Cuaderno de las OSC 5

3Cuadernos de la Sociedad Civil

Desarrollo institucional y legitimidad social

Cuadernos de la Sociedad Civil dedica este número al tema del desarrollo institucional, por considerar que resulta crucial para la sociedad dominicana en su conjunto, y particularmente para la sociedad civil, avanzar hacia una reflexión madura sobre este aspecto que ocupa un papel central en las relaciones entre el Estado y los ac-tores civiles.

Partimos de la premisa de que el desarrollo institucional es una condición indispensable para alcanzar los niveles deseados de legitimidad so-cial y que, a su vez, es clave en la consolidación de la democracia representativa y de la goberna-bilidad democrática.

Entre sus metas principales el Programa de Apoyo a Iniciativas Locales de la Sociedad Civil (PRIL) busca impulsar óptimos niveles de desarro-llo institucional en las organizaciones de la socie-dad civil dominicana. Sin embargo, no son pocos (as) quienes hoy en día se preguntan: ¿qué es el desarrollo institucional y cuál es su horizonte? Por esa razón hemos dedicado el presente número de nuestra revista a este tema, con el fin de poner sobre el papel distintas reflexiones al respecto.

Presentar credenciales de desarrollo institu-cional implica disponer de mecanismos de rendi-ción de cuentas, de permanentes y progresivos procesos de alternabilidad del poder, así como de estructuras institucionales con suficiente fle-xibilidad para adaptarse a los cambios del entor-no, acompañadas de códigos éticos capaces de normar la vida interna de las organizaciones.

Introducción

Bajo estas premisas básicas, se espera que una o varias organizaciones que presenten estas credenciales, habrán construido una consistente calidad moral para una relación productiva, tanto con el Estado como con los actores del mer-cado, cuya condición les dotará de méritos suficientes para trazar la ruta hacia un desarrollo social y económico con vocación democrática.

Por esta razón nuestra apuesta es por avanzar en el desarrollo institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), a fin de que tengan suficiente legiti-midad social para poder entrar en diálogo con el Estado y acortar camino en la ruta por la transparencia de la gestión pública y una mayor eficiencia y racionalidad del gasto, que a su vez son claves en la lucha contra la pobreza.

Si al abordar el presente tema contribuimos a reflexionar sobre la pertinencia de los procesos que encaminamos y pensamos en la ruta de nuestras agendas ins-titucionales, estaremos muy contentos (as) por saber que nuestros cuadernos están cumpliendo con su misión.

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4 Cuadernos de la Sociedad Civil

Marcos VillamánDIRECTOR EJECUTIVO DE CONARE

¿Cuál ha sido el papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el proceso de re-formas del Estado?

Cuando uno dice las OSC eso es muy amplio, serían muchas. Ahora, uno pudiera verlo al revés. Ver las refor-mas que han ocurrido en el Estado dominicano y ahí ver, quizás, la influencia, el aporte de la Sociedad Civil, de esas organizaciones. Creo que hay un caso en que es evidente que es el tema de las reformas políticas, y en específico la reforma electoral dominicana. Creo que ahí está clarísimo que, sobre todo, Participación Ciudadana (PC) ha hecho un aporte relevante desde el año 1991 a esta parte. Na-die puede regatearle a PC el hecho de que su incidencia en los procesos electorales. La observación de los proce-sos electorales que ellos montaron desde 1991 para acá ayudó de manera muy importante a una transparencia de esos procesos, a darle credibilidad a los mismos, a evitar los sobresaltos que siempre teníamos en esos procesos electorales, y hoy estamos viviendo unas elecciones que ya para nadie son una ocasión de preocupación seria, sino ya mucho más normales. Algo que, sin duda, se debe tam-bién al aporte de la Sociedad Civil y, en específico, al de estas organizaciones.

También en las reformas políticas, un segundo caso que es notable es el aporte que están hacien-do todavía al tema de la transparencia en República Dominicana organizaciones como la misma PC, como FINJUS (Fundación Institucionalidad y Justicia) o como Transparencia y Justicia. Creo que están haciendo un aporte importante, tanto desde el punto de las críticas al Estado y al Gobierno y desde el seguimiento que dan a los procesos de transparencia en las instituciones del Estado, como desde los observatorios que han mon-

“Sin partidos fuertes y sin Sociedad Civil fuerte no hay democracia”

tado para monitorear las prácticas del Gobierno. Creo que ahí son evidentes las aportaciones que hacen estas organizaciones.

Desde el punto de vista de otras reformas, por ejemplo, el caso de las reformas sociales, algunas de las OSC también han jugado un papel importante, en específico en el llamado Gabinete Social, que creo que también está conformado por parte de la Sociedad Civil. Sin embargo, hay que decir que su aporte no ha sido tan relevante como en las reformas políticas. El aporte más importante de las OSC ha sido a la cuestión política; también en lo social, pero menos. Y en el caso de las reformas económicas, ha sido muy poca la presencia, a mi juicio, y quizás porque las mismas OSC tienen menos experticia en las relaciones económicas y en las leyes financieras del Estado dominicano. Ahí ha habido menos presencia de las OSC pero, en las anteriores, creo que el aporte ha sido y será significativo. Evidentemente, eso no puede ocultar el hecho de que la Sociedad Civil Do-minicana no está hoy tan fuerte como estuvo en otro momento. Y eso mismo hace que el aporte sea menor. Pero creo que hay que reconocer que ha habido un apor-te a esas reformas y en específico en esos casos que he mencionado.

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta hoy el diálogo Estado-Sociedad Civil?

Hay una dificultad que sigue presente aunque ha mejorado, y es que hay una baja comprensión de un actor con respecto al otro. No creo que se compren-da, suficientemente, desde la Sociedad Civil, el rol de los partidos, y viceversa. Y eso limita una relación más

Desde su función como funciona-rio del Estado y a la vez con su ex-periencia como miembro de la So-ciedad Civil, el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de la Refor-ma del Estado (CONARE), Marcos Villamán, quisiera “fortalecer las relaciones Estado-Sociedad Civil para fortalecer la democracia, o si se prefiere, para democratizar la democracia”.

Villamán conversó con el PRIL so-bre diversos temas que reflejamos en Cuadernos de la Sociedad Civil como un aporte al debate de las ideas que busca establecer vías de entendimiento entre el Estado y la ciudadanía.

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fácil, más fluida. Creo que ahí hay todavía ciertas des-confianzas que son problemáticas. Segundo, que hay también, en otros sectores de la sociedad, que influyen en la Sociedad Civil e influyen en los partidos, una visión negativa de la Sociedad Civil, que exponen fuertemen-te en los medios de comunicación y que a veces lanza una estela negativa hacia la Sociedad Civil. Creo que hay que mejorar la valoración social de los partidos y de la Sociedad Civil. Tercero, evidentemente, creo que hay también necesidad de aumentar la calidad de la políti-ca en República Dominicana. Y eso pasa por mejorar la calidad del debate. Creo que en el país la calidad de la política es muy baja y que eso está unido con una baja calidad del debate. Eso hace que muchas veces las ideas que se exponen no son planteadas adecuadamente, o son pocas ideas o son ideas muy pobres. Entonces, eso hace que el diálogo, el debate sea muchas veces has-ta de descalificación y personal. Creo, con respecto a la calidad del debate, que tenemos que hacer un esfuerzo como país, tanto los partidos como la Sociedad Civil, por entender mejor los problemas dominicanos como parte de los problemas globales hoy, para, entendidos así, poder mejorar la comunicación. No siempre hemos tenido claridad con respecto a lo que es la Sociedad Civil y su composición, y eso hace que muchas veces haya dificultad en el diálogo, porque uno quisiera que en la Sociedad Civil estuvieran presentes organizaciones de la sociedad que no siempre son las que aparecen en los medios informativos, por ejemplo, los sectores popu-lares y sus organizaciones. Entonces, muchas veces la prensa habla de la Sociedad Civil y están pensando en tres organizaciones de clase media o de clase media alta, que son una parte, que no son toda la Sociedad Civil. Sin embargo, la Sociedad Civil de a pie se queda ausente de esa presencia en los medios, y los intereses y las deman-das de esa Sociedad Civil de a pie no están muchas veces expresados en la Sociedad Civil de arriba cuando plantea sus reivindicaciones.

¿Será por eso, entonces, que se critica esa sociedad civil de clase media, por-que no deja ver la totalidad de lo que hace toda la Sociedad Civil?

A veces pasa eso, excepto ahora que usted empieza a ver movimientos ciudadanos buscando demandas en el interior del país, y también en la capital. Creo que eso no es malo, eso es parte de la vida política democrática, pero, ¿por qué esas demandas no se vehicularon antes, vía la Sociedad Civil? ¿Por qué no hubo presencia de esos grupos en los espacios de coordinación de la Sociedad Civil? ¿Y por qué en esos espacios de coordinación no hubo una búsqueda de interlocución con el Gobierno acerca de esas demandas? ¿Y por qué hay que esperar hacer la protesta para poder plantear las de-mandas y no hubo antes una mediación de la Sociedad Civil, así como hacen con otras cosas?

La participación de la Sociedad Civil se hace a través de sus organizaciones, ¿cómo valora la calidad de esa representación?

Creo que es muy diversa. Ahora, así como tenemos, por ejemplo, ciertas organizaciones de la Sociedad Civil de mucha calidad institucional, y las tenemos, con mucha presencia institucional, con miembros de quienes componen esas organizaciones con mucha formación profesional, creo que ese es un tipo de Sociedad Civil. Tenemos otras con menos niveles de formación y otra que es la gente del pueblo pobre. Ahí encontramos de todo. Creo que hace falta un esfuerzo de parte de la Sociedad Civil por mejorar su institucionalidad, por mejorar su participación en la vida social, por mejorar su presencia en el espacio social dominicano. Y creo que eso lo puede hacer en la medida en que es capaz de fortalecer sus espacios de coordinación. Saludo con mucha fuerza los esfuerzos que se están ha-ciendo porque Foro Ciudadano funcione. Creo que ese es un espacio para poder tener una visión y una presencia más democrática de la Sociedad Civil en la democracia dominicana. Creo que usted puede tener una Sociedad Civil que participa no democráticamente en la sociedad y a la que le hace falta más democracia. ¿Cómo hacemos eso? Logrando que en esos espacios de coordinación se expresen las voces diversas de la Sociedad Civil, y que se reivindique la diversidad de voces, y no sólo una o dos. Pero eso es normal porque la Sociedad Civil es heterogénea, y lo será siempre. Pero hace falta que esa heterogeneidad consiga niveles de coordinación como Sociedad Civil para que pueda, entonces, desde ahí participar, coordinar, negociar con el Estado dominicano.

¿Observa usted una razón instrumental en la relación partidos políticos-OSC?Creo que los partidos políticos vienen de una tradición que no hay que olvidar, sobre todo los

partidos políticos más ideológicos. Vienen de la visión de que todo lo que estaba fuera del partido debía ser conducido por los partidos: los sindicatos, los clubes culturales, las organizaciones de base… Esa visión existió en los partidos políticos. Y no dudo que exista aún en parte de los diri-gentes de los partidos, pero sin duda ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Una, porque la propia gente de los partidos ha cambiado su visión y se ha dado cuenta de que no puede mantener esa mentalidad. Y dos, porque la Sociedad Civil también ha cambiado su visión y ha dicho: “no, usted no viene aquí a dirigirme, tiene que negociar conmigo, usted viene aquí a coordinar conmigo, no a

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dirigir desde el partido lo que tengo que hacer yo como Sociedad Civil”. La búsqueda de instrumenta-ción de los grupos de base con los partidos ha existido siempre, pero esa mentalidad de control de los partidos sobre la Sociedad Civil ha ido mermando, y se ha ido aceptado que la Sociedad Civil tiene una vocación de autoconducción, de autodirección, de autorreflexión y que no está esperando ni deseando que el partido venga a dirigirla. Eso supone un mejoramiento en la comprensión de la relación Sociedad Civil-partidos. El partido tiene que entender que el mundo cambió y que la Sociedad Civil es un actor nuevo que antes no existía y que participa en el mismo espacio que los partidos políticos. Y que esa relación tiene que ser de respeto a la Sociedad Civil. Ella, a su vez, también tiene que entender que los partidos son necesarios en la democracia. Deberán armar una relación con los partidos que también sea respetuosa para que en esa relación ambos se hagan mejores.

¿Cuáles son los retos más importantes para asegurar la legitimidad de las OSC en el diálogo político con el Estado?

