Aprile-Gniset. Memorias Del Despojo y Destierro

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Memorias del despojo y del destierro.

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JACQUES APRILE-GNISET

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XVI Congreso Colombiano de Historia


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ÍNDICE

Primera parte:GENERALIDADES.

Segunda parte:HECHOS, SITIOS, FECHAS.

Tercera parte:REFLEXIONES.

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INTRODUCCIÓN PARA UNA CONFERENCIA.

Siendo urbanista y catedrático, es con estos dos incentivos, que me puse a in-dagar algunos rasgos de la situación urbana del país. Mi mirada inicial se centraba entonces en el principal escenario y ámbito de la sociedad colom-

biana moderna: la ciudad. No obstante, desde el arranque no tenía duda alguna; las intrincadas problemáticas urbanas del momento, se articulaban inevitablemente con algo tan viejo como es la instauración y el desenvolvimiento de la propiedad privada; asimismo con la división social y espacial del trabajo, y con las contradicciones naci-das de la inevitable separación / dominación operando en los ámbitos del binomio antagónico campo-ciudad.

Recorriendo ciudades nacientes o viejas -incluso moribundas- que se iban llenando de casuchas pobladas con refugiados, y campos baldíos o deshabitados, este vaivén pen-dular me llevó a intuir la estrecha unidad dialéctica de ambos fenómenos socio-terri-toriales. Entré a verificar el acierto de esta hipótesis y siguieron varios años de indaga-ciones y encuestas de dedicación exclusiva. En esta primera etapa acumulé una masa de datos registrando aconteceres y hechos. Terminadas estas exploraciones iniciales por lo menos adquirí una certeza:

El proceso territorial del país es uno solo, y por lo tanto en los campos debo buscar y hallar, los orígenes, el procesus y la especificidad de la ciudad colombiana contemporánea.

Esta proposición fue la brújula que me orientó en adelante. Inicié un cúmulo de es-tudios de toda índole que se prolongaron durante otra década. Culminando las labores

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mi postulado se transformó en esta tesis, adaptada del alemán; La violencia agraria es la partera de la ciudad.

Por muy escueta que parezca, esta pista facilitó mis siguientes trabajos empíricos para organizar, ordenar y clasificar la materia prima factual acumulada, con el propósito de explicar fenómenos: fenómenos fluidos, en tránsito permanente, con su movimiento y sus cambios. Finalmente la tarea culminó -bien que mal- uniendo el espacio con la historia y la sociedad, en un intento de visión sintética que llamamos las formaciones socio espaciales.

Eso es lo que emprendí en la Nacional, hace cuarenta años. Hoy, en Neiva, me limi-taré en destacar brevemente un fragmento del trabajo centrado sobre la historicidad de la guerra social en torno a las tierras de los ámbitos agrarios, y la incidencia cíclica pero directa de estas contiendas en los procesos urbanos del país. Pero siendo muy corto mi espacio y muy veloz el reloj, mencionare rápidamente algunas situaciones típicas, en mi opinión particularmente significativos, pero a manera de pistas y en forma meramente exploratoria y panorámica; y terminaré con las reflexiones que surgen de este recorrido histórico-espacial.

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Primera Parte:GENERALIDADES.

A manera de prólogo.

Como punto de partida, no sobra recordar que el asunto se inició con una descomunal superchería, pero proclamada en términos más propios para una divertida comedia burlesca. Después de la primera exploración

de Colón, convencidos por el charlatán italiano, y sin esperar más, notifican a los reyes de Castilla:

“Por donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos y legítimos títulos, somos Señor de las Indias Occidentales, Islas, y Tierra Firme del Mar Océano, descubiertas y por descubrir, y están incorporadas en nuestra Real Corona de Castilla”. (Recopilación de las Leyes de las Indias, Libro Tercero, Título Primero).

No precisa el monarca en cual notaria quedaron registradas estas quiméricas es-crituras de una propiedad fantástica de la cual tanto él como su socio ignoraban la lo-calización y las dimensiones. Tampoco se sabe si el donante presentó su certificado de tradición… (Habría que esperar dos siglos largos para que en 1811 Antonio Nariño cuestione “la vergonzosa bula de Alejandro VI que regaló un mundo que no era suyo, que no sabía en dónde estaba situado, ni quién era el dueño” (Javier Ocampo).

Con estos extraños visos de supuesta legalidad, y pactado previamente este descabellado convenio entre dos socios, un monarca español y el representante de Dios en el Vaticano de Italia, -el tenebroso Rodrigo Borgia (Borja, español de nacimiento)- , los reyes de Castilla se adjudicaban en propiedad un continente

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desconocido y legitimaban de entrada una guerra de invasión y un genocidio; siglos de atropellos, atrocidades y despojos.

Poco después y progresivamente, desde Carlos V hasta Felipe II, se dictan las leyes del Consejo de Indias: un verdadero Código del despojo legal, un detallado Manual técnico de la expropiación armada y del destierro. Con el código colonial de la Legislación Indiana se establece el origen legalizado de la ilegalidad y la inmorali-dad. Actuaría durante siglos como instrumento, cerebro y piso de todas las infamias. De allí en adelante la expropiación se apoya sobre una ideología y una moral de la exclusión, se respalda en un Derecho de la expulsión, y opera mediante aparatos del destierro.

Con este feliz acuerdo previo entre Roma y Sevilla, poco después llegan a las costas unas heterogéneas tropas de desperados para expropiar a los ocupantes sin títulos y tomar posesión del predio. No llega el ejército Real de España, sino la soldadesca de ejércitos privados enganchados por empresarios privados. Son bandas de civiles contratados, pagados con sueldo y armados, por mercaderes-financistas que licitaron la empresa y son contratistas particulares (las “capitulaciones”) y socios del monarca (Jacques Lafaye).

Entre ellos figuran algunos militares de carrera de bajo rango varados en tiempos de paz, soldados sin guerra ni futuro; y una mayoría de adolescentes campesinos a veces fugados de la casa, desempleados urbanos, cuando no prófugos de la justicia e incluso presidiarios deportados (Juan Friede).

La ciudad.

Entonces se inicia “la separación del productor directo y de sus medios de pro-ducción”, fase primera e imprescindible de la acumulación originaria del capital.

Terminó la comedia y se inicia la tragedia cuando los dueños descubren que el predio estaba ocupado y poblado:

“Son las ciudades que se fundan, la seguridad de los reinos adquiridos (entender: territorios conquistados), por ser el centro donde se recoge (concentra) la fuerza para aplicarla a la parte que más necesita de ella”, declara el capitán paramilitar y “carnicero de indios” Benalcázar.

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Afirmada de esta manera la primacía de la ciudad, precisamente se verifica su puesta en práctica en el temprano acto de fundación de una ciudad.

Cada fundación exige la destrucción previa de los asentamientos aborígenes aleda-ños. Bien sea en Santa Marta, Bogotá, Tunja o Popayán, y por igual en Cali o Buga, la ciudad española surge sobre las ruinas humeantes y desiertas de la aldea campesina americana. Asegurado el exterminio, o la huida y el destierro de los habitantes, el pom-poso ceremonial de fundación consiste en realizar las diligencias de expropiación, de traspaso y cambio de propiedad, y de toma de posesión; todo con absoluto respecto de los procedimientos legales prescritos por las capitulaciones del monarca.

El ceremonial militar y religioso que preside a la fundación de una “ciudad”, en su ritual a la vez espectacular, teatral y cínico no deja de ser muy revelador. Destacan tres actores en esta comedia y tres roles principales : el capitán, espada en mano y agresivo, decretando en tono bélico la toma de posesión del lugar en nombre del monarca, y la ex-propiación de los nativos (previamente exterminados por más seguridad); el sacerdote, delegado del donante del terreno refrenda lo anterior y bautiza el lugar en nombre de Dios y la Santa Escritura; el escribano público registra el cumplimiento de los proced-imientos legales, y redacta las (Sagradas) escrituras de propiedad a nombre del rey. La historia escrita del país se inicia con “escrituras” de propiedad privada.

Pero las pretendidas “ciudades” del siglo XVI nacieron de la venalidad y sin más legitimación que la codicia de unos pobres mercenarios en pos de cargos, prestigiosos títulos y riquezas. Muchas desaparecieron con el desencanto, otras, sin futuro se desplazaron y migran de un sitio a otro.

A partir de este momento, es en “la ciudad” que se decide, se planifica y se instrumenta el despojo territorial como estrategia de dominación. Desde esta base se inician de inmediato los desmanes y toda clase de fechorías, en el entorno de un campamento militar (con unos toldos en el marco de la plaza) llamado “ciudad”. Operan mediante operativos militares llamados “correrías” y “entradas” en sus inme-diaciones, con el fin prioritario de conseguir comida. Estas expediciones armadas se califican como de “rescate” y “rancheo”: simples eufemismos que a manera de mascara esconden el robo de maíz y plátano, fríjol, papa o yuca según el sitio, conseguido por

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saqueo en las mismas sementeras y el pillaje de las aldeas campesinas: y si es del caso el aniquilamiento de los labriegos, después de su mutilación para el “rescate” de las joyas de oro que llevaban de adornos corporales.

Sin entrar en detalles, se verifica a lo largo del siglo la persistencia de una política sistemática de pacificación agenciada desde las “ciudades” y aplicando las prescripciones Reales:

“Estas definen una actuación sobre el territorio a partir de las fundaciones iniciales…la consolidación de lo ya descubierto…Dice la ordenanza 33 (de Felipe II):“Habiéndose poblado y dado asiento en lo que está descubierto…se trate de descubrir y poblar lo que con ellos confina y de nueva se fuera descubriendo…

Vélez y Pamplona -por ejemplo- cumplen este papel…a partir de las cuales se…somete a las sociedades indígenas…se encomienda la mano de obra indígena y se otorgan las mercedes de tierras” (A. I. Guzmán).

Efectivamente, desde las ciudades se realizan las entradas de bandas armadas pen-dencieras, los operativos de tierra arrasada y aniquilamiento, de despojo, de rapto de “indias de servicio”, de destierro, deportación o esclavización de la población campesina aborigen. Facultados para poblar, los invasores se dedicarían a despoblar…

En cuanto se refiere al “recinto urbano” del asentamiento, es el reflejo espacial de las prescripciones del Consejo Real. La plaza Mayor es el centro de la ciudad, su primera expresión; es su punto de partida y determina el trazado y la dirección de su expansión futura. Fue prescrita en España en un reglamento que los capitanes llevan con el con-trato del monarca, las Capitulaciones. Es forma material, cuadrada, con diseño, me-didas y geometría, concebida para recibir exclusivamente determinadas edificaciones privilegiadas. Pues esta forma obedece a un contenido, la centralización del poder y la unificación de sus diversas expresiones,

Por eso la Plaza Mayor es primero un escenario ideológico que concentra en una hectárea todos los atributos del poder de “ambas majestades”. Y para no dejar dudas al respecto, en el centro de la Plaza Mayor, se plantó el amenazante “árbol de justicia”, el rollo del suplicio destinado tanto a los naturales rebeldes como a españoles rivales o malhechores. El castigo del delito se ejecuta en público para ser ejemplar, para aleccio-

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nar a los demás, y ser demostración espectacular del poderío Real y de sus instituciones. A pocos metros, en una esquina se levantó la cruz del castigo de las almas.

En un costado se asignaron los solares contiguos del templo, de la casa cural y del cementerio. En los demás estarán el cuartel militar, las cárceles, las casas del Cabildo, y en algunos casos la residencia del capitán; todas edificaciones levantadas por los siervos nativos con maderas del entorno y pajizas.

La ciudad se define explícitamente por parte de sus gestores como el lugar del ejercicio de la fuerza, del poder militar; se identifica directamente como sitio del castigo del delito. Es la sede de máxima unificación del Estado y del Poder “de ambas majestades” Dios y el Rey. Es sitio que debe inspirar temor y asegurar una obediencia absoluta en todo el territorio sometido.

Es desde su fundación un lugar en dónde se ejercen diversas formas de dominio territorial y de represión; están las cárceles para castigar a los cuerpos y el templo para castigar a las mentes, el cuartel de la tropa, el fisco de la Hacienda Real, las casas del cabildo, las instituciones de las condenas y de las sanciones. Así, separados pero agrupados y contiguos se concentran alrededor de la plaza y en forma amenazante los poderes de “ambas majestades”.

Con lo anterior se verifica el doble papel de la ciudad: óptima centralización de los mecanismos del poder, y privilegiado sitio desde el cual se expande este para dominar las riquezas de un amplio territorio, sus recursos naturales y su explotación mediante la mano de obra de su población.

Solo falta añadir que con la desenfrenada codicia de los protagonistas, las en-vidias, las enemistades y las rivalidades, de inmediato se desató en el seno de las bandas mercenarias la primera contienda armada: “la primera guerra civil en la Nueva Granada” (A.Delgado).

La descripción de Pedro Simón la presenta como una prolongada guerra social de medio siglo (1510-1570) oponiendo tropas vueltas pandillas sueltas y capitanes, peones unos caballeros otros, pugnas entre mercaderes contrabandistas y autoridades sobor-nadas, todos extorsionados por funcionarios corruptos de la Corona: claro conflicto de clases y de mezquinos intereses en torno a pagos de sueldo, repartos de botines, de

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indios de encomiendas y de mercedes de tierras, o de títulos y nombramientos en cargos honoríficos.

Porqué nuestra fastidiosa insistencia sobre este episodio, de todos conocido. Por lo que con lo anterior tenemos identificados los atributos, los rasgos y los contornos de una tragedia que se inició en el siglo XVI y llega hasta nuestros días: la tierra, la violencia, y el terror como objeto o instrumento de dominación y poder. Pensamos que eso es lo que hoy importa, en este recinto.

En la legislación de Yndias se halla el poderoso arsenal legal que durante siglos suministró armas y pertrechos a todos los artífices - legalistas unos, con armas otros, con hisopo y sotana los más - pensadores y ejecutores de múltiples formas de expo-liación, despojo y destierro. Asimismo, sobre el cerebro de estos cimientos legales iniciales se levantó todo el armazón jurídico e ideológico que hasta hoy y a pesar de una revolución y diez constituciones, gobierna el país sin mayores cambios.

Los pueblos de indios.

Recompensado y premiado con peonías o caballerías de tierras el benemérito, quedaría muy a menudo su propietario con las escrituras de un latifundio des-habitado y estéril. Más favorecidos resultaron los pocos beneficiados con mercedes de tierras pobladas gracias a una encomienda de indios. Pero era primero necesario someterlos y con este fin “los encomenderos del siglo XVI solían mantener “soldados a su costa” o los contrataban en el momento de iniciar una expedición de conquista” (G. Colmenares).

En 1539 Gonzalo Jiménez hace entrega de la encomienda de Chía a unos de sus capitanes, incluyendo “todos los indios que tenía que se hayan huido a otros pueblos de otros caciques, los cuales podáis sacarlos vos u quien por vos deba sacarlos y traerlos a la dicha provincia de Chía”. (Citado por A. Delgado).

Y más adelante: “Muchos indios huyeron a los montes para escapar de la exacción redoblada” -que

significaba pagar tributos al encomendero, al cura doctrinero, a sus caciques y al rey- y en sus refugios “fundaron nuevos y secretos poblados”.

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La abundante documentación colonial al respeto relata las continuas intru-siones armadas y redadas procedentes de las ciudades con el fin de sacar estos cimarrones de “sus ladroneras y cimarroneras” de los montes. Se iniciaba “el desplazamiento forzado”.

Es así como pasando el tiempo, con la carencia de mano de obra que resultó de su aniquilamiento, se impone otra institución cuando se establece la política de “las reducciones”; la cual legisla en procura de un mejor control laboral e ideológico de la población nativa dispersa. Prescribe razias en los hábitats aborígenes realizadas manu militari por la guardia personal del encomendero. Sigue la obligada deportación del campesinado anteriormente esparcido en los campos.

Las familias campesinas se llevan a la fuerza para su “reducción” - entender agrupación - hacia obligados “pueblos de indios” en lugares escogidos por autori-dades y encomenderos. También llamados “curatos”, estos rancheríos miserables son verdaderos campamentos de deportación y concentración de mano de obra en beneficio de los encomenderos y administrados por corregidores y “curas de doctrina”; siendo a veces estos últimos doblemente premiados como sacerdotes-encomenderos.

Asimismo, con las “parcialidades” agrupadas en sus “resguardos” se establece la política de asignación de diminutas huertas “de pan” a los encomendados en las vecindades de los latifundios de sus amos.

La contradicción de una ciudad de españoles terciaria y consumidora pero carente de entorno productivo, se supera con la encomienda y los “pueblos de indios”. Los nativos se convierten en siervos labriegos encargados de los “suministros” y “mantenimientos”. Intervenido su trabajo por el encomendero su amo, este igual-mente intercepta los productos y se beneficia con su comercialización urbana. En zonas mineras son “indios lavadores de oro” que resultan esclavizados por los en-comenderos, cuando no alquilados por este a otro español. Este es el modelo de explotación económica del trabajo servil, que surge de la política de la Encomienda.

Con la encomienda, el latifundista de mercedes reales se eleva a la posición de empresario. Es dueño de las tierras y amo de una mano de obra para su explotación agrícola. Con encomendados a su servicio personal deja de ser propietario de un lati-fundio honorífico pero estéril para convertirse en empresario de hatos, haciendas y minas productivos. Como si fuera poco llega a ser explotador de otros españoles con

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mercedes pero carentes de encomiendas, mediante el alquiler laboral de sus siervos como peones jornaleros. Igualmente los puede alquilar a los mercaderes como cargueros, arrieros o bogas para el transporte de mercancías. El latifundista-encomendero se convierte en especulador explotando otros españoles. En la ciudad de españoles unos son beneméritos, otros peones o comuneros.

Pero operando como pretexto y justificación moral de la invasión, el fin aparente y explícito de la encomienda es también -lo recuerda Juan Friede- la conversión de “los bárbaros” al catolicismo. Por eso, con la encomienda se logra “la unidad de la esclavitud económica e ideológica” (A. Delgado).

De ambos propósitos surgen tres protagonistas: el encomendero, el corregidor, y el cura de doctrina; todos “protectores de indios”, solidarizados en un mismo ámbito especializado y segregado: el pueblo de indios. Bajo la doble explotación tributaria y carcelera de un corregidor y de un cura de doctrina, el pueblo de indios es un ámbito carcelario.

En cuanto se refiere a las víctimas de las razias y su deportación -su “despla-zamiento forzoso” se diría hoy- , con los “pueblos de indios “y “de doctrina” y mediante la política oficial de las “reducciones” y “agregaciones”, se realiza o per-fecciona la llamada “pacificación”. Es el paso definitivo hacia la liquidación completa del espacio social aborigen, la confiscación de sus hábitats, la su-presión de la propiedad colectiva y comunal del suelo, y la desarticulación de sus sociedades domésticas parentales.

“Pacificados” (el Consejo prohibió la palabra conquistas) los aborígenes del entorno, el “pueblo de indios” es el último paso en el despeje territorial y en el despojo social y cultural.

Las villas de libres.

Pero “la conquista del conquistador” y el inevitable mestizaje biológico va mer-mando la población aborigen pura, y es cuando parte de ella se convierte en “mestizos de todos los colores”. Finalizando el siglo XVI el morador de origen ibérico es él que menos se ve en la “ciudad de españoles” donde abundan los “comuneros”.

Creciendo inesperadamente este estamento popular tanto en la ciudad de espa-ñoles como en los mismos resguardos, presiona de tal manera los pueblos de indios

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que su liquidación se hace inevitable. El curato de doctrina daría paso a la parroquia de vecinos, luego plasmada en un nuevo modelo socio espacial: las villas de vecinos libres. Es decir que otro momento y escenario “social” y demográfico, caracteriza desde el siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII en el contexto de la recuperación demográfica, la eclosión generalizada de las “villas de libres y mestizos de todos los colores”.

Pero exigían la desaparición del resguardo y del pueblo de indios. Con la política oficial de las “reducciones” y “agregaciones”, nuevamente se despojó a la población aborigen cuando los curatos de indios se convirtieron en parroquias mestizas y luego en “villas mestizas de libres”.

Si desapareció la política de la Encomienda es también, y entre otros motivos, porque los mismos “protectores de indios” se convirtieron en expulsores, y aceleraron la extinción de esta institución. En este sentido la villa es la sepulturera de los últi-mos reductos aborígenes y su cultura.

En 1701 declaraba un fiscal protector de indígenas:“Que por culpa de los corregidores y justicias, utilidad e interés de los curas doc-

trineros que por tener y agregar más feligreses permiten y aun solicitan aumentar las vecindades de los indios con el mayor número de blancos, mestizos y mulatos…los cuales despojan tácitamente…a los miserables indios de sus propias tierras y resguardos, me-tiendo en ellas sus ganados y las más veces acosando y hurtando el de los naturales, echándolos violentamente de sus casas y tomándolas…”(Citado por J. Jaramillo).

Creciendo esta tendencia más tarde se torna institución la política de la “agregación de reducciones” bajo la dirección de Francisco A. Moreno Escandón. Sería este funcionario, desde Bogota, el ejecutor del ordenamiento poblacional en los campos; es el vocero oficial e ideólogo de los “vecinos libres”, artífice y defen-sor de su invasión de los pueblos de indios, de la liquidación de sus tierras; tragedia agraria de fines del siglo XVIII transcrita de los documentos originales por Germán Colmenares.

Un corto párrafo de Moreno Escandón explica el origen y los fines de esta política de deportación, y su envoltura ideológica se plasma en su informe de 1772, que se puede resumir así:

“…no se pudo mantener la ley de Indias prohibiendo la residencia y propiedad de españoles pobres en los resguardos…donde se tornaron más numerosos que los indios…

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que excluyeron para fundar una parroquia…la mezcla entre vecinos e indios puros convirtió estos últimos en mestizos, zambos y otras diferentes especies...”

En 1776 el gobernador de Antioquia Silvestre encontraba una situación parecida en los resguardos de Sopetrán, Buriticá y Cañasgordas:

“están situados libres dentro de su resguardo con consentimiento de los naturales…teniendo los más de estos abandonadas sus tierras y arrendadas o dejadas a los libres”.

Pocos años después, en Antioquia el Visitador Juan A. Mon y Velarde hacía la misma constatación en los pueblos de indios de La Estrella, Sopetrán y San Jerónimo, donde no resistió “la ley que prohibía que los indios y los libres vivieran juntos”.

En 1803 el virrey Mendinueta resumía en pocas palabras el origen y la justifi-cación de este nuevo modelo social de asentamiento:

…los lugares de antigua fundación tienen un dilatado territorio…los vecinos se es-parcen en sus haciendas…a gran distancia de los poblados…embarazosa para que el Cura y el Juez puedan asistirlos…cuando el número de colonos o pequeños hacendados se considera ya capaz de mantener un párroco, piden la erección de una parroquia, fabrican su iglesia…y van perfeccionando la población con sus propios recursos”.

El desenlace de esta fase culmina en “villas de libres”, que lograda esta relativa au-tonomía económica procuran alcanzar su independencia completa separándose de la tutela política y fiscal de la ciudad: exigen jurisdicción territorial con cabildo propio.

Desde fines del siglo XVI hasta los años finales de la Colonia hacia 1820 las políticas oficiales actuaron en los campos en beneficio de “los libres” y en detrimento de los resguardos, los pueblos de indios y sus comunidades.

Durante más de dos siglos, las agregaciones, reducciones y traslaciones, fueron los instrumentos legales de su despojo y deportación. Pero sus vencedores libres de la parroquia vuelta villa tendrán siempre que enfrentar en prolongados pleitos la negativa de la ciudad y su cabildo.

Quizás el caso más precoz sea aquel de la villa de Leiva, satélite desprendido de Tunja en 1572, mediante la creación de una pequeña colonia de unos treinta labra-dores pobres que el Cabildo emplaza legalmente en su jurisdicción, y en tierras de naturales y resguardos de encomenderos tunjanos.

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La villa exige una jurisdicción y esta siempre mutila el territorio de una ciudad, con lo cual el cabildo de esta protesta: se inicia un largo pleito de límites de jurisdic-ciones. Aquel que enfrenta la ciudad de Caloto al pueblo de libres de Quilichao, se desata hacia 1750 y no había culminado en 1825. Aquel que enfrena a Socorro con San Gil persiste desde fines del siglo XVII hasta los primeros años de la República. El cabildo de Buga enfrenta la secesión que afecta sus extremos norte y sur, en Tulúa y en El Palmar de Llanogrande, con nuevas parroquias luego pidiendo su erección en villas: solo lo lograrían con la Independencia.

El temprano caso de Medellín ilustra como el empuje de los libres expulsó los aborígenes de sus cultivos primero y luego de sus casas urbanas. El expulsado se torna expulsor, el oprimido se convierte en opresor. Los libres del Aburrá no son hijos de conquistadores de Santa Fe sino desclasados configurando el residuo social que dejo la empresa. Son comuneros que tendrán que abandonar la ciudad y emigrar para con-seguir tierras que deberán labrar ellos mismos.

Fernando Botero trató de reconstruir el destino del campesinado de los naturales. Nos informa (Citando un trabajo de Beatriz Patiño) que en el resguardo de San Lorenzo hubo hasta 80 indios tributarios (entender 80 familias) pero que hacia 1660-70 “sólo quedaban tres”; y que fundada la villa “algunos grupos indígenas fueron trasladados a un resguardo que se les otorgó en el pueblo de La Estrella”. Es decir una vez más despojados de las tierras planas o de pie de monte, y nuevamente deportados a un sitio asignado -más que otorgado- y mandados al exilio en una zona de laderas. Luego La Estrella se convirtió en pueblo de libres y a finales del siglo XVIII contaba con “87 matrimonios entre libres de varias castas e indias”.

Mientras tanto, erigida la villa se descubrió que “había casas de nativos en el marco de la plaza”. Uno de los primeros actos del cabildo de la villa a fines del siglo XVII fue expropiar y expulsar los indígenas radicados en el recinto urbano. Pero la muy discreta información documental calla los medios utilizados para su desalojo de la plaza mayor. (B. Patiño). Lo cierto es que expoliados de sus sementeras cincuenta años antes los abuelos labriegos, sus escasos nietos terminan expulsados de la villa y exiliados en el arrabal del camellón de los Guanteros. No obstante, según Luis Latorre

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“muchos de ellos volvieron a pesar de todo” y durante el siglo XVIII seguían algunos aborígenes infiltrados y dueños de casas en el recinto urbano.

Se trata para nosotros de un acontecer importante siendo que inicia el despojo urbano de aquellos perseguidos y expoliados anteriormente del campo. Otra vez se comprueba la unidad territorial de una tradición del destierro que transita de un hábitat a otro a lo largo de varios siglos, y que hoy sigue siendo práctica cotidiana en la ciudad colombiana contra los refugiados del campo vueltos invasores.

El caso de Medellín ilustra unos tempranos mecanismos articulados de despojo

agrario y luego urbano, mediante operaciones planificadas contra los pobladores

pobres residenciados en la zona estratégica del centro de la ciudad.

1- Se parte de una ley indiana sobre la obligada segregación espacial “de ambas

repúblicas”.

2- Aquellos que la violaron son ahora los que argumentan su necesario respeto.

3- Es con el apoyo del Derecho, y luego con el apoyo estatal, que se logra el despojo

y el destierro hacia los arrabales.

Persisten los mismos mecanismos en el modelo moderno.

1- Se parte de una teoría urbanística, en este caso importada de Paris y respaldada

por la operación Haussman.

2- Sobre esta construcción ideológica, se realiza la alianza entre el Estado y los

especuladores privados al acecho.

3- Se acude a la coerción, y si es necesario a la violencia y las armas, para lograr

el desalojo.

4- El Estado queda encargado (y encartado) del “traslado” de los desterrados hacia

los suburbios.

5- El Estado entrega el centro limpiado y descontaminado a la especulación y al

sector social beneficiado por “la renovación”.

6- La renovación urbanística y arquitectónica culminó en una renovación

social.

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La operación de Ospina y Mazuera en Bogotá después del 9 de abril, y hoy aquella de San Victorino y El Cartucho, ilustran esta alianza y su persistencia histórica. Ingresa luego en Medellín con Cisneros-Guayaquil, se asoma en San Nicolás de Barranquilla y ahora en el Hoyo-Piloto de Cali.

De regreso al siglo XVIII, no faltan casos como aquel de Bucaramanga. Re-spetando en todo el Derecho y obedeciendo una prescripción de la Corona las autoridades, actuando “para el amparo y la protección de los naturales”, les habían dado tierras y pueblos prohibidos a los españoles. Pero cien años más tarde son es-tos últimos quienes después de haber invadido resguardo y pueblo, vueltos mestizos configuran la mayoría de la población. Es cuando acuden a la misma norma real de segregación de “ambas repúblicas” para solicitar en su beneficio y lograr, la expul-sión de los últimos nativos radicados en el poblado vuelto de libres, y el remate de sus diminutas sementeras de las vecindades. Es con pueblos de indios expropiados y expulsados que se hacen las villas de libres.

Esta dialéctica del expulsado-expulsor se verifica como fenómeno general y tiene un caso ejemplar en el proceso involucrando Vélez-Girón-Bucaramanga. Es así como Girón se inicia en el siglo XVI como Real de minas a orillas de un pequeño tributario de la cuenca alta del río Lebrija cargando arenas auríferas. Pero luego en esta encomienda de un fundador de Pamplona se van radicando y poblando unos tránsfugas pobres de Vélez; mientras tanto a poca distancia quedó el pueblo de indios de Bucarica, en tierras del encomendero. Hacia 1638-1640 Girón se emplaza defini-tivamente y es erigida en ciudad con cabildo, y en la meseta vecina sigue radicado el pueblo de indios de la encomienda.

Pero situado Girón en jurisdicción de Pamplona, tendría que enfrentar a lo largo del siglo XVII prolongados pleitos con los cabildos de Pamplona y de Vélez, cada una reclamando jurisdicción sobre el lugar. Más tarde, en la disputa Girón-Bucaramanga se evidencia como los libres de Girón son ahora los que quieren despojar los mora-dores del antigua pueblo de indios, donde los llamados vecinos y las autoridades se beneficiaban del lavado de oro corrido. En 1728 se manifiesta un temprano embate de los libres de Girón hacia el resguardo de Bucaramanga, apoyado en este argumento

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que le sobran tierras a los naturales siendo que su número disminuyó y “porque so-brándoles mucha tierra, la tienen arrendada a mulatos, mestizos y españoles”.

En 1778 el Fiscal de la Real Audiencia Francisco Moreno Escandón decreta la extinción del pueblo de indios de Bucaramanga “que de pueblo sólo tenía nombre”, el destierro de los nativos y su agregación en Guane al igual que los de Onzaga y Curití. Esta agregación culmina con el remate de los resguardos promovido por este funcionario, “ya que los indios eran meros usufructuarios mas no propietarios” (A. Guzmán). Al poco tiempo se realiza la venta y legaliza el traspaso, de las tierras nuevamente realengas, “a los españoles y gente de color” de la nueva parroquia de libres de Bucaramanga.

El Fiscal termina revelando los fines fiscales y tributarios del asunto: “…siendo estas tierras las más aparentes para las siembras de los tabacos, a que

conviene se destinen, para el arreglo y adelantamiento de la Renta” (F.Moreno). Sin tardar se inician continuos litigios y por los más diversos motivos de com-

petencias, entre las autoridades de Bucaramanga en busca de autonomía y aquellas de Girón que la están negando.

Se multiplican episodios similares en toda la región y se plasman en el nacimiento y el transcurrir de Charalá, Oibá, Curití, Girón, Bucaramanga, San Gil. En el caso de El Socorro se señalaba además “la necesidad de crear un pueblo de frontera en la lucha contra los indígenas Yariguies…nómadas y guerreros, fueron los que más resistieron a la conquista española” (A. Guzmán).

En el AGN los Fondos de Cabildos y de Poblaciones registran numerosos remates de resguardos en subasta pública hacia fines del siglo XVIII, y Germán Colmenares menciona los compradores beneficiados. Esta liquidación comercial de los resguardos siempre termina con el despojo y el destierro de sus moradores.

Curití.

En ciertos casos la agregación obligada de nativos radicados en tierras planas los lleva a un resguardo en topografía quebrada y lomas, o en clima distinto. El es el caso

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de la agregación de “parcialidades” dispersas alrededor de Curití sitio escogido en 1617 para su “reducción”. Los naturales protestan:

“..Si nos poblamos en el sitio de Curití o en el de Macaregua nos vendrá de ello muy gran inconveniente porque nos mudaran de tierra caliente a tierra fría...y no nos pudié-ramos sustentar en dichos sitio”.

En 1784 un documento (al parecer del gobernador) indica lo que luego sucedió en Curití:

“..Desde la creación del pueblo, siempre ha habido en él mezcla, libre y franco comercio con los españoles, viviendo y morando ellos en el dicho resguardo…no sólo hemos morado con los blancos, sino que la mayor parte del pueblo está casado con los de aquella clase”.

De la misma época, en otro memorial se reitera que “hace mas de siglo y medio que frecuentan los españoles mezclados con los indios y casados unos con otros…tiene el pueblo 49 indios…diez de ellos son casados con españolas; y 16 de las indias son casadas con blancos (entre) 434 vecinos españoles”.

Cuando en 1668 un hacendado hace donación de un predio para fundar a San Gil, gestiona su erección en villa aduciendo el creciente poblamiento español en Guane , infringiendo los invasores las leyes, siendo este pueblo de indios: señalando también la zona como “un refugio de delincuentes” por la falta de control de la lejana justicia de Vélez. Enfrentando las tercas negativas del cabildo de Vélez solamente en 1689 se lograría la erección de la villa, confirmada por la Corona en 1694. Deslindados sus “términos” en 1696, entra en 1713 en un pleito de linderos con El Socorro, el cual no había culminado en 1775. Era entonces este un típico caso de enfrentamiento de tierras y de “términos” oponiendo varios sectores y grupos de intereses en el seno del estamento de los libres.

Asimismo, Moreno fue artífice en 1778 (20 de julio) de la agregación a Guane de los indios de Onzaga, Bucaramanga y Curití. En este último pueblo que “desciende según se dice de los sirvientes de un encomendero que casaron con indias Yariguies” constata que los indios no pasan de 231 individuos mientras suman los “vecinos españoles…719 almas de comunión, que viven mezclados”. Por lo tanto:

“…por la cortedad del número de indios…se ha mandado a extinguir”.

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En cuanto a los medios de “su translación” deberán “efectuarla sin dilación, con apercibimiento de que si no la ejecutaren…se les compelerá a ellos, expulsándose-les, y destruyéndoles sus ranchos serán conducidos a este de Guane en que deben habitar…”

Sigue un forcejo jurídico de varios años pero concluye Ángela Guzmán:“…después de un tortuoso proceso de agregación-segregación Curití se extingue

como pueblo de indios, convirtiéndose en pueblo de vecinos blancos; las tierras de su resguardo son puestas a remate”.

En las jurisdicciones de Vélez, Pamplona y luego en Girón, San Gil y El Socorro, todos los pueblos de indios tendrían el mismo ocaso; la misma suerte y la misma muerte. Desde Bogotá se decidió su destino y se manda el fiscal para notificar a los nativos su despojo y su destierro, en un lenguaje administrativo que suaviza la violencia de las leyes, disimulada y apenas perceptible en la elegancia de las palabras.

En el pueblo de los libres los últimos nativos desterrados se convierten en un sub proletariado miserable de arrieros y cargueros, peones, aguadores y leñadores, sirvientas y lavanderas, al servicio de los llamados españoles. Perdida su libertad por la dictadura de las autoridades, carcomidos su ámbitos y sus hábitats por la codicia de los forá-neos, desintegradas la cohesión y la unidad de sus sociedades por su dispersión, su deportación y su marginalidad en los guetos de las reducciones, erosionada su cultura y vuelta añicos por la acción de la Iglesia, las comunidades aborígenes se diluyen, olvidan hasta su larga historia y su idioma, y se desvanecen silenciosamente en el mundo de los libres.

Surgida siempre en los confines sin administrar de una jurisdicción, y en un lejano “partido” rural en proceso de poblamiento agrario siempre incontrolado, muy disputado y conflictivo, la parroquia de mestizos libres se torna rápidamente antagónica y rival del cabildo de la ciudad: lo tendrá que enfrentar para lograr su reconocimiento social y su autonomía política y territorial, mediante su erección en villa. Asimismo, el nacimien-to de la villa de libres casi siempre culmina con la extinción de los últimos hábitats aborígenes y la desaparición de sus sociedades.

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Si algo revelan los archivos es el carácter puntillosamente jurídico que opera para lograr la expropiación y desalojo de una comunidad en beneficio de otra, culminación de prolongados pleitos e interminables procedimientos de absoluta legalidad. Se recurre a una violencia de clase siempre originada en intereses materiales, pero cuidadosamente amparada por un verdadero arsenal de leyes, normas y prescrip-ciones que hacen inútil el recurso a las armas. Aquellos ejecutores del despojo no son soldados mercenarios analfabetas sino jueces oficiales letrados y funcionarios civiles o tinterillos, además respaldados por autoridades religiosas encargados de velar por el respecto de la justicia y “la moral”.

El poder político urbano y sus instituciones son los “gerentes” encargados del amparo del poder económico establecido en los campos. Los conflictos que estallan en las tierras entre los trabajadores del campo, bien sean estancieros minifundistas, agregados en arriendo, labradores de posesiones o terrazgueros, contra los terratenientes ausentistas, se “administran” en las oficinas oficiales urbanas donde reinan estos últimos. Allí se dictan las normas que garantizan su propiedad y de allí llega, si es necesario dada la agudeza del enfrentamiento, el poder armado indispensable para el despojo violento.

En otras circunstancias se logra el objetivo acudiendo al arsenal jurídico como ocurrió en Tuluá o en el resguardo de Yumbo. En este contexto, es del despojo de un rancherio de indios libres como resultado de una alianza entre expulsores y clérigos vueltos especuladores de tierras y urbanizadores, que brota hacia 1780 la aldea caucana de los “vecinos libres” de Tuluá, culminando con el “traslado” de los expoliados hacia el pueblo de indios de Riofrío.

Con toda evidencia, hacia fines del siglo XVIII el “pueblo de indios” de Yumbo se está mutando en aldea de mestizos pobres. Las sucesivas “composiciones” fiscales habían provocado la descomposición y la unidad social de la comunidad aborigen original, y presentaba su hábitat una marcada reducción territorial de su “reducción”.

Pero la historia no para allí, y no se detiene tampoco con la Independencia. De hecho, la ofensiva final contra los últimos resguardos de la región culmina durante el siglo XIX, bajo una república que perpetúa sin mayores cambios las políticas

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coloniales. Apoyada esta en la teoría libertadora de la igualdad, “siendo que hoy no hay indios” se logra en menos de cien años lo que no alcanzaron tres siglos de yugo español.

Pero después de resistir todo el siglo XIX a los terratenientes caleños, la comunidad sería vencida por el ferrocarril anunciando el futuro capitalista e industrial del sitio. Derrotada en un último acto de resistencia legal y por un fallo, en 1922 el municipio está vendiendo en subasta pública las tierras cedidas en forma gratuita por “la comunidad”. De la parcialidad, del resguardo y del hábitat aborigen prehispánico, no quedaban más que unas escasas huellas de su arte escultórico y unos petroglifos esparcidos en los rastrojos de las laderas de Yumbillo y Mulaló.

La costa Caribe.

En la Gobernación de Cartagena y hacia mediados del siglo XVIII las tres cuartas partes de la población estaba radicada en los montes y ciénagas de Tierradentro. La colonización popular del hinterland, de los montes, llanuras y ciénagas, se asocia con el temprano desarrollo del cimarronismo, tanto aborigen kuna, chimila o guajiro como de esclavos negros, y el subsiguiente proceso de mestizaje biológico sobre el cual descansa el nacimiento de un campesinado independiente, de pequeña producción familiar de pancoger.

Hacia 1730-1740 se conjugan varios factores presionando hacia la conquista primero, y luego a la organización territorial, de la región de Tierradentro, aún no controlada, ni mucho menos administrada por las autoridades españolas. En primer lugar hacia 1740 Cartagena todavía padece unas cíclicas crisis de abasto en víveres. Aún no dispone de un suministro abundante y asegurado por parte de un “hinterland” rural estabilizado y próspero; se da esta paradoja de una ciudad importando ciertos víveres desde Cuba o Santo Domingo, cuando no desde España. Y se evidenció, durante el bloqueo de la armada inglesa en 1741, la situación precaria y muy vulnerable de una ciudad importando su comida por el mar. En segundo lugar, el aumento demográfico urbano se traduce en una mayor demanda de víveres en el mercado. El matadero local

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necesitaba veinte reses diarias: Cartagena consumía en un solo día más carne que Buga o Cali, en una semana. En tercer lugar, no faltan en la ciudad ricos comerciantes deseando adquirir tierras para, precisamente, formar hatos ganaderos, tanto para el consumo doméstico como para la exportación en la cuenca del Caribe. Otros vislumbran las perspectivas de exportación que ofrecen productos, como azúcares y mieles, algodón, cacao y tabaco. Otra circunstancia favorable es que el puerto, en un territorio elevado a la categoría de virreinato, entró a competir con su capital administrativa; varios virreyes, desdeñando el altiplano y la Sabana de Bogotá, fijan su residencia en Cartagena.

Actuando con la visión de un gobernador de provincia, pero con el poder absoluto, es desde Cartagena y en sus beneficios que el virrey Sebastián de Eslava, tránsfuga de Bogotá y residenciado en el puerto, promueve la conquista de Tierradentro.

Se trata de un proyecto económico de poblamiento territorial, incluyendo la participación activa del clero, y con varios objetivos que se exponen abiertamente en los documentos consultados. Por medio de “nuevos descubrimientos”, se busca la ampliación de las tierras en producción con el fin de incrementar la ganadería. El motivo radica en la supuesta necesidad de aumentar el abasto en carne de la ciudad de Cartagena, en donde los refuerzos de la guarnición para enfrentar los ataques de las armadas francesas e inglesas, incrementaron la demanda. En realidad este pretexto oculta que gran parte de la carne, salada o en tasajo, enriquece los mercaderes cartageneros y abastece el contrabando hacia el exterior.

