afectado directamente po‟. Así que él quiere
participar” (Amigos del Valle).
Los Amigos del Valle se definen como un movimiento ciudadano, y desde ahí
establecen un complejo juego de oposiciones con otros grupos críticos a la obra. En este
sentido, para diferenciarse de los krishnas, subrayan la focalización de su denuncia y
demanda:
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“Ellos se mueven con varias cosas más, digamos, está la Revolución de
la Cuchara, el tema del agua. Todos los temas que sean como ecológicos
los toman como de ellos, pero pa‟ mí este es un tema puntual, lo que se
llama Movimiento Amigos del Valle del Elqui, bajo el slogan ‘Salvemos
el Valle del Elqui del paso Bioceánico’, ese es el foco” (Amigos del
Valle).
A partir de esta diferencia, Los Amigos del Valle evalúan la visión holística de los
krishnas como un problema, que interfiere con el carácter ciudadano de su demanda:
“El problema de los krishna (es que) como son muy alternativos ¿cierto?
proponen sus causas po‟, y lo que yo les pedía que ojala no fueran
vestidos como krishna, porque este es un movimiento ciudadano, para
que la gente no se confunda y crea que esta es una vola‟ de los krishna”
(Amigos del Valle).
De esta manera, su aceptación de los krishnas como parte del movimiento, depende
de que estos dejen de serlo públicamente. Pero no solo con estos grupos establecen
diferencias, también con los elquinos tradicionales, a quienes atribuyen despreocupación y
pasividad frente al tema:
“(De la gente de acá) nunca he escuchado nada por parte de ellos, que un
agricultor esté preocupado, porque la gente no cree que vaya a suceder
po‟ (…)Es que yo creo que la mayoría de la gente, mucha gente, cree que
es pal‟ futuro lejano (…) Yo trabajo como jefe en una empresa y me veo
afectado, entonces mi carácter, mi forma de interpretar la vida, va a ser
distinta al viejo que vive acá” (Amigos del Valle).
Despreocupación que se explican por la necesidad de la gente, y su esperanza en que
la obra les ayude a salir de la pobreza:
“Chile fue un país pobre, pongámosle del „80 para atrás, la pobreza era
por todo el país, esto era aún más pobre porque es un lugar apartado de la
ciudad. Entonces, la gente desde esos tiempos están siempre buscando
cómo evitar la pobreza, ven en esto una oportunidad grandiosa de que
esto nos va a consolidar, si tenemos una carretera industrial (…) entonces
es bueno porque afianza nuestras posibilidades que siempre hemos tenido
o buscado de no ser pobre. Entonces, lo ven como una oportunidad. Creo
yo que no es una oportunidad o si lo es, es una oportunidad fugaz” (Los
Amigos del Valle).
Consecuentemente, en un escenario donde las autoridades toman decisiones sin
considerar a la ciudadanía, y el común de la gente no muestra preocupación por el tema, Los
Amigos del Valle se proponen la tarea de informar sobre los impactos de la industrialización
de la Ruta 41, pero el grupo es pequeño y sus capacidades de acción limitada:
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“Yo me imaginaba poner en la entrada de Vicuña, donde está el Puente
Fiscal ¿cierto? cuando vienen lo vehículo pa‟ arriba, ahí poner un puesto
que este todo el verano con „No al Corredor Bioceánico por este lugar‟.
Y entregando información, pero para eso se requiere de luquita ¿cachay?
Y se requiere, a lo mejor más que lucas, gente que quiera estar el fin de
semana en eso, que quiera estar en la semana. Y eso no es fácil de
encontrar, porque hay que pagar” (Los Amigos del Valle).
Así, sin capacidad de acción orgánica, sus iniciativas se reducen a sus posibilidades
individuales de inversión, en tiempo y dinero. Efectivamente, Los Amigos del Valle no
tienen mayor poder de convocatoria, lo que podría deberse a la tensión entre su visión del
territorio y la de sus potenciales aliados.Su crítica al Corredor Bioceánico es una crítica
acotada que responde a la defensa de proyectos particulares. Los Amigos del Valle no dejan
de ser una suma de individualidades que coyunturalmente se han reunido para expresar
públicamente su rechazo a la intervención territorial, pero no constituyen un sujeto
comunitario ni orgánico. Como ellos mismos señalan, son un grupo de amigos que moviliza
recursos particulares para proteger intereses también particulares. En este sentido, por un
lado, su situación de nuevos elquinos los sitúa en un campo de disputas por la legitimidad de
sus propuestas, y por otro, su falta de organicidad limita el impacto de sus acciones.
Los elquinos nacidos y criados en el valle: “Tememos por nuestra fuente de
producción”.
Menos visible que la oposición de Los Amigos del Valle y los krishnas, ha sido la
de los elquinos „nacidos y criados‟ en el valle. Aun cuando este grupo no rechaza
activamente la obra, ve en esta un serio riesgo a sus fuentes productivas. Efectivamente, se
trata de productores cuya territorialidad emerge de complejos procesos históricos de
adaptación a los ciclos hídricos. Desde los años ochenta, la neoliberación del campo
chileno, especialmente la privatización del agua, ha transformado sus relaciones y
dinámicas territoriales, enfatizando su vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado
global y la escasez hídrica. Pese a cuestionar la obra, su interpretación del problema no da
lugar a una oposición abierta, sino a la demanda de medidas de mitigación y compensación
de daños.
En primer lugar, tenemos a los crianceros de cabras; animal del que extraen carne,
leche y cuero. Estos productores se desplazan estacionalmente por diferentes nichos
ecológicos, siguiendo los ciclos y rutas del agua, lo que da lugar a una territorialidad en
movimiento, que tiene como eje la veranada cordillerana:
“Acá (valle) en verano no hay comida para los animales (…) porque acá
nosotros en el tiempo cuando bajamos de la cordillera, acá hay unas
viñas, algún lugar es pastito, por ahí huertos chicos; los talamos. Pero ya
se nos llega noviembre y nosotros estamos pensando en la cordillera (…)
99
Uno va arriba a la codillera tranquilo, allá nadie molesta, nadie pelea con
nadie” (Criancera).
“También hay crianceros que están puro por los cerros. Claro ellos viven
su vida, venden sus quesos y llegan con su comida para su casa, y viven
de sus animales. Entonces toda esta gente está en lacordillera”
(Criancera).
La cordillera, por tanto, es para los crianceros su fuente productiva. El lugar que
provee alimento, donde se negocia y da sentido a la vida:
“Yo en la cordillera me levanto a las 7:00, salgo o vamos a buscar las
cabras al cerro, o las cabras bajan solas. Le sacamos la leche, llega el
comprador de queso, o pasan los turista y nosotros le vendemos el queso,
después pasa el tiempo y bajamos a la ciudad y llevamos la alimentación
pa‟ los niños” (Criancera).
