Capítulo 1

El Radicalismo

1890-1966

1. LA UNIÓN CÍVICA RADICAL: FUNDACIÓN, OPOSICIÓN Y TRIUNFO

(1890-1916)

Durante un cuarto de siglo, desde su fundación hasta la primera victoria en elecciones

presidenciales en 1916, la Unión Cívica Radical (UCR) fue el principal partido de la

oposición en la Argentina. En su accionar como fuerza opositora, tuvo un rol protagónico

en la política nacional, ya que desafió el orden ideológico y político acuñado desde 1880,

y contribuyó a sentar las bases de un nuevo sistema de partidos marcado por el

antagonismo entre gobierno y oposición.

Nacida formalmente en 1891, la UCR se organizó con el objetivo de revertir los

cambios introducidos por las administraciones del ochenta. Su principal enemigo fue el

Partido Autonomista Nacional (PAN), la coalición política que dominó el período. Para

combatirlo, la UCR empleó todos los métodos a su alcance: una fuerte organización

partidaria, un discurso público ferviente, las armas, el voto, las alianzas, la abstención

electoral y, finalmente, la competencia en los comicios luego de la reforma de 1912.

Pero, ¿qué sucedía en el país entonces? Hacia 1880 se habían podido sortear diversas

problemáticas que imperaban en la agenda del gobierno. Entre otras, se había declarado a

Buenos Aires capital de la Nación, el problema del indio en las regiones del sur se había

controlado, lo que significó que se iniciara un proceso de doblamiento de la Patagonia,

como así también las regiones boscosas del noreste. En los años siguientes se fueron

liquidando problemas limítrofes pendientes con los vecinos, permitiendo, de este modo,

que el estado nacional adquiriera su fisonomía definitiva. No se puede dejar de mencionar

el crecimiento de la red ferroviaria, la remodelación del puerto, el acento puesto en el

tema de la educación, como así también algunos síntomas de la crisis relacionados con la

desequilibrada situación externa. En medio de esta realidad, aparece un sistema político

restringido, autoritario y orientado a maximizar los beneficios de un grupo de familias

cuyos negocios se relacionaban con el rol de país exportador de materias primas, que en el

mercado mundial, le toco jugar a la Argentina. En este contexto se dio origen a diferentes

reclamos de sectores populares que prácticamente eran ignorados por el Estado y sus

gobernantes, por ejemplo los reclamos pro la modificación del sistema político. Esto

permitió la proliferación de diferentes grupos e ideas políticas, como ser el socialismo, el

anarquismo, el sindicalismo revolucionario, entre otras. La Unión Cívica surgió de entre

estos movimientos.

1.1 Gobierno y oposición durante la crisis de 1890

Entre julio y agosto de 1889 una serie de reuniones tuvo lugar regularmente en la

casa de Aristóbulo del Valle en la avenida Alvear, donde se discutió la posibilidad de

organizar un partido de oposición que le hiciera frente al PAN. Los participantes de estas

charlas eran los mismos que habían unido sus debilitadas fuerzas políticas en una

coalición denominada Partidos Unidos en 1886, compuesta por mitristas, seguidores de

Bartolomé Mitre católicos, ex republicanos y bernardistas, de acuerdo a las ideas de

Bernardo de Irigoyen. Siendo imposible evitar que Miguel Juárez Celmán se convirtiera

en presidente, el rol de Partidos Unidos se había reducido a ejercer una oposición

simbólica al candidato del PAN: tres años más tarde sus principales miembros,

reanudaban sus esfuerzos en pos de un objetivo común: revertir el cambio en la geografía

política que había tenido lugar durante la década del ochenta, en el cual los viejos

partidos porteños estaban declinando. Desde 1880, el PAN era prácticamente invencible

en las contiendas electorales y era seguro que se alzaría con el triunfo en la próxima

elección. Además, Juárez Celmán anunciaba a gritos desde 1889 que ya tenía elegido

sucesor: su viejo amigo, también cordobés, Ramón J. Cárcano.

No obstante, al tiempo que las reuniones en lo Del Valle agonizaban, una serie de

procesos y circunstancias se combinaban para alterar el curso de los acontecimientos y

crear un clima favorable para la organización de una oposición. La Argentina se arrimaba

al borde de la más aguda crisis económica que el país experimentaría en la segunda mitad

del siglo XIX. Un grupo de estudiantes universitarios expresó públicamente su lealtad

incondicional al Presidente. El evento inspiró a Francisco Barroetaveña, joven abogado

que había participado en las reuniones en casa de Del Valle, a publicar en la Nación:

“¡Tu quoque juventud! En tropel al éxito”, un artículo condenatorio de la juventud

juarista y el Presidente. El texto fue el motivador que unió a la oposición universitaria en

una organización llamada Unión Cívica de la Juventud (UCJ), cuya primera medida fue

convocar un acto público de oposición a Juárez Celmán en el Jardín Florida el 1º de

Septiembre de 1889.

No; una cosa sería organizar clubes de jóvenes en la capital y en las demás ciudades

importantes de la República y después de constituir una potencia, pactar alianzas con el

poder, bajo condiciones que garantieran reformas y mejoras favorables al país; y otra

muy distinta formar un club de jóvenes y ofrecer una adhesión incondicional al jefe de

Estado.

Francisco Barroetaveña, “¡tu quoque juventud! En tropel al éxito”,

La Nación, 20 de agosto de 1889.

Farncisco Barroetaveña fue el vínculo entre la UCJ y los políticos de más trayectoria

que participaban en las reuniones de la avenida Alvear. Si se investía a la nueva

agrupación con una imagen de iniciativa independiente y espontánea de un gripo de

jóvenes, podría quizá ser superado el viejo problema de la conducción del partido y de

los candidatos. Aristóbulo del Valle y su socio Mariano Demaría se encargaron de

convencer a los políticos de mayor prominencia de unirse a la iniciativa de los jóvenes y,

para el acto del 1º de septiembre en el jardín florida, la UCJ había recibido las adhesiones

de Mitre, Irigoyen, Vicente Fidel López y Leandro Alem. Este último se había alejado de

la política en 1880, y este acto marcaba su retorno a la vida pública.

Las conversaciones entre los miembros mayores de la UCJ se intensificaron, en un

intento de definir a la nueva asociación. Para diciembre, las reticencias de unos fueron

vencidas por el entusiasmo de otros y se acordó formalmente poner en marcha una

organización política basada en la iniciativa de la UCJ. Se decidió que Alem presidiría la

nueva organización, ahora rebautizada Unión Cívica (UC), se abrieron comités para

recibir adhesiones y se planificó un acto inaugural de la agrupación para el 13 de abril de

1890. No obstante, la UC no fue una agrupación política con fines electorales, su objetivo

fue agitar a la opinión pública contra el gobierno, pero no alentó a los ciudadanos a

acudir a las urnas, no tomó parte en las elecciones para el Congreso de febrero de 1890,

sus dirigentes no se plantearon una estrategia para la elección presidencial de 1892, no

presentaron los acostumbrados programas partidarios, y no se discutieron los liderazgos o

candidaturas.

1.2 Aires de Revolución

La UC no fue organizada como un partido político, sino como una cortina de humo

para la preparación de una revolución para derrocar al presidente, acordado por sus

líderes en diciembre de 1889. Para ese entonces los contactos con el ejército ya se habían

iniciados. El general Manuel Campos había aceptado ser el jefe militar del alzamiento y

Leandro Alem su jefe civil. No había planes para que la UC continuara existiendo una

vez que su propósito se hubiera concretado, con el triunfo de la revolución, un gobierno

provisional llamaría luego de tres meses a elecciones generales. Los planes

revolucionarios se aceleraron luego del éxito del acto de inauguración del 13 de abril de

1890. Después del acto, Bartolomé Mitre, la figura de más renombre dentro de la

oposición, partió rumbo a Europa dejando la organización de la revolución en manos de

Alem y Manuel Campos, y de una Junta Revolucionaria compuesta por Alem, Del Valle,

Mariano Demaría, Miguel Goyena, Juan José Romero, Lucio López, José María Cantilo,

Hipólito Yrigoyen, Manuel Ocampo, el general Domingo Viejobueno y los coroneles

Julio Figueroa y Martín Irigoyen. Más de mil efectivos y una escuadra rebelde de siete

barcos componían las fuerzas con las que contaba la UC. Comparados con los cuatro mil

soldados del gobierno, los rebeldes no representaban una gran amenaza. No obstante, los

revolucionarios estaban convencidos que contingentes de civiles se unirían

espontáneamente a la insurrección. Se acordó desde el comienzo que la revolución se

limitaría a Buenos Aires.

El movimiento revolucionario de este día, no es la obra de un partido político.

Esencialmente popular e impersonal, no obedece ni responde a las ambiciones de

círculo u hombre público alguno. No derrocamos al gobierno para separar hombres y

sustituirlos en el mando; lo derrocamos porque no existe en la forma constitucional, lo

derrocamos para devolverlo al pueblo a fin de que el pueblo lo reconstituya sobre la

base de la voluntad nacional y con la dignidad de otros tiempos, destruyendo esta

ominosa oligarquía de advenedizos que ha deshonrado ante propios y extraños las

instituciones de la República.

“Manifiesto Revolucionario de 1890”, reimpreso en Mensaje y destino,

Buenos Aires, 1946, vol. VII, p. 48

Mientras la UC se aprestaba a finalizar los preparativos revolucionarios, el Presidente

recibía desde abril reiteradas advertencias de miembros del gabinete que se estaba

preparando una revolución. Pero nadie logró convencerlo, Juárez Celmán subestimaba a

la oposición. Sólo a mediados de julio una filtración convenció al Presidente de la

existencia del peligro, y en una reunión de gabinete se tomaron medidas.

La revolución de julio consistió en cuatro días de combate donde los rebeldes fueron

vencidos. A pesar del triunfo del gobierno nacional, Juárez Celmán se vio obligado a

renunciar el 6 de agosto. Estos acontecimientos abrieron un período de incertidumbre en

el panorama político ya que, terminada una década de holgada dominación del PAN, la

escena política se fragmentaba.

La renuncia de Juárez Celmán convirtió la derrota militar de la UC en un triunfo

político. Pero pronto se acentuaron las disputas interna dentro de la UC. En efecto, Luego

de la revolución, las distintas facciones de la UC comenzaron a expresar diversas lecturas

sobre la situación política. Para el sector mitrista, el resultado de la revolución había sido

altamente satisfactorio y pronto saborearon algunos beneficios de la nueva prominencia

de la UC. Pero pronto quedó claro que el resto de la UC tomaba actitudes distintas.

Aristóbulo del Valle opinaba que la UC debía mantener su papel opositor. A su entender

debía sacar provecho de la popularidad ganada tras la renuncia de Juárez Celmán y

convertirse en un partido político bien organizado que genuinamente pudiese competir

contra el PAN. Leandro Alem, por su lado, adoptó un punto de vista más extremo.

Continuaba siendo el presidente de la UC y después de la revolución había ganado gran

popularidad. El disenso dentro de la UC se manifestó en las contradictorias actitudes

públicas que emergieron de sus principales miembros. Mientras Alem y sus seguidores

iniciaron una acerba campaña contra el gobierno organizando una serie de actos públicos

en los que manifestaban que no descartarían el uso de la violencia, La Nación publicaba

editoriales a favor del nuevo gabinete, mientras que Mitre desde Europa declaraba que la

revolución de julio había sido meramente una protesta contra la desorganización de las

finanzas del país, que el actual gobierno era representativo y que gozaba del pleno apoyo

del pueblo. Dentro de la UC las discrepancias se tradujeron en luchas internas por

apoderarse de su dirección. Los mitristas intentaron sin éxito desbancar a Alem de la

presidencia del partido, y mitristas, alemnistas y partidarios de Bernardo de Irigoyen se

agolparon a formar alianzas en nombre de la UC con grupos provinciales que emergieron

con gran rapidez y reclamaban unirse a la nueva agrupación para formar una

organización nacional.

Cuando luego de la revolución de julio la UC se aprestaba a reorganizar sus filas, se

decidió copiar el modelo norteamericano de organización partidaria de comités y

convenciones. El modelo no sólo ofrecía una solución para elegir candidatos partidarios

dentro de una organización con grietas internas y con una variedad de liderazgos, sino

que además respondía a la creencia ampliamente compartida de que era tiempo de

legitimar las prácticas políticas en la Argentina y de romper con la tradición de partidos

personalizados.

1.3 Nace la Unión Cívica Radical

En septiembre de 1890 la UC aprobó una Carta Orgánica que establecía que la

selección de los candidatos partidarios comenzaría en convenciones seccionales, para

pasar luego por convenciones por circunscripción y por provincia hasta llegar a una

Convención Nacional. A su vez, la nueva estructura contaría con un sistema de comités

(nacionales, provinciales, de circunscripción y sección) encargados de la administración

cotidiana del partido.

La primera y última Convención Nacional de la UC tuvo lugar en Rosario el 15 de

enero de 1891, para la elección de candidatos presidenciales para los comicios de abril de

1892. Luego de vencer fuertes resistencias internas fue aprobada la fórmula Mitre-

Irigoyen. Sin embargo, al mismo que era elegido candidato, Mitre, todavía en Europa,

contemplaba otras opciones. Retornó al país el 18 de marzo de 1891, y dos días después

anunció públicamente que él y Roca habían celebrado un acuerdo por el cual la UC y el

PAN se presentarían juntos en la próxima elección presidencial.

Apenas fue públicamente sellado el acuerdo comenzó a encontrar dificultades. En

mayo Alem rompió con Mitre y en junio la UC se dividió definitivamente en dos grupos

distintos: los “antiacuerdistas”, pronto conocidos como radicales, y los “acuerdistas” que

formaron la Unión Cívica Nacional (UCN). La ruptura fue definitiva (Manifiesto del

comité nacional julio 1891, ver anexo 1). Los radicales liderados por Alem y Bernardo de

Irigoyen, organizaron su propia convención partidaria en agosto y eligieron la fórmula

presidencial Irigoyen-Garro. Inicialmente los radicales conformaron el grupo minoritario

de la vieja organización: la mayoría de los comités locales en la ciudad y provincia de

Buenos Aires se unió a la UCN. En el interior del país, los radicales tenían el apoyo de

importantes facciones en Mendoza, Catamarca y Córdoba, y de grupos menores en

Tucumán, San Luis y Santa Fe.

Dentro del PAN el acuerdo también provocó resistencias sobre las reparticiones de

los espacios del poder con la UC; los roquistas se resistían a compartir puestos en las

administraciones públicas con sus antiguos rivales. En las filas del Ejército tampoco se

vio de buen grado que se realizara una alianza política con los grupos que se habían

insurreccionado menos de un año atrás. En octubre, Roca y Mitre abandonaron el

acuerdo, mientras que El 18 de diciembre, un grupo de ex juaristas que se hacían llamar

“modernistas”, lanzó la fórmula Roque Sáenz Peña-Manuel Pizarro para la próxima

elección presidencial. Miembros activos del grupo modernista eran Paul Groussac,

Roque Sáenz Peña, Miguel Cané y el ex mitrista Lucio López, y contaban con el apoyo

de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santiago

del Estero, Catamarca, Jujuy y Salta.

Mitre y Roca reaccionaron de inmediato restaurando su acuerdo original. Los

radicales fueron invitados a unirse a la alianza pero rechazaron la oferta. Sin embargo, el

nuevo acuerdo era insuficiente para detener a los modernistas, Roca y Pellegrini jugaron

una última carta: a menos de dos meses de las elecciones le ofrecieron a Luis Sáenz Peña,

el padre del candidato de los modernistas, la candidatura presidencial. El padre aceptó y

el hijo retiró su candidatura. La apelación al respeto filial neutralizó a los modernistas;

Luis Sáenz peña fue elegido presidente en abril de 1892.

Las elecciones fueron llevadas a cabo en una atmósfera de gran tensión. Pocos días

antes de la fecha de los comicios, el presidente Pellegrini declaró el estado de sitio y

ordenó el arresto de los miembros de la UCR de la capital y de las provincias, incluyendo

a Alem.

Los radicales se declararon inocentes y ante las medidas de represión adoptadas por

el gobierno, se abstuvieron de participar en las elecciones. Cuando luego de las

elecciones Pellegrini tuvo que defender ante el Congreso su política de seguridad, sus

argumentos fueron débiles y el sentimiento generalizado fue que el gobierno había

exagerado el peligro, ejerciendo una dureza innecesaria hacia los radicales. Ante el

público, el episodio que rodeó a la elección de Luis Sáenz Peña tornó al partido radical

en víctima de un complot gubernamental y le propició a la UCR sólidas bases para

cuestionar la legitimidad del presidente Luis Sáenz peña.

1.4 Los dirigentes

Cuando luego de la elección se levantó el estado de sitio, los líderes radicales

comenzaron a reorganizar sus filas. El adjetivo de “radicales” les fue brindado por sus

adversarios quienes los acusaban de extremistas e intransigentes. La UCR argumentaba

que su único propósito era pedir lo elemental en materia de libertad y garantías

electorales.

