Diario de los Debates - cronica.diputados.gob.mxcronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/abr/170404-4.pdf · HIDROCARBUROS EN LAS CHOAP AS, VERACRUZ, EN MARZO DE ESTE AÑO De la diputada

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,por la que informa el turno que corresponde a las proposiciones con punto deacuerdo registradas en el orden del día del martes 4 de abril de 2017, de confor-midad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de laCámara de Diputados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROPOSICIONES

SE EXHORTA A LA SE A PRORROGAR VIGENCIA DEL DECRETO QUE MODIFICA LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DEIMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, EN BENEFICIO DE LA INDUS-TRIA ACERERA

De los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido RevolucionarioInstitucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Se-cretaría de Economía a fin de analizar y prorrogar indefinidamente la vigencia deldecreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales deImportación y de Exportación, en beneficio de la industria acerera del país. Se tur-na a la Comisión de Economía, para dictamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Director General deCrónica y Gaceta Parlamentaria

Gilberto Becerril Olivares

Presidenta

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

Directora delDiario de los Debates

Eugenia García Gómez

Diario de los DebatesÓRGANO OFICIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio

Año II Ciudad de México, martes 4 de abril de 2017 Sesión 22 Apéndice

S U M A R I O

Año II, Segundo Periodo, 4 de abril de 2017 / Apéndice Diario de los Debates de la Cámara de Diputados2

INVESTIGACIONES EN CONTRA DE MARÍA JOSÉ TÁBATA ROLDÁN YLAS EMPRESAS SMART BUSSINES CONSULTING SIMA Y BOLSHOYE,ASÍ COMO ORIGEN Y DESTINO DE RECURSOS ENTREGADOS A LAORGANIZACIÓN JUNTOS PODEMOS

Del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-volución Democrática, la proposición con punto de acuerdo relativo a las investi-gaciones en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y las empresas SmartBussines Consulting Sima, SA de CV, y Bolshoye, así como al origen y destino delos recursos que le fueron entregados a la organización Juntos Podemos. Se turnaa la Comisión Transparencia y Anticorrupción, para dictamen. . . . . . . . . . . . . . .

PROBLEMÁTICA SOCIAL Y AMBIENTAL DERIVADA DEL DERRAME DEHIDROCARBUROS EN LAS CHOAPAS, VERACRUZ, EN MARZO DE ESTEAÑO

De la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena,la proposición con punto de acuerdo relativo a la problemática social y ambientalderivada del derrame de hidrocarburos en el municipio de Las Choapas, Veracruz,acontecido en marzo del año en curso. Se turna a la Comisión de Medio Ambien-te y Recursos Naturales, para dictamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APOYO A PROGRAMAS Y CENTROS DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑASCON ALGUNA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA

De la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movi-miento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a losgobiernos de las 32 entidades federativas y sus municipios, para que apoyen susprogramas y centros de atención a niños y niñas con alguna condición del espec-tro autista. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dicta-men. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

QUE LA ASOCIACIÓN DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LALIGA MEXICANA GARANTICE Y RESPETE LOS DERECHOS HUMANOSRECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y TRATADOS INTERNACIONALES

De la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Par-tido Encuentro Social, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortaa la Conade y a la Conapred para que conminen, recomienden y prevengan a laAsociación de Equipos Profesionales de Beisbol de la Liga Mexicana, AC, que ga-rantice y respete los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que nuestropaís es parte. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen. . . . .

GARANTIZAR LA ASISTENCIA DE TRADUCTORES DE LENGUAS INDÍ-GENAS EN PROCESOS JUDICIALES

De la diputada Natalia Karina Barón Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partidode la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo relativo a ga-

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Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Segundo Periodo, 4 de abril de 2017 / Apéndice3

rantizar la asistencia de traductores de lenguas indígenas en procesos judiciales.Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen. . . . . . . . . . . . . . . .

SE EXHORTA AL GOBIERNO DE MORELOS A NO VENDER LAS RESER-VAS TERRITORIALES, ASÍ COMO A LA SEMARNAT A QUE VIGILE SECUMPLA LA NORMATIVIDAD DEL USO DE LOS SUELOS Y PROTEJA LABIODIVERSIDAD DE DICHO ESTADO

De la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario deMorena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno delestado de Morelos a no subastar o vender las reservas territoriales de dicha enti-dad, así como a la Semarnat para que vigile que se cumpla con la normatividad vi-gente aplicable respecto del uso de los suelos y proteja la biodiversidad existenteen los polígonos que comprenden las reservas territoriales de dicho estado. Se tur-na a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen. . . . .

SE EXHORTA A LA COFEPRIS PARA QUE DEJE DE APLICAR DIVERSOSARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CONTROL SANITARIO DE PRO-DUCTOS Y SERVICIOS

De la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movi-miento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a laCofepris para que deje de aplicar diversos artículos del Reglamento de Control Sa-nitario de Productos y Servicios. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE EXHORTAAL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI A QUE DEJE SIN EFEC-TO EL ACUERDO QUE CONDENA LOS ADEUDOS ANTERIORES AL PRE-SENTE CICLO FISCAL POR CONCEPTO DE PREDIAL, GASTOS DE EJE-CUCIÓN, MULTAS Y RECARGOS

De la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Par-tido Encuentro Social, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortaal ayuntamiento de Mexicali, Baja California, a que deje sin efecto el acuerdo defecha 8 de marzo de 2017, que condena los adeudos anteriores al presente ciclofiscal que se tuviera por concepto de impuesto predial, gastos de ejecución, mul-tas y recargos. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dic-tamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANÁLISIS Y RENEGOCIACIÓN DEL CAPÍTULO DEL SECTOR AGROPE-CUARIO DEL TLCAN PARA INCORPORAR AL SECTOR DE PEQUEÑOSPRODUCTORES Y SUS ORGANIZACIONES

De la diputada Natalia Karina Barón Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partidode la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo relativo alanálisis y renegociación del capítulo del Sector Agropecuario del TLCAN para in-corporar al sector de pequeños productores y sus organizaciones. Se turna a la Co-misión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen. . . . . . . . . . . . . . . . .

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SE EVALÚE LA SUFICIENCIA DE LOS RECURSOS APROBADOS PARA ELPROCESO DE FORMALIZACIÓN LABORAL CONTENIDOS EN EL ANEXO30 DEL PEF, Y SE AUDITE LA OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE OB-JETIVOS, EN PARTICULAR LOS ASIGNADOS PARA EL ESTADO DE GUE-RRERO

Del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena, laproposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud agarantizar el cumplimiento de la normatividad correspondiente, para que se eva-lué la suficiencia de los recursos aprobados para el proceso de formalización la-boral contenidos en el anexo 30 del PEF y se audite la oportunidad y cumpli-miento de objetivos de dichos recursos, en particular los asignados para el estadode Guerrero. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen. . . . . . . . . . . . . . .

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE REPRESENTATI-VIDAD DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL SECTOR RURALPOR MEDIO DE LOS CONSEJOS ESTATALES PARA EL DESARROLLO RU-RAL SUSTENTABLE

De la diputada Natalia Karina Barón Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partidode la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo relativo a laintegración, organización y funcionamiento de los consejos estatales para el desa-rrollo rural sustentable, para garantizar el cumplimiento del principio de represen-tatividad de las organizaciones sociales del sector rural. Se turna a la Comisión deDesarrollo Rural, para dictamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CON MOTIVODEL CONFLICTO LABORAL EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MAR-GARITAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (UNICH)

Del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario deMorena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a ins-truir las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los acuerdos sus-critos con motivo del conflicto laboral acaecido en la unidad académica de lasMargaritas de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH). Se turna a la Co-misión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen. . . . . . . . . .

SE EXHORTA A LA SEDATU A QUE ORDENE LA MINISTRACIÓN DE LOSSUBSIDIOS FEDERALES AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016 YCUBRAA LA BREVEDAD LA DEUDA CONTRAÍDA DE LOS PROGRAMASHÁBITAT Y UN CUARTO MÁS, EN CHIAPAS

Del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario deMorena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu pa-ra que ordene la ministración de la totalidad de los subsidios federales correspon-dientes al programa de Infraestructura 2016, en su vertiente ampliación y/o mejo-ramiento de la vivienda, y cubra a la mayor brevedad la deuda contraída con lasinstancias ejecutoras de los programas Hábitat y Un Cuarto Más en el estado deChiapas. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial,para dictamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Segundo Periodo, 4 de abril de 2017 / Apéndice5

SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUEREINTEGRE LA LEGAL POSESIÓN DEL MERCADO SAN LÁZARO A LOSLOCATARIOS INTEGRANTES DEL FIDEICOMISO 421-6 SAN LÁZAROTAPO Y REPARE LOS DAÑOS POR EL DESALOJO QUE SUFRIERON EL 3DE ABRIL DE 2017

Del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, la pro-posición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad deMéxico para que reintegre de manera inmediata la legal posesión del mercado SanLázaro a los locatarios integrantes del Fideicomiso 421-6 San Lázaro Tapo, y re-pare los daños ocasionados por el desalojo injustificado que sufrieron el 3 de abrilde 2017 y se abstenga de realizar cualquier acto que atente contra los fines pre-vistos para dicha plaza. Se turna a la Comisión de Ciudad de México, para dicta-men. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EXHORTO A LA ASF EN RELACIÓN CON LAS OBSERVACIONES REA-LIZADAS A LAS AUDITORÍAS DE INVERSIONES FÍSICAS AL PRO-YECTO MINATITLÁN PAQUETE 4 PLANTA HIDRODESULFURADORADE GASÓLEOS, PLANTA DE HIDRÓGENO Y PLANTA RECUPERADORADE AZUFRE

De la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena,la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF a difundir,aclarar y proporcionar la documentación que justifique y compruebe las observa-ciones realizadas sobre las auditorías de inversiones físicas al proyecto MinatitlánPaquete 4 Planta Hidrodesulfuradora de Gasóleos, Planta de Hidrógeno y PlantaRecuperadora de Azufre. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrup-ción, para dictamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva dela Cámara de Diputados, por la que informa el turno quecorresponde a las proposiciones con punto de acuerdo re-gistradas en el orden del día del martes 4 de abril de 2017,de conformidad con el artículo 100, numeral 1, del Regla-mento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en el artículo 100, numeral 1, del Regla-mento de la Cámara de Diputados, se informa a la honora-ble Asamblea los turnos dictados a las proposiciones conpunto de acuerdo, registradas en el orden del día del 4 deabril de 2017 y que no fueron abordadas.(*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.— DiputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

«Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secre-taría de Economía, a fin de analizar y prorrogar indefinida-mente la vigencia del decreto por el que se modifica la ta-rifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación yde Exportación, en beneficio de la industria acerera del pa-ís, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamen-tario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, relativo a las investigaciones encontra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y las em-presas Smart Bussines Consulting Sima, SA de CV, y Bols-hoye, así como al origen y destino de los recursos que lefueron entregados a la organización Juntos Podemos, acargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parla-mentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión Transparencia y Anticorrupción, paradictamen.

