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CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO NÚMERO 379/2016, DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO JUICIO ADMINISTRATIVO: JA-

1504/2014-III

ACTOR: **********

AUTORIDAD DEMANDADA:

PROCURADOR DE PROTECCIÓN AL

AMBIENTE DEL ESTADO DE

MICHOACÁN Y OTRA.

MAGISTRADA PONENTE: GRISELDA

LAGUNAS VÁZQUEZ

SECRETARIO DE ESTUDIO Y

CUENTA: FABRICIO DORANTES

ROMERO

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Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil

dieciséis.

VISTOS para dictar sentencia definitiva dentro del juicio

administrativo número JA-1504/2014-III, interpuesto por

**********, contra actos atribuidos al PROCURADOR DE

PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE

MICHOACÁN y al AYUNTAMIENTO DE MORELIA,

MICHOACÁN, y

RESULTANDO

PRIMERO. En escrito presentado el veintiocho de

noviembre de dos mil catorce, ante la Oficialía de Partes de

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, **********,

por propio derecho, presentó demanda de nulidad con actos

imputables al Procurador de Protección al Ambiente del

Estado de Michoacán y al Ayuntamiento de Morelia,

Michoacán, señalando como acto impugnado y acción

intentada lo siguiente:

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“II. EL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA Y, EN SU

CASO, LA FECHA DE NOTIFICACIÓN O LA FECHA DE

CONOCIMIENTO DEL ACTO.-

a) La resolución negativa ficta, configurada por el silencio

administrativo del C. Procurador de Protección al Ambiente del

Estado de Michoacán, respecto del escrito presentado el 19

diecinueve del mes de mayo del año 2014 dos mil catorce.

b) La resolución negativa ficta, configurada por el silencio

administrativo del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán,

respecto del escrito presentado el 09 nueve del mes de mayo del

año 2014 dos mil catorce.

c) La negativa de realizar la visita de inspección, verificación y

vigilancia para comprobar el cumplimiento de las disposiciones

contenidas en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable

del Estado de Michoacán, y proceder conforme a derecho sea

procedente.

…

V. ACCIÓN INTENTADA.- Juicio Administrativo de Nulidad.

…

SEGUNDO. Por razón de turno, la Magistrada

Instructora de la Tercera Ponencia de este Tribunal de

Justicia Administrativa, se avocó al conocimiento del asunto y

en auto del cinco de diciembre de dos mil catorce, admitió a

trámite la demanda en la vía ordinaria administrativa y ordenó

emplazar con la misma a las autoridades demandadas

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Procurador de Protección al Ambiente del Estado de

Michoacán y al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, a efecto

de que en el término de ley dieran contestación a ésta.

TERCERO. A través de sendos proveídos de cuatro de

marzo de dos mil quince, se tuvo al Procurador de Protección

al Ambiente en el Estado de Michoacán y al apoderado

jurídico del Ayuntamiento de Morelia, dando contestación a la

demanda, y se concedió a la parte actora el término de cinco

días para que de estimarlo conveniente procediera a ampliar

la demanda.

CUARTO. Por acuerdo del catorce de julio de dos mil

quince, se tuvo al autorizado en términos amplios por parte

de la actora ampliando la demanda, se mandó emplazar al

tercero interesado **********, y se concedió términos a las

demandadas para que contestaran la ampliación de

demanda.

QUINTO. En proveído trece de octubre de dos mil

quince, se tuvo a la apoderada jurídica del Ayuntamiento de

Morelia, Michoacán, y al Procurador de Protección al

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Ambiente del Estado de Michoacán por contestando la

ampliación de la demanda.

SEXTO. En auto de catorce de octubre de dos mil

quince se precluyó el derecho del tercero interesado de

realizar manifestaciones en el juicio.

OCTAVO. El veintinueve de octubre de dos mil quince,

se celebró la audiencia de ley; y posteriormente mediante

sesión de dos de diciembre de dos mil quince, se resolvió el

presente juicio.

NOVENO.- Inconforme con lo anterior, la parte actora

presentó demanda de amparo directo, que le correspondió el

número 379/2015, del Segundo Tribunal Colegiado en

Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer

Circuito, por sentencia de veintiuno de octubre de dos mil

dieciséis, resolvió con base en las siguientes

consideraciones:

“SEXTO. Los conceptos de violación son fundados. En efecto, en una parte del primero de los conceptos de violación, se aduce que en la sentencia reclamada se transgredió lo estipulado en el artículo 273 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, pues no se ocupó exclusivamente de las personas, acciones, excepciones y defensas que fueron materia del juicio; que el Tribunal responsable se había sobrepasado en sus facultades al ocuparse

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de defensas que no fueron materia del juicio, pues determinó que el Ayuntamiento demandado no era autoridad legalmente competente para dar respuesta a la petición que hizo la ahora quejosa; y por lo mismo, no se podía configurar la negativa ficta. (foja 12 del juicio de amparo). Lo anterior es fundado. En efecto, de conformidad con el artículo 35 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, la negativa ficta es una figura jurídica por virtud de la cual, ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución expresa dentro de los plazos establecidos por el propio código o las normas aplicables al caso concreto, se entiende que se resuelve lo solicitado por el particular en sentido negativo; mientras que de los diversos numerales 238, 253 y 255 del propio Código, se advierte que la litis se integra con la demanda y su contestación, así como la ampliación de la misma y su correspondiente contestación. Ahora bien, del escrito de demanda de nulidad, se advierte que la actora, ahora quejosa, expresó en el primero de los conceptos de impugnación, que en términos del artículo 28 del Código de Justicia Administrativa del Estado, la autoridad demandada debió dar respuesta a su escrito a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de presentación del mismo, por lo que al no hacerlo se entendía que resolvió en sentido negativo, conforme a lo estipulado en el artículo 35 del mismo Código; que en el escrito presentado ante el Ayuntamiento demandado, se denunció que la empresa **********, requería para la industrialización de los alimentos que procesaba, uso de materiales peligrosos como eran gas y aceite, con lo que se ponía en riesgo la salud y el medio ambiente; que los vecinos de dicha fábrica constantemente inhalaban el mal olor que producía y tenían que soportar el ruido que generaba; que los desechos de aceite, grasa, entre otros, se iban deteniendo en las tuberías, provocando que se tapara el drenaje tanto de la calle como de las casas habitación; que la zona donde se encontraba instalada la fábrica era habitacional, no industrial; que a tres cuadras existía una escuela y a pocos metros de distancia una gasolinera; que cuando se realizaban trabajos de fumigación en las instalaciones de la fábrica, salían roedores e insectos que se refugiaban en las casas habitación; que cuando se fabricaban los productos que

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comercializaba, se emitía un tipo de polvo con grasa que se esparcía en los inmuebles; que no obstante la denuncia planteada no se habían practicado visitas de inspección, verificación o vigilancia para comprobar el cumplimiento con la normatividad y en su caso ordenar y ejecutar medidas de seguridad previstas en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán; que en el segundo de los conceptos de impugnación, se expuso que no se cumplían con los requisitos para el funcionamiento del establecimiento mercantil, por lo que se solicitó al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, proporcionara copia del expediente que integró; que la negociación se encontraba comprendida dentro del catálogo de giros del género "B" de alto impacto. Por su parte, la autoridad demandada Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, al dar contestación a la demanda, manifestó que había sido revocada la resolución negativa, pues dio respuesta al escrito de la ahora quejosa y por lo mismo, habían cesado las violaciones alegadas; que al margen de la coordinación que existía entre las autoridades municipales, el resultado del ejercicio de las facultades de comprobación era invariable, pues se había determinado que la empresa cumplía con las condiciones legales correspondientes. Por lo anterior, la parte actora, ahora quejosa, amplió su escrito de demanda, señalando que la respuesta dada por el referido Ayuntamiento no se encontraba fundada ni motivada en cuanto a su competencia, y por lo mismo, no se cumplía con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal; que tampoco se expresaron las medidas necesarias para la prevención de algún accidente, pues la empresa se encontraba en una zona habitacional; que el apoderado jurídico del Ayuntamiento, en su escrito de contestación de demanda, era omiso en fundar y motivar por qué consideraba que la empresa cumplía con los requisitos para realizar sus actividades; que en la respuesta a su petición no se explicaba por qué era legal que el establecimiento mercantil se encontrara en una zona habitacional; que la negativa expresa del Ayuntamiento demandado no revocaba la negativa ficta, pues ésta se encontraba configurada y por lo mismo, era en la contestación de la demanda donde se debían expresar los hechos y el derecho en que se apoyaba; que la respuesta expresa no satisfacía los intereses jurídicos de la ahora quejosa, ya que no se resolvió la totalidad de

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lo pedido. Por otro lado, en respuesta a la ampliación de la demanda, manifestó que el día cinco de febrero de dos mil quince había emitido una respuesta afirmativa a la solicitud del particular la cual tenía como precedente la solicitud de la realización de la inspección y verificación en el funcionamiento de la empresa **********; que la ahora quejosa no acreditaba que la empresa se encontrara ubicada en una zona habitacional y no industrial; que no era posible presentar la documental consistente en la copia del expediente integrado para el funcionamiento de la negociación, pues se le afectaría al publicarse sus datos personales; que la clausura o reubicación del establecimiento no podía resolverse positivamente, debido a que no se encontraba en alguna de las hipótesis del artículo 90 del Reglamento de Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicios de Morelia; que el Presidente Municipal de Morelia, ordenó a las dependencias operativas y especializadas del Ayuntamiento de Morelia; esto es, a la Dirección de Inspección y Vigilancia y a la Dirección de Medio Ambiente, la realización de una inspección en coordinación para efectos de determinar el funcionamiento de la empresa, emitiéndose oficios de los resultados de las visitas realizadas, en las que se determinaba que no existía afectación al medio ambiente; que el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en calidad de autoridad demandada, expresó en la contestación a la ampliación de la demanda, que no tenía obligación de motivar y fundar la contestación de demanda, puesto que no actuaba como autoridad; que la resolución que exhibió en el juicio de nulidad era la que se había emitido en respuesta a la solicitud cuya negativa ficta se demandaba; que el derecho de elevar solicitudes a las autoridades administrativas, solo tenía aparejada la obligación para éstas de dar respuesta, sin que dicha obligación se vinculara a resolver en sentido afirmativo; que en ningún momento se acreditó que el domicilio donde se encontraba la ahora tercero interesada, fuera una zona habitacional y no una zona industrial; que no era posible proporcionar el expediente integrado con motivo de los trámites administrativos de la empresa, ya que se vulneraría el derecho a la protección de datos personales, establecido dentro del artículo 16 de la Constitución Federal; que al no encontrarse en ninguna de las hipótesis del artículo 90 del

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Reglamento de Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicios de Morelia, el Ayuntamiento se veía imposibilitado para clausurar o reubicar el establecimiento mercantil, pues de las inspecciones realizadas por autoridades competentes se desprendía que no había peligros a los derechos de los habitantes (fojas 1 a 27, 56 a 62, 74 a 82, y 89 a 96 del juicio de nulidad). Ahora bien, en una parte del considerando tercero de la sentencia reclamada, se resolvió que una autoridad legalmente incompetente para dar respuesta a una petición, no podía dar lugar a la actualización de una negativa ficta; que en la especie, de la petición que se formuló al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, recibida el nueve de mayo de dos mil catorce, se desprendía que la parte actora, ahora quejosa, solicitó en sede administrativa la intervención de las diferentes áreas para realizar inspecciones a una empresa de alimentos que utilizaba materiales como gas y aceite; copia del expediente de la empresa **********, a efecto de corroborar si cumplió con los requisitos para su instalación; y, la clausura del establecimiento; que tal solicitud se encontraba vinculada con cuestiones de inspección y vigilancia, pues de conformidad con el artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, y precepto 31, punto 1, fracciones II y VII, del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán, correspondían a la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia, por conducto de la Dirección de Inspección y Vigilancia, realizar ese tipo de actividades y como consecuencia, practicar la clausura de comercios; que por lo anterior, la petición de referencia debió ser dirigida al Secretario del Ayuntamiento de Morelia, para que éste, auxiliado por la Dirección de Inspección y Vigilancia resolviera lo conducente (fojas 120v a 128 del juicio de nulidad). Como se puede advertir de lo anterior, en la especie la autoridad responsable no resolvió la litis sometida a su consideración en forma congruente; es decir, ocupándose exclusivamente de las personas, acciones, excepciones y defensas que hayan sido materia del juicio, de conformidad con el artículo 273 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, porque la postura de la autoridad demandada no fue la de que carecía de competencia legal para dar respuesta a la petición de la parte quejosa, por el contrario, su argumento defensivo

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consistió en que ya había dado respuesta por escrito a dicha solicitud; y como consecuencia de ello, la ahora quejosa amplió la demanda en relación con lo ahí determinado; por tanto, si la autoridad responsable introdujo una cuestión que no formó parte de la litis en el juicio de nulidad, transgredió el principio de congruencia contenido en el mencionado precepto legal; lo que a su vez violó la garantía de legalidad consagrada por el artículo 14 de la Constitución Federal, consistente en que: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, "posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante "los tribunales previamente establecidos, en el que se "cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y "conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Sirve de apoyo a lo anterior, el principio rector contenido en la tesis con número de registro 237766, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y uno, volumen ciento cuarenta y cinco y ciento cincuenta, tercera parte, séptima época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "NEGATIVA "FICTA. LITIS EN EL JUICIO FISCAL CUANDO SE "DEMANDA NULIDAD DE UNA RESOLUCION DE TAL "CARACTER. Cuando se impugna una resolución negativa "ficta, la litis en el juicio fiscal queda establecida con el escrito "inicial de demanda y la contestación que de ella se haga, en "la que se expresen los fundamentos de la resolución "negativa ficta, y, además, en su caso, con la ampliación de "dicha demanda y su contestación". Por otro lado, se alega en el segundo de los conceptos de violación, que la autoridad responsable no estudió en su integridad lo planteado en el escrito de ampliación de demanda, en donde se indicaron los motivos por los que el ahora quejoso estimaba que el oficio **********, emitido por el Procurador de Protección al Ambiente, no era una respuesta a su petición de diecinueve de mayo de dos mil catorce, al considerar que sólo era parte del trámite del procedimiento administrativo, y por lo mismo, estaba pendiente de emitirse la determinación en donde se resolviera lo propuesto en el escrito de petición (foja 14 del juicio de amparo). Lo anterior es fundado. En efecto, de la lectura del escrito de ampliación de demanda, se advierte que se expuso que: "…es contrario a "derecho considerar que el oficio

