Balance Crítico

Primer Premio en Ciencias Sociales 2016 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Francisco Muñoz JaramilloEDITOR

Santiago García Álvarez

Diego Carrión Sánchez

Francisco Gachet

Mario Unda

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BALANCE CRÍTICO DEL GOBIERNO

DE RAFAEL CORREA

2017

Balance crítico del gobierno de Rafael Correa

Los derechos originales de esta obra pertenecen:

2014, de la coordinación y edición: Francisco Muñoz Jaramillo

2014, de los textos de los ámbitos: Económico, Francisco Gachet y Diego Carrión; Político Francisco Muñoz Jaramillo; Política Económica, Santiago García Álvarez.

Editor: Francisco Muñoz Jaramillo

ISBN: 978-9942-20-922-1

ISBN: 978-9942-945-50-1

Primera edición: diciembre 2014

Segunda edición electrónica: junio 2017

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Los diferentes análisis que contiene esta publicación fueron revisados por académicos einvestigadores, de conformidad con las políticas de revisión de pares del ISIP de la Facultad de Ciencias Económicas.

UNIVERSITARIADITORIAL

Este libro expone los resultados de la investigación: "Balance crítico del gobierno de Rafael Correa: forma de Estado y régimen político, desem-peño económico y sumak kawsay o buen vivir (Periodo 2007-2013)",

Francisco Muñoz Jaramillo - Director del proyecto y editor

Equipo docente:

Santiago García Álvarez

Diego Carrión Sánchez

Francisco Gachet

Mario Unda

Equipo estudiantil:

,zurC annahoJ ,zetíneB oleusnoC ,zeáB nahtanoJ ,abraB ainaT ,asiulahcnA divaDViviana Garzón, Yadira Hernández, Daniel Fabara, Daniela Barreiro, Tito Madrid, Carlos Alberto Michelena, Kléver Moreno, Diego Ortiz, Gabriela Velarde, Leonardo Zúñiga, y a quienes se vincularon como voluntarios a la misma: Rubén Haro, Gladys Piedra, Sandra Ortega, Jorge Méndez y Pablo Salazar.

Facultad de Economía - Instituto de Posgrado e Investigación Económica -

Carreras de Sociología - Política

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

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Primer Premio en Ciencias Sociales 2016

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

además se incorpora una actualización al 2016.

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Balance Crítico del Gobierno de Rafael Correa

Introducción

Esta nueva edición que presentamos del Balance Crítico del Gobierno de Rafael Co-rrea incluye un examen de las tendencias económico-políticas que se han dado luego del año 2014. En tanto se ha requerido actualizar “en líneas generales” el periodo de Correa, objeto de la investigación y exposición del mencionado libro, cuya primera edición fue publicada en el año 2015. En efecto, esta segunda edición, correspondiente al “Primer Premio en Ciencias Sociales” otorgado por la Universidad Central en marzo de 2016, aborda esta actualización hasta junio de 2016. En ella se encontrarán análisis relativos a los ámbitos: económico, expuesto por Diego Carrión; político, por Francis-co Muñoz y Mario Unda1; y, política económica, por Santiago García.

Ámbito Económico

Hace más de noventa años el economista ruso Nicolai Kondratieff afirmaba que “... la vida económica en el orden social capitalista no es de carácter simple y lineal, sino complejo y cíclico” (Kondratiev, 1979, p. 33), y se refería a los períodos de auge y crisis, sean coyunturales o largos, propios de este modo de producción.

La discusión provocada y la evidencia empírica presentada, eran suficientes como para que la ciencia económica asuma la tarea del análisis dinámico de estos periodos; y sin embargo, noventa años después sigue primando un análisis económico profundamen-te estático y cosificado.

Hoy el Ecuador enfrenta la fase de crisis de un ciclo corto provocado por su importan-te dependencia del precio internacional del petróleo. Pero más allá de la descripción

1 En este prefacio del ámbito político participó Carlos Michelena Ordóñez, egresado de sociología de la Universidad Central, integrante del equipo de estudiantes pasantes de la investigación.

Prefacio a la Segunda Edición

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empírica del modelo adoptado por el gobierno de Rafael Correa los últimos diez años, o sus resultados al final del ciclo, parece el momento propicio para otro tipo de re-flexión que permita leer el momento actual (punto de inflexión en el ciclo) desde una óptica analítica, de la cual pueden obtenerse valiosas lecciones.

Cuando se modifican las condiciones estructurales, es decir, cuando se afectan los procesos de reproducción de la vida y sus condiciones materiales, existen cambios a nivel de la subjetividad, las instituciones, las leyes, la política pública y todas las formas denominadas superestructurales. Esto no ocurre de manera mecánica ni au-tomática. El cambio estructural se produce y reconfigura un campo de lucha en el que se enfrentan, por un lado, las instituciones y, por otro, el sentido común del po-der con la experiencia de las relaciones de producción tal como las viven las clases subordinadas (Meiksins Wood, 2000).

Frente a la fase de auge petrolero de la última década, las instituciones y el sentido común del poder, que venía de veinte años de crisis y desgaste de su legitimidad, cambiaron. El neodesarrollismo, forma ajustada para denominar a la política económica de este gobierno, representa ese reacomodo superestructural en el sentido común del poder, necesario para la reconstrucción institucional que el momento requería. Se enfrentaron dos retos muy im-portantes, útiles ambos para relanzar y profundizar los procesos de acumulación de capital:

1. Aplacar el ciclo de luchas sociales iniciado en la década de los noventa a propósi-to de la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena, que coincidía con la resistencia al ajuste neoliberal, y que deslegitimó a las clases dominantes en todas sus expresiones políticas partidarias, al punto de generar una crisis política de largo aliento;

2. Administrar de manera orgánica, en favor de las distintas facciones del capital, la importante renta originada en la coyuntura de altos precios del petróleo.

Crear competitividad sistémica, significa invertir ingresos públicos para construir obras de infraestructura (carreteras, puentes, represas, centrales hidroeléctricas, etc.), imponer legislación, y un clima de negocios favorable. Estas obras públicas tienen un rendimiento marginal superior dependiendo del volumen de inversión factible para cada agente eco-nómico. Por ejemplo: el rendimiento económico de las carreteras para la empresa de co-mercio oligopólico minorista, que mueve por todo el país sus mercancías, es muy superior, en términos absolutos, comparado al rendimiento del pequeño campesino que mueve re-ducidos volúmenes de producción en cortas distancias. La inversión en competitividad sistémica sin redistribución de los activos económicos solo pudo reproducir la desigualdad del “viejo país”, marcada a fuego por la colonialidad del poder tradicional oligárquico.

El enfrentamiento con ciertas facciones del capital, antes que afectación a sus procesos de acumulación, buscaba únicamente el posicionamiento de la nueva institucionalidad necesaria para la ampliación de dichos procesos en la coyuntura.

La experiencia de las relaciones de producción por parte de las clases subordinadas no sufrió cambios profundos. Continuaron siendo relaciones de apropiación del tra-

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bajo por parte de los dueños del capital, que tienen como correlato la despotenciación material y subjetiva del trabajador. Resultado de lo cual es la enajenación de su po-sibilidad de leer la realidad más allá de los fenómenos de cosificación del trabajo y personificación del valor, el dinero y la mercancía. El cambio significativo fue el surgi-miento de una forma de salario social que complementa los ingresos obtenidos en su relación con el capital, con ingresos en especie obtenidos de su vínculo con el Estado: servicios públicos, atención médica, educación. Este salario social, forma y contenido de una política asistencial, se convirtió en la principal vía para aplacar la lucha social del periodo previo y, junto a la criminalización de la protesta, el desgaste mediático de los liderazgos de izquierda, la creación de organizaciones paralelas afines al gobierno, y la cooptación de cuadros o/y organizaciones, dieron un golpe determinante contra las estructuras organizativas de los movimientos sociales.

Punto de quiebre: la caída de los precios del petróleo y la disminución de la renta petrolera configuran un nuevo escenario, donde el papel del Estado como admi-nistrador común de la renta en beneficio de las facciones de capital se vuelve superfluo. Un campo popular debilitado, una normativa que criminaliza la lucha y aplaca sus posibilidades. Todas condiciones que propician el retorno de una insti-tucionalidad y sentido común del poder propio al ciclo opuesto, es decir, propio de la crisis estructural producida por los magros ingresos fiscales, que en la lógica del capital exigen reducción de su aparato institucional, eliminación del salario social, retorno de las inversiones rentables al sector privado, y demás medidas de ajuste estructural propias del neoliberalismo.

De pronto las ideologías irreconciliables, neoliberalismo y neodesarrollismo, encuen-tran una serie de coincidencias entre sí, que dan cuenta de una misma lógica interna apegada a la reproducción del hecho capitalista (valorización del valor) y comple-mentada por el interés político del grupo que hoy controla el aparato del Estado. Las diferencias ideológicas anteriores parecen obedecer únicamente a las condiciones co-yunturales para la reproducción material del capital, y no a posicionamientos éticos fuertes o compromisos sostenidos con la población más vulnerable. Lo inasible, lo disuelto en el aire, lo relativo, cobra momentáneamente solidez y se asume con una coherencia impecable: sostener el poder del soberano es el fin principal, y para hacerlo hay que proteger el sistema económico, se debe fomentar alianzas con el sector priva-do, flexibilizar la protección a los trabajadores, privatizar empresas públicas, diseñar exenciones para fomentar la actividad privada, desmontar paulatinamente el salario social, etc. Puro pragmatismo. No sorprenderá, entonces, que la campaña electoral que se avecina, no pase de una competencia entre personajes prefabricados por la industria del espectáculo. Simplemente no hay cabida ya para la confrontación programática, apenas se podrá diferenciar simples matices del tipo conocido ya en los noventa, res-pecto a un ajuste estructural rápido tipo shock o el gradualismo de centro izquierda.

