Definiciones de Crimen Organizadoobservatorio.insusep.edu.ar/descargarEstadiscica/556dd9b36b20e7a…Diciembre 2013 Documento de Trabajo Crimen Organizado a Nivel Local El caso de la

Diciembre 2013

Documento de Trabajo

Crimen Organizado a Nivel Local El caso de la Ciudad de Buenos Aires

Diego M. Fleitas Ortiz de Rozas

con la colaboración de María Quevedo

Trabajo Comisionado por el Ministerio Público Fiscal

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires

2

Crimen Organizado a Nivel Local. El caso de la Ciudad de Buenos Aires - Diego M. Fleitas Ortiz de Rozas

Este trabajo fue Comisionado por el Ministerio Público Fiscal

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y finalizado en Diciembre de 2012

Las opiniones vertidas aquí son del autor y no necesariamente responden

a las del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad

El autor es Msc en Políticas Públicas (University of Oxford), Abogado y Sociólogo

(UBA), Director de la asociación para Políticas Públicas

y Consultor de Gobiernos y Organismos Internacionales

Para más información o por sugerencias

por favor contactarse a [email protected]

www.app.org.ar

http://www.app.org.ar/

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Abstract

En este trabajo se analizan discusiones teóricas y metodológicas alrededor del crimen organizado,

y se estudian en particular las dinámicas locales de dicho tipo de crimen en la Ciudad de Buenos

Aires.

Para ello, se tienen en cuenta las características de las estructuras y procesos internos de grupos o

redes criminales; sus actividades tanto las logísticas o de “soporte” de la organización, como las

dirigidas a su objeto específico. En otro nivel de análisis, se ven las características de los miembros

de los grupos criminales y los motivos de su participación. También se analizan cómo es la

interacción de estas organizaciones con otros actores, gubernamentales, empresariales o grupos

sociales.

Asimismo, se discuten cuáles son las causas del crimen en general y del organizando en particular,

y se intenta comprobar como dichas causas inciden en los niveles delictivos en la Ciudad. Las

actividades ilegales en la Ciudad que están analizadas con más detalle son: las usurpaciones, el

juego clandestino y los “cuida-coches”, las que si bien suelen tener relaciones con problemas

sociales, en ocasiones tienen fuertes vínculos con organizaciones criminales y redes de protección.

Dentro de las conclusiones se destaca que en la Ciudad existen actividades y mercados ilegales

que tradicionalmente han estado vinculados a redes de protección policiales y políticas y que

funcionaban bajo cierto modus vivendi. Sin embargo habría una nueva dinámica del delito y la

violencia, que estarían independizadas de causas más generales y estructurales; pero que quizás

están asociados al surgimiento de organizaciones delictivas de alto riesgo, algunas con contactos

internacionales; a conflictos entre bandas; el incremento de mercados ilegales como el de drogas

o mercados informales; y el agravamiento de problemas sociales o factores de riesgo específicos

tales como los jóvenes que no estudian ni trabajan, o el crecimiento de zonas urbanas fuera del

control estatal.

Asimismo, se señalan las dificultades para combatir el crimen organizado en la Ciudad debido a

conflictos inter-jurisdiccionales e insuficiente cooperación inter-agencial.

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INDICE

1. Introducción 2. Definiciones de Crimen Organizado 3. Aspectos Metodológicos para Estudiar el Crimen Organizado

Diagnósticos sobre Crimen Organizado Análisis de la Empresa Criminal Análisis de Redes Problemas en los Datos e Indicadores sobre Crimen Organizado

4. Características de las Organizaciones 5. Actividades Criminales 6. Crimen Organizado ¿Internacional o Local? 7. Características de las Personas Involucradas 8. Causas del Delito en General y del Crimen Organizado en Particular

¿Desocupación y Delito en la Ciudad? ¿Desigualdad? Grupos de Riesgo

¿Jóvenes? Jóvenes que No Estudian Ni Trabajan ¿Migrantes?

Factores de Riesgo: Drogas y Alcohol Desempeño de las Instituciones del Sector Seguridad Explicaciones Específicas del Crimen Organizado

Aspectos Estructurales - Economía en Negro Zonas fuera del Control Estatal Corrupción Oferta y Demanda Regulación Estatal – Ilegalidad. Causas del negocio de la “Protección” ¿Por qué el crimen se hace en forma organizada o independiente?

9. Relación con el Estado y la Política 10. Relación con las Empresas 11. Algunos Casos de Crimen Organizado en la Ciudad de Buenos Aires

a. Usurpación b. Juego c. “Trapitos”

12. Bibliografía 13. Anexos.

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1. Introducción

A pesar de que las actividades del crimen organizado comienzan y tienen efecto en lugares concretos, que

algunas de sus precondiciones tales como contar información o con redes de corrupción también tienen un

fuerte clivaje local, y que parte de las autoridades que deben lidiar con él, también tienen dicha condición

(Fijnaut, 2001; Varese, 2011), esta característica local suele ser relegada a la hora tanto del análisis como del

desarrollo políticas, dándose un mayor énfasis o incluso quizás sobre-dimensionamiento al aspecto

trasnacional (Beare, 2000).

Precisamente por ello en el marco de esta investigación comisionada por el Ministerio Público Fiscal de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires se intentará poner foco en la dinámica local del crimen organizado,

teniendo en cuenta además el alcance de las competencias judiciales de esta Ciudad. De todas maneras ello

no implicó que se dejara de lado aspectos más amplios, ya que las mismas organizaciones criminales pueden

realizar actividades o delitos en diferentes jurisdicciones, o incluso internacionalmente. A su vez, hay

problemas o discusiones que son comunes a todo tipo de organización criminal más allá de cual sea su

alcance territorial.

Entonces, primero se tratarán discusiones teóricas y metodológicas alrededor del crimen organizado, en las

que confluyen cuestiones tanto jurídicas como políticas, económicas o sociales; intercalando además

información específica y ejemplos sobre la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, se analizan las características

y dinámica respecto a las usurpaciones, juego clandestino y cuida-coches en la Ciudad, las que si bien suelen

tener relaciones con problemas sociales, en ocasiones tienen fuertes vínculos con organizaciones criminales

y redes de protección, manejan grandes sumas de dinero o tienen un importante impacto económico, todo

lo cuál las hace relevante a efectos de este trabajo.

Así, desde una perspectiva teórica, se verán discusiones y problemas para la definición de crimen

organizado, su eventual diferencia con otros tipos de actividades delictivas. Luego se presentarán algunas

discusiones metodológicas respecto al estudio o desarrollo de políticas en el tema, presentando un marco

analítico general (Ostrom, 1999) que serviría para integrar las múltiples teorías y niveles de análisis, para

además ver herramientas más específicas sobre el tema, por ejemplo diagnósticos realizados sobre crimen

organizado; evaluaciones de riesgos y amenazas; análisis de la empresa criminal; análisis de redes; y

desarrollo de indicadores y problemas en los datos sobre crimen organizado (UNODC, 2010).

Teniendo en cuenta las definiciones y cuestiones metodológicas previas, luego se verán las características de

las estructuras y procesos internos de grupos o redes criminales; sus actividades tanto las logísticas o de

“soporte” de la organización, como las dirigidas a su objeto específico, por ejemplo la producción de bienes y

servicios, la penetración de empresas y gobiernos, la “protección” y resolución de conflictos, y actividades

predatorias en forma organizada. En otro nivel de análisis, se discutirán las características de los miembros

de los grupos criminales y los motivos de su participación.

Asimismo, se analizarán cuáles son las causas del crimen en general y del organizando en particular, ya que

las primeras también inciden en forma directa o indirecta en su forma organizada. Para todo ello, se tendrán

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en cuenta aspectos estructurales y contextuales, u otros más específicos. Por ejemplo, se verá el eventual

vínculo del delito en general con fenómenos como la desocupación, la desigualdad, la existencia de grupos

de riesgo, cambios en factores de riesgo como el abuso de drogas alcohol, y el desempeño de las

instituciones del sector seguridad.

A su vez, se discutirá respecto al crimen organizado su asociación con: características estructurales de los

países, los niveles de economía en negro; la existencia de zonas fuera del control estatal - que incluso

pueden estar dentro de las ciudades; la corrupción gubernamental; la demanda y capacidad de oferta de

bienes y servicios ilegales; la existencia de regulaciones que prohíben o limitan dichos mercados; la

necesidad de “protección” debido a derechos inciertos, conflictos sin resolución, o debilidad del Estado; y

finalmente los costos y beneficios de los delitos con relación a la “escala”, los que pueden favorecer o no

hacerlos en forma organizada

La relación entre Estado y el crimen organizado también se analizará mas en detalle, debido al impacto que

puede tener el problema sobre las capacidades estatales; a que el alcance y características de los grupos

criminales se encuentran a su vez determinados por las políticas y regulaciones del gobierno; y a la

importancia de relaciones de por ejemplo alianza, corrupción o enfrentamiento que pueden existir entre

ambos. A su vez, se explorarán las relaciones con el mundo empresarial, en el marco de las cuales el crimen

organizado puede realizar actividades lícitas o ilícitas, lavar activos, tener una relación simbiótica, o

extorsionar a empresas.

Más allá de cuestiones teóricas o generales y de revisiones bibliográficas, a fines de este trabajo se

recopilaron estadísticas e información periodística sobre la dinámica del crimen organizado en la Ciudad, y

también datos económicos y socio demográficos que sirvieran para contextualizarla. Asimismo, se realizaron

numerosas entrevistas a funcionarios del Ministerio Público Fiscal, a expertos en el tema, a empresarios y a

representantes de la sociedad civil, a todos lo cuales les estamos muy agradecidos por su tiempo.

Sin embargo, a lo largo de este trabajo se evitará puntualmente mencionarlos, y tampoco se nombrarán

personas u organizaciones específicas, primero por razones de confidencialidad, segundo para evitar

innecesarios conflictos legales sobre casos que incluso pueden estar en curso, y tercero porque el fin del

trabajo no perseguir judicial o policialmente a nadie en particular, sino que meramente analizar la dinámica

del crimen organizado; y por eso también se vuelven irrelaventes las menciones en cuestión.

Con relación al contexto general y los casos analizados en la Ciudad de Buenos Aires es de destacar:

Habría una nueva dinámica del delito y la violencia, independizada de explicaciones más generales y

estructurales, y quizás más asociada a cuestiones específicas como la existencia de organizaciones

delictivas de alto riesgo, conflictos entre bandas, el incremento de ciertos mercados ilegales o

problemas sociales puntuales o factores-grupos de riesgo muy concretos.

En Ciudad de Buenos Aires existió una fuerte relación entre los niveles de desocupación con los de

robo y homicidio hasta el 2005, sin embargo luego dicha relación desaparece o se vuelve inversa.

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En forma similar, habrían descendido los niveles de desigualdad en la Ciudad en los últimos años, es

decir que también tendría una relación inversa con el incremento del delito ocurrido.

La cantidad de Jóvenes que no estudian ni trabajan descendió en la Ciudad, pero en Conurbano se

incrementaron la cantidad de jóvenes “inactivos”, y esto último sí podría incidir en los niveles

delictivos. Sin embargo, también se puede hipotetizar que, más allá de las estadísticas, la educación

y el sistema laborar sufrió una precarización que impide considerarlos realmente integradoras de los

jóvenes, perdiendo signficancia la medición de los denominados NINI.

El incremento ocurrido de los niveles de consumo de alcohol y drogas en los jóvenes incidiría no sólo

en los niveles de violencia, sino que también implicaría el aumento de mercados ilegales.

El crecimiento del 52%, de la población en “villas miseria” del 2001 al 2010 en la Ciudad, y un

fenómeno similar en el conurbano, conlleva un aumento tanto de personas en situación de

vulnerabilidad, como de zonas con baja presencia estatal, lo cual favorece la consolidación de

organizaciones criminales. Lo dicho no debe llevar a su estigmatización, sino que implica la necesidad

de políticas sociales-urbanas, de presencia del Estado y sólo en los casos que sea pertinente

intervenciones de tipo securitaria

La concentración de los homicidios en “villas de emergencia” en la Ciudad, además de señalar un

fenómeno de exclusión, también podrían indicar conflictos por control territorial de grupos

organizados.

Igualmente, los casos de sicariato y la alta proporción de victimas de homicidio de algunas

nacionalidades (peruanos y colombianos) también podrían indicar una dinámica vinculada a

criminalidad organizada. Siendo también notables las 8 victimas de homicidio de nacionalidad china

ocurridas en el año 2011 en la Ciudad.

En los imputados por algunos delitos y contravenciones se ha observado una alta proporción de

determinadas nacionalidades, en particular peruana, lo cual además de señalar problemas de

exclusión social, también estaría vinculado a la existencia de redes u organizaciones que realizan

actividades delictivas. Lo dicho no debe llevar a la discriminación, sino primero a la adopción de las

medidas de inclusión, y sólo cuando corresponde la adopción de medidas securitarias.

La infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, más el tamaño de su población, los

convierte en un lugar importante tanto para el tránsito, como para la provisión de bienes y servios

ilegales.

La proporción de la economía en “negro” de la Argentina, estimada en 25% - 30%, facilita la

realización de actividades informales o ilegales controladas por el crimen organizado.

La existencia de actividades no reguladas o ilícitas, la ausencia de derechos formales y la

imposibilidad de resolver conflictos por vías legales, genera la necesidad de “protección”, que puede

ser brindada por la criminalidad organizada, lo cual ocurriría en diferentes aspectos de la Ciudad

La corrupción y falta de respecto a las normas también facilitaría el surgimiento de organizaciones

criminales.

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Sectores de la policía, de la política, de empleados públicos o sindicatos, en ocasiones por las

funciones que cumplen pueden ejercer la industria de la protección/extorsión pero desde el Estado.

Los “barras bravas” por su capacidad de ejercer violencia, y sus vínculos con la política y la policía,

controlan diferentes territorios y actividades ilegales.

Grupos pertenecientes a la Policía Federal hasta recientemente tenían la capacidad de ser los

principales actores en el negocio de la protección y de la regulación de actividades ilícitas, pero

manteniendo cierto nivel de orden, lo cual se hacía evidente en los pocos conflictos que había por el

control territorial. A cambio de lo cual, el poder político les dejaba autonomía.

Sin embargo, el deterioro institucional más el surgimiento de organizaciones criminales poderosas

habrían resquebrajado dicho modus vivendi y ello siembra interrogantes y abre la posibilidad

escaladas y conflictos abiertos con la criminalidad.

El sector privado tiene relación ambigua con el crimen organizado, ya que si bien en parte puede ser

victima de actividades predatorias, hay otros que tienen una relación más simbiótica, como algunas

empresas textiles o industrias que se benefician de los talleres ilegales o de la venta en la vía pública,

los cuales no podrían además ocurrir sino hubiera atrás una larga cadena de evasión impositiva y

contrabando.

En cuanto a las usurpaciones, hubo 2.671 casos denunciados desde segundo semestre del 2008

hasta el segundo semestre del 2010, y si bien hay detrás un problema social, al mismo tiempo se

han detectado numerosas organizaciones que lucran de dicha actividad, en la que emplean ciertos

niveles de violencia. Estas organizaciones en ocasiones cuenta con protección política, o son

utilizadas como base para otras actividades delictivas, impactando en la seguridad de los barrios

La concentración de las usurpaciones no solo en determinados barrios, sino que incluso en ciertas

cuadras, puede ser un indicador además de deterioro urbanístico, de que las ocupaciones una vez

ocurridas tienden a replicarse en zonas cercanas, lo cual debería ser tenido en cuenta para acciones

preventivas.

Además, la diferente proporción de la nacionalidad de los imputados por ocupaciones según la zona

de la Ciudad puede estar indicando no sólo factores socio demográficos sino que también áreas de

control territorial.

El juego clandestino responde más a patrones tradicionales y piramidales de organización criminal,

con un fuerte vinculo con la protección de sectores de la policía y la política, pero en el que sólo

ocasionalmente hay situaciones de violencia.

En el caso de un importante “empresario” quinielero de la Ciudad se estima que facturaba

aproximadamente 36 millones al año, y que sus ganancias “limpias” rondaban el 10 % de dicha cifra.

De todas formas es una industria que estaría perdiendo mercado, entre otras razones por cambios

culturales y el surgimiento del juego on line, que resulta complejo de regular y perseguir dado su

carácter multi jurisdiccional.

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La actividad de los trapitos o cuida coches también tiene problemas sociales de trasfondo, pero

igualmente detrás de los casos más importantes hay redes de protección u organizaciones

criminales, sea vinculadas a sectores de la policía o a los “barra brava”, los cuales a su vez tiene

lazos comunicantes con la protección política.

En una estimación cautelosa realizada en este trabajo se calculó que en un partido de fútbol los

trapitos podrían llegar a recaudar $ 250 mil, pero hay estimaciones de que llegan a los $ 5 millones .

Esta actividad suele tener niveles latentes de violencia, que en ocasiones se vuelven más serios en

particular cuando están vinculados a los barras bravas. Dicha violencia puede ser ejercida no sólo

contra los clientes sino que también por el control territorial, llegando en algunos casos a producirse

tiroteos. Lo cual es un indicador de la importancia del negocio y de las organizaciones que hay

detrás.

La competencia para la persecución legal de estos hechos ilícitos en Argentina se encuentra sub

dividida lo cual genera bastantes obstáculos y desafíos de coordinación e intercambio de

información.

Es competencia de la justicia local, generalmente con poco potencial sancionatorio, perseguir los

delitos “menores” y contravenciones analizados aquí, pero es competencia de la justicia federal la

persecución por ejemplo de los delitos de asociación ilícita, cohecho, evasión impositiva, o lavado de

dinero, figuras íntimamente vinculadas al crimen organizado y con más capacidad punitiva.

Sin embargo la aplicación de estos tipos penales “federales” depende de que dicho fuero de

continuidad a los casos iniciados a nivel local, o que por motu propio se aboque a los aspectos más

graves de delitos locales, todo lo cual tendería a no ser de su prioridad. Además, en lo que respecta

al delito de asociación ilícita, este en principio no sería aplicable a los casos contravencionales.

Por ello, resultaría recomendable que se establezcan mecanismos formales y sistematizados de:

o Seguimiento de los casos que pasan al fuero Federal.

o Intercambio de información y coordinación.

o Grupos de Trabajo conjunto.

Hay agencias gubernamentales tanto nacionales como de la Ciudad que poseen información y

capacidad de intervención muy relevante respecto a aspectos del crimen organizado (ej. impositivos,

edilicios, seguridad laboral, inspección, etc.), por lo que es un factor clave que también se

establezcan con ellos mecanismos sistematizados de intercambio de información y grupos de

trabajo conjunto.

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2. Definiciones de Crimen Organizado

La definición de qué es crimen organizado conlleva muchas dificultades, ya que es un problema complejo,

multidimensional y puede tener distintas perspectivas. Por ejemplo, puede haber definiciones normativas de

orden nacional o internacional; otras vinculadas a la práctica judicial, -la cual hace referencia a delitos

complejos; o definiciones originadas en las ciencias sociales que intentan definir el problema de acuerdo a

las características que cada autor considera más importante.

Esta multiplicidad conceptual también se ve complejizada debido a que los límites del crimen organizado con

otros fenómenos pueden tornarse bastante borrosos, por ejemplo respecto al crimen de guante blanco,

criminales profesionales, la corrupción política, el terrorismo, o incluso ciertos casos de crimen común.

Además, la definición o anatemización de una actividad como crimen organizado tienen una fuerte carga

política, y dependiendo el punto de vista, el mismo grupo puede pasar de ser un grupo de adolescentes

excluidos, terroristas, enterprenuers, políticos clientelisticos, u organizaciones criminales de alta

peligrosidad. Ello es un ejemplo de cierto nivel de discrecionalidad a la hora de las definiciones, pero que no

es privativa de la política, sino que también se extiende tanto al mundo jurídico como al académico.

En dicho último ámbito diferentes autores señalan el riesgo de definiciones conceptuales fuertes sobre

crimen organizado, fenómeno que en ocasiones puede ser simplemente una entelequia. Lo cual además

puede originar un sesgo a la hora de hacer las investigaciones, que provocaría una suerte de síndrome de

Colón al descubrir las Indias, es decir que el analista identifique como crimen organizado a todo lo que se

cruce en el camino. Por ello, algunos recomiendan tener un enfoque más empírico y observar las actividades

criminales, la interrelación entre sus actores, y eventualmente que tipo de estructura organizacional se

genera (AOCRC, 2007).

De todas maneras, las definiciones de los estudios académicos sobre crimen organizado terminan casi

siempre una fuerte vinculación con la de las normas “positivas” o formales, ya que estas al fin de al cabo son

las que establecen sus limites, por ejemplo de qué es ilegal o criminal y que no (Zoutendijk, 2010).

A su vez, dado el fuerte peso que tiene en el arte y en la opinión pública la imagen mitológica de grandes

carteles criminales, organizados jerárquicamente, al estilo de supuestamente la mafia siciliana, eso puede

provocar que se tienda a buscar dicho tipo de organización; cuando en la realidad la mayoría de las

organizaciones criminales son pequeñas, de poca duración, no demasiado cohesionadas, y con estructuras

jerárquicas difusas (Paoli y Fijnaut, 2006)

Yendo a definiciones legales concretas, es de recordar que el Código Penal de la Argentina tiene un régimen

general de autoría delictual que alcanza a los múltiples participes de un delito,1 y que por ende también

abarca a los que eventualmente participen en una organización para cometer los delitos en cuestión. Sin

embargo, el Código Penal también un tipo penal específico respecto a las organizaciones criminales, que es

1 Artículos 45 a 49.

11


el de la “asociación ilícita” que establece que “Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el

que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo

hecho de ser miembro de la asociación”2. Asimismo, la figura de la organización también se encuentra en

algunas normas especiales, tal como la Ley de Estupefacientes, que agrava las penas cuando los delitos

fueran cometidos por tres o más personas organizadas.3

Dicha definición de “asociación ilícita” conlleva varios problemas de aplicación a nivel de la Ciudad de

Buenos Aires, primero es un delito que no fue delegado a la Ciudad, y por ende de encontrarse asociaciones

ilícitas en la comisión de delitos si delegados, por ejemplo usurpación, luego la eventual investigación de la

asociación va a depender de lo que luego lleve a cabo o no el fuero Federal. Por otro lado, la comisión de

contravenciones no es un delito en el sentido literal del término, y por tanto no se encontrarían alcanzadas

por la figura de asociación ilícita. Sin embargo, muchas actividades de grandes organizaciones criminales

pueden ser meramente contravencionales, como ejemplo el juego clandestino.