A partir de esta visión productiva del territorio, los crianceros que hacen uso directo
de las estancias aledañas a Agua Negra, rechazan el túnel. Su argumento es que la salida de
vehículos por la Ruta 41, cortará su espacio de pastoreo, impidiendo la movilidad de los
animales:
“Hace pocos años empezaron con que el túnel, que el paso de Agua
Negra, que le vamos a cerrar. Entonces nosotros empezamos a
preocuparnos, porque a nosotros nos afecta mucho el túnel. (…) Es el
problema que nosotros tenemos los animales que no van muy lejos y
bajan igual a la orilla de la carretera (…) igual los animalitos andan por
fuera ¡Si van a pasar camiones, no sé cuántos cada media hora! Para
nosotros va a ser terrible” (Criancera).
Por eso evalúan el proyecto como una amenaza a su subsistencia, y en términos más
generales, a la reproducción histórica de la criancería:
“Si no nos dejan pasar a la cordillera, vamos a tener que, todos vamos a
tener que eliminar a los animales, y ¿De qué vamos a vivir? (…) Con
esto a nosotros nos cortan las manos (…)si a nosotros nos dicen no,
porque ya la cordillera va a ser nada más que de turismo¿Quién nos va a
pagar? ¿Quién nos va a dar la alimentación que la cabra a nosotros nos da
para poder alimentarnos?”(Criancera).
De este modo, los crianceros se posicionan como víctimas del túnel, mientras
denuncian la mala fe de las autoridades, quienes los habrían engañado sobre los beneficios y
alcances reales de la obra:
100
“Decían no, si el túnel lo van a hacer porque viene más turismo y ustedes
van a tener más acceso a vender cosas, y van a querer tratar de vender,
hacer por ejemplo pan amasado, churrasca, a nosotros nos decían. Pero
después nos cuentan el cuento que vienen los camiones ¡Que son
camiones, no son autos¡” (Criancera)
“Siempre están como engañando a la gente, yo encuentro (…) La
engañan, le dicen: „No, si vamos a ser esto‟ y al final no es así, después
salen con que no fue. Bueno, uno se va enterando que es una vía, que ya
van a pasar muchos camiones, cada 5 minutos, cada 10 minutos. Entonces
ya no es turismo, porque esos caballeros no van a pasar a comprar, ello
van a pasar de largo” (Criancera).
Con estos planteamientos, los crianceros deslegitiman la versión institucional que
valida el túnel en función del desarrollo turístico. Paralelamente, proponen una solución
para salvar sus ganados:
“Nos tendrían que hacer una pasarela pa‟ pasar a pie po‟ (…) cuando
nosotros queramos bajar a la ciudad de Vicuña o venir a nuestras casa
(…) o darnos ellos mismos espacios para pastar, eso es lo que como
crianceros hemos conversado” (Criancera).
Propuesta que presentan como una demanda. Si esta no se cumple, los crianceros
amenazan con defender su espacio, no respetando las barreras:
“Que nos dejen libre a nosotros en la cordillera y tranquilos, nada más
que eso, porque si a nosotros nos ponen barreras, nosotros sí o sí aunque
vayamos presos, vamos (a) hacer lo que sea, la vamos a echar abajo
¿Porque cómo vamos a pasar? Vamos a tener que echarla abajo no más y
en eso vamos a tener problemas, vamos a tener que ir a la justicia y va a
ser malo” (Criancera).
Pero el desplazamiento de los animales no es el único problema que los crianceros
asocian con el proyecto de Agua Negra. También pronostican la eventual contaminación de
la cuenca:
“Esos (camiones) traen un polvillo, porque ellos traen un mineral muy
fino ¡Ay se me ha olvidado el nombre! Pero es muy fino, aunque venga
encarpado igual va a levantar polvo. Las casas que están cerca¿Cómo van
a quedar? Porque imagínese que se entre un polvillo. El polvillo va a caer
al agua, la gente va a beber de esa agua, se le va a caer a los estanques,
porque al pasar se va a ir vaciando a toda la ciudad. El agua va a ser
oscura en vez de ser clara, así como la tenemos ahora…esa agua se va a
contaminar (…) al ir cayendo polvillo al río” (Criancera).
101
En esta línea interpretativa, la magnitud de la amenaza los habilita para promover la
defensa de su territorio. Defensa que legitiman como una responsabilidad y un legado para
las futuras generaciones:
“Dicen que en 20 años (estará listo el túnel). Bueno, uno saca cuenta. Por
eso que le digo, uno no va a estar y van a luchar los niños. Ya no va a ver
este ganado, yo creo que no va a estar tampoco o se va a desaparecer. Ya
no van a ir a la cordillera, van a ir otros y esos otros van a ir luchando y
van a decir: „Por qué cuando hicieron esta carretera no pusieron un atajo,
no los mandaron por otro lado‟ (…) Los que van a subir a la cordillera no
van a saber defenderse po‟, nosotros tenemos que dejar defendidas las
cosas ahora” (Criancera).
Sin embargo, su llamado a la defensa territorial no alberga grandes expectativas,
porque se reconoce desde ya, la comodidad y pasividad de los elquinos:
“El problema es que de acá, muchos van a tener que decir sí, porque no es
todo el valle que dice no. Hay que oponerse no sé, poner barrera, carteles
en la carretera, hacer como tomas en la carretera, que no pasen por acá
(…) Yo lo que veo, es que la gente de acá no son personas para estar sin
comer, estar pasando frío ahí arriba, no po‟ (…) Ojalá no sea así, pero yo
como conozco del valle alguna gente, (sé que la gente) es como muy
pasiva” (Criancera).
Por otra parte, tenemos a los agricultores tradicionales, medianos y pequeños, que
coexisten tensamente con la agroindustria. Estos han focalizado su producción en
monocultivos, orientados a los mercados internacionales:
“Nosotros somos pequeños y medianos agricultores acá en el valle, claro
que también hay exportadoras que son los grandes exportadores, pero
bueno ellos son como nuestros socios, nuestros aliados hoy en día. Pero la
agricultura hoy en día a estado, tú sabes que por el dolar ha estado muy
complicado y hemos tratado de sobrevivir (…) Nosotros lo que
producimos es uva de exportación, uva de mesa que se llama, uva
pisquera y uva vinera, son nuestro fuerte hoy en día, ya se han perdido los
huertos” (Agricultor).
Sistema productivo que se sostiene gracias a la canalización y almacenamiento del
agua para riego:
“El problema del valle es la sequía, la falta de agua, para eso están los
canales de regadío, que administramos en conjunto los regantes. Tenemos
2 embalses: La Laguna cerca de la cordillera y El Puclaro, así nos
aseguramos el riego” (Agricultora).
102
Para estos agricultores, es el acceso a las fuentes de riego lo que configura el
territorio. De ahí la importancia del agua, y su preocupación por los efectos que sobre este
recurso tendrá el Corredor Bioceánico:
“¿Qué va a pasar con este paso Bioceánico que tanto se ha hablado?
Porque nuestra carretera está al lado de nuestras fuentes fluviales ¿me
entiende? Porque el agua comienza en la cordillera, donde empieza el
camino, y ahí donde comienza va a comenzar el tránsito de todos estos
vehículos (…) El agua es vida, es de todos el agua (…) Tú sabes que
estos ríos de nosotros son ríos de glaciares, y nosotros por lo menos como
persona de acá de Vicuña, nacido y criado, nunca hemos tenido, nunca
nos han presentado un estudio de impacto ambiental, un estudio de
impacto glacial, nada” (Agricultor).