¿Significa esto que se debe asumir metodológicamente el determinismo económico que anula toda subjetividad para hacer una lectura presente y prospectiva de la realidad? De ninguna manera. La determinación que sobre la forma de pensar tienen las relaciones eco-

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nómicas implica un primer nivel de la conciencia, que no alcanza el grado de interioridad y reflexividad de aquello que lo mejor del pensamiento marxista denomina subjetividad.

Las relaciones de producción capitalistas, conllevan el surgimiento de un sentido co-mún funcional a la reproducción de las mismas. Incidencia estructural que determina una conciencia enajenada, basada en el “no saber” (Sartre, 2014 (1961)), es decir, una serie de creencias resultado de la propia enajenación y despotenciación material de la población que no han sido contrastadas, demostradas ni reflexionadas, y son la conciencia espontánea de una determinada materialidad: las relaciones capitalistas de producción. No saber significa acción separada de la conciencia, que funciona en el marco de las relaciones que la crean, gracias a que no es consciente.

Pero los sujetos sociales son capaces de reflexionar sobre sí mismos en el marco de dichas condiciones materiales. Pueden construirse a sí mismos como objeto de cono-cimiento en el ámbito de su interioridad y, entonces, solo entonces surge la subjetivi-dad como espacio reflexivo, pero principalmente como espacio volitivo (Sartre, 2014 (1961)). Cuando el sujeto se hace objeto de conocimiento de sí mismo y desplaza el no saber para construir una comprensión de sí mismo cruzado por la experiencia, la ética, la política, la condición estructural (“en sí”) se hace condición subjetiva (“para sí”) y a partir de dicho conocimiento el sujeto puede decidir. El espacio de la subjetividad es entonces el espacio de la voluntad y la agencialidad.

Por ello, el nuevo ciclo descendente al que se aboca la economía ecuatoriana, no re-presenta únicamente la consolidación del sentido común neoliberal como línea de continuidad lógica y pragmática del sentido común neodesarrollista (expresada ade-más en la elección entre candidatos que no se diferencian en lo fundamental entre sí) sino, principalmente, una nueva oportunidad para la agencialidad de los actores que quedaron aplacados tras diez años de lo que se presentó como una alternativa que re-cogía los valores y propuestas del campo popular, que decía representar la oposición al enemigo que había provocado su plataforma de lucha más reciente: el neoliberalismo.

El punto de inflexión, sin embargo, puede no tener la fuerza que hoy aparenta. Con-diciones externas al mecanismo económico podrían incidir positivamente sobre el precio del petróleo, principalmente el tan anunciado agotamiento de las reservas mundiales. Situación que prolongaría relativa y temporalmente la recepción de ren-tas por parte del Estado; es decir, el ciclo de crisis podría ser atenuado y generar condiciones materiales que prolongarían el tiempo de viabilidad de los actuales go-biernos mal llamados “progresistas”.

Con esta consideración final, resta por decir que la ciencia económica enfrenta un reto mayor: dar cuenta de la realidad y prospectiva económica en el marco de los ciclos. Producir una comprensión que abarque, explique y permita maniobrar en las dos fases que lo componen. Esto para ser capaz de lanzar proyectos de largo aliento basados en construcciones teóricas dinámicas, asentadas en las relaciones sociales y no en la cosi-ficación categorial de la que hace gala la teoría económica convencional.

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Ámbito Político

I.

El prefacio de este ámbito aborda los aspectos relativos a la configuración política, los conflictos de clase enmarcado en el contexto de la crisis económica y regional. Este examen fue realizado a partir de 2015, constituyéndose en una actualización de la investigación que abordó el periodo del gobierno de Rafael Correa hasta el año 2014.

En efecto, en los últimos meses del año 2015 se vivieron situaciones de manifiesta consolidación del modelo político, evidenciadas principalmente en el ejercicio bona-partista/ verticalista del presidente Correa. Esto se pudo advertir de manera especial cuando se optó por un proceso de cambio constitucional que incluyó nuevas modifica-ciones para fortalecer el régimen político implementado en estos años. El mismo que se dio al terminar 2015 con la aprobación de las enmiendas constitucionales.

Cambios a la Carta Magna, por otra parte, que se han implementado gradualmente durante el periodo presidencial de Correa. En primer lugar, a través de la inaplicación en los hechos -en determinadas circunstancias- de la Constitución de Montecristi. Se-gundo, promoviendo cambios a la Carta Magna a través de la vía del referéndum, como ocurrió en el año 2011, para proceder a la reforma de la Función Judicial. O, finalmente, utilizando la figura de las enmiendas constitucionales, vía resolución de la Asamblea Nacional, en el mes diciembre de 2015.

Las enmiendas constitucionales se encaminaron a afirmar, principalmente, dos aspec-tos del modelo político del correísmo. En primer lugar, se restringieron derechos y participación democrática en temas como la consulta popular. Esta enmienda eliminó la posibilidad de convocar a plebiscito “sobre cualquier tema”, y se prevé una limitada consulta sobre asuntos de interés común. Además, el cambio de régimen laboral de los trabajadores públicos, que pasaron de la jurisdicción del Código laboral -que garantiza los derechos más importantes para los trabajadores- a la Ley de Servicio Público, que restringe algunos derechos laborales y sindicales. Modificación que, a cambio de algu-nas prebendas y privilegios, sacrifica la organización sindical y la protesta o huelga de este segmento laboral. Adicionalmente se establece una enmienda constitucional so-bre el cambio de misión de las fuerzas armadas, redirigidas a “la seguridad interna del Estado”, que “eventualmente” generará posibles casos de militarización de la sociedad. Situación que es posible ante la invocación del estado de excepción. La nueva orienta-ción de la mencionada enmienda abriría las puertas de los cuarteles para su utilización interna ante cuestiones que el Estado considere como peligrosas para su seguridad, y esto puede volver vulnerable la aplicación de los derechos humanos.

En segundo lugar, las enmiendas constitucionales se refieren a la racionalización del Estado en cuanto a aspectos de presupuesto y de competencias de los gobiernos descen-tralizados y de la Contraloría General del Estado. Se entregan las competencias a los Go-biernos Autónomos Descentralizados (GAD) sobre temas de infraestructura, educación y salud, disponiendo que estos servicios públicos se ajusten a la planificación central del

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Estado. Y, en cuanto a la Contraloría, se elimina su capacidad para auditar “las gestiones” y “la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado”.

En síntesis, el contenido sustancial de las enmiendas se mantiene en la línea de afian-zamiento del modelo y régimen político implementado por el gobierno de Correa en el proceso de estructuración de la forma de Estado intervencionista. Algunas de las enmiendas restringen derechos y afectan la estructura del Estado, motivo por el cual se demandó su resolución por vía de consulta popular. También se advierte que dichas modificaciones a ciertas disposiciones constitucionales pretenden consolidar el modelo político: como es el caso de la reelección indefinida para dignidades de elec-ción popular. Como también la restricción a la participación popular en los gobiernos seccionales, la declaratoria de servicio público del derecho a la comunicación, el límite al proceso de definición de la autonomía regional, entre otros.

Simultáneamente, en el mes de enero de 2016 se anunció la necesidad de implementar nue-vas enmiendas para incluir cambios tales como la supresión del derecho a la resistencia y otras (El Comercio, diciembre 2015)2. Cuestión que quedó postergada por la emergencia de la crisis y la falta de respaldo popular. En este aspecto la historia nos recuerda el juego tramposo de Velasco Ibarra en 1946, precisamente, para revertir la progresista Constitu-ción de 1945 e imponer una carta magna de derecha que rigió en el Ecuador hasta el año 1967. La historia ecuatoriana se repite a través de distintos perfiles de liderazgos carismá-ticos, una vez –como decía Marx- como tragedia y otra como comedia.

En esta línea de fortalecimiento político, por otro lado, se encuentran otros cuerpos legales y acciones coactivas asumidas por el gobierno y que han sido examinadas en la investigación y expuestas en la parte respectiva del libro. Son los casos del Código Integral Penal y la Ley de Comunicación3; un proceso de agudización de la crimina-lización de la protesta social (Pérez Carlos, 2015)4 como respuesta a la movilización y resistencia social; y el conflicto del colectivo juvenil por la defensa del Yasuní y la negativa a permitir la realización de una consulta popular sobre el tema.

Uno de los mecanismos que marcaron las pautas del modelo político de Alianza País en este periodo es la sofisticación de los medios para criminalizar la protesta social. La aprobación del Código Penal es importante en este objetivo del régimen. La tipi-ficación de los delitos de sabotaje, terrorismo, desacato, constituyen las muletillas de fiscales y jueces que han buscado de alguna manera imponer penas a los presos de las

2 Las nuevas enmiendas propuestas refieren temas sobre restricciones a los asambleístas de ser parte del gabinete de Gobierno, así como ampliación de competencias al Consejo de la judicatura, etc.

3 Aprobadas en julio y noviembre de 2013.

4 El caso de los 10 de Luluncoto, el caso de los estudiantes del Central Técnico, del Colegio Mejía, del Colegio Montúfar, los procesos judiciales a los dirigentes indígenas como Jorge Herrera y Carlos Pérez, así como líderes comunitarios, algunos de ellos lideraron luchas contra el extractivismo como en Íntag el apresamiento del dirigente antiminero Javier Ramírez. Todos estos procesos tuvieron irregularidades, arbitrariedades y sobre todo la aplicación en los juzgados de las sentencias que daba el Presidente en las sabatinas.