Por consiguiente es preciso, en primer lugar expulsar de estas tierras a “los indios flecheros chimilas sublevados”, es decir, a una población indómita dos siglos después de que supuestamente concluyó “La Conquista”. Con este fin se reclutan milicias urbanas o pueblerinas, incluso liberando sus integrantes de las cárceles, “blancos pobres, mestizos y zambos” para las expediciones armadas, las incursiones y “entradas”.

Además, existe también la preocupación tanto de las autoridades civiles como eclesiásticas, de reagrupar a la diabólica población mestiza y zamba en pueblos, sacándola de los “montes” en donde viven “arrochelados” según sus “costumbres perversas” y “en libertad”, pecado mortal al parecer. El obispo de Santa Marta insiste en múltiples

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oportunidades, dando hasta lecciones de táctica militar, con el fin de “aumentar el cobro del diezmo”.

Por fin, con el refuerzo de compañías de mestizos o pardos y milicias de mulatos libertos, se reúne la fuerza militar que hace posible la empresa. En estas condiciones, la ciudad-fortaleza, por fin hacia 1740, se voltea para mirar a las llanuras del interior.

Las autoridades virreinales, en sus Informes, presentan al rey estas expediciones militares como operativos para “pacificar” o también “castigar” a aquellos que llaman los “bárbaros chimilas”; y en otros casos para “reducir a obediencia” a los africanos indómitos; pero no se escapan ni los libertos ni los mestizos; en resumidas cuentas, se trata de una larga y cruenta guerra de más de cuarenta años contra el campesinado independiente (José Solis, 1760).

Los medios radicales ordenados por el poder político y a solicitud de los mercaderes y latifundistas cartageneros, utilizados entre 1730 y 1780 por los nuevos carniceros de indios Pérez Vargas (funcionario), La Torre (capitán) y De Mier (terrateniente ganadero) y sus mercenarios paramilitares, se exponen al final de esta comunicación (José María De Mier).

El Chocó. Más de diez intentos de “entrada” al Chocó fueron “desbaratados” a lo largo del

siglo XVI por la resistencia del campesinado embera-kuna. Después de múltiples intentos frustrados de “pacificación” durante más de 150 años, la Corona ordena “entradas” en 1681 al gobernador de Popayán, y este a las autoridades de Cali. Entonces en esta ciudad el cabildo decide formar “cuatro compañías, una de españoles y mula-tos agregados, dos de mestizos, y la del mismo señor Caicedo, que sumaban trescientos veinte hombres”.

Esta ofensiva militar no tuvo mayor éxito y en 1685 la Corona presiona nuevamente la Gobernación de Popayán. En Cali, Buga, Popayán y Cartago, se forman con civiles varias compañías segregadas de españoles, mestizos, pardos, montañeses para la con-quista y del Chocó y “la pacificación” de los “indios bravos”. Algún que otro docu-

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mento queda de sus hazañas: atropellos, rapto de mujeres, expropiaciones de tierras, deportaciones de mano de obra, matanzas y atrocidades.

En 1688, desde “este pueblo de Lloró”, el Capitán Antonio de Veroiz da cuenta de la “pacificación” de la provincia de Citará emprendida en enero de 1687. También se refiere luego a una expedición de “pacificación” salida de Anserma en 1686.

Con estos prolongados operativos, apenas se logró crear unas bases mineras en Lloró y Negua; sin embargo, su explotación padece una penuria de mano de obra, y añade con marcado desencanto:

“Esta provincia, señor, no tiene tanta gente como la envidia ha publicado...”No es que la provincia esté deshabitada sino que “viven en retiros inexpugnables

los indios”. La dispersión de los habitantes es al mismo tiempo un peligro militar, y un factor de limitación de la mano de obra minera. Más adelante señala la provincia indómita de Tatamá en donde “...viven en retiros inexpugnables los indios”, y para con-seguir “su poblazón” (entender “su reducción a pueblos y a son de campana”, es decir su agrupación con fines laborales y doctrinales) recomienda el envío de “dos sacerdotes de buenas y sanas costumbres y vida”. El memorial deja en claro la existencia de dos pueblos, Lloró y Negua. Son el reino asociado del corrupto corregidor y del cura de doctrina.

Según el autor, Lloró “es el mejor por haber en él ajusticiado, el maestro de campo don Juan de Caicedo, más de treinta indios de los más soberbios, que al enfermo del accidente violento siempre le aprovecha la sangría”.

Los pormenores de la conquista del Chocó y de las sangrientas hazañas de sus protagonistas quedan regados en numerosos textos.

Valle del Cauca.

A lo largo del plan del valle del Cauca, desde fines del siglo XVIII iba creciendo el poblamiento de colonos libres estancieros, tabacaleros y trapicheros, en las zonas bajas, cenagosas, silvestres y baldías. No tarda la reacción de las autoridades locales y de Popayán, para detener esta inesperada recomposición territorial popular y para controlar el campesinado ilegal llevando una vida casi clandestina; refugiado en sus diminutas “posesiones” boscosas, configurando los guaduales verdaderos “palenques” multiétnicos.

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Es cuando, contra la amenaza de esta especie de tímida “reforma agraria” popular se realiza la alianza entre alcaldes, párrocos y terratenientes, llegando a configurar en varios lugares y casos un eficiente aparato de expropiación y una trilogía del despojo y del destierro. En busca de nuevos contribuyentes el alcalde y su policía persiguen “contrabandistas” trapicheros y tabacaleros. En busca de almas feligreses y estipendios el cura hace la cacería a los “amancebados de los montes”. En busca de mano de obra fugitiva y para recuperar el dominio de sus tierras, los hacendados se unen a las campañas contra “los invasores y malhechores” del temido “monte oscuro”.

Un triple beneficio se percibe, tributario para la administración bugueña, económico para los hacendados “invadidos” o expropiados y además perjudicados en sus negocios de tierras por la presencia de las “posesiones” de los “colonos”, operativo para la Iglesia en trance de evangelización centralizada y de parroquianos agrupados. Solidarizados por intereses diversos, se unen en una sola propuesta y una misma solución: para lograr o recuperar el control social y territorial, es preciso acabar con la dispersión del campesinado mediante su “reducción a pueblo y a son de campana”.

Es en esta “encrucijada” de la historia y del espacio, de la sociología rural y de la economía agraria que encontramos -y por igual en varias regiones del país- el sur-gimiento de numerosas aldeas nuevas en el Valle del Cauca, a ambas orillas del río y a lo largo del “camino real” desde fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. Su auge y su éxito se plasman en su erección como parroquia, reconocimiento posterior como “villa” en algunos casos (Quilichao, Palmira); y luego con frecuencia su ascenso a cabeceras de nuevos municipios. Este proceso culmina hacia 1900-1910, y se manifiesta en el espacio mediante la nueva estructuración política y territorial de la región, con más de veinte municipios surgidos en tierras planas y en la jurisdicción de las viejas ciudades de Cali, Caloto, Toro, Buga y Cartago.

El Cerrito.

Terminadas las guerras de la Independencia se inmediato se están gestando otras.Inexplicablemente, los libertadores no expropiaron el latifundio colonial, no lo

alteraron y ni siquiera lo tocaron; sencillamente lo ignoraron. Por el contrario toman unas medidas que lo van a reforzar a lo largo del siglo XIX.

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- Recompensan y premian los generales “próceres” con títulos de tierras de la Nación.

- Autorizan las “revalidaciones de títulos vencidos” para los latifundistas con escrituras coloniales.

- Cancelan las deudas de guerra a su financistas con “bonos de deuda pública” que se transforman en adjudicaciones de baldíos de la Nación.

Terminando el siglo XIX el latifundio de la República había tomado aire nuevo e impulso; se hallaba expandido y fortalecido: y era aún más conflictivo que cien años atrás.

Este es, en forma de rápido esbozo, el contexto socio-histórico y territorial de una contra reforma agraria terrateniente en el cual se inscribe el nacimiento del caserío del Cerrito hacia 1825-1830; típico caso de una “reducción” perpetuando la ideología colonial en tiempos de la República. Surge como producto de una alianza entre un párroco sin parroquia y en procura de feligresía y estipendios, y de un terrateniente que estaba perdiendo el control de sus haciendas sin cultivar donde se iban radicando labriegos sin tierras. Cuando termina la operación ambos socios lograron su propósito. Despojada por engaño una campesina algo beata, el cura consigue capilla y parroquia, mientras el hacendado inicia la venta de solares a los pequeños estancieros de los alrededores.

La aldea experimenta una notable y breve consolidación hacia1860-70, seguida por un prolongado estancamiento de su “sociedad parroquial” (Diego Carvajal). Solo se despertaría el pueblo campesino vuelto refugio de desterrados de las laderas en los años de 1940-1960, para tornarse campamento obrero agro industrial con inquilinatos, y cercado por la caña de los ingenios azucareros.

En las tierras planas del valle, entre La Virginia y Quilichao veinte poblados de colonos labradores tendrían, después de una larga resistencia y muchas confrontaciones, el mismo desenlace.

En el caso de Puerto Tejada y de varias cercanas aldeas de colonos libertos y comuneros manumisos (analizado por nosotros en dos publicaciones de 1980 y 1994), es con la alianza en tenaza de latifundistas en apuros, de alcaldes y gobernadores,

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y de párrocos en busca de “congregación a son de campana”, que se busca la “reducción” de los labriegos “de los montes” hacia 1890-1900.

Para lograr la contra reforma latifundista, había que despejar las tierras amenaza-das por el campesinado de manumisos regado en predios de “comuneros”. Con este fin, desde 1850 y durante un siglo acudirían los expulsores a las policías locales, a las bandas armadas de los terratenientes caleños o payaneses; e incluso al ejército nacional en 1920-25 y 1948 mandado desde Cali contra “los malhechores y los comunistas”, como lo reconocía Rojas Pinilla en 1959 en el Capitolio.

La colonización derrotada del Pacífico.

Sin la correlativa “liberación” del suelo, quedaba mocha e incompleta la ley 21 de mayo de 1851. Sin “piso” seguía ilusoria la libertad absoluta de los hombres; privados de la tierra, solo ganaron la libertad relativa de marcharse para buscar un lugar propio con medios de subsistencia. El primero de enero de 1852, el manumiso se entera que quedó sin tierras y sin aguas de mazamorreo, sin comida, sin ropa, sin enseres, sin herramientas y que tendrá que mudar su miserable choza a otro sitio. Ganó una inde-pendencia con la cual puede libremente y democráticamente morirse de hambre o frío. Como si fuera poco, aparece el amo con tinterillo o Inspector de Policia para informar al liberto que sus ancestros y el mismo vivieron “arrimados” en una choza levantada en propiedad ajena y que ahora debe desalojar. Le notifica que para quedarse en el lugar tendrá que pagar alquiler a su ex amo o sus herederos, siendo que siguen dueños del antiguo real dado en concesión por el monarca.

Enmarcada por esta contradicción entre libertad formal y libertad real, se inicia una nueva era de atropellos, despojos y destierros que provocan la movilización masiva de “los libres”, su salida de los antiguos reales, su largo deambular por los ríos que culminaría con la colonización agraria endógena y extensiva de las cercanas tierras selváticas, tanto fluviales como costeras. De estas contradicciones y en medio de numerosos antagonismos y conflictos, nace el campesinado neoafricano del Pacífico, gestor de una nueva formación socio-espacial regional.

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En cuanto a los mecanismos del destierro en las zonas mineras tradicionales, se verifica el uso por la clase dominante de un variado catálogo de prácticas expulsivas para conseguir el despojo y el destierro de los autóctonos, bien sean estos aborígenes amerindios o neoafricanos. Sutiles o directas, diversas formas de presión y de expulsión originaron los traslados voluntarios u obligados de la población. En un largo catálogo de modalidades, destacan las fechorías legales más frecuentes;

- Desde la guerra de Independencia hasta 1903, las múltiples contiendas armadas por el poder perturban en los ríos la tranquilidad del campesinado-mazamorrero, y afectan la vida económica en los centros de acopio y comercio del oro. Objetivos más económicos que militares, estas localidades son el blanco predilecto de ataques y enfrentamientos que se libran en Anchicayá, Raposo y Buenaventura, Tumaco y Barbacoas, Tadó, Lloró, Nóvita, Quibdó, etc. Se caracterizan por el reclutamiento forzoso de jóvenes esclavos o libertos, y por los desmanes de la soldadesca: entre ellos el pillaje o el incendio de pueblos, el saqueo de tiendas - llamado “confiscación” -, la “expropiación” de las minas del enemigo, y la extorsión de los comerciantes com-pradores del oro bajo el disfraz de “impuesto de guerra”, etc.

- Desalojo por compra a precios irrisorios. Desde 1830-1840 se inicia el asalto de los primeros mercaderes extranjeros desde el nuevo puerto marítimo de Buenaventura. Invierten sus rápidas ganancias en la compra de los placeres y vegas cultivables del Raposo ocupadas aun por comunidades de estancieros y mineros libertos o manumisos (los ríos Dagua e Anchicayá, luego Cajambre y Mallorquín).

- El soborno y la extorsión. A partir de 1850-52, expropiados los latifundistas es-clavistas por manumisos y libertos, acuden los amos a la misma táctica que consiste en nombrar “administradores” locales encargados de cobrar terraje o arriendo, cuando no “concierto” a los “ocupantes” con amenazas de desalojo: así actúan los herederos de los Cuesta en Bebará-Aguaclara-Tauchigadó, los Mayolo en el río Cértegui, los Angulo y sus descendientes - herederos y acreedores - en la cuenca del río Naya, los Mosquera-Arboleda en sus minas de San Pablo (alto San Juan, Raspadura e Istmina) y del río Timbiquí, los Díaz del Castillo en Barbacoas (ríos Telembí-Guelmambí). Otros obligan los ocupantes campesinos a comprar “pedazos”, o venden parte de sus propiedades a comerciantes foráneos o extranjeros.

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- Expulsión de los mazamorreros por venta de sus posesiones, incluidas estas en los globos comprados por las empresas mineras.

- Negación de las solicitudes de adjudicaciones de baldíos presentadas por campesinos nativos del lugar, en zonas de recién concesión a extranjeros.

- En todos los ríos con extracción mecanizada, es aun visible el despoblamiento y la destrucción por las dragas de las riberas y platanares, lo mismo que la inutilización agraria de las tierras cubiertas con el cascote y el canto rodado.

- Autoridades locales e inspectores de policía otorgando la legalización tierras de minas tituladas por extranjeros, y notificando el desalojo de los “colonos” raizales.

- Autoridades departamentales titulando minas denunciadas, en terrenos ocupado desde la Colonia por familias de campesinos y mineros de batea.

- Autoridades nacionales negando títulos de baldíos al campesinado en zonas de “denuncios de minas” o de concesiones que se titulan a empresas extranjeras.

- Herederos de latifundistas en apuros o endeudados, fraccionando el fondo original con ventas de partes a especuladores urbanos, y luego vendiendo nuevamente la totali-dad a una empresa capitalista extranjera, sin considerar sus compradores anteriores, ni tampoco los campesinos-mineros radicados en el fondo.

- Múltiples reclamos y demandas de compradores de “pedazos”, o de empresas extranjeras engañadas por títulos falsos de los vendedores.

- Compras de posesiones y platanares a campesinos-mazamorreros, por sumas irrisorias.

- Revalidaciones de títulos coloniales caducos, dilatándolos hasta abarcar la totalidad de una hoya.

- Terminada la guerra de los mil días la historia se repite cuando Rafael Reyes decide premiar sus amigos y generales con recompensas en tierras nacionales. (De Mares, Cicerón Castillo, J.J. Restrepo, Virgilio Barco, entre otros).

Concesiones mineras de Rafael Reyes (1906-1908) a especuladores intermediarios, en zonas pobladas con mucha anterioridad por el campesinado-mazamorrero.

- Pueblos y vecindades de Bagadó, Cértegui, Istmina, Tadó, Condoto y Andagoya, vueltos enclaves colombianos en concesiones extranjeras, y asfixiados por el cerco de los dragados.

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- Asalto de la Chocó Pacífico contra el perímetro urbano en Condoto, o en Cértegui donde una empresa extranjera vende terrenos al municipio colombiano de Tadó.

- Compañías mineras extranjeras negando las facultades de las autoridades municipales sobre centros urbanos y otros pueblos, como en Condoto. En el río Timbiquí control por una empresa extranjera con reglamentos dictatoriales en cuatro pueblos “privados” y sus autoridades y policía, pagadas por la empresa y a su servicio. (A. Tirado)

- Autoridades municipales y de policía puestas al servicio incondicional de los expulsores.

- En las grandes concesiones extranjeras, permanentes conflictos entre los empresarios y los comerciantes y cacharreros que explotan el personal de la empresa en sus tiendas, cantinas y juegos de azar; casos de la Chocó-Pacífico en Condoto y Andagoya, o de la New Timbiquí Gold Mine, en el Cauca.

- A solicitud de un extranjero denunciando unas minas, las autoridades solicitan que pague el mantenimiento de la fuerza pública necesaria para la expulsión de aborígenes.

- Sacerdotes venales titulando minas o negociando su venta con extranjeros, y párrocos puritanos y despóticos presionando el desalojo de mineros-campesinos.

- Hechos de sangre siguen la huella de la penetración extranjera: en 1866 en Barbacoas, en las minas de Timbiquí en 1909, o en Condoto y Andagoya.

- A partir de 1850-52, expropiados los latifundistas esclavistas por manumisos y libertos, acuden los amos a la misma táctica que consiste en nombrar “administradores” locales encargados de cobrar terraje o arriendo, cuando no “concierto” a los “ocupantes” con amenazas de desalojo: así actúan los herederos de los Cuesta en Bebará-Agua-clara-Tauchigadó, los Mayolo en el río Cértegui, los Angulo y sus descendientes - herederos y acreedores - en la cuenca del río Naya, los Mosquera-Arboleda en sus minas de San Pablo (alto San Juan, Raspadura e Istmina) y del río Timbiquí, los Díaz del Castillo en Barbacoas (ríos Telembí-Guelmambí). Otros obligan los ocupantes campesinos a comprar “pedazos”, o venden parte de sus propiedades a comerciantes foráneos o extranjeros.

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- La Iglesia Católica, los párrocos locales, los misioneros de las Prefecturas Apostóli-cas, participan activamente en múltiples formas de explotación y persecución del campesinado aborigen o neoafricano; muy a menudo son artífices de su expoliación y traslado hacia modernos “pueblos de indios” o “pueblos de doctrina” del siglo XX.

- Efectos perversos y divisionistas, de la acción capitalista sobre la ancestral solidaridad de las comunidades domésticas parentales. La política de empleo de las compañías erosiona su unidad cuando enganchan un nativo; trabaja este para la empresa y contra sus parientes, es decir en terrenos arrancados a su propia familia. Lo mismo ocurre cuando la empresa compra a un individuo en apuros o una anciana iletrada, su parte de un indiviso que era patrimonio colectivo de una parentela extensa.

- El Estado siempre colaboró con los expulsores y los apoyó de diversas maneras. Un proceder consistía en negar adjudicaciones de baldíos a pequeños estancieros, aduciendo la apresurada revalidación de títulos por propietarios ausentistas y carentes de dominio efectivo. Más expédito resultó, en diversos lugares y situaciones, suministrar su guardia pretoriana al servicio de los extranjeros -incluso pagada por ellos-, contra el campesinado colombiano.

- Es desde los centros urbanos que la nueva burguesía urbana mercantilista, en alianza con las instancias estatales lanza los operativos legales o violentos de presión y desalojo en minas y campos.

- Cuando se agudiza el enfrentamiento entre el campesinado agredido y las em-presas mineras extranjeras, estas últimas siempre exigen y consiguen el apoyo de las autoridades civiles locales de represión, de justicia o de policía: inclusive para efectuar manu militari la expoliación y el desalojo de los “ocupantes”. Numerosos eventos cruentos y despojos violentos con apoyo oficial o policial se registran en el bajo Atrato (1896), más tarde en Cértegui, en Condoto repetidamente entre 1910 y 1923, en Zaragoza (río San Juan de Micay) hacia 1915-20, en el río Naya de manera continua, en la cuenca del Timbiquí entre 1905 y 1914, donde resulta la policía local al servicio y sueldo de la empresa minera: estos casos para no citar más que unos aconteceres documentados.

Con tantos adversarios confabulados y coligados en procura de su desalojo, muchos libres se marchan...Para los pueblos del Pacífico, concluida la larga era de la domi-

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nación feudal se iniciaron los tiempos de la expulsión capitalista, y de nuevos su-frimientos. Eso en medio de una total indiferencia de los gobernantes, inclusive con su apoyo y su complicidad.

Finalmente, de las tensiones y del acoso, de numerosas controversias de propie-dad, de continuos conflictos entre campesinos y autoridades, salieron corrientes de desterrados que fueron la materia prima de un nuevo tipo de poblamiento agrario y expansivo. Los desposeídos y desarraigados iniciaron una larga trashumancia que culminó con el paso y el salto cualitativo hacia la moderna formación socio-espacial campesina, multiétnica y solidaria, plasmada ésta en un renovado mapa del po-blamiento territorial del Pacífico, hoy vivo y vigente.

Ocho generaciones de manumisos, de “libres” y su descendencia trabajaron para integrar una nueva región agraria al país. Pero diez años fueron suficiente para derribar una ley y agredir con una “contra reforma agraria armada” “los títulos colectivos” del campesinado indefenso del Pacífico. Un siglo y medio después de la ley 21 la historia se repite, y en las tierras y selvas del Pacífico se prendió una lucha desigual entre la inofensiva y desarmada ley 70, y las motosierras asesinas del nuevo latifundismo.

El epilogo es aquel de siempre: legiones de desterrados aterrorizados buscan refu-gio en Quibdó, Tumaco o Buenaventura; los refugiados terminan integrando los destechados y el sub proletariado callejero de Cali o Medellín.

La colonización de baldíos.

La República no formuló ninguna política agraria novedosa o de ruptura; pero si de continuidad del orden colonial. Es así como siguió usando la práctica de la Corona que desde la conquista premiaba los mejores “carniceros de indios” con mercedes de tierras. De hecho no expropió ni alteró, ni siquiera tocó el latifundio colonial; sencillamente lo ignoró.

Es más, se reprodujo y se amplió con las recompensas a los generales “próceres”, per-petuando las mercedes reales del siglo XVI, como por ejemplo para el general Cancino en

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el Valle, y al parecer para un tal José Antonio Mayolo en el Chocó, José Hilario López (en Rioblanco y el Caguán) , José María Obando (en Guaduas) , Tomás Cipriano Mosquera (en Popayán y la isla de Coiba) , Pedro Alcántara Herrán (Coiba) ; asimismo, con la política de las adjudicaciones a mercaderes, de baldíos de la Nación. Finalmente, el latifundio se fortaleció con las dudosas “revalidaciones de títulos coloniales vencidos”. (Arboleda y Mosquera en el río Timbiquí, los Caicedo en el Fondo de Búrila del valle del Cauca, etc.) (Francisco Posada).

Con la Independencia se hace un sencillo “juego de escrituras” con “traspaso de propiedad” a nuevos latifundistas vencedores para remplazar a latifundistas derrotados. Se cambia la forma de la propiedad sin tocar el contenido. La colonización de los baldíos de laderas en las tres cordilleras sería la respuesta popular al latifundio de la República y un intento de reforma democrática de la propiedad de la tierra.

Entre colonos y especuladores urbanos se inicia muy temprano la larga guerra de papel y escrituras de los baldíos en las tres cordilleras y los llanos del oriente, cuando los mercaderes que financiaron “los libertadores” reclaman su pago, y presentan al Estado sus “bonos de deuda pública”. La política de adjudicaciones latifundistas de los baldíos a partir de 1825 conlleva a una guerra agraria que se anunciaba hacia 1830-40, se desata hacia 1880, y con diversas carambolas duraría un siglo completo.

Párrafo particular merece la ola de fundaciones urbanas nacidas de la colonización de los baldíos de vertientes y que cubre, en términos generales, el período 1830-1940. Cada uno de estos poblados nuevos nace en medio de una variada gama de convulsiones y conflictos agrarios nada pacíficos, incluso armados.

En el triángulo cafetero central una verdadera guerra de clases enfrenta el campesinado con usurpadores de tierras, y prolongados conflictos envuelven la fundación de Sonsón, Aranzazu, Salamina, Manizales, Pereira, Calarcá, Salento, Armenia, Caicedonia o Sevilla, entre muchos. En algunas de estas contiendas intervienen bandas armadas por los latifundistas y en ciertos casos las guardas departamentales o el propio ejercito nacional.

En Manizales surgiendo con sus primeras chozas pajizas, los usurpadores y sus bandas de peones armados amenazan con el incendio del poblado y los colonos replican

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asesinando el latifundista que pretendía a su desalojo. En Sevilla los campesinos se enfrentan a pudientes políticos y estadistas del Valle usurpadores de 200.000 fanegadas (la Sociedad de Burila) radicados en Cali, quienes para contrarrestar esta fundación se apresuran a fundar Caicedonia, donde enseguida nombran autoridades de policía. El conflicto original entre ambas, ahora con rostro político, se llenaría de sangre en las décadas de 1940 a 1960; aún no ha terminado. En Pereira, la primera contienda de intereses entre especuladores radicados en Bogotá y colonos, adquiere luego claros rasgos de enfrentamiento racial entre los “negros del valle” y los “blancos antioqueños”.

Los conflictos entre “el hacha y el papel sellado” venían de tiempo atrás pero lle-garon a su máxima agudización a partir de la primera bonanza cafetera de los años de 1920-30. Faltaba la chispa que culminaría en contienda armada, de la cual se ad-vierten los primeros síntomas en los años 30 en algunas veredas. Su generalización ocurriría en el ambiente propicio de las décadas siguientes, entonces alimentada la contienda tanto por una nueva bonanza cafetera como por supuestos antagonismos de poder en el seno de la oligarquía; enmarcados los factores nacionales por la situación internacional del momento (G. Guzmán y O. Fals Borda).

La revancha del latifundio culmina con el uso de las armas y de una violencia que alcanzaría su máxima y crueldad entre 1945 y 1965. Cada pueblo nuevo es bastión de defensa de los colonos o base de ofensiva de sus adversarios. Se enmascara esta reali-dad dándole a cada uno una etiqueta política, y es en forma de cruzada moral que se generalizan los genocidios. Procesos similares llenan las crónicas de las luchas campesinas del Sumapaz, del Tolima o del Cauca en los años 20 y 30, y culminan en los años 40 y 50 con los asaltos a pueblos de las bandas de pájaros y chulavitas parapoliciales, y de las tropas mandadas por el gobierno desde Bogotá.

A partir de 1948 el Estado que “no hacia presencia (la ausencia del Estado, se dice) en numerosas zonas apartadas, delegó su presencia a un cuerpo de policía rural auxiliar formado por sus copartidarios más fieles de la sociedad civil. De ahí en adelante es este cuerpo paraestatal armado el que sustituye el ejército y acompañado por coop-erantes civiles armados, sale de las ciudades en los camiones del ejército para realizar en los campos la limpieza de las zonas contaminadas. No es que se infiltraron o pen-

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etraron las instancias oficiales del poder sino que emanan de ellas; le son inherentes como parte orgánica y extensión de su brazo armado. Son, en momentos álgidos de las contiendas sociales la legión pretoriana especialmente promovida por la clase en el poder para la defensa extendida de su Estado. Y son sus abusos, sevicias, arbitrariedades, fechorías y genocidios en los campos, los que llenaron la crónica y vida cotidiana de los colombianos durante veinte años (G. Guzmán y O. Fals Borda).

La colonización urbana.

Es durante este breve periodo que nutrida por los éxodos de los campos ocurre la máxima concentración urbana de la población del país.

Entre 1940 y 1970, las ciudades experimentan un crecimiento demográfico con tasas anuales alcanzando o superando los 6%, duplicándose con la inmigración la tasa esencialmente vegetativa de periodos anteriores. Mientras tanto, en los campos se estanca el poblamiento, con una tasa inferior al 3%, y con frecuencia, en ciertas regiones y comarcas disminuye hasta presentar saldos negativos entre dos censos.

El resultado territorial de esta guerra agraria que duraría veinte años se verifica en las cifras. Los centros urbanos del país sumaban 2.618.000 citadinos en 1938. Eran 9.093.000 en 1964 y 13.000.000 en 1973. De la diferencia entre la primera fecha y la última, resulta un aumento mayor de 10.000.000, del cual se puede afirmar que solo la mitad correspondía al crecimiento vegetativo tradicional y normal: pero aparecía un inexplicable excedente sumando 5.000.000 de nuevos citadinos. Esta cifra nos indica la dimensión y la intensidad de los éxodos del campo, ilustra la radicación forzosa de los desterrados en centros urbanos y ciudades de todo el país, convertidos en refugios de desterrados.

Adicionalmente, nuestros estudios socio-geográficos permiten afirmar que las regiones agrarias que más expulsaron población no eran las más deprimidas, sino por el contrario las más prósperas: no era la pobreza de los suelos sino su riqueza el motor de las migraciones. De hecho la región cafetera central experimentó entre 1950 y 1970 una duplicación de las áreas cultivadas mientras su población rural presentaba un

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marcado déficit en 1973 en relación con la población registrada en 1938. Es la misma región central donde más aguda, cruel y persistente fue la guerra agraria, y donde más se inflaron los centros urbanos periféricos. Y volviendo a nuestro punto de partida, estas situaciones nos proporcionan nuevas pistas para entender las peculiaridades de la ciudad colombiana moderna, ahora vista como ciudad-refugio y de colonización.

En estas circunstancias va surgiendo una ciudad que no resulta de la demanda de la economía pero sí de la sencilla aritmética demográfica, una ciudad-refugio muy rústica, en obra negra y sin estabilizar; con notable y el prolongado desfase que aun prosigue, entre cantidad y cualidad. Producto de un tránsito demasiado rápido desde el viejo país agrario y de aldeas hacia un país urbano sigue todavía en la fase meramente acumulativa de una población desarraigada y por tanto sin historia, tradición ni pasado urbanos, carente de la llamada urbanidad.

Barrancabermeja.

Hacia 1830, apenas lograda “la independencia” se precipitan sus financiadores, los mercaderes y especuladores nativos con “casas de comercio”, y los bancos extranjeros, para cobrar la cuenta a los “libertadores”. Presentan sus “bonos de deuda pública” que garantizaban el pago de los prestamos. Así se inicia la braderie (la feria) de las tierras nacionales y el triste episodio del latifundio de la República. Por carambola se asoma otra dependencia nacional con la entrega de títulos de tierras -verdaderos o falsos- a los mercaderes urbanos y otros aventureros y estafadores, que los “traspasan” más tarde a empresas extranjeras.

Referido a este proceso, el Opón-Carare y Barrancabermeja constituyen un concentrado de las contradicciones y conflagraciones de toda índole que encerraba; y de la persistencia de las contiendas durante más de un siglo. Barrancabermeja es un caso ejemplar para nosotros, siendo que concentra en su corta trayectoria todos los delitos e infamias.

Adicionalmente, los enfrentamientos ilustran la unión dialéctica territorial campo-ciudad. Asimismo se verifica el carácter también dialéctica de la concentración

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de fuerzas militares del Estado en 1923 en Barrancabermeja, convertida por el Estado la nueva ciudad en eficiente base armada de una doble represión; rural contra el campesinado de colonos y urbana contra el proletariado industrial apenas naciente. De esta manera el modelo reproducía fielmente la prescripción del capitán paramilitar y “carnicero de indios” Benalcazar en 1538:

“Son las ciudades que se fundan, la seguridad de los reinos por ser el centro donde se recoge la fuerza para aplicarla a la parte que más necesita de ella”.

En la trayectoria de la conflictividad se hallan enlazados en una secuencia continua, todos los ingredientes, temas y enfrentamientos que volveremos a encontrar en numerosas regiones y durante cien años.

- Con el libre cambio, la presencia y demanda externa de tagua, caucho o quina sumados al tabaco cultivado desde tiempos atrás, se consolida en los centros periféricos de la zona los centros del comercio exportador en Vélez y Bucaramanga.

- De allí salen operativos armados, con apoyo del ejercito del Estado (luego Nacional) o de bandas paramilitares de civiles al servicio de mercaderes nativos o extranjeros con títulos oficiales de adjudicaciones de baldíos (o sin ellos), para exterminar los últimos reductos yariguies, radicados en sus predios o obstaculizando las rutas del comercio por el río Magdalena.

- En el ambiente de “la feria de los baldíos” se desata una ola de adjudicaciones oficiales y titulaciones fraudulentas a los expoliadores de nativos.

- De inmediato se inicia “la guerra de los baldíos” guerra de papel en ministerios y notarias urbanas. Desde las ciudades se extiende a los campos con las confron-taciones entre los nuevos latifundistas y los colonos regados en la comarca; litigios que culminan igualmente con intervenciones armadas, expropiaciones y destierro del campesinado.

- Terminada la guerra de los mil días. Las concesiones ilegales de tierras a especuladores y estafadores se transfieren por “traspaso” legal a empresas petroleras extranjeras.

-Otras concesiones en la zona a varias firmas extranjeras genera en 1922-23 una “guerra de las petroleras inglesas y norteamericanas”, en la cual cada una moviliza sus peones.

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- Mientras tanto las empresas limpian en 1920-30 los últimos núcleos campesinos, con apoyo oficial de las autoridades civiles y la intervención del ejército y la Policía.

- En Barrancabermeja la petrolera Troco cerca su campamento vuelto “territorio de Estados Unidos”, y con sucesivas solicitudes al gobierno en la ciudad naciente se establecen:

- le policia municipal.-la policia departamental, con guarnición en la cabecera y puestos en los campos

petroleros del Centro e Infantas.-la policía fluvial departamental “de las riberas del Magdalena”.-un destacamento de la Policia Nacional mandado desde Bogotá.-un batallón del Ejercito Nacional. En 1930, un poblado que no pasaba de unos 5.000 habitantes presentaba la

mayor concentración de fuerzas armadas oficiales a nivel nacional: era la localidad urbana más militarizada de Colombia. Veinte años más tarde desde “el centro donde se concentra la fuerza” se manda la tropa contra la insurgencia de los años 50 en los campos, y en la década siguiente contra la naciente guerrilla. Y cuando llegan a Bucaramanga los éxodos de desterrados, el coronel de la Brigada detiene sus buses y los devuelve enseguida hacia las veredas de donde huyeron. (A. Valencia Tovar).

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Segunda Parte:HECHOS, SITIOS, FECHAS.

La conquista territorial.

Sobre las exacciones y fechorías , los abusos y las arbitrariedades, los atropellos de toda clase, los genocidios y las atrocidades durante un siglo largo, no carece de interés volver a los escritos y descripciones de los protagonistas,

como fueron Cieza de León, Pascual Andagoya, Cristóbal de Salinas, Gonzalo Fernán-dez, Pedro de Aguado, o Bernardo Vargas Machuca con su “Milicia Indiana”. Asimis-mo los relatos posteriores y de segunda mano de Pedro Simón, o de Lucas Fernández, y los trabajos modernos de Juan Friede en los archivos de Sevilla.

Cieza de León llega hasta denunciar los “carniceros de indios” que “antes merecen castigo que premio”; Salinas revela crímenes de sus compañeros que no son “sino ladrones que andan a robar”.

La descripción de las “entradas” y las “correrías de rescate” y de “rancheo”, significan robo, saqueo, pillaje y despojo, incendios de pueblos y sus cosechas, exterminio de etnias enteras “ajusticiadas” o su deportación, secuestro de niñas y mujeres. Incluso “las indias jóvenes que los españoles arrebataban a sus padres”, admitía Diego Garcés en su descarada apología del “carnicero” Belalcázar. Con estos autores se consigue un cuadro negro de las infamias que acompañaron la invasión continental, y que se repiten entre 1510 y 1590. Si se añade la resistencia aborigen y las insurrecciones del siglo XVII de “indios de guerra”, la Conquista se convierte en “una guerra de cien años” (Álvaro Delgado).

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La ciudad.

Y para no dejar dudas al respecto, en el centro de la Plaza Mayor, cercano a la cruz, se plantó el “árbol de justicia”, el rollo del suplicio destinado tanto a los naturales rebeldes como a españoles rivales o malhechores. El castigo del delito se ejecuta en público para ser ejemplar, para aleccionar a los demás, y ser demostración espectacular del poderío Real y de sus instituciones.

Alrededor se extiende una corta aldea compuesta por unas diez o veinte manzanas sin cercar, apenas deslindadas y separadas por caminos aun sin desherbar. En algunas esquinas se levantaron en guadua las primeras chozas techadas con paja. Sus pobladores, calificados como “beneméritos”, “señores de indios” o “nobles españoles” son plebeyos vueltos sicarios y guachimanes de ultramar del monarca, recompensados y premiados por unos crímenes y fechorías considerados como hazañas heroicas. Allí vive el encomendero en medio de criados nativos, perros, caballos, gallinas y marranos: pero “amancebado” y “echado con indias” dice Cieza de León.

Quizá resulte algo fastidiosa o peregrina mi insistencia sobre este episodio, de todos conocido. Es que no podía entender “la situación urbana” contemporánea sin recorrer su tránsito histórico y sin entender las condiciones originarias de su génesis y el contexto social que enmarca la hegemonía de un modelo peculiar de diseño urbano.

Asimismo, sobre estos cimientos legales iniciales se levantó todo el armazón jurídico e ideológico que hasta hoy y a pesar de diez constituciones, gobierna el país sin mayores cambios. Adicionalmente, las fechorías de los protagonistas no son ni aisladas ni improvisadas, sino que son la ejecución de “capitulaciones” y “provisiones” Reales; es decir de prescripciones y leyes emanadas directamente del poder central, y aplicadas en “tierra firme” por sus órganos descentralizados en audiencias, gobernaciones y cabildos. Los contratistas a sueldo, sus sicarios o corregidores, no son más que los peones ejecutores de unas políticas y de un Derecho.

Es así como para nuestros objetivos específicos, resultó aclarador el obsesivo hambre que padecen los expedicionarios y los pobladores de una “ciudad” donde desde el primer día adquieren precios exorbitantes una gallina o un marrano. Estos hechos

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triviales explican “el rancheo” de maíz y plátano robados en los campos, y permiten entender cómo en las fundaciones el gigantesco “latifundio residencial” que era el solar de cuarto de cuadra, se convirtió de inmediato (y perduró durante siglos) en diminuta huerta casera con sementeras de “pancoger” (maíz, plátano, fríjol, yuca, ñame, papa o batata, frutales), que se extendía detrás de un miserable rancho pajizo esquinero: asimismo indican porqué su adjudicatario, generalmente nacido en una choza campesina, pasó sin mayor dificultad de conquistador armado a colono labrador.

Entonces podemos entender que el hambre sería la primera manifestación de la contradicción interna representada por una apresurada ciudad divorciada de una previa e indispensable base productiva comarcal asegurando los “suministros” alimenticios básicos. Pretendía ser una “ciudad de entrada” y “terciaria” - exclusivamente consumidora y parasitaria- sin tener el apoyo y disposición de recursos territoriales “primarios”. Era como subirse al bus sin antes mirar a donde se dirige.

Y finalmente, logrado establecer lo anterior podemos verificar que costaría tiempo superar esta contradicción, y comprender porqué hasta los inicios del siglo XVII (ejemplos Toro, San Juan de Castro, entre muchos casos) desaparecieron rápidamente numerosas fundaciones demasiado precipitadas y surgidas de la codicia; pero carentes de estos cimientos y que no pasaban de ser meros campamientos militares provisionales, rudimentarios y sin futuro.

Con este corto ejemplo del solar solo queremos sintetizar nuestro modo de concebir, analizar y explicar el nacimiento y el destino de un espacio urbano capital, hoy arcaico pero que perdura en el centro de varias metrópolis colombianas.

Las villas.

Al contrario de las artificiales, parasitarias y muy vulnerables ciudades de entrada del siglo XVI, las villas de libres resultan y son la culminación, de un poblamiento territorial y productivo anterior, y por lo tanto asentamientos de salida. No surgen del poder sino de la producción. En estas condiciones adquieren fuerza, dinamismo una perennidad asegurada, una identidad y una personalidad social propias, por

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ser el producto urbano natural exigido por este procesus agrario previo, del cual son el complemento espacial y social lógico.

La “villa de libres” sería el contrario y la rival de “la ciudad de españoles”, y de hecho el éxito de la villa surge del fracaso de la ciudad. La ciudad se fundaba “de entrada”, poblada por soldados para la conquista militar y territorial posterior; mientras la villa es resultado pluriclasista de un previo y largo proceso de poblamiento agrario consoli-dado, y aspiración económica de un campesinado en busca de un mercado.

Antagónicas las villas “plebeyas” con la “ciudades de españoles y de cabildo”, indican el paso (político) de una sociedad de castas a una sociedad de clases, el paso (terri-torial) del poblamiento urbano a la expansión agraria, el nacimiento (social) de un campesinado, y presagian 1780 y 1810. De hecho el movimiento de los comuneros no es solamente enfrentamiento social de “la plebe” versus “españoles”, sino que en su reflejo espacial es de “villas” y contra las “ciudades”: la insurgencia y una nueva guerra de clases nacen en las villas de Charalá, Barichara, Zapatoca, Socorro o San Gil, en protesta contra Pamplona, Tunja y Bogotá.

Medellín.

Nuestras labores nos permitieron formular una tesis -ratificando y apoyando aquella formulada en 1975 por Manuel Castells- que parece indicar la existencia de una ley del poblamiento territorial. Según esta, en Colombia todo proceso coloni-zador agrario que presenta un desenvolvimiento exitoso, culmina con la necesi-dad y el nacimiento de un centro urbano. Un caso históricamente precoz es aquel de la villa de Medellín, considerado por nosotros como la culminación “urbana” de la colonización de la cuenca del río Medellín, e incluso ancestro y temprano precursor de la “colonización antioqueña”. Es además un claro caso de caserío de metástasis poblado por inmigrantes comuneros: es decir por plebeyos abandonando la letárgica noble ciudad de españoles de Santa Fe de Antioquia. Veremos que dichos pobladores, igual que en muchos lugares se dedican primero a despoblar el sitio de sus ocupantes anteriores. En estas circunstancias resulta un caso paradigmático para

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nuestros propósitos el proceso social y espacial del cual nació Medellín, y que se puede resumir con la breve cronología de algunos aconteceres.