Primero, creo que hay retos internos de la Sociedad Civil, que son condición para una relación ade-cuada con el Estado. El primer reto es fortalecerse institucionalmente ellas mismas como organizaciones diversas de la Sociedad Civil. Tienen que crecer, que ser capaces de hacer vida en el territorio o en el sector en el cual viven, sobre todo los grupos organizados más empobrecidos. Segundo, creo que hace falta una relación nueva entre los grupos de base de la Sociedad Civil y las ONG sociales. Las ONG sociales tienen como vocación primera el dotar de un pensamiento técnico a los grupos de base. Y eso no siempre se hace. Muchas veces esas ONG acaban sustituyendo a los grupos de base que deberían asesorar. Y se corre así el peligro de que estas ONG expresen su visión y sus intereses y no los de la gente de abajo. Entonces, hay que cuidar ese vínculo de la ONG con los grupos de abajo, con los grupos populares organizados e intentar ayudarles a pensar, con un saber técnico, su problemática y ayudarles a proponer alternativas a sus proble-mas. Eso es fundamental, porque solo así esa Sociedad Civil de a pie tendrá posibilidad de participar con el Estado en una negociación que sea inteligente, sino va a ser una organización para pedir cosas y no para discutir políticas, propuestas, alternativas, proyectos, que para mí es lo importante. Creo que el reto externo es incrementar su participación en lo que muchos han llamado los espacios públicos no estatales. Es decir, demandar que funcionen esos espacios públicos que en muchos casos fueron creados por vía de la ley y en esos espacios hace falta la Sociedad Civil para plantear sus puntos de vista con respecto a las políticas públicas. Ese es un aporte invaluable que les corresponde hacer. Por ejemplo, yo digo que en el caso de la educación tenemos una o dos organizaciones de la Sociedad Civil con un conocimiento acumulado brutal, que tienen que participar en los espacios públicos en los cuales se discuten políticas públicas educativas en República Dominicana. Pero igual pasa con la salud. Insisto, hace falta una mayor presencia en los espacios públicos no estatales, para que ahí ellos puedan plantear sus puntos de vista. Así como falta presencia, le falta más calidad a la presencia. Y eso significa que, al igual que como pasa en los partidos políticos o en el Estado, hace falta elevar la calidad de la formación de los actores con presencia en el Estado y en la Socie-dad Civil, para que cada quien pueda participar con cabeza propia, y entonces tengamos la posibilidad de un debate de ideas que sea solvente. Creo que ese es un reto fundamental: la necesidad de elevar la can-

tidad y la calidad de la participación en esos espacios. Lo penúltimo, que todos los actores: el Estado, los par-tidos que están dirigiendo y Sociedad Civil entiendan que son sectores fundamentales para la democracia, por lo menos en América Latina. Y que, por consiguien-te, más que descalificarnos mutuamente, lo que hace falta es reconocernos mutuamente. Y reconocernos no significa que no va a haber conflicto, no, el conflicto es parte de la política, el conflicto es inevitable en la vida humana, pero hay que saber vivir, asumir el conflicto civilizadamente, no asustarse con el conflicto. Nos re-conocemos y nos peleamos para buscar acuerdos, para llegar a consensos. Con ese reconocimiento haríamos un aporte fundamental. Por último, creo que estamos teniendo una gran oportunidad, en este momento, en los espacios de participación que las leyes aprobadas han abierto. Me refiero al caso de la Ley Municipal, Presupuesto Participativo, Acceso a la Información, Función Pública, la ley que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, y las nuevas formas de participación que se abren con la reforma a la Constitución. Entonces, ¿de qué se trata? De ver todas esas leyes y, conjuntamente con los partidos y el Estado, y con toda la ciudadanía, demandar una pre-sencia importante en esos espacios que están abiertos. Eso supone también distinguir entre Sociedad Civil y Ciudadanía. La Sociedad Civil no agota la ciudadanía. La Sociedad Civil es una ciudadanía activa que se inte-gra en esos espacios, pero también tiene necesidad de mantener un vínculo con toda la ciudadanía. Sólo así habrá ese diálogo entre el Estado y la Sociedad Civil.

¿Cuál sería el aporte que usted quisiera hacer como parte del Estado y de la So-ciedad Civil?

Fortalecer las relaciones Estado-Sociedad Civil para fortalecer la democracia, o si se prefiere, para democratizar la democracia.

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A su juicio, ¿qué rasgos caracterizan hoy la Sociedad Civil dominicana?

Lo primero que hay que decir es que la Sociedad Civil dominicana tuvo un desarrollo muy importante en la década de 1990, un fortalecimiento que se dio en el ámbito de una nueva inspiración de reformas políticas, sociales y económi-cas que se iniciaron en el país en los años 90. Arrancaron des-de los 80 pero se materializaron más que nada en los años 90 y a principio de este siglo. Creo que en estos últimos 20 años debe ser muy difícil encontrar un país del mundo don-de se hayan hecho tantas reformas como las que se hicieron aquí. Algunas conllevaron mejorías institucionales como las que se hicieron en el sector Justicia. Pero en sentido general, creo que la sociedad dominicana ha pecado de incapacidad para ejecutarlas, para ponerlas en vigencia. Hay otras que se han quedado engavetadas, como es el caso de la Ley de Partidos Políticos, que se ha consensuado tantos años y no ha terminado de ser aprobada por el Congreso, pese a que varias veces ha entrado al Congreso con consensos entre el sector político partidista y las organizaciones sociales. Ese gran desarrollo de la Sociedad Civil dominicana llegó a ser, incluso, presentado como modelo en otras partes, por el pa-

pel, por ejemplo, tan activo que tuvo la sociedad en el proceso de elección de la Suprema Corte de Justicia en los años 98-99 ó 97-98, y ese proceso, pues, fue muy interesante. Creo que tam-bién hubo una fuerte inversión de organismos internacionales, particularmente de la Agencia In-ternacional para el Desarrollo, de Estados Unidos, que invirtió mu-

Juan Bolívar DíazPERIODISTA Y ACTIVISTA

DE LA SOCIEDAD CIVIL

Partidos políticos, sociedad civil y democracia

“Los partidos políticos

están tan profundamente corrompidos y separados de la sociedad, que ojalá pudiéramos prescindir de ellos”

Juan Bolívar Díaz, de reputada trayectoria en el periodismo domi-nicano y una de las voces con que cuenta la sociedad civil para su de-fensa, lamenta la frustración o re-signación que afecta a la Sociedad Civil dominicana. Sostiene que la constante aprobación de reformas que no se aplican y los diálogos convocados que luego el sistema político ignora crean la impresión de que “en la Sociedad Civil hay un cierto cansancio, frustración, resig-nación, como cansancio de luchar, desesperanzas, como que se han perdido un poco las ilusiones”.

chos recursos a través de instituciones como el Grupo de Ac-ción por la Democracia, Participación Ciudadana, en cursos y proyectos de formación de líderes políticos, en encuestas auspiciadas con universidades para diagnosticar la realidad o el valor democrático de la sociedad dominicana. En fin, en muchas formas. También participaron de esas preocupa-ciones otros organismos internacionales como el PNUD, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea. Es decir, en el ámbito internacional, conco-mitantemente, ha habido una gran promoción de la Socie-dad Civil. Se hizo norma la consulta a la Sociedad Civil en el ámbito nacional e internacional. Por ejemplo, en las Cum-bres Iberoamericanas. En fin, creo que se puede diagnosticar en estas últimas dos o tres décadas un fortalecimiento de las instituciones sociales dominicanas.

¿Cuál es el rol que las OSC jugan hoy en el proceso de las reformas políticas de República Dominicana?

Ese rol ha sido muy activo, han sido promotoras, han participado relevantemente en todos los escenarios que creó el sistema político, desde el Diálogo Tripartito en los años 90, después el Diálogo Nacional, del presiden-te Leonel Fernández, en el período 1996–2000. También, de iniciativas que tomó el gobierno de Hipólito Mejía en el período 2000- 2004, sobre todo en la primera mitad, porque en la última mitad creo que se desdijo o echó al zafacón muchísimas de las iniciativas de fortalecimiento de incorporación de la Sociedad Civil dominicana. Hay otra ley que no mencioné, aparte de la de Partidos Políticos que nunca se ha acabado de aprobar, es la Ley de Participación Social. Y dicho sea de paso, hubo otra que estaba llamada a fortalecer los mecanismos institucionales desde las orga-

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nizaciones sociales que no se ha puesto nunca en vigencia, que es la Ley de Defensoría del Pueblo, aprobada en 2001, o sea, que ya tiene ocho años de aprobada y no se ha puesto en vigencia. No hay manera de que los partidos acepten que pueda haber alguien que no sea un militante político partidista ejerciendo una función pública, como en el caso de la Defensoría del Pueblo.

¿La Sociedad Civil debería impulsar que estas leyes puedan entrar en vigencia?La Sociedad Civil ya se olvidó de eso, pero hizo mucho esfuerzo en los primeros años para que se

implementara esa ley. El problema es que en la Sociedad Civil dominicana se está produciendo un cansan-cio, una frustración o una resignación, si no frustración por lo menos resignación. Como se han aprobado tantas reformas y tantas leyes y no se han ejecutado mientras otras vitales se han quedado sin aprobar, y como han sido convocados tantos diálogos, tantos consensos que el sistema político después ignora, da la impresión de que en la Sociedad Civil hay un cierto cansancio, frustración, resignación, como cansancio de luchar, desesperanzas, como que se han perdido un poco las ilusiones. Dos cosas han influido, a mi juicio, en esa decadencia. Por un lado, el que el gobierno del presidente Leonel Fernández, a partir de 2004, lanzó una política de cooptación de los líderes de las organizaciones sociales para incorporarlos a su gobierno, y así fue como incorporó a muchísima gente en posiciones a través de las Secretarías de Estado. Eso había comenzado en el gobierno de Hipólito Mejía, realmente, pero se afianzó más, se disparó en este régimen a partir de 2004. A través de esas nuevas secretarías, como la de la Mujer, la de la Juventud, la de Medio Ambiente, se incorporaron al Gobierno una cantidad de gente que eran dirigentes de organizaciones sociales. Lo mismo ha pasado en los ayuntamientos, en la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, en la Comisión Nacional para la Reforma del Estado, y toda esa gente ha sido sustraída a tal punto que han debilitado muchas instancias de la Sociedad Civil. Creo que esa es una forma. Otros han sido, simple-mente, incorporados a cargos gubernamentales, de secretarios sin cartera, de dirigentes de organismos públicos, de ayudantes civiles, y eso ha debilitado enormemente el impulso que traía la Sociedad Civil.

¿Cómo evalúa la calidad del discurso y el desarrollo institucional de las OSC?El discurso en general ha sido bueno, con un defecto, el de la Sociedad Civicil, que a menudo

han hablado como si los partidos políticos pudieran ser excluidos, con una prepotencia que los distanció mucho y que creó muros de separación con los partidos políticos, como si pudieran ser sustituidos los partidos y, lamentablemente, no hay democracia sin partidos políticos. Digo lamenta-blemente porque los partidos son tan vulnerables, por lo menos en nuestro medio, y están tan pro-fundamente corrompidos y separados de la sociedad, que ojalá pudiéramos prescindir de ellos. Pero no es posible porque la democracia se organiza sobre la base de partidos políticos. Yo, por ejemplo estoy muy distante de la corrupción en los partidos, pero no puedo desconocer la realidad. No puedo creer que el mundo esté hecho a imagen y semejanza de lo que llevo en la cabeza, o de que creo en

los mejores valores sociales, sino que el mundo se nutre de realidades también.

¿Qué opina en cuanto a la calidad de las de-mandas de la OSC?

De lo que te he dicho también se desprende que la mayor parte de las demandas de la Sociedad Civil son legí-timas y necesarias. La mayor parte. Ahora, puede haber al-gunas que son desorbitadas. Es que hay discursos y deman-das que son promotoras de conflictos en vez de soluciones. No me puedo olvidar de eso, para mí fue muy traumático, fui miembro de esa comisión y promoví reuniones, hicimos reuniones en Participación Ciudadana. Melba Barnett, que era la coordinadora general, y yo, éramos los dos delega-dos y promovimos encuentros con dirigentes de otras insti-tuciones y no logramos convencerlos de que teníamos que ser más moderados, más políticos en las negociaciones, en el trato con los partidos, por ejemplo. Al final hubo acuerdo y después los políticos lo echaron en un zafacón.

Y en cuanto a la capacidad de incidencia de la Sociedad Civil, ¿cómo ha sido ese desarrollo institucional?

Eso es como la prensa nacional. Aquí la prensa nacio-nal tiene una gran capacidad, una parte de ella, de denuncia, y de investigación y de exponer problemas, hay bastante di-sensión, bastante libertad de expresión. No de libertad de expresión, porque la libertad absoluta no existe. Y en esta materia menos cuando está controlada por los grandes in-tereses que dominan los medios de comunicación. Pero hay bastante en el país, por lo menos en relación a otros países. Creo que el margen es más amplio aquí que en cualquier otro país de América Latina. De igual manera, la opinión pública no tiene poder de consecuencias. Igual pasa con la Sociedad Civil. Pero ¿qué es lo que le falta a la sociedad dominicana? Tal vez es que hay demasiados intereses, mucha debilidad en los medios de comunicación. Porque aquí, a diferencia de otros países, si un periódico saca un escándalo los otros tra-

“Se puede diagnosticar en

estas últimas dos o tres décadas un

fortalecimiento de las

instituciones sociales

dominicanas.”

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tan al máximo de minimizarlo, en otras partes no. En Perú fue una revista, la revista Caretas, que sacó el escándalo, y todos los medios se apoderaron de eso y todo era de todos.

¿Cuáles son los retos más importantes que tiene hoy la Sociedad Civil Dominicana?

El más importante de todos es el que la Sociedad Civil sepa definitivamente que la lucha por las reformas y las transformaciones sociales es de largo plazo, que no pue-de ponerse metas, ilusiones de que a corto plazo se va a transformar el país porque no va a ser así. Lamentablemen-te no es así, no se va a transformar el país a corto plazo, tiene que ser una lucha de educación, de persistencia, de consistencia. Tiene que ser más consistente. No se puede cansar, que la gente no puede hacerse indiferente, dizque ya yo hablé de eso, no, no. Es que hay que seguir haciendo presión y haciendo presión sin llegar a hostigar el sistema político para no radicalizar las posiciones excluyentes que tiene el sistema político, porque no estoy defendiendo el sistema político, parto del hecho de que hay que transfor-marlo a fondo, y de que está profundamente corrompido, pero entiendo que no podemos simplemente tratar de excluirlo y tener un discurso de exclusión, y que hay que tener una conciencia de que es una lucha de largo plazo y de mucha persistencia, de mucha resistencia. Ese es el gran desafío de la Sociedad Civil dominicana. Y segundo, que tenga el valor, hay muchos estamentos de esa Socie-dad Civil que le cogen miedo al presidencialismo, que en definitiva cuando el Presidente dice cualquier cosa ya se satisfacen o se callan o le tienen miedo a mantener sus reclamos, sus posiciones. Ahí, desde luego, están las orga-nizaciones empresariales en primer lugar. Las instituciones empresariales que siempre están dispuestas a aceptar lo que el Presidente les diga. Cuando el CONEP hace una crí-tica al Gobierno, y al Gobierno no le gusta, entonces llama a los empresarios individualmente y ellos van corriendo al Palacio Nacional y se hacen cómplices del desconocimiento de las instituciones de ellos mismos. ¿Por qué? Porque en

este país no hay nadie que resista dizque una llamada o una invitación al Palacio Nacional a una reunión. Todos salen corriendo para allá. Y eso ha pasado dos veces. La última vez hace apenas dos o tres semanas que pasó.