A la preocupación por la contaminación del agua y el daño a los glaciares, se suma
el temor a la propagación de plagas agrícolas, desde el otro lado de la cordillera:
“Para nosotros la cordillera es una barrera natural, es como un
desinfectante, así en otras palabras, porque aquí estamos (…) libre de
fiebre aftosa, de la mosca de la fruta, de todo, porque esos insectos, los
bichos, no pueden volar para acá (…) ¿Qué va a pasar si las autoridades
argentinas no toman las mismas medidas que toman acá en Chile? (…) La
fruta para nosotros tiene una fecha de cosecha, si nos pasa un insecto
(…)¿Cómo paramos eso? La naturaleza continúa su proceso, y nosotros
no podemos decirle a la parra: „Oye para, no sigas madurando porque
tenemos problemas‟” (Agricultor).
El Corredor Bioceánico, por tanto, supone solo amenazas y ningún beneficio para
los productores locales. En este sentido, los agricultores desconfían de la versión oficial que
presenta el túnel como una herramienta para el turismo. Su interpretación es que la obra
favorece los negocios (agrícolas y mineros) de Argentina:
“No creo que vayan a hacer algo tan grande por turismo, por muchas
lucas que dé el turismo no creo que un Estado extranjero vaya a invertir
en algo así. Argentina está muy metido en el cuento… a diferencia de
nosotros, para ellos debe ser muy buen negocio, no sé si para nosotros
tanto” (Agricultor).
“Se ha hablado que van pasar un camión cada 4, cada 12 minutos.
Entonces, turistas no creo que pasen na‟ porque no tenemos preparado ni
siquiera una buena infraestructura…Porque siempre se ha hablado que
esto es para traer la soya (…) Siempre se nos ha dicho que este paso es un
paso Bioceánico para que ocupen el Pacífico y traigan fruta, traigan
hortalizas, traigan de todo por acá” (Agricultor).
103
Sin embargo, estas críticas no se traducen en un rechazo a la lógica desarrollista que
promueve la integración comercial, sino al paso por el Valle de Elqui. En este sentido, su
propuesta coincide con la de Amigos del Valle: Construir un camino por La Higuera:
“No es que esté en contra. Yo soy de la idea de que esta cosa hay que
hacerla con más información, por otro camino, para que el valle siga
siendo tal como es (…) A lo mejor por esos pueblos que están muertos,
porque La Higuera es un pueblo muerto. Caer por allá, para que pesque
más vida (…) Yo creo que darle vida a otra ciudad, caer allá en Juan
Soldado (…) y ahí hacer un puerto gigante, entre La Serena y La Higuera,
una cosa así. Salir por los cerros” (Agricultor).
Según su argumentación, ni esta propuesta ni sus aprehensiones han sido discutidas
con las autoridades, pues no se han generado espacios de participación efectiva:
“Nunca hemos sido informados, nunca hemos dado a entender nuestros
pro y nuestros contra ¿me entiendes? Solamente hemos ido a escuchar los
beneficios que ellos creen que nos va a traer el paso de Agua Negra... Ese
es el problema” (Agricultor).
La denuncia por la falta de espacios de participación, se articula con aquella que
subraya la desinformación sobre la obra; cuyo resultado sería el desinterés de la población
respecto al tema:
“El problema del paso de Agua Negra, es que se ha politizado y aparte
aquí la gente todavía no toma conciencia de lo que es el paso, porque todo
el mundo lo ve que está muy lejano, porque la información no ha sido la
más fluida. Entonces la gente cuando tenga el drama encima recién va a
pensar por qué(…) Nosotros nos vamos a dar cuenta cuando ya „tengamos
la soga al cuello‟, como se dice en buen chileno” (Agricultor).
De esta manera, los agricultores explican y justifican la pasividad de los elquinos
frente a lo que definen como una amenaza para el valle. Pasividad que se refuerza por el
protagonismo, que en el rechazo del Corredor Bioceánico, asumen los krishnas:
“Estos hippie, estos que andan por ahí, son los que más molestan, y de
repente aquí lo que pasa, es que te lo digo al tiro, te lo explico: Aquí
nosotros no queremos mucho a esa gente, entonces estos activistas son los
que más andan, aquí a la gente no lo gusta eso. Si toma las riendas otra
persona, ahí va a cambiar la cosa. O sea está muy asociado con la lucha
de ello, o sea la gente ve lo del túnel y cree que es un tema de ellos,
porque son como estos activista que no le gusta nada po‟. Entonces, para
la gente esa es la sensación que tiene con estos niños, que son estos
HareKrishna, y todo esto como secta que tienen, son lo que andan como
molestando” (Agricultor).
104
En efecto, los elquinos „nacidos y criados‟ en el valle descalifican a los krishnas, por
eso rechazan sus convocatorias contra el Corredor Bioceánico. Paralelamente, se atribuyen
la legitimidad y la fuerza para movilizarse en defensa del valle:
“Pero la gente va a salir a la calle, yo creo que va a ver gente, porque
nosotros como organización, a lo mejor como agricultores, somos muy
desorganizado, somos a lo mejor muy poco asociativo, pero cuando nos
duele algo nos organizamos y nos ponemos a hacer” (Agricultor).
En síntesis, los elquinos „nacidos y criados‟ en el Elqui cuestionan la intervención
territorial, que suponen conlleva el Corredor Bioceánico; pero no la lógica de integración
económica que la sustenta. En su caso, llama la atención la configuración de una visión
productivista del territorio, que no logra expresarse en un discurso reivindicativo, por el
contrario su posición frente a los eventuales impactos, es demandar la mitigación de daños,
y en el mejor de los escenarios, la construcción de una vía alternativa, que traslada el
problema fuera de su territorio.
ESTRATEGIAS DE APOYO, ADAPTACIÓN, RESISTENCIA Y/O SUBVERSIÓN
FRENTE AL PROYECTO TÚNEL DE AGUA NEGRA.
A diferencia del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos
(Bolivia) que está oficialmente paralizado como resultado de la resistencia indígena; el
proyecto del Túnel de Agua Negra es una iniciativa en marcha, así como sus obras
asociadas en la Ruta 41 y el Puerto de Coquimbo. En efecto, la tensión provocada por los
posibles impactos de este tramo del Corredor MERCOSUR-Chile, no se ha canalizado en
un conflicto público, sino solo en manifestaciones aisladas de descontento.
En este escenario, se deben considerar cuatro condicionantes: Primero, en el Valle
de Elqui no existe una tradición de movilizaciones populares, ni estructuras orgánicas con
capacidad de diseñar estrategias y coordinar acciones colectivas. Segundo, la
institucionalidad chilena cuenta con mecanismos consolidados que garantizan la viabilidad
de los proyectos, canalizando el descontento con estrategias de adaptación y mitigación de
daños. Tercero, la materialización del proyecto Túnel de Agua Negra, está formalmente en
sus etapas iniciales, la población esta desinformada sobre la obra y las dimensiones del
Corredor MERCOSUR-Chile. Cuarto, el túnel se presenta como una obra desconectada del
mejoramiento de la Ruta 41 y la ampliación del puerto, con todas las implicancias que esto
tiene en obras menores que reorganizan el territorio urbano y rural de la región de
Coquimbo.