3. Con punto de acuerdo, relativo a la problemática socialy ambiental derivada del derrame de hidrocarburos en elmunicipio de Las Choapas, Veracruz, acontecido en marzodel año en curso, a cargo de la diputada Norma Rocío Nah-le García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natura-les, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Go-biernos de las 32 entidades federativas y sus municipios,para que apoyen sus programas y centros de atención a ni-ños y niñas con alguna condición del espectro autista, acargo de la diputada María Elena Orantes López, del Gru-po Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, paradictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cona-de y a la Conapred, para que conminen, recomienden y pre-vengan a la Asociación de Equipos Profesionales de Beis-bol de la Liga Mexicana, AC, que garantice y respete losderechos humanos reconocidos en la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados interna-cionales de los que nuestro País es parte, a cargo de la dipu-tada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parla-mentario del Partido Encuentro Social.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, relativo a garantizar la asistenciade traductores de lenguas indígenas en procesos judiciales, acargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortíz, del GrupoParlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobiernodel estado de Morelos, a no subastar o vender las reservasterritoriales de dicha entidad, así como a la Semarnat, paraque vigile que se cumpla con la normatividad vigente apli-cable respecto del uso de los suelos y proteja la biodiversi-dad existente en los polígonos que comprenden las reservasterritoriales de dicho estado, a cargo de la diputada BlancaMargarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario deMorena.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natura-les, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofe-pris, para que deje de aplicar diversos artículos del Regla-mento de Control Sanitario de Productos y Servicios, a car-go de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del GrupoParlamentario de Movimiento Ciudadano.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Segundo Periodo, 4 de abril de 2017 / Apéndice 7

(*) El Apéndice corresponde a lo remitido por la Presidencia, en lapágina 375 del Diario de los Debates del 4 de abril de 2017.


Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayunta-miento de Mexicali, BC, a que deje sin efecto el acuerdo defecha 8 de marzo de 2017, que condena los adeudos ante-riores al presente ciclo fiscal que se tuviera por concepto deimpuesto predial, gastos de ejecución, multas y recargos, acargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, delGrupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, paradictamen.

10. Con punto de acuerdo, relativo al análisis y renegocia-ción del capítulo del Sector Agropecuario del TLCAN pa-ra incorporar al sector de pequeños productores y sus orga-nizaciones, a cargo de la diputada Natalia Karina BarónOrtíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-ción Democrática.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, pa-ra dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Se-cretaría de Salud, a garantizar el cumplimiento de la nor-matividad correspondiente, para que se evalué la suficien-cia de los recursos aprobados para el proceso deformalización laboral contenidos en el anexo 30 del PEF yse audite la oportunidad y cumplimiento de objetivos de di-chos recursos, en particular los asignados para el estado deGuerrero, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo,del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, relativo a la integración, orga-nización y funcionamiento de los consejos estatales para eldesarrollo rural sustentable, para garantizar el cumplimien-to del principio de representatividad de las organizacionessociales del sector rural, a cargo de la diputada Natalia Ka-rina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de laRevolución Democrática.

Turno: Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP,a instruir las medidas necesarias para garantizar el cumpli-miento de los acuerdos suscritos con motivo del conflictolaboral acaecido en la unidad académica de las Margaritas

de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), a car-go del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, delGrupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Edu-cativos, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Seda-tu, para que ordene la ministración de la totalidad de lossubsidios federales correspondientes al programa de In-fraestructura 2016, en su vertiente Ampliación y/o mejora-miento de la Vivienda y cubra a la mayor brevedad con ladeuda contraída con las instancias ejecutoras de los pro-gramas Hábitat y Un Cuarto Más en el estado de Chiapas,a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez,del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Desarrollo Urbano y OrdenamientoTerritorial para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobier-no de la Ciudad de México, para que reintegre de manerainmediata la legal posesión del mercado San Lázaro a loslocatarios integrantes del Fideicomiso 421-6 San LázaroTapo, repare los daños ocasionados por el desalojo injusti-ficado que sufrieron el 3 de abril de 2017 y se abstenga derealizar cualquier acto que atente contra los fines previstospara dicha plaza, a cargo del diputado Juan Romero Teno-rio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Ciudad de México, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF,a difundir, aclarar y proporcionar la documentación quejustifique y compruebe las observaciones realizadas sobrelas auditorías de inversiones físicas realizadas al proyectoMinatitlán Paquete 4 Planta Hidrodesulfuradora de Gasó-leos, Planta de Hidrógeno y Planta Recuperadora de Azu-fre, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, delGrupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, paradictamen.»

PROPOSICIONES

SE EXHORTA A LA SE A PRORROGAR VIGENCIADEL DECRETO QUE MODIFICA LA TARIFA DE LALEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPOR-TACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, EN BENEFICIO DELA INDUSTRIA ACERERA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhortaa la Secretaría de Economía a analizar y prorrogar indefi-nidamente la vigencia del decreto por el que se modifica latarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacióny de Exportación, en beneficio de la industria acerera delpaís, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario delPRI

Los suscritos, Armando Luna Canales, Jericó AbramoMasso, Jorge Enrique Dávila Flores, Francisco SarachoNavarro, Edna Ileana Dávalos Elizondo, Santos Garza He-rrera y Flor Estela Rentería Medina, integrantes del GrupoParlamentario del Partido Revolucionario Institucional enla LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con funda-mento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, nume-ral 2, fracción III, y demás relativos y aplicables del Re-glamento de la Cámara de Diputados, someten aconsideración de esta soberanía la presente proposicióncon punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por laque se exhorta respetuosamente al secretario de Economíaa analizar la posibilidad de prorrogar indefinidamente la vi-gencia del decreto por el que se modifica la tarifa de la Leyde los Impuestos Generales de Importación y de Exporta-ción y el decreto por el que se establecen diversos progra-mas de promoción sectorial, publicado el 7 de octubre de2016, en beneficio de la industria acerera del país.

Consideraciones

El país atraviesa por momentos económicos de gran com-plicación. Las razones obedecen sobre todo a factores deíndole macroeconómico que afectan a la región y al mun-do entero pero, en particular, a nuestro país atento a la pro-funda relación que durante años se ha gestado con EstadosUnidos de América y que, por desgracia, en tiempos re-cientes se ha colocado en riesgo.

El Estado ha sabido responder de manera inmediata a losfenómenos en cuestión. El Banco de México, y las Secre-tarías de Economía, y de Relaciones Exteriores, por citaralgunas entidades, han implantado mecanismos dirigidos asalvaguardar la economía y estabilidad del país que, de no

haberse aplicado, muy probablemente habrían existidoconsecuencias de mucho mayor impacto para nuestro paísy, sobre todo, para la gente.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria delHierro y del Acero (Canacero), para 2016 la industria ace-rera constituyó 11.1 por ciento del producto interno bruto(PIB) manufacturero del país, 6.3 del PIB industrial y 1.9del PIB nacional. La producción de acero ascendió a 343mil 494 millones de pesos. Las inversiones realizadas en elperíodo 2006-2015 sumaron un total de 13 mil 952 millo-nes de dólares. Asimismo, a 2015 la industria del acero em-pleaba directamente a 112 mil personas. De igual modo, elpaís se halla en el lugar número 13 de la escala mundial enla producción de acero y en el segundo en América Latina,superado sólo por Brasil. Coahuila de Zaragoza ocupa elprimer lugar nacional en producción de acero.1

Los anteriores datos son sólo un esbozo de la gran impor-tancia que la industria del acero tiene para nuestro país. Sinembargo, la misma no ha quedado exenta de la compleja si-tuación a la que nos hemos referido, colocándola en riesgoy, con ello, también a los miles de trabajadores y sus fami-lias que dependen de esta actividad. Además, esta indus-tria, con los problemas anotados, debe hacer frente a unadesleal competencia por parte de productores asiáticos.

En la modalidad de discriminación de precios, productoresde origen chino han cooptado el mercado nacional inun-dándolo con una amplia variedad de productos acereros co-mo placas, planchones, alambrones o láminas. Siderúrgicascomo ArcelorMittal, Deacero o Ternium solicitaron en2015 al Estado mexicano intervenir a fin de proteger la in-dustria nacional y los miles de empleos que dependen delsector.2 De acuerdo con datos de la Canacero, si bien losproductores chinos dominan las prácticas desleales ennuestro país, también debe señalarse que, junto con ellos,existen ya procedimientos entablados en contra de produc-tores rusos, brasileños, ucranianos, japoneses, coreanos otaiwaneses, entre otros.3 Ello es reflejo de una injusta ydesleal competencia económica librada en el ámbito inter-nacional y en la que nuestros productores nacionales que-dan en una desventajosa situación.

Preocupado por ello y dada la existencia de prácticas des-leales, el Estado Mexicano, a través de diversos Decretospublicados en el Diario Oficial de la Federación (7 de oc-tubre de 2015, 4 de abril de 2016 y 7 de octubre de 2016)modificó la tarifa arancelaria aplicable a la importación yexportación de productos siderúrgicos, con el fin de propi-



ciar el espacio necesario para que la industria nacional tu-viera la oportunidad de integrar su defensa en pleno apegoa los instrumentos que provee el marco jurídico nacional ylos compromisos internacionales en la materia.

Los decretos en cuestión señalan que, de acuerdo con di-versos foros organizados por la Organización para la Coo-peración y el Desarrollo Económicos, hay limitadas seña-les de recuperación de la industria mundial del acero,además de una baja demanda a nivel mundial debido al ba-jo desempeño de la economía a nivel internacional.

Ante ello, múltiples países han adoptado medidas de reme-dio comercial, entre otras: investigaciones antidumping,establecimiento de cuotas compensatorias, salvaguardas eincrementos arancelarios a productos del sector siderúrgi-co, a fin de mitigar los efectos negativos en la industria na-cional.

Esas medidas se han justificado atendiendo a las evidentesdisparidades globales que inhiben una sana competenciaentre los países pues, en algunos casos, se cuentan con sis-temas estatales de subsidios, incentivos para la exporta-ción, relevación de determinados impuestos y costos, entreotras condiciones que, en el plano global, permiten a cier-tos productores competir con precios bajos atendiendo alos bajos costos de producción logrados por estos benefi-cios.

El Estado mexicano ha identificado en 2015 y 2016 la pre-valencia de condiciones desleales en el comercio acerero.Además, atendiendo al carácter transversal de la industriasiderúrgica como proveedor primario de diversos insumosa un sinnúmero de sectores productivos y, a su importanciacomo fuente de trabajo para miles de personas, atendiendoa ello incrementó temporalmente el arancel de importaciónde 97 fracciones arancelarias de mercancías del sector si-derúrgico. Entre ellas: planchón, placa en hoja, placa en ro-llo, lámina rolada en frío, lámina rolada en caliente y alam-brón. Mediante estas condiciones, se buscó alcanzar unnivel arancelario similar al que han empleado otros países,logrando con ello condiciones más equitativas para la com-petencia de la industria nacional siderúrgica.

