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Bolilla 1: FINANZAS PÚBLICAS. INTRODUCCIÓN AL FENÓMENO FINANCIERO

1. Ciencias de las Finanzas. Concepto de finanzas públicas y actividad financiera del Estado. Finanzas públicas y privadas.

Ciencia de las Finanzas: La ciencia de las finanzas públicas es el estudio valorativo y cómo y por

què el Estado obtiene sus ingresos y hace sus erogaciones, examinando sintéticamente los

distintos aspectos del fenómeno financiero, especialmente económicos, políticos y jurídicos.

En su concepción actual, las finanzas tienen por objeto examinar como el Estado obtiene sus

ingresos y efectúa sus gastos.

Actividad Financiera del Estado: Es el conjunto de operaciones del Estado, que tiene por objeto

tanto la obtención de recursos como la realización de los gastos públicos necesarios para

movilizar las funciones y servicios que satisfagan las necesidades de la comunidad.

Simplificando, se traduce en una serie de entradas y salidas de dinero en la caja del Estado. El

Estado necesita recursos para subsistir. El Estado es una sociedad políticamente organizada.

Además de obtener recursos debe administrarlos. La actividad financiera del Estado es la

conjunción de tres cuestiones:

1. Sujeto: Estado. El Estado es el único y exclusivo sujeto de la actividad financiera,

concibiendo el término “Estado” como ente central, provincias, municipios.

2. Medios: Recursos‐ Gastos.

3. Fines: Necesidades u objetivos. Las necesidades humanas son múltiples. Algunas son

de satisfacción indispensable para la vida normal del hombre pudiendo ser, a su vez,

inmateriales (intelectuales, religiosas, etc.) o materiales (alimentación, vestido, etc.).

Su satisfacción puede ser indistintamente efectuada por el propio sujeto o incluso por

el Estado. Pero como el hombre tiende a vivir en sociedad, surgen otros

requerimientos colectivos que difícilmente pueden ser atendidos por el individuo,

ejemplo: seguridad, transporte, educación. Estas son las necesidades públicas.

Fases de la Actividad Financiera: La actividad financiera está integrada por tres actividades:

Planificación: Mediación de gastos e ingresos futuros, materializada generalmente en el Presupuesto.

Obtención de Ingresos Públicos: Implica la decisión respecto a la forma de obtenerlos, así como también la indagación sobre cuáles serán las consecuencias de esta actividad sobre la economía en general.

Aplicación o Inversión de tales ingresos: las erogaciones con sus destinos prefijados, actividad esta que también supone un examen sobre los efectos que dichos gastos producirán en la economía.

Teorías sobre la Actividad Financiera del Estado:

Teorías económicas: consideraban que la actividad financiera estatal era un acto de

consumo público. Esta tesis, sostenida por Smith, David Ricardo, entre otros, responde

al liberalismo clásico; En vez del individuo aparece la actuación colectiva a través del

rol del Estado: este vendía sus servicios, y a cambio de ellos los ciudadanos pagaban el

precio de las funciones. Existieron dentro de esta escuela varias inclinaciones:

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o Teoría de la utilidad relativa: puede grabarse la riqueza solo cuando su

erogación fuese mas útil para los gastos públicos que para el uso que los

particulares pudieran darle.

o Teoría de la reproductividad de los gastos: el Estado aparece como factor de

producción.

Teoría sociológica: su principal expositor fue Paretto; dicha corriente sostiene que la

actividad financiera del estado tiene como único objetivo la satisfacción de las

necesidades de la clase dominante (gobierno de turno en el Estado). Expresa que ante

la imposibilidad de homogeneizar las necesidades individuales, los juicios sobre cuales

han de satisfacerse queda librado al criterio y voluntad de los gobernantes, que

establecen un orden de prelación en base a la conveniencia política y utilidad social.

Además, buscan ocultar a la clase dominada la verdadera carga tributaria a través de ilusiones

financieras: exageran los beneficios proporcionados.

Teoría Política: expuesta por Griziotti, quien sostenía que si el Estado es un ente de

naturaleza esencialmente política, las finalidades de la actividad financiera son por

preeminencia políticas. Esta actividad es un medio para el cumplimiento de los fines

generales del Estado; entonces: siendo el Estado un sujeto político, los medios de

carácter político y los fines perseguidos de esta misma naturaleza, la actividad

financiera es necesariamente política.

1. Fonrouge: cree que la única conclusión cierta es la insuficiencia de toda doctrina

unilateral; deben conjugarse los argumentos de todas las teorías. Entonces, si bien la

actividad financiera tiene base económica, no puede desconocerse la influencia de

otros elementos como el político y el social.

Finanzas públicas y finanzas privadas: Las finanzas públicas se relacionan con las políticas

fiscales del Estado. El fin de estas es contribuir a la inversión social mediante el gasto público.

En cambio, las finanzas privadas se centran en las formas que tienen las empresas para crear

valor mediante el uso de recursos financieros, con funciones de empresa privada y las del

estado que funcionan para maximizar las ganancias. En las finanzas públicas hay

responsabilidad estatal, mientras que en las privadas la responsabilidad queda a cargo del

representante legal. Las finanzas privadas están fundamentalmente centradas en problemas

monetarios, cambiarios y bancarios, en general, concernientes a los particulares.

2. El Estado y sus fines. Las necesidades públicas. Bienes y servicios públicos y privados.

Finanzas liberales, intervencionistas y socialistas.

Finalidades: La actividad financiera, como lo pone de manifiesto la mayoría de los estudiosos

contemporáneos, tiene finalidades propias. Para ello es necesario distinguir, tal como lo hizo

Griziotti, entre los denominados:

Fines fiscales se materializan con la obtención de recursos con los cuales se efectúan

los gastos que irrogan las necesidades públicas. En tal caso, la actividad financiera

cumple el papel de medio o instrumento con que se habrá de cumplir otra finalidad,

esto es, la satisfacción de necesidades públicas. En consecuencia, las denominadas

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“finanzas fiscales”, en la terminología de Griziotti, “persiguen la satisfacción de los

fines públicos indirectamente, porque consisten en la actividad de procurarse los

recursos con los cuales se efectúan los gastos que cumplen los fines políticos”.

Fines extrafiscales son aquellos que procuran atender el interés público en forma

directa. Ello se logra materializando, por medio de la actividad financiera del Estado,

una intervención en las distintas actividades desarrolladas por la comunidad. Tal

intervención, cómo forma directa de satisfacción del interés público, es llevada a cabo

no sólo mediante la política de gastos públicos, sino también por medio de los

recursos públicos. Así, usualmente se da como ejemplo de finalidad extrafiscal el caso

de aplicación de elevados impuestos al consumo de bebidas alcohólicas o a las ventas

de artículos suntuarios. En tales circunstancias, el Estado no procura la obtención de

recursos sino atender directamente al interés público, o sea, reducir el consumo de

tales bebidas o la venta de tales artículos.

Fines mixtos participan de las características de los dos anteriores. En el caso de los

recursos públicos, este tipo de fines se manifiesta cuando se trata, por ejemplo, de un

impuesto que se aplica no sólo para lograr medios financieros (fin fiscal) sino, además,

para atender directamente el interés público; mediante exenciones o deducciones

para determinados grupos sociales o la aplicación de alícuotas más elevadas a otra

categoría, etc. (fin extrafiscal).

Los fines del Estado son sus necesidades u objetivos: El primer fin del Estado es cubrir sus

necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que tiene que cubrir un Estado? Las necesidades

que cubre un Estado se llaman necesidades públicas. Las necesidades públicas son en realidad,

lo que la clase dirigente considere que es una necesidad pública. Serán aquellas que el Estado

decide cubrir.

Lo que debe quedar en claro es que una necesidad pública no necesariamente siempre va a

ser realizada por el Estado. Por ejemplo: la salud es una necesidad pública pero no siempre la

realiza el Estado, también hay salud privada. En este caso, el sistema es mixto, existen ambos.

Pero a veces ni siquiera es mixto. Ej: recolección de basura. Siempre la realiza una empresa

que es pagada por el Estado.

Necesidades Públicas: Nacen de la vida colectiva y se satisfacen mediante la actuación del

Estado. El Estado como termino, para las finanzas públicas, puede utilizarse como sinónimo de

gobierno. Pueden distinguirse:

Necesidades públicas ABSOLUTAS: son de ineludible satisfacción porque de lo

contrario no se concibe la comunidad organizada; son de imposible satisfacción por

individuos aislados, y son en consecuencia las que dan origen y justifican al Estado. Son

esenciales, constantes, vinculadas al Estado y de satisfacción exclusiva por él. Ej:

Justicia, seguridad.

Necesidades publicas RELATIVA: cuya satisfacción, se considera cada vez en mayor

medida, de incumbencia estatal, por cuanto atañen a la adecuación de la vida

comunitaria a los progresos emergentes de la civilización (educación, salud,

comunicaciones, seguridad social, etc.). Son contingentes, mudables y no vinculadas a

la existencia misma del Estado.

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Necesidades Públicas: Sistema de Alberdi: Alberdi fue quién diseño la estructural

constitucional financiera. Cubrir las necesidades públicas es igual que cumplir con el programa

de la CN, la cual establece los fines del Estado que no son otra cosa que cumplir sus

necesidades. Desde la CN de 1853 las necesidades estuvieron fijadas en el Preámbulo, por

ejemplo “la búsqueda del bienestar general”. ¿Cómo se cubren las necesidades públicas? Se

cubren brindando servicios públicos.

Funciones Públicas y Servicios Públicos: Las actividades que el Estado (representado por el

Gobierno) realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas, pueden consistir en

funciones públicas y servicios públicos.

La función pública se vincula a los cometidos esenciales del Estado (dictado de leyes,

administración de justicia, defensa externa, etc.). Las funciones públicas son actividades que

deben cumplirse en forma ineludible, que se identifican por la razón de ser del Estado, que

atañen a la soberanía, que son exclusivas e indelegables y cuya prestación es en principio

gratuita (salvo que el Estado lo exija).

El Servicio público se configura cuando la actividad se desenvuelve dentro de la

Administración. Serán todas las actividades del Estado que no constituyen funciones públicas y

que tienden a satisfacer necesidades básicas de la población. Pueden distinguirse dos tipos de

servicios publico:

Esenciales: Aquellos que por su perentoriedad se han tornado indispensables y no

pueden dejar de ser prestados en forma ininterrumpida por el propio Estado, con

prescindencia de que también lo puedan suministrar los particulares.

No esenciales: en donde el Estado puede tomar a su cargo otros servicios que también

atañen al interés público, ya sea por razones de mejor convivencia social (ej.

Comunicaciones, transporte, gas, etc.) o por motivos especiales que inducen al Estado

a proteger o tutelar intereses particulares (ej. Suministro de viviendas).

Tanto los servicios públicos esenciales como los no esenciales son a su vez, divisibles o

indivisibles. Son divisibles aquellos servicios que, aun siendo útiles para la colectividad en

general, se prestan concretamente a particulares que los requieren por determinadas

circunstancias (por ejemplo, administración de justicia, instrucción pública, etc.). Cuando el

servicio es divisible, su costo puede repartirse entre aquellos a quienes esa actividad beneficia.

En cambio, Indivisibles, en sentido amplio, son los servicios cuya naturaleza es tal que,

favoreciendo a numerosos componentes de la comunidad, existe la imposibilidad práctica de

efectuar su particularización con respecto a personas determinadas (Ej, defensa exterior,

seguridad, control ciudadano). Estos servicios indivisibles generalmente se financian con

cargas generales que deben ser soportadas por toda la comunidad.

En resumen: Divisibles: se puede identificar medianamente al beneficiario. Indivisibles: no se

puede identificar al beneficiario. Ej.: servicio de seguridad pública brindado por la policía, no se

sabe cuánto le corresponde a cada persona.

Finanzas Liberales, Intervencionistas y socialistas: Tiene que ver con la misión que se le

atribuya al Estado.

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Finanzas liberales: Corresponde al periodo que puede extenderse hasta la 1ra Guerra

Mundial, que cree en la superioridad de la iniciativa privada y reduce la acción del

Estado al cumplimiento de las funciones más esenciales (defensa nacional, educación,

justicia). Las finanzas deben limitarse a cubrir los gastos públicos y a distribuir las

cargas consiguientes en forma equitativa entre los habitantes del país. Los caracteres

distintivos eran:

- Limitación extrema de los gastos públicos,

- Consideración de los impuestos como gastos improductivos debiendo causar la

menor incomodidad a los contribuyentes, ni alterar los precios

- El empréstito es considerado un recurso extraordinario, limitado a urgencias

excepcionales.

- Condena la inflación

Finanzas Intervencionistas: Después de la 1era Guerra se modifican las condiciones

socio económicas como consecuencia del desarrollo del capitalismo. La necesidad de

cubrir los gastos bélicos provoco el desarrollo de la progresividad en la imposición de

las rentas y las herencias, se acentuaron los tributos con finalidades extrafiscales

(derechos aduaneros proteccionistas, gravamen del celibato, estimulo a las flias

numerosas, etc.), aumentaron las erogaciones ordinarias por el incremento de los

gastos de tipo social. La intervención estatal va en aumento evolucionando hacia el

sistema del “Estado Providencia”

Finanzas Socialistas: La 2da Guerra acentuó el divorcio entre los conceptos teóricos

tradicionales y la realidad de los hechos. En este periodo se da la aparición de un

capitalismo poderoso y se afirma la prosperidad social como finalidad del Estado

nuevo. Para realizar el bienestar social el Estado debe satisfacer en la mejor forma

posible las necesidades sociales, debe adoptar medidas que propendan al desarrollo

económico del país y realizar una distribución social y económicamente justa, de la

renta nacional para aumentar el nivel de vida.

3. El Fenómeno Financiero: Aspectos políticos, sociales, económicos y jurídicos.

Con el objeto de satisfacer las necesidades públicas –sean éstas primarias o secundarias– el

Estado debe necesariamente recurrir a los diversos factores de producción de la economía

privada. Un sencillo ejemplo aclarará esta cuestión: si, como es ya habitual, se le encomienda

al Estado tomar a su cargo la satisfacción de una necesidad originariamente privada –como la

salud pública–, para dar cumplimiento a esa misión, aquél deberá convenir con los servicios de

profesionales médicos y enfermeras, de empleados administrativos y de servicios generales,

etc., además de contratar la adquisición o locación de diferentes clases de bienes

(instrumental, equipos, muebles, edificios, etc.) que resultan imprescindibles para prestar ese

servicio público. Ese recurrir o valerse de los diversos factores de producción de la economía

privada puede ser materializado de distintas maneras, aunque desde el punto de vista teórico

se distinguen claramente dos procedimientos: uno directo y otro indirecto. Cada uno de esos

dos procedimientos –a los cuales, en realidad, difícilmente se los haya empleado o se los

emplee el uno con exclusión total del otro– ha tenido, sin embargo, su momento de gran

relevancia histórica.

Conforme al caracterizado como el procedimiento directo, el Estado recurre a los factores de

producción de la economía privada en forma inmediata, utilizando para ello el poder de

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coerción inherente a su esencia y obteniendo, así sin contraprestación alguna, todos aquellos

bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Pero en nuestros días, el método coercitivo directo no es utilizado –salvo para servicios

excepcionales, como el de las fuerzas armadas–. Hoy, los gobiernos recurren a los diversos

factores de la economía privada utilizando la coerción estatal en forma indirecta o mediata.

Este segundo procedimiento consiste en que el Estado obtiene los bienes o servicios

necesarios para cumplir sus funciones mediante una contraprestación, retribución o pago de

aquéllos. Dicha contraprestación representa un gasto o erogación monetaria para el Estado,

que éste sólo puede pagar porque cuenta con los medios o recursos monetarios, gran parte de

los cuales los obtiene mediante el ejercicio de su poder de imperio.

De lo antedicho se deduce que cuando el Estado realiza erogaciones o gastos, al igual que

cuando obtiene medios o recursos monetarios para atender aquellos, está desarrollando una

actividad especial que se la titula actividad financiera.

La actividad financiera consiste en un conjunto de operaciones, llamados fenómenos

financieros (realización de gastos y obtención de recursos) y cuyo objetivo final es la

satisfacción de las necesidades públicas. Los fenómenos financieros tienen la particularidad de

no ser simples. Al contrario, presentan diversos aspectos que denuncian su naturaleza

compleja, en la cual coexisten diversos elementos. Concretamente, los elementos que integran

el fenómeno financiero son:

Políticos, dado que cada operación financiera presupone una elección a priori de fines y medios para realizarla;

Económicos, por cuanto los medios requeridos en toda operación financiera son de naturaleza económica;

Jurídicos, dado que cada una de las operaciones financieras del Estado está regulada por normas y principios de derecho público;

Sociales, porque todas las operaciones financieras tienden a la satisfacción de necesidades públicas; y

Administrativos, es decir, lo relacionado con la parte funcional o técnica de cada operación financiera.

4. Derecho Financiero y Derecho Tributario: concepto, contenido y características.

Mientras que la “Ciencia de Las Finanzas” trataría de los principios de la distribución de los

gastos públicos e indica las condiciones de su aplicación, “La Política Financiera” estudiaría los

fines a perseguir y los medios para su obtención, y “El Derecho Financiero” expondría las

normas jurídicas de las leyes que determinan la distribución de las cargas públicas, con el

objeto de indicar su exacta interpretación.

Derecho Financiero: Tiene como finalidad estudiar el aspecto jurídico de la actividad financiera

del Estado en sus diversas manifestaciones, y tanto por su naturaleza y contenido, como por su

objeto, constituye disciplina integrante del derecho público. Es la rama de las ciencias jurídicas

que elabora, estudia y analiza todas las normas que regulan el proceso legal de los fenómenos

financieros. Entre dicha división del derecho y la ciencia de las finanzas públicas existe, pues,

una relación no sólo lógica, sino que trasciende hasta alcanzar el grado de existencial para

ambas disciplinas. En efecto: el derecho financiero halla la materia viva o el germen de todos

sus postulados en los principios elaborados por la ciencia de las finanzas públicas. Al mismo

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tiempo, esta disciplina tiene por objeto de sus estudios a la actividad financiera del Estado, a

la cual hoy sólo se la concibe bajo el gobierno de las normas elaboradas por aquél. Por ello,

entre el derecho financiero y la ciencia de las finanzas públicas aparece una relación que

conceptuamos más profunda que una de mera complementación, como a menudo se la

clasifica. La vinculación es, a nuestro entender, superior aun a la “estrecha complementación”

que reconoce Griziotti, siendo, en consecuencia, clasificable como una perfecta simbiosis o una

relación existencial.

Para muchos autores, ciencias de las finanzas y derecho financiero constituyen dos disciplinas

que se funden entre sí. Otros autores, en cambio, se pronuncian a favor su autonomía,

sosteniendo que la ciencia de las finanzas es una disciplina esencialmente económica, y el

derecho financiero es una disciplina de carácter jurídico.

Igualmente, ambas materias se encuentran unidas en su enseñanza en una misma cátedra

universitaria.

Contenido:

Derecho Presupuestario: constituye una parte esencial del Derecho financiero; permite

la concreción de la actividad financiera a partir del aspecto jurídico, esto es la

concreción de los ingresos y erogaciones de un Estado.

Derecho Tributario: Es la rama del derecho financiero que se propone estudiar el

aspecto jurídico de la tributación, en sus diversas manifestaciones: como actividad del

Estado, en las relaciones de éste con los particulares y en las que se suscitan entre

estos últimos. Algunos autores plantean su autonomía (tema de la prescripción; Fallo

Filcrosa) respecto del derecho financiero, pero Fonrouge se inclina por la posición

unitaria

Griziotti toma como disciplinas complementarias: derecho financiero constitucional,

administrativo, penal, procesal, internacional.

Algunos autores dividen esta rama del derecho en: Derecho Financiero Material (cuestiones de

fondo) y Derecho Financiero Formal (cuestiones procedimentales). Fonrouge es partidario de

su unidad, pues una subrama no puede funcionar sin la otra, formando ambas parte de lo

mismo.

Autonomía: Luego de la 1era Guerra se suscitan diversas discrepancias en cuanto a la

naturaleza y alcance del derecho financiero, especialmente en lo referido al derecho fiscal o

tributario, concentrándose en tres corrientes:

a. Una totalmente en contra de considerar a la disciplina como autónoma: la Escuela

Administrativa Clásica niega autonomía científica al derecho financiero y la considera

solamente como un capitulo del derecho administrativo, o bien como parte

especializada de él.

b. Otra que reconoce independencia solo a un sector de ella: esta corriente admite,

como Gianini, que las normas reguladoras de la actividad financiera pueden ser

objetos de ramas diferenciadas de las que tratan en general de la Administración

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Pública, pero únicamente por razones prácticas y para una mejor exposición dialéctica

o elaboración científica, pero negándole autonomía conceptual al decir que el derecho

financiero constituye un conjunto de relaciones de naturaleza diversa. De esta manera,

nos dice que solo puede considerarse disciplina jurídica independiente la parte de la

actividad financiera vinculada con la aplicación y recaudación de los recursos

derivados, es decir, el derecho tributario o el derecho fiscal. Esta es la orientación

predominante en la doctrina alemana y Suiza.

c. Otra que sostiene la autonomía completa de la misma: La autonomía del derecho

financiero, no solo respecto a la economía financiera, sino también a las restantes

ramas del ordenamiento jurídico, tomando al derecho financiero como el todo y al

derecho tributario como una parte. A esta adhiere Fonrouge; esgrime que existe una

interconexión entre el Derecho Financiero y las demás ramas del derecho, y que es

autónomo por cumplir con los requisitos que exige tal atributo, esto es:

- Conjunto de relaciones sociales que demandan un ordenamiento jurídico

propio

- Principios jurídicos propios

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BOLILLA 2: TEORÍA GENERAL DE LOS GASTOS Y RECURSOS PÚBLICOS

1. El Gasto Público. Concepto y evolución. Clasificaciones. Crecimiento. Formas y causas.

Concepto: Son gastos públicos las erogaciones dinerarias que realiza el Estado, en virtud de

ley, para cumplir con la satisfacción de las necesidades públicas.

(Mennucci) Gasto Público: Es toda erogación monetaria realizada por el Estado legítimamente

autorizada y destinada al cumplimiento de sus fines.

Análisis:

- Erogación dineraria: El gasto público siempre consiste en el empleo de bienes

valuables pecuniariamente que en la época actual se identifican con el dinero.

- Legítimamente Autorizada: Rige el principio de legalidad, por el cual el sistema

normativo debe autorizarlo. La ley anual de presupuesto es la que autoriza a gastar. El

poder ejecutivo ejecuta el presupuesto. El poder legislativo puede modificar el

presupuesto, incluso con la mayoría podría imponer el presupuesto al ejecutivo.

- Realizada por el Estado: En sentido amplio comprende todas las sumas que por

cualquier concepto salen del tesoro público y consisten en empleos de riqueza.

o Primera Postura: Se vincula al Estado excluyendo a las empresas o entes que

son personas jurídicas distintas (sectores para‐estatales).

o Segundo Postura: No solo es gasto público el que realiza el Estado sino

también los sectores para‐estatales que reciben fondos públicos (posición de

Fonrouge).

- Destinada al cumplimiento de sus fines: La erogación estatal debe ser congruente con

los fines de interés público asignados al Estado. Es un presupuesto de legitimidad del

gasto público, pero no su presupuesto existencial.

La decisión sobre el gasto estatal presupone dos valoraciones fundamentales:

a. Seleccionar las necesidades de lña colectividad que se consideran publicas

b. Comparación entre la intensidad y urgencia de tales necesidades y la posibilidad

material de satisfacerlas.

Evolución del Pensamiento del Gasto Público. Los autores clásicos sostenían que el Estado

era un mero consumidor de bienes, y los gastos públicos constituyen una absorción de una

parte de esos bienes que están a disposición del país.

Las teorías modernas sobre el gasto público entienden que este vuelve en su totalidad a la

comunidad a través de un conjunto de beneficios para el progreso social. Consideran al estado

como un redistribuidor de riqueza y no un consumidor.

Clasificación del Gasto Público: existen respecto del Gasto Publico, distintas clasificaciones:

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Gastos Reales o de Servicio: Los realiza el Estado y a cambio recibe una

contraprestación. Se cambia el dinero del gasto por un servicio prestado o una cosa

comprada. Ej.: gastos en remuneraciones de empleados públicos, o en pago a los

proveedores del Estado.

Gastos de Transferencia: El Estado no recibe contraprestación. El propósito de la

erogación es exclusivamente promocional o redistributivo. Ej.: Asignación universal por

hijo.

Gastos de Funcionamiento u Operativos: Son los pagos que el ente público debe

realizar en forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los

servicios públicos y de la administración en general. Pueden ser gastos de consumo

(conservación de edificios públicos) o retribución de servicios (sueldos, salarios). Los

gastos operativos están vinculados a la gestión estatal. No significan un incremento

directo del patrimonio nacional pero contribuyen a la productividad general del

sistema económico.

Gastos de Capital o de Inversión: son todas aquellas erogaciones del Estado que

significan un incremento directo del patrimonio público. Pueden consistir en pagos por

la adquisición de bienes de producción (maquinarias, equipos), por inversiones en

obras públicas infraestructurales (presas hidroeléctricas) o inversiones destinadas a

industrias claves (siderúrgica, petroquímica, etc.)

Clasificación Antigua: Constitución 1853/60

Gastos ordinarios: son las erogaciones habituales o normales de la Administración, es

decir, las reiteradas en el curso de los ejercicios financieros de la hacienda. Ej.: sueldos,

conservación de inmuebles, etc.

Gastos extraordinarios: son las erogaciones destinadas a satisfacer necesidades

imprevistas, excepcionales, eventuales o contingentes, se da una situación de

emergencia o de guerra. Ej.: obras públicas.

Esta clasificación era muy relativa. Hoy ha variado. Por ejemplo la obra de construcción

de una escuela hoy puede verse como gasto ordinario.

Clasificación jurídico–administrativa.

Conforme a este criterio, todos los egresos estatales son clasificados usualmente en: 1) gastos

constitucionales; 2) gastos administrativos; 3) gastos de justicia y seguridad interna; 4) gastos

militares; 5) gastos de instrucción pública; 6) gastos de higiene y bienestar social; 7) gastos

para obras públicas; y 8) gastos de la deuda pública.

Por su parte, cada uno de esos gastos es agrupado en anexos, a los cuales se los divide

contablemente en incisos, ítems y partidas. Este criterio clasificatorio, como lo afirma

Fonrouge, permite apreciar la evolución de la administración y comparar la importancia de

cada uno de sus departamentos.

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Crecimiento del Gasto Público: Habitualmente se destaca el notable incremento que se ha

registrado cada año, y sobre todo a partir de la segunda guerra mundial, en el monto global de

los gastos públicos de todas las naciones.

Entre los motivos del aumento de los gastos públicos hay que distinguir las causas:

a. Aparentes: se debe a las variaciones en el valor de la moneda –concretamente, la

depreciación de la mayoría de los signos monetarios observada en la generalidad de

los países– y, en segundo término, las nuevas técnicas de elaboración presupuestaria,

dada que los presupuestos, según el principio de universalidad, computan en la

actualidad las cifras brutas de los gastos anticipados en lugar de cifras netas, o sea, en

vez de mostrar montos de gastos a los cuales se les haya restado previamente los

recursos afectados a tal fin.

b. Relativas: se denuncia a aquellas que si bien no pueden ser clasificadas estrictamente

como aparentes, tampoco son reales. Dentro de esta categoría se menciona el

aumento de la población, de la producción o de la renta nacional, como también los

casos especiales de extensión de las fronteras de una nación por anexión de territorio.

c. Reales: se agrupa el incremento de los gastos militares producido por las tensiones

internacionales (Ej.: el equipamiento de ejércitos), el aumento internacional del costo

de los bienes y servicios en los cuales ha influido el alto grado de progreso técnico

alcanzado, la expansión de las actividades del Estado (no solamente por las nuevas

actividades que asume en materia social y económica sino también por la expansión

de sus actividades, como servicios públicos, realización de obras y trabajos públicos) y

la diariamente creciente burocracia.

2. Utilización del Gasto Público para el desarrollo económico; la acción anticiclica y la redistribución de la riqueza. Los efectos multiplicador y acelerador.

LÍMITES DE LOS GASTOS PÚBLICOS: Aparece el interrogante si hay un tope para el incremento

de los gastos públicos más allá del cual se pondría en peligro la estructura del Estado y la

existencia misma de la Nación.

- Postura Liberal: No se puede gastar más de lo que ingresa.

- Postura Moderna: Las necesidades públicas se tienen que cubrir, si no hay recursos el

Estado se endeudará.

En líneas generales se tiene dicho que en cuanto a los gastos productivos, en principio, no

tienen por qué preocupar con respecto a su aumento y, en consecuencia, no plantean

problemas de límites, dado que ellos se justifican por su rendimiento financiero. El problema

quedaría circunscrito, sólo a los gastos reales. La norma de limitación para este último tipo de

gastos estaría dado, por el “principio de la utilidad social máxima posible”, o sea, que tales

gastos pueden ser llevados a un nivel en que su utilidad social se equilibre con las desventajas

sociales resultantes del gravamen a la renta nacional necesarias para satisfacerlos.

Actualmente no parece útil establecer topes o límites a priori a los gastos públicos, ya sea en

su conjunto o considerados individualmente. La cuestión del límite de las erogaciones públicas

no representa un problema que pueda ser resuelto mediante análisis económicos, porque,

esencialmente, ésta es una cuestión de naturaleza política. Siendo un problema de naturaleza

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política, los límites de los gastos públicos dependerán, en todos los casos, de cómo y cuándo se

los realice, o, como bien lo expresa Groves, es materia opinable, que depende principalmente

de las circunstancias de lugar y de tiempo.

EFECTOS DEL GASTO PÚBLICO: Mediante su política de gastos públicos –en unión con la

correspondiente a sus recursos–, el Estado puede actuar sobre la renta nacional, incrementar

el consumo de la comunidad, alentar la inversión privada, asegurar el pleno empleo de los

recursos disponibles, influir decididamente en los precios de las mercaderías, en las

remuneraciones de los servicios y sobre las tasas de interés, y, en términos generales, puede

producir notables alteraciones en toda la actividad económica, con sus pertinentes efectos en

el orden social.

Para las concepciones modernas (intervencionistas) el gasto público siempre genera efectos.

Por ejemplo una decisión presupuestaria en materia de medicamentos puede generar una

modificación en el mercado. El Estado es el principal consumidor de medicamentos a través

sobre todo a través del PAMI. Si se decide restringir la actividad, muchos laboratorios no

fabricarían más y esto generaría una modificación en la actividad de los particulares.

LA ACCION ANTICÍCLICA: La acción anti cíclica se a partir de la utilización del gasto público para

reactivar la crisis. La reactivación se hace a través del gasto público. Esto desemboca en los

efectos del multiplicador y el acelerador.

Los Efectos del Multiplicador y el Acelerador

PRINCIPIO DEL MULTIPLICADOR: Este principio es la regla que efectivamente nos demuestra

cómo o en qué términos se ha dado la relación existente entre los gastos públicos y los gastos

de consumo de los particulares.

Un egreso público se traduce siempre en un ingreso del mismo monto para quienes lo

perciben –p. ej., los empresarios constructores de una obra pública–. Ese ingreso será

consumido en parte por tales empresarios al pagar los sueldos de sus empleados y los salarios

de sus operarios; en consecuencia, la parte consumida por los empresarios se ha traducido en

ingresos para los empleados y operarios. A su vez, éstos consumirán parte de sus respectivos

ingresos gastándolos en mercaderías y servicios; esos gastos de consumo crean, por tanto,

nuevos ingresos para los proveedores de esas mercaderías o servicios. Y así se va prolongando

dicho proceso en forma casi indefinida.

Ejemplo de Mennucci: El gasto público será de $100.000 para la compra de colchones. Esos

$100.000 serán destinados al Proveedor del Estado. El proveedor lo compro a $70.000 a un

fabricante. El fabricante gastó $30.000 en insumos, $20.000 en mano de obra, y $20.000 fue su

ganancia. Por ejemplo, esos $30.000 en insumos se destinaron $10.000 a la fábrica de goma

espuma, $10.000 a fábrica de tela, $10.000 a otra fábrica.

Esto en resumen significa que El Estado deposito $100.000 pero la actividad económica fue

multiplicada. Esto genera además, muchos ingresos por impuestos.

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Keynnes: Para reactivar una economía es necesario hacerlo a través del gasto público que

multiplica la actividad económica.

De lo expuesto podemos deducir que el efecto de un gasto público sobre los ingresos depende,

básicamente, de dos factores: en primer lugar, del monto o cuantía del gasto público y, en

segundo término, de la parte que se consuma de cada uno de los ingresos que se van

produciendo o, conforme se la denomina técnicamente, de la propensión marginal al

consumo. Por supuesto, cuando se desee establecer el efecto de un gasto público sobre los

ingresos, en un determinado período, a los dos factores antes señalados habrá que añadirles

un tercero, es decir, la velocidad de las transacciones antes reseñadas.

El principio del multiplicador sirve, en resumidas cuentas, para establecer el incremento

total de los consumos resultantes de un gasto público.

PRINCIPIO ACELERADOR: Muy vinculado con la regla del multiplicador aparece otro principio,

que los economistas generalmente denominan del acelerador. Esta segunda máxima está

estrechamente relacionada con el principio del multiplicador, ya que demuestra cómo la

inversión en equipos, maquinarias y bienes de capital se halla, en gran parte, determinada por

los aumentos de consumo.

Este principio del acelerador puede ser explicado sumariamente partiendo de la premisa de

que cuando el consumo o demanda de un determinado artículo permanezca invariable o

constante, las empresas productoras de él no precisarán nuevas inversiones. En tales

circunstancias, las empresas productoras sólo necesitarán invertir en la reposición normal de

los equipos, maquinarias y bienes de capital empleados. Pero si la demanda o consumo de

esos artículos se incrementa, las empresas que los producen necesitarán, suponiendo que ya

hayan estado empleando todos sus equipos, además de la inversión para la reposición normal

de éstos, una nueva inversión para la adquisición de más equipos, maquinarias y bienes de

capital.

Así, por ejemplo, y suponiendo que no se descubran nuevas técnicas de producción, un 10%

de incremento en la demanda o consumo de un artículo requerirá un 10% de aumento en la

existencia total de equipos y bienes de capital utilizados en su elaboración. Si suponemos que

cuando la demanda de ese artículo era constante el coeficiente de reposición normal de los

equipos y maquinarias destinados a su producción era del 10%, resultará entonces que las

empresas productoras de aquél, como consecuencia del referido aumento en el consumo,

deberán invertir, además de aquel 10% necesario para la reposición, otro 10% para la

adquisición de nuevos equipos y maquinarias. En consecuencia, podemos comprobar que un

10% de aumento en el consumo de determinado artículo se ha traducido en un incremento del

100% (10% x 10%) en la inversión de los bienes de capital destinados a su producción.

Ejemplo de Mennucci: Cuando el Estado empieza a realizar más gastos, requiere más servicios.

El fabricante que ahora ve multiplicado su negocio, acelera la economía. Debe comprar una

nueva máquina para favorecer el pedido del Estado, también contrata más personal, etc. Así

acelera el crecimiento de la actividad económica porque multiplica al fabricante de máquinas,

etc. Keynnes basa su modelo en una economía cerrada pero si en vez del al fabricante

nacional, se lo compra a un extranjero ya no habrá tanta aceleración.

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Efecto (según Mennucci): Si no está acompañado de una inversión para satisfacer la demanda,

se genera inflación.

3. Los Recursos Públicos. Concepto y evolución. Clasificaciones. Monopolios Fiscales. Fines fiscales y extrafiscales. Recursos nacionales, provinciales y municipales. Pactos federales. La ley de Responsabilidad Fiscal.

Concepto: Los recursos públicos son aquellas riquezas que se devengan a favor del Estado para

cumplir sus fines, y que en tal carácter ingresan en su tesorería. Las concepciones financieras

modernas consideran que el recurso no puede limitarse a asegurar la cobertura de los gastos

indispensables de la administración, sino que es uno de los medios de que se vale el Estado

para llevar a cabo su intervención en la vida general de la Nación. Esto no significa dejar de

admitir su finalidad principal de cubrir los gastos públicos, pero a su vez se advierte que

además de esa función, los recursos pueden ser instrumentos para que el Estado desarrolle su

política intervencionista en la economía general.

Terminológicamente puede distinguirse la voz Recurso de Entrada. Mientras que recurso es

toda suma devengada, los ingresos son las sumas que efectivamente entran en la tesorería.

Evolución del concepto: Para los economistas de la escuela clásica, los recursos públicos

debían tener siempre una finalidad exclusivamente fiscal: la de servir sólo como medios para

satisfacer los gastos que el Estado necesariamente debía realizar a fin de cumplir con sus

funciones esenciales. De allí que los recursos públicos, al menos en principio, debían limitarse

a ser sólo entradas al Tesoro para financiar tal tipo de gastos, sin que preocupara el hecho de

que ellos cumpliesen o no otras funciones de interés para la comunidad.

Esa concepción teórica y limitada con respecto a la finalidad de los recursos públicos fue

paulatinamente abandonada como consecuencia directa de las nuevas funciones asignadas al

Estado. La misión de los recursos públicos cruzó, entonces, los estrechos confines de “medios

para satisfacer erogaciones públicas” –o sea, su finalidad exclusivamente fiscal– para

convertirse, al igual que los gastos públicos, también en instrumentos extrafiscales o medios

de acción del Estado para intervenir en las distintas actividades desarrolladas por la

comunidad.

Consecuentemente, para las finanzas modernas los recursos públicos cumplen una doble

función, ya que a la par de la acción fiscal asignada por los clásicos se les encarga otra de

trascendental importancia, cual es la de actuar como medios intervinientes en el

ordenamiento de las distintas actividades desarrolladas en el país.

Pero esa primera idea de utilizar instrumentos fiscales como medios reguladores de la

economía, que habían esbozado los mercantilistas, fue en gran parte abandonada

posteriormente, a causa de la puesta en vigencia de los postulados de la economía liberal, la

cual, según es bien conocido, tenía como una de sus máximas la de la menor intervención

posible del Estado en las actividades económicas del país. Justamente por ello, durante el siglo

XIX, y, atendiendo a las recomendaciones de los clásicos, se tendió a limitar los ingresos de los

Estados a los recursos tributarios, procurando al mismo tiempo, aunque no siempre con éxito,

reducir sus respectivas deudas públicas.

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En nuestro siglo –juntamente con el advenimiento de la nueva concepción del Estado–, la

historia de los recursos públicos volvió a tomar otro rumbo. En efecto: a la par de los recursos

tributarios (los cuales, ciertamente, no han perdido en nada su enorme gravitación para las

finanzas públicas), se ha recomendado la utilización del crédito público sin ninguno de los

temores que les infundía a los clásicos. Además, la mayoría de los países –sean o no de

afiliación socialista– han hecho resurgir vertiginosamente la importancia de los recursos de

tipo patrimonial sin identificarlos, como ocurrió en otros tiempos, con los bienes inmuebles de

propiedad del Estado. En nuestro mundo actual, no es la tierra pública la que tiene

importancia, sino las denominadas “empresas estatales”, a las cuales se les confían actividades

industriales, comerciales, financieras, de servicios, etc.

Clasificación de los Recursos Públicos: Desde el punto de vista jurídico, las clasificaciones de

los ingresos públicos son útiles en vista de que ayudan a conceptuar con mayor precisión cada

uno de los distintos recursos, y a reconocer cuáles principios son los aplicables en lo relativo a

la obtención, administración y destino de aquéllos. Utilizando este criterio, los ingresos

públicos bien pueden ser divididos en:

Recursos de derecho privado, los cuales prácticamente coinciden con los

denominados recursos originarios.

Recursos de derecho público, categoría que comprende los ingresos conocidos como

derivados (tributos, empréstitos públicos e ingresos varios).

Villegas: clasificaciones económicas:

Recursos Ordinarios: son todos los percibidos por el Estado en forma regular y

continua, como por ejemplo, los impuestos que se recaudan periódicamente.

Recursos Extraordinarios: son aquellos excepcionales u ocasionales que carecen de la

regularidad de los anteriores. Como ejemplo podemos citar los impuestos

patrimoniales “por una única vez” (algunos utilizados en varios períodos, no obstante

la calificación de únicos)

Efectivos: importan un ingreso de dinero para el Estado sin que se produzca una salida

patrimonial equivalente: no originan una transferencia correlativa de bienes

patrimoniales.

No Efectivos: son entradas para el Estado compensadas por una salida patrimonial.

Corresponden a esta categoría los recursos pecuniarios provenientes de la venta de

bienes del dominio privado del Estado.

Originarios: son los que provienen de los bienes patrimoniales del Estado o de

diversos tipos de actividades productivas realizadas por aquel.

Derivados: son los que las entidades públicas se procuran mediante contribuciones

provenientes de las economías de los individuos pertenecientes a la comunidad.

Comprenden una variada gama de ingresos, no solo de distinta importancia

cuantitativa para el Estado, sino también de diversa naturaleza jurídica. Igualmente en

todos los casos, el Estado los obtiene ejerciendo sus poderes soberanos.

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Los recursos derivados, comprenden una variada gama de ingresos, no sólo de distinta

importancia cuantitativa para el Estado, sino también de diversa naturaleza jurídica.

Entre ellos agrupamos los recursos tributarios, los provenientes del uso del crédito público, las

multas y otras sanciones de carácter pecuniario y los ingresos provenientes de gestiones de la

Tesorería. No obstante la diversidad y la distinta composición de todos estos recursos

derivados, ellos tienen una característica común que permite su agrupación en una misma

categoría. Nos referimos a la circunstancia de que el Estado, en todos los casos, obtiene este

tipo de recursos de una manera mediata, o sea, no como producto de negocios jurídicos –tal

como ocurre con los recursos originarios–, sino mediante reclamos a las economías de los

particulares. Esas exigencias las puede formular el Estado en virtud de su imperio o poder

fiscal; y de allí que todos esos recursos sean –en definitiva, y cuando se los considera desde el

punto de vista jurídico– el fruto de relaciones entre el Estado y los particulares siempre

gobernadas por normas de derecho público.

Esta última circunstancia, en cierta medida, explica el porqué de la terminología

tradicionalmente empleada para designar estos recursos, es decir, son ingresos que “derivan”

de los particulares ante reclamos formulados por el Estado en virtud de su imperio o poder

financiero.

MONOPOLIOS FISCALES: Con relación a ciertos productos, el Estado puede monopolizarlos y

venderlos a precio más elevado que el costo, incluyendo no solo la ganancia comercial normal,

sino un excedente que puede considerarse tributario. De allí el nombre de “monopolio fiscal”

y la catalogación que los financistas clásicos hacían de “recursos mixtos”, llamándolos así

porque en parte eran patrimoniales y en parte tributarios.

La doctrina extranjera, particularmente la francesa y la italiana, ha analizado cuidadosamente

la significación financiera de la explotación, por parte del Estado, de ciertas actividades

industriales o comerciales en forma monopólica. En Francia, por ejemplo, el Estado se ha

reservado un derecho exclusivo para la fabricación de pólvora y explosivos, y otro análogo para

la comercialización de tabaco, cigarros y cigarrillos, mientras que en Italia los monopolios

fiscales están referidos a varios productos, entra los cuales podemos citar la sal, el tabaco, los

fósforos, la sacarina, etc.

En nuestro país, el Estado no ha realizado tales actividades monopólicas, ni tiene organizadas

empresas o establecimientos especiales para llevarlas a cabo, excepto en lo que respecta a los

juegos de azar. Para tal fin, se ha centralizado todo lo referente a la explotación de esos

juegos por medio del Ministerio de Salud y Acción Social, específicamente la Lotería de

Beneficencia Nacional y Casinos.

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL 25917. Se trata de un régimen de adhesión voluntaria

para las provincias que tiene por objeto transparentar la gestión pública y lograr solvencia

fiscal sostenible en el tiempo en los distintos niveles de la administración publica. Son

objetivos de la ley:

a. Responsable y adecuada administración fiscal

b. Sustentabilidad y previsibilidad

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c. Transparencia en la información

d. Mejora en las relaciones fiscales Nación‐Provincias

e. Tender a una disminución de la deuda

f. Mejorar estructura del gasto

g. Fortalecer el federalismo

Los ejes de la ley son: Capitulo I: Transparencia y gestión publica

o El gobierno nacional debe presentar ante el Consejo Federal antes del 31 de agosto de cada año, los resultados primarios y financieros previstos para cada nivel de gobierno, los limites de endeudamiento, las proyecciones de recursos.

o Las Leyes de presupuestos contendrán la autorización de la totalidad de los gastos y recursos.

o Antes del 30 de noviembre los gobiernos presentaran los proyectos de presupuestos plurianuales a las legislaturas.

o Cada provincia publicara el presupuesto anual en su página web. o Los gobiernos tomaran medidas para calcular parámetros o indicadores de

gestión pública. Capitulo II: Gasto Publico; se establecen restricciones al gasto de los distintos niveles

de gobierno. El incremento del gasto no podrá superar la tasa de aumento nominal del PBI. Se entiende como gasto corriente la suma de: gasto corriente + gasto de capital – intereses de la deuda. Se busca que el gasto no supere el nivel de ingresos que cada provincia tiene. Persigue el equilibrio de las cuentas públicas.

Capitulo III: Ingresos públicos; el calculo de los recursos de un ejercicio debe basarse en la ejecución presupuestaria del ejercicio previo.

Capitulo IV: Equilibrio financiero; Debe entenderse por equilibrio la diferencia entre los recursos percibidos y los gastos devengados. Se prevé la creación de un fondo anticíclico.

Capitulo V: Endeudamiento; es uno de los puntos mas controvertidos. o El nivel de endeudamiento no debe superar el 15% de los recursos corrientes

netos de transferencias por coparticipación a municipios. o Las jurisdicciones que superen tal límite, no podrán acceder a un nuevo

endeudamiento, excepto que refinancien el existente. o Informes sobre garantías y avales otorgados o No pueden incluirse en los presupuestos gastos corrientes y de capital que no

se hayan devengado presupuestariamente en ejercicios anteriores. o Para acceder a endeudamiento, debe ser analizado por el Ministerio de

Economía y Producción. Capitulo VI: Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal; compuesto por los ministros

de Economía y Hacienda, los provinciales y el e la Ciudad Autónoma. Se encarga de evaluar el cumplimiento del Régimen que fija la ley. Quedara formado cuando adhieran el 50% de las provincias.

Capitulo VII: Disposiciones varias. Establece las sanciones por incumplimiento de la ley.

4. Dominio Financiero. Banco Central República Argentina. Recursos Monetarios. Recursos Monetarios: El manejo de la banca central, y el derecho a emitir moneda que

corresponde al Estado moderno, constituye también una forma de obtener ingresos.

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La potestad monetaria estatal es una manifestación del poder de soberanía en cuya virtud

ejerce la actividad financiera. Mediante la moneda, el Estado regula y controla directamente el

intercambio de bienes y servicios y las transacciones públicas y privadas en general. El

emisionismo monetario puede ser considerado desde dos puntos de vista: como

procedimiento estatal de regulación económica y como medio de procurarse ingresos.

- El Emisionismo como regulador económico: Desde este aspecto, el papel de la

emisión es fundamental, por cuanto la existencia de medios de pago debe estar en

correcta proporción al volumen de los bienes y servicios disponibles en una economía

nacional. Los medios de pago deben aumentar al mismo ritmo que se incrementa el

volumen producido de bienes y servicios a pagar. Además, las medidas monetarias

tienen importancia como instrumento de intervencionismo estatal. Así, por ejemplo,

en casos agudos de depresión con no empleo de recursos económicos y capacidad

contributiva no utilizada, la emisión monetaria puede influir favorablemente en la

capitalización y en la reactivación general de la economía en crisis, sin imponer un

costo real a los individuos.

- El Emisionismo como medio de obtener ingresos: Aquí el Estado cubre su déficit

presupuestario con la emisión de papel moneda. Pero tal finalidad, en la medida en

que no vaya acompañada del proporcional incremento de bienes y servicios a

disposición de los consumidores, constituye un elemento de presión inflacionaria. Este

tipo de emisionismo debe ser de carácter provisional, y estar acompañado por

medidas de “saneamiento” que tengan por objeto retirar de la circulación la “masa

monetaria exuberante”, o sea, aquella que está excedida en relación a la producción u

oferta de los bienes y servicios.

(Para más información –> Trabajo de Moncho: LA OFERTA DEL DINERO Y LA POLITICA MONETARIA)

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BOLILLLA 3: EL PRESUPUESTO

1‐ Concepto. Origen. Evolución. Características. Naturaleza jurídica. Normas constitucionales. Marco jurídico del presupuesto nacional y provincial.

Concepto: El Estado para cumplimentar sus fines necesita realizar gastos, y para ello necesita

también recursos, Duvergere, afirmaba que a diferencia de las distintas actividades privadas,

estos gastos y recursos debían ser planificados con anticipación, surgiendo de ahí la noción de

presupuesto: que es un plan de gobierno en el cual se estiman recursos y se autorizan gastos

por un lapso temporal determinado que generalmente es de un año.

En principio, ningún gasto puede ser efectuado ni ningún ingreso percibido fuera de los

incluidos en el plan.

Concepto Mennucci: El presupuesto es una previsión de gastos que se van a realizar y recursos

estimables que se van a obtener. Es la planificación financiera y económica que realiza el

Estado. También puede observarse su función redistributiva en donde el presupuesto no hace

otra cosa que sustraer la riqueza de una parte de la sociedad para distribuir a otra parte de la

misma. La ley de presupuesto tiene origen en la Cámara de Diputados (representantes del

pueblo).

Origen y Evolución del Presupuesto: El origen del presupuesto es netamente político, cerca

del año 1215 en Inglaterra los llamados Barones del Reino lograron que el rey, para imponer

determinados tributos, necesitara de la aprobación de este grupo de la población. Esta

autorización se encuentra comprendida en la Carta Magna y en numerosas Declaraciones de

Derechos realizadas en Inglaterra. Posteriormente, también se necesito autorización para la

realización de ciertos gastos, separando los realizados por el soberano de los realizados por el

Estado. Esta noción primitiva del presupuesto es la que se extendió hacia los distintos países

de Europa y en especial a Francia; para luego ya en el siglo XIX pasar a ser de carácter normal

la autorización de gastos y recursos en forma periódica, tal como es la noción de presupuesto

que tenemos hoy día.

Naturaleza Jurídica del Presupuesto. El presupuesto es una ley. En los estados de derecho

actuales, debe ser sancionada por el Congreso o el Parlamento Nacional. La discusión gira a

raíz de si el presupuesto es una le ley formal o material: la mayoría de la doctrina opina que

es una ley de carácter formal.

Más allá de la discusión teórica de si puede desdoblarse y hablarse de leyes materiales (aquella

que además de cumplir con el procedimiento reglado para su sanción y promulgación es

creadora de normas jurídicas) y/o formales (cuando solo se cumple el procedimiento de las

otras normas a través de la C.N. y también en lo que hace a su validez pero en su contenido no

encontramos normas jurídicas independientes), tal es el caso del presupuesto, ya que como

opina Villegas: “los recursos no los crea, sino que solo hace un cálculo aproximado de ellos”.

Cada tributo deberá ser creado por una ley especial, y respecto a los gastos tenemos que el

presupuesto es solo un límite máximo para gastar.

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Para Fonrouge, considerar al presupuesto como ley formal significa pretender que la ley de

presupuesto no contiene norma jurídica alguna, reviste extrínsecamente la apariencia de ley,

pero intrínsecamente es un acto administrativo. Se pretende dar a entender que la ley de

presupuesto no constituye una regla de derecho. Es más propio hablar de “operación

administrativa” antes que acto administrativo.

Mennucci: Para algunos autores es material, para otros es una ley formal. Lo que diferencia a

estas leyes es que la ley formal no crea ni modifica derechos, tan solo notifica actos

administrativos. La ley material crea o modifica derechos, suprime o no.

¿El Poder Legislativo puede o no modificar el proyecto del Ejecutivo?: Si el presupuesto fuera

una ley formal, el legislativo solo le dará carácter de norma o no. Si fuera una ley material, el

legislativo si hace modificaciones, comienza el proceso de las mayorías.

Con respecto a esto, hay dos sistemas:

- Sistema Francés: sustenta la idea de que el Parlamento solo puede aprobar o desechar

el presupuesto pero no modificarlo. Para modificarlo, volverá al Poder ejecutivo.

- Sistema Inglés: el poder legislativo puede modificar artículos y si tiene las mayorías

legales puede imponer el presupuesto.