Recordemos en pocas palabras que fundada en 1541 Santa Fe de Antioquia, por una tropa que Latorre Mendoza califica de “turbamulta”; una de estas bandas de mer-cenarios civiles enganchados y armados por un contratista, literalmente paramilitares. De allí sale de inmediato una “correría” armada para explorar su desmesurada jurisdicción; descubre el valle de Aburra donde vivían unas comunidades de agricul-tores aborígenes regados en múltiples caseríos desde El Ancón hasta Barbosa.

Al poco tiempo, “por conveniencia” se trasladó el primer campamento a otro lu-gar y es solamente en 1547 que el caserío se emplazó definitivamente. Rápidamente agotadas las minas del entorno, el villorrio de Santa Fe entró en tal letargo que en 1582 apenas quedaban en “la ciudad” unos 12 encomenderos, y unos 200 “comuneros” -literalmente gente del común- a todas luces mestizos siendo que nada indica la presencia de mujeres españolas. Fenómeno entonces muy corriente finalizando el siglo XVI el morador de origen ibérico directo, es él que menos se ve en la “ciudad de españoles”.

Pasan treinta año y es un conquistador de segunda generación quien solicita en 1574 al Cabildo de Santa Fe unas cuatro leguas (unos veinte kilómetros) en el valle “para hatos y estancias de comida”. Nada indica si además fue nombrado encomendero de los pobladores. Transcurren cuarenta años y en 1616 un Visitador, en ejecución de una Cedula Real ordena la “reducción de los indios de Aburrá” a pueblo de resguardo, por los lados del Poblado. Es al parecer entre 1616 y 1646 que se fueron radicando paulatinamente en el valle unos tránsfugas de Santa Fe donde eran pobladores po-bres y comuneros: los cuales abren sementeras, hatos y estancias a las orillas del río Medellín. Rápidamente invadido ilegalmente el resguardo del Poblado por mestizos, estos finalmente migran en 1646 a orilla del riachuelo de Aná donde establecen el primer asiento definitivo de la futura Medellín.

Entonces los aconteceres se aceleran y el mismo año un sacerdote inicia la edifi-cación del primer templo con techo de paja, seguido por otro en 1649 con otra iglesia igualmente pajiza. Unos lideres locales buscan la legalización del asiento, autorizada

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en 1667, y se inicia la disputa con el cabildo de Santa Fe, donde en 1670 no quedaban sino 18 vecinos (“principales”, o sea elegibles) y la “ciudad” se quedaba sin candidato a la Alcaldía (J. Parsons). Y en 1672 el cabildo no tenía sede propia donde reunirse (AGN, Cabildos). La terca oposición del cabildo y de la Iglesia genera un prolongado conflicto -incluso entre párrocos enfrascados en rivalidades de campanario pero Santa Fe resultaría derrotada en 1674 por decisión de la Corona.

En la nueva villa el censo de 1675 indicaba que los pobladores libres de su jurisdic-ción sumaban 280 hogares con 3.000 moradores, reunidos en diez caseríos desde La Estrella hasta Barbosa. En el recinto urbano estaban radicadas 85 familias.

Las óptimas perspectivas agropecuarias del valle y el destino de la producción quedan claramente expuestos en 1676 por los pobladores, aunque con alusión apenas disimulada al descalabro de Santa Fe:

“…por tener bastimento de cosecha promete más duración que las otras tierras de oro donde el bastimento entra de acarreo”.

En cuanto a los nativos:“Había algunos blancos, mulatos, mestizos e indios…Los indios, en su mayoría se

concentraban en San Lorenzo de Aburrá (El Poblado) y La Culata (San Cristóbal)…en Aná puede verificarse la presencia de cinco indígenas, cuatro hombres y una mujer… (F. Botero).

El mismo año de 1675 Medellín es proclamada Villa. Un siglo después, en 1798 en su jurisdicción se registran 13 asientos sumando 481 casas (35 “de balcón”), 24 temp-los y tres conventos. Después de nuevos pleitos de rivalidades con Santa Fe, Marinilla y Rionegro, en 1813 la villa es elevada a ciudad, y erigida capital del Estado en 1826.

Los historiadores relatan lo anterior como mera cronología lineal y pacifica sin una palabra en lo que se refiere al despojo y destierro de los naturales, el cual solo se desvela leyendo entre líneas. Sin embargo se sabe que los primeros descubridores del siglo XVI hallaron un valle “ocupado solamente por indios” dice Parsons (Citado por F. Botero). Resulta particularmente patético el desenlace de este episodio, con el ocaso del poblamiento aborigen y el desvanecimiento total de una sociedad milenaria.

Desde los inicios del siglo XVII los inmigrantes labradores mestizos habían ex-pulsados los (mal llamados) “resguardados”, y creciendo la inmigración se habían

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apoderado de los rancheríos prehispánicos. Por eso en 1616 las autoridades los de-salojan y destierran de las tierras planas para agruparlos en un “pueblo de indios” en las tierras quebradas del Poblado. Una documentación tan escueta como discreta no indica los medios utilizados para su traslado. No obstante, a lo largo del siglo XVII prosiguió la penetración de foráneos blancos y mestizos en el valle y en el resguardo.

En los padrones demográficos de fines del siglo XVIII impuestos por la Corona, figuran los indios como categoría censal. Pero en el cuadro del censo de Medellín de 1776, si bien están las diversas categorías prescritas desapareció una: los indios. (ANC Genealogías, citado por Jaime Jaramillo quien no advierte esta carencia). Es decir que la villa era el abigarrado conjunto social de “montañeses”, “mestizos”, “vecinos libres de todos los colores” incluyendo “negros, pardos, mulatos e indios”. Era el melting pot -crisol- de una sociedad urbana sincrética, mestiza y “plebeya”.

Con la villa de Medellín se cierra un temprano ciclo territorial: de una próspera empresa agraria brota su ajustado centro urbano. Este caso precoz de tránsito socio-espacial desde lo rural hacia lo urbano, adquiere luego el carácter de una ley, siendo que se verifica su generalización hasta hoy en la historia territorial del país.

Y con este caso se verifica la pronta manifestación de otra ley del desenvolvimiento territorial nacional: el desarrollo de las fuerzas productivas siempre fue acompaña-do por el necesario pero conflictivo ensanche de su provisión en medios naturales de producción. Así se supera la contradicción entre la demanda social y la propiedad privada de la tierra. Este último proceso siempre operó por descompresión de ex-cedentes de población radicada en algún lugar, hacia hábitats nuevos con sus recursos aun intactos. Desde el siglo XVI hasta hoy el país creció y se dilató en su geografía con “desplazados” enfrentados; los que llegan y aquellos que se expulsan.

En líneas generales, el esquema del valle de Aburrá es como un modelo operativo del despojo, que se repite entonces en varias regiones; aunque con un anecdotario diversificado en cuanto a las contradicciones, los episodios y los pormenores de los conflictos. De hecho, un fenómeno algo parecido se observa en los mismos años y en el oriente del país, con el nacimiento de los pueblos, parroquias y villas de libres en Santander, mediante diversas modalidades de expropiación de resguardos y destierro de naturales; culminando con la venta de sus tierras en subasta pública, la extinción definitiva de sus hábitats y la desintegración de sus comunidades.

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Vélez-Girón-Bucaramanga.

Un estudio de Ángela Guzmán, novedoso por su tema y de calidad excepcional, nos proporciona las citas de esta sección; asimismo otro igualmente valioso de Armando Martinez y Juan A. Rueda, y los informes de los virreyes transcritos por G. Colmenares. Con base en estas referencias se pudo armar una breve reseña.

Entre 1540 y 1550 recorren la región varias expediciones armadas que culminan con la fundación de dos bases militares permanentes para una posterior “pacificación” territorial: Vélez al sur, Pamplona al norte. Desde ambos campamentos de las tropas se ordenan los descubrimientos de la región. Siguen “entradas” y “correrías” de aniquilamiento y destierro de “indios bravos”.

Otorgadas las mercedes de tierras y realizados los repartimientos a los enco-menderos de los escasos indios sobrevivientes de las matanzas y capturados, los amos entran a poblar y explotar tierras donde se da maíz, fique, algodón, tabaco, caña de azúcar, batata, yuca, cacao, fríjol, inclusive algo de oro corrido. Este último se des-cubre en el límite de jurisdicción entre ambas ciudades, en el lecho del río de Oro. En estas circunstancias, muy rápidamente se estanca Vélez siendo “que los encomenderos habían abandonado la ciudad, debido a lo cual estaba despoblada y sus casas en ruina” (Guzmán).

En 1617 un Visitador redacta en Vélez su informe sobre la región y no puede sino constatar “que diferentes españoles se han apropiado de las tierras de los resguardos, y se les ordena su desalojo” (A. Guzmán). Con el fin de detener la dispersión de la mano de obra en los encomiendas para racionalizar la operación de los cañaduzales y de nu-merosos trapiches, el funcionario ordena algunas “reducciones de indios”. Es así como hacia 1620-1650 van brotando varios resguardos y “pueblos de doctrina” en diversos “partidos” de la jurisdicción de Vélez y Pamplona.

Los archivos evidencian como los primeros encomenderos con títulos o mercedes reales encuentran en los vecinos pobres procedentes de las ciudades un temprano mer-cado de tierras que propicia la penetración foránea en proximidad de los resguardos.

Asimismo, en 1668, un español dueño de tierras en el resguardo de Guane pre-senta un memorial solicitando la erección de un pueblo de españoles, con el fin de lograr su independencia de la ciudad de Vélez. Dona tierras para “solares y huertos a los pobladores”, expones el proyecto prioritario de construcción de la iglesia y casa

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cural y promete cumplir con “la necesidad de asegurar él y sus vecinos una renta anual de 150 patacones para el cura que se nombre”. (Ángela I. Guzmán).

En otro caso:“Yo Diego de Velazco…vendo realmente al padre Francisco Sánchez clérigo cura de

Chanchón en mi encomienda para él y sus herederos una estancia de ganado mayor…”El sacerdote era cura doctrinero y “protector” del pueblo de indios.Agregamos que son numerosos los párrocos que participan en estos negocios muy

terrenales. Además no escapan de la codicia generalizada y con sus prácticas venales más mercantilistas que apostólicas dejan a la Iglesia muy mal librada. Se ven con fre-cuencia disputas por el cargo entre doctrineros de indios y clérigos de parroquias de libres, chantaje de un párroco presionando un encomendero a propósito de sus estipendios, otros sobornando o extorsionando un cacique, según el caso. Muchos curas terminan negociando como vulgares mercaderes, las alpargatas o las ruanas que recibieron como “tributo” de los nativos.

Durante este periodo varios encomenderos-latifundistas venden parte de sus tierras a foráneos blancos, se generaliza la siembra de caña, brotan los trapiches de mieles, y desde sus hatos y estancias se inicia sin tardar el asedio de los resguardos contiguos. En Oibá en 1664 los naturales del resguardo denuncian los desmanes de Juan Morillo quien desde años atrás deja irrumpir sus ganados y mulas en las sementeras, y piden amparo a las autoridades. Pero “no ha sido posible…por ser como es hombre poderoso”.

Es un temprano caso entre cien pues a lo largo del siglo XVIII se generalizan los conflictos con la penetración y el establecimiento en los mismos resguardos de forá-neos oriundos de Vélez, Pamplona o Girón. Y siempre se dictan medidas de deslinde de resguardos y de reducción de indios a un pueblo de doctrina, que invariablemente termina con el decrecimiento continuo de los pobladores nativos y una mayoría de foráneos libres y mestizos, españoles y gente de color.

Finalizando el siglo XVIII, las autoridades siempre empadronan ambos estamen-tos sociales y se apoyan en las cifras para liquidar el resguardo, entregar las tierras por remate a los libres, declarar la extinción del pueblo de doctrina que transforman en parroquia de libres, primer paso a su erección en villa o en t. El imprescindible y eficiente Fiscal Moreno Escandón es el artífice de este último paso y con sus decisiones desaparecen hacia 1770-1780 los últimos vestigios de las comunidades aborígenes.

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Tuluá.

En estas circunstancias, los fondos de “Poblaciones Nuevas” del AGN y del ACC -entre otros- se llenaron con las innumerables demandas que desde el siglo XVII y hasta la Independencia - incluso durante la República- enfrentaron cabildos, villas y resguardos : en el valle alto del río Cauca, Tuluá surge de prolongados conflictos.

Recordemos que en su recorrido desde Quitó Benalcazar se hizo merecedor del calificado de “carnicero de Indios” y que ruinas y masacres señalan su ruta. A lo largo de su “entrada” capturaba indios y estos prisioneros se tornaban esclavos de la tropa; los hombres como cargueros del “bagaje” y las mujeres para servicios múltiples y espe-cialmente cargadas. Son estos Yanaconas los que llegan al valle alto del Cauca, donde después de varios encuentros los pocos nativos raizales que sobrevivieron huyen hacia las laderas, según Cieza de León.

Con tanta escasez, en 1559 los repartimientos de encomiendas no pasaban de 3.000 tributarios en Cali, 5.000 en Buga y 4.500 en la Cartago del Quindío (G. Col-menares). De esta penuria resulta el reparto a algunos encomenderos de los cargueros Yanaconas traídos del sur: entre ellos el propio Benalcazar que los sitúa en el pueblo de indios de Yumbo.

Parece bien fundamentada la explicación según la cual los maltratos, accidentes y enfermedades diezmaron rápidamente los cargueros puestos al servicio de merca-deres, para el transporte de los mantenimientos traídos desde Buenaventura. Otro motivo seria la huida de cimarrones nativos hacia el cercano Chocó, y un tercer fac-tor radica en el imprescindible mestizaje; mecanismo produciendo siempre menos naturales y más libres.

El escenario geográfico, político y poblacional a fines del siglo XVI se caracter-iza por dos jurisdicciones territoriales; Cali ocupando la mayoría de las tierras de la banda izquierda del río, mientras Buga se extiende en la banda derecha. No pasan de cincuenta individuos los beneméritos y encomenderos que titularon las tierras pla-nas. Aquellos de Cali habían “redu¬cido” los aborígenes de los “pueblos de indios” de Yunde, Yanaconas, Arroyohondo, Yumbo, Yotoco o Roldanillo, todos en la orilla izquierda del río Cauca, apretada por la cordillera y con pocas tierras planas. Los en-comenderos de Buga, tenían relega¬dos los nativos en las amplias llanuras de la banda derecha del río, aldeas de Amaime, Candelaria, Guacarí, Sabaletas, San Bartolomé de Tuluá.

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Los descendientes de estos españoles serían los artesanos de la liquidación de estos hábitats concentracionarios. Sus tataranietos, mestizos y empobrecidos, son los promotores de su disolución a lo largo del siglo XVII, de su ocupa¬ción y sustitución a mediados del siglo XVIII. Hacia fines del siglo, cuando Tuluá, logra estabilizarse sobre el camino real, breve escala de una noche entre Cartago y Buga, se ha convertido en un poblado de mestizos.

Lograda una raquítica conquista del Chocó hacia 1690, el auge de la minería es-clavista de oro y sus necesidades logísticas habían acelerado en el valle el paso del latifundio a la hacienda comercial. El nuevo mercado de bastimentos para los Reales estimula la eclosión de nuevas unidades productivas de abasto (carne de res, cerdos, mieles y panela, quesos, tabaco, aguardiente, maíz, incluso arroz etc.), lo que incentiva el surgimiento de nume¬rosos hatos y trapiches. Sus rasgos principales son unos pre-dios pequeños explotados por agricultores calificados con frecuencia como “hortela-nos” y “estancieros”, incluso “labradores”, adscritos a un nuevo sector social llamado de los “vecinos libres y mestizos de todos los colores”.

Con su expansión, un nuevo mapa socio territorial se esboza a principios del siglo XVIII. En un registro fiscal eclesiástico de 1721 realizado por Manuel de Abastas y Francisco J. Torrijano desde Caloto hasta Cartago, estos funcionarios eclesiásticos de Popayán registran un total de 115 haciendas principales de ganado y trapiche; no olvidan señalar “las rocerías de maíces en el río de Palo para sustento de los negros de las minas”, e incluso dos arrozales en Papayal.

Su minucioso censo identifica además:“Las haciendillas de todos los vecinos pobres…los más vecinos pobres…sus hacien-

das muy cortas…las demás haciendillas y porqueras de vecinos pobres…y otros frutos…las demás haciendillas de Pance…algunas personas que hay en La Quebrada…Cosme Candela, ganado, yeguas y porquera, otros mulatos allí con lo mismo…allí otras per-sonas con porqueras…los mulatos de Palenque con sus porqueras…otros mulatos con porqueras y un indio chanco…Juan Crespo indio, con ganado, yeguas y porquera…los mulatos Rojas y otros agregados al dicho río del Bolo…las ovejeras…las porqueras y maíces…de La Chipa color pardo…las que tienen otros pardos y un indio Chanco…las demás haciendillas de labor y trapiche…las haciendillas que los vecinos pobres tuvieren en el ejido (de Cali)…

Es en este panorama general que se sitúa el caso de Tuluá. Es con algunos datos entresacados de nuestro ensayo redactado en 1985 que se hará una breve reseña.

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Talvez como resultado de las “composiciones de tierras” recién ordenadas, hacia 1640 un capitán bugueño compra un gran globo en el llano de Tuluá. No es encomen-dero sino patrón de indios libres, al parecer traídos de Ancerma, según se califican sus descendientes en 1718 en una queja contra las autoridades locales. Este Juan de Le-mos, contratista en 1655 de un quimérico camino del Valle hasta el Magdalena, luego acusado de múltiples estafas resulta ser un delincuente, acusado de múltiples estafas. Abandona sus propiedades y termina su vida nos se sabe donde, huyendo de la justi-cia. Los “naturales” quedan en sus labranzas y ranchos a ambas orillas del río Tuluá.

También hacia 1640 otro encomendero tenía en estas tierras diez familias de in-dios deportados de una encomienda del río Palo. Otros operaron igual destierros de indios deportados desde Supia y Quinchia, en 1690 y en 1719. En los mismos años unos siete indios libres, al parecer descendientes de siervos del encomendero bugueño Diego de Bocanegra afamado “carnicero de indios” a principios del siglo XVII, esta-blecen unas estancias y sementeras entre los ríos Tuluá y Morales. Es una comunidad de colonos aborígenes libres aquella que vive dispersada en un rancherio de semen-teras de pancoger.

Pero la población rural de la zona va creciendo con la radicación de agricultores pobres foráneos comprando a unos hacendados unas cortas parcelas en predios de una a cuatro cuadras siempre inferiores a cien patacones. Entran a ser calificados por las autoridades como “plebe” y “gente de baja esfera dada a todos los vicios de latro-cinios, amancebamientos y demás pecados públicos” (G. Colmenares).

Entre 1710 y 1720 ya se producen numerosas controversias de propiedad en-frentando “naturales” y mestizos pobres ocupando sus posesiones. En 1739 la infor-mación indica que en la zona se está regando una población dispersa de “indios, libres y mulatos”. Este grupo social se fortalece luego de tal manera que liderado por algunos hacendados “nobles” planea un asiento definitivo en tierras de un colono indio. Los “invasores” están emplazando “a son de campana” la aldea rustica de “una población de indios y libres”. El “curato de doctrina de indios” asciende a parroquia de “vecinos de la feligresía” con una capilla pajiza recién edificada y párroco propio.

Es cuando uno de los perjudicados protesta ante las autoridades religiosas, pero el clérigo logra convencer al labrador de entregar sus tierras “a tres cofradías”, a cam-bio de conseguir “asiento y sepultura” en la iglesia: y en 1741 el indio Aguilar hace la “donación” que termina en manos del párroco. Fallecido este el mismo año, es su suce-

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sor que entra a beneficiarse con los alquileres de los solares y sementeras ya ocupados por los estancieros y hortelanos mestizos. Es al parecer entre esta fecha y 1759 que el segundo cura lidera el trazado del poblado e inicia el alquiler y la venta de solares residenciales a estancieros mestizos de las vecindades. Prospera el negocio y poco después levanta en el lugar un tejar con horno.

La población de los labradores nativos libres alcanzaba entonces unos cuarenta hogares con ciento veinte personas. Los estancieros mestizos eran mucho más nu-merosos siendo un memorial de 1759 firmado por 102 de ellos, solicitando su erec-ción en villa; con la inmediata protesta de los afectados, la petición de los libres es rechazada por Buga y negada por Bogota. De allí en adelante, conseguido ilegalmente el dominio territorial, los vencedores se empeñan durante varias décadas (todavía en 1788, según documento del AGN en el Fondo de Poblaciones) para cumplir con los procedimientos legales y múltiples requisitos exigidos para acceder a su independen-cia política y administrativa. Pero los “naturales” resisten a su expoliación y en una larga contienda de tinta y papel sellado enfrentan los “vecinos españoles” que poco a poco van reduciendo su hábitat.

El informe redactado en 1788 por el visitador Pedro Becaría Espinosa no deja duda alguna sobre el proceso social y espacial que experimentó el lugar y su desenlace:

“En la jurisdicción de Buga hay dos pueblos de indios que se llaman Guacarí y Tu-luá; en el primero solo hay cuatro tributarios y todo el terreno, que es de presumir sea perteneciente a dicho pueblo, se halla poblado no por indios sino por blancos, mesti-zos y demás gente, todos con casas y haciendas. El segundo tiene ocho tributarios, su terreno se halla en iguales términos que el de Guacarí y el pueblo formado que aparece una villa según el mucho vecindario que hay…Roldanillo tiene cura doctrinero…se hal-la poblado de mucha gente de todas clases y lo mismo que el de Tulúa, más parece villa que pueblo de indios…

Menciona la misma escasez de indios en Arroyo, Yumbo y Anaconas y en todos señala “que muchos indios se hallan casados con mujeres no indias… por consigu-iente los hijos de estos, están libres de pagar tributo”.

Francisco Silvestre haría la misma reflexión en 1789:“Es que los indios no se han minorado donde los había, sino que se han ido españoli-

zando, y pasando a otras castas”.

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Con eso nos informan del subterfugio con el cual los aborígenes se tornan “mes-tizos libres” y como lo logran renunciando a su comunidad, abdicando el legado de su cultura, y sacrificando hasta su identidad.

El golpe de gracia se da en 1803-1807 (AGN Fondo de Poblaciones), cuando los nuevos tulueños, en un asalto final no vacilan en pedir el traslado de los últimos aborígenes hacia el “pueblo de indios de Riofrío”, y solicitan que “sus resguardos” -en rigor no lo eran- se vendan en subasta pública.

Conseguido el título de villa en 1824, es cuando se manifiestan las herederas mes-tizas del colono nativo despojado por el clero en 1741. Nuevamente tratan de salvar los predios invadidos desde tiempo atrás y para retomar sus derechos vuelven a ini-ciar unos eternos pleitos. En 1825 la nieta del indio Aguilar, la mestiza María Josefa Palacios, y sus hijas igualmente mestizas, para recuperar “sus herencias” entablan una demanda “contra los indios”.

El inesperado desenlace resulta patético:“Buga 6 de abril de 1882,Señor Nacianceno Vélez, Procurador del distrito de Tuluá.….el conocimiento que tengo de los hechos en mi calidad de comprador de una parte

del terreno que fue de la finada María Josefa Palacios…y como abogado que fui de la mencionada señora en los últimos pleitos…que terminaron en 1842…

…cuando la señora Palacios quiso entenderse con los que se habían adueñado del terreno para que se lo pagasen…entonces me buscó a mi para que la defendiera, previas las ventas que me hizo de todo el terreno que había reservado para si, por la mitad de la suma en que se había valorado, siempre que yo sostuviera a mi costa los mencionados pleito…triunfé en todos ellos ; pagué el precio de la venta y quedé de dueño y señor de todo el terreno de la señora Palacios , en la parte ocupada de la Población … Fran-cisco . F. Martinez”.

Yumbo.

A propósito de Yumbo en 1788 informa el Visitador Pedro Becaria:“En dicha jurisdicción (de Cali) hay tres pueblos nombrados Arroyo, Yumbo y Anaconas

(por Yanaconas). El primero tiene ocho tributarios, el segundo 39 y el tercero 22 y es de notar que muchos de los indios en los referidos pueblos y aun de los que llevo hecho mención

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se hallan casados con mujeres no indias, de lo que se sigue al Rey nuestro señor mucho perjuicio porque por consiguiente los hijos de éstos, están libres de pagar tributo”.

Hacia 1798 no quedan sino “tres casas de indios” en Arroyohondo y las autoridades de Cali tratan de llevarlos a Yumbo, en donde pro¬testa el cacique. En 1789 Francisco Silvestre suministra algunas cifras de la demografía en la gobernación de Popayán. Extrapolando las diversas “castas” de mestizos, indios y esclavos, estas cifras indican que a escala regional la población mestizada alcanzaba el 79% del total. Las cifras del censo local del año sólo indican que en Yumbo -donde se señala una iglesia con techo de teja- se empadronaron “159 indígenas, 59 montañeses, 56 mulatos libres y 13 esclavos”.

En abril de 1825 siguen reclamando los “Yndios del pueblo de San Sebastián de Yumbo”, 133 hogares y familias en total, quejándose de “la intrución de hombres foranios que sin ningún permiso se an apocecionado en nuestra tierra, y otros pastando sus ganados con total perjuicio de las nuestras…

El procurador general de Cali contesta que “todavía los indígenas pueden celebrar un pequeño cavildo”, pero escamotea así su solicitud de un alcalde propio:

“...los indígenas de Colombia llamados Yndios en el Código Español se hallan el día de hoy igualados en todo a los demás ciudadanos, debiéndose gobernar por unas mismas leyes. No puede pues accederse a la solicitud de los Yndios de Yumbo en el nombramiento de un alcalde Indio”.

En 1831, un cambio en la terminología indica que “el partido” cambió de categoría; el censo de Cali menciona el “cantón” de Vijes y las “parroquias” de Jamundi y de Yumbo. Esta última reúne 1.178 habitantes, de los cuales 640 (el 54%) son registrados en la rúbrica de los esclavos.

En el Libro Capitular No. 60, del cabildo de Cali (folios 151/ 154) queda registrado un nuevo reclamo de la reducida parcialidad, presentado en el año 1837: la comuni-dad solicita nuevamente alcalde y “pequeño cabildo”. El fallo de las autoridades es igual al anterior: considera que estos “indígenas que llamaban indios en las Leyes de Yndias”, ahora “igualados” con los demás habitantes de la república, están regidos por las leyes de todos; se les niega un régimen especial. Negando el colectivismo productivo y laboral de la comunidad, es con las leyes que los terratenientes del cabildo de Cali podrán seguir despojándolos legalmente e individualmente de sus tierras.

En 1838 la parroquia adquiere categoría administrativa de distrito y por fin éste

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es erigido en municipio en 1864. No se hallaron más documentos de las pugnas interétnicas para este periodo. Pero se aclara el ocaso de la parcialidad, con el estudio de Magda Ferreira y Maria Cecilia Ramírez (Universidad del Valle, 1982), donde analizan la fase final de los años 1910-1920, durante la cual la unión de los latifundistas, especuladores de tierras y empresarios del ferrocarril, logran desmantelar los últimos vestigios del resguardo, creado en 1637.

Un nuevo litigio surge en 1910 cuando el Ferrocarril del Pacifico necesita comprar tierras del resguardo para abrir la carrilera: el mismo año aparece sorpresivamente un supuesto “pequeño cabildo indígena”. Visiblemente nombrado a dedo, de toda evi-dencia compuesto por títeres mestizos disfrazados de indios para la circunstancia, se reúne y no tiene dificultad en declarar que juzga obsoleta la antigua legislación sobre resguardos. En 1913, la compañía presiona para adquirir las tierras que necesita para el último tramo de la ferrovía que por fin conecta Cali con el puerto de Buenaventura.

Según los documentos, la comunidad no recibió un solo centavo por esta cesión y al año siguiente el “pequeño cabildo”, muy complaciente, entrega al municipio un globo que este necesita para la ampliación del casco urbano. Corre el año 1914, se inaugura el ferrocarril, atravesando el poblado y las colinas vecinas.

Es cuando alguien logra convencer a los supuestos indígenas de no aceptar el reparto individual de parcelas, previsto en las leyes sobre disolución de resguardos. Por el contrario, se aconseja una donación total y colectiva al municipio. En 1917, el alcalde hace firmar a unos doscientos indígenas una petición-suicidio de transferencia al municipio de las últimas tierras de la comunidad, y en 1920 se produce un desenlace relámpago: en julio¬-agosto sale a la luz la Ley 32, por medio de la cual se declara “extinguida la parcialidad indígena de Yumbo”; en los últimos días de diciembre se firma la donación. Al año siguiente, en Cali, declara con entusiasmo uno de los artífices del despojo:

“Ha sido demolida la muralla obstructiva del progreso de un pueblo…La propiedad del suelo, base fundamental del progreso público y privado, no existía prácticamente allí y la Ley la ha establecido, efectuando así una transformación con enorme benefi-cio para los habitantes, como éstos lo anhelaban unánimemente. Reciban nuestra fe-licitación los Yumbeños…y nuestro aplauso los que contribuyeron a esa transformación eminentemente benéfica”.

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Tan lúcido como indignado, un abogado que descubrió la cínica superchería, declara a los expoliados:

“Lo que han hecho es un robo, pues los gamonales se quedaron con todo y los indios sin nada”.

El epílogo es fácil de imaginar: a pesar de una tardía reacción de los “tierristas” contra los “municipalistas” y de un pleito de más de diez años, que finalmente ganan los últimos, desde 1922 el municipio está vendiendo en subasta pública las tierras cedidas en forma gratuita por “la comunidad”. De la parcialidad, del resguardo y del hábitat aborigen prehispánico, no quedaban más que unas escasas huellas de su arte escultórico y unos petroglifos esparcidos en los rastrojos de las laderas de Yumbillo y Mulaló. Expulsados los “Yndios bárbaros”, no se volvería a esculpir una sola estatua en Yumbo.

Tierradentro de la costa caribe. Desde esta región de Tierradentro de la costa caribeña, zona sometida a un profundo

proceso de remodelación étnica, nos viene la definición de una nueva categoría social: “el libre”, caracterizado en 1772 en estos términos por el obispo Diego de Peredo: “El nombre de Sitio se da en esta Provincia a todo lugar que tenga alguna población aunque corta como no sea ciudad, villa o pueblo (que es significativo de los que lo son de indios), el vecindario de los sitios es mixto y común de españoles, mestizos (que lo son los hijos de españoles con indias), negros mulatos (que Dominan así a los hijos de blancos y negras), zambos (a los hijos de mulatos e indias) (negras dice el documento) y otros de tales mixtiones que tienen sus determinadas denominaciones; y éstos generalmente se nombran LIBRES por distinguirse de los indios tributarios.”

La empresa se revela problemática: dura más de cuarenta años y cuando se detiene, hacia 1780, sus resultados son muy distantes del propósito inicial. Se iden-tifican tres zonas principales, en las cuales opera la po¬lítica oficial de “reducciones” o “agregaciones” y ocurren en periodos distintos y según diversas modalidades. Los estragos territoriales y sociales incluyendo medio siglo de arbitrariedades, atropellos y atrocidades, desbordan ampliamente el carácter meramente anecdótico y la visión algo folclórica que da a este fenómeno Orlando Fals Borda a quien al parecer se le escapó su contenido.

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Una primera zona coincide hoy en forma general con el departa¬mento del Atlántico. Allí se articula la Intervención militar y la reagrupación forzosa de vecinos, con la iniciativa propia del mismo campesinado mestizo. Nombrado por el virrey Sebastián de Eslava, el funcionario Pérez de Vargas, alcalde pedáneo de Barranquilla y Soledad, oficializa la fundación de Sabanalarga y, según parece, en 1743-45 organiza co-labora en las “agregaciones de libres”, de las cuales surgieron los pueblos de Malambo, Baranoa, Galapa. Polonuevo, Tubará. Juan de Acosta v Santo Tomás. En esta zona. Al pare¬cer las autoridades en varios casos sólo actúan después de la acción fundadora del campesinado, llegando a posteriori para administrar el nuevo poblado. Gracias a las minuciosas indagaciones documentales de José Agustín Blanco, el caso de Sa-banalarga es aquel que nos proporciona mayor información al respecto.

Según los documentos oficiales, desde el siglo XVII las autoridades de Cartagena velan con preocupación la formación en las sabanas y montes de un abigarrado campesinado independiente, colonizando estas tierras ocupadas en forma de posesiones. La población está compuesta por mestizos, mulatos y zambos, con pequeños núcleos chimila en condiciones de semi-ilegalidad, y unas comunidades clandestinas de es-clavos cimarrones. Para proteger las haciendas contra la progresión de los colonos o favorecer su ensanche, se combina una doble política de “pacificación” militar y de “civilización y catequización”. Tanto la visión de las autoridades como su propósito, se evidencian por medio de un párrafo de las Relaciones de Mando, reproducido por José Agustín Blanco. El objetivo consiste en la “translación de los pueblos infestados del horrendo exceso de la idolatría” y más adelante se habla de “este barbarismo” de la gente libre... formando sus casas en el monte y selva. .. Carecían de la subordinación al cura y a la Justicia y así vivían tan licenciosamente que no había exceso que no cometieran...”; la descripción sigue con este tono.

La solución consiste en “dar principio a su reducción, por la parroquia de Saba-nalarga”, para agrupar en el poblado la masa rural dispersa en 52 lugares distintos. A los testarudos se les obligará al destierro y a la deportación “manu militari”; “los inobedientes quemándoles sus casas y conduciéndolos a las que había ya fabricadas en la población”.

Así sacados “del tenebroso albergue de aquellas selvas”, en adelante tendrán que residir en una población “numerosa y bien repartida en cales tiradas a cordel, plaza espaciosa, cárcel muy segura y casa del cura”. El historiador José Agustín Blanco,

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en busca de algún héroe no vacila en destacar en forma elogiosa las actuaciones “del fundador” Pérez Vargas, pero pasando de sus citas cuidadosamente censuradas a los documentos que utilizó en el Archivo Nacional, se pudo comprobar que glorifica a un feroz expulsor y enemigo del campesinado. En sus informes dirigidos al Virrey Eslava, Pérez Vargas siempre se ufana de hazañas como estas:

“En el sitio nombrado Pinto mandé quemar unas casas…por no haber cumplido con lo mandado, de unas mujeres que vivían en ellas arrochelando maldades, a las que se les notificó que en el término de tres días desocupasen esta jurisdicción. Y al sitio de Arroyo de Piedra, Luruaco y los Zorros, mandé un oficial a que ejecute lo mismo…Y algunos de estos feligreses se han ido huyendo al Partido de Real de la Cruz…doy esta noticia para que V. Exa. determine si fuese servido. someterme su decreto para para que pase a aprehender sus personas donde que los hallen. Y amarrados se traigan a vista de los vecinos de esta fundación para que con este ejemplar, los demás no intenten lo mismo…” (José A. Blanco).

Autorizado, obedece sin tardar:“… se halla del todo fundada dicha Parroquia con todos sus feligreses…viviendo ella

en este dicho sitio a excepción de algunos que se hallan fugitivos en el Partido del Real de la Cruz…a donde paso personalmente a traerlos a su Parroquia…y con sus familias…y estaré a la mira para si contraviniesen…remitirlos presos a esa cárcel…Tengo presente el orden de V.Exa. sobre la aprehensión de los desertores y vagamundos que puedan haber… y aunque no dudo haya algunos, estos es necesario gran maña para su aprehensión…”

Desde Cartagena le da nuevas instrucciones el Virrey:“..y persiga a los que habitaren en los montes huyendo de las poblaciones de su

Parroquias”. Otra carta de Pérez al Virrey informa a este último que también expulso unos

viviendo en pueblos de naturales y añade:“…dispuse en el ínterin despachar el sargento y quatro hombre a demoler el citio

nombrado Cascabel…un Ambrosio Melgarejo no había querido jamás ir a la Iglesia…y unido en ilícita amistad con una india…dispuse se cogiese como verá V.Exa. que ahí se lo remito con esos tres indios…He repartido las órdenes necesarias para que los vecinos de Juncalejo que tocan a la parroquia de Santo Tomás se trasladen a ella y de la misma suerte proseguiré hasta quedar completa mi comisión…”.

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…inmediatamente pasé el día 18 del corriente a las seis de la tarde con el Cabo de Esquadra y dos hombres...y hallé ser cierto estaban todos con sus casas nuevamente fundadas y materiales para otra... Al punto hice sacar los trastes que tenían y las derribé… Y al Salvador a quien le quemé la casa traxelo preso a este sitio donde lo tengo bien asegurado…

Y en este caso se trataba precisamente, en 1745, de las dificultades que encontraba el diligente incendiario para trasladar los habitante de Cascabel a Sabanalarga; lugar, sitio, curato, vice parroquia o parroquia, así surge en la costa, hacia mediados del siglo XVIII un “pueblo de libres”.

Pero los campesinos se niegan a abandonar sus lejanas parcelas, se demoran en construir sus casas en el poblado, aduciendo la distancia de sus sementeras “y la falta de tierras en la población”. Otros se fugan al poco tiempo y un primer balance indica que sólo se logró reunir 170 familias, antes esparcidas en 40 lugares. Lo reconoce Pérez Vargas cuando escribe, en un informe dirigido al Virrey:

“...lo que sucede Señor es que huyendo del trabajo como ha sucedido con el de la cárcel que se ha echo (sic), se han ido ya más de sesenta familias”.

Terminadas las redadas, incendios, destrucciones y otros desmanes de sus esbirros Pérez había logrado “reducir a villas” en Sabanalarga y Ponedera unas 200 familias de campesinos deportados de unos 40 sitios, “pero 80 de ellos no se poblaron…y permanecieron arrochelados “. (José A. Blanco)

Para estos mismos años varios documentos (Poblaciones Varias, tomo X) men-cionan, en varios lugares de la gobernación, la oposición generalizada de los chimilas, negros y mestizos a la política oficial de las “agregaciones”. Prosigue durante varios años el intento de agregación forzosa y en 1793 se destruyen las casas de un caserío vecino para obligar a sus moradores a trasladarse en Sabanalarga.

Una segunda ola se caracteriza por la articulación entre los operativos militares contra los aborígenes y la ampliación de los latifundios ganaderos. Opera desde Santa Marta primero entre esta ciudad y el valle de Upar y luego se intensifica la operación desde Mompox, más que todo a lo largo del río, y desde El Banco hasta El Plato. Actuando primero bajo órdenes del gobernador de Santa Marta, luego nombrado por el virrey Eslava desde Cartagena, se destaca el principal protagonista de estas “agrega-ciones”, el capitán español José Fernando de Mier y Guerra. Inicia su triste carrera exterminando koguis, arhuacos y chimilas de los contrafuertes occidentales de la Sierra Nevada;

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combinando los intereses de “ambas majestades” con su bene¬ficio propio, tan pronto despoja los aborígenes presenta solicitud de mercedes sobre sus tierras. Elabora una táctica sumamente eficiente: primero, gracias a su cargo militar, consiguió tropas de mestizos, pardos y libertos; con ellas emprende los operativos de aniquilamiento, ex-pulsión y despojo de las comunidades. Luego se apropia las tierras conquistadas; por fin “agrega” colonos mestizos o libres, deportándolos a la fuerza si es necesario, en función de sus propios intereses. Así funda unos 22 “pueblos de libres”, desde la Sierra Nevada hasta el río Magdalena, entre 1744 y 1770.

Se necesitaría un trabajo especial en los archivos para elaborar los mapas de sus propiedades, regadas en toda la región, siendo apenas algunas las que citan José Agustín Blanco y O. Fals Borda. Va acumulando el pillo tierras extensas en San Se-bastián de Rábago, supuestamente fundada como colonia de libres con el propósito de suministrar trigo a Santa Marta, pero en 1773 no hay ni colonos ni trigo, pero sí el ganado de Mier y Guerra. En 1741 había recibido merced de 1,6 caballerías, es decir más de ocho mil hectáreas, entre Chiriguaná y La Jagua. Según el listado de Fals Borda, posiblemente incompleto, entre 1730 y 1767 el dinámico capitán se adueña de unas veinticinco propiedades, haciendas, hatos y estancias, dispersas desde San Sebastián hasta Valencia de Jesús, desde Loba y El Banco hasta San Benito Abad, en Tenerife y Chiriguaná, en El Plato y en Mahates.

Concretamente, desde la década de 1730 hasta finales del siglo XVIII dominan la región en forma feudal, y desde Mompox, tres españoles pertenecientes al mismo clan familiar: José Fernando de Mier, Juan Bautista de Mier y Gonzalo Hoyos. Los dos úl-timos alcanzarían a comprar un titulo de nobleza que les vende, a un precio muy alto, la Hacienda Real de un rey en apuros. Desde el río San Jorge hasta el San Sebastián y la región de Valle de Upar, no es nada exagerado evaluar la extensión total de sus propiedades en unas 500.000 hectáreas hacia 1780.

En estas inmensidades, fundaron los De Mier unas veinte aldeas: estas fundaciones se presentan a las autoridades como inscritas en la estrategia militar de contención, contra las guerrillas chimilas. Cuando rinden Informes al gobernador, siempre aducen op-erativos bélicos para legitimar una “fundación”. Cuando el anciano Juan Bautista de Mier solicita desde Mompox (20 de junio de 1754) al virrey José Solis la autorización para fundar a San Ángel, argumenta:

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“…Tomaría mayor estado la reduzzión de chimilas, con mejor logro….Como se nezesitan reconozer aquellos montes y las Beredas que he franqueado, no basten azierto conzepto de aquellos terrenos, y habitazi6n de los Bárbaros Chimilas; he nezesitado y prosigo divirtiendo quarenta hombres a Razión y sueldo con respectivas Provisiones a superar la covardía destas gentes, que aunque volumptorias, fingen prettexttos para sus retiros...Luego solicita un misionero capuchino “y que las milicias inmediatas estén a mi orden. . .”

