Presentación

Con la publicación de este No. 1 de El Observador. Análisis sobre Política y Economía se inicia una segundaépoca de producción de materiales de análisis sobre temas escogidos de la realidad socioeconómica y política delpaís, desde un enfoque que tiene como base la explicación de las dinámicas actuales de poder, caracterizando lastransformaciones que ha experimentado el Estado guatemalteco, por lo menos desde 20 años atrás, los cuales hanido de la mano no sólo de cambios estructurales en el modelo de crecimiento económico, obligados por el nuevocontexto globalizador y por las dinámicas propias e internas de las capacidades productivas del país, sino tambiénde reconfiguraciones en el Bloque Histórico, el Bloque Hegemónico, y los Bloques en el Poder.

Su antecedente inmediato fue la producción de El Observador Electoral durante el período noviembre 2002 amarzo 2004, el cual proveyó análisis sistemático e independiente de la correlación de fuerzas políticas y actoresque se fueron configurando alrededor y dentro de la evolución del proceso electoral 2003, así como de lascaracterísticas del gobierno electo en esa contienda y los principales retos que tendría por delante.

Hoy, en el contexto de una coyuntura más amplia, El Observador. Análisis sobre Política y Economía persiguecontinuar la producción, sistematización y divulgación de materiales de análisis e información para la toma dedecisiones a nivel de los espacios de trabajo de los distintos colectivos sociales y organizaciones integrantes delmovimiento social guatemalteco, ONG, agencias de cooperación internacional, medios de comunicaciónalternativos, etc., en el marco de la ejecución del proyecto “Análisis Alternativo e Independiente para laConstrucción de una Sociedad Democrática”, el cual ha sido iniciativa de un grupo de profesionales y académicoscomprometidos con aportar sus conocimientos al proceso de construcción de una sociedad más justa, tal comolo demandan los Acuerdos de Paz.

El proyecto permite la disposición de argumentos objetivos para el debate y elaboración de propuestas ante elEstado, en materia de las políticas públicas que incidan en el desarrollo de los grupos mayoritarios de la población.

Serán campo de tratamiento, entre otros temas, el proyecto político del bloque gobernante y su relación con losreacomodos, las correlaciones de fuerzas y las dinámicas propias e internas del empresariado guatemalteco,tanto el que está organizado y que actúa de manera corporativa así como el que no utiliza los medios oficialesempresariales para expresarse.

Los megaproyectos, uno de los principales expedientes expuestos por el proyecto gobernante, su situación eimpacto, así como lo que representan en los reacomodos de los grupos económicos y políticos de poder, ydentro de las transformaciones que viene experimentando la economía guatemalteca que, a su vez, se encuentradeterminada e inmersa dentro de la dinámica internacional y el movimiento histórico del capital transnacional.En esa línea se hace necesario identificar y analizarlos nuevos ejes de acumulación sobre los cuales laeconomía guatemalteca se está recomponiendoante la crisis del modelo agroexportador y del cafécomo uno de sus principales baluartes; lahegemonìa de los sectores aglutinados alrededorde la producción azucarera, y la emergencia y losciclos que experimenta aquel modelo instauradoen la economía guatemalteca desde por lo menos20 años, fincado en el financierismo y laespeculación.

Guatemala, junio 2006Año 1, No. 1

A n á l i s i s A l t e r n a t i v o s o b r e P o l í t i c a y E c o n o m í a

EL OBSERVAD R

Contenidos

“Consultas de vecinos”, transición

democrática y

Estado Democratico de derecho

Primera Parte ................................................. 3

Ejercicios políticos en el marco de una

nueva ciudadania

Primera Parte ............................................... 19

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

2

Una temática que en este punto deberá retomarse, es la del modelo de desarrollorural más pertienente para el país.

Particularmente será vital el abordaje de los nuevos actores sociales desde unenfoque transversal de género y multicultural, destacando los liderazgos femeninoe indígena, su situación y perspectivas.

El sistema político en su conjunto, el Congreso de la República y los partidospolíticos, serán analizados desde los intereses de los actores que los conforman asícomo desde el cuestionamiento que ha recibido el modelo de política centralizada,y sus formas de hacerla.

Evidentemente será sujeto de análisis, la coyuntura del próximo proceso electoral2007, como un escenario en donde se dinamizan estos elementos.

En ese contexto tiene sentido la discusión que de una manera todavía muy tibia se daen el país, acerca del papel y los alcances que pudieran tener una serie de reformas desegunda generación, tanto en el ámbito de la institucionalidad electoral como del sistemapolítico en su conjunto, para el logro no solo de mayores niveles de representatividady participación de la población guatemalteca en los niveles de decisión nacionales, sinoen la construcción de una nueva ciudadanía y de un Estado democrático.

Precisamente en esta dirección es que van los trabajos que publicamos en estaprimera entrega de El Observador.

El primer ensayo ha sido preparado por el Dr. Marco Fonseca, decisivo colaboradorcon este proyecto, y tiene como objetivo principal responder a interrogantes talescomo: ¿Cuáles son las contradicciones del discurso público sobre la minería, lashidroeléctricas y las consultas de vecinos en la esfera pública de Guatemala? ¿Cuálesson los dilemas del desarrollo más profundos que dichas contradicciones discursivasrevelan? ¿Cuáles son las ambigüedades y desafíos que entrañan las consultas devecinos y los procesos electorales mismos en el contexto de la transición democráticaguatemalteca? ¿Y cuál ha sido el papel que las redes de intelectuales populares, deizquierda, de la derecha liberal y representantes de gobierno mismo, algunos/as delos cuales operando desde los medios de comunicación masiva, particularmente laprensa escrita y las radios locales, han jugado en el proceso de constitución deopinión y voluntad política, ya sea a favor o en contra de los proyectos propuestos?

Este trabajo, construido desde una posición comprometida con la argumentacióndemocrática, sin duda busca enfocar de manera crítica el debate sobre la minería,las hidroeléctricas y la consultas populares y, de esa forma, reencausar la discusiónen una dirección más fértil y potencialmente mas constructiva.

En el caso del ensayo preparado conjuntamente por Raúl Cuellar y Fernando Solis,las consultas de vecinos se enfocan como ejercicios políticos válidos de democraciadirecta que no se agotan en la democracia electoral y/o representativa, contribuyendoasí a la construcción de nuevas formas de ciudadanía que en nuestro país no han sidoexploradas sino es que para llevar a cabo, en forma de referéndum, procesos deconsulta sobre reformas constitucionales como las que tuvieron lugar en 1994, tras“el serranazo”, así como las de 1999 para validar los Acuerdos de Paz.

Por el contrario, estos plebiscitos o referéndum no han sido practicados parapreguntarle a la población ¿qué piensan sobre la exploración minera, la instalaciónde hidroeléctricas, la explotación petrolera, la propiedad y el uso del agua, etc.?,que constituyen temas igualmente trascendentales para el país, muchos menos queestas consultas se lleven a cabo a nivel comunitario.

Directorio

Mario Rodriguez

Mara Luz Polanco

Raul Cuellar

Luis Solano

Marco Fonseca

Fernando Solis

2a. Calle 4-50

Barrio Moderno Zona 2

Tels.: 2250-1072

2250-1073

Fax: 2251-4182

E-mail: elobservador@itelgua.com

Este glifo representa a Kej, que tiene un

significado de Liderazgo, fuerza,

inteligencia

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

3

Introducción

En Guatemala no hay nada sorpresivo ni necesariamente

inquietante cuando “los vecinos” deciden rebelarse. Desde el

punto de vista de “los vecinos” y sobre todo, en un contexto de

miseria económica, abandono social, exclusión cultural y olvido

histórico, ¿Qué otra respuesta podría esperarse de ellos/as ante

la amenaza de más colonización económica, social y cultural para

sus comunidades?

En el contexto de una transición democrática incompleta

impedida de darle vigencia palpable y asignarle un valor

socioeconómico cuantificable y fiscalizable al sistema de derechos

que debería de soportar al Estado democrático, que ha sido

incapaz de utilizar el “dividendo de la paz” para solucionar las

divisiones crónicas que típicamente generan guerras sociales en

los mundos periféricos que definen Guatemala, ¿Qué otro curso

de acción más que la rebelión puede esperarse de aquellos/as a

quienes Franz Fanon una vez se refirió como “los condenados

de la tierra”?

Poco a poco, aunque con ambigüedades e inconsistencias, muchas

veces auto contradictorias y todavía muchas veces de modo

tentativo, es precisamente la gente condenada de Guatemala la

que está intentando utilizar las instituciones precarias de la

transición democrática y sus procedimientos aún mal entendidos

para expresar sus sentimientos, si es que no opiniones, sobre

asuntos que les conciernen de modo directo. Es por esto,

precisamente, que las “consultas de vecinos” que se han venido

dando en Guatemala en los últimos años, pero que cobraron

notoriedad en los últimos meses, tienen un carácter realmente

extraordinario pero también aleccionador. Y esto se debe no

solamente a que un número importante de “vecinos” decida a

veces abandonar la opción de la rebelión masiva o la protesta

popular violenta como modo de respuesta casi automática a las

múltiples amenazas a sus estilos de vida comunitario, a la continua

colonización de sus mundos vitales y expropiación de los recursos

naturales que hacen posible esos mundos, sino al hecho muy

significativo de que a veces, contra la corriente, también deciden

subirse con todo y sus gallinas y canastas a la camioneta de la

transición democrática, sus instituciones precarias y mecanismos

poco entendidos, con su ruta y destino todavía inciertos.

Por qué es que esta última opción no se convierte en un estilo de

vida o en una cultura democrática permanente y no solamente

coyuntural es, sin duda, una cuestión crucial del momento presente

en Guatemala.

Pero no todo lo que ocurre en el marco de una “consulta de

vecinos” es, por definición, democrático como muchas veces

quisiéramos creerlo. Las “consultas de vecinos” son algo así como

un ejercicio político ambiguo preñado de un potencial dialéctico

que puede generar, y de hecho ha sucedido, la negación de sus

propios presupuestos y metas democráticas. Es ya posible percibir

esta ambigüedad en la normativa guatemalteca vigente.

Es precisamente esta ambigüedad en la práctica y en la normativa

legal así como sus consecuencias contradictorias las que

constituyen un tema central de este ensayo.

El ejemplo del proceso electoral de 2003 y la falta de un debatepúblico sobre libre comercio

Aunque parezca extraño abordar la cuestión de las consultas de

vecinos comenzando con un análisis del proceso electoral que

tuvo lugar a lo largo de 2003, el mismo sirve no sólo de contexto

sino también de ejemplo clave para entender las consultas que se

han desarrollado.

“Consultas de vecinos”, transición democrática yEstado Democratico de derecho1

- Primera Parte -

1 Por Marco Fonseca. Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos, Profesor de Estudios Latinoamericanos en el Departamento de Ciencia Políticade la Universidad de Guelph, y Profesor también de Estudios Latinoamericanos en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Toronto, Ontario,Canadá.

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

4

En principio, es mi opinión que no hubo en el proceso electoral

del año 2003 una propuesta explícita y coherente de libre comercio

y, por consiguiente, ninguna oferta de consulta popular sobre

dicha propuesta. En este sentido, todos los partidos políticos que

hoy le han dado su apoyo al Tratado de Libre Comercio (TLC)

entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos

(RD-CAFTA, por sus siglas en inglés), han incurrido en niveles

comunes y anticipados de hipocresía política y personal, así como

de comunicación ideológicamente distorsionada. Esto es aplicable

tanto al actual Presidente de la República, Óscar Berger, y la

coalición que lo impulso: Gran Alianza Nacional (GANA), hoy

convertida en partido político, como a la “oposición” de la Unidad

Nacional de la Esperanza (UNE), del Frente Republicano

Guatemalteco (FRG) y al todavía llamado “movimiento popular”.

La oposición no alineada que hizo la Alianza Nueva Nación

(ANN) dentro del Congreso de la República, por otro lado,

responde a cuestiones de principio que no han podido ser

adecuadamente redimidas en la esfera pública y, por tanto, no

puede reclamar estar mejor conectada al “pueblo” que el gobierno

o el “movimiento popular”. La posición de Encuentro por

Guatemala es muy nueva como para ser adecuadamente evaluada

en este contexto.

Lo cierto del caso es que el Presidente Berger obtuvo una mayoría

electoral en la segunda ronda de las elecciones que él interpretó

como un mandato popular para negociar tratados internacionales

como el TLC y otros, y para atraer inversión extranjera destinada

a lo que fuera necesario. Es necesario, entonces, discutir

brevemente la idea de una “mayoría electoral” y sus implicaciones

para la transición democrática.

La legitimidad del ganador y la lógica de las mayorías

De la experiencia electoral de 2003 se desprende el siguiente

elemento: la representación política otorgada a Berger ciertamente

gozó de suficiente legitimidad, si es que reducimos este concepto

a algo que se basa en una mayoría electoral, es decir, en el número

mayoritario de votos, en su acceso limpio y legítimo al poder, en

los derechos y deberes que le confiere la Constitución Política, y

en un plan de gobierno lo suficientemente vago como para

acomodar prácticamente cualquier modelo de desarrollo

económico, o ninguno, que incluso incluía la minería, las

hidroeléctricas y el libre comercio. Berger nunca hizo campaña

política clara negando sus intenciones librecambistas, su creencia

en las virtudes del capital nacional y extranjero, y su confianza en

los megaproyectos mineros o energéticos. Es más, su identidad

cultural aburguesada y la falta de otras opciones viables para el

desarrollo guatemalteco, por lo menos como este desarrollo se

entiende dentro del marco teórico neoliberal, es totalmente

consistente con esas intenciones.

Lo paradójico de las Elecciones Generales de 2003 es que en una

“República de vecinos” claramente no burgueses,

abrumadoramente comunitaria, mayoritariamente indígena y sin

voluntad general común sobre las cuestiones de libre comercio,

minería e hidroeléctricas, un presidente claramente aburguesado,

étnicamente minoritario, éticamente citadino, comprometido con

los proyectos de vida que emanan de las Zona 10, 14 y ahora

carretera a El Salvador, y no secretamente enamorado del capital

extranjero y los megaproyectos privados o privatizados, aunque

a veces se exprese con vocablos clave del lenguaje indígena,

popular y comunitario de Guatemala, ganó una mayoría electoral

indisputable.