Durante su etapa fundacional de la UCR que recorre los años entre 1891-1897, sus

principales líderes fueron los presidentes del partido Leandro Alem y Bernardo de

Irigoyen. La personalidad de Alem marcó profundamente al radicalismo de los años

noventa y su pasión política le imprimió a la conducción un aura moral y a su partido una

misión: la restauración de la república. Alem era de profesión abogado y su padre había

sido partidario de Rosas. Sus primeros pasos en la política habían sido en el

autonomismo de Adolfo Alsina y en el Partido Republicano. En 1880 Alem se retiró de

la vida pública para regresar en 1889 al frente de la UC.

Por su parte, Bernardo de Irigoyen pertenecía a una familia tradicional de Buenos

Aires, tenía una sólida educación, disfrutaba de una gran fortuna, y había hecho una

importante carrera política. Alem e Irigoyen diferían mucho en estilo. Alem gozaba de

los actos públicos multitudinarios, le gustaba la confrontación y los absolutos, su

obsesión por la vida política consumía su vida, y su mundo estaba tajantemente dividido

entre amigos y enemigos. Irigoyen, en cambio, era de modales aprendidos, tenía un

aspecto conservador, mantenía relaciones de amistad o diálogo fluido con miembros de

todo el espectro político, y se había mostrado igualmente cómodo en el Partido

Autonomista, en las administraciones de Avellaneda y Roca, en el PAN, en los Partidos

Unidos, en la UC y ahora en la UCR. Sin embargo Irigoyen se convirtió durante los

noventa en un opositor al PAN.

En cuanto a los demás dirigentes de la UCR, la integración del Comité Nacional del

partido en 1892 muestra una composición poco homogénea. Todos sus integrantes eran

profesionales; los más eran abogados, terratenientes o periodistas, y había además un

historiador (Adolfo Saldías), un periodista de La Prensa (Ramiro Lupo) y un novelista y

empresario teatral (Enrique Onrubia). La heterogeneidad dentro de su dirección se daba

más bien en las distintas trayectorias políticas de sus integrantes, entre los que se

contaban miembros que habían pertenecido al Partido Autonomista, Partidos Unidos, el

PAN, al juarismo y a la Unión Católica. Existía también una importante diferencia

generacional, con igual proporción de hombres de cuarenta, de treinta y de veinte años.

Uno de los rasgos más sobresalientes del Comité Nacional de la UCR era la falta de

experiencia política de la mayoría de sus miembros. Casi todas las figuras sobresalientes

de la UC original se habían alineado con Mitre, mientras que los más jóvenes y los recién

llegados a la política se habían convertido en radicales.

Una vez fundada la UCR, su campaña contra la situación política posjuarista, su

rechazo a todo acuerdo con al PAN y su defensa del uso de la violencia como recurso

legítimo para derrocar al gobierno, invistieron a los radicales de un identidad política

distintiva que se mantuvo a lo largo de la década del noventa.

1.5 Las palabras

A través de su diario El Argentino los radicales articularon un discurso de rechazo a

los cambios institucionales, políticos, económicos e ideológicos que habían tenido lugar

durante las administraciones de Roca y Juárez Celmán. Para ellos, el PAN no era más

que una “oligarquía de advenedizos”1 que habían irrumpido en la escena política del país,

“adueñándose de la autoridad como si fuera propiedad exclusiva, y de los dineros

públicos como si fuera propiedad de nadie”2. Los radicales acusaban al gobierno de

corromper las instituciones del país; la palabra corrupción entendida como un estado de

general de decadencia o de degeneración moral, fue un constante de su retórica. Las

administraciones de la década del ochenta eran culpadas de haber quebrado las

tradiciones políticas del país y de haber arrasado con sus instituciones.

Esta tradición había sido fundada en la Constitución de 1853 y consolidada durante

las décadas del sesenta y setenta cuando, según los radicales, el país había disfrutado de

1 “Manifiesto revolucionario de 1890” .Citado por Lobato Miriam en El Proyecto, la modernización y sus límites (1880-1916).Colección Nueva Historia Argentina. Buenos Aires, Sudamericana, 2000.2 El Argentino, 7 de agosto de 1893. Citado por Lobato Miriam en El Proyecto, la modernización y sus límites (1880-1916).colección Nueva Historia Argentina. Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

una sana competencia de los partidos políticos y los ciudadanos participaban activamente

en la vida pública. Según la UCR, esta tradición política se había visto interrumpida en el

ochenta con la llegada del PAN al poder. Gracias al éxito de su coalición nacional, el

PAN había impuesto en el país un nuevo sistema político e institucional que resultó en

“la supresión de la lucha,… la paz sin libertad,… la muerte del civismo”. 3

El PAN era acusado de imponer en el país “nuevas teorías y doctrinas malsanas”.

Para los radicales sólo la competencia sana de los partidos políticos podía mantener la

vida cívica de los ciudadanos, y sólo a través del ejercicio de la virtud cívica los hombres

podían gozar de libertad.

Las dos administraciones del PAN eran acusadas de haber corrompido los principios

de gobierno establecidos en la carta constitucional de 1853. La concentración de poder en

el Ejecutivo nacional que había tenido lugar durante la década del ochenta había

desvirtuado el principio de división de poderes. El Poder Legislativo no sólo se había

debilitado frente a la expansión del poder presidencial, sino que también se había visto

afectado en su composición como consecuencia de la intervención del Poder Ejecutivo en

las situaciones provinciales y de su capacidad para manipular las elecciones. El fraude

electoral, atentaba contra el principio de representación política y contra la legitimidad de

los gobernadores. Éstos, al no ser elegidos por el voto del pueblo, necesitaban para

mantenerse en el poder el apoyo moral y material del Presidente. A su vez, el sistema

federal también se había visto desvirtuado por las injerencias del Presidente en los

asuntos provinciales y por la consolidación del PAN como partido nacional.

Más significativo aún, los radicales creían firmemente que su diagnóstico de la

situación del país justificaba el uso de la revolución para derrocar al gobierno. Es

necesario enfatizar que el término revolución empleado por el partido radical en los años

era empleado para designar restauración, es decir, el legítimo uso de la violencia para

retornar al viejo orden, la restauración de las costumbres y de la constitución. En este

sentido, el término revolución no implicaba la construcción de un nuevo orden, sino el

mero acto de liberación de un gobierno ilegítimo que se había extralimitado en sus

funciones. Una y otra vez, los radicales declaraban que su intención no era la de innovar

3 “Manifiesto del 2 de julio de 1891”. Citado en Clementi, Hebe. El radicalismo. Trayectoria política. Hypamérica. Buenos Aires .1983. Página 95

o reformar las instituciones existentes. Su objetivo se reduce a obtener el

restablecimiento de las instituciones sin pedir una reforma de ninguna de ellas.

El tan deseado orden defendido por el PAN era visto por los radicales como el

quietismo de la servidumbre; el principio del orden, decían, era una idea noble pero

explotada por todos los tiranos de pequeña o mediana talla para permitir a los miembros

del gobierno disfrutar tranquilos de sus ahorros mal habidos. Para la UCR, los principios

de orden y progreso eran una muestra más del decaimiento que el país había sufrido

durante los gobiernos del PAN. El dinero y el lujo habían sido utilizados para corromper

el sistema político y adormecer el sentido de virtud cívica de los argentinos.

Desde sus respectivos periódicos y desde sus bancas en el Congreso Nacional,

radicales y autonomistas se enfrentaron en un debate público sobre la legitimidad del acto

revolucionario que dominó el primer quinquenio de la década del noventa. Dicho debate

no sólo colocó a la UCR y al PAN, sino que aisló a la UCR de otros partidos políticos o

facciones que en varios momentos también se opusieron al gobierno. El discurso radical

le dio al partido una idiosincrancia distintiva y dividió marcadamente las aguas entre

gobierno y oposición, definiendo el espectro político de estos años.

1.6 Las armas

La presidencia de Sáenz Peña fue la más inestable administración que el país

experimentó en la segunda mitad del siglo XIX. En sus casi 27 meses de ejercicio,

gobernó doce gabinetes diferentes, tuvo que reprimir una seguidilla de revoluciones,

recurrió a ocho intervenciones federales e impuso el estado de sitio durante varios meses.

La inestabilidad de la administración colapsó el acuerdo Roca-Mitre que había hecho

posible la elección del Presidente. El acuerdo se disolvió en octubre de 1892, pocos días

antes de que asumiera Sáenz Peña, dejándolo sin base política. El Presidente trató de

gobernar con el apoyo de personalidades de diferente contextura política. Su carácter

impredecible alentó a una intensa competencia entre los partidos políticos ya que todos se

mostraban ansiosos por una oportunidad de ejercer el poder. En julio de 1893, Sáenz

Peña le pidió a Aristóbulo del Valle, uno de los organizadores de la UC y líderes de la

revolución de 1890, que formara su nuevo gabinete. Una vez en el Ministerio de Guerra,

Del Valle demostró su determinación de arremeter contra los pilares en los que se había

basado el gobierno de Juárez Celman: las armas y las finanzas.

El nuevo gabinete da Del Valle y sus primeras medidas fueron determinantes para los

planes que el partido radical había venido desarrollando desde que se levantaron las

medidas de seguridad impuestas poco antes de la elección de Sáenz Peña. En noviembre

de 1892, la UCR había llamado a una Convención Nacional, al fin de la jornada Bernardo

de Irigoyen dio a conocer que se había decidido no reconocer la legitimidad del

presidente Sáenz Peña; que el partido mantenía los mismos principios y que seguía

defendiendo la legitimidad de la acción revolucionaria. El anuncio significaba una

declaración de guerra al actual gobierno. Las revoluciones radicales estallaron

simultáneamente en las provincias de Santa Fe, San Luis y Buenos Aires, en los últimos

días de julio de 1893.

Estas tres revoluciones fueron exitosas y por unos días las tres provincias quedaron al

mando de gobiernos provisionales radicales. Del Valle se vió obligado a renunciar, y el

Congreso aprobó las intervenciones federales en las dichas provincias. Luis Sáenz Peña

reemplazó el gabinete de Del Valle por Manuel Quintana, quien actuó con rapidez y

firmeza, convocando a la Guardia Nacional y colocando al país bajo estado de sitio.

No obstante, las duras medidas de Quintana no disuadieron a los radicales de

planificar y llevar adelante una nueva serie de alzamientos. Los planes para una

revolución de alcance nacional fueron madurando durante el mes de agosto, aunque

finalmente sólo estallaron insurrecciones locales en Corrientes, Tucumán y Santa Fe.

Las revoluciones de 1893 tuvieron consecuencias significativas. En el plano de la

política nacional, aceleraron la restauración del poder de Roca ya que los temores de un

colapso total del orden constitucional hicieron que roquistas y modernistas se

reunificaran para recuperar la supremacía en cuestiones de Estado. Para los radicales en

particular, las consecuencias fueron inesperadas y mixtas. La popularidad del partido se

incrementó. La firme política que Quintana desplegó contra los revolucionarios, le

imprimieron a la UCR el carácter de víctima de una persecución del gobierno que tuvo

como resultado el de aumentar el número de simpatizantes. La UCR ganó las elecciones

legislativas de 1894 en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, con lo cual logró por

primera vez una significativa representación en el Congreso.

1.7 El poder de los votos

El partido radical participó regularmente en las elecciones a lo largo de la década del

noventa en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, teniendo una trayectoria electoral

exitosa. En 1892 se alzó con más del 49% de los votos, para sobrepasar el 50% en 1894.

Sin embargo la actuación electoral del partido declinó en 1898, la última elección en que

el partido radical participaría hasta la reforma de 1912.

En cuanto a la base social del electorado de la UCR en la ciudad de Buenos Aires, la

escasa evidencia muestra que el partido no conquistó el apoyo de los sectores menos

calificados de la sociedad, ni tuvo apoyo en las zonas menos prósperas de la ciudad. En

elecciones donde la mayoría de los votantes eran alfabetizados y donde todos los sectores

sociales participaban en los comicios, el apoyo electoral de la UCR parecieran provenir

principalmente de los sectores medios y altos.

1.8 La oposición parlamentaria

El contenido de los proyectos radicales revela un tema recurrente: apuntaban a

restringir los instrumentos institucionales que podían ser empleados por el gobierno

nacional con fines políticos. Este era el objetivo detrás de las propuestas para una mayor

regulación de las intervenciones federales; para remover al ejército nacional de las

provincias y estacionarlo en las fronteras en épocas de paz; para retirar los procesos a los

soldados implicados en levantamientos de la jurisdicción de las cortes militares y

colocarlos bajo jurisdicción civil; para mejorar el control de las inscripciones en los

padrones electorales; y para impedir que los miembros del Congreso ocuparan

simultáneamente algún otro cargo dentro del Poder Ejecutivo nacional.

La única propuesta introducida por los radicales que recibió aprobación final del

congreso fue un proyecto de Leandro Alem para enmendar la Ley electoral vigente. El

proyecto se trataba sólo de una reforma temporal para agilizar el procedimiento de la

votación.

Luego de la derrota en las revoluciones de 1893, los radicales desviaron el foco de su

propaganda partidaria del ámbito institucional y político para concentrarse en lo

económico. Así el PAN y la UCR debatieron a lo largo de 1894 sus respectivas posturas

proteccionistas y librecambistas respectivamente.

Según los radicales, la Constitución Nacional establecía tarifas aduaneras para

proveer de ingresos al Estado, pero no podían aplicarse con el fin de proteger la industria

nacional. El PAN sostenía, en cambio, que la Constitución explícitamente incluía entre

los fines del Estado la promoción de la industria nacional y, por lo tanto los impuestos

aduaneros podían emplearse para cubrir dicho objetivo. Los radicales señalaban que

desde la independencia, el país había gozado de una tradición de liberalismo económico;

el PAN, por su lado, apuntaba que el reciente crecimiento económico era gracias a

medidas proteccionistas adoptadas. Y mientras los radicales señalaban los ejemplos de

Inglaterra, Estados Unidos y Francia; el PAN argumentaba que esos países sólo habían

reducido sus tarifas aduaneras después de muchos años de proteger sus industrias

nacionales.

En la primavera de 1894, el Congreso fue escenario de una incidente entre el PAN y

la UCR que atrajo tanta o más la atención que el debate sobre la política económica del

país. Se dio en el Senado donde se enfrentaron Bernardo de Irigoyen y Manuel Quintana.

Irigoyen solicitó una interpelación al ministro para que explicase a la Cámara las

políticas de seguridad adoptadas en octubre de 1893 y mantenidas a lo largo de 1894

cuando el país aya había recuperado la paz. La opinión pública se inclinó decididamente

en contra del ministro, y tuvo que renunciar. Arrastrado por la crisis resultante, el

presidente Sáenz Peña también presentó la renuncia.

1.9 Surgen las alianzas

Si bien la UCR había inicialmente sobrevivido a sus derrotas revolucionarias de 1893

y el partido había disfrutado del apogeo de su desempeño electoral de 1894, desde fines

de este año entró en franca decadencia. Esta situación era en gran medida producto del

dilema en que se encontraban sus dirigentes. La UCR se dividió internamente entre los

que privilegiaban un cambio en la naturaleza del partido, aspirando a que se abocara por

completo a la competencia electoral y terminara con la retórica virulenta y el uso de

armas; y los que se resistían a modificar los principios que habían dado vida a la

organización.

La nueva línea moderada que el partido esgrimió a partir de 1894 colocó a los

sectores radicales del interior en una posición difícil; muchos provincianos ahora se

sentían traicionados por el giro que había tomado el partido. La UCR había sido creada

como un partido intransigente que no pactaba acuerdos. Mientras que ganar espacios

públicos a través de la competencia electoral era una estrategia factible en la Capital y en

la provincia de Buenos aires, en el resto del país las revoluciones seguían siendo el

camino que ofrecía mayores posibilidades para que el partido radical pudiera acceder al

poder. Las ramas provinciales, sin embargo, no podían continuar una línea revolucionaria

sin el apoyo militar, financiero y logístico de la UCR de la Capital o del Comité

Nacional. Decepcionados por la nueva política adoptada, muchos grupos provinciales

fueron gradualmente abandonando las viejas banderas y pactaron acuerdos con los

partidos rivales en sus provincias a pesar de las directivas del Comité Nacional.

Sólo en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires la UCR continuó siendo

un partido de oposición independiente y relativamente fuerte. La UCR porteña

experimentaba fuertes dificultades financieras. Alem se vio obligado a ejercer su

profesión de abogado. El Argentino fue cerrado a mediados de marzo de 1896, cuando el

partido ya no pudo seguir financiando su impresión.