Debido a lo anterior, no se identifican estrategias de resistenciapor parte de los
sectores críticos al proyecto. Si biendel rechazo a la obra emergen una serie de propuestas,
como bloqueos en la Ruta 41, puestos informativos en la entrada de Vicuña, marchas hacia
105
la cordillera y tomas simbólicas del territorio; lo único concreto son actividades
esporádicas que intentan visibilizar el problema. Caso diferente es el de las estrategias de
apoyo puestas en marcha con antelación, por las mismas instancias promotoras de la obra,
que hasta la fecha han evitado que el proyecto se transforme en tema de debate público.
Considerando lo anterior, es necesario aclarar que a continuación lo que se
presentan son estrategias de visibilización de las críticas a la obra, y estrategias de
apoyo/legitimación, generadas desde las instancias oficiales. La diferencia con el caso
boliviano, es que aquí no hay un proceso que encadene secuencialmente las estrategias a
favor y en contra del proyecto. Es decir, no hay un conflicto público en desarrollo, sino
posiciones conflictuadas que incipientemente incursionan en el espacio público, con
actividades aisladas y mensajes poco elaborados, sin capacidad de posicionar un conflicto,
que se mantiene en estado latente.
EBITAN: La estrategia que sustenta el proyecto Túnel de Agua Negra.
“El proyecto Túnel Agua Negra, sobre todo da una señal de
que Chile y Argentina son más hermanos que nunca, y que
desde hace 70 años que estamos trabajando y esforzándonos
para lograr estos frutos que tanto hemos esperado”
(Intendente de Coquimbo).
“www.ebitan.org, será la vitrina para que Chile, Argentina y
el mundo conozcan sobre el proyecto Túnel Agua Negra,
para informarlos sobre este sitio, sus alcances, y detalles”
Desde las instancias oficiales, la principal estrategia de apoyo al túnel es la
constitución de la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN), que siguiendo los
lineamientos del Tratado de Maipú, asume la gestión del proyecto. EBITAN desvincula, en
términos comunicacionales, el túnel de Agua Negra dela plataforma IIRSA.26
Efectivamente, la definición del proyecto como una iniciativa focalizada, producto del
interés de la Región de Coquimbo y la Provincia de San Juan, desplaza la atención del
diseño territorial que materializará el corredor MERCOSUR-Chile. Así, la existencia
misma de EBITAN inhabilita las críticas a IIRSA, pues dicha plataforma queda fuera del
campo discursivo del proyecto.Consecuentemente, el apoyo a la obra se sustenta en sutiles
y eficientes mecanismos desmovilizadores, que frenan el descontento social antes que se
exprese públicamente.
En este sentido, la estrategia se centra en la gestión comunicacional, que por un
lado controla la información, y por otro, produce un contexto discursivo favorable a la
obra. Para eso EBITAN opera una estrategia comunicacional, que legitima el proyecto,
mediante los siguientes mecanismos:
26
Se debe aclarar que en Argentina la función económica del corredor es notoriamente más publicitada que en Chile.
106
- La promoción de un imaginario territorial, que enfatiza el carácter desértico,
inhóspito y no habitado del área de influencia directa del proyecto: Este imaginario
se observa en la serie de videos que publicitan el túnel (accesibles en la web oficial
de EBITAN); y también en las maquetas del proyecto que actualmente se exhiben
en el hall del Gobierno Regional de Coquimbo y el aeropuerto de La Serena. En
relación a los videos, cabe destacar que su trama se organiza en torno a la
dicotomía „desierto andino/metrópoli asiática‟, rápidamente asimilable a la de
„naturaleza/cultura‟, y „atraso/desarrollo‟. Así, los videos naturalizan la necesidad
del túnel, como el instrumento que conectará ambos mundos, al derribar la
cordillera. Las maquetas, siguiendo esta misma narrativa visual, omiten los
poblados a ambos lados de los Andes, distorsionan la geografía, minimizando el río
Elqui y prescindiendo de la nieve cordillerana; y se olvidan de la fauna y las
actividades productivas (ver fotografías anexas). Dado el carácter oficial de estas
maquetas, es difícil atribuir estas omisiones a simples errores de producción.
- La asimilación del proyecto Túnel de Agua Negra, a la demanda histórica de
mejoramiento del paso entre Argentina y Chile: Parte de la campaña legitimadora
del túnel ha sido la recopilación y difusión de fotografías, relatos y documentos de
prensa que dan testimonio de los usos tradicionales del paso. Aquí cabe subrayar
que la función de ambas iniciativas no es equiparable, pues el sentido de la mejora
del paso era facilitar la comunicación entre Chile y Argentina, en una época donde
el transito cordillerano era parte constitutiva de las dinámicas territoriales; lo que es
diferente al sentido de un corredor bioceánico, que conecta mercados globalizados.
Sin considerar esto, EBITAN presenta el túnel como la concreción final de un
proyecto histórico, anhelado desde siempre por los pobladores del valle.
- La promoción de la obra como una hazaña del emprendimiento conjunto entre la
Región de Coquimbo y la Provincia de San Juan, que reconoce y potencia los
sentimientos de hermandad entre ambos pueblos: Así, el proyecto adquiere un
sentido valórico, que resalta la solidaridad y la complementariedad de regiones
relativamente menores, en relación a las ciudades capitales donde se concentran el
poder político. Este mensaje apela a la identidad local, tomando los nombres de dos
grandes poetas: Gabriela Mistral (Chile) y xx (Argentina) para designar las rutas
que se encontraran en el túnel. A lo que se suma el uso retórico de imágenes
históricas, como el „Abrazo de Maipú‟, que sintetizan un pasado compartido, que
sirve de soporte simbólico para la proyección de un futuro común.
La página web de EBITAN, inaugurada en julio de 2013, ha sido clave en la
difusión de estos mensajes legitimadores de la obra. En ella, además, se da cuenta de la
trayectoria del proyecto, se documentan los acuerdos y se facilita el acceso a información
técnica a las empresas con interés en la licitación del túnel. De hecho, esta web gestionó el
llamado a manifestaciones de interés, que terminó con 23 empresas/consorcios inscritos
para la licitación. No obstante, esta página no ha sido difundida en espacios ciudadanos
más amplios. De hecho, las comunidades elquinas directamente expuestas al impacto del
107
corredor, difícilmente tienen acceso a la web como medio de comunicación. Por otro lado,
EBITAN facilita el desarrollo del proyecto, al operar como una instancia descentralizada,
con capacidades de coordinación institucional entre Chile y Argentina. Lo que se supone
acelerará la ejecución del túnel Agua Negra.
La parcelación de competencias y la regulación de la participación: La estrategia
tecnocrática de las instituciones chilenas.