Desde el punto numérico de la legitimidad, entonces, hay que

conceder que Berger por lo menos obtuvo un mandato más o

menos claro que podía traducirse en desarrollar e implementar

políticas de libre comercio, de explotación minera y de desarrollo

hidroeléctrico en el territorio de la república, como parte de un

programa más general de políticas públicas de su gobierno. Y no

hay duda tampoco que Berger, de conformidad con el modelo

actualmente dominante de doctrina económica, entiende que una

función o meta clave de sus políticas públicas, sobre todo las

vinculadas al desarrollo urbano y rural, es precisamente la de

buscar y maximizar cualquier recurso que esté disponible para

Guatemala a efecto de que, por medio de un mercado más o

menos auto regulado y un “crecimiento económico” más o menos

decente, las elites locales o extranjeras operando en la república

puedan generar la riqueza necesaria que, a su vez, sea susceptible

de filtrarse hacia los segmentos pobres o más empobrecidos de

Guatemala. La famosa Teoría del Derrame.

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

5

Espacio de acción del ganador y su “libertad constitucional”

Basado en lo anterior, es no solamente posible sino que de hecho

admisible argumentar que un gobierno “democráticamente” electo

no tiene por que gobernar por medio de plebiscitos o consultas

populares2 . Esto es lo que la derecha política neoconservadora o

liberal en Guatemala ha argumentado y esgrimido como evidencia

para deslegitimar el reclamo de “consultas populares”,

negociaciones o lo que despectivamente llaman “gobierno desde

la sociedad civil”3 . Para los críticos de la democracia directa

plebiscitaria, sobre todo las minorías de la clase media y el sector

privado, la misma representa un obstáculo, si es que no una

negación perversa, de la democracia electoral constitucionalmente

regida.

Para entender las limitaciones así como las oportunidades que

conlleva la legitimidad por mayoría numérica, hay que ubicar la

misma en sus contextos críticos. Dos elementos que me interesa

resaltar aquí son el de la franquicia política y el de la cultura

política democrática, porque estos elementos son también

relevantes para entender el comportamiento en las consultas de

vecinos sobre la minería y las hidroeléctricas.

La crítica liberal a los plebiscitos se basa en el argumento de que

los mismos son una puerta bien amplia por medio de los cuales

pueden escurrirse formas abiertas o solapadas de “dictadura de

las mayorías” que son, en el presente de la transición democrática

o en cualquier “democracia consolidada”, inaceptables. Esta

crítica no puede descartarse con ligereza y sin el peligro de pagar

un precio elevadísimo en términos de desarrollo democrático.

Una consulta popular democrática y no meramente mayoritarista,

movimentista o populista, entonces, tendría que descansar en

varios presupuestos sociales, culturales y políticos cuya realidad

en la Guatemala presente son, sin embargo, cuestionables. Se

requiere, por un lado, de una franquicia política ampliamente

diseminada desde arriba, es decir, desde el Estado y bien

balanceada en la Constitución Política que, en Guatemala, tiene

muchas limitaciones culturales, lingüísticas, comunicativas,

geográficas y económicas. La naturaleza de la franquicia política

en Guatemala dista mucho de tener un carácter general y asumido

de modo moral en la esfera pública.

Por otro lado, también se requiere de una franquicia política

asumida éticamente a nivel individual, lo que presupone una

cultura política que balancee los derechos, las responsabilidades

y las obligaciones culturales, políticas y legales que conlleva la

nueva ciudadanía. Esto también requiere de un entendimiento de

los distintos modelos/niveles de democracia electoral, liberal,

discursiva, sustantiva, etc., que deben coexistir y traslaparse en

un Estado constitucional de derecho o Estado democrático, no

sólo como medios para alcanzar “bienes” sociales, políticos o

económicos, sino como fines en sí mismos. Finalmente, este tipo

de franquicia éticamente asumida requiere como fundamento

indispensable, de un sistema de derechos con vigencia efectiva:

satisfacción de necesidades básicas por medio de derechos

sociales, desarrollo de capacidades culturales y políticas por medio

de derechos políticos y creación de opciones de vida por medio

de derechos humanos o civiles asumidos no sólo como derechos

constitucionales sino también, y de modo más importante, como

derechos vitales o derechos que configuran la vida diaria. Sin la

vigencia de un sistema de derechos como éste o sin un paquete

de políticas públicas consistentemente enmarcadas para darle

vigencia y realidad al mismo, no se puede hablar de una franquicia

política asumida éticamente y con efectividad4 .

Seamos claros en cuanto a lo siguiente: en Guatemala, la cultura

política en la vida diaria de la gente, la cultura política de los

vecinos, de las colonias y de las comunidades, pero también de

2 Entiéndase por “democrático” aquí una democracia electoral y no una democracia liberal o sustantiva.

3 Pablo Rodas Martíni. “Gobernar desde la sociedad civil”, elPeriódico, 3 de enero de 2005. Así, Rodas Martíni se constituyó en uno de los voceros y reproductorde este planteamiento que otros columnistas y abogados ligados a la derecha más conservadora y al gobierno de turno argumentaron sobre las consultas.

4 No hay ni puede haber un Estado democrático de derecho, con mínima estabilidad y alcance, sin un sistema de derechos con vigencia efectiva. Si hay algoque define al gran proyecto de construcción de la Unión Europea (UE), tanto desde la individualidad como colectivamente, tanto desde los Estados individualescomo de instituciones clave de la Unión, es precisamente el esfuerzo por construir este tipo de Estado democrático. Algo similar se puede decir en elcontexto canadiense, que es el contexto con el que yo estoy más familiarizado. Pero hay que notar que también en estos contextos “avanzados”, la realidaddel Estado democrático basado en un sistema de derechos efectivo es ambivalente y cuestionado. Hay que notar los “disturbios” que se dieron en el veranode 2005 en barrios predominantemente árabes de Francia, así como los problemas de pobreza crónica, desempleo, enfermedad, alcoholismo y drogadicciónen muchas “reservas” o comunidades indígenas de Canadá.

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6

las “zonas vivas” de la ciudad capital, dista mucho de ser una

cultura política democrática. Hay que enfatizar que la movilización

de un colectivo poblacional cualquiera, en torno a cualquier

asunto, no es en sí misma una movilización democrática ni sus

resultados pueden equipararse, de modo automático, con los

resultados obtenidos del uso de procedimientos democráticos ética

y moralmente asumidos. Esta equiparación es posible sólo en el

caso de una legitimidad reducida a su expresión matemática o en

el caso de una presunción de auto-entendimiento maduro por

parte de “los condenados de la tierra”.

En el caso de la cultura política de los vecinos, lo que encontramos

más es un traslape, muchas veces híbrido, de culturas políticas

que van desde el comunitarismo tradicional indígena y la cultura

de la adscripción, hasta el movimentismo de las plebes urbanas

mestizas o aculturadas y su cultura popular colectivista y de un

supuesto “bien común”. De igual modo, lo que razonablemente

encontramos entre “los condenados de la tierra” es el imperativo

de la supervivencia inmediata, dentro de los confines de una

comunidad, colonia, vecindario o asentamiento concreto, por

encima de la planificación política o económica a largo plazo.

La cultura política de las llamadas “zonas vivas”, por otro lado,

se configura a partir de una certidumbre económica y auto

confianza política que, en términos de opciones de vida, deviene

en una caricatura chapina del individualismo posesivo y burgués

que estas elites encuentran en sus viajes a las ciudades

estadounidenses de Miami, Houston, Dallas, Chicago y Nueva

York, y que sin perder el tiempo importan a Guatemala en formas

que van desde los centros comerciales hasta los estilos de

arquitectura y vestido. En Guatemala, entonces, a la par de la

cultura política de las plebes y las comunidades indígenas, también

encontramos formas distorsionadas, caricaturizadas o alienadas

de individualismo posesivo que predominan en los enclaves

privados y empresariales, los cuales constituyen una esfera

verdaderamente reducida y una minoría política con un poder

político y económico, sin embargo excesivo.

Lo cierto del caso es que una cultura política democrática es,

muchas veces, incompatible con esas formas prevalecientes de

cultura política vernáculas que describí arriba. La cultura política

democrática no sólo requiere de un entendimiento aceptable de

cómo funciona el Estado de derecho, de una visión de largo plazo

que no se agota en la auto-destrucción ambiental y/o social, sino

también requiere de una apropiación individual y moral del sistema

de derechos que se encuentra en la esencia de dicha forma de

Estado. Se trata, en suma, de un sistema de derechos donde los

derechos sociales son tan importantes como los derechos políticos

y los derechos humanos o civiles. Ninguno de estos derechos

puede ser privilegiado, mucho menos de modo plebiscitario, pero

tampoco de forma corporativa o privada, porque ello puede

resultar fácilmente en el surgimiento de formas antidemocráticas

de política, ya sea desde las comunidades o desde las “zonas

vivas”, que por definición minan, fragilizan, agotan el proceso de

transición democrática en Guatemala y ponen la “democracia”

patas arriba.

Se requiere, por tanto, de una ciudadanía que no espera que el

Estado se comporte, ya sea de manera patrimonial o de forma

privatizada, ya sea cuando los intereses de la mayoría están en

peligro o de manera oligarca, cuando los intereses de la minoría

están amenazados por la protesta popular o la rebelión de las

masas. Se trata, pues, de buscar un balance, siempre delicado y

precario, entre la forma republicana que se legitima a partir de

formas crecientemente discursivas de democracia, y la forma

liberal de Estado que se legitima a partir de formas crecientemente

institucionalizadas de democracia electoral y la arquitectura

institucional que le es peculiar. El debate en torno a la satisfacción

de necesidades básicas se debe suscitar en este marco democrático

de resolución de conflictos.

Estas formas de política democrática descansan a su vez, como

argumenté mas arriba, en un sistema de derechos que de verdad

debe poseer un valor material efectivo y, dada la historia reciente de

Guatemala, también en un dividendo de la paz equitativa y eficazmente

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7

distribuido5 . Sin estos presupuestos normativos y materiales es de

esperar que la población crecientemente comprometida con una

identidad ciudadana, proveniente de las comunidades tradicionales,

de los movimientos sociales, del sector privado e, incluso, de la clase

política, se torne escéptica, a veces incluso violenta y busque la

realización de sus “derechos” por medios que en realidad minan los

presupuestos normativos de un Estado democrático. La paradoja de

esto es que es precisamente sólo dentro del contexto de un Estado

democrático que el reclamo de derechos tiene sentido completo y

puede ser efectivamente satisfecho6 .

La cultura política democrática es una cultura política en donde,

como mínimo, la comunicación o el discurso público no ocurre

de manera sistemáticamente distorsionada. Tampoco ocurre de

manera tal que vocablos y/o las acciones adquieren “significado”

fuera de su contexto crítico. Esto significa también, como mínimo,

que cuando surgen temas particularmente espinosos como los

del libre comercio, la minería o las hidroeléctricas, y que están a

punto de convertirse en ley y de transformar estructuras,

instituciones y patrones de comportamiento muy importantes para

las comunidades concretas o para la república en general, lo mas

irresponsable que se puede hacer “desde abajo” es llamar a la

protesta, al plebiscito o al boicot, o “desde arriba” a la represión

o la imposición sin antes haber agotado todos los mecanismos

discursivos disponibles o posibles en la esfera pública, tanto fuera

como dentro del Congreso de la República, tanto en salones

municipales como a través de los medios de comunicación masiva,

tanto en parques como en Internet, para tratar dicho tema de la

manera más amplia, más clara, más informada y más

razonablemente posible.

Igualmente irresponsable es cuando, desde arriba o desde los

círculos de gobierno o las instituciones del Estado se proponen

políticas públicas, sobre todo no definidas en programas

electorales y que conlleven transformaciones sustanciales que

potencialmente amenacen, minen o redefinan el sistema de

derechos, sin crear los espacios públicos y democráticos

adecuados para su evaluación crítica y participativa. Y esos

espacios tienen que crearse, sobre todo, en aquellos contextos

donde la aplicación de esas políticas públicas va a ser sentida de

manera más directa. Pero cuando estas dos tendencias se

desarrollan al mismo tiempo, entonces el discurso público deviene

inevitablemente en un discurso sistemáticamente distorsionado.

Esto es válido tanto para una administración política que quiere

acelerar una propuesta de desarrollo económico determinada,

convertirla en ley y luego implementarla a través de políticas

públicas o programas específicos, sin antes haber obtenido un

consentimiento razonable y discursivo por parte de todos/as

aquellos/as que van a resultar siendo directamente afectados por

dicha propuesta o política. Por supuesto que esta forma de política

apela constantemente a la representación limpiamente obtenida,

sobre la base de un concepto matemático de la legitimidad, pero

manipulando a la misma. Sobre todo, por ejemplo, cuando se

obtuvo la representación política en base a promesas que no están

siendo cumplidas, sin mencionar las políticas públicas que

realmente se están adoptando y cerrando las puertas a los procesos

discursivos que son necesarios para legitimar propuestas que

surgen, pero que no fueron tratadas en la campaña electoral o

que no han sido tratadas de modo adecuado hasta el presente.

Contra esto, gobernar con ajuste al principio discursivo de la

ciudadanía y la legitimidad política es gobernar de manera

consistente con el proceso de transición democrática y sus ideales.

Hacer lo contrario es no sólo minar dicho proceso, revertirlo o

socavarlo, sino que también sentar las bases para la continuación

de la arbitrariedad, la manipulación, la hipocresía, en suma, la

distorsión comunicativa en el presente y el futuro.

Este argumento, creo yo, también es válido para grupos de

oposición popular o del sector privado que, con base en una

5 Los problemas que ha tenido la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR) casi desde su comienzo son, realmente, vergonzosos pero sirven para ilustrar elargumento de que instituciones sin gente capacitada son instituciones vacías e inefectivas. Desde la conclusión de las negociaciones de paz en 1996 hastael año 2004, se había venido demandando al Estado que implementara las políticas del resarcimiento contempladas en los Acuerdos de Paz. Cuando estofinalmente ocurre y se crea la oportunidad de compensar a las víctimas del conflicto armado interno, la CNR gasta dos años en peleas y divisiones internas,pugnas por poder e influencia, que ilustran la profunda falta de capacidades, educación y visión por parte de la gente que logra participar en institucionespúblicas de gobierno.

6 Valga aclarar aquí que la proveniencia de la nueva ciudadanía no es automática sino adquirida y aprendida. El hecho de ser miembro/a de una comunidadindígena, de ser militante en un movimiento social determinado, o de ser parte del sector privado o la clase política no significa que uno ya es ciudadano, enel sentido en el cual estoy explorando este concepto en el presente ensayo. Los requerimientos de la ciudadanía son más rigurosos.