A nivel internacional, es de destacar la definición que da la “Convención de las Naciones Unidas contra la

Delincuencia Organizada Transnacional” que establece en que: “Por “grupo delictivo organizado” se

entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe

concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la

presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio

de orden material”4

Las mencionadas definiciones normativas vinculadas al crimen organizado del Código Penal argentino y de la

Convención de Palermo tienen en común que las asociaciones o grupos deben estar destinados a cometer

delitos (sino, valga la perogrullada, no serían criminales), y tener varios miembros y cierta duración en el

tiempo5. Estas dos últimas características, numero de miembros y duración temporal, son las que en general

diferenciarían el crimen organizado del delito común (Bailey y Taylor, 2008)

Sin embargo, existen diferencias entre el delito de asociación ilícita en el Código y la definición de grupo

criminal organizado en la Convención de Palermo, y dichas diferencias suelen ser eje de polémicas jurídicas y

académicas. Por ejemplo, la tipificación establecida por el Código Penal es bastante amplia, y de tal forma la

jurisprudencia solo exigiría que haya una cohesión mínima para que sean consideradas asociaciones ilícitas

(Dallesio, 2010), mientras que la Convención resulta más específica, y establece que como requisitos que el

grupo sea estructurado, que los delitos sean graves, y que su fin sea obtener un beneficio económico.

Así, el nivel de estructuración u organización es uno de los principales ejes definitorios y de discusión en

materia de crimen organizado, en el que en un extremo están organizaciones altamente jerárquicas y

consolidadas en el tiempo como la mafia siciliana o la yakuza; y en el otro extremos hay redes criminales más

pequeñas y difusas, y este último tipo es el que caracteriza, en los hechos, a la mayoría de las organizaciones

criminales (Paoli y Fijnaut, 2006; Beare, 2000).

2 Artículo 210

3 Ley 23.737, artículo 11.

4 Art. 2 inc. a)

5Esto último está en forma explicita en la Convención y en forma implícita en el Código Penal

12


En razón de ello, es que se considera que el concepto de “red criminal” puede permitir un mínimo común

denominador, y más abarcativo que el de organizaciones criminales (Von Lampe, 2004). A su vez, en un

intento de lograr una definición mínima de crimen organizado en el Assesing Organised Crime Research

Consortium se lo definió como a individuos que realizan ciertos actos, orientados por el lucro, en un contexto

de colaboración (AOCRC, 2007).

Volviendo a la Convención de Palermo, si bien primero establece la condición de que sean grupos

estructurados, luego en realidad adopta un estándar bajo al definir como estructurado a un “grupo no

formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya

asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o

exista una estructura desarrollada”

Otro requisito establecido por la Convención de Palermo, y no explicitamente incluido en el tipo penal de

asociación ilícita del Código Penal argentino, es el de la gravedad de los delitos buscando de esa forma tener

una suerte de criterio de corte para enfocarse en delitos importantes. Dicho criterio si bien tiene cierto

sentido, al mismo tiempo podría implicar obstáculos para la persecución del crimen organizado, ya que no es

infrecuente enfrentar a estas organizaciones mediante la prueba o sanción de actividades o delitos menores.

De todas maneras, la Convención nuevamente hace un péndulo y establece un estándar bajo en la definición

de delitos grave, considerándolos como los punibles con prisión de al menos cuatro años.

La Convención de Palermo hace referencia a otro requisito que también es motivo de discusión y que sirve

para diferenciar el crimen organizado con otras actividades, y es que su fin sea obtener beneficios

económicos. Ello implicaría que el terrorismo cuyos fines son en principio políticos no sea considerado

estrictamente crimen organizado, por más que lleven adelante actividades propiamente delictivas para dar

soporte o financiamiento a sus actividades terroristas. De todas formas, los límites entre ambos tipos de

organización pueden volverse borrosos.

La inclusión dentro de crimen organizado de delitos económicos o de cuello blanco también es una

cuestión discutida (Van Duyne, 2006; Kleemansa y Van de Buntb, 2008), ya que si bien son delitos y pueden

conllevar cierto tipo de organización/sofisticación, por otro lado tienden a no implicar violencia directa, y la

actividad delictiva puede ser sólo accesoria a una actividad profesional o empresarial de carácter legal. Por lo

que también los límites entre uno y otro pueden ser difusos, y su distinción final va a en buena medida

depender de cuestiones de criterio.

Respecto a las diferencias del crimen organizado con el delito común, para empezar está la ya mencionada

cuestión de la organización. Además, se suele referir a los delitos graves o profesionales como sinónimo de

organizados (Fijnaut, 2001), mientras que el concepto de “crimen común” se aplica a los de poca monta;

criterio que en cierta medida sigue la Convención de Palermo al incluir el criterio de gravedad. Otra

característica con la que se suele diferenciarlos es que el crimen común tiende a ser predatorio (Lippmann,

13


1931), mientras que algunas actividades del crimen organizado no tienen en forma directa dicha

característica (ej. provisión ilegal de bienes y servicios).

Ahora bien, a fin de sintetizar algunas de las discusiones académicas presentadas, y el resto de la bibliografía

revisada, se puede intentar definir al crimen organizado como grupos o redes que con cierta continuidad

temporal tienden a dedicarse a proveer ilegalmente bienes y servicios (ej. drogas, bienes falsificados, juego,

prostitución), o penetrar empresas y gobiernos (ej. obtención de contratos o extorsión), o brindar servicios

de protección y resolución de conflictos (ejerciendo un rol cuasi gubernamental), o a realizar en forma

organizada actividades delictivas predatorias; para todo lo cual suelen utilizar amenazas, violencia o

corrupción. 6

Mientras que, como se señaló, hay aspectos que cuentan con un menor consenso académico, por ejemplo el

tipo y tamaño de la de estructura organizacional, y la existencia o no de: especialización funcional,

planeamiento de las actividades, membresía restringida, ideologías políticas; y la búsqueda de monopolios

sobre mercados ilícitos, y de cierta legitimidad o respaldo social y político.

6 Respecto a la discusiones sobre definición de crimen organizado ver: Albanese, 2001, 2011; Bailey y Taylor, 2008; Fijnaut 1990; Finckenauer, 2005;

Gambetta, 1992; Paoli y Fijnaut, 2006; Van Duyne y Van der Beken, 2009; Verpoest y Van der Beken, 2005; Von Lampe, 2006; Zoutendijk,2010-

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3. Aspectos Metodológicos para Estudiar el Crimen Organizado

Ahora bien, antes de continuar con el análisis sobre las características y dinámica del crimen organizado, es

conveniente presentar algunas herramientas y discusiones metodológicas al respecto, las que serán más o

menos tenidas en cuenta a lo largo de este trabajo, y las que además pueden ser relevantes a la hora del

desarrollo de políticas. De tal forma, intentaremos ir desde los aspectos metodológicos más generales a los

más específicos en el estudio del crimen organizado.

En fenómenos complejos, como el crimen organizado, los diferentes aspectos y teorías suelen situarse

dentro de marcos analíticos generales para de esa forma darles orden y vincular las distintas perspectivas. El

marco analítico neo-institucionalista propuesto por Elinor Ostrom, reciente premio Nobel, es interesante ya

que combina aspectos generales o estructurales, con otros vinculados a las organizaciones, o a los individuos

y sus interacciones; y precisamente las diferentes teorías que se mencionaron a lo largo de este trabajo

sobre crimen organizado están vinculadas a dichos distintos niveles de análisis.

En tal sentido, Ostrom propone un esquema en el que hay aspectos o condiciones generales, que pueden ser

materiales-económicas, institucionales- normativas, o socio-culturales, que inciden en una arena de la acción

donde se encuentran situados actores, quienes tienen ciertos atributos, capacidades, intereses y conflictos.

Por lo que dado el conjunto de dichas condiciones y variables, más la interacción de los actores, se va a

producir un resultado (Ostrom, 1999)7. En el caso del crimen organizado dichas arenas y resultados pueden

ser vistos a niveles individuales o más agregados, por ejemplo la actuación de determinadas personas o de

organizaciones criminales especificas, o la dinámica e impacto del conjunto del crimen organizado en un

país.

Más allá de estos marcos analíticos generales, cuya implementación en forma comprehensiva es muy

compleja, los estudios digamos “policy oriented” sobre crimen organizado suelen estar enfocados en algunos

aspectos o metodologías específicas, tales como diagnósticos sobre características actuales, impacto o su

evolución; evaluaciones de riesgo o amenazas existentes; análisis de la empresa criminal; análisis de las

redes de las organización o de actividades criminales; y en la evaluación de las capacidades estatales en el

tema.

Cada dicho tipo de estudio conlleva la determinación de ciertas unidades de análisis (ej. mercados,

personas, organizaciones criminales o estatales), variables o aspectos a conocer, e indicadores o formas de

medición de dichas variables. A su vez, dichas variables se pueden agrupar alrededor de grandes

dimensiones, por ejemplo aspectos generales o estructurales, las características de las organizaciones y sus

miembros, el tipo de actividades que realizan, su interrelación con otros actores, y su impacto o resultado.

7 El marco analítico propuesto por Ostrom fue aquí levemente adaptado y simplificado, y su discusión detallada excede el alcance de este tr abajo. De

todas formas es de aclarar que en este esquema puede haber multiples niveles de análisis y arenas de la acción interrelac ionadas o “anidadas”. Es de aclarar también que el concepto de institución hace principalmente referencia a normas, no a organizaciones (en forma similar a Douglas North). Asimismo, los actores pueden ser una persona humana u organizaciones. Las precondiciones aquí llamadas “socio-culturales” Omstrom las denomina “atributos de la comunidad”

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Entonces a continuación veremos con más detalle algunas de las herramientas comúnmente utilizadas en el

estudio de crimen organizado, y que en este trabajo, que es de carácter exploratorio, han sido utilizadas en

forma ecléctica, dependiendo de su relevancia y también de la disponibilidad de información.

- Diagnósticos sobre Crimen Organizado

Los diagnósticos sobre crimen organizado pueden tener diferentes alcances, y suelen incluir dimensiones

vinculadas a sus actividades, estructuras o determinantes generales (Von Lampe, 2004). En su versiones más

básicas estos diagnósticos tendían a ser principalmente descriptivos y estáticos, tal como era por ejemplo el

Organised Crime Situation Report (OCSR) aprobado por el Consejo Europeo en 1994 y que estaba enfocado

en la recolección e uniformización de datos criminales (Van Duyne y Van der Beken, 2009).

Otros diagnósticos como por ejemplo los realizados por Naciones Unidas respecto a Asia Central y África del

Oeste si profundizan más las causas del crimen organizado en dichas regiones, y también exploran las

relaciones y vínculos entre actores y con agencias estatales (UNODC, 2005 y 2006)

El diagnóstico del nivel de daño o impacto del crimen organizado presenta serias dificultades, ya que

primero las estadísticas criminales no siempre son confiables, y en los datos suelen no estar claro si los

delitos fueron cometidos o no en forma organizada; y segundo, también hay dificultades en las metodologías

de valuación y comparación del daño económico causado por el crimen.

En el informe del Reino Unido sobre Crimen Organizado específicamente proponen una metodología para

estimar el daño o impacto en las personas, la sociedad, el medio ambiente, la economía y estructuras, tanto

a nivel individual, como comunitario y nacional, cuyo costo anual estiman en 20.000 millones de libras

(SOCA, 2009), sin embargo no queda claro cómo implementaron la citada metodología ni cómo llegaron a

dicha cifra. Más allá de daño o impacto, otra perspectiva económica simplemente trata de medir el tamaño y

características de los mercados ilegales.

Intentando superar los citados diagnósticos relativamente estáticos que se realizaban por ejemplo en la

Unión Europea, luego se pretendió ver más cuales eran las tendencias y evolución del crimen organizado

(Van Duyne y Van der Beken, 2009), y por ejemplo los estudios respecto a “amenazas” supuestamente

tendrían dicho carácter más dinámico. Sin embargo, las dificultades que hay para ver cuales son las

características e impactos actuales, se ven multiplicadas si se pretende hacerlo a lo largo del tiempo. En tal

sentido la multiplicidad de causas más los problemas con la calidad de los datos hacen muy aventurados los

intentos de pronosticar el crimen organizado mediante regresiones temporales, y algunos autores

recomiendan por ejemplo la utilización de metodologías de construcción de escenarios (Van Duyne, 2006;

UNODC, 2010).

16


Con el cambio del milenio se extendió respecto al crimen organizado la utilización de dichos modelos de

evaluación de riesgo o de amenazas8 por académicos, gobiernos (EEUU, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica,

Canadá, Australia) y organismos internacionales (UE, ONU)9. Sin embargo generalmente dichos modelos

terminaron siendo menos de lo que prometían, con debilidades conceptuales y empíricas ( Zoutendijk 2010,

Van Duyne y Van der Beken, 2009, Von Lampe, 2008).

Estos modelos de evaluación de riesgo o amenazas pueden ser realizados sobre diferentes unidades de

análisis, tales como las organizaciones criminales, las actividades que realizan o el mercado de bienes.

Asimismo, suelen estar más enfocados en ver el potencial del crimen organizado teniendo en cuenta la

variación de sus causas y de sus capacidades delictuales. Los estudios en ocasiones incluyen, además de

estrictamente amenazas, cuestiones vinculadas al impacto del crimen organizado o de las vulnerabilidades

del Estado o un sector económico frente al crimen (Van Duyne y Van der Beken, 2009).

Por ejemplo, Albanese organiza las variables a tener en cuenta en tres grandes dimensiones, factores de

oportunidad; el ambiente criminal; y accesos o capacidades especiales (Albanese, 2001). La Universidad de

Ghent a su vez desarrolló una metodología de evaluación de riesgos con varios pasos, el primero conlleva un

análisis de las tendencias generales o “ambientales” acompañado por una recolección comprehensiva de

datos; el segundo paso consiste en un diagnostico de las estructuras criminales, de las políticas contra el

crimen organizado y del funcionamiento de los mercados legales e ilegales; y finalmente tratan de integrar el

conjunto de la antedicha información (Von Lampe, 2004)

Mientras que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito recientemente publicó una guía para

las evaluaciones de amenazas por delitos graves y organizados (UNODC, 2010). La guía, que es bastante

comprehensiva, hace énfasis en la inserción de la evaluación dentro del ciclo de la inteligencia, y en la

posterior utilización de sus resultados. Dentro de las cuestiones metodológicas de la guía, son de mencionar

la utilización del juicio de expertos, y la realización de análisis contextuales, análisis FODA (Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), y de evaluación de riesgo. Asimismo, la guía recomienda utilizar

algunas herramientas específicas de análisis tales como: de la empresa criminal, de mercado, de patrones

criminales, de redes, de tendencias demográficas y sociales, de indicadores y alertas, y finalmente de

escenarios.

- Análisis de la Empresa Criminal

Los modelos de análisis de la empresa o el negocio criminal son considerados importantes a efectos no sólo

de comprender el fenómeno, sino que también para desarrollar estrategias contra el crimen organizado

mediante la identificación y ataque de su puntos más vulnerables (UNODC, 2010; Picarelli, 2010), y por

ejemplo es una de las principales herramientas utilizadas por el FBI en el tema (McFeely, 2001).

8 La distinción de riesgos o amenazas suele ser imprecisa en estas evaluaciones sobre crimen organizado. De todas formas, es de aclarar que el

concepto de riesgo normalmente es utilizado respecto a la probabilidad de ocurrencia de un hecho perjudicial, mientras que el de amenaza suele ser más restringido y estas enfocado a hechos o acciones perjudiciales por factores externos 9 Algunos ejemplos de estas evaluaciones se pueden ver en: Albanese, 2008; Shaw, 2011; SOCA, 2009, EUROPOL, 2011; UNODC, 2010

17


Esta herramienta conlleva analizar los diferentes componentes, recursos, actividades y procesos de una

empresa delictiva, identificando su grado de importancia y de vulnerabilidad, de forma tal maximizar la

probabilidad de éxito y capacidad de daño del ataque contra un aspecto determinado de la organización, por

ejemplo logísticos o de lavado de activos. Esto implica realizar las preguntas típicas para el análisis de

procesos, tales como el quién, qué, cuando, donde, porqué, y cómo

- Análisis de Redes

Este tipo de análisis puede ser aplicado para distintos aspectos de los grupos criminales, por ejemplo los

procesos o los sistemas de comunicaciones (Picarelli, 2010), pero sobre todo el análisis de redes es utilizado

para ver y formalizar analíticamente, cómo se interrelacionan distintas personas u organizaciones, en este

caso criminales.

Dichas redes están compuestas por nodos y por las interrelaciones que existen entre ellos. Los nodos puede

ser entidades o personas que van tener ciertos atributos que pueden ser relevantes para el análisis, tales

como edad, sexo, etnicidad, nivel socio-educativo, capacidades, o rol en la red. Asimismo, las relaciones

entre los nodos también pueden tener distintas características por ejemplo de jerarquía u horizontalidad,

instrumental, familiar o afectiva, frecuencia, duración, o grado de separación. Incluso algunos estudios

tipifican 19 características relevantes de interrelación (Bruinsma y Bernasco, 2004).

El conjunto o estructura de la red también va a tener características propias, tales como el tamaño (cantidad

de miembros), densidad (cantidad de interrelaciones), y cohesión (intensidad). Por otro lado, las redes

pueden tener diferentes formas, jerárquicas, centralizadas, en cadena (Bruinsma y Bernasco, 2004) o

celulares10. Dentro de las redes también puede haber subgrupos o cliques, como por ejemplo en las redes

criminales de robo y comercialización de automóviles. Otro aspecto relevante para ver dentro de las redes

criminales es quién es el nexo o facilitador de la relación con otras redes u organizaciones, ya que pueden

puntos de importancia a la hora de entender u atacar las actividades criminales.

- Problemas en los Datos e Indicadores sobre Crimen Organizado

Si el estudio de la violencia y el delito enfrenta dificultades por la mala calidad de los datos, este problema se

ve agravado en el crimen organizado ya que, como hemos mencionado, en las estadísticas suele no

registrase la existencia o no de un grupo con dichas características, y menos aún el alcance o grado de

peligrosidad de la organización criminal.

El estudio de casos permitiría solucionar en forma individual dichos problemas, pero ello no habilitaría

construir una estadística. Ante esto, y más allá de buscar datos respecto al tipo delictivo más específico sobre

crimen organizado (vg. asociación ilícita), se puede tratar de buscar información sobre delitos o mercados

ilegales que usualmente conllevan la existencia de grupos criminales o de al menos redes de protección,

10

Bruinsma y Bernasco si bien mencionan redes centralizadas no mencionan con formas celulares, las que eventualmente pueden ser centralizadas o no.

18


tales como los relativos a las drogas, prostitución, juego, ocupaciones ilegales, uso ilegal del espacio público,

o robo de automóviles.

Asimismo, deberían observarse las concentraciones de dichos delitos y su continuidad temporal en

determinados territorios, ya que ello puede deberse, entre varias explicaciones, a la existencia de grupos o

de redes de protección/tolerancia en el territorio en cuestión. Por otro lado, la existencia de datos sobre

actividades especializadas o sofisticadas también puede servir de indicador sobre la presencia de crimen

organizado, por ejemplo cuando se encuentran individuos desempeñando roles muy específicos, o hay

planificación, logística, documentos falsos, sistemas de información /comunicación, sistemas contables o de

lavado. Asimismo, los conflictos por control territorial, ajustes de cuenta sistematizados o sofisticados, o un

fuerte enfrentamiento el Estado serían indicadores de la presencia de organizaciones criminales y de su

grado de capacidad.

19


4. Características de las Organizaciones

Más allá de discusiones algo bizantinas sobre definiciones o metodologías, es importante

entender las características organizativas criminales no sólo para la comprensión del fenómeno,

sino que también, como se señaló, para desarrollar acciones eficaces contra los puntos débiles de

la empresa criminal (McFeely, 2001). Asimismo, de acuerdo a algunos autores, la forma de las

organizaciones sería relevante ya que en algunos casos podría servir como identificación o huella

dactilar de ante cuál grupo específicamente se estaría (Picarelli, 1998 ).

Hay distintos aspectos de las organizaciones criminales que se encuentran interrelacionados y que

son importantes tener en cuenta: el liderazgo, estructura jerárquica y de toma de decisiones;

estructura funcional y especialización; la forma y tamaño; los mecanismos de reclutamiento y de

control interno; la imagen e identidad de la organización; los procesos de producción del bien o

servicios; y la interacción con otros actores o mercados. En este punto nos enfocaremos

principalmente en la estructura y procesos dirigidos hacia adentro de la organización, para luego

en ver en puntos subsiguientes las actividades hacia fuera de la organización o de interrelación

con actores externos.

Algunas causas que explican el conjunto del fenómeno del crimen organizado también incidirían

en las características que van a tener las organizaciones en particular. Así, aspectos estructurales

económicos, la disponibilidad de insumos materiales y de recursos humanos, la demanda de

bienes y servicios, la cultura e historia tanto de la sociedad como de las organizaciones; la

naturaleza del bien o servicio que producen; la relación y competencia con otras organizaciones

criminales; el tipo de relación o conflicto con los gobiernos, van a implicar distintas capacidades,

riesgos, adaptaciones y estructuras de las organizaciones criminales

Sin entrar a ver todas dichas cuestiones, es de notar que en un nivel de análisis micro las

organizaciones criminales pueden enfrentar dilemas parecidos a las empresas, a la hora de decidir

entre expandir la organización mediante integración vertical, o contratar/tercerizar parte sus

operaciones; dilema que ha sido tratado por la Teoría de la Firma (Coase, 1937) y luego por la

Economía de los Costos de Transacción (Williamson, 1975 y 1985). En tal sentido, además de

determinantes vinculados a capacidades o diferencias de costos de producción, surgen problemas

o costos adicionales por la necesidad de monitorear y hacer cumplir los contratos, lo cual se ve

dificultado por asimetrías de información y riesgos de comportamiento oportunista de la otra

parte. Además la dependencia el servicio prestado por un tercero puede generar que la

organización se vuelva rehén de la otra parte.

