Embed Size (px)
Citation preview
CONSTRUYENDO
EL DERECHO A LA CIUDAD
CONCLUSIONES DEL TRABAJO EN COMISIONES.
A modo de introducción
“No existen territorios sin futuro…
existen territorios sin proyectos, vamos a construirlos.” Hermes Binner
Desde hace unos meses, un grupo de vecinos y vecinas decidimos conformar el Partido
Socialista en la ciudad de Jesús María.
Nos moviliza la convicción de que los ciudadanos debemos decidirnos a participar
activamente en la política para mejorar la sociedad en que vivimos.
A través de la política, se toman decisiones que nos afectan a todos, tanto en el plano
local como provincial y nacional. Si no participamos, dejamos esas decisiones en manos de
unos pocos, quienes muchas veces priorizan sus intereses individuales o sectoriales por
sobre el bienestar general.
Adherimos a la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que permanentemente se
enriquece con el aporte de cientos de organizaciones sociales y políticas y que entiende al
derecho a la ciudad como el derecho a un hábitat que facilite las relaciones sociales y la
calidad de vida de sus habitantes en un entorno que promueva su desarrollo como
Elegimos el Partido Socialista porque compartimos los ideales de una sociedad con mayor
igualdad, libertad y solidaridad; pero también porque creemos que éste es un partido que
durante muchos años ha mantenido los mismos valores y los ha podido llevar a la práctica
en gobiernos como los de la Municipalidad de Rosario y en la provincia de Santa Fe.
En esta primera etapa, nos propusimos avanzar en algunas propuestas programáticas,
como un aporte concreto al debate que necesariamente debemos abordar sobre la ciudad
que queremos construir.
personas y como ciudadanos. Es, también, el derecho a sentirse parte de la ciudad, el
derecho a vivir dignamente en ella, el derecho a su gobierno y, este último mantiene una
estrecha relación con la autonomía municipal. El derecho a la ciudad implica, así mismo, el
derecho a la igualdad de derechos, y esto se vincula plenamente con el ejercicio de la
ciudadanía.
Hablamos también de derechos urbanos como los que fueron planteados en la Carta
Urbana adoptada por el Consejo Europeo en 1992 y que son: derecho a vivir en una
ciudad segura, gozar de un ambiente saludable y puro, elegir viviendas accesibles y
salubres, usar las instalaciones deportivas, recreativas, y culturales, integrarse en una
comunidad sin distinciones, disfrutar de una arquitectura y ambiente físico de calidad,
vivir en equilibrio junto con todos los usuarios de las calles, participar de la planificación y
gestión urbanas, vivir en igualdad y garantía de derechos. La belleza, el lujo y la calidad del
espacio público y de los equipamientos colectivos no es un despilfarro, es justicia
redistributiva. Es Justicia. La obra pública debe incorporar dimensiones estéticas.
El derecho a la ciudad no es un derecho acabado, por el contrario, nos obliga a mantener
la mirada en el futuro. Porque a pesar de las reivindicaciones y derechos, pequeños y
grandes avances alcanzados, siempre habrá mucho más que hacer en nuestras ciudades.
Las políticas culturales deben ayudar a reflexionar, a pensar, a que el ciudadano se
exprese y encuentre respuestas a los disímiles interrogantes que la complejidad de la
sociedad contemporánea presenta. El sentido de una sociedad está constituido por sus
metas comunes, sus sueños, los anhelos de las generaciones pasadas y su voluntad de
llevarlos adelante y todo esto pervive y se expresa con mayor claridad en las
Comisión de Cultura
Marco Conceptual:
manifestaciones culturales. Una sociedad sólo basada en el consumo y en el éxito
económico está vacía e irremediablemente condenada a su disgregación.
Las políticas culturales surgen y se desarrollan a partir de cuatro grandes principios: el
valor estratégico de la cultura como difusor de estándares simbólicos y comunicativos;
base en la que fundamentar las identidades colectivas, y por tanto las identidades de las
Naciones y de los Estados; por tener efectos positivos, tanto económicos como sociales, al
desarrollar la creatividad, la autoestima y una imagen positiva de las personas y los
territorios; y finalmente, por la necesidad de preservar el patrimonio colectivo de carácter
cultural, histórico o natural.
Las políticas culturales deben tener en cuenta las diversidades y la realidad social de
nuestra comunidad, para que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a y se
sientan parte de una comunidad.
Partiendo de estas premisas, desde la comisión de cultura definimos ésta como prácticas
y saberes en una creación colectiva que producen los sujetos sociales para comprender su
realidad, intervenir y transformarla.