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

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ideología particular, en tradiciones de resistencia a determinados

temas, en un liderazgo oculto con su propia agenda en el

trasfondo, en falta de información o en acceso privilegiado a la

misma, en función de los números (la “mayoría”), o a partir del

“conocimiento” (“así funciona mejor la economía”), o en

demandas de interés particular, se plantea suspender la majestad

de la ley y el equilibrio constantemente amenazado del Estado de

derecho, ya sea en nombre del “bien común” de las mayorías

populares (desde el “movimiento popular” hasta las ex-PAC), o

en nombre de la propiedad privada y los privilegios de las minorías

oligarcas y posesivas del sector privado.

En ambos casos, estos grupos sociales se unen en un esfuerzo

que, en última instancia, destruye el marco cultural y político que

hace posible su propia existencia política y les da el espacio para

articular visiones y propuestas alternativas, siempre que lo hagan

de modo que otros/as tengan la misma capacidad de hacer sus

propias propuestas y la misma oportunidad de hacerlas escuchar.

Modelos recientes de consultas de vecinos

Más allá de las consideraciones normativas para abordar el debate

sobre una consulta de vecinos o consulta popular alrededor del

TLC, la minería o las hidroeléctricas, hay ejemplos concretos

que es necesario discutir. Estos ejemplos y discusiones deben

servir, como mínimo, de lección a la hora de articular propuestas

y contrapropuestas en torno a futuras consultas de vecinos sobre

cualquier asunto.

Los casos que tengo en mente son los de la consulta popular de

1994 y la de 1999, y las consultas de vecinos sobre los temas de

la minería y de las hidroeléctricas de 2005. Estos modelos de

consulta revelan, entre otras cosas, los desafíos profundos de “la

información neutral” o la generación democrática de la opinión y

la voluntad políticas, en un contexto de transición democrática

incompleta y crecientemente distorsionada. Veamos los ejemplos.

a) La consulta popular de 1994

Después de la llegada accidental al Poder Ejecutivo por parte de

Ramiro de León Carpio, su administración convirtió en piedra

angular de la gestión presidencial, una amplia Reforma

Constitucional que habría de ser aprobada por el Congreso de la

República el 17 de noviembre de 1993, y por “el pueblo” en

Consulta Popular el 30 de enero de 1994.

Como es bien sabido, la consulta de 1994 tuvo un carácter de

Referéndum Constitucional en torno a 43 cambios que habrían

de hacérsele a la Constitución Política de 1985 a través de una

sola pregunta. Hoy es ampliamente sabido que del total de la

gente inscrita para votar, sólo 16% resultó haciéndolo. Sin duda

alguna, el ganador fue así el “abstencionismo” que alcanzó casi

el 85% de la población adulta registrada para votar.

Aunque al final del proceso se resultaron aprobando las Reformas

Constitucionales, ello se llevó a cabo sobre la base de ese

abstencionismo. Este último puede interpretarse, como

efectivamente se ha hecho, como un acto de rechazo que sin

embargo no se ejerció de manera política, es decir, como una

medida de protesta por medio electoral. Se trató, creo yo, de un

abstencionismo por falta de cultura democrática y capacidad

política de la gente, por mala preparación y logística de las

autoridades electorales, pero también por condiciones electorales

inadecuadas para una consulta de este tipo.

b) La consulta popular de 1999

Un ejemplo todavía más problemático del modelo de consultas

populares constitucionales en Guatemala fue el de la llamada

“Consulta Nacional por la Paz” del 16 de mayo de 1999. Después

de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, entre otros actores,

el gobierno civil de Álvaro Arzú, bajo presión partidaria y de las

diversas fuerzas aglutinadas alrededor de la agenda de la paz,

empezó a promover, desde mayo de 1997, un proyecto de

Reforma Constitucional que ya desde ese momento iba mas allá

de lo que se requería, complicaba aún más el proceso que se

estaba proponiendo y reflejaba negociaciones de elites partidarias,

constituidas o en proceso de formación, más que el deseo de

darle institucionalidad legal a unos Acuerdos de Paz con

sustanciales problemas normativos.

Es cierto que la decisión concreta de incluir alrededor de 40

reformas más de las que debieron ser sometidas a consulta no fue

sólo resultado del gobierno, sino de un proceso de negociaciones

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9

estratégicas entre elites políticas, a espaldas de la ciudadanía,

entre las cúpulas partidarias reunidas en la Instancia

Multiparditaria (IM), con excepción del Frente Democrático

Nueva Guatemala (FDNG). Pero lo cierto del caso es que sólo

una quinta parte de dichas reformas hacían referencia a enmiendas

directamente derivadas de los Acuerdos de Paz y, el resto, fueron

pactadas en el Congreso de la República y más allá del escrutinio

público y la participación ciudadana.

En el caso de la “Consulta por la Paz”, ni siquiera los partidos

que organizaron la IM y que en un momento determinado hicieron

campaña a favor de dicha consulta, resultaron votando por el

“Sí” y la falta casi completa de movilización electoral por parte

de las comunidades indígenas, muy particularmente, produjo un

abstencionismo que llegó de nuevo casi al 80%. El resultado fue

obviamente una victoria rotunda para las fuerzas del “No” y, con

ello, la deslegitimación de los Acuerdos de Paz, por lo menos

ante los ojos de la pequeña clase media guatemalteca, ya no

digamos del sector privado organizado. Hoy en día, la

intelectualidad reaccionaria y neoliberal guatemalteca se basa en

estos resultados para continuar la retórica antipacifista y antisocial

que, en cierta forma, nutre elementos importantes de las políticas

públicas de la administración de Berger.

En el caso del argumento de las fuerzas del “Sí” agrupadas en

torno a la Comisión Nacional de Apoyo ante la derrota que

sufrieron en la Consulta Popular, fue que el gobierno no le dio

difusión suficiente a los Acuerdos de Paz y a los contenidos de la

Consulta Popular, que las reformas a Ley Electoral y de Partidos

Políticos no habían sido aprobadas y que la derecha había

organizado una campaña sucia, racista y bien financiada, a

diferencia de la campaña de las fuerzas del “Sí”.

Estos argumentos se convirtieron en verdad de Perogrullo, tanto

en Guatemala como en círculos académicos progresistas y de

solidaridad internacional. En todos estos casos, y comenzando

con la gente que demandó la organización de la Consulta Popular,

se desestimó profundamente el desencanto popular, tanto con la

clase política como con las consignas del movimiento popular

que había sido reinyectado con energías durante toda la década

del noventa, comenzando con las campañas de resistencia en torno

a la observación del Quinto Centenario en 1992. Igualmente, se

desestimó por completo, la viabilidad cultural, política y

organizativa de la consulta así como la posibilidad real de la

derrota. Finalmente, se desestimó la capacidad política y

conciencia moral que requiere una población convertida en

ciudadanía movilizada y con filas cerradas en torno a un

patriotismo constitucional refundado por los Acuerdos de Paz.

Lo cierto del caso es que no existía dicha ciudadanía.

Aparte del agotamiento de las movilizaciones permanentes, las

protestas continuas y los discursos de resistencia perpetua, la

izquierda guatemalteca fue particularmente incapaz de funcionar

en un contexto electoral, con sus incertidumbres y vaivenes y

con sus compromisos y negociaciones.

Finalmente, aunque la emergente sociedad civil, en realidad una

red relativamente pequeña de individuos/as y grupos cuyas

acciones y discursos se basan en el lenguaje de los derechos y los

principios normativos del Estado democrático, fue uno de los

factores que contribuyeron a que la campaña del “Sí” ocupara el

asiento trasero en el ómnibus electoral, además de que se dejó la

conducción de todo el proceso en las manos de partidos políticos

desacreditados, de dirigencias vitalicias sin legitimidad real y de

grupos populares con una agenda premeditada y sin inclinación

sincera alguna para someter sus argumentos a un proceso abierto

de argumentación y redefinición.

c) Las consultas de vecinos sobre minería e hidroeléctricasde 2004 y 2005

A mediados de 2004, organizaciones indígenas como la

Conferencia Nacional de Ministros de la Espiritualidad Maya,

empezaron a reclamar al gobierno que dejara de contemplar

licitaciones o concesiones mineras sin antes consultar con las

comunidades que podrían resultar directamente afectadas por

estas actividades. Hay que notar, entre otras cosas, el

protagonismo político de organizaciones comunitaristas

tradicionales en el inicio y empuje a la crítica vecinal a la minería

en el altiplano occidental.

Aunque no necesariamente vinculado con los proyectos mineros

de manera directa, también a mediados de 2004, representantes

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

10

del gobierno de Berger, en conjunto con autoridades locales,

empezaron a anunciar la construcción de nuevas carreteras, el

mejoramiento de carreteras tradicionalmente abandonadas como

la del municipio de Todos Santos Cuchumatán en el departamento

de Huehuetenango, la construcción de plantas de tratamiento de

basura y hasta la construcción de plantas hidroeléctricas. La

justificación que se dio para estos ofrecimientos provino, no en

menor parte, de los reclamos mismos que surgen desde el interior

de las comunidades e instituciones políticas locales como la

Mancomunidad de Municipios del Suroccidente y Huehuetenango

(MANSOHUE), representantes de municipios como el de La

Democracia en la región de los Huistas, organizaciones como

ADIMAN de San Marcos, la Alcaldía de Cuilco en

Huehuetenango y otras.

Como se reportó en la prensa local: “Uno de los mayores

problemas en los municipios de San Marcos y Huehuetenango,

es la incomunicación que existe por la falta de una red vial que

permita a sus habitantes, trasladar sus productos a los mercados

locales, expresó un vecino entrevistado”7 . Si bien es cierto que

estos anuncios pueden enmarcarse dentro del contexto de obras

prometidas por Berger desde su campaña electoral, y también

con los proyectos que forman parte del Plan Puebla Panamá (PPP),

no es posible dejar de entrever una agenda particular

indirectamente relacionada con planes de minería aún no

oficialmente anunciados en ese momento.

Por su parte, en el oriente del país, el debate sobre una posible

planta hidroeléctrica en Río Hondo ya había llegado a su punto

candente en septiembre de 2003, cuando “Cientos de sombreros

volaron por el aire dentro del salón municipal de Río Hondo,

Zacapa. El júbilo era a causa de un cabildo abierto en donde

más de 2 mil 500 vecinos de 11 comunidades de todo el

departamento, le habían dicho un enfático ¡NO! a los directivos

de la empresa SD Río Hondo y sus planes de construir una nueva

hidroeléctrica en los alrededores del pueblo, en la Sierra de las

Minas”8 . Esta acción cívica comunitaria se dio en el contexto

inmediato de un renacimiento del interés por hidroeléctricas como

las propuestas para San Judas, dentro de un área protegida, o

Río Hondo II, ambas en Zacapa, que gozaban del apoyo de Berger.

En este caso, sin embargo, varios municipios locales que

resultarían directamente afectados por la construcción de dichas

plantas hidroeléctricas por parte de constructoras privadas con

apoyo del gobierno central, declararon su oposición a las mismas.

Hay que reconocer que la experiencia ambiental y comunalmente

desastrosas de proyectos hidroeléctricos pasados en la región

oriental, son parte de los elementos que nutren el lenguaje de los

vecinos y su crítica a nuevos proyectos hidroeléctricos. De

acuerdo con reportes locales: “Las quejas que más se escuchaban

la mañana del 17 de septiembre de 2004 durante el cabildo de

Río Hondo, venían de poblaciones afectadas por otra

hidroeléctrica, la de Pasabién, la cual se finalizó en 2000 y ha

causado serios problemas de desabastecimiento de agua a las

comunidades”9 . Aparte del impacto ambiental y comunitario que

han tenido estos proyectos, “Las ‘promesas incumplidas’ son la

principal barrera que hace que quienes rechazan el proyecto,

ya no le presten oídos a los inversionistas. ‘Los únicos del pueblo

que se beneficiaron fueron los que les vendieron sus terrenos y

sus familias’, dice Julio Mirón, vecino de Río Hondo”10 .

Los elementos controvertidos sobre plantas hidroeléctricas en el

oriente de la República fueron adecuadamente capturados por la

prensa local del siguiente modo: “En Guatemala, para los

inversionistas de la Hidroeléctrica Río Hondo, el futuro de la

región, que cuenta hoy con casi 20 mil pobladores, se encuentra

alrededor de una zona industrial pujante, con suficiente energía

eléctrica, para que productos como el mango ‘se envasen al

vacío y se vayan al extranjero’. Es el futuro de la agroindustria

y el desarrollo impulsado por planes como el (Plan) Puebla-

Panamá. Para los pobladores como Felipe Méndez y la sociedad

civil organizada, el futuro de Río Hondo se ve ambientalmente

7 Ver “Municipios de occidente serán beneficiados con carreteras”. Prensa Libre, 26 de julio de 2004.8 Ver “El debate sobre hidroeléctricas va y viene”. elPeriódico, 6 de agosto de 2004.

9 Ibidem.

10 Ibidem.

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11

libre de megaproyectos como la represa, dependiendo del

potencial turístico del lugar”11 .

Para mediados de agosto de 2004, según reportes de la prensa

local, el proyecto de construcción de la hidroeléctrica en el Río

Colorado, municipio de Río Hondo, en Zacapa, ya estaba dando

sus pasos iniciales, como una locomotora imparable e incontenible

por los argumentos ambientalistas o comunitaristas locales. Por

otro lado, la promesa de los inversionistas privados con el respaldo

del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la CONAP, con base

en el “estudio ambiental” realizado en 1998, consistiría en un

pago a la comunidad de Río Hondo de Q400 mil anuales12 . Más

allá de los intentos por comprar la voluntad local con ofertas de

proyectos, regalías o servicios sociales, los términos centrales de

los megaproyectos de hidroeléctricas siguen sin dirimirse

adecuadamente.

La crítica a los proyectos mineros en el altiplano occidental no

empezó en 2003, pero en ese año la misma adquirió un tono más

elevado. Para septiembre de 2003, más de dos centenares de

personas, “Representantes de distintas aldeas y caseríos de

(Sipacapa en San Marcos), se reunieron para hacer público su

rechazo a la mina, ubicada en su comunidad. Consideran que

serán pocos los beneficios para ellos. En cambio, quedarán sin

tierra y se enfermarán sus hijos”13 . Por su parte, representantes

del proyecto minero Marlin en Sipacapa, departamento de San

Marcos, argumentaron en los siguientes términos: “Si los

ambientalistas tienen una propuesta mejor de desarrollo, que

nos lo hagan saber, y nos vamos, pues estamos trayendo trabajo

e ingresos para centenares de campesinos olvidados”14 . El

Centro de Acción Legal y Ambiental (CALDH) respondió, tanto

al MEM como a los ejecutivos de Marlin, que “La explotación

minera a cielo abierto o subterráneo tiene impacto negativo.