20


Dichos problemas se agravan en las organizaciones criminales, ya que no tienen capacidad de

recurrir a la justicia, y en parte por ello especialmente necesitan utilizar la violencia o a la mutua

amenaza para lograr cierto cumplimiento de los acuerdos. Esta circunstancia hace suponer que

deberían tender hacia a la integración vertical; sin embargo no siempre tienen capacidades para

ello, y los mecanismos de organización a su vez pueden ser complejos o costosos. Además un

aumento de la estructura puede generar demasiado visibilidad y riesgos frente a las autoridades.

Por otro lado, puede ser difícil de diferenciar, a efectos académicos o penales, respecto a una

organización criminal, la realización de actividades criminales a través de redes de “mercado”, es

decir mediante proveedores y clientes que realizan transacciones, sobre todo si se realiza a lo

largo del tiempo y con cierto nivel de coordinación,. Por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados

Unidos consideró que ser parte de una cadena de distribución drogas quedaba alcanzado dentro

del delito de conspiración criminal (Albanese, 2011).

Algunos ejemplos de esta dificultad de distinción entre organizaciones y mecanismos de mercado

en el caso de la Ciudad de Buenos Aires serían la de la venta ilegal en el espacio público, en el que

hay grupos que en algunos casos mediante empleados venden en puestos en la vía pública, y

otros casos que no son empleados, pero a los que la organización les entrega mercadería y brinda

protección. Mientras que en el caso de los talleres ilegales en ocasiones parecerían

independientes pero al mismo tiempo tienen un vínculo comercial muy fuerte con las empresas

legales de indumentaria que les brindan los moldes e incluso en algunos casos les habrían llegado

a dar financiamiento.

Otra cuestión vinculada a las posibilidades de expansión y tamaño de las organizaciones

criminales, es la posibilidad de constituir monopolios o carteles, los cuales si bien no son la regla,

algunos casos logran constituirse pero tienden a ser inestables. Además, dichos monopolios

tienden a ser de carácter local, ya que enfrentan dificultades para expandirse geográficamente,

debido a la importancia del know how y el capital político, los cuales tienen un clivaje igualmente

local.

Las características de la actividad o producto, en forma similar a lo que ocurre en empresas

legales, también incide en las necesidades, riesgos, especialización y forma de la estructura

criminal. Por ejemplo, de acuerdo a diferentes estudios los grupos que operan en el tráfico de

heroína tienden a ser cerrados, cohesionados, y étnicamente homogéneos; los que se dedican al

tráfico de mujeres tienen una estructura en forma de cadena; y los que están en el tráfico de

autos tienden a ser tres subgrupos en una cadena (Bruinsma y Bernasco, 2004).

21


Ejemplo de Diferentes Formas de Redes Criminales según la Actividad

Fuente: Bruinsma y Bernasco, 2004

La división funcional y especialización dentro de la organización, va a depender de su tamaño y recursos, y

también de las necesidades de la producción del bien o servicio ilegal en cuestión. Por ejemplo, en el gráfico

anterior sobre el robo de autos, surge que hay un subgrupo dedicado al robo, otro al desarme/contrabando,

y uno final a la venta. Mientras que en la figura sobre tráfico de mujeres, hay un grupo que primero se

dedica a la captura o reclutamiento, existen varios intermediarios en el medio, y finalmente hay un grupo

que se dedica a su explotación.

Por otro lado, es de señalar que la existencia de altos niveles de especialización dentro de una organización

tiende a ser posible y tener sentido en grupos grandes y sofisticados, por ello la mera detección de un

especialista puede ser un indicador de que detrás hay una gran organización criminal.

Como luego veremos, en las organizaciones dedicadas al juego clandestino en la Ciudad de Buenos Aires se

pudo ver que están bastante estructuradas y con forma relativamente piramidal, en las que los lideres o

capitalistas se encargan de la organización general, y que abajo cuenta con unidad encargada de la

coordinación, y luego hay puestos propios o de terceros comisionistas encargados de levantar apuestas. En

la venta ilegal en el espacio público de la Ciudad también habría cierta división; en algunos casos la

organización está dividida entre por un lado los puesteros, y por el otro los que proveen la logística, los

bienes y la protección necesaria, pero no siempre esto es así. Mientras que en el caso de los talleres

clandestinos existirían grupos dedicados a reclutar la mano de obra en su país de origen, principalmente

Bolivia, y luego la entregan a talleres propios o de terceros que les pagan una comisión; a su vez ellos

mismos u otros grupos que se encargan de obtener alguna suerte de protección política en caso de surgir

problemas.

22


En las usurpaciones en la Ciudad, como también veremos, no serían raras las organizaciones con divisiones

funcionales detrás, por un lado unos se dedican a hacer “inteligencia” de potenciales casas o terrenos a

ocupar, otros hacen de grupo de choque para llevarlo a cabo, están luego las personas que instalan a vivir, y

finalmente están los que luego se encargan de negociar frente al Estado.

Más allá de divisiones funcionales, también puede haber divisiones vinculadas al liderazgo y jerarquía. En tal

sentido, el liderazgo dentro de una organización puede tener bases personales o “carismáticas”, pero en el

largo plazo y en organizaciones grandes, dicho liderazgo en teoría debería tender a institucionalizarse

(Weber, 1974). De este proceso de institucionalización pueden surgir estructuras jerárquicas con distintos

niveles de mando, tal como tienen las burocracias, estructuras que además pueden estar vinculadas a las

antecitadas divisiones funcionales. De todas formas, dichas grandes y estructuradas organizaciones

criminales son una excepción, y como ya se ha dicho, en general tienden ser pequeñas y con una forma

celular (Paoli y Fijnaut, 2006)

En el caso de actividades o mercados ilegales en la Ciudad que tienen cierto clivaje social, como los talleres,

la venta ilegal o las usurpaciones, es importante el rol del interlocutor o negociador frente a las agencias

estatales. Dicha función en general no es nada improvisada, y el que la ejerce busca ganar tiempo, o

beneficios, y de acentuar el cariz social o político que puede tener el problema; incluso en algunos casos

“punteros” políticos vinculados a por ejemplo las usurpaciones, se habrían quedado un porcentaje de las

compensaciones pagadas a los expulsados. Mientras las organizaciones de juego clandestino tienen un

liderazgo mucho más vertical, parecido a organizaciones mafiosas tradicionales.

Un problema importante vinculado a las jerarquías dentro de las organizaciones criminales es la sucesión en

el mando, la cual suele no estar institucionalizada, lo que sumado a la cultura criminal tiende a generar

violencia y graves conflictos dentro de las organizaciones, y es uno de los factores que conspira contra la

estabilidad de las mismas. Dichos problemas son comunes, quizás sin tanta violencia, a toda organización sin

reglas de sucesión, tal como le pasa a algunos países o partidos políticos.

En el caso del juego clandestino en la Ciudad habría distintos casos que los “capitalistas” habrían heredado el

negocio de sus padres o de mentores, y quizás eso es un indicador de cierta estabilidad de las organizaciones

o de un funcionamiento cuasi empresarial. Es claramente diferente la situación de las bandas peruanas

dedicadas al comercio de drogas, o las organizaciones de “barras bravas” en las que la sucesión en el mando

fue dirimida mediante guerras 11.

Además de estructuras en las organizaciones criminales también se pueden observar las herramientas y

procesos para asegurar su control y funcionamiento, tales como de toma de decisión, comunicación,

monitoreo, distribución de beneficios, y aplicación de castigos, los cuales permiten lograr cierta cohesión,

obediencia y secreto.

11

La Nación, 30/10/2010; La Nación, 11/11/2010.

23


En organizaciones criminales consolidadas son particularmente importantes los mecanismos de

reclutamiento y formación de sus miembros. Estos pueden incluir: criterios de selección vinculados por

ejemplo a lazos étnicos, familiares o experiencias carcelarias; la realización de ritos de entrada; la utilización

de marcas de identificación (ej. tatuajes), y luego un cursus honorum en la organización criminal. A su vez,

suele obstaculizarse las posibilidades de los miembros para salir o retirarse de la organización criminal.

En la Ciudad, dichas características pierden importancia en organizaciones criminales de corta duración y

menor solidez. Sin embargo en el caso de los “barras bravas” si habría un mayor desarrollo y ritualización de

la identidad 12. Mientras que diferentes círculos de pedófilos que fueron detectados en la Ciudad, y que

intercambiaban pornografía a nivel local y a nivel internacional, seguían los patrones típicos de estas

organizaciones en la aceptación y participación de los miembros, es decir que entraban siendo referenciados

e investigados, y a su vez luego ascendían en los niveles de los círculos a medida que ellos mismos iban

aportando su propio “material”.

12

La Nación, 22/04/2003; La Nación, 10/06/2011.

24


5. Actividades.

En la sección anterior nos referimos por un lado a estructuras criminales y por el otro actividades dirigidas

hacia el funcionamiento interno de las organizaciones, mientras que en ésta nos enfocaremos más en las

actividades hacia afuera de la organización, y de los mercados en las que se desarrollan.

Estas actividades conllevan relaciones, negocios y/o conflictos con diferentes actores, tales como

funcionarios y agencias gubernamentales, otros criminales (sean organizaciones o individuos), proveedores,

clientes, empresas legales, y las comunidades en las que se insertan. Algunas de estas relaciones serán

analizadas con más detalle en puntos posteriores, debido a su relevancia.

Dichas actividades pueden dividirse analíticamente en las estrictamente relacionadas en la producción del

bien y servicio ilegal en cuestión (ej. Producción, transporte, depósito, y comercialización de drogas), y las

de soporte que pueden terminar siendo igual o más importantes que las primeras.

Estas acciones de soporte por ejemplo abarcan la realización de acciones de inteligencia para obtener u

ocultar información; la falsificación de documentos, la corrupción de funcionarios; la utilización de la

violencia contra competidores; la realización de acciones sociales para obtener respaldo de la comunidad; y

el lavado de activos. Algunas de estas actividades de “soporte” tienen una importancia muy grande, y por

ejemplo se calculaba que en Rusia entre el 30 y el 60% de los ingresos del crimen organizado era gastado en

la relación y pagos a funcionarios del gobierno (Finckenauer y Voronin, 2001).

En el caso de las organizaciones criminales situadas en la Ciudad de Buenos Aires, éstas además de

desarrollar actividades a fin de intentar asegurarse la protección o tolerancia de las agencias estatales (tema

que luego será ampliado), suelen realizar actividades de inteligencia a fin de identificar inmuebles a usurpar,

o para detectar la presencia de agentes o anticipar procedimientos contra por ejemplo la venta ilegal en el

espacio público, para lo cual incluso utilizan medios de comunicaciones tipo handies. También en algunos

casos se producen u obtienen documentación falsa, por ejemplo, se detectaron personas de nacionalidad

peruana con documentos argentinos falsos, con los que intentaban obtener visas para viajar al extranjero13

En cuanto al lavado de dinero con relación a actividades ilícitas en la Ciudad, es de destacar primero que

como no es competencia local dicho delito, las autoridades locales en principio no podrían investigarlo y

menos aun juzgarlo en forma directa, y dependen de la actividad en el tema de las autoridades y fueros

federales. Al respecto, y a nivel federal hasta recientemente no existían condenas en el tema 14, lo cual

además ser problemático en sí, implica una dificultad adicional para realizar estimaciones. Todo ello, a pesar

del enorme volumen de dinero que conllevarían mercados como por ejemplo la talleres y venta irregular de

indumentarias (estimado en U$ 700 millones en el área metropolitana) 15, o el juego clandestino (estimado

en $ 3.000 millones en la Capital Federal) 16.

13

Cable de la Embajada de Estados Unidos de América, 13/11/09, Nro BUENOSAIRES1232 14

Clarín, 29/06/2011. 15

La Nación, 11/05/2008. 16

La Nación, 04/06/2006.

25


El mencionado ejercicio de violencia frente a otras organizaciones, el gobierno o sus clientes, sirven además

como amenaza a futuro y para cimentar la reputación e imagen de la organización. Por ello, entre otras

razones, las organizaciones nuevas e inestables tienden a necesitar un mayor uso de la violencia, en

comparación con los grupos criminales más consolidados que ya gozan de suficiente reputación.

Este ejercicio de las amenazas y de la violencia, se puede ver en el caso de uno de los principales operadores

de juego clandestino de la Ciudad, quien tenía una gran cantidad de armas en su hogar, en una oportunidad

habría pegado un tiro en la pierna a un competidor, tenía amenazado a su personal, y como consecuencia de

una intervención y procesamiento judicial, amenazó al fiscal a cargo y a su familia. Sin embargo, en líneas

generales en la industria del juego clandestino, que es bastante estable y que suele tener protección policial

o política, parecería que no hay un continuo ejercicio de la violencia ni siquiera de exhibición de fuerza.

En el caso de las usurpaciones pueden necesitar la violencia no solo para lograr la ocupación inicial de un

inmueble, sino que también para mantener la posesión frente a potenciales rivales. De hecho de acuerdo a

un entrevistado ha habido algunos casos de atacantes con armas, que lograban ocupar un inmueble,

echando a los primeros usurpadores. En similar forma, en los talleres que hay reducción de la servidumbre,

necesitan mantener al menos una amenaza latente sobre los obreros que puede ser bien de violencia física

como de otros recursos como la retención de sus documentos de identidad17.

En lo que hace a la violencia vinculada al tráfico de drogas es de notar que recientemente comenzaron

enfrentamientos por el control territorial de las villas en la Ciudad, y asimismo numerosos casos de sicariato

en particular entre extranjeros, lo cuales hasta hace no mucho eran aquí inéditos 18 En tal sentido, es notable

que en los homicidios ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires en el 2010 hay una proporción de victimas de

nacionalidad peruana y paraguaya, 11% y 12% respectivamente, mucho mayor que la de sus respectivos

pesos poblacionales (CSJN, 2011.), y de similar forma es alta su proporción en los homicidios del año 2011. A

su vez, en dicho último año ocurrieron 8 homicidios de personas de procedencia china (lo que expresado en

tasas respecto su población censada implicada una tasa de 203 homicidios cada 100 mil habitantes), y

posiblemente indique conflictos vinculados al crimen organizado (CSJN, 2012).

Quizás en parte como consecuencia de los conflictos del crimen organizado, pero puede ser también en

parte por dinámicas de violencia vinculadas a otras actividades delictivas, o a conflictividades y problemas

sociales, es que en las villas de la Ciudad se concentran claramente la mayor cantidad de homicidios, tal

como muestra el siguiente mapa elaborado por el instituto de investigación de la Corte Suprema de la

Nación.

Concentración de Homicidios en la Ciudad de Buenos Aires en el 2010

17

Página 12, 09/05/2012. 18

La Nación, 28/05/2010.

26


Fuente: mapa y datos CSJN,2011

Por otro lado, el desarrollo de identidades y reputaciones corporativas, además de servir para amedrentar,

permite cohesionar a sus miembros y desarrollar hacia afuera “confianza” e incluso “marcas” comerciales

que aseguran a los clientes la calidad de bienes y servicios que prestan, tal es el caso de las “marcas”

identificando el origen de cierto tipo de drogas (Gambetta, 1992 y 2009).

En el caso de las organizaciones dedicadas a juego clandestino, ellas también dependen de construir una

reputación frente a sus clientes. En similar forma, hay casos de traficantes de drogas en la Ciudad que han

desarrollado una suerte de marcas para asegurar cierta calidad a sus clientes. Así, habría organizaciones

narcos que usan todo tipo de dibujos o combinaciones de números y/o letras para señalar el origen de la

droga (indicador de su calidad) o para indicar su destinatario19

Ahora bien, al comienzo de este trabajo se brindó una definición de crimen organizado en la que había

implícita una tipología sobre las actividades que realizan las organizaciones criminales. En tal sentido, un

tipo de actividad era la producción ilegal de bienes o servicios, por ejemplo drogas, bienes falsificados,

contrabando de bienes y personas, juego, prostitución, préstamos usuarios, disposición de desechos

peligrosos. Estas actividades conllevan distintos mercados, suelen tener un fuerte componente consensual,

y los “bienes” afectados suelen ser comunes o públicos tales como la capacidad impositiva, el medio

ambiente, o la seguridad o salud pública.

Otro tipo de actividades del crimen organizado se caracterizan por ser más predatorias, es decir causando un

daño directo a las víctimas, como los fraudes, fraudes electrónicos, extorsión, robos, y secuestros. Se discute

si estas actividades predatorias pueden considerarse comprendidas o no por el concepto de crimen

organizado; y en principio parecería que si deberían ser consideradas como tales, tanto desde el punto de

19

Clarín, 24/08/2009; Clarín, 21/06/2011

27


vista académico como penal, cuando efectivamente son realizadas por grupos razonablemente organizados,

y de hecho tanto el Código Penal argentino, y la Convención de Palermo así lo consideran. Por otro lado,

dichas acciones predatorias suelen estar articuladas con otras más “típicas” del crimen organizado, tales

como la venta de bienes robados, o con la necesidad “protección”.

Algunos estudios sobre crimen organizado (Albanese, 2011), suelen destacar un tipo de actividad criminal

que es la de penetración o infiltración de negocios legales o el gobierno, la cual tiene componentes de los

tipos antes descriptos. Es decir que la penetración de dichos negocios puede conllevar delitos relativamente

consensúales como el lavado de activos y el control de contratos, y otros más predatorios como los ya

mencionados delitos de fraude y extorsión.

Otro tipo de actividad de algunas organizaciones criminales, en particular grandes como la mafia siciliana o la

yakuza japonesa, es la de brindar servicios de protección y resolución de conflictos (Gambetta, 1992;

Milphaut y West, 2000; Varese, 2011), por ejemplo frente a problemas contractuales, laborales o sindicales,

cobro de deudas o como protección frente al delito común. Este tipo de actividad implica un rol cuasi

gubernamental, y está estrechamente vinculada a la ausencia o incapacidad del Estado, o a la existencia de

mercados no regulados o ilegales, todos los cuales necesitan mecanismos no estatales de protección y de

solución de conflictos. Lo que no quita que la frontera entre dicho servicio de protección y la extorsión suele

ser tenue o inexistente.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires parecería que hasta recientemente el negocio de la “protección” no

lo realizaban grandes organizaciones criminales e independientes, sino que sectores de la policía, agencias

gubernamentales y de la política. En tal sentido, y al menos hasta recientemente existía un amplio

anecdotario de casos de negocios ilegales pagando protección a la policía, de agentes de habilitaciones que

cobraban para permitir el funcionamiento de negocios irregulares, o de “punteros” políticos que intervenían

en el caso de que surgiera algún conflicto de sus protegidos.

Sin embargo, desde hace unos años han comenzado a ocurrir casos de extorsiones a comercios “chinos”

aparentemente por mafias de ese mismo origen étnico20, y ello se evidenciaría en la ya citada gran cantidad

de ciudadanos chinos asesinados en el año 2011 . Asimismo, grupos de origen peruano parecen haber

logrado mayor poder, y en parte controlan algunas de las villas de la Ciudad 21. Todo lo cual indica, un posible

quiebre del status quo y de las relaciones de poder en el tema

20

La Nación, 23/09/2010; La Nación, 07/02/2010. 21

Clarín, 18/05/2008; Clarín, 16/06/2008.

28


6. Crimen Organizado ¿Internacional o Local?

Con relación al espacio geográfico donde se realizan las actividades criminales, en los últimos decenios han

corrido mares de tinta resaltando sus características trasnacionales, convirtiéndolo en una suerte de

monstruo globalizado cuyos tentáculos amenazan al planeta. Este relativo sobre-dimensionamiento

parecería estar vinculado a modas académicas, y también a intereses agénciales o políticos (Beare, 2000).

Al respecto, si bien es innegable que efectivamente hay organizaciones situadas en diferentes países o que

tienen actividades internacionales, en general los grupos criminales tienen un fuerte clivaje local, primero

porque es en lugares concretos donde el crimen nace y a su vez tiene impacto, y segundo porque las

condiciones que permiten el funcionamiento del crimen organizado también son fuertemente locales, y

difíciles de exportar, tales como la obtención de información, estructuras logísticas, protección política,

respaldo social, o reputación (Varese, 2011)

Por otro lado, las comunidades y gobiernos pequeños son particularmente vulnerables al accionar del crimen

organizado, ya que dichos gobiernos más fácilmente pueden ser coptados o atacados por grupos criminales.

Lo cual se ha visto claramente en el caso de Colombia (ICG, 2011) y de México, y esto significa una señal de

cautela a la hora de promover descentralizaciones en políticas de seguridad.

Además de los obstáculos señalados, la transnacionalización de las organizaciones criminales o sus

actividades conlleva dificultades de gerenciamiento y monitoreo a distancia, dificultades que comparten con

cualquier empresa multinacional, pero que se ven agravadas por el carácter clandestino y violento de las

actividades ilícitas.

De todas maneras, hay variaciones en cuanto a las posibilidades o no de transnacionalización de acuerdo al

tipo de actividad de la organización. Por ejemplo organizaciones criminales dedicadas a la protección o a la

prestación de servicios, tendrían menos posibilidades e incentivos de ser internacionales que las dedicadas a

la provisión ilegal de bienes transables, como las drogas, las cuales si tienden a transnacionalizarse o al

menos a utilizar redes comerciales internacionales.