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protestas y a líderes de la lucha social. Junto con lo anterior, vemos que el aumento de las penas con relación al antiguo Código en estos delitos (El Comercio, enero 2014), así como en otros casos, demuestran una forma punitiva, disciplinaria de dirigirse hacia la sociedad, basada en el temor a la cárcel. Por lo tanto, un modelo penal que opta por la lógica de la coacción y el castigo antes que por la prevención de los delitos.

El caso Yasuní, por otra parte, demuestra el rechazo del gobierno a las iniciativas de consulta popular que buscan decidir sobre temas de importancia. Cuando Correa anunció el fin de la Iniciativa que planteaba dejar el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní, un movimiento ecologista y social promovió protestas de rechazo, que culminaron en un llamado a la consulta popular. Sin embargo, el gobierno utilizó todo tipo de artimañas para evitar el camino hacia la consulta, a través de deslegiti-maciones y sabotajes al movimiento Yasunidos y otras organizaciones sociales que llevaron adelante la propuesta. Y para sofocarla totalmente, el Consejo Electoral, anuló un gran porcentaje de las firmas y se negó el pedido de consulta.

Reformas y disposiciones legales, como acciones gubernamentales, en consecuencia, que han conducido -en línea regresiva- a afianzar el modelo político estatista que se ha implementado en estos años a espaldas y en detrimento de la sociedad y sus organizaciones. Esta orientación se ha evidenciado en procesos represivos como el sucedido en diciembre de 2015, el mismo que reprimió fuertemente la manifestación social5 por un lado y, por otro, en acciones orientadas a la división, sometimiento y subordinación de las organizaciones sociales, como la creación artificiosa y manipula-da de nuevas agrupaciones ligadas al oficialismo. Se ha impuesto de esta manera una conducta coactiva y disciplinaria que ha llevado a situaciones de devastación social.

II.

En esta perspectiva analítica, dice Zibechi al referirse al caso ecuatoriano “... la nueva centralidad del Estado, depurado ahora de movimientos sociales deja paso a una gu-bernamentalidad centrada en la figura del Presidente/caudillo, dueño del poder y del saber, que cataloga como “enemigo público” a todo aquel que se le enfrente o disienta“ (Zibechi, 2015). En esta medida en el gobierno de Correa se ha expresado la concepción de Schmitt (2009) sobre la política, quien la concibe como enfrentamiento entre “ami-gos–enemigos”. Un régimen -como se ha definido- de corte bonapartista/cesarista, que pone por delante la representación personal o el carisma del liderazgo y una fuerte presencia y dirección vertical de corte populista. En este sentido, en estos años se ha construido un régimen político que despliega su lado coactivo hacia los movimientos

5 El saldo que dejaron las movilizaciones de agosto de 2015 (donde confluyeron las marchas urbanas de masas y el levantamiento indígena) fue de más de 100 presos alrededor de todo el país, en el que se incluyen personas de la tercera edad, madres embarazadas y personas fuertemente golpeadas. La mayor violencia que se registró por parte del Estado fue contra las comunidades indígenas en las zonas rurales que plegaron al levantamiento de agosto, donde aún recordamos la represión desmedida y brutal a los manifestantes en El Chasqui-Cotopaxi, en Saraguro-Loja y en Sucúa-Morona Santiago. Posteriormente, en el mes de mayo de 2016, fueron sancionados a cuatro años de cárcel por cerrar las vías en el transcurso de las protestas del año anterior.

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sociales y el pueblo que discrepan con su conducta y medidas. Centrando la actividad gubernamental en torno a la simpatía o repudio de la figura carismática y su política.

“El progresismo latinoamericano -dice Modonessi- está ligado al destino de unos hom-bres y mujeres providenciales en crecientes dificultades o cada día menos consistentes. Al haber abusado del caudillismo como recurso político estratégico, el progresismo tambalea desde la cúspide y no se sostiene desde abajo” (Modonessi, 2015).

“... ya que pesa -continúa el autor mencionado- una década o más según los casos, de desmovilización sostenida desde arriba, desde la rectoría del Estado-Gobierno-Presi-dente, desde una concentración de poder decisional que se mantuvo intacta a pesar de que los movimientos populares de los 90 y principios de los 2000 eran portadores de banderas participativas y de profundas y radicales críticas al liberal democratismo de la gobernabilidad, el presidencialismo y la partidocracia” (Modonessi, 2015).

“... Un Estado –dice por otra parte Zibechi- capaz de controlar e integrar, de infiltrar la sociedad y sus organizaciones autónomas, un ‘Estado capilar’ complemento del ‘Estado fuerte’. (...) Un Estado fuerte para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, básicamente mineras. (...) Mientras en la primera fase del neoliberalismo era el mercado el que orientaba la acumulación por desposesión, ahora esa tarea le incumbe al Estado, sea conservador, progresista partidario del Socialismo del siglo XXI” (Zibechi, 2015).

La organización política liberal desarrollada en este periodo ha sido la fuerza institu-cional que han logrado expresar los llamados gobiernos progresistas, luego de haber recibido un Estado en proceso de descomposición. Han fortalecido las instituciones a través de la concentración de las decisiones políticas en los líderes y su grupo. Donde se advierte la concepción por la cual el monopolio del hacer política se encuentra en la decisión del partido oficialista y del líder carismático. Desde este punto de vista acusan moralmente a sus opositores por “estar haciendo política” sin haber ganado las elecciones. Una concepción bajo la cual, supuestamente, el Presidente representa los intereses comunes de la nación. Y, en consecuencia, es el único autorizado para hacer política desde el Estado, mientras que la sociedad, las organizaciones populares están negadas a hacerlo por fuera de los márgenes de la institucionalidad estatal.

Carácter del Estado y régimen, entonces, que ha desarticulado organizativa, ideo-lógica y simbólicamente la constitución de una voluntad social colectiva nacional en el proceso de consolidación de la hegemonía para modernizar el capitalismo ecua-toriano “desde arriba”, implementando el patrón de reproducción o acumulación extractivista de los recursos naturales y la reprimarización de la economía en el marco de un proceso de renovada dependencia a las nuevas necesidades de penetración y articulación del capital financiero, modificado como consecuencia de la crisis mundial de 2008 y que replantea el contenido y la forma de la dependencia respecto a aquella que vivió América Latina en la década de los setenta del siglo pasado. Cabe en este punto situar la problemática que manifiesta que mientras en los años setenta del siglo pasado la dependencia estuvo ligada a la penetración del capital transnacional produc-

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tivo; hoy, en cambio, se advierte la vinculación de nuestras economías latinoamerica-nas a las necesidades de la financiarización mundial que se ha agudizado con la crisis capitalista de 2008.

Modernización, así mismo, que ha profundizado la monopolización y oligopolización de la economía. Si bien el régimen de Correa en estos años ha implementado algunas medidas de política pública -en línea progresiva- como en el caso de la promoción de la economía social y solidaria, en los hechos ha actuado para articularla a la política predominante de acumulación mencionada.

Situación descrita, por otra parte, que evidencia uno de los conflictos que se ha dado entre el gobierno y la globalización neoliberal. Presentándose, en sus momentos más altos, como enfrentamiento con la hegemonía norteamericana y, en otros, como en-frentamientos puntuales, por caso, con algunas empresas transnacionales petroleras. Pero su contenido básico viene dado por la inserción del proyecto correísta en el mar-co de las disputas por la hegemonía del sistema-mundo.

Análisis de la nueva situación creada –expuesta en párrafos anteriores- que permite interpretar, en consecuencia, el carácter, cambio y consolidación de la norma consti-tucional en la perspectiva de afianzar la forma del dominio político. Al mismo tiempo deja ver, por otro lado, el comportamiento arbitrario del estado de excepción, del ré-gimen y del liderazgo correísta; ingresando sus propias “reglas” en una condición de inestabilidad. De tal manera que no existe –o se manifiesta vulnerable- un sistema ju-rídico que prevea sus transformaciones en forma parecida a como se impuso el estado de excepción fascista en momentos de aguda crisis política en Alemania.

En esta perspectiva analítica, entonces, el derecho en rigor ya no limita el poder. En cuyo caso se “despliega hacia la esfera de la intervención estatal”, que produce efectos sobre la función parlamentaria que se encuentra sometida a la rama del Ejecutivo a causa de la trasformación del derecho (Poulantzas, 1971). En este aspecto es interesante observar el proceso coyuntural brasileño al destituir a la presidenta Dilma Rousseff. Donde precisa-mente se encuentra expresado este fenómeno de la evolución del Estado contemporáneo en la región. Algunos de los dispositivos jurídico constitucionales han servido para la actuación arbitraria del poder político desconociendo el derecho. Ciertamente, desde claros intereses fácticos ligados a la necesidad de implementar medidas y hacer uso del aparato del Estado con fines privados y procesos de corrupción, como se ha podido observar en el mencionado caso brasileño, en los meses de mayo a agosto, que terminó enjuiciando y apartando del poder a la presidenta Dilma Rousseff (Vollenweider, 2016)6.

6 El proceso de juicio político a Dilma Rousseff en Brasil es un caso especial en el que los grupos políticos (la derecha conservadora y neoliberal de este país) actúan arbitrariamente y pasan por alto el derecho. Esto porque el poder Legisla-tivo ordenó un juicio político careciendo de razones y evidencias que demuestren la implicación de Rousseff en casos de corrupción. Resaltando el maquillaje de las cuentas públicas como principal argumento. Sin embargo, esta es una situa-ción que no se considera como una falta o delito; y los diputados que acusan a Dilma hicieron la vista gorda a los procesos judiciales, estos sí por corrupción, en los que estos están implicados. Para más detalles sobre el proceso político último de Brasil revisar un artículo sobre la estrategia de las derechas para dar este golpe de Estado.