Señalan que a cielo abierto, el impacto es visual y trastorna el

clima. La explotación subterránea puede causar derrumbes. El

uso de cianuro puede contaminar los mantos de agua”15 .

Aunque la prensa local raramente capta las complejidades del

análisis que hacen organizaciones no gubernamentales como el

CALDH, los medios de comunicación masiva y sus voceros

locales frecuentemente transmiten términos centrales, empleados

de modo abstracto, que poco a poco se van filtrando y se van

convirtiendo en lenguajes locales. Así es como surgen vocablos

centrales del lenguaje de los vecinos.

Lejos de reflejar las complejidades de un análisis ambientalista y

económico, al igual que la crítica vecinal a los proyectos

hidroeléctricos de Río Hondo en oriente, en Sipacapa gente

sencilla como Laureno Bautista, anciano de 70 años, están

convencidos que “Los personeros de la mina llegan con el

mensaje de que proveerán proyectos y que la comunidad recibirá

dinero, pero ‘nosotros sabemos que sus ofrecimientos son

falsos’”16 . Otras gentes van mucho más allá de expresar un

escepticismo comunitario, basado en la experiencia de promesas

rotas del pasado, y también, olvidando la experiencia destructiva

del pasado violento del altiplano durante el conflicto armado

interno, se inclinan por argumentos más radicales. Por ejemplo,

Santos Gómez, vecino también de Sipacapa, declaró a la prensa

local en septiembre de 2004: “Si el Ejecutivo no los escucha,

van a armar su ‘propia guerra’ para expulsar del lugar a los

mineros”17 .

Para octubre de 2004, el sentimiento comunitario del altiplano

en contra de los proyectos mineros ya se había regado por toda

la región. No solamente vecinos de Sipacapa sino también de

San Miguel Ixtahuacán y Tejutla en San Marcos, así como en

Santa Cruz del Quiché en Quiché y en varios puntos de Sololá se

expresaron, precisamente, por medio de vocablos clave

ambientalistas y económicos que para ese momento, ya se habían

filtrado hacia la población y ya habían sido integrados a los actos

11 Ibidem.

12 Ver “En marcha proyecto de Río Hondo”. elPeriódico, 9 de agosto de 2004.13 Ver “Vecinos rechazan trabajos mineros”. Prensa Libre, 3 de septiembre de 2004.

14 Ibidem.15 Ver “Temor por la minería”. Prensa Libre, 2 de septiembre de 2004.

16 Ver “Vecinos rechazan trabajos mineros”. Ibidem.

17 Ibidem.

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12

de habla local. Pero en la esfera pública local, el debate no se

centra en los conceptos económicos o en las complejidades

ecológicas de la minería sino de manera más enfática y simbólica,

en el posible “envenenamiento del agua” que produciría el uso

del cianuro en la minería de oro a cielo abierto y el “robo de

agua” de las comunidades que dicha actividad implicaría. Hay

que aclarar que tanto la contaminación ambiental como la

privatización indirecta de recursos naturales son, ciertamente,

posibles consecuencias del desarrollo minero o hidroeléctrico no

sostenible. Estos son elementos que, también ciertamente,

justifican el reclamo de llevar a cabo debates abiertos y posibles

consultas ciudadanas. Pero lo que me interesa destacar aquí es

cómo ciertos vocablos clave del debate resultan penetrando los

discursos locales, el lenguaje de los vecinos, y así creo yo,

deshabilitando la posible generación democrática de la opinión y

la voluntad políticas, y contribuyendo a la distorsión de la

comunicación, empezando con el lenguaje de los/as vecinos/as

mismos/as.

La idea comienza con organizaciones de presión, a veces

progresistas como Madre Selva, que argumentan que sin consultar

a las comunidades de San Marcos o El Quiché, el gobierno ya se

había comprometido a dar “250 mil litros de agua por hora” o

“6 millones de litros de agua diarios” para uso privado de la

compañía Montana Exploradora de Guatemala. De manera

retórica, por ejemplo, el activista Carlos Salvatierra de Madre

Selva, pregunta: “¿De dónde extraerá la compañía si no

llueve?”18 . Debatir el asunto de la minería con base en los niveles

de precipitación en el altiplano no es realmente el objeto de

Salvatierra. Tanto él como Montana así como el Gobierno, saben

que los niveles de precipitación, aunque han experimentado cierto

declive en las últimas décadas, son sin embargo, capaces, siempre

que estén bien gerenciados, de soportar las necesidades de

abastecimiento hidráulico para comunidades y minería hasta cierto

punto. Pero el punto importante del argumento de grupos de

presión es plantar ideas clave con independencia de un debate

autocrítico y comprensivo.

En el caso del altiplano, sin embargo, ideas clave de grupos de

presión progresistas contribuyen al desarrollo de un discurso

comunitarista de corte antiliberal, que traen al recuerdo un

episodio paralelo del siglo antepasado. Me estoy refiriendo al

discurso de la montaña que, en el siglo XIX, animó a los

“campesinos” del oriente de Guatemala, en el entonces

departamento de Mita, y que eventualmente desembocó en la

rebelión que puso al caudillo y dictador Rafael Carrera en el

gobierno. En este caso, dirigentes de varias aldeas en ese entonces,

gente que defendía los intereses de las comunidades, solicitaron

y apoyaron el liderazgo de Carrera, entre otras razones, porque

se oponían a la política de tierras del gobierno liberal de Morazán,

al cual acusaban de “tratar de envenenar a la gente para darles

sus tierras a extranjeros”19 . Al igual que en el presente, líderes

comunales de ese momento sólo tuvieron que plantar ideas clave

entre las comunidades, con lo que fue suficiente lograr su

movilización en torno a una causa profundamente conservadora.

Con sus matices propios y en un contexto diferente, la historia

parece estarse repitiendo hoy.

En octubre de 2004, el diario Prensa Libre decidió realizar una

encuesta de opinión en los municipios de Sipacapa y San Miguel

Ixtahuacán, ambos en San Marcos. La encuesta consistió en

entrevistar a 400 gentes adultas en aldeas cercanas a las minas y

luego dejar que la compañía privada Vox Latina procesara los

datos. De acuerdo los resultados dados a conocer a principios

de noviembre de ese año, “El 95.5 por ciento dijo estar en

desacuerdo con el proyecto”. De igual modo, entre los

argumentos que se dieron en ese momento entre altos jerarcas de

la Iglesia Católica y el gobierno de Berger, está que “73 de cada

cien respondieron que le creen más a la Iglesia que al

gobierno”20 .

Basándose en estos resultados, ya para el 5 de diciembre, el

Presidente Berger empezó a desarrollar algunas dudas en cuanto

a la viabilidad de la minería a cielo abierto en el altiplano

occidental, tal como la misma se había formulado o se había dado

18 Ver “El corazón abierto a la nueva minería”. elPeriódico, 24 de octubre de 2004.

19 Ralph Lee Woodward Jr. “Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala, 1821-1871”. Plumsock Mesoamerican Studies y CIRMA, 2002, pp. 89-90.

20 Ver “Si no quieren minas, no se puede obligar”. Prensa Libre, 5 de noviembre de 2004.

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

13

a conocer a los/as vecinos/as hasta ese momento. En declaraciones

a la prensa local después de la encuesta, Berger afirmó tajante y

descuidadamente que: “Si quieren permanecer igual – en la

miseria y en la pobreza – no puede hacerse nada”.21 Por

supuesto, “miseria y pobreza” fueron los términos clave utilizados

por el Presidente de la República para intervenir en, si es que de

hecho no para calificar, el debate local y el debate más general

sobre asuntos de obvia importancia para todo el país.

Pero hay que recordar que esos son los términos utilizados siempre

de modo peyorativo por parte de la gente no indígena en

Guatemala para caracterizar, no sólo las condiciones sociales de

vida que prevalecen en el altiplano sino todo el mundo vital y

cognitivo que sirve de contexto crítico a las comunidades

indígenas. Estamos hablando de términos con profundas

connotaciones discriminatorias que nadie, menos aquellos/as en

posiciones de responsabilidad política, pueden utilizar de modo

inocente o casual. Al igual que términos como “envenenamiento”,

“robo de agua” y otros, los términos “miseria” y “pobreza” están

estampados de valores determinados dentro de las tradiciones

culturales y políticas, dentro de los juegos lingüísticos antagónicos

y polarizantes, que se dan en Guatemala. Esos términos clave, no

son términos inocentes o neutrales.

El creciente descontento en el altiplano occidental, las críticas de

la Iglesia Católica y los resultados de la encuesta informal de

Prensa Libre también empezaron a tener efecto al interior de la

esfera pública más general y, particularmente, del Congreso de la

República. Fue del Legislativo, precisamente, que surgió la idea

de realizar un “foro de discusión” sobre la minería para tomar en

cuenta las distintas opiniones del debate general. Organizado por

la Comisión de Ambiente, este foro contó con la asistencia de

funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y

Salud Pública así como representantes de organizaciones

ambientalistas y líderes comunitarios. La agenda de estos últimos

llevaba un punto concreto: “Exigir reformas a la Ley de Minería”

y “declarar lesivo el contrato de explotación en San Marcos”22 .

De acuerdo acon Alfredo Cojtí, entonces Presidente de la

Comisión de Ambiente, lo que se buscaba por medio de este foro

era “Escuchar opiniones para incorporarlas a la propuesta de

modificar esa ley”23 .

En este contexto de encuestas de opinión, foros sobre minería y

uso de lenguajes clave desde la boca de vecinos sencillos del

altiplano, pasando por inversionistas y activistas, grupos de

presión hasta el Presidente de la República, se llevó a cabo a

principios de diciembre de 2005, el Primer Congreso Nacional

de Minería. En la senda de una tradición de “grandes diálogos

nacionales” que se inician en la segunda mitad de los años

ochentas, este congreso fue organizado por un frente amplio de

once entidades24 entre gobierno, representaciones nacionales

ambientalistas, el sector privado, universidades del país y

representantes de la cooperación internacional25 .

Las organizaciones ambientalistas de presión, sin embargo, se

mantuvieron escépticas en cuanto a la intención y los resultados

de este congreso. De acuerdo con Magalí Rey Rosa, del Colectivo

Madreselva: “El impacto de la minería lo sufrirán las

poblaciones cercanas, las cuales no fueron consultadas y ahora

se les impone un proyecto no deseado”26 . En su columna del

diario Prensa Libre, la misma activista afirmó: “En el Primer

Foro Nacional de la Minería (…) escuchamos fuerte y clara la

voz de quienes quieren que Guatemala entregue parte de su

territorio a la industria minera”27 .

21 “Berger respetaría posición de guatemaltecos contra minería”. Cerigua, 5 de noviembre de 2004.22 Ver “Aumenta rechazo a minería”. Prensa Libre, 17 de noviembre de 2004.

23 Ibidem.24 Pablo Rodas Martini. “1er Foro Nacional de Minería”. elPeriódico, 25 de noviembre de 2004.

25 Por el gobierno estuvieron: el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y el Programa Nacional deCompetitividad (PRONACOM); por los movimientos ambientalistas: la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de los Recursos Natu-rales y el Medio Ambiente (ASOREMA), que a su vez aglutina a 23 organizaciones ambientalistas, y la Unión Mundial para la Naturaleza/Guatemala; por elsector privado: la Gremial de Minas y Canteras; por los sectores académicos: el Centro de Estudios Ambientales (CEA) de la Universidad del Valle deGuatemala (UVG), y el Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas (CESEM) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala(USAC); y por los cooperantes internacionales: el Banco Mundial (BM), la Embajada de Canadá, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD).

26 Ver “Abre discusión sobre minería”. Prensa Libre, 2 de diciembre de 2004.

27 Magalí Rey Rosa. “Las dos caras de la minería”. Prensa Libre, 3 de diciembre de 2004.

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

14

El proceso de encuestas de opinión, consultas en el Congreso,

foros nacionales y alternativos no ha logrado, sin embargo, crear

un espacio efectivo y fructífero para el intercambio de opiniones

y para la generación de voluntad política en torno a la minería de

oro en el altiplano occidental, o en el tema de las hidroeléctricas

en el oriente. Por el contrario, el antecedente más evidente fue lo

que sucedió en diciembre de 2004, cuando alrededor de tres mil

pobladores del altiplano encontraron tiempo para bloquear la ruta

de Los Encuentros, departamento de Sololá, argumentando que

nadie les había explicado “Para qué serviría una maquinaria

pesada que iba de paso por la carretera Interamericana,

aparentemente en ruta hacia los complejos mineros”.

Supuestamente, representantes de la fuerza policial les dijo que

la maquinaria “Era para la construcción de un puente en

Huehuetenango”. Sin embargo, del bloqueo de la carretera los

pobladores procedieron a quemar un camión-grúa y un vehículo

particular, al mismo tiempo que insistían que “Un cilindro de

siete metros de largo y 50 toneladas de peso que era transportado,

era para explotación minera en el occidente del país”28 .

Lo importante de notar acerca de este evento es lo que estuvo

ausente: la “majestad de la ley.” No hubo respeto al derecho de

movilización para agentes privados – en territorio bajo jurisdicción

del Estado –, tal como las organizaciones populares demandan o

las organizaciones comunitarias esperan este mismo respeto, ya

sea para manifestar descontento o para desarrollar sus actividades

públicas locales, tanto en jurisdicciones controladas por el Estado

como por las autoridades locales o en privado. También estuvo

ausente el respeto a la propiedad privada y pública, al medio

ambiente, a la seguridad física de la población misma, etc., etc.

Al igual que los “derechos humanos” de las comunidades afectadas,

todo este tipo de derechos también forman parte de un sistema de

derechos más amplio que, en momentos de crisis, siempre resulta

sacrificado a favor de modelos unilaterales de derecho. El problema

es que cuando se trata de este sistema de derechos es necesario

actuar de manera coherente. Cuando representantes del gobierno

o del Estado no actúan de manera consistente con el sistema de

derechos, los sectores populares hablan correctamente de

impunidad, corrupción, prepotencia, autoritarismo y otros males

típicos de Guatemala. ¿Pero qué pasa cuando los sectores populares

mismos o las comunidades indígenas no actúan de modo consistente

con los derechos? Fuera o no de esta protesta violenta, el principio

de lo que Santos Gómez, vecino de la región, prometió cuando

dijo que la gente local iba a “armar su ‘propia guerra’ para expulsar

del lugar a los mineros,” las manifestaciones violentas, los bloqueos

al transporte y al movimiento de maquinaria privada, así como las

confrontaciones con las fuerzas de seguridad del Estado que habrían

de seguir a este episodio, pronto desembocarían en una tragedia.