Su sobrino José Fernando explica sus objetivos de conquista, cuando legitima así una nueva fundación entre San Antonio y Remolino:

“...y proseguir mi sistema sitiando con poblados la belicosa nazión Chimila...”Pero funda con poblaciones desterradas de sus parcelas, deportando los agricul-

tores de la zona hacia el lugar escogido. Y poco después los expulsores piden titulación de las tierras arrebatadas a los aborígenes o a los labradores mestizos libres. De Mier, soldado, terrateniente ganadero y esclavista, es el ejecutor militar, nombrado por la gobernación de Cartagena y el propio virrey, entonces radicado en este puerto, de una política económica de poblamiento territorial, en la cual también participa ac-tivamente el clero, y con varios objetivos que se exponen abiertamente en los docu-mentos consultados. Por medio de “nuevos descubrimientos”, se busca la ampliación de las tierras en producción con el fin de incrementar la ganadería. El motivo radica en la supuesta necesidad de aumentar el abasto en carne de la ciudad de Cartagena, en donde los refuerzos de la guarnición para enfrentar los ataques de las armadas francesas e inglesas, incre¬mentaron la demanda. En realidad este pretexto oculta que gran parte de la carne, salada o en tasajo, abastece el contrabando hacia el exterior. Por consiguiente es preciso, en primer lugar expulsar de estas tierras a “los indios flecheros chimilas sublevados”, es decir, a una población indómita dos siglos después de que supuestamente concluyó “La Conquista”. Con este fin se reclutan milicias urbanas o pueblerinas, incluso liberando sus integrantes de las cárceles, “blancos pobres, mestizos y zambos” para las expediciones armadas, las incursiones y “entradas”.

Además, existe también la preocupación tanto de las autoridades civiles como eclesiásticas, de reagrupar a la diabólica población mestiza y zamba en pueblos, sacán-dola de los “montes” en donde viven “arrochelados” según sus “costumbres perversas” y “en libertad”, pecado mortal al parecer. El obispo de Santa Marta insiste en múlti-ples oportunidades, dando hasta lecciones de táctica militar, con el fin de “aumen-tar el cobro del diezmo”. En cuanto a los pormenores de las incursiones militares, De

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Mier es muy prudente en la redacción de los Informes que dirige periódicamente al gobernador de Cartagena o al virrey. Más francos y descarados resultan los informes de sus subalternos, capitanes de pandillas y “comisionados” cuando presentan los re-sultados de una entrada”. Consignan de manera inequívoca sus procedimientos, con comunicados como estos:

“Lunes 16 (de enero de 1764). Salimos entre dos luces del monte Sicatá y al salir que-mamos tres chozas y cuatro leguas más adelante quemamos cinco casas... a la retirada se vio un indio, el que se escapó; media legua hacia la nevada se quemaron dos casas grandes…

Martes 17. Quemamos tres casas y una choza, llegamos a Río Frío al medio día.Miércoles 18. Llegamos a este pueblo de San Juan y entregamos la india y china al

señor capitán aguerra, quien en nombre del señor gobernador nos regaló una botija de aguardiente y el padre cura cantó misa y tedéum en acción de gracias y después bautizó la china poniéndole por nombre María del Rosario José…”

Desde San Ángel, el día 7 de agosto de 1754 rinde Informe un “comisionado”:“Muy señor mío: el día 7 del corriente, habiendo salido la gente a recorrer la tierra.

se encontraron a orillas de la sabana con una emboscada de indios… consiguieron haber muerto un indio… remito a usted la cabeza del indio. Nota: La cabeza no va porque conviene hasta mejor ocasión y tener mal olfato. Sal necesito y cacao y bizcocho”.

Expulsada o masacrada la población chimila ¿cómo procede el carnicero De Mier para la “agregación”? El mismo lo explica en uno de los numerosos informes conser-vados en el AHNC y recopilados por José Maria De Mier (Siglo XVIII, Poblamientos en la Provincia de Santa Marta):

“Reconocida por mí o alguno de mis comisionados de más satisfacción reservada-mente la situación donde se ha de hacer la nueva fundación (...) se solicitan con ruegos e instancias, dádivas, ofertas y demás medios Que pueda elegirse, dos o tres vecinos con sus familias (...) para que den principio a la fundación (...) y al mismo tiempo que esto se practica, mis comisionados y yo con vigor vamos sacando la gente dispersa de “las rochelas donde viven y poblándola en la nueva población; pónese al cuidado de los vol-untarios, que ya uno de éstos tiene el titulo de cabo de escuadra…”.

Para desalojar y trasladar el pueblo mestizo de San Juan de Hato, así se procedió:“Hasta que el día 6 de mayo (de 1746) se resolvió el despojo de algunos ranchos, con

percepción de sus dueños y con el desbarato de los demás, se tumbaron todos a su total demolición y quema, y con citación y despojo de aquella iglesia quedó desbaratada.”

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Y en ciertos casos, no vacila en reclutar delincuentes para poblar sus fundaciones;“Pedí facultad de poder admitir a ella todos los fugitivos por varios delitos, a excep-

ción del de lesa majestad, cuyo indulto poblará allí muchos sujetos de bríos y oportunos a sostener las avenidas de dichos indios…) sirviéndoles de bastante indulto la fundación y vecindad… más breve y pronto lograría concluir y perfeccionar con algunos buenos po-bladores y de bríos dichas dos agregaciones y las otras que pretenda e intente en adelante, pues sujetos de tal calidad necesitan.”

En las arremetidas ejecutadas por De Mier con su soldadesca a sueldo, el “con-quistador” no se preocupa mucho de averiguar en las notarias la tradición de las tierras; con-secuencia, un sinnúmero de demandas por parte de vecinos de Mompox, de hacenda-dos del val1e de Upar, Santa Marta o Cartagena despojados de paso por sus milicias de forajidos. Las demandas son las más variadas y no se citarán aquí sino algunas piezas del abundante catálogo. En 1776 una vecina de Mompox afirma que el vivo fundó Buenavista en sus tierras: quiere cobrar alquiler a los vecinos. Al año siguiente entabla pleito un hacendado de Calen¬turas: sus ganaderías tituladas figuran en las 16 caballerías adjudicadas al capitán. Muerto éste, sus familiares heredan tanto las tierras como las demandas: los vecinos piden la propiedad de las tierras arrebatadas que les alquilaba el difunto en San Antonio de Buenavista. En 1779 uno de sus hijos litiga la confirmación de sus propiedades en San Luis Beltrán, y lo mismo ocurre en 1785 con el hato de Loba.

En el Archivo Nacional, el Fondo de Poblaciones Varias está plagado de documen-tos provenientes de Mier y Guerra y aclarando sus dudosas actuaciones de conquis-tador trasnochado exterminando “indios”, en vísperas de la Independencia. Algunos nos proporcionan pistas aclarando las circunstancias de la génesis de San Sebastián de Rábago.

Según parece, un “pueblo de indios” agrupando aborígenes de varias encomien-das de “vecinos principales” de Santa Marta, se disuelve poco a poco por fuga de los koguis. Se les acusa en 1735 del asesinato de un español y se afirma que para protestar “se confederaban con los de la nación de Chimilas”, En la década siguiente el capitán De Mier emprende, desde Santa Marta, la “pacificación” de la región, En 1751, ya residenciado en Mompox presenta “la nueva y utilísima fundación de San Sebastián de Rábago”, en la cual se radicaron “46 vecinos y 137 almas”; estos son mestizos y seis de las familias llegaron con un esclavo. El español describe la colonia como “nueva

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fundación de Españoles y Libres y de los Naturales de San Sebastián de Rábago. En otro informe del mismo año nos revela que hizo reunir en Tamalameque algunas familias del rió Magdalena, y unas quince familias de “reinosos” procedentes de Santa Fe de Bo¬gotá; en Tamalameque fueron puestas a órdenes de un capitán que las llevó a San Sebastián. También en 1751 De Mier y Guerra castiga con cárcel a un opositor de la colonización. El año siguiente De Mier interviene en un litigio relativo a la división entre las tierras de la colonia y aquellas que pertenecen al resguardo kogui. En 1753 un texto del conquistador evidencia las operaciones militares de exterminio y desalojo:

“Estoy fundando en la Provincia varias poblaciones en los terrenos mal proporciona-dos para contener la audacia de los Yndios Caribes que la Infestan”.

Una carta fechada en Mompox en 1755 suministra la lista de seis pueblos en territorio de “emboscadas y asaltos de los chimilas”.

Sigue el inevitable desenlace; de los nuevos hatos sale ganado para el abasto de Santa Marta y Cartagena. Tanto es así que en 1773 la gobernación de Santa Marta en-tabla una demanda contra el español: lo acusa judicialmente por engaño, siendo que sus ganados pastan en San Sebastián, en tierras que había prometido dedicar al cultivo del trigo, lo que era el objetivo de la colonia agrícola. Cuestionados sus títulos, al año siguiente reafirma sus derechos sobre las tierras y hatos de San Sebastián. (Varios informes figuran en el AGN, Fondo de Poblaciones).

A pesar de veinte años de fechorías en toda la región, sus operativos militares no tuvieron sino un éxito fugaz y siguieron resistiendo las comunidades chimilas, caribes, ara-huacos y koguis. En 1780 se quejan los “libres” del Piñón: queda un reducto chimila en Puntagorda. En 1792 un informe fechado en Mompox solícita “la reducción” de unos “Indios fugitivos” ocupando unas tierras en Loba. En 1804 el heredero de un hato en el valle de Upar descubre que está ocupado “por los Indios Chimilas”. Y siguen liti-gando desde 1789 los del resguardo de Gaira, durante más de cuarenta los de la is1a de Salamanca, aún en 1810 los cultivadores aborígenes de Ciénaga. Se iba a pasar de la Colonia a la República sin haber logrado aún “la Conquista”.

La tercera ola de “agregaciones’ y fundaciones de parroquias y villas de libres en la Costa ocurre entre 1774 y 1780. Se puede medir su magnitud territorial, sabiendo que en menos de seis años se plasma en 43 poblaciones, agrupando 7.380 familias y totali-zando 41.733 personas, y que se desarrolló este programa de urbanización territorial en una extensa región, desde Arjona hasta Lorica, Sahagún y Montería. A su ejecución

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queda asociado el nombre del capitán de infantería Antonio de La Torre Miranda actuando bajo mando del gobernador de Cartagena Juan Pimienta, primero y luego comisionado por los virreyes Manuel Guirior y Manuel Antonio Flores.

Pero su misión exige más tacto que fuerza. No se trata de aniquilar nativos siendo que éstos ya no existían como comunidades autónomas, sino fusionados y confun¬didos con los “libres”. Ahora la cuestión era distinta y surgía precisamente de la fuerza peligrosa adquirida por la población mestiza: el campesinado de los “libres” contenía un peligro social. José Manuel Groot define así esta abigarrada población rural de las llanuras:

“…descendientes de los desertores de tropas y marinería; muchos polizones que sin licencia ni acomodo vinieron de España en los primeros tiempos; negros esclavos cimarrones, y criminales escapados de los presidios y cárceles; de indios que mezclados con esas gentes habían propagado una abundante casta de zambos, mestizos y otros matices… Vivían en rancherías diseminadas entre aquellos espesos bosques, ciénagas y caños... sin trabajo, manteniéndose con el plátano y la pesca... sin vestidos, de que no necesitaban por no tener frío ni vergüenza.” (Citado por Carlos Martínez).

Aquí también el propósito oficial es el de reagrupar y nuclear o sea “reducir”, esta población rural dispersa, “almas sacadas de los montes donde vivían sin ley ni gobierno, casi estado salvaje”. Para neutralizar la amenaza y dominar a los “libres” hay que “re-ducir a policía civil todos estos alzados”, y reducirlos “a son de campana”. Esta supuesta principal motivación, no era más que la justificación moral encubriendo propósitos meramente terrenales, literalmente. El balance que produce Latorre en su “Noticia” sobre los nuevos pueblos de “libres”, agregados por “persuasión y convencimiento” suma según Adolfo Meisel 7.442 familias con 40.717 habitantes. Lo felicita en 1789 Antonio, el Arzobispo de Córdoba:

“…fundó de nuevo o mejoró la situación de 43 poblaciones con 40.000 habitantes, gran parte de éstos vagos y refugiados en los montes y guaridas, de donde los sacó”.

Varias de estas aldeas no prosperaron y tuvieron una existencia miserable y fu-gaz. Otras quedaron deshabitadas cuando fueron desertadas por sus habitantes, poco convencidos de su beneficio: había desaparecido su entorno agreste y al frente de la casa solo veían una iglesia y una cárcel. Muchos regresaron al poco tiempo a su “es-tado salvaje, sin ley ni gobierno”, en otras palabras, a sus lejanas parcelas y su libertad. No obstante muchas localidades lograron permanecer; fueron la trama sobre la cual se

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diseñó la sectorización administrativa de los municipios, después de la Independencia. Hoy la mayoría de ellos son cabeceras municipales en los departamentos de Atlántico, Sucre, Córdoba o Bolívar.

El profesor Carlos Martínez, quizá engañado por su fuente secundaria (Groots), no se percató del carácter limitado y meramente político, económico e ideológico de la obra de Antonio de Latorre: se entusiasma con el personaje, lo canoniza como “ur-banista”, creyendo haber descubierto a un precursor colonial de Le Corbusier. Pero el capitán nunca diseñó ni ciudades ni pueblos, su misión era otra; su labor fue policiva (aunque con guantes de seda), pero no urbanística sino urbanizadora. Desde su poder conglomera campesinos dispersos en algún lugar, con el fin de “reducirlos a son de campanas”, y no más. A lo sumo suministra algunas normas para que los vecinos vayan construyendo iglesia y cárcel; además, cuando algún caserío sirve a su propósito, no puebla un lugar nuevo sino que se apoya en el núcleo preexistente.

El Cerrito.

Nos tocó indagar durante varios meses para elucidar un caso - por lo demás muy corriente- en el cual los intereses asociados de unos hacendados y de un párroco, se unen para desplazar un “poblacho” hacia unos predios previamente sonsacados a dos fervientes devotas particularmente ingenuas.

Con la escasez de datos oficiales, para analizar el nacimiento de la aldea nueva es preciso separar dos hechos articulados:

1- La donación de la modesta estanciera Sebastíana Cárdenas “a la Virgen”, de un pequeño predio - quizá del tamaño de un solar o el máximo de una cuadra, no lo sabe-mos- en sus tierras, y vecino de su propia casa. El recién nombrado párroco Manuel José Guzmán, capellán de la hacienda vecina de San Agustín probablemente facultado por dicha virgen es quien recibe la donación, supuestamente en 1825, donde erige una capilla provisional, especie de cobertizo pajizo para una primera misa.

Al parecer del mismo año de 1825 es una donación por Petrona Cárdenas, her-mana de Sebastíana, de un predio para cementerio, quizá el mismo que aún se nombra como “cementerio viejo”, tres cuadras al norte de la plaza (Diego Carvajal).

2- La muy probable cesión de tierras (que no es “donación”) por las vecinas hacen-dadas Arango de un predio de su hacienda de San Agustín para el traslado de un

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molestoso “poblacho”, donde vivían quizá unos agregados, arrendatarios, terrazgueros, labriegos o peones. (Gustavo Arboleda).

Pero debemos reconocer que no hemos conseguido datos oficiales fidedignos e irrefutables sobre dichos aconteceres. Suponen trámites consignados y registrados tanto por las autoridades eclesiásticas, como en notarias municipales a los cuales no tuvimos acceso, si es que existen.

En el despacho parroquial, se hallaron empastados y en buen estado todos los li-bros de bautismos, casamientos y defunciones desde 1825. Pero nada relativo al padre Guzmán fuera de su signatura en los registros de bautismos desde el 18 de diciembre de 1825 hasta diciembre de 1835. Finalizando este año, aduciendo su estado de salud renuncia a la parroquia: “por mis enfermedades, cura fundador de esta nueva parroquia” la cual entrega a su sucesor el cura Patricio Paredes quien la recibe: “Recibí”.

Es de añadir que si bien en este documento reivindica su protagonismo en la fun-dación de la parroquia, no se conoce documento extendiendo este papel hasta la fundación del poblado, que tanto afirman unos autores nativos.

En el archivo notarial, excepcionalmente conservado con un cuidado ejemplar, las escrituras se inician en 1865, cuando por “descentralización” se abre en Cerrito una notaría segunda de Buga, a cargo de Ramón Saavedra. Lo cual deja suponer que en el archivo notarial bugueño se deben conservar las escrituras registradas entre 1825 y 1865.

Pero en las escrituras consultadas, todas del periodo 1865-1872 “la tradición” nunca se devuelve -con una excepción- hasta “la fundación” y ninguna menciona al supuesto “fundador”.

En estas circunstancias el testamento de Sebastíana Cárdenas es el único docu-mento irrefutable, pero restrictivo siendo que no cedió tierras para el poblado, limi-tándose a donar el predio de la primera capilla. Hemos consultado directamente en la notaria primera de la “villa de Palmira”, (esta última con relativa autonomía civil y administrativa desde 1824 y temprano escribano público en 1821) el original del testa-mento de Sebastíana dictado el 31 de diciembre de 1832. Así pudimos comprobar que no deja más información que los pocos datos que nos comunicó el profesor Carvajal. Su texto es el siguiente:

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“Yo Sebastíana Cárdenas vecina de Buga, hija legítima de Cayetano Cárdenas y Martina Hernández…

4ª- Yten Declaro que me he mantenido en el estado del Celibato, pero tube por mis hijos naturales tres que fueron Estefanía, Manuel José y Martin de los que hoy no existe ninguno…fallecieron sin hijos.

5ª- Yten declaro por bienes mios el derecho de tierras en el Citio del Serrito en donde esta fundado el pueblo el qual derecho es bien conocido por sus linderos y en la misma tierra tengo fundada mi casa propia, declárolo para que así conste.

El ítem 6 enumera sus joyas y el 7º su donación de tierra en 1830 a un señor Arana “en atención a sus buenos servicios”.

8ª- Yten declaro que la tierra en que esta fundada la Iglesia de paja de la Parroquia del Zerrito, es decir el marco de la Yglesia, hice gracia y donación a la Virgen - Lo que declaro para que conste.”

Al final y como corrigiendo un olvido, se agrega:“En este estado declaro que es mi voluntad que el solar que esta frente a mi casa

se le dé al niño Ángel Olaya por la buena voluntad que…me ha servido…en mi enfermedad…”

En el archivo de la misma notaria hicimos unas pesquisas en los primeros libros desde 1821 hasta 1837 (primero “poblado de Llanogrande”, luego “Sitio de Llanogrande”, y a partir de 1827 “Villa de Palmira”). Así nos enteramos que Sebastíana falleció unas semanas más tarde, en febrero de 1833, que su testamento se abrió en marzo y que diversos trámites, entre ellos los interrogatorios de los testigos, culminaron en julio. Según estos últimos documentos la declarante tenía entonces unos cuarenta años.

Con todo lo anterior solo se comprueba:- Que en 1832 existían tanto el pueblo como la primera iglesia pajiza.- Que los Cárdenas explotaban un predio rural titulado (es “derecho de tierra” y

no “posesión”) que se integró a la parte más céntrica de la aldea, posiblemente enclavado en tierras de la hacienda San Agustín de la familia Arango quienes -según G. Arboleda- “cedieron” unos predios para trazar el nuevo poblado.

- Que con anterioridad y antes de 1830 había fallecido Cayetano Cárdenas padre de Sebastíana -calificado por el padre Guzmán con “fundador”- y que la heredera

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escrituró en 1830 parte de su herencia con la donación de un derecho de tierras a Antonio Arana “en atención a sus buenos servicios”, a quien designa como albacea. También obsequia a Ángel Olaya un solar frente a mi casa.

- Declara deber trece o catorce pesos a Toribio Arango, integrante de la familia propietaria de San Agustín.

- Que no donó más que el solar para Iglesia, pero no menciona fecha ni tampoco el padre Guzmán.

- Que la Iglesia rústica seguía siendo pajiza en 1833. En una conversación con Diego Carvajal nos señaló la existencia de un documento del ACC (Popayán) en el cual el padre Guzmán solicita de sus superiores, hacia 1827 la autorización para construir en firme pero más tarde siendo que no tiene recursos, una nueva iglesia “en el mismo sitio de la iglesia pajiza, sitio acordado por la feligresía”.

Unos detalles, las tierras, la venta de yeguas, el listado de sus enseres y joyas, el hecho de no saber firmar, evidencian la humildad de su situación social.

Pero llegando a este punto debemos admitir que todavía no tenemos dato seguro alguno sobre la propiedad del lugar del trazado inicial, sobre la modalidad del reparto de solares, y sobre los primeros pobladores.

Referido al segundo punto, la información inicial resultó igual de escasa y se limita a escritos modernos. No obstante abre una pista Gustavo Arboleda cuando escribe a propósito del párroco Guzmán:

“…Se le reputa fundador de ella (la nueva parroquia) pues cooperó a la traslación del antiguo poblacho de San Agustín, media legua al este, mediante cesión que hicieron los Arangos, dueños de la hacienda”.

Recordemos que dicho eclesiástico era entonces el capellán de la capilla de San Agustín, hacienda ganadera propiedad de Mercedes y María Teresa Arango.

Este sendero se abre cuando unos autores señalan a “los hermanos José Toribio y José Julián Arango” como las personas que supuestamente ayudaron al párroco en el trazado de la aldea. Podemos suponer -no más- que eran familiares de las hacendadas.

Ahora bien el caso del Cerrito ilustra como en el transcurso de las labores empíricas, con frecuencia el indagador puede adquirir nuevos conocimientos que su-peran su propósito inicial. Es así como en el archivo parroquial cada acta caracteriza

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los interesados con calificativos como “montañeses”, “libres”, “blancos”, “pardos”, “es-clava”. Se suman a los calificativos usados por los funcionarios como son “hortelano”, “estanciero”, “mulato”, “mestizo”, para evidenciar la existencia de un amplio espectro de categorías socio-laborales y seudo étnicas.

Asimismo se elucidó con el sondeo parroquial la cuestión de los mecanismos im-positivos utilizados para en adelante identificar los esclavos, antes de la ley 21 de 1851 y el censo de 1858-60, con el apellido de los amos.

Por otra parte el sondeo sobre 100 actas de bautismo entre el 18 de diciembre de 1825 y septiembre de 1826 (9 meses, unos diez cada mes) indica estas categorías de los padres: suman 64 los descendientes de africanos. Completan la muestra 36 casos interesando “libres”, “montañeses”, “blancos”.

Es notoria la presencia muy frecuente de los vecinos hacendados Barandica, Ca-bal y Arango. Evidencia que parroquia y párroco en gran parte tenían su actividad y su sustento directamente dependientes de los servicios prestados a los terratenientes esclavistas del entorno. Si bien se fundó la aldea para “libres”, a la capilla parroquial y su cura solo acudían los esclavistas para bautismos y “casamiento” de sus esclavos.

Referido al diseño y planeamiento del nuevo poblado sorpresivamente, tanto fun-dadores como agrimensores adhieren a las medidas y normas de las “leyes” de 1513-1525. Se traza la cuadricula estrictamente ortogonal -llamada también “damero”- con vías de 10 varas de ancho (8 metros) separando manzanas de 100 varas de costado (80 metros). Este patrón se aplica partiendo del emplazamiento de una plaza con medidas aproximativas de 120 x 120 varas (100 metros)

Pero en El Cerrito, igual que en otros lugares, el respeto de estas medidas es rela-tivo pero no absoluto. Se notan pequeñas diferencias del ancho de una misma vía entre una cuadra y la siguiente, y por consecuencia una deformación en la estricta ortogonalidad de varias manzanas. No obstante la relativa regularidad del patrón y de las medidas básicas sugiere el perímetro del área inicialmente deslindada.

Igualmente sorpresivo resulta en tiempos de la Independencia el respecto de la partición de la manzana en cuatro inmensos solares esquineros, igualmente prescrita en las Leyes de Yndias del siglo XVI. En El Cerrito hemos podido identificar sobre

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las planchas catastrales modernas en escala 1/1.000 y 1/500 la persistencia en algunas manzanas centrales de esta inesperada división predial republicana. En razón de la persistencia histórica de los linderos originales, se identifica este modo de partición de la cuadra en las manzanas inscritas entre las calles 5ª y 9ª, y entre las carreras 9ª y 14, o sea un conjunto de veinte manzanas.

Más sorprendente aun, las escrituras notariales indican que hacia 1850-1872 el “latifundio urbano” del solar de cuarto de manzana -y por lo tanto del 1/4 de una plaza de 6.400 M2- seguía vigente en las compraventas, lo mismo que en el trazado y la partición de nuevas manzanas alrededor del núcleo inicial. Pero también indican sus dimensiones y su uso, que más que prestigiosos predios residenciales, eran en la aldea “solares huertas” -o minifundios agro-urbanos- con sementeras y frutales de pan coger en la casi totalidad de su superficie. Todo lo anterior nos lleva a ver en el propósito de los promotores, más que una fundación “urbana” de alta categoría, una parcelación agraria para labradores pobres. Lo cual se explica si se considera que el propósito de los terratenientes era el traslado hacia un nuevo hábitat de los molestosos labriegos del “poblacho”.

El Chocó.

Después de una infortunada “entrada” al Chocó, las dificultades encontradas quedan registradas en un informe del Capitán Sánchez de Narváez, redactado en An-cerma en el año 1553, en el cual su autor señala que los aborígenes “...estaban en las ladroneras de barbacoas escondidos...las ladroneras de dichos indios...muchos de los que están en las montañas y barbacoas...indómitos e belicosos...bárbaros e idólatras”...los indios que están en las montañas y barbacoas...que estuviesen huidos en las dichas barbacoas...huidos en sus ladroneras a esconder...se irían a meter con los demás en las barbacoas...”

Más adelante insiste en las “ladroneras de los dichos indios” y asocia “montañas y barbacoas”. Ya se adoptó el término de barbacoas para designar la casa alta, sobre pilotes, que luego se llamaría bohío o tambo.

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Un capitán bugueño Velásquez, entrando por el Valle del Cauca y penetrando al Chocó por el alto río Tatamá no tendrá más éxito y su tentativa de fundación de la ciudad minera de Toro, en 1573, poco tiempo resiste a los embates de los campesinos embera. En un informe de 1580 un Visitador recuerda “que han desbaratado las entra-das de seis capitanes”. A principios del siglo XVII varias expediciones efímeras tratan de subir por el río San Juan, una en 1601, otra en 1605, con igual desastre. El mismo año, desde Santafé de Bogotá y en un informe oficial, el capitán Vasco Mendoza hace el recuento de estas frustraciones:

“...A la fama de la gran riqueza de las dichas provincias entró en ellas el adelantado don Diego de Almagro con docientos soldados y en ellas tuvo poblado un pueblo de espa-ñoles en las riberas de la mar del Sur, en el sitio que llaman hoy los naturales Puerto Que-mado, porque los indios dieron sobre el dicho pueblo y con muerte de cuarenta españoles le asolaron y quemaron y de un flechazo quebraron un ojo del dicho capitán Almagro y le forzaron a embarcarse con los demás heridos“.

“Habiendo tenido noticia de que en el paraje de Puerto de Piñas había un valle poblado de muchos indios adornados de joyas de oro, entró a los pacificar por esta parte Baeza con ciento y cincuenta españoles y fue tanto el número de indios que sobre él vinieron que mataron al capitán y a la mayor parte de los dichos soldados, y con su muerte dejó nombre al valle, que después acá le llaman de Baeza“.

“A la noticia desta tierra han entrado, con ánimo de descubrirla y poblarla, con gran cantidad de españoles y en diferente tiempos, los capitanes Gómez Hernández, Juan de Cavalla, Melchor Velásquez, Francisco Redondo, Pedro Martín y otros, que por no haber aceptado elegir buenos caminos, no han podido vencer las dificultades que la tierra tiene en sus entradas de lagunas y anegadizos; se han vuelto perdidos y desbaratados”.

De paso hace una breve descripción geográfica de la región, luego relata las últi-

mas expediciones ordenadas por él en 1601: por primera vez se menciona un topónimo:

“unas ricas minas de oro que nombran de San Francisco de Nóvita”. Parece ser el primer

descubrimiento y el término “minas” no designa la explotación sino la presencia de

yacimientos del mineral. El relato, muy detallado y con numerosos pormenores

anecdóticos sobre el contacto y las relaciones pacíficas con los moradores, evidencia

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que se trataba entonces del primer asentamiento español en la región. Finaliza su

informe el Capitán con este proyecto de poblamiento:“...La grandeza de la tierra y abundancia de naturales es tal que se podrán poblar

en ella cuatro o cinco pueblos de españoles y todos los más a las riberas de los ríos referi-dos...”

En el mismo legajo del Archivo Nacional (Protocolos -1605-1810, No. 6.162) figu-ran varios folios del año de 1608; establecen que las primeras entradas se hicieron entre 1593 y 1606 por Cartago y la primera Toro, la cual ya desapareció...“después que se despoblaron las minas de Toro…y la misma ciudad de Toro que está perdida…” No obstante, el autor del informe, Melchor de Salazar, de regreso a Cartago, reitera que “habrá suficiente copia de naturales para poblar tres o cuatro pueblos o ciudades de españoles”.

Por otra parte, descubiertos los yacimientos y registrados los Reales, sus dueños no tienen aún resuelto el mayor problema: su explotación mediante alguna mano de obra. Este dilema estaba presente en el informe del Visitador Magaña del año de 1547, en donde desvela los mecanismos de la acumulación original del capital por parte de los empresarios mineros:

“...En todos los pueblos de esta Gobernación sacan el oro de minas con los natu-rales y con ayuda de algunos negros, porque si no lo sacasen, es tanta la pobreza de los vecinos, que no se podría remediar de otra manera por ser la tierra muy estéril y muy costosa, y están muy adeudados; ya con este socorro de oro de minas se van remediando y comprando algunos negros con que los Reales quintos de Vuestra Majestad cada día se van aumentando...”

A principios del siglo XVII repetidas provisiones de una Corona acosada por las dificultades financieras que suscitan sus continuas guerras contra Francia, Inglaterra u Holanda, tratan de “nuevos descubrimientos”. Muy concretamente, ordenan repetida-mente y en forma imperativa la conquista de los territorios auríferos del Pacífico. Se logra precozmente hacia 1610-1630, implantar de manera estable tres primeros enclaves mineros; aquél del sur en los ríos Telembí y Patía centrado sobre el poblado de Barbacoas, aquél del Raposo (vecino de la Buena Ventura del río Anchicayá), y al norte los Reales de Minas de San Juan de Nóvita.

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Algunas fuentes afirman que solamente en 1654 se inician las labores mineras en el San Juan, y primero con esclavos aborígenes explotados bajo el falaz disfraz de la Encomienda y del “tributo”. Del mismo año parece ser la fundación por los jesuitas del asiento originario de Citará, destruido poco después por una ofensiva de la resisten-cia Embera. Sólo resurge a partir de 1702, en otro lugar, con el nombre de “pueblo de San Francisco de Quibdó”.

Entonces se forman las primeras compañías militares mixtas, con infantes “mon-tañeses”, pardos, mulatos, libertos y mestizos. Es así como en 1681, para hacer frente a la intrusión británica en el Pacífico, el Cabildo de Cali decide formar “cuatro com-pañías, una de españoles y mulatos agregados, dos de mestizos, y la del mismo señor Caicedo, que sumaban trescientos veinte hombres”.

En julio 12 de 1688, desde “este pueblo de Lloró”, el Capitán Antonio de Veroiz da cuenta de la “pacificación” de la provincia de Citará emprendida en enero de 1687. Se logró crear unas bases mineras en Lloró y Negua; sin embargo, su explotación padece una penuria de mano de obra, y añade con marcado desencanto:

“Esta provincia, señor, no tiene tanta gente como la envidia ha publicado...”No es que la provincia esté deshabitada sino que “viven en retiros inexpugnables

los indios”. La dispersión de los habitantes es al mismo tiempo un peligro militar, y un factor de limitación de la mano de obra minera. Más adelante señala la provin-cia indómita de Tatamá en donde “...viven en retiros inexpugnables los indios”, y para conseguir “su poblazon” (entender “su reducción a pueblos”, es decir su agrupación con fines laborales y doctrinales) recomienda el envío de “dos sacerdotes de buenas y sanas costumbres y vida”. Se refiere luego a una expedición de “pacificación” salida de Anserma en 1686.

El memorial deja en claro la existencia de dos pueblos, Lloró y Negua. Según el au-tor, Lloró “es el mejor por haber en él ajusticiado, el maestro de campo don Juan de Caicedo, más de treinta indios de los más soberbios, que al enfermo del accidente violento siempre le aprovecha la sangría”. Al parecer los españoles no explotan el mineral con esclavos sino que adquieren este mediante tributos de los Embera.

En un nuevo informe del año de 1695 fechado en Citará, Veroiz recuerda que desde 1692-1693 se ordenó “que en el río de Bebará hiciese pueblo con los indios natu-

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rales de él y de los retirados que quisiesen salir de sus retiros y poblarse allí”. (Caciques e Indios, Tomo X)

Pero fracasó en su intento de “salir a unos retiros a sacar indios retirados”, encontró la hostilidad de otros españoles “opuestos a la población de Bebará”: éstos lo echan a la cárcel. No obstante termina su memorial indicando:

“El pueblo de Bebará está en el camino de Antioquia, en parte sana a la orilla del río, se han poblado cincuenta y dos indios tributarios con sus familias (...) Subiendo desde el mar por el río grande de Atrato, el primer pueblo es el de Bebará...”

Todos los informes de mando de los Virreyes señalan la persistencia y la magni-tud del cimarronismo aborigen durante el siglo XVIII. Antonio Manso en 1729, el Oidor Eslava en 1751, Solís en 1760, Moreno Escandón en 1772, Manuel Guirior en 1776, José Ezpeleta en 1796, Pedro Mendinueta en 1803, mencionan todos la huida continua de los aborígenes, cuando no sus rebeliones, levantamientos e incluso “los frecuentes insultos de los indios Cunacunas... acometan, incendian la vigía de Atrato, cometen muertes, roban lo que encuentran y ponen en consternación a las provincias”.

Apoyado en un documento del cabildo de Cali en 1730, escribe Gustavo Arboleda:“...Había en el Chocó 3.000 negros; los indios del Citará residían en cinco pueblos

fundados y reducidos todos a son de campana, aún en medio de los alzamientos y rebe-liones que habían ejecutado. En jurisdicción de Nóvita había otros cuatro pueblos, con más los de Tatamá y Chamí...”

Observando con inquietud el crecimiento de la población esclavizada escribe F. Silvestre en 1789:

“...Aunque para fomentar las minas convienese aumentar el número de esclavos, sería falta de política, atendiendo el corto número de blancos. Porque si se levantaban los indios, se les unirían tal vez los esclavos para no serlo, sin poderlos contrarrestar los otros libres y blancos, que no alcanzan a la tercera parte; y si los negros, no había que contar con los indios, que se irían a los montes… Hay milicias para sostener cualesquiera turbaciones de los negros, y contener los indios del Darién por el Atrato”.

En cuanto a estos últimos, con su lucidez, Silvestre no vacila en explicar e incluso legitimar el cimarronismo persistente de los “naturales”.

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“...Los Corregidores sólo cuidan de emplear a los indios, para cobrarles el tributo y hacer su negocio; y los curas de hacer su negocio también, cobrándoles su estipendio. Son pocos los indios que hablan el castellano, y muchos los que huyen a los montes que hacen sacar los Corregidores para que les trabajen”.

Un informe redactado en Cartagena en el año de 1780, por el Capitán de Ingenieros Juan Jiménez Donoso figura en la “Historia Documental del Chocó”. Comisionado con este propósito, señala distintos fuertes -o “sitios apropiados”- a lo largo del Atrato para impedir la penetración de las armadas extranjeras: Loma de las Pulgas, Beté, Murrí. Menciona a los pueblos de Bebará, Quibdó y al Arrastradero de San Pablo. Observa la escasa población de las provincias de Citará y de Nóvita, 14.662 habitantes, “número inferior a el de sólo Cartagena”.

Muy obsesionado por “los indios cimarrones” denuncia su presencia en varios lugares (Domingodó, Riosucio) “todos parajes a propósito para quitar los escondites a los indios”. Indica el cazador que con el fin de fomentar el poblamiento “... en 1758 se sacaron varias familias de indios de los pueblos de Tigre, Terena, etc. y se fundaron en el río Murindó; pero doce años después, hallándose mal contentos, mataron su Capitán y Fiscal y se volvieron al Tigre y Tarena, etc. escapándose el cura por fortuna”.

Pero prosiguió la resistencia y enseguida señala la existencia de varios pueblos cunas y emberas de cimarrones, lo cual evidencia nuevamente cómo la supervivencia de las comunidades y su amparo son garantizados por el modelo territorial de hábitat disperso:

“Estos indios, huyéndose de los pueblos, se esconden por las quebradas de los ríos, lo que, como están tan despobladas, les es facilísimo, y de los que había fugitivos cerca de Pabarandó se formó allí, no ha muchos años, una población como hoy sucede también en Cupica, paso o arrastradero a la mar del sur por el río de este nombre y aún dicen hay un pueblo de estos huidos en las cabeceras de Lloró”.

Más adelante Jiménez relata diversas escaramuzas con los cunas atacando las vigías del río, en la comarca de Riosucio, quemando el puesto militar y exterminando la guarnición, en 1766, y repitiendo el ataque en 1774. Del pueblo de “indios reduci-dos” de Murrí, nos indica que fue primero fundado hacia 1728 en el río Bojayá, y que se pasó al río de Murrí antes de 1741; que los moradores huyeron y que un capitán los

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volvió a traer a Murrí. Sobre la configuración del asentamiento de Bebará lo define como hábitat disperso de cultivadores:

“...está el pueblo de este nombre, dividido y esparcido, en tanto no se termina el litis sobre el paraje de la formal reunión y lo cierto es que mientras más cerca de Atrato, este será mejor”.

Se vuelve obsesivo obligar a los aborígenes al cambio de hábitat, buscando “parajes a propósito para quitar los escondites a los indios...de los indios que había cimarrones en estos retiros...en el río Domingodo, los plátanos de los sembrados por los indios cima-rrones”.

Estas notas indican la larga tradición de los hábitats-refugios en las cabeceras de los ríos del Chocó. También informan sobre un cimarronismo que no fue “privilegio” de los esclavos negros sino que también fue modelo de hábitat selvático clandestino, alejado de los centros de represión, que permitió la supervivencia de las comunidades emberas. El autor señala cómo los intentos de “reducción” y el continuo cimarronismo nativo, provocan la fundación repetida cuatro veces entre 1728 y 1780, en sitios dis-tintos, del pueblo de Murrí.

No menos testaruda fue la resistencia ideológica de los habitantes. Había declara-do con desprecio Lucas Fernández a mediados del siglo XVII:

“Tenían alguna noticia del diluvio y de la creación del mundo: pero con tanta adición de disparates, que fuera indecencia reducirlos a la pluma”.

Ciento cincuenta años más tarde el gobernador constataba en estos términos la persistencia de la cultura embera:

“Los indios... De nada sirve que en los días que aportan a sus pueblos los recoja el cura para doctrinarlos, porque siendo rudos e inseparables de su idioma, no pueden aprovechar con una enseñanza momentánea. Por eso sus costumbres no han perdido las raíces del barbarismo y la superstición nada declina al olvido”.

Solo falta agregar aquí como la Iglesia católica instaló en los centros mineros (Quibdó, Nóvita, Guapi, Barbacoas) unos “protectores de indios” que rápidamente se tornaron sus explotadores, expulsores y perseguidores, en solidaridad y complicidad con los dueños esclavistas de las minas, las autoridades de policía y los todopoderosos corregidores. . .

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Tropelías, abusos, arbitrariedades e incluso crímenes, y matanzas después del le-vantamiento de 1684, fueron continuos y numerosos por parte de curas “de doctrina” o misioneros franciscanos (Eric Werner Cantor). Es de anotar que entre las cincuenta minas chocoanas del listado de Jaime Jaramillo para 1759, cinco de ellas eran propie-dades de sacerdotes y prelados esclavistas.

Escribían en 1943 los autores de la “Geografía Económica del Chocó”: “Todavía a fines del siglo XVIII, organizada la Colonia, se formaron expediciones

con ánimo de dominarlos y hace apenas cincuenta años se libró en el Golfo de Ura-bá un verdadero combate contra el cacique Iñapaquiña, a quien extraños quisieron desconocer su autoridad y sus dominios”.

De hecho, finalizando el siglo XIX los Cunas seguían resistiendo en Urabá, y un documento informa sobre las actuaciones de las autoridades nativas:

“Prefectura del Atrato, Quibdó, 17 de abril de 1896Señor Secretario de Gobierno, Popayán.“Me es honroso comunicarle recibo de su atenta nota No. 60 fechada el 23 de marzo,

en la cual se sirve usted ordenar a esta prefectura la adopción de medidas enérgicas pero prudentes para traer a la obediencia a los indígenas residentes en la banda occidental del Golfo de Urabá, quienes parecen tratar de oponerse a mano armada a que se dé posesión al Señor Antonio Ambrosio, de las minas que él denunció con los nombres de “Espiritu-santo del Darién”, “San Antonio de Padua” y “Castilla de Oro”.

En debida oportunidad me pondré de acuerdo con el señor Ambrosio para obtener el sometimiento de dichos indígenas, una vez que este señor haya ofrecido sostener con sus propios recursos la fuerza que sea menester para aquel fin...Célimo Rayo”.

Dicha carta reposa en el A.C.C, Gobernación del Cauca 1887-1910, paquete 233, legajo 46, donde la pueden consultar con indudable provecho los futuros historia-dores del “paramilitarismo empresarial” en Urabá...

El Raposo.