¿Qué le sigue inspirando a ser parte de las organizaciones de la Sociedad Civil?Tengo la convicción hace mucho tiempo de que la lucha por las transformaciones sociales, por el

mejoramiento de la sociedad, me tiene que sobrevivir. Es decir, no veo de que podamos vivir con la meta de que vamos a ver los grandes cambios a que aspiramos. Es decir, los que tenemos una visión contun-dente de cambios sociales, transformaciones de una democracia nueva participativa, tenemos que saber que es una lucha de largo plazo, que eso no se consigue de la noche a la mañana, por lo tanto, si tú te preparas para una carrera de largo plazo tú resistes, si tú sales corriendo creyendo que es una carrera de corto plazo, te cansas rápidamente, sobre todo si encuentras muchos obstáculos te tumban, fácilmente te tumban. Es decir, todo lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que tenemos que seguir luchando con la satisfacción de que la lucha por sí misma ya es un valor, que no podemos limitarla a ver los benefi-cios, los frutos no se consiguen tan fácilmente. En materia de cambios políticos, culturales, democráticos, se miden por décadas y siglos de existencia humana. ¿Cuántos años hace que está la sociedad luchando por instalar un régimen democrático? Y eso está tan enraizado que instituciones sagradas, como las igle-sias, que la mayoría de ellas no son nada democráticas, que no creen en la democracia hacia dentro, que entienden que la democracia como que choca con la fe o con la religiosidad, y yo no entiendo que pueda chocar con la religiosidad y la fe la democracia. Las primeras instituciones que deberían ser democráticas son las iglesias, justamente porque son instituciones espirituales, porque yo entiendo que no sean demo-cráticos aquellos que defienden intereses materiales, pero el que defiende intereses espirituales, valores inaccesibles debe ser el primero que crea en la democracia y la promueva, pero practicándola dentro. Sin embargo, las instituciones religiosas son las más conservadoras y las más antidemocráticas del mundo, más que los partidos políticos, porque se han reformado menos en ese sentido.

¿Cuáles son sus recomendaciones para el desarrollo institucional de las Orga-nizaciones de la Sociedad Civil?

Ejercer la democracia interna, renovar las direcciones, la transparencia, la alternabilidad en los cargos. Promover más eficientemente el encuentro con el sistema político para tratar de transformarlo. Es decir, bregar más con lo político, no cogerle miedo. Ah bueno, es que eso no es de lo institucional. Lo institucional es básicamente la democracia interna, la transparencia, la alternabilidad, generar más los recursos propios y el trabajo voluntario. Hay muchas instituciones que han dependido demasiado de la asistencia extranjera y del dinero, que no han generado suficientes recursos nacionales, y, desde luego, toda la sociedad dominicana, porque eso influye hasta en los grandes grupos económicos. La contribu-ción del empresariado dominicano en términos económicos fue mínima para el Grupo de Acción por la Democracia, porque para darles a los partidos políticos sí aparecen muchos cuartos, ahí sí los empresa-rios siguieron invirtiendo y siguen invirtiendo mucho dinero, pero en las instituciones sociales no.

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Hoy día, cuando se revisan los objetivos y pla-nes para el corto y mediano plazo de la mayoría de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con frecuencia se encuentra que entre las aspiraciones se menciona el “Desarrollo Institucional” ó “Forta-lecimiento Institucional”. De igual manera también es frecuente encontrar que programas y proyectos de la cooperación internacional contemplan entre sus componentes o renglones de intervención el “apoyo a las OSC para su Desarrollo Institucional”.

Este hecho sin duda representa una acepta-ción generalizada de la importancia de trabajar en ese tema y, en especial, un reconocimiento de la correlación positiva que existe entre el de-sarrollo institucional de las entidades privadas (OSC) y públicas y el crecimiento de los países.

Para un mejor entendimiento vale la pre-gunta: ¿Qué resultado se podrían observar en las OSC con debilidad institucional?

Veamos algunas manifestaciones que pueden aparecer en el accionar de organizaciones que se caracterizan más porque las relaciones personales están por encima de las institucionales, o simple-mente con poca fortaleza o desarrollo institucional:

El o los máximos directivos toman decisio-nes importantes sin seguir o hacer caso a disposiciones internas.

Se dificulta obtener financiamiento o califi-car para proyectos.

Conflictos o relaciones estresantes entre los empleados.

Dificultad para mantenerse operando. Alta rotación del personal.

Estrategias para el Desarrollo Institucional en OSC

Claudio AdamsDOCENTE UNIVERSITARIO

EN EL ÁREA DE NEGOCIOS

INTEC

Para 1996 la realidad de la organi-zación municipal en República Do-minicana presentaba un cuadro de atraso en su estructura y en la falta de atención por parte de los poderes del Estado. Esto impedía que a finales del Siglo XX los go-biernos locales desempeñaran un rol acorde con los requerimientos de un estado moderno.

Si se quiere tener una OSC que transcienda, que sea fuerte y que reduzca la posibilidad de caer en algunas de las manifestaciones mencionadas anteriormente, es recomendable seguir estrate-gias que hagan énfasis en los siguientes puntos:

a) LegalidadEs importante cumplir con las disposiciones

legales que le competen, en especial lo estipula-do en la Ley 422-05 para la regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro (ASFL) y su respectivo reglamento puesto en vigencia me-diante el decreto 40-08.

b) TransparenciaTodavía tenemos en la memoria del pasado

reciente el uso “no santo” que varias personas han hecho con OSC, las cuales han servido más como instrumento o pantalla para su beneficio personal. Por esa razón es imprescindible ganar credibilidad, y una forma de lograrlo es a través de la transparencia de sus actividades.

Una forma práctica puede ser al menos pre-parar informes o una memoria de las actividades realizadas y demás informaciones de la entidad. Si no se cuenta con los recursos para prepararlo en forma impresa, siempre se podrá preparar en forma electrónica (formato pdf) y distribuirlo por Internet.

c) Claridad en la Misión y los objetivos de la entidadA veces el ejercicio de definir la misión de la

organización, en adición a otros aspectos tales

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Estrategias para el Desarrollo Institucional en OSCcomo visión y valores, se convierte simplemente en una retórica para documentos internos, anuncios en una pared, o para aparentar cierto nivel de de-sarrollo en documentación sobre la OSC. La misión tiene que ver con definir con precisión la razón de ser, la naturaleza y el accionar de la entidad, por ello debe ser muy bien pensada, formulada, y so-bre todo que cada persona de la organización la conozca, la pueda entender, explicar e internalizar.

Una forma sencilla y efectiva de lograrlo puede ser que en cada reunión formal de los directivos y empleados se dedique unos minutos a mencionar la misión. Recomiendo elegir al azar a quien la “reci-te” de memoria, y una segunda persona a explicarla en sus propias palabras en no más de un minuto.

d) Escoger bien los integrantes de la Junta DirectivaDeben ser personas comprometidas con la

entidad, con capacidad para aportar a través de sus decisiones acertadas, y con tiempo para tra-bajar a favor de la entidad, en adición a la buena reputación de cada uno.

Llamo la atención que con mucha facilidad se generan conflictos entre el Presidente de la Junta Directiva y el funcionario de mayor rango ejecutivo (Director o Administrador). Si el Presi-dente de la Junta Directiva, que jerárquicamente está por encima de todo ejecutivo, está concebi-do también como ”ejecutivo”, entonces es prefe-rible no tener la figura de Director (ejecutivo) o Administrador. Si el Presidente no es “ejecutivo”, entonces que no tenga oficina fija en la entidad.

e) Participar activamente en redes y grupos sociales con intereses afinesEs poco efectivo actuar solo. Es preciso

contribuir a crear y fortalecer capital social al-

rededor de la comunidad o tema con influencia o involucramiento de la OSC. Con ello se potencializan sus acciones, se construyen relaciones, se facilita acceso a in-formaciones estratégicas y se contribuye a reforzar la imagen y el posicionamiento de la organización.

f) Aspectos organizativos y procesos internos bien definidos y eficientesCuando la estructura organizativa, incluyendo las líneas de mando y las funcio-

nes de cada puesto, no está suficientemente clara y definida es fácil que aparezcan conflictos internos que terminan creando un clima incómodo y desmotivador.

Si en adición a lo anterior los procesos internos considerados críticos para la entidad también presentan poca claridad, la ineficiencia se amplía en perjuicio del desempeño global y de la imagen de la entidad.

A continuación se mencionan algunos aspectos administrativos considera-dos críticos, muy vinculados al nivel de desarrollo institucional, clasificados en tres categorías.

Planificación y Organización Planificación y programación de actividades Estructura organizacional

Capacidad de Ejecución Administración de los recursos humanos Administración de bienes y servicios (compras, control de activos) Información financiera (contabilidad, estados financieros, etc.)

El Control Control interno Control externo (vigilancia y auditoría externa para entidades media-

nas y grandes)

Transitar hacia un Desarrollo Institucional no es un camino fácil, normal-mente es complejo y largo, pero si deseamos que la entidad trascienda más allá de sus actores actuales, y a lo largo del tiempo, es imprescindible no escatimar esfuerzos. También estemos conscientes de que nunca se llega al final del cami-no. Siempre habrá chance para fortalecer o desarrollar institucionalmente a la OSC. Por eso es válido ver estos esfuerzos también como un proceso de mejora-miento continuo.

Contribuyamos a mejorar nuestras comunidades, nuestro país, a través del de-sarrollo institucional de sus organizaciones.

a r t í c u l o


Nicolás GuevaraDIRECTOR DE REFORMAS POLÍTICAS

CONARE

En el ya bastante analizado proceso de tran-sición de regímenes autoritarios a democráticos en América Latina, las organizaciones de la So-ciedad Civil han jugado un rol significativo en el impulso de la institucionalidad democrática y la expansión de los derechos, sobre todo en las dos últimas décadas. Un ejemplo de ello es el caso de República Dominicana, en donde actores que an-tes permanecían invisibilizados asumen protago-nismo en la sociedad y, si bien enarbolan temas específicos muy diversos, apuntan a un horizonte común: reconocimiento y garantía de derechos, convivencia democrática, mejora de la calidad de vida, administración pública transparente al servicio de la ciudadanía, sostenibilidad medio-ambiental, equidad de género...

Preguntarnos por el impacto de las acciones de la Sociedad Civil en los procesos de reformas institucionales ayuda a identificar las dinámicas de intervención desde los actores sujetos sociales que han dejado importantes resultados para los dominicanos y dominicanas. Por otro lado, posi-bilita valorar el propio grado de institucionalidad de estos actores y las estrategias desarrolladas.

En cuanto al impacto en las reformas insti-tucionales, en primer lugar se destaca su inciden-cia en la formulación de políticas públicas. Aun-que los ejemplos abundan, podemos destacar sus aportes en procesos significativos como: Plan Decenal de Educación, creación de las secretarías de Estado de Mujer y Medio Ambiente, Ley del Distrito Nacional y los Municipios, Ley de Libre Acceso a la Información Pública, Plan Decenal de

Salud, políticas sociales, el sistema electoral y Có-digo de niños, niñas y adolescentes.

En segundo lugar, podemos citar el desarro-llo de experiencias que indican un camino de co-rresponsabilidad en los asuntos públicos. Si bien las mismas han sido aisladas, y en muchos casos se sustentan en la voluntad de un funcionario y no en una política de Estado, han permitido comprobar la eficacia del trabajo conjunto en-tre una institución de la administración pública, organizaciones de la sociedad civil (ONGs y OSC) y, en ocasiones, alguna agencia de cooperación internacional.

En tercer lugar, se hace énfasis en la inci-dencia de estos actores sociales en la ciudadanía, mediante la acción educativa y la creación de opinión pública, algo que también repercute en los procesos de reformas institucionales. Aunque esta incidencia sea indirecta y difícil de medir, resulta significativa en el accionar de las organi-zaciones de la sociedad civil, pues es una de sus funciones transformadoras centrales en el orden de la democratización.

Sin embargo, la práctica centralizada, pa-trimonial y personalista que prevalece en la ad-ministración pública ha constituido el principal obstáculo para que en la mayoría de los casos la incidencia de las organizaciones llegue a la fase de ejecución de las políticas conjuntamente con las instituciones estatales. Hasta ahora, salvo al-gunas excepciones, para las autoridades el rol de los actores sociales termina en la formulación de políticas públicas.

Desarrollo institucional de las organizaciones de la Sociedad Civil: su impacto en el proceso de reformas institucionales

“La práctica centralizada,

patrimonial y personalista que prevalece en la administración pública ha constituido el principal obstáculo para que en la mayoría de los casos la incidencia de las organizaciones llegue a la fase de ejecución de las políticas conjuntamente con las instituciones estatales.”

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Todo ello ocurre en un proceso de reconfi-guración de las relaciones entre el Estado, el sis-tema de partidos y la sociedad. En dicho proceso hay tensión, recelo y hasta negación entre los actores, básicamente entre los de la sociedad ci-vil y los partidos políticos. Asimismo, como se ha dicho, se evidencia imposición de agenda, princi-palmente hacia el gobierno central y los actores sociales, por parte de agencias de cooperación, la banca internacional y gobiernos de países de-sarrollados. Este traspaso de agenda –y lógica de pensamiento- también ocurre desde las ONGs hacia las organizaciones de base, las cuales se han debilitado debido, entre otras razones, a un drástico cambio de escenario en el que resulta difícil apelar a un proyecto global de transfor-mación o fortalecerse vía la recuperación de sus lazos sociales.

