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Aprobada incorporación por $26 mil
millones para colegios ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 2 de Enero de 2017 12:00 am
El último proyecto de acuerdo aprobado por el Concejo y presentado por la administración
del alcalde Manolo Duque, tuvo luz verde en la plenaria de esta corporación, en el último día
de sesiones extraordinarias y del año que terminó.
Se trata del proyecto de acuerdo 046 para que el alcalde efectúe una incorporación al
presupuesto de rentas del Distrito para la vigencia fiscal de 2016.
Son más de 26.000 millones de pesos provenientes de los excedentes de giros hechos por el
Distrito hacia el Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional de Colombia (Fopep),
orientados a la Secretaría de Educación Distrital, y que serán utilizados en el mejoramiento
de infraestructura educativa, para poner en marcha de la jornada única en varios colegios de
la ciudad.
CAD, Edurbe y tributos
Las sesiones extraordinarias empezaron el pasado 13 de diciembre y fueron aprobados nueve
proyectos de acuerdo.
Entre estos están, el proyecto de acuerdo 026, por medio del cual se crea en el Concejo de
Cartagena el Observatorio de Políticas Públicas; y el acuerdo 030, que busca establecer el
sistema de seguridad, salvamento y rescate náutico y marítimo en el Distrito.
También está uno de los más importantes, el 039, que autoriza al alcalde Manolo Duque para
transferir a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar Edurbe S.A., recursos del Sistema
General de Participaciones (SGP), de agua potable y saneamiento básico para la ejecución de
obras de un sistema de drenajes pluviales para la ciudad.
Además fueron aprobados los acuerdos 040, que autoriza al alcalde para contratar
operaciones de crédito público, en la modalidad de crédito de proveedor, como fuente de
financiación para la realización del proyecto Centro Administrativo Distrital; el acuerdo 041,
que establece los factores de subsidio para los estratos 1, 2 y 3, y los factores de aporte
solidario para los estratos 5 y 6 industrial y comercial en los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo para la ciudad; Y el acuerdo 043, para efectuar una incorporación en el
presupuesto de rentas por más $46 mil millones y un traslado presupuestal entre unidades
ejecutoras.
El año anterior también cerró con la aprobación parcial del proyecto 044 que expide la
normativa sustantiva tributaria del distrito turístico, en materia de predial.
“Estamos avanzando”
Para el concejal Javier Curi, presidente saliente de la Corporación, el periodo que culminó
fue de gran importancia en el primer año de Gobierno ya que se aprobaron, según su
criterio, “proyecto importantes para la ciudad”.
“Hemos tomado decisiones trascendentales para la ciudad. Iniciamos la primera fase de la
construcción del alcantarillado pluvial; la construcción del Centro Administrativo Distrital
(CAD) piedra angular para dotar de una administración moderna a la ciudad; y avanzamos en
la conformación de un tributación lo más progresiva y eficaz posible”, dijo Curi.
“Esperamos que estas iniciativas logren una verdadera transformación en la cultura urbana
de la ciudad que ya inició su marcha con la operación de Transcaribe. Que forme una
conciencia ciudadana amigable con el medio ambiente y que de la memoria de las próximas
generaciones se borre el recuerdo de que esta ciudad convirtió sus cuerpos de agua y su
riqueza hídrica en grandes rellenos donde conseguir un lugar que habitar al igual que en
grandes cloacas y basureros”, agregó el concejal.
“Procuramos en todo momento que se priorizara el gasto público y que se alcanzara la mayor
coordinación sectorial e interinstitucional, armonizado con los presupuestos y con el marco
fiscal todo ello dentro de la mayor participación ciudadana posible”, finalizó.
“La explotación del agua ha sido un
gran negocio”: Curi REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg
CARTAGENA DE INDIAS 16 de Marzo de 2017 12:00 am
El concejal Javier Curi, del Partido Liberal, durante el debate a Aguas de Cartagena, citado
por sus colegas César Pión y Carlos Barrios, intervino en la plenaria y dijo que la empresa de
servicios ha obtenido una alta rentabilidad con el negocio de la explotación del agua.
“La explotación del agua no deja de ser un gran negocio; en 2015 Aguas de Cartagena obtuvo
18 mil millones de pesos de utilidad, creo que la empresa de servicios está casi al mismo
nivel de Reficar, pero con la diferencia de que estamos hablando de agua”, dijo el concejal.
El miembro de la bancada liberal expresó que conoció de cerca el contrato que se hizo a 26
años con la empresa Aguas de Cartagena en 1994 cuando se liquidaron las Empresas Públicas
Municipales, porque entonces él era concejal.
“Como concejales nosotros no ejercemos ningún control sancionatorio, pero debemos velar
porque los actos administrativos se ajusten a las disposiciones legales; este contrato con
Acuacar ha sido interpretado a luz del derecho privado pero quizá ajustado a unos intereses
particulares”.
El concejal sin embargo anotó que la figura de la sociedad de economía mixta le convino al
Distrito porque “la ciudad nunca se desprendió de esa forma participativa; si las concesiones
de hoy, como por ejemplo el alumbrado público y la concesión vial se hubieran hecho por
economía mixta, el Distrito estuviera mejorando sus ingresos y representado utilidades,
pero ni el alumbrado ni el corredor le representan un peso”. Advirtió que en el contrato
inicial se habló que la empresa podía tener socios operadores pero durante todos estos años
nunca lo hubo.
Pero a pesar de que el concejal aplaudió el modelo de negocio con Acuacar, criticó los
otrosíes firmados durante los gobiernos de los alcaldes Judith Pinedo y Dionisio Vélez. Reveló
que producto de una modificación de una clausula en el gobierno de Pinedo, el Distrito le
paga a Acuacar recursos del orden de los 8 mil millones de pesos anuales por la figura del
“gerenciamiento técnico”.
Sobre el otrosí firmado durante el gobierno de Vélez y que prolongó el contrato por 13 años
más advirtió que se debió abrir un concurso público con un socio operador porque “la sola
ampliación del Plan Maestro de Acueducto no era la excusa”.
Notas recomendadas
Contraloría revisará otrosí que se hizo a contrato con Acuacar en 2015 ERNESTO TABORDA HERRERA
@ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 16 de Marzo de 2017 12:00 am
Se realizó en el Concejo el debate a la prórroga del contrato entre Aguas de Cartagena y el
Distrito, el cual estaba para culminar en 2021, pero por la firma de un otrosí en marzo de
2015, se amplió 13 años más, hasta 2034.
La contralora distrital, Nubia Fontalvo, tras escuchar las intervenciones del gerente de
Acuacar, John Montoya, y los concejales citantes, anunció que empezará una “auditoría
exprés” al caso de la prórroga para determinar si hubo irregularidades o no, en la decisión
que le otorgó varios años más de operación a la empresa.
Ese era el eje de un debate que incluyó un amplio cuestionario a la empresa, como
inversiones realizadas en la ciudad, ampliación de la cobertura, así como las tarifas del
servicio de agua y alcantarillado que pagan los cartageneros.
El debate fue citado por los concejales Carlos Barrios, de Cambio Radical; y César Pión, de la
bancada de La U.
La sesión, declarada informal por parte del presidente del Concejo, Lewis Montero, para que
intervinieran algunos invitados, tuvo momentos de efervescencia en las barras, ya que
voceros de los extrabajadores de las extintas Empresas Públicas Municipales, que fue
liquidada para dar paso a Acuacar, gritaban arengas y alzaban pancartas contra el gerente de
esta empresa, John Montoya Cañas, citado al debate para responder el cuestionario.
Los extrabajadores y exsocios pidieron a través de su representante, Humberto Gutiérrez,
revisar la liquidación de las antiguas empresas, porque quedaron fuera de la participación de
las acciones y de la empresa.
Montero pidió silencio a las barras en más de una oportunidad y amenazó con cancelar el
debate si no permitían que hablara el gerente.
Varios invitados, como el exconcejal David Múnera, consideró que el “exalcalde Dionisio
Vélez se extralimitó en permitir una prórroga del contrato en 2015 de Acuacar, que no ha
invertido un solo peso en mejorar su infraestructura, con este negociado podría haber
configurado el delito de prevaricato”.
Los líderes gremiales, William Murra Babún y Jorge Mendoza Diago, estuvieron de acuerdo
con Múnera, pero consideraron que pasar de las Empresas Públicas a Aguas de Cartagena no
estuvo mal.
“El agua y el alcantarillado mejoró con la llegada de Aguas de Cartagena y no veo ningún
inconveniente a la firma de la prórroga”, dijo Murra. “Acuacar es una empresa muy sólida y
un activo indispensable para el Distrito desde el punto de vista operativo”, dijo Mendoza
Diago.
“Otrosí no se debió firmar”
Pero el abogado y concejal Carlos Barrios advirtió que “nunca se debió firmar ese otrosí por
13 años, porque el decreto que otorgó facultades al alcalde para firmar el contrato inicial
con Acuacar fue pro-tempore (temporal) y debió culminar el 31 de diciembre de 1994”.
Barrios citó lo que considera que hay “muchas ambigüedades en el otrosí”. Dice que fue
irregular porque acabó con una cláusula del contrato que permitía la figura del arbitramento
y, por petición de la administración del alcalde Vélez, “sin ese arbitramento todo se pasó a
lo contencioso administrativo”. Barrios adujo que el Distrito ha invertido más que Aguas de
Cartagena en 12 años. El concejal dijo que buscará que se reverse ese otrosí a través de una
acción popular.
“Pensé que el señor Montoya iba a responder el cuestionario que enviamos pero se dedicó a
decir las bondades del servicio. Sobre eso no hay dudas, aquí lo que está en discusión es una
actuación jurídica donde posiblemente exista prevaricato. Ese contrato se firmó un 10 de
noviembre durante las fiestas, en secreto, y desconociendo unas facultades que nos otorga la
ley como Concejo”, dijo por su parte el concejal citante César Pión.
“El otrosí era necesario”: Montoya Cañas
El gerente de Aguas de Cartagena le respondió a la plenaria del Concejo, que la empresa en
22 años le ha cumplido a la ciudad. Destacó las cifras positivas de la cobertura de agua
potable que pasó del 72% al 99% hoy; y una red de acueducto que pasó de 700 kilómetros a
1,539 kilómetros de tubería; y que está beneficiando con “agua de calidad a 261 mil
usuarios, cuando antes eran solo 89 mil”.
Montoya afirmó que entre el Distrito y la empresa se han invertido en todos estos años 600
mil millones de pesos.
El funcionario sostuvo que la empresa le lleva agua a 60 mil personas que habitan lugares
como las faldas de La Popa, Cerro de Albornoz u otros, a través de carrotanques o en
invasiones con una inversión de 4 mil millones de pesos anuales, a los que se les suministra
agua potable en albercas.
Para Montoya Cañas, el otrosí era necesario para invertir en la ciudad unos 250 mil millones
de pesos en obras e infraestructura, como la construcción de una nueva planta de
tratamiento de agua potable, en un lote que ya adquirió la empresa en Pasacaballos y que
producirá 207 mil metros cúbicos de agua por día.
El concejal César Pión advirtió además, que el Concejo insistirá para que haya mayores
resultados en los órganos de control, e impulsará que la prestación del servicio del
acueducto sea a cargo del Distrito.
Pérez pide presencia del arzobispo en el Concejo
REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg
CARTAGENA DE INDIAS 24 de Marzo de 2017 12:00 am
El concejal William Pérez, del Partido de La U, pidió adicionar a la propuesta de un debate
al cerro de La Popa, y sobre el cambio climático y las fallas geológicas que afectan a
Cartagena, la invitación del arzobispo de Cartagena, Jorge Enrique Jiménez Carvajal.
El concejal reaccionó a las declaraciones del párroco de la iglesia del cerro de La Popa, José
Beltrán, quien consideró que el Distrito tomó una medida precipitada al restringir que los
turistas suban hasta el convento porque representa un peligro.
“Quiero saber por qué el arzobispo y el párroco de esa iglesia no están contentos con las
prohibiciones y deben decirle a la ciudad qué inversiones en infraestructura se le han hecho
al convento y al cerro”, expresó Pérez.
La bancada de La U presentó una proposición, aprobada por la plenaria para citar a voceros
de la oficina de Gestión del Riesgo, secretarías de Infraestructura, Hacienda, Planeación, y a
voceros del Fondo Adaptación y el Ministerio de Vivienda, para abordar los problemas del
cerro.
Varias personas alertaron al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) sobre la
fractura de una columna por deslizamiento de tierra, justo sobre la roca y área conocida
como el Salto del Cabrón, en donde se levanta el convento de La Popa.
Concejales no aceptarán excusas de funcionarios que no asistan a
debates ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 23 de Marzo de 2017 12:00 am
“Con los crespos hechos”, quedó la plenaria del Concejo ante la no asistencia de tres
funcionarios citados a un debate sobre el pico y placa para vehículos particulares y la
movilidad de la ciudad.
Los concejales se pronunciaron de manera unánime y advirtieron que “no aceptarán más
excusas de los funcionarios distritales” tras el fallido debate que debió realizarse el
miércoles.
La proposición 164 para resolver inquietudes sobre la movilidad de la ciudad y la medida de
pico y placa no pudo realizarse, por la inasistencia de los funcionarios citados Edilberto
Mendoza, director del Datt; José Santiago Carrasquilla, secretario de Infraestructura; y la
secretaria de Planeación, Luz Elena Paternina.
Cita en la Fiscalía y viaje a Guayaquil
Aunque el director del Datt, presentó excusas por su inasistencia ante la Secretaría de la
Concejo, explicando que estaría una diligencia previamente establecida ante la Fiscalía
General de la Nación, los concejales Vicente Blel, David Dáger y César Pión la rechazaron.
No se conoció de fondo a qué iba el secretario a la Fiscalía, pero lo cierto es que la misma
dejó a los concejales sin el poder abrir la discusión de un tema que ocupa la atención
pública.
Por su parte, el secretario de Infraestructura dijo que no asistía porque viajaría de manera
oficial a Guayaquil. En tanto la secretaria de Planeación no presentó ninguna excusa.
El viaje de Carrasquilla tomó por sorpresa a los concejales tanto como el silencio de la
secretaria Paternina, por lo que exigieron más explicaciones al respecto.
“No se debió esperar hasta este debate para enviar esas excusas, hubo tiempo para
reprogramarla. Es inaceptable que los funcionarios citados, especialmente el director del
Tránsito y mucho más grave la secretaria de Planeación que ha irrespetado en reiteradas
ocasiones a esta corporación, no hayan enviado excusas a tiempo, cuando están todos los
invitados presentes, la prensa y la comunidad pendientes, inclusive los invitados se tomaron
el tiempo, preparando ponencias respectivas para este debate de control político”, expresó
Blel, concejal citante.
Dentro de los invitados estaba el decano de la facultad de Finanzas y Negocios
Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Daniel Toro; y la directora de
Fenalco, Mónica Fadul Rosa, quienes se quedaron con la ponencia en mano, porque el debate
no se realizó.
Blel pidió al presidente del Concejo, Lewis Montero, que “en nombre de todos los
concejales, le haga saber al alcalde Manolo Duque los nombres de los secretarios que de
manera reiterativa han venido incumpliendo a las citaciones del Concejo”.
El concejal David Dáger, quien promueve revisar a fondo la medida de pico y placa y que
esta “no puede ser permanente”, lamentó que el debate no pudiera realizarse.
“Sin los citados no podemos hacer este debate, por eso proponemos que se haga el próximo
miércoles 29 de marzo”, propuso.
Un modelo de movilidad
En una constancia leída por el concejal César Pión, de La U, explica que “se hace necesario
conocer a fondo cómo y por qué funciona la medida de pico y placa como norma vial en
Cartagena”.
Para Pión la movilidad en Cartagena sería mejor, “si las autoridades hicieran cumplir normas
de velocidad mínima; hubiera paraderos obligatorios para recoger y dejar pasajeros; un
carril izquierdo para sobrepasar; la revisión del servicio público a gas; la expedición de
licencias a negocios que funcionen exigiendo parqueos; proponer el cambio de horario de
ingreso laborales colegios y universidades versus el comercio para evitar usos del mismo
tiempo; regular la velocidad, carriles definidos por clase de vehículo, chatarrizar más
aprisa, entre otras”.
Según Pión, si todas esas variables se cumplieran, “no habría que imponer una medida
absurda como el pico y placa”.
Director del Datt no le cumplió al Concejo
FIORELLA HAIEK GERDTS @ElUniversalCtg Cartagena 22 de Marzo de 2017 03:09 pm
La sesión de este miércoles en el Concejo de Cartagena, donde se trataría el tema del pico y
placa en la ciudad no se realizó debido a la inasistencia de los funcionarios
citados. (Lea: Director del Datt, a responderle al Concejo por pico y placa los sábados).
La corporación había preparado un cuestionario referente al decreto que impuso la medida
de pico y placa de lunes a sábados. Los citados debían responder más de 20 preguntas en las
que se cuestionaban, entre otras cosas, los estudios técnicos que obligaron a imponer la
polémica restricción de vehículos particulares hasta las tres de las tarde, medida que, según
diversos gremios, está impactando negativamente en el comercio.
El interrogatorio sería respondido por el director del Departamento Administrativo de
Tránsito y Transporte (Datt), Edilberto Mendoza Góes; el secretario de Infraestructura, José
Santiago Carrasquilla; y la secretaria de Planeación Distrital, Luz Elena Paternina.
Sin embargo, el debate no se pudo llevar a cabo debido a la inasistencia de los tres
funcionarios, lo que causó gran malestar entre los concejales.
Director, a la Fiscalía
Tanto el director del Tránsito como el Secretario de Infraestructura presentaron excusas,
afirmando que uno tenía un compromiso con la Fiscalía General de la Nación y el otro un
viaje de carácter oficial a Guayaquil. Por su parte, la Secretaria de Planeación se abstuvo de
presentar sus disculpas por lo que nadie supo el por qué de su ausencia.
Ante esto, el concejal Vicente Blel, uno de los proponentes del debate, no dudo en expresar
su malestar por la falta de compromiso de los citados. "A mi no me cabe en la cabeza que si
el doctor Edilberto Mendoza sabía con anticipación que tenía una cita en la Fiscalía, cita que
llega con previa anticipación, debió hacer llegar al Concejo un comunicado pidiendo
reprogramar el debate y no esperar hasta el día de hoy para excusarse", afirmó el
cabildante.
Calificó lo sucedido como inaceptable y arremetió contra Luz Elena Paternina, al no ser la
primera vez que se ausenta de un debate. "Mucho más grave es lo de la Secretaria de
Planeación, que ha irrespetado en varias ocasiones la cita al Concejo, y que esta vez no
presentó excusas", expresó.
Por su parte, el otro proponente, el concejal liberal David Dáger, dijo que el cuestionario
había sido mandado a cada funcionario desde el año pasado y afirmó que "hacer la sesión sin
los presentes no tiene sentido". Por tal motivo, propuso aplazarlo para el próximo miércoles
29 de marzo y así poder responder y disipar las dudas entre ciudadanos, funcionarios y
concejales.
Al finalizar, todos los presentes en la sala coincidieron en que era necesario informar al
alcalde Manolo Duque la falta de compromiso por parte de sus funcionarios.
Debate por incertidumbre ante liquidación de Electricaribe
REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg Cartagena de Indias 23 de Marzo de 2017 12:00 am
Una propuesta para que se explique el alcance del proceso de liquidación Electricaribe y por
qué se considera que esta es la mejor opción para la crisis en la prestación del servicio, fue
radicada en el Concejo.
El concejal proponente, David Caballero, indicó que el cuestionario de preguntas va dirigido
al Ministerio de Minas y al Superintendente de servicios públicos o sus delegados.
El cuestionario busca resolver muchas dudas de los ciudadanos sobre la suerte de la empresa
de energía y al prestación del servicio.
Se indagará en cuáles son los tiempos que demorará el proceso de liquidación de
Electricaribe; cuánto se estima que dure la transición entre esta empresa y el nuevo o
nuevos operadores del servicio; cómo se prestaría el servicio de energía en el período de
liquidación y qué operadores se han mostrado interesados en prestar el servicio de energía
eléctrica en la región.
En su cuestionario Caballero pregunta: ¿Qué pasa si Electricaribe decide garantizar las
inversiones necesarias a largo plazo, con el proceso de liquidación?; así como cuáles son los
criterios para seleccionar al nuevo operador.
A la sesión serán invitados el gobernador de Bolívar, quien ha liderado el proceso entre los
gobernadores la región, al representante a la Cámara por partido Conservador, David Bargüil
y a los responsables de la Oficina de Servicios Públicos del Distrito.
Debate por incertidumbre ante liquidación de Electricaribe REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg Cartagena de Indias 23 de Marzo de 2017 12:00 am
Un propuesta para que se explique el alcance del proceso de liquidación Electricaribe y por
qué se considera que esta es la mejor opción para la crisis en la prestación del servicio, fue
radicada en el Concejo.
El concejal proponente, David Caballero, indicó que el cuestionario de preguntas va dirigido
al Ministerio de Minas y al Superintendente de servicios públicos o sus delegados.
El cuestionario busca resolver muchas dudas de los ciudadanos sobre la suerte de la empresa
de energía y al prestación del servicio.
Se indagará en cuáles son los tiempos que demorará el proceso de liquidación de
Electricaribe; cuánto se estima que dure la transición entre esta empresa y el nuevo o
nuevos operadores del servicio; cómo se prestaría el servicio de energía en el período de
liquidación y qué operadores se han mostrado interesados en prestar el servicio de energía
eléctrica en la región.
En su cuestionario Caballero pregunta: ¿Qué pasa si Electricaribe decide garantizar las
inversiones necesarias a largo plazo, con el proceso de liquidación?; así como cuáles son los
criterios para seleccionar al nuevo operador.