Los resultados, de acuerdo con la industria siderúrgica na-cional, han sido positivos y se ha contribuido a reducir lasgraves desigualdades existentes. No obstante ello, el ar-tículo transitorio del “decreto por el que se modifica la ta-rifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y

de Exportación y el decreto por el que se establecen diver-sos programas de promoción sectorial” dispuso que la vi-gencia concluiría a los 180 días naturales contados a partirdel siguiente al de su publicación, es decir, el 6 de abril delpresente año.

Ello nos coloca a pocos días de la vigencia de este decreto,que ha ayudado a la mejora económica del país, particular-mente del sector acerero y que, como hemos indicado, ac-tualmente se mantiene en riesgo dada la prevalencia deprácticas desleales en el comercio internacional y, además,atento a las complicadas situaciones económicas por lasque atraviesa el país.

Por ello, la presente proposición tiene por objeto solicitar ala Secretaría de Economía que instruya las medidas condu-centes a fin de valorar la posibilidad de prorrogar, de ma-nera indefinida el decreto indicado.

Por lo expuesto y fundado, con carácter de urgente u obviaresolución se somete a consideración de esta asamblea elsiguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamenteal titular de la Secretaría de Economía a analizar la posibi-lidad de prorrogar indefinidamente la vigencia del decretopor el que se modifica la tarifa de la Ley de los ImpuestosGenerales de Importación y de Exportación y el decretopor el que se establecen diversos programas de promociónsectorial, publicado el 7 de octubre de 2016, en beneficiode la industria acerera del país.

Notas:

1 Canacero. Infografía de la industria del acero en México, 2016. Dis-ponible en http://www.canacero.org.mx/Es/assets/infografia.pdf

2 “Investigan discriminación de precios en importación de alambrónde acero procedente de China”. Consultado el 23 de febrero de 2017,disponible en http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/investigan-dis-criminacion-de-precios-en-importacion-de-alambron-de-acero-proce-dente-de-china-197

3 Conacero. Investigación de prácticas de comercio desleal de pro-

ductos siderúrgicos en México. Disponible en http://www.canacero.org.mx/Es/assets/practicas_desleales_de_comercio_exterior-21_febre-ro_2017_es.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.—Diputados: Armando Luna Canales, Jericó Abramo Masso, FranciscoSaracho Navarro, Edna Ileana Dávalos Elizondo, Santos Garza Herre-ra, Flor Estela Rentería Medina (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

INVESTIGACIONES EN CONTRA DE MARÍA JOSÉTÁBATA ROLDÁN Y LAS EMPRESAS SMART BUS-SINES CONSULTING SIMA, Y BOLSHOYE, ASÍ COMOORIGEN Y DESTINO DE RECURSOS ENTREGADOSA LA ORGANIZACIÓN JUNTOS PODEMOS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las investi-gaciones contra María José Tábata Roldán Urdapilleta y lasempresas Smart Bussines Consulting Sima, SA de CV, yBolshoye; y al origen y destino de los recursos entregadosa la organización Juntos Podemos, a cargo del diputadoOmar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal dela LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con funda-mento en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Regla-mento de la Cámara de Diputados, presenta a esta sobera-nía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenorde las siguientes

Consideraciones

La corrupción es uno de los problemas más graves queafronta nuestro país, que es un fenómeno estructural queestá dañando la confianza de los ciudadanos en las institu-ciones de gobierno y en los servidores públicos de los tresórdenes de gobierno, que se manifiesta en formas cada vezmás sofisticadas que logran burlar con gran facilidad la leyy cualquier procedimiento de fiscalización de los órganoscompetentes.

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción en elsector público, elaborado por Transparencia Internacional,México se encuentra en el lugar 123 de 176 países. Esto re-sulta evidente cuando los representantes del partido en elpoder y sus aliados son los máximos ejemplos de dichomalestar. Una de las muestras más grandes es la candidatadel PAN a la gubernatura del estado de México.

En días pasados, fuentes hemerográficas expusieron un ca-so más de corrupción de la hoy candidata panista, Josefina

Vázquez Mota, en dónde señalaron que su familia —su pa-dre y seis hermanos—, son investigados por la Procuradu-ría General de la República (PGR) por haber recibido 17millones de pesos de empresas que durante 2013 fueron de-nunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoante la Unidad Especializada en Operaciones con Recursosde Procedencia Ilícita de la PGR, por el supuesto lavado dedinero de más de 400 millones de pesos.

En diciembre de 2015 la Unidad de Inteligencia Financie-ra (UIF) de Hacienda presentó una denuncia ante la PGRcontra María José Tábata Roldán Urdapilleta y las empre-sas Smart Bussines Consulting Sima, SA de CV, con domi-cilio en Oaxaca, y Bolshoye, ubicada en la calle de BajaCalifornia de la colonia Roma Sur, en la Ciudad de Méxi-co. La denuncia señala que las dos empresas, cuyas insta-laciones y el personal que emplean no coinciden con losmovimientos de recursos, son dirigidas por Roldán Urda-pilleta y por Isabel Teresa Arroyo Hernández, pero por losindicios detectados se trata de ‘testaferros’ para empresasfantasma que esconden a los dueños de los más de 400 mdpque fluyeron en sus arcas.”1

Aunado a esto, destaca lo denunciado en octubre de 2016por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y laImpunidad, en donde a través de una investigación revela-ron que “la asociación Juntos Podemos, presidida por Váz-quez Mota, había recibido —desde mayo de 2015— 900millones de pesos por parte de la administración del presi-dente Enrique Peña Nieto.”2 En diversos medios de comu-nicación, fue dado a conocer que “Juntos Podemos” no es-tá registrada como donataria, por lo tanto no podría recibirdonativos; sin embargo, “a través de un organismo llama-do Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), la orga-nización con la que Vázquez Mota hace actividades promi-grantes ha recibido fondos por 414 millones 468 mil pesosen 2015, y 468 millones 666 mil 169 pesos en 2016.”3

Tampoco se puede olvidar, “el daño al erario hecho por Jo-sefina Vázquez Mota a su paso por la Secretaría de Educa-ción Pública (SEP), debido al finiquito del programa Enci-clomedia, asciende a 3 mil millones de pesos”.4

Resulta lamentable que hasta ahora, no exista ningún re-sultado evidente de las investigaciones iniciadas en contrade la familia de la candidata a la gubernatura del estado deMéxico, ni contra ella por el evidente fraude del programaEnciclomedia y del conflicto de interés que “Juntos Pode-mos”, representa. Todo empieza por la casa, y antes de des-arrollar una campaña electoral, todos los candidatos debe-



rían comenzar por aclarar y rendir cuentas a la ciudadaníaque está cansada de abusos y delitos de personas relacio-nadas con la política.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración deesta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Procuradu-ría General de la República que haga del conocimiento pú-blico, el estado procesal que guardan las investigaciones encontra María José Tábata Roldán Urdapilleta y las empre-sas Smart Bussines Consulting Sima, SA de CV, y Bolsho-ye, relacionadas con la candidata del PAN, a la gubernatu-ra del Estado de México, Josefina Vázquez Mota.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaríade Hacienda y Crédito Público que haga del conocimientopúblico el origen y destino de los recursos públicos que lefueron entregados a la organización “Juntos Podemos”,vinculada a la candidata del PAN, a la gubernatura del es-tado de México, Josefina Vázquez Mota.

Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría deRelaciones Exteriores que haga pública la información deldestino de los recursos que le fueron entregados a la orga-nización “Juntos Podemos”, vinculada a la candidata delPAN, a la gubernatura del Estado de México, Josefina Váz-quez Mota.

Notas:

1 Ramos, J. “Investiga PGR a familia Vázquez Mota por lavado”. Con-sultado en línea el 27 de marzo de 2017. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/27/investiga-pgr-familia-vazquez-mota-por-lavado

2 Sopitas. “Qué bonita familia: PGR investiga a familia de VázquezMota por lavado”. Consultado en línea el 27 de marzo de 2017 en:http://www.sopitas.com/735725-pgr-familia-vazquez-mota-lavado/

3 Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. “JUNTOS PODE-MOS Presidida por Josefina Vázquez Mota, ha recibido 900 millonesde pesos del gobierno de Enrique Peña Nieto” Consultado en línea el27 de marzo de 2017 en: https://contralacorrupcion.mx/juntospode-mos/

4 Animal Política. “De 3 mil mdp, el daño de Josefina al erario por En-ciclomedia”. Consultado en línea el 27 de marzo de 2017 en:

http://www.animalpolitico.com/2012/04/de-3-mil-mdp-el-dano-de-jo-sefina-al-erario-por-enciclomedia/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.— DiputadoOmar Ortega Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión Transparencia y Anticorrup-ción, para dictamen.

PROBLEMÁTICA SOCIAL Y AMBIENTAL DERIVADADEL DERRAME DE HIDROCARBUROS EN LASCHOAPAS, VERACRUZ, EN MARZO DE ESTE AÑO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la proble-mática social y ambiental derivada del derrame de hidro-carburos acontecido en marzo último en Las Choapas, Ve-racruz, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García,del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada in-tegrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIIILegislatura del Congreso de la Unión, con fundamento enlo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o.y artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamentode la Cámara de Diputados, someto a consideración delpleno de esta soberanía la presente proposición con puntode acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El 21 de marzo del presente año, habitantes del área ruraldel municipio de Las Choapas, Veracruz, se presentaronante las autoridades municipales de Protección Civil parareportar la presencia de hidrocarburos en las cercanías desus comunidades.

La fuga de este combustible se dio en un ducto propiedadde Petróleos Mexicanos (Pemex), y rápidamente llegó a unarroyo de gran importancia para el abasto de agua de loshabitantes de esta región, y que además desemboca en elrío Uxpanapa, el cual hasta hace algunos años, era uno delos más limpios de la zona al no tener descargas de aguasnegras.

Con motivo del incidente, se presentó en la zona personalde Protección Civil Estatal, Municipal y del Ejercito Mexi-cano, quienes alertaron a la población para que se abstu-

viera de consumir el agua contaminada. Posteriormente, allugar llegaron empleados de Pemex, quienes se limitaron acolocar cordones de contención, con la esperanza de que elcombustible no continuará esparciéndose, y acto seguido,abandonaron el lugar.

Debido a que ningún trabajador de Pemex se quedó a vigi-lar que realmente se tuviera controlado el derrame, la em-presa no se percató de que los cordones de contención nohabían cumplido su objetivo y el petróleo continuaba sucurso por el cauce del arroyo, llegando hasta el río Uxpa-napa.