En contraste con la agonía gradual de la UCR de la Capital, la UCR de la provincia

de Buenos Aires con la conducción de Hipólito Irigoyen (1852-1933), presentaba un

cuadro notablemente diferente. Hijo de un inmigrante vasco (Martín Irigoyen) y de una

hermana de Alem, Yrigoyen había participado en su juventud en el autonomismo,

uniéndose a la UC en 1890. Luego de un rol menor en la revolución de julio y de que

Luis Saenz Peña abandonara la dirección de la UC en la provincia de Buenos Aires,

Yrigoyen tomó a su cargo la dirección del partido en la provincia en 1891, después de la

división de la UC. Su capacidad organizativa quedo demostrada con el impresionante

despliegue de la revolución de 1893, y luego confirmada con el exitoso desempeño

electoral del radicalismo bonaerense a partir de 1894. Manejaba los asuntos partidarios

en la provincia con completa independencia del comité nacional y del mismo Alem. Su

popularidad y relevancia a nivel nacional se acrecentó a la par que crecía la atención

pública en la política bonaerense.

Los miembros de la UCR porteña aspiraban a reorganizarse bajo los mismos

principios intransigentes y revolucionarios que le habían dado al partido su sello original.

Los dirigentes de la provincia pretendían que la UCR adoptase una política más

moderadas y flexible, y que incluso estableciera relaciones con otros partidos políticos.

El conflicto entre los dos sectores del partido demoró su organización, alentó la falta de

definición partidaria que la UCR experimentaba desde finales de 1893 y produjo el

alejamiento de muchos simpatizantes y militantes.

El 1º de julio de 1896, decepcionado y agobiado por las deudas Leandro Alem se

quitó la vida pegándose un tiro. No dejó tras sí un heredero para reemplazarlo en la

presidencia del partido y su desaparición acentuó las rivalidades existentes entre los

radicales de la Capital y de Buenos Aires.

Las tensiones internas se crisparon durante un conflicto desarrollado desde principios

de 1897 y que en septiembre terminó fracturando irremediablemente al partido. La

secuencia de hechos fue la siguiente: una convención partidaria designó a Bernardo de

Irigoyen presidente de la UCR, sustentado por el grupo alemnista. Irigoyen anunció la

celebración de un acuerdo con la UCN para que ambos partidos concurrieran con la

fórmula UCR-UCN a las elecciones presidenciales y de la provincia de Buenos Aires.

Frente a este anuncio la reacción de Hipólito Yrigoyen no se hizo esperar. Cuando se

aprobó el acuerdo, los yrigoyenistas fueron expulsados del partido y el acuerdo quedó en

la nada; pero sin mayoría Bernardo de Irigoyen asumió la gobernación.

Las dos facciones de la UCR nunca se reunificaron y la ruptura del partido radical en

1897 marca el fin del período fundacional del partido.

1.10 Nuevos aires para la UCR

Durante las primeras dos décadas del siglo XX, la escena política nacional cambió

velozmente. La supervivencia del partido radical en esta época, fue principalmente obra

de Hipólito Yrigoyen y de su círculo. Este fue el único sector del viejo partido que

mantuvo su nombre y reclamó el título de heredero de la UICR original. La

reorganización partidaria comenzó el 26 de julio de 1903 con un acto conmemorativo de

la revolución de 1890 ante un público de 50.000 personas. Los siguientes pasos fueron la

organización de un Comité de la Capital en septiembre y de un Comité Nacional en

febrero de 1904.

Para la reorganización del partido Yrigoyen acudió a la simbología partidaria de la

UCR original. En esta reconstrucción partidaria también acudió a la revolución, otro de

los hitos sagrados de la UCR original: la figura de Alem, la revolución de julio de 1890,

la estructura partidaria, las convenciones y la revolución. Planeadas a lo largo de 1904,

las nuevas revoluciones radicales estallaron finalmente el 4 de febrero de 1905 en Buenos

Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. Todas ellas fueron levantamientos cívico- militares

con diferentes grados de injerencias civiles y militares según cada movimiento.

Aunque las revoluciones de febrero de 1905 fueron derrocadas, dieron un nuevo

impulso a la reorganización del partido. La UCR no participó de manera activa en la

política del país hasta 1912, pero sus dirigentes construyeron una estructura partidaria

organizada en comités provinciales, capitalino y nacional. Si bien estos organismos se

reunían con escasa regularidad, le daban al partido la imagen pública de ser una

agrupación organizada que, deliberadamente, elegía la abstención política. Además

también supo emplear la simbología partidaria para darle a su organización una imagen

de continuidad con la agrupación inicial y disimular las tensiones que habían existido

durante los noventa entre tío y sobrino. Sin embargo, la UCR de Yrigoyen presentaba

algunos rasgos novedosos. Uno de ellos fue el estilo de liderazgo que ejerció (primero en

su partido y luego en la presidencia). A diferencia de su tío, Yrigoyen evitaba el acto

público y los discursos, y sus palabras eran etéreas en relación a las fogosas palabras de

Alem. Del mismo modo el caudillo radical demostró mejores condiciones para la

organización partidaria y el control sobre el mismo. La confrontación abierta, la retórica

vociferante, el acto público multitudinario y los discursos de la década de 1890 fueron

reemplazados por la dirección silenciosa, el lenguaje vago y el férreo control que ejerció

Yrigoyen sobre la organización partidaria, y por los que recibió los motes del “general” y

el “peludo”.

Los manifiestos y proclamas de la UCR Yrigoyenista también evidenciaron un nuevo

lenguaje y contenido. El discurso regeneracionista de la UCR de los años 90, poco a poco

fue desdibujado primero y desplazado después por nuevos lenguajes, reivindicaciones y

contenidos. El cambio comenzó a manifestarse desde la misma reinserción del

radicalismo en la escena política con la revolución de 1905.

El cambio en la manera de proclamar su contenido, produjo en el partido radical,

grietas internas e, incluso, sonoras renuncias como la de Pedro Molina. Para Yrigoyen,

los opositores no comprendían la gran misión que le correspondía al partido, una misión

identificada directamente con la grandeza de la nación, sobre la que no podían existir

partidismos y particularismos, y bajo la cual se decía que cabían “todas las creencias en

que se diversifican y sintetizan las actividades sociales”.

La abstención electoral elegida por los líderes radicales de la primera década del siglo

20, como arma partidaria, fue otro de los aspectos que diferenció a la nueva agrupación,

de su antecesora. La UCR decimonónica había participado regularmente en las

elecciones en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, argumentando la

ausencia de garantías para una competencia limpia, Yrigoyen adoptó la abstención

electoral como bandera de lucha. La nueva estrategia fue sólo revocada luego de que el

presidente Roque Sáez Peña le prometiera a Yrigoyen una competencia electoral

equitativa y una pronta reforma electoral.

La UCR comenzó a participar en elecciones a principios de 1912, poco antes de que

la reforma electoral fuese aprobada. Las incipientes victorias electorales de la UCR y el

clima reinante fueron suficientes para que el partido se lanzara de lleno a la participación

electoral una vez aprobada la ley y compitiera por las elecciones presidenciales de 1916.

1.11 Beneficios de la Ley Sáez Peña

Cabe recordar que antes de la ley Sáenz Peña el sistema electoral poseía las

siguientes características: el voto era voluntario y los electores debían inscribirse en un

registro especial para participar en los comicios; el acto de sufragar se ejercía expresando

a viva voz el nombre de la lista de preferencia; del mismo modo esta lista que reunía el

mayor número de sufragios obtenía todos los cargos en disputa (lista completa). Con el

advenimiento de dicha ley sancionada en 1912 el nuevo régimen electoral establecía el

carácter electoral del voto y la utilización del padrón militar. Igualmente se instituía el

sistema de lista completa, adjudicando dos tercios de los cargos en disputa al partido que

obtenía el mayor número de votos y el tercio restante a la fuerza que lo seguía en caudal.

La UCR demostró una excelente organización de sus bases partidarias y un sistema

de alianzas provinciales, reflejo de las actitudes políticas de su líder, que sólo en cuatro

años lo llevaron a su primera presidencia en 1916. Con el triunfo en las elecciones

presidenciales, el radicalismo puso fin a una etapa de su historia como partido opositor

para comenzar una nueva era de dieciséis años consecutivos como partido en el gobierno.

2. LOS GOBIERNOS RADICALES:

Entre el debate institucional y la práctica política

El acceso del radicalismo al poder en 1916, fue posible en la medida que esa

intención – la ampliación de la participación política- se tradujo en ley. En 1912, la

sanción de la ley electoral 8.871 incorporó la obligatoriedad y el secreto del voto,

poniendo en acto una universalidad que no se correspondía con su práctica concreta. El

principio “cada hombre un voto” transformó la vida colectiva en distintos niveles. Sus

primeras aplicaciones a nivel provincial le dieron el triunfo al partido Radical en Santa

Fe, Córdoba, y Entre Ríos y en el ámbito nacional, entre 1916 y 1930, se sucedieron tres

gobiernos radicales, el de Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna entre 1916 y 1922, el de

Marcelo T. de Alvear, entre 1922 y 1928, y el de Yrigoyen y J.E. Martínez, entre 1928 y

1930. La bandera y el programa del partido eran el cumplimiento estricto de la

Constitución.

Se inició así una nueva experiencia en la que se combinaron prácticas nuevas con

viejos modos de hacer política, resistentes al cambio propuesto por la ley. Nuevos

sectores se incorporaron a la práctica del sufragio, lo cual modificó la estructura de los

partidos que debieron competir en otros términos por la conquista del poder, ampliar su

aparato y adaptarse a campañas electorales masivas. Cambiaron la composición y

dinámica del Parlamento: el radicalismo ocupó por primera vez el gobierno y los

tradicionales sectores gobernantes, el rol de la oposición. El espectro de partidos se

amplió, por divisiones de los ya existentes más que por el surgimiento de agrupaciones

nuevas. Esto fue acompañado por un proceso de transformaciones en el aparato estatal

vinculado con la particular relación que se estableció entre gobierno y partido

gobernante.

El periodo de los gobiernos radicales, en tanto se trata de una coyuntura de cambio,

estuvo atravesado por un debate – en el que participaron publicistas, intelectuales, prensa

y agrupaciones políticas- sobre el sentido de las transformaciones que se operaban en la

vida política. Es decir, la apertura electoral planteó como tarea la construcción de un

sistema político democrático, que pusiera en acto los principios representativo,

republicano y federal inscriptos en la Constitución, y lo que ahora enfrentaba a los

diferentes sectores era el contenido que se le asignaba a cada uno de ellos.

2.1 El gobierno representativo: asoman los partidos políticos

La ampliación del sufragio situó a los partidos en el centro de la escena política. La

política de masas requería de organización para reclutar al elector. Junto con la demanda

por una participación ampliada, las organizaciones políticas, la prensa y los publicistas

demandaban la organización de partidos permanentes y orgánicos. Los estatutos de 1892

de la UCR – independientemente de su funcionamiento en la práctica- proponían

conformar una agrupación permanente, principista e impersonal y establecer un gobierno

descentralizado, dándole al partido una estructura federativa con base en los clubes

(organismos locales que a partir de 1908 adoptarán el nombre de comités).

El triunfo radical en las elecciones de 1916 oscureció, en parte, la visión optimista de

aquellos sectores liberales y conservadores que apoyaban la ampliación del sufragio

confiando en la “modernización” de los grupos tradicionales. Frente al triunfo radical y la

dispersión conservadora la pregunta obligada era si la ley debió ser corolario y no punto

de partida del proceso de democratización. De hecho, entre 1916 y 1930 se dio un

proceso de dispersión de las fuerzas políticas. No sólo las agrupaciones conservadoras

provinciales no constituyeron un partido a nivel nacional, sino que los radicales y los

socialistas se dividieron y el Partido Demócrata Progresista se eclipsó, quedando

nuevamente reducido a una agrupación provincial.

La crítica conservadora al radicalismo, su ausencia de programa, no parecía haber

sido tenida en cuenta en este caso. Al igual que para el Partido Radical cuando estaba en

la oposición, la consigna era salvar las instituciones y para ello los conservadores sentían

que podían prescindir de un programa porque constituían una “clase gobernante”. El

Partido Demócrata Progresista rechazó la invitación a sumarse a la concentración.

2.2 El partido gobernante

El radicalismo se enfrentaba a su nuevo rol de partido de gobierno. Esta situación lo

obligaba a ocupar escenarios que le eran ajenos, como el Parlamento y la burocracia,

liberando por un lado, tensiones inscriptas en su origen heterogéneo y por otro,

incorporando conflictos nuevos que se relacionaban con la superación del plano de las

abstracciones y los postulados abarcadores para pasar al de las realizaciones concretas en

una coyuntura complejizada por la Primera Guerra Mundial. Además, la distribución de

los recursos gubernamentales se transformaba en una arena permanente de disputa.

Los adherentes del radicalismo se aglutinaron a partir de una lectura compartida de

los que no funcionaba, de los cambios que debían producirse para poner en vigencia un

régimen político democrático.

En el complicado horizonte de las ideas rioplatenses de la segunda mitad del siglo

XIX, Alem se inscribía, “gruesamente”, en la tradición liberal. Asumía la defensa del

individuo frente al Estado y de los municipios y las provincias frente al gobierno central.

El orden legítimo era aquel que limitaba el poder dividiéndolo y descentralizándolo. La

premisa, entonces, era no gobernar demasiado. Los poderes del gobierno central debían

tener carácter excepcional porque no era allí donde residía la soberanía sino en el

Parlamento, única institución que no ofrecía peligro para los derechos y libertades

públicas y que evitaba el despotismo, y en el gobierno municipal, germen de las

instituciones libres. Junto con la defensa del régimen republicano y representativo. Alem

defendía el federalismo apoyándose en la Historia.

A diferencia de Alem, la preocupación de Yrigoyen pasaba por la construcción de la

Nación como instancia privilegiada de articulación de articulación posibilitando la

síntesis y agregación del conjunto social. El radicalismo resultaba así un anhelo

colectivo, una fuerza moral, una “causa” que tenía una misión histórica: construir la

Nación.

De este modo, el partido iba constituyéndose como organización que se pretendía

impersonal diferenciándose de los personalismos de cuño conservador, pero también

como fuerza que pretendía monopolizar la construcción de la Nación. Ésta es la primera

tensión inscripta en sus orígenes y de la que se derivan sus conflictos internos. Allí se

funda la escisión del partido en 1924 entre personalistas y antipersonalistas. La oposición

al liderazgo yrigoyenista recuperó la carta orgánica de 1892 y el propósito central de

Alem, organizar una asociación impersonal (Ver anexo Carta Orgánica).

Cuando el radicalismo pasó de ser un partido de oposición a un partido de gobierno,

las tensiones adoptaron la forma de divisiones locales y no cuestionaron el liderazgo

yrigoyenista, pero progresivamente se fueron transformando en un enfrentamiento por

definir dónde residía el “verdadero” radicalismo: en la “causa” sintetizada en su líder o

en el partido.

El fenómeno se repitió con matices, en todas las provincias. Rojos en el gobierno y

azules en la oposición, o a la inversa. Los movimientos provinciales parecían estar

regidos por intereses de orden local y ser ajenos a un plan de conjunto en el orden

nacional; cada provincia presuponía participar de una ecuación política que le era propia

y que sólo adquiriría contornos más definidos en el momento en que el partido se

dividiera.

A fines de 1917 el Comité Nacional, órgano ejecutivo del partido, presidido por

Crotto, envió comisionados a las provincias con el fin de lograr la unidad partidaria. De

la organización debían salir las autoridades que el partido reconocería como legítimas. En

algunas provincias, después de intentar la conciliación sin éxito, los comisionados

procedieron al modo de las intervenciones federales, haciendo tabla rasa con las

organizaciones existentes y convocando a elecciones internas para seleccionar

representantes de cada distrito. También fracasaron. Los grupos disidentes no

concurrieron a las elecciones y el intento unificador terminó con el reconocimiento, por

el gobierno central del partido, de una de las fracciones actuantes en la provincia.

La carta orgánica del partido (ver anexo 1) establecía que la renovación de las

autoridades directivas se realizaría anualmente, pero ese precepto no se cumplió. En

1921, ante la inminencia d las elecciones de renovación gubernativa, debía constituirse la

convención del partido para elegir candidatos. Beiró (luego de la renuncia de Crotto y

Rogelio Araya el vicepresidente), desde la presidencia del comité, intento una nueva

reorganización, que nuevamente fracasó. Los sectores opuestos a la política presidencial

no reconocían a los organismos directivos. Las provincias, en su mayoría, envían

representaciones dobles y en ciertos casos, triples. Fue ese comité nacional –tildado de

ilegítimo por una parte de la agrupación que consideraba que el partido se hallaba

acéfalo- el que decidió qué grupos de delegados integrarían la convención.