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En este contexto nacional y regional se puede situar la significación del liderazgo del presidente Rafael Correa. El mismo que proviene de esa condición “bonapartista-po-pulista” del régimen político –como se pudo mostrar en el proceso de investigación- expresado en la fortaleza unilateral de la forma de Estado intervencionista. Si las en-miendas constitucionales dejaron ver estos rasgos descritos del régimen político, las posiciones asumidas por Correa frente a los conflictos relacionados con las FF.AA., la Universidad Andina y los trabajadores en torno a la seguridad social en los primeros meses de 2016, pusieron de manifiesto una vez más su liderazgo prepotente y rígido. Que muestra una sicología verticalista en la relación con los otros. Y que viabiliza a través de la encarnación del caudillo el régimen político que ha vivido el Ecuador en estos años de correísmo.

Tanto en la actuación frente a la elección de Rector de la Universidad Andina y, sobre todo, en la decisión de Correa de disponer de manera inconsulta el retiro de 41 millo-nes de dólares del presupuesto de la seguridad social militar (ISSFA), supuestamente mal negociados con el Ministerio del Ambiente; como en la relación institucional del Presi-dente con las FF.AA., se expresa este tipo de conducta. Liderazgo que ha restringido el debido proceso y el cauce jurídico requerido para casos de esta naturaleza. Clara muestra del liderazgo presidencial, que representa un régimen político que desconoce el derecho y actúa desde la imposición del poder y el predominio arbitrario del líder carismático. Y que buscaba adicionalmente, poner de manifiesto la línea y modelo universitario y la mutación de la tradicional misión de las FF.AA. expresada en la propuesta de una de las enmiendas constitucionales (Asamblea Nacional, 2015)7. Por otra parte, este comporta-miento se ha expresado en la decisión unilateral del gobierno sobre asuntos de interés público, como el retiro del aporte del Estado al IESS, el mismo que llegaba a un 40% de las pensiones jubilares. Esta medida fue incluida en la Ley de Justicia Laboral, y fue definida por los sectores populares como un saqueo al IESS y a los fondos que por disposición constitucional el Estado debe aportar a la seguridad social8.

Los tres hechos observados son un síntoma de la tensión y conflicto del régimen con los militares que se resisten al cambio de misión; de los universitarios que demandan autonomía, la misma que ha sido restringida en la Ley de Educación Superior y en la práctica del correísmo; y de los trabajadores que exigen protección a la disposición constitucional sobre la seguridad social.

Cambios, en consecuencia, sustanciales al régimen jurídico-político; precisamente para ejercer el poder bajo la forma estatista y autoritaria, concentradora de las fun-ciones estatales. En definitiva, la reforma de la Constitución de Montecristi, se da precisamente en aquellos aspectos que supuestamente limitan la autoridad ejecutiva, estatista y concentradora del poder. El mismo que ha ido madurando en estos años de

7 La enmienda relativa a las FF.AA. dice: “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la sobera-nía e integridad nacional y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley”.

8 Artículo 371 de la Constitución de la República de 2008.

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correísmo. Fuerza y poder impuesto a la sociedad y que deja, sin duda, una estela de ilegitimidad y consecuente déficit de hegemonía democrática. Así como conflictos y contradicciones sociales que provocaron movilizaciones y resistencias para enfrentar esta estructura y conducta política.

Definiciones constitucionales, acciones y medidas políticas que se dieron, por otra parte, en momentos en que la economía entró en una situación crítica poniendo de manifiesto su situación recesiva, la misma que se combina con los efectos económicos del terremoto de abril de 2016. Provocando en la coyuntura la disputa entre sectores y grupos económicos por la distribución de la plusvalía y ganancia disminuidas por efec-to de la mencionada recesión, la disminución internacional del precio del pétroleo y la apreciación del dólar; generando disputas y exigencias al interior de las clases dominan-tes, que tienen por trasfondo el reparto del plusvalor social, y que se expresa en la escena política como conflictos en torno a la representación de dichas clases dominantes.

III.

Proceso político descrito en párrafos anteriores que se ha manifestado, por otro lado, como un factor de incidencia en el agravamiento y profundización de la crisis econó-mica. Y que ha dificultado las salidas efectivas a la solución o, al menos, neutralización de aquella. Situación que se ha visto evidenciada en la conducta gubernamental para enfrentar la catástrofe nacional por el terremoto del 16 de abril, donde se ha mostrado el liderazgo y la forma estatista para enfrentarla, desconociendo y subestimando la participación de la sociedad civil.

La perspectiva del gobierno fue organizar la respuesta a la catástrofe por medio del Es-tado, en tanto representación institucionalizada de la sociedad. Considerando de manera unilateral que el Estado se constituye en un legítimo espacio en el que la acción colec-tiva encuentra una expresión fidedigna. En este sentido, se dejó de lado las iniciativas populares locales y nacionales de solidaridad desde abajo. Esta posible solución ha sido suplantada por una acción burocratizada y asistencial, que ha subestimado las potencia-lidades que la población organizada autónomamente tiene para superar estos momentos críticos. El gobierno ha utilizado la adversidad, por otro lado, para justificar el inicio de un proceso de definición de políticas económicas de corte neoliberal y obtener recursos para saldar el costo del desastre, tales como determinadas privatizaciones, el alza del IVA y el pedido de ayuda financiera a los organismos internacionales como el FMI y el BM9.

En consecuencia, la crisis económica y los efectos del terremoto de abril de 2016, han causado en conjunto un ambiente de inquietud ante la aplicación de soluciones de corte neoliberal, que implementan medidas que conducen a la precarización de la con-dición laboral justificadas como una aparente protección del empleo. Sin embargo,

9 Hay dos artículos que tratan más extensamente el tema de la catástrofe y la acción del gobierno ante ella (Ospina, 2016), (Saltos, 2016).

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junto con estas medidas se mantienen las políticas que fomentan la producción y la intervención del Estado, generando en el proceso de gestión anticrisis una especie de hibridación de ambos modelos de política económica recurrentes en la región, el neo-desarrollista y el neoliberal.

Situación que revela un conflicto político-económico que ha profundizado el ambiente de inestabilidad e incertidumbre de los primeros meses de 2016. Y que ha provocado movilizaciones de trabajadores y movimientos sociales, protestando por el desempleo y los cambios laborales que proyecta el gobierno. Agravado con la tragedia y las me-didas económicas10 asumidas para enfrentar el terremoto del sábado 16 de abril. El comportamiento presidencial en estas circunstancias ahondó los límites hegemónicos, desgastó la legitimidad y la confianza requeridas por el gobierno para superar políti-camente esta tragedia nacional.

IV.

Por otra parte, en esta interpretación de la situación actual, se requiere examinar los efectos de la crisis en la evolución de los conflictos interburgueses. Y, en consecuencia, describir las tensiones entre fracciones y grupos económicos dominantes que se han dado en estos meses, y que ponen en cuestión la unidad del bloque de poder, el mismo que ha sido expresado, principalmente, en la tensión por la disputa hegemónica entre sectores ligados al mercado exterior, exportadores especialmente, y fracciones rela-cionadas con el mercado interno, como importadores, por caso. Y que en la situación de crisis disputan la mantención de réditos y ganancias. O, al menos, la posibilidad de neutralizar perjuicios –generados por la crisis- adversos a sus intereses.

Al analizar las condiciones económicas coyunturales, Pablo Ospina (2015) sugería una hipótesis sobre el comportamiento y las diferencias entre los sectores económicos en este periodo. Ospina advierte el desplazamiento de la hegemonía en la lucha inter burguesa al interior del bloque dominante, evidenciándose diferencias y tensiones re-sultado de la crisis de 2015. Donde es posible observar niveles de tensión entre sectores comerciales y financieros, así como un manejo arbitral, por parte del Presidente de la República, en correspondencia con el carácter bonapartista-populista. Actuación presidencial para matizar la hegemonía de un grupo y que pretende un equilibrio de la política económica hacia las diversas demandas de los sectores empresariales.

Decía el mencionado autor, que en el periodo anterior a la situación de 2015 se eviden-ció una política económica centrada en la representación de los sectores importadores y comerciantes del mercado interno; como en los grupos o sectores cuyos intereses y acción se encuentran en el ámbito de la construcción de la obra pública y provisión de servicios al Estado. Estructuración del bloque que puso de manifiesto las restric-ciones a la influencia del poder de la banca como del capital financiero, cuya deuda fue

10 Préstamos al FMI y BM, venta de activos del Estado como hidroeléctricas, subida del IVA y otros impuestos, despidos en el sector público, recortes del presupuesto general, etc.

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auditada en 200811, y se relativizó así mismo las ventajas y beneficios de los sectores exportadores e industriales.

En cambio, durante la crisis y medidas anunciadas para enfrentarla se revierte este proceso antes descrito. Se modifica la relación, unidad y hegemonía del bloque domi-nante y se ingresa a una relación privilegiada con los sectores exportadores -lo que coincide con la aprobación que hacen Perú y Colombia del Tratado de Libre Comer-cio, negociado por el Ecuador con la Unión Europea- favoreciendo principalmente a los exportadores costeños. Dicha estructuración subordina, por otro lado, tanto a los importadores como a los comerciantes del mercado interno. Y genera una importante recuperación de la relación del gobierno con la banca, con quien establece puntos de vista comunes y acuerdos para enfrentar la recesión de la economía12.