A la sesión serán invitados el gobernador de Bolívar, quien ha liderado el proceso entre los
gobernadores la región, al representante a la Cámara por partido Conservador, David Bargüil
y a los responsables de la Oficina de Servicios Públicos del Distrito.
Concejales no aceptarán excusas de funcionarios que no asistan a debates ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 23 de Marzo de 2017 12:00 am
“Con los crespos hechos”, quedó la plenaria del Concejo ante la no asistencia de tres
funcionarios citados a un debate sobre el pico y placa para vehículos particulares y la
movilidad de la ciudad.
Los concejales se pronunciaron de manera unánime y advirtieron que “no aceptarán más
excusas de los funcionarios distritales” tras el fallido debate que debió realizarse el
miércoles.
La proposición 164 para resolver inquietudes sobre la movilidad de la ciudad y la medida de
pico y placa no pudo realizarse, por la inasistencia de los funcionarios citados Edilberto
Mendoza, director del Datt; José Santiago Carrasquilla, secretario de Infraestructura; y la
secretaria de Planeación, Luz Elena Paternina.
Cita en la Fiscalía y viaje a Guayaquil
Aunque el director del Datt, presentó excusas por su inasistencia ante la Secretaría de la
Concejo, explicando que estaría una diligencia previamente establecida ante la Fiscalía
General de la Nación, los concejales Vicente Blel, David Dáger y César Pión la rechazaron.
No se conoció de fondo a qué iba el secretario a la Fiscalía, pero lo cierto es que la misma
dejó a los concejales sin el poder abrir la discusión de un tema que ocupa la atención
pública.
Por su parte, el secretario de Infraestructura dijo que no asistía porque viajaría de manera
oficial a Guayaquil. En tanto la secretaria de Planeación no presentó ninguna excusa.
El viaje de Carrasquilla tomó por sorpresa a los concejales tanto como el silencio de la
secretaria Paternina, por lo que exigieron más explicaciones al respecto.
“No se debió esperar hasta este debate para enviar esas excusas, hubo tiempo para
reprogramarla. Es inaceptable que los funcionarios citados, especialmente el director del
Tránsito y mucho más grave la secretaria de Planeación que ha irrespetado en reiteradas
ocasiones a esta corporación, no hayan enviado excusas a tiempo, cuando están todos los
invitados presentes, la prensa y la comunidad pendientes, inclusive los invitados se tomaron
el tiempo, preparando ponencias respectivas para este debate de control político”, expresó
Blel, concejal citante.
Dentro de los invitados estaba el decano de la facultad de Finanzas y Negocios
Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Daniel Toro; y la directora de
Fenalco, Mónica Fadul Rosa, quienes se quedaron con la ponencia en mano, porque el debate
no se realizó.
Blel pidió al presidente del Concejo, Lewis Montero, que “en nombre de todos los
concejales, le haga saber al alcalde Manolo Duque los nombres de los secretarios que de
manera reiterativa han venido incumpliendo a las citaciones del Concejo”.
El concejal David Dáger, quien promueve revisar a fondo la medida de pico y placa y que
esta “no puede ser permanente”, lamentó que el debate no pudiera realizarse.
“Sin los citados no podemos hacer este debate, por eso proponemos que se haga el próximo
miércoles 29 de marzo”, propuso.
Un modelo de movilidad
En una constancia leída por el concejal César Pión, de La U, explica que “se hace necesario
conocer a fondo cómo y por qué funciona la medida de pico y placa como norma vial en
Cartagena”.
Para Pión la movilidad en Cartagena sería mejor, “si las autoridades hicieran cumplir normas
de velocidad mínima; hubiera paraderos obligatorios para recoger y dejar pasajeros; un
carril izquierdo para sobrepasar; la revisión del servicio público a gas; la expedición de
licencias a negocios que funcionen exigiendo parqueos; proponer el cambio de horario de
ingreso laborales colegios y universidades versus el comercio para evitar usos del mismo
tiempo; regular la velocidad, carriles definidos por clase de vehículo, chatarrizar más
aprisa, entre otras”.
Según Pión, si todas esas variables se cumplieran, “no habría que imponer una medida
absurda como el pico y placa”.
Bayunca se quejó ante el Distrito y alcalde le prometió alcantarillado REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg CARTAGENA DE INDIAS 23 de Julio de 2017 12:00 am
Como parte de una serie de sesiones descentralizadas y audiencias públicas en las
comunidades, el Concejo de Cartagena llegó a Bayunca para escuchar de los propios
moradores las problemáticas que aquejan al corregimiento.
Por citación del concejal Luis Cassiani, con apoyo de todas las bancadas, la sesión abierta
contó con la participación del alcalde Manolo Duque y los miembros de su gabinete.
Bayunca, como lo ha registrado este medio, afronta problemas de desplazamiento,
inseguridad, desempleo, microtráfico, falta de alcantarillado y otros servicios. Así lo dieron a
conocer voceros de esta comunidad durante el encuentro.
Las quejas
La habitante María Manjarrez, dijo que el bloqueo a La Cordialidad del pasado 17 de julio, “no fue por capricho, sino por el sufrimiento que vivimos por la falta de alcantarillado. Queremos ser escuchados y atendidos. Además tenemos un centro de salud en deterioro, necesitamos soluciones”.
Estela Marrugo recalcó que Bayunca tiene más de 30 mil habitantes y recordó que en 2012 un
juez falló para que se hiciera el alcantarillado de Bayunca y Pontezuela. Advirtió que hay
jóvenes en riesgo y aumento de la población por familiares venezolanos que han llegado al
pueblo.
Marcos Chávez, rector de la institución educativa de Bayunca, dijo que hay hacinamiento en
las aulas, el consumo de droga aumenta, y advirtió que el programa de alimentación escolar
no cumple sus objetivos por el mal estado de las vías a las veredas.
Asimismo intervinieron Guillermo Luna, Antonio Berrío, Martha Jurado, John Ortega y Alexia
Núñez, exhortando a la administración a la ampliación de aulas, escenarios deportivos, más
empleo y sobre todo el alcantarillado, más seguridad entre otros.
“Nuestros jóvenes son mototaxistas y consumidores de drogas. Aquí debería haber una
universidad. Tenemos más de 300 estudiantes venezolanos. Los malos del paseo rompen las
paredillas del colegio para vender drogas”, expresó el rector
Amaury de Voz indicó: “Tenemos hacinamiento en los salones y los abanicos no sirven y,
además, faltan sillas. Bayunca es la cabecera corregimental de la zona. Necesitamos otro
terreno para construir más aulas y una cancha. Inversión en la casa de la cultura”, indicó.
Guillermo Luna, precisó: “Debemos ser incluidos en proyectos sociales porque los
bayunqueros viven inseguros, por la drogadicción. En esta comunidad los jóvenes no tienen
ni presente ni futuro. Las muertes de jóvenes son una alerta”.
Antonio Berrío dijo: “Hemos vivido un desplazamiento total de la mano de obra local. Por
ejemplo, en la construcción del Hospital trajeron a barranquilleros. Necesitamos empleo
digno”, advirtió. Agregó que los adultos mayores corren riesgo porque la casa comunitaria
está deteriorada.
La dirigente Martha Jurado afirmó: “Me duele como nos atropelló el Esmad. Nos trataron
como delincuentes, cuando lo que hicimos fue reclamar nuestros derechos. Pido que el
Alcalde de Cartagena y al Secretario del Interior pidan perdón por el accionar de la Policía”.
El exedil, Carlos Amaranto, denunció que en Bayunca hay tres prostíbulos con más de 100
prostitutas venezolanas. Deben cambiar la Policía de Bayunca que es corrupta. No
soportamos la inseguridad en este pueblo”, manifestó.
Alcalde prometió alcantarillado
El presidente del Concejo, Lewis Montero, dijo que de la audiencia debía salir al solución
para del alcantarillado “porque el Alcalde anunció que todas las condiciones están dadas”.
De hecho, el alcalde Manolo Duque mostró el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
(CDP) para comprar el lote donde funcionará la planta de tratamiento del alcantarillado.
“Ya el Gobierno Nacional dio el visto bueno y aquí está el proyecto viable para obtener los
recursos para esta importante obra”, reveló el mandatario.
A su turno el concejal liberal Javier Curi pidió que se revisara el contrato de Aguas de
Cartagena para darle prioridad a Bayunca. “Hoy escucho las mismas necesidades de 2007.
Todavía me preocupa por qué la administración pasada no viabilizó el alcantarillado de
Bayunca cuando se prorrogó el contrato con Aguas de Cartagena. Por eso, pido se revise ese
contrato”, indicó.
“Invito al alcalde que todas las peticiones queden plasmadas porque si no, no tendría cara
para venir a buscar votos acá”, anotó el concejal César Pión. Por su parte la concejal
Angélica Hodeg pidió prontas soluciones a los problemas de infraestructura educativa.
Hodeg dijo que los bayunqueros tenían un apoyo irrestricto del Concejo. “Deben destinarse
recursos para construir otra institución educativa por el hacinamiento existente. Cómo es
posible que los niños no tengan donde sentarse. Hay que darle solución a esto secretaria de
Educación, Lesbia Beleño, muy pronto”, indicó.
Agregó que le preocupaba el tema de la prostitución. “No importa si son venezolanas o
colombianas” y llamó la atención a la Secretaria de Participación "para que atienda a estas
mujeres que venden su cuerpo. Vamos a tener un apoyo irrestricto con esta comunidad
desde el Concejo”, añadió.
Américo Mendoza precisó que hay muchas cosas por hacer y consideró justa la petición del
pueblo bayunquero porque realmente ha habido inequidad en la inversión.
“Estamos dispuestos a apoyar a Bayunca. Los secretarios de despacho deben ir trabajando en
los temas. Creo que el centro de salud debe tener la fecha de su apertura.
Vendedores informales: ¿Quién los carnetizó?
ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 24 de Marzo de 2017 12:00 am
En un misterio se ha convertido la carnetización de varios vendedores ambulantes en las
zonas del Centro Histórico, Bocagrande, Castillogrande, Manga, entre otras áreas aledañas.
Los concejales César Pión y David Dáger pusieron en conocimiento de la plenaria del Concejo
que vendedores de jugos, fritos, y demás productos están operando en las zonas
mencionadas con unos carnet cuya procedencia es un misterio.
“Existe un aumento de vendedores informales que se pasean por el sector turístico de
Bocagrande portando carnet falsos, y esto nos preocupa, porque no conocemos si esta
administración aprobó estos documentos que parecen no ser legales”, dijo Pión.
El carnet
En la credencial aparece la foto del vendedor, su nombre y número de identificación con el
logotipo de la Alcaldía y el nombre de esta entidad.
Una leyenda que dice: “Carnet oficial de vendedor informal”, sugiere la legalidad del
portador. Más abajo aparece la actividad de venta a que se dedica el vendedor: “fritos y
jugos” y el área en la que tienen permiso, sea Bocagrande, Castillogrande entre otras.
También llevan el nombre de lo que podría ser una cooperativa que los agrupa: Cootrafrich.
Un código de barras y el eslogan “Ahora sí” de la anterior administración distrital, rematan
el carnet.
Para Dáger la situación es preocupante, ya que por información de la Policía, en los
operativos en la San Martín o la avenida Piñango, entre otras, los agentes dicen no poder
controlar a los vendedores durante los operativos periódicos para mantener despejado el
espacio público, ya que los comerciantes se apoyan en la legalidad de dichos carnet.
“Lo raro es que aunque tienen el eslogan de la administración anterior; fueron entregados el
pasado 12 de marzo”, dice Dáger.
El concejal se refirió a las altas sumas de dinero que el Distrito ha invertido para despejar
vías como la avenida San Martín, la avenida Venezuela, la Plazoleta Telecom, y para reubicar
a los vendedores de todas estas áreas.
“El alcalde Manolo Duque debe indagar con el apoyo de la Personería y Procuraduría, quién
está expidiendo estos carnet”, dijo. Propuso de inmediato un debate sobre el uso del espacio
público, y qué tipo de controles se están realizando, con citación de las autoridades a cargo:
Planeación, Gerencia de Espacio Público, Infraestructura, Secretaría del Interior, entre
otras.
Un debate más amplio
La concejal Duvinia Torres recordó que desde 1995 no se entregan permisos para ventas
ambulantes o estacionarias en el espacio público. “Es delicado que se entreguen
autorizaciones que no son legales a vendedores”, dijo.
“Si vamos al Centro Histórico, vemos con preocupación que por la plaza de San Pedro no se
puede transitar por la cantidad de vendedores, en la plaza de la Trinidad, en Getsemaní,
observamos ventas de comida en el espacio público usando pipetas de gas propano y la
energía la toman de las redes de energía”, apuntó por su parte el concejal Vicente Blel.
Javier Curi expuso que se requiere ampliar la visión sobre el uso del espacio público, ejercer
los controles e implementar una política real. “Debemos aunar esfuerzos para crear espacios
para formalizar ventas, sin maltratar a los trabajadores. Hay que brindar soluciones
integrales”.
El concejal Luis Cassiani subrayó que en el debate no sólo se ataque a los vendedores de
fritos y artesanías, sino que se incluya a los ricos dueños de restaurantes que usufructúan el
espacio público. “Debemos traer solución de fondo y no pañitos de agua tibia”.
Delito
Si los carnet son falsos, podría estarse configurando el delito de falsedad en documento
público. La administración distrital, el Dadis y Espacio Público no se ha referido al caso.
Concejo rechaza solicitud de declarar a 'Timochenko' como persona no grata YESSICA RIVERA PORRAS @ElUniversalCtg Cartagena 28 de Marzo de 2017 05:15 pm
Luego de la visita, el pasado fin de semana, de los jefes de las Farc a Cartagena, el senador
del Centro Democrático, Fernando Araújo Rumié, solicitó este lunes ante el Concejo de
Cartagena que se declarara en la ciudad a Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, como persona no
grata; la corporación este martes rechazó la petición.
El senador le envió una carta a Lewis Montero, presidente del Concejo Distrital, en la que
decía que Cartagena se respeta y que además los lideres de las Farc no son bienvenidos a la
ciudad.
“El grupo narco terorrista de las Farc, a pesar de haber firmado un acuerdo con el actual
gobierno, se sigue burlando de los colombianos. La declaración de Rodrigo Londoño como
persona no grata será hasta cuando se desmovilice el último de los guerrilleros, liberen a los
menores reclutados ilegalmente, esclarezcan el paradero de todos los desaparecidos,
reparen a las víctimas y entreguen sus armas”, dice un aparte de la solicitud.
Ver imagen en Twitter
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Fernando Araújo Esta es la carta que radique ante el @ConcejoCTG pidiendo que alias Timochencko sea declarado persona no grata 16:54 - 27 Mar 2017
Este martes los concejales, a excepción de Luis Cassiani, no concedieron la petición de
Araújo. Los cabildantes manifestaron en una carta firmada por su presidente, que Cartagena
recibió alegre que fuese escogida como lugar para la firma del Acuerdo de Paz el pasado
septiembre y que por tanto el Concejo debe respaldar las acciones de paz y ello implica la
aceptación grata de todos los ciudadanos.
"Haciendo honor a su título de Ciudad Heroica y a su tradición de defensora de la libertad y
enemiga del absolutismo se nos impone respaldar con la mayor decisión la libertad que
implica alcanzar la paz que nos fue esquiva por más de 50 años, y combatir la opresión de
una guerra que le conviene apenas a una minoría que lucha con desespero por preservar sus
privilegios".
"Más que declarar no gratas a unas personas, el deber del Concejo es trabajar en aras del
interés de la Nación", afirmó Montero en la respuesta.
El concejal Rafael Meza advirtió que siempre ha sido crítico de Álvaro Uribe Vélez y sin
embargo nunca pensó en “declararlo persona no grata en Cartagena”. Por su parte, César
Pión señaló que es importante estar del lado de la paz y no de la guerra.
Finalmente el senador Araújo rechazó las declaraciones de los concejales y los llamó
“cobardes”, pero además manifestó en su cuenta de Twitter que mañana hablará sobre la
respuesta de los cabildantes.
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Fernando Araújo Mañana me referiré a la respuesta del Honorable Concejo de Cartagena. 11:35 - 28 Mar 2017
Niegan declarar persona no grata a Timochenko ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA 29 de Marzo de 2017 07:05 am
Rodrigo Londoño Echeverri, conocido bajo los alias de “Timoleón Jiménez” y “Timochenko”,
estuvo el domingo en Cartagena junto a Iván Márquez y otros miembros del secretariado de
las Farc.
La reunión, coordinada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, giró sobre el
seguimiento al proceso de paz con el grupo desmovilizado y se realizó en la sede de la
Gobernación de Bolívar, en Turbaco.
Desde el pasado viernes, el senador Fernando Araújo, del Centro Democrático, y seguidores,
se opusieron a la visita del jefe de las Farc y de varios miembros del secretariado.
A través de una carta dirigida a Lewis Montero, presidente del Concejo Distrital, el senador
bolivarense solicitó a esa corporación “declarar al jefe guerrillero, Timochenko, persona no
grata, hasta tanto no se desmovilice el último de los guerrilleros, liberen a todos los menores
reclutados ilegalmente, esclarezcan el paradero de los desaparecidos, reparen a las víctimas
y entreguen sus armas”. De lograrlo, el exguerrillero no sería considerado bienvenido a La
Heroica en futuras visitas.
Para Araújo, “el grupo narcoterrorista de las Farc, a pesar de haber firmado un acuerdo con
el gobierno, se sigue burlando de los colombianos, conservan en sus filas, privados de la
libertad, a miles de niños y adultos; y hasta la fecha, no han señalado, ni al Gobierno, ni a la
organización de Naciones Unidas, ni a la opinión pública, el inventario con los seriales de las
armas que pretenden entregar”.
Dijo que las Farc no han presentado ante las autoridades un resumen detallado de sus bienes
y agregó en la carta que “Cartagena no puede ser indiferente, esta es una ciudad con
tradición heroica en defensa de los valores que forjaron la República”.
“Queremos la paz, no la guerra”: Concejo
Pero en carta firmada por el presidente del Concejo, Lewis Montero Polo, y aprobada por la
plenaria, no se concedió la petición de Araújo.
“Entendemos que los cartageneros aspiran a que nuestro Corralito de Piedra siga haciendo
honor a su título de Ciudad Heroica y a su tradición de defensora de la libertad y enemiga
del absolutismo, se nos impone respaldar con la mayor decisión la libertad que implica
alcanzar la paz que nos fue esquiva por más de 50 años, y combatir la opresión de una guerra
que le conviene apenas a una minoría que lucha con desespero por preservar sus privilegios”,
dice Montero en su respuesta a Araújo.
“Más que declarar no gratas a unas personas, este Concejo exhorta a todas las personas a ser
gratas, comprendiendo que es infinitamente mejor una paz imperfecta que una guerra
perfecta”, agregó.
Le recordó al senador que: “Cartagena acogió con beneplácito haber sido escogida como
escenario para la firma del acuerdo de paz en septiembre de 2016; y recibió con los brazos
abiertos a la comunidad internacional que arribó a nuestra ciudad a ratificar su respaldo al
trascendental paso que en buena hora se estaba dando”, por lo que, desde el Concejo,
“estamos dispuestos a seguir realizando los sacrificios a que haya lugar en aras del interés
supremo de la Nación, apoyando las acciones que se siguen promoviendo en pro de
consolidar una paz estable y duradera”.
El concejal Rafael Meza opinó que siempre “he sido un crítico de la presidencia de Álvaro
Uribe Vélez, y sin embargo nunca pensé en declararlo persona no grata en Cartagena”.
Asimismo el concejal César Pión señaló que “es importante estar del lado de la paz, y no de
la guerra”.
Concejo pide a alcalde que se derogue medida de pico y placa ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 30 de Marzo de 2017 12:00 am
La conclusión del esperado debate a la movilidad y el pico y placa que rige en la ciudad, fue
una petición unánime del Concejo al alcalde Manolo Duque, para que derogue la medida,
porque no arroja los resultados esperados, carece de sustento técnico y jurídico, y existe un
total rechazo ciudadano.
El decreto de pico y placa 1328 del 2 de septiembre de 2016, para vehículos particulares
trajo dos novedades: su aplicación en las principales avenidas, y no para los barrios; y que
los sábados, durante tres meses, restringe el tráfico hasta las tres de la tarde, según la
placa.
Las reacciones llovieron desde todos los sectores: comerciantes, academia, estudiantes, y
ciudadanos en general rechazaron la medida, sobre todo por las restricción de los sábados.
La bancada de Cambio Radical en el Concejo aprobó un cuestionario para realizar un debate
con más de 20 preguntas al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y
al Distrito, sobre el por qué del decreto, los estudios técnicos en que se soporta, y el
impacto en el comercio, entre otras.
Seis meses después, y tras un aplazamiento por la no asistencia del director del DATT, el
debate finalmente pudo realizarse ayer en el Concejo.
A la plenaria acudieron como citados el director del Departamento Administrativo de
Tránsito y Transporte (Datt), Edilberto Mendoza; el secretario de Infraestructura, José
Carrasquilla; y la secretaria de Planeación Distrital, Luz Elena Paternina.
Estuvieron como invitados, el decano de la facultad de Finanzas Internacionales de la
Universidad Tecnológica de Bolívar, Daniel Toro; la directora de Fenalco, Mónica Fadul; y
María Claudia Peñas, directora de Cartagena Cómo Vamos (CCV).
Aunque para Mendoza, la medida de pico y placa “sí está dando resultados este año”, y está
soportada en estudios que pueden conocer los funcionarios y ciudadanos que lo soliciten, su
informe no llenó las expectativas del Concejo.
“Desmonte gradual”
Para el concejal citante, Blel, quien pidió el desmonte gradual del pico y placa al Distrito, la
inconveniencia de la medida se resume en que “hoy se sustraen de la circulación el 20% de
los vehículos, pero al cabo de tres años sigue siendo igual”.