Montana Exploradora ha cometido muchos errores en Guatemala.

Haber ignorado en todas sus dimensiones las estructuras

comunitarias tradicionales del altiplano fue, sin duda, uno de ellos.

Aunque de manera sin duda instrumentalizada y unidimensional,

la EXMIBAL sin embargo organizó una especie de “consulta”

en el oriental pueblo de El Estor, Izabal, que por lo menos a

cierto nivel y para ciertos propósitos corporativos le dio cierta

credibilidad. Después de anunciar que la compañía habría de iniciar

la exploración minera de níquel y otros minerales en la región en

marzo de 2005, lo primero que hizo esta compañía transnacional

fue “Obtener la aprobación de la comunidad, mediante un ritual

de sacerdotes y guías espirituales mayas, cumpliendo con ello

los lineamientos establecidos en el Convenio 169, acerca de las

acciones que los indígenas deben seguir para el desarrollo de

sus poblaciones”. De acuerdo con ejecutivos de la transnacional

“Un 95% de la comunidad está de acuerdo con la reactivación

de la planta, ya que siendo el municipio más grande de Izabal,

es el más pobre”. No solo eso, el alcalde de El Estor, Rigoberto

Chub, dio declaraciones muy entusiasmadas a la prensa afirmando

que “Esta inversión podría dar un crecimiento de 25% a nuestra

economía, al tanto que la fiscalización del movimiento

ambientalista y la oposición a la minería serán de mucha ayuda

para controlar el desarrollo de la empresa minera”29 . Aunque

se haya tratado de un montaje político con figuras locales de

cuestionable procedencia, como han afirmado correctamente

28 Ver “Protestantes queman camión-grúa”. Prensa Libre, 5 de diciembre de 2004.

29 Ver “Exploración minera de Exmíbal comienza en marzo”. Siglo XXI, 8 de enero de 2005.

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

15

algunos críticos del evento, EXMIBAL logró explotar un recurso

cultural que le confirió alguna ventaja30 .

Aunque es difícil estimar hasta qué punto las elites comunitaristas

locales del altiplano son todavía o son nuevamente capaces de

activar o desactivar manifestaciones violentas en contra de

amenazas a los principios del comunitarismo corporativo y a

concepciones indígenas de las costumbres locales o ambientales

sobre la “Madre Tierra”, hoy nuevamente vigentes en varias

versiones de nacionalismo étnico local, no hay que desestimar las

múltiples funciones que estas elites locales continúan cumpliendo

en la reproducción material y cultural de sus comunidades. Pero

hay que preguntarse, sin embargo, si Montana se hubiera mostrado

anuente a consultar, ya no digamos aceptar, la sabiduría

comunitarista de los/as ancianos del altiplano occidental, aunque

se haya tratado solamente de elites indígenas con intereses

particularistas, sobre su Proyecto Marlin, si Montana hubiera

demostrado algún “respeto” por las tradiciones y los lenguajes

locales aunque sea de manera similar a la EXMIBAL en el oriente,

¿Hubieran acaso los conflictos altamente distorsionados y

violentos sobre minería en el occidente alcanzado proporciones

trágicas? Dichos conflictos no se han dado, o por lo menos no

con los mismos grados de violencia, en las comunidades del

oriente.

Posteriormente, los “disturbios” que se dieron en el kilómetro

127 de la ruta interamericana, Los Encuentros, el 11 de enero de

2005, dejaron como resultado trágico un manifestante muerto y

20 heridos. Reportes de prensa local, siempre sujetos a

cuestionamiento e interpretación, siempre sujetos a revisión

basados en el testimonio de testigos supuestamente más neutrales,

ofrecen sin embargo la siguiente versión de los hechos: “Al llegar

a Los Encuentros, el convoy se detuvo por dos horas, mientras

los agentes libraban una batalla con los residentes del lugar,

que dispararon con fusiles AK-47, palos, piedras y bombas

molotov. Para repeler los ataques, la PNC utilizó más de mil

bombas lacrimógenas y fusiles AK-47”31 .

De acuerdo con el entonces relativamente nuevo Ministro de

Gobernación, Carlos Vielmann, “A pesar de los esfuerzos de las

autoridades para convencer a la población de que permitiera

que la maquinaria continuara su camino, nunca prevaleció la

razón”32 . Según ejecutivos de Montana Exploradora, la compañía

es “Una empresa minera respetuosa de la ley, que espera que se

le dé la oportunidad para trabajar, pues operará bajo las más

estrictas normas ambientales y sociales, para el bien del país”33 .

Y de acuerdo con el Frente de Resistencia contra la Minería a

Cielo Abierto, grupo de presión importante en este debate, “El

gobierno debería respetar la postura de los pobladores que se

oponen a la explotación minera, y así evitar enfrentamientos”34 .

¿Quién tiene la razón? En un contexto de comunicación

crecientemente distorsionada y de condiciones socioeconómicas

y políticas altamente polarizadas, los vocablos centrales de cada

discurso estratégico de poder se convierten en parte de juegos

lingüísticos autorreferentes y mutuamente excluyentes35 . Esto,

ciertamente incluye los argumentos centrados en los términos

“esfuerzo,” “responsabilidad” y “verdad”. Términos como

“razón”, “respeto de la ley” y “respeto a la postura de los

pobladores”, al igual que otros, son vocablos cuyo significado

varía radicalmente a medida que los mismos se desplazan de la

boca de expertos/as, representantes del sector privado, grupos

30 Este pasaje está contextualizado y analizado detalladamente por Luis Solano en los siguientes términos: “Un hecho que hay que resaltar es que la ceremoniamaya estuvo a cargo del sacerdote maya y Comisionado (presidencial) de Asuntos Indígenas y Sitios Ceremoniales, Fermín Gómez (ex diputado por Totonicapán parala Asamblea Nacional Constituyente de 1985). La actividad, que tuvo como propósito pedir permiso a la ‘Madre Tierra’ para poder ser explorada logró su objetivo alaprovecharse políticamente un recurso del ritual que fue el esperar a que el humo blanco de la fogata sagrada expeliera, y con ello los grandes interesados alcanzarany legitimaran su objetivo: tener el permiso sagrado para extraer el níquel. Si bien recurrieron al mandato del Convenio 169, se hizo de forma manipulada, a través de unshow político, en contubernio con grupos de poder local como el alcalde municipal” (comunicación personal). Ver también el libro “Guatemala: petróleo y minería.En las entrañas del poder”. Luis Solano. Inforpress Centroamericana. 2005, página 134.

31 Ver “Un muerto y 20 heridos en disturbios en Sololá”. Prensa Libre, 12 de enero de 2005.32 Ibidem.

33 Ibidem.34 Ibidem. Ver también la versión alternativa de Cindy Forster, profesora asociada de historia en el Scripps College, California, “Death, Mayan women and free

trade”, circulada por correo electrónico en marzo de 2005.

35 La idea de los “juegos lingüísticos” ha sido desarrollada por Ludwig Wittgenstein. Ver su trabajo Philosophical Investigations, Oxford: Blackwell, 1997,particularmente la primera parte. Hay traducción al español.

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

16

de presión, fuerzas armadas y políticos/as a la boca de gente

sencilla y viceversa. Una de las estrategias de estos discursos

estratégicos de poder o juegos lingüísticos autorreferentes, es la

de la legitimación autorreferencial por medio de la cual, vocablos

desarrollados por expertos/as poco a poco se filtran a los lenguajes

de la gente sencilla y, luego, cuando la gente sencilla los utiliza

en sus disputas y argumentos cotidianos, los/as expertos/as

argumentan haberlos “encontrado” en el campo, y así los incluyen

en sus informes técnicos de investigación y en sus argumentos.

Pero el significado de los vocablos clave también varía

sustancialmente a medida que dichos vocablos circulan al interior

de los discursos que se perfilan, tanto a nivel local como a nivel

de la esfera pública. Porque no es lo mismo que los utilicen

representantes de la “espiritualidad maya”, mujeres sencillas que

trabajan en el mercado del pueblo, intelectuales y activistas, grupos

de presión, embajadores/as o el mismo Presidente de la

República36 . Lo cierto del caso, sin embargo, es que en el contexto

de las luchas culturales y políticas, ninguno de los actores

interesados en legitimar discursos particularistas y deslegitimar

el discurso de otros/as parece estar dispuesto a cruzar la frontera

ética de sus respectivos juegos lingüísticos, y entrar en discursos

morales basados en el mejor argumento y en procedimientos

mutuamente compartidos.

Los “disturbios” de Sololá37 pronto devinieron en una instancia

más de rebelión de las masas contra agentes privados o autoridades

percibidas, de modo general, como corruptas o como partícipes

en una amenaza mayor contra la integridad comunitaria y las

nociones comunitaristas de la “Madre Tierra.” La protesta violenta

y claramente neo-Ludita contra la maquinaria de Montana pronto

devino en mas protestas violentas que, a su vez, se convirtieron

en una tragedia humana que, a su vez, devino en quemas de

vehículos y en destrucción impune de la propiedad pública, en la

forma de quema de estaciones de la Policía Nacional Civil (PNC),

en supuesta venganza por el “asesinato” de Raúl Salvador Castro

durante los eventos del 11 de enero.

Aunque su relación es más bien indirecta, sin embargo no hay

que dejar de señalar la semejanza de estos ataques a la policía

con toda la serie de quemas y saqueos de otras estaciones

policíacas que se ha venido dando en el altiplano occidental y en

otros puntos de Guatemala en los últimos años, como parte de

una ola de ajusticiamientos populares y linchamientos como

supuesta reacción contra el imperio del crimen, las fallas del

sistema de justicia para darle solución efectiva a los problemas

del crimen y la inseguridad y la indudable y bien documentada

complicidad de las fuerzas de “seguridad” en actos de corrupción,

injusticia y violación de los derechos humanos.

En cuanto a la reacción policial, también es necesario ponerla en

cierto contexto. No hay que olvidar la tradición de represión

policial, sobre todo durante el conflicto armado interno, contra

todo movimiento popular, ya sea basado en “medidas de hecho”

o en manifestaciones pacíficas. La firma de los Acuerdos de Paz,

la creación de la PNC, los nuevos cuerpos de reacción inmediata

y los múltiples programas de entrenamiento y capacitación con

los que se ha beneficiado la nueva fuerza, parecen no tener los

resultados esperados. La muerte de Raúl Salvador Castro fue, en

todo caso y a todas luces, un sacrificio innecesario.

La prensa liberal guatemalteca, por medio de columnistas como

Pablo Rodas Martini y Gustavo Berganza, invocaron el espectro

del caos, del radicalismo de izquierda y de la agitación encabezada

por la Iglesia Católica, a través del Obispo de San Marcos,

Monseñor Álvaro Ramazzini, para tratar de darle explicación a

la espiral de violencia y el carácter altamente inflamado de los

eventos del altiplano38. Pero ninguno de estos argumentos por sí

solos tiene poder persuasivo suficiente.

36 Ver, por ejemplo, la intervención altamente inapropiada, pero muy ilustrativa, del Embajador canadiense en Guatemala publicada en la prensa local: JamesLambert, “Minería en Canadá”. Prensa Libre, 4 de noviembre de 2004. En esta intervención es posible observar claramente el uso de un discurso estratégicode poder en manos de un agente directamente implicado en la defensa de los intereses del capital extranjero, revestido de vocablos clave extraídos de variosdiscursos que circulan en la esfera internacional y que tratan de reconciliar, sin discusión, el modelo corporativo de globalización y el “desarrollo” del TercerMundo.

37 El término “disturbios” es, sin duda, parte de estos juegos lingüísticos de los que ni el presente ensayo puede escapar fácilmente.

38 Pablo Rodas Martíni. “Los hechos”. elPeriódico, 13 de enero de 2005. En enero de 2005, la prensa local también circuló sus propios rumores de infiltración de

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

17

La búsqueda de mecanismos para una consulta de vecinos en

Sipacapa se dio inicio, a más tardar, a fines de enero de 2005.

Entre los argumentos que circularon dentro de Sipacapa,

particularmente dentro de los debates que se dieron en el “cabildo

abierto” del 19 de enero, encontramos los siguientes: “El que la

actividad no deja suficientes ganancias a la comunidad y daña

el ambiente” y el de que, a pesar de estos problemas, la minería

contribuiría a “La creación del empleos en el lugar”. Otros

argumentos recogidos por la prensa local, tanto en Sipacapa como

en San Miguel Ixtahuacán, incluyen los siguientes: “Los

pobladores de ambos municipios están de acuerdo con afirmar

algo: el 1% que recibe el Estado y las comunas por la extracción

de oro y plata, es ‘muy poco’. Desde el gobernador de San

Marcos, Héctor Edmundo Arana Marroquín, hasta el alcalde

de San Miguel, Oswaldo Ávila, pasando por los líderes religiosos,

el movimiento campesino y pobladores de ambos municipios, se

coincide en demandar una mayor cuota de dividendos o, en el

peor de los casos, obras de infraestructura. En lo que sí varían

es en el tono de la exigencia. ‘Nos va a pasar como a los indígenas

de la conquista, a quienes les daban espejos y se llevaban el

oro’, expresa Pedro Bautista, un aldeano de Quequesiguán,

Sipacapa”39.

Para mayo de 2005, otros argumentos locales se habían añadido al

debate: “Unos 40 representantes comunitarios de Comitancillo,

San Marcos, protestaron contra esa industria, y entregaron un

memorial en el Ministerio de Energía y Minas y en el Congreso

de la República para pedir que no se autoricen más explotaciones.”

En este caso, se dijo, “La población ha tomado la decisión, y

queremos que se nos respete, explicó César López, alcalde de

Comitancillo”40. Si todos estos argumentos parecen confusos y

sin falta de consenso, aun dentro de las filas mismas de las gentes

directamente afectadas por la minería, es porque así es.

Es precisamente la falta de un consenso local lo que se planteó

solucionar la consulta de vecinos realizada en Sipacapa,

departamento de San Marcos, el 18 de junio de 2005. Sipacapa

es un municipio de 14,039 habitantes, distribuidos en 13 aldeas,

de los cuales sólo 5,720 estaban empadronados de acuerdo con

datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, de éstos últimos,

sólo 2,600 vecinos participaron en la consulta, es decir, menos

del 50% de la gente empadronada pero más del 20% requerido

por el Código Municipal. De las 13 aldeas que podían participar

en la consulta, 11 optaron por el “no”, una por el “sí” y otra se

abstuvo41. Desde un punto de vista matemático, los resultados de

la consulta en Sipacapa son vinculantes para la municipalidad.