Opinión de Fonrouge (y Mennucci): El hecho de que Argentina la ley de presupuesto se limite

a “calcular los recursos sin crearlos” (opinión de Villegas) por ser ellos de carácter permanente

y establecidos independientemente, no disminuye la jerarquía del Congreso. La razón es que

no existe disposición constitucional de carácter limitativo, de manera que nada impide que en

cualquier momento el Congreso establezca o modifique tributos mediante la ley de

presupuesto. Las normas actualmente vigentes en el sentido de que las leyes de presupuesto

“no podrán reformar o derogar leyes vigentes ni crear, modificar, o suprimir tributos u otros

ingresos” (Art. 20 L. 24.156) o que “todo incremento del total del presupuesto de gastos

previstos en el proyecto presentado por el poder ejecutivo nacional, deberá contar con el

financiamiento respectivo” (Art. 28, L. 24.156) son autolimitaciones que el Congreso puede

modificar en cualquier momento. Nada obsta entonces, a que el Poder Legislativo instituya los

recursos para afrontarlos; o bien establezca por acto separado pero que estará vinculado al

primero, puesto que esto es mera cuestión de técnica que no es inherente a la sustancia del

asunto.

Lo expuesto demuestra que la ley de presupuesto puede modificar derechos subjetivos de

terceros, porque no existen limitaciones a la acción del Poder Legislativo, salvo las que

puedan resultar de derechos y garantías fundamentales de la CN, cuya apreciación queda

librada al Poder Judicial. El presupuesto es un acto de trascendencia que regula la vida

económica y social del país, que es manifestación integral de la legislación y fuente de

derechos y obligaciones para la Administración, y productor de efectos con relación a los

particulares. ES ENTONCES, LEY MATERIAL.

Normas Constitucionales referidas al Presupuesto: ¿Dónde está reseñada la Clausula Presupuestaria? Está establecida en el Articulo 75 inc. 8 con remisión al 75 inc. 2.

Art. 75 Inc. 2, punto 8: Corresponde al Congreso: Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al

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programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.

Art. 75 Inc. 2, punto 2, tercer párrafo: Corresponde al Congreso: La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

Marco Jurídico del Presupuesto:

- CN Artículo 75

- Ley 24.156: Norma de Procedimientos Administrativos.

- Ley anual del Presupuesto. Este año (2011) No fue aprobada la ley de presupuesto.

2‐ Principios del Derecho Presupuestario. Equilibrio. Anualidad. Unidad. Universalidad. No afectación de recursos. Especificación o especialización de gastos. Alcance de estos principios. Clasificaciones. Presupuestos de caja y de competencia. Presupuestos plurianuales y cíclicos. Presupuestos múltiples. Presupuesto de capital y operación. Presupuestos por programas y base cero. Presupuesto funcional.

1. PRINCIPIO DEL EQUILIBRIO: Básicamente, el principio del equilibrio consiste en que la

cantidad total de gastos autorizados en un presupuesto sea igual a la suma total de los

recursos estimados para ese mismo año financiero. Si la cantidad total de aquéllos

supera a la suma total de éstos, el resultado negativo es denominado déficit, mientras

que si se produce la situación inversa, o sea, que los recursos son superiores a los

gastos, se dice que hay superávit.

Para la escuela clásica repudiaba tanto la idea del déficit como la del superávit

presupuestario. La idea del déficit era rechazada porque podía conducir no sólo a la

inflación, sino también a la bancarrota del Estado. Por su parte, tampoco era,

admisible un superávit porque tal situación denunciaba que el Estado había detraído,

de la economía privada, una porción mayor de riqueza que la realmente necesaria para

cumplir sus funciones, y, lo que era peor, había restado posibilidades al natural

desarrollo de aquélla. En resumidas cuentas para los clásicos el presupuesto debía

respetar el principio del equilibrio, dado que éste era la única garantía para anular los

posibles efectos de la actividad financiera del Estado sobre la actividad económica.

También entendieron que el total de los gastos públicos no superase al total de los

recursos públicos que ellos clasificaban como “ordinarios”, es decir, de los recursos

que no fueran el producto de empréstitos o de medidas monetarias, lo cual conducía a

afirmar que los gastos públicos debían ser cubiertos sólo con recursos tributarios.

La tesis de los clásicos acerca de este tema fue, sin embargo, objeto de críticas por

parte de muchos autores contemporáneos. Keynes adujo que el Estado podía

desarrollar, mediante su actividad financiera, una acción compensadora de los

desequilibrios que se produjesen en el sistema económico. Tal premisa conducía, a su

vez, a la conclusión de que en determinadas circunstancias –p. ej., una depresión

económica– se justificaba que el Estado tuviese déficit presupuestarios, si ellos servían

como factores de equilibrio o compensadores de las tendencias depresivas. Esta tesis

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keynesiana ha sido el fundamento de la reelaboración del principio del equilibrio

presupuestario, el cual es entendido hoy en relación con el equilibrio de la economía

nacional. Sin embargo, esa reelaboración del principio del equilibrio debe ser

apreciada en su justa medida, es decir, aplicada a los supuestos que sirvieron de

premisas a la tesis de Keynes, o sea, desocupación, existencia de ahorro ocioso y falta

de motivación para las inversiones privadas.

En una coyuntura económica de pleno empleo, de auge o de prosperidad, el principio

del equilibrio presupuestario tal como lo puntualizaba el propio Keynes, y según lo

hemos estudiado al analizar los efectos económicos del gasto público, mantiene su

plena vigencia.

La Ley de Responsabilidad Fiscal establece límites respecto del endeudamiento, y la

aparición de un Fondo Anticiclico. El presupuesto debe ser un instrumento de política

anticlica: nivelar los momentos de crisis con los de crecimiento. Depende el momento

económico hay que ver qué tipo de presupuesto conviene; no siempre un presupuesto

deficitario es negativo, ni una superavitario positivo.

2. PRINCIPIO DE ANUALIDAD: el presupuesto es un plan o programa que contiene gastos

y recursos establecidos para un lapso temporal que generalmente es de un año. En

países donde la economía se caracteriza por su estabilidad, el presupuesto puede ser

de más de un año, y así tenemos los llamados presupuestos plurianuales (bianuales y

trianuales). En Argentina, si bien un presupuesto plurianual no tiene validez jurídica,

pueden crearse cuando existan obras o programas que vayan a realizarse en varios

años; Los datos del pasado son informativos y los del futuro son estimativos, siendo

solo los del presente de carácter presupuestario y legal.

Hablar de año financiero implica referirse a un periodo de 12 meses; en Argentina

coincide con los 12 meses del año, aunque en otras épocas se había modificado y

finalizaba el 31 de octubre.

3. PRINCIPIO DE UNIDAD establece qué gastos y recursos deben estar comprendidos en

un mismo instrumento. Esto permite una visión totalizadora respecto a las entradas y

salidas de dinero dentro del estado y también evita que puedan ocultarse gatos en

llamadas “cuentas especiales”. Pero este principio, fue criticado por las modernas

técnicas presupuestarias, que sostienen que es imposible comprender en un único

instrumento materias tan disímiles o diferentes, por ello han propugnado la creación

de los llamados presupuestos dobles, o también la división en llamados “gastos de

funcionamiento” y de “inversión de capital”. Este último sistema es al cual se ha

sumado nuestro país. La práctica financiera argentina tiende a alejarse cada día más de

la regla de la unidad presupuestaria, a pesar de que nuestra Ley de Contabilidad

Pública, en su primer artículo, dispone que el presupuesto general de la Nación

“comprenderá todas las erogaciones que, se presume, deberán hacerse en cada

ejercicio financiero”, lo cual implica que aquél tendría que comprender todos los

ingresos públicos. Sin embargo, nuestro presupuesto nacional, en los hechos, nunca

agrupa todos los recursos públicos. Se lo impide esa anomalía presupuestaria que deja

5


al margen de la Tesorería General los ingresos propios de cuentas especiales, como lo

son el fondo ganadero, el energético, el del tabaco y una interminable cantidad de

otros fondos, cuentas o cajas parafiscales.

Excepciones: ingresos extrapresupuestarios. Ej: Regalías de YPF Santa Cruz. No hay

razonabilidad.

4. PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD: implica que los gastos y recursos deben figurar por sus

importes brutos, esto significa por Ej: si tenemos el rubro que hace a los recursos

aduaneros y, a su vez sabemos que el servicio de aduana tiene un costo de personal,

mantenimiento, etc., por lo tanto genera gastos, lo que ingresa por tributos aduaneros

debe figurar por su total y los gastos que este servicio implica también deben figurar

por su total, es decir, no hacer la resta entre ambos, ya que sería introducir en el

presupuesto importes netos. El principio de la universalidad presupuestaria

complementa a los anteriores, en especial al del equilibrio, por cuanto exige que los

gastos no sean compensados con los recursos, es decir, que tanto aquéllos como éstos

sean presentados en sus cantidades brutas, sin mostrar saldos netos. Así, por ejemplo,

las erogaciones de funcionamiento del Correo deben ser consignadas por su cantidad

total en el presupuesto general de la Nación, sin proceder previamente a descontar o

restar de ella la cantidad de recursos recaudados por esa misma entidad estatal. Este

principio ha sido expresamente reconocido por nuestra Ley de Contabilidad Pública, la

cual dispone en su art. 2 que los recursos y los gastos públicos figurarán en el

presupuesto “separadamente y por su importe íntegro, no debiendo en caso alguno

compensarse entre sí”.

5. PRINCIPIO DE NO AFECTACION ESPECIFICA DE RECURSOS: a contrario del principio de

la especialidad, respecto a los recursos, estos no pueden ser asignados a ninguna

erogación particular, sino que todo lo que ingresa va a ir a parar a una cuenta llamada

Rentas Generales. Este principio tiene innumerables excepciones como por Ej:

impuestos creados para solventar o financiar una determinada actividad, objetivo,

plan o programa; recursos provenientes de operaciones de crédito publico; recursos

provenientes de donaciones o legados.

6. PRINCIPIO DE ESPECIFICIDAD: es aplicable a los gastos, cada una de las erogaciones

debe estar autorizada y especificada de antemano, están prohibidas las autorizaciones

en bloque. Esto facilita el control y la ejecución del presupuesto. Las modernas

técnicas presupuestarias propugnan por los llamados presupuestos funcionales,

asignando partidas de carácter más global a los distintos jefes o funcionarios que

manejan las distintas áreas del Estado para facilitar el desarrollo y el desenvolvimiento

de la actividad estatal. Otra técnica es la llamada “presupuesto por programa”, la cual

está más directamente relacionada con el desarrollo y ejercicio de una actividad

específica del plan o programa de gobierno.

7. Otros Principios: Publicidad (Acto de gobierno – Transparencia) y Uniformidad

(mantener la forma durante los sucesivos periodos para poder establecer

comparaciones)

6


Clasificación de los Principios: Con el propósito de sistematización y sin desconocer la intima

vinculación existente entre ellos, podemos decir que los principios son de dos tipos:

Principios de carácter sustancial: por referirse al concepto general del presupuesto.

Entre estos se incluyen los principios de equilibrio y de anualidad.

Principios de carácter formal: por relacionarse con su estructura interna. Entre estos

se incluyen los principios de unidad, universalidad, de no afectación de recursos y de

especialización de gastos.

Presupuestos de Caja y Competencia: Existen dos sistemas para referir las operaciones

presupuestarias al año financiero: el presupuesto de caja y el presupuesto de competencia

también conocido como sistema del ejercicio.

Presupuesto de caja: se consideran únicamente los ingresos y las erogaciones

materializadas, efectivamente realizadas, durante el periodo respectivo. Lo que se

computa es el movimiento de fondos, con prescindencia del origen o nacimiento de las

operaciones. Las cuentas se cierran indefectiblemente al término del año financiero, y

por tanto, no puede haber “residuo”: lo que no ha podido cobrarse o pagarse durante

el año pasa al año siguiente; en consecuencia, el ejercicio financiero coincide con el

año financiero. Las ventajas son la simplicidad, claridad, rapidez en la rendición de

cuentas, ya que al cierre del ejercicio no quedan operaciones pendientes.

Presupuesto de Competencia: predomina el aspecto jurídico, ya que se computan los

ingresos y las erogaciones comprometidas durante el año, es decir que, se originan o

surgen durante el año, sin atender al momento en el cual se hacen efectivos. Es un

sistema que se prolonga hacia el futuro. En este sistema, las cuentas no cierran al

finalizar el año, ya que deben quedar pendientes hasta que se liquiden las operaciones

comprometidas: el residuo resultante al final del año debe imputarse al mismo

ejercicio y para ello se utiliza un periodo adicional más o menos extenso en que se

contabilizan. El ejercicio financiero entonces es más extenso que el año financiero.

Este sistema es más complejo y no permite una rendición de cuentas formulada con

tanta rapidez como en el otro sistema, pero en cambio, hace apreciar mejor el

ejercicio de poderes o deberes jurídicos de la administración para la obtención de los

fines consignados en el presupuesto.

La mayor parte de los países se ha inclinado hacia el presupuesto de caja y aquellos que

optaron por el de competencia tuvieron que atenuarlo ya sea mediante un distingo entre

recursos y gastos, ya restringiendo el “periodo complementario” a un término muy breve o

apelando a las cuentas residuales.

Presupuestos plurianuales y cíclicos.

Se considera presupuesto plurianual al sancionado y aplicado por un período superior

a los tradicionales doce meses. Así, usualmente se cita el ejemplo del presupuesto

francés para los años 1955–56, conocido como “presupuesto bianual”, y la norma

prevista –pero que nunca se llegó a aplicar– en la derogada Constitución argentina de

1949, según la cual el Congreso estaba facultado para “fijar por un año, o por períodos

superiores hasta un máximo de tres años, a propuesta del Poder Ejecutivo, el

presupuesto de gastos de administración de la Nación”.

7


Los presupuestos cíclicos, por su parte, son los aprobados por más de un año con la

finalidad de aplicar una política compensadora de los desequilibrios que se producen

en la actividad económica como consecuencia de las distintas etapas coyunturales. Sin

embargo, estos presupuestos, tal como se los aplica en la práctica de los países

escandinavos (precursores de ellos), sólo comprenden los gastos de capital o

inversiones patrimoniales, con lo cual dejan de lado también el principio de la unidad

presupuestaria.

En efecto: tanto en Suecia como en Finlandia y Dinamarca se distingue entre el presupuesto

operativo, es decir, el que comprende las erogaciones anuales de funcionamiento, y el

presupuesto de capital, o sea, el de inversiones patrimoniales. Este último, que se financia con

empréstitos públicos y excedentes de años de prosperidad, es plurianual y tiene por objetivo

compensar, mediante la realización de obras públicas, las etapas de depresión del ciclo

económico, motivo por el cual se lo denomina “presupuesto cíclico”.

Presupuestos Múltiples: La doctrina moderna pretende que al ampliarse el campo de acción

del Estado, que ahora persigue fines económicos‐sociales y emprende actividades industriales,

se ha tornado imposible reunir en un solo documento el conjunto de esas actividades. Por otra

parte, la transformación operada ha hecho desaparecer la homogeneidad y uniformidad del

presupuesto, es decir, la identidad sustancial en el objeto y en la naturaleza de los créditos, de

manera tal que actualmente se acumulan gastos de explotación y gastos de inversión que no

pueden compararse entre sí por referirse a conceptos heterogéneos, aparte de que la

complejidad de la acción estatal, con diversidad de órganos y de funciones, no permite que los

gastos y los recursos aparezcan en un documento único. Las exigencias de la vida real se han

impuesto a las consideraciones teóricas. Los gastos que parecen excepcionales en un periodo

breve llegan a ser normales y regulares al apreciarlos en mayor espacio de tiempo,

erogaciones que aparentemente son improductivas, como sueldos de funcionarios e interés de

la deuda pública, son retribución de servicios prestados al país o de su enriquecimiento, e

inversamente ciertos gastos de inversión pueden no ser productivos, si el Estado se ve

obligado a operar con precios políticos por debajo del costo; por último, la experiencia de

ciertos países demuestra que los gastos de carácter excepcional pueden financiarse dentro del

presupuesto único. Es indudable el quebrantamiento del principio de unidad, manifestado en

ciertos procedimientos utilizados en épocas diversas tales como los presupuestos anexos o

especiales de reparticiones estatales, las cuentas especiales que suelen perder su carácter

puramente contable para encubrir gastos extrapresupuestarios y finalmente los presupuestos

extraordinarios como los de Francia para liquidar las guerras de 1870 y 1914.

Presupuesto de Capital y Presupuesto de Operación: Frente al desacuerdo entre los hechos

reales y la doctrina, las nuevas corrientes financieras tienden a asignar carácter de

permanencia a los antiguos presupuestos extraordinarios, transformándolos en presupuestos

de capital (o de inversión) paralelos a los presupuestos de explotación (u operativos).

El presupuesto de explotación o de operación debe comprender los gastos normales para el

funcionamiento de la administración y la atención de los servicios a su cargo, las cargas

permanentes de la administración, el servicio de la deuda pública y los gastos de conservación

de los bienes patrimoniales.

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El presupuesto de capital o de inversión incluye aquellos conceptos que se incorporan al

patrimonio del Estado, que incrementan “su capital” tales como obras públicas y adquisición

de bienes de uso y de producción, cuya incorporación al acervo general tiene el carácter de

una “inversión”. Carece de significación si los bienes de capital resulten remunerativos o no,

como tampoco si fueron adquiridos en forma permanente o accidental. Lo que interesa es el

uso o la finalidad a que estén destinados.

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS Y BASE CERO: Inmediatamente después de la finalización

de la segunda guerra mundial tuvieron lugar notables cambios en la técnica de presentación

presupuestaria.

En primer término, se distinguió claramente, por una parte, los gastos públicos por

operaciones normales que denominamos erogaciones de funcionamiento u operativas, y, por

la otra, los gastos que implicaban una colocación capitalizadora, o sea, gastos de capital o

inversiones patrimoniales. Esta clasificación, a su vez, dio origen a los presupuestos ordinarios

o de explotación y a los presupuestos de capital o de inversiones, que hemos visto al estudiar

los llamados “presupuestos cíclicos”.

En segundo término, se comenzó a divulgar y aplicar el criterio jurídico–administrativo,

expuesto por Jéze, de clasificación de los gastos públicos según su destino, el cual permite

apreciar la evolución de la Administración pública y comparar la importancia de sus

departamentos.

El tercer cambio fundamental del proceso de depuración de la técnica presupuestaria residió

en los denominados presupuestos por programas, funcionales, o de realización.

El procedimiento empleado en los presupuestos por programas consiste en autorizar, por

medio de la ley respectiva, una cantidad máxima de gastos posibles a cada sección o

departamento estatal. Dichas partidas globales de gastos máximos están basadas, por

supuesto, en cálculos previos que atienden a las funciones, actividades y proyectos de cada

departamento, poniendo especialmente de relieve el objeto o fines a que están destinadas.

Con esta técnica se les adjudica mayor responsabilidad a los funcionados encargados de llevar

a cabo cada programa y, al mismo tiempo, se puede establecer, a la finalización del año

financiero, la eficacia de la ejecución de las funciones u objetivos encomendados.

El presupuesto base cero consiste en que cada unidad responsable de las erogaciones

justifique la asignación presupuestaria total y que, año a año, revise su aptitud y eficacia en el

cumplimiento de las metas programáticas fijadas. No se trata de algo que afecte la esencia de

la institución presupuestaria ni a la orientación del presupuesto nacional, sino únicamente, a

la forma de determinar las cifras que habrán de consignarse en el documento. Se parte de la

base de que ningún gasto tiene un “derecho adquirido” de subsistir por su mera existencia en

periodos anteriores, es decir, que el responsable lo coloca en base cero, como si nada hubiera

existido anteriormente, y se dedica al reexamen de cada rubro, manteniendo solo aquellos

que hayan acreditado la necesidad de subsistencia. Según Moncho es muy difícil de llevar a la

practica, solo se utilizo en el sector privado.

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Presupuesto Funcional: El presupuesto funcional prescinde de la clasificación tradicional que

especifica los gastos en sí mismos enumerándolos y clasificándolos por tipos, y pone de relieve

el objeto a que ellos se destinan, los fines a realizar o las cosas que el Estado hace. Se

reagrupan según las finalidades previstas –cosas o servicios‐ asignándose a sumas globales,

que los jefes de las distintas entidades encargadas de su realización deben distribuir según

exigencias reales.

Las principales consecuencias son: la mayor responsabilidad de los administradores, además

exige una reorganización de la misión y obligaciones de la oficina centralizadora del

presupuesto, y modifica la naturaleza y alcances de la función legislativa, que si bien queda

liberada de perder tiempo en minucias presupuestarias, que le impiden consagrarse al examen

de los planes o programas directivos, en cambio se ve dificultada su misión de control de los

detalles de las realizaciones previstas y de las unidades de ejecución.

3. Preparación, sanción y ejecución presupuestarias. Las etapas de ejecución y sus

efectos jurídicos. Modificaciones presupuestarias durante ejecución. Los principios

de claridad, publicidad y transparencia. Delegaciones legislativas en el Ejecutivo.

Elaboración y Preparación del Presupuesto. La vinculación entre el presupuesto y el plan

general de gobierno, determina que el Poder Ejecutivo tenga a su cargo la preparación del

proyecto, pero este delega en distintos órganos técnicos especializados la realización del

proyecto. Es el Ministerio de Economía quien tiene la capacidad y los elementos para elaborar

este proyecto. A partir de 1963, se creó en nuestro país un organismo especializado llamado

“Oficina Nacional de Presupuesto”. Una vez elaborado el proyecto se eleva a consideración del

Presidente y es revisado en acuerdo con los Ministros, luego de esto es presentado ante el

Congreso Nacional con la respectiva exposición de motivos, debiendo esto ocurrir antes del 15

de septiembre de cada año.

La C.N. no dice nada respecto de cuál es la cámara de origen para su tratamiento, pero la Ley

de Contabilidad de la Nación nos dice que la cámara de origen es la Cámara de Diputados.

Para el trámite de sanción legislativa de presupuesto, van a regir las normas que hablan de la

formación y sanción de las leyes con sus respectivos quórum y mayorías. Respecto a si el

proyecto puede ser modificado en las cámaras, en nuestro país se adopta la teoría de la

mayoría de los países, es decir, que sí puede ser modificado el proyecto original enviado por el

P.E.

Supongamos que el proyecto es sancionado por el P.L., en este caso vuelve al P.E. para su

promulgación, si este en el termino de 10 días no hace uso de su facultad de veto se

considerara promulgado, contrariamente, volverá al P.L. para su tratamiento luego de la

modificación del P.E.

El proyecto elaborado por el P.E. debe ser presentado antes del 15 de septiembre del año

anterior al que va a regir. En caso de no cumplir con la fecha estipulada, el Congreso

comenzara a discutir la aprobación del presupuesto que rige para ese año para que no se

produzcan dificultades financieras en el país.

En caso de que el presupuesto no sea sancionado y promulgado al primero de enero del año

que tiene que regir se comenzara a utilizar el presupuesto del año anterior (esto se llama

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principio de reconducción presupuestaria, y en opinión de Fonrouge es una técnica

deplorable).

EJECUCION DEL PRESUPUESTO: Puesto en vigencia el presupuesto a través de la aprobación y

promulgación, comienza esta fase, que aparece dominada por la idea de control y que llevada

a sus extremos puede conducir a la lentitud exagerada de los actos de fiscalización.

Las etapas del proceso de ejecución de gastos son:

1. Distribución administrativa del presupuesto: una vez en vigencia legal el presupuesto,

el P. Ejecutivo debe dictar “una orden de distribución de fondos” para cada

jurisdicción, hasta el importe de los créditos otorgados a favor de los respectivos

directores generales de administración o funcionarios que hagan sus veces. Mediante

esa orden, el P. Ejecutivo emite una sola orden de disposición a favor de los

funcionarios correspondientes, quienes quedan facultados para distribuir los fondos

concedidos por el presupuesto a sus áreas de acción. Este sistema es conveniente

evitando el burocrático trámite anterior en donde cada entrega de fondos requería

orden escrita del Presidente de la Nación refrendada por el ministro respectivo

(sistema funcional)

2. Compromiso: una vez puestos los fondos a disposición de los jefes de servicios

administrativos, estos se hallan en condiciones de llevar a cabo las erogaciones

previstas en el presupuesto, pero antes de realizar el gasto, este debe comprometerse.

El “compromiso” es el acto administrativo interno por el cual se afecta el gasto al

crédito pertinente autorizado por el presupuesto, a fin de que no pueda utilizarse para

objetivos distintos de los previstos. Las principales características del compromiso son:

(Piaggio Lucas y Robustelli Marcela El compromiso en el derecho presupuestario):

- Constituye una relación jurídica de carácter eventual con terceros

- Los funcionarios intervinientes están facultados para autorizar la imputación

- Existencia de un crédito presupuestario previo

- Identificación de la contraparte y los bienes a recibir.

El compromiso implica un acto de afectación preventiva de la disponibilidad de

créditos presupuestarios: suele decirse que constituye al Estado en deudor. Bielsa cree

que no es un acto administrativo, sino meramente un acto de administración interna,

pues es unilateral de la Administración y se desarrolla en su orbita interna. Debe reunir

los siguientes requisitos:

1. Existencia de partida (cuantitativa, cualitativa y temporalmente)

2. Obligación civil pura y simple

3. Gasto aprobado por órgano competente

4. Contratación efectuada en la forma que manda la ley (contratación directa,

licitación, etc.)

¿Puede existir compromiso sin que exista obligación jurídica de pagar por parte del

Estado? Si, tal es el caso de los subsidios, prensiones; se necesita una partida. ¿Puede

existir deuda del Estado sin que exista compromiso para abonarla? Si, como ocurre con

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las sentencias desfavorables al Estado. Para que el beneficiario pueda cobrar debe

asignarse una partida para saldar tal deuda.

El compromiso será provisorio hasta tato se devengue efectivamente el gasto. Es un

autoembargo: la Administración no podrá asignar ese dinero a otros compromisos.

Limites:

Cuantitativos y cualitativos:

o Los créditos del presupuestos de gastos aprobados por el PL

constituyen el limite máximo de las autorizaciones disponibles para

gastar

o Esta vedada la disposición de los créditos con una finalidad distinta de

la asignada

Temporal: una vez producida la clausura del ejercicio y el cierre de cuentas del

presupuesto no pueden asumirse nuevos compromisos a cargo de el.

3. Devengamiento: el concepto de gasto devengado implica la liquidación del gasto y la

simultanea emisión de la respectiva orden de pago, que debe efectivizarse dentro de

los 3 días hábiles del cumplimiento de la recepción de conformidad con los bienes o

servicios oportunamente contratados, o con los requisitos administrativos dispuestos

para los gastos sin contraprestación. Implica la afectación definitiva de los créditos

presupuestarios correspondientes (compromiso definitivo). Los gastos devengados y

no pagados al 31 de diciembre se cancelaran durante el periodo siguiente, con cargo a

las disponibilidades en caja, existentes a la fecha señalada. En tanto que los gastos

comprometidos y no devengados, estos se afectaran al ejercicio siguiente

automáticamente.

Respecto de los recursos se utiliza el criterio de lo percibido; considerando recursos

del ejercicio aquellos que se prevé recaudar durante el periodo por cualquier

organismo autorizado a percibirlos.

En los gastos no es beneficioso utilizar el percibido, pues pueden ocultarse deudas, en

tanto mientras el gasto no se perciba no figurará, entonces se ira acumulando.

4. Pago: Fonrouge entiende que el pago no es únicamente la operación material de

entrega del dinero, sino también una operación jurídica ya que el tesoro no es ejecutor

ciego de la orden de pago, sino un controlador de la “regularidad jurídica” del

libramiento, que compromete su responsabilidad. La Tesorería General de la Nación es

el órgano rector del sistema de tesorería.

Principios Formales: Claridad, Publicidad y Transparencia.

Claridad: Este principio se refiere a que el conocimiento del Presupuesto se malogra si

las previsiones presupuestarias no son claras. Debe observarse que, si bien la

especificación detallada de las distintas partidas puede contribuir a la claridad del

Presupuesto, el excesivo parcelamiento puede también provocar oscuridad en el

conocimiento del Plan estatal.

Exactitud o Transparencia: Este principio exige que las previsiones del Presupuesto,

tanto en lo referente a los gastos como a los recursos, sean lo más exactas posible. Ello

no excluye la posibilidad de error en todas aquellas cifras que son fruto de

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estimaciones de eventos futuros, pero no justifica la astucia o la mala fe de los

hombres de gobierno, tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo, que pretendan

burlar la opinión pública con previsiones de gastos o recursos abultadas o disminuidas

intencionalmente.

Publicidad o Anticipación: Como no sólo su nombre sino su propia esencia de plan

económico del sector público lo exige, el Presupuesto debe ser sancionado con

anterioridad al comienzo del periodo para el cual ha de regir. Y su sanción debe tener

publicidad. No hay principio presupuestario cuya exigencia sea más evidente y esencial

para los propósitos fundamentales del Presupuesto y que, en la práctica, sea más

burlado o desatendido, por lo menos en ciertos países.

ARTICULOS 19, 20, 21 LEY 24156

ARTICULO 19. — La ley de presupuesto general constará de tres títulos cuyo contenido será el siguiente: Título I — Disposiciones generales; Título II — Presupuesto de recursos y gastos de la administración central; Título III — Presupuestos de recursos y gastos de los organismos descentralizados. ARTICULO 20. — Las disposiciones generales constituyen las normas complementarias a la presente ley que regirán para cada ejercicio financiero. Contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos. El título I incluirá, asimismo, los cuadros agregados que permitan una visión global del presupuesto y sus principales resultados. ARTICULO 21. — Para la administración central se considerarán como recursos del ejercicio todos aquellos que se prevén recaudar durante el periodo en cualquier organismo, oficina o agencia autorizadas a percibirlos en nombre de la administración central, el financiamiento proveniente de donaciones y operaciones de crédito público, representen o no entradas de dinero efectivo al Tesoro y los excedentes de ejercicios anteriores que se estime existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta. No se incluirán en el presupuesto de recursos, los montos que correspondan a la coparticipación de impuestos nacionales. Se considerarán como gastos del ejercicio todos aquellos que se devenguen en el periodo, se traduzcan o no en salidas de dinero efectivo del Tesoro.

4. El control presupuestario. Sistemas. Clases. El control Parlamentario. Régimen

nacional. Auditoria General de la Nación. Sindicatura General de la Nación. Régimen

provincial. El tribunal de Cuentas.

El control presupuestario tiene una finalidad técnico‐legal, vinculada a la comprobación

sistemática de la regularidad de cumplimiento de los actos de gestión y el adecuado manejo de

los fondos públicos (aspecto contable y político)

Existen dos grandes sistemas de control:

a) Legislativo: En Inglaterra, el control del presupuesto lo realiza directamente el

Parlamento, pero ello es solo en principio ya que la complejidad de tareas obliga a

delegar la función en otros organismos.

b) Jurisdiccional: El sistema francés se basa en una Corte de Cuentas, tribunal

independiente del Poder Ejecutivo, con funciones jurisdiccionales. Además existen

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organismos administrativos que practican el control interno y subsiste el control final

ejercido por el parlamento.

c) Partidario: Tuvo origen en URSS. Hoy no tiene validez jurídica, es solo un antecedente

histórico.

El régimen de control que rigió en nuestro país (a partir del DL 23.354/56) implicó

modificaciones significativas respecto de sistemas anteriores, al crear el Tribunal de Cuentas

de la Nación y separar de manera tajante el control interno y el control externo de la actividad

presupuestaria. Es decir, que tenía una naturaleza, esencialmente jurisdiccional. Con la ley

24.156 y la reforma de la CN, el control pasó a tener carácter legislativo. Según surge de sus

disposiciones, el Tribunal de Cuentas en el orden nacional fue suprimido por el Poder

Ejecutivo, que removió sus integrantes: la tarea de fiscalización externa del sector público, en

sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos será atribución legislativa,

ejercida mediante la actuación y dictámenes de la Auditoría General de la Nación.

Fonrouge se inclina por dividir el control en:

Control Administrativo: ejercido por la Sindicatura General de la Nacion y la Auditoria

Control Parlamentario

CONTROL ADMINISTRATIVO

Sindicatura General de la Nación: El sistema de control interno en el orden nacional es ejercido

por la Sindicatura General de la Nación, que es una entidad con personería jurídica propia y

autarquía administrativa y financiera, dependiente del Presidente de la Nación. Hace informes

y controles especiales que a través de funcionarios (delegados) que están en cada repartición.

No son vinculantes, no obligan a actuar de determinada manera.

Extensión del control: Administración central, entes descentralizados, entes

paraestatales o sociedades con participación del Estado.

Composición: esta compuesta por un Sindico General con facultad de descentralizar

unidades de auditoria interna (jefes con responsabilidad sobre el organismo). Es

nombrado por el PEN, y se nombran 3 síndicos por reemplazo.

Control: es de tipo interno posterior. De naturaleza inegral

Funciones: Art. 104 L.24.156: Son funciones de la Sindicatura General de la Nación:

a) Dictar y aplicar normas de control interno, las que deberán ser coordinadas

con la Auditoria General de la Nación:

b) Emitir y supervisar la aplicación, por parte de las unidades correspondientes,

de las normas de auditoría interna:

c) Realizar o coordinar la realización por parte de estudios profesionales de

auditores independientes, de auditorías financieras, de legalidad y de gestión,

investigaciones especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, así

como orientar la evaluación de programas, proyectos y operaciones

d) Vigilar el cumplimiento de las normas contables, emanadas de la Contaduría

General de la Nación;

e) Supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno,

facilitando el desarrollo de las actividades de la Auditoria General de la Nación

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f) Establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las unidades de

auditoría interna;

g) Aprobar los planes anuales de trabajo de las unidades de auditoría interna,

orientar y supervisar su ejecución y resultado;

h) Comprobar la puesta en práctica, por los organismos controlados, de las

observaciones y recomendaciones efectuadas por las unidades de auditoría

interna y acordadas con los respectivos responsables;

i) Atender los pedidos de asesoría que le formulen el Poder Ejecutivo Nacional y

las autoridades de sus jurisdicciones y entidades en materia de control y

auditoría;

j) Formular directamente a los órganos comprendidos en el ámbito de su

competencia, recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado

cumplimiento normativo, la correcta aplicación de las reglas de auditoría

interna y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia;

k) Poner en conocimiento del Presidente de la Nación los actos que hubiesen

acarreado o estime puedan acarrear significativos perjuicios para el

patrimonio público;

l) Mantener un registro central de auditores y consultores a efectos de la

utilización de sus servicios;

Auditoria General de la Nación: El desaparecido Tribunal de Cuentas nacional controlaba la

legalidad de los actos del Poder Ejecutivo y también estaba a su cargo un control jurisdiccional.

El actual régimen surge de la creación de la Auditoría General de la Nación, creado por ley

24.156, y que adquirió entidad constitucional mediante la reforma de 1994. Artículo 85 CN.‐

“El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos,

financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la

opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración

pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación,

dependiente del Congreso. Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de

toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera

su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá

necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión

de los fondos públicos”.

Composición: se compone de 7 autoridades; 3 nombradas por Senadores, 3 por

Diputados y el restante por ambas Cámaras a propuesta del partido opositor

mayoritario (será el presidente)

Control: realiza un control externo posterior, de naturaleza integral.

Funciones: Art. 118. — En el marco del programa de acción anual de control externo

que le fijen las comisiones señaladas en el art. 116, la Auditoria General de la Nación,

tendrá las siguientes funciones:

a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en

relación con la utilización de los recursos del Estado, una vez dictados los actos

correspondientes;

b) Realizar auditorias financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales

de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como las

evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. Estos trabajos podrán

15


ser realizados directamente o mediante la contratación de profesionales

independientes de auditoría;

c) Auditar, por sí o mediante profesionales independientes de auditoría, a

unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos

internacionales de crédito conforme con los acuerdos que, a estos efectos, se

llegue entre la Nación Argentina y dichos organismos;

d) Examinar y emitir dictámenes sobre los estados contables financieros de los

organismos de la administración nacional, preparados al cierre de cada

ejercicio;

e) Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de

crédito público y efectuar los exámenes especiales que sean necesarios para

formarse opinión sobre la situación de este endeudamiento. A tales efectos

puede solicitar al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y al

Banco Central de la República Argentina la información que estime necesaria

en relación a las operaciones de endeudamiento interno y externo;

f) Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco

Central de la República Argentina independientemente de cualquier auditoría

externa que pueda ser contratada por aquélla;

g) Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica,

por si o por indicación de las Cámaras del Congreso o de la Comisión

Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas;

h) Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados contables financieros

así como del grado de cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de

las empresas y sociedades del Estado;

i) Fijar los requisitos de idoneidad que deberán reunir los profesionales

independientes de auditoría referidos en este artículo y las normas técnicas a

las que deberá ajustarse el trabajo de éstos;

j) Verificar que los órganos de la Administración mantengan el registro

patrimonial de sus funcionarios públicos. A tal efecto, todo funcionario publico

con rango de ministro; secretario, subsecretario, director nacional, máxima

autoridad de organismos descentralizados o integrante de directorio de

empresas y sociedades del Estado, está obligado a presentar dentro de las

cuarenta y ocho (48) horas de asumir su cargo o de la sanción de la presente

ley una declaración jurada patrimonial, con arreglo a las normas y requisitos

que disponga el registro, la que deberá ser actualizada anualmente y al cese

de funciones.

k) Fiscalizar el efectivo cumplimiento de los cargos que se imponga al

beneficiario de un bien inmueble de propiedad del Estado nacional transferido

a título gratuito por ley dictada en virtud del artículo 75, inciso 5, de la

Constitución Nacional.

Se garantiza la imparcialidad de la Auditoria por la: Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de

cuentas,

- Parlamentaria: esta dentro del Congreso

- Mixta: representantes de ambas Cámaras; 6 senadores y 6 diputados.

- Revisora: tiene por función revisar, controlar, rever. Controla a la Auditoria y la

Cuenta de Inversión. Entre sus funciones aparecen:

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i. Aprobar el programa de control que realizará la Auditoria

ii. Analizar el presupuesto de la Auditoria

iii. Encomendar a la Auditoria la realización de investigaciones, estudios,

dictámenes

iv. Requerir de la Auditoria toda la información que estime conveniente

sobre sus actividades.

v. Analizar los informes y la memoria anual.

CONTROL PARLAMENTARIO La cuenta de inversión. Constituye la fase final del Control. Los

dictámenes de la Auditoría sirven de fundamento para aprobar la cuenta de inversión. La

cuenta de inversión es el balance. La cuestión a determinar es si se cumplió o no con el

mandato del presupuesto. Si la cuenta no se aprueba habrá responsabilidad del funcionario.

Tendría que generarse un juicio político sobre el jefe de gabinete (moción de censura) por ser

el encargado de ejecutar y hacer recaudar. Quien aplica la sanción siempre es el Congreso.

La facultad de aprobar o desechar la cuenta de inversión no ha sido generalmente ejercida en

nuestro país, no obstante su transcendencia. Se trata, ni más ni menos, de que los legisladores

se tomen el trabajo de revisar si el Ejecutivo cumple o no con las clausulas del presupuesto que

aprobó el Congreso (art 75 inc 8). Dentro de los dos meses de concluido el ejercicio financiero,

las entidades del sector público nacional, excluida la administración central, deberán entregar

a la Contaduría General de la Nación los estados contables financieros de su gestión anterior,

con las notas y anexos que correspondan; la Contaduría prepara la cuenta de inversión que

debería ser controlada por el Congreso, y contener:

- Estados de ejecución del presupuesto

- Estados que muestren los movimientos y situación del Tesoro de la

Administración central

- Estado actualizado de la deuda publica

- Los estados contables de la Administración central

Régimen Provincial: Ley 13767 y Leyes orgánicas del Tribunal de Cuentas (10869) y Fiscalía de

Estado (decr. 7543/69); También tiene funciones de control la Contaduría General.

Fiscalía de Estado: realiza un control de legalidad de los actos administrativos de

naturaleza pública. Resguarda el patrimonio de la Provincia. Es un control previo: se

precisa de dictamen previo de la Fiscalía para poder celebrar las contrataciones. Tiene

menor preponderancia.

Contaduría General: realiza un control interno de los actos de la administración; Es

previo, coetáneo y posterior, es decir que abarca todas las instancias de la ejecución

presupuestaria. Es un control de naturaleza técnica.

Tribunal de cuentas: ejerce un control administrativo, externo con funciones

jurisdiccionales; es integral y posterior. Fundamentalmente evalúa la legalidad.

Existen dos tipos de juicios:

Juicio de Cuentas: los agentes y organismos que manejan bienes del Estado

están obligados a rendir cuentas de su gestión y quedan sometidos a la

jurisdicción del Tribunal. Las cuentas deben ser examinadas por un contador

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fiscal en el aspecto formal y contable, y este elevaba sus conclusiones al

tribunal, que se pronunciaba por su aprobación o reprobación. En este ultimo

supuesto, emplaza al responsable a contestar reparos Actividad

jurisdiccional

Juicio de Responsabilidad: tiene por objeto investigar circunstancias ajenas a

rendiciones de cuenta, que causen o puedan causar perjuicios pecuniarios al

Estado, estableciendo responsabilidades en los estipendiarios. El

procedimiento puede iniciarse: por denuncia o de oficio.

Modificaciones presupuestarias durante ejecución: Art 37.

Delegaciones en Poder Ejecutivo:

1. Autorizar gastos no incluidos en el presupuesto: Gastos de Emergencia (aer 39)

2. Declarar sumas incobrables que no pudieron hacerse efectivas por ningún mecanismo

(art 40).

1

Estudiantes de Abogacía EA

BOLILLA 4: EL CRÉDITO PÚBLICO

1. Concepto de crédito público. Desarrollo histórico. Concepciones clásicas y actuales

sobre el uso del crédito público. Formas de financiación: normales y anormales

Concepto: Crédito, significa tener confianza o fe, por lo tanto podemos definir al crédito

público como un préstamo que solicita un Estado en virtud de la confianza o fe que merece

ante los prestamistas, con la promesa de reembolsarlo en un determinado lapso de tiempo.

Fonrouge: es la aptitud política, económica, jurídica y moral de un Estado para obtener dinero

o bienes en préstamo, basada en la confianza de que goza su patrimonio, los recursos de que

puede disponer y su conducta, todo lo que se traduce en el empréstito.

Son elementos esenciales para conceptuar al crédito público el respeto de un país por los

compromisos asumidos en el marco interno e internacional, el respeto por los derechos

humanos, la seguridad jurídica y la buena y transparente administración financiera.

Desarrollo histórico: Sobre su origen, recién a partir del siglo XIX comenzaron a darse

prestamos entre los Estados, es decir, con la consolidación de las naciones como

independientes y soberanas, y con la estabilidad jurídica ya que antes de este periodo era

imposible de practicar o lograr esta forma de ingresos en virtud de los continuos conflictos

bélicos entre las comunidades, donde se sucedían sin solución de continuidad innumerables

monarcas, jefes, dictadores que se daban en los distintos gobiernos a través de la violencia y

las conquistas, y por lo tanto al acceder al trono declaraban al país en banca rota y repudiaban

cualquier deuda contraída por el anterior mandatario. Es entonces a partir del Siglo XIX desde

que los Estados se organizan jurídicamente, la gestión administrativa mejora y la

responsabilidad del Estado adquiere relevancia.

Concepciones clásicas y actuales:

Clásicas: Los hacendistas clásicos distinguen netamente los recursos públicos

propiamente dichos (por ejemplo el impuesto), de aquellas otras medidas (como el

crédito público) que no tienen más objeto que distribuir los recursos en el tiempo al

solo fin de adecuarlos a los gastos. De un crédito no derivan recursos en sí mismos,

sino tan solo la anticipación de recursos futuros que normalmente solo se lograrían en

el curso de varios años, pero que se los debe reunir inmediatamente ante lo

impostergable de la erogación. Económicamente, esto significa que el crédito público

es similar en su esencia al crédito privado en donde un particular recurre al crédito

para hacer frente a gastos inmediatos que su presupuesto anual o mensual no puede

cubrir. Para los clásicos el crédito público debe ser utilizado en forma excepcional y

restringidamente, y no para cubrir gastos considerados normales.

Concepciones modernas: El crédito público es un verdadero recurso y no puede estar

limitado por circunstancias excepcionales. Hay diferencia entre el crédito público y el

privado ya que en el público, el gobierno dirige la magnitud y composición de su deuda

mediante el control sobre la moneda y la banda, podres de los que carece el

prestamista privado. Además no se hace solo por la necesidad de cubrir apremios

extraordinarios, sino que depende de otros objetivos diferentes a los que pueden

tener los particulares, por ejemplo, el deseo de iniciar obras públicas para combatir la

desocupación. El crédito público es un recurso que nada tiene de anormal, y que no

2


puede estar rígidamente limitado a “circunstancias excepcionales” que requieran lugar

a gastos imprevistos o urgentes.

Formas de Financiación: Normales y anormales: La forma normal de financiación de un Estado

es a través, principalmente de sus recursos tributarios (impuestos que establezca el congreso)

y por medio de los recursos patrimoniales (se obtienen de la explotación del patrimonio del

Estado). En relación con el crédito publico, (considerado por la doctrina moderna como una

forma normal de financiación) podemos establecer dos procedimientos utilizados para

proporcionar fondos al Estado:

Normales: se incluyen en esta categoría los empréstitos a largo, mediano y corto

plazo, ya que participan de análogos caracteres jurídicos;

o Largo/Intermedio Plazo: cuando el plazo de la promesa de reembolsar el

capital y pagar el interés periódico es extenso (30 años, aproximadamente)

estamos ante un empréstito a largo plazo; cuando el tiempo es mas breve,

pero sin llegar a 1 año, es un empréstito a mediano plazo.

o Corto: Letras de Tesorería: hasta 3 años. Busca llenar deficiencias estacionales

de caje.

Anómalos: participan de esta categoría las deformaciones del empréstito, los bonos

del tesoro, los anticipos del Banco Central y la emisión de moneda.

El Art. 56 se establece que el crédito público es la capacidad que tiene el Estado para

endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento. Ello puede tener la finalidad de:

- Realizar inversiones reproductivas;

- Atender casos de evidente necesidad nacional;

- Reestructurar la organización del Estado; y

- Refinanciar los pasivos del Estado, incluidos los intereses respectivos.

¿Es bueno endeudarse? (Moncho)

- Si: cuando se busca realizar un gasto o inversión extraordinaria en pos del crecimiento

o desarrollo de la sociedad. Ej: Obra publica.

- No: genera endeudamiento para las generaciones futuras.

2. Concepto de empréstito. Naturaleza jurídica: distintas teorías. Empréstitos

voluntarios, forzosos e incumplimiento. Prorroga de la jurisdicción a tribunales extranjeros o arbitrales y renuncia a la inmunidad de ejecución.

Concepto: se trata de la operación mediante la cual el Estado recurre al mercado interno o

externo de capitales en demanda de fondos, y logra cerrar traro con uno o varios acreedores

que le prestan dinero contra la promesa de reembolsar el capital, en la forma y condiciones

acordadas, con los intereses convenidos. Se traduce como la consagración fáctica del crédito

publico; no debe confundirse con el Mutuo, dado que el empréstito permite: fraccionamiento

(división de la deuda) y transmisión de la deuda.

Naturaleza jurídica: es motivo de discusión entre los autores, existiendo al respecto distintas

teorías, de acuerdo al modo de considerar la esencia de la obligación que nace de el:

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a. EMPRESTITO COMO ACTO DE SOBERANIA: En 1902 Drago se opuso al cobro

compulsivo de la deuda pública internacional Doctrina Drago. Expreso que los

títulos de deuda son emitidos en virtud del poder soberano del Estado, como la

moneda, surgen de autorizaciones legislativas y no ofrecen los caracteres generales de

los contratos de derecho privado, toda vez que no hay persona determinada a favor de

la cual se establezcan obligaciones (pago indeterminado al portador). El prestamista,

por su parte, adelanta el dinero, no en la forma ordinaria de los contratos de mutuo,

sino comprando el titulo en el mercado, sin otra formalidad ni relación con el gobierno

deudor. El incumplimiento de las clausulas no da lugar a acciones judiciales, y el

servicio es atendido o suspendido en virtud de actos de soberanía. No hay acuerdo de

voluntades en el empréstito, porque los títulos se lanzan en el mercado con valor

establecido y la voluntad de los prestamistas no interviene en el proceso formativo de

la obligación. Fonrouge adhiere a esta postura.

b. EMPRESTITO VINCULADO CON LA SOBERANIA LEGISLATIVA: Kaufman, Freund ubican

en el centro de análisis el concepto de soberanía legislativa del estado, y diferencian el

empréstito interno del internacional. En el primero el prestamista quedaría sometido

incondicionalmente a la potestad legislativa del Estado, en tanto que en el acto

externo la soberanía estatal no puede modificar unilateralmente el contrato.

c. EMPRESTITO COMO CONTRATO: sostiene esta corriente que se trata de un acto

bilateral, en que se establecen obligaciones reciprocas para ambas partes y cuyo

cumplimiento puede ser exigido mediante la intervención de autoridades

jurisdiccionales. No existe uniformidad en cuanto al tipo de contrato:

Contrato de derecho privado: sostiene que al celebrarlo el Estado abdica de su

soberanía; en otros términos, si bien uno de los intervinientes es el Estado, en

el caso celebra una convención de igual a igual con los particulares.

Contrato de derecho publico: sostenida por la doctrina francesa; se trata de un

contrato de derecho publico por la intervención del Estado.

Contrato reglamentario

Contrato Sui Generis: los caracteres singulares que presenta el contrato de

empréstito, hacen que no puede ubicarse en las categorías corrientes.

Villegas entiende al respecto que el empréstito es un contrato como todos los que

celebra el Estado. Si se considera que, por el hecho de ser el Estado uno de los

contratantes, el empréstito es un contrato público, nada puede objetarse al respecto,

pero lo cierto es que al hacer suscribir el empréstito a los prestamistas (es decir, al

obtener de ellos los fondos) no hace ejercicio de su poder soberano. Por lo tanto la

caracterización concreta depende del examen del derecho positivo de cada país.

Doctrina DRAGO (Menucci) De la doctrina DRAGO surge que el crédito público tiene como

naturaleza jurídica un acto de soberanía. 1899: Venezuela tenía deudas con USA, Inglaterra y

Francia. Venezuela anuncia que no pagará y como consecuencia se le bloquea su puerto. Ante

esta situación, Venezuela convoca a la OEA. El Ministro de Argentina, José María Drago postula

esta teoría del acto de soberanía del Estado y por lo tanto no puede ser exigido coactivamente

su cobro por otro Estado. El cobro coactivo por otro Estado es violar su soberanía y violar el

Tratado de Viena de derecho público. Esta postura se sigue utilizando fundamentalmente

cuando se intenta cobrar una deuda embargando bienes públicos del Estado.

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Empréstitos voluntarios, forzosos y patrióticos:

Voluntarios: Para muchos autores es el verdadero empréstito, ya que es donde las

partes acuerdan libre e independientemente una de ellas la concesión de un

determinado préstamo y la otra se compromete a reembolsarlo en un determinado

lapso de tiempo. El empréstito es voluntario cuando el Estado, sin coacción alguna,

recurre al mercado de capitales en demanda de fondos, con promesa de reembolso y

pago de intereses. Este es el único empréstito que puede denominarse estrictamente

así.

Patriótico: Es aquel empréstito que ofrece condiciones ventajosas para el Estado

contratante, generalmente se da por causales de emergencia como por Ej: guerra,

donde los ciudadanos se ven obligados a suscribir el empréstito en beneficio de su

país. No es enteramente voluntario, porque se configura en el caso una especie de

coacción ya que se hacen suscribir mediante propaganda y apelando a los

sentimientos patrióticos de la comunidad. Ej: empréstito contraído por la República

Argentina durante la guerra con Chile en 1898.

Para Fonrouge no estamos en presencia de un empréstito propiamente dicho, ya que

existe un elemento coactivo o coercitivo en la suscripción del mismo y por lo tanto

tiene carácter tributario.

1. Forzoso: Para Fonrouge, el empréstito forzoso tiene carácter tributario ya que nace

como consecuencia del ejercicio del poder de imperio por parte del Estado, con

prescindencia de la voluntad individual. El empréstito forzoso es una figura híbrida en

donde su rasgo predominante está dado por el procedimiento mediante el cual el

Estado exige compulsivamente sumas de dinero a los particulares, lo cual lo ubica

dentro del campo tributario Impuesto Extraordinario. Ello fue notorio con el

llamado “ahorro obligatorio” en que se exigieron fuertes sumas de dinero y se

devolvieron monedas.

El Estado obliga a los particulares a tomar créditos. Fallo: HORVATH, PABLO C/ FISCO

NACIONAL; en este caso la Corte señalo que el Congreso al establecer mediante la ley

23256 la obligación de los contribuyentes comprendidos, de aportar sumas de dinero a

las cuentas estatales, tomando como base su capacidad económica resultante de la

renta y el patrimonio, ha hecho uso de la facultad que le otorga el art 67 inc 2, CN

1853/60: “imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionales

en todo el territorio de la Nación, por la defensa, seguridad común y bienestar

general”. Estableció la validez de los empréstitos forzosos.