El Estado debe promover las actividades culturales sustentadas en los principios que
comprenden a la cultura como contribución a la construcción de la paz y la consolidación
de los valores democráticos, la igualdad y equidad en el acceso a los diversos bienes y
valores culturales, el derecho a la cultura, la protección de una identidad pluralista desde
la concepción de la diversidad e interculturalidad.
La cultura de los pueblos debe ser atendida, esto implica aceptar la diversidad, la libertad
creadora, generar espacios para el encuentro e intercambio, promocionar y apostar a los
valores locales.
Es nuestro objetivo promover la participación de todos los actores e instituciones sociales
para llevar a cabo una transformación y darle un nuevo horizonte a los programas
culturales, descentralizando los eventos y auspiciando manifestaciones culturales que
abarquen todas las expresiones, en sintonía con una política cultural dinámica y plural,
que incluya a la ciudadanía en su conjunto.
Propuestas:
• Creación del Programa de Infraestructura y Patrimonio Cultural (a cargo del
diseño, elaboración y planificación de acciones que tiendan a crear, mantener,
restaurar y optimizar la infraestructura y patrimonio cultural de la ciudad,
ejecutando un plan estratégico en el marco de una política a largo plazo).
• Creación de Centros Culturales Barriales, entendidos como espacios para el
encuentro, con el fin de promover el intercambio y desarrollo de la libertad
creadora.
• Jerarquización y apoyo al Cuerpo de Teatro Estable Municipal y al Cuerpo
de Coro Polifónico Municipal.
• Refuncionalización de la Torres Céspedes como un espacio abierto a la
sociedad.
• Desarrollo de un archivo gráfico de la ciudad y un museo o lugar de la
memoria de la comunidad (similar a lo que es el museo fotográfico de Miramar).
• Programa agenda cultural anual (que incluya presentaciones artísticas en
las diferentes plazas de la ciudad, muestras de pinturas y esculturas, certámenes
artísticos de fotografía, pinturas y esculturas, encuentro de academias de danzas
de diferentes ritmos, ferias itinerantes en los barrios de diferentes estilos: feria
tecnológica, feria de carpintería, feria de pulgas y feria de antigüedades, etc.)
• Paseo de los artesanos en la explanada del ferrocarril. Este espacio estará
bajo la coordinación conjunta de un consejo cultural para que todos puedan ser
participes y tengan la misma oportunidad para exponer sus habilidades en el
paseo. El consejo determinara los requisitos y obligaciones para los postulantes
que desean formar parte del paseo.
• Desarrollar un proyecto de espacio físico para actividades culturales y
sociales como ensayos y actuación del Coro municipal, Teatro estable, artistas
locales, reuniones de vecinos, actos, congresos etc., una sala adaptable,
reconfigurable de acuerdo a las necesidades y con buena accesibilidad, requisitos
que no cumplen ninguno de los espacios hoy utilizados con esos fines (Teatro
Gianelli, Sala de la Biblioteca Sarmiento, Auditórium de la Soc. Rural, etc.).
• Decidido apoyo y articulación del Estado Municipal con los demás actores
culturales de la comunidad.
• Creación de una Radio Pública Municipal, de carácter no gubernamental.
Comisión de Educación
Marco Conceptual:
La educación es una prioridad fundamental. Debemos entenderla como derecho social,
con capacidad de incidir en el presente y futuro de nuestra sociedad, que el Estado debe
garantizar y auspiciar. Desde nuestra concepción los valores que debe sustentar son: la
igualdad, la solidaridad, la libertad, la justicia social, la transparencia, la jerarquización de
lo público y el respeto por los derechos humanos y el ambiente.
La educación y su institución más significativa, la escuela, revisten una importancia
estratégica en el desarrollo de la ciudadanía por su carácter inclusivo y promotor de
valores que hacen a su ejercicio y al bien común.
Creemos que es un objetivo primordial de la futura acción de gobierno reconstruir marcos
de referencia y acuerdos colectivos que coloquen al niño y al joven en el centro del hecho
educativo y recupere este aspecto de la vida social como valor central en la formación de
ciudadanos.
Por ello y entendiendo que el Estado es el garante del derecho a la educación,
considerada ésta como un bien público y una tarea social, se proponen acciones
tendientes a garantizar la igualdad de condiciones para el acceso, la permanencia y el
egreso del sistema educativo de todas las niñas, niños y jóvenes de nuestra ciudad. Así
mismo, los programas de educación y formación deben responder a necesidades
individuales y sociales. Por consiguiente, el Estado además de garantizar el acceso a la
educación libre y gratuita, debe promocionar una educación de calidad y en continuo
desarrollo.
Por otra parte, dada la estrecha relación entre las posibilidades de aprendizaje académico
y las vivencias cotidianas en el espacio familiar y comunitario, se coloca en un plano
destacado de la agenda educativa el ambiente en que crecen y se desarrollan nuestros
niños y jóvenes.