“Se evalúan los impactos ambientales, en materia de recursos
naturales (…) y en materia de impacto en la calidad de vida
(…) y después se ve cuáles son las medidas realesde
compensación y mitigación estipuladas por la ley”(SEREMI
Medio Ambiente).
Como ya se ha mencionado, en Chile las instituciones poseen eficaces mecanismos
que garantizan la ejecución de proyectos de infraestructura, controlando eventuales
rechazos ciudadanos. Aun cuando estos mecanismos sobrepasan nuestro caso de análisis,
consideramos apropiado el presentarlos como una estrategia de apoyo a la materialización
del túnel, pues estos limitan las posibilidades que tienen los sujetos disidentes para
desplegar estrategias de resistencia a la obra. En esta dirección identificamos los siguientes
procedimientos:
- La parcelación de competencias institucionales: el orden institucional chileno se
caracteriza por la parcelación de funciones y competencias que dificultan una visión
integral de los proyectos. Respecto al Túnel de Agua Negra, esta parcelación opera en
dos niveles, por una parte están las instancias nacionales y regionales, que pueden tener
visiones opuestas,y por otra, las sectoriales, con escasa comunicación interna. De esta
manera, el proyecto pasa por la SEREMIA de Obras Públicas, que opera sin conexión
con la SEREMIAs de Economía y Medio Ambiente; y estas no necesariamente se
articulan a los Municipios de Vicuña y Coquimbo. El proyecto mismo se parcela, y la
ciudadanía no sabe qué institución es responsable por la ejecución de la obra, ni ante
quienes debe expresar su rechazo. Situación que en este caso se torna más compleja,
pues no hay pronunciamientos del gobierno central, respecto a la existencia de la obra.
- La delimitación del proceso de participación ciudadana a la etapa de ejecución del
proyecto: Aun cuando se contempla un proceso de participación ciudadana, este tiene
por finalidad afinar aspectos técnicos, orientados a la adaptación y mitigación de daños,
bajo la lógica de la compensación. De ahí que las observaciones de la ciudadanía, no
pongan en duda la ejecución de la obra. En efecto, la ciudadanía está excluida de las
etapas de definición y diseño de un proyecto. En el caso del Túnel de Agua Negra, ya
existen estudios por el lado argentino, una entidad binacional responsable de la gestión
de la obra, un diseño que contempla dos túneles interconectados, 23 empresas inscritas
para la licitación, una estrategia de financiamiento en marcha,una serie de productos
108
audiovisuales de diseminación, etc., pero en la Región de Coquimbo todavía no existen
espacios de participación, ni debate respecto a la obra27
.
Cabe subrayar el estricto apego a los procedimientos que caracteriza a las
instituciones chilenas, lo que en términos formales avala la idoneidad del modelo. El
problema es que esa formalidad procedimental, opera como estrategia reguladora de la
participación, que limita las opciones de rechazo efectivo a un proyecto. Pues la ejecución o
no de una obra responde al criterio de expertos, no a la voluntad de las personas.
Los ecofestivalesKrishnas: Un estrategia para visibilizar el problema del Corredor
Bioceánico.
“Participamos tratando de convocar a la ciudadanía a través
del arte, la música o del canto, a través de la alimentación
saludable, a través de la interacción; invitando a la gente a
informase, principalmente a que se informe de la problemática
(…) fue una actividad maravillosa, muchos artistas, muchos
ambientalistas” (krishna de Diaguitas).
Como ya se ha señalado, la oposición más clara al túnel de Agua Negra proviene de
los krishnas, que desde una visión espiritual y holística del territorio, definen la obra como
un atentado a la Tierra. Por eso han sido los primeros en movilizarse públicamente contra
el proyecto. Más que estrategias de resistencia, los krishnas se han focalizado en la
visibilización del problema del túnel, y de manera más general, en los impactos del
Corredor Bioceánico. A partir de su posicionamiento como ecologistas, animalistas y
pacifistas, han difundido el caso en redes amplias de activismo social, como el „Pacto
Mundial Consciente‟ y la „Revolución de la Cuchara‟; y en otras incipientes como la „Red
Ambiental del Norte‟ y „El Movimiento Socioambiental del Huasco‟.
Hasta el momento su estrategia pública ha sido incluir el tema en los
ecofestivalesrealizados en la Plaza de Vicuña, núcleo urbano del Valle de Elqui. Los
ecofestivales son jornadas informativas, donde diferentes organizaciones, comunidades y
agrupaciones alternativas, exponen su trabajo, siguiendo la dinámica de una feria. Estos
eventos se caracterizan por la diversidad de temas, la venta de productos artesanales,
comida y medicina alternativa, el desarrollo de actividades recreativas para niños y niñas, y
la presentación de números artísticos con mensajes ecologistas.
Estas jornadas se realizan previa autorización del municipio, duran un día, y
enfatizan un tono festivo, que con alegría interpela a la sociedad elquina. Su intención es
27En sintonía con la delimitación del proceso de participación ciudadana, los espacios donde está debiese hacerse efectiva, asumen el carácter de talleres donde expertos informan de las obras a un público que avala con su asistencia la legitimidad del proceso. En el proyecto del túnel esta situación no se ha dado, pues aún no se convoca a la participación.
109
convocar a la reflexión sobre el maltrato animal, la escasez hídrica, los agroquímicos, la
contaminación minera, la mala alimentación, etc. Es en estos espacios donde los Krishnas
han difundido información sobre el proyecto. De hecho, el ecofestival realizado en
septiembre de 2013, uso el lema „Salvemos el Valle del Corredor Bioceánico‟, aunque este
no se destacóentre la diversidad de temas y actividades.
Este intento de apropiación del espacio público, ha sido poco efectivo en términos
comunicacionales. Situación que se explica por los siguientes factores: (a) el formato feria
se inserta en una sociedad mercantilizada, que consume productos y trivializa los mensajes,
por eso estos eventos refuerzan el compromiso de los activistas, pero no el interés de la
población general, (b) para la población ajena al movimiento krishnas, los ecofestivalesse
presentan como actividades aisladas y con sentidos difusos, y (c)el protagonismo público
de los krishnas, incomoda a sectores tradicionales del valle, que desacreditan el rol
informativo de los ecofestivales, y el activismo ecologista. Consecuentemente, los
ecofestivales no logran posicionar un debate amplio respecto al túnel de Agua Negra, ni a
las implicancias del Corredor Bioceánico.
La campaña de Los Amigos del Valle: Una resistencia aislada al uso de Ruta 41 como
parte del Corredor Bioceánico.
“Cuando me convencí de que esto era una estupidez, pensé:
¡Tenemos que hacer algo, vamos y compremos poleras! (…)
con mi señora y mis hijos hicimos un tremendo cartel
“Salvemos el Valle del Corredor Bioceánico‟. Estuvimos
hasta como las 3:00 de la mañana haciendo el cartel y nos
paramos en la plaza (…) y haciendo este show para empezar a
hablar con la gente, y la gente miraba: „Qué onda estos bichos
raros‟. Y muchos se acercaron: „Oye por qué estay en contra
el Corredor Bioceánico?” (Amigos del Valle).