En este marco se aprueba la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas, abriendo espacio a la participación de la inversión empresarial en la obra pública desde una perspectiva de corte neoliberal. En que se establece los siguientes incentivos a las empresas que inviertan en el país: la exención de diversos impuestos para las inversiones privadas, como los impuestos a la renta hasta por 10 años, a la salida de divisas, a la importación de insumos productivos; así como la condonación de deudas con el IESS, entre las principales. Así mismo, la norma dispone que el sector privado pueda participar accionariamente, en forma minoritaria, en la empresa o institución pública (Producción.gob.ec, 2015). La ley fue aprobada por el oficialismo en medio de pugnas entre sectores de Alianza País en torno a la definición respecto a la inclusión de las alianzas público-privadas en los proyectos estraté-gicos. Lo cual fue negado por la bancada de Alianza País, pero a último momento se decidió incluir a los proyectos hidroeléctricos como inversiones que se benefician del mencionado cuerpo legal. Estas alianzas son una de las respuestas del gobierno para recuperar a las zonas afectadas por el terremoto y la economía del país en medio de la crisis.

En todo caso, el primer proyecto emblemático firmado bajo esta nueva modalidad de relaciones con la empresa privada fue la concesión por 50 años a la empresa Dubai DP World, y su asociado nacional, el Grupo Nobis, para la construcción de un proyecto estratégico: el puerto de aguas profundas de Posorja; por el cual el Estado recibiría 3 mil millones de dólares. Esta concesión nos recuerda al trato que EE.UU. le dio a Pana-má al controlar por 100 años el canal que se encuentra en este país caribeño.

En el mes de abril -cuando se discutía la conveniencia a la utilización de la moneda electrónica- se dialogó con la banca privada para facilitar la administración de este ins-trumento monetario por parte de las entidades financieras privadas. Sin embargo, esto fue negado por el mismo Presidente de la República días después de aprobada la ley.

11 Auditoría publicada en diciembre de 2008, presentada por la Comisión para la auditoría integral de la deuda pública, creada en 2007. www.cancilleria.gob.ec.

12 “Se prevé un cambio en las relaciones con el gobierno”, fue lo que dijo César Robalino al despedirse del Directorio de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, en diciembre de 2015. Su sucesor es Julio José Prado, que hoy mantiene diferencias con el gobierno alrededor de la propuesta del dinero electrónico (El Universo, noviembre 2015).

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En efecto, el dinero electrónico fue otro de los aspectos debatidos al interior del bloque dominante, puesto que para el sector financiero privado esta alternativa del gobierno se presentaba como una oportunidad para fortalecer el negocio financiero. Es por eso que desde abril de 2015 la banca proponía al gobierno que el sector com-prara la plataforma para el manejo de la nueva moneda. Esta aspiración de los ban-queros solo fue desechada totalmente en mayo de 2016, cuando el gerente del Banco Central, Diego Martínez, anunció que el dinero electrónico sería regulado y vigilado por el BCE, y del cual los bancos y las telefónicas solo serían meros instrumentos operativos en el sistema de pagos que debería canalizarse a través del Banco Cen-tral. A partir de este anuncio, la banca perdió toda simpatía por el proyecto y atacó la norma por considerar que el Banco Central no da la “confianza” suficiente para manejar esta moneda (El Comercio, 17 mayo 2016). El titular del Banco Pichincha, Antonio Acosta, opinó sobre este hecho y dijo que el proyecto de dinero electrónico no despega porque la banca privada no lo maneja, y que el Banco Central regule la moneda causa desconfianza (El Comercio, 17 mayo 2016).

En esta perspectiva de tensión y reacomodo del bloque también se han visto benefi-ciados sectores de la industria incentivados por la prohibición o restricción de impor-taciones y la imposición de las salvaguardias. Incrementando así su crecimiento en el marco del desarrollo endógeno y permitiendo el impulso de algunos sectores indus-triales internos. Al mismo tiempo se ha consolidado este perfil, unidad y hegemonía del bloque dominante a través del fortalecimiento de los vínculos financieros, comer-ciales y de inversión, con China. Relación que se muestra como un aspecto destacado y determinante en la configuración del mencionado bloque y diferenciación de las fracciones y grupos económicos dominantes.

Los últimos meses, en consecuencia, se vieron tensionados y agravados por un ambiente de incertidumbre social y económica. Generándose una situación de inestabilidad. La misma que se vio reflejada en la restricción del empleo, la dismi-nución de la inversión, la parálisis recesiva de empresas, el despido de trabajadores públicos y privados, y las dificultades y quiebras de los pequeños emprendimien-tos. Así mismo, se evidenció una situación de falta de liquidez monetaria que se manifestó en el déficit fiscal y que podría amenazar la vigencia de la dolarización. La mencionada moneda electrónica sería un mecanismo para paliar la situación, crear un bimonetarismo y, eventualmente, conducir la economía a un proceso de desdolarización. Dramáticas circunstancias que han colocado a los sectores do-minantes en una línea de cerrada defensa de la moneda del águila. Y que advierte nuevas diferencias y tensiones en el bloque dominante, y de este con las decisiones de política económica del gobierno.

En estas circunstancias se anunció, por un lado, el proceso de cierre del acuerdo con la Unión Europea, que se aspira a firmarlo en el mes de diciembre; y, por otro, se con-cretaron relaciones con la banca nacional y acuerdos con los organismos financieros internacionales con la finalidad de solventar la economía en el año 2016, como la relación urgente y decisiva con la República Popular China para la obtención de prés-

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tamos que permitan corregir la crisis fiscal. Al mismo tiempo que se anunció una disminución importante en la inversión estatal y provisión de empleo.

El gobierno envió a la Asamblea Nacional en 2015 y 2016 algunos proyectos de ley que permitieron obtener recursos para afrontar la crisis económica y que afectaron a los secto-res de bajos y medianos ingresos. Entre estos se destacan el incremento de los impuestos a productos industrializados de consumo más o menos masivo, como bebidas alcohólicas y azucaradas, cigarrillos, etc. Así también se aprobó el incremento temporal del IVA del 12 al 14%. Pero esta no es la única medida de política fiscal que afecta a los recursos de los secto-res populares. Se encuentra también vigente la disposición legal que establece el retiro del 40% de las aportaciones del Estado al IESS para pagar jubilaciones. Son estos elementos de política fiscal donde el Estado busca mayores réditos en la disputa por la distribución de la plusvalía en momentos en que la crisis ha mermado los ingresos fiscales.

Situaciones, unas y otras, que mantuvieron hasta la mitad del año 2016 tensionada la unidad, los acuerdos y jerarquía constituida del bloque dominante. Pero, so-bre todo, diferencias y oposición como descontento por parte de los movimientos sociales opuestos a las medidas para enfrentar la crisis económica por parte del gobierno, en tanto se busca hacer recaer el peso de esta sobre los sectores popula-res y medios. Es por eso que desde el año 2015 se observaron en todo el país mo-vilizaciones convocadas por sectores sindicales y sociales en contra de las medidas económicas. Esto permitió evidenciar, entonces, el conflicto entre la burguesía y el movimiento popular, donde se destacan las siguientes líneas: conflictos económi-cos en relación al trabajo y a la redistribución del ingreso; conflictos políticos por la expresión de una fórmula alt ernativa al correísmo; en definitiva, el conflicto relativo a la independencia política de las clases subalternas.

V.

Es necesario, así mismo, considerar en este prefacio el tema de las posibilidades y límites en la estructuración de una voluntad colectiva nacional popular. Esto se ha puesto de manifiesto en la importante recuperación del movimiento social y sindical en los años 2015 y 2016. Se pasó de una situación de reflujo a una de flujo. En el 2015 se dieron movilizaciones como las de los meses de marzo y mayo, y una marcha y levantamiento indígena, así como un paro nacional de trabajado-res que se expresó de manera significativa el 13 de agosto de 2015. Se calcula que se movilizaron en Quito cerca de 150.000 personas. Particular significación tuvo en la mencionada marcha la participación de sectores medios quiteños, en clara demostración de su contrariedad y desacuerdo con el gobierno de Correa y las de-cisiones de política económica propias de la situación de crisis; donde se destaca, especialmente, la afectación que hizo el Gobierno y la Asamblea Nacional, entre otras, a la seguridad social.

Fue en este clima de movilización descrito en líneas anteriores que se levantó la bandera de oposición a las enmiendas constitucionales propuestas por el régimen en

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el año 201513. Principalmente la que proponía la reelección inmediata. La autonomía del movimiento social-sindical se vio en la necesidad de coincidir parcialmente con sectores de derecha que privilegiaban la oposición a esta reforma; lo que permitió una expresión movilizadora y aglutinadora de los sectores medios. Sin embargo, pa-radójicamente, después se dio un proceso de debilitamiento y desarticulación. Que fue evidente el momento en que la declaración de los dirigentes sociales, sindicales e indígenas llamando a una participación autónoma excluyó a las posiciones parti-distas de derecha que habían intentado representar a dichos sectores.

La mencionada situación llevó a estos a limitar su expectativa en las movilizaciones sociales convocada por el colectivo de organizaciones sociales14, la CONAIE y el FUT; y debilitar su participación. Sectores de importante tradición democrática que terminaron alejándose de la dirección del movimiento social y ausentándose de las movilizaciones quiteñas. Se abrió entonces así la posibilidad de abstenerse, en unos casos, y en otros de menor significación, de adherir a la representación de derecha. En todo caso se desmovilizaron y abrieron un compás de espera. Esta ha sido una tensión permanente en el desarrollo del movimiento social en este último periodo que ha expresado el conflicto al interior de las clases subalternas, que tiene por con-tenido principal la disputa en torno a la independencia política versus la absorción por cualquiera de las opciones políticas dominantes del gobierno o la oposición.