“El desmonte del pico y placa debe ser gradual y deberá decretarse la revocatoria del
decreto de pico y placa los sábados”, expresó Vicente Blel.
Blel citó que los problemas de movilidad se dan en la ciudad “por el crecimiento acelerado
del parque automotor, que ahora está en más de 111 mil vehículos, siendo el 30% autos y el
69% motos; es decir la alta incidencia del mototaxismo es innegable; el fracaso del
transporte público colectivo; la necesidad de un plan inmediato de chatarrización y la
implementación de Transcaribe a un 100% y la insuficiencia de parqueaderos ya que el 73%
de los cartageneros se están parqueando sobre las vías”.
Blel indicó que según el DNP “cinco mil vehículos se parquean en las vías en Manga, Centro y
Bocagrande”. El concejal David Dáger apoyó las consideraciones de su colega, y reafirmó que
la medida “debe ser temporal y por ello mantenerla es inconstitucional”.
Impacto negativo
“Luego de 45 días de la expedición del decreto de pico y placa, Fenalco, Bolívar adelantó (en
octubre de 2016) una segunda encuesta de sondeo para conocer la percepción del
ciudadano”, explicó Mónica Fadul.
“Los ciudadanos que desaprobaron la medida pasaron del 86,7% a 74%. Un 21% aprobó la
medida”, dijo.
Fadul recordó que en una primera medición, el 93% de los empresarios y el 86,7% de los
ciudadanos desaprobaron los cambios establecidos en el decreto, sobre todo la medida de los
sábados. Destacó que desde que impera la medida el sábado, disminuyeron las ventas.
María Claudia Peñas, de CCV, explicó que: “En el corto plazo la medida de pico y placa
puede mostrar algunos beneficios, sin embargo, los efectos desaparecen en el largo plazo.
En todas las ciudades de Latinoamérica que se ha adoptado esta medida, se ha demostrado
que es inefectiva”.
Peñas advierte que mejorar la movilidad en la ciudad pasa por desincentivar el uso del
vehículo particular para usar principalmente el transporte público, en este caso Transcaribe.
“Es necesario apostarle a una movilidad sostenible que priorice al peatón, luego a las
bicicletas y al transporte público. De esta forma se descongestionan las vías”, agregó.
Por su parte el concejal César Pión comparó el sistema vial de Cartagena con el sistema
circulatorio. Dijo que las arterias viales de la ciudad estaban congestionadas y había que
limpiarlas. Citó como el corazón de ese sistema al mercado de Bazurto.
Para Pión la aplicación de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial es vital para la
movilidad de la ciudad.
“La razón por la que una medida como esta sea de carácter provisional, es porque con su
implementación se ven restringidos derechos fundamentales de rango constitucional, como
el de la libertad de locomoción (artículo 24 de la Constitución Política), el del trabajo
(artículo 25 de la C. P) y el de la libertad de empresa e iniciativa privada (artículo 333 de la
C.P.)”, opinó por su parte el concejal Édgar Mendoza.
Indagan al Consejo de Estado sobre caso de concejal Barrios REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg CARTAGENA 19 de Abril de 2017 12:00 am
Veinte días completa la curul del concejal Carlos Barrios, del Partido Cambio Radical, sin ser
ocupada. Aún no se sabe quién ocupará la que podría ser una “silla vacía” en el Concejo,
cuyos miembros podrían ser dieciocho por el resto del periodo constitucional.
Todo lo anterior se desprende de la decisión de la Contraloría Distrital de Cartagena, entidad
que señaló como responsable fiscal por más de 16 millones de pesos, al hoy concejal Carlos
Alberto Barrios Gómez, por hechos presuntamente irregulares cuando estaba en el cargo de
director administrativo del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena.
Desde la decisión, el concejal no ha asistido más al Concejo, a pesar de que pagó el monto
en dinero y de que la Contraloría dio por terminado su proceso tras el pago.
Ante esto, el presidente del Concejo de Cartagena, Lewis Montero Polo, emitió la Resolución
047 del 6 de abril de 2017, declarando la vacancia de la curul de Barrios.
El concejal respondió contra la resolución con un recurso de reposición y recusó al
presidente del Concejo “por haber dado declaraciones previas a los medios”.
El presidente Montero respondió que el caso de la responsabilidad fiscal que interpuso la
Contraloría contra Barrios, “será sometido a un análisis jurídico y una vez se tome la decisión
será notificado”.
Al parecer la sanción de la Contraloría genera al concejal Barrios es una “inhabilidad
sobreviniente”, es decir que a pesar de haber pagado sigue afectado en sus funciones
públicas y no podrá seguir en el Concejo.
Se eleva consulta
Lo cierto es que ya se cumplieron los diez días sobre los cuales la mesa directiva del Concejo
resolvería el caso, lo que aún no sucede.
“Hemos presentado una consulta ante el Consejo de Estado, la Procuraduría General y la
Función Pública, para que se determine si existe o no la silla vacía en el caso de Barrios; lo
anterior para tener una claridad diáfana, para no incurrir en errores”, dijo Montero. Así las
cosas, en el Concejo se esperan las respuestas de los entes consultados para determinar qué
pasará con este escaño.
DATT, Infraestructura y Educación, los grandes ausentes en el Concejo ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 20 de Abril de 2017 12:11 am
Aunque un gran número de directores y secretarios distritales acudió a la cita del Concejo
para el debate de control político en donde se escucharían sus propuestas y la gestión que
adelantan, los grandes ausentes fueron el secretario de Educación, Germán Sierra; el
director del DATT, Edilberto Mendoza; y el secretario de Infraestructura, José Santiago
Carrasquilla.
El debate fue citado por el segundo vicepresidente del Concejo, César Pión, quien lamentó
que tampoco asistieran los responsables de los entes de control, Nubia Fontalvo, contralora
distrital; y William Matson, personero distrital.
Pión pidió que entre todos los concejales se suscribiera una petición para que sobre los
funcionarios que no asistieron “sin justificación, se le notifique a control disciplinario”.
“El Distrito tiene que materializar el Plan de Desarrollo y desde sus secretarías ejecutar
proyectos. La alcaldía de Manuel Vicente Duque debe medirse por las ejecuciones de sus
secretarios, y si este no entiende que sus secretarios lo están haciendo mal, él debe tomar
decisiones. Esto no es para suplentes ni delegados, esta citación es para los titulares de las
carteras”, expresó Pión.
Los informes
Al debate asistieron Iván Castro, gerente de Espacio Público; Gregorio Rico, alcalde de la
localidad 2; Patricia Zapata, alcaldesa de la Localidad 3; Yolanda Wong, alcaldesa encargada
de la Localidad 1.
También, Hernando Pertuz, director del IDER; Adriana Meza, directora del Dadis; María
Angélica García, directora del EPA; Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe; William
García, gerente de Corvivienda; Berta Arnedo, directora del IPCC; Luz Elena Paternina,
secretaria de Planeación; Napoleón De La Rosa, secretario de Hacienda del Distrito; José
Magallanes, comandante de Bomberos; y Luz Estela Cáceres, secretaria General del Distrito.
A cada funcionario del Distrito se le otorgó 10 minutos para que interviniera sobre su
gestión.
Gregorio Rico, alcalde Local 2, señaló que desde su alcaldía se están recuperando zonas
invadidas en la Zona Norte. De igual forma, explicó que se construyen 17 infraestructuras
deportivas, enmarcadas en un proyecto denominado la “Revolución del Deporte”.
Por su parte, Patricia Zapata, alcaldesa de la Localidad 3, dijo que se desarrollarán
proyectos de infraestructura vial y proyectos sociales.
Yolanda Wong, alcaldesa encargada de la Localidad 1, indicó que se está trabajando en
temas ambientales y la recuperación de espacio público, infancia y recreación, mujeres e
inclusión, discapacidad y revitalización del Centro Histórico.
Luz Elena Paternina, secretaria de Planeación, aunque llegó tarde al debate, expuso que
desde su secretaría “se vienen desarrollando 17 proyectos, de los cuales 11 están en
ejecución”. Anunció que en Cartagena cada habitante cuenta con 8,6 metros cuadrados de
espacio público.
Luz Estela Cáceres, secretaria General, dijo que trabaja en el lote de Chambacú en donde
quedará la nueva sede de la Alcaldía, y en proyectos de vigencias futuras en el segundo
semestre para la contratación de vigilancia, aseo y alimentación de adultos mayores, que
serán presentados al Concejo para su estudio.
Napoleón De La Rosa, secretario de Hacienda del Distrito, dijo que su dependencia presentó
el proyecto de acuerdo de crédito público y que presentará el proyecto de actualización de
la fase 2 del Estatuto Tributario.
William García, gerente de Corvivienda, explicó que en su dependencia cursan dos proyectos
de acuerdo presentados correspondientes a vigencias futuras para construir la Ciudadela
Primero la Gente; y el otro es la entrega gratuita de 2.000 títulos.
En términos generales los concejales no estuvieron satisfechos con los informes. Pión, quien
no quedó conforme con la presentación que hizo Planeación, dijo que sobre esta “recaen los
proyectos más importantes. Aquí podemos aplicar la moción de observación o de censura;
porque no hay coordinación entre las secretarías y debemos darle a conocer al alcalde que
algunos de sus funcionarios hacen muy poco por Cartagena”.
El concejal Cassiani le dijo a Planeación que “ya estamos cansados de consultorías,
queremos que nos empiece a mostrar resultados: aún no vemos resultados, solo convenios
con Findeter y consultorías. La oficina del Sisbén está siendo objeto de críticas y
señalamientos porque los cartageneros están aburridos de que la directora haya hecho caso
omiso a las quejas de los ciudadanos”.
El concejal, Ronald Fortich, dijo que le resultaba paradójico que la ciudad estuviera entre
las 15 mejores del país pero que sea la segunda más pobre. “Tenemos que ver cómo vamos a
hacer, y en esto tienen que ver todos los funcionarios. Aquí se toman las decisiones más
importantes a nivel nacional y no es justo que esta sea nuestra realidad”, advirtió.
“No más Rendón”, se pidió en debate sobre Real Cartagena en el
Concejo” GABRIEL JAIME GARCÍA GARCÍA @monaco1636 CARTAGENA 21 de Abril de 2017 07:35 pm
El mal momento de Real Cartagena en el Torneo Águila y la gestión de sus dueños como
administradores de un equipo que representa a la ciudad ante el país llegó a debate en el
Concejo Distrital, en la mañana de este viernes 21 de abril.
El club afronta su quinto año en la segunda división del fútbol profesional colombiano en
medio de fracasos deportivos que la hinchada atribuye a malos manejos de la gerencia.
Por eso, un sector de la ciudad -integrado por hinchas, personas interesadas y otras que se
aseguran afectadas por la situación que se vive en la institución deportiva- participó en un
debate en el que algunos pidieron 'la cabeza' del presidente de Real Cartagena, Rodrigo
Rendón, quien no asistió al lugar a pesar de haber sido invitado.
Durante la sesión se habló del impacto social negativo de Real debido al incumplimiento con
jugadores y trabajadores.
A la jornada asistieron integrantes de la barra Rebelión Auriverde Norte con pancartas que
expusieron el descontento con los manejos del presidente. “No más Rendón, Real es de
Cartagena”, fue uno de los mensajes con el que la hinchada mostró su rechazo a la actual
administración del club.
También los concejales se mostraron críticos y pidieron acciones radicales en contra de los
dueños del equipo.
“Que se vayan a jugar a otro lado, que no le presten el estadio”, sostuvo el concejal del
Partido de la U, César Pión.
“La Dimayor no puede ser cómplice de la familia Rendón, no queremos a los Rendón”, añadió
en su intervención el conservador Rafael Meza.
Erich Piña, concejal liberal que convocó el debate, señaló que la ausencia de Rodrigo Rendón
“demuestra que no le importa la ciudad, no le importa Real Cartagena como institución y
solo le importa su bolsillo y el de su familia”.
“Esperamos que cuando lo llamen el Alcalde y el Gobernador, para trabajar este tema,
asista, que no deje tirado nuevamente a quienes son las personas que hoy le ayudan a que
Real tenga los recursos. Ellos lo hacen de buena forma porque les gusta el deporte y lo
apoyan, pero este señor no se atreve a venir a decirle a la ciudadanía en qué invirtió su
dinero”, apuntó.
Señaló que son pocos los jugadores cartageneros que brillan en el fútbol nacional o
internacional que han pasado por Real Cartagena. “La familia Rendón acaba a los jugadores
cartageneros, por eso futbolistas como Orlando Berrío no pasan por Real sino que hacen el
tránsito por otros equipos, porque acá a algunos los han vetado”, añadió.
Tras el debate, Piña aseguró haber pedido que se cree una comisión accidental que fiscalice
el tema de Real Cartagena como un asunto de ciudad. Otros concejales llegaron a proponer
la desaparición del equipo.
“NO MÁS RENDÓN”
Los hinchas fueron los más enfáticos en que la solución a la crisis de Real Cartagena está en
la salida de su presidente y compartieron algunas de las propuestas que se ventilaron en el
debate.
Sin contemplar la posibilidad de disolver la institución, los aficionados creen que existen dos
caminos para recuperar la credibilidad en el club cartagenero.
“El ideal es que vendan y se vayan. Y por otro lado, crear una comisión externa a la familia
Rendón compuesta por el Distrito, la empresa privada y la afición que se encargue, como en
años anteriores, de la administración de Real Cartagena, pero desaparecer a Real no es una
opción para nosotros”, explicó Andrés Pianeta, líder de la barra.
“Creemos que la forma de lograrlo es movilizando a la opinión pública alrededor del tema y
presionando para que se dé eso. La ciudad debe empezar a hablar de ello. Si bien la mayoría
de las acciones del equipo le pertenecen a la familia Rendón, el club ya se constituye en un
patrimonio inmaterial y una representación de identidad para los cartageneros, por lo cual
debemos reivindicarlo así”, aseveró.
SIN RESPUESTA
El Universal consultó a Real Cartagena para conocer su posición ante lo que se habló en el
debate del Concejo, pero el club señaló que no hablaría del tema.
Sin embargo, sostuvo que los audios de algunos jugadores que reclaman incumplimientos en
los sueldos presentados en la sesión corresponden a deudas de los años 2010 y 2012, y que
estas están amparadas en la Ley de Quiebras, a la que se acogió el club.
Real Cartagena ocupa la última posición en el actual Torneo Águila, en el que en 13 fechas
solo consiguió 6 puntos de 39 posibles.
Este viernes, el gerente de Corvivienda, William García Tirado, expusó ante el Concejo de
Cartagena la petición de vigencias futuras ordinarias de los años 2018 y 2019 con el proyecto
de Acuerdo 061, para la ejecución del proyecto habitacional "Ciudadela Primero La Gente",
la cual tendrá 2.520 soluciones de viviendas ubicadas en el barrio El Pozón, al sur de
Cartagena, en un terreno de 10 hectáreas.
Las vigencias futuras solicitadas a la Corporación, son por 30 mil millones de pesos que se
destinarán a la construcción de la primera fase de dicho macroproyecto de vivienda.
"Con esto debemos cubrir el 100% del urbanismo, por lo menos la construcción de 220
viviendas. También estuvimos en la audiencia pública del crédito de 112 mil millones de
pesos, de los cuales 20 mil van destinados a este proyecto para hacer 510 soluciones de
vivienda adicionales, es decir, no estamos hablando solo del macroroyecto, incluyendo el
lote, el urbanismo, sino que estamos hablando de 730 viviendas que estarían entregándose el
próximo año", explicó García Tirado.
Las víctimas del conflicto, los desplazados, las personas en condición de discapacidad, en
pobreza extrema, los damnificados de las olas invernales de 2004, 2007, 2009, la primera del
2010, la segunda del 2010, la del 2011 y los afectados por la falla geológica de San Francisco,
serían los beneficiados con la puesta en marcha de Ciudadela Primero La Gente.
"1.500 familias reciben hoy subsidios de arriendo, que le cuestan al Distrito 4.500 millones de
pesos. Con el macroproyecto, la Alcaldía se ahorraría estos recursos", puntualizó García.
Concejo pide unión para salvar cerro de La Popa
ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 27 de Abril de 2017 12:10 am
Luego de un debate en el Concejo, citado por el concejal William Pérez, de La U, sobre la
situación que atraviesa el cerro de La Popa, por la erosión y el agrietamiento en el Salto del
Cabrón; entre otras problemáticas, los concejales firmaron un documento en el que
promueven la unión de sectores para salvaguardar al cerro.
Pérez explicó que lo que se quiere es que fluyan recursos cuanto antes a la Oficina de
Gestión del Riesgo, Planeación y otras entidades para que se intervenga el Salto del Cabrón.
“Debemos evitar una tragedia como la del barrio San Francisco, que desapareció entre el
2010 y 2011; y hoy hay una sentencia condenatoria y un lío judicial que afecta a miles de
familias y al Distrito de Cartagena”, expresó Pérez.
En la constancia el Concejo pide a las autoridades, responsables de los asuntos ambientales y
en general a que se adopten medidas urgentes frente a los desbordamientos de cuerpos
hídricos superficial y a zonas de ronda y humedales; a la deforestación, y que haya
planeación, ordenamiento territorial y la prevención de amenazas y riesgos naturales.
Uno de los invitados al debate fue Guilliam Barboza, experto en geología y profesor de la
Universidad de Cartagena, recalcó que el olvido estatal es lo que más daño le ha hecho al
cerro de La Popa.
Explicó que siempre han existido corrientes subterráneas de agua que terminaron por
debilitar el terreno, que al final no soportó el peso de las viviendas. “Hay que hacer el
monitoreo para saber en qué estado está ese fenómeno, porque eso está dormido. Yo
propuse realizar vigilancia con drones”, dijo el experto. Por parte del Distrito asistieron
todos los funcionarios y secretarios responsables del tema.
Asistieron puntuales
Al debate sobre el cerro de La Popa sí asistieron los funcionarios citados, salvo el secretario
de Infraestructura quien está recién intervenido quirúrgicamente.
Asistieron a la citación el secretario de Hacienda, Napoleón de la Rosa peinado; la jefe
Oficina de Gestión del Riesgo, Laura Mendoza Bernett; la jefe oficina jurídica del distrito,
María Eugenia García Montes; la secretaria de Planeación Distrital, Luz Elena Paternina Mora;
el gerente de Corvivienda, William García Tirado; la secretaria General del Distrito, Luz
Estela Cáceres Morales; el secretario del Interior, Fernando Niño Mendoza; la alcaldesa
Local 1 (e), Yolanda Wong Baldiris; el comandante Cuerpo de Bomberos, José Magallanes; y
la directora EPA, María Angélica García Turbay.
Dentro de los invitados también estuvo Jorge Mendoza Diago de la Sociedad de Ingenieros y
Arquitectos de Bolívar.
“Secretaria y alcaldesa deben irse por caso Blas de Lezo”: Concejo REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg CARTAGENA DE INDIAS 30 de Abril de 2017 12:00 am
El Concejo de Cartagena pidió al alcalde Manolo Duque que separe de sus cargos a la
secretaria de Planeación, Luz Elena Paternina, y a la alcaldesa de la Localidad 3, Patricia
Zapata, y a otros funcionarios, cuyas funciones son la entrega de permisos o verificación de
las obras de construcción en la ciudad. Esto, mientras se realiza la investigación por el
desplome del edificio en construcción en Blas de Lezo.
La propuesta de que estos funcionarios deben dejar sus cargos la presentaron César Pión,
segundo vicepresidente del Concejo, y Lewis Montero, presidente; y fue aprobada por todas
las bancadas.
Pión dijo que deben separarse “para garantizar la transparencia en la investigación”.
“Aquí lo triste es que los constructores piratas, que no están afiliados a Camacol ni a ningún
otro gremio, fueron los primeros desaparecidos con el desplome. Es triste que se presenten
este tipo de hechos, aunque esto es crónica de una muerte anunciada porque aquí en el
Concejo hemos debatido la inoperancia de los alcaldes locales y la falta de garra de las
autoridades, que son permisivas con la ilegalidad”, expresó.
Pero el presidente del Concejo se refirió duramente a la alcaldesa local Patricia Zapata,
sobre quien recaen las funciones del control urbano de la Localidad 3 de la cual Blas de Lezo
hace parte.
Montero insistió en que el alcalde Manolo debe rodearse de funcionarios con un mejor perfil.
“Hoy lamentamos lo ocurrido en Blas de Lezo, una tragedia que pudo evitarse, que deja
varios muertos, y no hay culpables. Lo peor es que son los más pobres, como siempre, los
afectados”, dijo.
Recalcó que los alcaldes locales no cumplen con sus funciones. “Para mí la alcaldesa de la
Localidad 3 es la peor, a pesar de tener funcionarios que realizan visitas, abogados y otros
profesionales por órdenes de prestación de servicio, quienes, al parecer, no se dieron cuenta
de lo que estaba ocurriendo”.
Para el presidente: “si la secretaria de Planeación, la alcaldesa local y el director de Control
Urbano no renuncian, entonces el alcalde, Manolo Duque, debe separarlos del cargo de
inmediato”.
Pidió “poner coto a los carteles de la corrupción que existen en las localidades porque la
institucionalidad se está perdiendo. Por eso alcalde, necesitamos, autoridad”.
“Hay que diferenciar funciones”: Blel
A su turno el concejal Vicente Blel, sostuvo que se deben diferenciar las responsabilidades y
roles de los cargos comprometidos con este tipo de funciones.
“Los curadores urbanos no ejercen control, por eso todo el peso de la ley debe recaer sobre
la oficina de Control Urbano del Distrito. Soy partidario de realizar un debate a la secretaria
de Planeación y al director de Control Urbano”, explicó Blel.
“Homicidio culposo”
Asimismo el concejal Antonio Salim Guerra, anotó que en los hechos se configuró el delito de
“homicidio culposo”.