Ello a pesar de que las mismas razones que generalmente se

utilizan, sobre todo por la izquierda, para calificar o negar la

legitimidad de las Elecciones Generales en el país, sobre todo

cuando las mismas no superan el 50% más uno de participación

de la gente empadronada, ya no digamos el 50% más uno de la

gente que de hecho toma parte en la votación, también podrían

ser aplicadas al caso de esta consulta.

Más allá las consideraciones numéricas, los argumentos utilizados

por la gente sencilla de la región incorporan en sus discursos

éticos, es decir, en discursos de la buena vida como se la entiende

y se la vive en lo local, vocablos provenientes de los juegos

lingüísticos de los grupos políticos y económicos de presión

encontrados, tanto de los grupos ambientalistas como de Montana.

Esto no quiere decir que no haya corrientes de opinión o facciones

ideológicas en las comunidades vinculadas a movimientos

culturales, políticos y/o económicos más amplios. Pero quiere

decir que, dada la fuerza del comunitarismo de los vecinos en el

altiplano, dichas corrientes de opinión o facciones ideológicas

tienen un carácter sublimado y se expresan, como los sueños

freudianos, por medio de símbolos, imágenes o vocablos clave.

ex-guerrilleros: “La presencia de integrantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) antes y durante el enfrentamiento entre campesinos yfuerzas de seguridad en Los Encuentros, Sololá, fue señalada ayer por el jefe de bloque del Partido Unionista, Pablo Duarte”. Ver “Señalan a URNG por propiciarenfrentamientos en Sololá”. elPeriódico, 12 de enero de 2005. De igual modo, Gustavo Berganza, columnista de elPeriódico, escribió una pieza en el matutinode la capital responsabilizando al Obispo Álvaro Ramazzini, de la Diócesis de San Marcos, de ser un “agitador”. Ver “El Obispo agitador”. elPeriódico, 17 deenero de 2005.

39 Ver “Realizan cabildo por tema minero”. Siglo XXI, 20 de enero de 2005. Ver también “Pobladores demandan más regalías”. Siglo XXI, 24 de enero de 2005.40 Ver “Pobladores rechazan minería en sus tierras”. Prensa Libre, 27 de mayo de 2005.

41 Ver “Dicen ‘no’ a la minería”. Prensa Libre, 19 de junio de 2005.

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

18

Por ejemplo, reflejando el discurso ambientalista pero traducido

a los términos más simples del comunitarismo local y expresado

por medio de vocablos clave e imágenes apocalípticas, Modesto

Gómez, de la aldea Tres Cruces, afirmó sobre las actividades

mineras: “Trae enfermedades y se nos va a acabar el agua”.

Por otro lado, reflejando el discurso de Montana pero también

traducido a los términos simples del vecinazgo local, Juan López,

de la aldea Canoj, que se abstuvo de participar en la consulta,

afirmó: “Está bueno; no me opongo, porque da trabajo. Mis

dos hijos están allí”42. Con estas opiniones en mente, las que

difícilmente constituyen conocimiento adecuado de los asuntos

bajo votación, la gente de Sipacapa se allegó a las urnas.

Sin embargo, los resultados de la consulta de vecinos en Sipacapa

son claros en cuanto a un punto: sólo desde una perspectiva

simplemente numérica es posible afirmar que las comunidades

más afectadas por la minería han sido capaces de escoger un

curso de acción sobre otro. Pero desde una perspectiva más

sustancial de la política democrática, precisamente desde la

perspectiva que habitualmente le aplicamos a los resultados de

elecciones presidenciales, las opiniones vertidas por la gente

sencilla de la región demuestran cómo no existe un consenso,

generado con base en discursos más sustanciales y en términos

adecuadamente debatidos, en términos que tomen en cuenta el

contexto crítico de las comunidades mismas, la consulta de

Sipacapa adolece de problemas normativos profundos.

Los resultados de la consulta sólo pueden admitirse como

resultados legítimos y/o moralmente vinculantes para el otro 60%

de la población empadronada que no participó en la consulta,

por sus propias razones, si se acepta el argumento comunitarista

que, en esto, coincide con el colectivismo endémico de la izquierda

guatemalteca, de que el comportamiento de una parte de la

comunidad responde, refleja o representa fielmente la voluntad

general – el “bien común” – de la comunidad como un todo, y

que la decisión de una minoría, en este caso, en doble sentido, es,

de hecho, la decisión de la mayoría. Pero éste es un argumento

normativamente cuestionable y políticamente peligroso incluso,

y quizá de modo más importante, para las fuerzas progresistas de

Guatemala. Porque la nueva ciudadanía que se busca construir

en el contexto de la transición democrática no puede tener un

carácter corporativo, mayoritarista o movimentista. Por tanto,

desde un punto de vista normativo, los resultados de esta consulta

de ninguna manera sirven para apoyar el argumento de que la

minería en el altiplano ya ha sido rechazada por medios

democráticos no distorsionados.

El 3 de julio de 2005, la gente de Río Hondo, Zacapa, tuvo su

propia consulta de vecinos sobre la construcción de hidroeléctricas

en la región. De 9,679 vecinos empadronados, sólo 2,831

emitieron su voto y, de éstos/as, 2,735 optaron por el “no” a las

hidroeléctricas, y 74 optaron por el “sí.” Esto quiere decir que

sólo el 28.37% de la población empadronada de Río Hondo de

hecho participó en la consulta popular43. Al igual que en Sipacapa,

este número es suficiente para satisfacer los requerimientos del

Código Municipal. Al igual que en Sipacapa, también, pobladores

locales expresaron con su voto ya sea su simpatía o su rechazo a

la construcción de hidroeléctricas en la región, pero descansando

en vocablos clave provenientes de los discursos políticos y

económicos de expertos/as, del sector privado y los inversionistas,

del gobierno y la clase política. Nadie puede afirmar seriamente

que la gente de Río Hondo debatió adecuadamente, hasta el punto

de generar una opinión sólida de un lado o de otro, los términos

complejos, el contexto local y general y las consecuencias a corto

y largo plazo, de los asuntos bajo consideración. La experiencia

de Río Hondo nos muestra no solamente lo poco afianzado que

está el mecanismo electoral a nivel comunitario en el oriente sino

también, y de modo más serio, la falta de legitimidad que tienen

los argumentos que se basan en estos resultados para defender o

rechazar, categóricamente, una u otra actividad económica.

A pesar de los resultados numéricamente contrarios a la minería

que emergieron de la consulta de vecinos en Sipacapa, el 1 de

noviembre de 2005 Montana Exploradora, subsidiaria local de la

canadiense-estadounidense Corporación Glamis Gold, propietaria

de la mina Marlin en Sipacapa, empezó su producción comercial

y con ello un nuevo capitulo en el “desarrollo” económico del

altiplano44. Yo sospecho que algo parecido va a pasar con el

proceso de construcción de hidroeléctricas en el oriente del país.

42 Ibidem.43 Ver “Poca afluencia en consulta a vecinos”. Prensa Libre, 4 de julio de 2005.

44 Gustavo Berganza, “Y arranca la mina de Sipacapa”. elPeriódico, 25 de octubre de 2005.

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

19

Introducción

Desde hace por lo menos un par de décadas, en Guatemala se

vienen gestando importantes procesos en dirección de la

construcción de nuevas formas de expresión ciudadana,

fundamentalmente a partir de 1985 con la elección de gobiernos

civiles y la promulgación de la nueva Constitución Política de la

República. Otro de los procesos de significativa relevancia lo

constituye la negociación del conflicto armado interno que n los

escenarios que empujan hacia la construcción de nuevas formas

de ciudadanía, en términos de organización, expresión y

participación, quizá más en los espacios locales y rurales que en

los urbanos.

Más allá de lo propiamente electoral, de las formas típicas de

participación y de organización, recientemente se han originado

interesantes mecanismos de incidencia política desde formas

propias de organización de varias comunidades, orientadas a

realizar consultas entre y desde la población sobre temas que les

afectan directamente, y que se enmarcan en el escenario de la

legislación y la institucionalidad nacional, pero también de las

formas de organización y legislación local, sin dejar de ser

afectados por las formas políticas de estructuras orgánicas urbanas

más amplias.

Desde los orígenes y las formas de expresión local y de conjunto

de dichas consultas comunitarias, es que el presente artículo persigue

caracterizar y delinear algunas interpretaciones para el debate.

En una primera aproximación se presenta la sistematización de

algunos casos documentados, con el objetivo de que se

comprendan los orígenes y motivaciones fundamentales de esas

expresiones de consultas de vecinos, y las dinámicas sociales en

lo particular y en su conjunto.

Luego, una segunda parte incluirá el análisis de la polémica técnica

y legal, para arribar a una propuesta analítica para el debate desde

la perspectiva aquí propuesta: ¿Cómo las consultas en diferentes

municipios se vinculan al escenario político de las nuevas formas

de expresión ciudadana?; ó, en términos más amplios: ¿Cómo se

vinculan y contribuyen a los procesos de construcción de una

nueva ciudadanía?

Esta segunda parte ha sido concebida desde la perspectiva de

lanzar al debate, el argumento constitucional y jurídico que

fundamenta la realización de las consultas de vecinos, en el marco

de la construcción de un Estado Democrático y de Derecho,

independientemente de la reciente resolución de la Corte de

Constitucionalidad (CC) que avaló dos ejercicios de consultas

de vecinos realizados en el transcurso de 2005, la cual, desde

una interpretación básicamente legalista y simplista, podría verse

como el punto final de esta discusión que se ha dado desde el

2005, en torno a la legalidad y legitimidad de estos ejercicios

políticos de democracia directa.

El Estado y su conjunto institucional.

El Estado guatemalteco, como el conjunto de las relaciones

sociales de poder, se configura en términos reales a partir de un

conjunto institucional que permite hacer operativa una forma

determinada de gobierno. En cada una de las funciones

institucionales gubernamentales y su forma de accionar, se ve

reflejada la vida invisible del Estado.

Dependiendo de las áreas de intervención directa del Estado, cada

una de las instituciones visibles del mismo operan de determinadas

maneras de acuerdo a la visión del manejo de la cosa pública, por

ejemplo, si se trata de cuestiones de seguridad del país en el

contexto internacional, si se trata de aspectos de la economía

Ejercicios políticos en el marco de una nueva ciudadania1

- Primera Parte -

1 Por Raúl Cuellar Betancourt. Licenciado en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), analista sociopolítico independiente; y FernandoSolís, Licenciado en Economía por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), analista independiente en Economía y Política.

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

20

2 Ver “CC valida consultas ambientales”. Prensa Libre, 5 de abril de 2006, página 3.

3 Ver “Hidroeléctricas seguirán en batalla por funcionar”. Prensa Libre, 11 de abril, página 10.

I. La resolución de la CC sobre las consultas de vecinos

La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una resolución2 en la declaró legales las consultas de vecinos realizadas en 2005 en

los municipios de Sipacapa, departamento de San Marcos; y Río Hondo, departamento de Zacapa, respectivamente.

La resolución en mención rechaza respectivamente los dos amparos interpuestos, el primero, por la empresa minera Montana

Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima, contra la consulta realizada en Sipacapa el 18 de junio de 2005, y que dio como

resultado el rechazo a la actividad minera, en tanto que el segundo fue interpuesto por las empresas Hidroeléctricas de Río Hondo,

Sociedad Anónima, y Electroriente, Sociedad Anónima contra la consulta realizada en Río Hondo el 3 de junio de 2005, y que

también dio como resultado el rechazo a la instalación de una hidroeléctrica.

En el caso de la consulta en Sipacapa, Montana interpuso el amparo argumentando que era ilegal porque se había efectuado fuera

de tiempo, pero la resolución de la CC negó en forma definitiva tal recurso con base en preceptos del Convenio 169.

Respecto de la consulta en Río Hondo, las empresas mencionadas habían accionado, mediante amparo, contra el Reglamento

Municipal de Consulta de Vecinos emitido por el Concejo Municipal de Río Hondo, argumentando que contaban con autorización

del MEM y del MARN, así como del Instituto de Electrificación (INDE) para la ampliación y construcción de hidroeléctricas en

este territorio. También argumentaron que antes de que se otorgaran las autorizaciones por parte de las instituciones estatales ya

mencionadas, se había pedido la opinión de las comunidades y no se opusieron. En este caso, la CC decidió conexar los expedientes

de ambas empresas y revocar amparos provisionales otorgados con anterioridad a ambas empresas por considerar que sus peticiones

carecen de fundamento, de acuerdo con la Constitución Política de la República y la Ley de Amparo.

Días después fueron publicadas declaraciones del abogado Ricardo Sagastume, a quien el matutino identifica como asesor legal de

las empresas Río Hondo, S.A. y Electroriente, S.A., en las que señaló que la CC no les había notificado la resolución ya mencionada,

y que por lo tanto “No sabemos si la Corte resolvió o va a resolver la nueva Corte. Aún quedarán recursos de aclaración y

ampliación por resolver; el proceso no ha finalizado (…) No existe certeza jurídica para las inversiones y eso podría ser

negativo para la economía”. El diario atribuye al jurista el señalamiento hacia algunos ambientalistas, de promover la realización

de las consultas, así como de “Estar en libertad de accionar contra magistrados que hubieren votado en forma dudosa (…) En

un sentido que dañe la imagen del país y el derecho de los guatemaltecos a tener más y mejor trabajo”3.

Sin embargo, a partir del enfoque del Estado que tengan las

opciones políticas que ejercitan una determinada forma de

gobierno, las instituciones operan con efectividad y claridad de

nacional, o si se trata del ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

Esto para poner solamente algunos ejemplos, aunque el complejo

de la actividad institucional del Estado es mucho más amplio,

abarca también aspectos de salud, educación, justicia, etc.

sus funciones o se vuelven inoperantes; en lugar de solucionar

los conflictos los complican más, o entran a ejercer funciones

que no les corresponden.

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

21

El caso guatemalteco es el más claro en este sentido, por ejemplo,

la concesión para la explotación de recursos naturales en un

escenario delimitado por el Tratado de Libre Comercio (TLC),

el Plan Puebla-Panamá (PPP), y el condicionamiento de un

empresariado local obligado a realizar alianzas con los capitales

transnacionales4.

Directamente, en el caso de la exploración y explotación minera

así como de la instalación de hidroeléctricas en algunos municipios

como Sipacapa y Comitancillo, San Marcos, y Río Hondo,

Zacapa5, respectivamente, el aparataje institucional del Estado, a

través de los Ministerios de Energía y Minas (MEM) y de

Ambiente y Recursos Naturales (MARN), dejó entrever la postura

oficial del Ejecutivo respecto de las concesiones relacionadas con

infraestructura o la explotación de recursos naturales.