Emisión del empréstito: El acto jurídico por el cual se emite el empréstito difiere según se

trate de empréstitos a largo e intermedio plazo, y a corto plazo. En el primer caso, la emisión

debe ser dispuesta por ley del Congreso, en ejercicio de un poder originario indelegable; En

cambio para las letras de Tesorería, basta una autorización general como la del Art 42: que se

halla limitada por el tope o máximo anual fijado en la ley del presupuesto.

Colocación: Hay distintas formas de colocación de los bonos:

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Colocación por Banqueros: el Estado conviene con una o varias entidades bancarias la

colocación de los títulos en el mercado, mediante el pago de una comisión, de manera

que el banco corre con toda la gestión de la emisión y entrega al emisor los importes

que paulatinamente va recibiendo. También puede ocurrir que los bancos tomen en

firme la emisión, den al Estado el dinero y corran con los riesgos de su colocación.

Colocación por suscripción pública: es el procedimiento más conveniente. Consiste en

el lanzamiento de toda la emisión o por series, que se ofrecen al público previa

campaña de publicidad; el público puede obtener los títulos por si o por intermedio del

banco.

Venta en bolsas: el Estado pone en venta los títulos en las bolsas de valores, lo que

permite una colocación paulatina y explorar las condiciones del mercado, pero ofrece

limitaciones, pues no pueden lanzarse grandes cantidades sin causar perturbaciones

en la cotización.

Colocación mediante licitación: en general, así son colocadas las Letras de Tesorería;

los interesados son representados por entidades bancarias o corredores.

Valores

1. Nominal: Es el contenido en el titulo; lo que se cobra. Sobre este se calcula la tasa.

2. Técnico: Es el valor nominal por la tasa de interés por el tiempo. Ej: Nominal $1000 x

tasa del 10% por un año = $1100.

3. Mercado: Surge de la interacción entre oferta y demanda. Puede ocurrir:

a. Bajo la Par: cuando es inferior al técnico. Se da cuando existe riesgo de pago.

b. Sobre la par: cuando es superior al técnico. La tasa de mercado es inferior, y el

titulo da mas tasa.

Alicientes o Beneficios: en ciertos casos los Estados ofrecen alicientes o ventajas para

estimular el interés de los compradores; entre estos se destacan:

a. GARANTIAS: la única prenda efectiva de cumplimiento de los empréstitos, es la

confianza que inspira el país emisor por los antecedentes de su conducta hacia las

obligaciones contraídas, el buen manejo de la hacienda, la estabilidad política y social,

etc. Sin embargo, en algunas oportunidades, el acreedor ha exigido o el deudor

ofrecido, garantías en el sentido jurídico de la expresión, es decir, afectaciones

especiales para asegurar el cumplimiento de la palabra empeñada. Entre estas

podemos distinguir:

Garantías personales: consisten en el compromiso adoptado por un tercero de

efectuar el servicio de empréstito en caso de incumplimiento del deudor. Fue

utilizado en épocas pasadas. En nuestro país, actualmente, es utilizado para

brindar seguridades a prestamistas extranjeros, pero respecto de operación

corrientes de provisión de materiales o equipos para la realización de trabajos

públicos.

Garantías reales: consisten en la afectación de un bien determinado del

deudor al cumplimiento de la obligación, mediante la constitución de prenda o

hipoteca. Es poco utilizado. Ej: empréstito solicitado por la República

Argentina en 1824 a la Banca Bering Brothers comprometiendo por su pago

una porción de tierras públicas.

Garantías especiales: son utilizadas con mayor frecuencia en los empréstitos

internacionales; se afectan determinados ingresos del Estado deudor,

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principalmente derechos aduaneros y producidos de monopolios fiscales y de

servicios industriales. Para la efectividad de esta medida, debe dotarse al

prestamista de facultades de fiscalización sobre la fuente de ingresos

comprometidos.

Garantías contra fluctuaciones monetarias: Son las que tienden a proteger al

prestamista contra la depreciación del dinero. Encuadran en esta categoría:

o Empréstito con garantía de cambio: se vincula el importe del servicio

de la deuda al valor de una moneda extranjera firma o consolidada.

o Empréstito con clausula oro: consiste en la obligación a cargo del

deudor de pagar en moneda oro la suma adeudada.

o Empréstito con clausula de opción: la opción permite elegir entre dos

modalidades de pago: opción de plaza (elegir una sola moneda

pagadera) y opción de cambio (autoriza el pago en distintas monedas)

o Empréstitos indizados: existe un valor referido a numero‐índices o el

precio de ciertos productos.

Ventajas otorgadas a los tenedores: en ocasiones el Estado procura asegurar la colocación de

sus títulos mediante el otorgamiento de ventajas como:

a. Tipo de emisión:

- En condiciones normales coloca los títulos a la par, asegurando un interés que

se fija con arreglo a la tasa corriente del mercado. Ej: 8% de tasa de interés en

el mercado, títulos de 100; el comprador obtendrá el 8% de cada 100 valores

comprados.

- En otras condiciones, el Estado puede emitir los títulos bajo la par, de modo tal

que el valor nominal del titulo sea inferior, y por la tasa de interés otorgue

mayor beneficio. Ej: valor 90, tasa 8%, otorga más rédito. Genera más

inversión.

b. Primas de reembolso y premios: el titulo es colocado a la par, pero se garantiza el pago

de una prima en caso de reembolso del capital; o se otorga un premio (se combina con

la lotería).

c. Efecto cancelatorio: el Estado autoriza el pago de impuestos mediante la entrega de

títulos por su valor nominal. Con lo cual, el tenedor puede utilizar los valores como si

fueran moneda.

d. Privilegios fiscales y jurídicos: es corriente que se dispongan exenciones tributarias

para los empréstitos públicos.

Prórroga de jurisdicción y renuncia a la inmunidad de ejecución: se trata de beneficios

técnicos. Si litigamos contra el Estado lo haremos en un juzgado federal. Si el bono tiene como

beneficio la prórroga a un juez extranjero, será un beneficio para los extranjeros.

La renuncia a la inmunidad de ejecución tiene que ver con el hecho de que el Estado renuncia

a la inmunidad de que no pueden ejecutarse sus bienes públicos.

Extinción del empréstito: la forma normal de extinción es la amortización, y los medios

excepcionales la conversión y la consolidación de la deuda:

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1. AMORTIZACION DE LA DEUDA: amortizar un empréstito implica reembolsarlo, lo que

puede darse en virtud de una obligación contraída (amortización obligatoria) o a

voluntad del emisor (amortización facultativa).

2. CONVERSION DE LA DEUDA: no constituye un modo de extinsion de la deuda, ya que

habrá de subsistir pero en otra modalidad: se transforma. Tiene una consecuencia

análoga a la novación de las obligaciones. El objeto principal es la reducción del

interés, pues se cambia un titulo antiguo por uno del mismo valor pero con un interés

menor; también puede perseguir la modificación de los plazos, esperas, etc. Admite

dos variables:

a. Forzosa: tiene lugar cuando el Estado emisor impone el cambio de los títulos

sin dejar alternativa al tenedor.

b. Facultativa: se ofrece libremente al tenedor la opción de conservar su titulo o

aceptar el nuevo. No existe imposición alguna, debiendo existir equivalencia

de beneficios.

c. Obligatoria: es la mas frecuente y consiste en la alternativa de aceptar el

nuevo titulo con menos interés o ser reembolsado

3. CONSOLIDACION DE LA DEUDA: cuando la deuda flotante, esto es, la deuda a corto

plazo, es transformada en deuda a largo plazo o intermedio, existe una alteración de

las condiciones de la operación original y canje de títulos; es una conversión donde se

modifica el plazo.

Incumplimiento: Cuando el Estado no hace honor a las obligaciones asumidas al emitir el

empréstito, respecto de cualquier circunstancia atinente a el, se dice que hay incumplimiento,

que puede suscitarse en:

Repudio de la deuda: acto de soberanía en virtud del cual un Estado desconoce o niega

íntegramente la obligación derivada del empréstito. Es una actitud deliberada; importa

una lesión al principio de buena fe.

Moratoria y Bancarrota: se produce ante la imposibilidad de atender normalmente el

servicio de los empréstitos; puede distinguirse:

o Mora: Cuando la suspensión es transitoria y el pago se reanuda en un breve

tiempo

o Moratoria: cuando la interrupción se prolonga por un largo tiempo

o Bancarrota: cuando la moratoria es por tiempo indefinido.

3. Deuda publica. Clasificaciones: interna y externa; directa e indirecta; administrativa y

financiera; flotante y consolidada. Efectos económicos. Deuda publica en Argentina.

La deuda pública es la obligación dineraria debida por el Estado al contratar un empréstito. La

escuela clásica sostuvo la identidad entre el crédito público y el crédito privado, en tanto que

la corriente moderna repudia tal aseveración, pues considera que el crédito público es un

fenómeno de orden político, y el otro implica un crédito a un individuo o empresa. Al decir de

Fonrouge, la verdadera diferencia entre ambos tipos de crédito no radica en los sujetos, sino

en que, el crédito público es un acto de soberanía (unilateral), en tanto que el privado es un

contrato bilateral.

La deuda puede ser clasificada en:

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a. Deuda Interna: cuando el dinero obtenido en préstamo por el Estado surge de la

propia economía nacional. Corresponde a la idea de “debernos a nosotros mismos”.

Implica una transferencia del poder de compra privado hacia el sector público; al

momento del pago de la deuda e intereses, el dinero permanecerá en el país. Se emite

y paga en el país.

Deuda Externa: cuando el dinero prestado viene desde afuera y no existe una merma

en el nivel de riqueza de los habitantes del país. El Estado ve incrementadas sus

disponibilidades, y al momento del pago de la deuda e intereses el dinero saldrá del

país.

b. Deuda consolidada: es aquella deuda pública permanente atendida por un fondo

aprobado or la ley de presupuesto.

Deuda flotante: es la que el tesoro del Estado contrae por un breve periodo, para

proveer a momentáneas necesidades de caja por gastos imprevistos o retraso de

ingresos ordinarios.

Esta clasificación hoy carece de importancia, siendo mas atinente la distinción entre

deuda a corto o largo/medio plazo.

c. Deuda Administrativa: es la que mantenida con organismos o proveedores del Estado.

Deuda financiera: es la verdadera deuda pública que surge del empréstito

d. Deuda Perpetua: es la que el Estado asume con la sola obligación del pago de

intereses, sin compromiso de reembolso o con reserva de reembolsar cuando el lo

decida. Procedimiento casi desconocido.

Deuda Redimible: es aquella en que el Estado se obliga al reembolso y al pago de

intereses con diferentes términos de duración y planes de amortización.

Deuda Pública Argentina: El art 57 de la Ley 24156 denomina deuda pública al endeudamiento

resultante de las operaciones de crédito público, excluyendo: la deuda contraída por el Tesoro

(a corto plazo) y la derivada de la emisión de Letra para cubrir deficiencias estacionales de caja.

El organismo de control es la Oficina Nacional de Crédito Publico, y su misión es asegurar una

eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan

mediante operación de crédito público.

4. La financiación del Tesoro a través del sistema monetario crediticio. Las letras de

tesorería. La emisión monetaria.

Financiación con emisión monetaria: Es una alternativa muy atractiva. La recaudación se

obtiene por la diferencia entre el precio del billete (que es aceptado en el pago por su valor

nominal) y su costo para el Estado (papel e impresión que representa una fracción

insignificante del total). No implica la recaudación coactiva de impuestos ni la acumulación de

un stock de deudas sobre la cual se deban pagar servicios financieros en el futuro. Sin

embargo, universalmente ha merecido un unánime rechazo doctrinario, especialmente por sus

consecuencias inflacionarias, pese a que en ciertos países y en determinadas épocas ha jugado

un rol importante.

Letra de Tesorería: El Poder Ejecutivo puede hacer uso del crédito a corto plazo para llenar

deficiencias transitorias de caja, hasta el monto que fije anualmente la ley de presupuesto. Sus

condiciones son:

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- Son emitidas por la Secretaria de Estado de Hacienda con intervención de la

Contaduría General de la Nación

- Plazo: hasta 1 año

- Precios y rendimiento: se colocan sobre la base de un descuento de valor nominal,

teniendo en cuenta el precio o rendimiento mensual respectivo.

- Monto mínimo: lo fija el Banco Central

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BOLILLA 5: RECURSOS TRIBUTARIOS

1. Concepto tributario. Teorías: privatistas y publicitas. El poder y la competencia

tributaria. Clasificación de los tributos: vinculados y no vinculados; impuestos, tasas

y contribuciones especiales.

Concepto: El derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas que regulan los tributos en

sus distintos aspectos. El elemento primordial del tributo es la coerción por parte del Estado,

ya que es creado por la voluntad soberana, con prescindencia de la voluntad individual,

circunstancia que los distingue de los ingresos de tipo patrimonial. Los tributos son

prestaciones obligatorias y no voluntarias, que constituyen manifestación de la voluntad

exclusiva del Estado, desde que el contribuyente solo tiene deberes y obligaciones.

Teorías: si bien hoy nadie pone en dude el carácter publicistico del tributo, concebido

genéricamente como una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado

en virtud de su poder de imperio y que da lugar a relaciones jurídicas de derecho publico, no

siempre fue así. En consecuencia, pueden distinguirse dos teorías sobre las relaciones que

generan los tributos:

Teorías Privatistas: concebían al impuesto como un derecho o carga real o como algo

similar a la obligatio in rem del derecho romano, con lo cual lo limitaban a los

gravámenes inmobiliarios.

La doctrina contractual lo equiparaba a un contrato bilateral entre el Estado y los

particulares, en virtud del cual aquel proporcionaría servicios públicos y estos los

medios pecuniarios para cubrirlos, de modo tal que se trasladaba al campo jurídico la

doctrina económica de la contraprestación o del precio seguro.

Teorías publicistas: aparecen en Alemania vinculadas con la teoría organiza del Estado

y en Italia, bajo la explicación del tributo como una obligación unilateral, impuesta

coercitivamente por el Estado en virtud de su derecho de soberanía o del poder de

imperio; este es el criterio seguido por la doctrina moderna.

(El poder y la Competencia tributaria Bolilla 6) El poder tributario es la facultad de

establecer tributos y cobrarlos. Sin tributos no hay Estado.

Caracteres y Clasificación de los tributos: Mediante el tributo, los integrantes del Estado

contribuyen al sostenimiento del gobierno en proporción a su respectiva capacidad

económica. En general, podemos decir que los caracteres reunidos por los tributos son:

a. Prestaciones en dinero y prestaciones en especie: Si bien es normal que las

obligaciones tributarias sean atendidas con dinero, el carácter pecuniario no

constituye la esencia de tal obligación; Tal es así, que hay tributos que se pagan in

natura, siendo importante la valuación pecuniaria que se pueda hacer del bien.

b. Exigidas por el poder de imperio:

c. En virtud de una ley: no existe tributo sin ley previa que lo establezca Principio de

Legalidad. La potestad tributaria consiste en la facultad de dictar normas que

establezcan tributos.

d. Para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de necesidades públicas: esto

determina la finalidad fiscal del tributo (aunque también puede poseer fines

extrafiscales). El fin es la cobertura de gastos públicos.

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Los tributos pueden ser clasificados en:

- Tributos vinculados: el hecho o circunstancia que genera la obligación de contribuir

esta estructura en forma tal que se integra con una actividad o gasto a cargo del

Estado que de alguna forma afecta al obligado o repercute en su patrimonio. Se tiene

en cuenta el gasto o actividad estatal que beneficia al obligado. Ej: tasas y

contribuciones.

Tributos NO vinculados: no existe conexión del obligado con la actividad estatal que se

refiere a el. La obligación nacerá ante un hecho o situación que, según opinión del

legislador, revele su capacidad contributiva. Ej: impuestos

- Clasificación jurídica: distingue a los tributos según las peculiaridades que presentan y

generan su régimen particular:

o Impuestos: la prestación exigida al obligado es independiente de toda

actividad estatal relativa a su persona,

o Tasa: existe una actividad del estado materializada en la prestación de un

servicio que afecta al obligado de alguna manera.

o Contribución especial: existe una actividad estatal que genera un especial

beneficio para el llamado a contribuir.

2. Concepto de impuesto. Diferencia con los otros tributos. Fines fiscales o

extrafiscales. Impuestos con destino específico. Clasificación de los impuestos:

ordinarios y extraordinarios; personales o subjetivos y reales u objetivos; fijos,

proporcionales, regresivos y progresivos; directos e indirectos (distintos criterios);

instantáneos y periódicos o de ejercicio.

Concepto: desde el punto de vista estrictamente financiero, consisten en detracciones de

parte de la riqueza de los particulares exigidas por el Estado para la financiación de aquellos

servicios públicos indivisibles que tienen demanda coactiva y que satisfacen necesidad

públicas. Son detracciones producidas en la riqueza de los particulares que, en el caso

específico de los impuestos –y a diferencia de lo que ocurre, al menos desde el punto de vista

teórico, con las tasas y las contribuciones especiales–, tienen como finalidad la financiación de

los gastos que le originan al Estado el cumplimiento de sus funciones esenciales y la prestación

de servicios públicos indivisibles, o sea, funciones y servicios que satisfacen necesidades

públicas respecto de las cuales, aunque sentidas en mayor o menor medida por cada individuo,

no se puede determinar en qué grado benefician a cada uno de los distintos miembros de la

comunidad, como tampoco medir el índice de satisfacción que tales funciones o servicios le

producen a cada persona individualmente.

En consecuencia, la medida o el quantum del impuesto o detracción de riqueza que debe

soportar cada persona no puede ser obtenido mediante un prorrateo del costo de esas

funciones o servicios, ni como compensación por la ventaja que cada miembro de la

comunidad, individualmente, reciba por ellos. Tal medida puede, por tanto, ser fundamentada

en las conclusiones de autores como Griziotti, que lo llaman deber de solidaridad, pero que en

todos los casos se establece conforme al concepto de la capacidad de contributiva de cada

individuo.

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Diferencia con otros tributos: (las distinciones dependen mucho del sistema jurídico que se

adopte)

IMPUESTOS TASAS CONTRIBUICIONES

Definición Es exigido por el Estado a quienes se hallen en las situaciones consideradas por ley como generadoras de la obligación de tributar (hechos imponibles)

Son prestaciones tributarias exigidas a aquellos a quienes de alguna manera afecta o beneficia una actividad estatal.

Son tributos debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sciales derivados de la realización de obras o gastos públicos o especiales actividades del Estado.

Elementos 1) Independencia entre la obligación de pagarlo y la actividad del Estado con su producto 2) Su cobro debe hacerse a quienes verifican el hecho imponible 3) Los hechos deben ser abstractos e idóneos para reflejar la capacidad contributiva 4) Las personas con mayor capacidad contributiva son las que mas deben aportar.

1) Surgen de una ley 2) El hecho imponible esta integrado con una actividad que cumple el Estado, vinculada con el obligado al pago. 3) Servicios por los que se prestan las tasas (distintas teorías)

1) Existencia de un beneficio. El beneficio es el criterio de justicia distributiva particular de la contrición especial.

Naturaleza jurídica Sujeción a la potestad tributaria del Estado. Es una institución de derecho público.

Surge del Poder Tributario del Estado (lo que la diferencia del precio o tarifa).

Surge del Poder de Imperio del Estado para dictar tributos.

Efectos económicos Reconoce la posibilidad de un contribuyente de iure y otro de facto, en los supuestos de traslación.

Causa de los impuestos: Los impuestos no exigen actividad estatal alguna, por eso se llaman

“tributos no vinculados”. Se cobran en virtud del poder de imperio del Estado, no es virtud de

un beneficio ni contraprestación, sino que sirve para mantener al Estado. Su cobro se debe

hacer a quienes se hallan en las condiciones consideradas como generadoras de la obligación

de tributar. La mayoría de los autores opina que el impuesto no tiene causa.

Dino Jarach: La causa del impuesto es un principio denominado “capacidad contributiva”. La

capacidad contributiva es la capacidad económica que cada habitante tiene para contribuir con

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los gastos del Estado. Solo serán legítimos los impuestos que respeten el principio de

capacidad contributiva. (No es tan cierto, ya que un impuesto que no lo respeta es el IVA)

Finalidades

- Fin Fiscal: un impuesto tiene una finalidad fiscal cuando se obtiene recursos para

solventar un gasto normal del Estado. Ej: Recaudación de impuesto para pago de

salarios.

- Fin Extrafiscal: cuando el impuesto es obtenido para fines que no tienen una relación

directa con la solventacion de gastos públicos. Ej: Retenciones al Agro para redistribuir

la riqueza. Los impuestos de aduana tienen fundamentalmente fines extrafiscales. Ej:

Protección de la industria, aumento de la exportación. Es decir, que a partir del

impuesto se busca generar o repudiar ciertas conductas o actividades, con la cual la

única finalidad no es recaudar, sino que posee una orientación social, política,

económica.

Impuestos con destino especifico: Se trata de aquellas detractaciones de las riquezas

particulares que tienen una asignación especifica, es decir, que están destinadas a un cierto o

especial gasto. Ej: dentro del Impuesto Automotor se destinaba una proporción para formar un

Fondo que pagaría los incentivos docentes. También, el impuesto al cheque, destinado al pago

de la deuda.

Hoy día no existe un impuesto que en su integralidad se destine a un fin especifico, pero si

proporciones o porcentajes del impuesto. Ej: porcentaje del Impuesto Inmobiliario Fondo

Educativo.

Clasificación de los Impuestos: admiten varias formas de clasificarse o agruparse:

1. Según su duración:

a. Ordinarios/Permanentes: son aquellos cuya vigencia no tiene limite de

tiempo, rigen hasta tanto no sean derogados. Ej: IVA

b. Extraordinarios/Transitorios: tienen vigencia durante un plazo determinado,

transcurrido el cual, supuestamente dejan de existir. Ej: impuesto sobre los

bienes personales. En general, son establecidos en periodos de crisis o

necesidad económica.

2. Según el bien que gravan:

a. Reales (objetivos): consideran en forma exclusiva la riqueza gravada, con

prescindencia de la situación personal del contribuyente. Ej: Impuesto

inmobiliario.

b. Personales (subjetivos): Tiene en cuenta la especial situación del

contribuyente, valorando los elementos que integran su capacidad de pago.

Ej: Impuesto a las ganancias.

En ningún caso, la obligación tributaria es de naturaleza real, SIEMPRE es personal.

Esta clasificación tiene en cuenta el carácter subjetivo de la base imponible.

La mayoría de la doctrina recomienda los impuestos personales, por cuanto son éstos

los que atienden a esos principios de bienestar económico o de nivel de vida del

contribuyente. En definitiva, y conforme se ha manifestado en reiteradas ocasiones,

éstos son verdaderos impuestos, dado que se hallan más próximos al principio de la

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equidad tributaria que los impuestos reales. se indica que los impuestos personales

permiten establecer una política tributaria más acorde con los objetivos de una buena

política económica, dado que admiten un conjunto de deducciones o desgravaciones,

instituciones éstas que sirven como eficaces estímulos para los consumos o para las

inversiones y, en términos generales, para corregir o modificar las distintas conductas

económicas. No obstante lo antedicho, los gravámenes de tipo personal presentan

también serias dificultades. Entre ellas, podemos mencionar la constituida por la

liquidación o determinación de esta clase de impuestos, que generalmente queda a

cargo del propio contribuyente, mediante las denominadas “declaraciones juradas”. A

su vez, este régimen de determinación tributaria exige una posterior verificación o

control, a menudo de elevado costo, por parte de la administración pública. Todas

estas circunstancias, de innegable complejidad, posibilitan un grado de evasión fiscal

superior al que se produce con la liquidación y la percepción de impuestos reales.

3. Según la relación entre la cuantía y el valor de la riqueza:

a. Fijos: implican una suma fija a pagar, independientemente de la riqueza o su

calor. Es un criterio casi abandonado por las injusticias que entraña. Un buen

ejemplo de impuesto fijo es el que recayó, en el año 1978, sobre la propiedad

de los automotores, con la denominación de “Impuesto nacional de

emergencia a los automotores”. En efecto: con arreglo a las normas de la ley

21.409, los propietarios debieron pagar determinada suma de dinero, la cual

fue establecida tomando como referencia sólo el modelo y el año de

producción del correspondiente vehículo

b. Proporcionales: mantienen una relación constante entre su cuantía y el valor

de la riqueza gravada. Están estructurados con la aplicación de una alícuota

única y proporcional al crecimiento de la riqueza imponible. Casos concretos

de esta categoría de impuestos son, por ejemplo, los ingresos brutos

provinciales o el de sellos, tanto en el ámbito nacional como en el provincial.

c. Progresivos: aumentan a medida que se incrementa el valor de la riqueza

gravada. Se dice que son los más justos: quienes más tienen, mas pagan;

Aumenta la alícuota a medida que sube la base imponible. Ej: TGB, Bienes

personales.

4. Directos/Indirectos. Existen distintos criterios de distinción:

a. Según la posibilidad de traslación:

i. Directos: son aquellos que no pueden ser trasladados; Es decir que el

contribuyente de hecho es el mismo que el de derecho.

ii. Indirectos: son los trasladables; se cobran a una persona dando por

sentido o suponiendo como algo probable que esta se indemnizara a

expensas de otra.

b. Según criterio administrativo:

i. Directos: se recaudan según lista o padrones (porque gravan

situaciones más o menos estables). Ej: Impuesto inmobiliario.

ii. Indirectos: no se pueden incluir en listas; gravan actos o situaciones

accidentales. Ej: IVA

c. Según el indicio de capacidad contributiva

i. Directos: gravan manifestación evidente de capacidad contributiva.

ii. Indirectos: gravan un mero indicio de capacidad contributiva.

d. Según potestad de recaudación (CN)

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i. Directos: Son de las provincias; por tiempo determinado puede

recaudarlos Nación.

ii. Indirectos: Concurrencia entre Nación y Provincias,

5. Según época de nacimiento de la obligación

a. Instantáneos: el hecho imponible nace en un único momento y no tiende a

repetirse en el tiempo. Ej: Impuesto de Sellos

b. Periódico: la obligación comienza a nacer a comienzo del periodo fiscal y

termina de nacer a su fin. Suele coincidir con el año calendario. Ej: IIBB,

Impuesto a las Ganancias. El Estado exige el pago a cuenta de anticipos.

c. Anuales: (no tienen nombre) la obligación nace a principio del periodo y

puede abonarse en cuotas. Tienen importancia por el principio de

irretroactividad: ley posterior no puede modificar una relación jurídica

preexistente. Ej: Inmobiliario, Automotor. Sin embargo, si hay reformas sobre

el hecho imponible, puede surgir diferencias.

3. Concepto de tasa. Naturaleza jurídica. Las tasas judiciales y administrativas.

Elementos caracterizadores. Diferencias con otros tributos, con las tarifas y los

precios. Carácter obligatorio del servicio o actividad publica justificante. Se efectiva

prestación. Graduación del monto de la tasa: criterios. La tasa como medio de

financiamiento municipal. Particularidades.

Concepto: La tasa es el medio de financiación de servicios públicos divisibles, de demanda

presunta o coactiva, que satisfacen necesidades públicas o colectivas. Recordando ese

concepto, resultará fácil comprender que en el análisis de este instituto financiero resaltan dos

características. La primera consiste en que las tasas son tributos exigidos por el Estado como

prestación por determinados servicios públicos divisibles, que por ser tales tienen una

financiación individualmente determinable –es decir, los respectivos costos son prorrateables

entre los particulares que hacen uso de ellos–, y, en segundo lugar, que son tributos exigidos a

todos aquellos sujetos pasivos que efectiva o potencialmente utilizan esos servicios públicos

divisibles. Se puede definir la tasa entonces como una especie de tributo exigido por el

Estado, u otro ente público facultado a tal efecto, como contraprestación por la utilización

efectiva o potencial de un servicio público divisible o de costo prorrateable.

Naturaleza jurídica: La tasa tiene carácter tributario o sea que el Estado la exige en virtud de

su poder de imperio. Esta circunstancia es decisiva para diferenciarla del precio y de la tarifa.

(Diferencia con otros impuestos ver cuadro punto 2).

Tipos de tasas: Pueden distinguirse dos tipos de tasas

De servicios Administrativos: suele llamársela “sellado”, aunque no lo sea. Implican

una labor por parte de un organismo administrativo.

De servicios judiciales: involucran el servicio de justicia.

Caracteres especiales:

a. Naturaleza de tributo: el Estado la exige en virtud de su poder de imperio. Esto

permite distinguir a la tasa de los precios y tarifas. Las tasas son prestaciones

obligatorias fijadas por ley.

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b. Principio de legalidad: como corolario de su naturaleza tributaria.

c. Actividad efectiva: su hecho imponible esta integrado con una actividad que el Estado

cumple y que esta vinculada con el obligado al pago.

d. Prueba de la prestación: se discute sobre la prueba de la efectiva prestación de la

actividad estatal vinculante. La jurisprudencia sostuvo tradicionalmente que la prueba

de la prestación del servicio corresponde al contribuyente.

e. Destino del producido: una vez logrado el fin perseguido por la tasa, el tributo se agota

en si mismo; al decir de Villegas no es necesario que el fondo sea destinado

exclusivamente a la prestación de ese servicio, dado que los ingresos del Estado sirven

para financiar sus gastos sin asignaciones particulares.

f. Obligatoriedad y gratuidad de los servicios: la actividad vinculante debe ser realizada

gratuita y obligatoriamente por el Estado, salvo respecto de aquellos poseedores de

capacidad contributiva receptores, que se benefician con las actividades y pueden ser

pasibles de la exigencia del tributo.

Diferencias con otros institutos:

Respecto del precio privado: Se entiende por precio privado el valor que

convencionalmente se le atribuye a un bien o a un servicio. En consecuencia, esta clase

de precio está determinado por la interacción de la oferta y la demanda. La

circunstancia de que el Estado, como ocurre algunas veces en la práctica, sea

remunerado con un precio privado no tiene relevancia alguna en lo que atañe a ese

criterio distintivo. En efecto: el Estado percibe un precio privado no sólo cuando

enajena alguno de los bienes de su dominio privado, sino también cuando la utilidad

específica o el beneficio divisible de la actividad estatal están dirigidos a determinada

persona o a un grupo de personas totalmente determinado, que aprovecha,

íntegramente los beneficios de tal actividad estatal. En consecuencia, la utilidad

común, o sea, la experimentada por la comunidad, es nula o, en el mejor de los casos,

simplemente accidental (p. ej., concesión de una explotación forestal). Dicho precio

está regido, pues, por la ley de la oferta y la demanda, y formado convencionalmente

entre el Estado y el particular, sin que el primero haga uso de su poder de imperio ni

imponga coactivamente la remuneración que debe pagar el segundo. La tasa involucra

una obligación ex lege; en tanto que el precio surge de una obligación ex contractu; en

el precio hay acuerdo de voluntades.

Respecto del precio publico: Se afirma que un precio es cuasi–privado cuando no ha

sido acordado convencionalmente entre las partes, sino que es regulado por el Estado;

p. ej., alguna de las conocidas formas de precios máximos, de precios mínimos o de

precios fijos. A ese precio cuasi–privado se lo denomina, a su vez, precio público

cuando es percibido por la prestación de determinado servicio divisible de demanda

voluntaria, alcanzando sólo a cubrir el costo de éste y sin producir, por tanto,

rentabilidad para quien lo presta. Dicha clase de precios se diferencia del precio

privado por la inexistencia de una convención o de un acuerdo entre las partes.

Además, el precio cuasi–privado o político, no obstante ser percibido, al igual que el

precio privado, por una utilidad también divisible –es decir, que aprovecha a personas

determinadas en forma fundamental–, presupone que el beneficio común no es

simplemente accidental, sino que adquiere cierta importancia; p, ej., servicio

telegráfico a cargo del Estado.

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Inversamente, en el supuesto de la tasa no media posibilidad alguna de elección. En la

clase de precios que acabamos de analizar, la remuneración es pagada siempre por la

satisfacción de una demanda voluntaria –o sea, requerida por el interesado–, que

brinda, en consecuencia, la posibilidad de practicar una elección entre el empleo o,

contrariamente, el no uso de ese servicio.

Respecto de la Tarifa:

Carácter obligatorio del servicio: Existen al respecto distintas tesis:

Tesis de la prestación potencial: Es suficiente la organización y descripción del

servicio, así como su ofrecimiento a los eventuales contribuyentes para que surja la

exigibilidad del tributo. Basta con la real y concreta posibilidad de que la actividad

estatal se cumpla. Es legítimo el cobro de la tasa desde el momento en que el fisco

incurre en erogaciones para organizar la prestación de un servicio, el que estará

“siempre listo” para cuando surja su requerimiento por los particulares. No es

imprescindible que el servicio se preste a un individuo en particular, basta con que el

Estado se encuentre adecuadamente preparado para su utilización.

Tesis de la prestación efectiva: Se exige la efectiva prestación del servicio

particularizado en el obligado. Es de la esencia de la tasa que el servicio estatal que

constituye su presupuesto de hecho sea prestado efectivamente por la Administración

al contribuyente, aun cuando este se resista a recibirlo. La carga de la prueba de la

efectiva prestación del servicio, en caso de conflicto, debe corresponder a la

Administración.

Graduación de la tasa: La cuestión consiste en determinar cuales son los criterios que deben

tenerse en cuenta para determinar el monto de las tasas; los criterios sostenidos son:

- Ventaja diferencial: Una parte de la doctrina sostiene que la tasa debe ser graduada

según el valor de la ventaja que por el servicio obtiene el obligado. Aunque, entre sus

sostenedores no hay acuerdo sobre cual es el verdadero significado de tal ventaja;

para algunos implica la ventaja subjetiva, en tanto que otros se inclinan por una

cuantía objetiva, determinada por el beneficio que el Estado determina que se otorga

a los particulares.

- Costo del servicio: Otras teorías sostienen que la tasa debe graduarse por el costo del

servicio en relación a cada contribuyente. Dado que el Estado presta un servicio, la

compensación por este debe restituir total o parcialmente el costo de producción.

- Capacidad contributiva: Una tercer postura, sostiene que aun sin prescindir de la

relación de la tasa con el costo del servicio prestado, puede también ser graduada

conforma la capacidad contributiva del obligado. Así surge del fallo Banco Nación

c/Municipalidad de San Rafael.

- Cuantía global: fue expuesta por García Belsunce; conforme a este criterio si la

recaudación total de la tasa excede mas allá de lo discreto y razonable, el costo del

servicio, mas la proporción que corresponda asignarle en los costos indirectos del

organismo, el contribuyente podrá oponer defensa por falta de causa.

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Tasa como medio de financiamiento municipal: La CN de 1853/60 nada dijo sobre potestades

tributarias municipales. Con la reforma de 1994 no se aclaro mucho la cuestión; el art 123

declaro la autonomía de los municipios, quedando supeditada la regulación a las Provincias. En

materia impositiva, se delineo un sistema de distribución de facultades entre la Nación y las

Provincias, sin tener en cuenta a los municipios. Sumado a esto, las Constituciones Provinciales

delegaron una serie de cuestiones y actividades en el órgano municipal, sin la consiguiente

reasignación de recursos para solventarlas; para corolario, no debemos perder de vista la

prohibición de doble imposición (un mismo hecho imponible no puede ser gravado dos veces).

Esto ha hecho que los municipios deban hacer malabares para sostenerse; de allí deviene el

resurgimiento de las tasas municipales, y la importancia de esta clase de tributo.

Mediante el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12/08/93,

suscripto por las Provincias, éstas se comprometieron a impulsar la eliminación de las tasas

municipales en los casos en que no constituyeran la retribución de un servicio efectivamente

prestado o en aquellos en que excedieran el costo que derive de su prestación. Sin embargo, el

fin nacional y los principios liminares de nuestra Constitución Nacional en ocasiones son

desplazados por el afán de obtener recaudación a cualquier costo.

Una de las violaciones en que incurren algunos Municipios en sus ordenanzas se produce

cuando la determinación del quantum de la base imponible, elemento estructural de la tasa, se

asienta sobre la capacidad contributiva, y no en función al costo del servicio descripto en su

hecho imponible, por lo que la tasa se desnaturaliza y pasaría a ser un impuesto.

4. Concepto de contribución. Contribuciones especiales. Contribución de mejoras.

Relación entre el monto de contribución y el beneficio resultante de la obra publica.

Destino del producto. Contribuciones parafiscales. Características. Aportes a la

seguridad social y sindicales. Cajas y colegios profesionales. Caracterización del

peaje. Naturaleza jurídica: constitucionalidad. Caracterización de los empréstitos

forzosos. Naturaleza jurídica.

Concepto: el concepto “contribución” suele utilizarse genéricamente como identificador de los

tributos; En las contribuciones desaparece la noción de servicio y aparece el beneficio para un

grupo de ciudadanos que serán contribuyentes. Fonrouge prefiere hablar directamente de

“contribuciones especiales”; bajo tal termino se agrupa un conjunto de diversos tipos de

tributos, los cuales (aunque responden a distintas finalidades, se los recauda mediante

variados procedimientos y son cobrados por diferentes clases de organismos) tienen la

característica particular de que todos ellos son aplicados como compensación por los

beneficios o las ventajas especiales que obtienen determinadas personas o grupos sociales

como consecuencia de la realización de obras públicas o de actividades estatales específicas.

Según Fonrouge, la contribución especial es la prestación obligatoria debida en razón de

beneficios individuales o de grupos sociales, derivadas de la realización de obras públicas o de

actividades especiales del Estado. Incluye en este concepto:

a. CONTRIBUCION DE MEJORAS: La contribución de mejoras es, al menos entre nosotros,

la más antigua de las contribuciones especiales. En ella, el concepto de beneficio o de

ventaja individual, que ha sido señalado como característica primordial de toda esta

especie de recursos tributarios, se manifiesta como un beneficio de orden patrimonial,

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el cual estriba, concretamente, en el incremento del valor venal de la propiedad

inmueble como consecuencia de la realización de una obra pública.

Tiene su origen en el poder tributario del Estado, constituyendo un impuesto especial.

Se trata de una carga real que grava a los inmuebles.

Relación entre el monto y el servicio: La contribución no puede exceder del mayor

valor o beneficio producido, ni absorber una parte sustancial de la propiedad. La

determinación del valor es una cuestión de hecho, según las particularidades del caso.

En este sentido, es jurisprudencia de nuestra corte Suprema que este tributo no es

aplicable si incurre en confiscatoriedad, lo cual sucede, muy a menudo, cuando la

contribución de mejoras supera la tercera parte del valor venal del inmueble.

b. CONTRIBUCIONES DE VIALIDAD: el desarrollo del transporte y su importancia para la

economía nacional, ha determinado la necesidad de asegurar la financiación de las

obras de vialidad. Con esta finalidad han surgido varias tasas (Fondo Nacional de

Vialidad, Fondo Nacional de Autopistas, etc), siendo especialmente importante el

PEAJE. Este tributo es utilizado para cubrir los gastos de construcción, mantenimiento

y administración de obras públicas. En una época fue debatida su constitucionalidad,

en virtud de los arts. De la CN que regulan el trafico interprovincial (libertad de

circulación), pero innumerables son los autores que creen en la compatibilidad del

peaje con las disposiciones normativas, sin que sea obligatorio garantizar otra vía,

cuando la contribución sea razonable y no se utilice para cubrir gastos generales sino

específicos.

Naturaleza jurídica: al decir de Fonrouge se trata de un contribución especial (otros

hablan de tasa, o precio), de pago obligatorio por los usuarios de la obra publica, en

razón de los beneficios que obtienen por su utilización.

Concepto y caracteres: Puede definirse al peaje como la prestación dineraria exigida

para circular a través de un medio marítimo o terrestre. El peaje es constitucional y así

lo estableció la doctrina y la jurisprudencia siempre que se cumplan los siguientes

Requisitos:

1. Se cobra por cada unidad vehicular que circule, no se tiene en cuenta el peso

ni la cantidad de personas que van en el vehículo;

2. El costo debe ser razonable y equitativo;

3. Debe existir una vía alternativa, aunque no tenga la mismas características que

la otra.

c. CONTRIBUCIONES CON FINES SOCIALES O ECONOMICOS Parafiscalidad. Se

denomina contribución parafiscal a la prestación exigida coactivamente por el Estado

en favor de un organismo público o semi–público, con el objeto de asegurar la

financiación automática de éste y cumplir con determinadas finalidades de carácter

social o económico. Ejemplos puede ser: aportes y contribuciones jubilatorias, aportes

de subsidios familiares, contribuciones a la Junta de Carnes, a la Junta de Granos, etc.;

contribuciones sindicales; contribuciones al Fondo Algodonero Nacional, al Fondo de

Emergencia Azucarero, al Fondo para la Vitivinicultura, al Fondo para la Industria del

Té; contribuciones al Fondo de Fomento Cinematográfico, etc.

El gran incremento en el número de tipos de estas contribuciones responde a dos

motivos principales. El primero es el innegable intervencionismo del Estado moderno,

mientras que el segundo reside en la marcada tendencia registrada, en los últimos

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tiempos, hacia la descentralización de las gestiones de la Administración pública.

Carballal: La competencia tributaria es la facultad de recaudar tributos y

administrarlos. El Estado puede delegar su competencia tributaria en sindicatos o

colegios, los cuales pueden reclamar, exigir el pago, hacer apremios, etc. Pueden

administrar esa recaudación. El Estado delega su competencia tributaria en sindicatos

en concepto de contribución parafiscal

Naturaleza jurídica: este punto ha originado discrepancias doctrinarias. Para algunos

autores quedan fuera de la clasificación tributaria; según Fonrouge son contribuciones

especiales, pero expresa que su encasillamiento depende del esquema clasificatorio

que se utilice de los tributos. Autorizada doctrina las considera impuestos.

Estan incluidas en este tipo:

Contribuciones a la Seguridad Social: este tipo de contribuciones exigen: que

entre los beneficiarios y los obligados medie una relación jurídica justificante o

bien que estos últimos obtengan un beneficio concreto, específico y

diferenciado, distinto del interés común. Se fundan en principios solidarios.

También se incluyen los subsidios familiares.

Contribuciones profesionales o sindicales: se trata de las cuotas o aportes a

las agrupaciones de profesionales liberales a los sindicatos u otros tipos de

asociaciones obreras. Son inherentes a la condición de afiliado.

1


BOLILLA 6: DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO

1. El poder tributario. Concepto. Caracteres. Limites Constitucionales y legales a su

ejercicio y garantías de los contribuyentes, Legalidad. Seguridad jurídica.

Razonabilidad. Certeza. Irretroactividad de la norma tributaria. Tutela jurisdiccional.

Capacidad contributiva. Igualdad. Proporcionalidad. No confiscatoriedad.

Uniformidad.

El derecho constitucional tributario estudia las normas fundamentales que disciplinan el

ejercicio del poder tributario, y que se encuentran en las cartas constitucionales de los

Estados. Estudia también, las normas que delimitan y coordinan los poderes tributaros o

estatales entre las distintas esferas de poder en los países con régimen federalista. Es solo una

parte del derecho constitucional que solo puede considerarse “tributario” por el objeto al cual

se refiere.

Concepto: Es definido como la facultad del Estado de imponer contribuciones sobre personas y

bienes dentro de su jurisdicción territorial. La doctrina le otorga al poder tributario muchos

sinónimos como ser: “Poder Fiscal”, “Poder de Imposición”, “Potestad tributaria”, etc. En

nuestro país, la soberanía emana del pueblo: en su representación, los ciudadanos convocados

se reúnen en Congreso General Constituyente y establecen la Constitución para la Nación

Argentina. El poder tributario, entonces, es la posibilidad jurídica del Estado de exigir

contribuciones a las personas sometidas a su soberanía; implica la facultad de generar normas

mediante las cuales el Estado puede compeler a las personas para que entreguen una porción

de sus rentas o patrimonios para atender a las necesidades públicas.

PODER TRIBUTARIO Y COMPETENCIA TRIBUTARIA: El poder tributario consiste en la facultad

de aplicar contribuciones o establecer exenciones, o sea, el poder de sancionar normas

jurídicas de las cuales derive o pueda derivar, a cargo de determinados individuos o de

determinadas categorías de individuos, la obligación de pagar un impuesto o de respetar un

límite tributario. Paralelamente con esto, esta la facultad de ejercitarlo en el plano material, a

lo cual se denomina “competencia tributaria”. Puede haber órganos dotados de competencia

tributaria y carente de poder tributario. El poder de gravar es inherente al Estado y no puede

ser suprimido, delegado ni cedido; pero el poder de hacerlo efectivo en la realidad de las

cosas, puede transferirse y otorgarse a personas o entes paraestatales o privados.

Caracteres del Poder tributario:

Abstracto: respecto a este carácter Fonrouge hace una distinción diciendo que el

poder tributario es único y es esencialmente abstracto, diferenciándose de otros

autores que sostienen que hay un poder tributario abstracto y un complementario

concreto. Este último no debe confundirse, ya que estamos en presencia de la

materialización efectiva de la imposición tributaria a través de la administración

Permanente: el poder tributario nace y se extingue con el Estado, este no puede

desprenderse del otro ya que el Estado dejaría de tener razón de ser, por lo tanto no

puede prescribir ni caducar; lo que si prescribe por razones de seguridad jurídica es la

facultad del Estado de exigir a los particulares el cobro de tributos luego de

transcurrido un determinado lapso de tiempo.

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Irrenunciable: si dijimos que el poder tributario es permanente, el Estado no puede

renunciar a él; Fonrouge utiliza una metáfora diciendo que es como el oxigeno a los

seres vitales.

No debe confundirse este principio y entenderse como violación a las llamadas “Leyes

de Coparticipación de Impuestos”, donde no hay una renuncia por parte del poder

tributario de las provincias, sino simplemente un acuerdo para legislar, recaudar y

repartir tributos

Inderogable: así como al poder tributario no se puede renunciar, tampoco se lo puede

transferir de manera parcial. El poder tributario está en cabeza del P.L. y el P.E. solo

puede hacer uso de las facultades reglamentarias que le otorga la C.N., estableciendo

los pormenores y detalles de la aplicación de los mismos, pero sin alterar o modificar

los elementos sustanciales creados por ley.

Limites legales y constitucionales:

‐ A nivel Constitucional, encontramos que la CN fija el alcance de los poderes que tiene

el PL,

o Corresponde al Gobierno Nacional: 1) exclusiva y permanentemente los dchos

de importación y exportación y tasas postales. 2) exclusiva y

permanentemente las facultades derivadas de reglar el comercio internacional

e interprovincial, lo que incluye tráfico y comunicaciones, la atinente a la

Capital Federal y los lugares adquiridos por compra o cesión en las provincias.

3) En concurrencia con las provincias y permanentemente, los impuestos

indirectos al consumo. 4) Con carácter transitorio: impuestos directos.

o Corresponde a las Provincias: 1) Exclusivo y permanentemente: impuestos

directos; 2) En concurrencia con la Nación y en forma permanente: impuestos

indirectos.

La potestad de las provincias reconoce las siguientes excepciones: A) las

materias delegadas que corresponden al Congreso Nacional; B) no pueden

alterar los principios establecidos en los Cód. Civil, Comercio, Penal y de

Minería, invocando la autonomía del derecho tributario, obviamente siempre

que los códigos no hayan legislado impropiamente sobre materias no

delegadas; C) Derechos y garantías asegurados por la CN

o Corresponde a los Municipios: Las facultades inherentes a su condición de

entes de gobierno, con respecto a actividades cumplidas en su ámbito

jurisdiccional o a las cosas situadas dentro de tales limites, sin exceder las

materias de su competencia.

‐ Además, la Carta Magna establece ciertos principios o limites de carácter formal, que a

continuación se analizan.

Principios y Límites:

1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD: Requiere que todo tributo sea sancionado por una ley,

entendida esta como la disposición que emana del órgano constitucional que tiene la

potestad legislativa conforme el procedimiento establecidos por la CN. El principio

halla su fundamento en la necesidad de proteger a los contribuyentes en su derecho

de propiedad, Art 17. Los tributos importan restricciones a tal derecho, de allí que esto

no será legítimo si no surge de una decisión de los órganos representativos de la

soberanía popular.

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En Argentina, el Art. 19 de la CN dispone que “ningún habitante de la Nación será

obligado a hacer lo que no manda la ley…”, y el Art. 52 confiere a la Cámara de

Diputados la iniciativa de las leyes sobre contribuciones. Además el Art. 75, inc.2

atribuye al Congreso la facultad de imponer contribuciones directas. Por otra parte, la

CSJN ha reconocido que la facultad atribuida a los representantes del pueblo para

crear los tributos necesarios para la existencia del Estado, es la más esencial a la

naturaleza y objeto del régimen representativo republicano de gobierno; y que el

cobro de un impuesto sin ley que lo autorice, es un despojo que viola el derecho de

propiedad. Es doctrina admitida que la creación de impuestos es facultad exclusiva del

PL y que no es lícito, desde el punto de vista constitucional, aplicarlos a objetos u

operaciones no gravados por la ley Al decir de Condorelli esto se llama Principio de

Reserva legal, dado que esta reservada en el Congreso la potestad de crear, modificar

o extinguir tributos; art 17: “El Congreso puede imponer las contribuciones que reza el

art 4to.”

Alcance del principio:

o Rige para todos los tributos por igual

o Los decretos reglamentarios del PE no puede crear modificar o extinguir

tributos, ya que ello seria ir mas allá del texto de la ley, y violar el principio

o Ni el PE ni el órgano fiscal pueden delinear aspectos estructurales del tributo.

El art 76 dispone que: se prohíbe la delegación en el PE, salvo en materias

determinadas de administración o emergencia, con plazo fijado…”; en la

practica esto ha sido desvirtuado, y a es común que el PE dicte decretos de

necesidad y urgencia sobre materias tributarias.

2. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA: implica la previsión por los particulares de sus

propias situaciones legales. Enfocada desde un punto de vista objetivo consiste en las

garantías que la sociedad asegura a las personas, bienes y derechos; y desde el punto

de vista subjetivo, en la convicción o confianza que tiene la persona de estar exenta de

peligros, daños y riesgos, de saber a qué atenerse previsibilidad de la actuación

estatal.

En materia tributaria, la seguridad jurídica se traduce en varios postulados:

o Certeza: la legislación debe ser cierta y entendible. El contribuyente debe

tener una minima certeza respecto de la legislación de fondo estable y

coherente, asi como de una legislación adjetiva apta para hacer valer sus

derechos.

o Razonabilidad: debe ser entendida desde un doble aspecto; por un lado, el

legislador debe ser razonable al crear la norma, respetar la jerarquía formal de

las leyes; Y por otro, el PE debe ser razonable al momento de su

reglamentación, no desvirtuando o modificando el sentido de la ley.

o Irretroactividad: El contribuyente debe tener la convicción de que la

regulación vigente en el momento que tomo su decisión, no se vera

modificada por una ley que legisle sobre el pasado. Rige la Teoría de los

Derechos Adquiridos, art 17 CN.

o Tutela jurisdiccional efectiva: se trata de los procedimientos que tiene a su

alcance el contribuyente para impugnar las situaciones que considera injustas

o inconstitucionales.

4


3. CAPACIDAD CONTRIBUTIVA: se trata de la aptitud económica de los miembros de la

comunidad para contribuir a la cobertura de los gastos públicos. Muchos países la han

incluido dentro de sus textos constitucionales; No es el caso argentino, aunque de una

correcta interpretación de sus normas, se induce su implícita inclusión.

La CN habla de “igualdad fiscal”: art 16 in fine, siendo tal concepto equivalente a la

capacidad contributiva: intención de que los contribuyentes paguen equitativamente

según su capacidad económica. La norma hace referencia a la igualdad en sud doble

forma: igualdad ante la ley e igualdad como base del impuesto de las cargas públicas;

conceptos que no son equivalentes pero tienen vinculación. El primero, más amplio,

en cuanto se aplique al impuesto, se refiere al igual tratamiento que debe asegurar la

ley tributaria; el segundo tiene atinencia con el impuesto en sí mismo, es decir como

instituto financiero. Es idea sostenida entre nosotros que el principio de igualdad no se

refiere a la igualdad numérica que daría lugar a las mayores injusticias, sino a la

necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes están en situaciones análogas,

de modo que no constituye una regla férrea, porque permite la formación de distingos

o categorías, siempre que estas sean razonables, con exclusión de toda discriminación

arbitraria, injusta u hostil contra determinadas personas o categorías de personas.

Bidart Campos diría: “a igual capacidad tributaria con respecto a la misma riqueza, el

impuesto debe ser en las mismas circunstancias, igual para todos los

contribuyentes”.