“Debemos tener toda la información sobre los hechos; no quedarnos en hipótesis para hacer
un debate antes de que se acabe este periodo de sesiones. Estoy de acuerdo en que debe
haber responsables y pienso que hay homicidio culposo. Me cuentan que el constructor salió
de la ciudad. Debemos hacer citaciones para el debate y que haya responsabilidades del
orden administrativo”, expresó Guerra. Para el concejal, Édgar Mendoza, quien es abogado,
la entidad responsable de la desgracia es Control Urbano “pero el proceso administrativo
sancionatorio debe ser contra la alcaldesa local 3”.
“Hubo dádivas”: Meza
El concejal Rafael Meza consideró que detrás de la tragedia “hay gato encerrado”. Apuntó
que “aquí de que hubo dádivas las hubo”.
Meza indicó que la firma constructora Quiroz, “es la responsable del edificio colapsado, pero
ha construido varios edificios, algunos ya habitados y otros en construcción, sin que siquiera
aparezca vinculada a Camacol. Nadie se había percatado de una edificación de seis pisos,
con más de 18 metros, en Blas de Lezo, esto es triste”.
El concejal propuso que se cree “una brigada con la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de
Bolívar (SIAB) para saber cuántos edificios hay, construidos y en construcción, sin licencia”.
Las funcionarias citadas, Paternina y Zapata no se pronunciaron al respecto, tampoco el
alcalde Duque.
Lupa a contrato por $266 mil millones de Transcaribe Operador
REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg CARTAGENA DE INDIAS 2 de Mayo de 2017 12:00 am
Una proposición fue aprobada por la plenaria del Concejo para que se de inicio a la revisión
del contrato de Transcaribe con la sociedad Cartagena Complementaria y Social S.A.S.
destinada a la prestación de servicios de operación para la denominada porción número 2 del
Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).
El valor del contrato es por 266 mil millones de pesos.
La contratación está relacionada con unas vigencias futuras aprobadas en octubre de 2015,
siendo alcalde Dionisio Vélez.
El autor de la propuesta, el concejal conservador Édgar Mendoza, aseguró que “existen
muchas dudas sobre las concesiones firmadas por la pasada gerencia de Transcaribe, las
cuales deben ser estudiadas exhaustivamente en cuanto a aspectos técnicos, financieros y
jurídicos”.
“Esto llama la atención porque es una concesión que tiene una cuantía muy importante, muy
significativa, que debe ser objeto de revisión. En la página web se maneja un valor pero en
la suscripción de contrato se maneja otro; necesitamos saber cuántas personas fueron
oferentes en dicho proceso contractual para verificar si se ajustó o no a la normatividad
pertinente”, expresó.
“No se observa el cumplimiento de los principios de la función administrativa, ni tampoco de
los principios de planeación y selección objetiva que debe regir este tipo de selección de
contratistas; una irregularidad se evidencia en que el valor del contrato estimado era hasta
de $38 mil millones; y no $266 mil millones como está ahora”, dijo Mendoza.
Lo que se pide
En la proposición se le exigen a Transcaribe documentos como el análisis preliminar para la
contratación de Transcaribe Operador; las condiciones técnicas, jurídicas, económicas,
financieras y de experiencia para la participación dentro del proceso de selección TD-CD-
003-2015; copia del acta de cierre y apertura de propuestas junto con la correspondiente
planilla de asistencia y certificación de cierre a la fecha acordada; y copia de la oferta
presentada por el Contratista con sus respectivos anexos; entre otros.
Opinan concejales
Los concejales David Caballero del Partido Conservador; y Vicente Blel de Cambio Radical,
apoyaron la propuesta de Mendoza.
“Este contrato de Transcaribe operador debemos mirarlo con lupa; lo que queremos es saber
si esto fue en consenso con la administración para entregarle a un grupo de transportadores
esa operación, ya que es preocupante que un solo operador tenga casi el 98% de la
acciones”, expresó Caballero.
Por su parte el concejal Vicente Blel, considera que este contrato con la firma Cartagena
Complementaria “es un contrato nocivo para las finanzas de Transcaribe. Toda vez que dicho
operador no aporta dinero para la compra de vehículos ni mucho menos para la
chatarrización”.
“Lo anterior ocasiona que Transacaribe tenga que hacer un crédito de proveedor para la
adquisición de los vehículos; y para la chatarrización tuvimos que comprometer dineros de
ingresos de libre destinación, recursos que se han podido utilizar para la educación o salud
de los cartageneros”, expresó Blel.
El Concejo espera que la gerencia de Transcaribe explique en detalle los aspectos de esta
contratación y de cómo se obtendrán los recursos.
El Concejo le pide a Transcaribe operador que le remita un informe en donde se explique
cuál era la experiencia mínima requerida para la adjudicación del contrato, así como el
tiempo mínimo de constitución de la sociedad o equivalente.
"Alcalde Manolo, es hora de que haga cambios en su gabinete"
REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg CARTAGENA DE INDIAS 2 de Mayo de 2017 12:00 am
Debido a los trágicos hechos en donde fallecieron varios obreros en el edificio que se
construía en Blas de Lezo, en el Concejo siguen las solicitudes al gobierno distrital.
Una constancia dirigida al alcalde Manuel Vicente Duque, firmada por el concejal César Pión,
exige al mandatario que “revise y evalúe las actuaciones de sus dirigidos”
El concejal hace énfasis en la distribución de funciones y responsabilidades al interior del
ejecutivo, según él, “las dualidades están permitiendo que ante los desaciertos no hayan
responsables directos”.
“Le hemos dicho en esta misiva al alcalde que se debe revisar cómo está su gobierno porque
queremos que a todos nos vaya bien. Felicitamos el despliegue institucional de Blas de Lezo
pero existen unos funcionarios que han cometido graves equivocaciones por eso creemos
necesario hacer cambios en varias dependencias. Esperamos generar el espacio donde se
pueda atender nuestras sugerencias”, expresó Pión. La constancia se suma a las peticiones
de separación de los cargos de la Secretaria de Planeación y la alcaldesa de la Localidad 3.
Curi pide que se muestren las acciones legales por obras contra desastres REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg CARTAGENA DE INDIAS 4 de Mayo de 2017 12:03 a
El concejal liberal Javier Curi Osorio, presentó ante la plenaria del Concejo, una proposición
de control político para que el secretario de Infraestructura José Carrasquilla, “presente un
informe sobre la construcción de las obras que requieren varios barrios de la ciudad de
Cartagena”.
El concejal se refiere a la construcción de box coulvert, muros de contención, limpieza de
canales entre otras obras de prevención de desatres. “Queremos que se informe a esta
corporación acerca de todas las medidas y mandamientos judiciales a los que la comunidad
se ha visto atenidas, para lograr que se realicen unas obras como estas, encaminadas a evitar
desastres o problemas que pueden generar un riesgo”, dijo Curi.
“La intención es que con esta información podamos hacer un análisis de cuál es la situación
real y concreta de esta serie de demandas y tutelas impuestas por los cartageneros,
acogiéndose a derechos e intereses colectivos a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente”, afirmó Curi.
Explica que un sinnúmero de acciones populares, tutelas, entre otros, se presentan a diario
en contra del Distrito y que vinculan a la Secretaría de Infraestructura.
El siguiente es el texto de la propuesta del concejal Javier Curi
Doctor:
JOSE SANTIAGO CARRASQUILLA SOTOMAYOR
Secretario de Infraestructura Distrital
E. S. D.
Asunto: Control Político Secretaria de Infraestructura.
El suscrito, abajo firmante, en mi calidad de Concejal, y/o en uso de las atribuciones que
me confiere la Ley 136 de 1994, artículos 32 y de manera respetuosa me permito proponer
en sesión de la fecha, solicitar a la Secretaria de Infraestructura Distrital, que se le informe
por escrito, responda y explique ante el resto de los colegas, las preguntas que a
continuación relaciono, teniendo en cuenta que se hace necesario las diferentes
Construcciones como son los BOX COULVERT, MUROS DE CONTENCION, LIMPIEZA DE
CANALES, entre otras obras que requieren los diferentes barrios de la ciudad de Cartagena
de indias, en vista de los mandatos legales a través de acciones populares, tutelas, entre
otros, que a diario se presentan en contra del distrito Cartagena, y que vinculan a la S.I.D,
siendo esta la que brinda la solución de acuerdo a sus competencias legales, y que hasta el
momento carece de ejecución de obras con presupuestos elaborados para sus aprobación,
pero que a la fecha no han sido gestionados.
PREGUNTAS:
1. Informe y anexe, la relación de las obras que por Acciones Judiciales ordenan al distrito –
SID, realizar?
2. informe que obras de estas Acciones judiciales que sean ejecutado y cuáles son?
3.Informe que planes de contingencia o de acción tiene la S.I.D, para cumplir con todas las
ejecuciones de las obras por mandato legal.
4. Informe si hay presupuesto para realizar todas esas obras teniendo en cuenta las órdenes
judiciales emitidas, y diga cuanto es el dicho presupuesto para todas ellas?
5. informe dentro de las Acciones Judiciales que ordenan al distrito – SID realizar
construcciones, diga cuál de las obras por ejecutar poseen mayor riesgo y que requieran el
cumplimiento de inmediato?
Las respuestas al cuestionario deben ser enviadas dentro de los cinco (5) días siguientes al
recibo de la presente y deben ser presentadas ante la Secretaria General de la Corporación.
Audios enredarían a Control Urbano ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda Cartagena 5 de Mayo de 2017 11:01 am
El concejal César Pión reveló que entregó al Fiscal General y al Procurador General, un
paquete de pruebas contra funcionarios de la Oficina de Control Urbano que, según él,
demostrarían la forma calculada cómo esos servidores “después de varios días de cacería a
los constructores del edificio que se desplomó en Blas de Lezo, arreglaron con ellos y se
fueron”.
El concejal habla de unos audios en donde se escucha a una persona que cuenta cómo estos
funcionarios, tras el seguimiento a los constructores del edificio (hermanos Quiroz Ruiz), al
parecer acuerdan con ellos lo que podría ser la viabilidad de la propiedad horizontal que se
construía, pero que se desplomó el pasado 27 de abril dejando a 21 obreros muertos y 23
personas heridas.
Las revelaciones de Pión se producen en medio de la crisis en el gabinete del alcalde Manolo
Duque, luego que, tras la tragedia, salieran a la luz una serie de presuntas irregularidades,
omisiones, y falta de planeación en la oficina de Control Urbano, Secretaria de Planeación,
inspecciones de Policía y Alcaldía Local 3.
El hecho precipitó la salida de la secretaría de Planeación del Distrito, Luz Elena Paternina; y
del director de Control Urbano, Olimpo Vergara.
El procurador Fernando Carrillo se pronunció en Cartagena y expresó ante las familias
víctimas de la tragedia, que “la caída del edificio de Blas de Lezo fue resultado de
corrupción, no fue simple negligencia o algo natural como Mocoa”; y solicitó al alcalde
Manolo Duque que identifique y frene a “las mafias de constructoras piratas en la ciudad”.
Asimismo, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, asumió desde ya las investigaciones
de los hechos.
Otras irregularidades
Para Pión, segundo vicepresidente del Concejo, “las irregularidades en el urbanismo de la
ciudad trascienden al caso de Blas de Lezo”.
“Estos debates ya los hemos dado en el Concejo, hay licencias chimbas entregadas en las
curadurías que pasan desapercibidas; las construcciones en Blas de Lezo o Alto Bosque y
otras zonas, no cumplen las especificaciones pero nadie ve o denuncia, y si lo hace no pasa
nada”, dijo.
“Por todo esto le pedimos al Fiscal que investigue casos como los títulos en el caño Juan
Angola; el relleno en caños, ciénagas e islas presuntamente irregulares para hacer zonas
portuarias; porque aquí muchas organizaciones también son las que infringen la ley”,
expresó.
Entre tanto, mientras en el Concejo buscan mecanismos para frenar la presunta mafia detrás
de los sectores de la construcción que afecta al poder público, el alcalde Manolo Duque
ahora tiene la responsabilidad de definir al nuevo o nueva secretaria de Planeación, y a
quien asuma la dirección de Control Urbano.
Adelantó que hará nombramientos por encargo mientras avanzan las investigaciones pero
aún no da nombres. Sin embargo, se conoció que en la secretaría de Participación Ciudadana
entrará como secretaria Arianna Castro Puello, en reemplazo de María Elvira Márquez.
Ediles en mesas de trabajo
Los ediles de la JAL de la Localidad tres de la ciudad, empezaron una serie de reuniones con
líderes de la comunidad para instruirlos normas urbanísticas.
Concejo autorizó crédito por $60 mil millones para protección costera ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 6 de Mayo de 2017 12:00 am
El Concejo de Cartagena, en su último día de sesiones, autorizó al Distrito para que realice
una operación de crédito público con el sector financiero hasta por 112 mil millones de
pesos.
La aprobación de este proyecto de acuerdo se dio en segundo debate durante la clausura del
primer periodo de sesiones ordinarias del año.
“De estos 112 mil millones de pesos se destinarán $60 mil millones para el primer tramo de
la protección costera, que va desde el CAI de Bocagrande hasta el último espolón de El
Laguito”, explicó Napoleón de la Rosa, secretario de Hacienda, a El Universal.
El funcionario agregó que 15 mil millones de pesos serán destinados a la relimpia del Caño
Juan Angola.
“Además hay 20 mil para la atención viviendas de interés prioritario y para reubicación de
familias en riesgo, de San Francisco y otras comunidades en problemas”, explicó De la Rosa.
Otros 17 mil millones se destinarán al mejoramiento de barrios.
“Aquí, en el rubro mejoramiento de barrios, es que se va a incluir lo del cerro de La Popa,
pero se están esperando unos estudios técnicos preliminares para saber qué monto de estos
dineros se invertirán en el cerro”, aclaró de La Rosa.
“El sector financiero está muy interesado en apoyar al Distrito dado el buen comportamiento
que tenemos en los préstamos que se han realizado; y por buena calificación de riesgo que
tenemos”, añadió el funcionario.
Agregó que en dos meses el monto estará disponible y se podrá desembolsar y poder abrir las
licitaciones.
Dos proyectos más
Otro de los proyectos que aprobados fue la incorporación de recursos en el presupuesto de
rentas, por $24 mil millones que serán destinados a gastos de funcionamiento en la Alcaldía.
“El Concejo también autorizó al gerente de Corvivienda para que asuma compromisos con
cargo al presupuesto de vigencias futuras ordinarias 2018 y 2019 y se aseguren 30 mil
millones de pesos para el proyecto “Casa pa’ mi gente”, explicó el concejal Américo
Mendoza.
Clausura
En su discurso el presidente del Concejo, Lewis Montero, le pidió al alcalde Manolo Duque
que haga un rediseño institucional “ en cada una de las tres Localidades, y, paralelamente,
realizar las reformas administrativas que fortalezcan la vigilancia y control, con el fin de
garantizar que las normas se cumplan y no sean letra muerta o, peor aún, herramienta para
el enriquecimiento ilícito”.
"La pornografía es un detonante para los delitos sexuales": Salim Guerra ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 11 de Mayo de 2017 12:00 am
A las declaraciones del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, y del alcalde Manolo Duque,
de rechazo a la próxima realización de un congreso de pornografía en la ciudad, se sumó el
concejal Antonio Salim Guerra, de Cambio Radical.
Guerra dijo que: “En una ciudad y en un país como el nuestro donde vemos todos los días el
abuso sexual de menores y la violación de los derechos de la mujer al ser explotadas
sexualmente, la pornografía es la puerta de entrada para el abuso y la explotación sexual”.
Para el concejal, “el aumentar la cantidad de pornografía disponible en Internet son y serán
los niños víctimas de abuso cada vez más en etapas tempranas. La pornografía está entre una
de las principales causas de la gran desgracia que es la explotación sexual”.
El concejal puso el ejemplo de Bundy y Garavito, para representar que la pornografía es uno
de los detonantes de la violencia sexual.
“Los asesinos en serie más grandes que han existido Ted Bundy en los Estados Unidos y Luis
Alfredo Garavito en nuestro país, manifestaron en su momento cómo la pornografía había
sido detonante en sus actuaciones sexuales en contra de sus víctimas”.
Consideró la pornografía un factor de riesgo y no solo un factor asociado a la explotación. “Si
más niños, adolescentes y adultos están conectados con ese tipo de contenido sexual en
muchos casos puede conllevar a prácticas sexuales ilícitas desde el punto de vista legal”,
expresó.
Propone que se legisle
Advirtió que el país está en mora de legislar para prohibir todo tipo de pornografía.
“En los Estados Unidos y en la Comunidad Europea han dado pasos agigantados para proteger
a los menores limitando el acceso de estos a sitios de internet y aumentando las penas para
aquellos que promuevan la pornografía en lugares donde hay menores de edad”, señaló.
Guerra es el autor de un proyecto de acuerdo sancionado por el Distrito, que busca regular la
participación de menores en bailes eróticos o “plebes” con diversos ritmos musicales en
escuelas y escenarios públicos.
Ante todas las polémicas y rechazos de personalidades públicas uno de los organizadores del
evento que se realizará en julio denominado Lal Expo dijo que “no es prostitución, no es
pornografía, ni fomenta nada de esto”; y agregó que lo que buscan es “acabar con el
mercado clandestino y la ilegalidad para velar por el negocio en Latinoamérica”. Advirtió
que el evento es privado.
"A este pueblo que todo lo aguanta lo necesitamos unido": Sergio Londoño ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 2 de Junio de 2017 12:00 am
Con un discurso en el que llamó a la unión, Sergio Londoño Zurek instaló, en calidad de
alcalde encargado, el segundo periodo ordinario del Concejo de Cartagena.
Por primera vez un alcalde de 31 años instala en los últimos 30 años una sesión en esa
corporación.
La jornada, en el marco de los 484 años de la ciudad, tuvo varias novedades: la presencia del
nuevo concejal, Wilson Toncel, quien asumió la curul en reemplazo de Carlos Barrios, por
una inhabilidad sobreviniente de este; y la no presencia del concejal Ronald Fortich, que ya
habría sido notificado por el Consejo de Estado, de su pérdida de investidura por doble
militancia partidista.
También hubo una curiosa intervención del concejal César Pión, del partido de La U, quien
hizo un análisis del papel que la familia de Londoño Zurek ha jugado en Cartagena.
“Hay que poner en orden a la ciudad”: Londoño
Pidiendo un minuto de silencio, el alcalde encargado recordó a las víctimas de la tragedia de
Blas de Lezo.
“La memoria de lo sucedido en Blas de Lezo invita a poner orden en la ciudad”, dijo.
Londoño Zurek instaló las sesiones ordinarias del Concejo diciendo que: “Hay muchas
necesidades y cosas por solucionar y esa es la ambiciosa agenda que tenemos. Hoy, que es el
cumpleaños de Cartagena, la ciudad nos necesita a todos. Nos necesita como sus
protectores, sus guardianes, aquellos quienes aportan granitos de arena para su desarrollo”,
manifestó.
Invito a los concejales a cambiar a Cartagena con la aprobación de macroproyectos que son
iniciativa del gobierno de ‘Primero la Gente’. “Ustedes son los protectores de este sueño
llamado Cartagena”, les dijo.
Anunció que serán dos los proyectos que presentará el Distrito: el de Protección costera y
otro para regularizar terrenos entre el Distrito y la Gobernación.
Un periodo en crisis
Por su parte, el presidente del Concejo, Lewis Montero, se refirió a la crisis por la que
atraviesa el Distrito y el momento en que se instala el periodo.
“Iniciamos este periodo en medio de una de las crisis institucionales más graves por las
cuales haya atravesado el Distrito en las últimas décadas, no solo porque en estos instantes
el alcalde titular se encuentra suspendido por orden de la Procuraduría sino principalmente
por el ambiente de tristeza e incertidumbre que aún se vive en la ciudad luego del desplome
de un edificio en construcción el pasado 27 de abril, que produjo el fallecimiento de 21
obreros”.
Le recordó a Londoño, que el Concejo ha acompañado al gobierno de ‘Primero la Gente’ “a
concretar el impulso de varios macroproyectos (como los mencionados) para cuya cabal
realización requerimos del concurso de todos los estamentos ciudadanos posibles y, de
manera especial, del apoyo decidido del Gobierno nacional al cual usted pertenece”.
Ayuda para La Popa
Montero le dijo a Londoño que: “Como sabemos que usted es un hombre soñador, doctor
Zurek, permítame revelarle un sueño que muchos cartageneros tenemos, y es que el cerro de
La Popa pueda convertirse en un gran parque natural, pero para ello se requiere el concurso
del nivel nacional. El destino le ha dado a usted la posibilidad de administrar nuestra amada
ciudad, para que pueda comenzar a gestar una solución definitiva a los problemas
estructurales de La Popa”.
El llamado de Pión
Con diapositivas en mano, el concejal César Pión recordó al alcalde que venía de una familia
comprometida con la ciudad.
Lo invitó a tener en cuenta al Concejo, “que es una corporación que representa a los
cartageneros y que ejerce un control político”. Lo instó a que impida el pago de 17 mil
millones de pesos que quiere hacer el Distrito a unos supuestos propietarios de un lote de
4.000 m2. “Nosotros no vamos a aprobar un proyecto a Corvivienda para permitir que
cancelen esa cantidad a los supuestos propietarios del lote en mención”.
Judith Díaz asumió curul en el Concejo ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 7 de Junio de 2017 12:00 am
El presidente del Concejo, Lewis Montero Polo, ha posesionado a tres concejales en lo que va
del año. A la salida del exconcejal Zaith Adechine posesionó a Rodrigo Reyes Pereira por el
Partido Conservador; luego tras una decisión de la Contraloría Distrital de declarar
responsable fiscal al exconcejal Carlos Barrios del partido Cambio Radical, posesionó en su
reemplazo a Wilson Toncel, quien le seguía en la lista.