Más allá de las advertencias sobre el real dimensionamiento del crimen organizado internacional, éste

efectivamente ha experimentado en forma reciente un crecimiento que estaría asociado a la globalización de

la economía, al incremento de la inmigración, y a la mejora de las tecnologías de transporte y comunicación

(Finckenauer, 2000; Picarreli, 2010; Paoli y Fijnaut, 2006), que potenciaron los mercados ilegales

internacionales, y ante esto las organizaciones criminales expandieron sus actividades.

A su vez, los cambios tecnológicos hicieron posible la realización internacional de algunas actividades

predatorias como el fraude informático. Mientras que el fenómeno migratorio incrementó, a nivel

internacional, las capacidades de las organizaciones criminales para construir redes con miembros en los que

confiaban o compartían lazos familiares o étnicos.

29


Así, Federico Varese señalaba con relación a específicamente la “trasplantación”22 de las mafias que los

factores que incidían en ella eran: por un lado, la migración y por el otro, en el lugar de destino, el nivel de

confianza y cultura cívica, la existencia o no de otras organizaciones mafiosas, el tamaño de la localidad, y la

existencia de nuevos o crecientes mercados. Mientras que la citada migración en muchos casos no era

voluntaria, sino que era provocada por la necesidad de huir del gobierno o con conflictos con otras

organizaciones, lo que si, esto luego se convertía en una oportunidad comercial (Varese, 2011).

En el caso de las organizaciones criminales en la Ciudad de Buenos Aires, algunas tienen muy claramente un

clivaje local tanto por el tipo de actividad como por la nacionalidad de sus miembros, por ejemplo el juego

clandestino o las organizaciones de barras bravas, las cuales suelen tener un vínculo fuerte tanto con la

política como con la protección policial. Asimismo, hay actividades en las que puede haber una mayor o

menor presencia de migrantes, o de utilización de insumos extranjeros, como la usurpación, la venta en la

vía pública pero que la dinámica es en buena parte local, y depende de redes de protección o tolerancia con

dicho carácter. En el caso de los talleres clandestinos la mayoría de las víctimas u obreros son de

nacionalidad boliviana, los capataces también suelen tener dicha nacionalidad, y los “empresarios” suelen

ser bolivianos, chinos, coreanos o argentinos.

En el caso del tráfico de drogas, habría que distinguir entre el destinado a la distribución en mercado

interno, y el de gran tráfico internacional. En lo que hace al tráfico y distribución interna es de notar una

“especialización” vinculada al país de origen de la droga, ya que grupos paraguayos suelen dedicarse al

tráfico de marihuana y peruanos al de cocaína; a su vez, ambos grupos dependen luego de redes de

protección y del control territorial en particular de “villas”, para poder llevar adelante la venta minorista.

Mientras que por ejemplo los colombianos parecerían intervenir más en grandes operaciones mayoristas, o

en lavado de dinero, y se puede suponer que no cuentan con las redes de distribución, ni control territorial,

ni masa crítica de población para dedicarse a la distribución minorista en la Ciudad.

Cierto tipo de crimen organizado que puede tener un fuerte componente internacional, pero al mismo

tiempo es competencia de la justicia de la Ciudad, estos son los círculos de intercambio de pornografía, y el

juego de apuestas realizado via internet.23 De hecho, ha habido casos que el Cuerpo de Investigaciones

Judiciales (CIJ) investigó círculos locales de intercambio de pornografía pero que eran parte a su vez de redes

internacionales, acciones que estuvieron originadas por pedidos de cooperación desde el exterior.

En cuanto a lo señalado por Fedrico Varese sobre la transplantación, en la Ciudad de Buenos Aires si bien no

se puede hacer una regla general, si ha habido casos de peruanos que han venido huyendo o refugiados a

Buenos Aires; incluso a uno de los más importantes narcotraficantes peruanos en la Ciudad se lo acusa de

haber tenido vinculos originalmente con el Sendero Luminoso24; lo que si no cabe duda es que las bandas de

dichas nacionalidad mostraron una capacidad de organización y a su vez de ejercer la violencia hasta hace

poco aquí desconocidas. Mientras que varios casos de narcotraficantes colombianos encontrados en la

22

Trasplantación sería un tipo particular de transnacionalización, e implicaría la creación de “sucursales” de la organización criminal en otro país. 23

Art. 128 del Código Penal de la Nación, y arts. 62 y 116 del Código Contravencional de la Ciudad. 24

Clarin, 29/10/2006.

30


Ciudad parecen no tanto vinculados a la “transplatantación” de la organización, sino a la búsqueda de

refugio o a fin de lavar activos.

31


7. Características de las Personas Involucradas en el Crimen Organizado

Otra forma de visualizar el problema del crimen organizado es partir de enfocar no ya sus estructuras u

operaciones, sino sus miembros, interrogándose sobre sus características étnicas, sociales y culturales, sus

motivos para participar en organizaciones criminales, y los roles e interrelaciones que tienen dentro de ellas.

Evidentemente no hay relación entre la pertenencia per se a una determinada nacionalidad o etnia y el crimen

organizado, y sostener ello sería completamente discriminatorio. Sin embargo, es un hecho que redes de

migrantes en ocasiones son utilizadas por ejemplo para el tráfico de bienes, algunos son reclutados para formar

parte de las organizaciones, y por otro lado son un grupo particularmente vulnerable a las extorsiones.

Esto se encontraría vinculado a varias cuestiones, el hecho de ser migrante facilita la existencia de contactos

internacionales; hay características étnicas, idiomáticas o familiares que facilitan la existencia de identidades, lazos

de confianza, o de secreto; la situación de aislamiento o exclusión por el carácter ilegal de la inmigración o por

cuestiones sociales por un lado puede ser un incentivo para la participación en actividades criminales, y por el otro

los hace vulnerables a situaciones de explotación, ya que tienen particularmente impedimentos u obstáculos

para acceder a la protección estatal.

La pertenencia a determinados grupos profesionales también puede llegar a facilitar la participación de

actividades delictivas, en lo que se ha denominado “crimen ocupacional” (Kleemansa y Van de Bunt, 2008). Si

además ello se encuentra acompañado por grupos con fuertes identidades, cerrados y corrupción, los incentivos

para participar en organizaciones criminales se tornan muy fuertes. Tal podría ser hipotéticamente el caso de

grupos policiales o de grupos de funcionarios encargados de inspección de negocios, o de ciertos sindicatos.

Por otro lado, la participación en una organización criminal puede ser en forma voluntaria o compulsiva; por

motivos económicos sea por carencia concretas o búsqueda de beneficios; por necesidades seguridad personal

que llevan a buscar protección en una organización; y la búsqueda de estatus social, que puede ser logrado

gracias a pertenecer en una organización poderosa (Merton, 1957)

Ahora bien, en cuanto al perfil de los imputados en delitos y contravenciones en la Ciudad de Buenos Aires, que

eventualmente podrían tener algún vinculo con actividades organizadas, como se verá en la mayoría de los casos

son hombres, y su grupo etario “modal” no es el más joven de todos, sino que generalmente es el grupo de 26 a

35 años, lo cual tiene cierto sentido ya que se espera de ellos cierta responsabilidad o disciplina. Como ejemplo

contrario vemos el delito de lesiones en riña en el que efectivamente el grupo etario modal es el de 18 a 25 años y

representa el 62% de los casos (MPF, 2011).

Respecto a la nacionalidad de los autores de delitos que son competencia de la Ciudad, y yendo a estadísticas

judiciales en el tema, hay que advertir primero que hay que ser prudentes a la hora de interpretarlas, ya que no

reflejan el fenómeno en si, sino las actividades judiciales/policiales vinculadas a él, las cuales en los casos de los

“delitos sin victimas” suelen ser originadas por actuaciones de oficio lo cual sesga aun más las resultados. Por otro

32


lado, estos datos de ninguna manera deben llevar a la estigmatización de los extranjeros, los cuales suelen ser

también victimas de estos delitos o contravenciones, que están muy vinculados a su vez a problemas sociales.

En secciones anteriores ya se han tratado los diferentes vínculos “étnicos” con relación a los distintos tipos de

organizaciones o actividades delictivas en la Ciudad de Buenos Aires, y en algunos casos había una clara

preponderancia de nacionales argentinos. Por ejemplo en el caso de los cuida-coches, respecto a los que las

mayoría de las intervenciones judiciales fueron en cercanías de estadios de fútbol, y por ende pueden tener algún

tipo vinculo o negocio cercano a los barras bravas, el 93% eran argentinos, y además el mismo porcentaje eran

hombres (MPF, 2011).

Mientras que en otras actividades si bien hay una participación de argentinos, habría una mayor presencia de

otras nacionalidades, en ocasiones mayoritaria y en particular de peruanos. En el caso de la venta ilegal en la vía

pública25, si bien sin duda en parte responde a problemas sociales, al mismo tiempo no hay que olvidar que detrás

de ella en ocasiones hay organizaciones que controlan el negocio, o al menos brindan logística,

protección/corrupción y el control territorial. Al respecto y en el siguiente gráfico se puede observar una relativa

mayoría de argentinos (41%), seguida de cerca por los peruanos (35%), y luego por los bolivianos (15%),

evidentemente sin relación con sus respectivos pesos demográficos.

Nacionalidad y Genero de las Personas Imputadas por Venta en la Vía Pública Ciudad de Buenos Aires 2010 – Cantidad

748

9741722

4251.541 1966

86

183

269

11

53

64491

256747

15 83 98

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mujeres Varones Total

Otras Nacionalidades

Boliviana

Uruguaya

Paraguaya

Argentina

Peruana

Totales: 1.776 3.090 4.866

Fuente: Datos del MPF, 2011

Por otro lado, es notable la diferencia por genero, la cual podría estar indicando diferencias en los roles o

división del trabajo de los hombres y las mujeres de las respectivas comunidades, y habría que ver en qué

medida no está vinculado a distintos tipos de venta ilegal y a las características de su participación otros

25

Artículo 83 del Código de Contravenciones “Uso del espacio público con fines lucrativos sin autorización legal”

33


mercados laborales. En el caso de los argentinos la presencia de hombres es más importante que de las

mujeres, mientras que en los bolivianos es a la inversa.

Las estadísticas sobre oferta y demanda de sexo en espacios públicos no autorizados son bastante

particulares ya que por un lado es resultado mayormente de intervenciones “de oficio” de las autoridades, y

por el otro es una contravención que para configurarse debe ser realizada fuera del área de tolerancia de la

actividad. Asimismo, como ésta es una actividad que en ocasiones se efectua bajo la “protección” de

sectores de la policía, la distinta concentración de casos puede estar en parte reflejando dicha protección o

al contrario, su pérdida.

Entonces, a continuación veremos las características por nacionalidad y género de los imputados por, en su

mayoría26, oferta de sexo en espacios públicos, y al respecto es de recordar que si bien las estadísticas de la

contravención están vinculadas a personas que llegado el caso pueden ser consideradas victimas, eso no

quita que detrás pueda haber organizaciones criminales que las explote27, pero son estos datos

contravencionales los que nos permiten atisbar las organizaciones detrás.

Nacionalidad y Genero de las Personas Imputadas

por Oferta y Demanda de Sexo en Espacios Públicos no Autorizados Ciudad de Buenos Aires 2010 - Cantidad

488

417

905

158

171

94

116

30

956

986

19

44 57 101

13

22

33145 12 17 44

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mujeres Hombres Total

Otras

Brasileña

Boliviana

Uruguaya

Peruana

Paraguaya

Dominicana

Argentina

Totales: 842 1.491 2.333


En el gráfico anterior se puede ver en el total una mayoría peruana de imputados (43%), seguida por las

argentinos (39%), pero es notable la diferencia si se lo ve por genero, ya que en el caso de las mujeres un

58% son argentinas, un 19% dominicanas y un 11% paraguayas, y habría respecto a estas nacionalidades

26

Las estadísticas son respecto a tanto oferta como demanda, pero de acuerdo a entrevistados la mayoría de los casos son de oferta. 27

Lo cual es un delito federal

34


varios casos de trata. Mientras que en los hombres un 28% son argentinos y un 64% peruanos, siendo

llamativo dicho último porcentajes.

Estás estadísticas en parte pueden representar la realidad del fenómeno, y que haya causas vinculadas a

corrientes migratorias, problemas específicos de exclusión, características del “mercado” o dinámicas de

organizaciones criminales. Sin embargo. también haber un sesgo en los datos, debido a razones explicadas

en párrafos anteriores, y a que por un lado existe una area “legal”, los bosques de Palermo, y por el otro

áreas donde se concentra la actividad “ilegal”, que son los barrios de Constitución, Flores y Once (Ver mapa

anexo). Es decir que las diferencias de nacionalidad y genero en las estadísticas pueden estar reflejando

diferentes patrones de control territorial y “protección” dentro y fuera de la zona de tolerancia; y también

puede estar vinculadas a áreas de residencia, ya que por ejemplo la zona de tolerancia está en el noroeste de

la Ciudad, la población peruana reside en el sur y sur oeste (lejos de Palermo), y precisamente en dichas

zonas es donde están los “hot spots” de la actividad contravencional.

En el caso del delito de usurpación en el siguiente gráfico se puede observar que hay una presencia mucho

mayor de imputados hombres 69%, y en cuanto a la proporción de nacionalidad por género no hay

demasiadas diferencias. En cambio es de destacar, en el total, una gran proporción de argentinos (63%),

seguida por los peruanos (28%), mientras que hay una muy baja proporción de otras nacionalidades. Lo cual

podría indicar, más allá de las advertencias ya hechas sobre sesgos y calidad de los datos, y los problemas

sociales detrás de estos fenómenos, que pueden haber también explicaciones vinculadas a momentos de

olas migratorias, redes de protección y conexión política, y capacidad organizativa incluso criminal para llevar

acabo las usurpaciones, todo lo cual puede variar entre comunidades

Nacionalidad y Genero de las Personas Imputadas por Usurpación Ciudad de Buenos Aires - 2010

213515 728

192515

3045

113207 320

7 20 27

6

76

1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mujeres Hombres Total

Otras

Peruana

Paraguaya

Chilena

Boliviana

Argentina

Total: 355 797 1.152


35


8. Causas del Delito en General y del Crimen Organizado en Particular

Respecto a las causas del crimen organizado primero es de notar que algunas de ellas pueden ser similares a

las del crimen común, lo que se ve complejizado porque ambos fenómenos suelen estar entremezclados, es

decir que altos niveles de delito común suelen estar acompañados, aunque no siempre, por altos niveles de

delito organizado (Finckenauer y Voronin, 2001).

Asimismo, tanto el delito común como el organizado son fenómenos complejos y multicausales, y pueden

ser vistos desde diferentes enfoques y niveles de análisis. En tal sentido, los fenómenos sociales en general y

los vinculados al crimen organizado en particular, son producto de la presencia de una constelación de

hechos, que además de estar relacionados entre si, son difíciles de medir, la calidad de datos disponibles es

pobre, y con problemas de comparabilidad. Todo lo cual hace que se deba ser muy prudente a la hora de las

conclusiones o generalizaciones. De todas maneras, aquí haremos referencia a diferentes teorías o intentos

de explicación del problema, no pretendiendo abarcarlas en forma comprehensiva, sino tan solo brindar

algunos elementos que faciliten el análisis.

Por otro lado, muchos de los problemas y posibles causas adquieren particular significancia cuando son

analizadas a nivel local, ya que las dinámicas delictivas tienden a tener un fuerte clivaje en tal sentido, y

consecuentemente si se analizan los problemas y datos en forma demasiado agregada, tiende a debilitarse la

capacidad de análisis. En razón de ello, y además por ser el objeto de este trabajo, que se va a prestar

especial atención a información referente a la Ciudad de Buenos Aires, y al Conurbano, en este último caso

por la dinámica en común que tiene con la Ciudad,

Entonces, es de comenzar por las explicaciones sobre al delito o la violencia en general, las que en mayor o

medida también alcanzan al crimen organizado. Al respecto, se considera que el delito puede ser en parte

explicado por aspectos estructurales del funcionamiento de la economía, que inciden en por ejemplo los

niveles desempleo; o por procesos culturales de largo plazo y complejos de medir, que cambian las actitudes

hacia el respeto a la ley o la violencia. Asimismo, el desempeño de las instituciones que cumplen una función

general en la integración social, como las de la familia, educación, trabajo o salud también pueden incidir en

los niveles de delitos o violencia, ya que conforme a la fortaleza de dichas instituciones va a variar la

proporción de individuos excluidos o el comportamiento antisocial (Title, 2000; Krug et al, 2002).

A su vez, y si bien se encuentran limitadas por los aspectos generales ya señalados, las actividades y

desempeño de la instituciones del sector seguridad por ejemplo policiales y judiciales pueden tener cierto

efecto en el control o regulación del delito. Por otro lado, también puede haber dinámicas delictivas muy

específicas por ejemplo vinculadas a las actividades o conflictos de grupos criminales, o a cambios en

mercados ilegales, pueden afectar los niveles delictivos más allá de lo que ocurra a nivel estructural o

institucional.

36


A nivel individual, situaciones de desempleo o de privación28, expulsión del sistema educativo, grupos de

pares negativos, comportamientos riesgosos, problemas psicológicos, abuso de drogas o alcohol, ser hombre

y joven son señaladas como características o factores de riego asociados al delitos o a hechos de violencia

(Howard et al, 2004; UNODC, 2011). Mientras que para la comisión de un delito en particular resulta

importante la oportunidad para llevarlo a cabo, la que depende de cuestiones situacionales, medidas de

protección y grado de vulnerabilidad de las víctimas, entre otras cuestiones.

La teoría de la privación, que junto con la teoría de la anomia fueron desarrolladas por Robert Merton,

resulta de particular aplicación al crimen organizado, ya que él destacaba que existían fines socialmente

establecidos, pero que parte de la población no disponía los medios o canales necesarios para acceder a

dichos fines, lo cual los hacía volcarse a actividades o grupos criminales (Merton, 1957).

A su vez, la privación suele analizarse de dos perspectivas, es decir en términos relativos o de desigualdad, o

en términos absolutos, y este último implica la imposibilidad per se de obtener determinados bienes algunos

de los cuales pueden ser básicos y afectar incluso la supervivencia, el clásico ejemplo es el que roba por

hambre. Esta privación absoluta puede medirse a través de por ejemplo indicadores de pobreza, los cuales

tienen algunos problemas prácticos de medición y también teóricos en su vínculo con el delito. También hay

otro indicador relativamente más confiable, y que sirve por proximidad para medir la privación, que es el de

desocupación.

¿Desocupación y Delito en la Ciudad?

En cuanto a la incidencia de la desocupación en los niveles de delito en la Ciudad de Buenos Aires, ocurre

una cuestión llamativa ya que al analizar la relación estadísticas entre los niveles de desocupación en el Área

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los niveles de homicidio y de robos en la Capital, encontramos que

existe una correlación fuerte hasta el año 2005, es decir que dichos delitos tendían a subir cuando se

incrementaba la desocupación; sin embargo dicha relación desaparecida o incluso se volvía inversa si se

toma el período posterior. Así por ejemplo en el siguiente gráfico vemos que de 1995 al 2005 el 48% de la

variación de los homicidios estaba explicada por el aumento de la tasa de desocupación, mientras que en el

período siguiente es lo inverso, es decir que a medida que desciende la desocupación, se incrementan en

forma casi idéntica los niveles de homicidios, lo cual exige un intento de explicación, que eventualmente

puede estar vinculada al crimen organizado. 29

28

La privación puede ser en términos “absolutos”, que consistiría en por ejemplo la pobreza que impide obtener bienes esenciales, o en términos relativos, que hace referencia a situaciones de desigualdad, en las que por ejemplo si bien se pueden gozar ciertos bienes so n menos que los que poseen sus propios pares u otros sectores sociales. 29

La relación entre homicidios y desocupación de 1995-2005 tiene un R2 de 0.483 y sig. 0.018; y de 2006 al 2009 un R2 (invertido) de 0.917 y sig. 0.42. Dicha última correlación tienen pocos casos y signficancia debajo de estándares mínimos pero de todas formas vale la pena tenerla en cuenta, con las reservas del caso. por la fuerza que tiene. A otro delitos y/o fuentes de información les ocurre el mismo fenómeno en su relación con los niveles de desocupación con el AMBA (ver gráficos en el Anexo), por ejemplo: Robo con Armas (Fuente MPF de la Nación) y Desocupación AMBA: del 2002 al 2005 su coeficiente de relación es un R2 0.987 con una sig. 0.006, y del 2006 al 2009 su coeficiente de relación (invertida) es un R2 0.987 con una sig. 0.018 Robo y Hurto de Automotores (Fuente CESVI) y Desocupación AMBA: del 2002 al 2005 su coeficiente de relación es un R2 0.926 con una sig. 0.038, y del 2006 al 2009 la relación no es significativa. Es de aclarar que la tasa de desocupación es indicador de ese problema pero también sirve de proxy de otros problemas sociales. Su vinculo con los homicidios se debe primero por una relación entre niveles de desocupación y niveles de robo, y a su vez entre niveles de robo, y homicidios (Fleitas y

37


Relación entre Homicidios en la Ciudad de de Buenos y la Tasa de Desocupación en el AMBA

1995-2005 2006-2009

Fuentes: Elaboración propia a partir de estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal y del INDEC

Al respecto, hay que ser cauteloso para interpretar los resultados primero porque podría haber problemas

con la calidad de los datos, y segundo, porque son fenómenos complejos y multicausales, y ello genera el

riesgo de observar vínculos que en realidad son espurios. Sin embargo, en este caso dado la intensidad de las

relaciones, que además se repiten con otros delitos y utilizando diferentes fuentes de información, se puede

asumir que tendrían algún grado de validez.

Entonces, estaríamos ante dos dinámicas diferenciadas de violencia una aparentemente más vinculada a

factores socio económicos generales, y otra que no. Respecto a esta última, se podría hipotetizar que quizás

estás más asociada a dinámicas específicas como la existencia y operación de organizaciones delictivas de

alto riesgo, conflictos entre bandas, el incremento de ciertos mercados ilegales o problemas sociales o

grupos de riesgo muy concretos, y que escapan a las medidas promedio como la desocupación.