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**********, "constituye la resolución emitida al procedimiento indicado, ya "que, únicamente es un trámite, quedando pendiente diversas "actuaciones anunciadas por el Procurador demandado en "dicho instrumento, sin que se haya notificado si se llevaron a "cabo, o el resultado de las mismas. --- Es de puntualizar, "que hasta que no quede resuelta en su totalidad la solicitud "elevada al particular ante el Procurador demandado, no es "necesario solicitar el resultado de la gestión, como "erróneamente pretende la autoridad demandada…" (foja 82 del juicio de nulidad); mientras que la autoridad responsable resolvió sobre el particular, que "…Aunado lo anterior, la "actora en escrito de ampliación de demanda presentada a "través de su autorizada en términos amplios María Isabel "Ceja Linares, de manera expresa señala que sí le fue "notificado el acuerdo a través del cual se atiende su "solicitud, al señalar:--- ""Erróneamente refiere que la solicitud ""fue resuelta y contestada mediante oficio **********, ya que, efectivamente se notificó dicho ""documento, sin embargo no se puede considerar una ""resolución, sino únicamente un trámite que comprende el ""Procedimiento Administrativo iniciado con motivo de la ""solicitud presentada por su propio derecho la parte actora, ""quedando pendiente emitir resolución"".--- Por lo anterior, si "el escrito de petición presentado el diecinueve de mayo de "dos mil catorce, ante la Procuraduría de Protección al "Ambiente del Estado, fue atendida mediante acuerdo del "veintidós siguiente y notificada a la actora a través de su "autorizado el diecinueve de junio del mismo año, y el plazo "de treinta días hábiles con que contaba la autoridad para "emitir y notificar dicha respuesta fenecía hasta el treinta de "junio de dos mil catorce, es indubitable que a la fecha de la "notificación antes mencionada no había transcurrido el plazo "a que hace referencia el artículo 28 del Código de Justicia "Administrativa del Estado, por lo que no se satisface el "tercero de los requisitos, relativo al transcurso del plazo "previsto en la ley de la materia, precisado en epígrafes que "anteceden, para que opere la negativa ficta…" (fojas 136 del juicio de nulidad); o sea, la autoridad responsable al resolver en torno a la configuración o no de la negativa ficta respecto de la petición formulada a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, nada dijo respecto de las manifestaciones que realizó la ahora quejosa, en el

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sentido de que la respuesta contenida en el oficio **********, no podía considerarse como aquella que culminara el procedimiento administrativo, pues no se resolvían los puntos relativos a la petición; omisión que se traduce en una violación al principio de exhaustividad, previsto en el mencionado artículo 273 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal cuya parte conducente se transcribió líneas atrás. En apoyo de lo anterior es de invocar, por analogía, la tesis de jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, que este propio Tribunal comparte, con número de registro 170588 publicada en la página mil seiscientos treinta y ocho, del tomo vigésimo sexto, correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIA FISCAL. DEBE "COMPRENDER TODOS LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. "LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE ALGUNO DE ELLOS "VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DEL ARTÍCULO "50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AMERITA QUE EN "EL AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A "PRONUNCIAR NUEVO FALLO (LEGISLACIÓN VIGENTE A "PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006). De la interpretación "del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento "Contencioso Administrativo, vigente a partir del 1o. de enero "de 2006, se desprende que al dictar una sentencia el "Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o sus "Salas se fundarán en derecho y examinarán todos y cada "uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, "pudiendo analizar en su conjunto los agravios, así como los "demás razonamientos de las partes, para poder resolver la "cuestión que se les plantea, sin alterar los hechos expuestos "en el libelo, en su ampliación, si la hubo, y en las "contestaciones respectivas, es decir, se encuentran "obligadas a estudiar tanto los conceptos de anulación, "cuanto los argumentos de defensa que hagan valer las "autoridades demandadas en lo tocante a los mismos, pues "de no hacerlo, ello hace incongruente el fallo respectivo, en "términos de ese precepto, motivo por el que si en el caso la "Sala responsable omitió analizar algún concepto de

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nulidad, "es claro que se viola el principio de congruencia previsto por "el citado artículo 50 y, por ende, debe concederse al quejoso "el amparo para el efecto de que se deje insubsistente la "sentencia combatida y aquélla dicte otra, en que analice, "además, el concepto de anulación omitido.". En las relatadas condiciones, procede conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable resuelva en forma congruente la litis planteada, y además, se pronuncie sobre el argumento planteado por la actora en su escrito de ampliación de la demanda de nulidad; y hecho que sea, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que proceda conforme a derecho. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que, en el caso concreto, el Tribunal responsable en cumplimiento de esta ejecutoria, deberá analizar nuevamente la acción intentada con base en la litis planteada por las partes, se estima razonable requerir a la autoridad responsable para que cumpla con la misma dentro del término de diez días hábiles contados a partir del siguiente a aquél al en que quede debidamente notificada de esta sentencia; plazo que se estima razonable tomando en cuenta que es un hecho notorio las excesivas cargas de trabajo de aquélla; apercibida que en caso de no hacerlo sin causa justificada dentro del término precisado, se le impondrá cien días de multa conforme a los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis; y se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus integrantes y su consignación. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del acto que reclama al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo con residencia en esta ciudad, que quedó precisado en el resultando primero de este fallo. El amparo se concede para los

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efectos señalados en el considerando sexto de esta resolución.”

En cumplimiento a lo anterior se deja sin efectos la

sentencia de dos de diciembre de dos mil quince y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. Fundamentación de la competencia del

órgano jurisdiccional. Este Tribunal es competente para

conocer y resolver el presente juicio administrativo, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 143, 154,

fracción VII, 157 y 159 fracción I, del Código de Justicia

Administrativa del Estado de Michoacán.

SEGUNDO. Determinación de las causales de

improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el

último párrafo del artículo 205, del Código de Justicia

Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, una vez

realizado el examen de las constancias que integran el

presente juicio, por tratarse de una cuestión de orden público

y estudio preferente, esta Sala Colegiada analizará las

causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio

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administrativo, ya sean planteadas por las partes o las que se

adviertan de oficio.

Así, se tiene que las autoridades tanto en su oficio de

contestación de demanda como de contestación a la

ampliación, esencialmente aducen que en el caso concreto

se actualizan las causales de improcedencia siguientes:

El demandado Ayuntamiento de Morelia, Michoacán,

y el Director de Protección al Medio ambiente de la

Secretaria que Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

manifiestan que se actualizan la fracción I artículo 205 del

Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán,

porque no se afectan los intereses jurídicos del actor, pues

no se invade su esfera jurídica ni causan perjuicio a su

persona y se trata de cuestiones ya resueltas con

anterioridad y que con la copia simple de su credencial de

elector no acredita su afectación.

Por su parte, el Procurador de Protección al

Ambiente del Estado, señaló como improcedencia la

contenida en la fracción VIII, del artículo 205 del Código de

Justicia Administrativa del Estado al sostener que la actora

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reclama una negativa ficta inexistente ya el escrito

presentado con fecha diecinueve de mayo de dos mil

catorce, ante esa Procuraduría fue resuelto y contestado

mediante oficio ********** de fecha veintidós de mayo de dos

mil catorce, notificado a la actora por medio de su autorizado.

Continua señalando que no existe constancia alguna

de que el demandante, solicitara información respecto del

seguimiento al Procedimiento Administrativo en contra de la

Tercero interesada, razón por la cual no cuenta con los

elementos necesarios para afirmar la existencia de la

hipótesis normativa consistente en la presunta negativa ficta

que demanda, al no haber solicitado información en términos

de lo estipulado en el artículo 157 de la Ley Ambiental para

el Desarrollo sustentable del Estado de Michoacán.

Que al no existir la negativa ficta por haber sido

atendida la petición del actor, en caso de haber existido

algún agravio en su contra, debió acudir ante este Tribunal

dentro del término de cuarenta y cinco días hábiles a

impugnarla, por lo que existe consentimiento por no haber

promovido juicio.

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Continúa manifestando que se encuentra pendiente la

resolución, ya que de la respuesta otorgada al demandante

existe una condición resolutoria que impone un término

suspensivo, para que la Procuraduría se allegue de más

elementos para determinar si existen o no presuntas

irregularidades, consecuentemente una vez agotadas las

instancias procesales se emitirá respuesta, dentro del

expediente que se encuentra como reservado.

Precisado lo anterior, los Magistrados de este Tribunal

consideran que las causales de improcedencia y

sobreseimiento hechas valer por las autoridades

demandadas, deben DESESTIMARSE en razón de que al

haberse impugnado en el presente juicio una negativa ficta,

las autoridades demandadas no pueden plantear aspectos

procesales para sustentar su resolución ni este Tribunal

puede atender a dichos aspectos para resolver, sino que

debe examinar los temas de fondo sobre los que versa la

negativa para declarar su validez o invalidez

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.

165/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema

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Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo

XXIV, diciembre de dos mil seis, página 202, cuyo rubro y

texto dicen:

“NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE APOYARSE EN CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PARA RESOLVERLA. En virtud de que la litis propuesta al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con motivo de la interposición del medio de defensa contra la negativa ficta a que se refiere el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, se centra en el tema de fondo relativo a la petición del particular y a su denegación tácita por parte de la autoridad, se concluye que al resolver, el mencionado Tribunal no puede atender a cuestiones procesales para desechar ese medio de defensa, sino que debe examinar los temas de fondo sobre los que versa la negativa ficta para declarar su validez o invalidez.

Del mismo modo, sirve de apoyo a la anterior

determinación, la Jurisprudencia número 2a./J. 166/2006,

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación

y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 203,

cuyo rubro y texto dicen:

“NEGATIVA FICTA. LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA DE NULIDAD, NO PUEDE PLANTEAR ASPECTOS PROCESALES PARA SUSTENTAR SU RESOLUCIÓN. El artículo 37, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación establece la figura jurídica de la negativa ficta, conforme a la cual el silencio de la autoridad ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, extendido durante un plazo ininterrumpido de 3 meses, genera la presunción legal de que resolvió de manera negativa, es decir, contra los intereses

JA-1504/2014-III 19

del peticionario, circunstancia que provoca el derecho procesal a interponer los medios de defensa pertinentes contra esa negativa tácita o bien, a esperar a que la autoridad dicte la resolución respectiva; de ahí que el referido numeral prevé una ficción legal, en virtud de la cual la falta de resolución por el silencio de la autoridad produce la desestimación del fondo de las pretensiones del particular, lo que se traduce necesariamente en una denegación tácita del contenido material de su petición. Por otra parte, uno de los propósitos esenciales de la configuración de la negativa ficta se refiere a la determinación de la litis sobre la que versará el juicio de nulidad respectivo del que habrá de conocer el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual no puede referirse sino a la materia de fondo de lo pretendido expresamente por el particular y lo negado fíctamente por la autoridad, con el objeto de garantizar al contribuyente la definición de su petición y una protección más eficaz respecto de los problemas controvertidos a pesar del silencio de la autoridad.”

Esto es, la autoridad demandada al contestar la

demanda que se instaure contra la resolución negativa ficta,

sólo puede exponer como razones para justificar su

resolución negativa ficta las relacionadas con el fondo del

asunto, por lo que no podrá fundarla en cuestiones

procesales que impidan el conocimiento de fondo respecto

de lo pretendido expresamente por el particular y lo negado

fictamente por la autoridad, con el objeto de garantizar a

aquél la definición de su petición y una protección más eficaz

respecto de los problemas controvertidos a pesar del silencio

de la autoridad.

JA-1504/2014-III 20

Aunado a lo anterior, las causales relativas la

inexistencia de la negativa ficta, se encuentra relacionado

con el estudio de fondo del presente juicio, esto es, sobre la

configuración o no de dicha figura jurídica, razón por la que

no es dable su análisis en este apartado.

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número P/J

135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de

la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, enero

de 2002, página 5, cuyo rubro y texto dicen:

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.”

Desestimadas las anteriores causales, y al no

advertirse la existencia de alguna otra que impida el estudio

de fondo del presente asunto, procede efectuarse el análisis

de la negativa ficta.

JA-1504/2014-III 21

TERCERO. Fijación de la litis. Previo al análisis del

planteamiento de fondo formulado por las partes, es preciso

señalar que ha sido criterio reiterado por la Sala de este

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado que los

conceptos de violación aducidos por los enjuiciantes pueden

encontrarse o desprenderse de cualquier parte del escrito

inicial de demanda y no necesariamente del capítulo

particular de conceptos de violación, siempre y cuando en

éstos se expresen con claridad las violaciones que se

consideran fueron cometidas por la autoridad demandada.

Tiene aplicación la jurisprudencia1 sustentada por el

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican:

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA

FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU CONTENIDO Y FINALIDAD

EN RELACIÓN CON LA PRETENSIÓN DEDUCIDA. Del

contexto de los artículos 237 y 238 del Código Fiscal de la

Federación, se desprende que las Salas del Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa, al dictar sus fallos, resolverán

"sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda,

en relación con una resolución impugnada", lo que determina el

contenido y finalidad de las sentencias e implica considerar: a) el

1Registro No. 184755. Localización: Novena Época. Instancia: TCC. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XVII, Febrero de 2003. Página: 944. Tesis: I.4º.A. J/20. Materia(s): Administrativa.