La presencia aborigen y su actividad en el distrito minero del Raposo -donde con-viven los nativos americanos con africanos esclavos - se plasman en las actas de 1699, cuando los naturales deportados del río San Juan y empleados como cargueros y

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lancheros transportadores de las mercancías y géneros de Castilla, protestan contra las exacciones del teniente:

“Los indios amenazaban con irse, dejando desaforado el puerto de la Buenaventu-ra”; hecho perjudicial “por ser dichos indios del Raposo los que dan avíos de gente y canoas...y que dichos indios hacen los acarreos de sal y vino desde la mar hasta las bode-gas de Zabaletas, navegando río arriba de Anchicayá y río de Zabaletas hasta llegar a las bodegas donde entran mulas...” (G. Arboleda)

Un aparte del año de 1708 confirma la práctica de deportación de los aborígenes noanamaes, y también la manera como la prolija familia Caicedo articulaba el poder político del alférez real, en Cali, con aquel del teniente en el Raposo; así ordenaba obras en beneficio de sus minas :

“El señor Caicedo había emprendido en la reparación de la ruta del mar, que di-rigía personalmente su hermano don Salvador, teniente del Raposo y puerto de la Bue-naventura, con ochenta indios que se habían convocado, así del Raposo como del San Juan”.

Seguía sin cambio esta práctica de deportación de mano de obra en 1744, cuando el minero esclavista consigue de las autoridades una mano de obra de naturales que le suministraría el teniente del Raposo: “...llevándolos de los sitios más cercanos donde los hubiera, para construcción de casas, fomento de platanares, rocerías y maizales, para alimento de los negros que laboraban dichas minas y trasladar a ellas dichos co-mestibles”.

Barbacoas.

Fernando Jurado (1990), nos entrega un voluminoso y farragoso inventario de anecdóticas noticias sueltas procedentes de múltiples fuentes primarias o secundarias. Siempre fragmentarias, muchas de ellas repetitivas, otras en estilo telegráfico y sin redactar, el volumen quedó sembrado de numerosos errores ortográficos y con nota-bles fallas de gramática que no salvan las siete páginas de erratas al final del libro. No obstante, del frondoso anecdotario brotan con insistencia dos temas:

- La derrota permanente de la conquista militar de la región de “las barbacoas” durante un siglo largo.

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- La magnifica resistencia armada de las etnias aborígenes que persistía cien años después de la fundación de Santa Marta.

- En la configuración poblacional y sociológica de los siglos XVII y XVIII es de destacar, el inmediato y persistente mestizaje entre troperos españoles o mestizos y mujeres aborígenes capturadas.

- Asimismo, después de la Independencia, si algo destaca es la agitada trayectoria de las sociedades y empresas mineras en los ríos Patía, Telembi, Magui, Guelmanbi durante la totalidad del siglo XIX.

Anteceden el nuevo pueblo cien años de intentos frustrados que solo dejaron en la cordillera unas breves ciudades fallidas:

“Agreda o Málaga la Nueva, en las cabeceras del río Telembi...Madrigal, fundada en 1544, en las cabeceras de los ríos Patía y Telembi... Ecija en 1584...y esta ciudad se despobló” pero se volvió a fundar en otro lugar en 1595; San Francisco de Sotomayor fundada en 1610 con 30 vecinos; San Felipe de Austria, en 1617, “ los Sindagua en 1618 quemaron a Austria el 24 de junio”. Y “en 1623 los Sindagua atacaron a Santiago del Príncipe...y destruyeron la ciudad”.

Después de estas continuas derrotas con nuevas localidades enseguida destrui-das por la prolongada resistencia aborigen y abandonadas, es solamente a partir de 1605-1610, y nuevamente hacia 1620-30 que unas expediciones militares armadas en Pasto, Quito y Popayán, con más plebeyos y mestizos que españoles - muchos de ellos con madre quillacinga capturada según F. Jurado-, logran penetrar en la amplia pro-vincia de “las barbacoas” donde aun resistían “indios de guerra”. Durante todo el siglo XVII, nuevas incursiones militares, logran poco a poco asentar unos precarios cam-pamentos mineros con mano de obra esclavizada, sucesivamente en los ríos Telembí, Saija, Guapi, Micay, etc.

Robert West, indagando en los archivos de Popayán, Bogotá y Sevilla, destaca acertadamente el carácter tardío de la ocupación territorial:

“La hostilidad de las tribus Barbacoas y las dificultades para obtener alimentos de-salentaron las actividades mineras durante los primeros años, y no se encuentran evi-dencias documentales de una minería de aluvión extensiva hasta el último cuarto del

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siglo XVII... Los españoles comenzaron a explotar los placeres de la Costa Pacífica entre Buenaventura y Guapi a mediados del siglo XVII...”.

Después de unas redadas para aniquilar los últimos focos locales de resistencia, masacrar, capturar y deportar algunos campesinos sindaguas, se inicia el nuevo po-blado Santa María de la Nueva Toledo de Barbacoas, fundado el 15 de agosto de 1627. Se establecen este año las primeras familias, con varias uniones entre soldados-enco-menderos mestizos y mujeres de etnia sindagua. (F. Jurado). No obstante el asiento es destruido en 1628 por una nueva arremetida del irreductible campesinado local. Trasladada la población a poca distancia, al parecer se mueve nuevamente hacia 1730-40 (según F. Jurado pero sin producir las actas oficiales del traslado) y es cuando se consolida en su sitio definitivo como ciudad de Barbacoas. Jurado resume así las peripecias del centro minero del Telembi:

“Se atribuye a la expedición de Sarmiento en 1610, la primera fundación de Santa María del puerto.... Barbacoas fue fundada en 1616 como puerto fluvial sobre el río Telembi...En 1620 funcionaba ya el Puerto de Santa Bárbara en las márgenes del río Telembi... El capitán Francisco Prado tuvo que repoblar a Barbacoas en 1621, pues los indios destruyeron el primer poblado... Esta fundación de Prado en la margen derecha del río Telembí se realizó en el recodo de Santa Helena, frente al actual caserío de San José, con inmensas ciénagas en los alrededores...Pero aquella Barbacoas primera pronto iba a ser destruida por los Sindagua, estos en 1628 la reatacaron...En 1631...la ciudad había sido destruida y los soldados habían desertado ... En 1635 Francisco Prado repobló a Barbacoas al parecer en el mismo sitio ...con gente venida de Quito, Pasto y Popayán...fundó la ciudad de los españoles de Santa Bárbara, con elección de alcaldes ordinarios, regidores, alcaldes de la hermandad y escribano del cabildo...1635-1650...Ya Barbacoas está en marcha , con sus primeros 70 vecinos, 51 hombres y 18 mujeres”.

El mismo Jurado señala luego una notable llegada de nuevos pobladores pro-cedentes de Popayán y Pasto principalmente, pero también de Ambato y Quito, in-clusive del Perú o de Méjico, registrando en 1674 un grupo de “vecinos dirigentes” conformado por “97 familias blanco-mestizas”. Vencida la resistencia del campesinado sindagua, los aborígenes capturados son deportados hacia unos los placeres de los

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ríos Patía, Telembi, Magui donde conforman las primeras cuadrillas de minas, las cuales crecen luego con la deportación-importación de africanos. A pesar de repetidas interdicciones de la Corona hasta principios del siglo XVIII - según documen-to oficial de 1729- siervos autóctonos y esclavos africanos convivían en las cuadrillas. Pero según Jurado:

“Esta fundación duró más de un siglo (unos 120 años) pues solo hacia 1750 y merced a la donación de doña Clara Murillo se trasladó al sitio actual.... La señora Murillo (hacendada del Corozal, en la confluencia del Telembí con el Guagüi) donó su hacienda para que allí se estableciera la nueva Barbacoas... ¿Cuándo fue este traslado? De seguro hacia 1730, pues Pedro Maldonado que recorrió la región en los años 1739-41 colocó a la nueva Barbacoas en la unión de los dos ríos. Esta carta geográfica se imprimió en Madrid en 1750”.

En su “Diccionario Histórico-Geográfico” publicado en 1771, el jesuita Giando-ménico Coleti describe la población en estos términos:

“Barbacoas. Ciudad llamada Nuestra Señora del Puerto de Nuevo Toledo, al norte del Reino

de Quito. Está situada en un terreno bajo, entre bosques y ríos, y su clima es muy cá-lido y húmedo. Las casas, edificadas de maderas de ciertas cañas silvestres llamadas guaduas, y cubiertas de hojas grandes y secas, son bastante cómodas y bien hechas. Sus habitantes son gentiles y corteses, y su inteligencia se destaca en los estudios. Hay allí muchas familias ricas e hidalgas como los Cabezas, Estacios, Castillos, Quiñones y Cienfuegos. Estas familias poseen ricas minas de oro, en las cuales trabajan sus esclavos negros; e incluso los dueños suelen habitar gran parte del año, en dichas minas. El oro es magnífico y es llevado a Popayán donde se acuña en la Casa de Moneda, que es propie-dad de la Casa de Valencia. Los alimentos son muy caros, lo mismo que los géneros para hacer vestidos ya que todo se lleva de Pasto y Popayán, de la Villa de Ibarra y de Quito”.

El centro del poder de la comarca es “la ciudad de Barbacoas” y en los Reales las minas están bajo vigilancia del clero. En 1735, residenciado en Cali, el misionero franciscano Fernando de Jesús Larrea se enteró que en las minas de Barbacoas los esclavos se atrevían a bailar con marimbas. Es con mucho orgullo que este adepto de la hoguera refirió con cinismo a sus superiores la siguiente proeza:

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“Mandé que me trajesen cuantas marimbas se hallasen, porque deseaba hacer unas luminarias nunca vistas: me trajeron más de treinta...hice quemar en la plaza las ma-rimbas; formóse un gran fuego y en el hice quemar todos los dados y barajas. No hubiera logrado tan admirable triunfo a no estar toda la gente convertida”.

Este mismo beligerante cruzado declaraba en 1766 durante su misión al Chocó: “En esta ocasión hubo escandalosas sublevaciones de los mulatos de San Agustín y Bebará, y con la ayuda de Dios apagué los motines”.

Después de la Independencia, igual que en el Opón-Carare con los Yariguies o en el bajo Atrato con los Cunas, los ejércitos de la República participaron activamente en “la nueva conquista del siglo XIX”. Aquí cabe este párrafo del misionero Bernardo Merizalde recorriendo la región hacia 1915 y llegando a Zaragoza (Río San Juan de Micay):

“Los indios señorearon a Zaragoza y a las tierras aledañas hasta el año de 1841 en que se vieron obligados a dejar el pueblo y a dispersarse por los ríos y bosques a causa de la matanza que de ellos hicieron los soldados que estaban por el Gobierno legítimo...Los negros esclavos se insurreccionaron, capitaneados por el astuto y fogoso Manuel de Jesús Zamora, y consigo arrastraron a los indios. Los jefes legitimistas Cabal y Guerrero tuvieron que obrar enérgicamente, y después de la reñida batalla de Guapi, que dio remate a la guerra en la Costa, fusilaron en este pueblo a muchos negros y en Zaragoza, con un rigor que a la clara luz de la historia puede calificarse de extremado, quitaron la vida a numerosos indios...los indios dejaron el pueblo a merced de los negros y huyeron a los bosques, pero ellos todavía se creen los verdaderos dueños de él, y tanto así que varias veces han ido a Popayán a tratar este asunto con los Gobernadores; y recordamos que en la noche del 12 de octubre de 1916, animados por la jarana y bebidos, fueron varios a la casa cural a gritar que eran los amos de Zaragoza”.

Santa Marta- Sevilla-Aracataca.

La política ambigua de Rafael Reyes en materia de concesiones de tierras suscita cantidades de diferendos, controversias , litigios y pleitos de los cuales algunos tendrían un desenlace violento y persistentes consecuencias. Es así como un pro-longado conflicto oponiendo el Estado, los colonos y concesionarios o adjudicatarios

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extranjeros de las tierras, es aquel que también a principios del siglo XX encontramos en la zona Bananera de San Marta concesión de la norteamericana United Fruit Company (UFCO).

El Fondo de baldíos del AHNC, (tomo 28 de 1907), nos informa que los vecinos de Sevilla (Aracataca) mandan a Reyes un telegrama solicitando una adjudicación de terreno para el nuevo caserío. Lo firman en forma de memorial colectivo numerosos agricultores, entre los cuales varios extranjeros (apellidos Schuller, Edmonson, Ropain, etc). Otro telegrama de los mismos , del 10 de junio, insiste:

“Es asunto de vida o muerte para vecinos de este caserío”.Lo firman masivamente 76 agricultores. En el tomo 36 de 1912, folio 57, el señor

William Crane solicita copia de los terrenos de “Macondó (San Juan de Cordoba) fracción de Sevilla”. En el Tomo 37, diciembre 19 de 1913 (folio 251) el cultivador Pedro Vargas manda un telegrama al Ministro de OOPP quejándose de los atropellos que contra sus cultivos de la región de Naranjos está cometiendo la “Yunai”. Otro mensaje va dirigido por el especulador samario Manuel Dávila al presidente Holguín en 1922, pidiéndole su apoyo en un pleito de tierras donde el primero estaba acusado en demanda criminal. No obstante, el vivo termina así su telegrama al Presidente de la Republica de Colombia: “Affmo amigo”.

Poco después, el Teniente costeño Noguera Conde se dirige con cierto candor al General Presidente Pedro Nel Ospina, para denunciar uno de los mecanismos me-diante los cuales unos corruptos samarios trafican baldíos en beneficio de la United Fruit Company.

“Memorándum Teniente General S.E. Gral. Ospina.

“...De los varios casos que conozco de despojos hechos a la Nación por individuos

particulares concreto el siguiente en la región bananera;

Hace más de 35 años le adjudicó la Nación a un sugeto (sic) cerca de (2.000) dos mil

hects las cuales vendió en vida y algo más de lo que se le adjudicó por escrituras públicas.

Poco después de su muerte, un heredero vendió a distintas personas, por escritura

pública, más de (1.800) mil ochocientas hectáreas cuando el padre en vida las había

vendido. Esa venta se hizo sin sucesión.

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Otro heredero consiguió hace poco que unos abogados y tinterillos sin escrúpulo

siguieran el juicio de sucesión que estaba paralizado desde hacia más de diez (10) años

por sustracción de materia o de bienes adjudicables.Como lo digo , los tales tinterillos , obrando en la mayor reserva y contando con la

sorpresa al Juez, resultan hoy adjudicándose más de doce mil (12.000) Hect., casi todas de la Nación y de las cuales vendieron ya (1.500) mil quinientas a un individuo y (1.500) mil quinientas a otro y siguen ofreciendo en venta el resto. Pero no han continuado porque el Dr Ysmael Noguera Conde, mi hermano, se dirigió al Fiscal en Sta Marta dándole el denuncio del caso y parece que esto los tiene aterrorizados.

Hay otros casos como el del “Astillero” que de (784) setecientas ochenta y cuatro fanegadas que le adjudicó el Gobierno hace muchos años a un ingles Mr Campbell, los mismos tinterillos de Cienaga y Sta Marta, secundados por abogados elevaron la adju-dicación a siete mil y pico (7.000) de Hects, primero y más tarde , a treinta y cuatro mil (34.000). Pero afortunadamente el Ministerio del ramo tuvo conocimiento del timo y pudo impedirlo.

Hay más, la “United Fruit Co “ está en posesión de miles de hectáreas indebida-mente. Compró por ejemplo quinientas (500) Hect. y encerró mil y más con este titulo.

Existen casos en que quintuplicó la Cantidad a ciencia y paciencia de las autori-dades. Y es al tratarse de esta poderosa Compañía que S.E. debe fijarse en la selección que haya para designar al Representante de la Nación y en este particular también puedo ayudar al Gobierno por el Conocimiento que tengo de aquel personal.

Son muchos los interesados en engañar al Gobierno: muchos vendidos a la Com-pañía y otros que aspiran a venderse. Conocemos tanto mi hermano como yo, algunos de los actores ejecutores de esos atentados y de los encubridores. Yo estoy a las órdenes del Gobierno.

Bogota, abril 17/ 23. Teniente Noguera Conde.” Tienen estos últimos documentos un carácter de sondeo meramente anecdótico.

Pero es cierto que en el sólo Fondo de baldíos, los legajos 51, 52, 56, 59, 60 y 61 los conforman exclusivamente miles de documentos relativos a los conflictos que brotaban como hongos en la región bananera , y solamente en los diez años 1920-1930. La gravedad de lo que ocurre en la zona es tal que los mensajes oficiales usan

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la criptografía. Con frecuencia un agente encuestador del gobierno central rindiendo informe a Bogota , manda desde la poco confiable oficina del telégrafo de Santa Marta un marconi codificado con un cifrado numérico por grupos de 10 cifras; sistema crip-tográfico por lo demás sumamente elemental y fácilmente descifrable, pero muy seguro en Colombia en esa época.

Es de todos conocido el feliz desenlace que tuvieron en Cienaga en 1928, los conflictos entre la Yunai y el campesinado de la región gracias al Ejercito Nacional…

En definitiva el Fondo de baldíos evidencia un fenómeno generalizado. Hacia 1900-1930, se observa en la correspondencia múltiples reclamos de colonos en-frentando compañías extranjeras, mineras unas (bien sea de oro o de petróleo) agrícolas otras, con amenazas de despojo y atropellos de toda clase; conflictos sur-gidos de la contradictoria política de los sucesivos gobiernos. En efecto, el Estado otorgó a las empresas foráneas concesiones en tierras habitadas por cultivadores, y según la legislación y los contratos estos tienen que desocupar el lugar. En tér-minos más sencillos, el gobierno alquila tierras que considera baldías ignorando que están en posesión activa de ocupantes campesinos que las estaban explotando con anterioridad.

El Opón-Carare .

Barrancabermeja surge en tierras nacionales y por lo tanto disputadas en el mo-mento que su aparente esterilidad superficial revela la riqueza de su trasfondo. Se presenta el caso muy peculiar de un prolongado conflicto social en torno a baldíos, pero no con miras a su explotación agro-pecuaria sino por un yacimiento de tipo minero y subterráneo. Algunas situaciones, fenómenos y aconteceres previos particularmente significativos para nuestros objetivos, ilustran la trayectoria socio espacial de la región.

Es de recordar que en la región las adjudicaciones se habían iniciado en el siglo XIX, y el catalogo del AHNC indica que entre 1837 y 1908 8 extranjeros (entre los cuales Cortissoz- unas 30.000 has - Lengerke, mas de 20.000, Robert Joy, 16.100 hec-

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táreas) recibieron más de 70.000 hectáreas en Aguachica, el Opón, Zapatoca, Girón etc. Unos presentaron bonos de deuda pública, otros recibieron las tierras en virtud de un contrato y como parte de pago para la construcción de una ferrovía o la apertura de un camino.

En 1837, ocurre en Socorro el temprano fraude en el cual encontramos implicada nuevamente la familia López un siglo después. Sólo lo denunció El Siglo en 1942 en vísperas de elecciones presidenciales, tirándole esta cáscara de banano a Alfonso López Pumarejo cuando aspiraba a su reelección. Una adjudicación original de 435 fanegadas en el Carare, hecha en 1837, se queda así hasta 1905. Pero informados en Vélez de la concesión a De Mares, unos estafadores transforman la adjudicación en escrituras falsas por 150.000 fanegadas situadas adentro de la concesión, entre los ríos Carare y Opón. Aquí surgen conflictos entre los mismos ladrones, vendiendo una parte de los títulos falsos a una empresa petrolera británica, la Lobitos Oilfields Limited. Se suceden varias peripecias judiciales pero finalmente la Lobitos denuncia el fraude y los culpables santandereanos pasan unos días en la cárcel hacia 1932.

Mientras tanto, unos de los títulos llegan en 1918 a una sociedad comercial en la cual encontramos un tal Pedro Ignacio Uribe; comerciante entonces socio del general Virgilio Barco en la fantasmal Colpet (Colombian Petroleum) recién fundada para explotar la concesión del Catatumbo. Pero Barco tenía la ventaja de ser general sin que nada indique en qué gloriosas batallas mereció sus estrellas, en realidad recompensa-do como acólito de Reyes, mercader-general vuelto presidente. Tan pronto legalizada (si se puede decir) su concesión, Barco arma unas expediciones militares para con-quistar el Catatumbo; es decir despejar el terreno de los obstáculos, los aborígenes baris, o motilones. De Mares aquí, Barco acá, la historia se repite en ambas comarcas a lo largo de los Santanderes: antes de perforar el suelo hay que “perforar” los mora-dores, aniquilar a tiros yariguies y motilones.

Es que la historia de ambas concesiones resulta muy parecida: regaladas ambas por Rafael Reyes a uno de sus allegados; seis negociantes indígenas dispuestos a todo: y tres norteamericanos con capitales. Según una carta de estos, seguramente más pre-cavida que imprudente, cuando mas tarde se hace el traspaso de la concesión a los pe-troleros estadounidenses, estos pagan 40.000 dolares a Pedro Ignacio Uribe, mientras

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Barco recibe 100.000 dolares. Al poco tiempo fusionan la firma Uribe y Téllez con la Casa Pedro A. López y Cía.; esta última se encuentra en 1919, año crucial de las leyes petrolíferas, en posesión de los títulos falsos de los campos petrolíferos del Carare. Se cierra así un anillo del Catatumbo al Opón-Carare, y de los Barco a los López.

Durante la controversia que se desata en los años treinta los López ganan el pleito gracias a la ley 160 de 1936 que según algunos autores ellos mismos hicieron votar por el Congreso, aprovechando sin tardar la presencia de Alfonso en el Palacio de Nariño. Entonces la familia crea la Compañía Explotadora del Carare S.A., en la cual figuran como socios tres generaciones de los López. En 1942 Alfonso López P. estaba a la vez interesado en su reelección y en la venta de los títulos falsos en Estados Unidos. Elegido pero implicado poco después en otros escándalos, tendría que renunciar a la Presidencia. Pero no renunciaba a sus pretensiones sobre 150.000 fanegadas de baldíos de la Nación; en el mapa de la concesión de Mares elaborado por la Tropical Oil Company hacia 1945 y publicado en la Geografía Económica de Santander, las tierras situadas entre el río grande, el Opón , el Carare y el Guayabito llevan la mención “ Titulo Carare López”.

Sobre “El Titulo falso del Carare”, como se conoce, existen varios documentos en

el AHNC, Fondo Ministerio de Gobierno, Tomo 144 del año de 1920. El primero, con

fecha de junio 24 de 1920 , es un atrevido memorial que presenta Pedro A. López y

Compañía al Ministro de Gobierno “en demanda de protección para que se impide la

explotación de los bosques ubicados en los municipios de Puerto Carare, Puerto Aquileo

y Barrancabermeja, que dicen ser de su propiedad”. Diez días más tarde, el 2 de julio,

contesta el Ministro de Agricultura y Comercio, solicitando “el envío de los títulos

en que fundan su derecho”. Los pretendidos propietarios, el 29 de julio presentan los

controvertidos títulos de Uribe , Téllez y Compañía . El 31 replica el Ministro “que

estos títulos no lo son“ y solicita la presentación de los documentos de tradición. El 12

de Agosto la firma de Pedro A. López manda otro memorial, refiriéndose a la adjudi-

cación de baldíos que se hizo en 1837 a favor de Juan Florentino Sánchez por 150.000

fanegadas en El Guayabito. El mismo día contesta el Ministro:

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“El vendedor de cosa ajena solo contrae una obligación, pero no transfiere el do-

minio....porque nadie puede transferir lo que no tiene...la duda del Ministerio es más

que fundada porque no hay constancia de que a un particular se le haya hecho una

adjudicación de baldíos de tanta magnitud”.Estaba el Señor Ministro o mal informado o muy distraído, pues en sus propias

oficinas existían desde el siglo XIX archivos con registros de varias adjudicaciones “de tanta magnitud”, e inclusive más extensas aún.

Enseguida el Ministerio decide abrir una encuesta, con la cual se revela la su-perchería y la falsificación. En 1837 Sánchez adquirió de la Nación 450 plazas de tierras. Las vendió a Jerónimo Arguello, según la escritura Nº 11 de noviembre 21 de 1862 registrada por el Juez notario de Flórez. Examinada dicha escritura, revela “al-teraciones de suma gravedad y con las cuales se convierten las 450 plazas en 450.000”. Los agentes del gobierno central investigando en la notaria rinden un informe , desta-cando:

“...de cuatro cientos cincuenta mil fanegadas, (aquí la palabra “mil” está en letra dis-tinta de la del cuerpo de la escritura, escrita con tinta más pálida y como metida entre las dichas palabras “cincuenta “ y “fanegadas”).....

Según el mismo informe, igualmente se falsificaron los linderos en la escritura. Termina el Ministro con estas palabras:

“...Parece que los señores Pedro A. López y Compañía se creen dueños de esa in-mensa extensión“.

El asunto toma al poco tiempo una dimensión mayor y se integra a la guerra de las petroleras. En octubre de 1920, la empresa británica Lobitos Oilfields Company manda un memorial de queja al Ministro de Gobierno; la empresa Pedro a. López y Compañía se opone a las labores que vienen desarrollando sus peones en los campos petrolíferos. El 16 de febrero de 1921, interviene en la controversia Eduardo López Pumarejo, senador e hijo de Pedro López, con una carta al Ministro en la cual se queja de las actuaciones de la Lobitos Oilfields Company. El día siguiente, en febrero 17 de 1921, los hermanos Tracey, apoderados y dueños de la Lobitos, desde Bogota mandan al Ministro de Gobierno una carta protestando por el lanzamiento inminente de sus trabajadores, a solicitud de Pedro A. López.

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En Mayo interviene la Legación Británica, manda agentes para investigar los hechos en San Vicente y en los campos petrolíferos de La Tempestuosa y La Llana: los diplomáticos encuentran su labor entorpecida por las autoridades locales y la Policía. El asunto adquiere tamaño de controversia diplomática entre gobiernos, y desenca-dena varias demandas que se prolongarían durante muchos años.

Recordemos que 450.000 plazas equivalen a unas 290.00 hectáreas, o sea que cu-bren una superficie igual a aquella del contrato inicial a De Mares y en la misma región. El reclamo de los López se extiende en 150.000 plazas, equivalentes a unas 100.000 hectáreas, es decir a la jurisdicción que se atribuiría unos meses mas tarde al nuevo municipio de Barrancabermeja.

Lo anterior explica porque en la zona encontramos a principios del siglo una competencia por las tierras, y de pronto la presencia de otras empresas yanquis. En el Libro Primero de 1926 de la Notaría de Barranca recién creada , según las escrituras 31-32 y 33 , David Mac Allister compra el mismo día tres propiedades rurales en la vereda La Tempestuosa, en representación y nombre de la Lobitos OilFields Limited. No sabíamos entonces qué ocurrió luego con las propiedades que iba adquiriendo una empresa británica adentro de la concesión de la Tropical -Standard. Un voluminoso legajo de documentos del Ministerio de Gobierno, aclaró luego el asunto, pero nos obligó a construir un nuevo capitulo dedicado a la guerra de las petroleras.

Ahora bien, durante la “feria de los baldíos” la mayor parte de estas adjudi-caciones desmesuradas no tuvieron ninguna proyección productiva. Al propósito observa Aquileo Parra:

“...se solicitó y se obtuvo también grandes adjudicaciones de terrenos baldíos a in-mediaciones del camino (del Carare), adjudicaciones que ojalá no hubieran sido hechas, porque no habiendo emprendido y sostenido hasta ahora ninguno de los adjudicatarios el cultivo de una parte siquiera de esos terrenos, solo han servido de obstáculo para llevar nuevos pobladores al camino”.

Efectivamente, solo crearon latifundistas de “hectáreas” de papeles y kilómetros de escrituras, más que de tierras; y perspectivas futuras de innumerables fricciones y litigios con el campesinado. En ciertos casos, después de un breve auge y una rápida quiebra, las tierras quedaron sin uso durante décadas.

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En el Opón-Carare, para garantizar la óptima “circulación de la propiedad”, se inicia la “circulación” forzosa y los desalojos de colonos, con el apoyo de las leyes, el poder de las escrituras, el respaldo de los jueces , la ayuda de los abogados; y si es el caso con la intervención de la Policía Municipal. Este es el sentido de la adjudicación a los Valenzuela, otra fechoría de Rafael Reyes según el policía Valbuena, quien relata al propósito:

“Otra concesión desmallada del gobierno del señor general Reyes fue la de los terrenos de la banda derecha del río Lebrija a unos señores Valenzuela, de Bogota(...) En una ocasión acompañe en un viaje a quien fue miembro distinguido del foro colombiano y notable hombre público, al doctor Pedro León Mantilla, que a nombre de aquellos se-ñores Valenzuela se propuso tocar en todas las cabañas , barracas y en cuantos pequeños núcleos de población avía (sic) en aquellas riberas, para descubrirles a sus habitantes y notificarlos, con muchos cumplidos y gentileza, de cómo eran los señores Valenzuela los dueños de esas tierras y a quienes se debía pagar algún tributo...Los mestizos monta-races (...) le respondían al caballero notificado, variando la forma pero no sus firmes propósitos: “Jé! Que vengan esos señores para pagarles!” y de una vez ponían la mano sobre el machete. “

Quien cuenta tan jocosamente este despojo era el policía al mando de la escolta del leguleyo , ambos al servicio de los expulsores bogotanos .

Igualmente participan de la feria de los baldíos los contratistas de obras públicas y los mismos topógrafos y agrimensores, siendo que en razón de la pobreza de la Hacienda, el Estado con frecuencia cancela sus compromisos monetarios mediante adjudica-ciones de tierras nacionales, a veces con extensiones descomunales. Es así como en 1872 el Ministro Aquileo Parra, para contratar la construcción del puente de Girardot, recibe en su despacho “cinco distinguidos sujetos con una carta del Presidente”:

“Acordado que fue el valor de la construcción del puente en la suma de $100.000....quedaba por fijar la cantidad de tierras baldías que, como estimulo debían adjudi-carse a los contratistas. Y como les preguntase que cantidad de hectáreas pretendían ellos que se les adjudicase, contestaron que 200.000.”

En el Opón -Carare, como se vio, actuó muy temprano la rapiña sobre las tierras nacionales por parte de estos personajes. Inclusive tratan desde el Capitolio y por me-

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dios legales de apoderarse de los últimos reductos yariguies. Eso es lo que demuestra esta carta conservada en el AHNC (Fondo del Congreso, Legajo Nº 1, folio 669)

“Republica de la Nueva GranadaSecretaria de la Cámara de RepresentantesBogota, 13 de Marzo de 1840Al Sr Secretario del Ministerio de InteriorSeñorTengo orden de esta cámara para solicitar de Ud una noticia sobre la estensión (sic)

que puedan tener los baldíos llamados Yariguies comprendidos en el territorio de la pro-vincia del Socorro hacia las vertientes occidentales de la cordillera central de los Andes i si el Poder Ejecutivo en virtud de sus atribuciones ha dispuesto de estos baldíos o parte de ellos.

El objeto de esta noticia es el de poder resolver una solicitud de la cámara provincial del Socorro en que pide se adjudiquen a sus rentas los baldíos expresados.

Soy de Usd......Pastor Ospina”La respuesta negativa y lacónica figura en el margen:“...no se ha practicado su mensura i que el Poder Ejecutivo no ha dispuesto de nin-

guna parte de ellos.”Algunos años mas tarde el mismo Pastor Ospina, siendo presidente su hermano ,

seria nombrado a la Gobernación de Cundinamarca . Entonces actuaría, en beneficio propio para expulsar los colonos del oriente de Cundinamarca, hechos que denunciaría su opositor político Fermín López en su libelo “El desencanto”.

Regresando a las selvas del Opón, es de suponer que Lengerke había invertido antes de 1860 sus ganancias comerciales en la adquisición de tierras en Zapatoca, donde fundó las plantaciones de la hacienda de Montbello. Pero surge la necesidad de exportación de su producción; es cuando se liga el binomio comunicaciones-adjudi-caciones. Los documentos registrados en la Gobernación indican que Lengerke recibió una adjudicación correspondiente a cada uno de los contratos para la apertura de vías. En 1863, dos contratos significan, uno 200 hectáreas y el otro 10.000 hectáreas. Un nuevo contrato, tambien firmado en 1863 tiene por objeto “abrir dentro de cuatro años un camino de herradura que conduzca de la cabecera de este distrito (Zapatoca)

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al punto de Barrancabermeja...” y allá construir bodegas “seguras y capaces , con techo de teja”, lo mismo que varios tambos-escalas en el trayecto del camino . Entre diversos privilegios el contratista recibe entonces “12.000 hectáreas de tierras baldías, de las que posee el Estado (Nota: El Estado Soberano de Santander) en el trayecto del camino, en los puntos que el elija...” Este contrato se firma el 31 de diciembre de 1863 y lo aprueba el presidente del Estado de Santander, Eustorgio Salgar quien tampoco desdeño las adjudicaciones personales según el Listado del Ministerio de Industrias elaborado en 1933. Era este otro genio graduado de abogado a los 20 años, general a los treinta años, embajador en Washington a los 33, presidente de Colombia a los 39 años en 1870; y del cual según se desprende de su biografía, el mayor logro es que no hubo guerra en el país durante los dos años de su administración.

Con las cifras anteriores, por lo demás incompletas, es probable que los títulos de Lengerke sumaban más de 20.000 hectáreas. Incluso, en 1873 las propiedades del germano sirven de lindero cuando la administración demarca el corregimiento de Chucuri:

“...por el sur, las líneas geodesicas que por este lado demarcan los terrenos de Geo Von Lengerke...”

Como era de esperar, al poco tiempo estallan las primeras controversias al calor del desarrollo productivo de las tierras, y de la demanda de ciertos productos. Se re-crudecen los litigios cuando asoman las perspectivas del café, del tabaco, del caucho, de la quina o de la tagua en los mercados internacionales. Igual que en otras regiones los diferendos de propiedad se encuentran estimulados o agudizados por la demanda externa; al parecer, en Colombia tradicionalmente, cada vez que se exporta algo se importa una guerra.

En este sentido resulta muy ilustrativo el episodio siguiente en el cual se libra una guerra, con ejecitos privados, y en territorio colombiano un empresario alemán y su rival venezolano, acudiendo además cada uno a las autoridades indígenas para fallar en su favor. Retrocediendo una legua, la Ley 19 de 1865 había determinado que los Estados Soberanos podían disponer de sus tierras baldías y adjudicarlas a particu-lares. No obstante, en 1880 el gobierno central tramita una adjudicación solicitada por el venezolano Manuel Cortissoz, negociante establecido en Bucaramanga donde

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era cónsul de Venezuela. El mismo año, Lengerke funda una Sociedad Industrial y firma con el gobierno del Estado Soberano de Santander un contrato de explotación, transporte y exportación de la quina. El gobierno da en explotación sus baldíos desde la serranía de La Paz hasta las riberas del Magdalena, zona de la cual Cortissoz está gestionando su adjudicación en Bogota. Escriben Sandoval y Echandía:

“...Por lo general los baldíos entregados eran muy extensos y sus limites inexactos, lo que inducía a las compañías a que mantuvieran un sistema de vigilancia que las defendiera, aún por la fuerza, de la penetración clandestina de los explotadores in-dividuales o de otras compañías.

“En 1880, el gobierno de la Unión adjudica a Manuel Cortissoz 20.000 hectáreas de tierras baldías en la misma zona en que el Estado Soberano de Santander le había en-tregado a Lengerke 12.000 hectáreas. El gobierno seccional consideró, en una Asamblea Extraordinaria bajo la presidencia de Solon Wilches, que con esto se violaba su soberanía y declaró nulas las adjudicaciones hechas por la Unión...

“...Las dos grandes compañías por su parte, convirtieron la zona de explotación en un verdadero campo de batalla. Las bandas armadas que tenían se atacaban mutua-mente para robarse la quina extraída, los víveres, las armas, etc. Así los aborígenes defendiendo algo a lo cual tenían derecho: su tierra, tomaban parte como un tercer combatiente y enemigo común, en la guerra declarada entre las compañías quineras mencionadas”.

Las dos empresas se enfrentan, cada una pertrechada con un nutrido grupo de apoderados nativos , “generales” y “doctores”, calificados como “socios” o “agentes” . En realidad no eran sino los factotums locales encargados por los extranjeros de re-solver sus diferendos jurídicos con la administración indígena; práctica colonialista entonces corriente en Asia y África. Se llega hasta a un conflicto epistolario entre el presidente del Estado Solón Wilches apoyando a Lengerke, y Rafael Núñez presidente de la Unión, respaldando a Cortissoz. Incluso se encuentra en el archivo de baldíos del AHNC (Tomos 3 y 4 de 1879-1881) las solicitudes oficiales que dirige desde El Socorro el presidente Wilches al presidente de la Unión en Bogota: reclama la cesión al Estado Soberano de Santander de 120.000 hectáreas de baldíos nacionales.

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Mientras tanto en los campos, más que cartas se usan productos recién importa-dos por ambos comerciantes: Winchester, Remington y Smith and Wesson. El venezolano arma una cuadrilla comandada por un “general”, y este en los caminos hacia Puerto Santander intercepta los envíos y “decomisa” la quina de Lengerke. El germano replica organizando una tropa de peones para enfrentar a su competidor venezolano. Agresiones, mutuos atropellos, escaramuzas y combates se desarrollan durante varios meses del año de 1881. La muerte de Lengerke en 1882 y la crisis de la quina el mismo año, ponen el punto final al enfrentamiento y no volvemos a encontrar datos sobre la adjudicación a Cortissoz, quien regresa a Barranquilla. Pero en “la feria de los baldíos” los nativos no se quedan atrás y este mismo año de 1880, Manuel Díaz Gra-nados “y otros” (formula que indica la existencia de una Sociedad comercial fundada para su explotación) titulan en Betulia y Girón cuatro adjudicaciones sumando cerca de 13.000 hectáreas.

Otra guerra de papel mantienen durante meses los dos rivales. Lengerke siempre acude a Solon Wilches y en los archivos de El Socorro y Bucaramanga se conserva lo esencial de sus reclamos. Por el contrario Cortissoz se dirige al Gobierno de los “Esta-dos Unidos de Colombia”, y su correspondencia se encuentra en Bogota, conservada en numerosos folios que llenan los tomos 2, 3 y 4 del Fondo de baldíos. En julio 5 de 1880 Cortissoz, entonces en plena contienda contra Lengerke, solicita del gobierno central “2.000 hectáreas de terrenos baldíos a orillas del río Opón”. Tres semanas más tarde, en julio 26 de 1880, está gestionando una solicitud anterior, aún pendiente, de “20.000 hectáreas de terrenos baldíos situadas en los distritos de Zapatoca y Betulia”. Su apoderado es Manuel Díaz Granados, quien además está tramitando otras adjudica-ciones en beneficio propio.

Desde luego no tardan las protestas de Lengerke, e incluso de Wilches, dirigidas al Presidente de la Unión, mediante correspondencia de julio, agosto y septiembre de 1880. Enseguida se defiende Cortissoz, en varias oportunidades. En su prolija correspondencia destaca un largo memorial de nueve páginas, fechado en Bucara-manga (agosto 8 de 1880) y dirigido al Secretario de Hacienda de la Unión. El venezolano se queja de “derechos atropellados” por las actuaciones regionales federales contra sus empresas. Insiste en que la casa comercial de Barranquilla que el representa en

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Bucaramanga ha invertido muchos capitales en la explotación de los bosques santan-dereanos, y en varias oportunidades reitera el argumento de los gastos en “esa indus-tria”. Más adelante hace un recuento de su solicitud de 20.000 hectáreas en Zapatoca y Betulia “como tenedor de bonos territoriales en cantidad suficiente”. Entre los testigos que cita como declarantes de la calidad de baldíos de los globos solicitados, figura su apoderado y socio Miguel Díaz Granados. Es de suponer que este actuaba como testa-ferro cuando solicitaba para él unas adjudicaciones en realidad codiciadas por Cortissoz. Más adelante, este acude a un arsenal de leyes, asegurando “ser libre la explotación de los bosques nacionales”, y luego se acoge a la protección de estas leyes amparando “la propiedad a los colonos y cultivadores”, pretendiendo a esa calidad. Hablando de la quina, escribe:

“...Yo tengo invertidos fuertes capitales en esa explotación y en ese cultivo”.Luego asegura:“...Tengo grandes desmontes, tengo fuerte cantidades de quina, mantengo allá más

de 400 hombres con sus capataces desde hace meses”.Se vuelve a quejar de sus gastos, “mucho dinero” dice, desarrolla una argumen-

tación tendiente en rechazar los motivos por los cuales el presidente Wilches negó la solicitud, y añade:

“Es lo cierto que en ese asunto no es el articulo 918 lo que obra, sino un proyecto particular y de lucro personal. Se dice por la voz pública que el Presidente de Santander, con pretexto de cuidar los bosques nacionales (los cuales no deben cuidarse porque son de libre explotación) va a enviar a mis baldíos a un concuñado suyo, señor Domingo Moreno, a explotarlos por cuenta de ambos , apoyados en la fuerza pública”.

Insistiendo por ultima vez en sus “cuantiosos gastos”, termina excusándose de su tono “airado”:

“...No se puede guardar recato con los que salen a quitarle a uno lo que tiene con el rémington disfrazado de progreso”.

Con todo eso, la política clasista de los baldíos se evidencia muy temprano cuando apenas se otorgan adjudicaciones, bien sea a mimados de algún régimen o “en recom-pensa de servicios”, bien sea a los especuladores traficando con bonos de deuda publica;

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incluso falsificados y reciclados en una oficina estatal en Bogota. Pero se hace más evidente aun, cuando la presión del campesinado de colonización obliga el gobierno a promulgar la ley 71 de 1917 sobre adjudicaciones menores de 20 hectáreas. Enton-ces los mimados y traficantes , a veces en forma muy expedita , mediante el trafico de influencias o el soborno de un burócrata extorsionista, logran titular latifundios que si quiera conocen; mientras tanto un labrador quindiano, tolimense o de Aracataca puede demorarse años para cumplir con los requisitos exigidos para escriturar veinte hectáreas.