Frente a esta situación, planteamos algunos elementos que, a nuestro juicio, aportarían al fortalecimiento de la institucionalidad democrá-tica en las organizaciones sociales en particular y a la sociedad en general:1.- Repensar la práctica como estrategia de me-

joramiento institucional y de su incidencia en el Estado y la propia sociedad. La relación

entre las ONG y las organizaciones de base debe darse en el marco del respeto a las identidades y autonomías permitiendo que éstas desarrollen su capacidad de iniciativa. Por ejemplo, el fortalecimiento institucional de estas organizaciones debería trascender el manejo de herramientas y proyectos de financiamiento en sintonía con la naturaleza sociopolítica de las mismas.2.- La participación institucionalizada como eje del funcionamiento in-terno de las organizaciones y el fortalecimiento de los diversos espacios de articulación, nacionales e internacionales, para poder interactuar con los actores político-partidarios y el Estado desde posiciones más sólidas, tanto en pensamiento como en capacidad de sensibilizar y movilizar a la ciudadanía.3.- Las reformas políticas, sobre todo del sistema de representación, con-

tribuirían con el desarrollo de una institucionalidad democrática más incluyente y, por tanto, de mayor bienestar para la ciudadanía. Los partidos y el Estado requieren crear espacios estables en los que participen actores sociales para la consolidación de la democracia y superar la crisis de representación.

4.- Buscar formas de conciliar las agendas de cooperación y financiamiento con las reales necesidades de las organizaciones de base y de la realidad nacional.

5.- Desarrollar una ética más allá del discurso, que se evidencie en la práctica trans-parente de dirigentes y técnicos apegados a una institucionalidad democrática. Lo que se demanda al Estado y a los partidos debe ser también testimoniado desde las propias instancias organizativas de la sociedad.

6.- Articular la visión y el trabajo específicos sectorial con una perspectiva más global de incidencia en las políticas del municipio y el país. Ejemplo: de-manda de aplicación de presupuesto participativo e impulso del desarrollo local, de aprobación de leyes pendientes (participación social y de partidos políticos) propuestas para la reforma constitucional y la reforma de la admi-nistración pública…

7.- Desarrollar liderazgos colectivos y dialogantes frente a los personalistas. En este sentido, la reflexión-capacitación en la acción parece ser una estrategia formativa de dirigentes probada en múltiples contextos.

En definitiva, las posibilidades de que las organizaciones de la sociedad civil avancen en su incidencia en las reformas pasan por replantear las relaciones entre los propios actores y con su contexto, así como en reencontrar el sentido de su iden-tidad y en la reconfiguración de la convivencia con los partidos políticos y el Estado. En esto la clase política tiene una gran responsabilidad.

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Joan PratsESCRITOR ESPAÑOL

No ha querido entenderse la observación magistral de Douglas North de que “el futuro está vinculado al pasado por las instituciones in-formales de cada sociedad”. La informalidad es la característica más sobresaliente para el enten-dimiento de las sociedades latinoamericanas. Tan importante y vivida como poco investigada.

Ninguna región del mundo ha tenido un pasado colonial tan extenso e intenso como el de América Latina: tres siglos que siguen con-dicionando el presente y el futuro. De entre las experiencias coloniales sólo en América Latina y el Caribe los descubridores y colonizadores des-articularon o destruyeron los sistemas sociales preexistentes y construyeron nuevas civilizacio-nes. La institucionalidad informal de América Latina, su cultura cívica y política profundas, no pueden entenderse sin el legado colonial. A dos siglos ya de independencia todavía no se han podido erradicar ciertos caracteres casi idiosin-cráticos, que por ello mismo no pueden abolirse por decreto. A lo largo de tres siglos arraigaron instituciones y pautas culturales que provenían de la parte de Europa preliberal, premoderna, precientífica y preindustrial, de la Europa de la Contrareforma, centralizada, corporativa, mer-cantilista, escolástica, patrimonial, señorial y guerrera, donde la idea de libertad no deriva del derecho general, sino de la obtención de un privilegio jurídico.

El sistema colonial español ha sido caracte-rizado como “una red gigantesca de privilegios corporativos e individuales que dependían para

La institucionalidad informal de América Latina

su sanción y operatividad final de la legitimi-dad y autoridad del monarca” (Wiarda: 1998). Cuando se desintegró esta red de clientelismo, patrimonialismo y cuerpos corporativos interco-nectados que había procurado cierta cimenta-ción política y social al Imperio y al vasto y casi vacío territorio de América Latina, los padres fundadores de América Latina y Bolívar al frente de ellos encararon un difícil dilema: por un lado, los ideales ilustrados, la lucha por la indepen-dencia, el deseo de libertad, el ejemplo norte-americano, todo los llevaba a adoptar la forma de gobierno republicana; por otro, reconocían realistamente las tendencias anárquicas y des-integradoras de sus pueblos. El compromiso a que se llegó consistió en concentrar el poder en el Ejecutivo, dotado con amplias facultades de emergencia, en detrimento del Legislativo y el Judicial; en restringir la representación a los propietarios, en restablecer privilegios corpora-tivos especialmente a favor del Ejército y de la Iglesia y en idear nuevos mecanismos de control para mantener a los de abajo en su sitio (Wiar-da: 1998).[1]

Costó casi todo el primer siglo de vida inde-pendiente para constituir lo que Manuel García Pelayo llamaba “estados inoculados” en tanto que todavía no fundados sobre una nación y una ciudadanía universales y completas, articu-ladas conforme a un sistema de derecho. Tanto a lo largo del período de desarrollo hacia fuera que llega hasta los años de 1930 como en el de desarrollo hacia dentro que entra en crisis en los

“La debilidad de los estados para

formular y sobre todo para implementar políticas públicas de desarrollo tiene hondas raíces institucionales y sociales.”

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70 y se desmonta en los 80, con independencia de la naturaleza democrática o autoritaria de los gobiernos, lo que caracteriza el orden ins-titucional latinoamericano es la pervivencia del sistema patrimonialista burocrático, clientelar, caudillista y personalista, corporativo, en que la esfera económica y política se confunden y que sólo es capaz de integrar aquella parte de la po-blación estructurada en corporaciones o redes clientelares, condenando al resto a la exclusión y la marginación y, en las condiciones de alta volatilidad económica características de toda la historia de la región, la mayoría de las veces también a la pobreza. A pesar de los intentos, especialmente del período llamado “burocrá-tico-autoritario” por construir una tecnocracia que gozara de autonomía frente a los grandes grupos de interés económico y social, lo cier-to es que los principios burocrático-weberianos sólo consiguieron penetrar en algunos enclaves de algunos estados. El conjunto del aparato po-lítico-administrativo siguió sometido a la lógica patrimonial tradicional. La acción del estado sufrió de lo que en relación a Brasil Schmitter ha llamado “sobreburocratización estructural”

combinado con “infraburocratización de comportamientos”. En otras palabras, el papeleo y el formalismo se hicieron sistémicos con el patrimonialismo, la clienteli-zación y la inseguridad jurídica: los costos de transacción se dispararon obviamente (Schmitter: 1971; Schneider: 1991).[2]

La ola de democratización vivida por América Latina a partir de los 80 y la aplicación casi paralela de las políticas del Consenso de Washington, aunque han mejorado sensiblemente los indicadores de libertad política y las capacidades de manejo macroeconómico, no han conseguido revertir suficientemente las tenden-cias patrimonialistas y clientelares profundas de la cultura política. Aunque las políticas formuladas han mejorado, la informalidad institucional ha bloqueado su correcta implementación en muchos casos generándose así la paradójica situación de políticas más o menos correctas que no son capaces de conseguir los resul-tados propuestos. La debilidad de los estados para formular y sobre todo para implementar políticas públicas de desarrollo tiene hondas raíces institucionales y sociales. Aquí puede también encontrarse la explicación de por qué unas mismas políticas pueden dar rendimientos económicos y sociales satisfactorios aplicadas en países con fortaleza institucional relativa -caso de Chile- mientras que producen resultados negativos en países de gran debilidad institucional.

Un factor que debilita extraordinariamente la competitividad internacional de las economías latinoamericanas sigue siendo la inseguridad jurídica general. Es cierto que de ella pueden escapar en su mayor parte los grandes inversionistas internacionales con el apoyo en cláusulas de arbitraje internacional y en último extremo del poder de represalia de sus respectivos gobiernos. Pero la inseguridad jurídica impone costes insalvables para la inversión de las medianas empresas ex-tranjeras y para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas nacionales bien

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insertadas en la globalización, que habrían de constituir las nuevas clases medias productivas y la base social de una política nacional de internacionalización.

En esta falta de desarrollo institucional se halla uno de los mayores riesgos de las actuales sociedades latinoamericanas del tiempo de la globalización. Esta falta de seguridad jurídica no afecta determinantemente a los grupos de poder tradi-cionales que conservan el manejo del proceso político ni constituye un obstáculo insalvable para los grandes inversores internacionales. Todos estos grupos y sus asalariados cualificados en cada país van a quedar estructuralmente conectados al proceso de globalización. Pero al continuar deteriorándose el tejido de clases medias originado durante la fase de desarrollo hacia adentro y al no acabar de surgir en número suficiente nuevas clases medias por el carácter imperfecto e

incompleto de los mercados, un porcentaje cada vez mayor de la población puede verse obligado a vivir en la informalidad y los más audaces y

menos escrupulosos pueden optar por insertarse en la “globalización informal” representada por todos los tráficos ilícitos. El deterioro éti-

co derivado de la “mercantilización” de casi to-dos los ámbitos de la vida personal y colectiva

no ayuda a frenar este proceso. El desgarramiento nacional y la ingobernabilidad que de todo ello pueden derivarse ya no son meros temores.

El desarrollo institucional no es, pues, un lujo de los países ricos del que pudieran prescindir los países pobres en sus estrate-gias de desarrollo. Es una condición necesa-ria para que surjan mercados interna e interna-cionalmente competitivos, para que sean creíbles los procesos necesarios de integración regional, para que los pobres pueden acceder sin discriminaciones a las actividades productivas, para que se multiplique el tejido de pequeñas y medianas empresas insertadas en la economía global, para que se desarrolle un modelo educativo coherente con una economía productiva, para que se supere la confusión y se restablezca la autonomía y la interdependencia entre las esferas política y económica, para que se amplíe la base fiscal y para que se desarrolle una cultura tributaria coherente con una ciudadanía moderna y solida-ria. Todo esto obviamente exige más que el desarrollo institucional. Pero éste aunque no es condición suficiente sí es condición necesaria para la producción de todos los procesos relacionados y, con ellos, del avance y sostenibilidad de las to-

[1] Wiarda, H.J., “Historical Determinants of the Latin American State”, en Vellinga, M. (compilador), The Changing Role of the State in Latin America, West-view Press, 1998.

[2] Schmitter, Ph.C., Interests Conflict and Political Change in Brazil, Stanford, Stanford University Press, 1971.

Schneider, B.R., Politics within the State: Elite Bu-reaucrates and Industrial Policy in Authoritarian Brazil, Pittsburg, Pittsburg University Press, 1991.

davía incipientes y problemáticas democracias latinoamericanas.

Cuando nos planteamos reformar las ins-tituciones estamos nada menos que preten-diendo hacer historia, pues a esto equivale querer superar la continuidad histórica repre-sentada por unas instituciones informales que están fuerte y diversamente arraigadas en los países y que bloquean el avance de la demo-cratización, la cultura productiva y la inclu-sión social.

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Leopoldo ArtilesSOCIÓLOGO

Reflexión sobre la aproximación conceptual al desarrollo institucional

Para esbozar una breve reflexión en torno a una Aproximación Conceptual al Desarrollo Ins-titucional en la Republica Dominicana, tomaré como guía dos preguntas. ¿Qué es la institucionalidad desde el punto de vista del deber ser?

La respuesta a esta pregunta, sobre qué es la institucionalidad desde el punto de vista del “deber ser”, o sea, desde la ética, requiere que pensemos en dos perspectivas desde las cuales se puede abordar la “institucionalidad”.

La institucionalidad, como todo hecho o fenómeno de carácter social, puede abordarse desde un paradigma socio-científico que revele características objetivas (independientes de la voluntad de los actores) o “naturales” (porque se pueden tratar como los rasgos de los fenómenos naturales) del mismo; y también puede abordar-se desde un paradigma normativo que destaque, sobre todo, los elementos de juicio éticamente válidos para aprobar (o considerar como buena) un determinado tipo de institucionalidad.

Ciertamente, desde un punto de vista objeti-vo, al observador no le interesa tanto determinar el valor ético de la institucionalidad bajo estu-dio tanto como explicarla, determinar aquellos elementos de causa que han contribuido a esta-blecer una institucionalidad determinada en una sociedad. Al observador, pues, que parta desde esta perspectiva le interesa saber cómo funciona una institucionalidad, cómo llegó a constituir-se tal cual es, y si acaso considera los valores, también éstos pasarán por un tamiz objetivo

en tanto que serán considerados como factores motivacionales que orientan la conducta de los actores que se involucran con un tipo de institu-cionalidad cualquiera.

En este orden, creo conveniente adoptar la doble perspectiva que nos permita ver, por un lado, cómo la institucionalidad se desarrolla so-cial e históricamente, y también cuál o cuáles se-rían los modelos de institucionalidad preferibles para desarrollar sociedades democráticas, equi-tativas e inclusivas.

Analíticamente podemos distinguir dos tipos fundamentales de institucionalidad: la institucio-nalidad formal y la institucionalidad informal. El primer término se refiere al funcionamiento de ins-tituciones que operan en el plano cotidiano y del sentido común compartido de la gente, transmitido en un contexto social de generación en generación a través de la cultura, y el segundo a la institucio-nalidad estructurada en códigos explícitos, frecuen-temente formulada en normas y leyes escritas que, según el régimen social y político de que se trata, representan el ideal de institucionalidad a seguir.