La capacidad contributiva tiene 4 implicancias trascendentales:

o Requiere que todos los titulares de medios aptos para hacer frente al tributo

contribuyan.

o El sistema tributario debe estructurarse de manera que quienes tengan mayor

capacidad contributiva tengan mas participación en las rentas del Estado

o No pueden seleccionarse como hechos imponibles o bases imponibles,

circunstancias o situaciones que no sean abstractamente idóneas para reflejar

la capacidad contributiva.

o En ningún caso el tributo puede exceder la razonable capacidad contributiva

de las personas.

4. PRINCIPIO DE GENERALIDAD: surge del art 16 de la CN; Como derivación del principio

de igualdad, es menester que los tributos se apliquen con generalidad, esto es,

abarcado íntegramente las categorías de personas o de bienes previstas en la ley y no

a una parte de ellas. No deben resultar afectadas personas o bienes determinados

singularmente, ya que en tal supuesto, los tributos adquirirán carácter persecutorio o

de discriminación odiosa. Significa que cuando una persona se halla en las condiciones

que marcan el deber de tributar, debe hacerlo, cualquiera sea su categoría social, sexo,

nacionalidad, edad o estructura jurídica. No se trata de que todos deban pagar, sino d

que nadie debe ser eximido por privilegios personales, de clase, linaje o casta.

Excepciones: el principio general es que todos deben contribuir, salvo aquellos que

por no contar con un nivel económico mínimo, quedan al margen de la imposición

Salario mínimo vital y móvil.

5. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: la fijación de contribuciones debe hacerse “en

proporción” a sus singulares manifestaciones de capacidad contributiva. La Corte ha

5


entendido que la proporcionalidad quiere establecer no una proporción rígida, sino

graduada. Esa graduación se funda en el propósito de lograr la igualdad de sacrificios

en los contribuyentes.

6. PRINCIPIO DE EQUIDAD: Representa el fundamento filosófico de la justicia de las

contribuciones. Consiste en una armonía conforme la cual debe ordenarse la materia

jurídica, y en virtud de la cual el derecho positivo se orienta hacia es idea de justicia. La

equidad se convierte en equivalente de razonabilidad, puesto que todo tributo

irrazonable será injusto e inconstitucional.

7. PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD: la CN asegura la inviolabilidad de la propiedad

privada, su libre uso y disposición y prohíbe la confiscación. Los tributos son

confiscatorios cuando insumen una parte sustancial de la propiedad o de la renta. La

dificultad surge para determinar concretamente que debe entenderse por “parte

sustancial”; la razonabilidad debe entenderse en el caso concreto. La CSJN utilizo para

un caso particular, el tope confiscatorio a partir del 33% pero Fonrouge entiende que

fue solo para ese caso concreto y lo correcto sería determinarlo razonablemente en

cada caso. Las imposiciones en tiempos de paz, por ejemplo, no pueden ser iguales a

las imposiciones en tiempos de guerra

8. PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD El problema de la doble imposición. La coexistencia

de entidades dotadas de poder tributario, actuando en el plano nacional así como en

el internacional, origina conflictos de atribuciones y deriva en superposiciones de

gravámenes.

República Argentina: En nuestro país ocurre, igualmente, el fenómeno de la doble

imposición, por no existir clara delimitación de las facultades tributarias de los diversos

entes gubernativos. Como se sabe, la Constitución nacional –que data de 1853–

adoptó la forma representativa federal, coexistiendo en la actualidad el gobierno

nacional y veintidós provincias, teniendo el primero poderes restringidos y habiéndose

reservado las provincias todos aquellos que expresamente no hubieren delegado al

consolidar la unión nacional, por lo cual no es difícil advertir la posibilidad de conflictos

jurisdiccionales, tanto más complicados si se suma la actividad de las municipalidades.

De manera, pues, que compiten a veces en el campo tributario, tres órdenes de entes

de gobierno: la Nación, las provincias y las municipalidades.

Como la Nación tiene poderes exclusivos y otros en concurrencia con las provincias, no

existe impedimento legal para que las provincias creen tributos aunque exista otro

nacional, salvo que este último corresponda a facultades delegadas; porque la doble o

múltiple imposición no importa, por sí sola, violación constitucional, la que existiría si

uno de los gravámenes excediera los límites de la potestad tributaria de la autoridad

que lo estableció, pero entonces no habría, por el hecho de la coexistencia, sino por la

transgresión de las normas constitucionales que determinan el ámbito de las

respectivas facultades de la Nación y de las provincias

2. El poder de eximir. Beneficios fiscales. Clases. Exención, no sujeción e inmunidad:

diferencias. Deducciones. Diferimientos. Promoción industrial.

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Poder de eximir: consecuencia inevitable del poder de gravar es la potestad de desgravar, de

eximir de la carga tributaria. Este poder, puede estar fundado en razones de desarrollo

económico que tiendan a limitar o disuadir la realización de ciertas actividades o bien

pretendan incentivarlas. En este contexto suelen utilizarse distintos beneficios tales como:

‐ Exenciones

‐ Reducciones

‐ Deducciones

‐ Bonificaciones

‐ Desgravaciones

‐ Eliminación de tributos

‐ Achicamiento de alícuotas o monto fijo.

Beneficios fiscales: Clases.

a. Inmunidad Tributaria: el ente con potestad tributaria, no puede hacer caer su poder

sobre el sujeto inmune. Se trata de un beneficio subjetivo, pues tiene en cuenta la

aptitud del sujeto mismo; Ej: el Estado Provincial es inmune respecto del Estado

Nacional; También es inmune el Banco Provincia (Pacto San José de Flores).

b. Desgravación: implica la no sujeción; un sujeto verifica el hecho imponible gravado

pero, el legislador no grava su situación. Ej: IIBB, se grava la actividad onerosa habitual;

no están gravadas las relaciones de dependencia.

c. Exención: consiste en un quiebre del nexo causal que une el perfeccionamiento del

hecho imponible con el consecuente nacimiento de la obligación tributaria. Es decir,

que a pesar de verificarse la hipótesis legalmente prevista, no nace la obligación de

ingresar el impuesto. Las exenciones pueden ser:

Subjetivas: cuando encuentren su razón de ser en particularidades del sujeto

pasivo. Ej: Jubilados exentos del impuesto inmobiliario o discapacitados

exentos del impuesto automotor.

Objetivas: tienen razón de ser en virtud de caracteres del objeto. Ej:

Promoción industrial, busca el progreso de una determinada zona.

Mixtas: reúnen ambos criterios. Ej: Asociaciones sin fines de lucro que ejercen

determinadas actividades.

d. Deducciones: es un monto que el legislador permite restar de la base de cálculo del

impuesto. Ej: impuesto a las Ganancias, permite reducir si uno es casado.

e. Exención por Desastre Agropecuario: puede ser parcial, y concederse por el sujeto o

por un periodo de tiempo.

f. Diferimiento: se postergan los vencimientos de la obligación para momentos mas

prósperos.

g. Zona Franca: ingreso y egreso de bienes sin pago de tributos.

Facultad del Congreso para otorgar exenciones. –El art. 67, inc. 16, de la Constitución nacional

autoriza al Congreso a “proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y

bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración”, promoviendo diversas

actividades mediante “leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de

privilegios y recompensas de estímulo”. Para su efectividad el Congreso estimó conveniente

conceder exenciones impositivas de amplitud variable, que pudo creerse limitadas a los

impuestos llamados nacionales; sin embargo, se hizo uso extensivo de ella y en numerosos

casos la dispensa alcanzó a tributos provinciales y municipales.

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Clasificación: las exenciones pueden ser:

Objetivas: realizadas con el bien grabado, por Ej. IVA en el pan, la leche, etc. (cuando

se vende al consumidor final); teniendo en cuenta ciertos hechos o actos que el

legislador estima dignos de beneficio.

Subjetivas: relacionadas con el sujeto, por Ej. Un jubilado que gane un haber mínimo

con respecto al impuesto inmobiliario, etc. Son establecidas en función de

determinadas personas físicas o jurídicas.

Permanentes o transitorias (también llamadas temporales): según el tiempo de

duración del beneficio.

Condicionales o Absolutas: cuando se hallan subordinadas a circunstancias o hechos

determinados, o no lo están.

Totales o Parciales: según que comprendan todos los impuestos o solamente uno o

algunos de ellos.

Promoción Industrial: se trata de exenciones otorgadas para fomentar o estimular la

radicación de nuevas industrias o como medio de propiciar el desarrollo de ciertas actividades

que se consideran de interés general. Por lo común las concede un decreto del PE, pero en

algunos casos se instrumentan como contratos de derecho privado. Ej: Ley 21608 que

otorgaba franquicias a las empresas.

3. Distribución constitucional de competencias tributarias en los distintos niveles de

gobierno: Nacional, Provincial y Municipal. El sistema de coparticipación federal.

Antecedentes y normativa vigente. Pactos federales. Detracciones y asignación

especifica de recursos coparticipables. Transferencia de servicios.

En los países federales como el nuestro, puede surgir el problema de la doble imposición; la

doble imposición puede ser inconstitucional cuando por su conducto se viola alguna garantía

constitucional o cuando implica una extralimitación de la competencia territorial del poder que

sanciono determinado gravamen. Las principales soluciones son:

Separación de fuentes: consiste en distribuir taxativamente los tributos entre los

distintos organismos

Coparticipación: consiste en que la autoridad central se hace cargo de la recaudación y

distribuye todo o parte del producto entre las provincias, sobre la base de acuerdos.

Sistema mixto: por un lado se mantiene la separación de fuentes, y simultáneamente

se otorga rango constitucional al régimen de coparticipación, estableciendo las pautas

generales de funcionamiento.

Distribución constitucional de competencias Régimen actual: Art inc 1, 2 y 3.

Corresponden a la Nación:

o Derecho Aduaneros: exportación e importación

o Impuestos indirectos: en concurrencia con las provincias y en forma

permanente

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o Impuestos directos: con carácter transitorio y configurándose las

circunstancias de urgencia y necesidad.

Corresponden a las Provincias:

o Impuestos indirectos en concurrencia con nación y en forma permanente

o Impuestos directos: en forma exclusiva y permanente, salvo que la Nación

haga uso de la facultad del art 75 inc 2.

Antecedentes: La CN de 1853/60 establecía en su art 67:

‐ Inc 1: los Derechos de importación y exportación corresponde a la Nación. Todo lo

demás, era no delegado, y por lo tanto quedaba destinado a las Provincias.

‐ Inc 2: Ante Guerra, situación de emergencia, como recurso extraordinario, la Nación

podía recadar los impuestos directos por tiempo determinado.

Con la crisis de 1890, y los sucesivos periodos de depresión económica este esquema de

distribución empezó a fallar, llevando al Congreso a interpretar que al no ser mencionados los

indirectos por la CN, eran de recaudación concurrente entre Nación y Provincias. Esto

exacerbo el problema de la múltiple imposición. En la década de 1930 se impulsa la

Coparticipación: las provincias derogan sus impuestos indirectos, y Nación los mantiene

vigentes aumentando las alícuotas, quedando obligada a coparticipar la recaudación. Surge en

1983 el primer Régimen de Coparticipación Ley 23548. Posteriormente fue contemplado

por la CN.

Ley 23548: El Régimen se caracteriza por ser:

‐ Automático: en lo referido a la remisión de los fondos

‐ Distribución primaria y secundaria; esto es: entre Nación y Provincias, y entre éstas, en

relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una.

‐ El sistema es equitativo, solidario y dará oportunidad al logro de un grado equivalente

de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio.

‐ Creación de organismo de fiscalización.

ARTICULO 1º — Establecerse a partir del 1 de enero de 1988, el Régimen Transitorio de Distribución de

Recursos Fiscales entre la nación y las provincias, conforme a las previsiones de la presente Ley. La transitoriedad no se cumplió; la Ley no se modifico y aun sigue vigente. ARTICULO 2º — MASA COPARTICIPABLE. La masa de fondos a distribuir estará integrada por el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales existentes o a crearse, con las siguientes excepciones: a) Derechos de importación y exportación previstos en el artículo 4 de la Constitución Nacional; b) Aquellos cuya distribución, entre la Nación y las provincias, esté prevista o se prevea en otros sistemas o regímenes especiales de coparticipación; c) Los impuestos y contribuciones nacionales con afectación específica a propósitos o destinos determinados, vigentes al momento de la promulgación de esta Ley, con su actual estructura, plazo de vigencia y destino. Cumplido el objeto de creación de estos impuestos afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia se incorporarán al sistema de distribución de esta Ley; d) Los impuestos y contribuciones nacionales cuyo producido se afecte a la realización de inversiones, servicios, obras y al fomento de actividades, que se declaren de interés nacional por acuerdo entre la nación y las provincias. Dicha afectación deberá decidirse por Ley del Congreso Nacional con adhesión de las Legislaturas Provinciales y tendrá duración limitada. ARTICULO 3º — COPARTICIPACION PRIMARIA El monto total recaudado por los gravámenes a que se refiere la presente ley se distribuirá de la siguiente forma:

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a) El cuarenta y dos con treinta y cuatro centésimos por ciento (42,34%) en forma automática a la Nación; b) El cincuenta y cuatro con sesenta y seis por ciento (54,66%) en forma automática al conjunto de provincias adheridas; c) El dos por ciento (2%) en forma automática para el recupero del nivel relativo de las siguientes provincias: Buenos Aires 1,5701%‐ Chubut 0,1433%‐ Neuquen 0,1433%‐ Santa Cruz 0,1433% d) El uno por ciento (1%) para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias.

ARTICULO 4º: Qué le corresponde a cada provincia.

ARTICULO 6 Principios

o Automaticidad: el Banco Nación hace automáticamente el giro del dinero a las

Provincias

o Gratuidad: el servicio que presta el Banco es de carácter gratuito.

ARTICULO 7º — El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley. ARTICULO 8º: OBLIGACIONES DE LAS PROVINCIAS – No establecerán iguales impuestos; en caso de incumplimiento serán intimadas a derogar el impuesto, y en caso de no hacerlo se deduce de lo que le corresponde, el porcentaje por el impuesto equiparable.

Pactos Federales: Fueron acuerdos entre Nación y Provincias por los que se realizaron

detracciones a la masa coparticipable. En 1992, mediante un pacto se detrajo el 15% de la

masa coparticipable para el sistema de previsión nacional. Mas luego, se detrajo el 20% del

total de la recaudación del impuesto a las ganancias para el sistema previsional. Más adelante,

un 11% del IVA.

En 1999 se propuso abandonar la Coparticipación e imponer un Régimen de Asignación: monto

fijo para cada Provincia, de modo tal que estas no asumían el riesgo de la recaudación. No

puso mantenerse, y volvió a instaurarse el régimen coparticipable.

Régimen de distribución entra la Provincia y sus Municipios: a partir del fallo Rivademar, se

inclino la doctrina de la Corte, y con ello los autores en la materia en considerar a los

municipios como entes autónomos; La facultad tributaria de los municipios no surge de la CN:

sin embargo, al ser autónomos, precisar de un método de financiamiento, es lógico que

tengan poder tributario. Se trataría de un poder derivado: deben sujetarse a las normas

constitucionales de las provincias, y es derivado porque no surge de la CN sino de las cartas

estaduales.

Tributos con asignación específica: no resultan coparticipables y la ley convenio que

establezca su coparticipación no puede ser modificada unilateralmente por Nación. Sin

embargo, el art 75 inc 3 desvirtúa el espíritu del sistema, al permitir al Congreso establecer y

modificar asignaciones especificas de recursos coparticipables por tiempo determinado, por

una ley especial aprobada por mayoría.

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4. Las cláusulas constitucionales y su incidencia en materia tributaria. Códigos de

fondo. El poder de imposición local sobre los establecimientos de utilidad nacional.

En el ejercicio del poder tributario, las Provincias encuentran importantes limitaciones

originadas en disposiciones de la CN. Entre ellas se destacan:

o Art 75 inc 13: se faculta a la Nación a reglar el comercio internacional e interprovincial.

Esta potestad no puede ser afectada por disposiciones impositivas provinciales. En

virtud de esta restricción, la Corte invalido el “tributo al te” que una provincia aplicaba

a la salida de tal mercadería.

o Art 75 inc 18: se estableció la Cláusula de Prosperidad en virtud de la cual corresponde

a Nación proveer lo conducente a la prosperidad, adelanto y bienestar del país, lo cual

puede llevarse a cabo mediante la concesión de privilegios.

o Art 75 inc 30: Faculta a la Nación a ejercer legislación exclusiva sobre establecimientos

de utilidad nacional sitos en lugares adquiridos por compra o cesión de cualquier de

las provincias. Es decir que estos establecimientos están sometidos a jurisdicción

nacional y excluidos del poder tributario de las provincias.

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BOLILLA 7: DERECHO TRIBUTARIO MATERIAL O SUSTANTIVO

1. La relación jurídica tributaria. Naturaleza jurídica. La obligación tributaria: elementos

y causa. Sujetos activos y pasivos: la capacidad en el derecho tributario. La

solidaridad y la sustitución. Diferencias con el derecho privado. Los agentes de

recaudación. Régimen legal aplicable.

El ejercicio del poder tributario tiene como propósito esencial exigir de los particulares el pago

de sumas de dinero o de cantidades de cosas si los tributos fueren en especie, lo que ha

inducido a una parte de la doctrina a considerar esa obligación como el centro del derecho

tributario, relegando a segundo plano otras exigencias que reconocen el mismo origen. Hay

situaciones, en efecto, en que el legislador impone al contribuyente y aun a terceras personas,

el cumplimiento de múltiples actos o abstenciones tendientes a asegurar y facilitar la

determinación y recaudación de los tributos, motivando discrepancias en la apreciación de sus

vínculos con la obligación de pagar.

Una parte de la doctrina considera que la relación de orden jurídico que se establece entre el

Estado y los particulares constituye la obligación tributaria, de contenido único o variado; otro

sector, en cambio, estima que tal expresión debe reservarse para la obligación de satisfacer las

prestaciones establecidas en la ley, y que tanto ellas como las demás exigencias de orden legal,

integran un concepto más amplio: la relación jurídico–tributaria, de modo tal que ésta vendría

a ser el género y aquélla una especie.

Fonrouge es partidario del concepto relación jurídico‐tributaria, comprensivo de todo lo que es

consecuencia de la actividad tributaria, y mantiene la expresión “obligación tributaria” para el

deber de cumplir la prestación fijada por ley.

Concepto: la obligación tributaria es el deber de cumplir la prestación, constituye una parte

fundamental de la relación jurídico‐tributaria y el fin ultimo al cual tiende la institución del

tributo. El contenido de la obligación tributaria es una prestación jurídica patrimonial,

constituyendo, exclusivamente, una obligación de dar; serán dar sumas de dinero en la

mayoría de los casos, y entrega de bienes en situaciones menos frecuentes. El vínculo jurídico

creado por la obligación de dar es de orden personal: se establece entre el sujeto activo

(Estado o delegado de el) y el sujeto pasivo (contribuyente).

En resumidas cuentas, la obligación tributaria es el vínculo jurídico en virtud del cual un

sujeto (deudor) debe dar a otro sujeto que actúa ejecutando el poder tributario (acreedor),

sumas de dinero o cantidades de cosas determinadas por ley. La relación jurídico‐tributaria

corresponde a la vinculación que se crea entre el Estado y los particulares, como consecuencia

del ejercicio del poder tributario.

Naturaleza jurídica: Es un tema controvertido, pues ciertos autores (doctrina germánica)

sostienen que la obligación tributaria, en su esencia, es análoga a la obligación de derecho

privado, en tanto que otros, plantean que existen diferencias estructurales entre ellas, que

hacen imposible tal similitud. Fonrouge es partidario de esta ultima corriente, y señala que la

obligación tributaria es un instituto autónomo, separado de otros negocios e incluso

diferenciable de otras obligaciones incluidas dentro del derecho publico.

Obligación Tributaria

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Elementos:

o Sujeto Activo: El sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado, en sus

diversas manifestaciones (Nacional, Provincial y municipal). Existen situaciones

excepcionales, donde el Estado al crear ciertos organismos específicos, los

dota de recursos financieros y les concede la facultad de exigir directamente, y

en su beneficio, las contribuciones respectivas; sin embargo, estos no poseen

potestad tributaria sino que son titulares por autorización.

o Sujeto pasivo: es la persona individual o colectiva, a cuyo cargo pone la ley el

cumplimiento de la prestación, y que puede ser el deudor (contribuyente:

quien verifica el hecho imponible) o un tercero.

Mucho se ha dicho sobre la capacidad que tienen que tener estos sujetos;

algunos se han encargado de diferenciar la capacidad jurídica de la tributaria.

Sin embargo, en el derecho tributario, las personas individuales y colectivas

con personalidad reconocida, son sujetos pasivos de obligaciones tributarias,

sin perjuicio de que en determinadas circunstancias puedan ser excluidas de

ciertas relaciones obligaciones; Dada la autonomía de la rama, es libre de

aceptar o no a dichos sujetos.

o Objeto: se trata de la prestación que deriva del impuesto; consiste

exclusivamente en un dar.

Causa: al hablar de causa‐fuente hacemos referencia al hecho que produce una

determinada obligación; La doctrina coincide en que la relación jurídico‐tributaria

corresponde al derecho publico, por vincularse con la potestad tributaria que ejerce el

Estado actuando en el concepto de aquel; y también es opinión unánime que la

obligación tributaria es una obligación ex lege Origen legal.

Respecto de la causa‐fin, muchas han sido las corrientes doctrinarias que se han

esbozado:

Causa vinculada con los beneficios recibidos del Estado y con la

capacidad contributiva (Griziotti)

Causa como puente entre el presupuesto de hecho y la ley

Fines de la actividad publica

Causa como presupuesto del tributo

Causa vinculada a la capacidad contributiva

Causa fundada en motivos legales y constitucionales

Causa como circunstancia viable según el tributo

Admisión parcial de la causa.

Anticausalismo

Fonrouge: la obligación tributaria existe con prescindencia de la causa

y esta carece, por tanto de relevancia jurídica, ya que la necesidad de

reunir los medios económicos para afrontar los gastos producidos para

el cumplimiento de los servicios públicos indivisibles, constituye

motivo de la imposición, no la causa del impuesto. Con todo, la nación

de causa permanece incierta y no es menester su búsqueda.

Solidaridad y sustitución:

a. Contribuyente: es el deudor; quien verifica el hecho imponible. En el orden nacional,

el art 5 de la Ley 11683 dispone que pueden ser contribuyentes y responder por

deuda propia:

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1) las personas de existencia visible, capaces o incapaces;

2) las personas jurídicas del Código Civil, sociedades, asociaciones y todas las

entidades que el derecho privado les otorgue la calidad de sujetos de derecho;

3) las sociedades, asociaciones y entidades que si bien no tienen personalidad

jurídica, pueden ser consideradas por el derecho tributario para atribuirles un

determinado hecho imponible;

4) las sucesiones indivisas;

5) las reparticiones autarquías, descentralizadas y centralizadas del Estado

Nacional, provincial y municipal, las empresas estatales o de capital mixto

(salvo exención expresa)

a. Responsables (por deuda ajena): se trata de aquellas personas que por mandato de

ley están obligadas al cumplimiento de la prestación tributaria sin ser deudores de la

obligación. La ley con la finalidad de asegurar el pago del tributo, dispone el traslado o

traspaso de la obligación hacia terceras personas, distintas del deudor. No son

deudores subsidiarios; tienen una relación directa y a titulo propio con el sujeto activo,

de modo que actúa paralelamente, o en lugar del deudor, pero generalmente no en

defecto de este. El carácter de responsable debe emanar de una ley.

Según nuestro derecho positivo existen responsables:

o Vinculados con una representación legal o voluntaria: padres, tutores,

curadores, síndicos, administradores, etc.

o Vinculados con una sucesión a titulo particular en los bienes: donatarios y

legatarios

o Vinculados con un cargo o función publica Agentes de retención y

percepción.

Existe una diferencia entre el régimen de Nación y Provincia; mientras que en el

primero la responsabilidad es subsidiaria, en el segundo es Solidaria. Sin embargo,

pese a la diferente terminología, en rigor de verdad la única diferencia es el lapso que

transcurre entre la notificación de unos y otros, pues mientras que en Provincia se

notifican a ambos a la par, en Nación se notica primero al deudor, y luego al

responsable.

c. Sustituto: a diferencia del responsable no esta “al lado del” contribuyente, sino “en

lugar de”; es decir que reemplaza al sujeto que verifica el hecho imponible. El Estado

no puede reclamarle sino al sustituto. Ej: Impuesto a los premios, el pagador del

premio debe retener el impuesto. Es sustito porque la ley determina que el sujeto

obligado a ingresar en las arcas fiscales el dinero es el pagador, y el fisco solo podrá ir

contra el en caso de incumplimiento de la obligación.

Mennucci: Hay cuestiones que parecen solidaridad pero son casos de sustitución. Ej.:

IMPUESTO DE CINE, RADIO, TV: Ley 17.741: Hay un porcentaje del boleto que es un

impuesto al cine. El espectador que va al cine es el contribuyente. El agente de

retención es el empresario cinematográfico. Si bien figuran como responsables

solidarios, no hay posibilidad jurídica de determinar quién es el contribuyente. Si falta

el pago del impuesto, lo deberá pagar el empresario. La solidaridad en realidad no

existe, en la práctica es como una “sustitución”

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d. Agentes de Retención y Percepción: Para algunos autores son responsables por deuda

ajena, en tanto que para otros son terceros. Se trata de personas que por encontrarse

cerca de la materia gravada, la autoridad los convierte o los obliga a retener o percibir

de sus clientes o proveedores (que verifican el hecho imponible) una porción de lo que

ellos deben ingresar al fisco.

Retenciones: cuando va a pagar el agente al contribuyente, le retiene. Esa

retención es en concepto de impuesto, con lo cual el contribuyente luego lo

descontara del monto a pagar en su anticipo. Ej: Bancos.

Percepciones: adicionan a la operación un monto. Ej: Cine.

De Información: deben tener relación con el hecho gravado que se esta

fiscalizando o queriendo analizar. No deben pagar, solo están obligados a

brindar información.

Los agentes son creados o designados de tales por el Estado.

e. Terceros: son personas que están cerca del hecho, pero no lo verifican. La autoridad

los convierte en los sujetos que deben hacer efectivo el pago del tributo. Ej: empleador

que debe detraer del salario de su trabajador el monto que debe ingresar a la

previsión social.

SOLIDARIDAD: (Trabajo Carballal‐Rossomando) Es unánime (por evidente) la coincidencia en

encontrar el fundamento de la responsabilidad solidaria tributaria en lo recaudatorio. Las

particularidades del aspecto subjetivo de la obligación tributaria, de la capacidad jurídica

tributaria generan la necesidad de contar con responsables por deuda ajena (según la

terminología legal) en orden a asegurar el efectivo ingreso de los tributos a las arcas fiscales.

Sin embargo, a este fundamento debe sumarse la cooperación con la economía pública y el

bienestar general.

Existe solidaridad, en los términos del código fiscal cuando por imperio legal, dos o mas sujetos

pasivos quedan obligados al cumplimiento total de la misma prestación, y en consecuencia el

Fisco provincial, en su calidad de acreedor, tiene la facultad de exigir a uno ‐cualquiera de

ellos, indistintamente‐ la totalidad de la deuda. No existe subordinación al incumplimiento del

contribuyente o deudor principal, como tampoco intimación previa alguna al respecto.

Al decir de Fonrouge la responsabilidad es solidaria porque existe unidad en la atribución del

hecho imponible a dos o mas sujetos (participan del hecho imponible ambos); en cambio, si el

hecho fuera atribuible a otro sujeto distinto del deudor, que, por lo tanto, es personalmente

extraño al hecho generador de la obligación, entonces es menester una disposición expresa de

la ley para que surja la solidaridad. En el Codigo Civil, se establece que los codeudores están

obligados solidariamente si de la ley no surge lo contrario; en el derecho tributario, se precisa

de una ley que así lo determine.

2. Hecho imponible. Concepto. Clases. Tipicidad. Aspecto material, temporal, espacial y

económico. Cuantificación de la obligación tributaria.

Concepto: Es el supuesto fáctico, hipotético y condicionante creado por el legislador cuyo

acaecimiento en el mundo financiero (en la realidad) genera como consecuencia para el sujeto

encuadrado en dicha situación que deba pagar un tributo al fisco. Puede ser de tres clases:

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Puede referirse a una situación relacionada a la vida del contribuyente que refleje su

calidad contributiva (impuestos).

Puede tener como contenido o referirse a una actividad estatal administrativa

jurisdiccional vinculada al obligado a su pago (tasa).

Puede referirse a una actividad estatal productora de un beneficio o mejora de

carácter patrimonial para el contribuyente (contribuciones especiales).

El hecho imponible debe responder al principio de legalidad tributaria, por lo tanto en la

norma creadora del tributo deben surgir de manera clara y precisa los elementos

fundamentales del mismo, es decir, la esencia tipificadora del tributo: de la norma debe surgir

la clara descripción de la situación abstracta creada (aspecto sustancial o material del

impuesto); la posibilidad de identificar al sujeto o destinatario legal tributario (aspecto

personal del impuesto) y también deben surgir los aspectos temporales y espaciales.

Jarach señala que es incorrecto hablar de “hecho”, pues en la mayoría de los casos se trata de

un conjunto de hechos; y que el termino “imponible”, con la terminación “ble lleva a pensar en

lo posible, y en este caso no es una posibilidad, sino que es certero que al ocurrir el hecho que

es gravado por la norma, el sujeto queda obligado al pago del tributo.

Características:

1. Siempre es un hecho jurídico por estar legislado en una norma.

2. Debe contener:

Descripción objetiva de un hecho o situación. (Ej.: ser titular de un inmueble). Esto es el aspecto material del derecho imponible.

Individualización de la persona que debe realizar el encuadre legal (Aspecto Personal).

Establecer el momento en que debe producirse el hecho imponible (aspecto temporal).

Establecer el lugar donde debe acaecer el hecho imponible (aspecto espacial).

Según JARACH: Debe establecer el quantum (aspecto cuantitativo de la obligación)

Aspectos del hecho imponible:

‐ Material (tipicidad): consiste en una descripción abstracta del hecho que el

destinatario legal tributario realiza o la situación en que se halla. Se trata del elemento

descriptivo, la tipificación. Este elemento siempre presupone un verbo, que puede

referirse a bienes físicos (Ej: combustibles, alcohol, automotores), a operaciones

jurídicas (Ej: préstamo de dinero, escrituración) o a conceptos que el derecho

tributario adopta (Ej: renta, patrimonio).

‐ Personal: se refiere a aquella persona que realiza el hecho o se encuadran en la

situación que fue descripta al definir la ley el elemento material destinatario legal

tributario.

‐ Espacial: es el elemento del hecho imponible que indica el lugar en el cual el

destinatario legal tributario realiza el hecho o se encuadra en la situación. Es

necesario, en este aspecto tener en cuenta los denominados “criterios de atribución

de potestad tributaria”, los cuales son determinables según tres tipos de pertenencia:

política, social y económica. Pueden estar obligados a tributar todos los que hayan

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nacido en el país, o aquellos que aun estando fuera del país pertenezcan a el, o los que

tengan algún tipo de bien situado en el país.

‐ Temporal: es el indicador del momento en que se configura, o el legislador tiene por

configurada la descripción del comportamiento objetivo contenido en el hecho

imponible. La estructura temporal puede ser de dos clases:

o Hecho imponible instantáneo: Nace y se extingue en ese mismo momento. Ej.:

impuesto de sellos. Con respecto a la ley aplicable: es la ley vigente al

momento del nacimiento del hecho. El nacimiento de la obligación se da al

momento de verificarse el hecho imponible.

o Hecho imponible periódico: No se termina de consumar hasta que se termine

el periodo. Ej.: impuesto a las ganancias (se requiere el plazo para determinar

cuanta ganancia hubo). En cuanto a la ley aplicable: Si durante el período se

modifica la ley y no se termino de verificar el hecho imponible, se aplica la

retroactividad impropia (Fallo Georgalos).

‐ Económico: Cuantificación del hecho imponible. Tiene que ver con la basa imponible y

la alícuota. En derecho tributario, la base imponible es la magnitud que resulta de la

medición del hecho imponible. La base imponible es en definitiva la magnitud que se

utiliza en cada impuesto para medir la capacidad económica del sujeto.

La alícuota es el porcentaje de la base imponible. Hay dos tipos o sistemas impuestos:

Proporcional: La alícuota siempre es fija. Es proporcional a la base. Por

ejemplo: la alícuota es del 1%.

Progresivo: A mayor ganancia, mayor alícuota

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3‐MODOS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA. PAGO. COMPENSACION, NOVACION, REMISION, CONFUSION, TRANSACCION Y PRESCRIPCION

Modos de Extinción de la Obligación Tributaria.

Al ser la prestación u objeto de la obligación tributaria una obligación de dar sumas de dinero, el modo normal de extinción es el pago. Al respecto es un punto fundamental a destacar que en primer lugar rigen las normas establecidas en la ley 11.683 (si estamos en presencia de tributos nacionales) y el Código Fiscal de la Provincia de Bs. As (si estamos en presencia de tributos provinciales).

De la ley 11.683, las normas están establecidas en el 20º y siguientes; y en el Código Fiscal podemos encontrarlas en el Art. 83º y siguientes.

Luego, y supletoriamente, podrán aplicarse las normas del derecho civil.

La ley 11.683 en su 20º establece que como principio general la AFIP DGI es la encargada de establecer los vencimientos de los plazos generales para el pago de los tributos, para la presentación de declaraciones juradas y cualquier otra documentación.

El Artículo 23 establece que "El pago de los tributos, intereses y multas se hará mediante depósito en las cuentas especiales del Banco de la Nación Argentina, y de los bancos y otras entidades que la Administración Federal de Ingresos Públicos autorice a ese efecto, o mediante cheque, giro o valor postal o bancario a la orden del citado organismo. Para ese fin la Administración Federal de Ingresos Públicos abrirá cuentas en los bancos para facilitar la percepción de los gravámenes. Para ese fin la Administración Federal abrirá cuentas en los bancos cuando lo juzgue conveniente para facilitar la percepción de los gravámenes. La Administración Federal de Ingresos Públicos acordará con los bancos el procedimiento para que éstos devuelvan a sus clientes todos los cheques librados a la orden de la Administración Federal una vez cancelados y satisfechos los requisitos de orden interno, de acuerdo con las prácticas bancarias. Los saldos disponibles de las cuentas recaudadoras se transferirán diariamente a la Tesorería General de la Nación con excepción de los importes necesarios que requiera la Administración Federal de Ingresos Públicos, para atender los pedidos de devolución que la misma ordene en cada uno de los tributos cuya percepción esté a su cargo.

Características:

‐El Pago total extingue la obligación y libera al deudor y a los responsables.

‐El pago total implica el reconocimiento tácito de la deuda.

‐El pago total interrumpe la prescripción.

‐El pago habilita a que el contribuyente pueda solicitar la repetición de lo pagado demás.

Para tener efecto liberatorio: (surge del fallo Bernasconi)

1) PLAZO: El pago debe realizarse en término, que es de 15 días desde el vencimiento de la obligación. Si no se pago, a partir del vencimiento del plazo, para que sea pago total se deben pagar también los intereses resarcitorios y punitorios.

2) FORMA DE PAGO: La AFIP tiene las facultades para establecer las formas de pago. (Ejemplo de forma de pago: Ley 25.345 anti evasión establece que los pagos superiores a mil pesos deben ser hechos con cheque o transferencia bancaria para ser tomado como válido).

3) LUGAR DE PAGO: El pago válido será en el lugar habilitado por el fisco para cancelar las deudas. Ej.: “tales deudas deberán pagarse solo en los BAPRO”. Además el pago debe ser dentro de la jurisdicción o el lugar de domicilio del contribuyente. Si se paga en otro lugar, se debe comunicar inmediatamente el pago. La ley 11.683 establece en el artículo 25 que “El pago del tributo deberá hacerse en el lugar del domicilio del

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responsable en el país, o en el de su representante en caso de ausencia. El pago del tributo retenido deberá efectuarse en el lugar del domicilio del agente de retención. El pago del tributo percibido por el agente de percepción deberá efectuarse en el lugar del domicilio de dicho agente. Cuando el domicilio no pudiera determinarse, o no se conociese el del representante en caso de ausencia del responsable, la Administración Federal de Ingresos Públicos fijará el lugar del pago.”

4) IMPUTACION DEL PAGO: La ley 11.683 establece en el Art. 26 “Los responsables determinarán, al efectuar los pagos o los ingresos a cuenta, a qué deudas deberán imputarse. Cuando así no lo hicieren y las circunstancias especiales del caso no permitiesen establecer la deuda a que se refieren, la Administración Federal de Ingresos Públicos determinará a cuál de las obligaciones no prescriptas deberán imputarse los pagos o ingresos. En los casos de prórroga por obligaciones que abarque n más de un ejercicio, los ingresos, en la parte que correspondan a impuestos, se imputarán a la deuda más antigua”.

ANTICIPOS IMPOSITIVOS: El Fisco tiene la facultad para exigir antes del vencimiento de la obligación, un anticipo.

Leer para este tema: FALLO S.A.P.A 2006

OTRAS FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

1) Compensación: De acuerdo a la definición del derecho civil, es cuando dos sujetos revisten simultáneamente la calidad de acreedor y deudor. Como consecuencia de ello se extingue la obligación menor, subsistiendo la mayor por lo que resta.

La compensación como forma de extinción de la obligación tributaria se encuentra contemplada en el 28º de la ley 11.683 y en el Titulo 10 del Código Fiscal.

Artículo 28 ‐ La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá compensar de oficio los saldos acreedores del contribuyente, cualquiera que sea la forma o procedimiento en que se establezcan, con las deudas o saldos deudores de impuestos declarados por aquél o determinados por la Administración Federal y concernientes a períodos no prescriptos, comenzando por los más antiguos y, aunque provengan de distintos gravámenes. Igual facultad tendrá para compensar multas firmes con impuestos y accesorios, y viceversa.

Mennucci: No se pueden compensar deudas de distinta naturaleza. No se pueden compensar recursos de distinta jurisdicción.

2).Novación: En derecho civil, es la extinción de la obligación frente al nacimiento de una nueva manteniendo la identidad de los sujetos. Esto en derecho tributario se da en las llamadas moratorias. Esta facultad está contemplada en el 32º de la ley 11.683 que sufre continuas modificaciones en virtud de la política fiscal adoptada por el Gobierno de turno. La novación también la encontramos en el 84º del Código Fiscal.

FALLO SIGLA.

3) Confusión: En derecho civil es cuando las calidades de deudor y acreedor se reúnen en un mismo sujeto. Esto en derecho tributario, sucede en muy escasas ocasiones, y se puede dar por Ej. Cuando el estado recibe como donación o legado algún bien que presenta una deuda de carácter impositivo. Aquí, la deuda se extingue por confusión. Otro ejemplo es la herencia vacante.

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4) Prescripción: Es la extinción de la acción por el transcurso del tiempo. Al respecto, los plazos de prescripción se encuentran establecidos en el 56º y siguientes de la ley 11.683 y 118º y siguientes del Código Fiscal.

El 56º nos dice que la acción y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos bajo su autoridad y para exigir las multas y cláusulas impuestas prescriben en los siguientes plazos:

- 5 años en los casos de contribuyentes inscriptos en AFIP DGI.

- 5 años cuando no se encuentre en la obligación de inscribirse.

- 5 años, cuando habiendo estado obligado a inscribirse, regularice espontáneamente su situación.

- 10 años en los casos de los contribuyentes no inscriptos.

¿LOS ESTADOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES PUEDEN LEGISLAR SOBRE PRESCRIPCION TRIBUTARIA?

Distintas posturas:

‐Tesis Privatista: Se niega la posibilidad de que los Estados provinciales y municipales puedan legislar sobre prescripción tributaria. No pueden legislar sobre la forma de extinción ya que esta se rige por el Código Civil. El Código Civil es superior a las normas provinciales. En el Código el plazo es de 5 años lo cual es un tiempo suficiente para que el Fisco pueda investigar y requerir el pago. Si cada provincia pudiera crear diferentes plazos se estaría violando el principio de igualdad.

‐Tesis Publicista: Las provincias no delegaron las facultades tributarias en la Nación, por eso mismo, pueden legislar en materia de tributos. Y la prescripción tributaria es materia de tributos.

‐Tesis Mixta: Las provincias pueden legislar siempre y cuando no vayan contra las disposiciones de la Constitución Nacional.

Modo de contar los plazos: si estamos en presencia de impuestos sin declaración jurada, como por Ej.: boleta del impuesto inmobiliario, se comienza a contar desde el 1º de enero del año siguiente al año en que venció en impuesto. Si es con declaración jurada, la declaración jurada generalmente se presenta unos meses después del vencimiento de ese impuesto –por Ej.: ganancias 2004 declaración jurada marzo 2005, la prescripción comienza a correr el 1º de enero del año siguiente en el que venció la obligación de presentar la declaración jurada.

Las causales de suspensión e interrupción de la prescripción las podemos encontrar en el 65º de la ley 11.683.

Para el Código Fiscal de la Provincia de Bs. As: todos los plazos de prescripción son de 5 años.

Desde el 1 de enero del año siguiente al del vencimiento.

INTERPRETACION DE LAS NORMAS FISCALES

Interpretar significa establecer el verdadero alcance y sentido de la ley. Desde el punto de vista jurídico existen distintos métodos:

a‐ Literal: se refiere exclusivamente a lo que dicen las palabras en su mas estricto entendimiento.

b‐ Lógico: trata de ver cuál es la razón, el fin, la esencia de la norma.

c‐ Histórico: busca la voluntad del legislador al momento de dictar la norma.

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Desde el punto de vista de la norma tributaria, surge el llamado “Método de la Realidad Económica”

METODO DE LA REALIDAD ECONÓMICA: Este método surge en el año 1919 e Alemania en el llamado “Ordenamiento Jurídico del Tercer Reich” y después adoptado por toda Europa. En nuestro país fue adoptado en 1948, tiende a establecer el fin económico de las partes desvinculando la apariencia jurídica de los actos o situaciones sujetas a impuestos (hechos imponibles): ‐ 1º y 2º de la ley 11.683 y 7º del Código Fiscal‐

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BOLILLA 8: DERECHO TRIBUTARIO FORMAL

1. Organismos de contralor de las obligaciones tributarias a nivel nacional y provincial.

Carácter y estructuras. Facultades reglamentarias y de interpretación. Funciones del

juez administrativo.

El Derecho Tributario Formal estudia las formas, procedimientos para llegar a aplicar una

norma al caso concreto. A diferencia de lo que ocurre con los aspectos fundamentales del

Tributario Material, aquí no es necesario que todo este explícitamente contemplado, pudiendo

recurrirse a la analogía.

Es complemento indispensable del Tributario material. El fin ultimo de la actividad fiscal es la

percepción en tiempo y forma de los tributos debidos, y para esto los contribuyentes deben

cumplir con ciertas obligaciones:

o Presentación de Declaraciones Juradas

o Comunicar a la autoridad los cambios en su situación

o Conservar documentación sobre hechos imponibles

o Contestar consultas

o Acreditar personería

o Presentar constancia de inicio de tramites

o Facilitar fiscalización

Organismos de contralor

AFIP: En el orden nacional el organismo es la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Como antecedentes, cabe mencionar la DGI, que fue el primer organismo en centralizar la

recaudación de los impuestos. En el año 1996, por el decreto 1156 se crea la AFIP; como datos

relevantes encontramos:

‐ Se fusionaron la DGI y la Administración General de Aduanas.

‐ Se trata de un ente autárquico en el orden administrativo, en lo que se refiere a su

organización y funcionamiento.

‐ Actúa en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

‐ Es el ente de ejecución de la política tributaria y aduanera de la Nación

‐ Funciones principales:

o Aplicación, percepción y fiscalización de los tributos

o Control del trafico de mercaderías

o Todas las que sean necesarias para su administración interna.

‐ Autoridades administrativas: esta a cargo de un Administrador Federal designado por

el PEN, un Directos General a cargo de la Dirección Impositiva y un Directos General a

cargo de la Dirección de Aduanas. El Administrador es el encargado de los

nombramientos y remociones. Estos, actúan como jueces administrativos.

El Administrador tiene la facultad de representar legalmente a la ADMINISTRACION

FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, personalmente o por delegación o mandato

‐ Art 7: Facultades de reglamentación. El administrador queda facultado para impartir

normas generales obligatorias en las materias que las leyes lo autorizan. Estas se

publicaran en el Boletín. En particular, puede dictar normas sobre:

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o Inscripción de contribuyentes

o Inscripción de agentes

o Determinación de promedios, coeficientes, intereses

o Forma y plazo de presentación de ddjj

o Modos, plazos

‐ Art 8: El administrador tiene la facultad de interpretar con carácter general las normas.

Sus interpretaciones se publicaran en el Boletín Oficial y tendrán carácter de normas

obligatorias.

‐ Art 9, Funciones del Juez Administrativo: Administrador Federal

o Determinación de oficio: si bien la regla es la autodeclaracion que realiza el

propio contribuyente, puede ocurrir: o bien que surjan diferencias entre las

ddjj y la realidad, o que no se presenten las ddjj correspondientes.

o Demanda de repetición: cuando el contribuyente ha pagado erróneamente

puede reclamar al fisco la devolución.

o Materia de multas: ante el incumplimiento de deberes formales.

o Recurso de Reconsideración: cuando ante un acto de la Administración se

interpone el recurso de reconsideración, este es resuelto por el Administrador.

o Denegación de exención (solo en Nación. No en Provincia)

ARBA: es el Agente Recaudador de la Provincia de Buenos Aires, y fue creado por Ley 13166.

Como datos relevantes encontramos:

‐ Se fusionan dentro de ARBA:

o Subsecretaria de Ingresos Públicos

o Dirección Provincial de Rentas

o Dirección Provincial de Catastro

o Dirección Provincial de Defensa al Contribuyente

o Dirección Provincial de Servicios Informáticos

o Dirección de Auditoria

o Dirección de Investigación Forense

‐ Es una entidad autárquica que mantiene la vinculación con el Poder Ejecutivo a través

del ministerio de Economía. Tiene por finalidad la ejecución de la política tributaria

mediante la determinación, fiscalización y percepción de los tributos y accesorios

‐ Funciones Principales:

o Dictar normas generales obligatorias

o Convenir con las municipalidades la delegación de facultades

o Organizar y reglamentar el funcionamiento interno

o Efectuar contrataciones

o Requerir auxilio de la fuerza publica

o Celebrar convenios de colaboración

‐ Autoridades, art 8: esta a cargo de un Director Ejecutivo, designado por el PE. Además,

cuenta con un Consejo Asesor que evalúa el cumplimiento de los compromisos y

gestiones anuales.

Diferencias entre ambos organismos:

a. Ambos tienen personalidad jurídica. Sin embargo, AFIP puede estar en juicio a través

de la representación que ejerce su Administrador Federal, y ARBA no, siendo necesario

que actúe Fiscalía de Estado.

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b. Respecto de las facultades de reglamentación, AFIP puede interpretar las normas,

publicarlas en el Boletín y que tal interpretación se torne obligatoria. ARBA no tiene tal

facultad, pudiendo solo emitir dictámenes obligatorios para sus entidades (faz

interna).

2. El domicilio fiscal. Efectos y características

El domicilio fiscal no se halla donde se tiene el designio de vivir y esta la familia, sino allí donde

la persona desarrolla su actividad, en el sitio que trabaja. Es decir, que existe una preferencia

por el lugar donde se da la presencia efectiva y prolongada del contribuyente.

La legislación argentina oscila entre la noción civilista y la particular del derecho tributario en

este tema. El art 3 Ley 11683 dispone que “es domicilio fiscal el real o en su caso, el legal de

carácter general, legislado en el Código Civil”. Luego hace una serie de especificaciones de

acuerdo al supuesto de hecho de que se trate:

‐ Personas de existencia visible, cuando el domicilio real no coincida con el lugar donde

este situada la dirección o administración principal y efectiva de sus actividades, este

ultimo será el domicilio fiscal.

‐ Personas Jurídicas: cuando el domicilio legal no coincida con el centro de los negocios,

este será el domicilio fiscal.

‐ Cuando los obligados se domicilien en el extranjero y no tengan o no pueda

identificarse el domicilio de los representantes, es domicilio discal el lugar donde los

responsables tienen su principal negocio o, subsidiariamente, el de su última

residencia.

‐ Cuando el contribuyente no denuncio correctamente el domicilio fiscal, y la autoridad

conociere cualquiera de los anteriores, estos serán domicilio fiscal.

Solo se considera que hay cambio de domicilio cuando el contribuyente así lo declara ante la

autoridad. Cuando se entablen acciones judiciales, el domicilio procesal constituido, hará a las

veces de domicilio legal. Si el contribuyente no denuncia domicilio, la AFIP determina cual será.

Fallo Trulli: Resulta inválida la notificación de la resolución determinativa efectuada en el

domicilio fiscal del contribuyente que constituyó un domicilio especial al contestar la vista en

el procedimiento determinativo, pues si bien se suprimió a posibilidad de constituir domicilios

especiales, tal modificación no incide en la facultad que tenia y sigue teniendo el particular de

constituir en las actuaciones administrativas un domicilio especial dentro del radio del asiento

del organismo en el cual tramita el expediente, a los fines de las respectivas notificaciones que

deban serle cursada.

Domicilio Fiscal Electrónico: Ley 11.683 Art 3 Bis: Se considera domicilio fiscal electrónico al

sitio informático seguro, personalizado, válido y optativo registrado por los contribuyentes y

responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción

de comunicaciones de cualquier naturaleza. Su constitución, implementación y cambio se

efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones que establezca la Administración

Federal de Ingresos Públicos, quien deberá evaluar que se cumplan las condiciones antes

expuestas y la viabilidad de su implementación tecnológica con relación a los contribuyentes y

responsables. Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio

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fiscal constituido, siendo válidos y plenamente eficaces todas las notificaciones,

emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen por esta vía

3. La verificación y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones sustantivas.

Facultades fiscalizadoras e investigativas del fisco. Medidas cautelares y preventivas.

Los deberes formales de los contribuyentes, responsables y terceros. La declaración

jurada: naturaleza y efectos. Su controlador. Liquidación administrativa.

Características, efectos, impugnación.

El bien jurídico protegido por el Derecho Tributario formal es la Administración, la Autoridad

de aplicación; ella debe ser informada para que pueda gravar los hechos imponibles y

controlar. En tanto que el Tributario Material protege la haciendo publica y busca incrementar

los ingresos del Estado.

La ley 11.683 reconoce a la AFIP amplias facultades para constatar el cumplimiento de las

obligaciones por parte de los sujetos pasivos y terceros. Estas obligaciones consisten

principalmente en:

Cumplimiento de la obligación tributaria material (pago del tributo), que nace al

producirse el hecho imponible a cargo del contribuyente o responsable.

Cumplimiento de los denominados “deberes formales” que consisten en deberes de

carácter administrativo a cargo tanto de contribuyentes y responsables como de

terceros. La finalidad de estos es permitir la verificación.

Para corroborar el cumplimiento de estos deberes, el órgano administrativo puede desarrollar:

‐ Tareas fiscalizadoras: tiene por finalidad controlar la corrección con que los obligados

cumplieron los deberes formales que la determinación torno necesarios.

‐ Actividades de investigación: cuyo objeto es verificar, en forma predominantemente

preventiva, si los componentes de la sociedad, en general, acatan debidamente las

obligaciones emergentes de la potestad tributaria.

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Las facultades de AFIP pueden ser clasificadas en:

Facultades generales: son las enumeradas en el art 33, y permite a la autoridad

establecer distintas formalidades que deberán cumplimentar los contribuyentes y/o

responsables a fin de facilitar la verificación y fiscalización:

o Llevar Libros y registro especiales

o Otorgar determinados comprobantes, y conservar los duplicados y demás

documentos por un termino de 10 años

o Mantener a disposición de AFIP en el domicilio fiscal los libros

o Utilización de determinados medios de pago

Facultades discrecionales: son los amplios poderes con los que cuenta el Fisco para

verificar el cumplimiento de los deberes de contribuyentes, responsables y terceros. A

través de estos puede verificar el cumplimiento de las normas vigentes, incluso

respecto de periodos en curso. Son funciones discrecionales las enumeradas en el art

35:

Director General

Suddirectores

Directores Regionales

Divisiones de fiscalizacion Externa

Verificacion y fiscalizacion

Division Juridica

Aplicacion de Sanciones, Dictamenes,

Denuncias Penales

Divicion Revision y Recursos

Resoluciones determinativas de

oficio y resolucion de recursos

Division Investigaciones

Tareas de investigacion

Agencias

Atencion al Publico, Recaudacion y Verificaciones

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o Citar al contribuyente, responsables o terceros, para contestar o informar

verbalmente o por escrito, las preguntas que la autoridad estime necesario

realizarle

o Exigir la presentación de los comprobantes

o Inspección los libros, anotaciones y documentos que contengan datos

vinculados con las ddjj.

o Requerir auxilio inmediato de la fuerza publica cuando se generen

inconvenientes, se precise hacer concurrir a responsables o terceros o cuando

sea para ejecutar ordenes de allanamiento.

o Recabar ordenes de allanamiento

o Clausurar preventivamente el establecimiento

Inspecciones: la inspección tributaria consiste esencialmente en una actividad de

comprobación, orientada a constatar la real situación y conducta tributaria de contribuyentes

y responsables. En dicho accionar pueden distinguirse dos tipos de fiscalizaciones:

a. Preventivas: permite un control rápido sobre el contribuyente. Su inicio es notificado, y

buscan aumentar el riesgo de los contribuyentes de ser inspeccionados en cualquier

momento, fiscalizando inconsistencias puntuales o desarrollando tareas de

prevención, cuyo fin ultimo es inducir a los contribuyentes al correcto cumplimiento

de sus obligaciones tributarias tanto formales como materiales.

b. Ordinarias: se caracteriza por ser más exhaustiva sobre la situación fiscal del

contribuyente, con relación a todos los impuestos por los cuales resulte responsable,

abarcando diversos periodos fiscales y desarrollándose la tarea de investigación en un

lapso de tiempo mas prolongado.