Con la misma intención de visibilizar la obra, y abrir el debate sobre sus potenciales
impactos, Los Amigos del Valle han realizado algunas actividades, convocando la
participación de la población elquina. Pero con énfasis y dinámicas distintas a las utilizadas
por los krishnas. Efectivamente, Los Amigos del Valle han promovido su rechazo a la
incorporación de la Ruta 41 en el Corredor Bioceánico, con una estrategia de intervención
pública que articula las siguientes actividades:
- La organización de reuniones informativas, donde se ha socializado la situación del
túnel. En este contexto, se ha solicitado la presencia de autoridades locales y
regionales asociadas de una u otra manera ala obra, para que informen y aclaren
dudas respecto al estado del proyecto Túnel de Agua Negra. En estas reuniones se
plateó, como propuesta, la habilitación de un camino alternativo, desde el túnel
hacia La Higuera. Pese a su baja convocatoria, estas reuniones han sido difundidas
en la prensa local, y lograron visibilizar a Los Amigos del Valle como oposición
110
ante las autoridades, pero como ya se ha explicado, estas minimizan su capacidad
de rechazo.
- La apertura de un Facebook dedicado a la difusión deLos Amigos del Valle. El que
curiosamente no ha sido actualizado desde el 2012, y que solo cuenta con 24
amigos. Situación que evidencia la escasa capacidad de convocatoria de la
agrupación.
- La producción de un evento artístico-informativo en la plaza de Vicuña. Actividad
realizada a fines de 2012, y que fue publicitada en la prensa local y regional. Su
objetivo declarado fue crear consciencia sobre las potenciales consecuencias del
Corredor Bioceánico en el Valle de Elqui. Durante 10 horas, el evento congregó a
bandas musicales, exposiciones y audiovisuales informativos. Los organizadores
conversaron con visitantes de la plaza, exponiendo sus argumentos en contra del
uso industrial de la Ruta 41, hicieron carteles y usaron poleras con el mensaje
„Salvemos en Valle de Elqui del Corredor Bioceánico‟. Estos eventos se
diferencian de los ecofestivales, por focalizarse exclusivamente en el problema de
la Ruta 41, lo que no impidió la participación activa de los krishnas.
Como puede observarse, la campaña de difusión de la problemática que realizaron Los
Amigos del Valle, no concitó el interés de los elquinos. En esta dirección es importante
señalar que las actividades se concentraron en los últimos meses del año 2012, pero luego
de esa fecha Los Amigos del Valle -que aún se definen como un movimiento ciudadano-
prácticamente desaparecen de la escena pública.
111
VALLE DE ELQUI
112
COMENTARIOS FINALES
A lo largo de este informe, se han presentado dos conflictos ecoterritoriales
asociados a la implementación de proyectos IIRSA: El conflicto por el tramo II de la
carretera Villa Tunani- San Ignacio de Moxos en Bolivia y el conflicto latente por el Túnel
de Agua Negra en Chile. A manera de síntesis, destacamos los siguientes aspectos:
- IIRSA canaliza la territorialidad del Regionalismo abierto como estrategia de
integración regional. Lo que tiene serias implicancias ecológicas y sociales para los
pueblos que habitan los territorios donde se implementan las obras. En este sentido,
la imposición de la territorialidad IIRSA, entra en disputa con otras
territorialidades, que se superponen, a veces tensamente, en los mismos espacios.
- Lo anterior genera un tipo particular de conflictividad política, que hemos llamado
ecoterritorial, pues articula la preocupación global por el equilibrio de los
ecosistemas, con la reivindicación de derechos territoriales de grupos particulares.
- Aunque este tipo de conflictividad está presente en el caso del tramo II de la
carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos (Bolivia) y en el del Túnel Binacional
de Agua Negra (Chile), el curso de desarrollo del conflicto es notoriamente
diferente. Mientras el caso boliviano logra una movilización exitosa, que pone en
jaque al gobierno de Evo Morales, en Chile, el rechazo al proyecto se mantiene
como un asunto privado, acotado a pequeños grupos, sin capacidad orgánica para
instalar un debate político, ni movilizar el descontento.
- Lo anterior se explica por la configuración de la relación entre las esferas del
Estado, el mercado y la sociedad civil. En el caso boliviano, los indígenas
movilizados apelaron al poder de la sociedad civil para detener la obra, aunque
paradójicamente lo hicieron en nombre del Estado Plurinacional, que aún se
concibe como imbricado a la sociedad civil. En el caso chileno, la eficiencia del
Estado neoliberal, que garantiza los intereses de mercado, ha frenado las
posibilidades de activación de la sociedad civil. Sin embargo eso no es suficiente
para explicar la latencia del conflicto, pues los valores neoliberales que permean la
sociedad civil inhiben cualquier potencial de articulación y movilización
contrahegemonica. Aquí lo que opera es la hegemonía neoliberal.
- Cabe destacar que la conflictividad que en ambos casos gatilla la imposición de la
territorialidad IIRSA, se superpone a conflictos preexistentes, algunos también en
estado latente, que se canalizan en el conflicto suscitado por la implementación de
un proyecto IIRSA. En este sentido, la conflictividad ecoterritorial, opera como
base material para el conflicto entre las esferas del Estado, el mercado y la sociedad
civil. Así, los diferentes conflictos que se articulan en torno al tramo II de la
113
carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, y del Túnel de Agua Negra, se
reducen a una disputa básica por el control, material y simbólico, del territorio.
- En ambos países, IIRSA se hace operativa a través de la fragmentación de las obras,
pero en el caso chileno esa estrategia es más eficiente, pues también se fragmenta la
gestión al interior de la institucionalidad pública, resguardando las competencias del
nivel central. Fenómeno que va en sintonía con la fragmentación de la misma
sociedad civil. Lo que no se ha logrado en Bolivia, pues existen actores orgánicos
que articulan lo local y nacional/plurinacional, por fuera de la lógica estatal.
Finalmente, cabe destacar que en este país, IIRSA tensiona el orden constitucional,
pues actúa como un límite material para el Suma Qamaña y la plurinacional,
mientras en Chile refuerza el orden neoliberal.
- En ambos casos las disputas entre proyectos territoriales superpuestos a nivel local
(es decir in situ), invisibilizan la hegemonía de la territorialidad IIRSA. Esto es más
claro en el caso boliviano, donde el potencial contrahegemónico del Estado
Plurinacional o incluso de la reconstitución del Qollasuyu, encuentra su límite en
IIRSA. En Chile en cambio, no identificamos territorialidades contrahegemónicas,
sino solo alternativas. Estas no tienen capacidad de subversión de la territorialidad
dominante, no la aceptan pero pueden coexistir con ella, su carácter alternativo es
funcional a la reproducción de dicha hegemonía.
Bibliografía
- Acosta, Alberto (2009): La Maldición de la abundancia. Editorial AbyaYala.
- Acosta, Alberto (2010): Maldiciones que amenazan la democracia. En
Revista Nueva Sociedad Nº 229.
- Alves R. y Desiderá W. (2012): La recuperación del desarrollismo en el
regionalismo latinoamericano. En Perspectivas para la integración de América
Latina. IPEA, Gobierno Federal de Brasil.