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petitum en relación con un bien jurídico; y, b) la razón de la

pretensión o título que es la causa petendi. Es así que el

juzgador, sobre la base no formalista de un fundamento de

hecho, debe evaluar si la esencia y relevancia de lo planteado es

conforme con el ordenamiento, todo ello de una manera

razonable, integral y no rigorista, sin desvincularlo de los efectos

o consecuencias de la esencia de la pretensión, privilegiando

una respuesta basada en la verdad fáctica y real por encima de

lo procesal. Ello implicará un pronunciamiento completo y amplio

de la litis propuesta atendiendo a la solución de fondo, al

problema jurídico y de la controversia, tal y como lo ordena el

artículo 17 constitucional. En abono a lo anterior, se tiene que el

Código Fiscal de la Federación -especialmente en su artículo

237 y demás relativos-, así como criterios jurisprudenciales

relativos a su reforma, facultan y conminan a las Salas del

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a

pronunciarse sobre aspectos tales como: a) una litis abierta, b)

eventual sustitución en lo que deban resolver las autoridades

demandadas, c) invocar hechos notorios, d) resolver el tema de

fondo con preferencia a las violaciones formales, e) corrección

de errores en la cita de preceptos y suplencia de agravios, en el

caso de ciertas causas de ilegalidad, f) examen conjunto de los

agravios, causales de ilegalidad y argumentaciones, g) constatar

el derecho que en realidad asista a las partes y, h) aplicar los

criterios y principios jurisprudenciales dictados y reconocidos por

los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

De ahí que si el promovente plantea conceptos de

violación en contra de un determinado acto o expresa hechos

a partir de los cuales es factible deducir claramente aquéllos

o la causa generadora de los mismos, debe reputarse el acto

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de referencia como impugnado, al ser la consecuencia lógica

y necesaria de expresar algún tipo de disenso contra el

actuar de las autoridades demandadas, que

presumiblemente ocasiona algún tipo de perjuicio contra la

parte actora.

Así las cosas, la litis de la presente controversia

consiste en determinar:

Si se configuró o no la negativa ficta alegada por

la accionante respecto del escrito presentado

ante el Procurador de Protección al Ambiente del

Estado de Michoacán el diecinueve de mayo de

dos mil catorce, y respecto del escrito presentado

el día nueve del mismo mes y año, ante el H.

Ayuntamiento de Morelia, Michoacán.

CUARTO. Estudio de la configuración de la

negativa ficta. En términos del artículo 273, del Código de

Justicia Administrativa del Estado, esta Sala Administrativa

procede al estudio de las personas, acciones, que fueron

materia del juicio, por lo que procede en primer término a

establecer la determinación de la configuración del acto en

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sentido adverso de la pretensión del actor, negativa ficta,

ante el silencio administrativo de las autoridades

demandadas Procurador de Protección al Ambiente del

Estado de Michoacán y Ayuntamiento de Morelia,

Michoacán, en relación al escrito de petición que les

presentó el demandante el día diecinueve y nueve de mayo

de dos mil catorce respectivamente, realizando el análisis de

los argumentos planteados por la parte actora, en los que

esencialmente aduce lo siguiente:

En el concepto de impugnación “PRIMERO”

refiere que en términos del artículo 28 del Código

de Justicia Administrativa del Estado, la autoridad

demandada debió dar respuesta a su escrito a

más tardar dentro de los treinta días siguientes a

la fecha de presentación del mismo, por lo que al

no hacerlo se entiende que resuelve en sentido

negativo conforme a lo estipulado en el artículo

35 del mismo código.

Que de los escritos presentados ante el

Procurador de Protección al Ambiente del Estado

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de Michoacán y al Ayuntamiento de Morelia,

Michoacán, varios vecinos de la colonia **********,

denunciaron que la empresa ahora tercero

perjudicada, requiere para a industrialización de

los alimentos que procesa, uso de materiales

peligrosos como son el gas y el aceite, entre

otros, por lo que existe alto riesgo a la salud y

para el ambiente, como lo es la fuga de gas o

provocar una explosión, existiendo contaminación

no solo en el aire sino en el suelo.

Que constantemente inhalan el mal olor, la

fábrica genera ruido, desechos de aceite, grasa,

entre otros, se van deteniendo en la tubería y

provocan que se tape el drenaje tanto de la calle

como de las casas habitación y las coladeras.

Que la zona donde se encuentra instalada la

fábrica es zona habitacional no industrial, por

tanto, es contrario a derecho que se encuentre

funcionando la FABRICA **********, en la calle

********** número ********** de la Colonia

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**********, reiterando que a escasas tres cuadras

existe una escuela y a pocos metros de distancia

una gasolinera.

Que cuando se realizan trabajos de fumigación

del predio donde se encuentra instalada la

fábrica, salen ratas y cucarachas que se refugian

en las casas habitación, y cuando se fabrican los

productos que comercializa emite un tipo de polvo

con grasa que se esparce y se introduce a los

inmuebles, quedándose en los objetos, incluso la

ropa, o lo vehículos estacionados en la calle,

situación que es insalubre.

Que no obstante de la denuncia formalmente

planteada a las demandadas y solicitando

verifique si el establecimiento cumple con los

requisitos legales y se realicen inspecciones para

que se acredite que se encuentra en zona de alto

riesgo por ser habitacional, y por existir peligro e

inseguridad para sus vidas, la salud, patrimonio,

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ambiental, etc. Se ha hecho caso omiso a dicha

solicitud.

Que de las autoridades demandadas realizar

visitas de inspección, verificación o vigilancia para

comprobar el cumplimiento a la normatividad y en

su caso ordenar y ejecutar medidas de seguridad

previstas en la ley ambiental para el Desarrollo

Sustentable del Estado de Michoacán, como lo

establecen sus artículos 173 y 174.

Que se ven violentados los artículos 15 y 16 de la

Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del

Estado de Michoacán, al no atender y resolver la

denuncia realizada por la parte actora.

En el “SEGUNDO” concepto de impugnación,

manifiesta que considera que no se cumplen con

los requisitos para el funcionamiento del

establecimiento mercantil, por lo que solicita al H.

Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, sea

proporcionada copia del expediente que se

integró con los requisitos exigidos por el

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Reglamento de Establecimientos mercantiles y de

Servicios de Morelia, negociación que se

encuentra comprendida dentro del Catálogo de

Giros del Género “B” de alto impacto.

Que uno de los referidos requisitos lo es la

anuencia de los vecinos, pero en el caso en

concreto se encuentran inconformes con el

funcionamiento del establecimiento, por el riesgo

inminente a la salud y patrimonio.

Por su parte, la autoridad demandada Ayuntamiento

de Morelia, Michoacán, dio contestación a los conceptos de

violación de la siguiente manera:

Que el Presidente Municipal de Morelia le dio

seguimiento a la solicitud realizada por la actora

por tanto, no cumple los requisitos para que se

configure la negativa ficta.

Que de la inspección practicada, la empresa

cumple con las condiciones legales, no existiendo

riesgo a la salud y patrimonio de los vecinos.

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La autoridad demandada Procurador de Protección al

Ambiente del Estado de Michoacán, dio contestación a los

conceptos de violación de la siguiente manera:

Respecto al concepto de impugnación PRIMERO,

señala que lo niega lisa y llanamente, en virtud de

que la solicitud planteada por el demandante con

fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce,

ante esa Procuraduría de Protección al ambiente

del Estado de Michoacán, fue resuelta y

contestada mediante oficio ********** de fecha

veintidós de mayo de dos mil catorce, notificada a

la actora por medio de su autorizado el día

diecinueve de junio de dos mil catorce.

Que la resolución final del Procedimiento

Administrativo, en contra de **********, no

depende del impulso procesal que le den los

denunciantes, y la resolución correspondiente de

conformidad al caso específico será siguiendo las

reglas que marca la propia ley Ambiental para el

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Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán

de Ocampo.

Que no existe constancia alguna de que el

demandante, solicitara información respecto del

seguimiento al Procedimiento Administrativo en

contra de la Tercero interesada, razón por la cual

no cuenta con los elementos necesarios para

afirmar la existencia de la hipótesis normativa

consistente en la presunta negativa ficta que

demanda, al no haber solicitado información en

términos de lo estipulado en el artículo 157 de la

Ley Ambiental para el Desarrollo sustentable del

Estado de Michoacán.

Que se niega la violación a los numerales 15 y 16

de la Ley Ambiental para el Desarrollo

sustentable del Estado de Michoacán, ya que la

denuncia planteada por la actora fue resuelta y

contestada mediante oficio ********** de fecha

veintidós de mayo de dos mil catorce.

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Respecto al concepto de impugnación

“SEGUNDO” manifiesta que es competencia del

codemandado dar contestación, al no ser hechos

propios de esa Procuraduría de Protección al

Ambiente del Estado de Michoacán.

En cuanto al concepto de violación “TERCERO”

expone que los documentos a que hace alusión la

actora ya fueron contestados en tiempo y forma

mediante el eludido oficio ********** de fecha

veintidós de mayo de dos mil catorce.

La parte actora amplió su escrito de demanda

manifestando lo siguiente:

Que no se encuentra debidamente fundada y

motivada la resolución negativa expresa respecto

a que la empresa cumple con los requisitos para

realizar las actividades, que no existió

pronunciamiento sobre el domicilio de la empresa

que se señaló que es habitacional no industrial.

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Que no existió precepto legal alguno que faculte y

le otorgue competencia para emitir el acto

administrativo.

Que es un requisito esencial y una obligación de

la autoridad fundar en el acto de molestia su

competencia, por tanto para considerar que se

cumple con la garantía de fundamentación

establecida en el artículo 16 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es

necesario que la autoridad precise

exhaustivamente su competencia por razón de

materia, grado o territorio lo que no ocurrió.

Que existe una indebida fundamentación y

motivación, en las consideraciones por las que no

se ordenaron medidas de seguridad al respecto,

establecidas en el artículo 189 de la Ley

Ambiental para el Desarrollo Sustentable del

Estado de Michoacán.

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Que se viola el artículo 7 fracción X del Código de

Justicia Administrativa del Estado por no se

resolvió de manera congruente con lo solicitado.

Que el Procurador refiere que la solicitud fue

resuelta y contestada mediante oficio ********** sin

que pueda considerarse como resolución, ya que

sólo es un trámite en un Procedimiento

Administrativo iniciado, quedando pendiente la

emisión de la resolución.

Que en el oficio de referencia solo se menciona

que en momento oportuno se determinará

mediante resolución administrativa

correspondientes las sanciones a que haya lugar,

y refiere que se ordenó realizar una nueva visita

de inspección en la industria propiedad de la

presunta infractora.

Que el Procurador en el documento en cita

expresó que el procedimiento administrativo de

inspección y vigilancia, iniciado con motivo de la

denuncia presentada por el actor, en esos

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momentos se encontraba en etapa de inspección,

requiriendo de allegarse de más elementos para

determinar si existen o no presuntas

irregularidades en materia de impacto ambiental y

del contaminación atmosférica.

Que desconoce el Procedimiento Administrativo

iniciado por la Procuraduría de Protección al

Ambiente a la empresa, ahora tercero interesado,

por tanto, es inconcuso que exista solicitud de

información sobre el seguimiento a dicho

procedimiento, ya que al no tener conocimiento

sobre la instauración del mismo procedimiento,

no se encontraba en condiciones de solicitar el

seguimiento que se le dio.

Que la negativa expresa no se encuentra

debidamente fundada ni motivada, tampoco funda

y motiva la competencia y facultades con las que

actúa el Procurador.

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El Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en calidad

de autoridad demandada, en la contestación a la ampliación

de la demanda, manifestó lo siguiente:

Que el acto se encuentra fundado y motivado y

los oficios fueron emitidos por autoridad

competente de acuerdo al o previsto en el artículo

31 numeral 1 fracción II del Reglamento de la

Organización de la Administración Pública del

Municipio de Morelia, satisfaciendo los requisitos

de ley, por lo que no asiste razón al actor al

señalar que no se reúnen los requisitos de validez

del acto jurídico.

El Procurador de Protección al Ambiente del

Estado, en calidad de autoridad demandada, en la

contestación a la ampliación de la demanda, manifestó lo

siguiente:

Que la denuncia fue recibida y será atendida a la

brevedad posible y que el procedimiento

administrativo, es un expediente que se

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encuentra clasificado por lo que no se le puede

informar a la actora el estatus

Que con fecha diecinueve de junio de dos mil

catorce se le hizo del conocimiento que la

denuncia fue atendida.

Conforme a lo anteriormente señalado, y como

resultado del estudio de las constancias que integran el

presente expediente, a criterio de esta Sala Colegiada, no se

encuentra configurada la negativa ficta en relación a los

escritos de petición que presentó el demandante los días

nueve y diecinueve de mayo de dos mil catorce, ante el

Ayuntamiento de Morelia, Michoacán y el Procurador de

Protección al Ambiente del Estado de Michoacán,

respectivamente, según se expone:

IV.1 Escrito de fecha nueve mayo de dos mil catorce

presentado ante el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán.

El Código de Justicia Administrativa del Estado de

Michoacán establece como regla general, el requisito de la

decisión previa para la procedencia de una acción ejercida

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ante este Tribunal de Justicia Administrativa. Así, no son

admisibles pretensiones ante éste Órgano Jurisdiccional sin

la existencia de una manifestación de voluntad de la entidad

pública en relación a la cual la pretensión se formula.

Tal regla, empero, obliga a ciertas matizaciones en los

supuestos de reacción frente a actuaciones materiales o de

hecho, que estén o no legitimadas por un acto administrativo.

Si están legitimadas por un acto administrativo,

evidentemente la pretensión procesal deberá dirigirse contra

el mismo; pero si falta el acto administrativo legitimador o

existiendo este no es debidamente notificado, se estará ante

una auténtica vía de hecho frente a la que se podrá

reaccionar, además de las diversas vías procesales admitidas

con carácter general, por la del proceso administrativo.

En este último supuesto, para que el requisito de la

decisión previa no pueda utilizarse como medida para evitar o

demorar el acceso a la jurisdicción, el artículo 36 del Código

de Justicia Administrativa del Estado consagran la presunción

de que se entenderá denegada la petición o recurso que se

hubiese formulado o presentado ante la autoridad

JA-1504/2014-III 38

administrativa por el transcurso de los plazos previstos sin

haberse notificado resolución expresa alguna.

El silencio administrativo aparece como una presunción

legal, como una ficción que la ley establece a favor del

administrado, de que puede entender desestimada su

petición o recurso para el solo efecto de poder deducir frente

a la denegación presunta la pretensión admisible. El silencio

administrativo no tiene otro alcance que el puramente

procesal de dejar abierta la posibilidad de los particulares de

poder acudir ante este Tribunal a ejercer la acción

correspondiente.

En lo relativo a los requisitos para que se materialice o

configure la denegación presunta o negativa ficta, son los

siguientes:

1. La existencia de una petición de los particulares a la

administración pública, presentada ante autoridad

competente.

2. La inactividad de la administración.

JA-1504/2014-III 39

3. El transcurso del plazo previsto en la ley de la

materia.