En ese momento, el enfrentamiento adquirió carácter nacional. La gestión

yrigoyenista comenzó a ser puesta en cuestión hacia fines de 1918 en el Comité de la

Capital, donde se redactó un documento que enumeraba las cuestiones que prenunciaban

la escisión: ausencia de programas, ideas y principios; ausencia de autoridades centrales

en el partido y su reemplazo por una jefatura indiscutida, la del presidente de la

República, lo que generó confusión entre partido y gobierno; comités formados por

empleados públicos o aspirantes a serlo que provocaron la retracción de los militantes

más prestigiosos. La escisión antipersonalista estaba en marcha, aunque recién se llevo a

cabo en 1924.

2.3 La escisión del partido radical

Las elecciones de 1922 produjeron una primera separación con la formación del

Partido Principista, que convocó al radicalismo a reorganizarse de acuerdo con sus

principios originarios que consideraba traicionados por el yrigoyenismo. Su evaluación

del primer gobierno radical es que era personal y arbitrario, asimilándolo a la tiranía; era

“régimen” y no “causa”. El dirigente salteño Joaquín Castellanos y el jujeño Benito

Villafañe estaban entre los inspiradores.

A partir de la asunción de Alvear como presidente, las tensiones se agudizaron en el

interior del partido y el foro privilegiado de la disidencia fue el Congreso. Su primera

manifestación fue el conflicto entre le vicepresidente, presidente natural del Senado, el

yrigoyenista Elpidio González, y senadores radicales opositores a Yrigoyen.

El acto inaugural del período legislativo de 1924, no fue asistido por los

personalistas, nombre con el que se designaba ya a los partidarios de Yrigoyen. La

división estaba planteada y se manifestó en diputados.

En agosto de ese año, en una asamblea realizada en el teatro Coliseo, los

antipersonalistas proclamaron la formación de un nuevo partido. La figura de Alem se

oponía a la de Yrigoyen. La escisión del partido gobernante provocó realineamientos en

el interior de los partidos de la oposición. La proclividad al acuerdo con el

antipersonalismo dividió al socialismo, dio lugar al surgimiento del Partido Socialista

Independiente y generó divergencias en el partido conservador. Finalmente, todos esos

sectores coincidieron en una fórmula común en las elecciones presidenciales de 1927: los

candidatos de lo que se llamó Confederación de las derechas fueron los antipersonalistas

Leopoldo Melo y Vicente Gallo. Su común denominador, el antiyrigoyenismo. Los

radicales fundaban en parte –y no la menos importante- su escisión en el modo de cómo

concebían al partido. El antipersonalismo reivindicaba, no por casualidad, la carta

orgánica de 1892 para oponerse a lealtades que respondían no a principios sino a una

jefatura carismática.

En los años de los gobiernos radicales los conservadores seguían pensándose como

un grupo de notables, reserva intelectual y moral del país para cuando el radicalismo,

bajo el peso de sus propios errores, debiera dejar el gobierno. La legitimidad para ocupar

bancas o cargos políticos no pasaba para ellos por el partido. Los canales de acceso a la

vida política estaban en la pertenencia a las familias tradicionales, la posición económica,

el prestigio social que sumados, garantizaban capacidad para el gobierno.

2.4 El parlamento

Cuando Yrigoyen asumió la presidencia, la Cámara baja se componía de 120

diputados y la Alta de 30 senadores. El radicalismo obtuvo 43 bancas en Diputados y

sólo 4 en Senadores, pero a lo largo del período se da el crecimiento de los radicales en

detrimento de los conservadores. En cuanto a los partidos menores, como el socialismo y

la democracia progresista, mantuvieron un número de bancas más o menos constante

hasta 1928. En ese período legislativo los demócratas perdieron su representación y los

socialistas, divididos, se las repartieron con ventaja para los independientes. Por otro

lado, las bancas radicales no constituían un bloque. Ya antes de la escisión formal del

partido la bancada estaba dividida, aunque fue recién en las elecciones legislativas de

1926 cuando presentaron listas separadas, obteniendo 38 bancas el personalismo y 20 el

antipersonalismo. Hacia el final del período, coincidiendo con el segundo gobierno de

Yrigoyen, los personalistas tenían amplia mayoría y quórum propio.

El recinto parlamentario se constituyó en un lugar privilegiado para los pleitos entre

partidos y en el interior de ellos. Pero lo que estaba en discusión en el interior del mismo

Parlamento era la definición del gobierno representativo. Este debate ponía en cuestión el

lugar de los partidos como canales de mediación en el sistema político e implicaba una

pregunta por la representación.

En el caso del Partido Radical la cuestión se complica. Un sector de los legisladores

exigía la separación entre partido y gobierno. El gobierno era personal y, por ende, ajeno

a la tradición del partido que se basaba precisamente en el repudio del personalismo. Los

extravíos o desviaciones de los derechos consagrados por la Constitución en que incurría

el presidente de la República no comprometían la acción parlamentaria del partido. Otro

grupo, el más numeroso, se sentía solidario con el mandato por el cual Yrigoyen fue

ungido. La misma lógica se desplegaba durante los años del gobierno de Alvear. Para los

yrigoyenistas, el presidente se apartaba de la tradición partidaria y esto justificaba las

obstrucciones y las ausencias al recinto parlamentario.

La ausencia de partidos orgánicos y disciplinados, fundamentaba dos tipos de

planteos: modificar el accionar de los partidos a través de reformas legislativas en el

marco de la representación territorial o promover cambios que lo reemplacen por otras

formas de mediación, funcionales, sectoriales y de intereses. Detrás de ambos

argumentos estaba en cuestión la Ley Sáenz Peña. Para los primeros, había que

modificarla; para los segundos, derogarla. Era mayoritaria la afirmación de que la ley

implicó un jalón en el camino del progreso político. Legisladores de distintas tendencias

proponían su modificación introduciendo la representación proporcional para ampliar las

posibilidades de los partidos menores, o volviendo al sistema de la circunscripción

uninominal establecido en 1902 para que fuera el ámbito local y no el comité el que

seleccionara a los representantes.

Cuando en 1912 se sancionó la ley 8.871, se estableció la lista completa combinada

con el secreto y la obligatoriedad del sufragio y el mecanismo plurinominal. El sistema

de lista fijaba la representación de la minoría en un tercio. En la perspectiva de los

legisladores la pluralidad y la proporcionalidad fija posibilitarían el ingreso al Parlamento

de los partidos nuevos, como el socialismo y el radicalismo. No estaba dentro del

horizonte de lo posible la pérdida del gobierno por los grupos tradicionales. El triunfo

radical –para los propiciadores de la reforma- era un resultado no previsto y no deseado.

El tercio funcionaba, como elemento atemperador de la ampliación política.

Una vez instalado el radicalismo en el gobierno y a medida que la ocupación de

espacios –gobernaciones y bancas- aumentaba, la oposición buscó en la reforma de la ley

electoral el modo de morigerar el avance. El régimen proporcional aparecía como una

solución posible. El argumento era que volvía más representativo al Parlamento en tanto

reflejaba con mayor fidelidad las diferencias en el electorado. La opción por la lista

incompleta favorecía el gobierno eficiente y el bipartidismo, aunque sacrificara la

representatividad.

2.5 El principio republicano: La relación entre el poder ejecutivo y el legislativo

Los legisladores de todos los sectores coincidían en que el debate político insumía la

mayor parte del tiempo de las Cámaras. Para los radicales, la ineficacia parlamentaria era

producto del obstruccionismo de la oposición que enjuiciaba permanentemente al

gobierno y al partido para provocar dilaciones. Para la oposición, la explicación estaba,

por un lado, en la división del partido radical, que se trasladaba al Congreso y provocaba

un enfrentamiento; por otro, en la sujeción del partido al gobierno y fundamentalmente,

al Ejecutivo.

Según la oposición, era Yrigoyen quien proporcionaba los motivos para que la

Cámara se viera obligada permanentemente a defender sus fueros frente al

avasallamiento del que era objeto, y esto era previo a la tarea de legislar. La enumeración

de motivos es conocida: el presidente no asistía a las sesiones de apertura del Parlamento.

En los seis años de su primer gobierno Yrigoyen no lo hizo nunca y sólo en 1918

presentó excusas a la Cámara, tampoco concurrió durante su segundo gobierno ésta es

una de las diferencias con Alvear que se presentó en todos los períodos legislativos de su

mandato. Si bien la ausencia del presidente no impedía el funcionamiento parlamentario,

su presencia era una prescripción constitucional y la no concurrencia adquirió un fuerte

valor simbólico. Conservadores, socialistas y demócrata progresistas coincidían en

afirmar que implicaba falta de respeto, arrogancia y soberbia.

El segundo motivo era el desconocimiento de las facultades de la Cámara para llamar

a su seno a los ministros. El artículo 63 de la Constitución establecía que cada una de las

Cámaras podía hacer concurrir a su sala a los ministros para recibir las explicaciones e

informes que considerara convenientes. Se trataba del derecho de interpelación. En los

dos períodos presidenciales de Yrigoyen aumentó considerablemente el número de

interpelaciones fracasadas en relación con períodos anteriores.

En este último período, el radicalismo personalista tenía mayoría absoluta en la

Cámara de Diputados, la misma renunciaba a la facultad de interpelar en una actitud de

protección al Poder Ejecutivo, a diferencia de los años del primer gobierno en que la

mayoría de los diputados radicales votaba afirmativamente los pedidos de interpelación.

El tercer motivo esgrimido es el abuso de la facultad ejecutiva de intervenir a las

provincias en el receso parlamentario. Yrigoyen envió 15 intervenciones por decreto en

su primer gobierno y 2 en el segundo sobre un total de 20 y 4, respectivamente. La

conflictiva relación entre el Ejecutivo y el Legislativo dio lugar a un debate sobre el lugar

de la soberanía que no llegó a colocar en cuestión la forma que adoptaba el régimen

político. La oposición instalaba el lugar de la soberanía en el Parlamento, representante

directo de la voluntad popular, sin embargo ello no implicaba necesariamente una opción

por el parlamentarismo frente al presidencialismo.

Interpretando de este modelo la facultad legislativa, el Parlamento consideraba que el

Ejecutivo la limitaba, ya que Yrigoyen sostenía que la Cámara abusaba del derecho de

interpelación con móviles políticos. En cuanto a las intervenciones por decreto, los

radicales sostenían que la Constitución otorgaba al ejecutivo, tácitamente, la facultad de

intervenir sin restricciones en los períodos de receso parlamentario. La oposición

recargaba argumentos para fundamentar que la facultad de intervenir era legislativa. El

grupo personalista, esgrimía, en última instancia, el principio de la supremacía de la

voluntad popular sobre el de la división de poderes.

En el período de los gobiernos radicales se reiteró en el Congreso la propuesta de

reglamentar los artículos quinto y sexto de la Constitución referidos a intervenciones

federales. Para el sector radical, si había abusos y arbitrariedades la responsabilidad era

del Congreso que no legislaba. La oposición sostenía que frente a ejecutivos arbitrarios

poco servía legislar ya que la práctica corriente era la violación sistemática de los

principios constitucionales.

2.6 El principio federal: la relación entre la Nación y las provincias

La doctrina que sustentaba Yrigoyen sobre las intervenciones y sus implicancias

políticas fue una de las cuestiones más retomadas en los análisis del período. El

presidente sostenía la idea de que el gobierno tenía una misión histórica que cumplir, la

reparación. Alcanzada en el orden nacional, debía imponerse en los estados federales

dado que el ejercicio de la soberanía era indivisible. Así, la reparación incluía dar a los

estados sus gobiernos “verdaderos”. Una vez que éstos se hubieran constituido

legítimamente podrían ser incorporados a la Constitución y sus gobiernos amparados y

leyes respetadas. De esta forma, en la perspectiva radical, las intervenciones iban a las

provincias a restaurar las autonomías provinciales, a colocar a los pueblos en condiciones

de darse sus propios gobernantes, que hasta el advenimiento del gobierno radical eran

elegidos por agentes del poder central.

Para la oposición, esta doctrina sometía el cumplimiento de la Constitución a una

condición suspensiva. Las leyes regirían y se respetaría la autonomía de los estados

federales cuando las intervenciones hubieran generado tantos gobiernos radicales como

provincias. Mientras el radicalismo las creía necesarias y justas, la oposición las

consideraba actos de violencia, de exclusivismo partidista, jalones en el camino de la

unanimidad y en la construcción de un vasto imperio personal del presidente.

Entre 1916 y 1922 Yrigoyen intervino nueve provincias gobernadas por

conservadores (Buenos Aires, Corrientes, Mendoza y Jujuy, en 1917; La Rioja,

Catamarca, Salta y Santiago del Estero, en 1918, y San Juan en 1919) y diez encabezadas

por radicales (Córdoba, en 1917; San Luis, en 1919; Salta y Jujuy, en 1921 y; Tucumán,

en 1917 y 1920; Mendoza, en 1918 y 1920, y San Juan, dos veces en 1921). Al terminar

su primer gobierno todas las provincias, excepto Santa Fe, habían sido intervenidas y

algunas en tres oportunidades.

Las intervenciones a gobiernos conservadores daban respuesta a la ilegitimidad; el

argumento era que sus gobernantes habían sido elegidos en elecciones fraudulentas y era

necesario devolverle la soberanía al pueblo de la provincia. Las intervenciones a

gobiernos radicales se hacían a requisitoria de los gobiernos provinciales. Una de las

particularidades de las intervenciones era que se prolongaban, en algunos casos, por

espacio de varios años, durante los cuales se sucedían los llamados a elecciones seguidos

de decisiones de prórroga. La otra es que, paralelamente a la llegada de la intervención,

el Partido Radical provincial de dividía.

Al iniciar su gobierno, Alvear intentó diferenciarse, sin provocar rupturas, de la

política intervencionista del período precedente. Dos provincias estaban intervenidas:

San Luis y San Juan. En la primera, se produjo el llamado a elecciones y el gobierno

nacional devolvió los fondos provinciales usados por la intervención; en la segunda,

envió notas al interventor para limitar sus funciones.

Uno de los intentos por modificar la política de intervenciones, propiciado por Alvear

y su ministro del Interior, José Nicolás Matienzo, fue el proyecto de reforma parcial de la

Constitución, presentado en el Senado en 1923. El proyecto no fue discutido, y el

detonante de la renuncia de Matienzo en noviembre de 1923 fue la cuestión de las

intervenciones federales. Vicente C. Gallo se hizo cargo del Ministerio del Interior.

Volvió a las intervenciones por decreto. El proyecto de Gallo era intervenir Buenos

Aires, bastión del yrigoyenismo, para lo cual tenía apoyo conservador. La negativa de

Alvear a apoyarlo provocó su renuncia en 1925 y su reemplazo por José Tamborini. Al

finalizar el período alvearista los gobernadores de San Juan, Mendoza, Jujuy, Santiago y

Santa Fe apoyaban al antipersonalismo. Córdoba, Salta, San Luis y Corrientes tenían

gobiernos conservadores. En las elecciones provinciales previas a las nacionales de 1928,

en Salta, Tucumán, Santa Fe y Córdoba triunfaron los yrigoyenistas.

Durante el segundo gobierno de Yrigoyen los argumentos de los legisladores

personalistas se extremaron y las posiciones se tornaron más irreductibles: el pueblo tiene

cada seis años la libertad absoluta de elegir y el presidente la de mandar. En el último

período legislativo de Alvear, cuando Yrigoyen ya había ganado la presidencia y los

yrigoyenistas habían conseguido mayoría de diputados, se votaron cuatro intervenciones

en cuatro días bajo protesta de la oposición. Cuando Yrigoyen llegó al gobierno, en 1916,

sólo tres provincias tenían gobiernos radicales: Santa Fe, Córdoba y Tucumán. Al final

de su mandato, prácticamente todas las provincias tenían mandatarios radicales. De

hecho, los cambios en el mapa político tienen que ver con la política de intervenciones,

aunque sólo en parte. El radicalismo contaba con un enorme apoyo popular que creció

durante todo el período.

2.7 Administración y política

Previo a la sanción de la ley Sáenz Peña, el mismo movimiento que pugnaba por la

democratización del sistema político exigía moralidad administrativa. Ambos procesos

eran pensados simultáneamente y la crítica al comportamiento administrativo era

indisociable de la impugnación a las prácticas políticas. La burocracia se consideraba una

fuente de prebendas al servicio del círculo en el poder. Moralizar la administración

equivalía a sujetarse a reglas claras, eliminar la arbitrariedad y las clientelas. Par los

impulsores de la ampliación del sufragio, éste terminaría con los favoritismos, la

ineficacia y la ineficiencia.