De este incidente resulta que tierras de cultivo, pastizales,pozos, agua de los arroyo y del propio río Uxpanapa han si-do contaminadas con petróleo. Entre las poblaciones afec-tadas se encuentran, Cerro de Nanchital, El Mulato, Fran-cisco Villa, El Esfuerzo, Los Aztecas, Tierra Morada,Adalberto Tejada, Tecunapa, Ceiba Blanco, Rivera delCarmen, La Sal, Peña Blanca, La Fortuna, Las Palmas, SanFelipe, Rancho Nuevo, El Chorro y El Tesorero. De hecho,los habitantes de dicha comunidad están en riesgo de verseafectados, pues viven a pocos metros del pozo que originóeste derrame.

Cabe señalar que incidentes como el acontecido en marzodel presente año no son raros en Las Choapas, Veracruz, yaque han sido varios los derrames de hidrocarburos ocasio-nados por Pemex en la zona actualmente afectada, entre es-tos se pueden mencionar los siguientes:

• En noviembre de 2014 se registró un derrame de cru-do que en esa ocasión alcanzó a dañar cerca de 40 kiló-metros del afluente.

• El 13 de enero de 2013, en unos terrenos que lindancon Las Choapas ocurrió un derrame del hidrocarburocausado por Pemex, empresa que mantuvo en secrecíael incidente, en esta ocasión, las autoridades de protec-ción civil nunca fueron notificadas hasta que medios decomunicación dieron el aviso de la presencia de trabaja-dores de Pemex en la zona.

• El 27 de septiembre de 2011 una fuga de crudo alarmóa las autoridades del municipio Las Choapas, debido aque presuntos criminales seguetearon una línea para ro-barse la tubería y provocaron el derrame de hidrocarbu-ro en la colonia J. Mario Rosado.

• El 13 de junio de 2011 un derrame de crudo se regis-tró por enésima ocasión en la colonia J. Mario Rosado,en esta ocasión en la batería El Plan y afectó el ranchoLa Cima, donde hay un sembradío de árboles de hule, yel agua del arroyo que atraviesa por el rancho estabacompletamente negra.

• A principios de junio de 2011 el diario local “Presen-cia” dio a conocer el derrame de petróleo en el ranchoCinco Hermanos de esa misma colonia, en esa ocasiónese medio de información constató que las causas fue-ron por las pésimas condiciones de los ductos que datande hace décadas y no reciben ningún mantenimiento.

• En febrero de 2010 una pipa que transportaba petróleocrudo volcó sobre la carretera Cerro de Nanchital-LasChoapas, derramando cuarenta mil litros del hidrocar-buro, en esa ocasión fueron afectadas tierras de cultivoy el arroyo Las Cholinas.

Con respecto al derrame de marzo pasado, además del da-ño ambiental en tierra, agua, fauna y flora, son de impor-tancia las afectaciones económicas que los habitantes de laregión sufrieron. Como ya se señaló, se contaminaronaguas para distintos usos, tierras agrícolas y las actividadespesqueras, tanto los arroyos de la región como el propio ríoUxpanapa dan el sustento a cientos de personas que habi-tan en sus cercanías, ya que en sus aguas habitan especiescomestibles y con valor comercial. A raíz del último derra-me, miles de peces murieron, cayendo drásticamente lascapturas, además, las artes de pesca se han impregnado depetróleo, quedando en muchos casos inservibles.

Pemex argumenta que el derrame tiene su origen en actosilícitos en contra de sus ductos. Suponiendo sin concederque lo anterior sea cierto, la forma displicente con que es-ta empresa atendió la emergencia ambiental es totalmenteimputable a la misma, y no puede evadir su responsabili-dad al respecto.

En otro orden de ideas, por efectos de la Ley de la AgenciaNacional de Seguridad Industrial y de Protección al MedioAmbiente del Sector Hidrocarburos, publicada en el DiarioOficial del día 11 de agosto de 2014, la Procuraduría Fede-ral de Protección al Ambiente carece de atribuciones pararegular, supervisar y sancionar en materia de protección alambiente en las actividades del sector hidrocarburos, in-cluido el trasporte por ducto de los mismos, siendo ahora lamencionada agencia el órgano administrativo con dichasatribuciones.



Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones in-vocadas en el proemio, someto a consideración del plenode esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congre-so de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambientey Recursos Naturales y a la Agencia Nacional de SeguridadIndustrial y de Protección al Medio Ambiente del SectorHidrocarburos, a que en el ámbito de sus respectivas atri-buciones, de inmediato den solución al problema de conta-minación en tierras, arroyos y el río Uxpanapa, causado porel derrame de hidrocarburos, acontecido entre los días 19 y20 de marzo de 2017, en el municipio de Las Choapas, Ve-racruz.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congre-so de la Unión, exhorta a la Agencia Nacional de Seguri-dad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sec-tor Hidrocarburos, a que en el ámbito de sus atribucionesde inmediato lleve a cabo las investigaciones sobre las cau-sas que originaron el derrame de hidrocarburos, acontecidoentre los días 19 y 20 de marzo de 2017, en el municipio deLas Choapas, Veracruz, y sí la actuación por parte de laempresas productivas del estado Petróleos Mexicanos, fuela correcta en términos de las normas jurídicas aplicables alcaso, y en su caso de existir indicios de faltas administrati-vas o delitos, proceda conforme a derecho.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congre-so de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la Re-publica a que en el ámbito de sus respectivas atribucionesinvestigue sobre las causas que originaron el derrame dehidrocarburos, acontecido entre los días 19 y 20 de marzode 2017, en el municipio de Las Choapas, Veracruz, y en sucaso, proceda conforme a derecho contra los responsables.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Honorable Congresode la Unión, exhorta a la empresa productiva del estado Pe-tróleos Mexicanos, a que repare el daño económico causa-do a los agricultores y a los pescadores, afectados por el de-rrame de hidrocarburos, acontecido entre los días 19 y 20de marzo de 2017, en el municipio de Las Choapas, Vera-cruz, y para el caso de los pescadores en la reparación eco-nómica tome en cuenta la merma en las capturas y los da-ños a los equipos de pesca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.— DiputadaNorma Rocío Nahle García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y RecursosNaturales, para dictamen.

APOYO A PROGRAMAS Y CENTROS DE ATENCIÓNA NIÑOS Y NIÑAS CON ALGUNA CONDICIÓN DELESPECTRO AUTISTA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta alos gobiernos de las 32 entidades federativas y sus munici-pios a apoyar sus programas y centros de atención de niñoscon alguna condición del espectro autista, a cargo de ladiputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamen-tario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante dela LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Hono-rable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del GrupoParlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamentoen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, pá-rrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Regla-mento de la Cámara de Diputados, somete a consideracióndel pleno de esta soberanía proposición con punto deacuerdo por el que la Cámara de Diputados del HonorableCongreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a losgobiernos de las 32 entidades federativas y a los munici-pios que cuenten con programas, centros de atención a ni-ños y niñas con alguna condición del espectro autista o quecolaboren con la Sociedad Civil Organizada para apoyar enmateria de autismo, a redoblar esfuerzos para difundir losservicios y apoyos que ofrecen, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Sa-lud, en el mundo, uno de cada 160 nacimientos hacen quemiles de familias se planteen el reto de superar complica-ciones económicas, psicológicas y sociales implícitas en laatención familiar a niños con alguna condición del espec-tro autista. En nuestro país, sin contar aún con una cifraexacta de los casos de niños diagnosticados con condicióndel espectro autista, se han estimado más de 4000 familiasimpactadas cada año.

Mejorar la calidad de vida de estas familias y en ocasionessu unidad, implica una serie de variables como la detecciónoportuna de la condición en los menores; la atención tera-péutica adecuada para mejorar sus posibilidades de desa-rrollo; la planeación nutrimental específica que pueda me-jorar su salud y estabilizar el comportamiento, y lasherramientas cognitivas necesarias para que en algunos ca-sos puedan materializar el derecho a la educación, entreotras.

Estas circunstancias, resultan en modificaciones en las di-námicas familiares y costos que en la mayoría de los casosno pueden ser cubiertos óptimamente por las familias delos menores que presentan este tipo de condiciones, reper-cutiendo en la pérdida irreparable de oportunidades para sudesarrollo y en el consecuente incremento en las limitacio-nes para llevar una vida mejor.

En atención a esta realidad, autoridades de los tres ámbitosde gobierno, empresas y organizaciones de la sociedad ci-vil, han emprendido esfuerzos importantes para la atenciónde los menores con condiciones del espectro autista y susfamilias. Ello, transformando historias de vida a través deinformar a los padres de mejores mecanismos para atendera sus hijos, proporcionar mejores oportunidades a los in-fantes y apoyar en los diagnósticos y tratamientos. Sin em-bargo, en muchas ocasiones, las familias que tienen un ni-ño, niña o adolecente con estas características, desconocenlas posibilidades de apoyo que tienen desde el sector pú-blico o en la coordinación de éste con el sector privado yno recurren a apoyos o instancias de atención que sin lugara dudas pueden transformar drástica y positivamente la ma-nera en que enfrentan los retos vinculados a su condición.

Como consecuencia de lo anterior, sería deseable aumentarlas posibilidades de incrementar la difusión sobre los ser-vicios que ofrecen estados, municipios y asociaciones civi-les que colaboran con ambas instancias de gobierno, enmateria de autismo, con la finalidad de asistir a las perso-nas con este tipo de retos para mejorar su calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideraciónde la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de laUnión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congresode la Unión exhorta de manera respetuosa a los gobiernosde las 32 entidades federativas y a los municipios que

cuenten con programas, centros de atención a niños y niñascon alguna condición del espectro autista o que colaborencon la Sociedad Civil Organizada para apoyar en materiade autismo, a redoblar esfuerzos para difundir los serviciosy apoyos que ofrecen.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.—Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnera-bles, para dictamen.

QUE LA ASOCIACIÓN DE EQUIPOS PROFESIONA-LES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA, GARAN-TICE Y RESPETE LOS DERECHOS HUMANOS RE-CONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y TRATADOSINTERNACIONALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhortaa la Conade y a la Conapred a conminar, recomendar y pre-venir a la Asociación de Equipos Profesionales de Beisbolde la Liga Mexicana, AC, que garantice y respete los dere-chos humanos reconocidos en la Constitución y en los tra-tados internacionales de que México es parte, a cargo de ladiputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Par-lamentario del PES

Cynthia Gissel García Soberanes, diputada federal del Gru-po Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIIILegislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artícu-los 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, ynumeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara deDiputados, someto a la consideración de esta soberanía, lapresente proposición con punto de acuerdo para que seaturnada a comisiones, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Antecedentes y Consideraciones

El 31 de diciembre de 2016, en una nota informativa deno-minada “Puro beisbol”, que firma Héctor Bencomo, bajo elrubro “¡Dios nos ampare!”, nos enteramos que la LigaMexicana de Beisbol, integrada por la Asociación de Equi-pos Profesionales de Béisbol de la Liga Mexicana, AC; se-sionaría el 11 de enero de 2017, y entre otros puntos del or-den del día se trataría la limitante de contratar jugadores de



nacionalidad mexicana que hubieren nacido en el extranje-ro.