En ese orden de ideas, cabe precisar que en relación al

primer requisito para la configuración de la negativa ficta, es

indispensable que tal petición sea elevada a autoridad

competente a fin de tener por configurado válidamente dicho

requisito.

Lo anterior es así tomando en consideración lo

dispuesto por los artículos 27, 35, 38, 59 y 60 del Código de

Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, mismos que

a la letra dicen:

“Artículo 27. El silencio administrativo es la omisión o la falta

absoluta de resolución de procedimientos administrativos

solicitados por el particular, dentro del plazo previsto por este

Código o las normas aplicables al caso concreto, que la

autoridad debiera emitir en sentido positivo o negativo.

Artículo 35. La negativa ficta es la figura jurídica por virtud de

la cual, ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución

de manera expresa, dentro de los plazos previstos por este

Código o las normas aplicables al caso concreto, se entiende

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que se resuelve lo solicitado por el particular, en sentido

negativo, en términos de lo dispuesto en este Código.

Artículo 38. La negativa ficta, puede ser combatida mediante

demanda de juicio ante el Tribunal, acompañando el escrito de

petición dirigido a la autoridad omisa, con el registro o sello de

la fecha de recibido.

La resolución del Tribunal dispondrá las condiciones y términos

en que la autoridad deberá emitir el acto o resolución que en su

momento, debió haber emitido y, en su caso, las sanciones a

que hubiere lugar.

Artículo 59. Las promociones deberán presentarse en las

oficinas administrativas correspondientes o en las oficialías de

partes o su equivalente.

Artículo 60. Cuando un escrito sea presentado ante una

autoridad incompetente, dicha autoridad deberá rechazar la

promoción fundando y motivando su resolución; pero si esa

autoridad depende o pertenece a la misma dependencia o

autoridad administrativa, en ese caso quien recibe el escrito

deberá turnarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a su

recepción a la competente para su trámite, en cuyo caso se

tendrá como fecha de presentación aquella en la que lo reciba

la competente.”

De una interpretación armónica y sistemática2 de los

artículos transcritos anteriormente se desprende, que una de

2 Cfr. En puntual apego al imperativo preceptuado en el artículo 5, segundo párrafo del Código de Justicia Administrativa de Michoacán, que en el particular señala de forma enunciativa más no limitativa los principios hermenéuticos que se observaran en la solución de controversias y aplicación de normas;

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las formalidades del procedimiento a observar por los

particulares al formular una petición, para los efectos de

la actualización de la negativa ficta, consiste en que ésta

debe presentarse ante autoridad administrativa

competente.

Así, La autoridad administrativa en cuanto órgano

dotado de facultades y atribuciones por las normas legales3,

se encuentra obligada como tal a dar respuesta por escrito y

en breve término, a cualquier petición que los particulares

formulen por escrito y de manera pacífica, de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos4, y los artículos 28, 45

…Para la resolución de controversias y aplicación de las normas, éstas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, los principios generales del derecho y los establecidos en este artículo. 3 Artículo 3. Para efectos del presente Código, se entiende por: … II. Autoridad: El servidor público investido de potestad de mando, que puede dictar, ordenar o ejecutar actos administrativos que afecten la esfera jurídica de los particulares, incluso con la fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho; III. Autoridades administrativas: Las enunciadas en el artículo 1 de este Código o cualquier otra autoridad facultada por las normas para dictar, ordenar o ejecutar actos administrativos; … 4 Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; … A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

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segundo párrafo y 50 fracción X, del Código de Justicia

Administrativa del Estado5.

Esto se explica, en atención a que a través de la figura

de la negativa ficta se permite al particular la posibilidad de

instar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado, de conformidad con el

artículo 38 del Código de Justicia Administrativa, ante quien

podrá solicitar el reconocimiento de algún derecho, partiendo

de la premisa que el mismo le ha sido denegado

presuntamente por la autoridad administrativa, por la sola

omisión de dar respuesta a su petición.

En ese sentido, de conformidad con el principio de

legalidad que debe privar en todos los actos administrativos,

la autoridad administrativa sólo puede hacer lo que le está

permitido por la ley; por tanto, de una interpretación a

5 Artículo 28. No podrá exceder de treinta días el plazo para que las autoridades resuelvan lo que corresponda... Artículo 45. La autoridad se encuentra obligada a recibir las solicitudes que el particular presente de forma escrita y respetuosa y por ningún motivo pueden negar su recepción, aún y cuando sean notoriamente improcedentes. La respuesta de la autoridad deberá ser por escrito, fundada y motivada, en los términos que establece este Código o las demás normas aplicables. Artículo 50. La autoridad, en sus relaciones con el particular, tendrá las siguientes obligaciones: … X. Dictar resolución o pronunciamiento expreso sobre cuantas peticiones le formulen; en caso contrario, operará la afirmativa o negativa ficta en los términos del presente Código, según proceda;…

JA-1504/2014-III 43

contrario sensu de dicho principio se puede afirmar, que la

autoridad administrativa no puede negar, ni aun fictamente lo

que legalmente no le está permitido conceder.

De ahí, que la petición planteada por el particular, para

que pueda producir los efectos de una negativa ficta ante la

omisión de la autoridad de dar respuesta a la misma, debe

estar vinculada necesariamente con las facultades del órgano

o servidor público que conoce de la petición, puesto que no

puede entenderse negada fictamente una petición respecto

de la cual, la autoridad no está facultada para resolver.

Lo anterior queda de manifiesto en el artículo 60 del

Código de Justicia Administrativa del Estado, que establece

las reglas que debe seguir la autoridad administrativa cuando

una petición sea presentada ante autoridad administrativa

incompetente:

1. La autoridad administrativa debe rechazar la

promoción fundando y motivando su resolución;

2. Si la autoridad administrativa competente para

resolver la petición depende o pertenece a la misma

JA-1504/2014-III 44

dependencia, la autoridad que recibe la solicitud

deberá turnarla dentro de las veinticuatro horas

siguientes a su recepción, a la autoridad

competente para su trámite, caso en el cual, se

tendrá como fecha de presentación aquella en

que lo reciba la competente.

Esto es, en los supuestos en que la autoridad sea

incompetente para resolver sobre el fondo del asunto o sobre

la procedencia formal de la petición, no se le exime del deber

de pronunciarse, y en su momento, hacer del conocimiento

del peticionario del acuerdo que ha recaído a su petición; sin

embargo, la omisión de la autoridad incompetente de dar

respuesta, no puede dar lugar a la actualización de una

negativa ficta; por lo que dicha omisión únicamente

podría acarrear responsabilidad administrativa

correspondiente, y en su caso, las sanciones a que hubiere

lugar, tal y como lo dispone la parte final del artículo 38 del

Código de Justicia Administrativa del Estado6.

6 Artículo 38. La negativa ficta, puede ser combatida mediante demanda de juicio ante el Tribunal, acompañando el escrito de petición dirigido a la autoridad omisa, con el registro o sello de la fecha de recibido. La resolución del Tribunal dispondrá las condiciones y términos en que la autoridad deberá emitir el acto o resolución que en su momento, debió haber emitido y, en su caso, las sanciones a que hubiere lugar.

JA-1504/2014-III 45

Orienta lo anterior por analogía, la jurisprudencia

sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación7, cuyo rubro y texto se transcriben a

continuación:

“PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA

CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN

GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE

CONSIDERAR EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA.

Conforme a la interpretación jurisprudencial de lo dispuesto

en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados

presentada por escrito ante cualquier servidor público, de

manera respetuosa y pacífica, éste deberá responder por

escrito y en forma congruente a lo solicitado, haciendo del

conocimiento de aquéllos el acuerdo respectivo en breve

plazo, sin que la autoridad esté vinculada a responder

favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien,

en virtud de que conforme al principio de legalidad

garantizado en el artículo 16 de la propia norma

fundamental, las autoridades únicamente pueden resolver

respecto de aquellas cuestiones que sean de su

competencia, en los términos que fundada y

motivadamente lo estimen conducente, para resolver sobre

lo que se pide, el servidor público ante el que se haya

instado deberá considerar, en principio, si dentro del

cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se

encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para

cumplir con el derecho de petición mediante una resolución

7 Segunda Sala, SJF9, t. XII, octubre de 2000, p. 357, tesis: 2a. CXXXIII/2000.

JA-1504/2014-III 46

congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde

precise que carece de competencia para pronunciarse

sobre lo pedido.”

En el caso que nos ocupa, obra a foja 24 del expediente

en que se actúa, el escrito sin fecha, dirigido al Ayuntamiento

de Morelia, Michoacán, con sello de recepción de fecha

nueve de mayo de dos mil catorce por parte de la Unidad de

Audiencia del referido Ayuntamiento; documental que tiene

pleno valor probatorio al tenor de lo establecido en el artículo

538 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, de

aplicación supletoria al Código de la materia, y del cual se

desprende que la parte ahora actora solicitó en sede

administrativa lo siguiente:

a) La intervención de las diferentes áreas del

Ayuntamiento para realizar inspecciones a empresa

de alimentos que utiliza materiales como gas y aceite,

los cuales considera la accionante, riesgosos para la

salud y para el ambiente, a efecto de corroborar si

cumple con los requisitos legales.

JA-1504/2014-III 47

b) Copia del expediente de la empresa **********, a efecto

de corroborar si cumplió con los requisitos para su

instalación.

c) La clausura del establecimiento comercial **********.

Ahora bien, en relación a lo solicitado por la parte

actora en la instancia administrativa, debe señalarse que el

artículo 53 fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal del

Estado de Michoacán de Ocampo; y el diverso 31, punto 1, II

y VII del Reglamento de Organización de la Administración

Pública del Municipio de Morelia, Michoacán, vigentes en la

época en que se presentó la petición, establecían lo

siguiente:

“Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo “Artículo 53. La Secretaría del Ayuntamiento dependerá directamente del Presidente Municipal y tendrá las siguientes atribuciones: … VI. Coordinar las acciones de inspección y vigilancia que realice el gobierno municipal; Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán. ARTÍCULO 31.- SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: 1. Dirección de Inspección y Vigilancia. …. 1. La Dirección de Inspección y Vigilancia.- Tendrá las siguientes facultades y obligaciones y contará con una Subdirección, Los Departamentos de Inspección y

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Verificación y el de Trámite y Control para el mejor desempeño de sus funciones: … II. Realizar las actividades de inspección y vigilancia necesarias para garantizar la observancia por los particulares, de las disposiciones reglamentarias municipales;

VII. Ordenar y practicar la clausura de comercios y giros en los casos y términos en que así lo dispongan los ordenamientos aplicables en el MUNICIPIO; …”

De lo cual se obtiene que corresponde al Ayuntamiento,

por conducto de su Secretaría, a través de la Dirección de

Inspección y Vigilancia, la competencia para llevar a cabo las

facultades mencionadas y que corresponden a lo solicitado

por la parte actora, dado que la Secretaría del Ayuntamiento

depende directamente del Presidente Municipal y entre sus

atribuciones tiene la de coordinar las acciones de inspección

y vigilancia que realiza el gobierno municipal; en tanto que a

la Dirección de Inspección y Vigilancia, dependiente de la

Secretaría del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, entre

otras atribuciones, corresponde realizar las actividades de

inspección y vigilancia para garantizar la observancia de las

disposiciones reglamentarias municipales y ordenar y

practicar la clausura de los comercios y giros en los casos

que lo dispongan las leyes aplicables; por tanto si la petición

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se formuló directamente ante el Ayuntamiento de Morelia,

Michoacán, es inconcuso que la solicitud se direccionó

correctamente por tratarse de atribuciones propias de

dicho Ayuntamiento.

Por otra parte, en materia de regulación de

establecimientos, los artículos 6° y 7° del Reglamento para el

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, Industriales

y de Servicios en el Municipio de Morelia, establecen las

atribuciones del Ayuntamiento y del Presidente Municipal, en

los siguientes términos:

Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicios en el Municipio de Morelia “ARTÍCULO 6°.- Son atribuciones del Honorable Ayuntamiento: I. Elaborar, aprobar y mantener actualizado, un Catálogo de Giros que forma parte integral de este Reglamento y al que debe supeditarse la expedición de todo tipo de Licencias contempladas en el presente Reglamento; II. Proponer al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo en la Ley de Ingresos, los derechos que los interesados deberán cubrir para la obtención de Licencias y Permisos que este Reglamento establece; III. Acordar y aprobar los requisitos adicionales a los que establece este Reglamento para cada Giro, como parte integral de este mismo ordenamiento y que debe publicar o entregar la Ventanilla Única a los interesados en obtener una Licencia o Permiso para el funcionamiento de cada Giro, de conformidad con las normas establecidas en los ordenamientos de carácter Federal, Estatal, Municipal; y que

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a criterio del propio Ayuntamiento, se requieran por el impacto social; IV. Acordar y ordenar la suspensión de actividades en fecha u horas determinadas de alguno o algunos de los establecimientos que operen bajo uno de los Giros considerados dentro de los géneros B y C, con la finalidad de preservar el orden y la seguridad pública o por razones de salud e interés público o social; V. Modificar, en su caso, la Tabla de Horarios de funcionamiento de todos los establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, que forma parte integral de este Reglamento; VI. Modificar, en su caso, el Tabulador de Infracciones y Sanciones, como parte integral de este Reglamento, aplicable por la violación a sus disposiciones y a las del Reglamento para la Venta, Consumo y Distribución de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Morelia; VII. Resolver el Recurso de Revisión a que se refiere el presente Reglamento; y, VIII.- Las demás que le confiera este ordenamiento y las disposiciones jurídicas aplicables.” “ARTÍCULO 7°.- Son atribuciones del Presidente Municipal: I. Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de conformidad a las disposiciones aplicables; II. Autorizar, firmar, expedir, negar o en su caso revocar las Licencias y Permisos en los términos de los Reglamentos respectivos; III. Instruir al Secretario del Ayuntamiento para que a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia lleve a cabo las visitas de inspección, verificación y clausura a que haya lugar, en los términos del Reglamento que competa; IV. Instruir las acciones operativas de inspección y vigilancia, respecto a las medidas de seguridad que deben de observar los establecimientos que supervise la Dirección Municipal de Protección Civil de conformidad a la Ley Orgánica Municipal, su propio Reglamento, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables;

JA-1504/2014-III 51

V. Ejecutar las resoluciones que emita el Honorable Ayuntamiento, a través de las dependencias municipales competentes; y, VI. Las demás que le confiera este ordenamiento y las disposiciones legales aplicables.”