Se produjo, entonces, en los meses y semanas subsiguientes a agosto, una situa-ción de debilitamiento de la participación en las sucesivas marchas programadas por los dirigentes del movimiento social. Y que se manifestó en la movilización del 3 de diciembre, en los alrededores del Palacio Legislativo, para oponerse a la aprobación de las enmiendas por parte de la Asamblea Nacional. Resultado adver-so que permitió mostrar de cuerpo entero el triunfo del oficialismo y el revés de la dirección del movimiento social.

Importante recuperación en todo caso del movimiento social en el último periodo que, sin embargo, evidenció algunas falencias de organización, de desarrollo pe-dagógico y organizativo, y de carácter ideológico. Límites y debilidades que fue-ron considerados en los balances que los propios trabajadores, indígenas y sec-tores populares se encargaron de realizar. A este análisis se adiciona otra falencia relativa a los límites de conducción política por parte de la izquierda, orientada a sus procesos electorales y legales, y que dejó al movimiento social restringido en su conducción.

13 La oposición del movimiento social a las enmiendas abarcaba tanto la oposición a la reelección indefinida, como a la eliminación de la sindicalización del sector público, y en menor medida al cambio de misión de las fuerzas armadas redi-rigidas a la seguridad interna. Además, destaca que otra de las razones de la movilización es la falta de redistribución de tierras y de agua, que sigue generando pobreza a los sectores indígenas, entre otras cosas (Contacto Directo, 13 agosto 2015). Entrevista a Carlos Pérez Guartambel.

14 El colectivo de organizaciones sociales fue formado a finales de 2014.

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VI.

Los primeros meses del año 2016 han prefigurado, por otra parte, la escena y condi-ción del proceso electoral. Luego de la decisión asumida por el oficialismo de estable-cer como transitoria la reelección indefinida, para después de las elecciones de 2017, Correa eliminó la posibilidad de ser nuevamente candidato en dicho proceso electoral. ¿Táctica de respuesta al desgaste y debilitamiento de Alianza País y el presidente Co-rrea? O ¿maniobra para desarmar a la oposición de derecha, de centro y de centro izquierda, y alcanzar la presidencia con otra figura de Alianza País?

Momento preelectoral que se ha visto atravesado por una marcada crisis, los efectos económicos y sociales del terremoto del sábado 16 de abril, así como por las medidas y políticas asumidas, y por asumir, por parte del gobierno de Rafael Correa. Al mismo tiempo que presionado por la necesidad de establecer acuerdos con el FMI al que ha recurrido en los últimos días para obtener un préstamo. Todo lo cual ha tensionado el ambiente y abierto eventualmente conflictos en el interior del bloque dominante. Y de este con el movimiento social que se movilizó el 17 de marzo y en el tradicional desfile del Primero de Mayo, para reclamar que la crisis no recaiga en sus hombros. Proceso económico social que incidirá en la decisión de los actores y en el desempeño electoral hacia finales de 2016, víspera de las votaciones para elegir Presidente y asambleístas. Y que en mayor proporción podría afectar la candidatura oficial.

Disputa y tensión mencionadas que se observa a través de las máscaras de la repre-sentación, y de los conflictos que se generan entre agrupaciones políticas, dirigentes y sectores sociales del Ecuador. En estas circunstancias se vuelve a constatar la debi-lidad de la representación política. La misma que no corresponde a la realidad. O que la situación del conflicto de clases, y de las tensiones entre fracciones y sectores eco-nómicos -en el contexto de la crisis económica-, limita su concreción.

En el proceso electoral de 2006, cuando el Ecuador eligió presidente a Rafael Correa, ya se expresó esta vulnerabilidad de la representación propia de la dinámica política ecuatoria-na. En dicho contexto, la participación electoral y el triunfo de Correa respondieron a estas condiciones descritas. Su elección fue producto de este vacío y este límite. Como se dijo fue un candidato “outsider”. En su afán por consolidarse, y con el objetivo de superar esta falencia de la estructuración política ecuatoriana, meses después de asumida la presidencia, Rafael Correa se orientó hacia la construcción de una organización predominante de corte hegemónico. Con este propósito hizo uso en el año 2013 de una estrategia electoral, legal y administrativa, que efectivamente llevó al oficialismo a obtener una amplísima mayoría asamblearia. Fortaleza que pronto se diluyó –mostrando su vulnerabilidad e inconsistencia para superar los límites de la representación- en las elecciones seccionales de febrero de 2014. Revelándose así la limitación del liderazgo correísta y su déficit de hegemonía.

Esta estructural y endémica debilidad de la política ecuatoriana, condición del proceso electoral de 2017, se ha visto exacerbada por la presencia de una conducción bonapar-tista-populista de dimensión caudillista. Vieja historia de la configuración partidaria

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del Ecuador. Que hoy se repite con matices. En tanto, la implementación de medidas económicas y políticas regresivas, antes que progresivas, por parte del gobierno en estos años, ha dejado sin resolver cambios estructurales prometidos y necesarios. Así también, la aplicación de incentivos y restricciones, de corte legal y administrativo, como institucional, que se han dado en este periodo, principalmente a través de los cuerpos legales respectivos como el Código de la Democracia, han limitado la organi-zación y representación político-partidaria. Como una de las manifestaciones agudas de las circunstancias sociales para superar las crisis políticas. Precisamente aquellas que reflejan los límites en la estructuración partidaria. Esta vez dicho límite del Ecua-dor, se evidencia sobre-determinado por la crisis económica. Poniéndose una vez más en la historia situaciones de decadencia y descomposición del sistema político.

Proceso electoral en el Ecuador que se da, además, en el contexto de las mutaciones políticas de América latina, principalmente en los países de los llamados “gobiernos progresistas”. Que haría suponer un cambio en la correlación y confrontación de fuerzas regionales y en la forma de estructuración del sistema partidista imperante. El mismo que en algunos países se ha desplazado desde una organización predo-minante -soporte de los llamados gobiernos progresistas durante estos diez años- a una suerte de “bipartidismo polarizado”, entendido como el enfrentamiento entre agrupaciones de derecha neoliberal y posturas de los llamados progresistas, donde caben múltiples alineamientos a nivel de la escena política. Situación que dependerá de cada uno de los casos y países que se encuentran en procesos de desestabilización política (Venezuela, Brasil, Argentina, etc.).

Nuevo contexto regional que se ha visto matizado por una geopolítica y estrategia continental implementada por la derecha tradicional y moderna. Expresión de las fuerzas retrógradas de la región. Y que se ha manifestado como diferencia y oposición de los llamados gobiernos “progresistas”. Llevando así a circunstancias de adversidad en la correlación de fuerzas de estos regímenes. Evidenciándose al mismo tiempo los insuficientes cambios estructurales prometidos, y que se ha expresado en la ausencia de mutaciones ideológico culturales y en el límite de representación de los partidos predominantes que se han constituido en el soporte organizativo de los procesos pro-gresistas, por un lado y, por otro, se ha manifestado en un nuevo comportamiento político en la región: el del péndulo. El mismo que se desplazaría esta vez de los go-biernos progresistas a los de derecha de corte neoliberal. Como ocurre en Argentina, Brasil, Venezuela. Previendo similares cambios en otros países del área.

Digamos de una vez por todas: en la lucha política de la región se expresa la contra-dicción de distintos matices en las formas de dominación capitalista. Pero también se encuentra la disputa de dos vías de inserción en el sistema mundo y articulación hegemónica planetaria. Misma que se manifiesta e influye en el curso político de los países y gobiernos de la región. Caer en comprensiones unilaterales sobre esta realidad conduce a ocultar la verdadera dimensión del problema político e histórico que vive Latinoamérica. Y limita el desarrollo de las izquierdas y los movimientos

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sociales. En este marco, la visita del presidente norteamericano, Barak Obama, a Cuba, en marzo de 2016, se manifiesta como un síntoma que evidencia la intención por recuperar el predominio norteamericano sobre América Latina expresada en la vieja concepción de la doctrina Monroe: “América para los americanos”.

En esta perspectiva, se utiliza “El concepto de “North-América” [que] subyace al disciplinamiento del Caribe, que empezó con el golpe en Honduras, la incorporación del México neoliberal como garante energético de esta restauración expansiva, la desestabilización de Venezuela, el golpe en Brasil, la ofensiva contra Cristina Fer-nández de Kirchner (cuando mostró su entusiasmo de que Argentina formase parte del BRICS). La actual guerra fría financiera, tiene fines geoestratégicos contra el BRICS; y el interés por reducir a Sudamérica en el concepto “North-América”, implo-sionando sus tres más grandes geoeconomías (Brasil, Argentina y Venezuela), hace preocupante la situación nuestra en esta encrucijada” (Bautista, 2016).

¿Qué dimensión tiene este fenómeno y síntoma geopolítico? ¿Se trata de un nuevo momento histórico que busca en la reorganizada situación del sistema mundo pos crisis 2008 acordar un nuevo reparto por parte de las potencias mundiales de la influencia en determinados espacios geográficos del planeta? ¿Estamos ante una nueva forma y contenido de la dependencia? Fenómeno que en todo caso nos pone frente a una nueva perspectiva emancipadora del capital y capitalismo, donde la recreación de la teoría crítica en general y del pensamiento de Marx, es un desafío. Trascendental problema de dimensión histórico universal para las izquierdas del continente y el Ecuador.