Más tarde, ya instaurado el voto secreto y obligatorio e instalados los radicales en el

poder, tal argumentación se tornó falaz. Las críticas a la administración continuaban y se

mantuvo la imagen de una burocracia estatal subordinada al partido gobernante y puesta

a su servicio, excesiva e inoperante. En todos los sectores políticos dominaba la demanda

por la racionalización del aparato administrativo aunque sin traducirse en normas

generales de procedimiento. Cuando los radicales llegaron al poder había un ejército

permanente y las agencias estatales –correos, ferrocarriles, establecimientos educativos-

se desplegaban por todo el territorio. No hubo innovaciones en este sentido. Los cambios

se limitaron a algunas iniciativas aisladas de tal o cual ministerio, o de algunas

reparticiones públicas. Los gobiernos electorales fueron dejando paso a los partidos. La

pertenencia al círculo de notables que “garantizaba” la capacidad, el mérito y el talento

unidos a una cierta posición social fue dando lugar a la militancia partidaria a la hora de

designar a los funcionarios y las vinculaciones tradicionales, a los lazos de lealtad y a la

afiliación a un comité si se trataba de seleccionar a los empleados estatales.

La imagen que traducen la prensa, los partidos opositores y las fracciones radicales

desalojadas sobre la administración es la de una máquina pesada y lenta, un lugar donde

los partidarios del gobierno tenían asegurada una renta sin mayor esfuerzo –y a veces

ninguno-, donde se fomentaba el vicio de la “empleomanía”, es decir, se alejaba a la

población de las actividades productivas restándoles dinamismo.

Se aludía al exceso de personal reclutado bajo la forma del patronazgo político, a la

complicación de procedimientos, a la superposición de funciones, al relajamiento de la

disciplina y a la no correspondencia entre jerarquía y salario. Una de las cuestiones más

subrayadas, no sólo en la época, sino entre quienes analizan los gobiernos radicales, es la

injerencia de la “política” en la administración y, en este caso, política alude al peso de

los comités en la función pública. A partir de lo cual se concluye que es necesaria la

separación de ambas esferas.

Sin embargo, hay consenso en reconocer que Yrigoyen, en los primeros años de su

gobierno, respetó las situaciones adquiridas en la administración manteniendo a todos

aquellos empleados que no tuvieran cuestionamientos en su desempeño y no provocó

desalojos forzados. El criterio partidista imperó para la provisión de las vacantes. S i esto

es así a nivel del gobierno nacional no parece haber ocurrido lo mismo en las provincias.

Son innumerables los documentos que dan cuenta de reemplazos masivos de empleados

públicos, situación que afectó al Partido Radical ahondando sus disidencias internas y

resquebrajando sus líneas de autoridad.

2.8 La “máquina” electoral

Las agencias estatales que tenían personal distribuido por todo el país (Correos,

Defensa Agrícola, Aduana, Concejo Nacional de Educación) ocupaban el centro de las

críticas.

Los partidos conservadores provinciales (liberales de Tucumán, autonomistas de

Mendoza, Concentración catamarqueña, etc.) y los radicales disidentes, que según la

provincia y la coyuntura, recurrían frecuentemente a la abstención por “falta de garantías

electorales”. La abstención funcionaba como motivo para demandar, una vez realizadas

las elecciones, la intervención federal. La oposición explicaba los triunfos electorales del

partido gobernante por la instauración de la máquina, es decir, el radicalismo ganaba por

las presiones oficiales y la utilización de los recursos gubernamentales. Sin embargo, la

mayoría de ellos tenía clara la insuficiencia del gobierno.

En el interior del radicalismo la relación entre gobierno y partido estaba en debate.

Enfrentando las críticas de la oposición sostenía que los empleados del “régimen” eran

agentes electorales. Pero a partir de la vigencia de la ley Sáenz Peña, un empleado de la

administración radical era un partidario. Pero las crónicas periodísticas registran en las

convenciones del partido, tanto nacionales como provinciales, los planteos de ciertos de

sus miembros que demandaban la separación entre partido y administración

estableciendo la incompatibilidad entre empleo público y cargos en el aparato partidario.

De hecho, el principismo y el antipersonalismo montaban buena parte de su propaganda

electoral y fundaban sus disidencias en la confusión partido/gobierno en la etapa

yrigoyenista. Se les asignaba a los empleados públicos la decisión en torno a

candidaturas. El triunfo del candidato del presidente, Alvear, en 1922, es atribuido por un

sector del partido a la composición de la convención. De 188 miembros, 30 eran

empleados públicos. Además, uno de los argumentos del antipersonalismo para enjuiciar

a la administración yrigoyenista es haber llenado todos los cargos vacantes con sus

propios partidarios antes de la asunción de Alvear para perpetuar la “máquina”.

Yrigoyen justificaba las vacancias en la administración y el mantenimiento de

reparticiones públicas acéfalas en razones de economía. El argumento más sólido de la

oposición era que si realmente se quería hacer economía esos cargos debían ser

suprimidos del presupuesto.

Lo ciertos es que meses antes de abandonar el gobierno Yrigoyen proveyó la mayoría

de las vacantes: el administrador de aduana, el presidente y los vocales del Concejo

Nacional de Educación, subsecretarios de ministerios y numeroso personal de

reparticiones autónomas .La cifra que se manejaba. No confirmada, es la de quince mil

designaciones, entre funcionarios y personal subalterno.

Cuando asumió el gobierno Alvear, incluyó en su agenda de cuestiones el tema de la

burocracia. Sin embargo, los escasos intentos por modificar situaciones creadas que

partieron de algunos ministerios chocaron con la resistencia del personal administrativo.

Los conflictos en la burocracia estatal que se produjeron en la etapa alvearista

estuvieron atravesados por la puja interna al propio partido gobernante. El

antipersonalismo exigía cambios de personal para desmontar la “máquina” yrigoyenista y

cada uno los ministros del Interior de Alvear (Nicolás Matienzo, Vicente Gallo y José

Tamborini) esgrimieron estrategias diferentes para dar respuesta a las demandas del

partido y a los problemas de la administración. Matienzo sostenía que mientras estuviera

en vigencia la facultad constitucional por la cual el presidente de la Nación nombra y

renueva al personal administrativo, nada le prohibía seleccionarlos entre miembros de un

comité político. La solución debía venir del Poder Legislativo, es al Congreso a quien le

correspondía producir o no modificaciones

Yrigoyen, en su segundo mandato, entre noviembre de 1928 y abril de 1929 dejó

cesantes a diez mil empleados de la administración y recurrió nuevamente a las vacancias

y acefalías. Los síntomas de la crisis, que ya comenzaba a sentirse, obligaban a reducir el

gasto público. Aquellos que demandaban la racionalización de la administración y el

achicamiento del aparato del Estado montaban ahora su crítica en la arbitrariedad y la

ausencia de planificación en la medida adoptada.

2.9 Una clara intención de legislar

La solución al electoralismo y a la incompetencia se planteaba en términos de

estabilidad y escalafón. Innumerables proyectos de carrera administrativa presentados

por legisladores de todos los partidos políticos circularon por el Congreso sin recibir

sanción. En casi todas las iniciativas legislativas, que tenían como punto de llegada una

organización más eficiente y racional de la administración pública, el punto de partida

era la experiencia de los países que se consideraban más avanzados. Básicamente se

tomaba como modelo la civil seviche reform, ley norteamericana de 1883. Este sistema

consideraba a los empleos como pertenecientes al partido en el gobierno y cada cambio

de administración exigía su renovación. El argumento que lo sostenía era que impedía la

formación de un cuerpo de funcionarios profesionales que pudieran tener excesiva

injerencia en cuestiones políticas. Su reemplazo respondió a la evaluación de que la

administración era ineficaz y corrupta y los legisladores argentinos invocarán el mismo

problema.

La procedencia política de los proyectos presentados en el Parlamento no marcaba

diferencias en su contenido. Tres eran los principios que los orientaban: concurso para el

ingreso, estabilidad garantizada por tribunales disciplinarios e instancia obligatoria del

sumario y escalafón que contemple capacidad y antigüedad.

Los proyectos que circularon en el Parlamento entre 1916 y 1930 se sustentaban en la

idea de que la burocracia debía ser técnicamente neutral, es decir, responder a los

titulares del poder político sean cuales fueren. En la práctica, el reclutamiento y la

selección tuvieron bases particularistas. Combinaban el clientelismo en la renovación de

las vacantes y la creación de nuevos cargos. El aparato estatal creció. Algunas agencias

estatales lo hicieron en función de las necesidades que implicaban el desarrollo y el

crecimiento de la población (educación, salud) y otras por motivos políticos o electorales.

3. LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS RADICALES

3.1 La primera presidencia de Hipólito Yrigoyen (1916-1922)

En el marco del nuevo panorama internacional, muy complejo, el radicalismo debía

enfrentar el desafío de poner en funcionamiento las instituciones democráticas,

conseguidas tras la larga lucha contra el “régimen”, y conducir con nuevas formas de de

representación y negociación los reclamos de reforma social que había impulsado. Las

demandas de participación política respondían a las transformaciones experimentadas por

la sociedad argentina en el proceso de expansión previo, que había permitido la

formación de una pujante clase media. Esa voluntad reformista, que asumió y condujo el

radicalismo, tuvo que desplegarse en condiciones muy diferentes y muchísimo más

complicadas que las que la Unión Cívica Radical había conocido hasta entonces. La

Primera Guerra Mundial modificó la economía, la sociedad, la política y hasta la cultura

de la etapa anterior.

La Unión Cívica Radical llegó al poder en 1916 sin un programa definido, sin

propuestas concretas para los problemas económicas y sociales con los que habría de

enfrentarse desde el gobierno. Su programa s limitaba al vago propósito de “realizar un

problema amplio, dentro de las finalidades superiores de la Constitución”. Yrigoyen

había fijado los objetivos del movimiento en la necesidad de “restablecer la moralidad

política, las instituciones de la república y el bienestar general”.

Los problemas económicos se definían a partir de la crítica al régimen, formando

parte de la “causa reparadora” que el radicalismo encarnaba. Eran planteos éticos,

llevados al campo de la política económica, respaldados en su fe en las “fuerzas

morales”, propulsoras por excelencia del progreso, sin presentar medidas concretas y

definidas.

La cuestión social se sintetizaban en la aspiración al “bienestar general”: se abarcaba

así a todas las clases sociales. La “solidaridad” era proclamada como el principio

fundamental del movimiento, solidaridad que alcanzaba incluso a los obreros; le

reprochaban al régimen por desatender las “justas peticiones” de aquéllos y por el hecho

de responderles “con la violencia armada o con las leyes de excepción”, al mismo tiempo

que se lamentaba por la “perturbación económica”, generada por las huelgas de la clase

obrera.

El radicalismo se autodefinía, no como un partido, sino como un movimiento

esencialmente político y, por eso, no planteó soluciones para los problemas económicos y

sociales. Elaborar un programa hubiera significado provocar un enfrentamiento entre los

diversos sectores sociales, que formaban la Unión Cívica Radical. Las clases medias y

medio – bajas, rurales como urbanas, aspiraban a incorporarse al proceso político

mediante el sufragio universal; los sectores de la elite intentaban controlar el

movimiento, frente a las nuevas perspectivas que abría la coyuntura electoral, con el

propósito de mantener sus posiciones privilegiadas.

3.1.1 Relaciones Internacionales

Cuando Yrigoyen asumió la presidencia en 196, debía resolver la posición que

sostendría el país con respecto a la guerra. Inicialmente mantuvo la política de la

neutralidad favorable hacia los aliados que significaba continuar con las exportaciones a

los países europeos, especialmente Gran Bretaña, y además concederles créditos para

financiar sus compras. La presión para declarar la guerra a Alemania se agudizó en 1917,

cuando este país inició los ataques submarinos contra buques comerciales neutrales. El

hundimiento de barcos de Estados Unidos empujó hacia la guerra a la principal potencia

americana, que pretendió sumar a su decisión al resto del continente. La Argentina se

había opuesto tradicionalmente a los intentos de promover una política panamericanista

que suponía la alienación con los intereses de Estados Unidos.

Yrigoyen defendió la neutralidad más allá de las presiones. Esa política no lo

enemistaba con Gran Bretaña, pero sí lo distanciaba de Estados Unidos. El presidente

tuvo varias actitudes de enemistad hacia ese país y de reafirmación de una postura

nacionalista: en 1919 ordenó que una nave de guerra saludara la bandea de la República

Dominicana, nación ocupada por los norteamericanos. Esas manifestaciones anti

norteamericanas expresaban un nacionalismo embrionario que comenzó organizarse

desde comienzos del siglo y que, si bien no cuestionaba el modelo económico dominante,

así se preocupaba por la conservación o rescate de los valores culturales propios y la

defensa d la soberanía territorial frente al avance de la influencia de Estados Unidos en

América Latina.

3.1.2 Política Económica

La guerra hizo evidente la vulnerabilidad de la economía primaria exportadora. Los

motores de la misma eran las ventas al exterior de materia prima, el ingreso de capital

extranjero –británico, fundamentalmente-, la mano de obra europea y la expansión de la

frontera agraria. El cultivo extensivo de las fértiles tierras pampeanas había alcanzado el

punto de máximo de expansión, por eso en la década del veinte el crecimiento del sector

rural se produjo fuera de esa región, en las zonas marginales de Salta, Jujuy, Río Negro,

Neuquén, Chaco y Formosa. La explotación de las nuevas tierras no podía producir la

fenomenal renta agraria que había caracterizado el área pampeana.

Las exportaciones agrícolas sufrieron en la época de la guerra el problema de la falta

de transportes. La finalización del conflicto causó mayores dificultades: el exceso de

productos primarios en el comercio mundial dejó como consecuencia que se formara un

stock permanente de tales bienes con la consiguiente baja de los precios internacionales.

Con esto, la economía argentina comenzó a debilitarse, perjudicada por el deterioro de

los términos de intercambio. Del mismo modo, la caída en las exportaciones ganaderas,

por una parte, como así también la repatriación de capitales y un flujo más lento e

intermitente, dieron causa a una fragilidad en la economía nacional que tuvo que padecer

los vaivenes de la reconversión de la posguerra. De allí a conflictividad con el

movimiento obrero.

El sector industrial se vio favorecido con el surgimiento de algunas actividades

sustitutivas, de todas maneras, como el desarrollo manufacturero era escaso, el reemplazo

de bienes se vieron limitados al depender de la importación de materias primas y

combustibles, y se desaprovecharon las condiciones naturales de protección creadas por

el conflicto.

La caída de las exportaciones, producidas por la guerra había dado origen a una crisis

de financiamiento del Estado. Los ingresos se obtenían básicamente de los aranceles

aduaneros y los impuestos indirectos auxiliados por los sucesivos préstamos externos.

Como el gobierno de Yrigoyen necesitaba aumentar los ingresos para poder solventar

su política social y ampliar el reparto de los empleos públicos. Para esto, su principal

arma política fue conseguir el apoyo de los sectores medios de la sociedad, que

constituían la base electoral del partido.

En tanto el problema del déficit fiscal, buscó ser solucionado gravando los impuestos

personales, pero el Congreso prácticamente no trató esa iniciativa. Sólo después del

golpe de 1930 se aprobó dicho impuesto.

3.1.3 Política interna

La política interna no fue una tarea fácil para el presidente Yrigoyen. La oposición

intransigente de liberales y conservadores, representativos del poder económico

concentrado en el sector agropecuario, que por entonces aún mantenía el control del

Poder Legislativo y de la mayoría de las provincias. Para ganar las elecciones utilizó

ampliamente el presupuesto del Estado, repartiendo empleos públicos entre sus

“punteros”. En 1918 obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados pero la clave seguía

pasando por el control de los gobiernos provinciales, decisivos a la hora de votar. Para

conseguir desplazarlos, no vaciló en intervenir las provincias que continuaban en manos

de los opositores.

Yrigoyen justificaba esta política de intervención a las provincias, que no respetaba

demasiado las instituciones, con el argumento de que el presidente debía cumplir un

mandato y una misión: la “reparación”. De ese modo, mientras el radicalismo hacía una

contribución fundamental a la incorporación ciudadana en la vida política mediante el

sufragio universal, fallaba en conseguir la consolidación y el reconocimiento frente a la

ciudadanía del sistema institucional democrático y del sistema federal.

Con la utilización de estos cuestionados mecanismos su poder aumentó

considerablemente, más allá que nunca logró afirmarse en el Senado, y tropezó con

dificultades imprevistas en Diputados, donde los legisladores opositores empezaron a

encontrar aliados en muchos radicales que no aceptaban los métodos del presidente.

Continuamente obstaculizado por el enfrentamiento en el Congreso, la primera

administración radical elaboró pocas leyes, y algunas de las que propuso no consiguieron

la aprobación del Parlamento. Así fracasaron los pedidos presupuestarios al poder

Legislativo para la colonización de tierras fiscales, la creación de un nuevo banco estatal

que financiara a los agricultores y la compra de barcos con la finalidad de fundar una

marina mercante del Estado nacional.