En la mañana de ayer mediante la Resolución 064, ante el pleno del Concejo, Montero Polo,
posesionó a Judith Díaz Agámez como concejal de Cartagena, en reemplazo del exconcejal
Ronald Fortich Rodelo, a quien el Consejo de Estado señaló de haber incurrido en doble
militancia política a la hora de aspirar en el Partido Liberal y el movimiento Cartagena Con
Firmas.
De acuerdo al informe de la Registraduría Nacional, Díaz Agámez seguía en la lista del
movimiento Cartagena con Firmas con 3.595 votos. El primero de ese listado de 19 aspirantes
lo ostentaba Fortich Rodelo con 4.454 votos. El movimiento Cartagena con Firmas nació en
torno al excandidato a la Alcaldía Andrés Betancourt, quien logró el aval a su candidatura a
través de un grupo significativo de ciudadanos.
Judih Díaz es médico, especialista en gerencia en salud. Es hija de Julio Diaz Redondo,
hermano del exalcalde Carlos Díaz Redondo, y prima del secretario de desarrollo regional de
Bolívar, Álvaro Redondo.
“Soy respetuosa de las decisiones judiciales y acatamos el fallo del Consejo de Estado que
ordenó la salida del doctor Ronald Fortich. Desde esta curul trabajaré por la juventud y por
Cartagena”, expresó la concejal.
Con Díaz serán ahora tres mujeres en la corporación, junto con Duvinia Torres y Angélica
Hodeg.
Muy pocas veces en la historia del Concejo de Cartagena habían salido tantos concejales en
un mismo periodo y en un mismo año.
En 2012, el referente era el caso de Jimmy de Ávila, concejal que fue declarado inhabilitado
porque tenía una condena por el delito de inasistencia alimentaria. De Ávila fue
reemplazado por Hernando Trucco en la curul del Partido Liberal.
Otro entuerto jurídico por resolver es el caso de la Procuraduría Regional de Bolívar, entidad
que abrió un proceso contra 16 concejales actuales de Cartagena y 10 del período que
finalizó el año pasado, por las supuestas irregularidades en la elección de la contralora
distrital, Nubia Fontalvo y el personero distrital William Matson.
“A la ciudad no le conviene la interinidad”: Presidente del Concejo ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 14 de Junio de 2017 12:00 am
El presidente del Concejo, Lewis Montero, reaccionó al eventual regreso del alcalde Manolo
Duque, tras el fallo de tutela del Consejo Superior de la Judicatura que le favoreció.
“Lo dijimos al conocer la suspensión decretada contra el alcalde titular, Manolo Duque, y lo
repetimos ahora: a la ciudad y a los cartageneros no nos conviene un largo periodo de
interinidad, y por ello actuar de la manera más rápida posible, siempre dentro del marco de
la ley y garantizando en todo momento el debido proceso, es lo menos que podemos pedir
del Ministerio Público y en general de todos los actores involucrados en este caso. Ojalá
Cartagena no entre en un rifirrafe jurídico porque perdemos todos”.
Advirtió a la ciudadanía que el Concejo estará presto a la coadministración del Distrito.
“Nuestro deber, como concejales y sobre todo como miembros de la mesa directiva de esta
corporación, es entre otras cosas coadministrar el Distrito y realizar un debido control
político, y a ello nos hemos dedicado y nos seguiremos dedicando con la correspondiente
responsabilidad”, expresó Montero. Recordó que los fallos jurídicos hay que respetarlos.
“Como siempre he demostrado en los distintos cargos que he ocupado, soy respetuoso de los
fallos judiciales. Y ahora más aún, cuando como presidente del Concejo de Cartagena me
corresponde no solo cumplir la ley sino además dar muestras de acatamiento a nuestras
instituciones y de respeto por todas las autoridades”, dijo Montero.
El alcalde Manolo Duque estará reintegrándose a sus funciones en la Alcaldía a las 7 de la
mañana de hoy miércoles, en tanto concluyen los 20 días de Sergio Londoño como alcalde
encargado.
Órdenes judiciales obligan al Distrito a obras por más de $90 mil millones ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda Cartagena de Indias 17 de Junio de 2017 12:00 am
En las pasadas sesiones ordinarias el concejal Javier Curi Osorio, en compañía de la bancada
del Partido Liberal en el Concejo, presentó una proposición a la Secretaría de Infraestructura
para que se le informara “el estado de las obras que por acciones populares y medidas
judiciales, exigían al Distrito que se ejecutaran”.
“Es así como la Secretaría de Infraestructura respondió a la proposición con el oficio del 8 de
junio de 2017. La Secretaría nos informó que tiene presupuestos de obras por mandatos
judiciales por valor de 90 mil millones de pesos. Entre estas hay construcción de box culvert,
muros de contención, limpieza de canales, pavimentación de calles, pero nos añade que no
cuenta con los recursos para atender estas obras”, revela el concejal liberal.
Sin embargo, la gran encrucijada es que los recursos escasean o en la mayoría de los casos
no existen. Las órdenes judiciales también generan un desorden en las finanzas judiciales.
“Ante esta respuesta presenté otra proposición en las presentes ordinarias, en la cual
estamos solicitándole al gobierno del alcalde Manuel Vicente Duque que amplíe el crédito
por 112 mil millones de pesos, autorizado por el Concejo, para por lo menos iniciar el
cumplimiento de estos mandatos judiciales y evitar tanto desacatos como posibles riesgos
ante la llegada de la época invernal”, expresó Curi Osorio.
Para el concejal, ante las órdenes judiciales el Distrito no puede dormirse porque ello afecta
las arcas distritales, debido a posibles acciones judiciales adicionales que pudieran aumentar
los rubros antes descritos.
Otra de las fórmulas es que el Distrito apropie en el presupuesto recursos para atender estos
proyectos, debido a que la administración distrital se encuentra obligada a la ejecución de
estos mandatos por orden de los jueces.
Las obras
El secretario de Infraestructura José Santiago Carrasquilla le respondió a Curi que entre las
obras pendientes por mandatos judiciales están: la construcción de un muro lateral en el
conjunto residencial de Villas de la Victoria, por valor de 50 millones de pesos; la
pavimentación de la Carrera Séptima en La Boquilla por 4 mil 400 millones de pesos; la
consultoría sobre el cerro de La Popa, cuyo estudio de estabilidad de laderas y diseño de
obras para la mitigación de riesgos en el Salto del Cabrón cuesta 136 millones de pesos; y la
limpieza de canales de la ciudad, en donde se priorizó un conjunto de estos, por valor de
más de tres mil millones de pesos, entre otros proyectos.
El secretario Carrasquilla le informó al Concejo que luego de una serie de visitas por parte
de ingenieros de esa dependencia a los barrios, para las inspecciones oculares a varias de las
obras, como muros, box culvert, y otras limpiezas de canales, la dependencia estimó que “la
Secretaría no cuenta con los recursos necesarios para realizar todas estas obras por
mandatos judiciales que se estima sobrepasan los 90 mil millones de pesos”.
El Concejo de Cartagena cuestionó el papel de Funcicar ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 17 de Junio de 2017 12:00 am
La plenaria del Concejo aprobó una proposición para crear un observatorio que evalúe el
papel de esta corporación en Cartagena y que reemplace a Funcicar.
La decisión se tomó tras la propuesta que presentó el concejal César Pión de La U, luego de
una serie de criticas a los métodos de medición que utiliza la Fundación Cívica por Cartagena
(Funcicar), organización que viene desarrollando este tipo de observación desde hace varios
años en el Concejo.
Pión González advirtió que está de acuerdo que el Concejo sea medido pero propuso que se
cree otro órgano para ello.
“Las reglas del juego deben ser elaboradas entre las partes porque hay mucha subjetividad
en lo que hace Funcicar. La crítica es objetiva, pues en cuatro periodos consecutivos he
ocupado el primer puesto, pero me he dado cuenta que se deben evaluar a los socios de
Funcicar, porque si surge para evaluar lo público, también se debe medir lo privado”, dijo el
concejal.
“El Club de Pesca fue reformado con un diseño moderno, y nadie dijo nada; un reconocido
hotel construyó una torre en una salida natural de agua de la Ciénaga de La Virgen y
construyó un centro de convenciones en zona de bajamar; y así los empresarios han hecho
muchas cosas, que para la sociedad están bien hechas porque nadie las crítica. Yo quisiera
que los socios de Funcicar no violen la ley, pero lo hacen, sin que reciban críticas”, dijo
Pión.
La proposición fue respaldada por el presidente del Concejo, Lewis Montero y los
concejales, Jorge Useche, Antonio Salim Guerra, David Caballero, Luis Cassiani entre otros.
“Le digo a los industriales, socios de Funcicar, que nadie vigila sus fundaciones, que solo
invierten en barrios aledaños a Mamonal, ¿mientras el resto de la ciudad qué?”, sostuvo
Cassiani.
“En una de las mediciones realizadas Funcicar puso al concejal William Pérez en el último
puesto, pero este fue reelegido. Es decir no pasó el examen de Funcicar, pero sí ganó las
elecciones y fue reelegido por el pueblo”, indicó por su parte Jorge Useche.
“Los concejales son elegidos por los cartageneros y la subjetividad con que esta entidad
(Funcicar) realiza las mediciones, no son de buen recibo”, dijo David Caballero.
Antonio Salim Guerra, de la bancada de Cambio Radical dijo: “Pienso que todas las
instituciones del Estado deben tener un sistema de evaluación y observación, con el
propósito de que de manera imparcial y justa nos diga qué corregir. No estoy de acuerdo con
las evaluaciones subjetivas, es duro e injusto de que nos quieran calificar solo con el 30% de
la actividad que nosotros hacemos porque el otro 70% lo trabajamos en las comunidades. En
mi concepto hay más que un conflicto de interés”.
En los deberes está la clave para transformar la ciudad según UdeC ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 21 de Junio de 2017 12:00 am
Desde hace 11 años la profesora e investigadora Lucía Álvarez viene liderando un grupo
multidisciplinario de investigación en la Universidad de Cartagena denominado “El buen
ciudadano”.
Por invitación del presidente del Concejo, Lewis Montero, Álvarez presentó a la plenaria a
través de la charla “Confianza y participación ciudadana para construir entre todos una
cultura de transparencia”, la consolidación de unos resultados sobre la realidad social de
Cartagena.
Explicó que desde hace 10 años este grupo viene haciendo trabajos de investigación en las
comunidades, por lo general marginales, de la ciudad.
“Nos pagan para hacer trabajos de investigación, pero desafortunadamente si el Distrito y el
Concejo no nos prestan atención, si la gestión pública no entra en una interacción con esos
resultados académicos, estos se quedarán en los anaqueles y no ayudarán a construir ciudad
y ahí estaremos perdiendo unos recursos”, dijo Álvarez.
Todos estos trabajos han arrojado unos resultados que al grupo de investigación le ha servido
para más investigaciones sociales cuantitativas y cualitativas, para cruzar información pero
también para sentar la bases para una “transformación de ciudad”.
Uno de esos proyectos fue “Buscando ciudadanos dispuestos a firmar un pacto por la
transparencia” que durante 28 meses analizó el concepto de transparencia en los
ciudadanos. “Si tú, yo y él, nos comprometemos seguro que lo logramos”, dijo Álvarez.
“La coherencia es lo que se piensa, se dice y se hace; si no hay estos elementos se genera la
falta de confianza. Nuestro proyecto parte del cumplimiento del deber”. Para Álvarez la
Constitución colombiana debió incluir los deberes como su columna vertebral.
“Un niño tiene derecho a jugar, pero tiene el deber de recoger los juguetes”.
Compromiso de ciudad
De acuerdo con la investigadora, la transformación de la ciudad parte del compromiso de
cada individuo con las siguientes premisas: “Yo me comprometo a cumplir mis deberes, la
legislación, a ser coherente con lo que pienso, lo que digo y lo que hago, a censurar y
criticar mis propias actuaciones, todo lo anterior sin importar lo que hagan las otras
personas”. Eso hace parte del pacto por la transparencia que el grupo de investigación invitó
a los ciudadanos a firmar.
Opinan concejales
Lewis Montero, presidente del Concejo, expreso que: “Queremos que todos podamos
cambiar el comportamiento que tenemos frente a los problemas de nuestra ciudad, y entre
todos hacer un pacto de compromiso que involucre la academia, los gremios, la
administración, el Concejo, para poder mejorar las situaciones que vivimos en nuestra
ciudad”.
El concejal César Pión González explicó que el tejido social no solo se construye desde los
procesos políticos y económicos, sino que involucra directamente las relaciones con las
comunidades, pues la transparencia debe ser en todos los aspectos de la vida.
La concejal Duvinia Torres dijo: “El proyecto está muy bueno, y me comprometo a ser parte
de él, pero es importante que cada uno de nosotros cambie para tener una mejor sociedad.
¿Cómo llevarlo a la práctica? Pues a través de la educación en la niñez, y fortalecer el
ámbito espiritual de niños y jóvenes, volver a la enseñanza del temor a Dios, que es lo único
que nos queda por hacer”.
En el Concejo fueron expuestos los resultados de unas investigaciones sobre el
comportamiento ciudadano y la transparencia en Cartagena.
Con el nuevo Código de Policía
El concejal Rafael Meza invitó a la docente expositora Lucía Álvarez a que desarrolle el
proyecto de la mano del nuevo Código de Policía, ya que tiene normas relacionadas con la
convivencia ciudadana; y que debe llegar a los distintos sectores de la ciudad. El concejal
Javier Curi expresó: “En el tema de la ética estamos bastantes quedados.
Hay distorsión de valores y con esto quiero decir que no hemos entendido que el verdadero
valor de una ciudad no está en las cosas materiales que posee sino en la riqueza de las
personas”.
No hay confianza
De acuerdo a los resultados obtenidos por este grupo de investigación, en Cartagena no hay
cumplimiento de deberes, nadie confía en nadie, no cumplimos las leyes porque asumimos
que el otro no las va a cumplir.
Concejo plantea unión de sectores contra la pobreza ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 27 de Junio de 2017 12:00 am
Ante el Concejo Jhorland Ayala, investigador del Banco de la República, presentó el estudio:
“Cartagena libre de pobreza en el 2033”, un diagnóstico que arrojó como resultado, que la
pobreza en Cartagena está localizada en la Ciénaga de la Virgen, loma de Albornoz y las
faldas de La Popa.
El concejal citante William Pérez destacó que Ayala que es “un economista del Banco de La
República, que sabe de los resultados de un estudio sobre cómo superar la pobreza extrema.
Jhorland sabe de pobreza extrema porque vivió en Henequén y fue reciclador”.
Dentro de los invitados estuvieron Dewin Pérez, director del observatorio del Mercado
Laboral de la Universidad de Cartagena; Aarón Espinosa, de la Facultad de Economía de la
Universidad Tecnológica de Bolívar; Daniel Toro, decano de la Facultad de Economía y
Negocios de la Tecnológica de Bolívar; y Jaime Bonet, gerente del Banco de la República,
entre otros.
El debate fue antecedido por el foro que organizó El Universal sobre el mismo tema.
¿Cómo superar la pobreza?
El concejal Pérez preguntó cuáles podrían ser las políticas públicas a aplicar en la ciudad
para la atención de la primera infancia, a las mujeres cabeza de hogar, a la población afro y
cómo debe ser la distribución de la riqueza en la ciudad.
A su turno Ayala explicó que: “El problema de la pobreza está asociado al riesgo. Cartagena
es la ciudad más excluyente del país donde el 6,7% de la malla vial está sin pavimentar, lo
que equivale a 130 kilómetros para que podamos decir que exista una ciudad sin barro”,
expresó.
Otra de las conclusiones del estudio, es que el crecimiento desordenado, ha limitado la
dotación de equipamientos urbanos. “Con 641 millones de dólares se podría intervenir el 78%
de la miseria y el 75% de la pobreza. Sería importante comprometer al Gobierno nacional
para conseguir recursos y erradicar la pobreza extrema. No esperemos que ocurra un
desastre como el de Mocoa”, dijo Ayala.
El estudio reveló que en Cartagena existen 70 mil niños en edad escolar que están fuera de
las aulas, precisamente por la condición de pobreza en que habitan.
La labor de instituciones
Javier Lora, director del Programa de Emergencia Social (PES) Pedro Romero, del Distrito
explicó que el Distrito trabaja en diversos sectores de la ciudad para erradicar la pobreza.
“En el tema de educación, hemos tocado al Gobierno nacional y a la cooperación
internacional y hemos logrado apoyo para formar a los jóvenes en Bicentenario con el apoyo
del SENA; generación de empleo, tenemos un convenio con Comfenalco para lograr emplear
a muchas personas”, dijo Lora.
Aseguró que el PES se apoya con todas las secretarías del Distrito. “En el tema de generación
de empleo, tenemos un convenio con Comfenalco para lograr emplear a muchas personas”.
Claudia Anaya, enlace de Familias en Acción, señaló en los barrios buscan cambiar el
pensamiento de la gente para que cada día mejoren la calidad de vida”. Señaló que este
programa nacional cumple su objetivo en el Distrito de Cartagena y atiende a unos 71.900
beneficiarios.
Propuestas
La propuesta al final del debate estuvo en la necesidad de trabajar para erradicar la
pobreza, bajo la unión de distintos sectores. “Está ciudad es amada por todos para rumbear,
pero las grandes inversiones del país no las hacen aquí”, dijo el concejal David Dáger. Pérez,
recalcó que hay atacar la exclusión social mostrada por el estudio.
Audiencia pública a $39 mil millones que se incorporarán al presupuesto ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 28 de Junio de 2017 12:00 am
Se cumplió en el Concejo la audiencia pública al proyecto de incorporación al presupuesto de
más de $39 mil millones, recursos que proceden de transferencias de la Nación.
De acuerdo con Napoleón de la Rosa, secretario de Hacienda del Distrito, se trata de
recursos con destinación específica.
“Estos recursos vienen de transferencias de la Nación, que hemos estado gestionando con el
Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que en los cálculos a veces quedan un poquito por
debajo; lo que estamos haciendo es traer esos recursos hacia el Distrito en las áreas de
educación, salud, primera infancia, deportes y cultura, entre otras dependencias”, explicó
De la Rosa.
“Estos recursos, los cuales hemos explicado ante la plenaria del Concejo en audiencia
pública, proceden de algunos documentos Conpes y de recursos de la Nación para giro
directo; y solamente se pueden utilizar para su destinación específica”, agregó el
funcionario.
De esta manera, para educación se incorporarán $26 mil millones de pesos; $2.300 millones
para primera infancia; y más de $2.000 millones para salud.
“Estos recursos nos sirven para fortalecer el presupuesto, ya que no son de ingresos
corrientes de libre destinación; nos ayudan para resolver algunos problemas sociales; por
ejemplo en salud hay un componente para régimen subsidiado para ampliar cobertura”,
expresó el funcionario.
De estos rubros, más de $2 mil millones serán destinados a alimentación escolar. Así las
cosas el Concejo dio audiencia pública al proyecto, el cual es el primer paso de cara a la
aprobación en primer y segundo debate.
Dina Coneo, representante de la comunidad de San Francisco, e instó a los concejales a que
aprobaran el proyecto, pues de esos recursos se destinarán $1.400 millones para el pago de
subsidios de arriendo a los damnificados de 2004.
Más recursos para inspecciones
Por su parte, durante la audiencia, el concejal Rodrigo Reyes Pereira conminó al Distrito a
asignar mayores recursos para la dotación y mejoramiento de las diferentes Inspecciones de
Policía.
"Es una necesidad que las inspecciones de Policía sean dotadas en equipos tecnológicos
infraestructura y recurso humano, para prestar su labor de una manera eficiente, es deber
del Distrito entregarles las herramientas", señaló el concejal.
Reyes Pereira dijo que $450 millones no alcanzan para cubrir las necesidades que tienen las
inspecciones, por eso instó al gobierno a asignar más recursos.
El secretario de Hacienda Napoleón De la Rosa, manifestó que la solicitud planteada por el
concejal Reyes, es viable y que el alcalde Manuel Vicente Duque y el Concejo pueden llegar
a un acuerdo y aumentar los recursos.
Reyes, espera que el alcalde actúe y asigne los recursos que corresponden y dotar a las
inspecciones para que tengan mejores condiciones.
Concejo insta a articular función del control urbano entre entidades REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg CARTAGENA DE INDIAS 30 de Junio de 2017 12:00 am
El Concejo propuso que las secretarías distritales de Planeación y del Interior, y los alcaldes
locales e Inspectores de Policía deben trabajar articuladamente para vigilar construcciones
en los distintos barrios.
(Leer Constructores que incumplan normas podrían perder sus licencias profesionales)
Entre los funcionarios citados estuvieron los secretarios de Planeación, Leopoldo Villadiego;
y del Interior, Fernando Niño; el director de Control Urbano, Héctor Anaya; Isabel Díaz
Martínez como delegada del gerente de Corvivienda, la directora del Instituto de Patrimonio
y Cultura de Cartagena, el personero Distrital, el Curador Urbano 1, Luis Gustavo Toloza en
representación del Curador Urbano 2 y los Inspectores de Policía de la ciudad.
Villadiego y Anaya explicaron la normativa existente para el control de las obras en la
ciudad, y dieron a conocer las estrategias que vienen desarrollando desde esa entidad para
hacer frente a la construcción ilegal de edificaciones; entre las que se encuentran, las
capacitaciones a los ciudadanos sobre las normativas de construcción, la creación de una
plataforma virtual para la consulta de la norma de las obras, visita permanente a las
localidades, entre otras iniciativas. (Lea aquí: Infografía: Los barrios con más
construcciones sin licencia en Cartagena)
En tanto el Curador Urbano 1, entregó un listado de licencias expedidas en el 2016 y en lo
que va del 2017.