Con este fin el Estado debe promover y facilitar un ambiente socializador que iguale
posibilidades desde los primeros años de vida, haga visible la democracia y posible la
convivencia. Esta es una tarea pedagógica ineludible que excede a la escuela como
espacio educativo porque remite al desafío de recuperar otros espacios que educan junto
a ella y que son, por tanto, el contexto indispensable para la producción y transmisión
cultural.
Esta mirada amplia del hecho educativo implica la ejecución de políticas y propuestas
socioeducativas a desarrollarse desde las áreas sociales, deportivas y culturales, con la
participación de organizaciones y actores locales, propiciando la integración de toda la
población desde el concepto de educación permanente.
Propuestas
• Apertura de una Escuela de Oficios destinada a la capacitación de personas con
dificultad para integrarse en el mercado laboral.
• Programa de Becas (nivel primario, secundario y terciario – universitario) coordinado
con los establecimientos escolares, instituciones juveniles, centros de estudiantes y el
servicio social municipal.
• Programa de apoyo para la adquisición de material educativo para sectores
vulnerables. Se contempla la entrega de útiles, libros, guardapolvos y uniforme para
alumnos que cursen los ciclos de educación primaria y secundaria.
• Programa de detección y reinserción de niños y adolescentes excluidos del sistema
educativo formal (coordinado con los establecimientos educativos, servicio social,
área educación del municipio, consejo de niñez y la comunidad en su conjunto).
• Programa de alfabetización para adultos, en centros ubicados en diferentes puntos
de la ciudad, teniendo como meta el cumplimiento de uno de los objetivos del
milenio definidos por Naciones Unidas: una ciudad libre de analfabetismo.
• Programa de alfabetización digital.
• Continuidad del Programa de apoyo escolar en los diferentes barrios.
• Continuidad del programa de natación e inglés en las escuelas primarias.
• Creación de una escuela primaria en barrio Sierras y Parque.
Comisión de Calidad Institucional, Transparencia y
Participación Ciudadana
Marco Conceptual:
Para nosotros, reformar el Estado significa construir un Estado eficiente y a la vez amable,
capaz de impulsar con rapidez las políticas públicas, pero también de construir un trato
cordial con los ciudadanos. Un nuevo trato que le permita al Estado renovar en el día a día
su legitimidad, recuperando la autoridad necesaria para transformar la sociedad y
erradicando la arbitrariedad del poder.
El nuevo trato que proponemos necesita de un formato estatal permeable a la sociedad
civil. La descentralización estatal y la jerarquización de la esfera de lo público no estatal,
permitirán responder positivamente a la actual crisis de la democracia representativa,
avanzando en la construcción de una democracia participativa de calidad.
Este nuevo Estado, no se construye de un instante a otro, por lo que es necesario un
esfuerzo sostenido en el tiempo para avanzar efectivamente en esta materia. Vale
recordar que la calidad institucional no es responsabilidad exclusiva del gobierno de turno,
ya que las debilidades institucionales derivan de problemas y deficiencias que se han
venido acumulando a lo largo del tiempo. Por todo ello, el compromiso de mejorar la
calidad institucional no debe emanar únicamente del actual gobierno sino del Estado en
su conjunto; para lo cual es preciso involucrar a todos los sectores y a toda la sociedad.
Las instituciones públicas deben reformarse de acuerdo a las particularidades del contexto
económico, político y social donde operan, y evitar un enfoque meramente tecnocrático.
El proceso debe ser abierto, plural, inclusivo y participativo; así como estar fuertemente
sentado en amplios consensos políticos y sociales que le otorguen legitimidad y
sostenibilidad en el tiempo.
Una gestión transparente y abierta a la participación ciudadana, aumenta la legitimidad de
los gobiernos y previene la corrupción en los organismos del Estado.
Propuestas:
• Planificación estratégica como instrumento para la gestión democrática de la
ciudad
Objetivo: Dotar a la ciudad de un proyecto estratégico a mediano y largo plazo, que
cuente con el mayor grado de consenso posible de la ciudadanía y los distintos actores
sociales políticos, económicos, etc.
La planificación estratégica territorial implica la construcción participativa de un horizonte
futuro, lo cual conlleva un cambio cultural. Es una herramienta de análisis, participación
ciudadana y toma colectiva de decisiones, que produce un marco de referencia
compartido, cuya importancia decisiva radica en la perspectiva a partir de la cual aborda
las ideas de transformación. No sólo marca el ritmo de crecimiento económico, sino que
fija la orientación y destino del mismo: le da direccionalidad.
Contar con un plan consensuado participativamente por los distintos actores sociales y
compartidos por todas las áreas del gobierno establece una nueva forma de gobernar,
dotando de contenido democrático a las acciones y las prácticas cotidianas que tienen
lugar en el espacio público. La participación ciudadana es la garantía del avance del Plan
Estratégico.