De lo anterior se obtiene que dicho reglamento otorga

atribuciones al Presidente Municipal para realizar actividades

de inspecciones, verificación y clausura; de inspección y

vigilancia atinentes a las medidas de seguridad que deben

observar los establecimientos; así como autorizar, firmar,

expedir, negar o en su caso revocar las licencias y permisos

a los establecimientos; luego, si la actora solicitó la

realización de visitas de inspección a la empresa **********, y

en su caso, la clausura o reubicación, derivado de las

irregularidades en que pudiera incurrir con motivo de sus

actividades; resulta inconcuso que la competencia para

contestar la petición elevada por la actora ante el

Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, es competencia del

propio Ayuntamiento, resultando válido que la

contestación la realizara por conducto de su Presidente

Municipal.

JA-1504/2014-III 52

En ese orden de ideas, se tiene que el codemandado

Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, al contestar la

demanda, exhibió la resolución de negativa expresa

expedida por el Presidente Municipal de Morelia, quien

consideró que era competente para dar respuesta a la

petición formulada por la parte actora, el nueve de mayo

de dos mil catorce, pues de haber considerado lo contrario,

hubiera turnado la petición dentro de las veinticuatro horas

siguientes a su recepción a la autoridad competente para su

trámite, en términos del artículo 60 del Código de Justicia

Administrativa del Estado de Michoacán, pues como ya

quedó indicado, la Secretaría del Ayuntamiento, es una

autoridad que depende del propio Ayuntamiento de Morelia,

Michoacán; por tanto, es de tenerse por cumplido el primero

de los requisitos antes señalados consistente en que la

solicitud se hubiere presentado ante la autoridad competente;

máxime que cuando una petición se presenta ante una

autoridad incompetente ésta tiene la obligación de remitirla a

la competente para su atención, lo cual no aconteció en la

especie.

JA-1504/2014-III 53

En las relatadas consideraciones, es de concluirse que

la actora sí acreditó el primero de los elementos para que

emergiera la negativa ficta reclamada, virtud a que en el caso

existe una solicitud por escrito elevada ante la autoridad

administrativa competente, Ayuntamiento de Morelia,

Michoacán.

En ese contexto, si como se desprende de las

constancias que obran en autos, el escrito petitorio fue

presentado el nueve de mayo de dos mil catorce ante la

autoridad competente, como se advierte del sello de

recepción oficial de dicha dependencia, (foja 24 a 26 de

autos), y dado que al día de la presentación de la demanda -

veintiocho de noviembre de dos mil catorce-, no se había dado

respuesta a lo solicitado, es de decretarse por esta Sala

Colegiada que ha quedado plenamente acreditada la

configuración de la negativa ficta, al haber sido presentada

la petición ante autoridad competente y haber transcurrido en

exceso el término de ley sin que dicha autoridad haya dado

puntual respuesta a la mencionada petición; resultando en

consecuencia fundados los conceptos de violación

formulados por la parte actora en su escrito de demanda, en

JA-1504/2014-III 54

los que aduce se configuró dicha figura procesal, por lo que

en ese sentido deviene procedente el reclamo planteado en

la demanda, por lo que ve a la negativa ficta reclamada a la

autoridad demandada Ayuntamiento de Morelia.

IV.2 Escrito de fecha diecinueve mayo de dos mil

catorce presentado ante el Procurador de Protección al

Ambiente del Estado de Michoacán.

Corresponde en este apartado analizar la negativa ficta

imputada a la autoridad demandada Procurador de

Protección al Ambiente, respecto del escrito presentado en

diecinueve de mayo de dos mil catorce, acto en relación al

cual se tiene que obra en autos a foja 19, escrito dirigido a la

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, mediante

el cual le informa y solicita lo siguiente:

“PRIMERO.- Vecinos de la colonia **********, presentamos un

escrito de solicitud, con sello de recibido de esa Procuraduría a

su digno cargo el 16 dieciséis del mes de octubre del año 2013

dos mil trece, en el que en su parte conducente señalamos

textualmente lo siguiente:

“La empresa denominada **********, con ubicación en el número

JA-1504/2014-III 55

********** de la calle ********** de la calle ********** de esta ciudad,

atenta en contra de la salud y seguridad de los vecinos que

vivimos en la calle y colonia precitada, poniendo en riesgo

nuestras vidas y patrimonio; lo anterior, en virtud de que esta

empresa al aire Ubre tiene instalado tanques estacionarios de

gas en la azotea del inmueble donde elaboran sus productos,

además generan con sus vehículos problemas viales al

estacionarse en nuestras áreas cocheas (sjc) y/o al estacionarse

en doble fila. Asimismo, cuando se surte de gas, emana de sus

tanques este producto afectando a nuestras familias y al medio

ambiente, acciones y omisiones que nos produce inseguridad y

bastante miedo ya que a tres cuadras de este lugar tenemos a

nuestros hijos en la Escuela; asimismo, cerca de esta empresa

existe una gasolinera..."

SEGUNDO.- En virtud del escrito citado, mediante oficio número

**********, datado del 20 veinte de noviembre de 2013 dos mil

trece, el Lic. Leonardo Aridjis Alcaraz, Director de Inspección y

Vigilancia de esa Procuraduría que dignamente preside, que en

su parte conducente señala lo siguiente: ... me permito informarle

que personal de este Desconcentrado se constituyó en legal y

debida forma en el sitio denunciado el 05 de noviembre de 2013,

para verificar los hechos denunciados levantando acta

circunstanciada correspondiente, y en el momento procesal

oportuno se determinará mediante la resolución administrativa

correspondiente las sanciones a que haya lugar."

TERCERO.- Es el caso que a la fecha no se ha emitido

resolución, por lo que solicito la inmediata intervención y de ser

necesario se realicen las diligencias necesarias, para la rápida

solución de la problemática existente y trámites que conforme a

derecho sean procedentes, en atención de que por ser una

empresa que para la industrialización de los alimentos que

procesa requiere el uso de materiales peligrosos como son el gas

JA-1504/2014-III 56

y el aceite, entre otros, por lo que existe alto riesgo para la salud

y para el ambiente, como lo es la fuga de gas o provocar una

explosión, existiendo contaminación no solo en el aire sino en el

suelo, porque constantemente inhalamos el mal olor, la fábrica

genera ruido, los desechos de aceite, grasa, entre otros, se van

deteniendo en la tubería y provocan que se tape el drenaje tanto

de la calle como de las casas habitaciones, las coladeras, etc.

Es menester precisar, que la zona donde se encuentra instalada

la fábrica es zona habitacional no industrial, por tanto, es

contrario a derecho que se encuentre funcionando la FABRICA

**********, en la calle ********** número ********** de la Colonia

********** de esta ciudad de Morelia, Michoacán, además de que

como se insiste a escasas tres cuadras existe una escuela y a

pocos metros de distancia una gasolinera.

Además, cuando realizan trabajos de fumigación del predio en

donde se encuentra instalada la FABRICA **********, salen del

interior ratas y cucarachas, las que se refugian en nuestras casas

habitación, así mismo todos los días el citado establecimiento

mercantil cuando se fabrican los productos que comercializa

emite un tipo de polvo con grasa que se esparce y se introduce a

nuestros inmuebles, quedándose en los objetos que tenemos,

incluyendo en la ropa o incluso en los vehículos estacionados en

la calle, situación que es completamente insalubre, amén del

deterioro que sufren las cosas.

Por lo expuesto, le solicito tengan a bien girar sus apreciables

instrucciones, a efecto de que se verifique si el establecimiento

mercantil cumple con los requisitos legales y se realicen las

inspecciones necesarias para que se acredite que se encuentra

en zona de alto riesgo por ser habitacional, además de existir

peligro e inseguridad para nuestras vidas, la salud, nuestro

patrimonio, ambiental, etc.; asimismo por encontrarse una

JA-1504/2014-III 57

escuela y gasolinera a escasos metros.

Una vez que se determine la ilegalidad de la instalación de la

empresa que nos ocasiona conflicto, previo el trámite legal se

ordene la clausura definitiva, o en su caso, la reubicación del

establecimiento comercial, dedicado a la fabricación de botanas,

tostadas, frituras y tortillería, y se tomen inmediatamente las

medidas necesarias para el efecto de prevenir algún accidente

que puede ser de difícil reparación.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 436, y 437 fracción

II del reglamento de la ley Ambiental y Protección del Patrimonio

Natural del Estado de Michoacán, que a la letra rezan: (se

transcriben)

También, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Interior

de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado en sus

artículos 1°y 7o fracción XVI, que establecen textualmente: (se

transcriben)

De igual forma, conforme a lo estipulado en la Ley Ambiental y

Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán en

sus artículos 13, fracción III, artículo 14, y artículo 198 fracción

V. (se transcriben)

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 8

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

los numerales 56, 57, 59, 62, 63, 65, 67 y 68 del Código de

Justicia /Administrativa del Estado de Michoacán, a Ustedes

integrantes del Procurador de Protección al Ambiente del

Gobierno del Estado de Michoacán, atentamente solicito:

PRIMERO.- Se me tenga señalando domicilio para oír y recibir

JA-1504/2014-III 58

notificaciones.

SEGUNDO.- Autorizando a los profesionistas señalados en el

cuerpo del presente libelo, en términos del artículo 54 del

Código de Justicia Administrativa del Estado.

TERCERO.- Se me tenga solicitando se emita la resolución

que conforme a derecho sea procedente, y en su caso, se

realicen los trámites necesarios para verificar el funcionamiento

de la empresa denominada “**********".

CUARTO.- Me sea proporcionada copia del acta

circunstanciada levantada el 05 cinco de noviembre de 2013

dos mil trece, así como todos los documentos que obren en el

expediente del asunto que nos ocupa.

QUINTO.- Una vez agotados los trámites legales y de ser

procedente se ordene la clausura definitiva o en su caso, la

reubicación del establecimiento mercantil "********** ".

De lo transcrito se tiene que lo solicitado por la hoy

actora a la autoridad demandada consiste medularmente en

que:

a) Se giren instrucciones a efecto de que se verifique si

el establecimiento mercantil "********** cumple con los

requisitos legales y se realicen las inspecciones

necesarias para que se acredite que se encuentra en

zona de alto riesgo por ser habitacional, además de

JA-1504/2014-III 59

existir peligro e inseguridad para nuestras vidas, la

salud, patrimonio, ambiental, etc. y por encontrarse

una escuela y gasolinera a escasos metros.

b) Una vez que se determine la ilegalidad de la

instalación de la empresa que nos ocasiona conflicto,

previo el trámite legal se ordene la clausura definitiva,

o en su caso, la reubicación del establecimiento

comercial, dedicado a la fabricación de botanas,

tostadas, frituras y tortillería, y se tomen

inmediatamente las medidas necesarias para el efecto

de prevenir algún accidente que puede ser de difícil

reparación.

c) Le sea proporcionada copia del acta circunstanciada

levantada el cinco de noviembre de dos mil trece, así

como todos los documentos que obren en el

expediente correspondiente

d) Una vez agotados los trámites legales y de ser

procedente se ordene la clausura definitiva o en su

caso, la reubicación del establecimiento mercantil

"**********.

JA-1504/2014-III 60

En relación a la petición formulada por la parte actora y

transcrita en párrafos que anteceden, se tiene que el

veintidós de mayo de dos mil catorce, ARTURO GUZMÁN

ABREGO, en su carácter de Procurador de Protección al

Ambiente en el Estado, emitió acuerdo contenido en el oficio

número **********, en el que, en respuesta a dicha petición

señaló:

“VISTO el escrito signado por la C. **********, presentado ante

esta Procuraduría el día 19 diecinueve de mayo del año en

curso, y en atención a su contenido se emite el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Del escrito señalado al rubro del presente. Acuerdo,

se desprende que la promovente hace referencia a la denuncia

ciudadana presentada por vecinos de la colonia ********** de

esta Ciudad, ante este Desconcentrado el 16 dieciséis de

octubre de 2013 dos mil trece, misma qué dio origen a la

integración del presente expediente, refiriendo lo siguiente:

"...La empresa denominada **********, con ubicación en el

número ********** de la calle ********** de la calle ********** de

esta ciudad, atenta en contra de la salud y seguridad de los

vecinos que vivimos en la calle y colonia precitada, poniendo en

riesgo nuestras vidas y patrimonio; lo anterior, en virtud de que

esta empresa al aire libre tiene instalado tanques estacionarios

de gas en la azotea del inmueble donde elaboran sus

productos, además generan con sus vehículos problemas viales

al estacionarse en nuestras áreas (cocheas sic) y/o al

estacionarse en doble fila. Asimismo, cuando se surte de gas,

JA-1504/2014-III 61

emana de sus tanques este producto afectando a nuestras

familias y al medio ambiente, acciones y omisiones que nos

produce inseguridad y bastante miedo ya que a tres cuadras de

este lugar tenemos a nuestros hijos en la Escuela; asimismo,

cerca de :esta empresa existe una gasolinera..." :

En este sentido, tenemos que la promoción de cuenta, en

términos del artículo 151 de la Ley Ambiental para el Desarrollo

Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo, reuniendo

los Requisitos 152 de la ley antes mencionada, toda vez señala

el nombre y el domicilio del denunciante, los datos que permiten

la localización de la fuente contaminante, el nombre del

Presunto infractor, y la firma del denunciante, por lo que se

admite la presente denuncia ciudadana.

Así mismo, se tiene a la promovente por señalando domicilio

para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Mariano

Arista número 300, local 2, planta baja, en la colonia

Chapultepec Oriente de la ciudad de Morelia, Michoacán; así

como autorizado para recibirlas a los licenciados en derecho

María Isabel Ceja Linares, Miguel Antonio Polina Torres, Karlo

Martín Samaguey Zamora, Natllely Meló Gaytán, Daniel

Alejandro Hernández Chávez, Edy Santillán Flores, Armando

Ángeles Villaseñor.

SEGUNDO. Ahora bien, del contenido del ocurso de mérito se

desprende que dicha denuncia está relacionada con los mismos

hechos origen del presente expediente administrativo de

inspección y vigilancia, por lo que con base en el artículo 156

de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado

de Michoacán de Ocampo, “se ordena la acumulación de la

misma a este expediente.