Mónica Herazo, inspectora de la Comuna 11, dijo que durante más de 20 años los inspectores
“han demostrado altura moral y ética en la ciudad y excelencia en su trabajo a pesar de las
condiciones precarias en las que se encuentran y aseguró que las administraciones Distritales
no han tenido la voluntad política de dotar a las inspecciones con los equipos necesarios para
cumplir con sus funciones y con los nuevos retos que poseen por ley.
Hablan los concejales
Las sugerencias de los concejales estuvieron enfocadas a que las dependencias Distritales
puedan trabajar coordinadamente con los Inspectores de Policía con el objetivo de hacer
control y seguimiento a las construcciones de la ciudad.
El concejal Américo Mendoza Quessep explicó que el debate estaba encaminado a establecer
un antes y un después de la situación presentada con el desplome de Portales de Blas de
Lezo II, para que problemáticas lamentables como esa no se repitan en la ciudad.
“Hay una ausencia de control urbano enorme, y lo que buscamos es una forma de mejorar,
por eso hoy solicitamos que no trabajen como ruedas sueltas, sino de la mano, integrados:
las inspecciones, las alcaldías locales, Secretaría de Planeación y demás dependencias
relacionadas. Trabajando articuladamente podremos garantizar los derechos de los
cartageneros”, comentó.
“He sido muy insistente con el tema de las Inspecciones de Policía porque nos hemos dado
cuenta que no cuentan con las herramientas necesarias para cumplir con las funciones que
poseen y que ahora también les atribuye la Ley 1801. Una de mis recomendaciones es la
creación de por lo menos cuatro inspecciones más, y por otro lado, que el Secretario de
Planeación y el Secretario del Interior puedan darles la mano trabajando coordinadamente”,
aseguró el concejal Rafael Meza.
“No se trata de buscar culpables, sino de planificar bien para poder cumplir con la ley. Hoy
pido que las secretarías aquí presentes tomen atenta nota del debate para que desde su
competencia puedan ayudarles a los inspectores, por ejemplo, poniendo a su disposición
profesionales competentes”, dijo por su parte el concejal Rodrigo Reyes.
"Código de Policía no debe atacar a los pobres": sostienen concejales
REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg CARTAGENA DE INDIAS 4 de Julio de 2017 12:00 am
Para el concejal William Pérez, de La U, el Código de Policía o Ley 1801 del 29 de julio de
2016 que entra en vigencia el 1 de agosto, no debe ser una herramienta represiva contra los
más pobres de la ciudad, ni debe ser utilizada para coartar sus derechos al trabajo, entre
otros.
Pérez destacó los esfuerzos que está haciendo el Distrito para controlar los negocios que
violan las normas pero sostiene que las medidas de control no pueden atentar contra los más
necesitados de la ciudad.
El concejal hizo un llamado de atención a las autoridades distritales para que se implemente
un plan de socialización o formación del nuevo Código de Policía en las comunidades, sobre
todo por la realización de operativos de cierre de negocios.
Se refirió a algunas publicaciones en medios de comunicación donde aparece el alcalde
Manolo Duque, y varios secretarios de despacho, cerrando establecimientos de comercio.
“Le di mi voto de confianza a Manuel Vicente Duque y quiero dejar como constancia que el
alcalde lo está haciendo bien y hay que apoyarlo, pero también tengo que decir que no se
concibe cómo llega la Policía y algunos funcionarios a cerrar establecimientos a la brava, en
los barrios pobres.
Parece ser que existe la idea de que la inseguridad está en los barrios pobres, donde la gente
ante la falta de empleo vive del rebusque, vendiendo comida o cervezas. Resulta que están
persiguiendo es a los pobres, mientras hay negocios que alteran el orden público en toda la
ciudad. Invito a que se establezcan otros métodos con la gente, que prime el dialogo para
que exista un punto de equilibrio”, dijo.
El concejal Américo Mendoza apoyó la postura de su colega y dijo que la necesidad de
socializar el nuevo Código “es urgente antes de seguir realizando cierres de negocios”.
“Tengo entendido que los funcionarios que realizan los operativos llegan en la noche a cerrar
establecimientos y una de las cosas que exigen es el certificado del uso del suelo, cuando no
tenemos ni un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente, ni hay capacidad
administrativa para expedir ese tipo de certificados”, explicó.
El concejal, David Dáger, precisó que se le debe dar cumplimiento al Código de Policía, que
busca garantizar “la buena convivencia; que se haga cumplir la ley, pero debe haber formas
para socializar esta norma”.
Vicente Blel, de Cambio Radical, instó a las autoridades a aplicar la ley “pero en toda la
ciudad”, incluyendo a los negocios que existen en las plazas.
“Vamos a cerrar establecimientos legales, mientras hay otros negocios informales en las
plazas del Centro que venden de todo y en el espacio público. Que revisen todos los
establecimientos”, indicó.
El Concejal Américo Mendoza sostuvo que la administración “debe ir pensando en un
emplazamiento a los pequeños negocios antes de realizar esos operativos para no afectar
nuestra economía, donde la informalidad hoy es del 56%, según la prensa. Pedimos a la
administración que aclare las reglas de juego para no afectar al pequeño comercio”.
“El Alto Bosque no tiene nada contra los mototaxistas” REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg CARTAGENA 5 de Julio de 2017 12:00 am
“Dejo constancia que los habitantes del Alto Bosque no tienen nada contra los mototaxistas,
pero lo que ellos no quieren es que les maten un habitante más”, expresó el concejal David
Caballero en el debate que sobre la inseguridad en este barrio se llevó en el Concejo.
“La tapa se desbordó. La percepción de seguridad en Manga es excelente, pero en el resto
de la ciudad donde pueden circular las motos con parrillero, no”, agregó Caballero.
Ante el Concejo hablaron William Marrugo, presidente de la Junta de Acción Comunal del
Alto Bosque, y el líder Raúl Molinares para pedirle a la Corporación que interceda y se
prohíba por las vías del barrio la circulación de motos con parrilleros.
Lo que piden los residentes es que se aplique la misma prohibición que rige para Bocagrande,
Manga, Castillogrande, El Laguito, El Cabrero, Crespo y el Pie de La Popa
“Debe haber decisión”: Guerra
El concejal Antonio Salim Guerra, se mostró a su turno preocupado porque cada día crecen
“los atracos, las riñas y la descomposición social en la ciudad”.
El concejal expresó que hay identificado un grupo de venezolanos que hacen de las suyas en
algunos barrios. “Por eso necesitamos autoridad; exigimos al gobierno tomar decisiones. En
el Centro, Manga, Bocagrande y Pie de La Popa ha bajado la criminalidad a raíz de la
prohibición del parrillero en moto.Que esto afecta a muchas personas que trabajan como
mototaxis, es claro, pero debemos aceptar que la motocicleta es el vehículo que usan para
atracar. Hay comunidades que piden la no entrada de motos, como la del Alto Bosque y
pienso que deben ser escuchados por la Alcaldía”, dijo.
El concejal Jorge Useche señaló que ya se ha advertido sobre estas situaciones que se viven
en la ciudad. “Pareciera que a la administración le importa un carajo lo que se dice en el
Concejo; evaluemos qué atención le presta el Distrito a lo que se discute en este recinto.
Debemos imponer mociones para que atiendan más al Concejo”, dijo.
Censo de motos
Rafael Meza apoyó el editorial de El Universal que pide que se haga un censo para saber
cuántas motocicletas ruedan en la ciudad y propuso invitar al secretario del Interior, a la
secretaria jurídica del Distrito para debatir ese tema.
“Se requiere un censo tecnológico para saber cuántas motocicletas circulan en la ciudad y
por eso instamos al Distrito a que lo realice con prontitud”, agregó el concejal Édgar
Mendoza.
El concejal Luis Cassiani apoyó la proposición del censo de motocicletas, pero dijo: “Hemos
estigmatizado a los mototaxistas, cuando no todos son malos. Aquí se ha escuchado a las
comunidades, pero no a los mototaxistas. Propongo se realice una audiencia pública con
ellos”.
El concejal Vicente Blel advirtió que la Policía debe tomar medidas urgentes. “Es claro que
los delincuentes atracan es en moto. Ese es su modo operandis. Desafortunadamente tuvo
que morir el dirigente Napoleón Perea para que se decretara la prohibición de circulación
del parrillero en seis barrios. Pienso que se debe buscar un equilibrio. Me gustaría escuchar a
la comunidad del Alto Bosque”.
Wilson Toncel indicó que las quejas ciudadanas por la inseguridad, es un tema recurrente
después del fin de semana. “Acojo lo que dice el personero Distrital, William Matson que la
seguridad es para todos. Matar se ha convertido en una opción de vida. Que se haga el censo
para que se permita saber quiénes son los mototaxistas y qué otros usos se le da a la
motocicleta”.
Las contundentes imágenes de fleteros en moto que intimidan con un arma a un residente
del barrio Alto Bosque, expuestas en un video que se hizo viral en el país, fueron la tapa que
rebosó la paciencia de los moradores de este sector de Cartagena.
Los atracos son el pan de cada día en las calles del Alto Bosque, que en múltiples ocasiones
son también la vía de escape de fleteros y sicarios.
“Empresas no deben recibir más subsidios de lo legal”: Toncel
REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg Cartagena de Indias 5 de Julio de 2017 12:00 am
El concejal Wilson Toncel destacó como un logro de la administración de Manolo Duque, la
certificación del Distrito por parte del Gobierno Nacional para continuar con la
administración de los recursos del sector de agua potable y saneamiento básico, los cuales
estuvieron a punto de estar a cargo de la Gobernación de Bolívar, debido la descertificación
notificada en noviembre del 2016.
El periodo evaluado era la vigencia 2015 y ya se adelanta la evaluación de la vigencia 2017, y
para Toncel “el esfuerzo para la certificación, tiene sus efectos adversos en la capacidad
presupuestal del Distrito para cubrir los pagos de subsidios en la vigencia 2016; las
condiciones de la estratificación socioeconómico no son las mejores y cada vez los reportes
ante la Superservicios son más exigentes en esos renglones. Es deber del Concejo
comprometerse en que se cumplan las exigencias legales, que permitirán que estos procesos
se puedan evacuar sin una contingencia de riesgo alto de descertificación”, propuso.
“Al momento de adoptarse los presupuestos de inversión, los fondos de solidaridad deben
contar con los recursos reales que requiera la administración para cubrir los subsidios de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, por eso debemos exigir a la Secretaría de
Hacienda que cumpla con la metodología para determinar el equilibrio entre las
contribuciones y los subsidios, para garantizar que las empresas no reciban más de lo justo
por este concepto”, agregó Toncel.
TEXTO COMPLETO DE LA PROPUESTA:
CARTAGENA CERTIFICADA EN SERVICIOS PÚBLICOS
“La ciudad de Cartagena recibió la noticia de haber sido certificada por el Gobierno
Nacional para continuar con la administración de los recursos del sector agua potable y
saneamiento básico, los cuales estuvieron a punto de estar a cargo de la Gobernación de
Bolivar, debido la desertificación notificada en noviembre del 2016 y que fue recurrida por
la administración distrital”.
“Debe reconocerse el gran esfuerzo del señor Alcalde y su equipo por no permitir que la
descertificación quedara en firme y haber logrado el resultado propuesto – que se revocara
el acto administrativo que le quitaba las competencias en servicios públicos-; pero ello no
implica que realmente la gestión local de los servicios públicos domiciliarios sea eficiente.
Cartagena ha sido descertificada en cuatro ocasiones, solo una de ellas durante el Gobierno
de Campo Elias Terán quedó en firme la decisión, las restantes 3 veces se ha impulsado una
gestión por parte de los gobernantes locales que acuden a los buenos oficios y al
entendimiento del Gobierno Nacional para que acepten el cumplimiento extemporáneo y a
veces defectuoso de los diferentes parámetros evaluados”.
“El proceso de evaluación que acaba de culminarse de forma positiva ante la Superservicios
por el señor Alcalde, recae sobre actuaciones sobre las que él solo pudo intervenir de
manera correctiva, ya que el periodo evaluado era la vigencia 2015, y tal como fue
ejecutado por la administración pasada, no nos hubiera permitido refrendar la certificación,
pues no se habían efectuado los respectivos pagos en materia de subsidios y contribuciones a
las empresas prestadoras; es por eso más valioso el esfuerzo hecho y realizado por el
Distrito, al haberse sobrepuesto a situaciones adversas consumadas, para pelear la
certificación en el sector de agua potable”.
“Ya se adelanta la evaluación de la vigencia 2017, y el esfuerzo hecho por el Alcalde para
lograr el resultado de ayer, tiene sus efectos adversos en la capacidad presupuestal del
Distrito para cubrir los pagos de subsidios en la vigencia 2016; las condiciones de la
estratificación socioeconómico no son las mejores y cada vez los reportes ante la
Superservicios son más exigentes en esos renglones.
Por lo tanto es deber del Concejo de Cartagena comprometerse en que se cumplan las
exigencias legales, que permitirán que estos procesos se puedan evacuar sin una
contingencia de riesgo alto de descertificación.
Por ello, al momento de adoptarse los presupuestos de inversión, los fondos de solidaridad a
cargo de los cuales se pagan los subsidios deben contar con los recursos reales que requiera
la administración para cubrir los subsidios de los servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo, e igualmente debemos exigir a la Secretaria de Hacienda que cumpla con la
metodología para determinar el equilibrio entra las contribuciones y los subsidios, para
garantizar que las empresas no reciban más de lo justo por este concepto”.
“Debido a que el pago de subsidios tiene una fuente designada legalmente, debemos
priorizar que los recursos del SGP sector agua potable se inviertan prioritariamente en el
pago de los subsidios, además es necesario que el Concejo reglamente el funcionamiento de
los Fondos de Solidaridad y Redistribución del Ingreso creados mediante Acuerdo 004 de
2006 implementando mecanismos de pagos imparciales y eficientes, así como debe existir
una correcta auditoria de lo cobrado por los prestadores. Con esto lograremos que el
Distrito sea certificado por una excelente gestión de servicios públicos que se traduzca en
bienestar para la ciudadanía; y no solo por el esfuerzo político de no dejarse arrebatar la
administración de los recursos, lo cual también es digno de reconocimiento”.
Wilson Toncel, concejal de Cambio Radical.
Concejo debate hoy en audiencia inversiones en escenarios deportivos ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 7 de Julio de 2017 12:00 am
El Complejo de Raquetas es el escenario deportivo elegido para la realización de la audiencia
pública convocada para hoy por los concejales Rodrigo Reyes Pereira y Judith Díaz para
analizar el estado actual y la inversión, por parte de la administración distrital, para el
mejoramiento y mantenimiento de los diferentes escenario deportivos.
La audiencia se realizará desde las 8 y 30 de la mañana de hoy. “Estamos invitando a
entrenadores, deportistas, presidentes de las diferentes ligas, dirigentes, miembros de los
clubes, padres de familia y periodistas”, dijo el miembro de la corporación.
Reyes dijo que se indagará sobre cuántos escenarios de béisbol, de sóftbol y de fútbol
existen en la ciudad y cuál es el estado actual de los mismos. Asimismo se busca saber cuál
es el presupuesto que tiene el IDER, para mantenimiento de escenarios y cuál es su
ejecución e inversión hasta este momento. Otra de las inquietudes del concejal conservador
es cuántos clubes deportivos están legalmente registrados ante el IDER y cuáles de ellos ha
recibido apoyo económico en cumplimiento de le ley 181 del año 2005.
La concejal Judith Díaz, del movimiento Cartagena con Firmas, se sumó con una segunda
proposición en la que indaga sobre la claridad y transparencia en el cobro y manejo de los
recursos recaudados por uso de las canchas sintéticas del Distrito, dado la inconformidad
manifestada por lo comunidad del barrio Las Gaviotas.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Primero La Gente existe una línea estratégica que
asume el deporte como una poderosa herramienta de inclusión, por ello la concejal pregunta
¿Cuántas canchas sintéticas del Distrito existen en la actualidad en la ciudad y cuántas están
en funcionamiento? Díaz pide al Ider que revele el mecanismo que utiliza para controlar el
flujo de los recursos provenientes del alquiler de estas cancha.
“Para administrar mejor el deporte se necesita más plata”: Concejo
ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 8 de Julio de 2017 12:00 am
El ‘balón’ estuvo dividido entre concejales, deportistas, líderes deportivos, y comunidad en
general, sobre la gestión que hace el Instituto de Deportes y Recreación del Distrito (Ider), y
del uso de los dineros destinados para la administración de la infraestructura deportiva y el
recurso humano.
El debate fue promovido por los concejales Rodrigo Reyes y Judith Díaz, los cuales
presentaron sendos cuestionarios para que el Ider describiera cómo se manejan los recursos,
qué porcentaje pasa a las ligas deportivas, cuál es el mapa de los escenarios deportivos de la
ciudad, entre otros.
Reyes y Díaz estuvieron de acuerdo en que “el Ider no puede funcionar y ser exitoso con un
presupuesto de 25 mil millones de pesos”.
Para el resto de los concejales, la fórmula está en aumentar ese rubro por la vía de
incorporaciones, aprobación de mayor presupuesto entre otros modelos financieros.
El informe de Pertuz
De acuerdo a Hernando Pertuz, director del Ider, en términos generales Cartagena no está
tan mal en deportes y se destaca entre muchas ciudades.
En su balance dijo que en Cartagena existen seis escenarios de béisbol, de los cuales cinco
son administrados por el Ider. Además, 25 escenarios de sóftbol, de los cuales 9 son
administrados por la entidad. Indicó que hay 19 escenarios para la práctica del béisbol
infantil. “Tenemos $5.300 millones para infraestructura deportiva, y $2.100 millones son
para mantenimiento de escenarios, pues lo demás se va en pago de personal y servicios”.
Agregó a las preguntas de los concejales que bajo la tutela del Ider “hay 12 canchas
sintéticas en la ciudad y para el 2017 se van a entregar otras dos en La Candelaria; de las 12
canchas, siete son administradas por nosotros y el resto por Juntas de Acción Comunal, que
cuentan con la vigilancia de esa entidad”.
Los costos del béisbol
Reyes se refirió a los gastos que ocasiona la práctica del béisbol para los padres de familia
por la poca la ayuda del Estado. “Uno debe comprar uniforme, zapatos y una manilla. En
Cartagena más 4000 niños practican béisbol, lo que significa que son cifras exorbitantes las
que deben invertir”.
Se refirió al estadio de sóftbol de Bocagrande y preguntó por qué el Ider no lo administra.
“Queremos que se reglamente el uso de los estadios y que se respeten los derechos de los
niños porque muchos escenarios para el béisbol son usados para la práctica de sóftbol.
Entonces los adultos desplazan a los niños”.
Instó a Pertuz a hacer cumplir las pólizas a la firma que reconstruyó el estadio Mono Judas
Araújo por los problemas que presenta.
Las canchas sintéticas
La concejal Judith Díaz, considera que el Ider debe entregar en administración todas las
canchas sintéticas bajo la tutela de la Comisión Coordinadora de los Escenarios Deportivos
Comunitarios. Resaltó la forma como se administra la cancha de Martínez Martelo porque es
autosostenible y beneficia a la comunidad.
Edwin Pérez, representante de la JAC de Martínez Martelo, precisó que representantes de la
comunidad administran la cancha sintética y con los recaudos la mantienen. “Eso si la
comunidad no paga un peso, y el IDER conoce todo lo que ocurre en la cancha. Por eso
queremos que este modelo se replique en otros barrios”, dijo.
Las preocupaciones de Curi
El concejal Javier Curi se mostró preocupado por ciertos manejos contractuales.
“Mi petición va encaminada a que la Contraloría haga un control sobre los recursos que le
asigna el Ider a las ligas queremos saber cómo se ejecutan y se asignan”, dijo Curi. Reveló
que conoce un contrato de la alcaldía de la Localidad 1 por $300 millones para programas de
formación deportiva con una fundación de vigilancia comunitaria. “Yo solicité el contrato y
encuentro que fue para capacitar a 40 entrenadores, es decir $15 millones por entrenador.
Ese tipo de recursos queremos saber cómo se administran”, dijo el concejal.
Blel y Cassiani respaldan
Para el concejal Luis Cassiani lo que hace falta es mayor compromiso de la empresa privada
y las alcaldías locales. “Nosotros debemos cuidar parques y canchas. Coosalud entregó una
cancha y un parque en Olaya hace dos años, pero nadie lo cuidó y es obvio que se deterioró.
Hay falencias, pero también tenemos que decir que este gobierno ha avanzado en el
deporte”.
El concejal Vicente Blel dijo que la infraestructura deportiva de Cartagena es una de las
mejores del país, pero hay que mantenerla y cuidarla.
“Deberíamos vender vallas deportivas en el Jaime Morón, pues es claro que es poco lo que se
invierte en infraestructura deportiva. Muchos de los escenarios qué hay en los barrios, no son
del Distrito y por eso no se puede invertir un solo peso. Hay que legalizarlos”, expresó Blel.
Hablan dirigentes de la comunidad
Pedro Vásquez, dirigente de Olaya Herrera, presentó videos del deterioro de los escenarios
y denunció ante el Concejo que llevan más de tres años esperando que el Ider invierta en el
mantenimiento de las canchas que existen en Olaya Central, que permanecen llenas de lodo,
para que los jóvenes en riesgo tengan un sitio donde practicar deportes.
Jairo Morelos, dirigente de Chiquinquirá, denunció que la inseguridad ha puesto en riesgo la
práctica de deportes en la denominada villa olímpica. “Atracan a todo el mundo y a
cualquier hora. Señores concejales yo no vengo a llorar, sino a exponer una situación que es
grave. Necesitamos seguridad. Hay padres que no dejan que sus hijos practiquen deportes
porque los atracan. Preparemos para ser una buena sede en los nacionales”, dijo.