• Plan de metas de gestión
Desde nuestro punto de vista, jerarquizar el valor de lo público, implica mejorar
sustancialmente la calidad de la gestión y las posibilidades de control por parte de la
ciudadanía.
El Plan de Metas de Gobierno, es fijado por el Ejecutivo. Debe contener las principales
líneas de acción y debe definir las metas y objetivos para cada uno de los sectores de la
administración pública municipal, así como aquellos indicadores e índices que habrán de
utilizarse para la evaluación del cumplimiento de cada objetivo o meta propuesta.
El Plan de Metas mejora el vínculo entre los ciudadanos y el Estado, y contribuye a
fortalecer la democracia. Con el plan de gobierno la ciudadanía conoce los objetivos y
lineamientos de acción del gobierno municipal y tiene indicadores para monitorear su
cumplimiento. Por su parte, al gobierno le permite transparentar su gestión y legitimar su
representación.
• Acceso a la información pública
El libre acceso a la información pública a la ciudadanía se orienta a promover y garantizar
la transparencia de la gestión pública, generar confianza entre gobierno y sociedad y
facilitar el control social de los actos de gobierno.
En este sentido el derecho de acceso a la información pública juega un papel clave ya que
no es posible avanzar en el control de la gestión, si la información y difusión de los actos
gubernamentales y de la administración pública queda sujeta a la discrecionalidad de los
funcionarios de turno.
La transparencia en los actos de gobierno crea oportunidades para la formación
democrática, y proporciona a la sociedad la oportunidad de ejercer un control a la gestión.
Por consiguiente el Estado debe proporcionar los medios suficientes, con el propósito de
informar y dar explicaciones a los ciudadanos tanto sobre los planes, procesos y
resultados de la gestión política, administrativa y financiera, como acerca de la prestación
de los servicios a su cargo.
El Estado tiene la obligación de difundir los actos de gobierno y la manera de comunicar
debe ser clara, sencilla y proveer información en forma veraz, adecuada, oportuna y
gratuita.
Si bien el derecho al libre acceso a la información pública es considerado
internacionalmente como un derecho humano y en la República Argentina posee jerarquía
constitucional; es imperante que a nivel local se legisle sobre esta materia pues la
dinámica y tamaño de una estructura gubernamental nacional o provincial no es la misma
que una estructura de orden local. Por ende los plazos y procedimientos no son
coherentes y racionales a la realidad y contexto institucional donde operan. Sin embargo
las normativas deben respetar los principios y espíritu del derecho al libre acceso a la
información.
• Transparencia de las contrataciones y gastos del estado municipal
Avanzar en los mecanismos de publicación de la información municipal referida a
contrataciones y gastos públicos.
La regla debe ser que la información sobre todo gasto público, por pequeño que sea, de
ser puesta a disposición de los vecinos de un modo entendible, no solo para facilitar el
control ciudadano sobre la legalidad del gasto, sino como una herramienta que promueva
el compromiso y la participación de la ciudadanía en la gestión de la cosa pública.
• Declaraciones juradas públicas
Las Declaraciones Juradas Públicas son un mecanismo que contribuye a aumentar la
transparencia en la función pública y se establecen como herramientas de prevención y
detección de situaciones de enriquecimiento ilícito, así como eventuales conflictos de
intereses e incompatibilidades de quienes desempeñen funciones públicas.
Las constantes sospechas diariamente alimentadas por informes periodísticos de
servidores públicos que protagonizan una evolución patrimonial de manera no tan clara
de sus bienes e ingresos generan en la sociedad el descreimiento y desprestigio de las
instituciones y sus representantes.
En lucha y conscientes de la magnitud de las consecuencias y perjuicios económicos,
políticos y sociales que provocan las situaciones de corrupción y conflictos de intereses, la
Convección de las Naciones Unidad Contra la Corrupción y la Oficina Anticorrupción
promueve el desarrollo de políticas de transparencia en la gestión pública. Es por ello que
las provincias que integran la República Argentina conformaron organismos que se
avoquen a la problemática. En la Provincia de Córdoba se promulgó la Ley Nº 8835 que
crea, en el ámbito del Ministerio de Justica, la Oficina Anticorrupción. A nivel local, el
Municipio de Jesús María, a través de su página web oficial, publica una sección
denominada -transparencia
• Concurso para acceder a cargos públicos
- y enumera ciertos ítems que, en el marco de una política de
divulgación de información oficial, es un avance importante. Sin embargo, es
indispensable que se incluyan las Declaraciones Juradas (DD.JJ) Públicas de los
funcionarios que conforman la estructura estatal.