Nueva situación creada a nivel regional que muestra, por otra parte, la crisis multifa-cética del capitalismo –de la que no acaba de salir desde 2008- que expresa una nue-va fase modernizadora del capitalismo planetario. Para algunos analistas calificado como una crisis de carácter terminal del capitalismo (Beinstein, 2016). La misma que se inició a comienzos del siglo XXI, dando pábulo a un proceso de reestructuración capitalista. Conocido -dice Negri- como capitalismo cognitivo o biocapitalismo (Ne-gri, 2008)15. No corresponde en este documento desentrañar esta problemática. Pero sí entender que esto ha influido en el cambio de condiciones regionales económicas y políticas, como sociales, abriendo eventualmente un nuevo ciclo de intervención del capital financiero internacional en la región. Que se podría expresar en el Ecuador en este “tira y afloja”; en estas manifiestas tensiones de las fuerzas representadas en la derecha, las agrupaciones democráticas, la izquierda y el correísmo en el proceso electoral que se avecina en 2017.

15 “El biocapitalismo se refiere a un capitalismo que para su valorización (es decir para sacar ganancias) ya ha involucrado a la totalidad de la sociedad. Inclusive (y algunas veces, sobre todo) a la naturaleza, porque está incluida en lo social y en la producción de bienes y valores (…) La extracción de valor ya no es algo que ocurre solo en la jornada laboral, en las ocho horas en que el trabajador se desempeña en la fábrica, el campo o los servicios. Ahora esto sucede también en los procesos de cooperación social que incluyen toda la sociedad. Todos los que trabajan en la sociedad están involucrados, de alguna manera, en una captación de valor que el capital convierte en dinero sonante, en provecho, en renta”.

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Ámbito de la Política Económica

Crecimiento económico distributivo y redistributivoEl análisis que se hizo en la primera edición de este libro apuntaba a entregar una visión integral de la naturaleza y los alcances de la política económica implementada por el go-bierno de Rafael Correa, desde 2007 hasta 2013; pero no como una simple y mecánica su-matoria de medidas, procesos y actores, sino desde una perspectiva teórica que reconoce el conflicto y la disputa política y el condicionamiento histórico de configuración de una estructura económica subordinada y dependiente, por tanto, un intento por dejar de lado cualquier tipo de determinismo, quedando finalmente procesos inacabados como un fluir abierto e indeterminado en el que se posicionan diferentes fuerzas en distintos planos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales.

En el escrito de la primera edición se dejó constancia que el análisis del contenido o subs-tancia de la política económica implementada exigía una valoración, lo más objetiva posi-ble, de la intensidad o el grado de jerarquía de las diferentes políticas, sin que esto quiera decir que los contenidos discursivos no sean relevantes, sino que cada cosa en su lugar.

La temática sobre el rol del Estado en la transformación social que hemos ex-puesto en esta investigación no es conclusiva, pues reconocemos que quedan más cuestiones abiertas que criterios definitivos. La política económica es una de las herramientas que utiliza cualquier Estado capitalista para sustentar su auto-repro-ducción, en eso no debería haber mayor debate.

La verdad es que el nuevo marco constitucional, que se inauguró en 2008, luego de un rela-tivamente exitoso proceso de reforma política que implicó un enfrentamiento a las fuerzas neoliberales, estableció un marco de acción para la política económica extremadamen-te ambicioso, a partir de un conjunto de responsabilidades para el Estado, relacionadas con aspectos, tales como: incentivo a la producción nacional con mayor valor agregado; promoción de productividad y competitividad; acumulación del conocimiento científico y tecnológico; empuje de la inserción estratégica en la economía mundial; aseguramiento de soberanía alimentaria y energética; construcción de un desarrollo territorial equilibrado; promoción del pleno empleo y valoración de todas las formas del trabajo; consolidación de estabilidad económica y fomento del consumo social y ambientalmente responsable.

Frente a tal magnitud de propósitos y tareas asignadas al Estado y sus diferentes polí-ticas públicas, lo que vino a continuación fue la implementación de una determinada política económica, que se ha sustentado tanto en el concepto de “competitividad sis-témica”, término acuñado en los años noventa del anterior siglo y que hace referencia al conjunto de estructuras socio-culturales (nivel meta), condiciones de estabilidad y equilibrio macroeconómicas (nivel macro) y eficiencia y productividad de los agentes económicos (nivel micro); así como en los principios de transformación productiva, equidad social y sostenibilidad ambiental.

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De entrada, la propuesta gubernamental se alineó con el diagnóstico de que esta com-petitividad sistémica presuponía un rol más que protagónico del Estado, en múltiples niveles: regulación por medios de leyes y reglamentaciones, producción de bienes y servicios públicos, coordinación de políticas e instituciones, etc. Esta visión era lógica a partir del compromiso político para superar o enfrentarse al neoliberalismo.

Ahora bien, este accionar nunca pudo ser neutro ni banal. Los resultados más bien mues-tran un intencionalidad política para atender varias necesidades sociales de grupos ma-yoritarios afectados por la dureza del neoliberalismo de los ochenta y noventa del siglo anterior, que en la versión oficial. Tales resultados aparecen como parte de un gran proceso de revolución democrática y equitativa, pero que, desde una visión más crítica, dejando de lado la autocomplacencia gubernamental, muestran, a la par, una combi-nación de avances sociales para un país menos inequitativo, cierta modernización de infraestructuras; pero, al mismo tiempo, mayores ganancias para grupos monopólicos y la profundización del carácter primario-exportador de la economía nacional.

En este marco de referencia, quedaron en segundo plano los procesos relacionados con la economía popular (solidaria y no solidaria), con la soberanía alimentaria y con la re-distribución de los activos productivos, con una profunda descentralización para con-vertir a los territorios en verdaderos actores para la construcción de su propio futuro.

Si por un momento procedemos a juntar los dos procesos señalados como hechos con-sumados; de un lado, la competitividad sistémica-crecimiento económico y, de otro, la baja atención a la economía popular, a la soberanía alimentaria y al desarrollo territo-rial, entonces emerge la pregunta indispensable (que incluso debía resonar más en la conciencia nacional): ¿ha habido condiciones internas y externas para un posible giro más radical en lo político, económico, social y ambiental?

Las respuestas a tal inquietud forman parte del debate ideológico-político que ha estado presente en todos estos años dentro de la sociedad ecuatoriana y, por qué no decirlo, en el marco de los gobiernos progresistas latinoamericanos. Seguramente la respuesta a tal inquietud descansa en las condiciones objetivas que imponen tanto la lucha por el poder hegemónico interno para imponer o evitar cambios drásticos en el proceso de acumula-ción interno, así como los vínculos adversos que necesariamente se dan con el sistema económico capitalista; este último marcado por la financiarización y la especulación financiera y los crecientes niveles de concentración de la riqueza a escala planetaria.

Sobre estos procesos conviene detenerse un poco más. El llamado neodesarrollismo dio paso a un crecimiento económico distribuidor en beneficio de grandes segmentos poblacionales que antes, cabe reconocer, fueron los mayores perjudicados del neolibe-ralismo. Pero sabemos que la necesidad de mayores niveles de autonomía del Estado exige una mayor acción política de los sujetos, condición que por múltiples razones estructurales no provocaron una mayor organización política de los grandes grupos sociales de la ciudad y del campo, ni se construyeron consensos explícitos mínimos por parte de las organizaciones sindicales, indígenas, ecologistas, feministas y defen-soras de los derechos humanos; claro está que por el otro lado, el dinamismo económi-

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co calmaba las urgencias de los grupos empresariales, tanto de los sectores modernos, tradicionales e incluso de las pequeñas y medianas empresas. En tales circunstancias, evidentemente no ayuda mucho la posición contradictoria por la cual se convierte al Estado en el primer y quizá único actor de la transformación social.

Asimismo, hay que reconocer que las políticas públicas, conducentes a provocar re-formas estructurales, casi siempre suelen ser insuficientes para un proyecto de trans-formación, ya que tales esfuerzos internos deberían estar acompañados por la acción de un “Estado internacionalizado”; es decir, por la presencia de proyectos políticos de mayor alcance en el ámbito regional-periférico para sostener enfrentamientos con las relaciones inequitativas que se dan en el sistema económico capitalista.

Crisis económica, una perspectiva histórico–estructuralista

Luego de un período extendido de apreciable crecimiento económico que empezó en 2001 y duró hasta 2014 (promedio anual 4,5%), Ecuador se encuentra inmerso en un proceso de recesión económica que empieza con un bajo crecimiento de 0,3% en 2015 y la previsión de tasa negativa en 2016, un deterioro rápido de sus principales indicadores sociales (incre-mento del desempleo y empleo inadecuado) y una fase exacerbada de disputa por el poder político previo a las elecciones generales de febrero de 2017. Tal crisis económica y social que acecha al Ecuador ha originado un agrio debate de cómo se ha llegado a esta situación.

De un lado, la crítica de los sectores políticos conservadores y economistas neolibera-les se fundamenta en la aseveración de que el excesivo gasto fiscal ha desequilibrado al sector externo, que a su vez a restringido el caudal monetario (medio circulante) con los consiguientes efectos en la caída de la producción y niveles de empleo, con posibilidades de recesión y reducción sostenida de precios internos.

De otro lado, la versión progresista de que las difíciles circunstancias actuales son el producto de un apreciable shock externo provocado por el rápido deterioro de los términos de intercambio, la reducción de la demanda externa, la apreciación del dólar frente a las principales monedas globales y las fluctuaciones de las tasas de interés. Por tanto, la crisis del sector externo impacta con dureza a la dinámica económica interna como agravante para un país oficialmente dolarizado y altamente vulnerable a shocks externos. A continuación se explicita esta última versión.

Desde los años setenta del siglo XX está presente un largo ciclo de inestabilidad y bajo crecimiento de la economía internacional, proceso en el cual ha venido ganando un poder superlativo el capital financiero-especulativo, de ahí su marcada inestabi-lidad. Precisamente, al mundo le ha costado mucho trabajo salir de la grave crisis financiera global de los años 2007 y 2008, configurando un patrón de desenvolvi-miento económico a partir de un lento crecimiento de las economías desarrolladas y un relativamente mayor nivel de actividad por parte de las economías emergentes y en desarrollo, especialmente de Asia.