Declaración Jurada. Tiene carácter de norma general, en lo atinente a la determinación de la

obligación tributaria, en el sistema argentino. Debe ser practicada por los sujetos pasivos

tributarios, pudiendo tal obligación ser extensiva respecto de terceros. El procedimiento

consiste en que los declarantes llenen los formularios respectivos, especificando los elementos

relacionados con el hecho imponible y según las pautas cuantificables del tributo lleguen a un

cierto importe. Una vez cumplido este paso, el formulario es presentado ante la autoridad de

aplicación dentro de los plazos legislativamente previstos, debiendo el obligado abonar los

importes arrojados.

La declaración efectuada por el sujeto pasivo tiene un amplio alcance, dado que este

interpreta las normas tributarias sustantivas, aplicándolas a la situación o los hechos cuya

verificación reconoce o identifica con el hecho imponible. Esta declaración, responsabiliza al

sujeto por sus constancias, aunque el declarante pueda corregir errores de cálculo cometidos.

Fuera de tales supuestos, no puede modificarse el monto, siendo el declarante responsable de

la exactitud de los datos vertidos en la declaración.

Las declaraciones juradas son secretas;‐

Liquidación Administrativa: AFIP puede disponer en forma general, si así conviene y lo

requiere la naturaleza del tributo a recaudar, la liquidación administrativa de la obligación

tributaria sobre la base de datos aportados por los contribuyentes responsables, terceros o

sobre la base de elementos que el propio organismo posea. Estas liquidaciones son

actuaciones practicadas por los inspectores y otros empleados, pero no constituyen

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determinaciones tributarias, puesto que estas solo pueden emanar de los jueces

administrativos.

Esta peculiar forma de cuantificar la obligación tributaria faculta al particular a manifestar su

disconformidad antes del vencimiento del gravamen. Si este reclamo se rechaza, el

responsable puede interponer los recursos del art 76 (Apelación ante el Tribunal Fiscal de la

Nación o Reconsideración ante AFIP).

Las liquidaciones aparecen como lógicas cuando el sistema de las declaraciones juradas es

insuficiente, pero esto no quita que se trate de una facultad peligrosa para los contribuyentes,

dado que si contienen la firma del juez administrativo, serán títulos ejecutivos hábiles.

4. La determinación tributaria. Naturaleza jurídica. Carácter constitutivo o declarativo.

Acto administrativo o jurisdiccional. Determinación de oficio. Procedencia. Base

cierta y base presunta (presunciones e indicios). El procedimiento determinativo de

oficio. Vistas al contribuyente y responsables. Defensas. Prueba. La resolución

determinativa. Contenido. Requisitos. Efectos. Casos especiales. Pago provisorio de

impuestos vencidos. Formas y presunciones.

La situación abstracta contemplada en la ley se concreta y exterioriza en cada caso particular a

través de la determinación de la obligación. La determinación de la obligación tributaria

consiste en el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de los particulares o de

ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular, la configuración del

presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación (Fonrouge).

Todos los impuestos deben ser determinados.

Naturaleza jurídica: la doctrina ha destacado dos categorías:

o Efecto declarativo: propugnado por la doctrina germánica; expone que la deuda

impositiva nace al producirse la circunstancia de hecho que, según la ley, da lugar al

impuesto. Es decir, la determinación es un acto administrativo, pero no creador de

derechos o situaciones jurídicas, sino como aplicación a la persona del estatuto

establecido por la ley impositiva, haciéndolo ejecutivo.

o Efecto constitutivo: números tratadistas plantean que no basta que se cumplan las

circunstancias de hecho previstas por la ley como determinantes del tributo, sino que

es menester un acto expreso de la administración estableciendo la existencia de la

obligación y precisando su monto.

o Otras teorías: plantean que el acto de determinación, aun sin ser constitutivo, no

reviste carácter de una simple formalidad procesal, sino que es condición de orden

sustancial o esencial, connatural a la obligación misma. (Tesoro, Pugliese)

Fonrouge plantea que la determinación es necesaria en todos los tributos, pero tal

acto no reviste carácter sustancial sino meramente formal y documental,

reconociendo una obligación preexistente.

En el derecho tributario argentino. La obligación tributaria nace al producirse el presupuesto

material asumido por la ley como determinante de la sujeción al gravamen, y tanto el deber de

satisfacerla como el correlativo derecho a exigirla, no pueden estar condicionados a un acto

sustancial posterior; el acto determinativo tiene carácter declarativo y cumple la función de

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exteriorizar o documentar una situación general prevista por la ley, en su proyección sobre una

situación particular. Esta es la única solución posible, atendiendo a la naturaleza ex lege de la

obligación tributaria; el deudor al formular la declaración jurada o la determinación de oficio

no crea nada, ni perfecciona obligación alguna, simplemente reconoce la existencia de una

situación individual de carácter obligaciones, nacida por imperio de ley. La actividad

administrativa es, al decir de Jarach, una actividad de aplicación.

Acto Administrativo o jurisdiccional: Fonrouge rechaza el concepto de que el acto de

determinación sea de naturaleza jurisdiccional. La actividad de determinación corresponde a la

administración activa y persigue el fin declarativo y formal o documental, no dándose ninguna

situación de contradicción plena; la actividad jurisdiccional recién comienza con la

impugnación del acto, posterior a su emisión.

El acto de determinación efectuado por la autoridad es un acto administrativo unilateral.

Procesos de determinación: existen tres modos de llevar a cabo la determinación:

Determinación por el sujeto pasivo: art 11 Ley 11683, la determinación se efectúa

sobre la base de declaraciones juradas que deben presentar los responsables,

especificando detalladamente todos los elementos relacionados con la materia

imponible. La determinación efectuada por el sujeto pasivo es definitiva y lo

responsabiliza por sus constancias, sin perjuicio de su verificación y eventual

rectificación por parte de la administración; empero, el contribuyente puede corregir

errores de cálculo.

Determinación de oficio: ocurre en ciertas situaciones:

o Cuando el sujeto pasivo no hubiere practicado la determinación a su cargo

o Si el deudor o responsable no proporcionare los elementos de juicio o

documentos necesarios para la plena apreciación del hecho imponible

o Cuando la declaración o determinación formulada por el sujeto pasivo fuere

impugnable, ya por circunstancias del acto mismo (inexactitudes,

incompletitudes), ya por carencia de elementos de verificación (falta o no

exhibición de libros, documentos).

o Cuando quiera configurarse la responsabilidad soldaría.

En tales casos la determinación puede ser:

a. Base cierta: cuando la administración dispone de todos los antecedentes

relacionados con el presupuesto de hecho, no solo en cuanto a su efectividad,

sino a la magnitud económica. El fisco conoce con certeza el hecho y valores

imponibles. Los elementos informativos pueden haberle llegado por conducto

del propio deudor (declaraciones juradas), o de terceros (declaración jurada o

información), o bien por acción directa de la administración (investigación y

fiscalización), y deben permitir la apreciación directa y cierta de la materia

imponible.

b. Base presunta: si la autoridad no pudo obtener los antecedentes necesarios

puede determinar en base a presunciones o indicios. Se autoriza este tipo de

determinación cuando:

o El contribuyente no lleva libros, ni posee elementos de contabilidad o

son deficientes

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o La autoridad procuro obtener los elementos probatorios y no lo logro

o El contribuyente niega sistemáticamente los datos sobre el

movimiento de su negocio y antecedentes

o El contribuyente no cumple con su deber de colaboración

o Proceda el reajuste de la obligación

o La contabilidad no contiene la necesaria discriminación de las

actividades desarrolladas.

En tales casos, la autoridad debe recurrir al conjunto de hechos que, por su

vinculación o conexión normal con los previstos legalmente como presupuesto

material del tributo, permiten inducir en el caso particular la existencia y

monto de la obligación (art 18 Ley 11683 y 38 CF). Son elementos a considerar:

- Capital invertido en la explotación

- Fluctuaciones patrimoniales

- Volumen de las transacciones

- Utilidades de otros periodos

- Monto de compras o ventas

- Rendimiento normal de las explotaciones o empresas similares

- Salarios pagados

- Alquiler de negocios.

El uso de este sistema debe ser fundamentado. Las presunciones son un

mecanismo lógico que funciona sobre la base de indicios. El indicio es un signo

representativo y diferente del hecho central. Es un hecho que conocido se

considera como cierto. El indicio es un hecho conocido y la presunción es su

efecto.

c. Determinación mixta: cuando la obligación se determina por la acción

coordinada del fisco y del contribuyente. Entre nosotros se aplica únicamente

en los derechos aduaneros, respecto de los cuales el particular afectado debe

presentar la declaración del valor de las mercaderías, con la documentación

respaldatoria y, según esta, la Aduana procede a la fijación cuantitativa del

importe a pagar.

Procedimiento determinativo de oficio: En este procedimiento se respetará el principio del

Debido Proceso Adjetivo, el cual contiene:

- derecho a ser oído,

- derecho a ofrecer y producir prueba y

- derecho a una resolución fundada.

La determinación deberá contener lo adeudado en concepto de tributos, y en su caso, multa,

con el interés resarcitorio y la actualización, cuando correspondiese. El procedimiento lo inicia

el juez administrativo con una vista al contribuyente o responsable de las actuaciones

administrativas o impugnaciones que se formulen.

Competencia: debe emanar de autoridad competente por razón de jerarquía del funcionario y

del ámbito territorial.

La determinación de oficio comienza con una inspección, en la que se realizan:

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Actas de requerimiento: se solicita al contribuyente que presente, en cierto plazo la

documentación. El plazo debe ser razonable, adecuado para permitir cumplir con el

requerimiento. Se vincula básicamente con: la envergadura del contribuyente y la

conexidad.

Actas de constatación: aquellas en que se deja constancia de la presentación de la

documentación requerida. Si es necesario realizar un ajuste, comienza el proceso

determinativo de oficio en cabeza del Fisco (decisión del juez administrativo) Inicio

del Proceso. En Provincia se da con la Resolución de inicio, donde se otorga 15 días

para que el contribuyente presente su descargo.

Vista: Antes de darse la vista, el inspector puede dar una “prevista”, diciendo las diferencias

encontradas entre lo declarado y lo fiscalizado (acá no hay acto administrativo, a diferencia de

la vista que si lo es). De esta manera el contribuyente podrá presentar declaraciones juradas

rectificativas. Si se rectifica, se reconoce la deuda y se aplica sanción (porque por culpa o dolo

se declaró falsa o erróneamente).

El Art. 49 de la ley dice que si el contribuyente rectifica antes de la vista, la multa se reduce a

1/3 de su mínimo legal (pero OJO porque la contra que tiene esto es que haciendo el

contribuyente un reconocimiento con la rectificación, le podrían aplicar una denuncia penal

tributaria).

Desde ese momento el contribuyente tiene 15 días (prorrogables por 15 días mas por única

vez) para formular su descargo. En provincia NO existe la prorroga.

Al momento de la vista el contribuyente puede asumir diferentes posiciones:

Que el contribuyente se presente y acepte las impugnaciones que se le formularon, no

haciendo falta aquí dictar resolución determinativa del impuesto, teniendo la

conformidad del contribuyente dos efectos: es una declaración jurada para el

contribuyente y una determinación de oficio para el fisco.

Que el contribuyente no se presente a contestar la vista y no presente descargo. Aquí

en 15 días el juez administrativo debe dictar resolución determinativa del impuesto.

Que el contribuyente se presente y eleve el descargo con discrepancia en la

interpretación de la ley, pero no en los hechos. Aquí el juez deberá dictar resolución

determinativa del impuesto.

Presentado el descargo, con toda la prueba, el juez administrativo puede: abrir a prueba o

declarar la cuestión como de puro derecho y resolver. Con el descargo queda trabada la litis,

no pudiendo, luego incluirse cuestiones o pruebas (salvo caso de hechos nuevos). En caso de

ser aceptada la prueba, se abre el periodo probatorio durante 30 días; Puede, no obstante el

juez, solicitar medidas para mejor proveer.

Finalizada la etapa probatoria se emite la Resolución determinativa de oficio.

Contenido de la Resolución determinativa: (art 114 CF) las determinaciones impositivas deben

contener:

1. Lugar y fecha de emisión

2. Nombre del contribuyente

3. Periodo fiscal a que corresponde

4. Base imponible

11


5. El gravamen adeudado

6. Disposiciones legales invocadas y pronunciamiento sobre las pruebas producidas

7. Cuando se practique sobre base presunta, la fundamentación

8. Firma del funcionario competente

El acto de determinación no esta sujeto a formas sacramentales, ni debe revestir

necesariamente las características externas de una “resolución” administrativa.

Ante la resolución el contribuyente puede:

- Presentarse y pagar

- No presentarse y que la resolución quede firme

- Impugnar la resolución. Art 115 CF: pueden recurrirse las resoluciones que:

o Determinen gravámenes

o Impongan multas

o Liquiden intereses

o Denieguen demanda de repetición

o Deniegue exenciones

Puede interponerse:

Reconsideración ante la Autoridad de Aplicación

Apelación ante el Tribunal Fiscal, en aquellos casos en que el monto de la

obligación fiscal, la multa o el gravamen intentado de repetir, supere los

$50.000

En caso de que corresponda aplicar sanciones, el proceso determinativo de oficio se instruirá

bajo la forma de sumario.

Pago provisorio de impuestos vencidos: Consagrado en el Art. 31 de la ley 11.683. Este tipo de

pago es de carácter excepcional y se da en aquellos casos en que los contribuyentes no

presenten declaraciones juradas por uno o mas periodos fiscales y AFIP conozca por

declaraciones o determinación de oficio la medida en que les ha correspondido tributar en

gravámenes anteriores, emplazándolos por 15 días a que presenten declaraciones juradas e

ingresen el tributo correspondiente. Esta última intimación podrá ser recurrida.

En el caso de que no regularice la situación, AFIP puede requerir judicialmente el paso a cuenta

del tributo que en definitiva le corresponde abonar. Si son presentadas luego del plazo de 15

días las declaraciones juradas, la AFIP deberá estarse a lo ahí plasmado, procediendo a dejar

sin efecto el juicio ejecutivo (si hubiera sido iniciado).

Este tipo de pago tiene por finalidad mantener la regularidad de la recaudación de los

tributos.

1


BOLILLA 9: DERECHO TRIBUTARIO PROCESAL (Nacion y Provincia)

1. El procedimiento contencioso‐tributario. Caracteres de los procedimientos y

procesos contencioso‐tributarios.

Si bien suele hablarse de la actividad jurisdiccional de la administración, para referirse a la

determinación de la obligación tributaria, ello no es un proceso contencioso, pese a que pueda

haber pruebas y actuaciones ante un funcionario administrativo, por error llamado “juez

administrativo” La Administración no puede nunca tener la facultad de decidir

definitivamente sus relaciones jurídicas con los contribuyentes, porque repugna la equidad y el

concepto de justicia el hecho de ser juez y parte al mismo tiempo.

Fiorini enseña que el proceso administrativo es algo diferente al contencioso administrativo,

éste tiende a aplicar el derecho a la contienda, en tanto que aquel ejecuta la legislación. De

manera tal que existe un proceso administrativo que se realiza mediante un procedimiento

que significa el orden regulado y constituye un medio de realización; y luego hay un proceso

contencioso que supone el enjuiciamiento e la administración ante un órgano independiente,

con su correspondiente procedimiento. Existen, pues: dos procesos y dos procedimientos.

El procedimiento contencioso‐administrativo se inicia una vez efectuada la determinación y a

causa de esta.

Caracteres del órgano jurisdiccional:

o Independencia, es un requisito ineludible de la verdadera jurisdicción.

o Especialización en la materia; es garantía de eficacia de las decisiones.

No puede hablarse de un proceso único, comprensivo de la etapa administrativa y la judicial. El

contencioso es fundamentalmente un proceso:

‐ Entre partes, y no absolutamente oficioso: en el sentido de que ambas están en

igualdad.

‐ Subordinadas a la autoridad jurisdiccional, con lo cual han de cooperar con todas las

medidas que esta disponga para el esclarecimiento de la verdad.

‐ No es un proceso plenamente dispositivo: la experiencia aconsejan que la dirección e

impulso deben estar a cargo del órgano jurisdiccional.

‐ Se inicia con la disconformidad del sujeto respecto de la decisión administrativa,

manifestándose a través de una demanda o recurso.

‐ Carga de la prueba: en principio no debe dejarse de lado el principio de que quien

alega un hecho debe probarlo; como en este proceso quien acciona o recurre es el

contribuyente en este recae la carga de la prueba. No obstante, el principio tiene

varias excepciones, ej: cuando la Administración determina con base presunta y el

contribuyente lo impugna, el juez puede solicitar a ésta que pruebe la correspondencia

de los indicios y presunciones en que se baso para determinar.

Los hechos materia de prueba son los controvertidos; pueden utilizarse todos los

medios de prueba aceptados por el Código Procesal.

2


2. Los tribunales fiscales: TFN y TFABA. Carácter y organización. Jurisdicción y

competencia. Instancias administrativas de defensa: Recurso de Reconsideración

(AFIP/ARBA) y Recurso de Apelación ante los tribunales. Procedencia. Efectos.

Requisitos de admisibilidad. Procedimiento. Otros recursos administrativos (retardo,

amparo, apelación ante DGI, sistema recursivo de la Ley de Procedimientos

Administrativos de Bs.As.) Procedencia. Efectos.

Son órganos administrativos con características jurisdiccionales, estando ambos dentro del

poder ejecutivo. Son independientes. Tienen reconocimiento por la Constitución Nacional,

pero con la condición de que sus resoluciones puedan ser pasibles de control judicial

suficiente, tanto de hechos como de derecho, aunque en la práctica no sea así.

Tribunal Fiscal de la Nación Ley 15265. Satisface plenamente las exigencias de una justicia

imparcial en materia tributaria. Actualmente constituye la vía preferida para los

contribuyentes y responsables. Hasta la creación del Tribunal, los contribuyentes estaban casi

indefensos frente a la DGI ya que la Ley 11683 no permitía discutir sus decisiones sin el pago

previo de los gravámenes aplicados.

Es un órgano independiente, de plena jurisdicción. Su organización y procedimiento surgen de

la ley 11683;

Caracteres:

o Tiene su sede en Buenos Aires, pero para evitar a los particulares

desplazamientos incómodos, la ley prevé que los recursos o demandas pueden

presentarse en la sede del tribunal o en las delegaciones de la DGI del interior

del país

o Jurisdicción optativa

o Impulso de oficio (atenuado)

o Tiene composición interdisciplinaria, no únicamente abogados.

o Tiene prohibido declarar la inconstitucionalidad de las leyes y reglamentos

tributarios: esto se basa en la doctrina de la división de poderes; no

corresponde al Poder Ejecutivo pronunciarse sobre la constitucionalidad de las

normas (tarea del Poder Judicial).

o Atenúa el solve et repet

o Procedimiento escrito

Organización: esta integrado por 21 vocales distribuidos en 7 salas integradas por

abogados y contadores públicos; los funcionarios duran en sus cargos mientras se

mantenga su buena conducta. Son removidos previa decisión de un jurado especial, y

gozan de una remuneración igual a los jueces de Cámara. Existen 7 salas: 4 trabajan

materias impositivas y 3 aduaneras.

Competencia: interviene en las siguientes cuestiones,

1. Recursos de apelación contra las determinaciones de oficio de AFIP por un

importe superior al que fija la ley ($2.500)

2. Recursos de Apelación contra las resoluciones de la autoridad de aplicación

que ajusten quebrantos

3. En los recursos de apelación contra las resoluciones de la autoridad de

aplicación que impongan multas cuyo monto máximo establece la ley, o

sanción de cualquier otro tipo, excepto clausura (es apelable ante los

funcionarios superiores)

3


4. En los recursos contra las denegaciones de repetición de impuestos y las

demandas de repetición que se instan directamente al el Tribunal.

5. En los recursos por retardo en la resolución de causas.

6. En el recurso de amparo se origina por la demora excesiva en los trámites.

7. En materia aduanero conoce en los recursos

Tribunal Fiscal de la Provincia: es un órgano jurisdiccional con plenas facultades de

apreciación de los hechos y libre apreciación del derecho.

Caracteres:

o Independiente

o La sentencias emanadas del tribunal revisten calidad de cosa juzgada material

o Tiene lugar de asiento en La Plata

o No puede declarar la inconstitucionalidad de las normas bajo análisis.

Organización: se compone de 9 vocales, divididos en 3 salas integradas por abogados y

contadores.

Competencia: abarca todas las resoluciones recurribles que se dicten de acuerdo al

procedimiento establecido por el código fiscal y la ley 10.707

Característica TRIBUNAL FISCAL NACION TRIBUNAL FISCAL PROVINCIA

Competencia ‐ Determinaciones de Oficio ‐ Multas ‐ Demandas de repetición

(instancias originaria y recursiva)

‐ Retardo ‐ Amparo Exenciones: Hay jurisprudencia que admite su competencia; y otra que se inclina por el Recurso Residual.

‐ Determinación de oficio ‐ Multas ‐ Demandas de repetición

(recursiva) ‐ Exenciones ‐ Apelación

Organización Integrado por 21 vocales distribuidos en 7 salas, 4 de las cuales entienden en materia impositiva.

Compuesto de 9 vocales, divididos en 3 salas. Composición multidisciplinaria (abogados y contadores)

Limite del reclamo $2.500 $50.000

Costas Se imponen costas No se imponen costas

Procedimiento El recurso se presenta directamente ante el Tribunal.

El recurso se presenta ante la autoridad de aplicación, quien luego eleva al Tribunal.

Instancias de defensa; las vías del Recurso de Reconsideración ante la autoridad de aplicación

y la Apelación ante el Tribunal Fiscal son optativas y excluyentes entre si. No obstante lo cual,

es dable señalar que la opción es relativa, puesto que para poder acudir ante el Tribunal es

necesario que el monto del reclamo supere los $2500 en Nación y los $50.000 en Provincia.

4


Nación: El art. 76 de la ley 11.683 dice que contra las resoluciones que impongan sanciones o

determinen tributos y accesorios en forma cierta o presunta o se dicten en reclamos por

repetición de tributos, los infractores o responsables podrán interponer (a opción de ellos),

dentro de los 15 días de notificados, los recursos de 1) RECONSIDERACIÓN (ante el superior);

2) APELACIÓN (ante el T.F.N). Ambos pueden interponerse sin necesidad del pago previo.

Hay que destacar que si el contribuyente no ejercitara ninguna de las vías previstas, las

resoluciones del organismo recaudador (determinación de oficio, imposición de sanciones,

denegatorias de repetición), quedaran firmes y pasaran en autoridad de cosa juzgada formal

(la determinación) o material (sanciones y denegatorias) y ante esta situación la

Administración esta facultada a hacer un cobro ejecutivo. Esto último tiene relación con la

presunción de legitimidad que se tiene sobre los actos de la administración

1. Recurso de Reconsideración: se interpone ante AFIP, en forma escrita. No exige

ninguna forma sacramental. Interpuesto el recurso debe dictarse resolución dentro de

los 20 días, y se notifica al interesado. Si el recurso se resuelve en contra, los efectos

de la denegatoria varían según la naturaleza de la resolución recurrida:

‐ Determinación de impuestos y accesorios la denegatoria implica que la

resolución se tiene por firme y el contribuyente debe pagar el tributo. En su

caso, luego podrá recurrir por demanda de repetición ante el juez nacional.

‐ Multa el contribuyente puede interponer demanda contenciosa ante el juez

respectivo dentro de los 15 días.

Si bien el recurso de interpone ante la autoridad que dicto la resolución, en verdad

resuelve el superior jerárquico (error de terminología: reconsiderar es “volver a

considerar”, y esto solo puede hacerlo quien primeramente decidió”.

En materia de prueba, debe ser producida dentro de los 30 días (prorrogable por igual

plazo por única vez) posteriores a la fecha de notificación del auto que las admite.

Transcurrido el plazo para decidir, sin dictarse una resolución puede suceder que:

a. en el recurso contra resolución que aplique multas o deniegue repeticiones, la

ley presume una denegación ficta que deja abierta la vida judicial;

b. en el recurso contra determinaciones de oficio, el contribuyente podrá

solicitar pronto despacho

La estructura de esta vía quedaría sintetizada de la siguiente manera:

Reconsideración (agota la vía) Primera Instancia Cámara Corte

2. Recurso de Apelación: El recurso de interpondrá por escrito ante el TFN dentro de los

15 días hábiles judiciales de notificada la resolución administrativa, siendo esta

circunstancia comunicada por el recurrente a la DGI o DGA (AFIP) porque sino éste

tiene a la resolución por consentida y ejecutada.

El escrito de apelación deberá contener (art 18 y 19 del reglamento del TFN):

o Naturaleza del recurso

o Gravamen a que se refiere

o Periodos fiscales pertinentes

o Nombre, domicilio real, fiscal y constituido del recurrente (necesariamente en

capital federal).

o Exposición de los hechos e individualización de la resolución

o Excepciones

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o Petitorio

Todo aquello que no manifieste para apelar el recurrente, se considerará consentido.

Se debe pagar al iniciarse la demanda una tasa del 2.5 % del importe total cuestionado

(incluyendo sanciones). Su falta de pago no es un obstáculo para la prosecución de las

actuaciones (pero no pagada el tribunal da aviso a la AFIP para que éste ejecute).

Quien actúa con beneficio de litigar sin gastos, no abona la tasa. La interposición del

recurso suspende la intimación de pago.

Una vez interpuesto el recurso, se sortea la sala y se da traslado a la AFIP por 30 días

para que conteste, oponga excepciones, acompañe el expediente administrativo y

ofrezca prueba. Si no lo hiciese, se le da un plazo de 10 días más bajo apercibimiento

de rebeldía y se continuará con el proceso.

Contestado la demanda por la AFIP, el tribunal dará traslado por 10 días al apelante

de las excepciones así puede contestar y ofrecer prueba. Las excepciones son:

Incompetencia; falta de personería; falta de legitimación; litispendencia; cosa juzgada;

defecto legal; prescripción y nulidad.

A partir de aquí se abre la causa a prueba, si hay prueba a producir (se tienen 60 días

para realizar la producción, prorrogables por 30 días mas, aunque mediando cuerdo de

partes podrá ser de hasta 45 días), sino se declara la causa como de puro derecho.

Elevados los autos a Sala para alegar se tienen 10 días, salvo que se convoque a

audiencia de vista de causa por 20 días

Pasados esos plazo de dicta la SENTENCIA. El plazo para su dictado dependerá de lo

que resolvió:

‐ si resolvió excepciones, tiene 15 días;

‐ cuando se trata de sentencia definitiva sin producción de prueba, tiene 30

días;

‐ cuando se trata de sentencia definitiva pero con producción de prueba, tiene

60 días

La estructura de esta vía seria: Apelación ante TFN (agota via) Apelación ante

Cámara Corte

Provincia: Las resoluciones susceptibles de ser impugnadas son las que:

1. Determinen gravámenes;

2. Impongan multas;

3. Liquiden interés;

4. Rechacen repeticiones de impuestos;

5. Denieguen exenciones.

Desde que es notificada la resolución se tienen 15 días hábiles administrativos ara interponer

en forma optativa y excluyente el Recurso de Reconsideración ante la ARBA o Recurso de

Apelación ante el TFABA (debiendo ser el monto de la pretensión mayor a $50000). Tienen

efecto suspensivo, excepto para las sumas consentidas por el recurrente.

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1. Recurso de Reconsideración: En el escrito en el que se deduce el recurso deberá

fundarse el derecho invocado y rebatirse los fundamentos de la resolución impugnada.

Interpuesto el recurso, deberán remitirse en el término de 5 días las actuaciones al

superior. Deberá ser resuelto en el plazo de 60 días de recibido. En el caso de haberse

ofrecido ampliación de la prueba presentada en la etapa previa de determinación de

oficio, para producirla se tendrán 20 días.

La resolución se notificará al Fiscal de Estado y al contribuyente teniendo 90 días

hábiles judiciales para interponer recurso ante el Fuero Contencioso en 1º Instancia

(previo se debe pagar el importe de la deuda en concepto del impuesto cuestionado

Solve Et Repet)

2. Recurso de Apelación: Presentado el recurso de apelación ante la Autoridad de

Aplicación, ésta lo remitirá al Tribunal Fiscal de Apelación en el término de cinco (5)

días contados desde la interposición del recurso, conjuntamente con las actuaciones

administrativas que se relacionen con él.

Recibidas las actuaciones administrativas, con el recurso de apelación interpuesto, el

Tribunal Fiscal, dará traslado al funcionario que ejerza la representación del Fisco de la

Provincia para que en el término de quince (15) días conteste los agravios y, en su

caso, oponga las excepciones que estime corresponder.

Las excepciones son: a) Incompetencia; b) Falta de personería; c) Falta de legitimación

en el recurrente o apelante; d) Litispendencia; e) Cosa Juzgada; f) Defecto Legal; g)

Prescripción; h) Nulidad;

Del escrito de oposición de excepciones, que deberá ser presentado por separado, se

correrá traslado al contribuyente o responsable por el término de diez (10) días para

que lo conteste y ofrezca las pruebas que estime corresponder al efecto.

El Tribunal deberá resolver dentro de los diez (10) días sobre la admisibilidad de las

excepciones que se hubieren opuesto, ordenando la producción de las pruebas que se

hubieren ofrecido, en su caso.

En tal caso el período probatorio se extenderá por el término de veinte (20) días.

Producidas aquéllas, deberá dictar resolución en la especie, dentro del término de

veinte (20) días siguiente. Puede dictar Medidas para mejor proveer debiendo

producirlas en un término de 60 días.

Auto par sentencia teniendo el TFABA 40 días para dictarla, la que una vez dictada se

notificará por cédula dentro de los 5 días al apelante, autoridad de aplicación y al

Fiscal de Estado. Contra esta resolución se recurre en la Cámara en lo Contencioso

Administrativo. La demanda contra la confirmación de la resolución determinativa en

materia de gravámenes tendrá como requisito de admisibilidad el previo pago de los

importes de los gravámenes cuestionados. De tratarse de la confirmación de multas

impuestas por la Autoridad de Aplicación, no se exigirá tal requisito.

Dentro de éste recurso se encuentra el de NULIDAD el que procederá cuando se omite

alguno de los requisitos formales.

Otros recursos administrativos:

RETARDO: ante el retardo en el dictado de la resolución definitiva del administrador

en los procedimientos de repetición. Tiene a lograr el desplazamiento de la

competencia de la AFIP al Tribunal.

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AMPARO. Procedencia y efectos: Es el recurso que puede presentar la persona

individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por

demora excesiva de la administración en realizar un trámite o diligencia a cargo de la

AFIP. Se presenta ante el TFN. Previamente deberá haber interpuesto pedido de

pronto despacho ante la administración y haber transcurrido desde entonces un plazo

de 15 días sin que se hubiese resuelto su trámite.

El TFN si lo juzga precedente al recurso, requerirá del funcionario administrativo que

dentro de un plazo breve informe sobre la causa de la demora imputada y forma de

hacerla cesar. Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo el tribunal

podrá resolver lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho del

afectado, ordenando la realización del tramite o liberando al particular requiriendo

previamente una garantía.

Se eleva a la Sala, la que si desea dictar medidas para mejor proveer tiene 48 horas. Si

no, deberá emitir sentencia dentro de los 5 días.

APELACION ANTE EL DIRECTOR AFIP. Procedencia y efectos: Es una modalidad

recursiva residual. Son recurribles por este medio: Art 145 CF

a. Las liquidaciones de anticipos y otros pagos a cuenta, sus intereses y

actualización

b. Los intereses resarcitorios

c. Las liquidaciones administrativas de actualización, cundo no se discuta la

procedencia del gravamen;

d. Las resoluciones que fijen el domicilio fiscal del contribuyente.

Este recurso no tiene efecto suspensivo por tener presunción de legitimidad y fuerza

ejecutoria el acto administrativo. Se interpone ante quien lo dictó, en el plazo de 15

días desde que se notifico la resolución. Se funda ante el Director General. De la misma

forma se recurren los dictados por éste último.

El acto emanado del Director, se resolverá sin sustanciación (porque se presente y

funda ante él) y revestirá el carácter de definitivo. El Director deberá resolver en un

plazo no mayor de 60 días contados desde la interposición del recurso.

Sistema recursivo de la Ley de Procedimientos Administrativos

Normas generales de la Ley:

‐ La actuación administrativa puede iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona

o entidad pública o privada, que tenga derecho o interés legítimo.

‐ Toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa, sea por sí o en

representación de terceros, constituirá en el primer escrito o acto en que intervenga

un domicilio dentro del radio urbano del asiento de aquélla.

‐ Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión ante la

Administración Pública deberá contener los siguientes recaudos: a) Nombres, apellido

indicación de identidad y domicilio real del interesado; b) Domicilio constituido;

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Relación de los hechos, y si se considera pertinente indicará la norma en que funde su

derecho; c) petición; e) Ofrecimiento de toda la prueba de que ha de valerse; f) Firma

‐ Todos los plazos administrativos se cuentan por días hábiles. En los escritos enviados

por carta el plazo se contará a partir de la fecha de emisión que conste en el sello

fechador del correo. Vencidos los plazos el interesado podrá solicitar pronto despacho

y, transcurridos treinta días desde esta reclamación, se presumirá la existencia de

resoluciones denegatoria.

‐ Toda decisión administrativa final, interlocutoria o de mero trámite que lesione un

derecho o interés legítimo de un administrado o importe una transgresión de normas

legales o reglamentarias o adolezca de vicios que la invalidan, es impugnable.

Recursos administrativos, en sentido amplio serían los remedios o medios de protección del

individuo para impugnar los actos —lato sensu— y hechos administrativos que lo afectan y

defender sus derechos frente a la administración.

Recurso de Revocatoria: se interpone ante la misma autoridad que dicto el acto

administrativo y es resuelto por esa autoridad. El plazo es de 10 días de haber sido

notificado para interponerlo y rige el plazo de gracia. En general no es admisible la

prueba, excepto que el acto fuera dictado de oficio. Conforme el Art. 90 el recurso se

debe resolver sin sustanciación, pero esto es relativo.

Tiene implícito el “recurso jerárquico en subsidio”, que puede ser implícito o expreso.

(Recurso jerárquico: aquel remedio que provoca que la impugnación sea analizada por

el órgano superior al que dicto el acto). Rechazado el recurso de revocatoria por el

funcionario se lo hace saber al interesado y se derivan las actuaciones al superior; una

vez que están en poder de éste, el interesado tiene 48 hs. para ampliar o mejorar el

fundamento del recurso.

Recurso Jerárquico propiamente dicho (no en subsidio). ‐ Arts. 77, 92, 97, 99 y 101. Es

un recurso que tiende a que la impugnación sea resuelta por el órgano superior. El

plazo es de 10 días y debe ser resuelto en 10 días.

Recurso de Apelación: se interpone contra las decisiones finales de los entes

autárquicos que no dejen abierta la vía contencioso administrativa (Arts. 94/7/8, 101 y

77 inc. 6°). El plazo para interponerlo es de 10 días y debe resolverse en 30 días.

Tiene por característica que no se pueden plantear cuestiones de oportunidad, merito

o conveniencia, sino solamente cuestiones de legitimidad.

Se funda en que el gobernador es el jefe de la administración pública provincial. Se

interpone y se eleva al PE. Lo único que puede hacer este recurso es anular el acto y

reenviarlo para que se dicte otro.

Impugnación de actos de alcance general: hay dos modos de impugnar:

1. Impugnación directa: tramita por el recurso de revocatoria y debe interponerse dentro de

los 30 días de haber sido publicado el acto.

2. Impugnación indirecta: se da cuando se impugna el acto que particulariza el acto de alcance

general.

9


3. Instancias judiciales de defensa. El Solve et Repet. Fundamentos y excepciones a

principio. La demanda contencioso administrativa. Recursos. Otros remedios

procesales aplicables en materia tributaria: acción meramente declarativa, acción de

amparo, medidas cautelares autónomas. Repetición tributaria. Noción y caracteres.

Procedencia. Requisitos. Pago espontaneo y a requerimiento. Doctrina del

empobrecimiento. Prescripción de la acción.

Con la sentencia dictada tanto por el TFN como por el TFABA, queda agotada la vía

administrativa, teniendo el contribuyen o responsable abierta la vida judicial, y pudiendo

recurrir ante la Cámara contenciosa por Pretensión anulatoria (Provincia) o por Recurso de

Apelación y revisión acotada (Nación), donde solo se analiza el derecho.

Solve et repet: esta regla significa que cualquier contribuyente que en contienda tributaria le

discuta al fisco la legalidad de un tributo, previamente debe pagarlo. Entre los fundamentos de

este instituto aparecen:

o La necesidad de asegurar al fisco la percepción de los recursos necesarios para cumplir

con sus finalidades públicas, sin que la interposición de recursos obstaculice su ingreso

Peligrosidad en la demora

o La legitimidad y ejecutoriedad del acto administrativo.

La CSJN ha dicho que el requisito del pago previo no es contrario a ninguna norma que se lo

puede dispensar en casos concretos, cuando se acredite que por lo elevado del depósito se

menoscaba en forma real y efectiva el acceso a la justicia

Como excepciones al principio aparecen:

‐ El perjuicio irreparable

‐ Casos anómalos donde el tributo parece inconstitucional

‐ Cuando actúe como denegatorio de justicia.

‐ Multas: No se puede exigir su pago hasta que la multa se encuentre firme; en caso

contrario se vulneraría el principio de presunción de inocencia y el de tutela

jurisdiccional efectiva

El Solve en el fuero contencioso administrativo de Bs.As. El principio deja de lado preceptos

constitucionales como: defensa en juicio, igualdad, razonabilidad de las leyes, acceso a la

justicia. El nuevo código establece en el art 19 el pago previo a la interposición de la demanda,

siendo intimado a realizarlo por el juez en el plazo de 10 días, bajo apercibimiento de

desestimar la acción. Esta nueva norma hace que el pago no sea un requisito de admisibilidad:

la demanda no se rechaza in limine si es que no se efectuó el pago. Florencia Rossomando

plantea la modificación del Cogido: debe estarse a favor del administrado y si bien la

morigeración respecto de constituirse en una denegación de justicia es un paso importante,

debe erradicarse tan aberrante precepto inconstitucional.

Demanda contencioso‐administrativa: Podrá interponerse contra el Fisco Nacional, ante el

juez nacional respectivo siempre que se cuestione una suma mayor a $200, contra a) las

resoluciones dictadas en los recursos de reconsideración en materia de multas; b) contra las

resoluciones dictadas en materia de repetición de tributos y sus reconsideraciones; c) en el

supuesto de no dictarse resolución administrativa dentro de los plazos señalados en caso de

10


repetición de tributos. En los casos de a) y b) se debe presentar en el plazo de 15 días a contar

desde la notificación de la resolución.

MEDIDAS CAUTELARES: las medidas cautelares pueden clasificarse en distintas categorías:

‐ Preventivas

‐ Anticipadas

‐ Ejecutivas: art 14 CF, facultad que tiene ARBA de trabar embargo en las Cuentas del

contribuyente. Solamente pueden entablarse en el marco de un juicio de Apremio y

solo pueden ser utilizadas por el Fisco; no hay medidas cautelares ejecutivas del

contribuyente contra el Fisco, salvo cuando se gane un juicio y se ejecute una

sentencia donde el Fisco deba pagar.

‐ Ejecutorias: remata, lleva a cabo la medida ejecutiva. Ej: si con le ejecutiva se

embargaron los fondos, con la ejecutoria se extraen esos fondos.

Las medidas preventivas pueden ser solicitadas:

Por el Fisco (art 13 CF, 111 Ley 11683): “En cualquier momento la autoridad puede

solicitar embargo preventivo o cualquier otra medida…”. El “en cualquier momento”,

desde el punto de vista de Condorelli es desde que ARBA inicia una inspección. Es

inconstitucional la parte del art que dispone “los jueces deberán decretarla dentro de

las 24 hs, sin acreditar peligro en la demora”, no corresponde, el Fisco debe probar la

verosimilitud en el derecho;

Por el contribuyente: reguladas dentro del Código Contencioso Administrativo, arts 22

y ss. Que la medida cautelar sea anticipada, no quiere decir que sea autónoma

(siempre es accesoria a un proceso principal). Es dinámica. No hace cosa juzgada

material, puede mutar, limitarse, extenderse. Tienen plazos de caducidad según se

deduzca o no la acción principal.

Pueden deducirse en forma:

o Anticipada – “De no innovar”: suspensivas de los efectos del acto

administrativo.

o Simultanea

o Posterior

A la demanda judicial. Deben reunirse los presupuestos básicos de toda medida

cautelar: verosimilitud en el derecho (humo de buen derecho; prima facie al

contribuyente le asiste razón) y peligro en la demora (deben probarse situaciones

patrimoniales concretas. Precedente Capasi, “cuanto mas verosimilitud en el derecho,

menos exigencia de probar el peligro en la demora”). Además se agregan algunos otros

requisitos como:

o No afectación del Interés Público: en la práctica, los jueces analizan los dos

primeros requisitos. No se rechazan medidas cautelares por el no

cumplimiento de este ítem.

o Contracautela: caución que debe prestar el contribuyente para responder por

los daños y perjuicios que pueda genera la medida cautelar previamente

otorgada. En principio, con la caución juratoria basta.

Funcionamiento de las medidas cautelares: Se dictan in audita parte (sin traslado), excepto

que el juez considere necesario un informe, que debe presentarse dentro del plazo de 5 días.

11


ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA: es un proceso de conocimiento que hace cosa juzgada

material, y puede tramitar por la vía ordinaria o sumaria según lo pida el solicitante o lo

establezca el juez. El objetivo es hacer cesar un estado de incertidumbre. Lo primero que debe

probarse es que existe tal incertidumbre, que se produce cuando dos normas, actos,

conductas, fallos, leyes, decretos, resoluciones regulan la misma situación de modo diverso. Ej:

una norma dice que el sujeto esta exento y la otra dice que esta gravado, entonces se solicita

al juez que despeje el estado de incertidumbre.

Fallo LINEA 22 SA (Corte de Nación, 2010) y Dictamen del Procurador del Fallo PLUSMAR

(Corte Nación 25/octubre/2011), establecen los requisitos de la acción en materia tributaria.

Requisitos para entablar la acción:

a. Estado de incertidumbre: si no existe tal estado, no se analiza el fondo de la cuestión.

No es necesario que las normas que se contrapongan sean de igual rango jerárquico,

pudiendo contraponerse una ley con un fallo, o una ley con un decreto. Ej: Ley

contradicha con Filcrosa (la doctrina casatoria se transforma en Ley)

b. No es necesario agotar la vía administrativa: (Línea 22).

c. Se requiere de un acto indiciario; Resolución expresa. Ej: determinación de oficio (la

administración manifiesta su voluntad concretamente). Puede convivir con una

medida cautelar.

Si el contribuyente pierde la acción declarativa de certeza, aun así puede iniciar la demanda

contencioso‐administrativa.

AMPARO: Candy, Lapiduz son cuestiones tributarias planteadas a través de la vía del amparo.

Es un antídoto excepcional, eminentemente urgente, que procede, también contra actos

administrativos que sean: arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, afectando los derechos

constitucionales del contribuyente. En materia tributaria, tramita ante cualquier juez

Repetición Tributaria: surge cuando una persona abona al Fisco un importe tributario que, por

diversos motivos, no resulta legítimamente adeudado y pretende luego su restitución. Es un

medio importante para asegurar los derechos de los particulares.

Supuestos de procedencia:

o Paro Erróneo de un Tributo

o Pago de un tributo que se cree inconstitucional

o Pago de un tributo que la administración exige en exceso

o Pago indebido

Doctrina del Empobrecimiento: Empobrecimiento como condición para repetir. En los

primeros tiempos se dijo que la acción de repetición tiene su fundamento en el

enriquecimiento sin causa, el cual exige acreditar un empobrecimiento. Y se aplicaba a

los impuestos indirectos, los cuales por ser trasladados a otros sujetos, estos debían

demostrar su empobrecimiento, es decir: la no traslación del impuesto. (Fallo Mellor

Godwin)

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En 1977 dio un giro la doctrina de la Corte y declaró que la prueba del

empobrecimiento no es requisito necesario para ejercer la acción, la cual deriva del

derecho tributario y no del civil (Fallo Petroquímica)

En el año 1984 la Corte dijo que aunque no es requisito probar el empobrecimiento,

los agentes de retención deben cumplirlo porque el contribuyente a quien se le

atribuye el hecho imponible es quien ha efectuado el pago indebido.

En Nación debe distinguirse:

‐ Pago espontaneo: cuando el contribuyente ha determinado lo que debía abonar a

partir de declaraciones juradas. Corresponde realizar un reclamo ante AFIP para que la

administración pueda meritar el error. Luego de este se abren 3 carriles: Apelación

ante el TFN, Reconsideración ante AFIP, demanda contenciosa.

‐ Pago a requerimiento: existe una determinación de oficio o intimación a pagar. No se

requiere reclamo previo ante la administración, porque esta ya se ha pronunciado, con

lo cual se abren 2 vías: Recurso ante el TFN o Demanda contenciosa (art 82).

En Provincia el trámite se inicia por demanda de repetición ante ARBA y se solicita que se

devuelva el dinero o que se impute a otro impuesto. Luego quedan expeditas las vías de:

Reconsideración o Tribunal Fiscal.

Requisitos: presentar el comprobante de pago doble y cumplir con el contenido del art 134 CF:

Nombre completo, Personería, Hechos, Naturaleza y monto del gravamen; para el caso de

escribanos, estos deberán acompañar nomina de los obligados.

Prescripción de la acción: 5 años. Art 81 Ley 11683 –> Levantamiento de prescripción para el

Fisco. En Provincia prescribe a los 10 años.

4. Ejecución fiscal y juicio de apremio. Procedencia. Caracteres. Procedimiento.

Medidas cautelares. Excepciones y otras defensas. Recursos. Cuestionamientos de su

constitucionalidad.

Los procesos ejecutivos son aquellos que prevé la legislación para ejecutar sentencias de

condena que no han sido cumplidas o para ejecutar títulos extrajudiciales, ej: Boleta de deuda.

Créditos tributarios que dan origen a la boleta de deuda: acto administrativo que refleja una

deuda tributaria (porque se presume legítimo y ejecutable); una declaración jurada impaga,

por ser un acto administrativo consentido; una resolución determinativa de oficio que esté

firme; resolución de un recurso consentida; sentencia de apelación; liquidación administrativa;

denegatoria de exención.

La boleta de deuda debe reunir ciertos requisitos esenciales: Concepto del tributo (capital,

intereses, multas) y el periodo adeudado; identificación del contribuyente (domicilio fiscal,

cuit); Firma del funcionario competente; numero de expediente administrativo; identificación

del accionante.

Es necesario en este juicio un abogado de la AFIP o externo al que se lo llama AGENTE FISCAL

(a diferencia de Provincia que lo llama, Apoderado Fiscal, pues ARBA no puede intervenir en

juicio representando a la Provincia sino que lo hace a través de Fiscalía de Estado). Este puede

13


iniciar la ejecución; pedir traba de medidas cautelares incluso trabarlas el mismo; designar

oficiales de justicia ad‐hoc que son los encargados de las notificaciones.

Procedimiento: Se puede dividir en 3 etapas:

1. Presentación de la demanda: la demanda de ejecución de iniciará con la presentación

del agente fiscal ante el juzgado competente, acompañado de la boleta de deuda en la

cual constará: nombre del demandado; domicilios; concepto y monto reclamado;

nombre de oficiales ad‐hc; informar sobre las medidas cautelares. A partir de este

trámite, el agente fiscal estará facultado a librar mandamiento de intimación de pago y

embargo por la suma reclamada con más el 15% para responder a intereses y costas.

El demandado quedará citado de venta para oponer dentro de los 5 días las

excepciones pertinentes.

2. Interposición de excepciones: es la manifestación de la defensa del demandado. Debe

ahí mismo plantear la reserva del caso federal. El juez ordenará el traslado de las

excepciones por 5 días a la AFIP. La excepciones admisibles son: a) pago total

documentado (implica el pago de la deuda reclamada, efectuado con anterioridad a la

demanda y probado con la documental); b) Espera documentada (Ej. Moratoria, debe

fundarse en la existencia de un nuevo plazo otorgado al la deudor, requiriéndose la

presentación documentación que demuestre la voluntad de conceder ese nuevo

plazo); c) prescripción; d) inhabilidad de titulo (debe estar fundada en vicios relativos a

la forma extrínseca de la boleta de deuda. No se puede ver la causa).

3. Sentencia. Apelaciones: la sentencia es ejecutada por el agente fiscal, quien hace una

liquidación administrativa, le da traslado al contribuyente que consiente o no y se

dicta la sentencia de remate. Si no paga, se le ejecuta.

La sentencia de ejecución será inapelable, quedará a salvo el derecho de la AFIP de librar

nuevo título de deuda, y del ejecutado de repetir en tanto haya interpuesto excepciones.

Medidas cautelares: en cualquier momento la AFIP podrá solicitar embargo preventivo o en su

defecto, inhibición general de bienes por la cantidad que presumiblemente adeuden los

contribuyentes o responsables. Este embargo puede ser sustituido por garantía real suficiente

y caducará si dentro de los 300 días hábiles judiciales contados a partir de la traba la AFIP no

iniciare el correspondiente juicio de ejecución fiscal (art. 111 ley 11.683)

Cuestionamientos a su constitucionalidad: Las disposiciones del art. 92 ley 22.683 (juicio de

ejecución fiscal) implican un claro agravio a la garantía constitucional de la defensa en juicio y

debido proceso. Ello así, por cuando la administración de justicia la ejercen los órganos

judiciales y no el poder administrador y en este caso concreto pareciera ser que la función de

aquel permanece “latente” y expectante a lo que decida, haga o deje de hacer el agente fiscal

dependiente de la AFIP.

En el caso AFIP c/ Leadcam SA el juez resolvió que la norma viola el principio de división de

poderes, el derecho de defensa en juicio, el de debido proceso, el derecho de tutela judicial

efectiva y el derecho de propiedad. Por lo tanto corresponde declarar la inconstitucionalidad

del art. 92 en cuando autoriza al ente recaudador, sin intervención judicial, a disponer medidas

cautelares inaudita parte sobre el patrimonio del deudor.

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PROVINCIA: Juicio de Apremio. Procedencia. Caracteres. Excepciones y defensas. Recursos

Se rige por ley de Apremios Nº 13.406, la cual es aplicable solo para cobrar judicialmente

créditos fiscales por tributos provinciales o municipales contra contribuyentes y responsables.

No se aplica para cobrar multas (Art. 1)

Se necesita Título Ejecutivo (Art. 2): liquidación expedida por funcionarios autorizados al

efecto; original testimonio o copia certificada de resolución determinativa del que resulte

crédito a favor del estado.

Competencia (Art. 3) Serán competentes a elección del actor los juzgados con competencia en

la materia que correspondan a: 1) domicilio fiscal del demandado en la Provincia o ; 2) al del

lugar donde se encuentran los bienes o se desarrolla la actividad vinculados a la obligación que

se ejecuta o; 3) al lugar de cumplimiento de la obligación o ; 4)al domicilio real o leal del

demandado dentro del territorio de la provincia o ; 5) juzgados con competencia en la ciudad

de La Plata cuando el demandado no tiene domicilio en la provincia.

Procedimiento: ARBA emite el título ejecutivo y Fiscalía de Estado ejecuta, o sea, es quien lleva

adelante el juicio. Con la presentación del escrito de inicio ante el juzgado, el actor podrá

acompañar los oficios para la traba de medidas cautelares requeridas. Los autos principales

deberán ser despachados y los oficios de traba de las medidas librados dentro de los 5 días

hábiles contados desde el inicio del juicio. La traba de medidas puede solicitar ya sea al

iniciarse el juicio como con posterioridad.