Las DD.JJ Públicas deben brindar información específica y confiable a los medios de
comunicación y a la ciudadanía en general, permitiendo un mayor control social, en
consonancia con una genuina política de transparencia en la gestión y calidad
institucional.
Las cuestiones básicas de la denominada "ética pública" son: a) cómo asegurar que los
“agentes públicos” mantengan realmente una vocación por los intereses generales y por
el bien común más que por intereses particulares, y b) cómo garantizar que,
experimentando tal vocación, reúnan la independencia y la idoneidad para ejercer sus
funciones con equidad, eficacia y eficiencia.
Existe una disyuntiva que se presenta en cuanto a los derechos adquiridos por los
funcionarios nombrados en provisionalidad en los distintos cargos públicos, y el derecho
fundamental a la igualdad, que tienen todos los ciudadanos al acceder a un empleo o
cargo público.
Es importante diferenciar entre cargos públicos y cargos políticos.
Es necesario considerar que, dadas las especiales características de las funciones por
desempeñar en cada repartición y atento a que muchas posiciones requieren una
formación específica, es imprescindible que la búsqueda de los futuros candidatos a
ocupar cargos dentro la estructura estatal sea por concurso ampliada a todos los sectores.
Se debe instaurar un sistema de selección abierto en el que podrán participar todos los
postulantes procedentes de los ámbitos públicos y privados que acrediten las condiciones
exigidas en el perfil de los cargos. Cada área debe, necesariamente, estar puesta bajo el
control de alguien con una formación técnica específica, con conocimientos y experiencia
en la problemática de que se trate, y que a la vez domine los consabidos aspectos
gerenciales y administrativos. Por lo antedicho, son requisitos deseables: acreditar
experiencia en desarrollo de proyectos; capacidad en la negociación y resolución de
conflictos; iniciativa para promover e impulsar emprendimientos que posibiliten el
mejoramiento de la gestión pública.
Es indispensable que los mecanismos de incorporación sean transparentes y objetivos, lo
que conlleva a que un concurso público abierto contribuirá, no sólo, a jerarquizar cada
repartición, sino también a fortalecer las instituciones, como una importante señal de
transparencia y calidad institucional.
• Presupuesto participativo
El sistema de Presupuesto Participativo, básicamente, consiste en una serie de reuniones
en las que se definen las demandas regionales, las prioridades de la ciudad, los criterios de
asignación de fondos y el programa de inversiones del municipio.
Cada una de estas etapas contiene mecanismos que permiten la circulación de
información entre las autoridades políticas del gobierno, sus técnicos y profesionales y la
ciudadanía.
La participación de la población en la definición del Presupuesto abre las puertas de la
gestión pública a la gente, “ciudadaniza” el espacio público, genera mecanismos de
control, reduce las posibilidades de corrupción e importa la creación de un instrumento
capaz de redistribuir los recursos mediante criterios de solidaridad que tienen en cuenta
las prioridades reales de los habitantes de la Ciudad.
Las experiencias serias de Presupuesto Participativo demuestran que la administración
transparente y democrática de los recursos es una forma efectiva de evitar la corrupción y
la mala utilización de los fondos públicos.
Creemos también que la implementación del Presupuesto Participativo no puede limitarse
a ampliar el control del Estado por parte de la sociedad o a optimizar la relación
contribuyente - gobierno, sino que también debe estar dirigido a politizar a quienes
participan en el mismo a través de un profundo y constante proceso educativo, a ampliar
la movilización popular y a democratizar las decisiones que se adoptan respecto a qué es
lo que se hace con los recursos públicos.
Creemos que son necesarias políticas públicas que modifiquen la distribución del ingreso y
del poder, y que conduzcan a la integración de los distintos sectores sociales, políticas
capaces de avanzar hacia una sociedad integrada en la que se reduzcan los niveles de
polaridad social y exclusión.
Desde esta perspectiva, el Presupuesto Participativo aparece como una herramienta de
cambio social.
Objetivos de la aplicación del presupuesto participativo:
-Lograr que los vecinos se sientan comprometidos con los destinos de la ciudad.
-Aportar un instrumento de control y planificación de la administración municipal.
-Mejorar la disposición para cumplir con las normas tributarias.
-Motivar la participación ciudadana en las tareas de gobierno de la ciudad.
-Desarrollar un espacio institucional de participación y de formación democrática, política
y ciudadana.
• Migración gradual de los sistemas de administración electrónica municipales a
software libre.
La seguridad de los datos
El municipio en sus diversos ámbitos recolecta, guarda y usa información de particulares.
Esa información debe ser resguardada, protegida y administrada de forma transparente.
La seguridad de los datos procesados electrónicamente depende en buena parte, del
software que los procesa.