¿Desigualdad?

Con relación a la desigualdad, o privación relativa, que como dijimos es considerada un posible factor para

explicar el delito en general y el crimen organizado en particular, es de señalar que puede tener también dos

perspectivas distintas Una perspectiva está enfocada en la desigualdad más horizontal que ocurre dentro

de los subgrupos, por ejemplo en el barrio o dentro un determinado sector social, y otra más vertical referida

a la desigualdad en el conjunto de la sociedad. Sin embargo, es debatido en qué medida los distintos tipos

de desigualdades motivan en forma directa la comisión de crímenes. Además la desigualdad puede co-existir

junto con problemas de privación absoluta (falta de empleo – pobreza), o de debilidad institucionalidad, lo

cual hace difícil saber cual es la verdadera relación causal.

A su vez, es difícil y discutido cómo se miden adecuadamente dichos tipos de desigualdad. Un coeficiente

bastante utilizado es el Gini que mide cómo es la distribución del ingreso en la sociedad, su valor va de 0 a 1,

Otamendi, 2012), sin descartar que la desocupación también pueda incidir en los niveles de homicidio por el incremento de conflictos y tensiones sociales y familiares.

38


y cuando más alto es el coeficiente, mayor sería el nivel de desigualdad. Otro indicador posible es ver como

la relación entre los ingresos del sector de la sociedad con los niveles más altos contra el que tiene menos

ingresos, comparándose usualmente el 10 % , o decil, más alto de la población contra el 10% más bajo.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires vemos en el siguiente gráfico como ha sido la evolución de dichos

coeficientes, y en ambos se observa un descenso de los niveles de desigualdad luego de la crisis del 2002

hasta el presente, evolución que es similar y asociada a la de los coeficientes a nivel nacional. Al respecto es

de señalar que en el año 2010 a nivel nacional el coeficiente Gini fue de 0,442 (Giovannini, 2012), es decir

algo más alto que el de 0,408 en la Ciudad.

Evolución de los Niveles de Desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires

Coeficiente Gini y de Ratio de los Ingresos deciles 1 y 10 de la Población

Fuente: Información y gráfico copiados del Ministerio de Desarrollo Social, 2010.

Con relación al gráfico anterior, y su vínculo con la evolución de los niveles delictivos, es de señalar que éstos

últimos, luego de la crisis del 2002, efectivamente caen, pero a partir del 2006, como veremos, empiezan a

aumentar, es decir en forma contraria a la disminución de la desigualdad. Entonces, y en forma similar con lo

que ocurre con desocupación, se puede hipotetizar que hay dinámicas especificas criminales o sociales, que

explican cambios en los niveles delictivos, independientemente de algunos factores, digamos estructurales,

antes mencionados.

Grupos de Riesgo

Asimismo, se suele destacar que la mayoría de los delitos son realizados por un grupo muy específico de la

población, así que el tamaño, subcultura y características de ese grupo es una cuestión importante tener en

39


cuenta. Generalmente se considera que los jóvenes que no estudian ni trabajan suelen ser el principal grupo

de riesgo, pero también el principal grupo vulnerable, y eventualmente pueden servir de semillero para

bandas o grupos de choques del crimen organizado (Carmichael y Ward 2001; Champman et al, 2002;

Fernandes y de Sousa, 2007). Por otro lado, y sobre todo cuando existe un clivaje étnico en la organización

de las actividades criminales, como ya hemos visto ello solo resulta posible en tanto haya una masa crítica de

la población en cuestión, lo cual les permite a las organizaciones contar con un mínimo control territorial,

una fuente de reclutamiento de miembros, pero también de potenciales víctimas de su misma comunidad.

Evidentemente lo dicho respecto a tanto los jóvenes como los migrantes, de ninguna forma debe

generalizarse ni implicar su estigmatización sino que por el contrario, es un llamado de atención para que

sean particular foco de la prevención social, y sólo en los casos individuales que sea pertinente la adopción

de otro tipo de medidas.

¿Jóvenes?

Ahora, bien respecto a los jóvenes primero es de aclarar que en las estadísticas que hemos visto sobre

delitos y contravenciones con cierto nivel de organización en la Ciudad, no parecerían ellos tener un rol

directo particularmente importante, siendo los grupos “modales” los de mayor edad. Sin embargo,

igualmente los jóvenes tienen cierta participación en actividades ilegales organizadas, pueden realizar delitos

como robo que se articulen con mercados ilegales, son un grupo que demanda drogas, y finalmente son el

principal grupo de riesgo respecto a hechos de violencia. Entonces tiene sentido algunas estadísticas socio

demográficas sobre a ellos.

Con relación a la composición etaria de la población de la Ciudad hay destacar que es un población

relativamente envejecida, y así por el ejemplo los 167.681 adolescentes de 15 a 19 años sólo representan el

6% de la población de acuerdo al Censo del 2010, cantidad que incluso tuvo una caída del 7% respecto al año

2001. En el caso del grupo de 20 a 24 años, su cantidad es algo mayor, 228.125, posiblemente debido al flujo

de estudiantes y de jóvenes del interior que vienen a trabajar a la Ciudad, pero también sufrió una leve baja

respecto al 2001.

Mientras que en los municipios del conurbano la realidad es diferente, hay 849.781 adolescentes de 15 a 19

años, que representan el 9% de la población en el 2010, y este grupo creció un 16% respecto al 2001;

mientras que el de 20 a 24 años era de 833.709 jóvenes en el 2010 (Censo 2001, Censo 2010)30. Es decir que

los cambios de la población juvenil en la ciudad, no tendría vínculo estadístico con la variación en los niveles

delictivos, en cambio si podría haber un mayor vinculo con los cambios en la población juvenil del

conurbano.

Jóvenes que No Estudian Ni Trabajan

En cuanto a la evolución del 2004 al 2012 de jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan en la

Ciudad de Buenos Aires habría ocurrido un descenso de su conjunto. Mientras que en los partidos del

30

De acuerdo al Censo del 2010 la población total en la Ciudad es de 2.890.151*

40


conurbano se da un fenómeno algo diferente, ya que de los jóvenes que no estudian cae significativamente

el número que además está desocupados, pero se incrementa el de los que están inactivos, el cual es

considerado el grupo de mayor riesgo (Ver detalle en Anexo) 31. Más allá de cuestiones vinculadas a la calidad

de los datos y márgenes de error estadístico, frente a dicho último incremento de los jóvenes que están

inactivos y no estudian del conurbano se puede hipotetizar que en parte podría explicar al aumento de los

niveles delictivos y de violencia en la Ciudad. Sin embargo, considerando los jóvenes que no estudian ni

trabajan como una totalidad, su número habría caído en ambas jurisdicciones.

Evolución de los Jóvenes de 18 a 24 años que No Estudian Ni Trabajan en la Ciudad y los Partidos del Conurbano

Cantidad – Desagregados por Jurisdicción y por si son Inactivos o Desocupados

25000

45000

65000

85000

105000

125000

145000

165000

185000

205000

1996 2000 2004 2008 2012

Desocupados e Inactivos CABA Inactivos Granba Desocupados Granba

Fuente: Elaboración propia a partir de las EPH correspondientes a la primera ola de cada año

Otras hipótesis pueden ser o que dichas variables tienen la falta de capacidad explicativa per se, o que la

educación y el sistema laborar sufrió una precarización que impide considerarlos realmente integradoras de

los jóvenes. Finalmente, también se puede plantear que el incremento de los niveles delictivos podrían

haber ocurrido por cambios negativos en otras grandes dimensiones, tales como factores de riesgo,

desempeño de las instituciones de seguridad, o dinámicas criminales específicas muy específicas, entre ellas

las organizadas.

¿Migrantes?

Por otro lado, y con relación a los inmigrantes, en la tabla siguiente podemos ver la evolución de su

población en la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos del conurbano, de acuerdo a su país de origen,

pero la exactitud de los datos debe tomarse con precaución ya que habría indicios de cierto nivel de sub-

31

La medición de los jóvenes que no estudian ni trabajan puede realizarse de diferentes formas, una de ellas es teniendo en cuenta por un lado los desocupados (es decir los que han buscado trabajo en un cierto período reciente) y por le otro los inactivos, quienes no han realizado ninguna búsqueda en dicho sentido. Este último grupo es considerado el de mayor riesgo, pero en un análisis detallado habria que exc luir unos porcentajes de sub población que es inactiva por ser amas de casa o tener incapacidades.

41


registro. De todas formas, en la tabla se puede ver un incremento de la población de Paraguay, Bolivia y

Perú que tiene un rango entre el 52% y el 123%.

Evolución de la Personas Migrantes en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano

Selección de países de la Región / 2001 -2010

Fuente: Censos 2001 y 2010

En el caso de la población de origen Boliviano suelen ser victimas de talleres ilegales, algunos de los cuales

están en condiciones infrahumanas y en algunos casos muy específicos, de privación de la libertad. A su vez

como hemos visto tienen una participación relativamente importante en las contravenciones por la venta

ilegal en la vía pública, que puede ser más o menos organizada. En el caso de la población de origen

paraguayo, las mujeres suelen ser victimas de trata a efectos de su explotación sexual, y de hecho son

imputadas en el 11% de las contravenciones por oferta de sexo en la vía pública. En lo que respecta a la

población peruana, que tuvo uno de los crecimientos más significativos, tiene una participación activa en el

delito de usurpación (28% de los imputados), y en la oferta de sexo en la vía pública por hombres un 64%

son de dicha nacionalidad. Con relación a delitos fuera de la competencia de la Ciudad, el mismo Secretario

de Seguridad de la Nación señaló la fuerte participación de nacionales paraguayos y peruanos en el tráfico de

marihuana y cocaína, respectivamente32, lo cual además está acompañado por el control territorial de

algunas de las villas de la Ciudad.

Respecto a la población china, de acuerdo al Censo del 2010 habría 3.932 habitantes de la Ciudad con dicha

Nacionalidad, lo cual sería un 0,1% del total de la población, pero se podría suponer que la cifra real es

mayor que la censada. De todas formas, en el año 2010 ciudadanos de dicha nacionalidad serían el 1% del

total de los varones imputados por delitos y contravenciones en la justicia de la Ciudad (MPF, 2011), y lo que

es mucho más grave, como ya se señaló, en el año 2011 ocurrieron 8 homicidios de ciudadanos chinos, y a

su vez hay 5 chinos acusados de homicidio (posiblemente en parte relacionados con los otros casos), lo cual

es un indicador de muy alta situación de conflictividad y que quizás también hay una dinámica de crimen

organizado involucrada.

32 Clarín 13/9/12 “El secretario de Seguridad vinculó delito con inmigración”

CABA 24 Partidos del Gran

Buenos Aires

2001 2010 2001 2010

Paraguay 46.928 80.325 191.356 334.866

Bolivia 50.111 76.609 70.391 114.146

Uruguay 34.750 30.741 55.759 55.702

Perú 38.990 60.478 23.601 52.806

Brasil 5.819 10.357 5.547 6.779

Chile 9.648 9.857 26.074 23.667

42


Factores de Riesgo: Drogas y Alcohol

A su vez, la proliferación de factores de riesgo, como por ejemplo, drogas, alcohol y armas pueden agravar o

hacer posibles delitos o situaciones de violencia. Al respecto, diferentes encuestas nos muestran un

incremento del consumo de drogas y alcohol en todo el país, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires,

fenómeno que es particularmente fuerte entre jóvenes. Esto puede incidir de diferentes formas en el delito,

por un lado por el incremento de los mercados ilegales y de la violencia asociada a ellos, y por el otro

conlleva un aumento de la población vulnerable de ser victimizada, y también de riesgo de cometer

actividades criminales.

Entonces, y de acuerdo al SEDRONAR en la Argentina habría habido un notable incremento del consumo de

drogas, cuya prevalencia es mayor en los jóvenes. Así, la prevalencia anual (nivel de consumo) de marihuana

en la población de 12 a 65 años, paso del 1,9% en el 2004 al 3,7% en el 2010, y en los estudiantes

secundarios dicha cifra paso del 3,5% en el 2001 al 10,3% en el 2011. En el caso de la cocaína, en el conjunto

de la población pasó del 0,3% en el 2004 al 0,9% en el 2010, mientras que en los estudiantes secundarios su

consumo fue del 1% en el 2001 y 2,7% en el 2011. Es de resaltar por su peligrosidad, el consumo de paco, el

que en los estudiantes su prevalencia anual paso del 0,5% en el 2001 al 1% en el 2011 – Ver Anexo

Estadístico (Sedronar, 2011 y 2012).

En cuanto al consumo de alcohol la encuesta Nacional de Factores de Riesgo, nos señala que del 2005 al

2009 a nivel Nacional el porcentaje de consumo de riesgo paso del 9,6% al 10,7% de la población, y en el

caso de la Ciudad, el incremento fue mayor, y pasó del 8,7% al 12,6% (Ministerio de Salud, 2011). Al

respecto, hay un consenso muy fuerte sobre el impacto del alcohol en los niveles de violencia* , e incluso

estudios estadísticos específicos que muestran ello en la Argentina (Fleitas y Otamendi, 2012)

Desempeño de las Instituciones del Sector Seguridad

Más allá de los mencionados aspectos estructurales y sociales, las instituciones y políticas de seguridad

pueden tener cierta incidencia, para bien o para mal, en los niveles delictivos. Así, instituciones de seguridad

sólidas acompañadas por adecuadas políticas y regulaciones, logran disminuir o controlar los niveles

delictivos, mientras que por el contrario la debilidad de las mismas acompañadas por corrupción y violencia

institucional terminan teniendo un impacto muy negativo en los niveles delictivos.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires habría que tener en cuenta las instituciones tanto de tipo

federal/nacional como local ya que las primeras siguen manteniendo relevantes competencias judiciales y

policiales, mientras que a nivel local además de las de la Ciudad, también tienen algo de incidencia las de la

Provincia de Buenos Aires por la dinámica conjunta que tiene el área metropolitana.

En tal sentido, la justicia penal a nivel nacional tuvo una importante reforma procesal en la década de los 90,

la que por problemas de implementación más un gran incremento simultaneo de los niveles delictivos

provocó cuellos de botellas en el sistema judicial. Por otro lado, y posteriormente, si bien mejoraron algo los

43


niveles de productividad, siguieron habiendo problemas y demoras debido a la gran cantidad de procesos,

juzgados sin jueces designados, problemas de gestión, y en algunos casos específicamente por fuerte

relación entre los jueces y el poder político, o incluso hubo un caso de un Juez Federal finalmente destituido,

que estaba acusado, entre otros cargos, de vínculos con organizaciones delictivas.

Respecto a la Policía Federal, la principal fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, y que cuenta con 38 mil

hombres, es de resaltar, tal como luego se verá con más detalle, que si bien habría logrado mantener cierta

“regulación” de los niveles delictivos, al mismo tiempo algunos sectores de la fuerza son acusados de

convivencia o protección de ciertas actividades delictivas. Por otro lado, una serie de violentos y confusos

incidentes con motivo de la “toma” u ocupación ilegal del Parque Indoamericano, que terminaron con la

muerte de 3 personas en Diciembre de 2010, originó entre otras medidas, una intervención de facto de la

Comisaría de la zona sur de la Ciudad, y del despliegue de otras Fuerzas Federales, la Gendarmería y la

Prefectura en dicha zona.

Ya en la orbita de la instituciones locales de la Ciudad, es de resaltar que su Poder Judicial es de reciente

creación, y su competencia está limitada a las faltas, contravenciones, y delitos cuya competencia le ha sido

transferida desde la Nación mediante dos convenios 33 . Así, han ido aumentando en forma sostenida su nivel

de actividad. A su vez, en el 2008 el Ministerio Público Fiscal ha creado una propia policía judicial, el Cuerpo

de Investigaciones Judiciales (CIJ), enfocada en delitos complejos, y desde donde se han llevado a cabo

numerosas investigaciones sobre organizaciones criminales.

Por otro lado , se creó la Policía Metropolitana en la órbita de la Ciudad en el año 2008, la cual es una fuerza

que está en formación, con sólo una comisaría funcionando, pero que progresivamente está incorporando

más agentes y ampliando sus zonas y misiones, las que recientemente han comenzado incluir intervenciones

contra actividades ilegales organizadas, de diferentes grados de peligrosidad, por ejemplo desde venta ilegal

en la vía publica, hasta tráfico de drogas y círculos de pedófilos. Sin embargo, su presencia geográfica y

capacidad operativa sigue siendo notablemente menor que la de la Policía Federal.

Ahora bien, es de resaltar la importancia del intercambio de información, cooperación y coordinación inter

agencial e interjurisdiccional para combatir eficazmente el crimen organizado. Al respecto, son comunes en

cualquier lugar la existencia de obstáculos propios de los celos burocráticos, conflictos políticos, y de la

cultura del secreto del sector seguridad. Sin embargo, esto asume características particulares en la Ciudad

de Buenos Aires.

33

Mediante dos convenios aprobado por las Leyes 25.752 y 26.357, la Nación transfirió la competencia de los siguiente delitos: lesiones en riña (95 y 96 C.P.), abandono de personas (106 y 107 C.P.), omisión de auxilio (108 C.P.), exhibiciones obscenas (128 y 129 C.P.), matrimonios ilegales (134 a 137 C.P.), amenazas (149 bis primer párrafo C.P.), violación de domicilio (150 del C.P.), usurpación (181 C.P.), daños (183 y 184 C.P.), tenencia, portación y suministro ilegal de armas de fuego de uso civil (arts. 189 bis incs. 2 y 4 del C.P.; arts. 3, 4 y 38 de la ley 24.192); ejercicio ilegal de la medicina (208 C.P.), incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (Ley Nº 13.944), malos tratos y actos de crueldad contra los animales (Ley Nº 14.346), y promoción de actos discriminatorios (Ley Nº 23.592 -art. 3-). A su vez, la Justicia de la Ciudad en razón de una serie de decisiones judiciales también sería competente respecto al delito de desarmado de automotores sin autorización para utilizar sus autopartes (art. 13 de la ley 25.761), participar, organizar o promocionar pruebas de velocidad o destreza de vehículos no autorizadas (art. 193 bis del C.P), acceso indebido a un sistema o dato informático (art. 153 bis del C.P.); daño informático (art. 183, 2° párrafo del C.P.); realizar concurso de ingesta de bebidas alcohólicas (arts. 7 y 15 de la ley 24.788) y envenenar, adulterar o contaminar el medio ambiente mediante el uso de residuos peligrosos (arts. 55, 56 y 57 de la ley 24.051).

44


En tal sentido, la Justicia Federal mantiene la competencia de muchos delitos que ocurren en Ciudad, y si

bien algunos son específicos, otros pueden considerarse transversales a toda la dinámica del crimen

organizado, como el lavado de dinero, la evasión impositiva, el cohecho e incluso la figura penal típica en el

tema, que es la de la “asociación ilícita” . Esto provocaría que las investigaciones por la Justicia local

tenderían a ser parciales y lógicamente enfocadas en los delitos de su competencia, y dependen que luego la

Justicia Federal eventualmente juzgue respecto al mismo caso los delitos que son de su propia competencia.

En los hechos lo que ocurriría es que el Fuero Federal no priorizaría demasiado ni los casos originados en la

justicia local, ni tampoco la investigación por propia iniciativa de figuras como la “asociación ilícita” pero

respecto a delitos de competencia local.

De cualquier forma, hay cierta cooperación o intercambio de información pero que se haría principalmente

caso por caso, y en base a mecanismos horizontales y relaciones personales; no existiendo de manera

formalizada grupos de trabajo conjunto, ni de seguimiento de los casos que tienen características inter-

jurisdiccionales.

Otro obstáculo que habría es que para que la figura de la asociación ilícita sea aplicable, dicha asociación

debe realizarse específicamente para cometer “delitos”, pero no sería utilizable en forma directa para las

figuras contravencionales. Algunas de estas figuras pueden no conllevar mayor daño, pero hay otras que si

tienen más relevancia, por ejemplo el juego clandestino, que mueve grandes sumas de dinero, y conlleva

redes de corrupción. De hecho en los Estados Unidos es incluso un delito federal34.

En cuanto a la cooperación las fuerzas federales y locales, aunque existiría a nivel horizontal cierto trabajo

conjunto, a nivel más orgánico y político, la relación tendría más alti bajos, y estaría marcada por los

vaivenes de los conflictos políticos y jurisdiccionales entre la Nación y la Ciudad, las cuales están gobernadas

por diferentes partidos políticos. Además, como algunas de las actividades ilícitas organizadas en la Ciudad

pueden tener cierto clivaje social/político, como la venta ilegal en la vía pública o las usurpaciones, sobre

ellas también puede haber en conflicto diferentes visiones e intereses políticos en el tema, y ello conspirar

contra una efectiva cooperación.

Más allá de los poderes judiciales y policías, otras agencias gubernamentales federales y locales pueden

tener un muy importante rol en la detección e intervención de actividades del crimen organizado, ya que por

un lado pueden manejar un caudal importante de información, y por el otro, tienen facultades

administrativas que en algunos casos les permitirían actuar con relativa simpleza sobre actividades ilegales.

Dichas agencias pueden ser por ejemplo impositivas, de habilitaciones e inspecciones comerciales y edilicias,

laborales, y de planificación urbana. Sin embargo, de acuerdo a lo analizado en el caso de la Ciudad de

Buenos Aires existiría todavía una gran potencial de mejora, coordinación, y entre-cruzamiento de

información tanto con las agencias federales como las locales entre si. En tal sentido, suelen surgir

34

18 United States Code § 1955

45


obstáculos a dicho trabajo, en parte vinculados a lógicas burocráticas, y también de conflictos

jurisdiccionales.

Explicaciones Específicas del Crimen Organizado

En los párrafos anteriores nos referimos a causas que podrían explicar el delito en general pero que también

podrían incidir en el crimen organizado. Ahora intentaremos ver cuestiones más directamente relacionados

con este último, teniendo en cuenta algunos aspectos estructurales, contextuales y culturales; con la oferta y

demanda ilegal de bienes y servicios, y como así también su relación con la regulación estatal. A su vez, se

analizarán las causas específicas del negocio de “protección”, y finalmente se verán las variables que inciden

para que las actividades delictivas no sean comunes o aisladas, sino parte del crimen organizado.