TERCERO. En relación a lo expuesto en el punto TERCERO

de la promoción que nos ocupa, relativo a que hasta fecha no

JA-1504/2014-III 62

se ha emitido resolución, por lo que solicitó la inmediata

intervención le solicito tenga a bien girar sus apreciables

instrucciones, a efecto de que se verifique que el

establecimiento mercantil cumple con los requisitos legales..."

dígasele a la ocursante que:

1.- Esta Procuraduría con fecha 05 cinco de noviembre del, año

2013 dos mil trece, llevó a cabo visita de verificación de

condicionantes de la autorización en materia de impacto

ambiental emitida por la Secretaría de Urbanismo y Medio

Ambiente del Estado a favor de la persona moral "**********, y

de la Licencia Ambiental Única (materia de contaminación

atmosférica generada por fuentes fijas), expedida a favor de la

presunta infractora por la secretaría arriba mencionada,

habiendo sido informada de los resultados de la visita a la C.

Leticia Solís Santos, en cuanto representante de la colonia

**********, mediante oficio-número **********, el cuál es referido

en el escrito de cuenta, haciéndole de su conocimiento lo

siguiente: "...Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 157

de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado

de Michoacán de Ocampo, derivado de su denuncia presentada

mediante escrito ante esta Procuraduría, el día 18 de octubre

del año en curso, en el cual señala la inconformidad por el

funcionamiento de la empresa denominada ********** ubicada en

la calle ********** ********** de la colonia **********, sobre el

particular me permito informarle que personal de este

Desconcentrado se constituyó en legal y debida forma en el

sitio denunciado el día 05 de noviembre de 2013, para verificar

los hechos denunciados levantando el acta circunstanciada

correspondiente, y en el momento procesal oportuno se

determinará mediante la resolución administrativa

correspondiente las sanciones a que haya lugar..."

JA-1504/2014-III 63

2.- Derivado de lo asentado en el acta administrativa levantada

en la diligencia ya mencionada, y a fin de mejor proveer en el

presente asunto, esta Autoridad ordenó realizar nueva visita de

inspección en la industria propiedad de la presunta infractora,

acuerdo que en días posteriores se cumplimentará

debidamente;

3.- Con fecha 16 dieciséis de abril del presente año, y en

atención a su escrito de fecha de presentación en esta

Procuraduría 11 once de abril de 2014 dos mil catorce,

mediante oficio número **********, de nueva cuenta se le informó

a la C. Leticia Solís Santos el resultado de la actuación de esta

Procuraduría en el presente asunto, señalándole lo siguiente

...en atención riesgo que los colonos de ********** de esta

Ciudad Capital señalan tener con motivo de la operación de la

industria denominada **********, este Desconcentrado ordenó

dar vista de tal situación a la Dirección de Protección Civil y

Bomberos de Morelia, a efecto de que dentro de sus

atribuciones realicen las acciones correspondientes..."

4.- De igual forma, y derivado de la gestión de esta

Procuraduría, mediante oficio número **********, se le hizo

entrega de una copia simple del oficio de la Coordinación

Municipal de Protección Civil número ********** de fecha 23

veintitrés de abril del 2014, en el que en respuesta a la petición

realizada por este Desconcentrado, se informó lo siguiente:

"...Cabe mencionar que dos tanques estacionarios se

encuentran debidamente aterrizados a tierra y con el código de

colores en tubería, mismos que se encuentran en la azotea del

inmueble, ya que por norma es donde deben estar colocados,

es decir en área ventilada de acuerdo a lo que establécela

Norma Oficial NOM-004-SEDG-2004 "Instalaciones de

Aprovechamiento de Gas, L.P. Diseño y Construcción". Por lo

JA-1504/2014-III 64

que refieren a que cuando se surte gas se emana el olor, es

natural que esto ocurra en función de que se desfoga el vapor

cuando desconectan la manguera; sin representar ello un

problema mayor, pues esto es un procedimiento normal que se

realiza al surtir en casas habitación y empresas que cuentan

con tanques estacionarios...y,

5.- Por último, de conformidad con el artículo 176 de la Ley

Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de

Michoacán de Ocampo, el presente procedimiento

administrativo de inspección y vigilancia se encuentra en la

etapa de la inspección, en la que esta Procuraduría atiende la

denuncia ciudadana origen de este expediente, y lleva a cabo

las diligencias necesarias, tal y como ha quedado descrito en

los puntos anteriores; por tanto, esta Procuraduría requiere de

allegarse de más elementos para determinar mediante

acuerdo, si en el presente asunto existen o no existen

presuntas irregularidades en materia de impacto ambiental y de

contaminación atmosférica, lo que se llevará a cabo llegado el

momento procesal oportuno y de conformidad con el

procedimiento que marca la Ley Ambiental para el Desarrollo

Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo.

En consecuencia de lo arriba expuesto, esta Procuraduría ha

atendido debidamente la denuncia ciudadana origen del

presente procedimiento, lo cuál ha sido informado

oportunamente a la denunciante.

CUARTO. Por lo que ve al punto TERCERO de su pliego-

petitorio dígasele a la ocursante que se esté a lo expuesto en el

punto anterior.

JA-1504/2014-III 65

QUINTO. Respecto al punto CUARTO de su pliego petitorio

expídase a la promovente copia fotostática simple del acta

circunstanciada número AC/494/13 de fecha 05 cinco de

noviembre de 2013 dos mil trece, debiéndose ocultar los datos

personales de las personas que intervienen en la misma.

Por lo que ve a su petición "...así como todos los documentos

que obren en el expediente del asunto que nos ocupa...", no ha

lugar a su petición, toda vez que no especifica a los mismos,

aunado a que dentro del presente expediente existen

documentos que contienen datos personales, y comunicaciones

internas entre los funcionarios de esta Procuraduría; por tonto la

promovente deberá señalar de qué documentos requiere copia.

SEXTO. Por último, y en relación al punto QUINTO del pliego

petitorio, relativo a: "...Una vez agotados los trámites legales y

de ser procedente se ordene la clausura definitiva o en su caso

la reubicación del establecimiento mercantil "**********, esta

Procuraduría en el momento procesal oportuno: 1.- En caso de

existir en el presente asunto, infracciones a la Ley Ambiental

para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán de

Ocampo, emitirá el acuerdo de inicio de procedimiento, y la

resolución correspondiente en la que se determinarán las

sanciones correspondientes de conformidad al caso específico

y siguiendo las reglas que marca la propia ley arriba señalada; y

2.- En caso de no existir irregularidades comeditas en contra de

la Ley multiseñalada, se emitirá el acuerdo de archivo

correspondiente.

…”

JA-1504/2014-III 66

De lo señalado anteriormente se concluye que la

petición presentada por ********** a la Procuraduría de

Protección al Ambiente del Estado, fue atendida por el titular

de dicha procuraduría en todos y cada uno de sus puntos, ya

que se le informó que se tiene un procedimiento de

verificación instaurado frente a la empresa “********** como

consecuencia de su denuncia ciudadana y que en caso de

que esa Procuraduría determine la existencia de infracciones

a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado

de Michoacán de Ocampo, emitirá el acuerdo de inicio de

procedimiento, y la resolución correspondiente en la que se

determinarán las sanciones a que haya lugar de conformidad

al caso específico y siguiendo las reglas que marca la

referida ley y que en caso de no existir irregularidades

cometidas en contra de la Ley multiseñalada, se emitirá el

acuerdo de archivo correspondiente.

Asimismo, se acordó que se proporcionara a la actora

copia del acta circunstanciada levantada el cinco de

noviembre de dos mil trece y que por lo que correspondía a

su petición de que le fueran proporcionados "... todos los

JA-1504/2014-III 67

documentos que obren en el expediente del asunto que nos

ocupa...", no ha lugar a acordar de manera positiva la misma,

toda vez que no especifica cuáles son estos documentos,

aunado a que dentro del presente expediente existen

documentos que contienen datos personales, y

comunicaciones internas entre los funcionarios de esa

Procuraduría; por tanto la promovente debería señalar de qué

documentos requiere copia.

Establecido lo anterior, corresponde ahora determinar si

sobre la petición multirreferida operó la figura de la negativa

ficta prevista en el artículo 28, del Código de Justicia

Administrativa del estado, en donde se establece:

“Artículo 28. No podrá exceder de treinta días el plazo para

que las autoridades resuelvan lo que corresponda”.

Ahora bien, el artículo transcrito señalado anteriormente

no dispone la forma en que debe computarse el término de

que dispone la autoridad para dar respuesta a la petición que

le fue formulada, se hace necesario recurrir al capítulo quinto

del Código de Justicia Administrativa del Estado denominado

PLAZOS, TÉRMINOS Y NOTIFICACIONES en cuyo artículo

JA-1504/2014-III 68

86 refiere que los términos de computaran en días hábiles,

salvo disposición expresa en contrario, al disponer:

“Artículo 86. Los términos se contarán por días hábiles, salvo

disposición legal en contrario.

Empezarán a correr a partir del día hábil siguiente al en que

surtan sus efectos las notificaciones respectivas.”

De lo anterior se tiene que la autoridad demandada

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado contaba

con el plazo de treinta días hábiles para dar contestación a la

petición que le fue formulada por la parte actora, por lo tanto,

si esta ostenta sello de recepción ante dicha autoridad del

diecinueve de mayo de dos mil catorce, el mencionado plazo

empezó a correr el veinte siguiente y feneció el treinta de

junio de dos mil catorce, descontando de dicho plazo seis

sábados y seis domingos.

Cobra aplicación sobre el particular y a manera

ilustrativa la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados

de Circuito, localizable bajo el número de registro 251725 del

Rubro y contenido siguiente:

JA-1504/2014-III 69

“NEGATIVA FICTA. PARA SU CÓMPUTO DEBEN TOMARSE

EN CUENTA ÚNICAMENTE LOS DÍAS HÁBILES. El artículo 92

del Código Fiscal de la Federación señala que las instancias o

peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser

resueltas en el término de noventa días, y que el silencio de las

autoridades durante ese término se considera como resolución

negativa. Por tanto, si bien es cierto que el precepto legal

mencionado no señala en qué forma se computará el término de

noventa días a que se refiere, también lo es que ese precepto

forma parte de un contexto legal que debe ser interpretado en

forma conjunta en lo que sus disposiciones se relacionen, como

lo es, el Código Fiscal de la Federación; en consecuencia, si el

artículo 105 del código citado, dispone que en los términos

legales en trámites administrativos, fijados en días, por las

disposiciones generales, o por las autoridades fiscales, se

computarán sólo los hábiles, debe entenderse que para computar

el término a que se refiere el artículo 92 del código mencionado,

se tomarán en cuenta únicamente los días hábiles, en virtud de

que dicho término está fijado en días como lo preceptúa el

artículo 105 citado.”

En ese orden de ideas, conviene señalar que a fojas 49

del expediente en que se actúa obra constancia de

notificación del acuerdo del veintidós de mayo de dos mil

catorce, emitido por ARTURO GUZMÁN ABREGO, en su

carácter de Procurador de Protección al Ambiente en el

Estado, mediante el cual se atiende la respuesta formulada

por el actor; documental que goza de pleno valor probatorio al

JA-1504/2014-III 70

tenor de lo establecido en el artículo 536, del Código de

Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria al

Código de Justicia Administrativa del Estado y de la que se

desprende que el diecinueve de junio de dos mil catorce

se notificó a la hoy actora el acuerdo referido anteriormente a

través de su autorizado Edy Santillán Flores.

Aunado lo anterior, la actora en escrito de ampliación

de demanda presentada a través de su autorizada en

términos Amplios María Isabel Ceja Linares, de manera

expresa señala que sí le fue notificado el acuerdo a través del

cual se atiende su solicitud, al señalar:

“Erróneamente refiere que la solicitud fue resuelta y contestada

mediante oficio **********, ya que, efectivamente se notificó

dicho documento, sin embargo no se puede considerar una

resolución, sino únicamente un trámite que comprende el

Procedimiento Administrativo Iniciado con motivo de la solicitud

presentada por su propio derecho la parte actora, quedando

pendiente emitir resolución.”

Por lo anterior, si el escrito de petición presentado el

diecinueve de mayo de dos mil catorce, ante la Procuraduría

de Protección al Ambiente del Estado, fue atendida mediante

acuerdo del veintidós siguiente y notificada a la actora a

JA-1504/2014-III 71

través de su autorizado el diecinueve de junio del mismo año,

y el plazo de treinta días hábiles con que contaba la autoridad

para emitir y notificar dicha respuesta fenecía hasta el treinta

de junio de dos mil catorce, es indubitable que a la fecha de

la notificación antes mencionada no había transcurrido el

plazo a que hace referencia el artículo 28 del Código de

Justicia Administrativa del Estado, por lo que no se

satisface el tercero de los requisitos, relativo al transcurso del

plazo previsto en la ley de la materia, precisado en epígrafes

que anteceden, para que opere la negativa ficta.

Por lo anterior, a la fecha de presentación de la

demanda de nulidad origen del presente juicio –veintiocho de

noviembre de dos mil catorce-, no había operado la figura de

la negativa ficta a que hace alusión la actora y por ende, su

acción es improcedente.

Ahora, la negativa ficta al ser una figura eminentemente

procesal sólo tiene como finalidad el abrir la puerta del

proceso al particular en aquellos supuestos en los cuales la

autoridad administrativa sea omisa en pronunciarse en torno

a una petición formulada por el particular y que hace posible

JA-1504/2014-III 72

el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva

permitiéndole el acceso a la jurisdicción del Tribunal a fin de

exigir que la autoridad de respuesta a lo pedido y su omisión

no se prolongue de manera indefinida, por lo al no

actualizarse en ésta en relación al Procurador de Protección

al Ambiente en el Estado, deviene improcedente el estudio de

los conceptos de violación esgrimidos en contra de la

respuesta emitida y notificada a la accionante en relación a la

solicitud presentada en sede administrativa, al volver

inoperantes los agravios esgrimidos en contra de la respuesta

emitida y notificada en tiempo por la demandada, al

encontrarse supeditada la procedencia de su estudio a la

configuración de la negativa ficta denunciada.