Es más, el propio Estado con frecuencia niega a los cabildos las tierras baldías so-licitadas por nuevos municipios, y luego las adjudica sin dificultad a particulares. Eso es precisamente lo que ocurre en 1880-1883 a la “Aldea de San Vicente de Chucuri”, que acababa de ser erigida en municipio. Según el folio 80 del Tomo 4 del fondo de baldíos del AHNC, mediante una petición fechada en El Socorro (abril 13 de 1883), el cabildo de San Vicente solicita al Secretario de Hacienda de la Unión 20.000 hectáreas de baldíos para el municipio; legitiman su petición recordando su condición de “enti-dad de reciente creación e imperiosa necesidad la construcción de los locales públicos de casa Municipal y Cárcel, escuelas, carnicerías y cementerio”. Con este laconismo contesta el Poder Ejecutivo:

“...Se abstiene de acceder a esta solicitud “.Obtener baldíos era entonces más fácil para un traficante extranjero que para un

nuevo municipio colombiano; en la misma región y época, como se vio se estaban entregando extensiones muy superiores a Lengerke, Cortissoz, Díaz Granados, Robert Joy, y otros candidatos al latifundio.

Barrancabermeja.

Inscrito en el anterior contexto histórico, surge un nuevo tipo de confrontaciones en la zona petrolera santandereana. La concesión no es adjudicación; tiene carácter de arriendo pero no de propiedad. Inclusive, el contrato inicial de 1905 prevé, y dis-tingue, la posibilidad por De Mares de conseguir en propiedad unas adjudicaciones

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de baldíos. Y resulta que adentro de la concesión están radicados desde años atrás numerosos colonos, posesionados pero sin títulos.

En 1915, corre hasta Bogotá la noticia de la próxima llegada de los empresarios yanquis de la Tropical. Enseguida, con sus títulos debajo del brazo desembarcan en el puerto los dueños de títulos, y otros que aspiran a escriturar algún predio. Treinta años más tarde, recordaba el agrimensor Francisco Andrade:

“Llegaba a su fin el año de 1.915 cuando las primeras actividades para iniciar las exploraciones hicieron que los poseedores de títulos en esa región se preocuparon por su estudio y localización. Uno de ellos se dirigió a mi para que localizara y estudiara sus terrenos”.

A partir de 1916 los clientes de Pittsburg titulan sus adquisiciones en forma legal, a medida que compran predios en Puerto Galán: por lo tanto solicitan a los vende-dores la presentación de sus escrituras. Enseguida numerosos posesionados tratan de oficializar su posesión, legalizar sus predios; otros solicitan adjudicación acudiendo a los procedimientos legales. Algunos se enteran, salen del caserío, ocupan un pedazo de manigua, lo desmontan, construyen un rancho y esperan las ofertas de los empre-sarios para negociar su “mejora”. Llegan siempre mas “colonos” a ocupar más tierras vírgenes en los alrededores del pueblo. Es una carrera de velocidad para anteceder la empresa en la ocupación del espacio circundante, tanto cercano como en los futuros campos petrolíferos de Infantas y de La Colorada.

Por otra parte en 1917, en el mismo momento que la Tropical inicia sus perfora-ciones, se promulga la ley 71 a favor del pequeño campesinado de colonización. Como era previsible, enseguida los colonos se precipitan para titular sus “derribos” y la em-presa petrolera inicia los desalojos. Opera, según el caso y la relación de fuerza, manu militari o comprando mejoras.

A partir de este momento nos toca aunar la política de adjudicaciones con aquella de concesiones, siendo que actúan ambas en forma contradictoria. De hecho preva-lece la segunda, negando la primera: no obstante el Estado sigue dando en propiedad a los colonos, tierras que tiene arrendadas a los petroleros. Es decir que en forma más que ambigua pretende satisfacer a los campesinos colombianos pero sin perjudi-car a las empresas extranjeras. La vaguedad del contrato inicial es tal que ni siquiera

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considera la existencia del caserío naciente, el cual queda como parte integrante de la concesión. Tampoco tiene en cuenta que esta se extiende en miles de hectáreas que son patrimonio nacional, con estatuto de tierras baldías.

De tal manera que surgen de entrada las óptimas condiciones para el desarrollo de múltiples polémicas, entre la legislación de baldíos, a la cual acuden tanto el campesinado como los nuevos colonos, y la legislación de las Concesiones Mineras, con la cual batallan los empresarios extranjeros. Los colonos defienden sus adjudicaciones, pero la empresa defiende un contrato que según el Derecho le da poder para incluso abrir pozos, si así lo deciden, hasta en el parque de Bolívar y los solares urbanos de los barranqueños.

Atascado en sus contradicciones, el Estado colombiano tiene que escoger; sin vacilar un instante, ampara a los más pudientes. Además desde el principio los re-dactores del contrato de 1905 consideraron este amparo, y este dice en su artículo 6:

“El Gobierno se obliga a permitir la extracción de petróleo en los terrenos “ etc.Lo cual era una manera velada de asegurar la protección necesaria a los empresarios.

Esta cláusula se “aclara” y modifica en la Resolución Ministerial del 23 de agosto de 1919 autorizando el traspaso de la concesión de Mares a la Tropical, y en la escritura notarial definitiva del día 25:

“El Gobierno se obliga a permitir la extracción de petróleo en los terrenos que eran baldíos de la Nación el seis de diciembre de mil novecientos cinco, situados dentro de la zona definitiva de la concesión”, etc.

Con veinte palabras, se anulaban casi quince años de derechos adquiridos por los colonos y se abría la puerta jurídica a su expulsión. Reciben los campesinos el golpe más duro de parte del ministro Esteban Jaramillo, cuando bajo dictado de los petroleros, da a conocer la Resolución de 14 de Marzo de 1921 que fija el límite oriental de la Concesión a la Tropical. Mientras tanto en los alrededores de las perforaciones y de los campamentos de la Tropical; en Infantas y La Cira no tardan los primeros li-tigios entre colonos y petroleros.

Estos hechos y conflictos sociales en torno a las tierras aledañas repercuten di-rectamente sobre los inicios urbanos de Barrancabermeja. A solicitud de los norteameri-canos la Gobernación envía en febrero de 1922 un cuerpo de policía departamental

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a Barrancabermeja, al mando de Martiniano Valbuena, nombrado primero “agente inspector de hidrocarburos de las petroleras de Infantas” y poco después “Comisario de las riberas del Magdalena”; flamante cargo escondiendo un chafarote puesto al ser-vicio incondicional de la Tropical, y respaldado por funcionarios locales sobornados, como el mismo lo dice mas adelante. Apenas nombrado, rinde en marzo de 1922 un informe a la Asamblea Departamental en el cual solicita “una fuerza efectiva por lo menos de 50 hombres”; argumentando varias patologías sociales en la región, no puede menos que señalar:

“...llegando esta ola de abusos hasta los colonos de vieja data de vida entre el monte, cuyos derechos quedaron desamparados desde que ciertas autoridades se entregaban incondicionalmente a la Compañía petrolera en la esperanza , sin duda, de ser recompensados más tarde por ella, como casos se han visto.”

Unos días después supuestamente con base en las quejas del campesinado pero quizás a solicitud de la Tropical, el Congreso manda una comisión de encuesta, primero a Barranca, luego a Infantas. La preside Nemesio Camacho, es miembro de ella Miguel López Pumarejo, y al propósito escribe el corresponsal de Vanguardia Liberal que “los comisionados en nombre del pueblo le expusieron ligeramente los motivos de quejas que existen contra las autoridades y empleados de la Tropical”. Valbuena presenta su versión de los aconteceres:

“...muy pequeña la guarnición de policía para contener la desmoralización, reprimir las contiendas, riñas, borracheras, robos y otros muchos desordenes que nos desacredi-taban antes los mismos extranjeros que intervenían en los negocios petroleros”.

Es cuando Nemesio Camacho, obedeciendo las demandas de la empresa, sin esperar su regreso a Bogota, envía desde Puerto Wilches al Ministro de Gobierno un telegrama en el cual preconiza reforzar de inmediato el aparato policivo, señalando:

...” la premiosa necesidad pronta ejecución localizar Sección Policía Nacional allí y en Infantas. La Empresa Petrolera ofrece el local para alojar treinta hombres, que permitímonos insinuar sean dirigidos por probado personal del interior”, etc.

Contesta apresuradamente el ministro V.M. Salazar el 21 de abril:“Estaba ausente. Ahora ocúpome organizar Sección Policía para Barrancabermeja,

y espero despacharla el lunes próximo, de manera que llegue a su destino el jueves 26”, etc.

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De inmediato, la Asamblea de Santander emite reservas, viendo en esta decisión el primer paso hacia la nacionalización de la región de Barrancabermeja; el Ministro de Gobierno tranquiliza Bucaramanga el 24 de abril en estos términos:

“....esta medida, cuyo objeto es satisfacer una necesidad imperiosa en que se hallan en juego valiosos intereses no solo de carácter seccional sino también nacional...no tiene otro alcance que el de prestar mano vigorosa a las iniciativas oficiales y particulares del Departamento para la implantación y sostenimiento del tren administrativo que la Asamblea estudia y que el creciente desarrollo de la riqueza petrolífera exige imperiosa-mente en aquel importante territorio”.

Mientras tanto, las actuaciones de Valbuena no tardan en suscitar varias protes-tas. Lo denuncia al gobernador, con marconi del 23 de abril un tinterillo al servicio de los colonos expropiados por la Tropical y atropellados por la tropa:

“Ruególe imponer medidas enérgicas fin reprimir abusos, infamias cometidas por autoridades Barrancabermeja, quienes asegurase son comprados por Compañía Tropi-cal”(...) Benedicto Uribe.

Seria constante esta denuncia de la corrupción administrativa local que tenia su mismo origen en las actuaciones de De Mares desde 1913. De tal modo que en Barranca la población protesta, obligando el Gobernador al cambio continuo del alcalde y al propósito dice Valbuena:

“Alcaldes ha habido que se vieron forzados a tomar las de Villa Diego, perdiendo la autoridad a trueque de conservar la vida”.

De regreso a Bogota la comisión rinde su informe: menciona “las disputas de in-tereses que ya se suscitan y que aumentan de día en día, “el hacinamiento de gentes de diversas procedencias y razas, suele dar motivos a ejecución de hechos delictuosos que la más de las veces quedan sin correctivo o sanción por falta de una autoridad inme-diata y competente”, y concluye que es necesario crear en Barranca un nuevo Circuito Judicial. Enseguida presenta con prontitud al Congreso el proyecto de ley por el cual se crea el Circuito Judicial de Barrancabermeja. Era el 3 de mayo: apenas una semana antes había sido inaugurado el nuevo municipio. Iniciaba su vida administrativo con un alcalde y su secretario, un personero, un juez municipal y dos secretarios, un jefe de la Policía con treinta agentes...y dos maestros de escuelas.

[105]


Con base en esta política represiva, asegura S. Galvis que el gobierno “le puso coto a esta situación”; pero veamos como actuó entonces el ministro Víctor Salazar desde Bogotá:

“Por medio de sus respectivos representantes en Colombia ha solicitado del Gobierno la Tropical Oil Company que se la ampare contra las usurpaciones y perturbaciones de algunos individuos que invaden con frecuencia parte de los terrenos ubicados en el De-partamento de Santander, en que se hallan situadas las fuentes de petróleo cuya explo-tación ha emprendido en su carácter de cesionaria de la concesión que fue otorgada por el Gobierno en 1905 al señor Roberto De Mares. En memorial dirigido al excelentísimo señor presidente de la Republica con fecha 6 de junio ultimo dice el señor William F. Montavon, Apoderado y representante general de la expresada Compañía…”

Sigue la queja de los empresarios recordándole sus deberes al gobierno:“El Gobierno dará al contratista, por conducto de las autoridades de la región y

dentro de sus atribuciones, la protección legal necesaria para hacer efectivos los derechos que adquiere por el presente contrato”. (....)

“El arrendador es obligado: 3º A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada”.

“Me he permitido hacer las anteriores citas convencionales y legales, para pedir muy respetuosamente a Vuestra Excelencia la protección necesaria a que la Compañía tiene derecho contra las usurpaciones y mortificaciones de ciertos individuos que con frecuencia penetran a los terrenos de la concesión, derriban allí árboles, dañan los puentes u otras obras construidas por la Compañía e indispensables a ella, e impiden el trazado de vías férreas , etc.(....) la Tropical oil Company debe ser protegida , por existir un contrato que así lo dice y también porque lo manda la ley, contra los usurpadores y gentes que impiden a la Compañía ejercer libremente sus derechos.”

Retoma la palabra el ministro para dar la razón a la Tropical y dictar esta resolución contra los colonos:

“En merito de las anteriores consideraciones, se dispone oficiar al señor Gobernador del departamento de Santander , para que a su vez lo haga a las demás autoridades administrativas de su dependencia a fin de que se haga saber al público que los terrenos

[106]


objeto de la concesión no pueden ser ocupados en forma alguna por particulares sin permiso de la Compañía y para que por dichas autoridades se le preste a ésta el apoyo legal contra toda perturbación que le impida ejercer libremente sus derechos”. (Resolución Nº 126, Ministerio de Gobierno, julio 13 de 1922)

Tiene el interés pedagógico esta Resolución de consignar por escrito el modelo de

las actuaciones de los gobernantes colombianos de esa época, cuando por conciencia

y defensa de clase se ponían al servicio incondicional y servil de los intereses extran-

jeros. Ahora bien, tanto se “puso coto” con esta intervención que la situación empeoró

rápidamente. De tal modo que esta medida contribuiría a unir el campesinado y el

proletariado en la primera huelga obrera del año de 1924.

De febrero hasta mayo de 1922, el cuerpo de policía tiene su base en el puerto,

pero a insistencia de la empresa se muda en junio para quedar al pie de los pozos, en

Infantas y al servicio directo de la Tropical como lo deja en claro su jefe:

“ No ha mucho dije al señor Gobernador que no entendía yo de que arte se valiera

Benedicto Uribe para asustar a la Tropical y arrancarle tal suma no habiendo ella hecho

otra cosa que reclamar su derecho que era perfectamente claro y yo amparárselo

lanzando a Piedrahita como ocupante de hecho...”

“...pues mi policía y yo tuvimos que dejar a Barrancabermeja para establecernos en

Las Infantas”...

En septiembre, Benedicto Uribe se dirige al periódico El Tiempo para denunciar

nuevos atropellos del chafarote:

“El comisario Martiniano Valbuena (...) es temido en esta región por sus innumerables

atropellos y sus inauditos abusos. Despoja frecuentemente los colonos, viola los domicilios

y dispone de la vida y honra de los ciudadanos a ciencia y paciencia del gobernador

García Hernández (...) Benedicto Uribe.”

Alertado el gobernador envía el 20 de septiembre este telegrama a su jefe de la

Policía:

“Colonia antioqueña quejase a excelentísimo Presidente de que usted aprisiona, co-

bra multas, viola domicilios, despoja colonos, defrauda tesoro, comete inauditos abusos

[107]


a ciencia y paciencia del gobernador García Hernández. Para poder contestar los cargos

sírvase presentarme sus descargos. Servidor, J.M. García Hernández”.

El Jefe de la Policía justifica en octubre sus actuaciones:“...Hace cuatro meses mi policía y yo prestamos servicio aquí en Infantas. Los tra-

bajadores se alojan en campamentos semejantes a cuarteles de campaña, pertenecientes a la Tropical, en los cuales hay un verdadero cosmopolitismo de hombres solos que se hace necesario inspeccionar de tiempo en tiempo o cuando ocurren altercados entre los obreros”. (...) Tengo suma fe en que si se protege a la compañía como es de esperarse , se salvan tambien numerosos trabajadores y grandes intereses de esta zona llamada a un envidiable porvenir”.

Quizás por eso sigue expulsando colonos:“A los perturbadores venidos después de la resolución citada se les ha prevenido que

aventuran cualquier trabajo que emprendan en los terrenos de la concesión. En todo caso espero la acción del señor alcalde en estos asuntos, decidido a prestarle el apoyo que necesite”.

Mas adelante justifica las expulsiones con esta argumentación, sobre la cual volveremos mas adelante:

“El público ávido de granjerías(....) se infiltraba dentro de los dominios de la concesión de Mares.(...) Se internaban en los bosques y de pronto aparecían con un pequeño des-monte con el fin de reclamar los derechos como antiguos colonos a quienes perjudicaba dicha Compañía al pasar por allí sus carreteras u otra clase de trabajos.(...) El ministe-rio de Gobierno dictó la aludida resolución(...) Entonces vinieron los lanzamientos de los simulados colonos y de los traficantes de indecorosos procederes(...) contra quienes tuvimos que sostener los derechos de la Compañía y los mandatos del gobierno.”

(Varios folios relativos al asunto se conservan en el Archivo de la Presidencia).Efectivamente, el olor a dólar con petróleo atrae una turbia fauna de vividores y

traficantes; algunos, gracias a sus complicidades en la alcaldía presentan apresurada-mente una solicitud de adjudicación de tierras baldías en la concesión. Su único fin es revender los predios ya como “mejoras”, a la empresa petrolera, víctima dos veces de sus actuaciones; primero despojada y luego extorsionada. Pero los vivos no hacían sino seguir con una vieja práctica, incluso aprendida de las conductas de la clase dominante.

[108]


En noviembre de 1920 (FB. Tomo 46) el Secretario de Hacienda de la Gobernación en Bucaramanga, envía una larga carta al Ministro de Agricultura y Comercio: son cinco folios sobre adjudicaciones de baldíos en tierras del caserío de Barranca. En un aparte el funcionario se refiere discretamente a las expulsiones:

“...existen en los mismos terrenos propiedades de infelices trabajadores que después de largos años de fatigas han logrado establecer allí sus habitaciones”.

Según el FB. Tomo 47, diciembre 2 de 1920, surge otro litigio inesperado: quince colonos del corregimiento redactan en BB un memorial dirigido al Ministro de Agri-cultura y Comercio protestando contra la pretensión de adjudicación de “imaginarias minas de oro” que presentó un recién llegado a la zona. No tardan en presentarse controversias y conflictos entre la Tropical y los colonos radicados previamente en su con-cesión. En el Tomo 49 de 1922 (Folios 99 hasta 103) se hallan cinco páginas relativas a lanzamientos de colonos por la Troco. Las quejas llegaron al Ministro de Gobierno, y desde la alcaldía Nepomuceno Gómez le pregunta el 4 de octubre de 1922:

“¿Pueden despojarse colonos establecidos dentro zona arrendada a la Tropical Oil Company? Compañía solicítalo. Ruego ilustrarme.”

Presionado por la empresa, insiste el 6 de octubre:“Ruego contestarme tele.156. Tropical urgeme”. Igualmente consultado el Gobernador, el prudente mandatario devuelve la

pregunta al Ministro:“Señor Ministro Gobierno.“Consulta Alcalde Barranca Bermeja si Colonos en Infantas, establecidos antes de

ser expedida la Resolución 126 sobre amparo a la Compañía Tropical, cesionaria de la concesión de Mares deben desocupar los terrenos comprendidos dentro de tales señala-dos en ella. Aunque estimo que la Resolución no tiene efecto retroactivo siempre creo prudente que sea el Ministerio quien lo resuelve. Servidor.

J.M. García Hernández.”Según la costumbre, en todos los asuntos candentes figura la respuesta prudente

del Ministro al revés de la carta o del telegrama. En este caso el Mingobierno elude la respuesta, tira el litigio al Ministro de Agricultura para que decida y conteste al alcalde. En otro telegrama vuelve a la carga el primer alcalde de BB:

[109]


“¿Por terrenos adjudicados recientemente, cultivados después de 1905, puede Tropical atravesar líneas férreas sin indemnización, sin juicio previo?”.

Se asoma otro tipo de dificultades en el telegrama que manda la Gobernación a los ministros de Relaciones Exteriores, de Gobierno, de Agricultura y Comercio, en Enero 9 de 1922 (FB, tomo 50):

“Pretensiones compañías petroleras región San Vicente Chucuri, permanentes juicios policivos sobre amparo posesión continuos, desagradables, peligrosas ocurrencias originadas por estas encontradas pretensiones hacen ya imposible consecución Alcalde para aquel Municipio y la vida allí es verdaderamente azarosa. El alcalde modelo para una compañía es prevaricador y pésimo empleado para los otros...”

Detrás del lenguaje sibilino se asoma el hecho de que las autoridades locales estaban al servicio de la empresa petrolera y que unos de los funcionarios eran empleados suyos. Además la situación se venia complicando con la irrupción de empresas rivales. Contesta el 11 un Ministro de Agricultura y Comercio que parece preparar alguna reelección:

“....que trabajara gustoso con el fin de que el Congreso expida alguna ley que ponga fin a la lamentable situación creada en la región de San Vicente, por las pretensiones de las compañías petroleras”.

Con anterioridad, un telegrama proveniente de Barranca, puesto en Puerto Wilches en Enero 3 de 1922 y dirigido al Ministro, precisa esta situación y confirma el servilismo de los funcionarios locales (FB. Tomo 50, folio 372):

“Empleados de la T.O.C. vulneran diariamente derechos colonos nacionales; actual-mente atropellan nuestras propiedades legalmente adquiridas. Toda solicitud amparo ante autoridad esta es nugatoria. Ante ambiciones empresa mencionada inspector Policía gasta lenidad incalificable.” Andrés A. Núñez - Agustín Núñez M.”

En octubre 27 de 1922, la Procuraduría General de la Nación envía al Ministro de Agricultura y Comercio la copia de un telegrama firmado en BB por 6 colonos (FB. Tomo 50). Puesto en el telégrafo de Puerto Berrio es un memorial de atropellos de la T.O.C. Una semana antes, el día 19 llegaron al campamento de Infantas el alcalde y un representante de la empresa:

[110]


“...allí acompañados Jefe Policía Departamental, bien armados, dirigieronse a nues-tras habitaciones y su diligencia , termino preventivo llevaron efecto bárbaro, violento, arbitrario despejo sin que ninguno de nosotros, interesados, estuvieramos presentes: de-senclavaron cerraduras, violentaron puertas, penetraron habitaciones, tiendas , sustrajeron todo cuanto había; remitiendo efectos camiones este puerto, arrojaron familias carret-era: siguiente día provistos hachas, dinamita ,bien armados destruyeron edificios, antes haber disparado fusiles habitaciones, solas sirvientas escaparon vida milagrosa-mente”...etc.

Admite el moderado informe del CPU de Uniandes en 1970:“..La función de la policía nacional, ubicada en los edificios construidos y donados

por la Compañía, no fue nítidamente clara en el control de las situaciones sociales ni permitió definir con precisión el concepto de seguridad industrial. En ciertas situaciones la seguridad industrial dependía de la Compañía y en otras, particularmente en los conflictos sociales, de las fuerzas del Estado”.

Referido a la colonización, la misma fuente caracteriza la actitud de la T.O.C.:“...no propició un racional programa de colonización y, antes por el contrario, la

obstaculizó, hecho que se convirtió en uno de los puntos de reclamo en la huelga de 1924. El patrón de colonización de la región fue, pues, subrepticio y controlada la circulación por la zona rural”.

Lógicamente, la ley 71 estimulaba la radicación rápida y continua -algo simu-lada y siempre clandestina- , de nuevos colonos tratando de ganar de velocidad a la petrolera y pidiendo adjudicaciones al Ministerio de Industrias. Estas solicitudes se incrementaron en los años 20-25 lo mismo que las arbitrariedades de la Tropical, las controversias, y las confrontaciones triangulares entre el Poder, la empresa yanqui y los colonos. Además, actuando en forma muy ambigua, la Gobernación siguió adjudi-cando baldíos, como lo mencionaba en 1925 el Secretario de Gobierno en su Informe anual al Gobernador:

“Baldíos. La importancia de esta sección crece día a día por causa de las numerosas solicitudes sobre

titulación y adjudicaciones de tales tierras. El actual despertar económico, proveniente

[111]


del vigoroso impulso dado a las vías férreas y del establecimiento se poderosas com-pañías extranjeras en algunas regiones...ha determinado a muchas personas, naturales o jurídicas, a concurrir a hacerse propietarias de porciones mas o menos considerables de acuerdo con las prescripciones legales al respecto, por medio de la ocupación y el tra-bajo... Al aclimatarse definitivamente el capital extranjero en nuestra Patria, irán aumentando las solicitudes de terrenos baldíos.

Al presente cursan 135 expedientes sobre la materia; 11 de estas han sido resueltas con los respectivos Decretos de adjudicación, a saber... “etc.

Curiosamente, el listado que sigue se refiere exclusivamente al municipio de Barrancabermeja. Seis adjudicaciones se refieren a lotes urbanos para vivienda; cinco beneficiados son hombres y el sexto solar se titula a Micaelina Estrada. Cinco predios más, evidentemente más extensos y supuestamente destinados a la agricultura, se localizan “en jurisdicción del municipio”: sorpresivamente, aunque no tanto, volvemos aquí a encontrar en “el punto denominado La Esperanza” el afortunado “colono” Eduardo Sierra Tamara, terrateniente urbano y suburbano, y hermano de un concejal...

De hecho, se intensifica tanto la codicia como la carrera de velocidad entre los distintos competidores. No se detiene en la década del treinta y escribía en su Informe del año de 1932 el Secretario de gobierno Departamental:

“Baldíos.- Desde varios años a esta parte se han venido otorgando concesiones por baldíos en las mejores tierras de Santander, situadas frente al río Magdalena y espe-cialmente en la regiones petroleras como Barranca y el Carare. Al principio esas ad-judicaciones se hicieron por un crecido numero de hectáreas, y es la verdad que quienes las tomaron a título de colonos no han hecho otro cosa que despojar a los verdaderos cultivadores, no haciendo en esas tierras obra alguna que beneficie la región, pues en general todos esperan la valorización de esas tierras para venderlas a compañías extranjeras, especulando así con la riqueza común. Si esto es un mal, no es menor el que se causa a los hombres de trabajo, pues la posesión de esos terrenos los priva de la oportunidad que puede ofrecerles la explotación de maderas y otros recursos que se quedarán estancados por muchos años sin beneficio para nadie. Buena labor haría el Gobierno Nacional revisando esos títulos y haciendo que se cumplan las obligaciones que tiene contraídas los actuales propietarios.”

[112]


La carrera por los baldíos proseguía en los años cuarenta. Veinte años antes, se había construido un proletariado industrial con un campesinado sin tierras. Ahora jubilados o retirados, los viejos trabajadores de la TOC desmontaban una parcela en La Cira o titulaban una finquita en Infantas. En 1949 la TOC aria dibujar un mapa escala 1/10.000 del tamaño de una sabana (84 centímetros por 2 metros con 16) titu-lado “Mapa General de Infantas y La Cira. Predial de colonos. Índice de parcelas”, en el cual se localizaron entonces 507 lotes de los más diversos tamaños, ocupados por las mejoras de los colonos que habían acudido a la región desde 1920, y que se extendían desde la Colorada y el pozo numero 1, al sur, hasta El Centro, la Cría, llegando al norte un poco antes de la entrada a la ciudad portuaria. (Mapa IOC Nº 145, archivo UIS, mapa Nº 8)

Con lo anterior, la historiografía de las guerras civiles santandereanas es a todas luces incompleta. Del siglo XIX, desconoce la guerra de la quina entre un alemán y un venezolano, en torno al dominio de los baldíos, de los bosques y de la planta misma, de los caminos hacia la exportación. Igualmente, es muy lacónica a propósito de la prolongada guerra que libraron el Estado republicano y los mercaderes mestizos del oriente, para lograr el exterminio y la extinción de las últimas comunidades yariguies.

Del siglo XX, falta aún indagar sobre la guerra anglo-norteamericana de las pe-troleras: o sea la contienda en la cual, entre 1920 y 1922, se enfrentan violentamente en el Opón- Carare, y mas precisamente en las tierras de La Tempestuosa y de La Llana, la Tropical Oil Company, La Leonard Exploration Compañy, ambas de Estados Unidos, contra la Lobitos Oilfields Limited Company británica. No obstante, esta con-frontación internacional, con marconis, papel sellado y el plomo de las Winchester en unas veredas santandereanas, ilustra la sentencia que se regó en los años veinte en los círculos políticos bogotanos: en Colombia la industria del petrolero era más que todo una industria de pleitos. Lo cierto es que en el Opón-Carare, a la guerra germano-venezolana de la quina, hay que agregar la guerra anglo-norteamericana del petróleo.

El conflicto, aunque se asomaba desde 1920, al parecer estalla el año siguiente

y culmina en 1922. Esta documentado principalmente por unos cien folios (de 516

hasta 619) del tomo 159 del Fondo Ministerio de Gobierno (Varios) conservado en el

[113]


AHNC. Los documentos cubren desde diciembre de 1921 hasta Agosto de 1922; al-

gunos más están esparcidos en otros tomos del mismo fondo. En esa ultima fecha, en

la fase mas álgida del enfrentamiento se interrumpe la información. Los documentos

brincan al año de 1923, y no se sabrá nada más sobre el desenlace de la guerra de las

petroleras yanquis y británicas en Santander.

De una vez se pueden identificar los principales protagonistas:

1) La Tropical Oil Company norteamericana. (En adelante la llamaremos TOC)

2) La Leonard Exploration Company norteamericana. (En adelante LEC)

3) La Lobitos Oilfieds Company de Gran Bretaña. (En adelante LOC)

4) El mercader-banquero Pedro A. López y sus hijos.

En cuanto al periodo señalado no es casual sino que en 1920-22 confluyen y se

mezclan los diversos ingredientes del estallido:

1) La ley 120 de diciembre de 1919, y la inmediata proliferación de empresas

extranjeras.

2) El traspaso simultaneo del Titulo falso del Carare a la sociedad comercial de la

familia López.

3) La nueva delimitación de la concesión de Mares, con deslinde ampliado a favor

de la Tropical-Standard, y la Resolución respectiva firmada por el ministro E.

Jaramillo en marzo de 1921.

4) Las ordenanzas de erección del municipio de Barrancabermeja en Marzo y abril

de 1922.

Ahora bien, a medida que se agudiza el litigio entran en la disputa nuevas tropas:

1) Los pretendidos beneficiados de la antigua concesión adjudicada a Cortissoz

en 1881.

2) Los colonos con posesiones y mejoras en La Llana, la Tempestuosa y otras

veredas del municipio de San Vicente.

En cuanto se refiere al primer punto, se hizo un listado de las Legalizaciones de

Compañías Extranjeras, por parte de la Presidencia, entre 1888 y 1922, tales como

[114]


aparecen autorizadas en el Fondo Ministerio de Gobierno del AHNC; cada una con

su respectiva publicación en el Diario Oficial. La estadística indica lo siguiente:

Años Nº de Empresas

1888-1890 14

1906-1907 16

1907 21

1908 27

1909-1910 23

1911 10

1912 15

1913 16

1914-1915 10

1916-1917 11

1917-1918 18

1919 12

1920 24

1921 19

1922 16Se puede comprobar la actuación de la Ley 120, siendo que en el periodo 1920-

22 se registran 59 legalizaciones de empresas extranjeras de las cuales 14 son firmas petroleras británicas o con sede en Estados Unidos. Entre estas la L.O.C., registrada en 1921 y la L.E.C., del año de 1922. En otras palabras, con la Ley 120 se despejó el horizonte para las petroleras que deseaban invertir en la prospección de los campos petrolíferos colombianos.

Referido al segundo ingrediente, como se vio unas paginas atrás, se inicia con una falsificación de escrituras. Unos de los falsificadores lograron engañar a la LOC. y esta compró parte de los “derechos”. Otros de los falsificadores aportan sus títulos fraudulentos a una sociedad que fusionó con la Casa Comercial Pedro A. López, en el año de 1919.

[115]


En cuanto al tercer punto es preciso recordar que en 1905, De Mares pretendía haber descubierto los manantiales de La Llana y Hospital, región que ni siquiera conocía. Luego, y en medio de sus sucesivas intrigas, nunca omite insistir sobre sus pretendidos privilegios en estas dos veredas. Cuando en agosto de 1919 el gobierno autoriza el traspaso por de Mares de la concesión a la Tropical, los apoderados de esta disputan tenazmente el lindero oriental. En 1920 recorre la zona la Comisión Técnica del Ministerio de Obras Públicas y finalmente se emite al respecto la Resolución del Ministro de OOPP Esteban Jaramillo, con fecha de Marzo 14 de 1921. Incluye explíci-tamente “las fuentes petrolíferas denominadas “La Llana” y “El Hospital”.... en donde la Lobitos ha comprado tierras a particulares y está organizando los campamentos de sus primeras perforaciones”.

Lo anterior significa que los británicos, desde años atrás, iban adquiriendo propie-dades afuera de la concesión; pero presionado por la TOC el ministro no vacila en decretar que quedaron adentro de la concesión a De Mares, decisión que este último nunca había podido conseguir.

Finalmente, en estos mismos meses crece el interés de la Tropical de escapar a la

burocracia de San Vicente y de tener su propio cabildo en Barranca Bermeja. Actúa

para difundir la idea que el municipio debe ser “amplio”, vale decir coincidiendo su

jurisdicción con los linderos de la concesión. El juego político en las esferas de Bogota

y de Bucaramanga, contraria este propósito: La Llana quedaría en la jurisdicción de

San Vicente de Chucuri donde la administración local, al parecer es favorable a la

empresa inglesa.

En cuanto a la cronología de los acontecimientos, estos van surgiendo a medida

que uno voltea las hojas amarillentas de los documentos.

En la pagina 12.613 de la Gaceta de Cundinamarca, de julio 23 de 1920, figura en

los anuncios legales la traducción del documento notarial de creación de la sociedad,

expedido a la Leonard Exploration Company por el notario de Wilmington, Delaware.

(En la misma página se registra la constitución de la “Fidelity Phenix Fire Insurance

Company de New York”, la cual confiere poder a Pedro A. López y Compañía,

documentos protocolizados por Miguel López Pumarejo).

[116]


En febrero 16 de 1921 interviene su hermano Eduardo López Pumarejo en defensa de “los derechos” de la sociedad familiar en el Carare, quejándose de las actuaciones de la LOC:

“...que en los últimos días han llegado hasta el extremo de impedir a mano armada las pacificas labores que con pleno derecho llevan a cabo nuestros empleados y agentes”.

El documento y los que siguen indican que los López se quejan porque la LOC. compró, y sigue comprando predios a ocupantes, dentro del globo del titulo falso del Carare, del cual aún se pretenden dueños. Hablando claro, lo anterior significa que tienen el descaro de acudir a la justicia del Estado para amparar su delito.

En el Tomo 144 de 1921 los folios 32 hasta 134 tratan de diversos asuntos relacio-nados con la Lobitos Oilfields Company. En el Tomo 16 figura la Resolución firmada el 30 de abril de 1921 por el presidente Suárez y el encargado del Ministerio de Gobierno, Miguel Abadía Méndez. La Empresa declara su sede en Londres y sus apoderados son los tres hermanos Trace, importadores y exportadores con casas de comercio en Bogota, Medellín y Barranquilla.

En Mayo de 1921, el conflicto desborda las veredas y toma rasgos de diferendo de diplomacia internacional, con intervención de la Legación Británica en defensa de sus súbditos. Después de seis meses de silencio en la documentación, en noviembre 21 de 1921 (Tomo 18) se registra el apoderado de la Leonardo Exploración Com-pany, el colombiano Carlos R. Restrepo y en enero 11 de 1922 se registra esta em-presa, fundada en Wilmington, delante el mismo notario que registró la Tropical en 1915. Igual que entonces, no aparece John Leonard como socio, sino que figuran tres desconocidos. Poco después se señala la presencia de la Leonard Exploration Com-pany prospectando en los yacimientos de Marta y el Rio Sogamoso.

Mientras tanto surgen los primeros diferendos oponiendo la LOC a sus rivales. En diciembre 12 de 1921 (Tomo 159 f. 516) el Mingobierno envía un telegrama al alcalde de San Vicente mencionando “actos despojos por acciones policivas intentadas ante Usted por compañía Lobitos Oilfields”. El mismo día contesta el alcalde (f. 517):

“Compañía Lobitos comprobó con cinco declaraciones posesión un terreno predio Llana”.

[117]


Lo cual al parecer significa que al interior de la concesión De Mares, en tierras baldías de las cuales la Tropical-Standard es apenas arrendataria de la Nación, la LOC está comprando mejoras a colonos que carecen de escrituras de propiedad. Pero la LEC irrumpió en la zona y entra a competir con la LOC en la consecución de predios, comprando también, a sus ocupantes tierras no tituladas. Efectivamente el alcalde se puso de parte de la LOC y en seguida protesta el abogado del Leonard, pidiendo además la cabeza del funcionario. (f. 524) Desde Bogota manda el 12 de diciembre de 1921 al Gobernador un telegrama con rasgos de ultimátum:

“Sorprendidos inesperado aviso haber sido lanzados violentamente por Alcalde San Vicente, señor Clemens y trabajadores que por cuenta mía y de la Leonard Exploration Company estaban ejecutando trabajos en La Llana, en virtud de derechos que como arrendatarios y comuneros tenemos en dicho terreno. Alcalde consumó despojo con manifiesta parcialidad puesto que no hizo caso alguno de contratos de arrendamiento y escrituras de propiedad que exhibieronsele oportunamente violando art. 14 ley 57 de 1915 mostrando deplorable incompetencia que oblígame dirigirme a usted para supli-carle que delicado puesto Alcalde San Vicente sea colocado en manos persona com-petente e imparcial ya que está para vencerse periodo señalado por Código Político Municipal. S. Fado. Carlos R. Restrepo”.

Desde Bucaramanga le contesta el gobernador el día 14, revelando que los litigios venían acumulándose desde meses atrás:

“Refiérome suyo 12 corrientes. En espacio diez meses ha habido cuatro Alcaldes distintos en San Vicente. Unos han agradado a la Lobitos otros a la Leonard, según han sido sus resoluciones en juicios por intereses encontrados aquellas Compañías. Tengo conciencia haber escogido para tal puesto el mejor personal entre los que resignanse vivir allí con sueldo exiguo fijó la Asamblea. Imposible seguir haciendo cambios indefinidos, que seguramente no satisfarán a ambas Compañías. Queda a estas recurso alzarse con-tra Resoluciones estimen ilegales, lesivas sus derechos, e intentar acción criminal para exigir responsabilidad a Alcalde Prevaricador, si puede comprobársele afrentoso cargo. Lamento no encontrar otro medio que, acorde justicia, dejarlo a usted satisfecho, que es mi anhelo. S. Fdo. J.M. García Hernández”.

[118]


(Cuatro meses más tarde, el Gobernador nombraba un nuevo alcalde en San Vi-cente, protestaba el “renunciado” ante el Ministro de Gobierno y varias cartas ilustran una nueva polémica que se extendió entre mayo y junio de 1.922.)

Fiel a su costumbre, el Gobernador sagaz se ampara mandando copia de ambos mensajes al Mingobierno. En Enero de 1922 este recibe las quejas de la Lobitos, con copias de los marconis de los días 19-21 y 22 que el gerente recibió de su agente Mac Allister (f. 530). Este informa sobre los enfrentamientos que ocurren a diario en La Llana entre las peonadas de las empresas y los mismos capataces contratados por la LOC y la TOC, utilizando en varias oportunidades el término “los enemigos”. Los agentes de la TOC afirman que esta “entrara a La Llana por bien o por la fuerza” y Mac Allister describe el ambiente que reina en los frentes de trabajo:

“Sobornan nuestros trabajadores. Derraman oro con el fin de impedir que nuestra compañía consiga peones. Almacenan en linderos fabulosas cantidades de víveres y de herramientas. El pueblo en general en favor de ellos por derroche de dinero”.

El 24, el alcalde de San Vicente se dirige al Mingobierno y el 25 es el apoderado Arévalo quien desde esta localidad avisa a la sede de la LOC en Bogota con este dramático mensaje (f. 531):

“...las amenazas de los contrarios de arrebatar La Llana a sangre y fuego...Que conozca ese telegrama el Procurador y el Ministro Británico pues aquí desatose borrasca salvaje de soborno y violencia bajo bandera yanqui...repito, peligran derechos y vidas...Invadieron La Llana...” etc.

Tambien se dirige el mismo día al Ministro de Gobierno (f .528):“Como abogado Compañía Lobitos esta región atentamente su conocimiento: Com-

pañía Lobitos como dueña, poseedora predio Llana fue amparada en su posesión por mandato Providencia conocen su despacho , de autoridad competente fecha diez (10) Diciembre ultimo , contra ocupación de hecho, ataques y perturbaciones de Agentes de Tropical Oil Company y Leonard Exploration , pantalla de Tropical .Tal virtud cesa-ron transitoriamente perturbaciones, pero desde mediados semana pasada mismos y nuevos agentes han renovado violentos ataques contra mismo predio, invadieronlo a la fuerza, violando así no solo derechos reconocidos sino mandato autoridad.

[119]


Ayer abogados de tales Compañías intimaron Alcalde, que “están resueltos arrebatar predios “Llana”, desobedeciendo fallos autoridad y a toda costa “... etc.

El 27 el Gobernador resume muy bien la situación en un marconi enviado al Ministro (f.534):

“...motivo de haber varias compañías extranjeras disputándose cuantiosos intereses”.Con toda evidencia las dos empresas yanquis trataban de impedir la implantación

en la región de la empresa inglesa. La Standard Oil había creado la Leonard no solo para ampliar la acción de la Tropical bajo otro rotulo, sino además con el objeto de oponerse a la loc. y detener su progresión en la zona fronteriza de la concesión.

En estos días el diferendo se agudiza, obligando la intervención del Procurador General de la Nación quien en Enero 20 de 1922, en un memorial de varias paginas trata largamente del enfrentamiento entre las tres empresas extranjeras. (f. 537 y siguientes)

El día primero de febrero de 1922 el alcalde de San Vicente manda al Ministro de Gobierno un mensaje particularmente dramático (f.543):

“Acabo regresar predio Llana donde fui comisionado Prefectura practicar lanzamiento Agente Lobitos. Diligencia suspendiose por imposibilidad verificar linderos. No obstante fue inminente peligro ocurrieran partes vías de hecho, hubieran ocasionado considera-ble número de víctimas. Casualmente pude impedirlo. Para evitar cerramiento sangre dime obligado ordenar a ambas partes suspensión provisional trabajos, pero temo sea violada esta disposición y entonces será imposible impedir sacrificio numerosas vidas pues Lobitos creese amparada posesión con lanzamiento practique diciembre...America-nos créense autorizados entrar con lanzamiento decretado prefecto, el cual comprende predio ampare Lobitos. Actitud hostil asumida ayer por ambas partes, gran aglomeración peones acrecientase por momentos, resolución no ocultan, entrar los unos, defender los otros, predio litigan, haceme temer puedan ocurrir hechos perturben tranquilidad pública, comprometan soberanía Nación ‘’.