- Aspectos Estructurales - Economía en Negro

Algunas características de la economía y estructura de un país pueden facilitar las actividades del crimen

organizado, o hacerlo blanco de ellas. Por ejemplo, la posibilidad de producir bienes ilegales, tener recursos

naturales valiosos, ser lugar de paso hacia otros mercados, tener infraestructura de transporte (puertos,

aeropuertos, etc…), la existencia de áreas geográficas o urbanas de difícil control, tener una población

grande de potenciales consumidores, o que haya un boom económico (Finckenauer y Voronin, 2001;

Gambetta, 1992; Picarrelli, 2010).

Al respecto, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por su puerto y aeropuerto internacional es un lugar

de paso de diferentes mercaderías ilegales hacía otros países, y de hecho la Argentina es uno de los

principales orígenes de la cocaína que va Europa (UNODC, 2011). Asimismo, el tamaño de la población en la

Ciudad y el conurbano la convierten en un mercado muy atractivo para la provisión de bienes y servicios

ilegales. Aunque dicho tamaño conlleva dificultades adicionales para que una organización logre el control o

el monopolio de los mercados.

Yendo a otros aspectos vinculados al crimen organizado, es de señalar que la existencia de áreas informales

o en “negro” en la economía puede ser causa y efecto de aquel (Flemming et al, 2000; Picarelli, 2010)35, ya

que obstaculizan el control gubernamental, y además generan la necesidad de protección “no estatal”

precisamente por su carácter irregular. Por su lado, las actividades delictivas también tienden a reproducir

dichas áreas oscuras de la economía.

En el caso de la Argentina existen estimaciones de que la economía en negro es alrededor del 25% -30%,

porcentaje mayor que la de países desarrollados como Estados Unidos, donde dicha economía sería

alrededor del 10%, pero menor de por ejemplo Colombia, donde ronda el 42% (Schneider, 2008). En la

Argentina estos niveles de economía en negro conllevan necesariamente evasión impositiva y contrabando,

35

Evidentemente que una economía o actividad sea en negro no es sinónimo de delito y menos aún de crimen organizado. En tal sentido, la “shadow economy” puede clasificarse en: la criminal (produce bienes o servicios prohibidos), la irregular (se caracteriza por incumplimiento de normas o la evasión de la normativa), la producción hogareña, y las actividades o sectores informales (Fleming et al, 2000).

46


los cuales por ejemplo en la venta ilegal en la vía pública o los talleres ilegales se volverían necesarios a lo

largo de toda la cadena de producción (importación, elaboración, distribución), de lo contrario estos

mercados se volverían económicamente inviables, porque los pasos intermedios tendrían una gran carga

impositiva que finalmente no podrían deducir o transmitir.

- Zonas fuera del Control Estatal

Tal como se ha señalado, la existencia de áreas por ejemplo fronterizas o dentro de las ciudades con débil

control estatal, lo cual suele estar asociado además a problemas sociales, facilita las actividades del crimen

organizado. En la Ciudad de Buenos Aires en el último decenio se ha observado un crecimiento muy

importante, del 52%, de la población en los asentamientos denominados “villas miseria”, que pasaron de

tener 107.805 habitantes en el 2001 a 163.587 en el 2010 (DGEC, 2011). Mientras que en el Conurbano

bonarense la población en villas se habría incrementado en un 222%, de 290.920 en 1981 a 936.855

habitantes en barrios carenciados en el 2006 (Cravino et al, 2006). Asimismo, un estudio más reciente señaló

que en el conurbano, y en particular en el tercer cordón, se había acentuado el hacinamiento en los barrios

carenciados ya existentes y también el surgimiento de nuevos, así en el año 2011 estimaban que había 864

villas y asentamientos en el conurbano, en los que vivían 508.144 familias (UTPMP, 2011).

Dichos tipo de barrios se caracterizan por tener altos niveles de pobreza, exclusión social, y de segregación

urbana. Asimismo, en ellos se desarrollan mercados inmobiliarios informales, de venta y alquiler, mercados

informales que en los asentamientos en las zonas céntricas de la Ciudad se vuelven económicamente

importantes. Dichos problemas sociales, más la precariedad de títulos de propiedad, y alta prevalencia de

factores de riesgo, hace que los niveles de conflictividad y violencia suelan ser altos, y de hecho como ya se

ha visto, en las villas de la Ciudad de Buenos Aires es donde claramente se concentran los homicidios.

Todo ello hace que en los barrios carenciados sean particularmente víctimas y en parte beneficiarios de

redes clientelísticas y de “protección”, que se entrelazan. En lo que hace a actividades claramente delictivas,

por un lado son una población especialmente victimizada y vulnerable, pero por otro lado, a raíz de los

problemas sociales más la dificultad de acceso y ausencia del Estado, en algunos casos estos barrios

terminan sirviendo de refugio o centro de operaciones de organizaciones delictivas, lo cual se ha potenciado

con el incremento de los mercados de drogas.

Entonces, el crecimiento observado en los barrios carenciados en la Ciudad y Conurbano, más los problemas

que ello conlleva, podría estar indirectamente explicando parte del aumento de los niveles delictivos

comunes y organizados. Es de aclarar que lo expuesto de ninguna manera implica que se deba estigmatizar a

esta población, sino que conlleva por un lado la necesidad de políticas sociales-urbanas, de presencia del

Estado y sólo en los casos que sea pertinente intervenciones de tipo securitaria.

- Corrupción

47


Asimismo, la aceptación cultural de la corrupción y del incumplimiento de la norma son factores que

facilitarían el surgimiento de organizaciones criminales (Van Dijk, 2007; Finckenauer y Voronin, 2001). En

forma similar, y tal como ser vera luego con más detalle, la debilidad o ausencia del estado, y el tipo de

regulaciones que realiza, inciden fuertemente en la existencia y comportamiento de los grupos delictivos.

Una investigación realizada al respecto en la Argentina señaló que "el sobreprecio, el soborno y el nepotismo,

para mencionar solamente algunos ejemplos, se han hecho el modus operandi establecido tanto en la

administración pública como en los negocios cotidianos" refiriéndose en este último caso al sector privado

(Sautu, 2004). Mientras que de acuerdo a los índices y encuestas elaborados por Transparency

Internacional, que si bien sufren algunas limitaciones metodológicas tienen igualmente algún grado de

validez, Argentina se encontraría en el número 100 en el índice de percepción de corrupción36 (Transparency,

2011) y que a su vez el 68% de los encuestados considera que la situación de corrupción empeoro en el país

(Transparency, 2010) . En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a una encuesta de victimización

un 4% de los entrevistados manifestó haber sido victimas de un hecho de corrupción durante el año 2010

(DGPPD, 2011)

- Oferta y Demanda

Por otro lado, y enfocando la “oferta”, para llevar adelante actividades criminales en forma organizada,es

necesario que existan personas o grupos con las características, capacidades, motivaciones y contactos, ya

que éstas actividades exigen cierta expertise y capacidad de ejercer la violencia que no necesariamente

tienen todos los criminales y menos una persona común. Dichos grupos, además de poder constituirse y

funcionar como organización, deben contar con la capacidad de producir los bienes o servicios en cuestión.

Así en secciones anteriores ya nos referimos a como por ejemplo el hecho de que algunos grupos peruanos

tenían no sólo los contactos para importar cocaína, sino que también el know how para organizarse y

controlar violentamente el territorio; todo lo que cual les habría permitido consolidarse.

Por otro lado, resulta necesario que haya una demanda de los bienes y servicios, sin lo cual evidentemente

no habría mercado. Además, dicha demanda debe ser de relativa magnitud (en volumen y/o precio), porque

en caso contrario no resultaría rentable la realización de la actividad criminal en forma organizada y con

cierta escala.

Así los ya mencionados niveles de consumo de drogas en Argentina, que proporcionalmente se encuentran

entre los más altos de la región (UNODC, 2012), implican que existe una demanda y un mercado acordes.

Por ejemplo, un estudio de la SEDRONAR estimaba que se consumían anualmente 47,2 Tm de marihuana

por un valor de $ (pesos), 309 millones, 28 Tm de cocaína por un valor de $347 millones, y 1,1 Tm de paco

por un valor $20 millones (SEDRONAR, 2006)37 . En el caso de los vehículos, las 45.922 unidades robadas en

36

A fin de interpretar dicho posicionamiento se lo puede comparar con otros países de la región, por ejemplo en el lugar 22 esta Chile, en el 25 Uruguay, y en 73 Brasil 37

Dichas estimaciones parecerían bastante conservadoras tanto en cantidades como en precio, atento lo informado por otras fuentes consultadas y teniendo en cuenta además la cantidad de droga que anualmente se incauta la que en los últimos años ha sido de alrededor de 100 Tm de marihuana, y 10 tm de cocaina. Ademas para calcular el producto total del sector resultaría necesario incluir, no solo las ventas finales, sino que también lo producido en los pasos intermedios.

48


el año 2011 en todo el país38, implican que existiría una demanda de ellos o de sus partes en la Argentina y

en los países limítrofes.

- Regulación Estatal – Ilegalidad.

Un aspecto clave para que la provisión de bienes y servicios sea realizada en forma ilegal, es precisamente su

prohibición o regulación por el Estado, y ello es junto con la existencia de la oferta y la demanda, lo que crea

el mercado ilegal. Es de notar, que basta cierto tipo de restricciones o limites (vg. regulación), sin que haya

necesariamente prohibición total, para que se produzcan incentivos para el crimen organizado. Por ejemplo

es el caso del contrabando de cigarrillos o de la venta ilegal de medicinas, dichas actividades cumpliendo

ciertos requisitos o pagando impuestos se pueden hacer en forma legal, pero igual existen incentivos para

eludirlos.

Lo cual es un llamado de atención respecto a los que consideran que por no prohibir pero regular una

actividad, como el tráfico de drogas, se van a terminar las organizaciones criminales, cuando en la realidad lo

que va a ocurrir, para bien o para mal, es un cambio en la dinámica del mercado y eventualmente una

adaptación de dichos grupos delictivos.

- Causas del negocio de la “Protección”.

El negocio de la protección es considerado por algunos como el típicamente mafioso (Gambetta, 1992), y si

bien sus causas también puede ser analizadas desde el citado esquema de oferta-demanda, merecen ser

vistas con más detenimiento debido a su importancia.

Así, la necesidad de protección por el crimen organizado se originaría en la dificultad o imposibilidad de

recurrir al Estado ante problemas, amenazas o conflictos. Lo cual puede estar vinculado a diferentes razones:

la ausencia o incapacidad del Estado, incertidumbre sobre los derechos, excesivas regulaciones, o la

existencia de mercados ilegales o no regulados. A su vez, Diego Gambetta resalta el problema de la falta

confianza por un lado dentro de la comunidad, y por el otro hacia al Estado, como uno de los factores que

facilitan el crimen organizado.

Por ejemplo, la ausencia del Estado en Sicilia en el siglo XIX, acompañada por drásticos cambios políticos y

económicos, habría sido uno de los factores que provocó el crecimiento de la Mafia (Gambetta, 1992).

Mientras que la debilidad del Estado en algunas regiones colombianas acompañada por el conflicto y la

amenaza de grupos guerrilleros en parte habría provocado el surgimiento de los grupos paramilitares.

En otro contexto, el insuficiente accionar del Estado en serios conflictos sindicales como el ferroviario en

Argentina, puede haber incidido en que bandas mafiosas vinculadas al establishment sindical terminaran

38

El Cronista Seguros 08/08/2012

49


asesinado en el año 2010 a un militante de izquierda, quien era parte de un grupo que bloqueaba

ilegalmente el servicio ferroviario de pasajeros.39

Asimismo, la incertidumbre sobre el alcance de los derechos y/o su dificultad de aplicarlos, puede provocar

conflictos y la necesidad de remedios no-estatales entre ellas la protección o mediación de organizaciones

criminales. Esto se puede producir por diferentes motivos, por ejemplo por exceso de regulaciones que

impiden procedimientos normales, o porque hay inseguridad jurídica, lo cual hace vulnerable a la población

de extorsión/protección por organizaciones criminales muchas veces integradas por los mismos funcionarios.

La existencia de actividades no reguladas o ilícitas sin obviamente derechos formales, potencian los

conflictos, y generan oportunidades para el negocio de la protección del crimen organizado. Por ejemplo, la

ocupación o distribución “informal” de tierras en barrios carenciados; o la alocación de “territorios” en

espacios públicos para la venta callejera, cuidado de autos o prostitución. En cierto sentido, ello sería

también la situación de algunos inmigrantes, quienes cuando están en una situación irregular o ilegal son

particularmente vulnerables a la extorsión/protección. Cuestiones sobre las que ya hemos dado algunos

ejemplos en la Ciudad de Buenos Aires, y luego volveremos con más detalles.

Incluso, actividades claramente delictivas como la venta de drogas o los robos en un territorio suelen

depender de la “protección” de organizaciones criminales de mayor envergadura o de vinculaciones la

policía. A su vez, la solución de disputas dentro o entre grupos criminales puede igualmente depender de

una instancia superior, lo cual en ocasiones ocurre con la Mafia o la Yakuza. Este problema para resolver los

conflictos también lo tendrían las empresas que se cartelizan ilegalmente para por ejemplo las licitaciones de

contratos estatales.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires dichas actividades al menos hasta recientemente habrían contado

con cierta protección o control de sectores de la Policía Federal de acuerdo a expertos en el tema (Sain,

2008) y a declaraciones de la misma Ministra de Seguridad de la Nación.40 Respecto a delitos y

contravenciones que son competencia de la Ciudad, y de acuerdo a entrevistas efectuadas y a artículos

periodísticos, también habría numerosos casos de actividades ilegales, como trapitos, talleres clandestinos,

prostitución, juego ilegal y venta en la vía pública, que se realizaban pagando “protección” a ciertos policías,

lo cual se hacía evidente en registros contables de pagos, teléfonos de contacto con policías, alertas que

recibían los imputados en forma previa a la realización de allanamientos, o incluso oficiales que aparecían

en medio de intervenciones para interesarse sobre qué estaba ocurriendo.

- ¿Por qué el crimen se hace en forma organizada o independiente?

Yendo a otro enfoque de las causas sobre crimen organizado, cabe interrogarse por qué se lleva a cabo de

dicha manera y no en forma individual o separada. Al respecto es de resaltar que los distintos tipos de

actividades delictivas conllevan, según el caso, diferentes necesidades, “costos” y riesgos, pero también

beneficios, y precisamente de su balance va a depender la realización de crímenes en una u otra forma. Por

39

La Nación, 20/10/2010 40

Pagina 12, 8/4/2011 “Gestionar de forma adecuada”

50


ejemplo, la naturaleza de la actividad ilegal en cuestión, puede hacer imprescindible que su realización sea

en forma organizada, esto tiende a ocurrir en negocios de gran tamaño, complejos y que necesitan distintas

especializaciones (Finckenauer, 2005), lo cual se acentuaría cuando hay un retorno con relación a la escala de

las operaciones, tal como suele ocurrir con el tráfico de drogas.

En similar sentido, para que el negocio de la protección sea prestado por empresas criminales, es necesario

primero que no pueda ser realizado en forma autónoma. Por ello, en las regiones de Sicilia donde

subsistieron latifundios, los “señores” contaban con sus propios grupos de protección, y por ende el

desarrollo de la Mafia habría sido menor, mientras que habría ocurrido lo contrario en regiones de

minifundios o en las crecientes zonas urbanas (Gambetta, 1992). Quizás, en el reciente caso colombiano, los

niveles de conflicto terminaron haciendo inútiles medidas individuales de protección, y provocaron el

surgimiento de organizaciones con mayor escala como los paramilitares.

51


9. Relación con el Estado y la Política

Resulta muy relevante ver la vinculación entre el crimen organizado, con las organizaciones estatales y con la

política. Primero por la similitud que puede existir entre ambos tipos de organizaciones, segundo por el

impacto negativo que puede tener el crimen organizado en las estructuras estatales, y tercero porque las

características, políticas y regulaciones del Estado son determinantes de alcance de los grupos criminales, y a

su vez de la naturaleza de la interrelación entre ambos (Fijnaut 2001, Milhaupt y West 2000).

En tal sentido resultan sorprendentes las similitudes de las grandes organizaciones criminales dedicadas al

negocio de la protección con el Estado (Tilly, 1985). Ambos tipos de organizaciones pretenden tener control

territorial, cierto monopolio de la fuerza, resolver los conflictos entre particulares, y cobrar “impuestos”.

Incluso, la búsqueda de cierta legitimidad mediante acciones sociales o redes clientelisticas también puede

ser una característica de ambos.

Una diferencia entre ellos sería que en los gobiernos democráticos, además de tener sistemas de decisiones

acordes, también tienen mecanismos de rendición de cuentas y un estado de derecho; los cuales son más

débiles o inexistentes en las organizaciones criminales. De todas maneras, incluso los sistemas democráticos

tienen cierto grado de coerción, y ni hablar los sistemas más autoritarios o Hobbesianos, los cuales son más

difíciles de diferenciar conceptualmente de las grandes organizaciones criminales.

La ante dicha búsqueda de legitimidad política y de apoyo social, mediante acciones asistenciales que suelen

realizar las grandes organizaciones criminales (Gambetta, 1992; Shelley et al, 2005), por un lado lo diferencia

claramente del crimen común y por el otro lo asemeja al Estado. Esto además puede generar relaciones de

competencia o de alianzas entre la política y los grupos criminales respecto al apoyo de la comunidad.

Por ejemplo, en comunidades en las que hay cierta presencia estatal aunque sea sub-optima, por ejemplo

mediante redes de clientelismo político, ello puede obstaculizar la penetración del crimen organizado. Dicha

situación quizás fue hasta hace un tiempo la de Argentina, pero recientemente comenzaron a aparecer

organizaciones criminales en barrios de emergencia, no sólo con estructuras sofisticadas, sino que también

incluso con actividades de beneficencia.41

El impacto del crimen organizado en la organización estatal, si bien varía de acuerdo a sus características y

de cómo es la relación entre ellos, en la líneas generales tiende a corromper al Estado, y a incrementar su

ineficacia e ineficiencia, ya que los grandes grupos criminales tienden a capturar recursos públicos, o a

desviar su gestión. Por otro lado, el sistema electoral corre riesgos ante los grandes grupos delictivos,

quienes pueden aportar fondos para las campañas, movilizar votantes o incluso imponer candidatos, riesgos

que se incrementan en localidades pequeñas o Estados débiles.

Ahora bien, como se ha dicho la relación entre el gobierno y el crimen organizado resulta de suma

importancia, incluso algunos consideran a ambos como dos caras de la misma moneda (McIntosh, 1975)¸y

41

Clarin, 13/5/2007.

52


las capacidades o estrategias de uno moldean las de la contraparte. Asimismo, y sin llegar a una extrema

corrupción, existen incentivos para que haya un punto de equilibrio o un modus vivendi, ya que por un lado

los gobiernos buscar mantener una apariencia de seguridad, mientras que los grupos criminales

generalmente buscan mantener funcionando su negocio, y a ambos les puede resultar costoso una escalada,

lo que no quita que esto último en ocasiones efectivamente ocurra (Bailey y Taylor, 2009).Dichas relaciones

entre los gobiernos y los grupos criminales pueden estar en un rango muy amplio, por ejemplo de identidad,

alianzas-coptación, coexistencia, regulación o limitación, o una abierta confrontación.

En ocasiones, y en particular en países subdesarrollados, puede resultar complejo distinguir ante gobiernos u

organizaciones criminales, si se está frente a un gobierno qué extorsiona y ejerce la violencia contra sus

ciudadanos o frente a grupos delictivos, siendo a su vez difícil de diferenciar quién es el títere, o en términos

más teóricos quién es el principal o el agente, de la relación. Por ejemplo, ese habría sido el caso de Rusia en

la caótica década del 90, o en Ucrania donde la protección/extorsión la realizaban usualmente funcionarios

públicos (Albanese, 2001; Paoli y Fijnaut, 2006)

Quizás en cierto sentido esa era la situación de Nueva York hasta principios del siglo XX, donde los políticos y

la policía local manejaban en buena medida los negocios criminales y de protección en la ciudad. Las

reformas realizadas alrededor de 1910 limitaron dicho papel del gobierno, paradójicamente ello puede

haber permitido la posterior fortalecimiento de la mafia en el negocio de la extorsión, pero actuando ya en

forma más autónoma (Varese, 2011).

Los gobiernos y organizaciones criminales cuando existen como actores, pero ya más diferenciados entre si,

igualmente pueden tener alianzas o acuerdos, que pueden implicar la realización de “negocios” conjuntos,

por ejemplo en contratos públicos, permisos de construcción, licencias de juego, concesiones de recursos

naturales, o tolerar la utilización ilegal de espacios públicos. A su vez, los gobiernos pueden asegurar cierta

impunidad, y a cambio las organizaciones criminales mantienen controlados los niveles de delito más

predatorios y políticamente sensitivos, y además aseguran fondos y la movilización de votantes en

elecciones. Esta descripción en parte se puede aplicar a la relación entre la política italiana y la Mafia en la

segunda mitad del siglo XX, o dinámicas locales en México y Colombia (Gambetta, 1992; ICG, 2011; Bailey y

Taylor, 2009)

Por otro lado, existen instituciones o grupos que por sus características hay riesgos de que sean el nexo de

dichas relaciones, o incluso que parte de ellas pueden volverse organizaciones criminales. Es decir, la policía,

los sindicatos, y los grupos de fanáticos o barras bravas de futbol.

En el caso de la policía al ser la institución que por antonomasia está en contacto y administra el mundo

delictual, es la intermediaria natural entre dicho mundo y la política, con los riesgos que ello conlleva para el

conjunto del sistema. Además, en dicho rol la policía debe tener capacidades y relaciones de fuerzas para por

un lado poder mantener funcionando el negocio, y por el otro controlar los niveles delictivos de forma tal

que no la afecten políticamente.