Ahora bien, en estricto acatamiento a la ejecutoria

de amparo directo que se cumplimenta se señala lo

siguiente:

En escrito de ampliación de demanda presentado ante

la Ponencia Instructora el día nueve de abril de dos mil

quince, la parte demandante refiere sustancialmente:

a) Que el oficio **********, emitido por esa autoridad, no

podía considerarse como la resolución que resuelve los puntos

JA-1504/2014-III 73

propuestos por la actora en su petición, pues aún no se llevaban a

cabo las inspecciones, ni se habían determinado las sanciones

correspondientes;

b) Que con ese oficio no se resolvieron todos los puntos

propuestos, como fue realizar todos los trámites necesarios para

verificar el funcionamiento de la empresa denominada **********,

como tampoco que se habían agotado todos los trámites legales

ni la clausura definitiva o en su caso, la reubicación del

establecimiento mercantil mencionado; y,

c) Que es improcedente la pretensión de la demandada de

solicitar constantemente información sobre el seguimiento que ha

dado a la solicitud realizada por la accionante, pues la autoridad

tiene obligación de iniciar el procedimiento administrativo, que

constituye de varias etapas, hasta el dictado de una resolución

que dirima las cuestiones controvertidas.

Argumentos los anteriores que resultan infundados en

virtud de lo siguiente:

Mediante escrito presentado al Procurador de

Protección al Ambiente del Estado el día diecinueve de mayo

de dos mil catorce, por Martha Angélica Zavala Hernández,

solicitó a dicha autoridad lo siguiente:

JA-1504/2014-III 74

a) Se giraran instrucciones a efecto de que se verificara

si el establecimiento mercantil ********** cumple con los

requisitos legales y se realicen las inspecciones necesarias

para que se acredite que se encuentra en zona de alto riesgo

por ser habitacional, además de existir peligro e inseguridad

para nuestras vidas, la salud, patrimonio, ambiental, etc. y por

encontrarse una escuela y gasolinera a escasos metros.

b) Una vez que se determinara la ilegalidad de la

instalación de la empresa, previo el trámite legal se ordene la

clausura definitiva, o en su caso, la reubicación del

establecimiento comercial, dedicado a la fabricación de

botanas, tostadas, frituras y tortillería, y se tomen

inmediatamente las medidas necesarias para el efecto de

prevenir algún accidente que puede ser de difícil reparación.

c) Le sea proporcionada copia del acta circunstanciada

levantada el cinco de noviembre de dos mil trece, así como

todos los documentos que obren en el expediente

correspondiente

d) Una vez agotados los trámites legales y de ser

procedente se ordene la clausura definitiva o en su caso, la

reubicación del establecimiento mercantil "**********.

JA-1504/2014-III 75

Respecto a lo anterior, la ahora demandada emitió y

notificó a la actora el oficio ********** del veintidós de mayo de

dos mil catorce, dictado por Arturo Guzmán Abrego, en su

carácter de Procurador de Protección al Ambiente en el

Estado, mediante el cual de manera puntual le informó:

a) Que esa Procuraduría con fecha cinco de noviembre de

dos mil trece, llevó a cabo visita de verificación de condicionantes

de la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la

Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado a favor de

la persona moral "********** y de la Licencia Ambiental Única,

expedida a favor de la presunta infractora por la secretaría

mencionada, informándose de tales resultados a Leticia Solís

Santos, en cuanto representante de la colonia **********, mediante

oficio-número **********;

b) Que derivado de lo asentado en el acta administrativa

levantada en la diligencia mencionada en el párrafo que antecede

y a fin de mejor proveer, se ordenó realizar nueva visita de

inspección en la industria propiedad de la presunta infractora;

c) Que con fecha dieciséis de abril de dos mil catorce,

mediante oficio número **********, de nueva cuenta se informó a la

C. Leticia Solís Santos el resultado de la actuación de la

Procuraduría de Protección al Ambiente, especificando a aquélla

que “...en atención al riesgo que los colonos de ********** de esta

JA-1504/2014-III 76

Ciudad Capital señalan tener con motivo de la operación de la

industria denominada **********, este Desconcentrado ordenó dar

vista de tal situación a la Dirección de Protección Civil y Bomberos

de Morelia, a efecto de que dentro de sus atribuciones realicen las

acciones correspondientes..."

d) Que mediante oficio número **********, se le hizo entrega

de una copia simple del oficio de la Coordinación Municipal de

Protección Civil número ********** de fecha 23 veintitrés de abril

del 2014, en el que en respuesta a la petición realizada por este

Desconcentrado, se informó lo siguiente: "...Cabe mencionar que

dos tanques estacionarios se encuentran debidamente aterrizados

a tierra y con el código de colores en tubería, mismos que se

encuentran en la azotea del inmueble, ya que por norma es donde

deben estar colocados, es decir en área ventilada de acuerdo a lo

que establécela Norma Oficial NOM-004-SEDG-2004

"Instalaciones de Aprovechamiento de Gas, L.P. Diseño y

Construcción". Por lo que refieren a que cuando se surte gas se

emana el olor, es natural que esto ocurra en función de que se

desfoga el vapor cuando desconectan la manguera; sin

representar ello un problema mayor, pues esto es un

procedimiento normal que se realiza al surtir en casas habitación y

empresas que cuentan con tanques estacionarios...y,

JA-1504/2014-III 77

e) Que de conformidad con el artículo 176 de la Ley

Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de

Michoacán de Ocampo, el procedimiento administrativo de

inspección y vigilancia se encuentra en la etapa de la inspección,

en la que la Procuraduría atiende la denuncia ciudadana origen de

este expediente, y lleva a cabo las diligencias necesarias para

allegarse de elementos que permitan determinar si en el presente

asunto existen o no existen presuntas irregularidades en materia

de impacto ambiental y de contaminación atmosférica, por parte

de la persona moral **********

De lo señalado se concluye que en el oficio **********

del veintidós de mayo de dos mil catorce, dictado por Arturo

Guzmán Abrego, en su carácter de Procurador de Protección

al Ambiente en el Estado, sí se dio respuesta y tramite de

manera congruente a la solicitud de la actora, esto es

atendiendo los puntos específicos de su denuncia.

Lo anterior ya que se informó a ********** que la

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, giró las

instrucciones correspondientes a efecto de verificar en

cumplimiento por parte de la empresa **********, para la

autorización en materia de impacto ambiental y Licencia

Ambiental Única emitidas por la Secretaría de Urbanismo y

JA-1504/2014-III 78

Medio Ambiente del Estado a favor de dicha persona moral,

señalando además que lleva a cabo un procedimiento de

verificación instaurado frente a la empresa “********** como

consecuencia de su denuncia ciudadana y que en caso de

que esa Procuraduría determinara la existencia de

infracciones a la Ley Ambiental para el Desarrollo

Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo, emitirá el

acuerdo de inicio de procedimiento, y la resolución

correspondiente en la que se determinarán las sanciones a

que haya lugar de conformidad al caso específico y siguiendo

las reglas que marca la referida ley –como pueden ser la

clausura o reubicación solicitada por la parte actora-.

Asimismo informó a la demandante que era procedente

su solicitud de que se le expidiera copia del acta

circunstanciada levantada el cinco de noviembre de dos mil

trece y que por lo que correspondía a su petición de que le

fueran proporcionados "... todos los documentos que obren

en el expediente del asunto que nos ocupa...", no había lugar

a acordar de manera procedente la misma, al no especificar

cuáles son éstos documentos, dado que en el expediente

existen documentos que contienen datos personales, y

JA-1504/2014-III 79

comunicaciones internas entre los funcionarios de esa

Procuraduría, requiriendo a la entonces promovente

especificar de cuáles documentos requería copia, por lo que

se concluye que sí se dieron respuesta a los puntos

propuestos.

QUINTO. Estudio de la negativa expresa reclamada

al Ayuntamiento de Morelia. Una vez establecido que se

configura la negativa ficta imputada a la autoridad

demandada Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, procede

entrar al estudio de la legalidad de la negativa expresa

derivada del escrito de contestación de demanda que éste

presentó ante la ponencia instructora, estudio que se

realizará en relación a los conceptos de violación esgrimidos

por el actor vía ampliación de demanda, en los siguientes

términos.

El actor refiere en su escrito de ampliación de demanda

como conceptos de violación dirigidos a la negativa expresa

del Presidente Municipal de Morelia, lo siguiente:

“SEGUNDO.- En atención que la contestación de la demanda constituye la negativa expresa, el acto administrativo no se encuentra debidamente fundado y motivado, viola lo establecido en el artículo 7 fracción VIII

JA-1504/2014-III 80

del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, que señala literalmente: (transcribe) En el escrito de contestación de demanda, el apoderado jurídico del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, no funda ni motiva la negativa a la petición realizada por la C. **********, aunado a ello carece de fundamentación y motivación la determinación de considerar que la empresa **********., cumple con los requisitos para realizar actividades. Así mismo, sin fundamentación y motivación, refiere que la petición se trata de cuestiones ya resueltas en fechas anteriores, sin que acredite tal situación; aseveraciones contrarias a derecho, en atención de que efectivamente se había presentado una solicitud dirigía al Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, misma que no fue resuelta, además de que el escrito planteado ante el H. Ayuntamiento contiene cuestiones diferentes a las referidas en el primer escrito, como claramente se puede apreciar en dichos documentos; amén de que es obligación de la autoridad emitir respuesta a las solicitudes de los particulares dentro del términos legal, y al no hacerlo se configura la negativa ficta. Insistiendo en que el planteamiento realizado en el escrito dirigido al Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, y el presentado ante el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, motivo del juicio en que se actúa, que si bien es cierto ambos son el (sic) relación a la empresa denominada **********, son peticiones diferentes. Ahora bien, en el escrito dirigido al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, se hizo del conocimiento que la zona en la que se encuentra instalado el establecimiento mercantil es zona habitacional no industrial, por tanto es contrario a derecho su funcionamiento, así mismo se solicitó que previo al trámite legal se ordene la clausura definitiva, o en su caso, la reubicación del establecimiento comercial, dedicado a la fabricación de botanas, tostadas, frituras y tortillería, se tomen inmediatamente las medidas necesarias para el efecto de prevenir algún accidente que puede ser de difícil reparación; así mismo se solicitó copia del expediente integrado para el otorgamiento de las autorizaciones otorgadas a la negociación para su debido funcionamiento, sin que se hay fundado y motivado la negativa a la solicitud realizada por el promovente del presente juicio, tampoco existe fundamentación y motivación del por qué consideran sobre el legal

JA-1504/2014-III 81

establecimiento en el domicilio en el que realizan actividades mercantiles ubicado en la calle ********** de la colonia **********, ya que no es zona industrial sino habitacional, sin tomar en consideración que no se cuenta con el dictamen de uso de suelo. En concordancia a lo anterior, no se señalaron los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado, violando la fracción I del artículo 7 del Código de Justicia Administrativa del Estado, que textualmente establece: (transcribe) Del numeral descrito en el acto impugnado debió de haber señalado con precisión el precepto legal que le otorgue la atribución ejercida, pues el sólo hecho de asentar su nombre y estampar la firma, no lo autoriza para emitir el acto en mi perjuicio e insistir en que la empresa motivo de la presente controversia cumple con los requisitos, dejando a la parte actora en completo estado de indefensión, en virtud de que no tienen posibilidades de conocer si tiene capacidad legal para emitir el acto administrativo o para saber si se encuentra ajustado a derecho, el permitir continúe con las actividades comerciales la negociación. En la negativa expresa se deduce que no se asentó precepto legal alguno que faculte que otorguen competencia para emitir el acto administrativo, al no señalar las facultades con las que actúa se viola el artículo 7 fracción VIII del citado Código de Justicia Administrativa, en concordancia con el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad tiene la obligación de fundar y motivar su actuación, y desde luego su competencia, misma que se entiende por la atribución otorgada por la Ley a una autoridad para realizar una actuación o emitir una resolución sobre una materia, en un territorio y en un tiempo específico; situación por la que al no existir precepto legal alguno en el acto administrativo impugnado que faculte a la autoridad en la expedición del acto impugnado, es decir, no fundamentó su competencia material y territorial, por lo que se emitió de manera ilegal, ya que en el asunto que nos ocupa debió de haber estado emitido por autoridad que se encuentre facultado para ello, debiendo establecer los preceptos legales que le otorgue legitimación para emitir actos en agravio del gobernado.

JA-1504/2014-III 82

Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia:…”COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.” De la jurisprudencia citada con anterioridad se desprende lo siguiente: que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, ya que sólo puede hacer lo que la ley le permite de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; situación que en caso que nos ocupa no ocurrió. Es de suma importancia señalar que los vecinos de la colonia **********, se encuentran con el temor fundado de que ocurra algún accidente con consecuencias irremediables, ya que, las actividades de la empresa se realizan utilizando gas, siendo indispensable para la elaboración de los productos que comercializa, utilizando el gas todos los días durante la mayor parte del día; tomando en consideración el antecedentes que se tiene los hechos lamentables ocurridos recientemente en el Hospital Materno Infantil de la Delegación Cuajimalpa, en la Ciudad de México, el día 29 veintinueve de enero del año 2015 dos mil quince, en donde el siniestro fue provocado por el gas, situación que fue del dominio público, y publicado por la mayoría de los medios de comunicación. No paso por alto señalar, que al utilizar gran cantidad de gas diariamente, se cuenta con el grave riesgo de una explosión en el establecimiento mercantil, que puede ser

JA-1504/2014-III 83

provocada por diversas causas, como puede ser una chispa, una falla mecánica o eléctrica, e incluso estática. TERCERO.- Por lo que respecta a la contestación de demanda firmada por el Apoderado Jurídico del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, constituye la negativa expresa, existe confesión de que se configuró la negativa ficta, siendo contrario a derecho que pretenda revocar la resolución negativa ficta, ya que no es autoridad que cuente con facultades para tal determinación, porque ningún precepto legal le otorga facultades y/o competencia para revocar la resolución negativa ficta, aunado a que no funda ni motiva tal situación. La negativa ficta se encuentra configurada, y la contestación de la demanda constituye la negativa expresa, y es en la contestación en la que se debe expresar los hechos y el derecho en que apoya la negativa, siendo contrario a derecho que se pretenda que la resolución emitida por el Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, se tome en cuenta como la resolución expresa recaída a la solicitud de la parte actora, ya que en la propia contestación de demanda se tenía la obligación de solicitar expresamente que los fundamentos y motivos que la sustentan también se tenga como respaldo, y al no haberse planteado el H. Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, no podrá introducir la negativa expresa. Tiene aplicación la siguiente: … NEGATIVA FICTA. SI LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA EN SU CONTRA, EXHIBE UNA RESPUESTA NEGATIVA EXPRESA, PARA QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS QUE LA SUSTENTAN SE TENGAN COMO RESPALDO DE AQUÉLLA, DEBERÁ SOLICITARLO EXPRESAMENTE.(transcribe).