Igualmente, el miércoles 11 de enero del año en que nosencontramos, el portal electrónico sipse.com, publica nota“Divisionismo cimbra la Liga Mexicana de Beisbol”, des-prendiéndose de la misma que no existía acuerdo entre lospresidentes de los diversos clubes que conforman la liga,en el tema de beisbolistas con doble nacionalidad; es decir,de personas que habían nacido en el extranjero, pero queeran hijos de padres mexicanos o que habían adquirido sunacionalidad mexicana por alguna otra causa legal.

En esa junta de asamblea, se tomó la decisión de limitar lacontratación de jugadores mexicanos nacidos en el extran-jero a nueve. Lo que de suyo es violatorio de la Constitu-ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la LeyFederal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Esta situación llegó a tensar tanto la relación entre losmiembros de la Liga Mexicana de Beisbol, ya que se divi-dieron en dos bloques, que incluso se habló de formar unaliga por cada grupo.

Por tanto, optaron indebidamente, por llevar y someter sucontroversia al arbitraje internacional, ante la liga menorde beisbol de los Estados Unidos de Norteamérica. Árbitro,que no conoce ni entiende de derechos contenidos en nues-tra Constitución y que no tiene jurisdicción ni competenciaen disputas de esta índole.

Ante tal situación, he visto con preocupación que ni laComisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Cona-de), ni el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-nación (Conapred), se han pronunciado al respecto; apesar de que la Asociación de Equipos Profesionales deBeisbol de la Liga Mexicana, AC, se encuentra regula-da por la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Es evidente, que con tal medida, se coarta el derecho de losclubes a contratar personal que ante la Ley son mexicanos,al igual que el libre ejercicio del trabajo, oficio o profesióndel beisbolista mexicano; de conformidad con lo dispuestopor los diversos 1, 4, 5 y 30 de nuestra Carta Magna en re-lación con los numerales 1, 8 y 25 de la Convención Ame-ricana sobre Derechos Humanos, concatenado a los artícu-los 1, 2 fracción XI, 3 fracción I, 5 fracción VI, 7, 30, 43 y50 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El artículo 30 de nuestra máxima ley, claramente disponeque la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento opor naturalización.

Que, al naturalizarse una persona como mexicana, adquie-re los mismos derechos que cualquier mexicano por naci-miento, por lo que debe ser tratado de la misma manera.

Por tanto, el acuerdo tomado por la Liga Mexicana deBéisbol es discriminatorio al no permitírseles a esos mexi-canos naturalizados, dedicarse a una profesión licita. Loque es contrario a los artículos 1 y 5 de la Constitución Fe-deral. No siendo óbice, el que dichas personas cuenten conotra nacionalidad diversa a la mexicana, ya que nuestranormatividad permite la doble nacionalidad.

En ese tenor, tanto la Comisión Nacional de Cultura Físicay Deporte, en su carácter de supervisor, como el ConsejoNacional para Prevenir la Discriminación, han sido omisosen conminar, recomendar, prevenir y exhortar a la Asocia-ción de Equipos Profesionales de Beisbol de la Liga Mexi-cana, AC; para que garantice y respete los derechos huma-nos reconocidos en la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de losque nuestro país es parte, para que no discriminen ni vul-neren o restrinjan el ejercicio del derecho de los clubes debeisbol a contratar al personal mexicano que más les aco-mode, ni a los peloteros o beisbolistas a ejercer librementeel derecho a trabajar.

Como parte de la administración pública federal, ambasautoridades tienen facultades y atribuciones sobre la LigaMexicana de Beisbol, denominada como Asociación deEquipos Profesionales de Beisbol de la Liga Mexicana,AC.

En consecuencia, con su omisión convalidan y autorizan laejecución del acuerdo indebidamente tomado por dicha li-ga profesional del deporte.

Es pertinente hacer notar, que contrario a lo que sucede enla Liga Mexicana de Futbol o en otras disciplinas del de-porte, los mexicanos naturalizados son en 98 por ciento hi-jos de mexicanos que nacen en las ciudades fronterizas delos Estados Unidos de Norteamérica, porque así se acos-tumbra en las entidades federativas que hacen frontera en-tre ese país y el nuestro; pero que han vivido y crecidosiempre en México y que se han formado en las ligas in-fantiles de México.

Por lo tanto, no vienen a quitar ni a ocupar fraudulenta-mente ningún lugar que le sea propio a un mexicano naci-do en México. Ellos son tan mexicanos y sienten los colo-res y los olores de la Patria como cualquier otro.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideraciónde esta Honorable Cámara de Diputados la presente Propo-sición, al tenor del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta tanto al Titular de la Comisión Nacionalde Cultura Física y Deporte, como al titular del ConsejoNacional para Prevenir la Discriminación, para que conmi-nen, recomienden y prevengan en el ámbito de sus faculta-des a la Asociación de Equipos Profesionales de Beisbol dela Liga Mexicana, AC, a que garantice y respete los dere-chos humanos reconocidos en la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Interna-cionales de los que nuestro País es parte, con la finalidadque no discriminen ni vulneren o restrinjan el ejercicio delderecho de los clubes de beisbol a contratar al personal me-xicano por nacimiento o por naturalización que más lesacomode, ni a los peloteros o beisbolistas mexicanos pornacimiento o naturalización a ejercer libremente su dere-cho a trabajar.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro; a los 30 días del mes demarzo del año 2017.— Diputada Cynthia Gissel García Soberanes (rú-brica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, paradictamen.

GARANTIZAR LAASISTENCIADE TRADUCTORES DELENGUAS INDÍGENAS EN PROCESOS JUDICIALES

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a garantizar laasistencia de traductores de lenguas indígenas en procesosjudiciales, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Or-tiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del Grupo Parlamen-tario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIIILegislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fun-damento en lo dispuesto en el artículos 79, numeral 2, frac-

ción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, some-to a consideración del pleno de esta soberanía, proposicióncon punto de acuerdo relativo al a garantizar la asistenciade traductores de lenguas indígenas en procesos judiciales,al tenor de las siguientes

Consideraciones

A principios del mes de marzo del presente varios mediosde comunicación del estado de Oaxacai publicaron una in-formación que nos pareció alarmante: la negación por par-te de la autoridad jurisdiccional local para nombrar un tra-ductor o intérprete a indígenas durante procesos penalesviolando la ley.

El principal argumento de la autoridad competente es queel presupuesto destinado para la operación de tareas juris-diccionales no es suficiente para garantizar el derecho delos indígenas involucrados en algún proceso judicial, decontar con la asistencia de algún traductor o intérprete siasí lo solicita. Se estima que la contratación de un intér-prete para una audiencia de este tipo genera erogaciones dealrededor de mil cien pesos más lo que hace a viáticos pa-ra traslado, alimentos y hospedaje.

De acuerdo con datos del Centro Profesional Indígena deAsesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet) tan solo en elestado de Oaxaca se necesitan anualmente, alrededor dequince millones de pesos para solventar la necesidad deluso de traductores e intérpretes

Asimismo, personal del Cepiadet asegura que, en promedio,un juicio penal contra una persona indígena desde que iniciahasta que termina y por el número de audiencias que llega atener, se erogan cuarenta mil pesos.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los PueblosIndígenas dio cuenta de que, para octubre de 2016 en el pa-ís, más de ocho mil indígenas se encontraban privados desu libertad por la comisión de diversos delitos con la parti-cularidad de que la mayoría de los procedimientos en losque están involucrados, generalmente, están plagados deirregularidades, no solamente por la falta de traductores,intérpretes y defensores capacitados, sino también porqueel ministerio público y los jueces suelen desdeñar sus ca-sos.

Las entidades federativas que concentran el mayor númerode población indígena en el sistema penitenciario nivel na-cional son: Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Ciudad de



México, Chihuahua y Guerrero. Las lenguas con las que seidentifican son el náhuatl, zapoteco, maya, tzeltal y tzotzil.

Como mencionamos anteriormente, el principal argumentode las instituciones encargadas de la procuración e impar-tición de justicia es que no tienen presupuesto, pero no hanentendido que están violando la norma.

Más grave resulta, que ante esta evidente ilegalidad no ha-ya autoridad que sancione o castigue a esta conducta.

Además, de que el presupuesto para las labores de procu-ración e impartición de justicia está debidamente diseñadopara solventar todas las erogaciones que resulten de suaplicación; por ende, están mintiendo los que argumentanfalta de recursos para garantizar a los indígenas un debidoproceso.

Los derechos de los pueblos indígenas están reconocidosno sólo en instrumentos internacionales de cumplimientoobligatorio, sino también en nuestra Constitución Políticaque en relación al derecho que tienen las comunidades alpleno acceso a la justicia, en el primer párrafo de la frac-ción VIII del apartado A del artículo 2 en lo conducente es-tipula:

Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para ga-rantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientosen que sean parte, individual o colectivamente, se deberántomar en cuenta sus costumbres y especificidades cultura-les respetando los preceptos de esta Constitución. Los in-dígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos porintérpretes y defensores que tengan conocimiento de sulengua y cultura.

Desgraciadamente y a pesar de los esfuerzos legislativosque se han realizado en esta materia, no se ha logrado quelos mismos se apliquen en la práctica, por lo que la viola-ción de los derechos procesales de los indígenas siguesiendo una constante en nuestro sistema judicial.

Un ejemplo de lo anterior, lo encontramos en el recienteCódigo Nacional de Procedimientos Penales, que fue pro-ducto de un esfuerzo sin precedentes, para dotar al país deun marco normativo en materia de justicia basado en elrespeto irrestricto a los derechos humanos, pero que a la fe-cha no ha logrado su total y eficaz aplicación.

En este sentido, nos permitiremos citar lo señalado en el ar-tículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales

que derivan de lo establecido en nuestra Constitución y nospermitirán evidenciar la clara violación a la norma por par-te de los servidores públicos encargados de la imparticióny procuración de justicia al negarse a proporcionar traduc-tores o intérpretes a los indígenas sujetos a proceso.

El artículo 45 refiere que todos los actos procesales debe-rán realizarse en idioma español:

En el caso de los miembros de pueblos o comunidades in-dígenas, se les nombrará intérprete que tenga conocimien-to de su lengua y cultura, aun cuando hablen el español, siasí lo solicitan.

El Órgano jurisdiccional garantizará el acceso a traducto-res e intérpretes que coadyuvarán en el proceso según serequiera.

De tal manera que es evidente la ilegalidad en la que estáncayendo los funcionarios que se han negado a otorgar tra-ductores o interpretes a los indígenas bajo proceso, por loque estas conductas, motivarían forzosamente la reposicióndel procedimiento.

Queremos destacar que el argumento de la falta de recursosen ninguna manera es aceptable, ya que es a todas lucesuna burla más para nuestras comunidades y pueblos origi-narios; que bajen los sueldos los altos mandos, que recor-ten personal, es decir, que la autoridad competente realicelas acciones necesarias para destinar los recursos que ga-ranticen el debido proceso de las y los indígenas en lo quehace a su derecho de contar un con traductor o interpretedurante lo que dure su procedimiento penal.