53


En la Argentina, Marcelo Sain ha destacado el modus vivendi que había entre la política y las policías, por el

cual éstas pretendían asegurar niveles delictivos no demasiado conflictivos, y eran además una herramienta

de control social y político. Esto era a cambio de altos grados de autonomía policial, y de la tolerancia a la

“protección” por algunos sectores policiales de diferentes actividades y mercados ilegales, lo cual implicaban

cajas de recaudación que en parte llegaban a beneficiar a los mismos políticos (Sain, 2008). Sin embargo,

habría indicios de que han perdido cierta capacidad de regular estas actividades delictivas, debido por un

lado el crecimiento del delito, y en especial de organizaciones criminales vinculadas al mercado de las drogas

que comenzaron a tener cierto control territorial, y mayores recursos económicos y poder de fuego, y por el

otro a la degradación de sus propias capacidades organizacionales.

Respecto a los sindicatos, si bien no se puede generalizar, en algunos casos, como en el de Nueva York,

habrían desarrollado fuertes relaciones con organizaciones criminales. Además, al tener los sindicatos

influencias políticas, manejar recursos económicos, contar con potenciales fuerzas de choque, e intervenir

en conflictos laborales a veces de difícil solución, tienen todas las capacidades para ejercer actividades de

protección/extorsión, riesgo que se acentúa en el caso de eventualmente existir una cultura de corrupción o

violencia dentro del sindicato.

En la Argentina por ejemplo, luchas violentas por el control territorial de algunos sindicatos, la detención de

lideres sindicales vinculados a grandes negocios de corrupción, y en ocasiones prácticas extorsivas sobre

empresas, indicarían que en algunos casos efectivamente habría prácticas muy similares a la del crimen

organizado42. Quizás en la Ciudad de Buenos Aires debido a su tamaño, centralidad y mayores recursos

institucionales, se encuentra un poco más protegida frente a los aspectos más violentos de dichas prácticas,

que por ejemplo otras ciudades medianas del país.

Los barras bravas también son otro grupo vinculado tanto a la política como a actividades criminales, ya que

por un lado tienen capacidad de movilización electoral, y de contar con grupos choque importantes para la

política, y por el otro suelen ejercer el control territorial, a efectos de realizar negocios irregulares o

directamente ilegales como la reventa de entradas, el cuidado de automóviles, la venta en la vía pública, la

extorsión y el tráfico de drogas.

Sin llegar a extremos como los descriptos, puede haber situaciones en la que el crimen organizado y los

gobiernos coexisten a través de estrategias de evasión, de cierta tolerancia, o de acuerdos más o menos

implícitos que les permiten mantener limites o un modus vivendi (Bailey y Taylor, 2009). Otro escenario es

cuando el Estado busca controlar o regular las actividades del crimen organizado, quizás enfocándose en las

aspectos más perniciosos, pero por cuestiones de costos o de políticas evita perseguir en forma total a las

actividades criminales, y por tanto ello implica también cierto modus vivendi. Este tipo de situación o

políticas se asemeja en buena medida a las llevadas a cabo por ejemplo el Reino de los Países Bajos en su

relación con el crimen organizado (Fijnaut, 1990).

42

La Nación 28/01/11 “Habría sido por encargo el asesinato de un gremialista”; La Nación, 24/09/09 “Investigan a otras 51 obras sociales sindicales”; La Nación 24/04/2012 “Otra disputa a los tiros involucra a la Uocra”.

54


Finalmente puede haber una situación de conflicto abierto en el que el Estado busque eliminar a las

organizaciones criminales y/o estas lo ataquen en forma abierta. El resultado de este enfrentamiento

evidentemente va a variar dependiendo las relaciones de fuerzas, y en el caso de que los grupos delictivos

sean poderosos la situación puede escalarse e incluso llevar a que se realicen acciones terroristas, como en

México hoy en día, en Medellín por Escobar Gaviría, en Italia por la Mafia a principios de los 90, o en el

ataque de PCC en Sao Paulo en el 2006 (Bailey y Taylor, 2009; Gambetta, 1992; Shelley et al, 2005).

Paradójicamente dichos violentos ataques criminales serían más comunes cuando previamente existían

situaciones de colusión con el Estado, y a su vez hay expectativas de que mediante los ataques se logre re-

establecer un modus vivendi. Mientras que en países más desarrollados y con políticas más consistentes

contra las organizaciones criminales, éstas tienden más a intentar corromper o eludir el accionar estatal, que

a enfrentarlo en forma abierta. Por ejemplo, ese sería el caso de la denominada “cosa nostra” en los Estados

Unidos, que a pesar de haber sido en ocasiones duramente golpeada por el gobierno, no intentó realizar

acciones terroristas.

Un escenario también violento se produce cuando no hay una organización criminal dominante o ésta se ve

debilitada, y consecuentemente estallan guerras entre los diferentes grupos por el control del territorio o el

mercado. Lo cual además de afectar al común de la población, puede terminar involucrando al gobierno,

sobre todo si lo consideran (con razón o no) que está alineado con alguna de las facciones en pugna, lo cual

tiende a provocar ataques muy violentos contra el Estado.

Estos resultados tan complejos de la ruptura de monopolios criminales son un llamado a la cautela o al

menos de desarrollo de estrategias adecuadas, a la hora de enfrentarlos. De igual forma no hay que olvidar

que los enfrentamientos abiertos pueden tender a escalarse, sobre todo cuando las organizaciones delictivas

son fuertes y se quieren llevar adelante paradigmas como “la guerra contra el crimen”.

Cabe interrogarse qué ocurría en Argentina o en la Ciudad de Buenos Aires si precisamente se pretende

llevar adelante una acción de ese tipo ahora o en el futuro. Al respecto, se puede suponer que su resultado

sin dudas va a ser conflictivo, pero de todas formas va a depender de las relaciones de fuerzas (que pueden

ser cambiantes) y estrategias que se adopten; y aunque en la Ciudad la presencia estatal podría suponerse

más fuerte que en por ejemplo algunas regiones de nuestro país, o los mencionados casos de México y

Colombia, igualmente, no está de más reiterar la advertencia de los altísimos riesgos de un conflicto abierto,

que se incrementarían sino hay suficientes capacidades estatales, y si la política y las policías se encuentran

entremezcladas con las organizaciones criminales.

55


10. Relación con las Empresas

La relación entre las organizaciones criminales con el mundo de las empresas también es de suma

importancia y compleja (Van Duyne 2005; Picarrelli, 2010). Por ejemplo, las características de los negocios

en un país pueden facilitar o no la penetración del crimen organizado; el cual a su vez puede tener áreas de

actividades tanto legales como ilegales, cuyo límite puede ser bastante difuso. De tal modo, la economía

legal puede utilizada para lavar los activos ilegales; las empresas legales pueden sufrir la extorsión o

predación por el crimen organizado, o también pueden tener una relación simbiótica con ellas; por último

organizaciones criminales puede volverse en capitalistas “honorables”, dejando atrás su pasado delictivo.

Con relación a algunos de los temas mencionados en el párrafo anterior, es de resaltar como por ejemplo el

crimen organizado en ocasiones logra penetrar industrias como de la construcción, del juego, portuaria,

extracción de recursos naturales, o la textil mediante la extorsión/protección, “manejo” de personal,

cartelización de contratos, o inversiones y lavado de dinero .

Por otro lado, la industria del cigarrillo sirve de ejemplo de cierta relación simbiótica con organizaciones

criminales que se dedican en gran escala a su contrabando, el cual en algunos casos no podría llevarse a

cabo sin el aquiescencia al menos tácita de la industria, y esto ha provocado a que algunas empresas de

cigarrillos sean internacionalmente procesadas (Albanase 2001). Otros casos de relación simbiótica con

industria pueden ser el de la disposición ilegal de residuos peligrosos en forma organizada; o la tercerización

en forma clandestina o semi legal de suministros o de personal (Van Duyne, 2005), por ejemplo en el caso

de los talleres textiles ilegales.

Respecto a la Ciudad de Buenos Aires hay diferentes áreas en las que se puede observar cierta convivencia

entre las empresas y actividades ilegales organizadas. Por ejemplo, en la industria textil no sólo algunas

grandes empresas utilizan como insumos lo fabricado por talleres ilegales, sino que incluso hacen una

política de “fortalecimiento de proveedores” dándoles los diseños. En algunos casos, con una relación

estrecha, hay indicios que las grandes empresas les facilitarían a los talleres maquinaría y capital. Para llevar

adelante dichas actividades, las grandes empresas de indumentaría formalmente no negociarían con los

talleres, sino que suelen utilizar otra empresa que se encarga de dicha relación, y luego aparece como la

proveedora formal. En el sector además hay grandes empresas importadoras y proveedoras de telas que les

venden a los talleres ilegales, utilizando sin duda esquemas de evasión impositiva.

56


11. Algunos Casos de Crimen Organizado en la Ciudad de Buenos Aires

En la presente sección se analizarán con más detalle algunos casos sobre crimen organizado en la

Ciudad, es decir los referidos a usurpación, juego clandestino, y “trapitos”. Evidentemente el primer

caso y en el último tienen muy fuertes vínculos con problemas sociales, y sería disparatado generalizar

toda acción de usurpación o de cuidar coches como crimen organizado. Sin embargo, en muchas

ocasiones tienen detrás organizaciones o redes de protección-corrupción que ejercen la violencia, se

encuentran vinculadas a otros delitos, y manejan importantes sumas de dinero o tiene un gran impacto

económico. Todo lo cual hace que sea relevante con las precauciones del caso tenerlas en cuenta para

discutir las actividades o grupos criminales organizados que hay detrás.

A. Usurpación

La usurpación, llamada coloquialmente ocupación, está tipificada en el artículo 181 del Código Penal y

hace referencia al despojo de la posesión o de otros derechos reales sobre un inmueble a través de

violencia, amenazas, engaños o clandestinidad; y como señalamos fue uno de los delitos transferidos a

la órbita de la Ciudad.

La cantidad de usurpaciones que ocurren, el daño económico que producen tanto a particulares como al

Estado, su realización frecuente en forma más o menos organizada, y su asociación en ocasiones con

otro tipo de delitos, que conllevan además el deterioro de la seguridad de los vecindarios, hacen que sea

relevante tenerlas en cuenta. De hecho, la existencia de inmuebles abandonados y su ocupación ilegal

es considerado como un problema que impacta en los niveles no sólo de “desorden” o deterioro

urbano, sino que también de delito en general de una ciudad (Skogan, 1990; Spelman, 1993; Taylor,

1999).

Lo dicho no significa ignorar el componente social que suele tener el problema, pero precisamente el

desafío es lograr un punto de equilibrio entre proteger los derechos de los particulares, y la seguridad

de los barrios, y por el otro atender necesidades sociales, sin que ello implique crear incentivos para la

comisión de delitos, o tolerar a las organizaciones que lucran de estos problemas.

Ahora bien, en el siguiente gráfico se puede ver la evolución de las denuncias por usurpación en la

Ciudad de Buenos Aires, que en total fueron 2.671 casos desde segundo semestre del 2008 hasta el

segundo semestre del 2010. Asimismo, en el gráfico se puede observar una caída en el año 2010 de la

cantidad de denuncias, aunque resulta difícil explicar los motivos de dicha caída, y en qué medida refleja

o no variaciones en la cifra “negra” del delito.

Evolución del Delito de Usurpación Ciudad de Buenos Aires – Cantidades por Semestres

57


540

616

554

441

520

200

300

400

500

600

700

2do S 2008 1er S 2009 2do S 2009 1er S 2010 2do S 2010


En cuanto a su distribución de los delitos de ocupación a lo largo de la Ciudad , en el siguiente mapa se

puede observar una doble dinámica, por la que primero si bien los casos están concentrados en los barrios

como Balvanera, Constitución y San Cristóbal, al mismo tiempo se encuentran dispersos en toda la Ciudad; y

segundo, que tanto en los barrios céntricos como en los más alejados, las ocupaciones se concentran a su

vez en determinadas áreas o incluso cuadras, lo cual puede ser indicador no sólo de cuestiones de

disponibilidad y de deterioro urbano, sino que también de cierto modus operandi u organización, por el cual

el fenómeno quizás tienda a replicarse una vez ocurrida una ocupación. Asimismo, habría que interrogarse

en qué medida la distribución diferenciada de las usurpaciones no puede estar respondiendo a redes de

protección policial o política.

Distribución de los Casos de Usurpación Ciudad de Buenos Aires, 2010

Fuente: Mapa copiado del MPF, 2011

Respecto al perfil de los imputados, es de recordar que la mayoría son argentinos (un 63%), seguidos por los

peruanos (un 28%). Sin embargo, es notable que la proporción de la nacionalidad de los ocupantes varía de

acuerdo a la zona de la ciudad. Por ejemplo, en la “zona este” los argentinos son el 79%, los peruanos el 12%,

58


y no hay imputados paraguayos. Mientras que en la “zona sudeste” sólo el 48% son argentinos, el 33%

peruanos, y el 13% paraguayos. Todo lo cual además de poder ser explicado por cuestiones

sociodemográficas, también puede ser indicador de la importancia de redes de contacto, y de la existencia

de posibles “territorios” vinculados a la nacionalidad (MPF, 2011).

En cuanto a las características y actividades de las organizaciones dedicadas a las usurpaciones, y de acuerdo

a lo surgido en diferentes entrevistas y de notas periodísticas, estás suelen tener roles diferenciados

respecto a la inteligencia previa para identificar la casas a ocupar, a los encargados del grupo de choque que

irrumpe en el inmueble, a los que luego habitan la casa en los que suele haber mujeres y niños, no sólo por

una simple cuestión demográfica sino que también para disuadir un intento de por ejemplo las autoridades

de entrar a la casa. Dichos habitantes pueden ser los originales, pero también inquilinos que pagan un

alquiler al “dueño” de la toma.

A su vez, hay encargados claramente diferenciados de tratar con los abogados y llevar a cabo las

negociaciones con las autoridades cuando van a desalojarlos, a fin de demorarlo u obtener más “subsidios”

económicos. Incluso hay estrategias legales sofisticadas, en una suerte de “forum shopping” ya que

interponen diferentes tipos de recursos hasta que a alguno le toca un juzgado que pueda ser favorable, y

entonces todos los ocupantes adhieren a dicha causa.

A la hora de usurpación o de su desalojo, algunas tienen respaldo o protección de agrupaciones políticas o

de punteros. Asimismo, habría indicios que aquellos grupos suelen obtener beneficios como consecuencia de

las ocupaciones, quedándose por ejemplo un porcentaje del “alquiler” o “reventa”, o de los subsidios que

luego se pagan. Las agrupaciones denominadas de “izquierda” también son activas y ruidosas en este

respaldo de las ocupaciones, y en algunos casos también habría habido indicios de que más allá de

cuestiones ideológicas algún beneficio concreto obtendrían. De todas formas, el nivel de politización variaría

de acuerdo al tipo de toma, en el sentido que los casos de terrenos públicos o de inmuebles importantes

tienden a politizarse mucho más que la usurpación de pequeñas viviendas, las cuales pueden pasar

desapercibidas tanto para la política como para los medios de comunicación.

Asimismo, en las ocupaciones suele haber cierto nivel de violencia, incluso en forma organizada y con armas

de fuego, ya que deben irrumpir una propiedad, defenderla contra los dueños, otros potenciales

usurpadores, o la autoridad. A su vez, deben resolver los conflictos que haya dentro de la vivienda y

asegurarse el cobro de “alquileres”, todo lo cual exige al menos que haya una capacidad latente de amenaza

y violencia. Por ejemplo, de acuerdo a un entrevistado hubo un caso de una casa ocupada que fue tomada

por terceros que irrumpieron con armas de fuego, y echaron a los usurpadores originales, quedándosela

para ellos. Otro caso fue el del barrio Rivadavia I y II, cuyas viviendas sociales a estrenar fueron ocupadas por

una banda, que repelió violentamente y con armas de fuego a la policía que intentaba impedir la toma.

Quizás el más paradigmático fue el caso del parque Indoamericano en diciembre del 2010 en el que grupos

relativamente organizados, y con diferentes conexiones políticas, intentaron tomarlo, lo cual finalizó con

59


varios muertos y una suerte de batalla campal entre ocupantes, vecinos que los atacaban, y las fuerzas

policiales. 43

Otra cuestión discutida respecto a las usurpaciones es en qué medida están asociadas a otro tipo de delitos.

Al respecto si bien no hay disponibles estadísticas que permitan hacer generalizaciones, aparentemente si

habría numerosos casos de inmuebles usurpados que son utilizados como centro de distribución de drogas44.

Por ejemplo, recientemente la Policía Metropolitana detuvo una banda de traficantes de nacionalidad

peruana que utilizaban como puntos de venta inmuebles usurpados.45

Respecto a las políticas en el tema es de resaltar que por el Decreto N° 690/06 y modificatorios, rige el

programa “Atención para Familias en Situación de Calle“ y en virtud del cual familias que estén por ser

desalojadas de una vivienda usurpada, puedan recibir un subsidio temporario para mitigar su situación. Lo

cual por un lado tiene sentido para atender situaciones sociales problemáticas, y también como herramienta

de negociación para el desalojo; pero por otro lado puede funcionar como incentivo perverso para más

ocupaciones; ya que además de usufructuar en forma ilegal durante cierto tiempo un inmueble, luego

obtienen una suma de dinero, la cual además es el objeto de reparto con punteros políticos o sociales. De

todas formas, lograr un punto de equilibrio entre ambos aspectos resulta muy complejo y escapa al alcance

de este trabajo pretender resolverlo.

Otra “política” a tener en cuenta y vinculada precisamente a los problemas sociales, es el “Protocolo de

Actuación para la Restitución de Inmuebles Usurpados” del Ministerio Público Fiscal46, el que contempla una

intervención multiagencial a fin de resolver o mitigar dichos problemas, sobre todo cuando hay menores

involucrados.

Por otro lado, parecería haber una cuestión problemática en el control de las usurpaciones y que está

vinculada a las diversas competencias y jurisdicciones que hay en el tema, el cual en algunos casos tiene

claramente aristas vinculadas al crimen organizado, pero sin embargo escapa a la competencia de la Ciudad

juzgar y perseguir en forma directa la “asociación ilícita”, debiéndose limitar al delito de usurpación, el cual

por si sólo tienen una pena relativamente leve. Mientras que la persecución del delito de “asociación ilícita”

depende del Fuero Federal que tendería a no prestarle demasiada atención cuando está vinculado a delitos

que originalmente no son de su competencia y que no consideran demasiado prioritarios.

Además de ello, no habría mecanismos formales de coordinación y seguimiento de los casos una vez que

pasan a otro fuero, ni habría formalmente grupos de trabajo conjunto, lo cual debilita las posibilidades de

persecución penal efectiva. Por ello, resulta recomendable que establezcan dichos mecanismos y grupos de

trabajo, en particular en los casos que sean considerados prioritarios, y en los que hay bandas claramente

organizadas actuando.

43

La Nación, 14/12/10 “Tras nuevas tomas de predios, se produjeron más incidentes”; y La Política Online, 14/12/10 “La toma del Bajo Flores revela la lógica de las ocupaciones de tierras” 44

La Nación 28/03/12 “La Capital del Vale Todo” 45

Metropolitana.gov.ar, 13/11/12, “La Metropolitana detuvo a banda de narcos peruanos que operaba en Balvanera y Villa 31” 46

RESOLUCIÓN F.G. Nº 121/008

60


Por último, atento el daño, más los problemas políticos y sociales que se generan una vez que un inmueble

ha sido ocupado ilegalmente, hay entonces un eje particularmente importante de políticas a desarrollar, que

es la prevención, y para ello por ejemplo se pueden realizar programas junto con otras áreas de gobierno y

los vecinos de detección de edificios abandonados; instalación de medidas de seguridad física y alarmas; y

patrullajes/revisiones periódicas (Fleissner y Heinzelmann, 1996). Además, debería haber un mayor grado

alerta cuando ya ha ocurrido alguna intrusión en el vecindario.

B. Juego

La organización y explotación de juego clandestino, es decir sin la debida autorización, se encuentra

contemplada en el art. 116 del Código Contravencional de la Ciudad, que lo pena con un arresto de 15 a 45

días. Respecto a su definición legal es de señalar varias cuestiones, primero que como es evidente, no es

propiamente un “delito” sino sólo una contravención, y por ende tiene penas relativamente bajas, y no le

sería aplicable el delito de asociación ilícita. Sin embargo es una actividad ilegal que mueve en total grandes

sumas de dinero; está vinculada a la corrupción policial y a la política; y también en ocasiones puede generar

situaciones amenazas y violencia.

Aunque es difícil determinar exactamente cuánto representa el mercado de juego clandestino, en el año

2006 la Cámara de agencias de juego oficiales estimaba, quizás exagerando, que era de U$ 1.000 millones

anuales en la Ciudad47. Mientras que funcionarios entrevistados estimaron por ejemplo la recaudación bruta

de un importante empresario del juego clandestino en 100.000 pesos al día, es decir aproximadamente 36,5

millones al año. En otro caso los funcionarios estimaban que el “empresario” tenía de ganancias netas de

300.000 pesos al mes. Suponiendo que existe una decena de empresarios con las mismas características ello

arrojaría un mercado de 365 millones de pesos, lo cual si bien está muy lejos de lo consignado por la cámara

empresaria, de todas formas es una gran suma de dinero y además fuente de corrupción.48

Ahora bien, en el siguiente gráfico se puede observar la evolución los casos por juego clandestino. De todas

formas, como es un ilícito sin “victimas” , dicho número es más un reflejo de la persecución estatal que del

nivel de actividad ilícita. Por otro lado, es de aclarar que por ejemplo los 663 casos en el 2009 no hace

referencia a dicha cantidad de organizaciones, sino más bien a los múltiples nodos de venta e imputados

vinculados a las redes de juego clandestino.