Los datos de los ciudadanos y ciudadanas deben ser resguardados contra tres riesgos
específicos:
Riesgo de filtración: los datos confidenciales deben ser tratados de tal manera que el
acceso a ellos sea posible exclusivamente para las personas e instituciones autorizadas.
Riesgo de imposibilidad de Acceso: los datos deben ser almacenados de tal forma que el
acceso a ellos por parte de las personas e instituciones autorizadas esté garantizado
durante toda la vida útil de la información.
Riesgo de manipulación: la modificación de los datos debe estar restringida, nuevamente,
a las personas e instituciones autorizadas.
Los derechos concedidos al usuario bajo una licencia “privativa” son la mayoría de las
veces, insuficientes, crean dependencia tecnológica hacia un proveedor determinado, el
cual aprovechando su posición dominante y de privilegio frente al usuario, puede
discontinuar el producto, hacerlo incompatible con nuevas versiones, cesar el soporte
técnico, entre otras acciones perjudiciales para el usuario. Esto ya inaceptable de por sí, es
mucho peor cuando el usuario que queda inerme ante estas prácticas es el propio Estado,
en cualquiera de sus niveles.
El derecho no solo a “ejecutar” un determinado software, sino también a inspeccionarlo,
corregirlo, copiarlo, distribuirlo, modificarlo y adaptarlo, son condiciones básicas que
debe cumplir cualquier software que se utilice en la administración pública.
El Estado, por su envergadura y por su papel de administrador de los bienes comunes, es
particularmente vulnerable a los riesgos del software propietario, a la vez que está en una
posición particularmente estratégica para beneficiarse con las ventajas del software libre,
y para contribuir a su desarrollo. Así lo han entendido países como Brasil, India, Rusia,
entre muchos otros que están avanzando fuertemente en la implantación y desarrollo de
sistemas de software libre en la administración pública. En Argentina es paradigmático el
caso del municipio de Rosario.
Por otra parte, la migración paulatina de la administración municipal a software libre
tendrá como efecto en el mediano plazo un desplazamiento del gasto, desde el pago de
licencias a empresas multinacionales hacia la contratación de mano de obra de
programadores y capacitadores locales.
Beneficios económicos – sociales
Mediante el desarrollo o adaptación de un sistema a medida, el municipio puede
maximizar el rendimiento del hardware disponible, extender la vida útil y/o recuperar
gran cantidad de hardware que de otra forma sería obsoleto.
Beneficios legales
El último y no menos importante argumento es de tipo legal, actualmente en el municipio
una parte del software propietario utilizado es “pirata”, es decir, ilegal. Esto puede
representar problemas legales importantes a futuro. En cambio, si se optase por un
sistema basado en software libre este problema desaparecería.
Por ello surge la necesidad de construir un enfoque propiamente “local”, para el diseño
de políticas públicas orientadas a prevenir ciertas formas de violencia y delito, al mismo
tiempo promover una convivencia pacífica y una naturalización del respeto por los
derechos humanos; sin que ello signifique que el municipio realice el trabajo que le
corresponde a otros ámbitos de gobierno.
Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Seguridad
Ciudadana
Marco Conceptual:
El gobierno local se viene constituyendo en actor preponderante en la creación de
condiciones de seguridad ciudadana, reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos,
en correspondencia con una vida protegida de violencia y de un entorno de bienestar y
cohesión social. Este rol tiene su fundamento en su integración con la comunidad, su
cercanía con la ciudadanía y sus demandas, así como su continua vinculación a las
diferentes dinámicas del desarrollo local. Así mismo, se encuentra en una posición
privilegiada para articular con los actores sociales e institucionales acciones orientadas a
promover el bienestar, prevenir el incremento de la inseguridad ciudadana y a atenuar
los condicionantes de crecimiento de la violencia y la criminalidad en el ámbito local.
En base a lo expuesto creemos que a los fines de incluir al municipio como actor
responsable e implicado en materia de DDHH, seguridad ciudadana y justicia es
necesario:
Objetivo General:
Articular demandas e iniciativas, pero sobre todo, generar políticas públicas efectivas y
democráticas para prevenir ciertas formas de delito y violencia social, que alienten a la
consecución del valor justicia y que impliquen el respeto y promoción de los derechos
humanos.
Objetivos específicos:
• Posicionar al municipio como garante del cumplimiento de los derechos de
los y las ciudadanos/as a través del diseño de sus políticas públicas en las diversas
áreas.
• Generar acciones que permitan posicionar al municipio como ente
promotor y controlador del cumplimiento de los derechos, articulando con otras
entidades, organizaciones y ciudadanos en general.
• Promover una mirada de Derechos en el diseño de políticas públicas, sobre
todo en los agentes ejecutores de las mismas.
• Generar acciones tendientes a eliminar toda forma de discriminación.