El radicalismo había llegado al gobierno sin explicitar un programa para no enfrentar

a los distintos sectores sociales que lo componían. Cuando Yrigoyen asumió la

presidencia, hostilizado por la elite conservadora, se volcó cada vez más a buscar el

apoyo de las clases medias con su política de reparto de puestos públicos. El déficit fiscal

aumentó y eso endureció al enfrentamiento con la oposición que lo acusaba de recurrir a

medidas demagógicas para conseguir el apoyo popular. Para las clases dominantes el

desequilibrio en las finanzas del Estado conllevaba el riesgo de la eventual cesación de

pagos y, en consecuencia, la interrupción del flujo de préstamos desde el exterior.

El radicalismo, más allá de ser un movimiento de carácter nacional, presentó matices

distintos en las diferentes provincias, y los conflictos internos del partido se entrelazaron

con las peculiares realidades provinciales, dando lugar a la formación de grupos políticos

disidentes con facetas propias y diferenciadas. El leninismo en Mendoza y el bloquismo

en San Juan se destacaron porque los caudillos de esas provincias, radicales en su origen,

terminaron colocándose en la oposición al gobierno de Yrigoyen.

3.1.4 La cuestión social

En los comienzos de su gobierno, el presidente radical manifestó una mayor

comprensión por las reivindicaciones de los trabajadores que la mostrada por los

gobiernos conservadores anteriores. De ese modo, se modificó la relación con los

sindicatos. Yrigoyen recibió a los sindicalistas, hizo de mediados y árbitro en los

enfrentamientos, aun si contar con los instrumentos legales apropiados. Merced a esa

intervención del gobierno, la resolución de las huelgas favoreció a los trabajadores.

La mediación del gobierno en las huelgas dio a los radicales cierto grado de

popularidad entre los electores de la clase obrera, y los ayudó a derrotar a los socialistas

en las elecciones de 1918 en la Capital. Pero la victoria se obtuvo a costa de una

encendida oposición de la elite conservadora y de los grupos de negocios británicos que

veían amenazadas sus intereses por una política que atendía los reclamos de los obreros y

no respondía, como lo habían hecho los gobiernos anteriores, recurriendo a la represión.

El radicalismo no contaba con el apoyo del Parlamento: la mayor parte de los

proyectos sociales del radicalismo se enfrentaron con la férrea oposición conservadora.

Solo pudieron concretarse las siguientes iniciativas: trabajo a domicilio, reciprocidad en

materia de indemnizaciones por accidentes de trabajo en Italia y España, y algunas

disposiciones que reglamentaban la jubilación de ferroviarios, empleados del Estado y

bancarios. Proyectos más ambiciosos no pudieron pasar la barrera del Congreso. Entre

ellos encontramos el de salario mínimo, la inembargabilidad de los sueldos más bajos, el

contrato colectivo y la conciliación y el arbitraje para solucionar los conflictos obreros.

El acercamiento de Yrigoyen a los trabajadores encontró un límite concreto en la

reacción de los grupos de la elite –de cualquier signo político y aun dentro de su partido-

que observaban con preocupación la política radical hacia el movimiento obrero. Esa

elite sumaba al control del Congreso y de buena parte de los gobiernos provinciales, su

influencia en le ejército y en la prensa escrita.

En la Semana Trágica, se desnudaron esas tensiones y la relación de Yrigoyen con el

movimiento obrero tuvo un punto de inflexión: abandonó los intentos de mediación y

arbitraje que había establecido en los conflictos anteriores. En 1918, al fin de la Gran

Guerra, se comenzaron a sentir las consecuencias de los cambios en el panorama

internacional. Algunas industrias locales que se habían desarrollado para sustituir

importaciones tuvieron que reorganizarse. Al restablecerse las relaciones económicas

normales entre la Argentina y Europa, esas industrias incipientes y estrechamente

dependientes de insumos que no se producían en nuestro país, no tenían posibilidades de

competir con los productos manufacturados provenientes del viejo continente. Los

empresarios recurrieron a trasladar el costo del ajuste a los trabajadores, mediante el

despido o la reducción de salarios. En un contexto inflacionario, estas medidas

lesionaban gravemente las condiciones de vida de los obreros.

Los trabajadores, con la adhesión de la mayoría de los sindicatos y de los militantes

anarquistas, reaccionaron frente a las maniobras patronales. La represión policial, que

contabilizó varios obreros muertos, enardeció los ánimos y el desorden se amplió. El

gobierno perdió prácticamente el control de la ciudad, la violencia era general,

aumentando el número de víctimas. Durante una semana el conflicto se extendió por la

ciudad de Buenos Aires. Esta situación provocó la reacción de los grupos sociales

dominantes y de amplios sectores del mismo partido radical. Yrigoyen decidió entonces

autorizar la intervención del ejército para reinstalar el orden. El jefe militar encargado de

la tarea fue el general Luis Dellapiane, partidario incondicional del presidente. Muchos

jóvenes de las clases altas y medio altas –atemorizados por el avance de la revolución

comunista a nivel mundial y acusando a los militantes de obreros de querer subvertir el

orden social- colaboraron en la represión. Agrupados en la Liga Patriótica4 e instruidos

militarmente, su participación en aquellos acontecimientos contribuyó a agravar la

situación. Se dedicaron a perseguir judíos y catalanes, a quienes identificaban como

“maximalistas” y “anarquistas”.

La cantidad de víctimas de la Semana Trágica es imprecisa, pero se estima en varios

cientos de vidas humanas. Más graves fueron las consecuencias sociales. A partir de allí

cambió la política social del radicalismo, abandonó sus intentos de acercamiento al sector

obrero y recurrió a la represión para solucionar los conflictos.

Así, el resultado de los intentos de Yrigoyen de mediar con los sindicatos sólo

condujo al afianzamiento de una nueva derecha de tendencias autoritarias y

protofascistas. Detrás de ella estaba el ejército, ambos dispuestos a atacar al gobierno y,

de ese modo, dar un rápido fin al experimento del gobierno representativo.

3.1.5 La reforma universitaria

En 1918 existían en nuestro país tres universidades nacionales: la más antigua y

tradicional, la de Córdoba, fue fundad en la etapa colonial, en 1617; la de Buenos Aires,

en 1821 y la más reciente, la Universidad de La Plata, en 1890. La población estudiantil

aumentó considerablemente, debido no sólo al aumento poblacional, producto de la

inmigración masiva, sino, también, por la ampliación de la base educativa promovida a

través de la Ley 1.420 y del mismo proceso de movilidad social ascendente.

4 La Liga Patriótica inició sus actividades hacia el 1901, propiciada para instruir a los civiles no comprendidos en el Servicio Militar obligatorio. Con el correr del tiempo fue variando sus objetivos hasta convertirse en una organización anticomunista de auto defensa, con rasgos antisemitas. Citado en “El Estado y sus actores sociales. Desde sus orígenes al presente”. Página 126.

Hasta ese momento las universidades tenían como objetivo formar profesionales pero

eran “socialmente elitistas y académicamente escolásticas”, el cuerpo de profesores y

autoridades estaba integrado casi en su totalidad por miembros de la elite conservadora,

mientras que estudiantado se había ampliado e incluía a integrantes de la creciente clase

media. Muchos estudiantes comenzaron a cuestionar el sistema y a exigir una

participación más activa en su dirección. Reclamaban una serie de reformas que incluía:

la actualización de los programas, la vinculación de la universidad con los problemas de

la sociedad, el cambio en los métodos de enseñanza y el nombramiento de profesores a

partir de la selección académica. Querían terminar con el nepotismo y la asignación de

cargos en forma vitalicia. No es casualidad que el movimiento de disconformidad frente

al sistema universitario haya surgido en la universidad más antigua y tradicional y con

mayor influencia clerical, conservadora y anacrónica como la de Córdoba. Los reclamos

se fueron extendiendo rápidamente a las universidades de Buenos Aires y de La Plata y

recibió la adhesión de muchas organizaciones obreras y de políticos de distinto signo,

como Leopoldo Lugones y Alfredo Palacios.

La agitación fue muy intensa y coincidió con el clima más duro de crisis social que le

tocó vivir al primer gobierno de Yrigoyen. La Federación Universitaria Argentina (FUA)

–agrupación representativa de los estudiantes- convocó a huelgas y manifestaciones que

generalizaron el conflicto e influyeron a su vez en el resto de América Latina.

Frente a esta situación el presidente Yrigoyen consideró tolerable las peticiones del

estudiantado y, tras largas negociaciones entre funcionarios del gobierno y líderes

reformistas, se logró que en los estatutos universitarios se produjeran cambios

importantes que incluyeron la actualización académica y científica de los programas, la

difusión e implementación del sistema de concurso por oposición y antecedentes para

designar a los profesores, la posibilidad de la apertura de cátedras paralelas y el gobierno

tripartito con representantes de profesores, alumnos y graduados. Esta reforma le dio un

cariz diferente a las universidades y a su estudiantado, especialmente porque sirvió de

base para la actividad política estudiantil. Además, al crearse nuevas universidades, se

ampliaron las posibilidades de la creciente clase media para recibir educación superior.

La Reforma Universitaria fue un movimiento laico, democrático y socializante. La

asistencia libre, los horarios nocturnos optativos, el concurso docente, la participación del

estudiantado en le gobierno universitario, las cátedras paralelas, son realidades claras, de

los vientos de reforma que se inauguraron en 1912 con la ley Sáenz Peña.

3.1.6 El primer gobierno de Yrigoyen y los militares

Tal como lo señala Rouquié, los radicales no desdeñaron la ayuda d los militares para

lograr su objetivo principal. Durante las revoluciones propiciadas por el partido, los

militares de carrera y el ejército en general no estaban ausentes de estas acciones.

En el caso de la sublevación del 26 de julio, que fue una acción organizada desde lo

civil, a Hipólito Yrigoyen se le había confiado la delicada misión de sublevar el Colegio

Militar donde varios cadetes manifestaron su simpatía por la conspiración. Esto da

cuenta, a modo de análisis, de la importancia y el compromiso del ejército en un

movimiento que reivindicaba de manera manifiesta el libre ejercicio del derecho al

sufragio, pues algunos oficiales parecían estar de acuerdo con las ideas de Alem e

Yrigoyen.

Cuando Hipólito Irigoyen llegó a la presidencia el 12 de octubre de 1916, gracias a la

aplicación de la Ley Sáez Peña, se percibía en el ambiente social, económico y político

de la Argentina una efervescencia que pronto quedaría al descubierto.

Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, se generó una suba e los precios

internacionales que tuvo repercusión inflacionaria. La demanda de productos

alimenticios disminuyó como consecuencia, luego, de la finalización del conflicto. Por

ende, la multiplicación de las huelgas a partir de ese mismo año, fue la expresión de una

situación económica dinámica, aunque no muy positiva. En este marco, la actitud de

Irigoyen ante los conflictos sociales estuvo lejos de cubrir las expectativas de algunos

sectores de la sociedad. Por un lado, derogó las leyes represivas promulgadas durante el

antiguo régimen, al tiempo que supo reprimir una huelga cuando lo consideró necesario u

oportuno. Pero para el grupo de conservadores la actitud devenida del presidente

resultaba incomprensible y hasta escandalosa.

La acción de la nueva administración radical ante las huelgas sangrientas de enero de

1919 alejó al gobierno de los partidos del orden, en cuya cabeza pueden ubicarse los

militares.

La semana conocida como “trágica” fue provocada por enfrentamientos entre las

fuerzas del orden y los huelguistas, quienes atacaron y saquearon la ciudad, atacando

bienes y personas. Esto provocó un verdadero pánico entre la burguesía porteña. La

magnitud que adquieren los movimientos sociales, y la postura del gobierno para la

negociación con ello, hace suponer a gran parte de la ciudadanía, que no estarán nunca

bien protegidos. Al tiempo salen a la luz otros hechos reveladores que incrementan la

desconfianza hacia el nuevo régimen: se trata de la creación de organizaciones privadas e

defensa social. Estas se proponen organizar la resistencia contra las reivindicaciones

obreras o los movimientos subversivos.

La Asociación del Trabajo se constituyó como una organización patronal que proveía

rompe huelgas profesionales. Los grupos mejor organizados recibían armas de la policía

y se reunían en el Centro Naval. Con el tiempo, dichas guardias cívicas se transformaron

en la “Liga Patriótica Argentina”. Parece ser que no hay motivos para negar la relación

entre esta Liga y le gobierno radical. En términos de Rouquié: “Esta organización

provenía básicamente del comité nacional de la juventud que animaba el gran escritor

radical Ricardo Rojas y que se oponía, dentro del partido, a la actitud neutralista del

gobierno antes de la guerra mundial”. 5

Siguiendo con la descripción que hace el autor, los miembros de la Liga Patriótica se

autodefinen como “una asociación ciudadana de pacíficos arados que monta guardia para

velar por la sociedad y defenderla de la peste exótica. Es antisocialista y xenófoba. Su

slogan era “orden y patria”.

A todo esto, el se estaba produciendo una escisión entre el gobierno radical y la

opinión militar respecto de la manera de solucionar los problemas sociales. Esto se vio

agravado con los suceso trágicos ocurridos en la Patagonia.

En el sur argentino, la situación se caracterizaba por la existencia de inmensas

extensiones de tierras en manos de propietarios que hacían uso y abuso de las leyes

laborales. Hacia finales de 1920, estallaron diferentes protestas, donde el movimiento se

extendió a la mayoría de los trabajadores de los frigoríficos y de los obreros agrícolas.

Aunque sus reivindicaciones eran moderadas, los propietarios, aterrorizados por la

rebelión, se negaron a atender los reclamos, mientras llamaron a las fuerzas represivas

para dar fin a las huelgas. Desde el gobierno nacional enviaron una pequeña expedición

al mando del teniente coronel Varela, logrando restablecer la calma, mediante el

5 Rouquié, Alain, Poder militar y sociedad política en la Argentina. I Hasta 1943, Emece editores, 1981, Pág. 45.

arbitraje. Aunque eso fue solo por un corto período. Al poco tiempo la protesta toó nuevo

impulso, volviendo a la Patagonia, el coronel Varela. Sin embargo, los acontecimientos

variaron en esta oportunidad, y quizá presionado por el temor de los propietarios, quizá

por darle un cierre definitivo, las operaciones se extralimitaron, aplicando la ley marcial.

Finalmente los rebeldes fueron fusilado en masa.

En Buenos Aires, no vieron en esta actitud de Varela, una buena acción, pues

consideraron que se había abusado de su autoridad, por lo que de regreso a la Capital,

Varela solamente reconocido por la Liga Patriótica, mientras que fue ignorado por el

gobierno. Este triste asunto, devino en las filas del ejército un profundo rencor contra

Irigoyen.

La política militar del presidente radical acentuó, con el tiempo, el malestar dentro de

las fuerzas armadas. Sucede que para Yrigoyen, el ejército no constituye la principal

preocupación en su gestión.

Si bien no vacila en poner a integrantes de las Fuerzas Armadas para misiones civiles,

a veces delicadas, tal como ocurrió cuando encargó a oficiales de la Marina la

explotación del petróleo en Comodoro Rivadavia, tanto él como sus colaboradores no

mezclan los poderes y se preocupan por marcar claramente la supremacía de la autoridad

civil. Entones, las Fuerzas Armadas, tienen la sensación de ser ignoradas y hasta

despreciadas por un partido y un hombre que debía mucho a los militares.

Es conocida la idea que para muchos militares, la creación de una industria de guerra

que asegure cierta autonomía a la defensa nacional, era algo necesario. De todas maneras,

Yrigoyen sólo consideró la creación de una industria de guerra como un paliativo

momentáneo para períodos de escasez. Para algunos, el presidente no tenía una

mentalidad industrial.

Al promediar su primer mandato, El caudillo radical acentuó su indiferencia hacia el

ejército y le hizo sentir el peso de su descontento. A partir de 1920 los oficiales

superiores se vieron privados de ascensos, ya que el presidente dejó de enviar al Senado

las listas elaboradas por la junta de calificaciones del Estado Mayor. Pero del mismo

modo busca la manera de ayudar a aquellos militares que habían participado en los

acontecimientos de 1890, 1893 y 1905, para lo que envía al parlamento un proyecto de

ley encaminado a beneficiarlos. A esto se debe sumar los constantes ataque de la prensa

contra Yrigoyen, los cuales encontraron eco en las filas de un ejército cada vez más

descontento con la política social y militar del gobierno.

3.2 El gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear. (1922- 1928)

Cuando Hipólito Yrigoyen se encaminaba hacia el fin de su mandato presidencial, se

iniciaron las negociaciones propias en el seno del aprtido radical para encontrar un

sucesor que pudiera disputar la candidatura a la presidencia, la ganara, pero al mismo

tiempo no opacara la figura emblemática del caudillo.