Por otra parte sin embargo, el Ejecutivo no asume al principio

sus funciones para definir la postura oficial con respecto a los

tema de la exploración y explotación minera y la instalación de

hidroeléctricas, y genera el involucramiento confuso de una serie

de instituciones como las municipalidades de dichos lugares (algo

legítimo, por supuesto), el TSE, la CC, Organismo Judicial (OJ),

etc., que no tenían por qué entrar en juego en las contradicciones

de la dinámica, pasando así a crear una coyuntura política

favorable a las partes interesadas en el desarrollo de esos proyectos

y limitando los derechos ciudadanos de oposición a los mismos.

Algunas de las personas entrevistadas para la construcción del

presente ensayo así lo confirman, en cuanto al contexto político

de las consultas de vecinos realizadas para validar o invalidar los

proyectos de exploración y explotación minera y la instalación

de hidroeléctricas.

“El contexto es, podríamos tener dos visiones, el contexto

internacional, la llegada de un gobierno, el gobierno de Bush,

con toda su política impuesta, con imponer los Tratados de Libre

Comercio, con un retorno a la política de la zanahoria y el

garrote. Esta política, que supuestamente habíamos salido de

la época de las guerras, administración Reagan, proyectos

patrocinados por el Banco Mundial, ó sea, proyectos que dentro

de los contextos de las guerras van en función de apropiarse de

recursos petroleros de las poblaciones. Proyectos que van ligados

a los Tratados de Libre Comercio, y al Plan Puebla-Panamá.

Por otra parte, vemos el contexto nacional, de gobiernos

entreguistas que hemos tenido en el pasado y que seguimos

teniendo, es decir, en el momento en que Berger va a firmar a

Washington los Tratados de Libre Comercio, a espaldas de la

gente, tratados redactados en inglés, tratados que no han sido

consensuados. Desde el momento que se le da el visto bueno al

Plan Puebla-Panamá, sin ni siquiera analizarlo, entonces vemos

que los intereses que se están defendiendo son los intereses de

las transnacionales, apoyadas por el gobierno de Bush, más el

grupito de la foto de los que trabajaron en la campaña del

Presidente, ó sea, entendido que estamos con un gobierno que

representa al sector empresarial y finquero. Dentro de ese

contexto, hay que ver no solo los proyectos hidroeléctricos, de

los megaproyectos que se está hablando ahorita, sobre todo en

la Franja Transversal del Norte, de las concesiones de la

actividad de minería subterránea y a cielo abierto, de la actividad

petrolera, de las nuevas adjudicaciones y concesiones de la

actividad petrolera en la parte norte del país”6.

“El asunto, tanto de la minería como la hidroeléctrica, es que

todo el discurso del Organismo Ejecutivo, de los Ministerios y del

Presidente, es que son proyectos que son prioridad nacional. Claro

4 En el segundo número de esta nueva serie de El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía está concebido publicar un ensayo interpretativosobre los grupos de poder y las aristas de su proyecto estratégico que se han venido configurando, por lo menos, en los últimos 20 años, a partir de laargumentación académica del Bloque Histórico, el Bloque Hegemónico y el Bloque en el Poder. Al respecto de ello, el Colectivo de Organizaciones Sociales(COS) adelanta algunas argumentaciones en los términos siguientes: “El objetivo estratégico de los grupos empresariales de carácter oligárquico que apoyaron lacandidatura de Oscar Berger es ampliar sus privilegios y desarrollar nuevos mecanismos para la acumulación de riqueza y el aumento de sus ingresos (…) La idea esque los grandes monopolios nacionales se asocien a la inversión extranjera para la explotación de los recursos naturales (bosques, agua, petróleo, minerales, etcétera),la prestación de servicios públicos y la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura nacional, incluyendo, incluso, el patrimonio cultural (sitiosarqueológicos, lugares sagrados, museos, etcétera)”. Ley de Concesiones. Instrumento de mediación entre sector público y privado o fachada para la privatización.Colectivo de Organizaciones Sociales (COS) Cuaderno de Análisis, Guatemala febrero 2005.

5 Aunque se conoce de otros lugares donde también se han desarrollado dinámicas problemáticas que contribuirían a un análisis más profundo de los ejestemáticos del presente ensayo, se abordan solamente estos tres casos, en vista de que son los que tenemos mejor documentados.

6 Entrevista con Manuel Chacón, Filochofo, miembro del Colectivo Madre Selva

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

22

que así está redactada la Constitución, es de entidad publica y de

interés nacional y prioritario, pero en este caso, el primer contra

argumento que tenemos es que estos proyectos son financiados

por créditos y a empresas transnacionales y nacionales, son

proyectos de Nación, no son proyectos estatales. Entonces, ahí lo

que tiene que privar según la Constitución es el interés social

sobre el particular. Y además de ese precepto constitucional, toda

la forma de consultarle a la gente que iba a ser afectada”7.

En tercer lugar, la falta de coordinación desde la cabeza de la

institucionalidad estatal, dificulta el desarrollo de procesos claros

que emerjan, incluso, desde darle su debida importancia a la

ciudadanía, base fundamental para la toma de las decisiones

políticas de efectos colectivos, en lo nacional y/o en lo local, es

decir, en este caso, la falta de una clara intervención del Ejecutivo

para buscar la coordinación con la instancia responsable de

oxigenar los aspectos problemáticos que finalmente llevaron a la

realización de las consultas de vecinos.

“Ésa es precisamente la dinámica institucional; ese es un tema

muy frecuente en Guatemala, que una cuestión de decisión

política, la van a aterrizar a las Cortes para que sean decisiones

jurídicas. Yo no estoy diciendo que lo jurídico no tiene que entrar

en lo político, por supuesto, es una expresión de poder político,

y de cuestiones políticas legales, pero las decisiones cuando

empiezan estos conflictos, entre un organismo, entre el Ejecutivo

y sus ministerios, que no hay congruencia y que no se coordinan,

que van totalmente por otro lado de los intereses del municipio

y de la población, recurren los abogados y las empresas a todo

el sistema de justicia, para que el sistema de justicia diga que se

debe hacer, y entonces se le pone un peso terrible a la cuestión

jurídica, se sobredimensiona. Dejar eso en operadores de justicia

es cosa seria, porque si los abogados de la Corte de

Constitucionalida son capaces de decir que un mecanismo de

participación ciudadana viola nuestra Constitución, ¿Con base

en qué artículo lo van a decir? Así como hay artículos que

defienden la libertad empresarial y la propiedad, hay un

Catálogo de Derechos Humanos que faculta a la gente a

protegerse, y hay obligaciones del Estado a proteger a la gente

y su ambiente. ¿Qué clase de interpretación van a hacer para

decir esto no sirve, los consejos se apropiaron de eso y dijeron

respaldamos: ‘Con base en la respuesta de la población, este

Consejo Municipal respalda. Siendo coherente con esa mayoría,

decidimos no se otorga ninguna licencia de construcción de obra

civil. Aquí no se va a autorizar ninguna actividad de minería

metálica, aquí no se va a autorizar ninguna actividad que tenga

que ver con hidroeléctrica’. Entonces, en base a esot quieren

anular los efectos vinculantes de las consultas y sus resultados”8.

Significado y orígenes de las consultas de vecinos.

En términos legales y políticos se manifiestan diferentes

interpretaciones de lo que son las Consultas de Vecinos, como

un ejercicio muy particular de determinadas comunidades o

lugares, que incluso llegan a confundirse con otras formas de

expresión ciudadana que tratan de validar o invalidar determinadas

decisiones populares de trascendencia nacional.

Por ejemplo, el Plebiscito es definido como “La expresión

genérica de cualquier forma de manifestación directa, mediante

votación, de la voluntad política del cuerpo electoral”9. El

Referéndum por su lado, es definido como Lla existencia de un

acto jurídico en vigencia, que queda sometido al veredicto del

cuerpo electoral, el cual decide si el acto jurídico se mantiene

en vigencia o es abrogado o derogado. También se comprende

el término en otro sentido: el Referéndum se emplea actualmente

para someter a la decisión del cuerpo electoral, normativas

importantes (con un cierto contenido emotivo, como el

Referéndum sobre el divorcio en varios países), o políticas

públicas de gran relevancia y alcance”10 . Desde una perspectiva

7 Entrevista con María Eugenia Solis, asesora jurídica del Colectivo Madre Selva.

8 María Eugenia Solis, op. cit.9 Mansilla, H.C.F. Consultas Populares y Ampliación de la Democracia, El referéndum en perspectiva comparada. Cuaderno de Análisis e Investigación. Corte

Nacional Electoral. República de Bolivia, julio 2004.

10 Ibidem. En esta misma fuente, en una perspectiva comparada, se anota que: “El Plebiscito es utilizado cuando el cuerpo electoral es llamado a tomar decisionessobre asuntos sencillos (proposición de personas para cargos públicos,, anexiones o exclusiones territoriales, formas elementales de gobierno), mientras que elRreferéndumes usado para la definición de cuestiones normativo-legales y políticas públicas complejas”.

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

23

histórica “La palabra Referéndum proviene de la locución latina

ad referéndum, que alude a la práctica de referir ciertas

cuestiones del gobierno al pueblo11.

Estas dos expresiones, sin olvidar que el Referéndum tiene por

lo menos tres variantes esenciales, constituyen las formas

fundamentales de lo que se conoce en la mayoría de países como

las Consultas Populares, que representan mecanismos importantes

del ensanchamiento de una cultura política democrática, y de la

transición de la democracia representativa hacia una democracia

participativa.

Otra de las expresiones de ejercicio ciudadano lo constituyen los

Cabildos Abiertos, que en Guatemala han promovido los

gobiernos locales, municipales, desde hace muchos años.

“El cabildo abierto es para un tema municipal, y es recoger una

tradición de los pueblos indígena. Además viene de la colonia.

Fue una válvula de escape que dejó el imperio español; fue una

forma autogobernada. Eso se trae todavía hacia la actualidad.

Los cabildos son temas múltiples, no son cuestiones muy

puntuales como las consultas. Las consultas son reacciones a

temas muy puntuales”12 .

Finalmente, desde hace casi un año se empezaron a desarrollar

en Guatemala mecanismos locales de participación que solicitaron

la intervención de las autoridades del gobierno municipal, con el

propósito de convocar a la población del lugar para ser consultadas

sobre su acuerdo o desacuerdo en los temas específicos de la

exploración y explotación minera y de la construcción de

hidroeléctricas, lo que se ha venido denominando “Consultas de

Vecinos” en los diferentes casos.

“Las consultas (de Vecinos) podemos decir que son un derecho

establecido en el Código Municipal, es decir, es parte de las

autonomías que tienen las autoridades, lo que les permite, si es

a iniciativa de la municipalidad hacerlas, convocarlas. Pero la

consultas generalmente son procesos que solicitan las

comunidades; que solicita un porcentaje de la población

organizada; le solicitan a la municipalidad que convoque a una

consulta por determinada cuestión”13 .

Es decir, las Consultas de Vecinos se refieren a espacios de

expresión y participación ciudadana desde los intereses específicos

de la población de una comunidad determinada, y vinculados a

temas particulares que afectan al territorio y gente de dicha

comunidad.

“Una forma de ensanchar la democracia. En el acuerdo de

Aspectos Socioeconómicos y Situación agraria, las partes se

comprometieron a legislar en el Código Municipal y en el sistema

de Consejos de Desarrollo, la apertura de espacios de

participación. Y sobre todo, en ese Acuerdo de Paz se dice que

el municipio, entendiendo el municipio lo que es verdad, que es

población, su territorio y su poder, el ejercicio del poder, tienen

el derecho a participar en el diseño de su desarrollo, y qué línea

de desarrollo quieren y en cosas que les afectan”14.

Por lo menos dos factores fundamentales inciden de manera

determinante en el desarrollo y ejercicio de nuevas prácticas

ciudadanas, aún cuando se mantengan las formas tradicionales.

El primero está directamente conectado al trillado tema de la

crisis de intermediación de los partidos políticos. Por eso mismo

y por ser abordado en muchos espacios, no entraremos en detalle.

Baste decir que esto ha sido posible debido a la frágil

institucionalidad vinculada al sistema político y al sistema de

partidos políticos, además de la poca presión y auditoría social

que hasta ahora ha recibido también por parte de las distintas

formas organizadas de la sociedad civil15.

11 Zegada, María Teresa, et. al., El Referéndum 2004 en Bolivia. Alcances e implicaciones. Corte Nacional Electoral. República de Bolivia, julio 2004.

12 María Eugenia Solís, op. cit.

13 Entrevista con Manuel Chacón, op. cit.14 María Eugenia Solís, op. cit.

15 Ver Raúl Cuellar Betancourt y Carlos Peralta Chapetón. La Crisis de Intermediación de los Partidos Políticos en Guatemala. Investigación para la Incidencia.Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP). Enero de 2000. También “Institucionalidad Electoral y Política Guatemalteca” y “Partidos Políticos eInstitucionalidad Electoral. Primera y segunda partes”, en El Observador Electoral Nos. 2, 3 y 7, respectivamente. Año 1. Abril y agosto de 2003, y enero de 2004.

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

24

El segundo se relaciona con las nuevas formas de acción política

de la ciudadanía, quizá también abordado en otros espacios,

especialmente desde las expresiones más utilizadas como el

Plebiscito y el Referéndum. Lo que se quiere enfatizar aquí son

aquellas formas en las que la población ha venido teniendo un

mayor protagonismo, especialmente desde los escenarios locales,

tal es el caso de las Consultas de Vecinos, en las que la propia

población toma la iniciativa de ejercer su derecho de petición

para que las autoridades del gobierno local atiendan sus demandas

en temas muy particulares, pero de incidencia colectiva.

En otras palabras, la sociedad civil le ha dado continuidad a sus

espacios de organización y ha avanzado en el fortalecimiento de

sus estructuras de acción política, lo que le permite cada vez más

incidir en el poder local. No obstante, aún falta mucho por hacer

en el ámbito global.

Las consultas de vecinos están basadas en el Artículo 65 del

decreto 12-2002, Código Municipal, Consultas a las comunidades

o autoridades indígenas del municipio, el cual reza: “El Concejo

Municipal realizará consultas a solicitud de las comunidades o

autoridades indígena, inclusive, aplicando criterios propios de

las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas”.

Además, en el Artículo 26 de la Ley de Consejos de Desarrollo

Urbano y rural, que en relación a las consultas a los pueblos

indígenas, dice “En tanto se emite la Ley que regule la consulta

a los pueblos indígenas, las consultas a los pueblos Maya, Xinca

y Garífuna sobre las medidas de desarrollo que impulse el

Organismo Ejecutivo y que afecten directamente a estos pueblos,

podrán hacerse por conducto de sus representantes en los

Concejos de Desarrollo”.