- Anaya, James. (2011): Declaración introductoria Peritaje ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso Sarayaku v/s Ecuador. 7 de Julio de
2011. http://www.corteidh.or.cr
114
- Barroso, Verónica (2012): TIPNIS ¿Un conflicto ambiental o de territorio? En:
Letras Verdes. Riesgos de desastres: contextos urbanos en América Latina. Quito:
pp. 112-122.
- BID-IIRSA (2006): Construyendo un nuevo continente. Un enfoque regional para
fortalecer la infraestructura sudamericana.
http://www.iirsa.org/bancomedios/difusion/info06_construyendo_continente_nuevo
_bid.pdf
- BID-IIRSA (2010): Los 10 años del BID en IIRSA.
http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/diez_anios_bid_en_iirsa.p
df
- Buchi, H. (1992): Principios orientadores del Esquema Económico Chileno, en:
Universidad Nacional Andrés Bello (Ed.) La Transformación Económica de Chile.
Santiago de Chile, Editorial e Impresora Alborada S.A.
- Castillo, G. (2003): A vuelta de los años: Reseñas y perspectivas sobre las
comunidades, el pastoreo y la trashumancia en la región semiárida de Chile. En
Dinámicas de los sistemas agrarios en Chile semiárido: La región de Coquimbo,
Livenais, P. yAranda, X. Ed. LOM Ediciones.
- Cortés, J. (2010): Mujeres rurales en el Norte Semiárido:Construyendo otros
caminos para el desarrollo: la experiencia de la Agrupación de Mujeres Rurales de
Canela (AMURUCA). Versión ppt. Ponencia presentada en el Seminario
Internacional de las experiencias, tendencias y desafíos de la gestión del agua en
comunidades rurales de Canadá y Chile. Universidad de La Serena.
- Cortés, H. (2003): Evolución de la propiedad agraria en el Norte Chico (siglos XVI-
XIX). En Dinámicas de los sistemas agrarios en Chile semiárido: La región de
Coquimbo, Livenais, P. y Aranda, X. Ed. LOM Ediciones.
- Comisión Interinstitucional Iglesia Católica y Asamblea permanente de DD.HH
(2013): Informe de verificación de la consulta en el TIPNIS, por comunidad
visitada. La Paz. Bolivia.
- Campos, J. y Polit, E. (2011): Nuevos enfoques para Chile Potencia Alimentaria y
Forestal. ODEPA..www.minagri.cl
- Crespo, Carlos (2010): El Estado contra los comunes. En
http://www.somossur.net/bolivia/economia/no-a-la-carretera-por-el-tipnis
- Cabrera, C. (2012): La consulta: derecho y forma de organización democrática y su
vulneración y quebrantamiento en el caso del TIPNIS. En Estudios Políticos nº 4.
Universidad Mayor de San Simón.
115
- CAOI (2012): Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
Informe regional. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas.
- Convenio 169 de la OIT. Disponible en http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
lex/convds.pl?C169.
- Constitución Política de La República de Chile. Aprobada en 1981. Gobierno de
Chile.
- Código de Aguas República de Chile 1981, con modificaciones el 2005.
www.dga.cl.
- De La Maza, G. (2010) Construcción democrática, participación ciudadana y
políticas públicas en Chile. ter verkrijging van de graad van Doctor aan de
Universiteit Leiden, opgezag van Rector Magnificus prof.mr. P.F. van der Heijden.
- Constitución Política de La República de Chile. Aprobada en 1981. Gobierno de
Chile.
- Código de Aguas República de Chile 1981, con modificaciones el 2005.
www.dga.cl.
- Ceceña, E. Aguilar, P. Motto, C. (2007). Territorialidad de la dominación.
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Buenos Aires.
- CEPAL (2011): Infraestructura para la integración regional. CEPAL-UNASUR.
Santiago, Chile.
- Chávez, P; Mokrani, D; Uriona, P. (2011): Una década de movimientos sociales en
Bolivia, en Una década en movimiento. CLACSO- Prometeo libros.
www.clacso.org.
- Damonte, Gerardo (2011): Construyendo territorios, Narrativas territoriales
Aymaras contemporáneas. CLACSO- GRADE
- De La Maza, G. (2010) Construcción democrática, participación ciudadana y
políticas públicas en Chile. ter verkrijging van de graad van Doctor aan de
Universiteit Leiden, opgezag van Rector Magnificus prof.mr. P.F. van der Heijden.
- Escárzaga, Fabiola (2008): Agotamiento del ciclo multicultural en México y en
América Latina. En Favela Gavia, Diana Margarita (Coord.) Procesos de
democratización en México, balance y desafíos más allá de la alternancia. UNAM.
116
- Escárzaga, Fabiola (2009): La emergencia india contra el neoliberalismo en
América Latina. Revista América Latina. PROSPAL. Universidad ARCIS. Chile.
- Escárzaga, Fabiola (2011): El gobierno de Evo Morales y los movimientos sociales
en Bolivia. En José Domingo Carrillo (Coord) Izquierdas y Sociedad. Hacia una
historia social en América Latina. México
- Fundación TIERRA (2010): Memoria II Seminario Bolivia Post-constituyente.
Derechos indígenas en el Estado Plurinacional. La Paz. Bolivia.
- Fernández, R. (2011). “El reacomodo del poder petrolero transnacional en Bolivia”.
In: La mascarada del poder: respuestas a Álvaro García Linera. Varios autores.
Cochabamba: Escuela del Pueblo 1º de Mayo.
- Fundación TIERRA (2012): La marcha indígena por el TIPNIS. Comunicaciones El
País. La Paz.
- García Linera, A. (2012): Geopolítica de la Amazonia Boliviana. Vicepresidencia
del Estado Plurinacional. La Paz, Bolivia.
- Gambina, J; RofFinelli, G; Pinazo, G. (2010): Modelos de acumulación capitalista a
comienzos del siglo XXI y la integración en procesos de cambio político.
- García Linera, A. (2008): La Potencia Plebeya. Acción colectiva e identidades
indígenas, obreras y populares en Bolivia. Clacso – Prometeo Libros.
- García Linera, A. (2008): Los tres pilares de la nueva Constitución Política del
Estado. Discurso en la sede de la CSUTCB. Vicepresidencia de la República de
Bolivia. www.bolivia.gob.bo.
- García Linera, Álvaro (2013): ¿Qué es una Nación?
http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/que_es_la_nacion-1.pdf
- García Linera, Álvaro (2013): Nación y mestizaje
http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/nacion_y_mestizaje.pdf
- Garretón, Manuel Antonio (2012): Neoliberalismo corregido y progresismo
limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010. Editorial ARCIS,
CLACSO.
- Gentes, I. (2006): Análisis de la legislación, la política hídrica y la jurisprudencia
sobre derechos de aguas y gestión ciudadana en Chile. GIAB/ Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC, Canadá.
117
- Garretón M.A y Garretón, R. (2010): La democracia incompleta en Chile: La
realidad tras los ranking internacionales” en Revista de Ciencia Política. Pontificia
Universidad Católica de Chile.