Evolución del Juego Clandestino en la Ciudad Cantidad de Casos Ingresados en la Justicia

47

La Nacion, 4/06/06“Desbaratan una banda de juego clandestino” 48

En las entrevistas surgió que había varios empresarios relativamente importantes en la Ciudad, pero no un número preciso. Ante ello la estimación en base a una decena si bien es algo arbitraria sirve para tener una idea simple y aproximada.

61


593

663

434

521

200

300

400

500

600

700

2007 2008 2009 2010

Fuente: MPF, 2008 y 2011

De todas maneras, de acuerdo a los entrevistados y a lo que surge de los medios de comunicación, parecería

que está ocurriendo una disminución del juego tradicional tanto el legal como el clandestino49, quizás por

cambios en la cultura del ocio y en las tecnologías, en razón de los cuales realizar una apuesta a la quiniela

clandestina en un bar del barrio, va quedando de a poco en la historia.

Mientras que en el siguiente mapa se puede ver la distribución de los casos de juego clandestino en la

Ciudad en el año 2007, sobre la que hay que reiterar la salvedad de que esto más que reflejar la realidad del

fenómeno indica las intervenciones judiciales. De todas maneras, allí se puede observar una concentración

de los puestos de venta o “lapiceros” en los nodos de transporte, y de flujo de personas, es decir en

Constitución, Retiro, Once y Liniers, y quizás también dicha distribución está vinculado a la tolerancia de la

actividad en dichos lugares, donde también además suele ser tolerada la venta ilegal en la vía pública.

Distribución de Contravenciones vinculadas al Juego Clandestino en la Ciudad Año 2007

Fuente: MPF, 2008

Las características de las organizaciones de juego clandestino se asemejan más a las de las organizaciones

“mafiosas” tradicionales en el sentido que tienen un estructura más piramidal, en cuyo vértice está el

capitalista o “empresario”, seguido por un escalón el que está su circulo de confianza, que en ocasiones son

49

Clarín, 7/6/12, “Aseguran que el Gobierno busca nacionalizar los ingresos del juego”

62


familiares, y quienes desempeñan las tareas más críticas (ej. manejo de dinero). Otro escalón que son sus

empleados en la “banca” o casa central , y finalmente los lugares donde se levantan apuestas.

En los casos analizados, la cantidad de los puestos de apuestas por organización se estimaba que rondaba

entre 100 y 300, un porcentaje pequeño de ellos suele pertenecer al los mismos empresarios, por ejemplo

negocios que son de su propiedad donde además se levantan apuesta; pero la gran mayoría son de terceros

comisionistas, algunos simples “lapiceros”, por ejemplo mozos de bares que hacen un extra con las apuestas

Las operaciones de estas empresas de juego clandestino, que consisten principalmente en la quiniela, tienen

relativa sofisticación. En los nodos se levantan las apuestas, las que son comunicadas por fax o teléfono a la

banca o casa central, las cuales suelen estar situadas en aparentes casas particulares o en fondos de

negocios. Allí cuentan con una gran cantidad de líneas telefónicas, y a su vez computadoras donde llevan un

registro de las operaciones; pero hubo caso excepcional en el que la “banca” era una camioneta móvil donde

tenían instalados fax, teléfonos y computadoras. La recolección y pago de las apuestas en los diferentes

nodos suele ser realizada por el mismo empresario o personas de confianza, ya que ello implica el manejo

del dinero. Asimismo, cuando había fuertes apuestas sobre el mismo número, los empresarios en algunos

casos optaban por apostar al mismo número pero en la quiniela oficial, de forma tal de, en caso que el

número saliese, cubrir parte de las perdidas.50

Por otro lado, las organizaciones de juego clandestino cuentan con abogados y contadores que les sirven de

“soporte” en caso de tener problemas legales y para el lavado de ganancias. En este último aspecto, hay

diferentes casos que utilizaban la compraventa de inmuebles, e incluso en uno contaban con una empresa

inmobiliaria que le podría facilitar dicho lavado. Más allá de las actividades principales del juego y las

accesorias, de acuerdo a los entrevistados las organizaciones parecerían ser bastante focalizadas y no

dedicarse a otras actividades ilegales.

En cuanto a los niveles de violencia del juego clandestino, este tiende a ser una industria bastante estable y

“protegida” por lo que no parecería tener conflictos en forma cotidiana. De todas formas, por ejemplo se

habría registrado un incidente en el que un empresario le pegó un tiro a otro en la pierna por una disputa. A

su vez, es común que tengan armas de fuego como forma de prevención, y quizás de ejercer una amenaza

latente. En el caso de un “empresario” particularmente violento ocurrió que además de secuestrarle varias

armas de fuego en su casa, que en otras ocasiones él amenazara a su propio personal y al Fiscal que lo

estaba investigando. Un ejemplo contrario, es decir de cómo ellos fueron victimas de la violencia, fueron los

secuestros extorsivos de los hijos de tres diferentes empresarios del juego clandestino entre los años

2003/2004, y en los que se señaló que habría habido participación de grupos vinculados a la policía.

Un aspecto muy importante del juego clandestino es que suele realizarse con protección de sectores de la

policía y de la política, a quienes les suelen pagar sumas de dinero en forma regular. En tal sentido, hay un

50

La quiniela ilegal utiliza para otorgar premios los números que salen en la quiniela oficial, pero como a diferencia de esta última no tiene carga impositiva, entonces la ilegal paga mayores premios. En ambos casos el juego consiste en apostar a las dos últimas, o más cifras, de un sorteo.

63


número anecdotario al respecto, por ejemplo registros contables de pagos a la policía51; avisos anticipados

de procedimientos; policías o políticos interesándose por la suerte los empresarios, o teléfonos de algunos

políticos y jueces en sus agendas52.

En cuanto a las características de los empresarios y miembros de las organizaciones de juego, en general son

de mediana edad o mayores, y de nacionalidad argentina. Lo cual tiene sentido en tanto es una industria

ilegal “tradicional”, en la que los lazos de confianza y la estabilidad juegan un rol importante, y además se

necesitan fuertes conexiones con las autoridades y política local.

Como notas de color de estilo mafioso tradicional, un importante empresario local tiene como sobrenombre

“el padrino”, el cual además utiliza dicho nombre, junto con algunas variantes como Don Vito, para bautizar a

sus diferentes propiedades. A su vez, en su casa tendría colgado un gran cuadro de Marlon Brando haciendo

de Don Corleone53. Este fenómeno de la realidad o los mafiosos imitando a sus representaciones artísticas es

bastante común, y ha sido señalado por muchos estudios en el tema (Gambetta, 2009)

A su vez, en las empresas de juego clandestino la sucesión o entrada en el negocio, se suele dar por herencia

y relaciones de familia, o gracias a un mentor con el que se trabajaba; lo cual es acorde con el ante dicho

perfil “tradicional” de la industria.

Respecto a la ambigua naturaleza y relación del crimen organizado, el Estado y las empresas, señaladas en la

parte teórica de este trabajo, es de señalar que en el caso del juego clandestino se vuelven particularmente

curiosas, ya que la quiniela en la Argentina en realidad habría primero nacido como una actividad informal

no regulada, pero luego el gobierno la estatiza, y crea una quiniela oficial con el fin de capturar dicha renta54.

A su vez, las agencias de juego oficial (que son privadas) son uno de los actores más activos contra el juego

clandestino que compite contra su negocio, y son los que frecuentemente detectan y denuncian a los

puestos ilegales.

Una de las competencias actuales que tiene el juego de la quiniela es el juego on line, el cual también es

penado el Código Contravencional de la Ciudad, de no tener los permisos requeridos. Este nuevo tipo de

juego conlleva adicionales problemas regulatorios y de persecución, ya que pueden estar basados en otra

provincia o país (incluso en forma legal), pero tener efectos o realizar actividades “virtuales” en la Ciudad,

pero de manera no autorizada.

En cuanto a la persecución del juego clandestino, esto suele conllevar un gran despliegue y esfuerzo a fin de

por ejemplo hacer decenas o cientos de allanamientos, o imputar y juzgar al conjunto de los miembros de la

organización. Sin embargo, las sanciones contravencionales son notablemente leves, y las organizaciones

suelen casi inmediatamente reiniciar sus actividades. De todas maneras las intervenciones, de acuerdo a

entrevistados, en ocasiones podrían tener cierto impacto, ya que al menos momentáneamente se verían

51

La Nación, 7/4/12, “Desmantelan una red de juego ilegal en Buenos Aires” 52

La Nacion, 4/06/06“Desbaratan una banda de juego clandestino” 53

Fuente: Entrevistas a funcionarios judiciales. 54

La Nación, 17/11/05 “A-prision-por-vender-quiniela-ilegal”

64


afectadas las operaciones e infraestructura de las empresas de juego clandestino. Además le dan visibilidad a

la empresa, incrementan sus riesgos, y producen cierto deterioro de la confianza en ella, todo lo cual

afectaría su posterior normal operación.

Por ejemplo, una empresa importante de juego clandestino fue allanada y juzgada en el año 2005, luego en

el año 2012 seguía en operaciones, y volvió a ser investigada, allanada e imputada judicialmente; pero

aparentemente la estructura no tenía la misma importancia de antes, lo cual los entrevistados lo atribuían a

en parte los efectos de la intervención original.

Ante todo lo expuesto, surge el interrogante si se justifica el costo-beneficio en el gran esfuerzo que conlleva

perseguir estas organizaciones, más si los bienes jurídicos y económicos protegidos son la moral pública, o

los beneficios de la quiniela oficial. De todas formas, las actividades conexas al juego clandestino si tienen

una mayor gravedad e impacto negativo, es decir la corrupción, evasión impositiva, y lavado de de dinero;

pero dichos delitos son de competencia federal, entonces, si se quiere quebrar a las organizaciones del

juego, es importante la coordinación y a su vez mayor pro-actividad en el tema de las agencias impositivas y

antilavado, y de la justicia federal, los cuales tienen capacidad de sanción mucho mas fuerte que la justicia

local y su Código Contravencional. .

C. “Trapitos”

La inclusión en un trabajo sobre crimen organizado de los denominados “cuida coches” o “trapitos”, es decir

de los que exigen dinero en la vía pública a cambio del “cuidado” de los automóviles55, podrá parecer algo

extraña; pero detrás la mera actividad contravencional que en cualquiera de los casos importa cierto nivel de

organización, suele haber redes o grupos de “protección”/extorsión que cuentan con el control territorial, y

que por si mismas o tercerizándolo llevan a cabo su explotación mediante la actividad de los trapitos. Lo cual

les permite en algunos casos, como veremos, recaudar sumas millonarias de dinero.

En tal sentido hay varías motivos, reseñados en la parte teórica, para que esta actividad que podría ser

meramente informal o irregural, termine estando vinculada al crimen organizado. Al ser una contravención y

por tanto ilegal, eso la hace particularmente susceptible de extorsión; pero si fuera legal de todas maneras

también podría necesitar protección y ser extorsionada, ya que no existirían derechos claros sobre que área

se puede explotar, lo cual tendería a ser dirimido o por la violencia individual o por una organización. Por

último, efectivamente existen grupos que ejercen dicho control territorial, vinculados a por ejemplo “barras

bravas” o sectores policiales

Ahora bien, antes de analizar algunas estadísticas en el tema, cabe en este caso nuevamente reiterar la

advertencia de dichos datos más que un reflejo del fenómeno o problema, son un indicador del nivel de pro-

actividad policial/judicial, ya que se trata de una contravención con niveles mínimos o casi inexistentes de

55

Artículo 79 del Código Contravencional de la Ciudad.

65


denuncia. Entonces, en el siguiente gráfico se puede observa la evolución de la cantidad de casos por

exigencia de retribución por estacionamiento o cuidado de automóviles.

Evolución de los casos de Cuida-coches en la Ciudad Cantidad de Casos Ingresados en la Justicia

3.709

3059

44624195

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2007 2008 2009 2010 Fuente: MPF, 2008 Y 2011

En cuanto a la distribución en el siguiente mapa se puede observar que los casos, que seguramente

representan la realización de operativos policiales o judiciales, se encuentran concentrados alrededor de las

estadios donde se realizan espectáculos deportivos y artísticos, es decir por un lado River-Obras Sanitarias

en Nuñez, el de Boca, Velez Sarsfield en Liniers, Argentinos Juniors en Villa del Parque, y Huracán en Parque

Patricios.

Distribución de los Casos de Cuida Coches Ciudad de Buenos Aires, 2010

Fuente: Mapa copiado del MPF, 2011

Además de los lugares señalados en el mapa, los “trapitos” también serían activos en barrios donde se

encuentran polos gastronomitos o de diversión, tales como las Cañitas, Palermo, Recoleta, y San Telmo 56,

donde habría, igual que en caso de los estadios, cierta “demanda” o disponibilidad de pago de dicho

servicios. Por otro lado, dicha concentración diferenciada además de indicar dinámicas digamos

“económicas” también podrían estar señalando diferentes redes de tolerancia/protección de acuerdo al

barrio.

56

La Nación, 19/12/11 “Cinco zonas bajo control de los ‘trapitos’ ”

66


El tamaño del negocio de los cuida coches resulta difícil de estimar, ya que el nivel de actividad variaría de

acuerdo a la afluencia de publico en razón de la realización de eventos deportivos/artísticos, o que sea una

noche de salida. A su vez, el precio exigido también cambiaría de acuerdo a la capacidad por un lado de

pago del automovilista y por el otro exigencia/monopolio que tienen los trapitos. Así, en el año 2011 el

rango de dinero exigido solía ir de 10 a 40 pesos57, siendo menos por ejemplo en los polos gastronómicos

periféricos, y más y prácticamente inevitable en lo estadios, donde incluso en ciertos espectáculos artísticos

o deportivos el precio puede pasar los 100 pesos.

De acuerdo a una Organización No Gubernamental, habría 4.000 trapitos en la Ciudad58, pero no resulta

claro como es que llegan a dicha cifra, y en principio parecería algo exagerada, ya que usualmente hay un

“trapito” por cuadra, y las áreas y cuadras de los “hot spots” parecerían estar lejos de dicha cantidad.

Recientemente, el precio habría subido y por ejemplo de acuerdo a un entrevistado el precio de estacionar

para ver un partido de Boca no bajaría de los 50 pesos, el cual se incrementaría en las zonas más cercanas y

en los partidos importantes. Entonces, y para hacer estimaciones moderadas, si 5.000 automovilistas

concurren a un estadio, ello implicaría una recaudación de al menos $ 250.000 por evento. En el caso del

reciente partido River Boca por ejemplo hay estimaciones de que lo facturado por los trapitos llegó a 5

millones, y aunque sea una cifra inflada y la realidad sea sólo una fracción, de todas formas seguiría siendo

una fortuna. 59

En cuanto a la forma de operar, sobre todo en grandes eventos, los grupos suelen estar bastante

organizados y con roles definidos, es decir que unos se encargan de la vigilancia de las cuadras, otros de

llamar/convencer a los automovilistas, y suele haber un líder quien se encarga de reunir finalmente el

dinero, y de su distribución. En ocasiones incluso tienen handies para comunicase en caso que haya

problemas. También suelen realizar otras actividades irregulares como por ejemplo la re venta de entradas.

En cuanto a las características de los “trapitos”, de las intervenciones judiciales surgen aspectos bastante

diferentes a otras contravenciones y delitos. Para empezar, casi todos son hombres y argentinos (93% en

ambos casos). A su vez, hay una cantidad importante que viene del conurbano (50%); y el grupo etario al que

pertenecen es en general una edad joven-mediana, los grupos modales son de 26 a 35 años (32%) y de 36 a

45 (23%). Esto señalaría que por las características de la actividad y posiblemente de las redes que conlleva,

tendería a ser necesario que sean hombres con resistencia física, cierta capacidad de ejercer al menos una

amenaza latente, y a su vez un nivel mínimo de madurez a fin de no generar violencia incontrolada. También

podría ser que dado el vinculo con las “barras bravas” y a su vez con la política, tienda a reclutarse a

argentinos

Por otro lado, y respecto a los extranjeros, podría ocurrir que no sea que simplemente estén excluidos de la

“oportunidad” de ser trapitos, sino que por sus propias redes de contacto y capacidades terminen siendo

57

Ibidem 58

Ibidem 59

La Nación, 28/10/12 “El-otro-clasico-los-trapitos-fueron-los-ganadores-del-domingo”

67


orientados hacia otras actividades tanto legales como informales, quizás más lucrativas y en algunos casos

menos desgastantes, que la del cuida coches que está en la calle. De hecho, el trabajo ocasional de cuida

coche posiblemente funcione mas como “changa” de personas que tienen algún otro trabajo o subsidio, que

de alguien que dependa de él como única fuente de ingresos. La circunstancia de que haya un porcentaje

alto de “trapitos” originarios en el conurbano quizás es un indicador de una dinámica más ocasional y

“marginal”.

Respecto a la “protección” que reciben los cuida-coches hay una gran cantidad de anecdotario de pagos

realizados a la policía60 y/o los barras bravas. Estos últimos, o al menos su grupo central, no realizan el

trabajo de trapito, sino que lo delegan a grupos periféricos o incluso lo tercerizan en grupos que pueden no

tener vinculación alguna con el club, pero que pagan un canon a la barra.

Si bien las situaciones de amenaza y violencia generalmente quedan en un nivel latente, en ocasiones

ocurren desbordes o problemas, tales como automóviles rotos por que su dueño se negara a pagar, o

cuestiones más serias como por ejemplo en Octubre del 2009 ocurrió que en Palermo un automovilista fuera

atacado a pedradas por un grupo de cuida coches adolescentes (quizás ello explica el nivel de violencia), y

que en San Isidro otro automovilista fuera baleado al negarse a pagar al “trapito”.

Más allá de las amenazas y violencia con los clientes, también puede haber conflictos por el control

territorial, así de acuerdo a un entrevistado, ha habido casos de cuida coches “corridos” por la “barra” de la

que no eran parte ni tenían un acuerdo con ella; en un nivel más alto de violencia, llegó a ocurrir un tiroteo

entre aparentemente grupos de “cuida coches” y la barra brava de Boca, por el control del territorio, lo cual

es un indicador tanto de la importancia del negocio como del nivel de organización.61

Entonces, la actividad de los cuida coches que a primera vista podría ser considerada sólo como una

actividad informal de sectores excluidos y de bajos recursos, termina, quizás no en todos los casos pero si en

los más importantes, manejando sumas muy grandes de dinero, estando organizada, capaz de ejercer

amenazas y violencia, articulada con la corrupción policial, y con organizaciones estructuradas como los

barras bravas. A su vez, y a través del vinculo con aquellos y la policía, la actividad de los trapitos puede

terminar teniendo vasos comunicantes con la política.

Las políticas y regulaciones en el tema actualmente se encuentran en una suerte de lecho de Procusto, ya

que el Código establece que para que se configure la contravención debe haber una “exigencia” de la

retribución por el cuidado de los automóviles, lo cual es muy difícil de probar, requiere un importante

esfuerzo policial/judicial, y suele no ser denunciado por las victimas62. Todo lo cual además dificulta acciones

preventivas.

60

La Nación 7/4/10 “Denuncian connivencia entre la policía y los trapitos en La Boca” ; Clarín ,65/5/12 ,“ ‘Trapitos’ y barrabravas, una conexión que mete miedo” 61

Clarín, 26/3/12 “Balearon al hermano de Pablo Migliore” 62

En la actual interpretación del artículo 79 parecería que solo existiría la contravención cuando es en concurso con el delito de amenazas, por lo cual perdería sentido como tipo contravencional autónomo. Por otro lado atento que en el actual marco normativo habría que probar un nivel de exigencia al menos cercano a la amenaza, en los casos que sea pertinente se puede principalmente utilizar dicha figura delictiva.

68


Por otro lado, de establecer normas draconianas que prohíban taxativamente la actividad de cuida -coches,

se podría terminar persiguiendo a gente pobre que busca simplemente un medio informal de subsistencia, y

además se crearía un incentivo adicional para la necesidad de “protección” o de corrupción policial.

Ante ello, y dado que las competencias locales solo permiten atacar la superficie del fenómeno, una opción

sería aplicar en forma dura la actual norma en particular contra los grupos más organizados y violentos a

riesgo de que luego judicialmente no prospere, pero en cambio si se lograría interrumpir momentáneamente

la actividad. De lograr una reforma normativa, también se debería utilizar el principio de oportunidad para

enfocarse sólo en los grupos más violentos y organizados.

Asimismo, e igual que en los casos analizados anteriormente, aquí nos encontramos que para poder

perseguir a las organizaciones criminales, resulta necesario una participación pro activa de las agencias y

Poder Judicial federales, ya que son los competentes para delitos como cohecho, lavado de dinero y

asociación ilícita. Aunque dicho último delito, como ya hemos señalado, no sería aplicable en forma directa a

actos meramente contravencionales como el de cuida coches. En cualquiera de los casos, es importante que

se establezcan mecanismos de coordinación y grupos de trabajo formales entre las agencias y poderes

judiciales de la Ciudad y del gobierno federal a fin de llevar a cabo las políticas de control y regulación del

problema.

69


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13 Anexos

Argentina. Porcentaje de la Población

entre 12 y 65 años que consumieron droga

2004 2006 2008 2010

Marihuana 1,9% 7,0% 3,7% 3,7%

Cocaína 0,3% 2,6% 1,0% 0,9%

Pasta Base-Paco 0,0% 0,5% 0,2% 0,02%

Fuente: Sedronar, 2010

Argentina. Porcentaje de Estudiantes Secundarios

que consumieron droga en el último año

2001 2007 2009 2011

Marihuana 3,5% 8,1% 8,4% 10,3%

Cocaína 1% 2,2% 2,3% 2,7%

Paco – Pasta base 0,5% 1,4% 0,9% 1,0%

Extasis 0,2% 2,2% 1,4% 1,2%

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73


74


Asociación para Políticas Púbicas

www.app.org.ar

Documents

Definiciones de Crimen Organizadoobservatorio.insusep.edu.ar/descargarEstadiscica/556dd9b36b20e7a…Diciembre 2013 Documento de Trabajo Crimen Organizado a Nivel Local El caso de la