Esta situación es grave y no se puede soslayar su impor-tancia, solo basta recordar los datos que dio a conocer laComisión Nacional de los Derechos Humanos en el año2014,ii al respecto del acceso a la justicia de los indígenasen el país:

• Miembros de más de cien grupos étnicos, entre los quedestacan los de lenguas náhuatl, tzeltal, tzotzil, zapote-cos y mixtecos, pagan condenas por homicidio, violen-cia intrafamiliar, violación y secuestro, quienes firma-ron sus sentencias sin un traductor o intérprete y sinentender ni hablar el idioma español.

• Existen más de ocho mil indígenas presos en Méxicoy en el 80 por ciento de los casos se violó el debido pro-ceso.

• La mayor parte de estos casos corresponde el fuero fe-deral y se encuentran principalmente en los estados deOaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz.

De modo que, se requieren urgentemente de acciones con-sistentes en esta materia para poder garantizar y materiali-zar las garantías procesales y constitucionales de nuestrascomunidades indígenas, para poder estar en condicionesóptimas en contra de la sistemática violación de sus dere-chos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se propone a estahonorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al ministro presidente del Consejode la Judicatura Federal para que, en el ámbito de su com-petencia, realice las acciones necesarias para garantizar elderecho los indígenas bajo cualquier proceso judicial aser asistidos por intérpretes y defensores que tengan co-nocimiento de su lengua y cultura.

Segundo. Se exhorta al procurador general de la Repúbli-ca para que, en el ámbito de su competencia, realice las ac-ciones para garantizar el debido proceso de los indígenas aser asistidos por intérpretes y defensores que tengan cono-cimiento de su lengua y cultura.

Tercero. Se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca,para que, en el ámbito de su competencia, garantice el de-bido proceso de los indígenas a ser asistidos por intérpretesy defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultu-ra.

Cuarto. Se exhorta al consejero presidente del Consejo dela Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca paraque, en el ámbito de su competencia, garantice el derecholos indígenas bajo cualquier proceso judicial a ser asistidospor intérpretes y defensores que tengan conocimiento de sulengua y cultura.

Notas:

1 Niegan traductores para indígenas oaxaqueños en procesos penales.Disponible en: http://idpnoticias.com.mx/2017/03/01/niegan-traducto-

res-para-indigenas-oaxaquenos-en-procesos-penales/ y http://www.nvinoticias.com/nota/52568/niegan-traductores-para-indigenas-oaxa-quenos-en-procesos-penales.

2 Sin debido proceso, 80% de los indígenas recluidos. Disponible en:http://www.milenio.com/politica/proceso-indigenas-recluidos-carcel-d e f e n s a - j u s t i c i a - M e x i c o - d e r e c h o s _ h u m a n o s - C N D H _ 0 _347365280.html.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.— DiputadaNatalia Karina Barón Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dic-tamen.

SE EXHORTA AL GOBIERNO DE MORELOS A NOVENDER LAS RESERVAS TERRITORIALES, ASÍ CO-MO A LA SEMARNAT A QUE VIGILE SE CUMPLA LANORMATIVIDAD DEL USO DE LOS SUELOS Y PRO-TEJA LA BIODIVERSIDAD DE DICHO ESTADO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhortaal gobierno de Morelos a no subastar o vender las reservasterritoriales de la entidad; y a la Semarnat, a vigilar que secumpla la normativa aplicable respecto al uso de suelo yproteger la biodiversidad en los polígonos comprendidosen las reservas territoriales del estado, a cargo de la dipu-tada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parla-mentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrantede la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de con-formidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámarade Diputados, somete a consideración del pleno el siguien-te punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenorde los siguientes

Antecedentes y consideraciones

Que al artículo 1o. de la constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, en su párrafo tercero señala:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competen-cias, tienen la obligación de promover, respetar, prote-ger y garantizar los derechos humanos de conformidadcon los principios de universalidad, interdependencia,indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Es-



tado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar lasviolaciones a los derechos humanos, en los términos queestablezca la ley. Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Por su parte, el párrafo quinto del artículo 4o. de nuestracarta magna señala:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sanopara su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará elrespeto a este derecho. El daño y deterioro ambientalgenerará responsabilidad para quien lo provoque en tér-minos de lo dispuesto por la ley. Párrafo adicionadoDOF 28-06-1999. Reformado DOF 08-02-2012

En ese mismo orden de ideas, el tercer párrafo del artículo27 de nuestro máximo ordenamiento jurídico señala:

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponera la propiedad privada las modalidades que dicte el inte-rés público, así como el de regular, en beneficio social,el aprovechamiento de los elementos naturales suscepti-bles de apropiación, con objeto de hacer una distribu-ción equitativa de la riqueza pública, cuidar de su con-servación, lograr el desarrollo equilibrado del país y elmejoramiento de las condiciones de vida de la poblaciónrural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medi-das necesarias para ordenar los asentamientos humanosy establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y des-tinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutarobras públicas y de planear y regular la fundación, con-servación, mejoramiento y crecimiento de los centros depoblación; para preservar y restaurar el equilibrio eco-lógico; para el fraccionamiento de los latifundios; paradisponer, en los términos de la ley reglamentaria, la or-ganización y explotación colectiva de los ejidos y comu-nidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad ru-ral; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, dela silvicultura y de las demás actividades económicas enel medio rural, y para evitar la destrucción de los ele-mentos naturales y los daños que la propiedad pueda su-frir en perjuicio de la sociedad. Párrafo reformado DOF06-02-1976, 10-08-1987, 06-01-1992

Por su parte el artículo 1o. de la Ley General de Asenta-mientos Humanos, Ordenamiento territorial y DesarrolloUrbano, señala en su parte conducente lo siguiente:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e inte-rés social y de observancia general en todo el territorionacional.

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto:

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión deobservancia general, para ordenar el uso del territorio ylos Asentamientos Humanos en el país, con pleno res-peto a los derechos humanos, así como el cumpli-miento de las obligaciones que tiene el Estado parapromoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizar-los plenamente;

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de lasentidades federativas, los municipios y las Demarcacio-nes Territoriales para la planeación, ordenación y regu-lación de los Asentamientos Humanos en el territorionacional;

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito desus respectivas competencias exista una efectivacongruencia, coordinación y participación entrela Federación, las entidades federativas, los muni-cipios y las Demarcaciones Territoriales para la pla-neación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramien-to, consolidación y Conservación de los Centros dePoblación y Asentamientos Humanos, garantizandoen todo momento la protección y el acceso equitati-vo a los espacios públicos;

IV. Definir los principios para determinar las Provi-siones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas ypredios que regulan la propiedad en los Centros de Po-blación, y

V. Propiciar mecanismos que permitan la participaciónciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y per-sonas en situación de vulnerabilidad, en los procesos deplaneación y gestión del territorio con base en el accesoa información transparente, completa y oportuna, así co-mo la creación de espacios e instrumentos que garan-ticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciuda-danía en la formulación, seguimiento y evaluación dela política pública en la materia.

Por su parte, la fracción XXX del artículo 3 del ordena-miento en cita, establece:

XXX. Reservas: las áreas de un centro de población queserán utilizadas para su Crecimiento;

En ese orden de ideas, vemos que el Congreso del Estadode Morelos, ha realizado una serie de reformas, las cuales

contemplan dar carta abierta al Gobernador del estado pa-ra vender, las reservas territoriales, que si bien es cierto,son áreas para el crecimiento de la población, también esverdad, que en el estado no existe un desarrollo urbano or-denado.

No existe, ni se analizó un proceso de orientación racionalpara un proceso de urbanización en el estado, solo los inte-reses voraces de la oligarquía en la venta de las tierras pa-trimonio de la nación, y lo anterior se sostiene toda vez queen el estado existe un gran número de inmuebles deshabi-tados consecuencia de la violencia y la pobreza crecienteen el estado.

Tal parece que olvidaron la crisis económica de los añosochenta que incidieron en factores que impactaron en eldesarrollo de políticas urbanas y su fracaso posterior, yaque no existieron políticas urbanas para sostenerlas y al-canzar el crecimiento deseado. A esto se sumó el impulsoy consolidación de un modelo económico de apertura co-mercial, desregulación estatal y fomento a la inversión pri-vada externa, que terminó por relegar a la planeación y po-líticas territoriales como un mero punto de referencia.1

Ciertamente no desaparecieron los programas que teníanque ver con la gestión del suelo, como el de reservas terri-toriales, el de regularización de asentamientos popularessobre terrenos ejidales, y el de control de la expansión físi-ca mediante el Área de Conservación Ecológica en el (en-tonces) Distrito Federal o el programa “Pinte su Raya” enel Estado de México; pero los actos más importantes estu-vieron encaminados a otorgarle funcionalidad económica aciertas zonas de la ciudad para que se insertara en los mol-des que exigía el programa de modernización del país, elproyecto más exitoso de la época fue el centro comercial yde servicios de alta calidad de Santa Fe, que con 900 hec-táreas era la reserva territorial más grande de la ciudad(Olivera, 1993:130).2

La planeación urbana, en síntesis, es un instrumento enca-minado a favorecer la gobernabilidad de las ciudades en suaspecto político, a promover el desarrollo de las activida-des productivas en su aspecto económico, a procurar lasustentabilidad ambiental en su aspecto físico-técnico, yasegurar la convivencia ciudadana en su aspecto de susten-tabilidad social. Pero a diferencia del pasado, es necesariohacer una evaluación permanente del ejercicio planifica-dor, realizar adecuaciones a las estrategias sobre la marcha(que les confieran flexibilidad), y sobre todo, debe ser un

ejercicio incluyente en lo social favoreciendo los recursosde la comunicación y la negociación.3

Por consiguiente, se puede señalar que el Gobierno del es-tado de Morelos no está desarrollando políticas en materiade desarrollo urbano, como ejemplo podemos observar queen el año 2013, se calculó que más de 50, 000 casas se en-contraban abandonadas:

“…La Comisión Independiente de los Derechos Huma-nos de Morelos indicó que la construcción anárquica deviviendas ha tenido como consecuencia que haya casi50 mil de éstas abandonadas en el estado, cuyas unida-des habitacionales se vuelven territorios sin ley.

José Martínez Cruz, representante de la ONG, explicóque la falta de servicios, las malas condiciones en suconstrucción y la ausencia de la autoridad han provoca-do que “grupos ilegales” se hagan cargo de cobrar cuo-tas de mantenimiento, vigilancia y sustituyan a las auto-ridades municipales.

Los fraccionamientos construidos en Morelos sin con-trol tienen en su mayoría graves problemas de legalidad,“muchos tienen falta de servicios, tienen malas cons-trucciones, hay denuncias, se requiere de políticas pú-blicas de vivienda, para más que construir viviendasusar las que actualmente están abandonadas”.