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La crisis económica internacional ha conducido a un incremento de la desigualdad social en casi todos los países. Según un estudio de OXFAM (2015), la riqueza acumulada por el 1% más rico de la población se ha incrementado, pasando de un 44% en 2009 a un 48% en 2014 y 50% en 2016. En 2014, los selectos miembros de esta élite del 1% mundial tenían de media una riqueza de 2,7 millones de dólares por adulto. Del 52% restante de la riqueza mundial, la mayor parte (el 46%) está en manos del 20% más rico. El 80% restante de la po-blación comparte tan solo el 5,5% de la riqueza mundial: 3,851 dólares de media por adulto, lo que equivale a 1/700 parte de la riqueza media del 1% más rico de la población mundial.

La estructura económica desarticulada e inequitativa en lo interno y subordinada en lo externo, ha quedado muy resentida por el impacto de los factores externos adversos, pero también por las fisuras del propio modelo económico implementado desde 2007. La dinámi-ca económica se ha basado en las últimas cuatro décadas tanto en la extracción de la renta petrolera como también en el comercio exterior, a lo que debe sumarse en los últimos nueve años la vigencia de una considerable intervención económica pública, que a su vez man-tiene una interrelación dinámica y compleja con las mencionadas estructuras económicas.

La generación y uso de recursos públicos tienen un efecto sobre la oferta y la demanda agregada, por tanto, sobre la dinámica económica, pero no se trata de una influencia neu-tra, sino que favorece o deteriora a determinados sectores de la economía nacional según el grado de lucha hegemónica que se hace presente en todo momento. Consecuentemente, la economía pública no está superpuesta en la economía nacional, como un simple aditamen-to, sino más bien ha sido el principal sustento de la estrategia de crecimiento económico y de los procesos de distribución y redistribución del ingreso, anteriormente señalados.

Este modelo económico, basado en una fuerte intervención pública, se ha dirigido al cumplimiento de 2 objetivos fundamentales para alcanzar los resultados esperados diferentes al neoliberalismo: i) Asegurar suficientes recursos económicos de respal-do para gastos e inversiones crecientes, a través de la captura de la renta petrolera y un incremento sostenido de impuestos; ii) Implementación de un fuerte proceso distributivo y redistributivo social a través de los recursos públicos.

En tal estado de cosas, se debe tomar en cuenta una característica particular de la eco-nomía ecuatoriana: la dolarización vigente desde el 2000. Un sistema monetario que relativiza la autonomía, sobre todo en el manejo cambiario-monetario, pero al mismo tiempo, ha venido jugando un contrapeso estabilizador frente al creciente empuje de la demanda agregada antes mencionada.

El financiamiento de esta centralidad del Estado se ha fundamentado en tres elementos básicos: i) mayores recaudaciones tributarias, ii) una mayor captura de la renta petro-lera por parte del Estado, como consecuencia de los cambios legales e institucionales en el marco de la política de “soberanía energética”; y, iii) una dinámica creciente de endeudamiento externo, principalmente frente a China. Los ingresos públicos en la década de los noventa alcanzaron una relación de 19% con respecto al PIB, pero luego pasaron al 35% del PIB en el período 2007-2015.

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El debate que tiene pleno sentido en el caso ecuatoriano es sobre el origen de esta gran movilización de recursos públicos. Una primera constatación que surge es que tanto los ingresos petroleros como los no petroleros se incrementaron. Los ingresos no petroleros pasaron de un promedio del 18% del PIB en el período 2000-2006 al 21% del PIB en los años 2007-2015. Estas cifras fueron muy superiores al 14% del PIB registrado en los años noventa del siglo anterior.

Algo similar sucede con los ingresos petroleros que también han tenido un comporta-miento dinámico considerable al pasar de 5% del PIB en los noventa a 7% en la primera parte de la década de los 2000, hasta ubicarse en 12% en el último período a partir de 2007. Consecuentemente, se desprende de las cifras anteriores que la renta petrolera ha jugado un rol fundamental para financiar la estrategia de crecimiento distributivo, pero han sido más importantes los ingresos no petroleros expresados en una mayor carga tributaria. Tal situación es un cambio importante en el caso particular de Ecuador desde que inició su andadura como país petrolero desde inicios de la década de los setenta, puesto que la renta petrolera tendía a suplantar ingresos tributarios. (Ver cuadro 1).

Por su parte, los gastos totales del sector público no financiero llegaron a representar apro-ximadamente 24% del PIB en la década de los noventa y en los primeros años de la década de los 2000, pero en el período siguiente, a partir de 2007, esta relación se elevó considerable-mente hasta llegar a un promedio del 37% del PIB. La sumatoria de los gastos totales en los años 2007-2015 rondó un valor de 270 mil millones de dólares. De este total, 68% se dirigió al gasto corriente que incluye los pagos de remuneraciones, transferencias y servicio de la deuda interna y externa, mientras que la diferencia (32%) se fue hacia la inversión pública.

Dentro del debate interno ha existido una amplia controversia sobre el gasto corriente dirigido a las remuneraciones de la burocracia y a las transferencias vía subsidios a las clases medias y altas. En cuanto al primer aspecto, los sueldos representaron cerca del 6% del PIB en 2001 y se elevaron hasta alcanzar el 9% del PIB en 2014.

El saldo global de las operaciones de ingresos y egresos del sector público no finan-ciero arroja una cifra negativa de 17 mil millones de dólares. Evidentemente el déficit público no es una simple sumatoria, sino que es el resultado combinado de un determi-nado comportamiento de ingresos, gastos corrientes y gastos de capital, que a su vez responde a una estrategia de desarrollo basada en la centralidad o retorno del Estado.

Recesión y reacción

La profundización del control del sector externo se ha convertido en un aspecto funda-mental de la política económica, situación más que justificada para un país dolarizado, para lo cual se han implementado medidas, tales como: renovación de la salvaguardia global de balanza de pagos, que a su vez, junto con la menor actividad económica interna, ha tenido efectos inmediatos en la reducción de importaciones; el manteni-miento del impuesto a la salida de divisas, pero con un sinnúmero de excepciones, y la contratación acelerada de nuevo endeudamiento público.

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Con la finalidad de sostener los niveles de inversión interna, el gobierno nacional impul-só la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Pri-vadas y la Inversión Extranjera, expedida el 18 de diciembre de 2015, mediante la cual se establecen una serie de incentivos tributarios y no tributarios. Esta estrategia debe tomarse como un claro reconocimiento de que el incremento sostenido de las inversio-nes públicas era inviable. Una medida complementaria ha sido la reducción del gasto corriente. En tal sentido, según datos oficiales gubernamentales, durante 2015 y 2016, se recortó más de USD 6.000 millones en las cuentas públicas equivalentes al 6% del PIB.

No se podría dejar de mencionar la tragedia humanitaria que sufrió la sociedad ecua-toriana con el terremoto del 16 de abril de 2016, cuyos impactos y costos de recons-trucción han sido cuantificados en aproximadamente 3% del PIB. Para enfrentar esta situación adversa, se expidió la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Te-rremoto de 16 de Abril, en mayo de 2016, y la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, publicada en abril del año en curso. Estos cuerpos legales dotan de mayores ingresos públicos para enfrentar la tragedia.

Conclusiones

En el devenir de este proceso de más de 9 años, la política económica ha transitado por el camino de la promoción del crecimiento económico y la redistribución social de sus logros, a través de un conjunto de mecanismos regulatorios, institucionales y de canalización de recursos económicos provenientes de una incrementada renta petrolera y de los mayores ingresos tributarios. Sin embargo, el shock externo y las limitaciones económicas estructu-rales internas ponen en cuestionamiento la viabilidad de este modelo económico.

Estudios internacionales sobre la realidad económica de América Latina demuestran que la situación del sector externo tiene un efecto determinante en estos países. Un frente externo equilibrado (o superavitario) amplía los grados de libertad de las políti-cas económicas, en línea con la tradición neoestructuralista y poskeynesiana (Taylor, 2008; Lavoie y Godley, 2007; CEPAL, 2016). También desde la vertiente de la economía política se advierte sobre estos condicionamientos (García Álvarez, 2011).

Con todos los elementos expuestos, la pregunta relevante es si el modelo econó-mico basado en crecimiento económico, economía pública e importantes proce-sos distributivos y redistributivos puede ser sostenible en períodos de recesión, en el marco de un país dolarizado.

En tal sentido, destacamos tanto un gran problema político-social así como varias li-mitaciones eminentemente económicas. En cuanto al primer aspecto tiene que ver con que la legitimidad del Estado pasa por el proceso de proponer mayor equidad a partir de la disponibilidad de recursos públicos, pero en ciclos económicos bajos, como el ac-tual, tal legitimidad se erosiona al mismo tiempo que disminuyen los recursos, provo-cando inestabilidad política que, a su vez, en una sociedad acostumbrada a mantener

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casi ningún consenso mínimo, ejerce un claro proceso de retroalimentación negativa en las bases económicas.

En lo concerniente al tema económico concreto, los problemas se expresan en: i) pocos cambios en la matriz productiva primario-exportadora; ii) falta de liquidez; iii) profundización del déficit de cuenta corriente de balanza de pagos; iv) creciente e importante endeudamiento público, interno y externo.

El cambio de matriz productiva ha tenido pocos resultados relevantes en el período de gobierno, entre otras cosas, por ser un proceso de largo plazo y por el condicionamien-to que impone el propio funcionamiento del sistema económico capitalista, aunque podría aceptarse que el principal resultado ha sido