TERCERO.- Las ahora demandadas, violan en perjuicio de la parte actora lo establecido en el artículo 7 fracción II del Código de Justicia Administrativa que señala: … En el escrito de contestación de demanda el apoderado jurídico del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, se limita a señalar que con fecha anterior se había realizado petición dirigida al Presidente Municipal de Morelia Michoacán, solicitud a la que se dio seguimiento y ya se habían realizado las actuaciones correspondiente para la resolución de la misma, aseveración errónea ya que,

JA-1504/2014-III 84

como se manifestó con anterioridad la petición dirigida al Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, se plantean cuestiones diversas a las solicitadas mediante escrito presentado el 09 nueve de mayo de dos mil catorce, ante el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, que es el que constituye el acto reclamado del juicio en que se actúa, amen de que no impugnado el libelo entregado al citado presidente ni es autoridad demandada particularmente. Sin pasas de manifestar que erróneamente se hace referencia que la solicitud elevada a la autoridad se encuentra resuelta, ya que, en ningún momento se ha notificado a la parte actora la resolución, desconociendo el contenido. Es menester precisar que es procedente la solicitud realizada ante el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, ya que cuenta con facultades para realizar el trámite que conforme a derecho sea procedente para solicitar la problemática existente, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo, que señala textualmente lo siguiente: Se transcribe CUARTO.- Se viola lo preceptuado en el artículo 7 fracción X del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, que es puntual al señalar que un acto administrativo para considerarse válido es necesario que se expida de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos propuestos; situación que en el asunto que nos ocupa no ocurrió, ya que por una parte no se expide la negativa expresa de manera congruente con lo solicitado, ni resolvió todos los puntos propuestos, como se hizo referencia en los conceptos de violación citados anteriormente. Por último es necesario destacar que las autoridades demandadas simple y vagamente se limitan deslindarse de responsabilidades sin fundamentar ni motivar su proceder violando así los derechos humanos así como las garantías individuales consagradas en los artículos 4 constitucional que dispone en su parte conducente: (transcribe) Por todo lo expuesto en el presente escrito, es que se demanda el reconocimiento de los derechos amparados en la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos para que, la parte actora así como su familia, y

JA-1504/2014-III 85

los vecinos del establecimiento mercantil, puedan estar en condiciones de gozar de su derechos antes señalados, principalmente en los artículos 4 y 27 constitucionales y así se le restituya en el goce de sus derechos arbitrariamente transgredidos.

(foja 77-82)

Los Magistrados de este Tribunal consideran que los

motivos de inconformidad esgrimidos por la parte actora,

resultan substancialmente fundados, atento a las siguientes

consideraciones de hecho y de derecho:

En su conceptos de violación tercero, señala que en

síntesis que existe un error de hecho y derecho, porque en el

escrito de contestación de demanda el apoderado jurídico del

Ayuntamiento de Morelia, se limita a señalar que con fecha

anterior se había realizado petición dirigida al Presidente

Municipal de Morelia, solicitud a la que se le dio seguimiento

y se habían realizado las actuaciones; pero que no

impugnan el libelo entregado al citado presidente, que se

plantean cuestiones diversas y que no se les ha notificado.

Al efecto, conviene traer al caso, la solicitud planteada

por la actora en sede administrativa, mediante escrito

JA-1504/2014-III 86

presentado el nueve de mayo de mil catorce, por el que

esencialmente solicitó lo siguiente:

a) Que se realicen las inspecciones necesarias para la

rápida solución de la problemática presentada mediante

escrito de quince de octubre de dos mil trece, donde se

expuso que la empresa **********, atenta contra la salud y

seguridad de los vecinos, en virtud de que tiene instalado al

aire libre tanques estacionarios de gas en la azotea del

inmueble donde elaboran sus productos, además de que

genera problemas viales con sus vehículos; y cuando surte

gas emana dicho producto afectando a las familias y medio

ambiente, lo cual les produce inseguridad y miedo a una

explosión, además de que constantemente inhalan mal olor,

perciben ruido, los desechos de aceite, grasa y otros,

provocan que se tape el drenaje.

b) Que la zona donde se encuentra instalada la fábrica

es zona habitacional no industrial, por lo que es contrario a

derecho que se encuentre funcionando en la calle **********,

número **********, de la colonia **********, de esta ciudad de

Morelia, Michoacán.

JA-1504/2014-III 87

c) Que la fábrica se encuentra comprendida dentro del

catálogo de giros del género B de alto impacto, conforme al

Reglamento de Establecimientos Mercantiles y de Servicios

de Morelia, desconociendo si cumplió con dichos requisitos,

por lo que solicita copia certificada del expediente que se

integró con tales requisitos.

d) Que solicita se ordene la verificación si el

establecimiento mercantil cumple con los requisitos legales y

se realicen las inspecciones necesarias para que se acredite

que se encuentra en zona de alto riesgo por ser habitacional.

e) Que una vez que se determine la ilegalidad de la

instalación de la empresa, previo el trámite legal, se ordene la

clausura definitiva, o bien, la reubicación del establecimiento

comercial, y se tomen las medidas necesarias para prevenir

algún accidente.

En tanto que en relación a ese escrito de petición de la

actora, el Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, dio

contestación señalando que no dio seguimiento a la petición,

toda vez que ya se habían realizado las actuaciones

JA-1504/2014-III 88

correspondientes para dar solución pues el cinco de

noviembre de dos mil trece se realizó acta de inspección en

el establecimiento denominado **********, asentándose que

cumple con la normatividad prevista para el buen

funcionamiento del establecimiento mercantil, no existiendo

ningún riesgo inminente a la salud y patrimonio de los

vecinos. (foja 61)

Lo anterior constituye una confesión expresa, que es

valorada en el artículo 526 del Supletorio Código de

Procedimientos Civiles del Estado, y es apta para tener por

demostrado que no existió un seguimiento de la petición y

posterior a ella no se realizó inspección alguna, ni tampoco

se hizo del conocimiento de la parte accionante la postura de

la autoridad en relación a la no necesidad de volver a realizar

inspecciones por considera el buen funcionamiento de la

empresa **********

Entonces, se considera que en la respuesta expresa,

existe error de hecho sobre el objeto y fin, en contravención

al artículo 7, fracción II, del Código de Justicia Administrativa

del Estado, toda vez que cada petición es autónoma y la

obligación de la autoridad es dar respuesta a las solicitudes

JA-1504/2014-III 89

que se le planteen, mas no considerar la no necesidad de dar

seguimiento por el hecho de anteriormente haber realizado –

en el caso- una inspección en el lugar de la empresa tercero

interesada, aunado a que tampoco se acreditó la primera

petición realizada ni que la respuesta fuera hecha del

conocimiento a la actora como sostuvo la autoridad

demandada.

Orienta lo anterior, la tesis con registro 183460 del

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y

su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, Materia Común,

página: 1796 que dispone:

“PETICIÓN. TRATÁNDOSE DE ESE DERECHO NO

EXISTEN ACTOS DERIVADOS DE OTROS

CONSENTIDOS QUE ORIGINEN LA

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO

CONSTITUCIONAL. El artículo 8o. constitucional

concede a los gobernados el derecho de petición

cuando se formula por escrito, de manera pacífica y

respetuosa. De ese modo, cuando se satisfacen

esos requisitos basta que el particular se duela en su

demanda de garantías que en su contra se

transgredió ese derecho para que resulte procedente

el juicio de amparo y, en consecuencia, sean

examinados los conceptos de violación propuestos

por la parte quejosa en el amparo indirecto, esto es,

si la autoridad emitió la respuesta correspondiente

en forma congruente y en breve término, con

independencia de que la autoridad responsable

manifieste en su informe justificado que existe algún

JA-1504/2014-III 90

acto relacionado con la petición que fue consentido

por la peticionaria. Lo anterior obedece al hecho de

que cada petición hecha a la autoridad es autónoma

respecto a cualquier otro acto, de donde se sigue

que no se actualiza la causa de improcedencia

prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de

Amparo.

Con el vicio advertido se considera ilegal la

respuesta expresa y es procedente declarar la nulidad de,

para el efecto que la autoridad demandada, emita una

respuesta, en el que de respondan las pretensiones del

ahora accionantes.

Lo anterior es así, ya que la autoridad demandada

Ayuntamiento de Morelia, dentro del presente juicio, no

pueden evadir darle el trámite a las solicitudes de los

particulares, y este Tribunal no puede autorizar tal cuestión,

al estimarse que son facultades propias, inherentes a la

autoridad municipal, lo cual no podría realizar este órgano

colegiado por requerir inclusos conocimientos técnicos y

especializados en materia de protección civil, seguridad,

medio ambiente, entre otros, y por ello no se está en

condiciones de substituir el quehacer de las autoridades

administrativa para resolver la clausura y reubicación de la

JA-1504/2014-III 91

empresa, como se solicita en el escrito de petición materia

del presente juicio.

Lo anterior, tiene sustento en la tesis con registro

número 228690, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario

Judicial de la Federación Volumen III, Segunda Parte-1,

Enero a Junio de 1989, materia Administrativa, página 479,

que es de rubro y texto siguientes:

“NEGATIVA FICTA. EN CASO DE DECLARARSE SU NULIDAD ESTA NO TIENE QUE SER, NECESARIAMENTE, LISA Y LLANA. No tiene base legal la pretensión en el sentido de que tratándose de la nulidad que se decrete de una resolución negativa ficta, aquélla tiene que ser, necesariamente, lisa y llana, toda vez que los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, señalan los casos en que procede se declare la nulidad lisa y llana así como para efectos de que se emita una nueva resolución, sin establecer excepción alguna en cuanto a su aplicación. Por tanto, si la Sala Fiscal declara la nulidad en virtud de la omisión de requisitos formales, causal de ilegalidad establecida en la fracción 11 del artículo 238 citado, se ajusta a derecho al imprimirle a su sentencia el efecto de que la autoridad administrativa emita una nueva resolución en que subsane aquella omisión, pues así lo establece el último párrafo del artículo 239 del ordenamiento mencionado, al ordenar que "el Tribunal Fiscal de la Federación declarara la nulidad para el efecto de que se emita una nueva resolución cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II, III, y en su caso, V, del artículo 238 de este código".”

Ahora bien, al haberse declarado la nulidad del acto

JA-1504/2014-III 92

impugnado, resulta innecesario analizar los restantes

argumentos hechos valer por el actor, pues en nada variaría

el sentido de la presente resolución, ya que pese a ser

fundados, se insiste que este Tribunal no puede resolver el

fondo de la petición por ser trámites y facultades propias de la

autoridad administrativa.

Finalmente, se concede a la autoridad demandada

dentro del presente juicio, el término de diez días contados a

partir de que surta efectos la notificación de la presente

resolución, para que de cumplimiento a la presente sentencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado además en

los artículos 272, 273, 274, 278, fracción II, 280 y 283 del

Código de Justicia Administrativa del Estado es de

resolverse y se

R E S U E L V E:

PRIMERO. Este Órgano Jurisdiccional es competente

para conocer y resolver el presente juicio administrativo.

SEGUNDO. No se actualizaron causales de

improcedencia o sobreseimiento.

JA-1504/2014-III 93

TERCERO. No se configuró la negativa ficta respecto

del escrito presentado al Procurador de Protección al

Ambiente del Estado de Michoacán.

CUARTO.- Se configuró en contra del Presidente

Municipal de Morelia, Michoacán, la negativa ficta respecto

de la solicitud presentada por la demandante al Ayuntamiento

de Morelia, Michoacán, el nueve de mayo de dos mil catorce.

QUINTO. Los conceptos de violación en contra de la

negativa expresa resultaron fundados por lo que se declara

la nulidad para los efectos precisados en el último

considerando.

SÉXTO. Notifíquese a las partes y remítase copia

certificada de la presente sentencia al Segundo Tribunal

Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del

Décimo Primer Circuito.

JA-1504/2014-III 94

Así lo resolvió la Sala del Tribunal de Justicia

Administrativa de Michoacán de Ocampo, en sesión

extraordinaria del día veintisiete de octubre de dos mil

dieciséis, por unanimidad de votos de los Magistrados

ARTURO BUCIO IBARRA, Presidente, CONSUELO MURO

URISTA y GRISELDA LAGUNAS VÁZQUEZ, Instructora,

ante la Maestra en Derecho Araceli Pineda Salazar,

Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.-

MAGISTRADO PRESIDENTE ARTURO BUCIO IBARRA

MAGISTRADA INSTRUCTORA

MAGISTRADA CONSUELO MURO

JA-1504/2014-III 95

GRISELDA LAGUNAS VÁZQUEZ.

URISTA.

M. EN D. ARACELI PINEDA SALAZAR SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.

La suscrita Maestra en Derecho Araceli Pineda Salazar, Secretaria General de Acuerdos, hace constar que la presente foja forma parte íntegra del cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo número 379/2016 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, correspondiente al expediente del Juicio Administrativo número JA-1504/2014-III, aprobada en sesión extraordinaria del día veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los Magistrados ARTURO BUCIO IBARRA, Presidente, CONSUELO MURO URISTA y GRISELDA LAGUNAS VÁZQUEZ, Instructora; fallo que consta de cuarenta y ocho fojas y es del siguiente tenor: “PRIMERO. Este Órgano Jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio administrativo. SEGUNDO. No se actualizaron causales de improcedencia o sobreseimiento. TERCERO. No se configuró la negativa ficta respecto del escrito presentado al Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán. CUARTO.- Se configuró en contra del Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, la negativa ficta respecto de la solicitud presentada por la demandante al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, el nueve de mayo de dos mil catorce. QUINTO. Los conceptos de violación en contra de la negativa expresa resultaron fundados por lo que se declara la nulidad para los efectos precisados en el último considerando. SÉXTO. Notifíquese a las partes y remítase copia certificada de la presente sentencia al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.” Conste.- “La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 97, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el nombre de la actora, de su apoderado, de los terceros interesados, los números, tipo de signos distintivos en controversia, su denominación, diseño y los servicios que protegen; información considerada legalmente como reservada, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”