Si el juez encontrara en forma el titulo ejecutivo, ordenará mandamiento de intimación de

pago y embargo por el monto total consignado en el documento incluyente capital e intereses

con mas las costas y costos y en el mismo auto citará de remate al deudor para que oponga

excepciones en el término de 5 días. También se intimará a que constituya domicilio bajo

apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado.

En ese mismo momento se notificarán las medidas cautelares.

Excepciones oponibles: a) incompetencia; b) falta de personería; c) inhabilidad de título

ejecutivo; d) pago total documentado; e) prescripción; f) plazo concedido; g) pendencia de

recursos concedidos con efecto suspensivo; h) litispendencia. Estas deberán ser opuestas y

fundadas por el demandado en el mismo escrito que se articulen. Una vez opuestas, el juez

conferirá traslado de las mismas y de la prueba documental acompañada a la parte actora.

Esta última deberá contestar en el término de 20 días.

Previo a dictar sentencia de trance y remate, de resultar pertinente, se abrirá a prueba el juicio

por el término de 10 días improrrogables. Solo se admite prueba documental, pericial e

informativa. Se interponer contra esta sentencia, apelación en el plazo de 5 días.

Encontrándose firme la sentencia, la actora procederá a liquidar capital, intereses y costas.

Luego de esto se transfiere a la cuenta que denuncie la actora las sumas líquidas embargadas.

Medidas Cautelares

Medidas cautelares preventivas: operan cuando no hay acto administrativo firme. Art.

13 bis Código Fiscal: opera cuando el acto esta firme, y se puede trabar la medida

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antes de la iniciación del juicio de apremio. Surge con las presunciones del Art. 39 bis.

Se discutió sobre su constitucionalidad. Ej: se toma como presunción que cuando no

presentó el contribuyente la declaración jurada, se toma el ultimo pago como

presunción de DDJJ, teniendo el contribuyente 5 días para probar que la presunción no

es correcta; si el fisco liquida una suma y el contribuyente no rectifica, presume que

todos los periodos son de ese monto o mas y se traba la cautelar por esa deuda. Tiene

5 días para rectificar y en su descargo debe reconocer al menos 2/3 de lo adeudado

según el fisco.

Medidas solicitadas por el apoderado fiscal una vez iniciado el juicio. Al inicio del

juicio de apremio o con posterioridad y en cualquier estado del proceso, la parte

actora podrá solicitar toda medida cautelar o modificación de las decretadas con

anterioridad y el juez deberá disponerla sin necesidad de acreditación del peligro en la

demora en el término de 24 hs.

La caducidad de las medidas se producirá si la autoridad de aplicación no iniciase la ejecución

fiscal transcurridos 60 días hábiles judiciales contados así: 1) desde la fecha de notificación al

contribuyente del rechazo de los recursos interpuestos contra la determinación de oficio sea

reconsideración o apelación, 2) desde que la deuda ha sido consentida por el contribuyente al

no interponer recursos contra su determinación o liquidación.

Podrá solicitarse entre otras:

‐ Traba de embargo sobre dinero efectivo o cuentas o activos bancarios; créditos,

efectos y valores; sueldos u otras remuneraciones; bienes inmuebles y muebles sean o

no registrables.

‐ Intervención de caja;

‐ inhibición general de bienes

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BOLILLA 10: DERECHO PENAL TRIBUTARIO

1. Los ilícitos tributarios. Naturaleza. Delito o contravención. Los principios generales

del Derecho Penal y su aplicación al derecho tributario penal. La subjetividad de la

infracción penal. Personalidad de la pena Menores e incapaces. Personas jurídicas.

Responsabilidad solidaria.

Normalmente no todos los integrantes de la comunidad cumplen de manera espontánea con

las obligaciones sustanciales y formales que les imponen las normas tributarias. Ello obliga al

Estado a prever ese incumplimiento, lo cual implica configurar en forma específica las distintas

transgresiones que pueden cometerse y determinar las sanciones que corresponden en cada

caso.

La violación de los mandatos de la ley o los reglamentos y, en especial, la realización de

maniobras destinadas a sustraerse de la obligación tributaria, no importa un mero atentado a

los derechos pecuniarios de un sujeto (Estado) o una desobediencia a las ordenes de la

administración publica, sino que significa alterar el orden jurídico y los principios de la moral

publica; por la misma razona las sanciones tienen una finalidad represiva o intimidatoria, y no

simplemente reparatoria del daño.

Ilícitos Tributarios: Tal como existe un conjunto de leyes a través de las cuales se establecen

cuales son las obligaciones impositivas de un sujeto, existe también un conjunto de normas

que establecen cuales son las transgresiones o incumplimientos en los que incurren los sujetos

pasivos, y cuáles son las sanciones establecidas en esos casos. A este conjunto de normas, se

las agrupa dentro del llamado “Derecho Penal Tributario”

Naturaleza: A medida que adquiría desarrollo la actividad financiera del Estado, y que la

violación de la legislación revestía mayor importancia, los autores comenzaron a preguntarse

si el tipo de infracciones que nos ocupa debía asimilarse a los delitos comunes, o si, por el

contrario, constituían una categoría especial merecedora de tratamiento represivo particular;

en otros términos, si las violaciones a las normas tributarias correspondían al derecho penal

ordinario o si debía crearse un derecho penal espacial que dieron en llamar “derecho penal

administrativo”. Por ende, es posible analizar orientaciones penalistas, administrativistas o

bien otras teorías en donde se incluye el aspecto penal dentro de un concepto

estructuralmente unitario del derecho fiscal.

Postura de Fonrouge: sostiene que el derecho penal tributario forma parte de una de

las divisiones del derecho tributario debido a las características especiales que tiene

esta rama de la ciencia jurídica. Estas diferencias tienen importancia respecto a la

normativa aplicable; así Fonrouge sostiene que solo se van a aplicar las normas y

principios del código penal cuando la ley tributaria expresamente remita a ellos.

Postura Penalista, sostiene que es de plena vigencia lo expuesto por el 4º del Código

Penal, el cual contempla la aplicación supletoria de este código para todas las leyes

especiales que contengan delitos, salvo disposición expresa en contrario.

La ley 11.683, no contiene una remisión expresa a las normas del Código Penal, pero la

jurisprudencia y la doctrina han entendido que corresponde la aplicación supletoria de los

principios y normas del Código Penal.

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La infracción tributaria es la violación a las normas jurídicas que establecen las obligaciones

tributarias sustanciales y formales. La naturaleza jurídica de la infracción tributaria ha sido

motivo de discusión doctrinal:

‐ Una posición sostiene que la infracción tributaria no se diferencia ontológicamente del

delito penal común, por lo que existe identidad sustancial entre ambos (Dino Jarach)

‐ La posición antagónica estima que la infracción tributaria se distingue

ontológicamente del delito penal común, dado que por un lado tal diferencia

sustancial existe entre delito y contravención, y por otro lado, la infracción tributaria

es contravencional y no delictual. Esta posición es sostenida por Bielsa, Goldschmitd y

Villegas.

Delitos o Infracciones: Villegas entiende que no solo hay diferencias cuantitativas sino

cualitativas o esenciales entre delitos y contravenciones. El delito es la infracción que ataca

directamente la seguridad de los derechos naturales y sociales de los individuos,

correspondiendo su estudio al derecho penal común. La Contravención es una falta de

colaboración, una omisión de ayuda, en cuyo campo los derechos del individuo están en juego

de manera mediata. El objeto que se protege contravencionalmente no está representado por

los individuos ni por sus derechos naturales o sociales en sí, sino por la acción estatal en todo

el campo de la Administración publica.

Otras posturas, diferencias ambos conceptos de acuerdo al elemento intención, a la cuantía de

la pena o el grado de gravedad o peligro del acto cometido.

Con la sanción de la ley penal tributaria, se elevan a la categoría de delitos algunas conductas

que ya estaban sancionadas en la ley 11.683 con penas pecuniarias y se crean nuevas

conductas típicas. Por lo tanto, existen algunas conductas que están reguladas en la ley 11.683

y a su vez, con el agregado de nuevos elementos en la ley penal tributaria reprimidos con

penas de prisión.

Particularismos de lo represivo fiscal:

a. Culpabilidad: en ciertos aspectos, la doctrina ha evolucionado por una concepción

puramente objetiva del delito, hacia la tesis subjetivista. En materia fiscal, no se

aplican las reglas comunes sobre responsabilidad, ya que la delictuosidad del acto se

juzga en un solo aspecto formal, sin considerar intenciones; además la materialidad de

la infracción a leyes fiscales constituye, en principio, intención de defraudar, debiendo

el contribuyente probar su inocencia, lo que no impide admitir la ignorancia en las

leyes.

b. Presunciones de culpa: abundan en el derecho tributario penal; algunas veces por

disposición expresa de la ley, y otras por creación de la jurisprudencia.

c. Error excusable: dispensa de la sanción. Pueden darse a partir de:

‐ Modificación de leyes

‐ Aplicación que ha sufrido diversas interpretaciones

d. Responsabilidad de personas colectivas: desde el momento en que estas tienen

autónoma capacidad como sujetos de obligaciones tributarias, indudablemente tienen

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capacidad tributaria penal, aun en los casos de entidades que no reúnan los caracteres

de personalidad jurídica según el derecho privado, por la vinculación existente entre

ambas situaciones y la unidad estructural de la materia fiscal, que incluye tanto el

aspecto sustantivo ordinario, como el represivo; por tanto, no interesa el problema de

la responsabilidad de las personas jurídicas con respecto a los delitos del derecho

penal ordinario.

En la legislación nacional, la ley 11.683 establece en el Art. 5, puntos b y c, que las

personas colectivas con o sin personalidad jurídica son sujetos de obligaciones

tributarias, y en el Art. 54, párrafo segundo, que los “contribuyentes enumerados en el

Art. 5, sean o no personas de existencia visible, están sujetos a las sanciones previstas

en los Art. 39, 40, 45, 46 y 48 por las infracciones que ellos mismos cometan o que, en

su caso, les sean imputadas por el hecho de los subordinados, además los Art. 887,

888, y 904 del Código Aduanero disponen la responsabilidad de las personas jurídicas

por los ilícitos aduaneros.

e. Personalidad de la pena: nadie pone en duda que las penas privativas de la libertad

aplicables a infracciones fiscales, no pueden hacerse efectivas en la persona del

heredero, pero surgen dudas respecto de las sanciones pecuniarias. Una parte de la

doctrina se pronuncia a favor de su transmisibilidad; tal criterio no es compartido por

Fonrouge que se pronuncia por la no transmisibilidad de las sanciones

f. Responsabilidad Solidaria: El principio de responsabilidad por actos de terceros que

actúan bajo dependencia o en representación ha sido admitido por la jurisprudencia

en materia de infracciones tributarias, que de tal modo se aleja del rígido principio del

derecho penal común que limita la responsabilidad a los actos personales, y ello tiene

lugar no solo por la propia naturaleza de la infracción de tipo económico, sino porque

de esa manera se tiende a evitar la elusión de la responsabilidad por vía de la

interposición de terceros insolventes. Este concepto fue acogido explícitamente por

los Art. 9 y 54 11.683, conforme a los cuales serán imputadas al contribuyente –

persona individual o colectiva‐ las infracciones en que incurran “sus representantes,

directores, gerentes, administradores o mandatarios, o con relación a unos y otros, por

el hecho u omisión de quienes les están subordinados como sus agentes, factores o

dependientes”. En igual sentido legisla el art 63 CF, haciendo responsable a los

integrantes de las personas jurídicas, por las infracciones que estas cometan.

Aplicación de principios del Derecho Penal: Naturalmente que el particularismo de lo

sancionatorio tributario, no importa anular o desconocer completamente ciertas garantías

fundamentales aseguradas por nuestra Constitución tales como:

‐ Derecho de defensa,

‐ Posibilidad de ser oído y formular descargo

‐ Principio de legalidad.

‐ Retroactividad y ley más benigna: El principio de que las leyes disponen para lo futuro

encuentra protección constitucional en materia represiva ya que ningún habitante de

la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del

proceso. Esta doctrina es susceptible de generalización y reconoce vigencia en materia

de infracciones fiscales. Si bien es cierto que las leyes tributarias y administrativas

pueden surtir efecto retroactivo en ciertas condiciones, la retroactividad no puede

extenderse en ningún caso al ámbito represivo, porque sería inadmisible aplicar una

sanción por una circunstancia no prevista con anticipación en la ley. Pero el principio

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de no retroactividad sufre derogación en un caso especial: cuando la nueva ley

contiene una sanción más benigna, ya que este concepto no rige en materia fiscal

2. Infracciones formales y sustanciales. Distintos tipos de infracciones formales. Bien

jurídico tutelado. Infracción genérica a los deberes formales. Omisión de presentar la

declaración jurada. Incumplimiento a los deberes de información propia o de

terceros. Distintos tipos de infracciones sustanciales. Bien jurídico tutelado. Omisión

de impuestos. Defraudación fiscal genérica. Presunciones de fraude y teoría de la

responsabilidad objetiva. Elemento subjetivo.

Las infracciones tributarias pueden ser clasificadas en:

Sustanciales: consiste en omitir el pago de los tributos dentro de los términos legales.

Esta infracción es prevalecientemente objetiva, por lo cual, en principio, basta el hecho

externo del no pago en término para que se tenga por configurada la infracción. Ese no

pago puede deberse a una conducta negligente (culposa) o a una conducta intencional

(dolosa), siempre que en este último caso el infractor se limite a la simple omisión sin

efectuar maniobra ardidosa alguna, ya que si lo hace, entra en el campo de la

defraudación fiscal. Si la culpabilidad está totalmente excluida, la infracción omisiva no

se comete, ya que lo que se pretende es castigar a quien no paga por ser negligente

(culpa) o porque no desea pagar (dolo) pudiéndolo hacer. De allí que haya

circunstancias que puedan atenuar o incluso eliminar la imputación. También puede

ser un incumplimiento fraudulento de la obligación sustancial. Esto recibe el nombre

de defraudación fiscal, lo cual, requiere subjetivamente la intención deliberada de

dañar al fisco y objetivamente, la realización de determinados actos o maniobras

tendientes a sustraerse, en todo o en parte, a la obligación de pagar tributos. Estas

maniobras están intencionalmente destinadas a inducir a error a la autoridad para que

la falta total o parcial de pago aparezca como legítima: de allí la superior gravedad de

esta infracción, que se traduce en la mayor severidad de las sanciones.

o Ley 11683, Nación.

Art 45, Multa por omisión de pagar impuestos Omisión de

impuestos. Es cometida por quienes omiten el pago de impuestos no

presentando las ddjj o presentándolas inexactamente. También ocurre

cuando los agentes omiten actuar como tales. La conducta punible es:

no pagar, no retener, no percibir o hacerlo deficientemente. Debe

tratarse de una conducta culposa y no dolosa.

Art 46: Multa por defraudación genérica. Es cometida por quienes

mediante ddjj engañosas u ocultación maliciosa perjudican al fisco con

liquidaciones de impuestos que no responden a la realidad.

Subjetivamente se requiere la intención, y la concreción de la evasión.

El art 47 establece presunciones de defraudación:

o Contradicción entre los libros , documentos y las ddjj

o Consignación de datos inexactos

o Disconformidad con las normas legales o reglamentarias

o No se lleven libros o se los lleve de manera deficiente

o Se hagan valer formas inadecuadas

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Art 48: Multa para los agentes que no depositen en tiempo y forma.

Defraudación especifica. Cuando los agentes han retenido/percibido y

no depositan el gravamen acaecido el vencimiento. Se pune la

conducta omisiva, independientemente de que los agentes tngan o no

en su poder los fondos.

o Código Fiscal, Provincia

Art 59: Recargos para los agentes que ingresen los gravámenes

vencidos los plazos

Art 61: Incumplimiento de pago: Multa.

Art 62: Defraudación fiscal

Formales: es toda acción u omisión de los contribuyentes, responsables o terceros que

viole las disposiciones relativas a la determinación de la obligación tributaria u

obstaculice la fiscalización por la autoridad administrativa. Como consecuencia de la

determinación, fiscalización e investigación, los ciudadanos, contribuyentes o no, están

sometidos a una serie de deberes tendientes a posibilitar y facilitar la debida actuación

estatal. El incumplimiento de estos deberes también es una infracción fiscal y está

penada por la ley. Estas infracciones son predominantemente objetivas, por lo cual, en

principio, la sola violación de la norma formal constituye la infracción, sin que interese

investigar si el infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por

negligencia (culpa).

Pueden distinguirse 3 tipos de infracciones formales, de acuerdo a la pena que se les

aplique:

o Sanciones con multa,

1. Incumplimiento de deberes formales: es una norma en blanco; abarca

todos aquellos incumplimientos que no tengan una sanción específica.

2. Incumplimiento de información propia o de terceros: la autoridad

debe poder fiscalizar y para esto puede exigir datos al contribuyente o

terceros que se hallen cerca del hecho imponible.

3. Incumplimiento en la presentación de ddjj (no tiene escala de multa,

sino que es tarifada): la declaración jurada es el instrumento a través

del cual el contribuyente reconoce el impuesto y lo paga.

o Sanción de clausura y multa: son incumplimientos mas serios, Art 72 CF/ Art

40 Ley 11683

1. No emitir facturas o comprobantes de ventas

2. Hallarse en posesión de bienes o mercaderías sin tener las

correspondientes facturas o comprobantes de compra

3. No llevar anotaciones de las adquisiciones de bienes y servicios,

ventas, locaciones, o siendo llevadas sean deficientes

4. Recurrir a entes improcedentes para evadir gravámenes

5. No mantener en condiciones de operatividad los soportes informáticos

vinculados a la materia imponible durante 5 años.

6. No exhibir los comprobantes de pago a la Autoridad

7. Uso de comprobantes que no reúnan los requisitos exigidos pos la

autoridad

8. No poseer certificado de domicilio

9. No estar inscripto

10. No exhibir comprobante de pago del anticipo de iibb.

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o Sanción de decomiso y multa. El traslado de bienes debe hacerse con la

documentación respaldatoria de los mismos. En Provincia existe el COT

(Código de Operaciones de Traslado); en caso de no contar con esto, cabe la

sanción de decomiso de los bienes. Art 82 CF/Art 77 Ley 11683.

3. La sanción de multa. Procedimiento. Agravantes, atenuantes y eximentes de

responsabilidad. Extinción de la acción. Prescripción. Recursos administrativos y

judiciales. La sanción de clausura. Causales. Tipos Procedimientos. Instancias

recursivas administrativas y judiciales. La sanción de decomiso de bienes. Causales.

Procedimientos. Instancias recursivas administrativas y judiciales.

Sanción de multa: Las multas fiscales se diferencian de las sanciones meramente

compensatorias porque constituyen un plus con respecto al restablecimiento de la situación

anterior. No solo privan al autor del fruto de su ilicitud o su equivalente, sino que también lo

privan de algo suplementario con el fin de castigarlo. Es decir que en los hechos la diferencia

se puede establecer por el importe de la multa.

El carácter tanto represivo como reparatorio de la multa tributaria ha sido aceptado por

doctrina y recibido por la jurisprudencia. En numerosos fallos, la CSJN ha puesto de manifiesto

que las multas tienen un carácter de indemnización de daños, y al mismo tiempo tienen la

finalidad de castigar a los infractores.

Procedimiento: en Nacion y Provincia se inicia un sumario administrativo, con notificación al

contribuyente o responsable, (presunto autor de la infracción que se quiere sancionar) firmado

por juez administrativo. En dicha notificación deberá constar claramente cuál es el acto u

omisión que se le imputa al presunto infractor, al cual se le otorgara un plazo de 15 días

hábiles administrativos, prorrogables por resolución fundada y por única vez (solo en Nación),

por un lapso de tiempo igual para que se haga el descargo o defensa y se acompañen y

ofrezcan todas las pruebas que hagan a su derecho.

Posteriormente, presentada o no esta defensa, y abierto o no el periodo de prueba, el juez

dictara resolución ampliando o dejando sin efecto la sanción. Si esta resolución resulta

contraria al contribuyente o responsable, este tiene un plazo de 15 días hábiles para

interponer Recurso de reconsideración ante la AFIP/ARBA y el recurso de apelación ante el

Tribunal Fiscal, siempre que cumpla con el monto fijado. De no interponer ninguno de estos

dos recursos, la multa quedara firme.

Agravantes, atenuantes y eximentes:

o Agravantes/Atenuantes, aparecen en este campo:

‐ Giro comercial del contribuyente

‐ Conducta frente a la fiscalización

‐ Antecedentes

‐ Cumplimiento espontaneo

o Eximentes: se vincula con la extinción de la acción,

‐ Muerte

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‐ Prescripción: 5 años en caso de contribuyentes inscriptos y 10 en caso de que

no lo estén. El tiempo comienza a correr desde el 1 de enero del año siguiente

a que se verifico la infracción.

‐ Perdida de la administración de los bienes Quiebra

‐ Propios del ámbito tributario

Error excusable de hecho o derecho

Principio de bagatela, por el carácter leve de la infracción no produce

daño al bien jurídicamente protegido. Es difícil que ARBA/AFIP

reconozcan esta cuestión.

Solidaridad: que el solidario demuestre que el obligado principal lo

coloco en imposibilidad de cumplir.

Sanción de clausura: ante determinadas infracciones, la autoridad puede disponer el cierre del

establecimiento durante un determinado plazo de días. Las Causales que habilitan esta sanción

son las mencionadas en el parágrafo precedente.

Procedimiento: para poder llevar a cabo la clausura se precisa de una Procedimiento de

control, donde participan 2 inspectores, se constata la infracción y se labra acta de Infracción

(tiene carácter de instrumento publico Fallo Godoy). Se notifica al contribuyente y comienza

el procedimiento.

Provincia: art 73 y ss. Notificado el contribuyente tiene 5 días para presentar el

descargo. La Autoridad se pronunciara sobre la procedencia o no de la sanción dentro

de los 10 días. Ante esta resolución el administrado puede:

o Allanarse: la sanción se reducirá de pleno derecho a 2 días de clausura.

o No existe instancia de revisión administrativa, de modo que si el contribuyente

no esta de acuerdo con la sanción deberá Apelar ante el Juzgado de Primera

Instancia en lo Criminal y Correccional, dentro de los 5 días, con efecto

devolutivo. El escrito se interpone en sede administrativa, y si fuera

procedente es elevado. La sentencia del juez correccional es inapelable, lo cual

genera controversias doctrinarias respecto de la doble instancia.

Nación: Notificado el contribuyente es citado a una audiencia para esgrimir su defensa,

fijada dentro de los 5 a 15 días. Luego se pronuncia el juez dentro de los 2 días, y en

caso de disponer la clausura establece su alcance y duración. La resolución admite

impugnación por vía administrativa, agotando la via y quedando expedita la acción

ante el fuero penal tributario.

Tipos:

‐ Automática: cuando el contribuyente no este inscripto o no emita factura,

puede disponerse la clausura inmediata

‐ Clausura preventiva: (solo en Nación) cuando se configure una causal y existe

un grave perjuicio o el responsable ser reincidente. Se trata de una medida

cautelar que debe ser notificada inmediatamente al juez. Además, el inc g del

art 35 introduce la figura del inspector encubierto (debatida

constitucionalidad). El juez determinará el levantamiento de la medida cuando

el responsable acredite la regularización de la situación.

8


Sanción de decomiso: En los supuestos en que se detecte la tenencia, el traslado de bienes o

mercaderías sin llevar la documentación respaldatoria, la autoridad convocara a la fuerza

pública para decretar:

‐ Interdicción: se designa como depositario al propietario de los bienes

‐ Secuestro: se designa depositaria a una tercera persona.

En todos los casos, los agentes a cargo en presencia de testigos informaran al infractor las

sanciones y obligaciones como depositario.

Procedimiento: (Nación y Provincia) se sigue el procedimiento de la clausura; se puede

adjuntar con el acta de comprobación un inventario de la mercadería. Luego de la audiencia

descargo del obligado el juez resolverá si hace lugar a la medida o no.

‐ Provincia: el contribuyente puede presentar el COT, pagar la multa y evitar el

decomiso. También puede ofrecer sustituir la mercadería por bienes de primera

necesidad.

‐ Acción: decidido el decomiso se retiran los bienes, salvo instancias de revisión. Los

gastos serán a cargo del responsable.

Revisión:

‐ Provincia: ante el Juez correccional con efecto suspensivo.

‐ Nación: Recurso con efecto suspensivo ante el juez en lo penal tributario.

4. Delitos tributarios. El régimen de la ley penal tributaria. Tipos penales previstos. Bien

jurídico tutelado. Denuncia. Participación y concurrencia. Asociación ilícita tributaria.

Pena de prisión y aplicación conjunta con la sanción administrativa. Extinción de la

acción. Contrabando. Bien jurídico tutelado. Agravantes. Penas accesorias. Tentativa.

La ley 23771 fue reemplazada por Ley 24769, que trata el régimen impositivo describiendo los

delitos tributarios. Incluye el régimen de la seguridad social tipificando delitos respecto de sus

recursos, y mantiene las ilicitudes atenientes a la retención y percepción. Regula sobre

insolvencia fiscal, simulación dolosa y alteración de registros. También contempla agravantes,

y los procedimientos administrativo y penal.

Bien jurídicamente protegido: cuando el ilícito requiere el perjuicio de la evasión de tributos,

el bien tutelado es la actividad financiera del Estado; el gasto publico es indispensable para

satisfacer las necesidades publicas y el medio genuino para la adquisición de recursos es el

tributo, con lo cual quien elude dolosamente el justo pago de sus obligaciones, daña la

actividad financiera del Estado y entorpece el cumplimiento de sus fines.

En el caso de los delitos contra la seguridad social, el bien protegido no es la actividad

financiera del Estado ni su patrimonio, sino la Seguridad social que se basa en la solidaridad, ya

que busca proteger igualitariamente a toda la comunidad.

Si se trata de delitos que simplemente crean peligro para el fisco, la haciendo publica no

resulta herida aun, pero esta afectando la actividad fiscalizadora del órgano recaudatorio,

porque las falsas alteraciones de registros impiden conocer la real situación fiscal del obligado

9


y ello obstaculiza el fluido accionar verificador del Estado, creando el riesgo de futuras

evasiones.

Estructura de la ley:

Disposiciones generales:

‐ Incremento de escalas penales: (art 13) las escalas se incremental cuando se trata de

funcionarios o empleados públicos actuando en ejercicio u ocasión de sus funciones.

Ley 24769

Regimen impositivo ‐Delitos tributarios

Evasion Simple y agravada

Aprrovechamiento indebido de subsidios

Obtencion fraudulenta de exenciones

Regimen de Seguridad social

Evasion simple

Evasion agravada

Agentes de retencion y percepcion

Apropiacion indebida de tributos

Apropiacion indebida de recursos de la seguridad social

Delitos fiscales

Insolvencia fiscal fraudulenta

Simulacion dolosa de pagos

Alteracion dolosa de registros

Disposiciones generales

10


Se añade la accesoria de inhabilitación perpetua, denotando la seriedad con que se

toma el accionar del funcionario infiel.

‐ Responsabilidad de los integrantes de Personas Jurídicas: (art 14) cuando el hecho se

ejecute en nombre o ayuda de una persona de existencia ideal, la prisión se aplica a los

directores, gerentes, mandatarios, representantes que hubieren intervenido en el

hecho punible.

‐ Inhabilitación especial: (modificación ley 25874)

‐ Extinción por aceptación y pago (art 16).

‐ Acumulación de sanciones: el art17 dispone que las penas establecidas por esta ley

son impuestas sin perjuicio de las sanciones administrativas fiscales. Para parte de la

doctrina esto violenta el non bis in idem (Villegas, Corti)

Tipos penales previstos

1. EVASION SIMPLE: (art 1) el hecho punible consiste en evadir fraudulentamente el

pago de tributos nacionales, siempre que el monto exceda la suma que indica la ley

por cada tributo. La conducta sancionada se dirige al que mediante declaraciones

engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño evadiere total o

parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, siempre que la suma en cuestión sea

superior a los $100.000. Esta suma es tomada por cada tributo y en el lapso de un año.

Las declaraciones son engañosas cuando contienen datos inexactos, son maliciosas

cuando ocultan la verdad; los ardides son maniobras simuladoras de la realidad. El

delito se comete tanto por acción como por omisión. La evasión comprende la elusión

tributaria (fraude por abuso de formas).

Acción típica: evadir fraudulentamente.

Sujetos activos: obligados tributarios.

Elemento subjetivo: dolo.

Condición objetiva: debe superar el monto que fija la ley para ser punible.

Se trata de un delito de daño; precisa de un resultado perjudicial y admite la tentativa.

2. EVASION AGRAVADA: (art 2) la figura que se reprime será la misma del Art. 1º (pero

con una pena privativa de libertad superior), es decir, al que mediante declaraciones

engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño evadiere total o

parcialmente el pago de tributos al fisco nacional si:

a. La suma evadida es superior a $1.000.000

b. En la maniobra hubiesen intervenido interpósita personas y la suma evadida

haya sido superior a $200.000. Tiene mas facilidad de comisión y probabilidad

de impunidad

c. Si se hubiere valido, en la maniobra engañosa de exenciones subsidios,

liberalidades, diferimientos, etc.

La agravante se funda en circunstancias que revelan una mayor peligrosidad

3. APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS: (art 3) Cuando mediante declaraciones

juradas engañosas, maliciosas o ardides se aproveche indebidamente de reintegros,

recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio.

Acción típica: aprovechamiento fraudulento de reintegros, subsidios

Sujetos activos: los obligados tributarios o terceros

Elemento subjetivo: dolo

11


Condición objetiva: deben superar el monto estipulado por la ley

Pena: es de extrema gravedad porque el autor se aprovecha del error fiscal y también

impide el cobro de los tributos debidos al Fisco

4. OBTENCION FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES: (art 4) Cuando mediante

declaraciones engañosas, maliciosas o ardides se obtuviere un reconocimiento,

certificación o autorización para gozar de exención o privilegio fiscal.

Acción típica: obtener autorización para gozar de exenciones o privilegios fiscales.

Implica un aprovechamiento del Estado.

Sujeto activo: es el obligado tributario.


Se trata de un delito de peligro, ya que se concreta con la obtención fraudulenta del

instrumento para lograr el beneficio, aunque el destinatario no lo perciba

efectivamente.

Delitos relativos a la seguridad social:

5. EVASION SIMPLE: (art 7) el que mediante actividades engañosas o cualquier otro

ardid o engaño evadiere total o parcialmente el pago de recursos de seguridad social”

(aportes contribuciones, etc.). La condición objetiva de punibilidad es de $20.000 por

cada periodo. Tiene un elemento subjetivo doloso, cuya finalidad es beneficiarse

perjudicando al órgano de la seguridad social. Es un delito de daño, cuya condición

objetiva es superar el monto fijado por la norma.

6. EVASION AGRAVADA: (art 8) Se agrava la pena cuando el monto supera los $100.000

o intervengan personas interpuestas.

7. APROPIACION INDEBIDAD: (art 9) Cuando el empleador no deposita total o

parcialmente dentro de los 10 días los aportes retenidos a sus empleados. También

corre para los agentes de retención y percepción.

Delitos fiscales comunes:

8. INSOVELNCIA FISCAL FRAUDULENTA: (art10) Comete este delito “el que habiendo

tomado conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial

tendiente a la determinación o cobro de obligaciones tributarias o de aportes y

contribuciones de la seguridad social nacionales, provocare o agravare la insolvencia

propia o ajena, frustrando en todo o en parte el cumplimiento de tales obligaciones”.

Acción típica: consiste en provocar o agravar la insolvencia propia o ajena, para causar

la incapacidad de cumplir con las obligaciones tributarias.


Sujetos activos: los obligados tributarios.

Es un delito de daño, que permite la tentativa.

9. SIMULACION DOLOSA DE PAGO: (art 11) El que mediante registraciones o

comprobantes falsos o cualquier otro ardid o engaño, simulare el pago total o parcial

de obligaciones tributarias o de recursos de la Seguridad Social Nacional o derivadas

de la aplicación de sanciones pecuniarias, sean obligaciones propias o de terceros.

Acción típica: puede funcionar de una doble manera:

12


o En forma autónoma: cuando se realice la maniobra pero no se utilice el

documento apócrifo para eludir el pago.

o Cuando se realiza el hecho típico y utilizar el comprobante falso para no pagar

o pagar menos, se genera la evasión.

Sujeto activo: obligado al pago


10. ALTERACION DOLOSA DE REGISTROS: (art 12) El que de cualquier modo sustrajere,

suprimiere, ocultare, adulterare, modificare o inutilizare los registros o soportes

documentales o informáticos del Fisco Nacional, relativos a las obligaciones tributarias

o de recursos de la seguridad social, con el propósito de disimular la real situación

fiscal de un obligado.

Acción típica: Adulterar, suprimir, sustraer, modificar, inutilizar los registros

Sujeto activo: puede ser el obligado o un tercero con acceso a tales registraciones

Es un delito de peligro, porque no es necesario que se evada el tributo a causa de la

acción consumada.

Elemento subjetivo: dolo intención de disimular la situación real del contribuyente.

11. ART 15:

a. Agravamiento por pluralidad de autores: cuando alguno de los delitos se

cometiese entre dos o mas personas, se agravan sus penas. Es una forma de

agravar el delito por el numero de sujetos que participan de el.

b. Asociación ilícita fiscal: se trata de una agrupación consolidada con el fin de

de llevar a cabo los delitos contenidos en la ley 8puedo o no tener forma

jurídica). Se exige la reciprocidad y la uniformidad entre sus integrantes,

organizados mediante un acuerdo preestablecido.

Se tutela el Tesoro Nacional.

Procedimiento Administrativo y Penal. El procedimiento se inicia con la denuncia ante el

juzgado competente por la AFIP‐DGI (que es el organismo de aplicaciones y recursos de

seguridad social). Sobre el procedimiento tenemos los Arts.18 al 23 y el principal es el artículo

20.

Art. 20 ‐ La formulación de la denuncia penal no impedirá la sustanciación de los

procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y ejecución de la

deuda tributaria o provisional, pero la autoridad administrativa se abstendrá de aplicar

sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal. En este caso no será de

aplicación lo previsto en el artículo 76 de la Ley Nº 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus

modificaciones).

Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que

correspondan sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial.

Competencia:

‐ Provincia: Juzgado Federal

‐ Ciudad autónoma de Buenos Aires: Juzgado Penal y Económico.

Con la ley 25.292 se crea el Fuero Penal Tributario.

13


Se aplican en este proceso de manera supletoria las normas del Código Procesal Penal

Nacional.

CONTRABANDO

Bien jurídico tutelado: control aduanero; se pune la evasión a la fiscalización aduanera. Fallo

Legumbres: la Corte deja en claro el bien jurídico tutelado y que la figura del contrabando

consiste en ingresar o egresar del país, eludiendo o dificultando que la autoridad cumpla con

sus funciones de contralor. Se vincula con: Seguridad Pública, Salud, en forma mediata con el

erario público.

Art. 863. el que, por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid u

engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero

para el control sobre las importaciones y las exportaciones.

Art. 864. Sanciona a el que:

1. Importare o exportare mercadería en horas o por lugares no habilitados al efecto, la

desviare de la rutas señaladas para la importación o la exportación o de cualquier

modo la sustrajere al control que corresponde ejercer la servicio aduanero sobre tales

actos;

2. Realizare cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el control del servicio

aduanero con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o

fiscal distinto al que correspondiere, a los fines de su importación o de su exportación;

3. Presentare ante el servicio aduanero una autorización especial, una licencia

arancelaria o una certificación expedida contraviniendo las disposiciones legales

específicas que regularen su otorgamiento, destinada a obtener respecto de

mercadería que se importare o se exportare, un tratamiento aduanero o fiscal más

favorable al que correspondiere;

4. Ocultare disimulare, sustituyere o desviare, total o parcialmente, mercadería sometida

o que debiere someterse a control aduanero, con motivo de su importación o de su

exportación;

5. Simulare ante el servicio aduanero, total o parcialmente, una operación o una

destinación aduaneras de importación o de exportación, con la finalidad de obtener un

beneficio económico.

Art. 865. Contrabando Agravado, cuando:

a. Intervinieren en el hecho tres o mas personas en calidad de autor, instigador o

cómplice;

b. Interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un funcionario o

empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo;

c. Interviene en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un funcionario o

empleado del servicio aduanero o un integrante de las fuerzas de seguridad a las que

este código les confiere la función de autoridad de prevención de los delitos

aduaneros;

d. Se cometiere mediante violencia física o moral en las personas fuerza sobre las cosas o

la Comisión de otro delito o su tentativa;

14


e. Se realizare empleando un medio de transporte aéreo, que se apartare de las rutas

autorizadas o aterrizare en lugares clandestinos o no habilitados por el servicio

aduanero para el tráfico de mercadería;

f. Se cometiere mediante la presentación ante el servicio aduanero de documentos

adulterados o falsos, necesarios para cumplimentar la operación aduanera;

g. Se tratare de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una

prohibición absoluta;

h. Se tratare de sustancias o elementos no comprendidos en el 866 que por su

naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la salud pública.

Art. 866. Contrabando de estupefacientes.

Art. 867. Contrabando de elementos nucleares.

Actos Culposos. Contrabando y Uso Indebido de Documentos.

Art. 868. Será reprimido con multa.

a. el funcionario o empleado aduanero que ejercitare indebidamente las funciones de

verificación, valoración, clasificación, inspección o cualquier otra función fiscal o de

control a su cargo, siempre que en tales actos u omisiones mediare negligencia

manifiesta que hubiere posibilitado la Comisión del contrabando o su tentativa;

b. el funcionario o empleado administrativo que por ejercer indebidamente las funciones

a su cargo librare o posibilitare el libramiento de autorización especial, licencia

arancelaria o certificación que fuere presentada ante el servicio aduanero destinada a

obtener un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere,

siempre que en el otorgamiento de tales documentos hubiere mediado grave

inobservancia de las disposiciones legales específicas que lo regularen.

Art. 869. quien resultare responsable de la presentación ante el servicio aduanero de una

autorización especial, licencia arancelaria o certificación que pudiere provocar un tratamiento

aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere o de algún documento adulterado o

falso necesario para cumplimentar una operación aduanera, siempre que se tratare de un

despachante de aduana, un agente de transporte aduanero, un importador, un exportador o

cualquier otro que por su calidad, actividad u oficio no pudiere desconocer tal circunstancia y

no hubiere actuado dolosamente.

Tentativa de contrabando.

Art. 871. Incurre en tentativa de contrabando el que, con el fin de cometer el delito de

contrabando, comienza su ejecución pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su

voluntad.

Art. 872. La tentativa de contrabando será reprimida con las mismas penas que corresponden

al delito consumado.

Art. 873. Se considera supuesto especial de tentativa de contrabando la introducción a

recintos sometidos a control aduanero de bultos que, individualmente o integrando una

partida, contuvieren en su interior otro u otros bultos, con marcas, números o signos de

identificación iguales o idóneos para producir confusión con los que ostentare el envase

15


exterior u otros envases comprendidos en la misma partida. El responsable será reprimido con

la pena que correspondiere al supuesto de contrabando que se configurare.

1


BOLILLA 11: Sistema Tributario

1. Concepto de sistema tributario. Caracteres del sistema tributario: Progresividad,

regresividad, suficiencia, economía, certeza y simplicidad. Distribución de la carga

tributaria. Fines fiscales, extrafiscales y económicos. Concepto de presión tributaria.

Limites de la imposición.

El sistema tributario consiste en el estudio del conjunto de tributos tomado como un todo. Se

trata de un estudio necesario, para luego considerar a los tributos en particular. DE este modo,

puede conceptualizarse al “sistema tributario” como el conjunto de tributos que rigen en un

país en un determinado momento. Tiene dos tipos de limitaciones:

‐ Limitación espacial: debe estudiarse con relación a un país concreto. Cada conjunto

tributario es el resultado de las instituciones jurídicas y políticas de un país, de su

estructura social, de la magnitud de sus recursos, de la forma de distribución de los

ingresos, de su sistema económico, etc.

‐ Limitación temporal: la evolución social y económica general necesita la adecuación

de las normas legales.

El sistema tributario surge siempre de la legislación, teniendo en cuenta que los tributos solo

pueden ser establecidos previa ley.

Caracteres de un sistema tributario ideal:

a. Justicia y equidad: el conjunto de tributos debería respetar la igualdad entre iguales, al

tiempo que discrimine a los que mas tienen en beneficio de los desfavorecidos.

b. Estabilidad: es necesario que el sistema sea estable, procurando que sus elementos

puedan mantenerse a lo largo del tiempo.

c. Neutralidad: no debe dañar sino promover la eficacia de la economía y su crecimiento,

introduciendo las menores deformaciones posibles.

d. Suficiencia: implica que con su rendimiento se deberían poder solventar las funciones

y servicios públicos necesarios para cubrir el mínimo de necesidades públicas.

e. Elasticidad: implica la posibilidad de obtener mayores recursos en caso de que crezcan

las necesidades, sin que deban crearse nuevos gravámenes.

f. Simplicidad: los tributos deben ser comprensibles y sencillos de aplicar.

g. Certeza: las normas deben ser precisas y claras correcta técnica jurídica.

Asimismo el sistema será progresivo o regresivo de acuerdo a la incidencia de los impuestos y

el grupo de la población que se ve mas afectada con ellos.

Distribución de la carga tributaria: A nivel Constitucional, encontramos que la CN fija el

alcance de los poderes que tiene el PL,

o Corresponde al Gobierno Nacional: 1) exclusiva y permanentemente los dchos de

importación y exportación y tasas postales. 2) exclusiva y permanentemente las

facultades derivadas de reglar el comercio internacional e interprovincial, lo que

incluye tráfico y comunicaciones, la atinente a la Capital Federal y los lugares

adquiridos por compra o cesión en las provincias. 3) En concurrencia con las provincias

2


y permanentemente, los impuestos indirectos al consumo. 4) Con carácter transitorio:

impuestos directos.

o Corresponde a las Provincias: 1) Exclusivo y permanentemente: impuestos directos; 2)

En concurrencia con la Nación y en forma permanente: impuestos indirectos.

La potestad de las provincias reconoce las siguientes excepciones: A) las materias

delegadas que corresponden al Congreso Nacional; B) no pueden alterar los principios

establecidos en los Cód. Civil, Comercio, Penal y de Minería, invocando la autonomía

del derecho tributario, obviamente siempre que los códigos no hayan legislado

impropiamente sobre materias no delegadas; C) Derechos y garantías asegurados por

la CN

o Corresponde a los Municipios: Las facultades inherentes a su condición de entes de

gobierno, con respecto a actividades cumplidas en su ámbito jurisdiccional o a las

cosas situadas dentro de tales limites, sin exceder las materias de su competencia.

Fines del sistema tributario:

Fines fiscales se materializan con la obtención de recursos con los cuales se efectúan

los gastos que irrogan las necesidades públicas. En tal caso, la actividad financiera

cumple el papel de medio o instrumento con que se habrá de cumplir otra finalidad,

esto es, la satisfacción de necesidades públicas. En consecuencia, las denominadas

“finanzas fiscales”, en la terminología de Griziotti, “persiguen la satisfacción de los

fines públicos indirectamente, porque consisten en la actividad de procurarse los

recursos con los cuales se efectúan los gastos que cumplen los fines políticos”.

Fines extrafiscales son aquellos que procuran atender el interés público en forma

directa. Ello se logra materializando, por medio de la actividad financiera del Estado,

una intervención en las distintas actividades desarrolladas por la comunidad. Tal

intervención, cómo forma directa de satisfacción del interés público, es llevada a cabo

no sólo mediante la política de gastos públicos, sino también por medio de los

recursos públicos. Así, usualmente se da como ejemplo de finalidad extrafiscal el caso

de aplicación de elevados impuestos al consumo de bebidas alcohólicas o a las ventas

de artículos suntuarios. En tales circunstancias, el Estado no procura la obtención de

recursos sino atender directamente al interés público, o sea, reducir el consumo de

tales bebidas o la venta de tales artículos.

Fines mixtos participan de las características de los dos anteriores. En el caso de los

recursos públicos, este tipo de fines se manifiesta cuando se trata, por ejemplo, de un

impuesto que se aplica no sólo para lograr medios financieros (fin fiscal) sino, además,

para atender directamente el interés público; mediante exenciones o deducciones

para determinados grupos sociales o la aplicación de alícuotas más elevadas a otra

categoría, etc. (fin extrafiscal).

Concepto de presión tributaria: es un término económico para referirse al porcentaje de los

ingresos que los particulares deben aportar al Estado en concepto de impuestos. De ese modo,

la presión tributaria de un país es el porcentaje del PIB recaudado por el Estado por impuestos.

La presión tributaria se mide según el pago efectivo de impuestos y no según el monto

nominal que figura en las leyes, de tal modo que, a mayor evasión impositiva menor presión,

aunque formalmente las tasas impositivas puedan ser altas. De hecho en países con alta tasa

3


de evasión, el Estado usualmente eleva la presión impositiva sobre los habitantes con menos

posibilidades de evasión, usualmente los consumidores

Limites:

Principio de legalidad

Principio de seguridad jurídica

Capacidad contributiva

No confiscatoriedad

Principio de igualdad

Principio de proporcionalidad

2. Efectos económicos de los impuestos: Noticia, percusión o impacto, traslación,

incidencia, difusión, remoción, amortización y capitalización. Sus proyecciones

jurídicas. Distintos tipos de traslación: hacia adelante, hacia atrás, lateral u oblicua

hacia adelante y hacia atrás. La traslación en mercados de competencia perfecta e

imperfecta.

Clasificación de los impuestos (Jarach)

Según el monto imponible

o Fijos: se establece una suma invariable por cada hecho imponible

cualquiera que fuere el monto de la riqueza gravada. Son impuestos

difíciles de hallar dado que no respetan la capacidad contributiva.

o Graduales: varían en relación a la graduación de la base imponible en

escalas, y dentro de cada escala se abona una suma fija. Esas escalas son

una suerte de categorías, de acuerdo a determinadas condiciones o

características que presenten los contribuyentes. La desventaja de estos

impuestos se presenta respecto de quienes están cerca del límite de la

escala.

o Proporcionales: se establece el monto del impuesto como alícuota

constante de la base imponible.

o Progresivos: se establece una alícuota creciente del monto imponible. La

progresión en los impuestos puede obedecer a dos técnicas:

Progresión por categorías o escalas: se clasifica a los

contribuyentes en clases o rangos según el monto total de la

riqueza que constituye la base imponible en orden creciente, y se

aplica sobre tal categoría una alícuota única por el monto total.

Desventaja: los contribuyentes que están cerca del limite.

Ejemplo:

0‐1000 5%

1001‐ 2000 10%

Si el contribuyente gana $ 1500, se le aplicará la alícuota del 10%, y

abonara 150 en concepto de impuestos.

4


El Régimen del Impuesto a las Ganancias tiene un sistema por

escalas, es más gravoso

Progresión por grados: consiste en subdividir el monto imponible

de cada contribuyente en partes o escalones que pueden ser

iguales o desiguales y aplicar sobre cada uno una alícuota distinta.

Los contribuyentes con diferentes montos imponibles están

sometidos a los mismos porcentajes hasta la concurrencia del

mismo monto imponible. Desventaja: los contribuyentes de más

riqueza están sometidos a iguales alícuotas que los de menos

dinero. Ejemplo:

0‐1000 5%

1001‐2000 10%

2001‐3000 12%

Si el contribuyente gana $3000, por los primeros 1000 se le aplica

una alícuota del 5%, ($50) por los segundos 1000 se aplica alícuota

del 10% ($100) y por los restantes 1000 la alícuota del 12%, ($120)

de modo que el impuesto determinado es: 270.

o Regresivos: aquella cuya alícuota es decreciente a medida que crece el

monto imponible.

Según el objeto gravado:

o Generales: se grava la totalidad de la actividad Ej: Todas las ventas. Son

más equitativos.

o Particulares: establece específicamente lo que ha de gravarse. Lo que no

este explícitamente contemplado no será objeto de gravamen. Tienen

como ventaja que se grava solo aquellos que esta determinado por la ley;

sin embargo, puede ocurrir que se graven ciertas cosas en desmedro de

otras.

Según la etapa de la producción en que se apliquen:

o Monofásicos: se aplican en una sola etapa de la producción. Ej: venta

minorista.

o Plurifasicos: se aplican en varias etapas; cada vez que el producto se

transforma, se le aplica el tributo. Puede ser:

Acumulativo: el impuesto pagado en etapas anteriores forma

parte del costo en etapas precedentes. Ej: IIBB. Efecto cascada o

pirámide.

No acumulativo: lo pagado en etapas anteriores no forma parte

del costo en las etapas que preceden (se excluye a través de

ciertos mecanismos). Ej:IVA

Efectos Económicos de los Impuestos: Los impuestos no son establecidos sin una previa

consideración de que materia han de gravar, cual ha de ser su rendimiento probable, que

efectos han de producir sobre la actividad y, en definitiva, quienes han de cargar con ellos. El

legislador debe conocer no solo la estructura jurídica que debe dar al tributo sino también la

realidad del fenómeno de imposición. Al decir de Aristóbulo Navarro, los efectos económicos

5


se analizan desde la probabilidad de que acaezcan, aunque no pueda establecerse con

seguridad que ello sea así, pues depende de muchos factores variables.

1. NOTICIA: cuando el contribuyente, en razón de la existencia del impuesto, modifica su

conducta a efectos de no encuadrar en el presupuesto de hecho que el legislador

enlaza al nacimiento de una obligación tributaria. Es decir: cuando quien iba a ser

alcanzado por el tributo, no lo fue porque modifico su conducta, se produce este

efecto. Tal modificación de la conducta puede producirse antes de verificar el hecho

imponible como después.

Asimismo, también es dable señalar que aun cuando jurídicamente todavía no exista

impuesto, se pueden producir efectos anticipados que impliquen la modificación de

conductas por parte de los sujetos económicos. Ej: el contribuyente que sabiendo que

en 2011 comenzaría a regir el TGB realiza las donaciones antes de la entrada en

vigencia de la norma, a fin de evadir tal impuesto.

Hay una doctrina que entiende que para evitar este efecto, el impuesto debería regir

desde que es tratado por el Congreso; postura por demás inconstitucional Principio

de legalidad

2. PERCUSION O IMPACTO: la percusión es lo que se produce sobre el contribuyente de

derecho, y consiste en el pago formal del impuesto al ente titular. Impacto acto de

chocar. El contribuyente necesitara de la disponibilidad monetaria para poder abonar

el impuesto, pudiendo acudir al crédito.

3. TRASLACION: es el proceso mediante el cual el contribuyente de derecho trata de

transferir a un tercero o a varios, total o parcialmente, la carga del tributo. Es

necesario que exista entre el percutido y el contribuyente de hecho, una transacción

en cuyo precio pueda efectuarse dicha transferencia.

Existen distintos tipos de traslación:

a. Traslación hacia adelante: un determinado contribuyente de derecho trata de

transferir la carga del impuesto que ha soportado inicialmente, a través de la

percusión, sobre otros sujetos, modificando las condiciones de la oferta de los

productos que suministra en el mercado, o sea, modificando la oferta

(alterando el precio) clientes

b. Traslación hacia atrás: (retrotraslacion) consiste en modificar no ya la oferta,

sino la demanda de factores de producción, tratando de reducir los el precio

de su adquisición. Ejemplo: quien trata de obtener una rebaja en los precios

de la materia prima. Proveedores

c. Traslación oblicua hacia adelante: cuando el contribuyente percutido modifica

su oferta no ya respecto del producto gravado por el impuesto, sino respecto

de otro producto distinto o secundario. Ej: si de la vaca se extrae cuero y leche,

el impuesto recae sobre esta ultima y no puede ser trasladado porque el

gobierno fijo un precio máximo, entonces se traslada sobre el cuero.

d. Traslación oblicua hacia atrás: cuando se realiza hacia los factores de

producción de un bien distinto al gravado. Ej: No puedo modificar los precios

ni de la leche, ni del cuero, el impuesto recae sobre la primera, entonces

intento disminuir los costos de producción del segundo, trasladando el

impuesto sobre su materia prima.

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En principio, cualquier impuesto es trasladable, dependiendo esto de cuestiones como:

el tipo de mercados, el corto o largo plazo (en los impuestos a corto plazo es mas difícil

la traslación) y el monto (si se trata de un impuesto de poca cuantía, no es conveniente

porque afecta a los clientes y tiende a disminuir la demanda de estos). El ejemplo mas

común del impuesto trasladable es el IVA. En la traslación se crea una ficción: Siempre

quiero ganar lo mismo, entonces: o disminuyo los costos o aumento los precios, para

que descontados los impuestos, me vuelva a quedar la misma ganancia.

Naturalmente pueden producirse formas compuestas de traslación, en las que se dan

varios tipos de formas Traslación mixta. Asimismo, la traslación puede ser de:

primer, segundo o tercer grado, de acuerdo a primer cambio (productor al mayorista),

segundo (mayorista al minorista) o en que se realice (minorista al consumidor).