Lo cual significa que el Prefecto, desautorizando al alcalde, echa atrás el lanzamiento de la Leonard y opta por el lanzamiento de la Lobitos. Se comprobaría luego - y lle-garía la noticia hasta la prensa regional- que el Prefecto era agente y ex empleado de la Tropical oil Company.

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En febrero 3, el Gobernador rinde un informe al Ministro (f. 542), mencionando una comunicación que recibió del alcalde de San Vicente “sobre inminente choque sangriento entre peonadas compañías Leonardo y Lobitos”.

Efectivamente, el alcalde de San Vicente constató que las petroleras poco respetan sus decisiones, y el 7 de febrero alerta Bogotá con otro mensaje (f. 540):

“Americanos continúan hostilizando contra prohibición...Creo mañana choquen peonadas haya victimas...necesito fuerzas pues con solo cuatro (4) agentes aspiran colocarse perturbadores, me es imposible salvar dignidad Gobierno, evitar derramiento sangre... etc...

El 9 de febrero, Arévalo confirma lo anterior, señala la actitud de insubordinación de la Policía, y en nombre de la LOC británica hace esta curiosa solicitud al Ministro (f. 548):

“...Tiene (el Alcalde) tres (3) agentes que tambien desobedecen por que aspiran colo-carse con perturbadores...consulto con respeto ¿puedo armar servidores Lobitos y re-pelar fuerza por fuerza?

En abril 25 de 1922, en su Nº 805 “Vanguardia Liberal” publica en primera plana varias denuncias:

“Desde hace varios meses prosperaba, sordamente, la versión callejera de que el tren administrativo de la Provincia de Zapatoca, eran en su mayor parte, agentes privados de la Tropical Oil Company. El nombramiento recaído en don Rafael Ariza para Prefecto de aquella Provincia vino a agravar más esta sospecha, por haber sido dicho caballero antiguo agente de la Compañía Americana....el oro de la Tropical Oil Company había empezado a entrar , como dueño, a la Gobernación de Santander...”

Al lado de este artículo figura otro del abogado Rafael Arévalo, apoderado de la LOC, ampliando las denuncias: Rafael Ariza actúa en La Llana contra la Lobitos y a favor de la Tropical:

“...una rosca cuyo fin es el predominio irrestricto de la Tropical Oil Company en las regiones petroleras de Chucuri....la cortesanía de parte de los empleados sindi-cados como vasallos de la Tropical Oil Company... comprados unos y compradores los otros, si efectivamente el dinero de la Compañía Americana ha servido para hacer

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desviar el peso de la administración pública hacia donde los intereses de aquella la van exigiendo...”

El día siguiente 26 contraataca “El Heraldo” en su Nº 545, acusando a Arévalo de ser el abogado de la LOC en Zapatoca y San Vicente. Se evidencian las rivalidades oponiendo en San Vicente las tres empresas. En la última página replica el magistrado Carrizosa, implicado por Arévalo.

Aquí se presenta otro vacío en la documentación, hasta Mayo. No obstante, nos enteramos que entraron en la contienda nuevos protagonistas; los agricultores propietarios, ocupantes o posesionados, de unos fragmentos de la concesión adjudi-cada a Manuel Cortissoz en la guerra de la quina en 1881. Según sus intereses, unos y otros se alistan con una de las tres empresas petroleras.

Pero la Corona Británica no iba a quedar pasiva frente a las amenazas de desa-lojo provenientes de Washington. La Legación inglesa protesta en Bogota contra las actuaciones de los “yanquis”, calificados de “el enemigo”, lo cual nos devuelve a la ter-minología de 1776. Varios documentos evidencian que en Bogota se desarrolla otro tipo de manejos involucrando, además del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Industrias, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Estados Unidos y la Legación Británica, y los abogados y gerentes de las tres empresas en la capital .

En Mayo 10, desde los campamentos de Vizcaina y La Llana el agente ingles de la Lobitos manda a Frank Tracey, el gerente en Bogota el siguiente telegrama (f. 561):

“La Llana atacada de nuevo violentamente. Dos trochas. Una parte de la vega de Jiménez hacia Guaimaral, cuchilla del Guamito, y otra de este punto hacia Veracruz. Supongo irá a Vizcaina o a Toldos buscando campamento americano Numero seis. Para iniciarla rompieron cerca, atravesaron sementeras plátano y pasto de la Lobitos. Hacen vía amplia sin pendientes y rápidamente. Amenazan atravesar el predio en mes y medio y pasar maquinaria en dos meses entrando por Guamito”.

Se suceden los choques armados, de los cuales Allister sigue informando a Tracey. Este decide acudir al presidente Holguín (encargado) y el 3 de junio le dirige un me-morial (f. 600) en el cual reproduce un telegrama recibido el 2, relativo al lanzamiento de la LOC ejecutado por el Prefecto Ariza:

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“...El Prefecto a medida que recorría el predio con escolta de policia y gran numero de agentes yanquis hacia ocupar los tambos y las casas construidos por la Lobitos. Rompieron cercas y de los potreros de Veracruz echaron ganado fuera, el cual se derrotó por montes y caminos...Más de quinientos (500) trabajadores invadieron La Llana. Rodrigo Ferreira.”

El 12 de junio, el Gobernador García Hernández rinde el siguiente informe al Ministro (f. 601), con lo cual se comprueba que la Lobitos, sin más esperar la autori-zación solicitada en Febrero, había decidido armar sus tropas de peones:

“Doctor P.E. Salazar apoderado Leonard Exploration Company denuncia ante este despacho que día siete corriente cuadrilla como de treinta (30) hombres armados ma-chetes , revólveres, por orden David Mac Allister, Agente Lobitos, presentase campa-mento Leonard, intimando trabajadores esta, cortaron violentamente Cables Suspensión Taladro, que perforaba un pozo y llevaronselo. Agrega denuncia que misma cuadrilla intentó destruir habitaciones trabajadores Leonard”.

Ante las múltiples y contradictorias denuncias contra las actuaciones de la Policía, el 21 de junio tiene que intervenir el Ministro Salazar, revelando de paso la generali-zación de la corrupción:

“Dígase“Esta tarde o mañana muy temprano llegará a Barrancabermeja Sección Policía

Nacional destinada ese Municipio. Entre instrucciones que Ministerio trasmitió a Jefe dicho Cuerpo, encuéntrase la prohibición absoluta de Aceptar obsequios de ninguna clase de parte de particulares o de las Compañias petrolíferas radicadas allí, afín de que la Policia conserve su completa independencia y mantenga en alto el prestigio de la autoridad, condiciones indispensables para que, en caso de posibles conflictos entre dichas Compañias, no sea recusada por falta de imparcialidad. Esta prohibición se hace extensiva a la aceptación de locales para alojamiento, anticipaciones de dinero, a buena cuenta de sueldos, y en general, de toda clase de elementos que las Compañias le ofrecen a la Policia...” etc.

Poco después, entra a operar la Resolución 126, actuando a favor de la Tropical y en contra de sus rivales. Con lo cual quedan sin efecto las instrucciones del Ministro. De tal modo que el 23 de agosto, desde Zapatoca, el abogado de la Lobitos Oilfields Limited británica, manda a Frank Tracey este telegrama:

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“Ayer llegó aquí de Barranca Bermeja un americano de la Tropical Oil Company acompañado por un agente de la Policía Nacional. Hoy llegará Kluge con otros dos agentes. No nos explicamos por qué Policía Nacional hallase órdenes incondicionales de seme-jantes personas. Seguramente el Gobierno no tiene conocimiento. Ellos dicen escolta obe-dece temor ser atacados por David Allister y demás agentes de la Lobitos Oilfields, Ltd.; temor infundado que en ningún caso autoriza para que se les ponga policía a su servicio; pues ellos explotan ante el público esta ventaja para sus pretensiones”.

El mismo día, en Bogotá (Tomo 156, f. 494) la Lobitos dirige un memorial de quejas al Ministro siendo que “ los americanos de la Tropical Oil Company andan escoltados con agentes de la Policia Nacional”.

En este momento particularmente agudo de la contienda se interrumpe la correspondencia conservada en la Biblioteca Nacional y tampoco se halló en el Archivo de la Presidencia. Solo sabemos que más tarde la “propiedad de la Llana” se torna “Contrato de la Tropical Oil Co”, y así aparece delimitada en la cartografía de la empresa hacia 1940.

No obstante, en su Informe a la Asamblea Departamental de 1923 el Gobernador no puede evitar de mencionar estos conflictos; señalando ademas un curioso “problema racial” y el extraño riesgo de contaminación con el cual “elementos racialmente inferiores” amenazaban una supuesta pureza santandereana:

“…y por lo que dice relación al problema racial, que adquirió ha poco palpitante interés a causa de una alarma, afortunadamente injustificada según expresas declara-ciones de la Tropical Oil Company, él no se ha agravado sensiblemente de entonces acá , y es de esperar por el contrario, que vaya mejorando por virtud de la atención sostenida que al asunto se haya prestado por el Congreso, las autoridades ejecutivas y la compañía misma en cuyo interés está no desmejorar las condiciones étnicas del santandereano, y guardarse de inyectar en su población elementos racialmente inferiores y de de-saprovechar las excelentes condiciones del trabajador nativo, frugal, honrado, vigoroso y de natural pacífico e inteligente. Este trabajador, regularmente pagado y atendido, y vig-ilado de cerca en su trabajo por capataces o inspectores santandereanos que conozcan su índole, rinde un trabajo excelente y cumplido dentro de un ambiente pacífico y de orden.

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Como elemento indispensable de religiosidad y alta moralidad, os recomiendo fa-vorezcáis la institución y funcionamiento normal de la parroquia de Barrancabermeja. Su señoría el Vicario Capitular de la Diócesis del Socorro está animado de toda volun-tad en el particular; y el señor Montaban, Gerente de la Tropical, se halla dispuesto a favorecer, por su parte, eficazmente, el ejercicio del Ministerio Parroquial.”

Sintetizando:

Ahora bien en San Vicente, realmente se enfrentan dos empresas la Británica Lo-bitos Oilfields por una parte, y por otra la Standard Oil, disimulada esta bajo el nom-bre de Tropical Oil Company, y con una fachada nueva llamada Leonard Exploratión Company; fundada esta última por el mismo agente encubierto de la Standard que años antes había sido encargado de fundar a la Tropical.

Las tres sobornan por igual las autoridades locales, secretarios, jueces, inspec-tores, alcaldes y policías, cambian los funcionarios a su antojo. Estos “comprados”, no son más que mercenarios amorales y que se pasan alegremente de un bando a otro según las ofertas y el mejor postor. Desarrollándose sobre otro plano, se desata una guerra de papel, de denuncias mediante la prensa y el telégrafo, la cual opone otro tipo de protagonistas: los leguleyos-mercenarios al servicio de los tres rivales. Final-mente estalla el episodio más patético de esta guerra en los montes del Opón-Carare: las tropas de peones colombianos harapientos y con malaria, por un peso diario se enfrentan en la selva en beneficio de los monopolios extranjeros.

La Tropical estimula y acelera la segregación de Barranca del municipio de San Vicente para asegurarse el apoyo irrestricto de las autoridades locales compradas con antelación en el corregimiento. Mientras tanto, al parecer la Lobitos actúa en forma igual con la alcaldía de San Vicente. El trazado de la jurisdicción de Barranca, favora-ble o perjudicial para San Vicente sería, según el caso y el deslinde oriental, favorable o perjudicial para la LOC, la TOC o la LEC. En resumen una pugna de intereses económicos entre tres empresas extranjeras, es la que dicta los límites de varios mu-nicipios colombianos.

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Ahora bien, en vísperas del Tratado por Panamá el desenlace no podía ser otro, En la espera angustiada de los 25 millones, los británicos tenían que salir derrotados. El mapa de 1940 indica como terminó el litigio: en la parte oriental de la concesión, la Tropical había conseguido 7.857 hectáreas.

Zapatoca.

Pero el episodio anterior solo pudo ocurrir después de la conquista de las tierras bajas. Entonces se abre el capítulo más vergonzoso del cuento: la conquista militar y violenta del Opón-Carare durante la Republica, y el exterminio de los Yariguies a solicitud y en beneficio de los mercaderes extranjeros. Postergada una conquista que no pudo realizarse en el contexto de la sociedad feudal colonial española, la logró la nueva conquista del “libre cambio” y del capitalismo mercantilista europeo del siglo XIX.

Durante más de cincuenta años los yariguies son acosados, presionados y cerca-dos por los caminos y el avance de los colonos recolectores de tagua, quina o caucho, a los cuales muy a menudo unos mercaderes y estafadores urbanos venden predios de baldíos usurpados. Entonces estas diminutas comunidades se internan siempre más adentro, y van mermando sus hábitats hasta volverse meros reductos. Aún así, los últimos grupos siguen resistiendo con armas de cacería, enfrentando los expoliadores mediante una estrategia de golpes rápidos y de operaciones destinadas a infundir terror.

La historiográfica de este episodio es de una sola vía, la escribieron los mestizos considerándose “civilizados” y actuando en pro del progreso contra “ la barbarie de los indios salvajes”. El exterminio sistemático no aparece por ningún lado, aunque múlti-ples alusiones dejan asomarse la realidad. Se halla en varias obras, pero dispersa, una cronología de la resistencia, escrita desde las posiciones ideológicas de los agresores, y con la doble carga racista de los europeos y de los acomplejados mestizos santan-dereanos. Dando el tono general, un autor escribe que estaban “los bosques poblados por salvajes de aguerrida ferocidad”. Solo evidencia la tenacidad de los aborígenes

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para defender sus últimos hábitats: es cuestión de vida o muerte para sus familias y las mermadas comunidades.

En 1850, con el libre cambio y la “libre Navegación” surgen las primeras escaramu-zas: los gobiernos parecen ignorar que los yariguies no habían permitido ni firmado con Inglaterra, acuerdo alguno de libre circulación en sus territorios. Ocultadas hoy con cierta vergüenza, no obstante las expediciones militares quedan registradas en unos escasos documentos de los archivos de la Gobernación de Santander. Precisamente en 1850 el gobierno nacional realizó una ofensiva militar de exterminio en la región , con asesinatos de los hombres , incendios de chozas, destrucción de labranzas, raptos de niños y ancianos , entrega de las mujeres a la soldadesca, en el puro estilo de las “entradas” y “correrías” del siglo XVI . Pero al fin y al cabo sin mayor éxito, pues una vez retirado el ejército se reanudó la resistencia; creció la guerrilla yariguie y se multiplicaron las emboscadas. Entre 1853 y 1855 se señalan “seis incursiones de los indios que causaron la muerte a veinte personas inofensivas”, entre los cuales un pescador en Carare, “dos sujetos que picaban guaduas para construir una balsa”, y en el rió La Colorada “nueve sujetos que viajaban en una canoa cargada de mercancías con destino a Zapatoca”.

Hacia 1890, recordando sus andanzas de mercader por la región, escribe en sus “Memorias” Aquileo Parra a propósito de las vicisitudes del camino del Carare:

“...Inútil esfuerzo! La escasez de productos exportables y principalmente la constante amenaza de los indios salvajes -quienes habiendo asaltado a varios pasa-jeros y sacrificado dos familias de las establecidas a orillas del rió Carare, obligando a emigrar a otras- dificultaron a tal punto la marcha de los negocios, que fue preciso suspenderlos...El camino volvió a caer, por consiguiente en el más completo abandono; y lo que no había podido el clima contra esta civilizadora empresa, vino a ser obra del salvaje”.

Más adelante dedica numerosas páginas a una violenta diatriba contra los aborígenes. Recuerda que en 1855 se dirigió a las autoridades para “solicitar del Gobierno de la Provincia el auxilio de la fuerza pública para ir yo mismo en busca de los agresivos salvajes”. Luego , “auxiliado por treinta hombres de tropa, a ordenes

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del Capitán Lorenzo Sarria emprendí en Julio de aquel año la penosa expedición”. Regresando la expedición militar de las márgenes del rió Guayabito , al poco tiempo el Gobernador de Vélez presenta un informe redactado en estilo de parte militar de victoria.

El Diario Oficial pública en su Nº 1252 de junio 12 de 1868 una Ley de Civilización de Indígenas en la cual se lee:

“... El poder ejecutivo dispondrá la captura de las tribus de indígenas que ataquen los poblados o los establecimientos agrícolas o que estorben el comercio o el libre tránsito por los caminos y ríos de la República”.

En 1869 el presidente Salgar expide un decreto (Ley XVII, sobre reducción de indígenas) tendiente a fortalecer la colonización entre los ríos Sogamoso y Carare, desde la cordillera oriental hasta el Magdalena. Unifica la instalación de colonias agrí-colas, bajo administración misionera y con apoyo de “la fuerza pública”, con guar-niciones en la vía de Barranca y en aquella del Carare. Los primeros cinco artículos están redactados en un tono civilizador y humanitario. Pero cambia el tono con el último artículo:

“Art. 6º. Mientras se establecen las colonias y misiones de que trata esta Ley, el Presi-dente del Estado dispondrá que se verifique una expedición militar, con el objeto de ahuyentar los indígenas y proteger el tránsito en los caminos del Carare y Barranca Bermeja, y los establecimientos agrícolas fundados en jurisdicción del distrito de Betulia, y abandonados a consecuencia de las amenazas de los salvajes”.

Recién abierto el camino de Lengerke, además de vía para la circulación de mer-cancías, se convirtió en cuña de penetración militar . Referido al envío de misiones, en Bogota el arzobispo no se mostró muy entusiasmado y solicitó una contribución estatal “con doscientos pesos fuertes , anuales,” para mandar apenas dos misioneros en cada colonia que el mismo sitúa con mucha prudencia “sobre las pendientes de la cordillera que caen en las tierras planas de la hoya del Magdalena”. Pero no podía surtir efecto alguno un decreto tratando de revivir en vísperas del siglo XX , la política de la cruz y la espada de los conquistadores .

Entre los mercaderes incursionando en el Carare-Opón esta Aquileo Parra, del cual dice un biógrafo que suspendió escasos estudios, y a los quince años andaba de

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cacharrero. Luego se dedicó al negocio de los sombreros en Neiva , antes de aparecer con tienda en Vélez hacia 1865-1870; se alista en uno que otro ejército, ocupa unos ministerios y brinca al Palacio en 1876. Era diputado de Santander en la misma década, y Ministro de Hacienda en 1874 y 1875 , cuando explora la región y en asocio de varios mercaderes de Vélez funda la Sociedad Comercial del Carare.

En una obra que no carece de inexactitudes afirma Ignacio Arizmendi a propósito del FFCC del Norte:

“Tal fue el entusiasmo de Parra por dicha obra que pidió una licencia (como Ministro) de varios meses para irse a las selvas del Carare- que conocía desde su juven-tud- para servir de guía a los ingenieros exploradores”.

En 1869 , desde sus almacenes de Vélez , el comerciante, empresario y político Aquileo Parra, entre dos guerras defiende sus negocios del Carare y apoya la estrate-gia de “la cruz y la espada” . Visiblemente actúa con fines políticos y como vocero beligerante de un amplio sector de mercaderes, dueños de recuas o especuladores inversionistas en tierras baldías. Se dirige al Presidente del Estado y de su larga carta se pueden extraer unos apartes:

“...El ciudadano presidente del Estado , debe tener ya conocimiento oficial del asalto dado por los indios del Carare a una embarcación tripulada por cuatro hombres que subían el rió Carare y en la cual venia el señor Gabriel Mesa, administrador de correos nacionales de Bocas del Carare. Este suceso ha llenado de alarma a los nuevos pobladores del camino y a los dueños de recuas, que ven aumentar cada día el atrevimiento de los indios. Me permito llamar la atención a usted , hacia los peligros que amenazan la ex-istencia de la vía del Carare, y la de las industrias con ella relacionadas, si por parte del Gobierno Nacional y del Estado no se pone eficaz remedio.

Hasta el año de 1853 los indígenas no inspiraban temor, pues apenas se tenia noticia de un asalto dado por ellos a unos pasajeros, hace mas de 50 años, en un sitio que ha conservado el nombre de Playa de los Indios. De 1853 para acá, las agresiones han sido continuas y los indios han cometido en este tiempo más de 40 asesinatos. Por el camino de Carare no se había hecho un comercio regular y constante , sino de dos años a esta parte. Antes de esa época el tráfico estaba reducido a los pocos efectos que se llevaban a las ferias de la Costa, y de las mercancías que se traían en retorno, todo lo cual no

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alcanzaba a 80 cargas por año. A pesar de esa falta de tráfico, y de que el camino estaba completamente obstruido, la fertilidad del suelo y la facilidad de llevar los productos al Magdalena realizando buenas ganancias , había traído a muchos pobladores. De manera que en 1853 se hallaban establecidas más de doce (12) familias entre Guayabito y Bocas del Carare, sin contar las que residían en este último punto , que era el mayor número de las que hoy existen. Los indios asesinaron a algunas de aquellas familias .Las otras se vieron obligadas a huir abandonando sus casas y plantaciones. Dos tentativas se han hecho hasta ahora para contener las agresiones de los indios y proteger el tráfico y los establecimientos agrícolas del Valle del Carare. La una en 1855, hecha por el gobierno nacional, a solicitud del gobernador de la provincia de Vélez, señor Ricardo Vane-gas, y la otra en 1866, hecha por el gobierno del Estado durante la administración del señor Villamizar Gallardo. La primera expedición fue dirigida por el capitán Lorenzo Zarria, que con un piquete de 20 hombres del ejercito nacional, penetró hasta el Opón y sorprendió una partida de indios que huyeron al verlos, dejando en su poder a un niño de 7 años. La expedición produjo el resultado de atemorizar a los in-dios que suspendieron sus hostilidades durante tres años. Después de los asesinatos cometidos por los indios en julio de 1866, el presidente del Estado , señor Villamizar G., autorizó al jefe de este departamento para que organizase una nueva expedición que fue dirigida por el señor Eusebio Morales, quien logró cautivar una familia de cinco personas que fue traída a esta ciudad sin inferírsele daño alguno.(....)

A principios de 1868 los indios asesinaron a los conductores del correo nacional, y en el congreso de ese mismo año se expidió una ley autorizando al Poder Ejecutivo para situar partidas de la fuerza publica en los lugares expuestos a las agresiones de las tribus salvajes, con el objeto de proteger los establecimientos agrícolas y de custodiar los correos. Tanto el gobernador federal , como el del Estado, están pues, autorizados para emprender la reducción de una tribu hostil a los intereses de la parte civilizada de la población; y con buena voluntad y alguna perseverancia de parte de los gobiernos, el infrascrito tiene la persuasión de que en pocos meses podrá alcanzarse el fin que se desea. La tribu no es errante y se sabe que no es imposible entrar en amistad con ella, pues el doctor Céspedes estuvo entre los indígenas y aun logró sacar dos a Bogotá. El principal

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móvil que los guía a cometer sus hostilidades parece ser el de proporcionarse herramien-tas , pues son los únicos efectos que roban, sin que hasta el momento hayan hecho daño en las casas y embarcaciones.

Si el gobierno nacional quisiera destinar por algunos meses una partida de unos 25 a 30 hombres a apoyar los esfuerzos de una misión cristiana que costearía la compañía del camino , no hay duda de que se lograría la reducción de aquellos infelices indígenas , a quienes se les proporcionarían herramientas , semillas, animales y vestidos, a cambio de que guardasen la paz.

Si el gobierno desatiende la protección que en justicia debe a los colombianos com-prometidos en empresas en la vía del Carare, esas empresas hoy incipientes tendrán que encallar; pues no será fácil lograr la entrada de trabajadores que empiezan a aterrarse con las continuas agresiones de los indígenas. Estos , por su parte crecen en atrevimiento ; no temen ya atacar partidas de cuatro hombres, ni respetan aproximarse a las plan-taciones; pues recientemente se han descubierto huellas de indios a inmediaciones del establecimiento que están fundando los señores Codazzi y Zapata a orillas del Guaya-bito. Al continuar las hostilidades de los indios, sin que el Gobierno dicte medida alguna para impedírselos, el tráfico por el camino del Carare, tendrá que suspenderse , y este tráfico que apenas principia, produce hoy, anualmente al tesoro nacional, en derechos de importación, una suma mayor de la que costaría la reducción de la tribu. Cerrado el camino, las siembras de café que se están haciendo en el Departamento son empresas frustradas, pues dicho artículo no podría soportar los gastos de exportación por las vías de Honda y de Barrancabermeja.

A nombre de la compañía del Carare, de que es director, el infrascrito solicita del ciudadano presidente del Estado que recabe del Poder Ejecutivo Nacional, el envío de una partida de fuerza nacional, que venga a dar seguridad a los establecimientos agrícolas que se están fundando en la línea del camino, a custodiar los correos nacionales , y a apoyar los esfuerzos de un misionero cristiano, que de acuerdo con el Gobierno del Estado , enviará la compañía con el objeto de reducir la tribu de indígenas que habitan en las selvas del Carare. (....) Aquileo Parra. Vélez , agosto 2 de 1869.”

Este memorial del chantaje y de la represión , ilustra el doble avance de los merca-

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deres y del campesinado de colonización ; refleja los antagonismos y contradicciones que surgen de la avidez de algunos mercaderes y que tiene que resolver el Estado : es tan claro en su cándido cinismo que no merece insistencia . Más tarde el explorador y mercader , desde la silla presidencial mandaría la tropa al Carare para exterminar a las comunidades, con el pretexto de su “reducción”, eufemismo que se utilizaba desde la conquista del siglo XVI.

Dos meses más tarde , es Lengerke quien se queja a la asamblea legislativa reunida en Socorro. De entrada, relata una emboscada entre Santander- donde tiene su bodega - y Montebello donde quedan sus haciendas y plantaciones-, de la cual fue victima uno de sus peones arrieros, y que el mismo encontró media hora después en el camino, “tendido en el suelo y atravesado por una multitud de flechas”. Luego explica que dio la orden a uno de sus compatriotas , Briedler “para que reuniera toda la gente posible “ para perseguir a los agresores, siendo que “es el segundo asesinato que los indios de Chucuri han cometido en el camino, pero en otro punto de la misma montaña han salido a cometer crímenes no menos horrorosos”. Mas interesante resulta para nosotros la parte central del memorial en la cual se advierte como se está transformando la región.

“La vía de Barrancabermeja se halla en perfecto estado de tránsito; en el año ultimo se hicieron en ella muy costosas reparaciones ; nuevos pobladores habían empezado a descuajar esas selvas ; se aumentaban los establecimientos agrícolas; había establecido más potreros el empresario, y los transeúntes con sus recuas encuentran allí actual-mente toda clase de recursos. Los acontecimientos a que aludo pueden hacer que la comunicación se interrumpa, pues los arrieros temen trabajar hoy, y los pobladores se alejan, con lo cual sufrirá una empresa que cuesta tanto sacrificio; seria un mal de gran trascendencia que se cerrara el camino de Barrancabermeja , única vía que tenemos hoy hacia el Magdalena, en el interior del Estado, que satisfaga las necesidades del comer-cio, y que se cerrara cuando empieza a servir después de haber gastado en ella muchos millares de pesos, y sacrificándose muchas existencias. El tráfico era ya considerable; en los últimos doce meses transitaron por allí cerca de seis mil cargas , y el comercio de exportación y de importación aumentaría indefectiblemente. Dos grandes y nuevos

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vapores llegarían pronto a la costa con destino principal al servicio del camino de Barrancabermeja.(...) Si hoy el gobierno no toma providencias enérgicas para reducir estas tribus bárbaras, si no presta su poderoso apoyo , todo lo hecho será perdido, pues con mis propios recursos me es imposible emprender esta reducción. (....)”

Finalmente “ el empresario del camino” expone a los diputados su propuesta y les indica lo que tienen que hacer. Concretamente solicita al gobierno costear y armar un ejército bajo su mando , para eliminar la resistencia nativa que estorba sus nego-cios entre las plantaciones y el río.

“...Os pido que autoricéis al Poder Ejecutivo para que de acuerdo con el empresa-rio del camino a Barrancabermeja, dicte todas las medidas necesarias para reducir o ahuyentar las tribus salvajes del Chucuri, y para impedir en los sucesivo nuevos aten-tados. Debéis autorizarle para que haga los gastos que tales progresos exijan, si no deseáis que se arruinen todos los establecimientos de Chucuri , y que vuelva a dominar en aquellas regiones la barbarie, a la cual con el camino al Magdalena había ya reemplazado la civilización.

Si queréis evitar la ruina de la empresa y la pérdida del comercio en los departamen-tos de Guanentá, Socorro y Soto, dictad, ciudadanos diputados, las providencias que respetuosamente solicito. Socorro ,octubre 18 de 1869. Geo Von Lengerke.”

Y para impresionar todavía más a los diputados, añade a su memorial la carta que Nicolás Briedler su mayordomo del sitio de Caballero, manda al mayordomo de Montebello, A. Spohr. En esta el primero expone detalladamente el resultado de la expedición punitiva contra los nativos y concluye con esta palabras:

“.....a mi me encanta lo novelesco de la situación y quedaría muy contento si tu-viera mas armas, que espero que me mandarán inmediatamente”.

Poco después, en 1870, el propio presidente del Estado admite que tanto en el camino a Barranca como en aquel del Carare hubo “algunos asaltos de los indios del Opón”. Enseguida felicita la acción militar de Lengerke y la construcción en el camino de un tambo donde mandar “el resto de un compañía de la Guardia Republicana” siendo que ya una tropa de la misma protegía el empresario alemán.

En Julio 3 de 1878, las autoridades acusan a Lengerke de incumplimiento en el mantenimiento del camino de Zapatoca a Barranca, y lo multan con 2.000 pesos . En

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seguida replica el negociante, y el 5 de julio se defiende con esta argumentación :“....Yo no estoy en posesión actual del privilegio que se me concedió para la apertura

de aquel camino ;¿y por que? Porque los salvajes de los desiertos que habitan en los bosques que atraviesa el camino , se han apoderado de el y en el han sacrificado a pasa-jeros y jornaleros , razón por la cual desde enero del presente año no he encontrado ni a peso de oro jornaleros ni arrieros que quieran trabajar ni conducir arrías por aquel camino , por temor de ser sacrificados por las flechas de los salvajes. De tales hechos es sabedor tanto el gobierno ejecutivo del Estado como el legislativo, de quienes he recabado con razones poderosas el auxilio de gente armada para darles garantías a los jornaleros y arrieros y la única contestación que he recibido ha sido su profundo silencio.

(...) Si el comercio de Zapatoca está sufriendo de aquel camino , yo sufro mucho más que el, porque considero perdido todo el capital que pasa de doscientos mil pesos ($ 200.000.00), que se han invertido en la apertura y establecimiento de él, aparte de los valores de los tambos , que han sido destruidos por los salvajes.(...)

Como el gobierno por su parte no ha cumplido con el deber que ha tenido de darme garantías y seguridades, para el sostenimiento del camino que conduce al puerto de San-tander, hoy me veo en la imprescindible necesidad de renunciar, como formalmente re-nuncio , el privilegio que tengo en el camino.(....)

Luego, se declara incapaz de hacer “descender del cielo ángeles, únicos seres invul-nerables a las flechas de los indios”, y enfrentar “aquellos salvajes” si no le da el go-bierno “fuerza armada bastante para repelerlos”. Agrega que “no tiene poder sobre los espíritus ni los fondos bastantes para sostener 300 o 400 hombres para ahuyentar a los salvajes”. Termina esta parte de la misiva afirmando en forma tajante que “ni pagará la multa de dos mil pesos, ni emprenderá los trabajos del camino al puerto de Santander hasta tanto que el gobierno del Estado no cumpla con su deber, reduciendo los salvajes que pueblan los bosques que atraviesa el camino de Santander”. Mas adelante insiste sobre “los hechos atroces cometidos por aquellos salvajes” del cual ha informado las au-toridades en varias oportunidades. Concluye repitiendo que no ha podido conseguir la “seguridad para trabajar en los bosques poblados por los salvajes” , palabra está que figura ocho veces en su libelo.

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Escriben al propósito Sandoval y Echandía:“Sin embargo el conflicto por tierras no se quedó en esto. Los indígenas Yariguies, los

del Opón y el Carare, al ver que los caminos por y para el interés quinero se adentraban en su territorio, que sus tierras eran usurpadas por el “Blanco Colonizador” (Entiéndase quineros y empresarios) se lanzan a una cruenta guerra contra el invasor.”

En 1880, el contrato entre Lengerke y el Estado para la explotación quinera hace obligación al germano “cooperar en la reducción a la vida civil de los individuos salvajes que habitaban aquella cordillera”. En 1882 la inseguridad por el “camino de Lengerke” y los continuos asaltos obligan las autoridades a suspender el servicio de correo entre Barranca y San Vicente. En 1884, Hettner comenta la situación :

“ Mientras que el camino del Carare está en abominable estado , otro construido por el señor von Lengerke para comunicar a Zapatoca con Barrancabermeja vía Montebello , no era utilizable por temor a los ataques de los indios bravos , cuyo territorio atraviesa . Debido a su escaso uso y el consiguiente abandono, el camino en su parte inferior se deterioró completamente”.

En 1887 un grupo de yariguies atacan a Barranca dejando dos muerto y un herido. En 1890 vuelve a agitarse en al Asamblea de Santander el asunto de las misiones (Ordenanza Nº 8). Los legisladores tienen entonces el cinismo de reconocer a gente radicada en este territorio desde algunos milenios, la propiedad de las tierras “con una ocupación continua de un año por lo menos”. Excluyéndose eso si “el territorio de propiedad nacional que los indígenas salvajes no hubieran cultivado y que ocuparan solamente para sus cacerías”.

Solo faltaba un francés en este siniestro safari. En 1895 recorre la zona otro “con-quistador”, el ingeniero Georges Brisson. Paradójicamente , pasó el auge de la exportación de la quina, pero el galo, en su equipaje trajo de Francia la milagrosa quinina. Ingeniero civil algo aventurero, llegó a Buenaventura en 1891 se dirigió hacia Cali y de allí a Medellín . Contratado como “explorador”, entró al servicio de una Sociedad Explo-radora del Chocó (explotadora , más bien ) fundada por los ricos mineros Amador y sus socios . En estos años los mineros antioqueños proyectaban llenar el vacío dejado por los payaneses, tratando de recuperar las minas del alto Choco abandonadas desde

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la manumisión por los arcaicos esclavistas caucanos. Con el fracaso de la expedición y la disolución de la Sociedad, Brisson se embarca en Quibdó y llega poco después a Cartagena en donde busca el apoyo de Núñez y Román . En un vapor se dirige luego hacia Bogotá en donde estas recomendaciones le aseguran un empleo oficial. Es cuando un Ministerio de Hacienda preocupado por las costosas inversiones en un fantasmal camino de Vélez al Carare, lo encarga de realizar una inspección; la cual se inicia en octubre de 1895 y termina en enero de 1896. El moderno “visitador” per-manece unos dos meses en el Opón-Carare, y la presencia invisible y silenciosa de los yariguies llena su diario de viaje:

“...Casi no hay indios salvajes en las orillas del Carare: están en el Opón á 20 leguas de distancia......En San Fernando (Puerto Carare) a donde había todavía, hace dos años , unas dos familias, tuvieron que retirarse porque los indios les quemaban las casas...”

Los yariguies son “enemigos de los blancos , cuyo contacto evitan cuidadosamente...” y en cuanto a su numero “no pasan de un millar” según Camacho Roldan pero “el se-ñor F.J. Vergara y V. dice que los salvajes del Carare-Opón no pueden estimarse en menos de 3.000”.

De tal modo que Brisson entre las 16 arrobas de su equipaje no olvida :“...seis machetes ó peinillas, dos rémingtons con cien balas, una escopeta, un revolver

, un hacha”...Más adelante anota :“ Los indios hacen frecuentes incursiones hasta por estas comarcas del Alto Guaya-

bito, y hace un año y medio, no más, mataron, en el caserío mismo, a dos peones que trabajaban en un cacaotal..”

En cada campamento :“Cuido que los rifles y demás armas estén listos y que la hoguera quede encendida

durante la noche , porque hay que guardarse de los 3 grandes enemigos: indios, tigres y mosquitos. Mando inmediatamente dos hombres a pescar bajo la vigilancia del Sr Ricardo Patiño que lleva uno de los remingtons, porque por aquí no hay que dejar ale-jarse nunca ningún peón solo o desarmado del campamento y tampoco abandonar este un instante sin vigilancia. Al atravesar la quebrada de San Isidro encontramos los ras-tros de una tropa de 10 a 12 indios... Atravesamos la hondonada llamada Hoya de los

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Muertos, porque allí mataron los indios a dos hombres que iban de Guayabito al Puerto de San Fernando... Durante las marchas hemos visto huellas de indios y oído gritos de ellos... fundaciones y sementeras abandonadas actualmente o destruidas por los indios... Creo que lo que ha desterrado a los ribereños que habitaban o cultivaban las orillas del Carare, años atrás, debe atribuirse a dos cosas: 1º al miedo de los indios y a la falta de protección contra ellos. Efectivamente , en todas estas plantaciones, han cometido los indios asesinatos, incendios, robos y depredaciones.....

Concluye con una sugerencia no muy original:“... De modo que el único inconveniente que puede haber actualmente para los

colonos son las incursiones de los indios, inconveniente que desaparecerá inmediata-mente cuando los inmigrantes sean en número suficiente y tengan alguna protección del Gobierno. Una pequeña guarnición en la primera colonia es necesaria; tambien se podrá trasladar allí una sección de presidio”.

José F. Gutiérrez escribe en “Santander y sus municipios”:“Algún caballero que a fines del siglo pasado tuvo que entenderse con empresas

comerciales de conducción de mercancías por el rió Opón, nos explicaba cómo con tales gentes no hay más recursos que adelantárselas con una certera puntería. Con ellos no había que intentar medios blandos ni conciliatorios. Carniceros y terribles como tigres, con ellos no valen sistemas distintos a los bélicos.”

A fines del siglo, escribe S. Galvis sobre los recolectores de tagua, los caucheros y los buscadores de quina:

“Iban a los bosques en grupos y armados; los viandantes y las canoas siempre salían en convoyes. Cuando eran atacados por los indios se defendían, pero se hacían carnicerías también salvajes y sin control abandonando los cadáveres y guardando a veces el secreto de lo ocurrido, para evitarse complicaciones.”

El mismo autor integra a su crónica los recuerdos de un veterano poblador evo-

cando los últimos años del siglo XIX:

“El peligro de los antropófagos del Opón era el terror de las personas encargadas de

la recolección de la tagua, pero sabían que durante el día en la cogida, nada les hacían y

que los asaltos los verificaban en las mañanas o en las tardes, arrasándole todo y hasta

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quemándoles los ranchos. Muchos fueron los que murieron acribillados por la flecha del

indio que los acechaban, hasta el extremo de no poder salir una sola embarcación, y así

sucedía para conseguir el chapapote en Infantas, pues se corría el peligro del asalto por

estar todos estos ríos poblados de indios”.Incluso el temor se regó a lo largo del río y es en Honda , en 1.898 que escribe el

viajero francés Pierre D´Espagnat :“¿ Quién creería que a tres jornadas más allá, al otro lado de estas selvas próximas

y del Magdalena, en las mismas proximidades del río, monta la guardia la fracción traidora de las tributas salvajes , restos inextirpables de los primitivos pobladores de la manigua americana , indios bravos, desnudos, feroces , ladrones, guerreros y antropófa-gos, con plumas en la cabe, con anillos en la nariz y con los despojos del enemigo colga-dos en la cintura? Tal es , por lo menos , la descripción que corrientemente se hace de estas tribus del Opón y del Carare, a cuyos territorios el mismo gobierno no se atreve a enviar tropas”.

En 1902, se asoman unos aborígenes en cercanías del puerto, quebrada de Las Lavanderas. Este año atacan un puerto-bodega del río Opóncito en donde raptan dos mujeres. En el mismo sitio en 1904 atacan a los bogas de una canoa cargada de mercancías: perseguidos por una tropa de colonos, estos “encontraron el bohío de los indígenas al que atacaron a bala causando varios muertos entre los cuales hallaron el cadáver de una de las mujeres robadas”.

Desde cincuenta años atrás los únicos periodos de tranquilidad y tregua para los nativos, coincidieron con las guerras políticas durante las cuales los ejércitos enfren-tados entre si, por lo menos los dejaban en paz .

Recordando su llegada en febrero de 1903 , escribía en 1929 el aventurero Bohórquez :

“...Muy grandes eran los peligros que allí se vivía, pues las fieras hacían casi vida común con los moradores, y la vecindad de los indios salvajes, que amenazaban con frecuencia, mantenía en terrible expectativa de alarma al vecindario”.

El año siguiente se torna recolector de caucho y tagua:“...Me interné en los bosques...a pesar de los cuentos fantásticos de los ataques de los

indios y demás fieras de esas montañas”.

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Más adelante , indica que su socio De Mares, después de su visita de 1911 a los bosques de Las Infantas :

“...no quiso volver a esa región...temiendo los ataques de los indios, pues en esa época aquellas montañas aun estaban habitadas por tribus de antropófagos que asaltaban constantemente a los recolectores de frutos en los bosques”.

En 1908 escribe Luis Colina , corregidor de Barranca, con un sorprendente tono de denuncia e indignación :

“...Hoy se les ha abierto una guerra a los infelices indígenas que ven arrasadas sus labranzas por los caucheros y tagueros, que en numero considerable se encuentran dispersos desde frente a Nare, Baúl, Palancal, La Llana, Cascajales, Las Arrujas, Me-seta de los Caballeros, Alizama, La Putana, etc, donde además de las legumbres que les roban y para crearse derecho bruto, los tiran como animales de cacería reservándose el crimen entre compañeros porque saben que el castigo es la represalia de su salvajismo criminoso”.