Deben adoptarse medidas inmediatas en estas unidadeshabitacionales, explicó, “porque de otra manera efecti-vamente pueden ser utilizadas por personas que las ne-cesiten y puedan llegar y meterse o bien por gente quequiera delinquir, y que pueda tener incluso a algunaspersonas privadas de la libertad”.

“En efecto deja una tierra de nadie, en donde pueden serutilizadas precisamente por personas, que al amparo deesa indefinición se meten y las pueden utilizar para co-meter ilícitos, ése es un problema que, digamos, está deorigen.”

Dentro de estos fraccionamientos funcionan grupos conimpunidad y complicidad con las autoridades, para crearautogobiernos y aplicar impuestos sin autorización, “nohay control de la autoridad y de alguna forma se mantienenal margen; los servicios públicos ellos los proporcionan, enefecto, pero con el objetivo de la maximización de las ga-nancias”…4



En ese orden de ideas son preocupantes las recientes de-claraciones del gobernador constitucional de Morelos en elsentido de que pretende que toda reserva territorial que ten-ga factibilidad de vivienda , será subastada, y la preocupa-ción resulta de la concatenación por la violación a los de-rechos humanos de los Morelenses que pueda traerconsigo, esta medida, ya que como se ha advertido, en elestado existen mucha vivienda abandonada, no existe unverdadero plan de Desarrollo Urbano Estatal y Regionalpor parte del Gobierno en turno.

Aunado a lo anterior, con las reformas aprobadas por elCongreso del estado, se le está dando un cheque en blancoal Gobernador, para que venda el estado no al mejor pos-tor, sino al postor de su preferencia.

“…Cuernavaca. Toda reserva territorial que tenga facti-bilidad para el desarrollo de vivienda en Morelos serápuesta en subasta, anunció el gobernador Graco Ramí-rez durante la toma de protesta de la nueva Mesa Direc-tiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-trucción (CMIC).

En un comunicado destacó que con ello se reactivará el de-sarrollo inmobiliario que estuvo suspendido porque no es-taba debidamente reglamentado, y porque había muchodesorden en la construcción de vivienda.

Graco Ramírez detalló que la reserva territorial que se su-bastará está autorizada por el Congreso del estado, y coin-cide con el impacto ambiental positivo para construir ca-sas-habitación de interés social en favor de los morelenses.

“Lo venderemos bajo una subasta pública y transparen-te a desarrolladores preferentemente de Morelos (…)esto va a marcar un precedente, ya que podemos dupli-car a 20 mil las acciones de vivienda”, sostuvo…5

Por otro lado, resulta inverosímil, que dichas reservas sevendan sin supervisión del Congreso del Estado, cuandoeste tiene la responsabilidad constitucional de representar alos ciudadanos, en un país democrático, dejando su res-ponsabilidad en el ejecutivo, por lo tanto:

“…Organizaciones ambientalistas solicitaron una expli-cación respecto a la reciente reforma del Congreso delEstado, que elimina la supervisión del Legislativo parahacer uso de las reservas territoriales por parte del Eje-cutivo.

“Más que estar enfocada en ordenar el desarrollo, apun-ta a impulsar una urbanización e industrialización sal-vaje en el territorio, porque carece de mínimos criteriosde participación, ambientales y de conservación. Pare-ciera que se busca facilitar al mercado inmobiliario elacceso a los bosques y selvas. Lo que se requiere es to-do lo contrario e instrumentar políticas públicas para suprotección y conservación”, consideraron.

La actuación del Congreso surgió a raíz de una iniciativapreferente del mandatario estatal, en la que plantea comosolución al crecimiento desordenado del territorio “que eltitular del Poder Ejecutivo pueda designar y aportar, a fa-vor de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales(CERT), los bienes inmuebles del patrimonio del Estado,dotando a esta Comisión de facultades para la constituciónde reservas territoriales, la administración y promoción delsuelo urbano y urbanizable apto para el desarrollo habita-cional, industrial, comercial, de servicios públicos, priva-dos, turísticos y vivienda”.

Los inconformes afirmaron que la propuesta es preocupan-te, ya que la mayoría de los bosques y selvas conservadasen Morelos son de propiedad social.

“Por lo que su incorporación ‘ágil’ al mercado inmobi-liario que se pretende, sin ningún tipo de consulta a laciudadanía y sin pasar por los representantes en el Con-greso local, es un atentado a la incipiente democracia denuestro Estado”.

Solicitaron una reunión urgente con el gobernador GracoRamírez, con el fin de revisar y gestionar la adecuacióndel decreto de la CERT, para incorporar las propuestas dela sociedad civil. Dijeron que es necesario integrar unamesa de discusión y análisis sobre el tema, en la que par-ticipen académicos, comunidades, instituciones guberna-mentales y sociedad civil, además de iniciar un proceso deconsulta social y utilizar la figura que aplique de las con-templadas en la Ley de Participación Ciudadana del Esta-do de Morelos.”…6

Es imprescindible que el Gobierno de Morelos antes de su-bastar las reservas territoriales del estado, incentive políti-cas públicas en favor de los que menos tienen, que orientela debilidad del crecimiento urbano no con la venta de re-servas territoriales, sino con programas de recuperación devivienda abandonada, defina políticas habitacionales, esta-blezca programas para personas de menores ingresos o es-casos recursos, que haya una heterogeneidad respecto de la

planeación con el Gobierno Federal en materia de vivien-da, que cumpla los programas de desarrollo urbano exis-tentes antes de permitir el crecimiento de centros de pobla-ción en el Estado, así como que se actualice lanormatividad en materia de desarrollo urbano, que permitael crecimiento, ordenado y contralado que a su vez puedaprestar los servicios que todo centro de población debe te-ner, que cuide y respete los derechos humanos de los ciu-dadanos e indígenas que puedan vivir dentro de los polígo-nos que conforman las reservas territoriales.

Cabe señalar que las reformas aprobadas por el Congresodel estado obedecen a una iniciativa preferente de su Go-bernador la cual tuvo como finalidad:

“…reformar seis artículos del Diverso número CientoNoventa y Uno que crea el Organismo Descentralizadodenominado Comisión Estatal de Reservas Territoriales(CERT), con el propósito de lograr una política de sue-lo que asegure un adecuado desarrollo urbano del Esta-do, propuesto como iniciativa preferente por el gober-nador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.

El nuevo diseño de la CERT tiene como ejes sustantivos:Atender los procesos de regularización integral del suelo;Constituir reservas territoriales; Ofertar suelo para los dis-tintos usos y necesidades; y, Coordinar con otras instanciasgubernativas la adecuada gestión y uso de su territorio.

Con las reformas se replantean los alcances de la CERT,dándole las atribuciones e instrumentos necesarios paraampliar sus posibilidades de operación, de tal forma queincida directamente en el mercado de suelo,”…7

Cabe destacar que de dicha reforma, no se desprende el di-seño de políticas públicas encaminadas al desarrollo urba-no y la ampliación de servicios por parte del estado para sucumplimiento.

Por consiguiente, es de exhortarse al Gobierno del estadode Morelos a que se abstenga de realizar cualquier tipo desubasta o venta de las reservas territoriales del estado, has-ta en tanto no diseñe políticas públicas encaminadas a la re-cuperación de vivienda abandonada, defina políticas habi-tacionales con programas para personas de menoresingresos o escasos recursos y dé cumplimiento al programade desarrollo urbano vigente en el estado, estrechando lavinculación con las organizaciones de la sociedad civil,promoviendo la participación ciudadana en la gestión pú-blica.

Por otro lado, es de exhortarse respetuosamente a la Secre-taria del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que enel ámbito de su competencia, vigile y proteja que se cum-pla con la normatividad vigente aplicable respecto del usode los suelos y la biodiversidad existente en los suelos quecomprenden de las reservas territoriales del estado More-los, así mismo se exhorta a la Comisión Nacional de losDerechos Humanos a que proteja y vigile los derechos hu-manos de los Morelenses, que pudieran verse afectados porla venta de las reservas territoriales del Estado.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la con-sideración de ésta Honorable Asamblea, la siguiente pro-posición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del esta-do de Morelos a que se abstenga de realizar cualquier tipode subasta o venta de las reservas territoriales del estado,hasta en tanto no diseñe políticas públicas encaminadas ala recuperación de vivienda abandonada, defina políticashabitacionales con programas para personas de menoresingresos o escasos recursos y dé cumplimiento al programade desarrollo urbano vigente en el estado, estrechando lavinculación con las organizaciones de la sociedad civil,promoviendo la participación ciudadana en la gestión pú-blica.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría delMedio Ambiente y Recursos Naturales para que en el ám-bito de su competencia, vigile que se cumpla con la nor-matividad vigente aplicable respecto del uso de los suelosy proteja la biodiversidad existente en los suelos que com-prenden de las reservas territoriales del estado Morelos.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la comisión nacio-nal de los derechos humanos a que proteja y vigile los de-rechos humanos de los morelenses, que pudieran verseafectados por la venta de las reservas territoriales del esta-do.

Notas:

1 http://www.redalyc.org/pdf/196/19608104.pdf

2 Ídem 1

3 Ídem3



4 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/04/06/892509

5 http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=671609&idFC=2017

6 ttps://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/dejan-sin-proteccion-a-reservas-territoriales

7 http://mundo965.fm/index.php/2017/03/08/transforma-congreso-morelos-la-comision-estatal-reservas-territoriales/

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.— DiputadaBlanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y RecursosNaturales, para dictamen.

SE EXHORTA A LA COFEPRIS PARA QUE DEJE DEAPLICAR DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMEN-TO DE CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS YSERVICIOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta ala Cofepris a dejar de aplicar diversos artículos del Regla-mento de Control Sanitario de Productos y Servicios, a car-go de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del GrupoParlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada inte-grante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadanoen la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de laUnión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,fracción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-dos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Re-glamento de la Cámara de Diputados somete a considera-ción del pleno de esta asamblea, la siguiente proposicióncon punto de acuerdo, por el que la Honorable Cámara deDiputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, pa-ra que instruya a la Cofepris para que dejen de aplicar los“Lineamientos a que se refiere el artículo 25 del Regla-mento de Control Sanitario de Productos y Servicios quedeberán observar los productores de alimentos y bebidasno alcohólicas preenvasadas para efectos de la informaciónque deberán ostentar en el área frontal de exhibición, asícomo los criterios y las características para la obtención yuso del distintivo nutrimental a que se refiere el artículo 25Bis del Reglamento de Control Sanitario de Productos yServicios”, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El 22 de julio de 2015, “El Poder del Consumidor, AC”,presentó amparo indirecto en nombre de la sociedad en ge-neral para denunciar que el etiquetado nutrimental frontalmexicano viola los derechos de los consumidores.