En este punto me permito corregirme a mí mismo sobre una impresión errada que quizás podría estar contribuyendo, inconscientemente, a transmitir: el hecho de que la institucionalidad formal represente el cuerpo de normas y valores a seguir por el conjunto de la sociedad, no es garantía de que constituya un marco de referen-cia éticamente adecuado, es decir, a lo que aquí se ha denominado “deber ser”. Los regímenes autoritarios también tienen su institucionalidad

“Para mí sería inaceptable que un

gobierno democrático se sostenga en una institucionalidad basada en normas

y valores de carácter “elitista” y

“particularista”.

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formal, y es dudoso de que dicha institucionalidad en su conjunto constituya una instancia del “deber ser”, aunque sí representa el ideal del poder político y social dominante e “instituido”.

En consecuencia, asumo la noción dura del “deber ser”, la del filósofo alemán Enmanuel Kant, que remite a una ética universal basada en principios evidentes para la razón práctica (imperativos categóricos), que nos permiten distinguir entre el bien y el mal; estoy a la vez consciente de los cuestionamientos críticos que iden-tifican vulnerabilidades serias en este enfoque, al cual, sin embargo, me sumo. Por consiguiente, es para mí evidente que no debo matar a una persona, y por esa mis-ma razón no puedo admitir del Estado o de la misma sociedad el que se justifique quitarle la vida a una persona por las razones que fueren.1 No obstante, hay estados que dentro de su institucionalidad formal admiten la pena de muerte.

Ahora bien, la noción de la institucionalidad desde una perspectiva del “deber ser” se torna productiva cuando tratamos, desde una perspectiva normativa, esta-blecer los elementos éticos que justifiquen una institucionalidad congruente con los valores propios de una forma de gobierno o de sociedad determinada. Por ejemplo, desde la perspectiva normativa yo no puedo concebir la democracia sin una institu-cionalidad que sea congruente con la misma. Para mí sería inaceptable que un gobier-no democrático se sostenga en una institucionalidad basada en normas y valores de carácter “elitista” y “particularista”. Tales normas y valores riñen con el supuesto de soberanía popular, de igualdad ante la ley y de justicia que deben ser los que primen en un ordenamiento democrático. Desafortunadamente, la realidad no concuerda del todo con este principio. En las “democracias reales” nos encontramos con diversos grados de desarrollo de la institucionalidad democrática, así como con distintos nive-les de interferencia de otros tipos de institucionalidad, por lo regular informales, en el funcionamiento institucional global de las democracias. Esto último es evidencia de que el sistema democrático siempre es perfectible, y que demanda de la ciudadanía un involucramiento intenso en su mejora, admitiendo, dicho sea de paso, que habrá diferencias a negociar entre los intereses y puntos de vista sobre la naturaleza de las propuestas de reforma, de corrección o innovación de la institucionalidad. En otras palabras, la lucha, como proceso ya institucionalizado o no institucionalizado, es un elemento permanente de los procesos de transformación de la democracia en aras del establecimiento de una institucionalidad congruente con la misma.

En virtud de que toda democracia implica un proceso de lucha por su redefinición en atención a sistemas de valores cada vez más universales e incluyentes, como es el marco de los derechos humanos, los ciudadanos y las ciudadanas que se identifican con la democracia deben a su vez interesarse por el fortalecimiento de la “instituciona-lidad democrática”, vista normativamente como la institucionalidad que “debe ser” la

propia de un régimen democrático. Esta institucio-nalidad democrática necesariamente debe ser de carácter formal, con alcances sustantivos en la ins-titucionalidad informal, de modo que la sociedad no sea “democrática” en el orden de las prácticas institucionales formales, y muy contraria a los va-lores de la democracia en el ámbito informal.2 ¿Puede encontrarse la institucionalidad en un “estado puro” en alguna sociedad, o ella convi-virá con formas que contravienen su esencia?

Entiendo que en el “espíritu” de esta pre-gunta late la cuestión sobre si en una sociedad puede existir una institucionalidad preferible-mente de carácter formal-democrático en estado puro que norme, sin interferencias de otro tipo de institucionalidad, las acciones de los sujetos individuales y colectivos.

Si mi lectura es correcta, la respuesta en prin-cipio es que no, la institucionalidad formal no exis-te en ese estado puro en ninguna sociedad. Lo que sí podemos encontrar es sociedades en las cuales hay menor o mayor interferencia de ciertas formas de institucionalidad informal en la institucionalidad formal. Eso por un lado. Por otro lado, encontra-mos sociedades en los cuales es mayor o menor la distancia entre los valores y significados de la insti-tucionalidad informal y la institucionalidad formal. Por lo regular, las sociedades que consideramos como altamente “institucionalizadas” registran, a la vez, el menor grado posible de interferencia de la institucionalidad informal en la formal, y la me-nor distancia posible entre los valores y significados de la institucionalidad informal y la formal.

Veamos el siguiente cuadro, tomado del en-sayo de discusión Institutions, power and policy outcomes in Africa (Instituciones, poder y resul-tados de las políticas públicas en África), por Go-ran Hyden, junio 2008, p.12.3

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1 Insisto en que este es un principio universal para la razón práctica, y así debe asumirse. Dado el caso de que se tenga que matar a una persona en “de-fensa de la vida propia”, no significa que se le imponga un “límite” al principio. De ahí se deriva la exigencia al Estado de que garantice la suficiente seguridad jurídica y ciudadana para que situaciones que obliguen a tomar ese tipo de decisión se reduzcan al mínimo.

2 Entre los muchos aportes que se pueden atribuir a los enfoques feministas y de género en las ciencias sociales y políticas, está el de considerar el ámbito de lo privado como espacio político. Este nuevo enfoque permite precisamente visibilizar la desigualdad de poder y de derechos en ámbitos que, como el familiar, fueron tradicionalmente inmunes a la intervención social y política orientada al reconocimiento de derechos por largo tiempo negados en dichos ámbitos.

3 Dirección electrónica: http://www.research4development.info/PDF/Outputs/APPP/APPP-Discpaper2.pdf, descargado el 15 de junio de 2009.

Instituciones formales Instituciones informales

Tipo de intercambio Impersonal Cara a caraPosición frente a las reglas Primado de la ley Reglas ligadas a usos socialesForma de las reglas Escrita No escritaNaturaleza del intercambio Contractual No contractualHorario (uso del tiempo) Específico No específicoPremisa del actor o de la acción Adherencia a metas organizacionales Expectativas compartidasImplicaciones del acuerdo Compromiso preciso Ejecución ambiguaTransparencia Potencialmente abierto al escrutinio Cerrado y confidencialResolución de conflicto Intervención de terceros Solución personal

Comparación entre instituciones formales e informales

Consideremos este cuadro como la represen-tación de las dos formas de institucionalidad que hemos estado señalando, tomando las caracte-rísticas de las instituciones formales como lo que entendemos por “institucionalidad formal”, y lo propio con las instituciones informales. En todo caso, hemos preferido el término institucionali-dad para referirnos efectivamente a los funciona-mientos de una trama de instituciones.

No debemos asumir que una institucionali-dad es “mala” (la informal) y otra “buena” (la formal), aún cuando sea el caso de que, por hi-pótesis, estamos considerando que en nuestro país la institucionalidad informal interfiere nega-tivamente con la formal. También la instituciona-lidad informal contiene valores y prácticas positi-vas, y la institucionalidad formal puede también abrigar exclusiones e injusticias. Recordemos que

la esclavitud, durante la mayor parte de los siglos de su existencia, fue una institu-ción reconocida por la Ley, o sea, una institución formal. De hecho, desde un punto de vista sociológico, ambas institucionalidades son necesarias.

El problema aludido aquí radica fundamentalmente en el funcionamiento de una institucionalidad fuera de su ámbito.

En este orden, se observan acciones por parte de actores sociales en un ámbito (formal o informal) que responden a la institucionalidad impropia del mismo, es decir, se actúa en el ámbito formal siguiendo valores y normas propias de la institu-cionalidad informal, o viceversa. Un ejemplo es el del o la ciudadano/a que demanda un servicio del Estado que por derecho le corresponde, experimenta la desatención o la negligencia por parte del funcionario o funcionaria, mientras que a la vez ad-vierte que a otro/a ciudadano/a, sí se le atiende por razones de amistad u otro tipo de relacionamiento primario.

Esta reflexión debe servir de fundamento a los trabajos de los actores de la sociedad civil interesados en la institucionalización de la sociedad dominicana, en la dirección de propiciar la transformación de los patrones de acción que articulan la relación entre sociedad y estado, así como la relación entre organizaciones civiles y políticas, y por último, los compromisos entre ciudadanía y organizaciones.

e n s a y o


Ubicado en un punto intermedio entre las estructuras gubernamentales del Sector Público dirigidas directa o indirectamente por los Parti-dos Políticos que se disputan su control dentro del marco democrático, y de las esferas de in-fluencias del Sector Privado representado por el poder económico empresarial, ha emergido en las sociedades modernas un universo organiza-cional creciente y equidistante de los dos an-teriores, al que la Economía Social y la Ciencia Política han denominado Tercer Sector o Socie-dad Civil.

Constituido por una diversidad de entidades cuyo denominador más común es no poseer fines de lucro, este Tercer Sector abarca, según el pen-sador alemán Jürgen Habermas: “por un lado, el conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos y que propician su libre asociación, la posibilidad de defenderse de la acción estraté-gica del poder y del mercado y la viabilidad de la intervención ciudadana en la operación misma del sistema; por otra parte estaría el conjunto de mo-vimientos sociales que continuamente plantean nuevos principios y valores, nuevas demandas so-ciales, así como vigilar la aplicación efectiva de los derechos ya otorgados”. (1)

Su sola denominación como Tercer Sector le otorga a la Sociedad Civil un peso específico superior al que usualmente le asigna la opinión

Alcances y limitaciones del desarrollo institucional de las OSC en República Dominicana

pública. Este peso institucional se evidencia en su creciente desarrollo y determinante poder de influencia en los procesos de modernización, de-mocratización y gestión del Estado dominicano, en el marco de las reformas jurídicas, económi-cas, políticas y sociales encaminadas a la amplia-ción de los espacios de participación democráti-ca de los ciudadanos en las distintas instancias de la gestión pública. Un fenómeno que se ins-cribe dentro de las ideas de Alain Touraine y otros pensadores que plantean: “La existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad política es un prerrequisito para la democracia. Sin ella no hay Estado legítimo”. (2)

Es bajo este marco de referencia que pode-mos aquilatar cómo a la par, y a veces de la mano con procesos similares en América Latina, en las últimas décadas la Sociedad Civil dominicana ha venido ampliando y robusteciendo sus estruc-turas organizativas internas, su interrelación y actuación sectorial, y de este modo, ganando espacio y crédito público, mientras participa de la creación de un marco jurídico institucional más abierto, que incluye la legitimización de su propio accionar y amplía los horizontes demo-cráticos de toda la nación. En otras palabras, experimenta un vigoroso y continuo proceso de maduración institucional, cuyos efectos son fácil-mente apreciables en su constitución como actor social válido en el juego democrático vigente.

Rafael PinedaCOMUNICADOR, PUBLICISTA

Y PRODUCTOR DE RADIO

Y TELEVISIÓN

1 Habermas, Jürgen. The Theory of Communicative Action. Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society, (trad. Thomas Mc Carthy), Beacon Press, Boston, 1984, citado por Olvera, A. Op. cit., pp. 31-34.

2 Touraine, Alain. ¿Qué es la democracia? FCE, México, 1995. p. 65).

“La existencia de una sociedad civil

diferenciada de la sociedad política es un prerrequisito para la democracia. Sin ella no hay Estado legítimo”

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No obstante, este proceso de surgimiento, desarrollo y legitimación institucional de la Socie-dad Civil dominicana ha acusado y acusa tantos retos y desafíos como la democratización misma del Estado y la sociedad toda. Empezando porque, en modo alguno, se ha tratado de un fenómeno homogéneo, fluido y natural. Más bien, nuestra Sociedad Civil ha sobrellevado desde las carencias propias de sistemas en desarrollo, como poca ex-periencia, confusión de roles, baja capacitación profesional y profundidad teórica, hasta no pocos intentos de manipulación, instrumentalización, cuestionamiento y deslegitimación provenientes de litorales afectados con su práctica.

Alcances institucionales de la Sociedad Civil dominicana

Cabría destacar, ante todo, que los procesos de democratización, descentralización de reformas económicas e impacto de las nuevas tecnologías de información y la globalización en países como el nuestro, han conllevado cambios sustanciales en la comprensión del papel del Estado y de los diferentes actores sociales. Estos cambios han in-cluido la incorporación de nuevos temas en nues-tra agenda del desarrollo, y la necesidad de lograr amplios consensos sobre los mismos. Entre estos temas podemos citar algunos tan álgidos como: medio ambiente, género, migración, derechos hu-manos y otros similares asociados a la persistencia de estructurales de exclusión social que cuestionan continuamente la calidad de nuestra democracia.

El primer gran consenso ha sido el de re-conocer la necesaria relación entre democracia y desarrollo económico y social. Pero este gran consenso pasa también por el reconocimiento de que no es posible lograr el deseado equilibrio entre el binomio democracia & desarrollo social,

sin una participación ciudadana activa, consciente y creciente, en la formulación de ideas sobre fortalecimiento de la democracia, y en los procesos y mecanismos nece-sarios para alcanzar los grandes objetivos de este nuevo concepto de desarrollo.

En este nuevo escenario, es apreciable el desarrollo institucional alcanzado por la Sociedad Civil en República Dominicana, tanto en el ámbito de la participación y defensa de los derechos sociales de los grupos excluidos, como en el de la mo-vilización y presión por la conquista de demandas sociales bajo el nuevo concepto consensuado de desarrollo. Podríamos citar innumerables ejemplos de esta madu-rez institucional de las organizaciones, pero bastaría elegir algunos de los temas y episodios más relevantes para ilustrar dicha fortaleza.