En el mismo plano, la debilidad electoral manifestada por las fuerzas conservadoras

era marcadamente evidente y cada vez más se orientaba hacia alternativas fuertemente

autoritarias. Vale destacar que, durante el gobierno de Yrigoyen (tal como se menciona

en otro apartado del correspondiente trabajo) surgieron grupos denominados de

“autodefensa” ante los avatares provocados por los obreros n huelgas, o las diferentes

manifestaciones y protestas, que muchas veces adquirían tintes violentos. Entre otras, la

más conocida fue la “Liga Pastriótica” y la “Liga General San Martín”. Es así que, las

fuerzas conservadoras no poseían una alternativa demarcada en este aspecto, pero

tampoco el partido radical podía jactarse de este abuso, pues era conocido que existían

relaciones entre la liga Patriótica y algunos funcionarios radicales.

En otro aspecto, la Constitución de 1853 no permitía la reelección presidencial, por

los que rápidamente hubo de buscarse entre las líneas del partido radical, un candidato

adecuado. En el marco de las discenciones por elegir a la persona adecuada, Hipólito

Irigoyen decidió dar su beneplácito a un funcionario que en ese momento estaba

desempeñando su labor en Francia como embajador: Marcelo Torcuato de Alvear.

Alvear, para la sorpresa de muchos era la contracara del parco caudillo, no sólo por

su estilo de vida, sino por el estirpe que detentaba. En efecto, provenía de una familia

acomodada; militante del partido radical desde joven, activo participante en las

movilizaciones y revoluciones llevadas adelante por la UCR, había ocupado una banca

legislativa, hacia la década del 10, pero pronto se había retirado de la vida política

local ,para desempeñar tareas competentes en el exterior. Si se preguntase que motivos

llevaron a la elección de este candidato, diversos autores coinciden entre otras cosas en

destacar que no implicaba una amenaza para la figura de Yrigoyen; su alejamiento de la

actividad local le permitía una visión más objetiva de la situación y lo salvaba de los

internismos surgidos por entonces; al ser un hombre del patriciado en un partido

caratulado como de popular, representaba una clara muestra de la necesidad que tenía la

agrupación de sostener el apoyo de las elites, ya que por entonces se hallaba jaqueado por

los sucesos de la semana trágica y la acci´no de la Liga Patriótica.

3.2.1 Un gobierno de distensión

La fórmula Alvear- Elpidio González, ganó ampliamente las elecciones de 1922

derrotando a los conservadores que se habían agrupado en una Coalición Nacional, por

458.457 votos contra 200.080. De esta manera y casi nsi n ningún esfuerzo Marcelo T. de

Alvear era el nuevo presidente de la República Argentina.

Si bien no le fue fácil gobernar, debido al contexto mundial de pos guerra, junto con

las implicancias en lo económico, como así también el ungimientos de ideas totalitarias

que se daban lentamente en Europa, y que traerían consecuencias nefastas para el mundo

diez años después, la década del 20, conocida como “los años locos”, fue vivida en un

clima de distensión y calma relativa.

El gabinete del nuevo presidente quedó conformado por hombres pertenecientes al

círculo del poder y las familias tradicionales, lo cual motivó un descontento entre los

yrigoyenistas por haber tenido en cuenta a muy pocos de los suyos para ocupar tales

cargos. En tanto, Alvear no demostraba detentar ambiciones de poder, aparentemente,

pero pronto se hicieron evidentes diferencias claras entre el jefe Irigoyen y su sucesor.

3.2.2 Política económica

Durante su gestión se limitó a reducir la creación de empleos públicos y cuidó muy

bien sus relacione con el Congreso. Promovido por los miembros de su gabinete más

relacionado con la elite, se tendió a la estricta reducción del gasto público, y hasta se

quiso despedir a numerosos empleados nombrados por el gobierno anterior. Este parecía

ser un claro indicio de la voluntad de desterrar las prácticas de patronazgos adoptadas por

Yrigoyen.

Es así, que de a poco, Alvear fu tomando su camino diferente al de su predecesor lo

que generó un cierto descontento. A pesar de algunos intentos de política negociadora, el

presidente empeoró sus relaciones con los miembros del partido, en especial por las

presiones acerca del aumento de cargos públicos y/o adopción de políticas de

intervención federal. Estas diferencias tuvieron su corolario cuando, en 1924, fue

inevitable la escisión del partido en dos bloques antagonistas: por un lado los

“personalistas” fieles a Irigoyen, y que no aceptaban acuerdos ni alianzas; y, por otra

parte, los “anti personalistas” o burlonamente denominados “contubernistas”, que no

veían con malos ojos una alianza entre las fuerzas conservadoras y el socialismo

independiente.

Siguiendo con las medidas económicas del gobierno de Alvear, el conflicto más

importante lo llevó a cabo el sector ganadero. Al término de la Primera Guerra Mundial,

la actividad ganadera se vio damnificada por las caídas de ventas y exportaciones. En

consecuencia, hubo mucho ganado vacuno que debió ser sacrificado, por lo que afectó

tanto a criadores, invernadotes y frigoríficos. Presionado por los criadores que conducían,

eventualmente, la Sociedad Rural, y con el respaldo del presidente, el Congreso sancionó

en 1923 un conjunto de leyes que protegían a los criadores en detrimento del los

consumidores locales y los frigoríficos. Estos reaccionaron suspendiendo

automáticamente sus compras y el gobierno debió retroceder en su iniciativa. De este

modo quedó demostrada la influencia que ejercían las empresas extranjeras.

A su vez, la posibilidad de colocar carne argentina en el extranjero se vio frustrada

por las medidas tomadas por Estados Unidos, quien prohibió la importación por

considerar que la carne argentina no estaba libre de aftosa. En respuesta a esta medida, la

Sociedad Rural, bajo el lema “comprar a quien nos compra”, renovó el bilateralismo con

Inglaterra, para debilitar a la creciente potencia del norte americano.

Por otra parte, ya se preveía el ascenso de Estados unidos como potencia mundial en

detrimento de Gran Bretaña. Esto se reflejó en las actividades comerciales, ya que la

Argentina era uno de los principales clientes importador de autos, neumáticos,

electrodomésticos, máquinas industriales y agrícolas, entre otros. Para tener un lugar

asegurado en el mercado nacional, y evitar las barreras arancelarias impuestas, las

grandes empresas norteamericanas realizaron importantes inversiones, que no contribuían

a generar exportaciones, y como consecuencias, divisas para el país. Solo se orientaba a

producir para abastecer el mercado interno.

3.2.3 Alvear a la presidencia: la política hacia los militares.

Cuando Alvear llegó a la presidencia, los ánimos de los diferentes sectores sociales y

militares mejoraron notablemente, pus estaba destinado a dirigir un gobierno distendido a

comparación de su predecesor. En cuanto a su relación con los militares, rompiendo con

la dura política del gobierno de Yrigoyen, Alvear se acercó a ellos; una prueba fue el

nombramiento al frente de dos ministerios a oficiales. Dos días después de asumir la

presidencia, realizó su primera visita oficial al Círculo Militar. El gesto fue interpretado

como un restablecimiento solemne de las relaciones entre el ejército y el poder.

El coronel Justo, ministro de guerra, cumplía la función de ser, además, representante

del ejército en las reuniones de gabinete, como así también portavoz del presidente ante

los militares. En este punto, cabe destacar que el crecimiento del poderío militar, en

conformidad con las reivindicaciones profesionales del alto mando, aumentó la influencia

del ejército dentro del estado. Si bien ningún peligro exterior justificaba un

reequipamiento masivo y acelerado del ejército argentino, la diplomacia argentina hacía

hincapié en el pacifismo del país. En 1923, el poder Ejecutivo envió al Congreso, un

proyecto que implicaba una autorización de gastos por 125 millones de pesos para

construir edificios militares.

En cuanto a la Marina, se envió también al Congreso, una ley para la modernización

de la flota de 29 millones de pesos, además de comprar armamentos navales y

reconstrucción de fortificaciones costeras por 223 millones de pesos.

Por otra parte, los ingenieros militares tomaron conciencia de la dependencia de

Argentina en materia de equipos y tecnología. El coronel Mosconi, se puso al frente de la

dirección de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), explotando yacimientos en la

Patagonia. En los medios militares, YPF se convirtió en un símbolo de la independencia

económica, incluso de la soberanía nacional.

Por otra parte, hacia 1929, se inauguró en Córdoba, La Fábrica Militar de Aviones, una

fábrica de construcciones aeronáuticas. Tales acciones, respondían a una conciencia

industrial que se manifestaba cada vez con mayor claridad en las filas del ejército. A

estas alturas, era evidente que el poder militar se conviertió en una realidad, esto es, que

tomaron partido en la escena política.

En enero de 1923, fue asesinado el coronel Varela, quien había tenido una

participación controvertida en los hechos de la Patagonia. Ante ese trágico suceso, los

colaboradores de Alvear vieron escondida una maniobra de los yrigoyenistas, por lo que

creen es hora de dividir las aguas partidarias. Es así que el radicalismo sufrió una

división entre “personalistas” y “anti personalistas” Lo cierto es que esta maniobra

pretendía debilitar el poderío del viejo caudillo radical, pero se descubre insuficiente. En

este punto, el proyecto de colocar bajo control federal la provincia de Buenos Aires,

animado por el ministro de guerra y el inspector general del ejército, no hace más que

caldear los ánimos del partido radical dividido.

Se manifestó, por otra parte, una campaña de militarización de la opinión pública que

estaba provista de segundas intenciones tanto políticas como militares. Pero, ya nada

podía detener el regreso del viejo caudillo radical que asomaba como candidato para las

nuevas elecciones presidenciales.

3.3 El segundo gobierno de Yrigoyen (1928-1930). El golpe de Estado de 1930

En 1928, después del interregno alvearista, fue reelecto Hipólito Yrigoyen, con la

mayoría absoluta de los votos. Su breve gobierno, de menos de dos años, fue atacado

desde el inicio por la impiadosa acción de partidarios más fieles y antiguos, pero también

por otros que se aprovechaban de su debilidad para formar un entorno que poco a poco lo

aisló de la realidad.

Las primeras medidas del gobierno se orientaron a conquistar la última resistencia

independiente: el Senado. Recurrió a los mecanismos que antes había utilizado: amplio

reparto de puestos públicos, e intervención federal a los gobiernos provinciales

opositores, especialmente los de Mendoza y San Juan.

Sin mayoría en el Senado, donde la oposición obstruía sistemáticamente todas las

iniciativas del gobierno, y bajo el ataque continuo de la prensa, se le hacía cada vez más

difícil gobernar, especialmente teniendo en cuenta que la crisis económica mundial

desencadenada a partir de 1929, demandaba medidas urgentes. Las reducciones de

sueldos y despidos se reflejaron en los resultados electorales: en marzo de 1930 el

radicalismo perdió las elecciones en la Capital.

La incapacidad de las fuerzas liberal-conservadoras para organizarse como un partido

político moderno, que pudiera disputarle el triunfo en las elecciones al radicalismo, fue

un factor importante en el retroceso de la incipiente democracia, porque la creciente

hegemonía radical alentó en los grupos de poder económico la búsqueda de alternativas

ilegales. Si el régimen democrático no les aseguraba la posibilidad de acceder al gobierno

mediante elecciones, comenzaron a discutir otras formas de recuperar el manejo del

Estado. A favor de esa propuesta actuaban distintos grupos políticos e ideológicos que,

aunque minoritarios, había contribuido al fortalecimiento de esa nueva derecha. En sus

publicaciones denostaban el sufragio universal, la oscura democracia, la demagogia

populista de Yrigoyen, que debió ser reemplazada por la firme dirección de un jefe,

rodeado de una elite que aseguraría el gobierno de “los mejores”. Intentando encontrar

una salida se volvieron hacia las fuerzas armadas.

Grupos como la fascista Legión Republicana, o el Comité de Acción del radicalismo

antipersonalista, el socialismo e incluso parte de la juventud universitaria radical,

contribuyeron a crear un clima de disturbios. En el ejército la facción antiyrigoyenista se

había impuesto aprovechando la ventaja obtenida durante el gobierno de Alvear. Fueron

dos los sectores que comenzaron a conspirar contra el gobierno, el sector de Uriburu, que

contaba con el apoyo de la aristocracia terrateniente y el de un reducido número de

oficiales del ejército de inclinaciones fascistoides. El sector de Justo estaba vinculado con

los partidos de derecha (conservadores, radicales antipersonalistas, socialistas

independientes –el llamado “contubernio”- y tenía el apoyo de la mayoría de los oficiales

complotados y de sectores civiles.

El desenlace fue facilitado por la inercia presidencial y la interferencia de sus

consejeros que desoyeron o frustraron todos los intentos del ministro de Guerra, el

general Dellapiane, para frenar a los conspiradores. El seis de septiembre de 1930, casi

sin resistencia ni víctimas, se produjo la primera quiebra del orden constitucional

argentino.

4. DÉCADA INFAME: “LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA” 1930-

1945.

4.1 Gobierno provisional de José Félix Uriburu (1930-1932)

Entre la Ley Sáenz Peña y el golpe militar de 1930, el mejor modo de describir la

política argentina es como un ejercicio del poder informal compartido entre las elites

tradicionales y las clases medias urbanas. Esta relación funcionó gracias a la expansión

económica; pero el comienzo de la Gran depresión en 1930, las enfrentó inmediatamente

en una pugna por los recursos en rápida disminución. Las élites querían reducir el sector

público, para disponer de fondos que las ayudase a protegerse contra la depresión. Las

clases medias, exigían su expansión aún mayor para defender el empleo y contener la

caída de los ingresos personales. Atrapado en el medio, el gobierno, no satisfizo a

ninguna de las partes, y en 1930 el apoyo popular de los radicales se derrumbó y éste fue

el preludio de su derrocamiento.

La deposición del gobierno radical el 6 de septiembre de 1930 se llevó a cabo con

una planificación escasa y sólo pequeñas fuerzas. La mayoría de los que marcharon

desde Campo de Mayo eran oficiales subalternos. Los jefes del golpe estaban divididos

en dos grupos: en la extrema derecha había una facción nacionalista encabezada por el

general Uriburu, que fue el presidente del gobierno provisional, que habían sido

adversarios de la política laboral de Yrigoyen durante la guerra. Durante los años 20, los

nacionalistas se habían vuelto cada vez más antidemocráticos y antiliberales. Estaban

dispuestos a hacer radicales revisiones en la constitución de 1853, a suprimir las

elecciones y los partidos políticos, y a crear un sistema autoritario basado en la

representación corporativa6.

Aunque tenían el liderato titular, los nacionalistas eran una minoría en la coalición

revolucionaria que derrocó a Yrigoyen. La voz dominante la tenían los conservadores

liberales dirigidos por Justo. Los liberales se oponían a todas las medidas extremas, no

querían poner el gobierno por encima del conjunto de la sociedad al estilo corporativista

o fascista, sino hacerle directamente responsable ante las élites comerciales y

terratenientes.(Rock)

Poco después de tomar el poder, Uriburu trató de fortalecerse patrocinando una

organización paramilitar, la Legión Cívica Argentina. Mientras tanto Justo, intrigaba para

debilitar al gobierno.

La revolución de septiembre había sido recibida con entusiastas demostraciones

populares en Buenos Aires y otras ciudades, pero la euforia tuvo una corta vida ya que la

crisis se agudizó y las medidas de emergencia del gobierno provisional empezaron a

hacer estragos.

En abril de 1931 Uriburu intentando organizar un cuasi plebiscito a su favor, permitió

una elección de prueba en la Provincia de Buenos Aires para elegir un nuevo gobernador.

Los radicales obtuvieron la victoria, tres meses más tarde se anuló la elección. En una

desesperada tentativa de recuperar su autoridad sobre los militares, fraguó un acuerdo

6 Rock, David, Argentina 1516-1987 Desde la colonización española hasta Alfonsín 5°ed., Buenos Aires, Alianza, 1995.

para permitir a los oficiales cancelar sus deudas personales. Pero su reputación en el

ejército se derrumbó y a los pocos meses el régimen nacionalista se hundió. Uriburu tuvo

que fijar fecha de elecciones presidenciales, que se realizaron en noviembre de 1931

donde los radicales fueron excluidos por proscripción, la elección fue ganada por Justo.

(Rock)

4.2. Presidencia de Agustín p. Justo (1932-1938)

Las elecciones de 1931 devolvieron al poder al mismo amplio conjunto de grupos

que los habían controlado antes de 1916: los exportadores de las pampas y los

terratenientes menores de las provincias. La restauración se realizó gracias al respaldo del

Ejército, la proscripción de los radicales y una torpe manipulación electoral, práctica

común de los años 30. Los radicales, por su parte, renunciaron hasta 1935 a

intervenir en las elecciones, retomando las posturas de abstención tomadas antes de

1912.

El apoyo civil a Justo tenía tres componentes principales que permitieron la

formación de la Concordancia:

1- viejos conservadores anteriores a 1916, que adoptaron el nombre de Partido

Demócrata Nacional.

2- El Partido Socialista Independiente, un retoño derechista del partido Socialista

original de Juan B. Justo, formado en 1927. De este grupo que representaba a la

concordancia en la ciudad de Buenos Aires provenían dos de las más talentosas figuras

del régimen Justo, Federico de Pinedo y Antonio de Tomaso.