También encontramos:

‐ Traslación alternada: cuando el percutido traslada total o parcialmente el

impuesto correspondiente a algunos consumidores, por la parte que a estos

les corresponde, mientras que soporta el impuesto correspondiente al otro

grupo de consumidores. Ej: cuando un productor nacional que exporta parte

de su producción, ante la sanción de un impuesto a la carne, eleva el precio de

los productos que comercializa en el mercado interno, pero no respecto de las

exportaciones por imposibilidad. Entonces: respecto de la carne que se

comercializa en el país traslada el impuesto, pero respecto de la que se

exporta no.

‐ Traslación acumulada: se produce cuando un grupo de consumidores debe

soportar no solo el impuesto que corresponde a los productos que adquiere,

sino también el correspondiente al otro grupo, quedando de tal forma el

percutido libre de gravamen. Ej: en la situación anterior, si el productor

traslada los impuestos de la carne que exporta sobre la comercializada en el

mercado interno, y queda libre de soportar el gravamen.

4. INCIDENCIA: Es aquel que se produce respecto de quien en definitiva soporta el

impuesto: no puede trasladarlo, y desembolsan la suma correspondiente. Genera

como efectos:

5. DIFUSION: se trata de los efectos económicos que comienzan con la incidencia; Se ha

dicho que estos son los verdaderos efectos. La incidencia implica una disminución del

ingreso del sujeto.

6. REMOCION: La remoción supone la incidencia del tributo como consecuencia de no

haber sido trasladado; supone una actividad del contribuyente incidido, tendiente a

remover de patrimonio las consecuencias dañosas que ha provocado el impuesto.

Ante la disminución que sufre el sujeto, puede ocurrir que:

‐ El contribuyente disminuya su consumo, o sea, la demanda.

‐ Disminuya el ahorro

‐ Enajene parte de su patrimonio para cubrir el gravamen transferido

‐ Aumente su oferta de trabajo para compensar la disminución del ingreso

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‐ O, en caso de ser una empresa: mejorar su estructura productiva y racionalizar

los procesos con el fin de disminuir los costos y compensar, de tal manera, la

disminución de los ingresos o de su capital.

Hay autores que denominan a este efecto “transformación del impuesto”, cado que el

contribuyente de hecho transforma la perdida en beneficio. Al decir de Aristóbulo

Navarro esto no es correcto, pues independientemente de que la transformación

beneficie al sujeto porque de acuerdo a su actividad logra remover el impuesto, existe

un detrimento, pues de haber llevado igualmente a cabo esas conductas, si no cargaba

con el impuesto su ganancia hubiera aumentado; con lo cual no puede hablarse de

“generar un beneficio, toda vez que el impuesto es una carga”. Si bien no se modifica

la renta monetaria, eso no quiere decir que no haya un perjuicio.

7. AMORTIZACION: se produce cuando un capital durablemente invertido es alcanzado

por un nuevo impuesto permanente produciéndose un desmedro en el el valor de

aquel, igual al descuento actual de los impuestos que deberán pagarse. Pueden

señalarse como condiciones para que opere:

a. Recae sobre un impuesto de tipo especifico (se grava una actividad en

particular, ej: automotores, inmobiliario)

b. Se grava un bien que genera renta: no se aplica directamente sobre el valor del

bien, lo que directamente haría disminuir su precio, aunque indirectamente

también disminuye el valor del bien.

c. Al gravarse la renta disminuye el valor del bien que produce la renta, toda vez

que al ser una imposición desigual, y solo gravar esa actividad y no otras

similares, si no disminuye el precio del bien se tornara una actividad

desventajosa.

d. Se produce una sola vez: la consecuencia recae sobre el propietario del bien.

Ejemplo: un sujeto tiene $100.000, y puede elegir entre depositarlo en el banco a una

tasa de interés del 10% o invertir en un inmueble para alquilarlo y cuya rentabilidad

ascienda al 10%. Si opta por esta ultima opción (costo de oportunidad), y recae un

impuesto sobre la renta de los alquileres que asciende al 20%, ocurrirá que la ganancia

anual será de $8.000, lo que no equivale a los $10.000 que hubiera obtenido en el

banco, con lo cual, para que se mantenga la ganancia del 10% y no se desequilibren las

actividades, el bien inmueble deberá disminuir su valor, y costar (para el futuro

adquirente) $80.000, para que manteniendo el valor de la renta (10.000), se descuente

el impuesto (2.000) y la rentabilidad siga siendo equivalente a la que brinda el plazo

fijo bancario. Entonces quedara: $100.000 es a 10.000 (inversión bancaria + tasa de

interés) lo que $80.000 es a 8.000 (inversión inmobiliaria + renta con impuesto ya

debitado). La ganancia será del 10% y ambas actividades estarán equilibradas.

8. CAPITALIZACION: es el efecto contrario; al desgravarse la renta gravada, y aumentar la

ganancia, aumentara el valor del bien para quedar equilibrado con el mercado. En el

ejemplo anterior, si se desgrava la renta de alquileres, el bien que costaba $80.000

tendrá una renta de $10.000, superando el 10% de tasa de interés bancaria, con lo cual

deberá ascender el valor del inmueble, para que vuelva a lograrse el equilibro.

Traslación en los Mercados

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‐ Mercado de competencia perfecta: es aquel que reúne los siguientes

caracteres:

o Innumerable cantidad de productores

o Productos homogéneos, perfectamente sustituibles entre si

o Cada uno de los sujetos que actúa en el, produce una cantidad

pequeña

o Existe libertad de contratación

o Hay movilidad del producto y de los factores de producción.

Dada la poca incidencia del productor en este mercado, no es fácil generar su

traslación, en tanto esta se vinculara con los costos de la actividad.

‐ Mercado de competencia imperfecta (monopolio): presenta como

características:

o La oferta del bien se concentra en las manos de un solo empresario

o Ninguna otra empresa puede surgir apra producir los mismos bienes

o La demanda del bien monopolizado se fracciona entre un numero

indefinido de consumidores

En estos casos, el productor puede influir en la modificación del precio, sea

restringiendo su oferta de productos (aumento de los precios) o su demanda

de factores (disminución de los costos). Sin embargo, en determinadas

circunstancias puede ocurrir que al productor no le convenga aumentar los

precios y salirse del punto de equilibrio, toda vez que esto disminuirá sus

ventas; prefiriendo entonces solventar el impuesto, pues seria: menos gravoso

ser incidido por el impuesto que aumentar los precios y que disminuya su

demanda.

3. Sistema Tributario en la República argentina. Breve descripción de los principales

impuestos que integran el sistema nacional, provincial y municipal.

Al decir de Villegas, se observa en Argentina un predominio de elementos históricos por sobre

los elementos racionales. El análisis de los distintos gravámenes que conforman el régimen

nacional, demuestra que la emergencia, transitoriedad y la improvisación estuvieron

presentes, generando un conglomerado impositivo que se fue plasmando con la obvia

finalidad de financiar cada vez mayores necesidades del fisco, pero sin grandes pretensiones

de armonización o coherencia.

Como avances positivos del sistema pueden señalarse:

‐ Desde el punto de vista sustancial, la incorporación del principio de renta

mundial, asi como el tratamiento de los precios de transferencia y paraísos

fiscales el el impuesto a las ganancias.

‐ Desde el punto de vista formal, el mejoramiento de las leyes y actualización de

los decretos.

Sin embargo, siguen estando presentes, grandes defectos como:

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‐ Inestabilidad: constantemente se están produciendo reformas en materia

impositiva, no permitiendo la permanencia del sistema en el tiempo.

‐ Problemas de coordinación, entre los impuestos nacionales, provinciales y

municipales

‐ Seguridad jurídica vulnerada, ante la derogación de gravámenes, superposición

de normas.

‐ Evasión.

Estructura del sistema tributario

IMPUESTOS DIRECTOS

o Patrimonio en su totalidad: Impuesto a la ganancia mínima presunta

o Patrimonio en forma parcial: Impuesto inmobiliario y Automotor (Provincias)

o Rentas con beneficios periódicos: Impuesto a las Ganancias (Nacional)

o Beneficios esporádicos: Impuesto a los Premios (nacional), Impuestos a los

juegos de azar (provinciales)

IMPUESTOS INDIRECTOS: gravan las siguientes materias:

o Producción, venta, transferencia, exportación y suministro de bienes: IVA,

impuestos aduaneros (nacionales)

o Adquisición, importación o consumo de bienes o servicios: Impuesto a la

Cinematografía (Nacional), Impuestos a los espectáculos públicos (provinciales

y municipales), Impuesto al consumo de energía (Provinciales y municipales)

o Impuestos a actividades o profesiones habituales: Ingresos Brutos (provincias)

o Exteriorización de Actos: TGB y Sellos (provinciales)

o Pago de intereses

o Circulación de riqueza: impuesto al cheque

TASAS

o Judiciales

o Administrativas

o Por servicios no particularizados

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

o De mejoras

o Por la circulación Peaje

o De seguridad social

Bolilla 2: POLITICA MONETARIA

Cuando no existía el dinero, se recurría al trueque como medio de intercambio; sin embargo,

el problema que presentaba era la necesidad de coincidencia de voluntades y el valor de

referencia. Como el tiempo, aparece el dinero como medio de pago; se trata de una confianza

que tenemos respecto del Estado.

Las funciones tradicionales que tiene el dinero son:

1. Medio de pago: es el elemento con que normalmente se cancelan las obligaciones

contraídas.

2. Reserva de valor: mantiene el valor a largo plazo.

3. Unidad de cuenta: se utiliza como base o parámetro para medir los demás precios.

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4. Patrón de pagos diferidos: se utiliza en las transacciones a largo plazo, como los

prestamos. Se vincula con la indexación

En líneas generales, puede ser definido como aquello que, generalmente, se acepta en

intercambio. Tiene curso legal (avalado por ley) y forzoso (debe aceptarse como medio de

pago).

¿Es malo emitir dinero? Depende.

‐ Ante el aumento de bienes y servicios y no de sus precios, es conveniente. Hay

que evaluar la velocidad a que aumenta. El dinero gira en la economía y lo

hace tantas veces que puede equivales al precio que adquieran esos bienes y

servicios. En época de inflaciones hay mayor circulación.

‐ En épocas de crisis, no es conveniente recurrir a la emisión de dinero.

Banco central: es una entidad autárquica de Nación, cuya misión y funciones principales son:

a. Preservar el valor de la moneda: regula la cantidad de dinero y observa la evolución

del crédito en la economía. Establece para las entidades financieras el encaje,

(reservas) con el objeto de influir en la cantidad de dinero que circula.

b. Aplicar la Ley de Entidades financieras: dicta normas reglamentarias y controla el

cumplimiento de la ley.

c. Actuar como agente financiero del Estado Nacional: le compete concentrar las

reservas de oro, divisas y otros activos, comprar por cuenta y orden del ministerio de

Economía, realizar transacciones bancarias. Puede financiar al gobierno mediante la

compra de títulos del Tesoro o adelantos transitorios.

También actúa en el Mercado Cambiario y en el Mercado de Capitales.

Sistema monetario

‐ Base monetaria: esta formada por los billetes y monedas (efectivo) y los depósitos que

tiene los bancos comerciales en el Banco central (reservas).

‐ El Banco central es la autoridad que emite los billetes que pone a disposición del

público y las empresas, es decir que: regula la oferta monetaria.

‐ El público es que el mantiene en su poder el dinero de dos formas: en efectivo y en

deposito en algún banco. Las proporciones en que mantenga el dinero estará

determinada por la tasa de interés, inflación, riesgos, etc.

‐ Los bancos son las entidades que realizan al intermediación habitual entre la oferta y

la demanda de recursos financieros.

‐ Las reservas o encajes son activos que mantienen los bancos para satisfacer:

o La demanda de activo de sus clientes

o Los pagos que hacen los clientes a través de cheques

Estas reservas incluyen tanto lo que los bancos poseen en sus cajas, como lo que

depositan en el Banco Central.

‐ Base monetaria:

o Activo: Oro y Divisas, Prestamos y encajes, Deuda Publica, Bonos comerciales y

otros activos

o Pasivo: efectivo y Depósitos de los bancos en el Banco Central

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El Banco central influye en la base monetaria a través de los siguientes mecanismos:

a. Compras en el mercado abierto: Ej: si compra a un particular bonos públicos.

b. Tasa de encaje: cuando exige que los bancos depositen un porcentaje de sus

fondos; cuando los bancos no tienen fondos, el Central puede concederles

préstamos.

c. Reservas obligatorias: los bancos están obligados a mantener una reserva

obligatoria, que sirve para cubrir las necesidades de efectivo de los ahorristas

cuando estos lo necesitan.

1


BOLILLA 12: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1. Definición y características del impuesto. Traslación.

Es una derivación de los impuestos a las ventas, tributos que, económicamente, inciden sobre

los consumos. No obstante lo cual, desde el punto de vista jurídico, no es el consumidor el

sujeto pasivo, sino otra persona que se halla en cierta vinculación con el bien destinado al

consumo.

Antecedentes Nacionales: “alcabala” española rigió durante la época de la colonia., y se

establecía sobre las diversas etapas de comercialización.

Modos de imposición: existen diversas modalidades de imposición a las ventas,

Impuestos a las ventas de etapas múltiples: Consiste en aplicar una tasa a todas las

operaciones de venta de que sean objeto las mercaderías o productos. Tiene un efecto

acumulativo, cascada o piramidal, toda vez que sobre el precio final de cada etapa se

calculara el impuesto. Es una forma distorsiva del precio.

Impuesto al valor agregado: si al mismo impuesto que grava todas las etapas se le

elimina el efecto acumulativo, nos hallamos ante el impuesto “al valor agregado”; de

modo que cada una de las etapas paga por lo que ha añadido al producto.

Impuestos a las ventas de etapa única: consiste en gravar el producto en una sola de

las etapas del proceso de producción o comercialización; esta modalidad admite como

variantes:

o Etapa minorista

o Etapa Manufacturista

o Etapa Mayorista

Caracteres:

‐ Indirecto: ya que grava los consumos que son manifestaciones mediatas de capacidad

contributiva. Es esencialmente trasladable. Esta encuadrado en las facultades

concurrentes de la Nación y las Provincias, siendo la primera la encargada de

recaudarlo para someterlo al régimen de coparticipación.

‐ Real: puesto que su hecho imponible no tiene en cuenta las condiciones personales de

los sujetos pasivos, interesando solo la naturaleza de las operaciones, negocios que

contienen sus hechos imponibles.

‐ A la circulación: toda vez que grava los movimientos de riqueza que se ponen de

manifiesto con al circulación económica.

‐ Plurifacetico: se aplica en varias etapas de la producción; es decir que cada vez que el

producto sufre una modificación, debe tributar. Los impuestos plurifaceticos pueden

ser: acumulativos efecto cascada o piramidal (el impuesto forma parte de la base

para computar el impuesto en la etapa siguiente) o NO acumulativos IVA. A su vez

existen distintos sistemas para permitir la no acumulación, tales son:

o Base Real: esta en desuso

o Base Financiera: (utilizado por nuestro país) reconoce 2 variantes;

Sistema de Adición: consisten sumar los valores agregados en la etapa

de la producción (alquileres, salarios, dividendos, etc)

Sistema de la sustracción: es más fácil de llevar a la práctica; implica a

las ventas restar las compras y el resultado se traduce en el valor

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incorporado en esa etapa de la producción. Este es el que utiliza la ley

argentina, y a su vez reconoce dos formas:

‐ Base contra base

‐ Impuesto sobre impuesto (es el que regula la ley de IVA), debe

estar detallado el IVA que se paga en cada etapa de la

producción, para luego deducirlo en la etapa siguiente. Es

decir, lo que pague de impuesto al comprar, lo voy a descontar

de lo que deba pagar al momento de vender ese mismo

producto. Permite un mejor control.

‐ Periódico: si bien el hecho imponible se perfecciona cada vez que se realiza la

operación gravada, la ley le da el carácter de periódico al reunir todos los hechos

imponibles e imputarlos a un periodo mensual. Esto, sin embargo, no ocurre en el caso

de las exportaciones, donde si tiene el carácter de instantáneo.

Traslación: es el proceso mediante el cual el contribuyente de derecho trata de transferir a un

tercero o a varios, total o parcialmente, la carga del tributo. Es necesario que exista entre el

percutido y el contribuyente de hecho, una transacción en cuyo precio pueda efectuarse dicha

transferencia.

Existen distintos tipos de traslación:

a. Traslación hacia adelante: un determinado contribuyente de derecho trata de

transferir la carga del impuesto que ha soportado inicialmente, a través de la

percusión, sobre otros sujetos, modificando las condiciones de la oferta de los

productos que suministra en el mercado, o sea, modificando la oferta (alterando el

precio) clientes

b. Traslación hacia atrás: (retrotraslacion) consiste en modificar no ya la oferta, sino la

demanda de factores de producción, tratando de reducir los el precio de su

adquisición. Ejemplo: quien trata de obtener una rebaja en los precios de la materia

prima. Proveedores

c. Traslación oblicua hacia adelante: cuando el contribuyente percutido modifica su

oferta no ya respecto del producto gravado por el impuesto, sino respecto de otro

producto distinto o secundario. Ej: si de la vaca se extrae cuero y leche, el impuesto

recae sobre esta ultima y no puede ser trasladado porque el gobierno fijo un precio

máximo, entonces se traslada sobre el cuero.

d. Traslación oblicua hacia atrás: cuando se realiza hacia los factores de producción de

un bien distinto al gravado. Ej: No puedo modificar los precios ni de la leche, ni del

cuero, el impuesto recae sobre la primera, entonces intento disminuir los costos de

producción del segundo, trasladando el impuesto sobre su materia prima.

En principio, cualquier impuesto es trasladable, dependiendo esto de cuestiones como: el tipo

de mercados, el corto o largo plazo (en los impuestos a corto plazo es mas difícil la traslación) y

el monto (si se trata de un impuesto de poca cuantía, no es conveniente porque afecta a los

clientes y tiende a disminuir la demanda de estos). El ejemplo mas común del impuesto

trasladable es el IVA. En la traslación se crea una ficción: Siempre quiero ganar lo mismo,

entonces: o disminuyo los costos o aumento los precios, para que descontados los impuestos,

me vuelva a quedar la misma ganancia.

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Naturalmente pueden producirse formas compuestas de traslación, en las que se dan varios

tipos de formas Traslación mixta. Asimismo, la traslación puede ser de: primer, segundo o

tercer grado, de acuerdo a primer cambio (productor al mayorista), segundo (mayorista al

minorista) o en que se realice (minorista al consumidor).

2. Hecho Imponible. Sujetos. Nacimiento del hecho imponible. Exenciones y tratos

diferenciales.

El hecho imponible esta dado por las ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el país.

Aspecto Material: Art 1

‐ Ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del país siempre que

sean efectuadas por los sujetos que tengan habitualidad, los comisionistas (actúan en

nombre propio pero por terceros), sean empresas constructoras, presten servicios o

sean locadores. Este hecho imponible requiere entonces de la configuración de:

‐ Aspecto objetivo: que se configure una “venta” Art 2. Se incluye un

concepto amplio de venta; quedan alcanzados, por ejemplo, los bienes de

cambio adheridos al suelo y los autoconsumos.

‐ Aspecto subjetivo: que lo verifiquen los sujetos específicamente mencionados

por la norma.

‐ Las obras, locaciones y prestaciones se servicios que la ley expresamente menciona,

realizadas en el territorio de la Nación. Las telecomunicaciones internacionales

tributaran cuando su retribución sea atribuible a una empresa situada en el país. Están

enumerados en el art 3, cuales son las actividades que quedan comprendidas en este

rotulo:

‐ Trabajos sobre inmuebles de terceros: construcciones, instalaciones,

mantenimiento y conservación, etc. Entran aquí los plomeros, gasistas,

pintores, etc.

‐ Obras sobre inmueble propio

‐ Elaboración, construcción o fabricación de cosas muebles por encargo de

terceros.

‐ Obtención de bienes de la naturaleza: se refiere a la extracción de minerales,

cría de animales, pesca, caza, etc, realizados por encargo de un tercero.

‐ Locaciones y prestaciones de servicios varios Generaliza. La técnica

legislativa deja bastante que desear, dado que el IVA es un impuesto

especifico.

‐ Las importaciones definitivas de cosas muebles: se trata de ingresar al país bienes para

el consumo.

‐ Las prestaciones de servicios realizadas en el exterior pero que se vayan a utilizar o

explotar en el país. Exención: si los destinatarios son el Estado nacional, provincial,

municipal.

Aspecto Personal: (Sujetos) Surge del art 4 quienes son los obligados al pago:

1. Quienes hagan habitualidad en la venta de cosas muebles

2. Quienes realicen actos de comercio accidentales con cosas muebles; se trata de ventas

de dichas cosas que han sido previamente adquiridas con el animo de lucrar.

4


3. Herederos o legatarios de responsables del gravamen: cuando enajenan bienes que en

cabeza del causante hubieran estado sujetos al gravamen.

4. Comisionistas y otros intermediarios

5. Importadores

6. Empresas constructoras que realicen obras sobre el inmueble propio, cualquiera sea la

forma jurídica que hayan adoptado.

7. Quienes presten servicios gravados (art 3)

8. Quienes sean locadores, si la locación esta gravada

9. Los prestatarios de servicios en el exterior que vayan a ser explotados en el territorio

nacional.

En tal sentido diremos que el Fisco es el sujeto activo; y que los Consumidores Finales son

quienes realmente resultan percutidos por el impuesto (contribuyente de hecho)

Aspecto temporal: si bien el art 5 dispone que el hecho imponible se perfecciona cada vez que

se lleva a cabo una operación o actividad gravada, la ley establece un método de liquidación y

un régimen de pago del impuesto mensual en la mayoría de los casos.

El perfeccionamiento de los hechos imponibles ocurre:

‐ En el caso de las ventas: desde el momento en que se entrega el bien o se emite la

factura, lo que ocurra primero.

‐ En el caso de Prestaciones de servicios: desde el momento en que se termina de

ejecutar la prestación o desde que se percibe total o parcialmente el precio, lo que

ocurra primero.

‐ En el caso de trabajos sobre inmuebles de terceros: desde el momento de aceptación

del certificado de obra, desde la percepción del precio o desde la facturación, lo que

ocurra antes.

‐ En los casos de locación: desde el momento en que se devenga el pago o se percibe, lo

que ocurra primero.

‐ En el caso de obras sobre inmuebles propios: desde el momento de transferencia a

titulo oneroso del inmueble

‐ En el caso de importaciones: desde el momento en que estas sean definitivas.

Entonces encontramos que el hecho se perfecciona:

Principio General Entrega del bien o emisión de la factura, lo que ocurra primero

Casos particulares Luz, Agua: desde el vencimiento de la factura o cuando se

percibe, lo que ocurra antes. Se aplica el criterio del devengado, la empresa pagara el

IVA aunque el cliente no pague la factura. Lo que importa es haber puesto los bienes a

disposición del comprador.

Exenciones: Art 7.

Objetiva: (inc b) Sellos de correo, timbres fiscales y análogos, de curso legal o

destinados a tener curso legal, billetes de banco, títulos de acciones y obligaciones.

(inc h) Los servicios personales domésticos; Los servicios de sepelios;

Subjetiva: (inc h) Las prestaciones de locaciones llevadas a cabo en el exterior cuando

sean en utilidad del Estado nacional, provincial, municipal.

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Mixta: (inc f) el agua ordinaria natural, la leche fluida en polvo, entera o descremada

cuando el comprador sea el Estado Nacional, Provincial o Municipal u organismos

descentralizados.

Conforme al art 8, quedan exentas de IVA las importaciones con franquicias, las exportaciones.

3. Base imponible. Crédito y debito fiscal. Alícuotas. Liquidación y pago.

La base imponible de un impuesto es, por lo general, la magnitud sobre la que se aplica la

alícuota, obteniéndose de esta manera el importe tributario; en el caso del IVA no es esto, sino

la base del cálculo de créditos y débitos fiscales, cuya diferencia constituirá el importe

tributario a pagar. El art 10, no se refiere propiamente a la base imponible sino al: Precio Neto

de Venta (PNV); se trata de la resta al Precio de Venta del componente impositivo. Surge de la

factura o documento análogo. Ejemplo: Precio de Venta de una gaseosa $10. Si le resto el IVA

(21% = 2,1), obtengo que el Precio Neto de Venta es: $7,90.

Técnica de determinación del Impuesto:

DEBITO FISCAL: Art 11, Surge como resultado de aplicar a los importes totales de los

precios netos de las ventas, locaciones, la alícuota que fija la ley para tales

operaciones. Es Precio Neto de Venta x Alícuota (%). Ejemplo:

Precio Neto de Venta: $10

Alícuota: 21%

10 x 21% = 2,10 Debito Fiscal

Solo en el caso de que no exista crédito fiscal, el debito fiscal va a ser el impuesto

adeudado por el contribuyente en el periodo.

CREDITO FISCAL: Art 12, una vez obtenido el debito fiscal, corresponde recuperarlo del

impuesto facturado y cargado en la etapa anterior, que recibe el nombre de crédito

fiscal. Si el gravamen estuviera incluido en el debito fiscal, dicho impuesto seria

acumulativo, en cascada o piramidal; Es justamente la resta del crédito fiscal lo que

hace que, en definitiva, cada etapa pague por el valor agregado al bien. Ejemplo:

Etapa 1 de la Producción:

Precio de Venta: $6 (PNV + Impuesto)

Precio neto de Venta: $5

IVA: $1 Debito Fiscal

Etapa 2 de la Producción

Precio de Venta: $12,10

Precio Neto de Venta: 10

Impuesto: $2,10 (debo restar el crédito fiscal)

Pero este productor, ya pago $1 de IVA respecto de la etapa 1, con lo cual, ese peso se

constituye en su CREDITO FISCAL (surge de la factura), con lo cual, para determinar el

impuesto a abonar, deberá restar a su impuesto determina ($2,10) lo que abono al

realizar la compra del bien ($1), de todo lo cual deviene que solo debe ingresar: $1,10

en concepto de impuesto.

6


2,10 (impuesto liquidado: $10 PNV x alícuota) – 1 = 1,10 Impuesto

Podemos decir entonces que el Crédito fiscal equivale al debito fiscal de la etapa

anterior. Entonces, el Estado siempre recauda el 21% del precio de venta del producto

o servicio ($12), pero eso se compone de $1 de la Etapa 1 de la producción y $1,10 de

la Etapa 2.

Cuando el impuesto se cruza con un monotributista/exento, se interrumpe la cadena de NO

acumulación; no puede tomar el crédito fiscal ni genera debito fiscal.

Saldos a Favor: Art 24

o Saldo técnico: Cuando el Crédito fiscal supera al debito fiscal se genera un Saldo a

favor. Ejemplo: empresas que recién comienzan a producir y aun no han tenido

grandes volúmenes de ventas. Ese saldo se puede trasladar a periodos posteriores del

IVA.

o Saldo de libre disponibilidad: puede ser obtenido por,

Exportadores

Agentes de retención o percepción

Pueden imputar ese saldo al IVA, a otros impuestos o solicitar su reintegro.

Alícuotas: del Art 28 surgen las tasas aplicables,

‐ General: 21%

‐ Se incrementa al 27% para las ventas de gas, energía eléctrica y aguas cuando el

destinatario sea un responsable inscripto. El Ejecutivo puede reducirlas al 25%.

‐ Disminuya a 10,5% cuando se trate de ventas de determinados bienes enumerados

taxativamente. Ej: animales vivos de ganados bovinos, ovinos, camélidos, miel de

ovejas, frutas, legumbres y hortalizas.

4. Régimen de Inscripción. Facturación y Registración

Con referencia a la Facturación podemos distinguir 3 tipos de sujetos:

Monotributistas y Exentos: Factura C; no esta discriminado el IVA. Interrumpen la

cadena de créditos y débitos fiscales.

Responsables inscriptos: Factura A cuando realizan una operación con otros

responsables inscriptos, y Factura B cuando operan con un monotributista, exento o

consumidor final. En la factura esta perfectamente discriminado el IVA, lo que permite

conocer el crédito fiscal.

Casos Especiales:

‐ Exportaciones: Art 43. No están gravadas, y pueden tomar a su favor todo el crédito

fiscal; es lo que comúnmente se llama reintegro a las exportaciones, de devuelve lo

que se haya abonado en concepto de impuesto.

7


‐ En el supuesto de una empresa constructora cuya actividad no es la venta de

inmuebles que construye un inmueble para si no esta gravada con IVA. Si luego decide

vender ese bien, hay que distinguir: si es antes de los 10 años debe devolver el crédito

fiscal, si es luego, no devuelve (art 10)

1


BOLILLA 13: IMPUESTOS INTERNOS

1. Características del impuesto. Hecho imponible. Concepto de expendio.

LEY 24764. Son impuestos al consumo que se denominan “internos” por oposición a los

impuestos externos o aduaneros. Gravan también mercadería que se introduce del extranjero.

La denominación “internos” es desacertada, pues en rigor de verdad todos los impuestos que

recauda el país son internos.

Caracteres:

‐ Indirectos: gravan una capacidad mediata de capacidad contributiva Consumo

‐ Reales: no se basan en las condiciones particulares del sujeto obligado

‐ Permanentes

‐ Facultadles concurrentes, entre Nación y Provincias.

Hecho imponible

ASPECTO MATERIAL: consiste en el expendio de artículos nacionales o importados;

expendio significa trasferencia a cualquier titulo de la cosa gravada en todo el

territorio de la Nación. En el caso de los cigarrillos, el expendio esta dado por la salda

de la fabrica o deposito local; allí se produce la transferencia de los respectivos

productos gravados.

ASPECTO TEMPORAL: es el momento del expendio. Sin embargo, el tributo se liquida y

paga por mes calendario.

ASPECTO SUBJETIVO: los destinatarios tributarios pueden ser:

o Responsables por deuda propia: los fabricantes, importadores o

fraccionadores; las personas por cuya cuenta se realicen las elaboraciones o

fraccionamientos; y los intermediarios.

o Responsables por deuda ajena: los que deben pagar para retirar los efectos de

fabrica, los intermediarios entre los responsables y los consumidores.

ASPECTO ESPACIAL: se aplica en todo el territorio de la Nación. Es recaudado por AFIP.

2. Sujetos. Base imponible. Principio general y excepciones. Alícuotas.

Base imponible: Por principio general, esta dada por el precio net de venta que resulta de la

factura o documento equivalente, extendido por las personas obligadas a ingresar el impuesto.

Excepción: en el caso de los cigarrillos, tributan sobre el precio de venta al consumidor,

inclusive impuesto, exceptuando el IVA.

Se entiende por precio neto de venta el que resulta una vez deducidas:

‐ Las bonificaciones y descuentos hechos al comprador por fecha de pago u otro

concepto

‐ Los intereses por financiación del precio

‐ El debito fiscal del IVA

2


Cuando la transferencia del bien no es onerosa, se toma como base imponible el valor

asignado por el contribuyente en operaciones comunes con productos similares.

Cuando las facturas no contengan el valor de plaza, AFIP puede establecerlo.

Alícuotas: son distintas según el producto de que se trate.

Determinación y pago: El impuesto debe determinarse y abonarse por mes calendario,

mediante el sistema de declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo.

Exenciones:

Los vinos

Los jarabes que se expendan como especialidades medicinales o veterinarias

Los seguros agrícolas, de accidentes personales, de vida

1


BOLILLA 14: IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

1. Características del impuesto. Cuestiones constitucionales: transporte

interjurisdiccional, establecimientos de utilidad nacional. Hecho imponible.

Requisito de la habitualidad. Exclusiones.

Caracteres:

‐ Indirecto: grava una exteriorización mediata de la capacidad contributiva; el ejercicio

habitual de una actividad constituye para el legislador un indicio de aptitud para

contribuir

‐ Real: porque no tiene en cuenta las condiciones subjetivas de los destinatarios legales

tributarios, sino la actividad que estos ejercen.

‐ Local: se adecua al principio de la territorialidad, estando gravadas las actividades

realizadas dentro de una jurisdicción determinada.

‐ Proporcional: de alícuota única

‐ Periódico: esta sujeto a un régimen de anticipos.

Cuestiones constitucionales

Transporte interjurisdiccional: Art 75 inc 13, faculta a la Nación a reglar el comercio

internacional e interprovincial. Esta potestad no puede ser afectada por disposiciones

impositivas provinciales. En virtud de esta restricción, la Corte invalido el “tributo al

te” que una provincia aplicaba a la salida de tal mercadería.

Establecimientos de utilidad nacional: La reforma de la Constitución Nacional de 1994,

ha determinado en su art 75 inc 30, la Facultad de la Nación a ejercer legislación

exclusiva sobre establecimientos de utilidad nacional sitos en lugares adquiridos por

compra o cesión de cualquier de las provincias. Es decir que estos establecimientos

están sometidos a jurisdicción nacional y excluidos del poder tributario de las

provincias. Pese a esto no se ha modificado el CF de la Prov. De Buenos Aires que

permite gravar las actividades desarrolladas en cualquier lugar de su territorio

(incluidos los sitios de utilidad nacional)

Doble imposición Convenio multilateral. Se miden los ingresos y gastos en cada

jurisdicción; se aplica coeficiente que divide lo que corresponde tributar en cada una.

Hecho Imponible:

ASPECTO MATERIAL: es el ejercicio habitual y a titulo oneroso en provincia de Bs.AS. del

comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios, o de

cualquier otra actividad a titulo oneroso lucrativa o no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto

que la preste y el lugar donde las realice, Art 182 CF.

‐ Ejercicio: debe existir una actividad efectiva y no potencial

‐ Habitual: no tiene que ver con la periodicidad, sino con que la actividad sea un medio

de vida para la persona. La habitualidad no se pierde por discontinuidad, ej: Heladería

que cierra en invierno. Se apunta a evaluar la índole de las actividades que se

desarrollan. Están igualmente alcanzadas: Art 184

o Profesionales liberales

o Compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales

2


o Loteos y fraccionamientos de inmuebles

o Explotaciones agrícolas, mineras, pecuarias

o Comercialización de mercaderías

o Intermediación

o Operaciones de préstamos de dinero.

‐ Oneroso: debe existir una contraprestación por la actividad que se desarrolla. Esto

implica distinguir oneroso y lucrativo. El lucro encierra un fin subjetivo: percibir

ganancia. Aquí no se exige que se verifique tal finalidad, pero si que se perciba dinero.

‐ Territorialidad: debe realizarse dentro de provincia de Buenos Aires

Exclusiones: Art 186

1. Trabajo en relación de dependencia

2. Desempeño de cargos públicos

3. Transporte internacional de pasajeros y mercadería

4. Exportaciones

5. Honorarios de directorios y consejos de vigilancia

6. Operaciones de cooperativas

ASPECTO PERSONAL: son contribuyentes del impuesto, las personas físicas, sociedades con o

sin personería jurídica, y demás entes que realicen las actividades gravadas. La autoridad

puede determinar que estos sujetos, cumplidas ciertas condiciones se conviertan en agentes

de percepción o retención, por su cercanía con la materia gravada.

ASPECTO TEMPORAL: El periodo fiscal será el año calendario; sin perjuicio de ello, el gravamen

se ingresara mediante anticipos mensuales liquidados por la Autoridad de Aplicación.

ASPECTO ESPACIAL: las actividades gravadas deben realizarse en Prov. De Buenos Aires.

2. Base imponible. Principios generales de cuantificación y atribución al periodo fiscal.

Excepciones. Deducciones. Alícuotas. Liquidación del impuesto. Distintas

modalidades.

La base imponible presenta como problemáticas: la cuantificación y la atribución del ingreso a

un determinado periodo fiscal.

Cuantificación: determina el art 187 del CF, que se cuantifica de acuerdo a los ingresos brutos

que tenga el sujeto durante el periodo fiscal, provenientes de la actividad gravada. Sin

embargo, hay casos especiales, donde la base imponible se compone de la diferencia entre el

precio de compra y el de venta; Art 191, tal es el caso de: Venta de billetes de lotería,

comercialización de tabaco, cigarrillos, comercialización de granos, etc.

Atribución: existen dos sistemas:

o Devengado: es el principio general; implica que existe el derecho al cobro. Ej: cheque a

60 días librado el 1 de diciembre de 2011, debe ser atribuido al periodo fiscal 2011,

toda vez que existe el derecho a incorporar el dinero al patrimonio. Es utilizado por

quienes llevan una registración estrictamente formal.

3


o Percibido: es la excepción; contempla el ingreso cuando efectivamente ha sido

sobrado. Ej: en el caso del cheque, se imputaría al periodo 2012, cuando se cobra

efectivamente el cheque. Es utilizado por quienes no tienen obligación de llevar

documentación formal (profesionales)

o Devengado exigible: creado por el CF para dos supuestos específicos, donde si se

utiliza el devengado se torna muy gravoso y si se basa en el percibido se trasladan los

riesgos de cobro al Estado, Art 187

Venta de inmuebles en más de 12 cuotas.

Venta de buques en mas de 12 cuotas

Se computaran como ingresos brutos la suma de las cuotas que vencen en ese periodo

fiscal.

El Código utiliza el criterio del devengado (art 201), pero establece ciertos reparos:

‐ Venta de bienes inmuebles: desde el momento en que se firma el boleto o se entrega

el bien, lo que ocurra antes

‐ En el recupero de créditos deducidos como incobrables, en el momento en que se

efectúa el recupero.

Deducciones: Al respecto aparecen los arts 188 (no integran la base imponible) y 189 (integran

la base imponible pero se deducen, propiamente)

Art 188: se aplica Siempre, fuera cual fuere el método de base imponible que se utilice; Están

contemplados en la Norma: IVA e impuestos internos, Subsidios otorgados por el Estado,

ingresos correspondientes a la venta de bienes de uso.

Art 189: solo se aplica para quienes utilizan el método del devengado; se contemplan: Sumas

correspondientes a devoluciones, compensaciones y descuentos; importes de créditos

incobrables, Importes de envases y mercaderías devueltas.

Alicuotas: surgen de la Ley Impositiva; La alícuota general es de 3,5%; Sin embargo, se fijan

otras alícuotas, dependiendo de la actividad de que se trate. Se agrupan de acuerdo al tipo de

actividad Codigos.

Liquidación del impuesto: Es un impuesto anual, siendo el periodo fiscal el año calendario.

Existen distintos regímenes de Liquidación: Art 209

o Contribuyentes Mensuales (de ARBA y Convenio): presentan declaraciones Juradas

mensuales donde declaran los ingresos que han tenido, las retenciones y demás datos

que sirvan para la determinación del tributo.

o Contribuyentes de Arbanet: la Administración preliquida mes a mes lo que debe

abonarse en concepto de impuesto. Se ingresa al régimen por cumplir ciertos

requisitos (Ingresos anuales que no superen los $300.000); el contribuyente debe

confirmar la liquidación que efectúa la administración e ingresas el impuesto.

Presentan una Declaración Jurada anual.

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El gravamen se va a integrando por los anticipos mensuales; finalizado el año calendario, a

través de la declaración jurada anual se cuantifica la obligación tributaria.

3. Exenciones. Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el crecimiento

Exenciones: surgen del art 207,

Objetiva: (inc d) Edición de libros, diarios, periódicos y revistas; (inc h) los intereses de

depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes y a plazo fijo.

Subjetiva: (inc a) Actividades ejercidas por el Estado Nacional, Provincial, Municipal; (in

b) bolsas de Comercio autorizadas.

Mixta: (inc i) las cooperativas integradas por vecinos que realicen actividades de

construcción de redes de distribución de gas o presten servicios de suministro.

Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento

El esquema tributario vigente no resulta el más adecuado para la promoción de la

competitividad de los productores locales. Para tratar de solucionar este enfoque el gobierno

nacional" invitó" a las provincias a suscribir el Pacto Fiscal del 12.08.93, en donde entre otras

cosas se propuso:

la derogación del impuesto sobre los ingresos brutos para agosto de 1996,

sustituyéndolo por un impuesto general al consumo que tienda a garantizar la

neutralidad tributaria y la competitividad de la economía. Esta derogación estaba

precedida de una serie de exenciones a determinadas actividades (producción

primaria, prestaciones financieras, industria manufacturera, construcción de

inmuebles, etc.)

derogación del impuesto de sellos a toda operatoria financiera y de seguros

institucionalizada que afectase a los sectores agropecuarios, industrial, minero y de la

construcción y gradualmente ir abarcando el resto de las operaciones y sectores,

debiendo completarse dicha derogación antes del 30 de junio de 1995.

A cambio de estos" sacrificios provinciales ", la Nación acordaba su “cuota de sacrificio",

derogando el impuesto sobre los activos para las actividades por las que se derogara sellos, y

reduciendo el impuesto al trabajo, en las jurisdicciones y para las actividades, en donde se

produjera la derogación del impuesto sobre los ingresos brutos.

También se acordaba en dicho Pacto que las provincias derogaran de inmediato los impuestos

específicos que graven la transferencia de combustibles, gas, energía eléctrica y servicios

sanitarios, excepto que se traten de transferencias destinadas a uso doméstico.

Asimismo se derogarían de inmediato los que graven directa o indirectamente, a través de

controles, la circulación interjurisdiccional de bienes o el uso para servicios del espacio físico,

incluído el aéreo. Se promovía en el mismo sentido de lo propuesto en el párrafo anterior

idéntica actitud por parte de los Municipios. Asimismo se propiciaba la derogación de las tasas

municipales en general en los casos que no constituyeran la retribución de un servicio

efectivamente prestado, o en aquellos supuestos en los que se excediera el costo que se

derive de su prestación.

5


En los hechos las medidas que se acordaron desde el punto de vista formal, fueron

desvirtuadas por medidas de administración tributaria que llevaron a limitar las exenciones o

liberalidades otorgadas. Se observó en los gobiernos locales lo que llamamos “resistencia

pasiva” a la concreción de una coordinación financiera interna propuesta por el gobierno

central.

4. Convenio Multilateral. Características. Régimen general y especiales. Autoridad de

aplicación.

Así como la ley de coparticipación federal constituye un régimen de coordinación vertical del

ejercicio de las facultades impositivas del estado nacional y de los estados locales, a los efectos

de evitar los supuestos de superposición de gravámenes en los casos de facultades

concurrentes, el convenio multilateral es un sistema de coordinación horizontal entre las

provincias y la Ciudad Autónoma de Bs. As, las cuales son titulares del poder tributario en

cuestión, y acuerdan la coordinación de su ejercicio.

Además de la finalidad principal de evitar superposiciones impositivas, el convenio multilateral

cumple una importante función, en lo que respecta a la amortización del ejercicio de poderes

tributarios autónomos, en razón de ello el Art. 32 del convenio establece que las jurisdicciones

adheridas no podrán aplicar a las actividades comprendidas en el presente convenio alícuotas

o recargos que impliquen un tratamiento diferencial con respecto a iguales actividades que se

desarrollen, en todas sus etapas, dentro de una misma jurisdicción.

El ámbito de aplicación del convenio esta dado por aquéllas actividades ejercidas por un

mismo contribuyente, por si o por terceras personas, en dos o más jurisdicciones, cuyos

ingresos brutos provengan de un proceso único económicamente inseparable, fijándose en

tales casos las pautas para establecer que monto de los ingresos en cuestión podrá gravar cada

una de las jurisdicciones en las cuales desarrolla sus actividades.

Dentro del Convenio Multilateral existen:

Regímenes Especiales: Por ejemplo las profesiones liberales. Se trata de determinados

supuestos en los cuales se considero que la aplicación del régimen general hubiera

resultado inequitativo o demasiado complejo, y que consisten en la atribución en

forma preestablecida de porciones fijas de la base imponible.

Regímenes Generales: toma en cuenta los ingresos obtenidos y los gastos soportados

en cada jurisdicción en relación con los ingresos y gastos totales por considerar que

ellos constituyen parámetros relevantes para medir el volumen de la actividad

desarrollada en cada jurisdicción. (Ej.: 50% según los gastos, 50% según los ingresos)

Organismos de Aplicación: el convenio prevé la existencia de dos organismos de aplicación, la

Comisión Arbitral (tiene a su cargo el dictado de resoluciones generales interpretativas que son

obligatorias para los fiscos adheridos, así como también el resolver las cuestiones que sometan

a su consideración, en casos concretos, tanto los fiscos como los particulares, y que se originen

en la aplicación de las normas del convenio multilateral) y la Comisión Plenaria (las principales

funciones a su cargo son la de aprobar su reglamento interno y el de la Comisión Arbitral,

establecer las normas procesales que rigen la actuación ante ambas comisiones , sancionar el

presupuesto, etc. dentro de sus funciones la que tiene mayor relevancia es la de resolver con

6


carácter definitivo los recursos de apelación planteados contra las resoluciones de la comisión

arbitral.

1


BOLILLA 15: IMPUESTO A LAS GANANCIAS

1. Características del impuesto. El concepto de renta según las distintas teorías. Objeto

del impuesto: fuente, periodicidad y habilitación. Excepciones. Fuente argentina y

extranjera

Caracteres:

Directo: grava una manifestación inmediata de capacidad contributiva; en tal carácter

es típicamente provincial, aunque la Nación ha hecho en forma permanente uso de la

facultad que le otorga el art 75 inc 2 y lo ha regulado ficticiamente como de

emergencia, teniendo un término de fenecimiento que se va prorrogando

periódicamente.

Personal: su alícuota es progresiva para las personas físicas, teniendo en cuenta

especiales situaciones subjetivas del contribuyente (casado, hijos, etc); No obstante,

esto no es así de modo absoluto, ya que existe una imposición proporcional de

carácter real en cuanto a ciertos contribuyentes (sociedades de capital)

Periódico: se extiende del 1 de enero al 31 de diciembre;

Doble progresión

Concepto de Renta: existen distintas teorías que han intentado conceptualizar la renta,

Teoría de la Renta‐Producto: sostenida por los financistas que siguen las doctrinas

económicas tradicionales. Distinguen capital de renta, entendiendo que capital es toda

la riqueza corporal o incorporal durable capaz de producir una utilidad a su titular;

mientras que renta es la utilidad que se obtiene del capital. Con lo cual, la renta es el

producto neto que se extrae de una fuente capaz de producirlo. Es una teoría

prevalecientemente objetiva, y pone de relieve el origen de la renta.

Teoría de la Renta‐Incremento Patrimonial: considera renta todo ingreso que

incremente el patrimonio. La noción de renta es amplísima e incluye no solo los

ingresos periódicos sino también aquellos ocasionales, como las donaciones, legados,

ganancias de juego, etc. Es una teoría prevalecientemente subjetiva, tiene en cuenta el

resultado: cuanto aumenta la riqueza del particular.

Lo mas indicado es inclinarse por el criterio funcional de renta (García Belsunce), que

subordina su significado a lo que dispongan los textos legales. Se trata de una posición

congruente con las necesidades fiscales y las normas legislativas. En general, los sistemas

tributarios han evolucionado de la primera teoría, a la segunda.

Desventajas del impuesto:

Obstaculización del ahorro y capitalización

Inflación

Aliciente éxodo de capitales

Complejidad

Antecedentes: los podemos encontrar en el llamado impuesto a los réditos, que comenzó a

regir en nuestro país a partir de 1932 como un impuesto de emergencia. El nombre de

impuesto a las ganancias surge a partir de 1974.

2


El hecho imponible es obtener ganancias, entonces hay que analizar el concepto de ganancias.

Para desglosarlo, hay que analizar los distintos aspectos:

Aspecto Material: art 2. Dispone que son ganancias,

1. Los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de periodicidad. Los

caracteres que deben reunir estas ganancias son:

Periodicidad: deben reproducirse en el tiempo; hay algunas

excepciones donde se gravan beneficios accidentales. Ej:

Indemnización por falta de preaviso

Permanencia: implica el mantenimiento o inalterabilidad de la fuente

productora. Hay algunas excepciones, como cuando se grava los

ingresos por transferencia definitiva de marcas o patentes de

invención (la fuente se extingue)

Habilitación: la fuente de producción debe ser idónea para generar

ganancia.

Se alinea dentro de la Teoría de la Renta‐Producto. Ej. Árbol de manzanas:

cada cierto tiempo da frutos, se mantiene en el tiempo y está habilitado a dar

manzanas. Esta habilitado para dar manzanas, si diera Pomelos, no seria

ganancia.

2. Los rendimientos, rentas o beneficios obtenidos por los responsables de

Sociedades de capital. Se enrola en la teoría de la renta‐incremento

patrimonial, por cuanto prescinde de la periodicidad y de la fuente.

3. Los beneficios obtenidos por la enajenación de bienes muebles amortizables,

acciones, títulos.

La noción de ganancia comprende tanto la ganancia percibida como la devengada;

Actividades ilícitas o inmorales: al no permitir la deducción de los quebrantos,

implícitamente se reconoce a gravabilidad de las mismas.

Aspecto temporal: es un impuesto de verificación periódica., y su hecho imponible se

tiene por acecido el 31 de diciembre de cada año.

Aspecto personal: pueden ser sujetos del impuesto tanto las personas físicas como

jurídicas.

Aspecto Espacial: la ley argentina adopta el criterio de la renta mundial, combinado

con el de al fuente como criterio espacial de atribución de la ganancia.

o Sujetos Residentes en el País Renta mundial: tributan sobre la totalidad de

las ganancias obtenidas aquí y en el extranjero. Son residentes quienes poseen

nacionalidad argentina, y los extranjeros con residencia permanente (periodo

de 12 meses). En el caso de sociedades, serán residentes si se constituyeron en

el país. Son también residentes las sucesiones indivisas en las que el causante

a la fecha de fallecimiento revestía la condición de residente en el país. La ley

regula pormenorizadamente los casos de perdida de la condición de residente.

Cuando el sujeto residente en el país tribute por sus ganancias obtenidas en el

exterior Tax credit, computa como pago a cuenta del impuesto los

gravámenes que ha ingresado en el otro país hasta el limite del incremento de

3


la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el

otro país.

o Sujetos no residentes Criterio de la fuente: tributan exclusivamente sobre

las ganancias de fuente argentina.

El art 5, establece que son de fuente argentina las ganancias que provienen de bienes

situados, colocados o utilizados en Argentina, de la realización de cualquier actividad

en el territorio, o de cualquier otro hecho ocurrido dentro del territorio, sin importar la

nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan.

El art 127 dispone que son ganancias de fuente extranjera las que provengan de bienes

situados, colocados o utilizados económicamente en el exterior, de la realización en el

extranjero de cualquier actividad susceptible de producir beneficios, y las que surjan

de la venta de bienes exportados en forma definitiva.

2. Sujetos pasivos del impuesto: Personas físicas. Sucesiones indivisas. Sociedad conyugal.

Sociedad y sujetos empresa. Sucursales de empresas extranjeras. Sujetos domiciliados

en el exterior.

Dispone el art 1 que revisten el carácter de contribuyentes:

Personas físicas, capaces o incapaces.

Personas de existencia ideal:

o Sociedades enumeradas por el art 69: de capital. Sociedades anónimas, en

Comandita por Acciones, SRL, Fideicomisos, Asociaciones Civiles y fundaciones.

o Establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios, mineros o de

cualquier otro tipo organizados como empresa estable.

o Demás sociedades constituidas en el país y unipersonales

Sucesiones indivisas: hasta la declaratoria de herederos o la declaración de validez del

testamento.

En cuanto a las primeras si son residentes Tributan por todas sus ganancias (argentinas y

extranjeras); Criterio de la nacionalidad. Choca con doble imposición internacional. Hay

deducciones y pagos a cuenta hasta el incremento de la obligación fiscal en Argentina.

Compensación por el pago de impuestos análogos con los que rigen en otro país (Ejemplo: 35%

en Argentina y 45 % en USA. Pago en USA 10%, ya que el resto lo pago en Argentina). A su vez

lo que se deja de pagar en el país (producto de exenciones) se paga en otro país. Cuando se da

el caso de multinacionales, si en Argentina están exentos pagan en su país de origen por el

porcentaje de lo que dejan de pagar en nuestro país (siempre hasta el incremento de su

obligación fiscal; si no son residentes Tributan por las ganancias de fuente Argentina.

Respecto de las personas jurídicas de carácter publico la doctrina esta dividida; Fonrouge

sostiene que son sujetos de obligaciones porque el art 20 los exime, con lo cual implícitamente

se reconoce que verifican el hecho generador. Otra postura (Villegas) sostiene que el Estado

Nacional, los provinciales y municipales, no pueden ser destinatarios legales por cuanto

técnicamente carecen de capacidad contributiva.

Sujetos domiciliados en el extranjero: tributan aquellos que residan en el exterior pero sean

beneficiados con rentas resultantes de la existencia de un establecimiento estable en el país.