1.- Activa y provechosa participación en el fortalecimiento del Poder Municipal Si un logro palpable y plausible la Sociedad Civil dominicana puede exhibir con

orgullo, es justamente en este campo. A través de un grueso importante de sus orga-nizaciones más representativas, la Sociedad Civil dominicana ha ganado un espacio de autoridad reconocido por todos los sectores, en su acompañamiento a la gestión municipal de muchos ayuntamientos del país. Esta labor ha permitido experiencias dignas de ser sistematizadas y exportadas como ejemplo a otras naciones del área y otras instancias de poder nacional, en temas claves como: Presupuesto Participativo, Cabildos Abiertos, Rendición de Cuentas, y otros no menos importantes en la confor-mación de un Poder Municipal verdaderamente democrático y participativo.

Habría que acentuar que en estas experiencias municipales nuestra Sociedad Civil ha vivido un proceso dinámico de gestión del conocimiento y de aprendizaje

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a la vez, posibilitando el intercambio con experiencias válidas de otras naciones, ampliando el universo de conocimiento de autoridades edilicias y de los munícipes en su conjunto. Esto le ha permitido ganar un nivel de autoridad tal que en muchos casos participa de mecanismos orgánicos de consulta, control y vigilancia de las políticas municipales previamente consensuadas en los espacios de participación ya existentes. ¡Esto es legitimidad, esto es institucionalidad! Pues si bien esta parti-cipación no es deliberativa, ¿quién dice que no es este justamente el papel de una Sociedad Civil fuerte y funcional?

2.- Separación de las elecciones y la eliminación del arrastreSin importar lo que ocurra en lo adelante tras las modificaciones constitucio-

nales introducidas en la última reforma, la participación de la Sociedad Civil en la promoción y en el proceso de educación a la población sobre la separación de las elecciones congresuales y las presidenciales, es una de las experiencias que ma-yores niveles de maduración institucional le ha reportado al sector. No sólo por el salto democrático cualitativo a nivel nacional que este hecho supuso, al eliminar el sistema de arrastre y dar mayores posibilidades al surgimiento de actores políticos más representativos, sino por el impacto hacia el interior de las organizaciones mismas. Por demás, una nueva oportunidad de crecer en el manejo de temas nodales de desarrollo democrático y de universalizar ese conocimiento en nuevas prácticas de capacitación.

Tal fue el impacto de este proceso al interior de las organizaciones de la Socie-dad Civil, que muchos de sus actores, activistas, dirigentes medios y altos, pasarían a optar por cargos electivos congresuales y municipales. Y esto, lejos de representar una desnaturalización de su accionar, en la mayoría de los casos estas experiencias sirvieron para generar reflexiones valiosas acerca de la naturaleza, institucionalidad y papel de una Sociedad Civil fuerte en un Estado democrático de derechos.

3.- Intermediación en las crisis sociales y electoralesNinguno de los papeles desempeñados por la Sociedad Civil dominicana en

las últimas décadas revela mejor su grado de institucionalidad y legitimidad que su intervención decisiva en períodos de crisis intersectoriales y de crisis políticas de carácter nacional. Ello así, por cuando expresa esta participación sobre la conscien-cia de su propia madurez y sobre su grado de aceptación como actor o interlocutor válido por parte de los sectores beligerantes en cada caso. Independientemente de los resultados de cada una de estas actuaciones, exitosas en la mayoría de los casos, la sola acción mediadora nos habla de una autoridad que no se gana de la noche a la mañana. Los hechos abundan: 1994, 1996, 2000, 2004…

4.- Observadores electorales propios.La observación electoral pareció siempre es-

tar reservada a organismos y personalidades ex-ternos al país. Sin embargo, Participación Ciuda-dana y otras organizaciones han logrado ponerle sello local, con una actuación impecable desde el punto de vista de la tecnificación, profesionaliza-ción y sistematización del proceso. Hoy podemos asegurar que tanto el trabajo de sus Observadores como sus Resultados a Boca de Urna y esa meto-dología a que nos tienen acostumbrados esta en-tidad de nuestra Sociedad Civil, se han legitimado en el imaginario popular y frente a los distintos sectores de la sociedad dominicana por su serie-dad y profesionalidad.

Limitaciones de la Sociedad Civil dominicana

Si nos enfocáramos en las debilidades y limitaciones de nuestra Sociedad Civil, sería fácil listar un gran número de problemas que esta debe superar para alcanzar mayores nive-les de fortaleza, institucionalidad y autoridad. Pero una vez más bastaría con citar algunos de los aspectos más desafiantes y que más cues-tionan su accionar y el desempeño exitoso de su papel.

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1.- La financiación éticaEs este uno de los desafíos más impor-

tantes del sector, atendiendo a su naturaleza independiente y equidistante del sector públi-co, del privado, y de sus estructuras afines. No pocas veces posturas públicas de importantes entidades de la Sociedad Civil son cuestionadas por sectores interesados, atacando las fuentes de financiamiento de dichas entidades. No es secreto, quien financia impone sus criterios y su poder. La mayoría de los organismos de fi-nanciamiento, aún aquellos sin fines de lucro, tienen políticas determinadas que los financia-dos deben cumplir para acceder a sus fondos. Una organización civil debe asegurarse de que determinados fondos no se convertirán en un mecanismo de censura, o peor, en una instru-mentalización de sus acciones.

Otra arista del tema, no menos compleja, es el plagio. Sabemos que muchas veces organiza-ciones del poder político crean fachadas públicas que hacen pasar por organizaciones de la Socie-dad Civil para incidir en la opinión pública desde una supuesta postura no comprometida. Tal es el caso de las llamadas ONGs de los legisladores y el debate generado en torno al Presupuesto Nacio-nal y las partidas destinadas al sector. Fueron in-cluidos en esas discusiones mansos y cimarrones, con el consecuente cuestionamiento acerca de la legitimidad de los informes, rendición de cuentas y destino de los recursos.

2.- Conflictos intersectoriales sobre temas transversalesSería demasiado ingenuo pretender una

uniformidad absoluta de criterios de la Sociedad Civil sobre los temas transversales de su accionar, cuando una de sus características es exactamen-

te su diversidad y complejidad. Sin embargo, no cabe dudas de que en cada en-frentamiento público del sector este queda lesionado, afectado en su credibilidad y legitimidad institucional.

Los dos temas recientes que más han dividido al sector son el del aborto, ac-tualmente en discusión en la Asamblea Revisora, y el de medio ambiente a partir del proyecto de una cementera en las inmediaciones del parque nacional Los Haitises. El primero de tipo moral, sumamente delicado por la beligerancia de dos sectores de la Sociedad Civil sumamente fuertes en sus criterios y opiniones, las iglesias y las organizaciones feministas y médicas. El desafío de llegar a un consenso sobre el tema luce casi imposible, a juzgar por la radicalización de las posturas.

El otro tema toca un eje central del fortalecimiento de la actuación de la Sociedad Civil en los últimos años. Se trata de la discusión entre el modelo económico, medio ambiente y desarrollo social. Mientras para las autoridades y una buena parte de la Sociedad Civil el proyecto viene a resolver un problema de desempleo de la zona, tras el cierre del ingenio, su principal fuente de trabajo, para la mayoría de las instituciones del sector el proyecto constituiría un crimen ambiental contra una de las más importantes reservas ecológicas de aguas subterráneas de la nación. Pero una vez más, la posibilidad de un diálogo sosegado parece remota y ello cuestiona la institucionalidad de la SCD.

3.- Profundidad temática y cultura propositivaAl margen de otras limitaciones de nuestra Sociedad Civil, señalaría como una

muy importante para el desarrollo de su capacidad de influir los procesos públicos, la necesidad de una profundización de sus niveles de reflexión colectiva, pero más en un sentido creativo que meramente teórico, sobre los temas transversales de la sociedad dominicana actual.

Hablo de no limitar la reflexión de calidad a profesionales del sector, a los exper-tos, a las élites. Hablo de democratizar aún más la construcción colectiva de cono-cimiento y desarrollar una cultura propositiva, con posturas públicas bien sustenta-das, que rebasen los simples reclamos y proclamas. Que los profesionales sustancien el discurso de todo el sector y que no se conviertan en sus voceros eternos, dando la impresión de que son siempre los mismos, de que “no representan a nadie”, como dijo un reconocido comentarista de televisión, a propósito de las posturas públicas sobre la cementera de dos activos voceros de la Sociedad Civil.

“En otras palabras, la Sociedad Civil dominicana tiene entre sus retos importantes, practicar más hacia

adentro, lo que predica hacia afuera.”

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Los procesos organizativos y de fortaleci-miento institucional se desarrollan en forma de espiral: cuando llegamos a un punto deseado (dando respuesta a una necesidad existente), se inicia otro proceso que ayuda a las organiza-ciones a seguir creciendo. Al contar con nuevas capacidades se generan también demandas y ne-cesidades que antes no existían y ello supone la continuidad del proceso de fortalecimiento.

Cuando la metodología que se aplica coloca a los actores en los cargos más apropiados según sus funciones y capacidades, se avanza más rápi-do; cuando se logran armonizar los intereses de los miembros con los intereses institucionales, se reducen los conflictos y se fortalece la organiza-ción más rápidamente; cuando las organizacio-nes logran ver a las demás como facilitadoras y aliadas, se fortalecen los lazos y se crean siner-gias más duraderas y sólidas.

La apuesta metodológica por el fortaleci-miento institucional de organizaciones, coordina-ciones y redes de Organizaciones de la Sociedad Civil1 (OSC) ha buscado fortalecer a las más débi-les, comprometer a las más fuertes en los procesos más generales y acompañar e integrar a las redes en procesos de incidencia, sabiendo que paso a paso, mañana podremos recoger los frutos.

Una aproximación al concepto de “metodolo-gía para el desarrollo institucional”2 de las orga-nizaciones y redes sociales es la forma en que se definen las etapas del proceso metodológico y se organizan las tareas para lograr mayor cohesión del grupo en torno a su misión, al igual que un incre-

Metodología para el Desarrollo Institucional

mento en los niveles de la eficiencia e impacto y de su legitimidad y sostenibilidad institucional. Aten-diendo al instrumental pedagógico del proceso de desarrollo institucional, la metodología es “la forma o los métodos de enseñanza, el lenguaje y forma de comunicación utilizados, las dinámicas de integra-ción de los actores involucrados, y los mecanismos de seguimiento a la incorporación y apropiación de los contenidos y acuerdos alcanzados durante el proceso de fortalecimiento institucional”. En este sentido, se deben establecer principios metodoló-gicos internos que orienten la gestión del mismo proceso como: la concertación, la educación, la par-ticipación, la equidad, la autogestión y co-gestión entre los miembros3, la retroalimentación y la arti-culación con otros sectores aliados o colaborado-res. Esta dinámica se debe dar en un ambiente de respeto y manejo de los conflictos existentes o que pudieran surgir entre los actores y las actoras impli-cados4, tratando de garantizar que el proceso no se personalice en uno o varios de los dirigentes y/o los agentes externos que acompañan dicho proceso.

La base de la concepción teórico-metodo-lógica para el fortalecimiento institucional5 y los principios metodológicos son los mismos tanto para las organizaciones comunitarias y populares, como para las Asociaciones Sin Ánimo de Lucro (ASFL). Lo que se debe tener en cuenta son otros elementos que matizan la conceptualización y la metodología al momento de llevarla a la práctica.

Desde nuestra experiencia consideramos que se pueden agrupar las OSC en dos bloques al mo-mento de articular procesos de desarrollo institu-

Ricardo González Camacho

COORDINADOR DESARROLLO

INSTITUCIONAL PRIL

La apuesta metodológica por el fortalecimiento institucional de organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) ha buscado fortalecer a las más débiles, comprometer a las más fuertes en los procesos más generales y acompañar e integrar a las redes en procesos de incidencia, sabiendo que paso a paso, mañana podremos recoger los frutos.

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cional: las que están en el marco de una práctica organizativa como movimiento social-comunita-rio y popular, y las que se inscriben en una lógica organizativa formal como las ONG o fundaciones. Para realizar el proceso de desarrollo institucional con estas organizaciones y grupos en términos metodológicos debemos tomar en cuenta: a) Comprender su identidad y su historia insti-

tucional.b) Establecer el perfil socioeconómico y socio-

cultural de la membresía, así como su grado de formación.

c) Conocer sus agendas o programas de acción y los temas de interés de sus interlocutores.

d) Analizar su capacidad de movilización, de comunicación con sus interlocutores, de incidencia, la construcción de sinergias y diálogo político con el Estado, con el sector privado y otros actores sociales y proponer-les herramientas metodológicas, técnicas e informáticas para mejorar, así como recur-sos que hayan contribuido a incrementar el impacto de sus acciones y movilizaciones.

e) Conocer su grado de democracia interna, métodos de actuación, relaciones interper-sonales y de manejo del poder.

f) Establecer el tipo de formalidad que le sea necesaria para su actuación y ade-cuación institucional.

g) Finalmente, conocer las herramientas que utilizan para la formación de su membresía, la convocatoria y la construcción de consensos, entre otros.

Cómo nace el proceso de desarrollo institucional En el caso de las organizaciones comunitarias y populares existe una gran diver-

sidad de estructuras y formas de trabajo, desde grupos que se reúnen regularmen-te hasta otros que lo hacen cuando sienten que es necesario. A continuación trata-mos de definirlos y describir la metodología implementada para su fortalecimiento. De igual forma haremos con las ASFL.

Movimiento social-comunitario y popularSe caracteriza por desarrollarse en una dinámica institucional de informalidad,

con estructuras incipientes. Su trabajo se desarrolla básicamente con voluntarios/as, poseen pocos recursos y su legitimidad y sostenibilidad están sujetas a sus vínculos con la comunidad o sector con el que trabajan. Normalmente no poseen incorpo-ración legal, locales ni manuales institucionales, pero tienen base social y reconoci-miento de la población con la que trabajan, lo cual les da su fuerza.