- Gómez Leyton, Juan Carlos (2010): Política, democracia y ciudadanía en una
sociedad neoliberal. Chile, 1990-2010. CLACSO.
- Gómez Leyton, J.C. (2006): La frontera de la democracia. El derecho de propiedad
en Chile 1925-1973. LOM Ediciones. Santiago de Chile.
- Gallardo, M. (2010): Las Comunidades Agrícolas de la Región de Coquimbo,
versión ppt Ponencia presentada en Taller Metodologías cualitativas de
investigación en contextos rurales. Universidad de La Serena.
- Gómez Leyton, J.C. y Escalante, Z. (2009): La conflictiva relación entre Estado,
mercado y sociedad civil en “Nuestra América” en América latina 8. PROSPAL,
UARCIS, Chile.
- Giacalone, R. (2009): La Iniciativa para la Integración de Infraestructura
Sudamericana (IIIRSA) desde la perspectiva de la Nueva Geografía Económica.
Revista Aportes para la Integración Latinoamericana. Año XV. No 21.
- Gómez Leyton, Juan Carlos (2011): “Movimientos sociales; proyectos populares y
democracia. Escenarios sociopolíticos latinoamericanos: 1998-2011”. En Revista
América Latina Nº11. Editorial ARCIS.
- Gudynas, Eduardo (2006): El camino de la integración Sudamericana. CLAES.
- Gudynas, Eduardo (2007): La ecología política de la integración. CLAES.
- Gutiérrez, R. (2009): Los ritmos del Pachakutí. Sísifo Ediciones, Bajo Tierra
Ediciones y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego.
BUAP. México.
- Herbas, Gabriel y Molina, Silvia (2005): Integración e IIRSA. OSAL. CLACSO.
- Laats, Henkjan (2009): Integración Sudamericana, actuando juntos y bien.
CEADESC. Cochabamba.
- Mayorga, F. (2011): Dilemas. Ensayos sobre democracia intercultural y Estado
Plurinacional. CESU-UMSS-PLURAL editores.
- Mayorga, F. (2010): Evo ¿lidereazgo sin fronteras?Estudios Políticos nº2.
Universidad Mayor de San Simón.
118
- Molina, Patricia (2013): Sobre la Geopolítica Vicepresidencial, el TIPNIS y el
IIRSA. En http://www.fobomade.org.bo/art-1943
- Moulian, Tomas (1997): Chile actual: anatomía de un mito. LOM Ediciones,
Santiago, Chile.
- Olivo, Julio (2008): La iniciativa IIRSA y el ordenamiento del territorio continental.
Forun Solidaridad. Perú.
- Prada, Raúl (2011): La defensa de los derechos de la Madre Tierra en el TIPNIS. En
Rebelión. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=134626.
- Piñera, Sebastián.(2010): Discurso presidencial 30 de julio de 2010.
www.chilepotencialimentaria.cl.
- Portilla, B. (2000): La política agrícola en Chile: lecciones de tres décadas. División
de Desarrollo Productivo y Empresarial. Unidad de Desarrollo Agrícola. Chile.
- Paz, Sarela (2011). “¿Cuáles serían los impactos ambientales de la carretera por el
TIPNIS?”. http://somossur.net/index.php
- IIRSA (2009): Metodología de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque
Estratégico
EASE.http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/ease_metodologia_
iirsa.pdf .
- IIRSA (2010): Apuntes sobre infraestructura e integración en América del Sur. En
http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/cap_doc_compilado_curs
o08y09.pdf
- Regalsky, Pablo (2011): La dinámica de la reconstrucción del Estado boliviano y el
conflicto del TIPNIS. En
www.fbdm.org.bo/fbdm/documento/1290176707/1321626361/2-1321626361.pdf
- Rosell Arce, Pablo (2012): “2011: ¿El parteaguas del Evismo? Bolivia después del
conflicto del Tipnis”, Revista Nueva Sociedad No. 237, enero-febrero
www.nuso.org .
- Rojas, P. (2012): El sueño del presidente, la pesadilla de la Madre Tierra.
Focomade. Cochabamba.
- Rivera Cusicanqui, S. (2013): Del MNR a evo Morales: disyunciones del Estado
colonial. En Nueva Crónica y Buen Gobierno. PRISMA y PLURAL editores. 2º
quincena de enero.
119
- Rumbol (2011). Evaluación Ambiental Estratégica del TIPNIS. La Paz: SERNAP.
- Sánchez, Ricardo; Cipoleta, Giorgina; et al. (2010): Primer informe sobre el
resultado de las consultas realizadas y recomendaciones preliminares para el
establecimiento del Plan de Acción Estratégico (2011 y 2011-2020). Asistencia
Técnica CEPAL a la Iniciativa IIRSA. Unidad de Servicios de Infraestructura,
División de Recursos Naturales e Infraestructura CEPAL, Naciones Unidas.
Santiago, Chile.
- Seoane, José y Tadei, Emilio (2010): Recolonización, bienes comunes de la
naturaleza y alternativas desde los pueblos. Grupo de Estudios sobre América latina.
- Seoane, José. Algranati, Clara. Tadei, Emilio (2011): Realidades y desafíos de
Nuestra América. Una década de luchas sociales y cambios políticos en América
Latina. Revista América Latina. PROSPAL. UARCIS
- Seoane, José; Algranati, Clara y Tadei, Emilio 2011 “Tras una década de luchas.
Realidades y desafíos de los proyectos de cambio en Nuestra América”, en Revista
Herramientas N° 46 (Buenos Aires: Herramientas)
.
- Svampa, Maristella (2011): Modelos de desarrollo, cuestión ambiental y giro eco-
territorial. En La Naturaleza Colonizada. Ecología política y minería en América
Latina. CLACSO, Buenos Aires.
- Soto, Gustavo (2011). Territorio Indígena y Parque Nacional IsiboroSécure: El final
de la ilusión y el advenimiento de lo Nuevo, Centro de Estudios Aplicados a los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales CEADESC
http://www.ceadesc.org/2011/12/territorio-indigena-y-parque-nacional-isiboro-
secure-el-final-de-la-ilusion-y-el-advenimiento-de-lo nuevo.
- Soto, Gustavo (2012): La metáfora del TIPNIS. CEADESC. Bolivia.
- Schavelzon, Salvador (2013): El nacimiento del Estado Plurinacional. Etnografía de
una Asamblea Constituyente. Ediciones CLACSO.
- Sotomayor, (2007): Informe OCDE Fortalezas y Debilidades de la política agrícola
chilena. Ministerio Nacional de Agricultura. Chile.
- UNASUR-COSIPLAN (2012): Cartera de proyectos 2012. En
http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/cnr21_cartera_2012.pdf.
- Vicepresidencia de Bolivia, El Plurinacional.
http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/plurinacional_9m.pdf
120
- Villegas. P. (2011): La alternativa al TIPNIS: que Brasil y Chile hagan sus caminos
por otro país. En PetroPress nº26. Julio-septiembre.
- Villegas, Pablo (2013): Geopolítica de las Carreteras. CEDIB. Bolivia