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Sucursales de empresas extranjeras: las filiales locales deben efectuar sus registraciones

contables en forma separada de sus casas matrices y de las restantes sucursales, haciendo las

rectificaciones necesarias para determinar su resultado impositivo de fuente argentina. En

caso de faltar la documentación necesaria para poder arribar a tal conclusión, el órgano fiscal

puede considerar que las filiales del país y las empresas madres forman una unidad económica

y determinar así la ganancia neta sujeta a gravamen.

Sociedad Conyugal: Cada cónyuge tributa por lo que genera. En el caso de ingresos de la

socidad conyugal, pueden adoptarse distintos criterios: que tribute el marido, que tribute la

mujer, ambos a medias. La ley utiliza el criterio de que debe pagar el hombre, Art 30.

3. Determinación de la ganancia: categorías. Deducciones. Concepto y análisis.

Determinación de las ganancias imponible. Exenciones.

La ley divide ganancias y gastos en categorías:

PRIMERA CATEGORIA Renta del suelo: Integran esta categoría, Art 41

o El producido en dinero o especie de locación de muebles urbanos y rurales

o Cualquier especie de contraprestación obtenida por la constitución de

derechos reales a favor de terceros

o El valor de mejoras introducidas en el inmueble por inquilinos

o Contribución de otros tributos que el inquilino haya tomado a su cargo

o Valor que los inquilinos paguen por el uso de otros muebles del propietario

o Sublocación

En definitiva, están incluidas las rentas reales o presuntas derivadas de los inmuebles

situados en el país o exterior, siempre que no estén comprendidas dentro de la 3era

categoría.

SEGUNDA CATEGORIA Renta de capitales: Art 45,

o Renta de títulos, cedulas, bonos, letras de tesorería

o Regalías y subsidios periódicos

o Rentas vitalicias y participaciones en seguros de vida

o Dividendos

Se incluyen todas las rentas de capital que no sean incluidas en la 3era categoría.

TERCERA CATEGORIA Beneficios de las empresas y ciertos auxiliares de comercio:

Art 49

o Responsables de las sociedades de capital

o Las que deriven de otras Sociedades constituidas en el país o unipersonales

o Derivadas de la actividad del comisionista, rematador, consignatario

o Derivadas de loteos con fines de urbanización

o Las demás ganancias no incluidas en otras categorías; tiene carácter residual.

Esta categoría tiene un carácter predominante respecto de las demás; se define de

acuerdo al sujeto (Personas Jurídicas)

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CUARTA CATEGORIA Renta del trabajo personal: se trata de las rentas derivadas

del trabajo o esfuerzo personal,

o Desempeño de cargos públicos

o Trabajo en relación de dependencia

o Jubilaciones, pensiones que tengan su origen en el trabajo personal

o Ejercicio de profesiones liberales

o Actividades de corredor y despachante de aduana

La Primera y tercera categoría se rigen por el devengado; la segunda y la cuarta por el

percibido.

Dividendos: Pueden adoptarse distintos criterios; que tribute la persona jurídica, que tribute la

persona física, que tributen a medias. Nuestro sistema hace tributar a las personas jurídicas.

Luego, las personas jurídicas lo declaran (para demostrar la fluctuación patrimonial) pero lo

descuentan.

Deducciones: son las erogaciones necesarias para obtener la ganancia o para mantener o

conservar la fuente productora, Art 80. Tales gastos deben ser restados de las “ganancias

brutas” obtenidas en el periodo. Existen distintas clases,

Generales: son las aplicables a todas las categorías, art 81.

o Intereses de deudas

o Sumas que se pagan por Seguros de muerte

o Donaciones a los fiscos

o Amortizaciones de bienes con plazo limitado de duración

o Contribuciones y descuentos para fondos de jubilaciones

Especiales para la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta categoría, contenidas en el art

82,

o Impuestos, tasas y contribuciones

o Primas de seguros

o Perdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito

o Perdidas debidamente comprobadas por delitos

o Gastos de movilidad, viáticos, etc.

Especiales de la Primera categoría, Art 85: Gastos de mantenimiento del inmueble; el

contribuyente puede optar por 2 sistemas:

o Deducción en base a comprobantes

o Deducción presunta que surge de aplicar el 5% de la renta del inmueble

Adoptado un procedimiento, el mismo debe aplicarse a todos los inmuebles que tenga

el contribuyente, y no puede variarlo por el término de 5 años. Esta opción no puede

utilizarla aquella persona que deba llevar obligatoriamente registración formal.

Especiales de la Segunda categoría: Art 86

Especiales a la Tercera Categoría: Art 87,

o Gastos y erogaciones propias del giro comercial

o Castigos y previsiones contra los malos créditos. Ej: crédito incobrable; los

bancos prestan dinero y puede que algunos deudores no cumplan con su

obligación de restituirlo. Estos gastos pueden deducirse.

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o Gastos de organización

Deducciones no admitidas, Art88

‐ Gastos personales del contribuyente y su familia (Excepción: Art 22 y 23)

‐ Interés del capital propio (el ajeno solo puede deducirse parcialmente)

‐ Sueldos de parientes, excepto que efectivamente preste un servicio y no supere lo que

usualmente se paga a terceros por tal actividad.

‐ El impuesto de esta ley

‐ La amortización de llaves, marcas, patentes

‐ Quebrantos de operaciones ilícitas

Amortización, Art 83, respecto de los inmuebles se admite deducir el 2% en concepto de

amortización. ¿Conviene que se amortice más rápido o más lento? Más rápido, al comienzo. El

dinero pierde el valor, entonces si se amortiza todo al comienzo, lo que hoy no se paga de

impuesto se coloca en el Banco, genera rédito por los intereses, y el año siguiente cuando

deba pagar mas impuesto, ya se tiene con que abonarlo.

Deducciones Personales: Solo pueden ser deducidas por las personas físicas; las deducciones

son anuales y de importe fijo, aplicándose proporcionalmente por periodos mensuales. Están

integradas por,

‐ Mínimo no imponible: es una suma que se deduce por considerarse que es el importe

indispensable para la subsistencia del contribuyente, y que no puede ser gravado.

‐ Cargas de Familia: deben reunirse ciertos requisitos,

o El familiar debe estar a cargo del contribuyente

o Debe residir en el país o tener 6 meses de domicilio en el.

o Sus entradas netas anuales no deben ser superiores a la suma que fija la ley

($9000)

Si se configuran tales condiciones, se puede deducir: un importe fijo por cónyuge, un

importe por cada hijo (en caso de madre y padre a cargo del hijo, deducen ambos) y un

importe por otros parientes.

‐ Gastos de sepelio, Art 22

El Art 23 dispone:

‐ Puede deducirse el suelo personal.

‐ En caso de Trabajo en Relación de dependencia se eleva en 3,8 veces.

Determinación de la ganancia imponible: La ganancia bruta esta dada,

‐ Actividad comercial: Ingresos – Costos

‐ Actividad de servicios: Ingresos = Ganancia.

Luego de deducir de la Ganancia bruta las deducciones que habilita la ley Ganancia Neta.

Sobre esta, y si corresponde se efectúan las Deducciones Personales, luego de lo cual surge la:

Ganancia Neta Sujeta a Impuesto. Se busca en que escala de la ley ingresa y aplica la alícuota

que corresponda.

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Exenciones: Art 20

Objetiva: (inc i) Los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa

Subjetiva: (inc a) Ganancias de los Fiscos Nacional, Provincial y Municipal; (inc e)

Ganancias de entidades religiosas.

Mixta: (inc o) El valor locativo cuando el inmueble sea ocupado por su propietario

4. Tratamiento Fiscal: liquidación. Alícuotas aplicables. Ingreso del Gravamen por

sujetos del país y exterior. Declaración Jurada. Anticipos. Régimen de retención de

los trabajadores en relación de dependencia.

La liquidación del impuesto esta a cargo del contribuyente a partir de una Declaración Jurada

Anual, que se presenta vencido el año fiscal. Se integra de Anticipos o pagos a cuenta,

tomando por base lo pagado el año anterior.

Las Alícuotas aplicables surgen de la ley Cuadro Art 90

Los trabajadores en relación de dependencia están sujetos al régimen de retención, de modo

tal que el empleador detrae del sueldo la parte correspondiente al impuesto y lo ingresa al

Fisco.

En caso de sujetos que tributen en el exterior, podrán deducir lo que hayan abonado en el otro

país, hasta el máximo de lo que le corresponde tributar en el país por la ganancia extranjera.

1


BOLILLA 16: IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES y GANANCIA MINIMA PRESUNTA

1. Bienes personales. Característica del impuesto. Hecho imponible y Sujetos.

2. Base imponible. Monto mínimo y alícuotas. Exenciones. Contribuyentes radicados en

el exterior. Responsable sustituto. Presunciones sobre la propiedad de los bienes

alcanzados.

LEY 23966. El impuesto a los bienes Personales es un tributo que grava al patrimonio en

general (y no en forma particular a los bienes, como ocurre en el caso del Inmobiliario o

automotores. En Argentina, tuvo su origen en el llamado “impuesto sustitutivo al gravamen a

la transmisión gratuita de bienes” de 1951, y luego tuvo múltiples reformas.

Caracteres:

‐ Personal: recae sobre el titular de los bienes y tiene en cuenta ciertas características

personales de el

‐ Global: es omnicomprensivo de bienes, tanto situados en el país como en el extranjero

‐ Periódico: se paga por los bienes existentes al 31 de diciembre de cada año, sin

perjuicio de los anticipos que se ingresen con anterioridad.

‐ Progresivo: de acuerdo a su estructura alicuotaria

‐ Asignación específica: el producido del impuesto se distribuye de la siguiente forma:

90% para el financiamiento del régimen nacional de previsión social, y el 10% para ser

distribuido entre las jurisdicciones provinciales en función de la cantidad de

beneficiarios de las cajas previsionales que tengan.

Hecho Imponible,

ASPECTO MATERIAL: consiste en la posesión por personas físicas o sucesiones

indivisas domiciliadas en el país o en el extranjero, de un patrimonio bruto formado

por los bienes personales que enumeran los arts 19 y 20. Algunos creen que allí esta el

núcleo del impuesto: identificación de los bienes por los que corresponde pagar

Enumeración Taxativa, pues de lo contrario se violaría el principio de reserva de ley

ASPECTO TEMPORAL: recae sobre los bienes personales existentes al 31 de diciembre

de cada año; aunque se trata de un impuesto periódico, el hecho imponible es de

verificación instantánea.

ASPECTO PERSONAL: son destinatarios legales del impuesto, Art 17

o Personas físicas domiciliadas en el país, y las sucesiones indivisas radicadas

en el por los bienes situados en el país y en el exterior (criterio de la renta

mundial)

o Personas físicas domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas

radicadas en el, por los bienes situados en el país (criterio de la fuente).

Respecto de ellos actuaran como sustitutos los contribuyentes del

impuesto a la ganancia mínima presunta, las sucesiones indivisas, las

personas físicas o de existencia ideal que tengan condominio, posesión,

uso, goce, tenencia, custodia o administración de los bienes del sujeto. En

tal caso realizan un pago único.

2


Quedan incluidos dentro del concepto de personas físicas domiciliadas en el país, los

agentes diplomáticos, consulares y el personal técnico y administrativo de las misiones

de la Nación, y los que integran las comisiones de trabajo de Municipalidades y

Provincias y se hallan en el exterior.

Respecto de los bienes de al sociedad conyuga corresponderá atribuir al marido, salvo

que exista división de bienes, o la compra o administración de los mismos pertenezca a

la mujer.

ASPECTO ESPACIAL: es aplicable en todo el territorio de la Nación; el domicilio de las

personas es el real. Respecto de las sucesiones indivisas se las considera radicadas en

el lugar de apertura del juicio sucesorio, o el último domicilio del causante.

Base Imponible: Los factores determinantes de la inclusión de los bienes son: Art 19

o El territorio; ej: inmuebles, dinero, derechos reales.

o El registro; ej: buques, automotores, aeronaves

o El sujeto. Ej: objetos personales del hogar, títulos, créditos.

El art 20 detalla cuales son los bienes que deben considerarse situados en el exterior:

inmuebles sitos fuera del territorio nacional, naces y aeronaves matriculadas en otro país, etc.

La ley determina la valuación d los bienes en sus arts 22 y 23. Ejemplo: n el caso de los bienes

del hogar, se considera el costo de los bienes, si ese es inferior al 5% de los bienes

computados, puede elevarse hasta ese 5%. Luego de sumar todos los bienes personales, se

aplica la alícuota pertinente.

Responsables Sustitutos:

‐ Art 25.1, el impuesto que corresponda pagar por la tenencia de acciones o

participaciones en sociedades (es uno de los bienes personales) como titulares

argentinos o no,

‐ Art 25.2

La sociedad es responsable sustituto del sujeto pasivo que son los socios que poseen esas

acciones o participaciones. Problema: el artículo dice que serán sustitutos de los titulares

domiciliados en argentina o exterior y de las Sociedad extranjeras. Pero el impuesto recae

sobre personas físicas; esto es resuelto por el art 25, al establecer que se presume que esos

bienes de la persona jurídica en el extranjero, pertenecen a personas físicas radicadas en el

exterior.

Exenciones, Art 21

Objetiva: (inc d) Bienes inmateriales –marcas, patentes‐, (inc h) Depósitos en Caja de

Ahorro

Subjetiva: (inc a) bienes que pertenecen a miembros de misiones diplomáticas y

consulares extranjeras

Mixta: (inc f) Inmuebles rurales de personas que tributen Ganancia Mínima Presunta

3


Mínimo Exento: para que opere de haber bienes gravados, excepto las participaciones en

sociedades; Alcanza a las personas domiciliadas en argentina, cuando el valor de los bienes sea

igual o inferior a $305.000 (inc i Art 21)

3. Ganancias Mínima Presunta. Características del impuesto. Hecho imponible y

Sujetos.

4. Base Imponible. Alícuotas. Exenciones. Su relación con el Impuesto a las Ganancias.

LEY 25063. El impuesto fue sancionado en 1998, y preveía su aplicación por 10 periodos

fiscales. A través de esta ley el Estado buscaba castigar a los activos improductivos, sirviendo

de señal para que sus titulares adopten las medidas que estimen adecuadas para reorganizar

su actividad, a los fines de obtener dicho rendimiento mínimo. Dentro de las criticas que

recibió deben puntualizarse: Que el buen rendimiento no surgiría de la aplicación del

impuesto; Que al no permitirse el computo de los pasivos, se estaría generando una doble

imposición, toda vez que quien tuviera perdidas y las tuviera que paliar con créditos, pagaría

como si esos créditos que ingresan a su patrimonio fueran Ganancia, cuando en verdad no lo

son.

Caracteres:

‐ Real: no se tiene en cuenta a los sujetos.

‐ Periódico: debe determinarse y abonarse en cada periodo fiscal. No obstante lo cual,

es de configuración instantánea: las condiciones para tributar deben verificarse al 31

de diciembre.

‐ Proporcional: tiene una tasa única.

‐ Directo: representa la capacidad contributiva de los sujetos alcanzados.

Excepcionalmente esta siendo regulado por Nación, por eso precisa de prorrogas.

‐ Coparticipable.

Hecho Imponible: esta constituido por los activos que poseen los sujetos alcanzados por ley,

existentes al 31 de diciembre.

ASPECTO MATERIAL: esta constituido por los activos existentes al cierre de ejercicio.

Se entiende que son bienes afectados a la actividad empresaria. La presunción de

ganancia implica que: Si al cierre del ejercicio existen activos debe abonarse el

impuesto.

ASPECTO TEMPORAL: en un primer momento se lo fijo por 10 ejercicios; Pro en 2009

fue prorrogada su vigencia hasta 2019. Se presento, tras la sanción de la ley el

problema de determinar la fecha en que entraba en vigencia. La ley determinaba que

entraría en vigencia al día siguiente de su publicación (lo cual ocurrió el 30 de

diciembre), pero respecto de los ejercicios que finalizaran con posterioridad a la

entrada en vigor. Básicamente las posiciones divergentes son las contenidas en el Fallo

Georgalos,

Fallo Georgalos plantea la improcedencia del impuesto para el ejercicio fiscal de 1998,

porque según un artículo de la ley, la misma entraba en vigencia al día siguiente de su

publicación, pero otra de sus normas fijaba que se iba a aplicar a ejercicios posteriores

4


al año 1998 Iter Procesal: Primera Instancia: No hace lugar a la demanda. Cámara:

Revoca. Declaro la inconstitucionalidad del decreto y la resolución, en cuanto imponían

la obligación de ingresar el impuesto a la ganancia mínima presunta respecto de

ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 1998. Considero que tales ejercicios no

quedaban alcanzados por el impuesto, pues el gravamen solo era aplicable a partir del

1 de enero de 1999. El Fisco interpone Recurso Extraordinario. Corte: la mayoría

convalido la aplicación del tributo, en miras de la crisis político‐económica que

atravesaba el país. Funda el decisorio en la norma explicita que determinaba la entrada

en vigencia de la ley, al día siguiente de la publicación (como esto ocurrió el 30, la

vigencia comenzaba el 31) y en la finalidad que tuvo el legislador. Disidencia

Vázquez: Es inconstitucional. Se viola el principio de irretroactividad; si el legislador

hubiera querido gravar los ejercicios de 1998, asi lo hubiera dispuesto, y no habría

inducido a conclusiones distintas en las normativas que componen la ley.

ASPECTO PERSONAL: en general son destinatarios legales de este impuesto aquellos

que generen rentas de la tercera categoría del impuesto a las ganancias: Sociedades,

Empresas o explotaciones unipersonales, Fundaciones (algunas están exentas)

Titulares de inmuebles rurales (Aquí la ley castiga la ociosidad: Fin social de la

propiedad), Fideicomisos, Fondos comunes de Inversión; deben estar domiciliadas en

el país.

ASPECTO ESPACIAL: es aplicable en todo el territorio de la Nación. Se exige que las

personas estén domiciliadas en el país, con excepción de los propietarios de inmuebles

rurales.

Base imponible: Esta compuesta por los activos, tanto del país como del exterior; la misma se

valuara de acuerdo a las técnicas que dispone la misma ley.

La valuación de los activos se establece tomando en cuenta el valor del bien al momento de

ingresar al patrimonio; se ubica en una tabla de coeficientes de depreciación, y allí surge la

valuación.

Alícuota: es el 1% de la base imponible.

Formula:

Valor de los activos x alícuota (1%) x cantidad de ejercicios en que funciono la empresa

12 meses

Si la empresa funciona por mas de 12 meses, la formula se repite hasta completar los meses

restantes; Ejemplo: si los ejercicios fueran 14 meses, entonces se hará primero la formula para

los primeros 12 meses, y luego la misma formula pero en vez de poner los 12 meses, se ponen

2, que es lo que faltaba para completar los 14.

Exenciones: Art 3,

Objetiva: (inc a) Bienes situados en Tierra del Fuego.

5


Subjetiva: (inc h) Bienes que pertenezcan a sociedades exentas en Ganancias

Mixta: (inc i) Bienes de empresas estatales afectados a fines sociales o disposición de

residuos.

Mínimo Exento: Cuando los bienes sean iguales o menores a $200.000 (en el país) no se

abonara el impuesto. En tanto que si superan tal monto, abonan por el total. En caso de bienes

en el extranjero, se aumentara el monto en el porcentaje que representen estos respecto del

activo total. Ejemplo: si los activos en el extranjero me representan el 20% del patrimonio,

entonces se aumentara el topo de la exención un 20%.

Este monto mínimo exento no se aplica a:

‐ Bienes de cambio

‐ Activos que no sean de la actividad empresarial

Relación con el impuesto a las Ganancias: Ganancias se abona primero que Mínima presunta,

motivo por el cual lo abonado en concepto de Ganancias puede ser tomado como pago a

cuenta del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Ejemplos:

1. Ganancias: $200.000

Mínima Presunta: $100.000

2. Ganancias: $ 0

Mínima Presunta: $ 100.000

3. Ganancias: $40.000

Mínima Presunta: $100.000

Cuando Mínima Presunta supera a Ganancias, lo que se abono de más actúa como crédito a

favor que puede imputarse a ganancias durante los próximos 10 ejercicios. Si pasados estos no

pudo utilizarse ese saldo a favor, se produce un impuesto no absorbido, surge la autonomía de

Ganancia mínima presunta Impuesto sobre el patrimonio.

Se abona Ganancias y no mínima presunta, dado que no hay

presunción de Ganancia sino ganancia efectiva. Tomo lo que

pague de Ganancias y lo imputo a lo que debía pagar de

Mínima Presunta.

Al no haber saldo a favor respecto del pago en Ganancias

porque no se pago nada, se debe abonar Mínima Presunta

en su totalidad.

Lo que se abona en concepto de Ganancias, se descuenta de

aquello que debe pagarse de Mínima Presunta (100.000 –

40.000), es decir que funciona como un pago a cuenta. Solo

se abona de Mínima Presunta: $60.000

1


BOLILLA 17: IMPUESTO INMOBILIARIO, AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES

1. Impuesto inmobiliario. Características del impuesto. Sujetos y Hecho imponible. El

catastro y la valuación fiscal: métodos de valuación, sujetos intervinientes,

procedimiento de impugnación.

2. Categorías de inmuebles. Unidad de la Tierra. Base imponible. Alícuotas. Exenciones.

Agentes de recaudación. Certificado de libre deuda. Efectos.

Se observa en el derecho comparado que existen distintas formas de medir el hecho

imponible:

o Sistema de la imposición sobre el producto bruto del suelo: establece un porcentaje

fijo sobre la producción de la tierra, sin tener en cuenta los gastos que demando la

producción de esos bienes.

o Sistema sobre el valor venal de la tierra: se establece la valuación del inmueble

teniendo en cuenta el valor del suelo y sus construcciones, y el valor real. Sobre esto

se cobra una alícuota de tipo proporcional.

o Sistema que grava la renta bruta de la tierra.

o Sistema que grava la renta potencial de la tierra.

Caracteres:

‐ Directo: grava una manifestación inmediata de capacidad contributiva. Es legislado por

las provincias.

‐ Progresivo: las alícuotas surgen de la ley impositiva; hay casos de,

o Progresión simple: solo aumenta la alícuota

o Progresión doble: suma fija + alícuota

‐ Real: no tiene en cuenta las condiciones personales de los contribuyentes. Esto no

debe confundirse con la obligación tributaria que siempre recae en cabeza de una

persona.

‐ Predeterminado: las características del bien están determinadas al momento de

establecer el monto que corresponde abonar en concepto de impuesto.

‐ Anual

Hecho Imponible

ASPECTO MATERIAL: es definido desde el aspecto subjetivo; consiste en la situación

jurídica de ser propietario, usufructuario o poseedor de un inmueble, Art 169. La

circunstancia que genera la obligación de abonar el impuesto es tener la disponibilidad

económica del inmueble.

ASPECTO TEMPORAL: el hecho imponible se perfecciona a comienzo de año, y se

extiende durante todo el periodo. Existen dos alternativas de pago: Anual o por

cuotas. La cantidad de cuotas depende del tipo de inmueble de que se trate (Rural: 3

cuotas, Urbano baldío: 4 cuotas; Urbano Edificado: 5 cuotas).

ASPECTO PERSONAL: según se desprende del hecho imponible son destinatarios

legales del tributo los propietarios, usufructuarios o poseedores a titulo de dueño. El

impuesto tiene carácter indivisible, con lo cual en caso de condominio el Fisco puede

2


exigir el todo a cualquier de los obligados. No le son oponibles a ARBA los acuerdos

entre partes sobre responsabilidad en pago del impuesto.

ASPECTO ESPACIAL: dado que se trata de un tributo de carácter local, estarán

alcanzados por el los inmuebles ubicados dentro de la jurisdicción bonaerense, Art

169.

El catastro y la Valuación Fiscal: la valuación fiscal se computa de acuerdo a las previsiones de

la Ley 10707 y sus modificatorias. Allí se fijan los coeficientes de actualización de los

inmuebles.

El contribuyente debe presentar Declaraciones Juradas denunciando ante la autoridad los

cambios que sufra el inmueble que lo obliga al pago; a partir de estas presentaciones se

actualiza la valuación fiscal del inmueble y, por consiguiente el impuesto. La Administración

puede fiscalizar las presentaciones que realice el obligado.

Catastro es el Registro Provincial donde se anotan los datos referidos a la situación, ubicación y

características de los inmuebles; Tiene como finalidad:

‐ Servir para el planeamiento y organización del territorio

‐ Ser la base que la Autoridad de Aplicación utiliza para determinar la base imponible

‐ Seguridad jurídica

Categorías de inmuebles:

:URBANO ال

o Edificado:

o Baldío

:RURAL ال

o Sin mejoras: solo paga el valor tierra

o Con mejoras: existe una edificación. Abona no solo el valor tierra sino también

el valor de la construcción.

La categoría del inmueble surge de las características que el mismo presente; En caso de que

sea baldío y luego se hagan reformas que lo transformen en edificado operara la

recategorización.

Base imponible y alícuotas: La base imponible es la valuación fiscal del inmueble que surge del

registro Catastral. Esta valuación suele reajustarse mediante los coeficientes de actualización.

Las alícuotas surgen de la ley impositiva (Cuadro), de acuerdo al monto de valuación fiscal y al

tipo de inmueble de que se trate. Para el año 2011, la base imponible del urbano esta dada por

el 90% de la valuación fiscal, y sobre tal base se aplica la alícuota pertinente.

:Tabla Urbano: se ubica la base imponible en a tabla y se aplica la alícuota. Ejemplo ال

3


Base imponible $100.000 (90% valuación) alícuota aplicable: 5,90 por mil.

El inmueble debe pagar una cuota anual de $590.

:Tabla Rural ال

Base imponible (valuación) – Valor mínimo x alícuota + cuota fija

Ejemplo: $500.000 valuación – 451.500 (limite mínimo) x 15,30 (alícuota por mil) +

5233,80 (cuota fija) = $ 5975,85 Impuesto Anual.

Unidad de la tierra: los inmuebles linderos pertenecientes al mismo titular se consideran un

único inmueble a los fines impositivos (art 169)

Exenciones, Art 177

Objetiva: (inc h) Inmuebles destinados a forestación

Subjetiva: (inc a) El Estado Nacional, Estados Provinciales y municipales; (inc b)

Templos religiosos.

Mixta: (inc ñ) Jubilados o pensionados cuando la valuación fiscal del inmueble no

supere los $200.000;

Agentes de recaudación: Los escribanos actúan como agentes de retención al momento de

celebrar documentos públicos que tengan como objeto un inmueble; esta condición les

impone la obligación de verificar las deudas que pueda tener el bien en cuestión.

Art 40 CF: Certificado de libre deuda; hoy día tiene efecto liberatorio. Artículo 40: (…) El

certificado de inexistencia de deudas emitido por la Agencia de Recaudación de la Provincia de

Buenos Aires tendrá efectos liberatorios, cuando se trate de los impuestos Inmobiliarios, a los

Automotores y a las Embarcaciones Deportivas o de Recreaciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, si la Autoridad de Aplicación constatare ‐

antes del 31 de diciembre del año inmediato siguiente al de expedición de dicho certificado‐ la

existencia de deudas, solamente estará obligado a su pago quien hubiera revestido en relación

a las mismas la condición de contribuyente (…)

Es decir que si ARBA divisa deuda antes del final del año siguiente, quien era contribuyente al

tiempo de su producción debe pagar. Es una excepción al efecto liberatorio del Libre Deuda

3. Impuesto a los Automotores. Características del impuesto. Hecho Imponible.

Sujetos. Denuncia de venta impositiva. Requisitos.

4. Base Imponible. Alícuotas. Exenciones. Altas y bajas: radicación, robo/hurto,

destruccion

Caracteres:

‐ Real: no tiene en cuenta aspectos personales del sujeto, sino las características del

bien gravado.

‐ Directo: grava una manifestación inmediata de capacidad contributiva

4


‐ Progresivo: tiene progresión por categorías.

‐ Local: las provincias son las que lo regulan y recaudan.

‐ Anual: se cuantifica a comienzo de año.

Hecho Imponible

ASPECTO MATERIAL: al igual que en el impuesto inmobiliario, aquí se define el hecho

imponible a partir de los obligados al pago. El hecho es ser propietario de vehículos

radicados en la Provincia.

ASPECTO PERSONAL: la inscripción en el registro Automotor es constitutiva de

dominio; en principio el único obligado al pago es quien a nivel registral figura como

propietario del automóvil. Sin embargo, puede que aunque no se haya efectuado la

transferencia exista la denuncia de venta impositiva, y a nivel tributario haya un sujeto

obligado al pago distinto de quien en el registro figura como titular, art 229

ASPECTO ESPACIAL: art 228, el propietario del automotor debe estar radicado en la

Provincia de Buenos Aires. Se permite, que la autoridad realice un alta de oficio

cuando se verifica la situación.

ASPECTO TEMPORAL: el hecho imponible se cuantifica a comienzo de año; puede

realizarse un pago anual o dividirlo en cuotas. En caso de que el automotor cambie de

jurisdicción, desde el momento de la Baja dejara de tributar en provincia de Buenos

Aires. Para los vehículos nuevos, la fecha de tributación comienza desde la fecha que

consta en la factura de compra o certificado de aduana (art 232)

Base imponible: el impuesto se cuantifica de acuerdo a la valuación fiscal que tenga el

automotor; esa valuación es establecida por ARBA o brindada por el registro. Sobre esta se

aplica la alicutoa que determina la ley impositiva de acuerdo a la categoría que tenga el

automotor.

Datos imponibles

MODELO AÑO: Se corresponde a la fabricación. El más nuevo en el mercado será cual

pague más impuesto.

TIPO: ¿Qué es el vehículo? Por ejemplo auto, furgón, pick up

INCISOS: Es un agrupamiento de tipos. En la ley existen incisos desde la letra A a la F.

cada uno nos indica un grupo.

‐ Inciso A: Los automotores mencionados en este inciso son aquellos que pagan

el impuesto más caro

‐ Inciso B: Transporte de Carga: camiones, camionetas, furgones, jeeps

‐ Inciso C: Acoplados y semi remolques

‐ Inciso D: Vehículos de transporte de pasajeros, ejemplo: colectivos, combis

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Denuncia de Venta impositiva: permite al vendedor de un automotor desligarse de la

responsabilidad tributaria que el mismo genera; Los requisitos para que pueda efectuarse son:

a. Libre deuda al momento de realizar la denuncia de venta

b. Denuncia de venta registral

c. Identificar al adquirente: acompañar boleto de compraventa y carta documento para

intimarlo a presentarse ante la autoridad de Aplicación.

Actualmente se esta trabajando para que al hacer la Denuncia de Venta Registral se haga la

Denuncia de Venta Impositiva, y así evitar futuros problemas.

Exenciones: Art 243,

Objetiva: (inc d) Vehículos patentados en otros países

Subjetiva: (inc a) Estado Nacional, Provincial y municipal; (inc b) Bomberos

Mixta: (inc c) Vehículos que acrediten el pago en otra jurisdicción y sus titulares no

tengan asiento en provincia de Buenos Aires.

Alta/Baja

‐ Alta: el bien comienza a tributar. Puede ser por 0KM o por cambio de

radicación

‐ Baja: el auto deja de tributar en la Provincia de Bs. As. A causa de:

Robo/Hurto

Desguace o destrucción

Cambio de radicación

5. Impuesto a las Embarcaciones Deportivas. Hecho Imponible. Base Imponible.

Solidaridad.

Es el tributo que alcanza a las embarcaciones afectadas al desarrollo de actividades deportivas

o de recreación, radicadas en el territorio de la Provincia, que estén propulsadas principal o

accesoriamente a motor. Art 244

Se entiende que son embarcaciones toda construcción flotante o no, destinada a navegar por

agua.

Base imponible: art 247. Esta dada por el valor venal de la embarcación, considerado tal al

asignado por el seguro que cubre los riesgos de la embarcación. Sobre tal valor, se aplicara la

alícuota que fija la Ley Impositiva.

Solidaridad: el art 249 dispone que las entidades que faciliten el fondeo, amarre o guarda de

las embarcaciones deben tener un Registro de estas, que tiene el tenor de una Declaración

Jurada. En caso de comprobar su falsedad, la entidad será solidariamente responsable por el

pago del impuesto. Esto encuentra su fundamento en el severo Régimen de Información a que

tales sujetos están obligados.

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BOLILLA 18: IMPUESTO DE SELLOS

1. Características del Impuesto. Hecho imponible. Noción de Instrumento. Principio de

territorialidad. Exenciones. Contratos entre ausentes

Es un antiguo impuesto, habiendo sido reiterados los intentos de erradicarlo. Grava

fundamentalmente la circulación de los bienes.

Caracteres

Indirecto: grava una manifestación mediata de capacidad contributiva

Real: no tiene en cuenta las características personales

Local: establecido por las provincias

Instantáneo

Proporcional: se fija una alícuota determinada por el acto, independientemente del

monto.

Formal y objetivo: nada la obligación tributaria con la instrumentación

(independientemente de la validez jurídica del documento, Art 257); así encontramos

que los contratos verbales no están alcanzados por el impuesto.

Hecho imponible

ASPECTO MATERIAL: consiste en la instrumentación de actos jurídicos, contratos u

operaciones de carácter oneroso. Estos actos pueden formalizarse: entre presentes,

entre ausentes (por correspondencia) o por mutuos.

Deben revestir los elementos de titulo jurídico, independientemente de las

obligaciones cumplidas por las partes.

Noción de instrumento: escrito contextual en que las partes intervienen, expresan su

voluntad creadora de actos, contratos u operaciones a titulo oneroso; y los

documentos no contextuales de donde resulte el encuentro de voluntades que crea

dichos actos.

El documento debe tener existencia material; la validez de este no depende del pago

del impuesto, como así tampoco el impuesto depende de que aquel sea eficaz o surta

los efectos que en teoría debe.

Requisitos del instrumento,

o Documentos que materialicen expresión de voluntad

o Manifestaciones de voluntad de tipo formal

o Las formalidades son las prescriptas por el Código Civil

o Debe contener los elementos esenciales que permiten caracterizar el negocio.

ASPECTO PERSONAL: son contribuyentes aquellos que realizan los actos gravados Art

291. Cuando en la realización de los actos intervengan dos o mas personas serán

solidariamente responsables del total del impuesto, quedando a salvo el derecho a

repetir de los demás intervinientes en la parte que les corresponda pagar, Art 292. Si

alguno de los intervinientes estuviere exento, la obligación se considerara divisible y la

exención se limitara a la cuota que le corresponda a ese sujeto.

ASPECTO ESPACIAL: rige el principio de territorialidad, lo que significa que deben

abonar el impuesto los actos instrumentados en la Provincia de Buenos Aires o que

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vayan a surtir efectos en ella (bienes situados aquí, Suministro de materiales,

Sociedades), Art 253. Esto puede generar casos de doble imposición, por lo que el Art

256 establece ciertas excepciones,

‐ Cuando los bienes se encuentren en extraña jurisdicción

‐ Los contratos de suministro de materiales

‐ Operaciones de compraventa de mercaderías, oleaginosas, cereales,

productos de agricultura o ganadería,

ASPECTO TEMPORAL: se configura en el momento de formalización del acto gravado o

de celebración del contrato, cuya instrumentación esta sujeta a tributación.

Contratos entre ausentes: son aquellos actos que se formalizan por correspondencia. Art 260;

se formaliza cuando surge la carta de aceptación, identificando el contenido del hecho. Se

entiende que la aceptación esta formalizada cuando:

‐ Se reproduce la propuesta o sus enunciaciones

‐ Firma por los destinatarios, de los presupuestos, pedidos o propuestas.

Mutuo: Se requiere la entrega de dinero, que generen interés y que este a cargo de entidades

financieras. La instrumentación se tiene por cumplida con las registraciones contables.

Art 252: están sujetas al impuesto las liquidaciones de Tarjetas de Crédito.

2. Base Imponible. Alícuotas. Exenciones.

Base Imponible: esta dada por el valor del acto instrumentado; este valor, siguiendo al CF

puede ser:

o Determinado: surgir del instrumento

o Indeterminado: Art 288. Las partes estimaran el monto teniendo en cuenta

rendimiento o convenios anteriores, los valores inferible del negocio o, a falta de ellos,

todo elemento de juicio de significación.

No integran la base imponible los intereses y/o actualización por depreciación monetaria.

Alícuotas: Surgen de la Ley Impositiva de acuerdo al tipo de acto u operación; Ejemplo:

‐ Billetes de Lotería 20%0 (por mil)

‐ Locación (general) 10%0

‐ Compra de automotores 20%0

Exenciones: Arts 296 y 297

Objetiva: (inc 1) Hipotecas, (inc 2) Letras y pagares, (inc 4) Inhibiciones voluntarias

Subjetiva: (inc 1) Estado nacional, provincial, municipal; (inc 10) las Cajas de Previcion y

Seguridad Social.

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Mixta: (inc 21) Prestamos o anticipos a los empleados públicos, jubilados o

pensionados que otorguen los bancos oficiales.

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BOLILLA 19: IMPUESTOS DE ADUANA

1. Derechos de Importación y Exportación. Hecho imponible. Aspecto temporal.

Los derechos aduaneros son anteriores al nacimiento de nuestro país como Nación

independiente y soberana, ya que durante el Virreinato estuvieron vigentes como parte

integrante del sistema fiscal.

En 1822 fueron implantados en Buenos Aires y luego nacionalizados. Realizado el Acuerdo de

San Nicolás quedaron en cabeza del Fisco Nacional.

Caracteres:

‐ Son impuestos exclusivamente nacionales. Y tienen la característica de ser indirectos,

reales y permanentes.

‐ Se trata de los gravámenes exigidos con motivo del ingreso o extracción de las

mercaderías a través de las fronteras aduaneras

Los impuestos de aduana son los gravámenes a la importación o exportación de mercaderías o

productos. Si bien los primeros tienen el carácter de típicos en todas las legislaciones, no

ocurre lo mismo con los segundos, que constituyen la excepción y son considerados como

obstáculos para las vinculaciones internacionales.

Hechos Imponibles

Importación: el hecho imponible se configura con la introducción de cualquier

mercadería para consumo en un territorio aduanero. Con relación al aspecto temporal,

las importaciones pueden ser:

o Regulares: cuando el ingreso a la Aduana es voluntario.

o Irregulares

Los derechos de importación pueden ser: ad valorem (cuando el importe se determine

por aplicación de un porcentual) o específicos (cuando el importe surja de una suma

fija aplicable a cada unidad). En el caso de los ad valorem la base imponible es el valor

en Aduana de la mercadería.

Exportación: el hecho imponible se configura con la extracción de mercadería del

territorio nacional por tiempo indefinido, lo cual hace presumir su destino de

consumo. Respecto al aspecto temporal, el hecho acaece,

o Regulares: es aplicable el derecho de exportación vigente a la fecha del

registro de la correspondiente solicitud de destinación

o Irregulares: se aplica el derecho vigente a la fecha de comisión del delito, la

fecha de desaparición o remoción de la mercadería o, en caso de transferencia

de mercadería sin autorización, el vencimiento del plazo para reimportar

(fecha de comisión del hecho)

También pueden distinguirse: ad valorem (se aplica un valor FOB) y específicos.

La línea frontera aduanera esta constituida por los límites terrestres, marítimos, fluviales o

lacustres del país; mientras que en la frontera aérea se asigna a cada Estado la soberanía

completa y exclusiva del espacio sobre su territorio nacional.

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2. Fines extrafiscales; distintas medidas de protección de la economía nacional

La Finalidad extrafiscales en estos tributos surge de la necesidad de proteger la economía

nacional respecto de los productos que ingresan al país y pueden competir con los propios,

como también respecto del cumulo de exportaciones que pueden afectar al mercado interno.

Existen varias especies de derechos de importación; pueden convivir:

Impuesto a la equiparación de precios: la importación para consumo puede ser

gravada con este impuesto a los efecto de:

o Evitar un perjuicio real o potencial a las actividades productivas nacionales

o Asegurar a la mercadería producida en el país, precios razonables

o Orientas las importaciones de acuerdo a la política exterior

o Alcanzar o mantener el nivel de vida de la población

Este tributo solo procede en forma excepcional; es aquel cuyo importe es equivalente

a la diferencia entre un precio tomado como base y otro como comparación. Puede

establecer en forma adicional o sustituyendo al derecho de importación. Ejemplo:

China exporta a la Argentina muñecos Mickey. En China, el muñeco vale $7, y en

Argentina $9. Entonces, lo que se hace es equiparar ambos valores: se le exige al Chino

que esta introduciendo un producto importado al país que abone $2

Derechos Antidumping: la importación para consumo puede ser gravada con este

derecho cuando,

o Cause un perjuicio importante a una actividad nacional

o Amenace con causar un perjuicio inminente

o Retrasare el inicio de una actividad nacional

Este tributo se aplica a las mercaderías que se importan para consumo y cuyo precio

de exportación en el país de origen es menor que el de las mercaderías idénticas

consumidas en el mercado interno. El fin de este impuesto es defender la industria

nacional. Ejemplo: Mickey valía $7 en China, lo quieren ingresar a Argentina a $5, con

el propósito de instalar en el mercado la mercadería. Hay otras especies de Dumping

que van directamente al precio

Derechos Compensatorios: se puede gravar con este tributo la importación para

consumo de mercadería beneficiada con un subsidio en el exterior, cuando esta

importación causare una amenaza a una actividad productiva nacional o retrase su

iniciación; Se entiende por subsidio todo premio o subvención otorgado a la

producción o exportación de que se trate en el país de procedencia de la mercadería.

Este tributo no puede ser superior al importe del subsidio que tiene la mercadería.

Ejemplo: en China Mickey valía $7, pero el Estado lo subvenciona, y vale $4. Cuando

llega a Argentina donde sale $9, no hay dumping, porque el productor Chino no bajo el

precio para instalarse en el mercado, sino que aparece un factor externo que es la

ayuda del Estado; entonces se aplica el derecho compensatorio

3. Estímulos a las exportaciones: draw back, reintegros y reembolsos

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El Estado quiere que ingresen divisas en dólares a la Argentina, con lo cual va a motivar la

exportación a través de beneficios fiscales. El Poder Ejecutivo a través del Código Aduanero

motiva a que los sujetos exporten; Surgen así institutos como:

DrawBack: consiste en devolver total o parcialmente los importes que se hubieren

pagado en concepto de tributos que gravaron mercadería que es importada por la

industria nacional y que luego de un proceso de elaboración es exportada. Este

procedimiento estimula la industria local, alivia los costos y facilita el desenvolvimiento

financiero. . Ejemplo: que el productor de autos importe los volantes de China, y luego

exporte el auto en su totalidad. Para que te devuelvan el draw back, el producto debe

ser modificado de alguna manera. Todo debe estar correctamente acreditado con la

documentación respaldatoria

Reintegros y Reembolsos: el régimen de reintegro implica la restitución total o parcial

de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores, excepto

los que gravan la importación al consumo. El régimen de reembolsos es aquel por el

cual se restituyen total o parcialmente, los importes que se hubieran pagado en

concepto de tributos interiores, incluidos los tributos pagados por la previa

importación para consumo; este régimen a diferencia del primero, no puede

acumularse con el drawback.

4. Zonas francas y Sistemas de libre comercio

Las "Zonas Francas" son espacios en los cuales la mercadería no es sometida al control habitual

del servicio aduanero y tanto su "introducción" (importación) como su "extracción"

(exportación) no están gravadas con tributos ‐salvo las tasas retributivas que pudieran

establecerse‐ ni alcanzadas por prohibiciones de tipo económico. (Ley 22415 ‐ Código

Aduanero ‐ Art. 590) El objetivo de estas Zonas es fomentar el comercio y la actividad

industrial exportadora a través de la reducción de costos y la simplificación de los

procedimientos administrativos, ofreciendo, además, incentivos fiscales.

En las Zonas Francas podrán desarrollarse las siguientes actividades:

Almacenamiento: la mercadería, si bien puede ser transferida, se encuentra a la espera de

un destino ulterior, y sólo puede ser objeto de las operaciones necesarias para su

conservación y manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, calidad

comercial o acondicionada para su transporte.

Comercialización: además de las operaciones descriptas en almacenamiento, la mercadería

podrá ser comercializada, utilizada o consumida.

Industrialización: la mercadería podrá ser transformada, elaborada, combinada, reparada o

sometida a cualquier perfeccionamiento.

Podrán introducirse en las Zonas Francas toda clase de mercaderías y servicios, con la sola

excepción de armas, municiones y otras especies que atenten contra la moral, la salud, la

sanidad vegetal y animal, la seguridad y la preservación del medio ambiente.

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Tratamiento fiscal: Será aplicable a las Zonas Francas la totalidad de las disposiciones de

carácter impositivo, aduanero y financiero incluidas las de carácter penal que rigen en el

territorio aduanero general, salvo las excepciones establecidas en el Código Aduanero. (Art.

590).

Las mercaderías que ingresen o egresen a través de estas áreas serán exentas de los tributos

que gravaren su importación/exportación para consumo, salvo las tasas correspondientes a los

servicios prestados.

A su vez, las industrias radicadas en estas áreas estará exentas de impuestos nacionales que

gravan los servicios básicos ‐telecomunicaciones, gas, electricidad, agua corriente, cloacales y

desagüe‐.

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BOLILLA 20: IMPUESTOS A LOS DEBITOS Y CREDITOS EN LA TRANSACCIONES FINANCIERAS

1. Características del impuesto. Hecho Imponible.

LEY 25413. Fue sancionada en 2001, y tuvo como finalidad acrecentar las arcas del Estado, por

el déficit de caja existentes. Vulgarmente se lo conoce como “impuesto al cheque”, pero en

rigor de verdad, grava todas las transacciones financieras.

Ventajas:

‐ Control de evasión

‐ Es fácil recaudar

Criticas:

‐ Mal ejemplo de dejar de lado la Constitución; brinda amplias potestades regulatorias

en el Poder Ejecutivo.

‐ Es regresivo.

‐ Actúa de manera distorsiva y piramidal.

‐ Al ser una especie de túnel donde se paga a la entrada y salida, es un obstáculo.

Caracteres:

‐ Indirecto: porque teóricamente debería gravar la riqueza presumida.

‐ Transitorio

‐ Acumulativo: efecto cascada, se abona cuando ingresa el dinero a la cuenta y cuando

se extrae,

‐ Efecto regresivo.

Hecho Imponible: es definido por el art 1 de la ley; quedan comprendidas:

a. La realización de operaciones de crédito y debito en cuentas abiertas en las entidades

financieras

b. Operaciones que efectúen las entidades financieras

c. Movimientos de fondos propios o de terceros que realice cualquier persona, por

cuenta propia o por cuenta o nombre de otra persona.

Acaece el hecho imponible al momento de perfeccionarse la operación o el movimiento.

2. Sujetos. Alícuotas. Exenciones.

Sujetos: Son sujetos pasivos los titulares de las cuentas bancarias en el caso del inc 1; los

ordenantes o beneficiarios de las operaciones comprendidas en el inc b; y quienes efectúen los

movimientos de fondos en el supuesto que contempla el inc c.

Cuando se trate de los inc a y b, las entidades financieras actuaran como agentes de

percepción y liquidación.

Base Imponible: se determina sobre el importe bruto de los débitos, créditos y operaciones

gravadas.

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Alícuotas: se faculta al Poder Ejecutivo para disponer que el impuesto constituya un pago a

cuenta de otros impuestos; La alícuota fijada por la ley se traduce en un máximo del 6%,

pudiendo se regulada por el Ejecutivo.

Se dispone, asimismo, que todas las operaciones que superen los $1.000 deben efectuarse

mediante los mecanismos que prevé la ley; caso contrario, los pagos no tendrán efecto

liberatorio. Esto se opone a los principios generales de la materia, y en la práctica esta

derogado.

Exenciones

Créditos y débitos de cuentas bancarias y movimientos correspondientes al Estado

Nacional, provincial y municipal

Créditos y débitos correspondientes a las misiones diplomáticas

Créditos en caja de ahorro y cuentas corrientes hasta la suma acreditada en concepto

de suelo o jubilaciones/pensiones.

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BOLILLA 21: REGIMEN SUSTITUTIVO DE OTROS TRIBUTOS

1. Definición. Características. Naturaleza jurídica. Sujetos.

Este régimen fue introducido en 1998. La ley produjo dos importantes modificaciones:

‐ Limita la posibilidad de que los sujetos se categoricen como “responsables no

inscriptos”; los sujetos deberán optar por asumir la calidad de responsables inscriptos

o incorporarse al régimen simplificado.

‐ Aprueba un régimen simplificado que incluye el impuesto a las ganancias el valor

agregado y el sistema previsional Monotributo

Este régimen abarca a los pequeños contribuyentes, quienes para optar por él deberán

encuadrar en ciertos parámetros establecidos en la misma ley.

Caracteres:

‐ Periódico: debe abonarse en cada periodo fiscal

‐ Nacional: su aplicación, regulación y recaudación esta a cargo de AFIP

‐ Optativo: no es obligatorio suscribirse a el.

‐ Real: no tiene en cuenta aspectos subjetivos del contribuyente.

‐ Escalas: de acuerdo a la escala en que se ubica el contribuyente le corresponde una

categoría; las escalas están establecidas en función de ciertos datos como: ingresos

anuales, superficie utilizada, energía eléctrica.

Naturaleza jurídica: ¿estamos ante un nuevo impuesto, o solo ante un régimen que regula el

ingreso al fisco de tres tributos? Una parte de la doctrina considera que estamos ante un

impuesto integrado, cuyo hecho imponible esta definido por el ejercicio de una actividad

comprendida en el régimen simplificado, y la base imponible esta determinada en forma

presuntiva, tomando como parámetros de capacidad contributiva los ingresos, ciertas

magnitudes físicas y el precio unitario de las operaciones.

Otros autores sostienen que se trata solo de un régimen, por cuanto carece de objeto o

materia gravada; solo es un régimen simplificado para tres gravámenes: Ganancias, IVA,

Seguridad Social.

Sujetos: son pequeños contribuyentes las personas físicas que realicen la venta de cosas

muebles, obras, locaciones o prestaciones de servicios, los integrantes de las cooperativas de

trabajo y las sucesiones indivisas. También las sociedades de hecho y comerciales irregulares

con un máximo de 3 socios.

En todos los casos, para ser sujetos pasibles de someterse al régimen es necesario:

‐ Que los ingresos no sean superiores a los que fija la ley

‐ Que no superen en el mismo periodo los montos máximos que fija la ley

‐ Que el precio unitario de venta no supere el máximo

‐ Que no realicen importaciones

Además, en el caso de sociedades, la totalidad de los integrantes deben reunir las condiciones

para ser monotributistas.

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2. Categorías. Sanciones. Exclusiones. Regímenes especiales.

Categorías: Los pequeños contribuyentes deberán ingresar mensualmente el impuesto

integrado, que resultara de la categoría donde queden encuadrados en función del tipo de

actividad, los ingresos brutos y las magnitudes de superficie afectadas a la actividad.

Cuando AFIP verifique que las operaciones de los contribuyentes no se encuentran

respaldadas por las respectivas facturas o documentos, presumirá que estos tienen ingresos

anuales superiores a los declarados en la categorización, y podrá excluir de oficio; el excluido

no puede reingresar al régimen hasta que pasen 3 años.

Los contribuyentes deberán exigir, emitir y entregar facturas. Con relación al IVA no producen

crédito fiscal ni crean debito fiscal.

Los inscriptos deberán exhibir en sus establecimientos, la placa indicativa de su condición, la

categoría y el comprobante de pago del último periodo.

Actualmente la ley exige una recategorización cada 4 meses.

Sanciones:

o Clausura y multa

Operaciones que no se encuentren respaldadas por las respectivas facturas

No exhibir en lugar visible el comprobante de pago o el certificado de

condición de monotributista

o Omisión: falta de presentación de declaración jurada

o Defraudación

Exclusiones: as causales de exclusión están enumeradas en la ley;

‐ Cuando los ingresos de los contribuyentes superen los establecidos en la ultima

categoría

‐ Cuando los parámetros físicos superen los de la ultima categoría

‐ El máximo precio unitario de venta

‐ Adquieran bienes o realicen gastos injustificados por un valor incompatible con los

ingresos declarados.

‐ Realicen mas de 3 actividades simultáneas o tengan mas de 3 unidades de explotación.

Régimen Especial: figura del pequeño contribuyente eventual para cubrir el bache que existía

en el régimen anterior de aquellos sujetos que pagaban esporádicamente, en virtud de que

por sus actividades o la situación económica del país, no tenían un ingreso fijo permanente.

Aquí se aplicaran las normas generales del monotributo, con excepción a las siguientes normas

especificas:

Sujetos Pasivos: personas físicas mayores de 18 años que por las características de las

actividades que realicen esta sea eventual u ocasional, sus ingresos brutos no sean mayores a

$12.000, no tengan local o establecimiento estable, no revistan el carácter de empleadores y

no realicen importaciones de cosas muebles o de servicios.

Estos contribuyentes pagan $35 como una forma de pago a cuenta, tomados de los aportes.

Estos $35 reemplazan el aporte mensual

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