• Promover el respeto de los derechos sexuales de los individuos.
• Promover políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la
vivienda digna.
• Introducir la visión de género en las políticas públicas municipales.
Propuestas
• Creación de una sala de mediación comunitaria y vecinal como medio
alternativo de resolución de conflictos comunitarios y vecinales, que permita la
obtención de soluciones consensuadas.
• Impulsar las Redes Comunitarias, para prevenir, controlar y denunciar la
violación de derechos, en materia de ejecución policial del Código de Faltas.
• Creación del Ente de control de locaciones urbanas. El mismo tendrá como
objetivo diseñar acciones tendientes a contrarrestar el déficit de las plazas
dispuestas a locación, controlar la calidad de las mismas en coordinación con el
área obras privadas del municipio y controlar el alza desmesurada de los cánones
locativos.
• Creación de una oficina municipal de defensa del consumidor y el usuario.
• Creación de una oficina municipal de diversidad sexual la cual tendrá por
finalidad brindar información y asesoramiento, y promover el respeto de los
derechos sexuales de los individuos.
• Instalar en Jesús María una Oficina del Defensor de los Niños, Niñas y
Adolescentes y crear el Defensor municipal de la Tercera Edad.
Partiendo de la premisa que la política social es el instrumento del Estado dirigido a
Comisión de Políticas Sociales y Salud
Marco Conceptual:
garantizar la inclusión y el goce de los derechos para el ejercicio de una ciudadanía plena
de todos aquellos sectores que encuentran este ejercicio limitado o vulnerado e incluso
excluido del mismo, consideramos que la política social debe contener medidas
tendientes a la cobertura de necesidades básicas tales como la salud, la educación, la
vivienda digna, etc., es decir de todos los derechos sociales a través de los cuales se
materializa la condición de ciudadano, parte de un colectivo.
Sin dejar de reconocer el importante avance de la actual gestión en materia de políticas
sociales y de salud en pos del reconocimiento de los derechos sociales como inherentes a
la condición de ciudadanos, consideramos importante y necesario implementar y
profundizar algunos aspectos que complementan y enriquecen las líneas de acción que se
vienen desarrollando, para ello, y d
1. Dispensarios municipales.
ado el gran abanico de problemáticas y de grupos
sociales que la política social debe atender, se propone la creación de la SECRETARIA DE
SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL, que esté a cargo de:
2. Farmacia municipal.
3. Programa Agentes Sanitarios.
4. Programa Médicos Comunitarios.
5. Geriátrico Municipal.
6. Programa de Atención de Adicciones.
7. Servicio de Salud Mental.
8. Programa Salud sexual y procreación responsable.
9. Programa Educación alimentaria.
10. Complejo para la Discapacidad.
11. Servicio Social.
12. Programa de Hábitat Saludable.
13. Programa de atención a víctimas de la violencia familiar
14. Centros barriales para la Inclusión Social
15. Centros barriales para pre escolares.
Propuesta de Organigrama:
Con el fin de lograr que las diferentes áreas, programas y proyectos que componen la
Secretaría de Salud e Inclusión Social funcionen eficaz y eficientemente, atendiendo a las
exigencias de la dinámica cotidiana, pero sin perder de vista la complementariedad e
integralidad de las acciones desarrolladas, se sugiere desarrollar un esquema organizativo
que contemple diversas coordinaciones que respondan directamente a dicha Secretaría y
que a su vez estén a cargo del funcionamiento de áreas más especificas de acción, a saber:
Coordinación de salud (a cargo de Dispensarios municipales, Farmacia municipal,
Programa agentes sanitarios, Programa médicos comunitarios, Servicio de Salud
Mental y Atención de Adicciones)
Coordinación de inclusión social (a cargo de los Programas de Salud sexual y
procreación responsable, Educación alimentaria, Hábitat Saludable, Violencia
familiar y Servicio Social)
Coordinación de Discapacidad (Complejo para la Discapacidad)
Coordinación de Tercera Edad (Geriátrico municipal y Centros barriales para la
tercera edad)
Coordinación de Preescolares (a cargo de los Centros barriales para preescolares,
de 5 meses a 4 años).
Propuestas
• Conectar digitalmente a todos los Centros de Salud, HC digitalizada.
• Mejoras edilicias, patio de juego y juegos didácticos en los Centros
de Salud.
• Encuestas permanentes de satisfacción en el acceso a los servicios.
• Cursos de psicoprofilaxis a embarazadas desde los 6 meses de
gestación, en todos los dispensarios.
• Servicio de Estimulación Temprana, con el fin de prevenir y tratar
alteraciones en el desarrollo, a cargo de un profesional psicomotricista en
coordinación con Pediatría y el Programa de Educación Alimentaria.