Del mismo tenor es este párrafo del viajero Camilo Forero Reyes: “El 17 de diciembre de 1908, a las ocho y media de la mañana, después de que

los bogas hubieron cargado las canoas con nuestros equipajes y unas cuantas cargas de panela, nos acomodamos en ellas como mejor se pudo, cuatro bogas, el coronel Amaya, el señor Hernández, Muñoz, dos italianos, Tomasa y yo; y una vez instalados a bordo, los conductores empujaron nuestra canoa a la mitad del río y la corriente la arrastró con velocidad de un caballo desbocado…En aquellas riberas los bogas nos enseñaron las palmeras productoras de la tagua, y el sitio en que, no hacia mucho tiempo, los indios del Opón acribillaron a flechazos a un hombre, como represalia de las crueldades ejercitadas con ellos por los caucheros y tagueros de aquellas apartadas montañas”.

En junio del mismo año caen dos tagueros en una emboscada . En agosto de 1909 mueren flechados dos recolectores en la selva del río Opóncito y desaparece otro.

Cuando el gobierno declara la caducidad de su contrato de concesión por incumplimiento, “los indios” sirven de pretexto a Roberto De Mares ; en 1910, utiliza esta mentira en su alegato:

“Pero la estación de las lluvias, las enfermedades y , más que todo los indios nos han impedido seguir trabajando”.

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Según Simón Galvis, en 1911 “también asaltaron los indios a los tagueros que en el Opón tenia el señor Juan Valdés” y en junio de 1912 , sobre el río La Colorada perecen dos tagueros. Este mismo año se levanta un Censo Nacional de Población; en el en-tonces municipio de San Vicente, además de los hombres catalogados como Blancos, Mezclados, Negros, también registra los Indios: son 48.

En 1913 la situación es de tal gravedad que las propias autoridades de Barranca organizan “un ataque masivo”, “una batida de persecución de los indígenas por las montañas”: si no se realizó fue por prohibición de tipo táctico por parte del Gobierno Nacional. El año siguiente se manifiesta sorpresivamente Roberto de Mares, conc-esionario petrolero, pero dedicado a otras faenas y vuelto cazador de indios. Aquí cabe la carta (Fondo de Baldíos del AHNC, Tomo 37 folios 100 y 101), que manda al Ministro de Obras Publicas :

“La Gloria , Abril 30 de 1913Señor Ministro de Obras Públicas, BogotáSeñor MinistroTengo el honor de avisar a S.S. que en el curso del presente mes se han logrado ex-

traer de los bosques de “Bovali” , la cantidad de cincuenta y ocho (58) bultos de Tagua, de cinco (5) arrobas cada bulto, de buena calidad, de conformidad con las prescrip-ciones del Contrato que con ese Ministerio tengo celebrado.

No dudo, que a mediados del mes próximo, y una vez pasadas las elecciones para Representantes al Congreso, que tan ajitados (sic) traen a los partidos; vuelta la calma a los espíritus, y la normalidad al país, el Ministerio de la Guerra dará orden para que se nos devuelvan los elementos que nos fueron quitados, para que con esos medios de defensa, nuestros trabajadores puedan con más tranquilidad y mayores garantías , aventurarse hacia el Centro de la Cordillera sin mayor temor a los Indios.

Aún cuando no es esta la ocasión para hacerlo, ni estar tampoco autorizado para ello, me aventuro a informar a S.S. que tanto la Tagua que se exporta por este Puerto, proveniente de los Baldíos del Catatumbo y Culebritas, como aquella que se extrae de los ríos Opón, Oponcito, La Colorada, La Llana etc. la están recolectando “biche”, es decir , descabezándola, como se dice por aquí vulgarmente; por consiguiente , con ese sistema,

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están dañando los Bosques y perjudicando el buen nombre que el articulo tiene en los Mercados del Exterior. Este aviso se lo doy en mi carácter de hombre honrado, deseoso siempre del progreso y adelanto de su patria. No culpo a los pobres trabajadores que buscando el pan diario para llevar a sus hogares se aventuran, aún a riesgo de su vida, por aquellos bosques plagados de feroces indios; el miedo , y la premura del tiempo, los obliga a cojer (sic) los frutos no maduros aún, por temor a perder su trabajo, y tambien por no volver a sus casas con las manos vacías; cada hombre allí tiene la espada de Damocles suspendida de su cabeza , porque no sabe a que hora la flecha certera de un Indio corta el hilo de la vida.

Si el Gbno (sic) quisiera prestarme su apoyo en este sentido , no pasaríamos por la pena , por no decir vergüenza, de tener a tres (3) leguas del río Magdalena, ar-teria principal de la Republica, tribus Salvages (sic) y Canivales (sic) , que tan mal hablan de nuestro estado como Nación Civilizada.

Apelo a los sentimientos de hidalguía y generosidad que animan a S.S. lo mismo que a los de sus demás Colegas en los diferentes Ministerios, para que en las Sesiones del Honorable Consejo de Ministros, y de acuerdo con el Exmo. Señor Presidente, se trate de este asunto, y se escojite (sic) ó dicte una Disposición que nos dé mayores garantías a todos aquellos que nos aventuramos a buscar en las soledades de las Selvas, y luchando contra toda clase de elementos - puesto que hasta la misma Naturaleza nos es hostil- el pan de nuestros hogares y la educación de nuestros hijos.

Reciente está aún el horroroso asesinato del noble amigo Señor D. Vicente Olarte O. y el de sus desgraciados Compañeros de que di cuenta a S.S. en mi anterior comu-nicación fechada en Barranca Bermeja, y ya que hablo de este lugar , y como un acto de justicia, permítome citarle el nombre del Señor Alcalde de aquella población señor D. Pedro Serrano, que se preocupa por el adelanto de aquella localidad.

Señor Ministro Roberto de Marés” (sic, con tilde en la e).Son de señalar dos “lapsos” del autor . En primer lugar Barrancabermeja siendo

corregimiento carecía de Alcalde y estaba administrado por un Inspector de Policía, un tal Raimundo Tamayo.

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En 1914, y muy lejos del Carare, “los clientes” que están negociando con De Mares su concesión fantasma, meditan en EEUU sobre lo que significa internarse en estas selvas; entre múltiples dificultades señala Michael Benedum, empresario petrolero:

“...¿cómo nos las arreglaríamos con los cazacabezas de la región?”Los ingenieros yanquis tenían que penetrar en unos bosques donde seguían re-

sistiendo los últimos reductos aborígenes. Lo recuerda Francisco Andrade en “El último Yarigui” (Bogotá ,1944). Contratado por un terrateniente bogotano para des-lindar sus propiedades, el agrimensor llega al puerto en 1915, descubre enseguida las dificultades de comunicaciones para llegar a los predios a través de la selva, y añade:

“Pero...el peligro mayor lo constituyan los indios”.Relata distintos incidentes recientes con varias victimas y agrega:“...Y así eran innumerables las historias de los ataques de los indios; por lo tanto la

travesía de la trocha era asunto grave. La situación de nervios en que se hacia era tal, que ni siquiera se abotonaban las fundas de los revólveres.”

En 1915 , el Gobernador dedica en la “Gaceta de Santander” un capitulo especial de su informe anual a “la catequización de las tribus salvajes que residen en nuestras montañas orientales y en las regiones del Opón y del Carare” . Señala que “fue apro-piado en el Presupuesto la suma de $ 4.431, 80 con destino a fundar una misión para la reducción de las primeras y para el sometimiento de las últimas”. Añade esta argumentación:

“ Del Carare se ha dado cuenta de que hay algunos indígenas, procedentes de las tri-bus errantes en esas selvas, que han sido atraídos hacia los caseríos de la margen derecha del río, pero que carecen los moradores de allí de recursos para retenerlos, halagándolos con el ofrecimiento de obsequios apropiados tales como ropa, algunas herramientas, etc.

Tambien se ha informado que dos individuos, prófugos de distintas Cárceles, se han domiciliados en una ranchería de indígenas, a cuyos moradores enseñan el uso de ar-mas de fuego, constituyendo un peligro para los civilizados que por allí residen. Se cree que seria fácil sorprender dicho grupo y capturar a los prófugos, procurando la reducción de los indígenas por medio de sus antiguos compañeros que ya lo están, pero para ello se requiere disponer de algunos recursos en dinero y situar en la región un destacamento armado confiado a gente prudente y avisada que no ejecute hechos violentos, los cuales son contraproducentes para el efecto buscado”.

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Más adelante felicita la acción de la policía departamental en la región :“Notorios son ya los buenos resultados del servicio de que trato en esas apartadas

regiones, habitadas todavía en la parte cubierta de selvas por tribus salvajes, algunas compuestas de indios muy feroces y en donde antes de la creación de la Comisaría, no había llegado a sentirse la acción de la autoridad por carencia de fuerza que hiciera efectivas las ordenes de los encargados de aquella e impusiera a cuantos allí habitan el respeto a la Ley y al ajeno derecho”.

En el Nº 30 (agosto 12 de 1916) de la revista Cromos, un señor Augusto Rozo

defiende uno de los trazados del ferrocarril de Cúcuta al Magdalena y enumera sus

beneficios:

“c) El Ferrocarril que atraviesa ciertas regiones aun incultas y habitadas por salvajes

, será la única forma factible para llevar allí la colonización y el cultivo de suelos fértiles

y ricos”.

En 1917 , el prefecto de Zapatoca sigue insistiendo en el establecimiento de

misiones y de guarniciones militares ; se dirige en estos términos al Gobernador:

“ Existen todavía en las montañas del Opón algunos indígenas que seria fácil re-

ducir a la vida civilizada si se estableciera una misión (....) compuesta cada una de dos

sacerdotes y un cuerpo de policia, que podría ser el mismo que hoy existe en las riberas

del Magdalena(....) con el apoyo de la fuerza acantonada en Barrancabermeja...”

El mismo año el Gobernador expone las gestiones que realizo con el Arzobispo

de Bogotá para la recuperación de unas comunidades que venían siendo desalojadas

de sus hábitats por la Policía Departamental y las comisiones de las primeras explora-

ciones de la Tropical Oil Company en La Colorada :“ Catequización de indígenas.En el mes de octubre último se presentó en el Corregimiento de Puerto Carare un

número regular de indígenas de todas edades y sexos, procedentes de las riberas de los ríos Opón y Carare ...Además de lo dicho, la Gobernación, creyendo que la ocasión que se ofrecía , con motivo de la presentación de los salvajes , era de excepcional importancia para acometer en forma racional y estable la reducción y catequización de esos com-

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patriotas, se dirigió por medio del telegrama siguiente , al Ilustrísimo y Reverendísimo señor Arzobispo Primado de Bogota, Presidente de la Junta Arquidiocesana Nacional de Misiones Católicas, en demanda de apoyo para lo que no era una ilusión sino una realidad”.

Sigue el telegrama del 22 de octubre de 1917 :“…hanse presentado Puerto Carare cerca de cuarenta (40) salvajes deseosos vida

civilizada. Suplico…asignar alguna suma para catequización tribus Carare”. Termina el Gobernador :“ Ninguna respuesta se ha recibido a esta comunicación”. Otro autor explica en estos términos el destierro y la deportación de los últimos

habitantes, y de paso ilustra el triste papel que cumplió el clero en la tarea de limpiar la comarca en beneficio de los nuevos dueños:

“Posteriormente, en el año de 1.918, por gestiones del cura Párroco de San Vicente de Chucuri, el doctor Tapia, se logró llevar los restos de los opones a esta población. La tribu estaba reducida a unas 30 personas” (Francisco Andrade).

En 1919 un funcionario se dirige al gobernador informando que el cura de San Vicente obtuvo del último cacique :

...“que le confiara dos sobrinos para civilizarlos (...) con dos más que están apren-diendo el castellano y alguna instrucción primaria; al Socorro ha sido trasladada una niña llamada Teresa y está en poder de la Reverenda Madre Marcela.”

El mismo año el Gobernador , ritualmente dedica en su informa anual un im-prescindible capítulo a la “Catequización de indígenas...nuestros coterráneos que aún llevan vida salvaje en las regiones del Opón: El Párroco de San Vicente de Chucuri, en-cargado de la misión , entró en relaciones con el Cacique Inaich, que hoy llaman Carlos , y obtuvo que le confiara dos sobrinos para civilizarlos ; al efecto en su propia casa los tiene con dos más que están aprendiendo el Castellano y alguna instrucción primaria; al Socorro ha sido trasladada una niña llamada Teresa y está en poder de la Reverenda Madre Marcela…Los Decretos números 290 y 21...tienden a facilitar a los misioneros su tarea, apoyados por la Comisaría de Policía de las riberas del Magdalena y demás autoridades comarcanas...esas centenas de colombianos confundidos con las fieras de

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los bosques vendrán, no muy tarde, a hacer vida común con los que llevamos el sublime nombre de cristianos y disfrutamos de las ventajas de la civilización...El R.P. Jesús María Fernández se propuso aprender con los dos indígenas que tiene bajo su protección, el idioma que se habla en dichas tribus, y eso permitirá a los RR. PP. Misioneros hacer obra fecunda en sus trabajos de catequización.”

Según un estudio del CPU de Uniandes sintetizando estos datos, en las vecindades del puerto se registraron entre 1853 y 1855 seis incursiones de aborígenes ocasionando la muerte de veinte personas. Siguen siendo el terror de los recolectores de tagua hacia 1896, y se multiplican sus ataques en 1902,1904,1908,1911,1912 terminando en 1913 con la muerte de los últimos indómitos.

Dicen los diversos cronistas: “posteriormente no se volvieron a presentar ni ataques ni robos de los indios”. Efectivamente , con la paz del cementerio ya no quedaban yariguies, habían sido en su totalidad exterminados, o despojados y expulsados. Des-terrados por la Policía Departamental colombiana colocada al servicio de las petrol-eras norteamericanas, los últimos sobrevivientes , ancianos con harapos regalados, deambulaban como mendigos en alguna aldea mestiza; raptados y cautivos, unos niños y niñas estaban al servicio de un párroco o “en poder” de unas monjas. En adelante los yariguies incluso desaparecerían de los atlas de etnología colombiana.

En cuanto se refiere a los bari motilones, existe en El Centro, un museo del Petróleo, con una sección histórica dedicada, más que todo al elogio de Bohórquez y la gloria de De Mares y Barco. Las fotografías exhibidas evidencian que el Estado Colombiano, procedió igual que con los yariguies del Opón-Carare; proporcionó en 1906-1907 a la naciente Colombian Petroleum la ayuda militar necesaria para su exterminio. Desti-nadas quizá a la propaganda en el exterior para tranquilizar los inversionistas yanquis, las fotografías se transforman en tarjetas postales , con este tipo de leyendas en inglés:

“Colombian Soldiers ready for march to Campo Barco.”Otra, para el uso doméstico dice:“Soldados del General Barco en marcha al Catatumbo,1906.”Aquí falta aclarar si dicho militar actuaba entonces como general de Reyes y con

tropas oficiales, o como mercader con ejército propio privado . Pues estos mismos

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documentos también muestran que Virgilio Barco, además del ejército, había con-tratado en el Zulia y con el mismo propósito, su propia tropa particular formada por jóvenes peones descalzos, civiles equipados con armas importadas ; fusiles Gras, Mauser o Winchester, revólveres Colt 44 o Webley.

Como vemos, los ejércitos paramilitares privados son una vieja “tradición” en los Santanderes, y hoy como ayer la herramienta última y radical a la cual acude la oligar-quía en defensa de sus intereses de clase.

Las comunidades indo americanas resistieron trescientos años a los españoles pero lo que no logró la administración colonial indiana, lo alcanzó el régimen republicano precapitalista. Entre 1850 y 1900 la República exterminó las comunidades que no habían podido reducir los españoles durante tres siglos. El ejército nacional logró con la masacre y el destierro, cumplir con la empresa en la cual habían fracasado las soldadescas españolas desde 1536. Con esta infamia culminaba concluye un inicuo episodio histórico de la República, y del primer asalto del capitalismo comercial en la región.

El papel de la Iglesia y del clero.

La Iglesia católica fue desde los primeros días hasta hoy, una vigilante adminis-tradora de la “donación” de 1493-94. Una corta muestra de aconteceres evidencia esta persistencia.

1- Con un “nuevo título de minas revalidado” en 1866, los hermanos Tomás, Ma-nuel María y Vicenta Mosquera, herederos de los Arboleda, permanecían “dueños de las minas y tierras del río de Timbiquí, con sus afluentes”, aduciendo “una posesión inmemorial (sic) de más de doscientos años”. Más adelante el documento indica que desde el siglo XVIII el abuelo Arboleda había perdido parte del globo “por violento despojo” de un tal Aguado. Por su parte un avispado cura Erazo registró a su nombre la propiedad y la vendió luego al sacerdote caleño Andrés Saa, cura de minas del Yu-rumangui, quien en 1772 las revende mediante “transacción” al dueño Arboleda; este “en 1780 registró todo el curso del río e incluyó sus afluentes”. (G. Colmenares).

2- Al parecer la perniciosa fiebre de las minas ingresó hasta las sacristías del Choco para contagiar el clero católico. En diciembre de 1912 el presbítero Demetrio Salazar,

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cura de Tadó “otorga opción de compra” a Jorge Mercado por “las minas de su propie-dad denominadas Chiquinquirá y Galicia, en el río San Agustín, Sipí”. Presenta unos frescos títulos de concesiones apenas secos, con fechas de 5 de diciembre de 1911 y 12 de julio de 1912 “otorgadas a su favor por la Intendencia del Choco”. El precio de venta es de “cada una en 20.000 pesos oro americano, o sean 40.000 pesos de dicha moneda siendo de cargo de Mercado todo gasto que la negociación y venta de estas minas ocasione”. Más adelante queda aclarado que el sacerdote encargaba a Mercado las gestiones de venta de las minas (Archivo notarial, Buenaventura).

3- En 1915 a orilla del río Arquía (cercano al río Unguía) el Padre Francisco Gutié-rrez, Prefecto Apostólico del Chocó realiza una “excursión apostólica”; especie de re-dada de indios para “expulsar el demonio”, bautizar “moros” y casar “amancebados”.

“…Era ya hora de dar principio a nuestro trabajo, que, tratándose de indios había de ser obra de mucha paciencia por su extrema rudeza y casi absoluta ignorancia de la doctrina...uno de los acompañantes dijo al cacique que por qué no traía sus santos para que los viera el Padre…accedió…puso ante nuestra vista una serie de estatuitas de madera, imperfectas y ridículas por sus formas, cuyo simbolismo religioso era imposi-ble descifrar. ¿Eran verdaderos ídolos en quienes los indios creían y adoraban como ver-daderos dioses?…adquirimos el convencimiento que los indios…las consideraban como medianeros para obtener del cielo lo que piden, o como unos instrumentos por conducto de los cuales el Dios verdadero concede sus favores.

Mientras contemplábamos tan grotescas figuras, sucedió que, medio asqueado al pensar en que aquellos monigotes fueron tenidos por Dios, dejé caer con cierto aire de desprecio el que entonces tenía en la mano…el cacique al observar el desdén con que había dejado caer el figurín, cerró la caja con aire de indignación y se llevó sus santos…”

4- En 1917 llega a Neguá el misionero español Virginio Belarra, quien jocosa-mente nos cuenta sus prácticas extorsivas con el vecindario:

“En el pueblo de Neguá, donde está, según dicen, el oro mejor del mundo, comencé una casa cural... He tenido que luchar mucho y constantemente, y recoger yo mismo la limosna por los ríos y en el mercado...Yo les grito, les amenazo, etc. Si me piden un baile (pues nunca suelen bailar sin mi permiso), si me parece bien se lo concedo, y otras veces se lo niego. Muchas veces, cuando están bailando, voy de incógnito, cuando menos

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piensan...las mujeres se escapan como sabandijas a esconderse. Siempre que voy, ya se supone que les pongo una cuota para la casa cural, y que si no me la pagan ya no bailan más...Poco a poco hemos ido reuniendo plata, y la casa está ya para terminar”.

5- En 1918 es el padre Fermín de Larrazábal que llega al alto Andagueda para reiniciar un proyecto fallido de “reducción a pueblo” del campesinado embera;

“...los misioneros...habiendo palpado las dificultades de su instrucción, mientras lleven esa vida nómada y aislada, se habían propuesto la dura labor de reducirlos”. El misionero logra “convencerlos de las ventajas de la vida civil, para lo cual érales indispen-sable abandonar su vida aislada y resolverse a convivir unidos, formando población...y se comenzó la construcción de cuatro pueblos con sendas escuelas y capillas”.

6- Después de una breve prosperidad San Francisco del Naya entró en un declive al cual contribuyo la política misional de poblamiento. Fundada en 1927 la Prefectura Apostólica de Tumaco y nombrado Prefecto Bernardo Merizalde en 1928, opina este que “los ríos Saija, Micay, Naya, Yurumanguí y Cajambre necesitaban una buena aten-ción” pero que ésta “no podía realizarse desde el remoto San Francisco de Naya”. Por eso decidió “fundar un pueblo en el mejor (?) Sitio posible como centro estratégico para la evangelización de estos ríos”. Fundación “planeada con los vecinos más conocedores de la región” (F. Arango).

Hoy en día el personaje nutre aun la crónica local y los recuerdos anecdóticos que cuentan unos ancianos con una sonrisa maliciosa. Resumiendo, digamos que el diligente misionero de Dios colaboró activamente en el poblamiento del lugar con una discreta contribución personal en su prosperidad demográfica. La misma obra del misionero dejó su paso en las cercanías de Iscuandé, incluso con una aldea llevando también su apellido a orillas del río Satinga: “Merizalde, seducido por los atractivos de las mujeres de la región...habría engendrado varios “hijos naturales”...que las gentes denomina y describe como las “mulas”: unos híbridos, sufrientes y marginales seres hu-manos con horripilantes cabezas de equinos” (O. Almario).

7- Durante décadas el campesinado del río Naya enfrentó el bloque cerrado de los herederos de sus antiguos amos, la Universidad de Cauca, sus sucesivos administradores, las autoridades civiles nombradas desde Popayán, y un pletórico

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ejercito de sacerdotes y misioneros igualmente a su servicio. La documentación del profesor Romero atestigua que el clero católico participó activamente en diferentes formas de atropellos a los moradores. Obsesiva fue la denuncia y reiterativa la perse-cución, contra los “amancebados” por parte del puritano párroco de San Francisco del Naya; no podía admitir el matrimonio tradicional de facto prescindiendo de la Iglesia. Además concibió una nueva forma de tributo, y para asegurar su sustento acudió a unas prácticas más venales que caritativas. Algún día decretó la supuesta propiedad parroquial de imaginarios “terrenos ejidos que pertenecen a la Iglesia” -categoría in-existente en la Constitución-, para luego pretender cobrar alquiler a los ocupantes de los predios. Y en alguna oportunidad, no vaciló en promover el lanzamiento de 32 familias de “invasores” con apoyo de las autoridades municipales y de Policía.

“Los “terrazgueros” fueron constantemente presionados y obligados a pagar a la Uni-versidad del Cauca, a los administradores de ésta, a la administración pública de San Francisco del Naya, y hasta a los curas de la iglesia de San Francisco” (M.D. Romero).

En caso de negativa, “desocupar” amenazaban la Universidad, su administrador local, y el Inspector de Policía de San Francisco nombrado desde 1903, después de una solicitud de la Universidad al Gobernador del Cauca, y también pidiendo el envío de un agente de la policía de Guapi.

8- Desde los vicariatos de Misiones ingresaron a partir de 1915 unos fanáticos mi-sioneros católicos extranjeros (italianos o españoles), quienes de inmediato entraron en rivalidades territoriales con los curas locales. Evocaron estos antagonismos, tanto el cronista local Francisco Celorio, como el misionero agustino Bernardo Merizalde, y el párroco de Buenaventura José Ramón Bejarano en los cuadernos de su auto-biografía (Diócesis, Buenaventura).

La controversia se asomó hacia 1920 cuando el poder y los estipendios de los sacerdotes nombrados desde Cali o Popayán, eran cuestionados -y amenazados- por la llegada de los misioneros. De estas divergencias resultó afectada la parroquia de San Francisco del Naya, y victoriosos los misioneros, cuando las autoridades de la Iglesia deciden emplazar una nueva base de evangelización comarcal en el delta del Naya.

En estas circunstancias, el misionero Bernardo Merizalde, con la fundación de Puerto Merizalde fomenta el desplazamiento hacia la nueva localidad de los mora-

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dores radicados río arriba, hacia San Francisco y San Lorenzo. Con esta competencia, de inmediato San Francisco de Naya perdió categoría y futuro.

9- En el río Naya “la iglesia publicó en junio 26 de 1958 una lista de personal que es-taba ocupando los terrenos ejidos que pertenecen a la iglesia en San Francisco del Naya... De 32 cabezas de familia, 10 pagaron tributo en metálico, 8 reconocieron la deuda, 7 firman la notificación... y 2 dicen que no reconocen nada a la iglesia porque no tiene documentación”. Ante su negativa el párroco acude a la policía. (Mario D. Romero)

10- Por su parte, la Iglesia Católica y los celosos clérigos locales, en muchos lu-gares mostraron una codicia y una venalidad más terrenales -incluso sub terrenales- que celestiales. No vacilaron en asociarse con especuladores en dudosos negocios de tierras y minas. Asimismo, a partir del Convenio de Misiones de 1903, los diligentes misioneros de las Prefecturas Apostólicas, participaron activamente en múltiples formas de explotación y persecución del campesinado aborigen y de los “libres”. Además de agredir sus costumbres muy a menudo fueron artífices de su expoliación y destierro por medio de su traslado forzado, es decir su deportación hacia obliga-das “reducciones” al estilo colonial que eran modernos “pueblos de indios” o “pueblos de doctrina”. En varios lugares (ríos Negua, Andagueda, Naya, Timbiquí, etc.) esta política misionera de “reducciones” (“reducir salvajes a la civilización” era la formula y el fin) operaba, objetivamente, en beneficio de la penetración de las empresas mineras extranjeras.

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Tercera ParteREFLEXIONES.

Para terminar, de nuestras exploraciones empíricas queremos destacar unos hallazgos con los cuales se verifican unas testarudas continuidades históricas.

1- Estamos viviendo el último episodio ¿epílogo será? de una vieja historia que se inició en “tierra firme” hacia 1510; expropiación armada con ejércitos privados a sueldo, y reparto latifundista.

Los aconteceres consignados lo atestiguan y los hechos comprobados lo afirman; desde la Conquista española hasta este inicio del siglo veinte y uno, la misma historia de Colombia es una larga crónica de confrontaciones sociales que se originan o culmi-nan en las ciudades. Y desde su misma fundación estas estuvieron sumidas en los más agudos enfrentamientos, originados en la economía de rapiña y las luchas de clases.

2- Los procesos territoriales de poblamiento siempre tuvieron un desenvolvimiento marcado por la conflictividad social en torno a la posesión, propiedad, manejo y uso de la tierra. El despojo agrario y el destierro son parte integrante de la trayectoria de la sociedad colombiana desde el siglo XVI hasta hoy; incluso se integran a la historia urbana más reciente y actual, verificándose la unidad territorial del fenómeno.

Este breve panorama permite registrar la persistencia histórica de múltiples ex-presiones de la conflictividad social y los antagonismos de clases en la urbe. Así se verifica de paso que el uso de la fuerza ejercida desde la dominación o la protesta, es recurso extremo en la lucha de clases que se libra en el seno de la sociedad; asimismo

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la relación estrecha, en el transcurrir, entre el poblamiento territorial, los nuevos hábi-tats y la apropiación privada del espacio, proceso impregnado de una amplia variedad de conflictos sociales.

3- Basta con un vistazo al desenvolvimiento demográfico nacional y al correspon-diente ensanche territorial para comprobar la unidad entre ambos componentes. En otras palabras siempre operó esta ley del desenvolvimiento territorial: el desarrollo de las fuerzas productivas siempre fue acompañado por el necesario ensanche de los medios naturales de producción. Este último siempre fue activado por descompresión de excedentes de población radicada en algún lugar, hacia hábitats vírgenes nuevos con sus recursos aun intactos.

Pero la organización política del poder y las formas de apropiación atravesadas por una estructura social de clases estorban este ajuste y lo impiden. Las formas de propiedad o de apropiación del espacio y de los medios naturales de producción se revelan antagónicas con las exigencias del desenvolvimiento social y las necesidades territoriales siempre crecientes y nacidas del desarrollo permanente de las fuerzas productivas.

Tan cierto es este desajuste que en determinados momentos la contradicción llega a su paroxismo y es cuando su resolución se escapa de los canales jurídicos pacíficos, amenazando incluso el edificio del poder. Es cuando este busca paliativas y reformas (cambiar todo para que todo permanezca sin cambio), usando cosméticos, llámense “manos muertas”, “circulación de la propiedad”, división de resguardos, política de adju-dicaciones de baldíos, ley 71 de 1917, reforma agraria de 1936, ley 70 de 1973 etc.

4- Desde el siglo XVI hasta hoy el país creció y se dilató en su geografía, (incluso nació) con “desplazados”; los que llegan y los que se expulsan. Por otra parte, a lo largo de cuatro siglos, es claro que siempre las masas populares hacen país a pesar -incluso en contra- de sus gobernantes. Por eso el despojo por agresión armada des-de el cerebro y el puesto de mando urbanos instalados en el mismo Estado, es una vieja costumbre integrada a la lucha de clases; su instrumento operativo siempre fueron los ejércitos privados, y estos siempre estuvieron al servicio de los que los podían financiar.

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Pues así nació en Colombia desde el primer día, la costumbre -hoy bien arraigada, cíclica pero persistente- de usar ejércitos privados de mercenarios civiles, por parte de los más pudientes y del mismo Estado. Y con eso podremos verificar que el despojo territorial por agresión armada y el destierro son una vieja práctica integrada a la lucha de clases, que su instrumento operativo siempre fueron los ejércitos privados paraes-tatales, y que estos siempre estuvieron al servicio de sus financiadores.

Y finalmente que siempre actúan como guachimanes de la clase dominante, a solicitud y al amparo del Estado, y convertidos en brazo armado y legión pretoriana del poder político, económico y religioso-ideológico. Es decir que las fechorías y crímenes de los primeros protagonistas no son ni aislados ni improvisados, ni “acci-dentales” sino que son la ejecución programada y planificada de normas, “cedulas”, “capitulaciones”, “provisiones”, ordenadas por la Corona ; resultan de prescripciones y cumplen leyes emanadas del poder central, y aplicadas en “tierra firme” por sus órganos descentralizados en audiencias, gobernaciones y cabildos. Los aventureros a sueldo, sus cipayos y sus sicarios, no son más que los peones ejecutores de unas políticas y de un Derecho: por lo tanto no cometen delitos sino que aplican la justi-cia, y sus víctimas siempre fueron “ajusticiados” o “castigados”.

5- Hemos hallado sin siquiera buscarlos, desplazados y ejércitos privados paraes-tatales, en las “reducciones” en Boyacá y la conquista del Chocó desde el siglo XVII, en la Costa caribe del siglo XVIII, en todo el Magdalena Medio durante el siglo XIX y sus cien años de guerras civiles. En definitiva, para el despojo y el destierro la asociación en-tre el Estado y los ejércitos privados paramilitares y paraestatales, más que una novedad o un accidente histórico es una vieja y persistente “tradición” nacional.

Hoy como ayer, los ejércitos privados emanan de las instancias oficiales y actúan como “reserva especial” del poder, es decir como “ejército oficial de reserva” del Estado si se prefiere, para operar en los momentos más álgidos de la conflictividad social. Es un ejército supletorio y auxiliar, por delegación de competencia del Estado al sector social que más representa y que más lo sustenta.

Siempre es la clase en el poder aquella que origina la guerra, la organiza y la maneja. Su ejército paralelo no es más que la guardia pretoriana de reserva del latifundismo y de

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los privilegios de la oligarquía; una guardia de civiles armados obligados a defender la clase en el poder. Ese es el origen y el papel de su ejército paraestatal.

Los ejecutores siempre actúan como simple “brazo armado” del poder político y económico. Tanto en los siglos XVI, XVII o XVIII, como en el republicano siglo XIX, y hasta nuestros días, los operativos armados operan en ejecución de los requerimien-tos y exigencias de las clases dominantes. Siempre fueron planificados, programados, organizados y ordenados desde las instancias oficiales y las instituciones estatales radicadas en las metrópolis urbanas del poder.

6- Los hechos también atestiguan el rol de auxiliar y garante asignado a la Iglesia Católica, que sus dependientes y súbditos cumplieron durante cinco siglos. Siempre está presente y protagonista el delegado del Vaticano; como quien dice vigilando el hombre de Roma el buen uso de la donación de 1493. Y de pronto titulando un pedazo del predio…Asimismo, durante siglos las disputas territoriales entre sacerdotes y sus exigencias -tributarias, económicas- de localización provocaron múltiples desalo-jos forzados de aldeas mediante las reducciones y agregaciones. De igual manera el clero es auxiliar y acompañante imprescindible de la tropa en los operativos ar-mados de destierros de población en Tierradentro -del Caribe- y otras regiones a lo largo del siglo XVIII. En el Choco y “las barbacoas” se verifica la complicidad entre corregidores y curas de doctrina en la esclavitud y la explotación laboral y económica de los aborígenes y africanos desde el siglo XVI.

7- Desde siglos atrás la violencia de clase, el uso de la fuerza y de la represión acompañan desde su nacimiento y hasta hoy la trayectoria de la ciudad colombiana.

Durante décadas de indagaciones en varias regiones, no se halló ciudad alguna que no surja de pugnas sociales, y que tarde o temprano no engendre otras. Cada pueblo nuevo nace como producto de un conflicto clasista y origina otros, aún más agudos en ciertos casos; cada asentamiento se inscribe en el contexto de las luchas sociales y nace impregnado de alguna forma de violencia de clase. Las “ciudades” del siglo XVI, los pueblos de indios, los sitios, parroquias o curatos y las villas de libres de los siglos XVII-XVIII, bien sea en el hinterland de la Costa Caribe, en los Santanderes o en el Cauca, ilustran con fuerza esta constancia histórica. En otras palabras y para ser muy

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claro ante la situación actual, los verdugos de hoy no son más que los guachimanes del latifundio moderno con sus amos en las ciudades de la Costa, y los seguidores y ejecutores respetuosos de una vieja costumbre.

8- Después de la independencia, el colonialismo persiste pero con rostro nuevo renovado y modernizado, y la dictadura económica de la dependencia del exterior que se entronizó con los acuerdos de “Libre navegación, amistad y comercio”, auspician un poblamiento territorial desigual pero siempre precario, y estimulan la conflictividad en torno a las tierras. En cada episodio la demanda externa promovida por el Estado fa-vorece la “revancha latifundista” y una “contrarreforma agraria armada”.

Bien sea con el oro, el platino o las esmeraldas, el tabaco, la tagua, la quina, el caucho, las maderas, el petróleo, el café, y hoy la palma africana o la coca, cada producto de exportación coincide en un momento dado con los ámbitos geográfi-cos más codiciados y bélicos, aquellos donde ocurren los aconteceres más álgidos de la confrontación: asimismo el recurso a las armas y la violencia. Parece ser una tradición y una fatalidad histórica de una nación satélite; cada vez que se exporta algo se importa una nueva guerra agraria.

9- El papel atribuido desde el primer día a la ciudad como centro del poder, del castigo y de la represión perduraría sin mayor cambio. El Estado colombiano, retomaba en el siglo XX en Barrancabermeja la recomendación formulada por un conquistador del siglo XVI:

“La ciudad es el centro donde concentrar la fuerza para aplicarla donde más se necesita”.

En 1929, después de las últimas manifestaciones populares en las calles centrales de Bogotá, el Estado Mayor del Ejército en apuros elaboraba sin tardar un plan militar estratégico de “Acción de las tropas ante un movimiento subversivo” y de “Lucha en el interior de las ciudades” inspirado en la represión de la Comuna de Paris. (Revista militar, Nº 202-203).

10- El proceso territorial del país es uno solo, y por lo tanto en los campos se hallan los orígenes, el procesus y la especificidad de la ciudad colombiana contemporánea, con sus rasgos propios y sus contradicciones.

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Originada en la ciudad y llevada a los campos, la violencia agraria es, por igual la partera de la ciudad. Todas las ciudades colombianas tuvieron un parto tenso, con-flictivo o sangriento y nacieron de traumas y convulsiones en las cuales se suman las tensiones urbanas con los conflictos territoriales que las estimulan. Hoy mismo, este es el contenido profundo y el significado de las luchas sociales que acompañan la génesis agraria y el nacimiento, de ciudades modernas o nuevas; Barrancabermeja, Ciénaga, Florencia, San José del Guaviare, Mocoa, Arauca, o Apartadó, para no citar más que algunos casos.

11- Nuestros estudios evidencian que siempre alguna forma de conflagración de clases preside, acompaña o instrumenta el paso de una formación socio espacial a otra.

Hemos detectado primero, y luego comprobado, en la trayectoria del desarrollo socio-territorial del país una fase moderna, reciente y aun activa, caracterizada por un cambio radical en la localización de la población. Si los siglos XVIII y XIX fueron del intenso desarrollo del poblamiento territorial agrario del país, el siglo XX re-sultaría aquel de su reversión masiva hacia los centros urbanos. En la trayectoria nacional el siglo veinte es aquel de la urbanización acelerada e intensiva del país. Una guerra social agraria operó este vuelco.

En efecto, los censos de población evidencian que desde las décadas de 1920-1930 iban creciendo las tasas y los volúmenes del poblamiento urbano. Por lo tanto, desde los años treinta y cuarenta, con esta creciente tendencia y la permanente política de destierro, a la par con las masas migratorias se iba transfiriendo paulatinamente a la ciudad vuelta refugio la mayoría de las contradicciones y convulsiones de la so-ciedad colombiana. En la década del 60, poco a poco la conflictividad tradicional rural iba mermando; pero no por extinción de motivos, sino por extinción de pobladores del campo o su traslado a los ámbitos urbanos. Simultáneamente y de inmediato iban surgían nuevas patologías propias del hábitat urbano, e iba creciendo la conflictividad social en la totalidad de la red urbana nacional.

Con el continuo éxodo masivo de población rural expulsada por la oligarquía y sus gobiernos durante cinco décadas, y con el incremento rápido de la masa demográfica

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urbana, este fenómeno de desalojo sólo logró desplazar los choques entre clases, desde los caminos hacia las calles, y desde las veredas hacia los barrios. La ciudad se con-virtió ineludiblemente en el escenario principal de la máxima confrontación social y de la más aguda lucha de clases. Solo se logró expandir y urbanizar la conflictividad y la insurgencia sociales. De tal modo que el siglo XX que se inició con una cruel guerra social en campo abierto, terminó con otra más cruel aun, y que incluso ingresó a los recintos urbanos.

Por lo tanto la moderna conflictividad de clases en las ciudades es la herencia de una vieja “tradición” nacional. No es más que el transfer y el traslado urbano de la violencia en los campos.

12- En 1778 declaraba el Fiscal Francisco A. Moreno Escandón para justificar la venta en subasta pública de los resguardos de Bucaramanga:

“…siendo estas tierras las más aparentes para las siembras de los tabacos, a que conviene se destinen, para el arreglo y adelantamiento de la Renta”.

En 1955, lograda el destierro del campesinado cafetero del oriente del Tolima, declaraban los expulsores y Rojas Pinilla:

“Se salvó la cosecha”. Celebraban “la pacificación” del Sumapáz y de Villarrica, como en 1907 “la pacifi-

cación de los motilones”, como en el siglo XIX “la pacificación de los yariguies”, como en 1690 “la pacificación de los indios bravos del Chocó”.

13- Iniciado nuestro viaje en los reinos de la infamia con las viejas y opresivas ciudades políticas del pasado, culmina en los segregativos, excluyentes y mercantilistas conglomerados urbanos modernos.

La ciudad hoy, con el peso demográfico principal y luego hegemónico que adquirió a lo largo del siglo XX mediante el traslado urbano de gran parte de la población de los campos, víctima esta de viejas y nuevas formas de “acumulación originaria del capital” en el agro, ingresa al siglo XXI convertida en la mayor concentración de todas las convulsiones, antagonismos y contradicciones que hoy agitan la sociedad colombiana.

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EPÍLOGO.

Ante este recorrido rápido y atropellado, producto de un trabajo meramente ex-ploratorio unos pensarán que vinimos aquí “con cosas que todos sabemos desde chiqui-tos”. Pero nuestro punto de partida fue el espacio natural y los hábitats, y por este camino nos tocó llegar naturalmente a las sociedades que los construyen.

Finalmente, pensamos que la oligarquía colombiana y sus pensadores a sueldo, manejan con suma destreza la práctica de la amnesia cuando el presente se torna in-cómodo por parecerse demasiado con el pasado; por eso usa a diario en sus múltiples aparatos ideológicos la magia encantadora de una especie de amnesia histórica generalizada. Es así como estos días nos quieren convencer sus lavadoras de cerebros, que la carnicería y la barbarie de los últimos tiempos es “monstruosa”, eso sí, pero “sorprendente”, “inesperada e inexplicable”, “de una barbaridad excepcional”; algo jamais vu, nunca visto. Entonces pensamos que no sobraba recordar en esta corta comunicación que otra cosa dicen los hechos y la historia.

Espero no haber merecido con eso la excomunión, por violar la ley 35 de 1888 rati-ficando el Convenio del 31 de diciembre de 1887:

“Artículo 13. El Gobierno impedirá que en el desempeño de asignaturas literarias, científicas y en general, en todos los ramos de la instrucción, se propaguen ideas con-trarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia”.

Desde la Universidad del Valle mis labores prosiguen, y espero poder ampliar las investigaciones, profundizar unos temas, reforzar los hallazgos, asegurar unas tesis. Esta es mi meta y mi programa de trabajo para los próximos veinte años.

Muchas gracias, amigos de Neiva y de otros lugares.

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Diseño de cubierta: Miguel Cabezas GómezFoto de portada: Omar Franco

© Jacques Aprile-Gniset, Cali, 2003.Revisión del texto para el XVI Congreso Colombiano de Historia

Neiva, Octubre de 2012

Universidad Surcolombiana Asociación Colombiana de Historiadores

Maestria en Conflicto, Territorio y Cultura© 2012

Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente,sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.

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Documents

Aprile-Gniset. Memorias Del Despojo y Destierro