También se fundamentan en el Artículo 6, numeral 1, inciso a)

del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

(OIT), ratificado por el Gobierno de Guatemala, que dice:

“Consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos

apropiados y en particular a través de sus instituciones

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o

administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Otra base legal la constituye el Artículo 46 de la Constitución

Política de la República de Guatemala, que establece que en

materia de derechos humanos los tratados y convenciones

aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre

el derecho interno.

Además, el Artículo 66 de la Constitución Política: “Protección

a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos

étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia

maya. El Estado reconoce respeta y promueve sus formas de

vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social”.

Basta mencionar aquí que gran parte de las transformaciones en

materia de nuevas herramientas legales orientadas al

fortalecimiento de los espacios de gobierno y de organización

local, se derivan de los contenidos sustantivos de los Acuerdos

de Paz, campo en el que aún quedan pendientes muchas tareas

esenciales para la construcción de un país verdaderamente

democrático.

A partir de los nuevos escenarios sociopolíticos que fueron

abriendo las leyes y otras herramientas de acción política, el

escenario para la construcción de nuevas formas de ciudadanía,

aunque bajo un proceso relativamente lento, es factible. Las

denominadas Consultas de Vecinos, con lo específico de los temas

en el ámbito local, aunque con trascendencia departamental,

regional y nacional, contribuyen a la construcción de una nueva

ciudadanía, que desde lo local puede incidir en lo global, en tanto

que la población organizada logra influir en la institucionalidad

local, en los gobiernos locales y en las formas de organización de

la sociedad civil y las necesarias transformaciones en el ejercicio

del poder.

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

25

Caracterización de las consultas y sus resultados.

Las consultas de vecinos en los lugares aquí mencionados, se

originaron a partir de diferentes motivaciones.

En el caso de Sipacapa, San Marcos, un grupo importante de la

población16 hizo la solicitud a la municipalidad para convocar a

la consulta, la que tuvo como motivación principal “Consultar

de buena fe, conforme a los usos y costumbres del pueblo

Sipacapense,, a las autoridades indígenas, a la población

indígena de ascendencia maya sipakapense del municipio de

Sipacapa, departamento de San Marcos, para que se pronuncien

en contra o a favor de la actividad minera de reconocimiento,

exploración y explotación de minerales metálicos a cielo abierto,

que se pretende efectuar dentro del municipio de Sipacapa, San

Marcos, y determinar con ello de qué manera sus intereses son

perjudicados por dicha actividad”17.

En Acta No.6-2005 de la Corporación Municipal del municipio

de Sipacapa, se retoma el acuerdo de la convocatoria para la

consulta y se establece “Convocar a las autoridades indígenas,

población indígena maya sipacapense y a los vecinos mayores

de 18 años de edad, a efecto de determinar si sus intereses son

perjudicados y en qué medida son perjudicados esos intereses

por la actividad minera de reconocimiento, exploración y

explotación de minerales metálicos a cielo abierto en el territorio

de Sipacapa, San Marcos”.

Allí mismo se acordó elaborar un reglamento para la realización

de la consulta de buena fe, nombrar a la Comisión Política,

integrada por representantes honorables y con participación activa

dentro del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) de las

trece aldeas a consultar, así como nombrar una Comisión de

Apoyo Técnico integrada por representantes de instituciones y

organizaciones con presencia en el municipio, para dar todo el

apoyo técnico, metodológico y operativo al proceso de la consulta.

En el reglamento de la consulta, la misma se definió así: “Es el

espacio de participación comunitaria y democrática que permite

a los consultados expresar en forma libre y en igualdad de

condiciones y oportunidades, su voluntad soberana en torno a

la actividad minera de reconocimiento, exploración y explotación

de minerales metálicos que se pretende efectuar en el municipio

de Sipacapa, departamento de San Marcos”.

En ese mismo reglamento se establecieron los lugares para la

consulta, el temario (único, NO=rechazo, SI=aceptación), sobre

el conteo y los resultados, la interpretación de los resultados (de

observancia general y obligatoria en el territorio del municipio

de Sipacapa), la institucionalización de los resultados a través

del COMUDE y Concejo Municipal, la apertura a la presencia de

observadores durante el proceso de consulta, la divulgación de

los resultados, entre otros aspectos más formales.

Para la votación se utilizó el padrón oficial, actualizado,

proporcionado por el TSE y finalmente los resultados fueron de

once (11) comunidades que se manifestaron en contra votando

por el NO a la actividad minera en el municipio; una (1) comunidad

se manifestó a favor, es decir, por el SI; y una (1) que se abstuvo,

de un total de 13 aldeas con que cuenta el municipio.

La consulta en el municipio de Sipacapa, departamento de San

Marcos, se realizó el 18 de junio de 2005, con los resultados

mencionados, y el 21 de junio la Corporación Municipal emitió

el acuerdo contenido en Acta No.26-2005, que dice: “I. Acatar

el resultado de la Consulta Comunitaria efectuada el dieciocho

de junio del dos mil cinco por las autoridades comunitarias de

las aldeas respectivas de este municipio de Sipacapa, San

Marcos; II. Esta Corporación Municipal, respetuosa de la

decisión de los habitantes de este municipio, se compromete

trasladar la documentación respectiva con apoyo de las

autoridades comunitarias ante las instancias correspondientes

16 La solicitud pública fue presentada por las autoridades comunales, Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y sociedad civil organizada.

17 Acuerdo de la Corporación Municipal de Sipacapa, San Marcos, contenido en Acta No.04-2005, del 24 de enero de 2005.

El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

26

para los efectos consiguientes; III. Se ordena compulsar copia

certificada del presente acuerdo municipal a donde corresponde

para los efectos legales consiguientes”18.

En Río Hondo, Zacapa, una importante parte de la sociedad civil

organizada solicitó al alcalde y Concejo Municipal la realización

de una consulta sobre la construcción de hidroeléctricas en

territorios de este municipio.

Se decidió crear un reglamento para hacer esa consulta y pidieron

el apoyo para que la misma fuera supervisada por el TSE; incluso,

que se proporcionara equipo y material, por ejemplo, la tinta y

las mesas. El TSE le dio el visto bueno al reglamento para la

consulta. Se elaboraron las papeletas con el SI y el NO, y al final

ganó de forma mayoritaria la pregunta negativa. En este caso, la

consulta fue relacionada con la aceptación o el rechazo para la

implementación de un proyecto hidroeléctrico, con modalidad

de consulta no indígena. Se realizó campaña, se difundió

información de ambos lados y ya con el padrón fueron capaces

de colocar por abecedario, no por número de empadronamiento,

a la población que llegó a emitir su voto a favor o en contra.

La consulta se realizó el domingo 3 de julio de 2005. Para su

realización se creó una Comisión Específica, integrada por

miembros del Concejo Municipal y vecinos honorables, encargada

de verificar la validez del evento. Además, se creó una Junta

Coordinadora de la Consulta de Vecinos.

En el municipio de Comitancillo, departamento de San Marcos,

la municipalidad se basó en el Artículo 65 del Código Municipal,

Artículo 26 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Legal,

y Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, para fundamentar

“Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos

apropiados y en particular, a través de sus instituciones

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o

administrativas susceptibles de afectarles directamente”19.

18 Las posiciones jurídicas y políticas derivadas de los procesos de las consultas y sus respectivos resultados, se abordarán en una segunda parte del presenteensayo.

19 Acta No. 22-2005, Municipalidad de Comitancillo, departamento de San Marcos, 24 de mayo 2005.

En este municipio, la consulta se realizó en relación a la cesión

de permiso para el reconocimiento, exploración y explotacilón

de oro, plata, cobre, plomo y zinc, involucrándose el Consejo

Municipal de Desarrollo (COMUDE) en la convocatoria que

determinó: “La realización de la consulta a las comunidades

para que se manifestaran en relación al reconocimiento,

exploración y explotación de la minería en Comitancillo”.

La consulta se realizó a través de las Alcaldías Comunitarias y

Consejos de Desarrollo, mediante actas celebradas en asambleas

comunales desde el 14 de abril hasta el 20 de mayo de 2005, y la

decisión de las 51 comunidades “De manera abierta y

consensuada rechazan rotundamente el reconocimiento,

exploración y explotación minera en Comitancillo, porque atenta

contra la vida del ser humano y el ambiente”. El Concejo

Municipal ratificó la decisión de las comunidades.

Valoraciones de conjunto.

Las consultas de vecinos expresan un contenido cuestionador a

actividades económicas de empresas extranjeras que, en el futuro

inmediato, provocarían daños reales e incalculables en el entorno

y la propia vida de las comunidades que han sido abordadas en

este artículo.

Los mecanismos para la realización de las consultas estarían

basados plenamente en formas orgánicas de expresión local; sin

embargo, es fácil reconocer la incidencia de algunas instancias

urbanas en el proceso de organización de las mismas, aspecto

que, por supuesto, no las deslegitima, aunque sí las cuestiona.

Los resultados de las consultas, pese a los niveles de participación

de la población, alcanzan los porcentajes necesarios para su

legalidad, aunque queda pendiente la verificación del respeto a

las decisiones votadas por las comunidades, pese a los

compromisos de los gobiernos locales.

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27

El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) se reunió de manera alternativa y paralela al IV Foro Mundial del Agua entre el 13 y 20 demarzo del año en curso en México para analizar, por lo menos, 14 denuncias relacionadas con la contaminación o amenazas a los recursoshidrológicos en el hemisferio, derivadas de la explotación de minas de oro a cielo abierto, la construcción de represas y el transporte dematerial nuclear.

El TLA es una instancia de carácter internacional y autónomo que analiza casos que involucran presuntos daños ambientalesperpetrados o que amenazan importantes recursos hídricos, en perjuicio de poblaciones de América Latina. Es un tribunal deconciencia y, aunque sus resoluciones no son vinculantes para las partes involucradas, se constituyen en una base técnico-científicapara la resolución de conflictos relacionados con el agua en el hemisferio.

La denuncia de Guatemala presentada a esta instancia por el Colectivo Madre Selva, fue analizada dentro del grupo de Centroaméricaque incluyó similares casos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

La resolución de dicha instancia dicta, de manera general, una censura moral al Gobierno de Guatemala, y particularmente al Presidentede la República, Oscar Berger, por permitir el establecimiento de operaciones mineras de alto riesgo que pueden afectar la salud y losecosistemas del país a largo plazo, al tiempo que se favorece los intereses de particulares y de compañías transnacionales en detrimento delos pueblos guatemaltecos.

Asimismo es censurado mortalmente el Gobierno de Guatemala por no cumplir con sus obligaciones de consultar de buena fe a lospueblos indígenas del país afectados por los proyectos mineros, así como por desatender y actuar en contra de la voluntadexplícitamente manifestada por las comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en contra del proyecto Montana comoresultado de su propia consulta formal al respecto.

Una tercera censura moral se dirige al Ministro del MARN de Guatemala, por incumplimiento de sus responsabilidades, convirtiéndoseasí en responsable por las pérdidas de cantidad y calidad de agua para las comunidades de las áreas afectadas.

Exhorta al Congreso de la República a la agilización de los trámites para la revisión de la Ley de Minería existente o a la emisión de unanueva, a fin de asegurar que la nueva normativa contenga artículos que garantice la soberanía guatemalteca y la defensa de losderechos y del patrimonio de los guatemaltecos.

Finalmente exhorta el gobierno a cumplir con las disposiciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, cuyocumplimiento ha asumido en virtud de la aprobación, por parte del Congreso de la República y la ratificación de Presidente de laRepública, y que según el Artículo 46 de la Constitución Política de la República del 31 de marzo de 1985, éstas tienen preeminenciasobre el derecho interno.

De esta forma, el tribunal recomienda que se evalúen en forma independiente las áreas potencialmente mineras concesionadas enexploración y explotación, teniendo en cuanta el riesgo de contaminación y degradación de los ecosistemas y recursos hídricos, asícomo las poblaciones que podrían verse perjudicadas en su calidad de vida y capacidad productiva.

También recomendó que se establezca una mesa permanente de discusión que actúe de forma clara y transparente sobre el tema dela minería en Guatemala, con participación de actores sociales, gubernamentales y técnicos.

Esta última recomendación del tribunal tiene sentido en la medida que durante el transcurso del mes de marzo del presente año, laComisión de Alto Nivel sobre la Minería que se había conformado en 2005 con representación de sectores civiles involucrados enel tema, la Iglesia Católica y el gobierno, para abordar la discusión de una Ley de Minería, quedo en impase debido a que losrepresentantes del Ejecutivo, incluyendo a los funcionarios del MEM y el MARN, habrían incumplido los acuerdos adquiridos,ignoraron los lineamientos aprobados y habrían faltado a su palabra al actuar a favor de las empresas y sus accionistas.

Por lo menos así lo argumentaran los representantes de sectores civiles y de la Iglesia Católica representados en dicha instancia,cuando señalaron que esta situación se debía a que no se había dado cumplimiento por parte del Ejecutivo, a la demanda desuspender el otorgamiento de licencias de exploración y explotación de minerales en el país, en tanto no fuera aprobada una nuevaLey de Minería.

II. La resolución del Tribunal Latinoamericano del Agua

El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía es uno de los componentes del proyecto

“Análisis alternativo e Independiente para la construcción de una sociedad democrática”, el cual es

una iniciativa de un grupo de profesionales y académicos comprometidos con alcanzar una

sociedad justa y equitativa, tal como lo demandan los Acuerdos de Paz. Este proyecto

cuenta con el soporte institucional de la Asociación para el Desarrollo de la Comunidad

Edición: Fernando Solís. Diseño y diagramación: Alvaro Morales

Entre los actores locales promotores de las consultas y la

incidencia de organizaciones externas, se crea una fusión que

matiza las nuevas formas de expresión ciudadana desde lo local,

que no les permite aún imprimir su propio sello.

La discusión está abierta y continúa, pese a la reciente resolución

de la CC ya mencionada anteriormente.

En esa línea, debe adelantarse que estos casos han sido ya llevados

al seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

para su consideración, así como el

contexto que creó que el pasado 20

de marzo del presente año, el Tribunal

Latinoamericano del Agua (TLA),

emitiera una censura moral al

Gobierno de Guatemala por permitir

el establecimiento de operaciones

mineras de alto riesgo en el país.

Esta publicaciónes posible gracias

a la colaboración de:

Fondo deGobernabilidad de la

Embajada de losPaises Bajos / IBIS