• Atención de adicciones: Llevar la atención a todos los barrios,
ampliar edad de la población abordada, atender la problemática del
alcoholismo.
• Salud Mental: Incorporación al staff de un profesional psiquiatra,
con el fin de brindar una atención más integral.
• Discapacidad: Conformación de un equipo terapéutico
interdisciplinario (psicólogo, psicopedagogo, psicomotricista, fonoaudiólogo,
fisiatra, etc) que atienda la demanda actualmente derivada al sector
privado, incluyendo a la población en general.
• Discapacidad: Firma de convenio entre la Comisión del Festival de la
Doma y Folclore, la Municipalidad e instituciones educativas para la
cobertura de las integraciones escolares.
• Creación del Programa Hábitat: entendemos que el Municipio debe
tener un rol activo en cuanto al desarrollo de políticas públicas integrales
que tiendan a garantizar el acceso a la vivienda digna y propia, entendiendo
a esta como un derecho universal que el Estado debe garantizar y no un lujo
que solo debe ser regulado por el mercado. El problema del acceso a la
vivienda por parte de la población va de la mano de la falta de acceso a la
tierra, un bien cada vez más escaso, principalmente en las ciudades
medianas y grandes. Las políticas municipales en esta materia, deben estar
guiadas por la integralidad y la flexibilidad, de modo de poder brindar
soluciones que se adapten a las distintas realidades de los vecinos. No solo
debemos pensar en soluciones “llave en mano”, sino ampliar la mirada hacia
diversas experiencias que tienen por objetivo el mejoramiento de las
condiciones habitacionales en general. El Programa propuesto, conformado
por un equipo técnico interdisciplinario, tendrá entre sus objetivos: mejorar
la infraestructura en los barrios garantizando el acceso a los servicios básicos
y ambiente saludable, garantizar el acceso a una vivienda digna a través de
la implementación de programas de Mejoramiento Habitacional, Acceso a
la Tierra y de Autoconstrucción y Construcción Cooperativa, planificar
estratégicamente el crecimiento del ejido urbano, incorporar el concepto de
“plusvalía urbana” (el mayor valor de la tierra a raíz de inversiones públicas
debe ser aprovechado centralmente por el Estado para programas de
viviendas), brindar apoyo municipal para el acceso a la vivienda propia,
defensa del Inquilino/a, regulación dominial, con el fin de que las familias
ocupantes de terrenos, que reúnan las condiciones, puedan acceder a la
escritura de la propiedad)
• Apertura de otro grupo de ayuda para mujeres víctimas de violencia
en barrio La Costanera, recepción de denuncias, entrega de subsidios
municipales para mujeres en situación de violencia.
• Refuncionalizar el Geriátrico y Hogar de Día Municipal incorporando
un equipo de profesionales para atender las diversas demandas de la
población (recreativas, culturales, ocupación del tiempo libre, salud, etc.).
• Apertura de Centros barriales para la Inclusión Social. Dichos
espacios, ubicados en diferentes puntos de la ciudad, estarán dirigidos,
principalmente, a la inclusión de adultos mayores y de niños y jóvenes, con
el fin de promover la activa participación de estas franjas etarias, a través de
la oferta de actividades que despierten su interés, como el dictado de
talleres, grupos de comunicación, cine debate, etc. Así mismo, se espera que
estos espacios funcionen como Centros de Información y Consejería para
brindar orientación sobre las consultas y problemáticas planteadas por la
población participante (deserción escolar, embarazos adolescentes,
adicciones, etc.) derivando para su abordaje al área correspondiente, si
fuera necesario.
• Apertura de Centros maternales y pre escolares (salas para niños de
5 meses a 4 años) en diferentes puntos de la ciudad, que funcione de 7 a 19
horas, con el fin de permitir el acceso al mercado laboral de las madres a
cargo de los niños
• Creación del programa municipal de voluntariado social: El Estado
Municipal debe tener un rol activo en la promoción del voluntariado social,
una forma de participación comunitaria que año a año moviliza a cientos de
personas poniendo en acción el valor de la solidaridad. En nuestra
comunidad hay numerosos ejemplos de este tipo de participación (El
Consejo de niñez y adolescencia local, El Comedor “el Gabi”, Asociación
ACES, por nombrar algunos de estos espacios). Este programa tiene por
objetivo general el fortalecimiento de las organizaciones formales o
informales que realizan tareas de voluntariado social, a través de la
capacitación de sus miembros, el financiamiento de proyectos y la difusión
de sus actividades. El Programa de Voluntariado, debería también ejercer el
rol de nexo entre las organizaciones de voluntarios y los/las ciudadanos/as
interesados en desarrollar una tarea de voluntariado).
Marzo de 2011, Partido Socialista de Jesús Maria.