El periodista deportivo, Rafael Barco, quien preguntó al Director del Ider ¿Cuál es la deuda
del arrendamiento del estadio de fútbol Jaime Morón con el Real Cartagena?
Víctor Esquivia, presidente de la liga de Gimnasia, instó a las demás ligas a gestionar
recursos con la empresa privada, pues el presupuesto del Ider no alcanza.
Esquivia advirtió que el Distrito a través del Ider debe apoyar la participación de equipos en
campeonatos nacionales e internacionales.
David Watts, presidente de la Liga de Béisbol, expresó que para la práctica de este deporte
cuentan con 27 campos, donde además se desarrollan campeonatos de softball.
“En lo que va corrido del año hemos realizado 592 partidos en 20 campos de béisbol y
softball en Cartagena y 7 campos en la zona rural. El béisbol es una industria. Acaban de
firmar a 9 peloteros para grandes ligas, de los cuales seis son de la ciudad”, dijo al tiempo
que agregó que cuentan con el respaldo del Ider.
El dirigente Bernardo Romero, invitó a las autoridades a pensar en escenarios integrales para
que Cartagena sea una capital competitiva.
Gustavo Rodríguez, presidente de la liga de Tenis, indicó que pese que se están deteriorando
las estructuras, se trabaja con seriedad. “Actualmente la liga de Tenis de Cartagena ocupa
el puesto 7 de las 17 qué hay en el país”, dijo.
Más concejales opinan
Elconcejal David Dáger sugirió que el Ider tiene que dividir su actividad deportiva en
recreativa y de alto rendimiento. “Es claro que los presupuestos para el deporte son ínfimos,
y no alcanzan para fortalecer todas las disciplinas”. Dáger felicitó a los 6 peloteros de
Cartagena que fueron firmados por equipos grandes ligas y recalcó que Cartagena es una
potencia en este deporte.
El concejal, Wilson Toncel, preguntó cómo es la entrega de las canchas sintéticas y enfatizó
en que el Distrito y todos los actores de la ciudad deben trabajar por el deporte y la
educación.
La concejal Duvinia Torres felicitó al director del Ider porque ha cumplido con la entrega y
mantenimiento las canchas sintéticas. Recomendó a los presidentes de las ligas deportivas a
que busquen apoyo de la empresa privada para que los niños se beneficien. “La segunda
recomendación es que se haga una reglamentación para el manejo de las canchas sintéticas
y la tercera es que el Ider se organice con el Departamento para que se preparen para los
Juegos Nacionales”.
El concejal William Pérez indicó que el deporte en Cartagena está olvidado. Opinó que es el
Distrito, el que debe mantener las canchas sintéticas para evitar esta barrera de acceso al
cobrar por jugar.
El concejal Rafael Meza se refirió a que el deporte es calidad de vida. “Todos saben que me
encanta el deporte y por eso propongo que se cierre la Villa Olímpica para darle mayor
seguridad a los deportistas. De este debate Hernando Pertuz ha salido fortalecido porque ha
dado la cara y nos ha mostrado como invierte tan pocos recursos en el deporte. Hay que
buscar más recursos para el Ider”, dijo.
Audiencias descentralizadas
El concejal Lewis Montero, presidente del Concejo, resaltó que la audiencia pública
descentralizada realizada en el Complejo de Raquetas, “hace parte de la estrategia de
acercar al Concejo más hacia la gente”. Dijo que estos eventos se seguirán realizando.
Useche pide al Distrito que ampare a familias del viejo edificio Mainero
ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA 10 de Julio de 2017 12:00 am
El concejal Jorge Useche se refirió a los hechos relacionados con la orden de la inspectora de
Policía de la Unidad Comunera de Gobierno No. 1, Amalia Jaspe Prens, quien emitió la
resolución 0013, que declara que el edificio Juan B. Mainero, en el barrio Getsemaní,
avenida Luis Carlos López, se encuentra en situación de ruina y peligro de desplome, y que
debe ser desalojado.
Para el concejal conservador la situación es preocupante.
“En este edificio habitan 20 familias pobres de Cartagena, quienes se pusieron a la tarea
inmediata de realizar las reparaciones necesarias para la estabilidad del edificio. Estas obras
fueron llevadas a cabo con el famélico presupuesto con que podían contar, con la asesoría de
un ingeniero, mano de obra conocedora de la construcción, con mucho esfuerzo y
dedicación, hasta lograr que su vivienda fuera totalmente segura, tanto para ellos como para
los vecinos y transeúntes”, dijo el concejal.
Useche criticó que la inspectora “pretende hacer valer hoy la resolución de desalojo, dos
años después de emitirla sin tener en cuenta que el edificio ya se encuentra reparado”.
El concejal expresó que conoció los conceptos de los ingenieros Jorge Rocha Rodríguez,
experto en estructuras, fundaciones y estructuras antiguas; y José María Reyes especialista
en patología de la construcción, quienes coinciden en que el edificio Juan B. Mainero “no se
encuentra en riesgo de desplome o situación actual de ruina”.
“Los expertos coinciden en que para establecer el actual estado de ruina de la edificación es
necesario realizar las pruebas técnico científicas de vulnerabilidad de que trata el artículo 8
del Decreto Nacional 1469 de 2010, por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a
las licencias urbanísticas”, dijo Useche.
Expresa que no entiende “¿Cuál es la finalidad de desalojar hoy a estas familias pobres de su
vivienda?”.
Para el concejal si la orden se cumple, “sería un atentado contra la función social de la
propiedad, reconocida en el artículo 58 de nuestra Carta Magna. Y, peor aún, deberá
estudiarse la posible responsabilidad patrimonial del Distrito frente a estas personas”.
Reveló que existe un ingrediente adicional en un fallo de tutela del 27 de junio de este año,
del Juzgado 15 Penal Municipal de Cartagena, en vista del inminente desalojo programado
por Jaspe Prens, que ordenó a la Alcaldía brindar una solución de vivienda a estas familias.
Apartes del texto de la constancia del concejal Jorge Useche
¿Cuál sería el efecto de este desalojo?
La respuesta es clara y, por demás, lógica: siendo que el objeto del desalojo era, hace dos
años, salvaguardar la vida e integridad de los residentes del edificio Juan B. Mainero, así
como la de sus vecinos y transeuntes, y siendo también que la edificación ya no se encuentra
en el estado en que se encontraba en aquel entonces, no existe finalidad actual para echar
a la calle a estas personas.
Un desalojo en las condiciones en que se encuentra actualmente el edificio Juan B. Mainero
sería dejar sin vivienda injustamente a alrededor de 20 familias pobres cartageneras. Pero
además de eso, sería un atentado contra la función social de la propiedad, reconocida en el
artículo 58 de nuestra Carta Magna. Y, peor aún, deberá estudiarse la posible
responsabilidad patrimonial del Distrito frente a estas personas, y la responsabilidad penal
de la funcionaria que las despoje, sin justificación, de su vivienda.
Pero ahora existe un ingrediente adicional. En fallo de tutela del 27 de junio de este año, el
Juzgado 15 Penal Municipal de Cartagena, en vista del inminente desalojo programado por
la doctora Amalia Jaspe Prens, ordenó a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que brinde
una solución de vivienda a estas familias, incluyéndolas en el listado del programa de
familias beneficiarias de vivienda.
Esta orden, que es de obligatorio cumplimiento en caso de materializarse el desalojo,
traerá consecuencias muy graves para el Alcalde Mayor de Cartagena; ya que entregar
viviendas a personas a quienes se les despojó injustificadamente de las que ya tenían,
representa un detrimento del patrimonio del Distrito, que deberá estudiar la Contraloría
Distrital, y posiblemente, también, una responsabilidad penal del Alcalde por este hecho.
Todo lo anterior, sin olvidar la problemática social que representa tener, por lo menos, 60
nuevos indigentes en la ciudad, a quienes les fue arrebatado todo lo que tenían y fueron
arrojados a la calle. O alguien se ha puesto a pensar ¿qué van a hacer estas personas cuando
sean desalojados de sus viviendas y no tengan un techo bajo el cual resguardarse? ¿en donde
van a esperar mientras que la Alcaldía Mayor de Cartagena les resuelve un problema que
ella misma les generó?
Estos hechos han sido puestos en conocimiento de la doctora Amalia Jaspe Prens, Inspectora
No. 1 de Cartagena, para que en lugar de materializar un desalojo injustificado del Edificio
Juan B. Mainero, ordene realizar las pruebas necesarias para verificar el estado actual de la
estructura del edificio, sin embargo, esta funcionaria se ha negado a escuchar las súplicas de
los residentes del inmueble y en cambio procedió a fijar fecha de desalojo para la próxima
semana.
De todo lo anterior dejo constancia
Jorge Useche,concejal.
Concejo indaga sobre costos de visita del papa Francisco
REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg CARTAGENA 11 de Julio de 2017 12:00 am
Los concejales de Cartagena citaron a la directora de Corpoturismo, Zully Salazar; y al
secretario del Interior, Fernando Niño, para que expliquen cómo será la logística de la visita
del papa Francisco a la ciudad en el mes de septiembre.
La propuesta fue del presidente del Concejo, Lewis Montero y de la bancada conservadora,
por parte del concejal Rafael Meza.
En la propuesta, el Concejo indica que es necesario conocer tanto el alcance a nivel
organizativo, como los aportes que hará la empresa privada.
“La visita del papa a la ciudad se ha denominado la Ruta Caribe, de igual forma existe una
ruta ecológica y queremos conocer en qué consiste la misma”, apuntó el concejal Rafael
Meza.
“A mí me preocupa que he escuchado que el papa Francisco va a pasar por el barrio
Canapote, va a bajar por el puente Romero Aguirre. Ayer se presentó un aguacero en la
ciudad, y Canapote cuando llueve se vuelve intransitable. Quisiera saber si va a haber algún
mejoramiento de las vías por donde va a pasar el papa”, agregó el concejal.
“Vamos a invitar también a las personas encargadas de la organización de la visita papal a
Cartagena, para que informen a esta corporación todo lo concerniente a dicha llegada,
recibimiento y organización de este evento”, expresó Lewis Montero.
El Concejo indaga por la estadía, la logística y la seguridad que se le brindará al sumo
pontífice.
Preguntan a cuánto asciende la suma de gastos por motivo de la presencia del papa y qué
entidades privadas van a realizar aportes, así mismo cuántos agentes de Policía estarán
vigilando al alto prelado.
En 2017, con 4 mil casos, aumenta violencia intrafamiliar
ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda cartagena de indias 11 de Julio de 2017 12:00 am
El debate sobre violencia intrafamiliar en el Concejo reveló el preocupante aumento de los
casos y la necesidad de fortalecer las Comisarías de Familia que por ley ahora tienen
funciones legales.
En el año 2015 hubo 3.500 casos de violencia intrafamiliar en los que las víctimas fueron
niños, niñas y adultos.
Esa cifra aumentó en 2016 con 4.000 casos en toda la ciudad incluidos sus corregimientos. Lo
preocupante es que en lo que va del 2017, ya van 4.000 casos.
Los datos fueron revelados por Margarita Robles, comisaria de Familia de la Casa de Justicia
de Canapote, ante la plenaria del Concejo.
Robles habló en el recinto, junto con Lenny Cuello, directora regional del Instituto Nacional
de Bienestar Familiar (ICBF); Germán Cano, director de Medicina Legal; Fernando Niño,
secretario del Interior; y Arianna Castro, secretaria de Participación Social.
Los funcionarios citados por la concejal Duvinia Torres, de La U, abordaron las cifras de la
violencia intrafamiliar en Cartagena, y los recursos para atender la demanda en este sector
social.
Cano, de Medicina Legal, dijo que “en cuanto a casos de violencia intrafamiliar la entidad
atendió lesiones entre parejas y otros familiares adultos en 2015, 1.552 casos; en 2016, se
atendieron 1.691 casos; y en lo que va de 2017 se han atendido 635 ”. Cano dijo que
Medicina Legal en Cartagena atiende cuatro hechos diarios en promedio. Reveló que los
casos de violencia en mujeres han aumentado en la ciudad.
Lenny Cuello, del ICBF, dijo que la entidad que dirige, se orienta hacia la protección de
niños, niñas y adolescentes, y también tiene programas dirigidos a la disminución de
violencia intrafamiliar. “Brindamos atención a la primera infancia y trabajamos con los
jóvenes en temas de disminución de conflictos y hay programas dirigidos hacia las familias
directamente”, señaló.
Crear observatorio de violencia intrafamiliar
El secretario del Interior, Fernando Niño, reconoció la falta de insumos en las Comisarías de
Familia y tomó nota de las peticiones de los concejales.
Para la concejal citante, Duvinia Torres, “las comisarías de familia deben ser fortalecidas
con un buen equipo de trabajo y la logística necesaria para que cumplan con su misión. De
igual forma, se debe fortalecer el programa de las Comisarías Móviles y llegar a los sectores
del suroriente de la ciudad, donde hay más conflictos que dirimir”.
“Es muy poca la inversión que se hace en la prevención de la violencia intrafamiliar y hacia
allá debe ir el Distrito, por eso propongo crear el Observatorio de la Familia y pido que se
realicen campañas contra la violencia intrafamiliar, pero que lleguen a las escuelas de todos
los barrios de la ciudad”, expresó.
Para la concejal del Partido Alianza Verde, Angélica Hodeg, “la desarticulación que hay
entre las diferentes secretarías del Distrito es evidente, lo cual afecta el desempeño de
estas”.
“Le solicito a los secretarios del Interior y de Participación Ciudadana que trabajen
mancomunadamente, y pongan atención a las Comisarías de Familia que están como ruedas
sueltas, ya que cada una tiene postulados diferentes y eso afecta la atención a la
comunidad”, expresó.
El concejal Wilson Toncel precisó que “es triste que no haya recursos para fortalecer las
Comisarías de Familia. Toca atacar este problema tomando acciones inmediatas para que la
violencia intrafamiliar disminuya y se dé una mejor convivencia”.
“Aunque en una nación donde existe el hambre, es difícil que la familia salga adelante
porque siempre hay conflictos. Exhortó al alcalde que busque la manera de fortalecer las
Comisarías para que puedan realizar su trabajo en la resolución de conflictos”, advirtió a su
turno el presidente del Concejo, Lewis Montero.
¿Qué efectos tienen los debates del Concejo en la administración?
ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 12 de Julio de 2017 12:00 am
Los propios concejales han mostrado su preocupación por el efecto que conllevan muchas de
sus discusiones en la plenaria, pero que después, coloquialmente se quedan en “puro bla bla
blá” y no tienen eco en la administración distrital.
Paradójicamente después de la crisis administrativa de la suspensión del alcalde Manolo
Duque, los funcionarios de despacho están acudiendo a las citas en el Concejo, pero persiste
un rosario de temas sin respuestas y “en veremos”, aún.
Ese sentimiento se vio reflejado a través del concejal Rodrigo Reyes Pereira, quien pidió
recientemente a sus colegas hacer un seguimiento a los temas debatidos y por debatir, con
el fin de analizar los avances y cambios en la ciudad a partir de los mismos. Reyes dijo que
en los próximos días la bancada conservadora, a la cual pertenece, presentará una
proposición para resumir los temas abordados hasta la fecha.
El concejal resaltó la importancia de las sugerencias que la Corporación realiza en cada
sesión a los funcionarios distritales. “Abordamos muchos temas. El Concejo hace su trabajo,
que es sugerirles a los secretarios cuando vemos cosas que pueden mejorar la ciudad de
Cartagena, pero de pronto no estamos haciendo la medición, es decir, qué resultados se dan
cuando haces un debate para ver si están haciendo o no las cosas.
Creo que no se están acogiendo las propuestas en su gran mayoría; un ejemplo es que no han
presentado proyectos después de año y medio, les hemos dicho que por ejemplo, la Ley del
Sitio sugiere que hay que presentar proyectos. Los secretarios todavía a estas alturas del
partido algunos están respondiendo que no hay proyectos inscritos ni en Planeación ni a nivel
nacional”, expresó Reyes Pereira.
Un Concejo más público
De acuerdo a las últimas mediciones del Observatorio al Concejo de la Fundación por
Cartagena, Funcicar, la Corporación en los tres últimos años ha logrado ser más visible
haciendo uso de las redes sociales y otros mecanismos.
Lewis Montero, presidente del Concejo, ha aplicado algunas estrategias nuevas durante su
arribo al cargo en esta vigencia 2017.
Una de ellas ha sido la descentralización con la realización de debates y audiencias públicas
en las comunidades, como la reciente audiencia en el barrio Ceballos por una problemática
de terrenos; así como el debate al manejo de los recursos públicos para el sector deportivo,
audiencia que se hizo en el Complejo de Raquetas, como escenario idóneo y al cual
concurrieron deportistas y líderes del deporte a debatir sobre los problemas de la inversión
en el sector.
Aunque en anteriores vigencias esto ya se había hecho, ahora la idea es divulgar a través de
las redes sociales ese tipo de actividades fuera del recinto.
Opinan analistas
Pero para muchos, la culpa es del mismo Concejo. Carolina Calderón, directora de Funcicar,
cree que la efectividad de los debates y audiencias públicas, se puede fortalecer “si el
Concejo institucionaliza un mecanismo de seguimiento al control político que hace a la
administración”.
“En el 2016, ningún debate de control político desembocó en una acción pública que
resolviera la problemática debatida. Por ejemplo, desde 2014 hasta febrero de 2017, antes
de la tragedia de Blas de Lezo, se realizaron doce debates sobre irregularidades en control
urbano”, dice Calderón.
Juan Camilo Romero, analista en temas políticos, opina que los debates del Concejo Distrital
de deben mejorar mucho en su contenido. “Los concejales deben llevar a este recinto los
problemas que a diario sufre la ciudadanía cartagenera y plantear soluciones eficaces; así
mismo ser garantes de la comunidad ante el cumplimiento de las mismas, y no estar
haciendo debates espectaculares que rayan con la ramplonería”.
“No todo es malo, hay concejales que en realidad saben para qué están ahí y una de las
herramientas para saber cómo se comportan es el ejercicio que hace Funcicar con el
Observatorio del Concejo”, opina Romero.
Algunos de los debates "en el tintero" Dentro de los debates que han quedado “en el tintero” y sin respuesta o solución del Distrito están
*El debate a la medida de pico y placa de vehículos particulares y la restricción de los
sábados. Esta discusión tuvo varias versiones en 2016 y hasta el momento no hay un
pronunciamiento por parte del Departamento Administrativo de Tránsito sobre en qué se
basó para tomar la medida y hasta cuándo va el pico y placa de los sábados.
* Debate a la prórroga del convenio entre la empresa Aguas de Cartagena y el Distrito aún
no tiene respuesta por parte de las dos entidades.
*El debate sobre tres lotes de terreno del barrio Ceballos aún espera por una respuesta por
parte del Distrito.
*Sobre un debate al deterioro de la infraestructura de puentes de la ciudad, la Secretaría
de Infraestructura no ha dado respuestas aún a esa petición del Concejo, como tampoco a
las soluciones para los mismos.
*Un debate sobre situación del equipo de fútbol Real Cartagena, espera por las respuestas y
soluciones por parte del Distrito.
Frases: "El Concejo carece de una estructura investigativa. Sesiona mucho pero hace muy pocos debates, con excepciones, muy superficiales, poco profundos, con efectos nulos", Alcides Arrieta, abogado
"Los concejales deben hacer el ejercicio de interpretar en su real dimensión a quienes los
eligieron”, Juan Camilo Romero, analista político
"La ciudadanía espera que las decisiones públicas sean visibles y verificables”, Carolina
Calderón.
Investigarán "cartel de los accidentes" que abusaría de los Soat ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 18 de Julio de 2017 10:39 am
El ciudadano Eric Moy contó ante el Concejo que el pasado 10 de julio tuvo un accidente
cerca de la clínica de El Bosque, “pero no sé por qué razón me llevaron a la Clínica Barú que
estaba más lejos”.
“Me atendieron y me colocaron penicilina, sin hacerme la respectiva prueba, por lo que hice
alergia. Me dijeron que tenía fractura y por eso debían colocarme clavos y debían operarme.
Menos mal tengo familiares médicos y el diagnóstico fue diferente y solo me enyesaron ante
la negativa de dejarme operar. Yo pregunto ¿quién vigila a esta clínica cuyo interés es
exagerar en los tratamientos para después cobrar más al Soat?”, dijo el ciudadano.
La presunta alta atención de pacientes, producto de accidentes de tránsito, que solo serían
conducidos a ciertos centros asistenciales, dejando ver que habría un “cartel de la atención”
por los recursos del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) fue el centro del
debate en el Concejo.
De acuerdo a los concejales citantes Jorge Useche y Rafael Meza, del Partido Conservador, la
mayoría de pacientes que resultan de los accidentes viales son llevados a la Clínica Barú.
A su turno el concejal Antonio Salim Guerra denunció que “la clínica es propiedad del Grupo
Campbell, que durante los últimos seis años, ha estado bajo la lupa de las autoridades por
presuntos fraudes al Soat. Este grupo económico le cobró al Soat en el último año 70 mil
millones de pesos en la Costa. Por eso necesitamos que la máxima autoridad asistencial de la
ciudad (Dadis) le ponga mayor atención a lo que ocurre. Hay pruebas que vamos a enviar a
los entes de control”, expresó.
Habrá auditoría
Al debate acudieron Adriana Meza, directora del Departamento Administrativo de Salud
(Dadis); Álvaro Cruz, del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crued), y Edilberto
Mendoza, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT). Los
representantes de la IPS Clínica Barú no asistieron al debate.
Meza, directora del Dadis, dijo que hay 30 IPS que atienden emergencias en Cartagena y que
el Dadis recibe los reportes de las atenciones que les envían las clínicas.
“A la fecha no hay ninguna demanda contra la Clínica Barú, pero sin embargo estamos
tomando nota de la denuncia que acaba de hacer el señor Moy para iniciar la investigación.