3- Los radicales antipersonalistas.7

Comparado con Uriburu, Justo fue un gobernante mucho más tolerante y benigno. Al

ocupar el cargo Justo levantó el estado de sitio que había sido impuesto desde el golpe,

liberó y amnistió a presos políticos, entre ellos Yrigoyen, quien murió en julio de 1933, y

frenó las actividades de grupo paramilitares como la Legión Cívica.

Durante el gobierno de Justo no hubo una oposición efectiva ni organizada que

ofreciera auténticas alternativas. El viejo partido socialista decayó en números de

miembros y de influencia. Por su parte, el radicalismo nunca supo que decir en las épocas

7La UCR Antipersonalista daba máxima importancia al principio político de "impersonalidad de la coalición" propuesto por Leandro Alem como una de las cuatro banderas del radicalismo y criticaba el liderazgo vertical y personalista de Hipólito Yrigoyen.

de depresión, tenía fuertes imperativos morales, pero de contenido débil, dividido

permanentemente en cuestiones de estrategia y táctica.

La intensa controversia provocada por el Tratado Roca-Runciman8 estimuló el

surgimiento del nacionalismo como fuerza importante en la política argentina a mediados

de los años treinta y poco después se convirtió en una fuerza decisiva. Tuvo diversos

componentes y antecedentes históricos. La idea de que la argentina era una nación

favorecida por la naturaleza y por Dios predestinada al poder y la grandeza perduró hasta

los años treinta, convirtiéndose en el fundamento de la posterior asociación intima entre

el nacionalismo y las fuerzas armadas.

Había habido también desde hacia tiempo un latente y semiarticulado hilillo de

nacionalismo económico en argentina. Esa hebra de siglo XIX consistía en la sospecha

de que los extranjeros obtenían beneficios excesivos comparados con los que ofrecían a

la Argentina mediante las inversiones o el comercio.

Otro precursor del nuevo nacionalismo fue el yrigoyenismo. El movimiento de la

reforma universitaria de 1918 había injertado un brote de doctrina radical y

antiimperialista, en las preocupaciones de la nueva clase media por ampliar los caminos

de la movilidad social. Los mismos impulsos generales se hicieron evidentes en un

movimiento radical juvenil nacionalista fundado en 1935 llamado La FORJA (Fuerza de

Orientación Radical de la Juventud Argentina). Forja combinaba la vieja adhesión radical

a la democracia integral con el tipo de nacionalismo categórico e intransigente expresado

en el lema: “Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre”.

Hasta mediados de los años treinta el nacionalismo estaba representado por figuras de

la derecha, como Uriburu. El principal movimiento nacionalista surgió de La Liga

Patriótica de 1919. Fue en la extrema derecha política donde el antiimperialismo radical

dejó su mayor huella en los años treinta y sobre esta base el movimiento nacionalista se

transformó en un amplío programa político.

8 Fue un esfuerzo del gobierno argentino para proteger la conexión histórica con Gran Bretaña, mediante el comercio bilateral. Gran Bretaña recibía indudablemente los mayores beneficios, convino en seguir adquiriendo la misma cantidad de carne que en 1932, también se acordaba que los frigoríficos de propiedad argentina proporcionarían el 15 % de las exportaciones nacionales de carne a Gran Bretaña. A cambio, Argentina convenía en reducir los aranceles sobre casi 350 artículos británicos a las tarifas de 1930, y abstenerse de imponer aranceles sobre productos como el carbón. Además se comprometía a dar trato benevolente a las compañías británicas. El tratado también incluía dos concesiones a los ferrocarriles británicos: una exención de ciertas leyes laborales y la promesa de términos de remesa favorables en caso de futuras devaluaciones en Argentina.

Durante un tiempo el movimiento nacionalista estuvo dominado principalmente por

historiadores que trataban de echar leña a la campaña contra los británicos. Estos

“revisionistas” empezaron a reexaminar el siglo XIX y a catalogar las intrusiones

imperialistas británicas. Ahora se rindió culto a la figura de Juan Manuel de Rosas, que

fue descrito como un símbolo de la resistencia nacional a la dominación extranjera. La

propaganda de este tipo hizo una profunda impresión en la opinión pública y contribuyó

a sustentar los sentimientos nacionalistas del Ejército.

Frente a la renovación presidencial, el gobierno se vio afectado no sólo por las

repercusiones que generó la campaña llevada a cabo por los nacionalistas, sino también

la disyuntiva dentro de la Concordancia acerca de si se debía reforzar la legitimidad

mediante elecciones limpias o si era conveniente continuar con las prácticas fraudulentas

para seguir controlando el poder. Justo propuso la fórmula Roberto Ortiz- Ramón

Castillo. La cual triunfó mediante el fraude el 5 de setiembre de 1937.

Es interesante tener presente que Justo propuso a Ortiz por varios motivos: primero

porque consideraba que no debía apoyar a un dirigente conservador que careciera del

apoyo popular. Segundo, requería de un candidato que obtuviera los votos populares y

radicales, y Ortiz, de origen radical antipersonalista, cumplía con el requisito. Y por

último, como había sido su Ministro de Finanzas creía que además de continuar su obra,

podía manipularlo políticamente en beneficio propio y de esta manera acceder a su

segunda presidencia.

Justo, sin embargo, desconocía que Ortiz no estaba dispuesto a ser un títere de la

Concordancia. Algunos historiadores coinciden en sostener que a pesar de haber sido

presidente por fraude, tenía fuertes convicciones democráticas e intenciones de llevar

adelante una práctica electoral pura.

4.3. Presidencia de Roberto Ortiz (1938-1940)

Uno de los hechos más importante durante su presidencia fue la intervención en la

provincia de Buenos Aires en marzo de 1940, y la consiguiente anulación de los comicios

fraudulentos que habían otorgado la victoria de la gobernación a los conservadores, lo

que provocó la pérdida de su apoyo. Ortiz no pudo concretar sus objetivos, dado que era

un hombre muy enfermo que, con interrupciones sistemáticas, sólo dirigió el Estado por

dos años.

En 1939 había estallado la Segunda Guerra Mundial. Una vez más Argentina

mantuvo la neutralidad. En 1940 cayeron drásticamente las exportaciones e

importaciones, por lo que se estas condiciones exigían inventiva para paliar la crisis. A

fines de 1940, el gobierno respondió a la crisis del comercio con el Plan de reactivación

Económica, más conocido como Plan Pinedo9, por el ministro de finanzas, su principal

autor. Se la consideraba como una medida contracíclica para reavivar la demanda,

reducir al máximo la inflación, proteger el empleo e impedir sus repercusiones sociales.

Pinedo propuso estimular la sustitución de importaciones e iniciar la exportación de

artículos manufacturados. Cuando Pinedo presentó sus propuestas, el país cayó víctima

de una crisis política. Ortiz, diabético crónico, tuvo que dejar su cargo en manos de

Castillo, el archiconservador vicepresidente.

4.4. Presidencia de Ramón Castillo (1940-1943)

En 1942, este conservador partidario del fraude y declarado opositor de Justo, ocupó

discretamente el cargo de presidente. Desde ese momento hasta el golpe del 43, el

período revistió una gran confusión política., llena de intrigas civiles y militares sin

precedente en la historia nacional hasta ese momento.

Algunas fuentes consultadas, coinciden en afirmar que, si bien el presidente no estaba

dispuesto a ser manipulado por los intereses de los radicales ni de Justo, como su

posición era débil armó su gabinete de forma tal que sus adversario quedaran conformes;

para ganar apoyo e imponer su candidatura en las futuras elecciones.

Castillo intentó anular la política liberal de su predecesor, y en un enconado conflicto

partidista, una de las primeras víctimas fue el Plan Pinedo. La legislación fue aprobada

por el Senado, pero la mayoría radical recientemente eleta en laCámara de Diputados se

negó hasta a discutirla, y exigieron reparaciones por casos recientes de fraude eletoral,

presuntamente efectuados con la complicidad de Cstillo. Así el Plan Pinedo cayó víctima

de la pugna entre conservadores y radicales.

En el plano internacional, aunque se mantuvo la neutralidad ante la guerra, era bien

sabido que Castillo de orientación germanófila, se esforzó por conservar y profundizar

9 Federico Pinedo (n. Buenos Aires, 22 de abril de 1895 - m. íd., 1971), fue un abogado, político, historiador, parlamentario, y economista argentino. Se desempeñó como Ministro de Hacienda en el gobierno de Agustín P. Justo, Roberto Marcelino Ortiz durante la llamada Década Infame.

buenas relaciones con el Eje. Las victorias del Eje en Europa oriental, así como las

noticias de una infiltración ideológica nazi en el país, ayudaron a agudizar la crisis

política. El gobierno de castillo fue acusado de estar al tanto de actividades nazis y de no

instrumentar medidas para impedirlas. Uno de los blancos principales de la prensa fue el

embajador alemán, quien mantenía vínculos estrechos con algunos oficiales de las

Fuerzas Armadas y con varios políticos del oficialismo.10

En diciembre de 1941 tras el ataque japonés al Pearl Harbor, Estados Unidos entró en

guerra del lado de los aliados y presionó a los gobiernos latinoamericanos para que le

declararan la guerra al Eje. El Estado argentino continúo manteniendo la neutralidad.

Según algunos autores, castillo tenía claras intenciones de mantener relaciones amistosas

tanto con Alemania como con Italia y no estaba dispuesto a someterse a Estados Unidos.

El país del norte respondió declarando un bloqueo selectivo a la Argentina. En este

contexto se decidió decretar el estado de sitio en todo el país. Se prohibieron las

reuniones públicas y se censuró la divulgación de publicaciones que criticaran la política

exterior del gobierno o que estimularan los desórdenes internos. Con estas medidas,

Castillo aumentó su poder y fue considerado por una importante facción de la ciudadanía

como el garante de la paz y el defensor de la soberanía.

No hay que olvidar que la clave de la posición que había adquirido Castillo estaba

basada en la relación que había establecido con un importante sector del ejército. Había

tres grandes grupos dentro de las Fuerzas Armadas: uno respondía al general Justo; otro

de corte nacionalista muy fragmentado y simpatizante del Eje; y por último un grupo

abocado a su profesión y que se podría definir como apolítico. Si bien Castillo pretendió

el apoyo del grupo nacionalista, éste no fue incondicional en todos sus planes. Esto se

puso de manifiesto cuando quiso imponer a su sucesor.

Tras la muerte de Alvear en 1942 la UCR se queda sin liderazgo, y Justo opositor a

Castillo encuentra el camino despejado para lanzarse a la búsqueda de simpatías para su

reelección. Pero la inesperada muerte de Justo en 1943, Castillo vio el camino libre para

imponer a su sucesor, Robustiano Patrón Costas, por el cual los militares sentían

profundo rechazo, decisión que será fatal para él mismo.

10 Potash, Robert, El ejército y la política en la Argentina 1928-1945. De Yrigoyen a Perón, Buenos Aires, Sudamericana, 1982.

Costas, gran hacendado del norte, asociado en la opinión pública con la explotación y

la marginalidad social de los trabajadores del azúcar y conocido partidario del fraude,

resumía los rasgos más irritativos del régimen. A estos antecedentes, Robustiano Costas

agrega otro y es su simpatía hacia la causa aliada y la posición de los Estados Unidos.

La decisión es fatal porque aglutina el rechazo unánime del único sector de la vida

política de obstaculizar los planes de Castillo: el ejército. El ejército, mayoritariamente

neutralista, albergaba bolsones de fuerte simpatía hacia los regímenes fascistas, no

aceptaba un futuro mandatario favorable a los aliados y con fuertes contactos con Estados

Unidos. En este marco, se produjo la Revolución de Junio.11

4.5. Revolución del ‘43

El 4 de junio de 1943 se generó el segundo golpe de Estado de la República

Argentina. Fue encabezado por el general Arturo Rawson, quien sólo fue presidente tres

días y no llegó a jurar al ser desplazado por ex ministro de guerra de castillo, general

Pedro Ramírez. A la vez, este fue destituido en 1944 por el general Edelmiro Farrel.

La fugacidad de la permanencia en el cargo estaba expresando las profundas

diferencias y, en el momento del golpe, la carencia de un proyecto definido para

gobernar. En realidad, quien tenía un plan era el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), una

logia12 militar formada por un grupo de capitanes, tenientes coroneles y coroneles, es

decir por oficiales del segundo escalón del ejército; muchos de los cuales habían

participado en el golpe de Uriburu y de otras conspiraciones militares fallidas. El GOU se

encontraba integrado entre varias docenas de oficiales, entre quienes se desatacaban

Francisco Filipi, Enrique González, D. Mercante, Juan Perón, entre otros.

La logia se conformó para oponerse oponerse a la candidatura de Robustiano patrón

Costas y neutralizar a los generales a Estados Unidos; de este modo, evitarían la presión

norteamericana para romper la neutralidad argentina frente a la Segunda Guerra

Mundial. Por otra parte los miembros del GOU concebían a la Revolución de Junio como

la oportunidad histórica para reorganizar las bases institucionales del país a fin de

ponerlo al abrigo de la corrupción de los políticos y de la amenaza comunista.

11 Torre, Juan Carlos, La vieja guardia sindical y perón, 12

Cuando el general Ramírez se hizo cargo del gobierno puso al frente de los

ministerios de Guerra e Interior a los generales Farrel y Gilbert, ambos cercanos al GOU.

A la vez, ciertos oficiales de la logia ocupaban cargos en distintas secretarias del

gobierno, entre quienes se destacaba Juan Domingo Perón en la Secretaria de Guerra.

En el gobierno de Ramírez se disolvieron los partidos políticos (entre ellos el

radicalismo), se implantó la enseñanza religiosa en las escuelas y se intervino la

Universidad. Casi automáticamente la oposición equiparó al gobierno con el fascismo,

esa asimilación se potenció ante la persistente y militante neutralidad ante la guerra, esa

neutralidad se tradujo en un aislamiento político, que fue acentuándose con la evolución

de la guerra a favor de la causa aliada. En un esfuerzo por salir de una situación que se

tornaba insostenible pero así mismo bajo la presión de los Estados Unidos, en enero de

1944 el presidente Ramírez decidió la ruptura de relaciones con el Eje. La decisión

provocó una fuerte conmoción dentro de la cúpula militar. Una primera consecuencia fue

el desplazamiento de Ramírez y la designación del ministro de Guerra, general Edelmiro

Farrel en la presidencia. La segunda consecuencia habría de ser la que en breve plazo

tendría el impacto mayor: el desencadenamiento de una intensa y sorda puja entre los

miembros del GOU y de la que emergería convertido en el hombre fuerte de la

Revolución Juan Perón.

Perón fue designado en la Secretaria de Trabajo, desde donde dio un fuerte impulso al

moderno Estado interventor y arbitro de las relaciones obrero-patronales. Desde allí

desarrolló una agresiva y dinámica política social. Se rodeó de algunos oficiales amigos y

convocó a los dirigentes sindicales no comunistas a colaborar, sino todos, una buena

parte de ellos participó activamente de la nueva política laboral.

La era de justicia social anunciada por el secretario de trabajo tardó algún tiempo en

traducirse en los hechos. Parecía como si las promesas de reformas no hubieran tenido

otro objetivo que el de apaciguar el frente sindical para ganar tiempo y legitimar a la

Revolución. Por lo que buscó el respaldo del partido que había sido antes de 1943, el

canal de expresión de la oposición mayoritaria a los gobiernos conservadores, el partido

radical. En particular los contactos se establecen con Amadeo Sabattini, quien es un

defensor solitario en los medios políticos del neutralismo ante la guerra. La tentativa de

Perón confirma el lugar todavía complementario que asigna al sindicalismo en esta etapa

de su carrera hacia el poder.

Ante la negativa del líder radical, Perón puso en marcha una inédita política de

apertura hacia los sectores sindicales. La represión que ejerció el gobierno provocó una

desconfianza de éstos, por lo que su primer objetivo fue establecer el diálogo con los

líderes sindicales. La formulación de una nueva política social basada en la resolución de

necesidades reiteradamente reclamadas por el movimiento obrero fue la clave de acceso

para ese buscado diálogo.

Según Ruquié Perón inauguró una nueva era en materia de política social, ya que en

su despacho recibió y escuchó a cuanto líder gremialista tocó a su puerta. La mayoría de

los proyectos legislativos laborales, propuestos por los socialista fueron puestos en

vigencia mediante decretos, situación que no fue muy bien recibida por la patronal.13

La carrera de Perón crecía aceleradamente; pronto fue nombrado Ministro de Guerra.

Al asumir la presidencia el general Farrell, designó como vicepresidente a Perón, pero

conservando este último sus tres puestos.

13 Rouquié, Alain, Poder militar y sociedad política en la Argentina II, Buenos Aires, Hispamérica, 1986, página 40.