Ello permitirá conocer la realidad y entorno institucional para definir, junto con la organización o grupo, una estrategia metodológica de intervención para el desarrollo institucional que se adapte a sus necesidades y requerimientos que deberá ir dirigida a:1) Incrementar su capacidad de recolección de información, diagnóstico y análisis. 2) Apoyar su proceso de apropiación de las herramientas de planificación y ejecu-

ción, seguimiento, evaluación y sistematización. 3) Su capacidad de relacionamiento, comunicación y vínculos con sus interlocuto-

res, a través de la implementación de sus planes de trabajo, con una metodología participativa de implementación y herramientas efectivas de comunicación.

4) Mejorar su capacidad para la construcción de consensos y sinergias con otros actores aliados.

5) Incrementar su capacidad de diálogo político e incidencia con las entidades del Estado, organismos internacionales y del sector privado.

Como vemos con este tipo de organizaciones el acompañamiento se ha dirigi-do a que ellos se empoderen del proceso de desarrollo institucional desde su misma formulación, para lo cual es necesaria una capacitación previa de la membresía o del equipo involucrado; posteriormente, en la implementación y la retroalimentación. Son las personas de la organización las que desarrollan las actividades y elaboran los

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productos acompañados por un/a técnico/a asesor/a. La garantía del fortalecimiento no radica en los documentos elaborados o los instrumentos, sino en el empodera-miento que se logra de la membresía.

Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)Aún tienen algunas debilidades en términos de conceptualización, capacidad

de desarrollo de estrategias sustentables basadas en estudios, sistematizaciones y diagnósticos que sirvan de base a la implementación de los procesos teórico-meto-dológicos del desarrollo institucional de las organizaciones de la Sociedad Civil.

Ello se debe, en primer lugar, a que en términos históricos estos procesos son recientes y, en segundo lugar, a que el modelo impulsado por los organismos de cooperación, los centros de estudios sociales y las ONG se inscriben en procesos complejos y costosos que parten de una visión externa y con muy poco margen de maniobra de los actores internos, sobre todo en la parte de identificación, diseño y formulación de la estrategia metodológica. Muchas veces se parte del supuesto de que los actores no tienen conocimientos suficientes para aportar en estas etapas y se limitan a participar en consultas. Esto es así, porque casi siempre estos procesos están atados a proyectos de financiación poco flexibles.

Las ASFL se definen como asociaciones sin fines de lucro integradas por cinco o más miembros físicos o morales, que se agrupan con el objeto de desarrollar o realizar actividades de bien social, en los ámbitos de asistencia social, desarrollo comunitario, fomento económico, asistencia técnica, educación ciudadana, apoyo a grupos vulnera-

bles, investigación y difusión, así como participa-ción cívica, entre otras.

Estas entidades se caracterizan generalmen-te por desarrollar una gestión formal, actúan jurídicamente bajo los parámetros establecidos por las leyes vigentes, están regularmente incor-poradas, llevan contabilidad, manejan recursos de subvenciones, donaciones y/o proyectos de cooperación, tienen una estructura institucional definida y manuales institucionales, recursos téc-nicos, metodológicos, informáticos, logísticos y personal profesional. Para su fortalecimiento ins-titucional hemos desarrollado la siguiente estra-tegia metodológica:1) Establecimiento de un diagnóstico partici-

pativo. 2) Diseñar un plan de fortalecimiento institu-

cional. 3) Implementación del plan junto a un equipo

de la institución. 4) Implementación del Plan. En él se revisan y

analizan los elementos constitutivos y nor-mativos que previamente han sido identifi-cados en el diagnóstico y se proponen so-luciones priorizando las más consensuadas o viables. Si la solución implica elementos técnicos, se contratan los servicios necesarios para elaborar la propuesta o producto, que será validado por el equipo involucrado y presentado a todo el grupo participante para su aprobación y/o conocimiento según sea la dinámica institucional. Por lo regular, es la dirección o el consejo de la asociación que toma las decisiones finales y la socializa con el personal. Aquí se parte de que la institu-ción son los fundadores/as y los miembros de la asamblea, el personal es un recurso técnico al servicio de la misión institucional.

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5) La evaluación se realiza durante el proceso en cada etapa y al final.

Finalmente, podríamos decir que existen dos enfoques metodológicos: el que se centra en el de-sarrollo de la gestión, donde se incluyen los méto-dos que contribuyen a lograr resultados en el me-nor tiempo y esfuerzo posible, con mayor calidad y a menores costos de funcionamiento; el que da relevancia al desarrollo del proceso organizacional, donde se incluyen los que facilitan mayor cohesión del grupo o institución en torno a la identidad, misión, visión, objetivos, resultados y legitimidad frente a nuestra población meta o beneficiaria y los demás actores con los que se interactúa.

Realmente ambos enfoques son complemen-tarios, pero el primero privilegia la obtención de resultados en corto tiempo. Con una menor inver-sión de tiempo y personal, es más vertical en las toma de decisiones y gestión de personal y valo-ra mejor la gestión cuando se trata de procesos concluidos. La visión es más puntual, se toman dediciones valorando, sobre todo, los elementos de eficiencia y eficacia para la consecución de los resultados y las personas involucradas son valo-radas en función de los aportes que realizan para la consecución de los resultados. El otro enfoque, en cambio, privilegia la obtención de resultados a través de un proceso y se da una apropiación y empoderamiento de los actores involucrados de forma más horizontal; la obtención de un resulta-do en cuestión es el punto de inicio para un nue-vo proceso y no la conclusión del mismo. Normal-mente se tiene una visión más de mediano y largo plazo del trabajo que realizan y de los elementos del contexto social, cultural y político en sus análi-sis y toma de decisiones. Se valora mucho la forma de pensar y sentir de las personas involucradas.

Como vemos, ambos enfoques coexisten: en la práctica muchas veces los acto-res vinculados al mundo de las ONG, la cooperación internacional, las fundaciones y asociaciones empresariales operan bajo el primer enfoque, mientras que las aso-ciaciones de base, los movimientos sociales y las academias, operan bajo el segun-do. La diferente naturaleza de cada uno de estos grupos de organizaciones hace que el fortalecimiento institucional sea también distinto: las organizaciones que se aglutinan entorno al enfoque metodológico de gestión por resultados trabajan normalmente con empleados, profesionales, técnicos/as y algunos voluntarios/as que normalmente tienen poco tiempo para dedicar a su organización (su dedica-ción se hace en función del cumplimiento del horario laboral estricto). En cambio, en las organizaciones de base y los movimientos sociales, su membresía no ocupa normalmente los cargos en función de su área de profesión, su relación casi nunca es contractual y su mayor aporte es el tiempo que dedica a la organización de forma voluntaria por su involucramiento personal en el objetivo de la organización.

Como hemos visto, la metodología para el fortalecimiento de las OSC se aplica-rá dependiendo de un conjunto de factores fundamentalmente a partir de la natu-raleza y situación en la que se encuentre la organización, lo fundamental será tener la sensibilidad para diseñar juntos el proceso, ya que en la forma que lo hagamos estaremos logrando la apropiación y sostenibilidad del mismo.

1 Nuestras reflexiones las haremos desde la experiencia en el trabajo de fortalecimiento insti-tucional de organizaciones comunitarias, coordinaciones de organizaciones barriales y aso-ciaciones sin fines de lucro (ASFL), por lo que no pretendemos generalizarla sobre el amplio espectro de OSC existentes. Pero tampoco sin descartar que estas reflexiones sirvan a otras organizaciones de otra naturaleza.

2 Enmarcaremos nuestra reflexión sobre la experiencia metodológica que hemos experi-mentado en el avance institucional de las organizaciones que trabajan en torno al desa-rrollo comunitario y las redes de la sociedad civil de incidencia, que orientan sus esfuerzos a la reducción de la pobreza, así como a la construcción de una sociedad más pacífica, justa y equitativa.

3 Puede entenderse por autogestión y co-gestión de los miembros, el nivel de implicación e involucramiento de la membresía en todas las etapas del proceso desde el diseño hasta la validación de los resultados y su aplicación. La co-gestión debe verse como el proceso desa-rrollado por la organización o institución en colaboración con actores externos que apoyan de forma puntual y ofrecen bienes y servicios de los cuales carece la organización.

4 Es importante destacar que muchos procesos terminan debilitando aún más la organiza-ción, ya que se desborda la capacidad de la organización y se agravan los conflictos existen-tes. Por ello, al diseñar el proceso y la metodología de implementación se deben conocer el tipo de relaciones existentes y las bases de sustentación de las estructuras de poder, así como, sus raíces en las redes de relaciones externas.

5 Las conceptualizaciones teóricas que influyen en la visión y naturaleza del mundo popu-lar nacen de las teorías del desarrollo organizacional y de las propuestas metodológicas hechas por la educación y la comunicación popular, la cooperación para el desarrollo y la sistematización de experiencias de procesos sociales en contextos emergentes, sobre todo en América Latina.

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El Centro de Estudios Sociales Pa-dre Juan Montalvo sirve como referente

al momento de hablar de entidades que tie-nen como norte la animación del trabajo colec-

tivo, de articulaciones y de vida organizada. La en-tidad forma parte del Centro Bonó, una estructura que articula un conjunto de obras sociales y cultura-les fundadas por la Compañía de Jesús y su trabajo confirma que resulta posible alcanzar relaciones so-ciales más equitativas, justas y fraternas.

Su fundación se remonta al 9 de enero de 1993, como una entidad no gubernamental de promoción social, educación e investigación. Des-de entonces trabaja para que las organizaciones comunitarias se fortalezcan y se empoderen me-diante la promoción y participación en procesos de investigación, acción, reflexión y divulgación.

El Centro Montalvo mantiene como norte promover una sociedad dominicana justa, demo-crática, equitativa y solidaria, apoyando la cons-titución, el fortalecimiento y la articulación de

sujetos sociales, desde una opción preferencial por las personas más empobrecidas.

Entre sus objetivos destacan el de “contribuir a la construcción de una cultura ciudadana demo-crática, mediante el fortalecimiento y la articula-ción de la sociedad civil, y la inclusión y participa-ción de los sectores desfavorecidos”. También, el de “aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores empobrecidos, promovien-do políticas públicas dirigidas a una mejor redistri-bución de las riquezas”.

Desde sus inicios, el Centro acompaña a grupos y organizaciones en sus procesos de for-talecimiento institucional, consciente de que los cambios estructurales sólo son posibles con una mayor capacidad para presionar.

Octavio Figueroa, director ejecutivo del Centro Montalvo, y Nelson Paulino, coordina-dor de Desarrollo Local, indican que ese for-talecimiento se transformó en la primera línea estratégica del plan trienal 2006-2009, en aras

Centro Montalvo, un pilar para fortalecer el desarrollo participativo

El Centro Montalvo mantiene como norte promover una sociedad dominicana justa, democrática, equitativa y solidaria, apoyando la constitución, el fortalecimiento y la articulación de sujetos sociales, desde una opción preferencial por las personas más empobrecidas.

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Centro Montalvo, un pilar para fortalecer el desarrollo participativo

de la formación de un movimiento social y su articulación desde el apoyo a los espacios de co-ordinación en los municipios, los cuales acom-paña a través de Foro Ciudadano y su Mesa de Políticas Sociales.

La principal debilidad para el desarrollo del trabajo que realiza el Centro Montalvo son las limitaciones de recursos económicos, puesto que no recibe ingresos fijos. Octavio Figueroa, su di-rector ejecutivo, precisa que el dinero se orienta a proyectos puntuales.

A la falta de recursos se suma la gran de-manda que tienen de los servicios que ofrecen. El Centro Montalvo cuenta con 16 empleados y empleadas. Ante esa limitación todos se focali-zan, trabajando lo prioritario y urgente, dejando de lado el activismo.

Las líneas estratégicas son: a) Desarrollo Local, con la que se propone

contribuir al avance de los municipios me-diante una gestión de corresponsabilidad de las organizaciones comunitarias y las autoridades competentes.

b) Pobreza y políticas sociales, con la finalidad de incidir en la concepción y aplicación de las políticas sociales públicas coherentes con

un concepto más integral de pobreza, que contribuyan con la equidad y rom-pan el círculo de la pobreza.

C) Fortalecimiento institucional, mediante el desarrollo óptimo de los recursos humanos, la adecuación del modelo de gestión y la puesta en marcha de un plan de autosostenibilidad.

Construyendo redesEl Centro Montalvo forma parte de Foro Ciudadano, un espacio en el que co-

inciden cientos de organizaciones de la Sociedad Civil de todo el país, desde comu-nidades de base, ONG de desarrollo y sindicatos, hasta asociaciones empresariales, juveniles y religiosas.

El objetivo de Foro Ciudadano es construir un espacio amplio y plural que sea proactivo y propositivo, que contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y propicie el conocimiento y debate de las iniciativas de las organiza-ciones que lo integran.

El Centro Montalvo tiene la responsabilidad de coordinar la Mesa de Políticas Sociales de Foro Ciudadano.

Otras iniciativas para el fortalecimiento de organizaciones y redes en las que participa el Montalvo son la Agenda Básica Común (ABC) del Movimiento Social, que busca desarrollar un proceso de convergencia para contribuir a impulsar los cambios fundamentales que demanda la sociedad dominicana; y la Comisión Inte-rinstitucional Educando para la Paz (CIEPAZ), instancia de coordinación de organiza-ciones gubernamentales y no gubernamentales que desde el año 1999 se dedica a promover valores de paz en la sociedad dominicana.

CIEPAZ realiza anualmente la campaña de sensibilización “Regala Juguetes de Vida”, dirigida a niños/as y adolescentes y a sus padres y madres, para la promoción de la compra y uso de juguetes no violentos.

Octavio Figueroa, director ejecutivo del Centro Montalvo y Nelson Paulino, coordinador de Desarrollo Local.

Departamento de Desarrollo Local. Departamento de comunicación.

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También participa en el Consejo Consultivo de Sociedad Civil para el Gabinete de Políticas Sociales, que tiene como objetivo contribuir en la definición, formula-ción, ejecución y seguimiento de planes y programas sociales en República Domini-cana; en la Red de Coordinación Urbano Popular, en el Consejo Económico Social e Institucional y en la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad.