La última visita de habilitación a la clínica se hizo en abril en 2015 y este año se le hace
auditoría de calidad a esa entidad”, expresó.
Por su parte Cruz, director del Crued, dijo que este es un sistema de comunicación más no es
asistencial. Reveló que en el 2017 se hicieron 3.638 remisiones y se reportaron 3.065
solicitudes para atención de pacientes.
De acuerdo a Cruz, de enero a junio de este año, la Localidad 1 es donde se atienden más
casos por emergencias siendo así que por traumas ingresaron al Nuevo Hospital de
Bocagrande 47 pacientes; mientras que a la Clínica Barú 38.
Cruz dijo que los accidentes de tránsito pueden ser atendidos en cualquier clínica, pues lo
importante es salvar la vida de los pacientes. “El año anterior fueron atendidos en los
servicios de urgencias, más de un millón de personas. De esos pacientes, las EPS son
responsables de garantizar la atención efectiva. Solo se reporta al Crued es cuando no
pueden ubicar a un paciente”.
Mendoza, director del DATT, indicó que los agentes de esa entidad asumen funciones de
policía judicial y realizan el acompañamiento al paciente al sitio donde es atendido, pero
que no tienen injerencia en el traslado de los mismos.
Disparidad en las cifras
Para el citante concejal Useche las cifras no cuadran. Expresó que “si hay traumas, las
víctimas deben ser trasladadas al centro asistencial más cercano. Queremos saber qué ocurre
cuando se accidenta alguien en Cartagena y ¿por qué termina en la Clínica Barú? El DATT
informa que en 2016 se atendieron 5.599 víctimas por accidentes, pero el Crued habla de
1.329, entonces por qué hay disparidad de criterios en las cifras. Lo que sí es claro es que la
clínica Barú atiende al 74% de estos pacientes” expuso Useche.
Indicó que accidentes en la Vía al Mar son llevados a la Barú, habiendo otros centros de salud
más cercanos”.
El concejal Rafael Meza consideró que “sería bueno que exista una plataforma única y que la
maneje el Crued para direccionar los pacientes. Es preocupante que esto siga pasando
porque una persona puede morir mientras llega a la Clínica Barú por los trancones que hay
en la ciudad”.
Hotel y Distrito buscan lote para megaparque ordenado en sentencia ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA 13 de Julio de 2017 12:00 am
El castigo que le puso el Consejo de Estado a la Compañía Hotelera Cartagena de Indias,
dueña del edificio en donde funciona el Hotel Hilton en El Laguito desde hace tres décadas,
fue la construcción de un megaparque de las mismas dimensiones de los terrenos ocupados,
el cual debe contar con el mantenimiento de esta sociedad por 30 años.
Asimismo, la firma está obligada a realizar otras reparaciones en espolones y otras obras en
áreas de playa, como mecanismos para resarcir su falta al Estado y al Distrito.
Al debate en el Concejo sobre cómo va el cumplimiento de esa sentencia acudieron Cristian
Barrios Morales, abogado demandante en representación del accionante, Norberto Gari
García; el capitán de Puerto, Pedro Javier Prada Rueda; el secretario de Planeación,
Leopoldo Villadiego y la jefe jurídica del Distrito, María Eugenia García.
Luego de 12 años de litigio, el Consejo de Estado falló el 14 de marzo de este año, después
de que el Tribunal Administrativo de Bolívar le negara la acción popular para recuperar
terrenos de la Nación que fueron englobados de forma irregular por la compañía que
construyó el Hotel Hilton.
El debate fue citado por los concejales William Pérez de La U; y Rafael Meza del Partido
Conservador, quienes a través de cuestionarios indagaron a las autoridades citadas sobre el
avance para el cumplimiento del fallo.
Hablan citados
Para el abogado Barrios, en representación del accionante, el proceso durante 12 años y el
cumplimiento de la sentencia, ha tenido obstáculos, no por parte de la Compañía Hotelera
sino por parte del Distrito.
Barrios Morales dijo que “Nunca hubo interés por los resultados de la acción popular luego de
12 años de lucha jurídica”.
Para el abogado la solución y opciones de lotes que presenta el Distrito a través de
Planeación, con la escogencia de cuatro lotes en la ciudad, no es la más adecuada porque
dichos predios no son los más aptos y no se adecuan a lo que pide la sentencia.
La historia
Morales contó a través de la lectura de un oficio cómo obtuvo sus derechos el adquirente,
Compañía Hotelera, de los terrenos de propiedad del Estado en la parte final de El Laguito
que eran bienes de uso público. Relató apartes de una historia que se remonta a 1971.
En 1971 se conformó la Compañía Hotelera Cartagena de Indias S.A., a la cual el Distrito
aportó una porción de terreno que englobó 5 lotes de la Urbanización El Laguito, los cuales
estaban destinados a la construcción de una escuela, un templo y zonas verdes entre otros.
El aporte del Distrito constó de 850 mil pesos entonces para dicha sociedad. Otro de los lotes
fue comprado a Suramericana.
En 1980 la compañía englobó e hipotecó los seis lotes. En la actualidad, el inmueble donde
está el hotel con los lotes que aportó el Distrito, y las tierras ganadas al mar, ocupan hoy un
área de más 35 mil metros cuadrados.
“Se aplicaron indebidamente los artículos 719 y 724 del Código Civil relativos a la accesión
de terrenos contiguos a las riberas de un río o lago y a través de tal figura la compañía se
apropió de un área de terreno de más de 27 mil metros cuadrados”, citó el jurídico.
Los representantes de la Compañía Hotelera se excusaron y no asistieron al debate.
“Compañía demanda a la Nación”
Para María Eugenia García el Distrito sí ha cumplido en el proceso. La funcionaria dijo que
“no podemos estar a favor de los particulares y la sentencia no admite una compensación
distinta a la ahí señalada, por eso no podemos remitirnos a predios de secciones urbanísticas
que no se las podemos entregar al hotel”.
Reveló además que la firma hotelera tiene una demanda de reparación directa en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca por más de 111 mil millones de pesos en contra de la
Nación, el Ministerio de Defensa, la Dimar, y el Distrito de Cartagena.
“Dudo que cumplan”
Pérez Montes aseguró que fue un buen debate a pesar de la ausencia del representante del
hotel Hilton: “El debate perdió fuerza cuando no llega el accionante titular, pues mandó un
representante, y tampoco llega la compañía hotelera. Nosotros perdimos el 50% del debate.
Pero en términos generales estuvo bueno que se hubiera realizado porque de cierta forma se
empapó el Concejo de lo que está pasando y creo que podemos poner manos a la obra”.
“Estamos viendo que al parecer la compañía está dilatando el proceso para el cumplimiento
del fallo. Les exigimos que le cumplan a Cartagena. Esta compañía debe buscar y adquirir el
terreno en el que va a construir el parque. La administración a través de Planeación no
puede buscarle el predio y mucho menos cederle alguno porque podría incurrir en la
ilegalidad”, añadió. Habrá que esperar para ver en qué queda la orden judicial de construir
un parque a cambio de terrenos donde se construyó un hotel.
“La ciudad está esperando que el Hotel Hilton retribuya de la manera en la que el Consejo
de Estado señala, los terrenos de los que se apropió hace más de 30 años y de los cuales ha
sacado provecho económico, dijo el concejal Rafael Meza.
Opinan concejales
“Nuestro llamado es que le cumplan a Cartagena. Este proceso no se puede dilatar más
porque los perjudicados somos los ciudadanos. Sugiero al Hotel Hilton que tenga en cuenta la
zona suroriental para la construcción del parque, puesto que en esos sectores se necesitan
espacios de recreación y de aprovechamiento del tiempo libre por parte de niños y jóvenes”,
dijo la concejal Duvinia Torres.
“Ya está bueno que le roben a Cartagena. La ciudad debe saber lo que el Hotel Hilton le está
debiendo. Ya es hora de que este prestigioso hotel le pague a nuestra ciudad, y que lo haga
con creces. No podemos permitir que esto siga sucediendo”, dijo el concejal David
Caballero.
“Debemos analizar el tema a fondo porque la construcción del parque es por decirlo de
alguna manera, un castigo para la compañía hotelera por apropiarse de un bien del Distrito.
Entonces ellos son quienes deben conseguir el lote. El Distrito no debe dárselo”, dijo Jorge
Useche.
El retorno de Pión a los debates del Concejo, tras operación REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg CARTAGENA DE INDIAS
25 de Julio de 2017 12:00 am
Tras varios días fuera del ajetreo del Concejo, regresó a la plenaria el concejal César Pión ,
luego de someterse a una “delicada intervención quirúrgica”, como parte de un tratamiento
que sigue para ciertas afecciones de salud, conoció este medio. Pión había ido al Concejo
después de la operación, pero tuvo que incapacitarse varios días para un mayor cuidado.
Aunque sus primeras intervenciones en las sesiones fueron pausadas por su estado
convaleciente, desde hace unas cuatro sesiones se le ha visto recuperar poco a poco el tono
enérgico que le caracteriza.
“Aunque ha opinado en varios debates álgidos realizados en el Concejo, como el debate a la
Concesión Vial, lo ha hecho con aportes moderados y tranquilos pero poco a poco ha ido
tomando el ritmo”, contó un asesor del Concejo a El Universal.
“Luce con un poco menos de peso, pero está bien y responde bien a ese tratamiento y habrá
Pión para rato”, expresó la fuente.
A los otros dos miembros de la bancada de La U, Duvinia Torres y William Pérez les tocó
mantener el ritmo del equipo en cuanto a aportes en temas y proposiciones, en la ausencia
del concejal Pión, y hay quienes consideran que Pérez “se mostró más”, ya que fue el
protagonista de varios debates candentes en el Concejo, como el de las playas de El Laguito,
entre otros.
Concejo clausura hoy segundo periodo de sesiones REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg CARTAGENA DE INDIAS 31 de Julio de 2017 10:09 am
En la mañana de hoy se está dando clausura al segundo periodo ordinario de sesiones del
Concejo. Entre tanto, con la realización de seis audiencias por fuera de la corporación, como
descentralización del cabildo, un total de 87 sesiones, del 1 de enero al 30 de junio, la
aprobación de 5 proyectos de acuerdo y 108 proposiciones presentadas, el presidente, Lewis
Montero Polo, rindió cuentas públicas de esta corporación.
A su turno, Felipe Santos, jefe de la oficina asesora jurídica del Concejo, advirtió que del 1
de enero al 30 de junio se han presentado 14 tutelas contra el Concejo y se le ha dado
cumplimiento a los fallos. “En cuanto a los procesos jurídicos ante el Tribunal Administrativo
de Bolívar desde el 2016 hay dos procesos de nulidad electoral, el primero contra el acto de
elección del Personero. El mismo fue archivado. La segunda fue contra el acto de elección
de la Contralora Distrital, cuyo fallo fue apelado”, dijo Santos.
Expresó que hay 11 procesos ante los jueces administrativos, que son atendidos por la
oficina.
Montero Polo, advirtió además, que el Concejo “seguirá siendo la voz de la comunidad y
ejerciendo un control político para seguir siendo una entidad visible”. “Yo quiero destacar
logros importantes con los debates realizados, como por ejemplo el desmonte del pico y
placa los sábados. Hicimos varios debates con la participación del director del DATT, de los
gremios y la comunidad, y le solicitamos al alcalde desmontar la medida”, dijo.
Destacó la realización de las audiencias públicas para tratar temas específicos. “Por
ejemplo, fuimos a Ceballos para tratar un problema de titularidad en ese barrio, a Bayunca
para debatir el tema del alcantarillado y logramos concitar al Alcalde y su gabinete. En esa
sesión, el alcalde dio a conocer que ya estaba todo listo para comprar el lote y la ministra de
Vivienda dio la cara a la comunidad advirtiendo que el proyecto estaba en etapa de
viabilización”, manifestó.
“Nosotros los concejales tenemos la fortuna de trabajar no solo para la ciudadanía sino
además con la ciudadanía. Siento que una rendición de cuentas es más una ratificación de lo
que ya la comunidad conoce de nuestros pasos, sobre todo porque somos vigilados
estrictamente por la dirigencia gremial y ciudadana de la ciudad, a través del Observatorio
al Concejo, y porque hemos avanzado en la difusión diaria de nuestras sesiones para que
también nos observen y evalúen el resto de la ciudad”, expresó.
“La ciudad no puede detener su dinámica”: Pión y Salim ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA DE INDIAS 15 de Agosto de 2017 12:00 am
En una reunión con gremios de la Comisión Primera o del Plan, que preside el concejal César
Pión, varios cabildantes llegaron a la Corporación, que retoma sesiones formales en octubre.
A la sesión concurrieron Pión, y los concejales, Antonio Salim Guerra, Duvinia Torres, Erich
Piña, Édgar Mendoza, David Caballero, Javier Curi y Judith Díaz.
Pión se refirió a la crisis y a una alusión que de él hace la contralora Nubia Fontalvo, que
dijo que “era un mal lector”, quizá refiréndose a los libros que presuntamente se habían
entregado al Concejo.
“No lo soy, y estoy muy tranquilo de todo, cada quien tiene derecho a expresar del otro lo
que crea”, dijo.
“Los funcionarios somos sujetos de investigaciones y podemos cometer errores, para eso
hemos confiado en la justicia y las investigaciones se están haciendo y se dirá si existen o no
responsabilidades. Lo único claro es que la ciudad no se puede parar, independiente de los
calificativos en la redes, debemos dar la cara, y aprovechar el momento, aquí hay que
repensar el ejercicio político”, agregó Pión.
“No evado responsabilidades personales, no justifico nada, pero muchas de las
responsabilidades de lo que ocurre en Cartagena las tiene el Gobierno Nacional, porque ha
sido permisivo, porque ha tenido sus manos metidas durante mucho tiempo con mucha
influencia desde Ministerios y otro tipo de negocios, no es lo mismo Barranquilla que
Cartagena, allá liberaron las hectáreas de la Base Naval sin ningún problema, pero aquí ha
sido imposible; porque ahí hay intereses de empresarios para marinas y otras cosas, es que
Cartagena es la perla del orden nacional, en las islas el Gobierno no ha querido definir la
legalidad de las mismas, en donde Ministros y potentados son dueños de islas y nadie toca
ese tema, pero el todo lo relegan al orden local”, dijo.
A su turno, Antonio Salim Guerra expresó que: “Lo de hoy en el Concejo fue un hecho
político importante, ya que a pesar de que la ciudad está pasando por un mal momento
desde el punto de vista administrativo, el Concejo invita al gobierno y a los gremios a hacer
un frente común para sacar adelante proyectos tan importantes como el POT, el cual incluye
plan maestro de drenajes, protección costera entre otros. La dinámica de la ciudad no se
debe detener y cada uno debe asumir las gestiones y responsabilidades que les
corresponde”.
"Toncel tiene que regresar al cargo": Defensa MÓNICA MEZA ALTAMAR @ElUniversalCtg CARTAGENA 2 de Septiembre de 2017 12:00 am
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sección quinta, dejó sin
efectos el auto dictado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio del cual se
admitió la demanda de Carlos Barrios Gómez contra el acto de llamamiento del concejal
Wilson Toncel Ochoa y se decretó la suspensión provisional de ese acto.
Cabe recordar que el presidente del Concejo, Lewis Montero, posesionó a Toncel como
concejal, según la Resolución 059 del 11 de mayo de 2017, para suplir una vacancia para el
periodo constitucional 2016-2019. Toncel reemplazaría a Barrios, a quien mediante la
Resolución 047 del 06 de abril de 2017 le fue declarada la cesación de sus funciones como
concejal y la vacancia de su curul.
Por considerar que hubo violación del debido proceso, el Juzgado Séptimo Penal Municipal
con funciones de control de garantías revocó el fallo que destituyó a Barrios, devolviéndolo a
su cargo como concejal el 14 de julio.
El abogado de Wilson Toncel Ochoa afirmó que “se había suspendido esa orden del
presidente del Concejo. Esa medida se acaba de caer al revocarse la suspensión provisional
que hizo el Tribunal Administrativo de Bolívar.Esta decisión del Concejo de Estado, a mi
juicio, aclara todo. Primero, el fallo con responsabilidad fiscal sí genera inhabilidad
sobreviniente y vacancia absoluta en el cargo, por lo que en consecuencia al generar
vacancia absoluta en el cargo Barrios estuvo en desacato. No porque lo dijo el presidente del
Concejo, sino porque la ley así lo establece. Segundo, Barrios tiene que salir del cargo.
Tercero, Toncel tiene que regresar al cargo”.
Agregó que “voy a presentar el fallo del Consejo de Estado al Juzgado Séptimo Penal
Municipal con funciones de control de garantías para que suspenda su medida, y lo voy a
denunciar por prevaricato. La norma dice que no se puede presentar más de una tutela y ese
juzgado le aceptó seis a Barrios”.
o afecta su cargo
Barrios manifestó que el fallo del Consejo de Estado no tiene impacto alguno sobre la curul
que ocupa. “La decisión del juzgado que ordenó mi reintegro es clara. La revocatoria del
Consejo de Estado fue por una demanda de nulidad electoral que yo presenté contra él
(Toncel). Con la admisión de la demanda decretaron una medida cautelar que lo separó del
cargo. Ellos pasaron un recurso de apelación a la Junta Admisoria y el Consejo de Estado
revocó la medida cautelar y decidió continuar con el proceso. El fallo definitivo no ha
salido”, sostuvo Barrios.
Recalcó que “lo que lo separa a él del cargo, de forma definitiva, no es esa demanda. Es la
acción de tutela de segunda instancia que salió del Juzgado Séptimo Penal del Circuito”.
Según fallo del Consejo de Estado Useche no debió posesionarse ERNESTO TABORDA HERRERA @ernestotaborda CARTAGENA 4 de Septiembre de 2017 07:57 pm
Siguen las noticias en torno al concejal Jorge Useche. Un fallo en segunda instancia del
Consejo de Estado a favor del concejal Rodrigo Reyes del mismo partido Conservador,
confirma que quien debió posesionarse como concejal fue Reyes y no el concejal Useche.
“El Consejo de Estado, resalta en este fallo que efectivamente la Comision Escrutadora
Departamental, actuó con vicio al hacer “falsa motivación”, es decir me quitaron votos y
esta célula no comprobó, no sustentó, solo comparó y no rectificó los votos que me
quitaron”. Es decir el concejal siempre fui yo; y se demuestra que fui víctima de prácticas
amañadas”, explicó Reyes.
El fallo se desprende de una demanda electoral presentada por el hoy concejal Reyes, ante
el Tribunal Administrativo de Bolívar, en 2016, para que se le reconociera como concejal
aduciendo que la Comisión Escrutadora “de manera ilegal y fraudulenta le quitó unos votos,
lo perjudicó y no permitió que se posesionara como concejal”.
El caso es que Reyes entró al Concejo no por Useche sino por la salida del concejal Zaith
Adechine, quien perdió su curul por una demanda electoral, debido a la inhabilidad porque
su hermana era funcionaria de Iderbol.
Ahora lo que habrá que aclarar es si Useche, hoy detenido en la cárcel de Sabanalarga, por
el escándalo de la elección de la contralora Nubia Fontlavo, sigue ostentando o no la
credencial o deberá salir para que entre quien le siga en votos.
Asimismo el Consejo de Estado también le negó una tutela al exconcejal Zaith Adechine
quien buscaba mantener su curul.
"CNE y Registraduría deben resolver caso de credencial de Useche" REDACCIÓN POLÍTICA @ElUniversalCtg CARTAGENA DE INDIAS 8 de Septiembre de 2017 12:00 am
Para la magistrada Claudia Patricia Peñuela, quien preside el Tribunal Administrativo de
Bolívar, lo que hizo el Consejo de Estado en el caso del concejal Jorge Useche fue confirmar
un fallo de primera instancia, en la decisión que se tomó en este tribunal.
La magistrada hizo la claridad sobre el caso, y reiteró que cuando los procesos tienen
segunda instancia estos pasan al Consejo de Estado para su pronunciamiento o decisión.
Asimismo la togada reiteró que en el fallo se declaró la nulidad del formulario E26, expedido
por la Comisión Escrutadora Departamental de Bolívar, por el cual Jorge Useche pudo
reclamar su credencial y posesionarse en el cargo de concejal. En la decisión el Tribunal
canceló la de Useche.
Fue precisamente el Tribunal Administrativo de Bolívar, en su sala de decisión 3, con
sentencia 6, que declaró la elección de Rodrigo Reyes Pereira como concejal, por el partido
Conservador.
“Todas estas actuaciones fueron confirmadas por el Consejo de Estado”, explicó Peñuela.
El mismo Tribunal decidió solicitar que no se expidiera otra credencial a Reyes Pereira, ya
que este candidato pudo entrar al Concejo y asumir una curul, Pero en cambio, la Sala
comunicó la decisión al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional para que
procedan a expedir la credencial respectiva al candidato del Partido Conservador que siga en
el orden.
Estas notificaciones también deben ser tenidas en cuenta por la mesa directiva del Concejo
de Cartagena.
Tres candidatos siguen en el orden en la lista conservadora y potencialmente alguno de ellos
entraría al Concejo. Son ellos: Óscar Marín Villalba, Libardo Díaz Martínez y William López
Camacho.
Mientras tanto, Jorge Useche, a sus escasos 29 años, se ha convertido en el concejal más
impopular de toda la historia de la política local, debido al escándalo de la elección de Nubia
Fontalvo y a un grueso número de conversaciones que sostuvo por teléfono y que revelaron
un presunto plan para delinquir con la administración pública. Ahora, además debe beber el
trago amargo de quedarse sin credencial.
Se cree que esta decisión que lo despoja de su rol de servidor público no afecta la orden del
juez de darle cárcel en la prisión de Sabanalarga, exclusiva para funcionarios.