En su línea de Desarrollo Local, el Centro Montalvo mantiene las Agendas de Desarrollo Barrial y Municipal. En las Agendas Barriales promueve la gestión y negociación local y la ciudadanía proactiva frente al clientelismo político y el paternalismo estatal. Mediante esta herramienta se visualiza la articulación en-tre diversos sectores, un diagnóstico de la realidad local, una identificación de prioridades y de propuestas de solución, una planificación y una ruta de gestión, negociación y ejecución.

En tanto, con las Agendas Municipales pretende superar la distancia entre los gobernantes locales y sus munícipes, mediante la incorporación de los actores socia-les a la gestión de su municipalidad. Este proceso de formación y aprendizaje en la gestión del desarrollo local procura el bienestar de los y las munícipes a través de la creación de un modelo participativo de gestión política y administrativa.

En esa dinámica de articulación e integración, el Centro Montalvo también de-sarrolla los Foros para la Participación Municipal, mediante los cuales se impulsan procesos y programas de integración y fortalecimiento de las organizaciones comu-nitarias para el desarrollo sostenible de las comunidades.

También se promueve la participación de los sectores populares en los gobier-nos municipal y nacional, así como la relación democrática entre gobierno y Socie-

dad Civil para las reformas políticas y una ley de participación social.

En el marco de las Agendas de Desarrollo Local, el Centro Montalvo acompaña los Foros Municipales de Boca Chica y del Distrito Nacio-nal. También realiza una labor de acompaña-miento en Los Alcarrizos.

Acciones para superar la pobreza

Para el Centro Montalvo, las políticas sociales no sólo deben atacar la pobreza estructural, sino que el Estado y la ciudadanía deben construirlas de manera conjunta, porque de esa manera las y los pobres se constituyen en protagonistas de su propio desarrollo.

Por ello, desde las Agendas de Desarrollo Local y la participación en espacios de articula-ción, trabaja para incidir en la formulación e im-plementación de políticas estatales y no estatales para la superación de la pobreza, entendiendo la pobreza no sólo como carencia de bienes mate-riales, sino como exclusión de las oportunidades y derechos de las personas.

En ese tenor, desde el 2006 tiene en funcio-namiento el Observatorio de Políticas Sociales, he-rramienta muy utilizada en América Latina en el seguimiento de los programas sociales propues-tos y/o ejecutados por los gobiernos, y en el gasto social destinado del presupuesto nacional. Con el Observatorio se trata de establecer cuáles son los mecanismos exitosos y las mejores prácticas.

También procura incentivar la transparencia, que forma parte de una gestión moderna.

En ese sentido, acompaña en el conocimien-to de la Ley de Acceso a la Información Pública a organizaciones de base en siete municipios (Los Llanos, Sabana de la Mar, Hato Mayor, Monte Plata, Bayaguana, Peñón, Barahona y Cristóbal).

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Los Alcarrizos, entre el empoderamiento y la equidad de género

Desde hace unos cinco años el Centro Mon-talvo viene acompañando a la Coordinadora de Or-ganizaciones Comunitarias por el Desarrollo de Los Alcarrizos (COCDELA) en la capacitación de su mem-bresía en gestión organizativa, formación de lide-razgo, fortalecimiento institucional, estrategias de desarrollo local y gestión municipal de corresponsa-bilidad en los procesos que conducen las luchas por mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Milagros Barbi, fundadora de COCDELA y presi-denta de la Asociación de Mujeres de Los Alcarrizos, recuerda que esta relación con el Centro Montalvo se inició con la formación de líderes y liderezas co-munitarias. “Continuamos a nivel del municipio, lue-go alrededor de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios e hicimos un convenio institucional con el ayuntamiento de Los Alcarrizos”, cuenta.

De esa manera fueron sentando las bases para la construcción de una Agenda de Desarro-llo Municipal bajo el auspicio del proyecto “For-talecimiento de las organizaciones sociales del municipio de Los Alcarrizos para su participación e incidencia en la gestión local con equidad de género”. El programa cuenta con financiamiento de la comunidad Autónoma de Andalucía, Espa-ña. Se trata de un pacto social que se establece

entre autoridades y comunitarios, con el acom-pañamiento del Centro Montalvo.

La vicesíndica Esther Castillo plantea: “El vínculo tan estrecho que se ha dado entre el Cen-tro Montalvo, la comunidad de Los Alcarrizos y el gobierno local es porque los tres perseguimos las mismas cosas. Estamos trabajando en el fortale-cimiento de las instituciones de la Sociedad Civil, del poder municipal y el empoderamiento de la mujer como ente de moderación, de equilibrio.

Estamos trabajando por una participación igualitaria del hombre y la mujer”.En un esfuerzo de descentralización, las autoridades municipales dividieron el área

territorial en 16 polígonos, que son mini estructuras del Ayuntamiento para viabilizar los trabajos y servicios, en los que procuran que haya una participación mínima del 33% de mujeres. La empleomanía del cabildo está conformada por 786 mujeres y 1,000 hombres. La vicesíndica destaca que Los Alcarrizos es un territorio vasto, densamente poblado, por lo que necesitan de un personal que pueda responder a las demandas de cada sector.

Estudiando la realidad

Para la Agenda Municipal de Desarrollo que se lleva a cabo en Los Alcarrizos se realiza un diagnóstico multisectorial que implica áreas como la educación, el comercio, la industria, el medio ambiente, el transporte y los movimientos sociales a través de las Organizaciones Comunitarias de Base (OCB), cuenta Confesor Gó-mez. Ese diagnóstico dará paso a la Agenda, con la finalidad de impulsar procesos de desarrollo del municipio a largo y mediano plazo.

Gómez refiere que a través de COCDELA se está impulsando el Presupuesto Mu-nicipal Participativo, y que en el Ayuntamiento funciona una Mesa de Socialización, a la que también llaman Mesa de Animación, que se reúne cada 15 días.

“Hace poco una comisión de las Organizaciones Comunitarias de Base y una comisión de regidoras y regidores estaban discutiendo el posible reglamento de participación de la Sociedad Civil en el municipio de Los Alcarrizos. En la jornada participó la vicesíndica, el síndico también fue a dar apoyo”, indica.

Cuenta también que el Centro Montalvo está acompañando a las organizacio-nes tanto del municipio cabecera de Los Alcarrizos como de los distritos municipales de Pantoja, Palmarejo y Villa Linda.

En tanto, Ignacio Rosario, director de Participación Comunitaria del Ayuntamien-to Municipal, destaca que también las empleadas y empleados de esta institución reci-ben capacitación en temas tan vitales como la participación y la equidad de género.

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Ayuntamiento Juvenil e InfantilLos Alcarrizos se ha convertido en un municipio amigo de la niñez, al asumir

que las niñas y los niños son ciudadanas y ciudadanos con plenos derechos. En ese tenor, desarrolla la iniciativa Ayuntamiento Juvenil e Infantil de Los Alcarrizos (AJILA), que está siendo apoyada por UNICEF, AQUELARRE y el Centro Montalvo, y cuenta con los auspicios de la Fundación para la Educación y el Desarrollo de los Pueblos y la Junta de Andalucía, España.

“La comunidad está enamorada de esa iniciativa. Estamos dando capacitación sobre las leyes de la juventud, de protección al menor y sobre la Ley 176-07 de muni-cipalidad. Tenemos 200 jóvenes, y ellos van a ser voceros o multiplicadores de la capa-citación en sus escuelas y en sus sectores”, explica con entusiasmo la vicesíndica.

namentales, ONG, eclesiales y organizacio-nes comunitarias de base. Agendas de desarrollo. Acompañamiento y asesoría a las coordinaciones en la gestión por el desarrollo comunitario. Municipalidad. Capacitación, acompaña-miento y asesoría en el tema municipal, ase-soría sobre la relación entre el ayuntamiento y las organizaciones de base, promoción de leyes y resoluciones municipales.

TESTIMONIOS

Milagros BarbiFundadora de COCDELA y presidenta de la Asociación de Mujeres de Los Alcarrizos

“El Centro Montalvo

nos ha impulsado a que nos empoderemos del espacio que tenemos hoy. Por eso hoy existe la organización de mujeres. Al formar nosotros la mesa de impulso del presupues-to, las mujeres nos hemos empoderado para reclamar nuestros derechos, nuestra parti-cipación en Los Alcarrizos. Queremos a un municipio más en paz, más trabajador, con mucha competencia económica para que podamos tener empleos para la juventud”.

Esther CastilloVicesíndica Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos

“Yo en un momento dije que el Centro Montal-

Libros

impacto en la población vulnerable.

Dominicana, 1930 – 2007.

Revistas

Boletines

Folletos

PUBLICACIONES DEL CENTRO MONTALVO

Municipal en el Distrito Nacional.

Municipal en Boca Chica. Cartillas

de Base.

Áreas y Servicios que ofreceEducación. Talleres, cursos, charlas, diplomados, ciclos de capacitación en te-mas relacionados con sus líneas de acción. Investigación. Publicaciones. Boletines, libros, cuadernillos, producción de audiovisuales. Fortalecimiento institucional. Asesoría a instituciones internacionales, guber-

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vo fue mi tabla de salvación. Lo primero que hice fue capacitarme en el Centro Montalvo, asumir que la capacitación es el primer paso que debo dar si quiero empoderar-me de lo que me da la ley, que era una ley nueva, que era importante conocer y tener un manejo rápido. Y de ahí, ha contribui-do grandemente al empoderamiento de las mujeres. Ya nos estamos asociando como mujeres comunitarias, y en la capacita-ción y en el manejo de la información. Creo que el Centro Montalvo ha sido fundamen-tal para el desarrollo y el empoderamiento de la mujer aquí”.

Junior SantosSíndico Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos

“Es un gran aporte el que hace el Cen-tro Montalvo acompañando a todos sus programas de trabajo para el fortaleci-miento de la formación técnica, del co-nocimiento, de la sensibilización social y, sobre todo, de la cogestión que debe darse entre las organizaciones de base y el ayuntamiento. Nosotros nos sentimos bien porque con la entrada del Centro

Montalvo, sus diferentes programas y los convenios hemos hecho una contribución importante al desarrollo de un ayuntamiento que tiene que construirlo todo”.

Ignacio RosarioDirector de Participación Comunitaria Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos

“Nosotros, como Ayuntamiento, llegamos a un acuerdo de trabajo al principio de la gestión con el Centro Montalvo para capacitarnos. Este es un Ayuntamiento con apenas tres años de fundado. El

acuerdo es en torno a la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. El papel del Centro Montalvo es contribuir a que se aplique la Ley en lo referente a los mecanismos de participación de la Sociedad Civil en la gestión de los gobiernos locales. Entre los mecanismos de participación está la ejecución y puesta en práctica del Presupuesto Participativo Mu-nicipal. De esta manera estamos avanzando en el diálogo entre Estado y Sociedad Civil”.

Confesor GómezPromotor de Desarrollo Local del Centro Montalvo

“El Centro Montalvo ayuda en la capacitación, que consiste en formar a líderes y liderezas comuni-tarias en ciclos de herramientas organizativas, en cómo organizar el grupo, cómo llevar la agenda, cómo

elaborar un proyecto o un programa, cómo elaborar sus estatutos, y los capacita para que puedan dirigir de una forma democrática, abierta y participativa sus organizaciones”.

Jorge Luis MaldonadoTécnico del Centro Montalvo en Los Alcarrizos

“Nosotros venimos a acompañar un proceso y de ninguna manera venimos a robar un espacio a cada sector. Cada quien juega su rol y apoyamos para que esa relación sea armoniosa”.

A G E N D A

Lo que hicimos

Apertura licitaciones. Convocamos varias organizacio-nes de la sociedad civil, a través de una lista corta, para participar en cuatro licitaciones con un monto total de $15,584,301 pesos dominicanos. Estas licitaciones esta-ban enfocadas en los temas de capacitación, financiación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y participación social en los espacios creados por las nuevas leyes apro-badas en el país.

Continuar socializando el contenido de la Ley 176-07, de los Municipios y del Distrito Nacional, y su reglamento, a través de talleres y encuentros con los representantes de la sociedad civil y los gobiernos locales en las provin-cias de Azua, Santiago de los Caballeros, Hato Mayor, La Romana, Monte Plata, San Pedro de Macoris, El Seybo; así como los ejes minero de La Vega, Monseñor Nouel y Puerto Plata, entre otras.

Realizamos dos encuentros del Espacio de Pensamiento so-bre Institucionalidad y Representatividad en las provincias La Romana y Barahona, con la participación de los repre-sentantes de la sociedad civil en ambas demarcaciones.

Realizamos talleres de capacitación para el uso del direc-torio de OSC que contiene más de 318 organizaciones, uno en Santo Domingo y otro en Santiago. Este directo-rio fue instalado a todas las organizaciones subvenciona-das por el Programa.

Lo que haremos

Campaña promocional de los aportes de la sociedad civil. Se procura promover el rol de la sociedad civil en la gobernabilidad del Estado y el desarrollo, visibilizando sus aportes en la reducción del número de dominicanas y dominicanos que viven en condiciones de pobreza, cau-sada por fallos en las políticas institucionales y sociales, a través de una campaña destinada para estos fines. Previa-mente, se convocará a una licitación en busca de la mejor candidatura para realizar tan importante actividad.

Realizar un mapa de los recursos y aportes de las or-ganizaciones de la sociedad civil en la República Domi-nicana. Esto se realizará a través de una consultoría para lo cual se convocará a una lista corta de organizaciones.

Continuar apoyando a las OSCs en la adquisición y desarrollo de habilidades organizativas y de incidencia política, a través de capacitación en temas de desarrollo institucional, incidencia y comunicación.

Continuar propiciando el intercambio entre las OSC y los gobiernos locales, a través de encuentros y talleres para socializar la Ley Municipal y su reglamento, como un instrumento que fomenta la participación de la sociedad civil en los planes estratégicos de desarrollo local.


Documents

Cuaderno de las OSC 5