II. El 28 de diciembre de 2016 el juez octavo de Distritoen Materia Administrativa en la Ciudad de México emitióla resolución en la que “determinó amparar y proteger a ElPoder del Consumidor contra los Lineamientos a que serefiere el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitariode Productos y Servicios que deberán observar los pro-ductores de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasa-das para efectos de la información que deberán ostentar enel área frontal de exhibición, así como los criterios y lascaracterísticas para la obtención y uso del distintivo nutri-mental a que se refiere el artículo 25 Bis del Reglamentode Control Sanitario de Productos y Servicios”.1

III. En la sentencia, el juez reconoce que el deber del Es-tado de informar y advertir al consumidor sobre los ingre-dientes de los productos alimenticios constituye una garan-tía y no un obstáculo para el ejercicio eficaz del libredesarrollo de las personas.

Consideró que el presente sistema de etiquetado utilizadoen México genera que resulte complejo para los consumi-dores contar con información comprensible, la cual le per-mitiría tener certeza del impacto que tiene el producto ensu salud.2

IV. En dicha resolución el juez expresó que el etiquetado escontrario a las recomendaciones de la Organización Mun-dial de la Salud (OMS) sobre los azucares añadidos, a lapropia Estrategia Nacional para la Prevención y el Controldel Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD) dada aconocer en 2013, así como a los estudios y recomendacio-nes del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

V. “Desde el 2011 se tenía evidencia de que el etiquetadotipo GDA, que se implementó oficialmente en México en2014, no era bien comprendido ni siquiera por los estu-diantes de nutrición de una prestigiada institución univer-sitaria. El gobierno mismo contestó a la solicitud de acce-so a la información que no había sido conformado un grupode trabajo para la definición de esta importante medida. Encontraste, en Chile se llevaron a cabo estudios para identi-ficar el mejor sistema de etiquetado, para lo cual se reali-zaron grupos focales que incluyeron a niños con el fin de

garantizar su comprensión. Además, el etiquetado actualpromueve el excesivo consumo de azúcar al mostrar un va-lor de referencia de 90 gramos, en lugar de los 50 gramosque recomienda la OMS como cantidad límite al día tal ycomo lo señala el juez en la sentencia”.3

VI. Retomando la sentencia del amparo, el juez mencionóque en razón de lo establecido en la Constitución política ydiversos tratados internacionales, el Estado tiene obliga-ciones positivas como las de promover el disfrute de losderechos a la salud y a la alimentación. La sentencia indi-ca que el etiquetado denunciado viola el derecho a la saludy a la alimentación adecuada de los consumidores, así co-mo los derechos de los consumidores a ser informados deforma comprensible, visible y veraz sobre productos queponen en riesgo la vida y la salud de las personas.

VII. La medida de la Cofepris resulta desfavorable y re-gresiva respecto al derecho a la salud, toda vez que no per-mite identificar los azúcares añadidos o agregados como loseñalan las recomendaciones de la OMS, el etiquetado ac-tual en lugar de ampliar los alcances del derecho funda-mental a la protección a la salud los limitó.

VIII. Dicha sentencia fue recurrida por Cofepris, y se es-pera la resolución del Tribunal Colegiado, por tal motivo esque consideró importante respaldar esta resolución y no ce-der ante lo evidente.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a laconsideración de esta honorable asamblea, la siguienteProposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respe-tuosamente al Ejecutivo federal para que, instruya a la Co-misión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanita-rios (Cofepris), para que dejen de aplicar el artículo 25 delReglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios;el artículo tercero, fracción III, inciso a) y b), de los Line-amientos a que hace referencia el artículo 25 del Regla-mento de Control Sanitario de Productos y Servicios y laNOM- 051-SCFI/SSA1-2010, “Especificaciones generalesde etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados-Información comercial y sanitaria” en el punto4.2.9.2 en la fracción II, punto A y punto B.

Notas:

1 Resolución del juez octavo de Distrito en materia Administrativa enla Ciudad de México a favor del “Poder del Consumidor, AC”

2 Comunicado de prensa “El etiquetado nutrimental mexicano viola elderecho a la salud, a la alimentación de calidad y a la información dela población: sentencia de Juez” del Poder del Consumidor, AC, 8 defebrero 2017.

3 Fiorella Espinosa, investigadora en Salud Alimentaria del “Poder delConsumidor, A.C.”

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes deabril de 2017.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE EXHORTA AL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI AQUE DEJE SIN EFECTO EL ACUERDO QUE CONDE-NA LOS ADEUDOS ANTERIORES AL PRESENTE CI-CLO FISCAL POR CONCEPTO DE PREDIAL, GAS-TOS DE EJECUCIÓN, MULTAS Y RECARGOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhortaal ayuntamiento de Mexicali, BC, a dejar sin efecto elacuerdo de fecha 8 de marzo de 2017 que condona losadeudos anteriores al presente ciclo fiscal por concepto deimpuesto predial, gastos de ejecución, multas y recargos, acargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, delGrupo Parlamentario del PES

Cynthia Gissel García Soberanes, diputada federal del Gru-po Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIIILegislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artícu-los 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, ynumeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara deDiputados, somete a la consideración de ésta soberanía, lapresente proposición con punto de acuerdo para que seaturnada a comisiones, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes y consideraciones

El 9 de diciembre de 2016, en sesión extraordinaria de ca-bildo del ayuntamiento de Mexicali, Baja California, se au-torizó y fue aprobado por mayoría de votos, el proyecto deLey de Ingresos para 2017.



En el mismo, se estableció que los valores catastrales que-daban igual al año anterior, pero maneja un incremento enla tasa del impuesto predial en un .5 por ciento en la tasadoméstica. Sin embargo, no se acrecentó el valor de la tasaindustrial.

El miércoles 8 de marzo de 2017, en sesión ordinaria y pormayoría de votos, el cabildo del ayuntamiento de Mexicali,Baja California; aprueba con fundamento en la Constitucióny en atención a sus facultades y atribuciones, condonar to-dos los adeudos anteriores al presente ciclo fiscal, que setuvieran por concepto de impuesto predial, gastos de ejecu-ción, multas y recargos; incluidos los grandes y medianosdeudores; que casualmente son en su mayoría personas mo-rales, cuyo adeudo asciende a mil ochocientos millones depesos.

Peor aún, a pesar de que se han apostado permanentemen-te y desde hace dos meses en las inmediaciones de la CasaMunicipal un grupo bastante nutrido de personas, en pro-testa por el aumento de .5 por ciento al impuesto predial;dicho incremento fue ratificado en la misma sesión de ca-bildo.

Tal acción, además de irritar al grueso de la población delmunicipio, es insensible y sin sentido social, contraria a lafinalidad del Estado mexicano, que es la de buscar el bien-estar de sus gobernados.

Igualmente, de forma por demás ilógica a éste dictamen decondonación de deuda, el ayuntamiento de Mexicali acabade adquirir un préstamo por 200 millones de pesos para cu-brir gasto corriente.

Es pertinente hacer notar, que entre las personas moralesfavorecidas con esta decisión se encuentran las grandesconstructoras de casa habitación y de desarrollos urbanos,que cuentan con cientos de predios y cuyos saldos alcanzancifras millonarias.

Resulta ilógico, que una empresa morosa pero con capaci-dad económica sea eximida del pago de alrededor de 30millones de pesos, como es el caso Urbi o Geo y, que unasalariado que con sacrificios pudo levantar un verdaderohogar de 38 metros cuadrados, sea medido con la mismavara.

Quien cuenta con un predio, debe ser apoyado porque esobvio que se trata de un patrimonio que se ha adquirido conesfuerzo y generalmente para beneficio de una familia.

Quien posee dos o más bienes inmuebles, es claro quecuenta con capacidad económica suficiente y que los os-tenta con una finalidad especulativa y/o acumulativa.

En ese orden de ideas, no se les puede otorgar el mismotratamiento, ni es permisible que de forma general seformule acuerdo tomando en consideración al predio yno al contribuyente.

Recordemos que el artículo 25 de la Carta Magna disponeque el Estado tiene la obligación de garantizar la estabili-dad de la sociedad y de fomentar una justa distribución dela riqueza.

Igualmente, el artículo 31, fracción IV de nuestra máximaley, establece que es obligación de los mexicanos el contri-buir con los gastos públicos; en específico del municipio enque residen, de manera proporcional y equitativa. Resul-tando transcendente que cuando el legislador define la for-ma y términos en que ha de concurrirse al gasto público,considere a todas las personas que demuestren capacidadsusceptible de gravamen, ya sean físicas o morales.

Asimismo, el diverso 115 de la Constitución federal, per-mite a los ayuntamientos el cobro del impuesto predial.

En ese tenor, las excepciones aplicables deben obedecer aobjetivos de política general, sociales o culturales conside-rados de ineludible cumplimiento.

Es decir, para costear los gastos públicos, el Estado puedeexigir al contribuyente, una cantidad de dinero como tribu-to, denominada impuesto.

Sin embargo, el principio de generalidad tributaria implicaque no haya discriminación a la hora de imponer contribu-ciones y que estas alcancen a todos aquellos comprendidosen las mismas circunstancias. Ello significa, que todosaquellos que sean alcanzados por el supuesto normativo,soporten la imposición sin excepciones injustas. Por lo tan-to, las exenciones o rebajas, deben estar motivadas.

En corolario, aquellas personas sin capacidad contributiva,no deben pagar el impuesto y, quienes más tienen deben deabonar más.

Tanto el principio de igualdad como el de progresividaddeben conjugarse con el de generalidad tributaria, para quela carga impositiva cumpla con el principio de justicia, yaque la causa que legitima la obligación es la existencia de

capacidad idónea para tal fin. Por ello, queda prohibida laexención no razonable a los dotados de capacidad contri-butiva.

Así tenemos, que el acuerdo de cabildo del ayuntamientode Mexicali, Baja California, expedido el miércoles 8 demarzo de 2017, que condona todos los adeudos anterioresal presente ciclo fiscal que se tuvieran por concepto de im-puesto predial, gastos de ejecución, multas y recargos; de-bió considerar los principios jurídicos ya mencionados, aligual que la normatividad en cita.

En suma, debió concluir que con la finalidad de garanti-zar la estabilidad de la sociedad mexicalense y de fo-mentar una justa distribución de la riqueza, sin renun-ciar al derecho que tiene el Municipio de cobrar elimpuesto predial pero sí actuando en justicia y equidad,condonaría a todos y cada uno de los contribuyentes,gastos de ejecución, recargos, multas y demás adeudosanteriores al cobro del presente ciclo fiscal de 2017, res-pecto de una sola clave catastral. Para el caso que una so-la persona llegue a contar con dos o más claves catastrales,le sería dispensada aquella cuya superficie sea menor.

Igualmente, sería benéfico para la ciudad en general y conla finalidad de bajar la irritabilidad de la población, que elayuntamiento de Mexicali, Baja California, haga público elestudio realizado de costo-beneficio que lo llevó a deter-minar la condonación del impuesto y en que medida favo-rece al contribuyente persona física.

En ese tenor, cual fue la técnica y el método utilizado, co-mo fue que se realizaron los cálculos, que tipo de ecuacio-nes matemáticas se llevaron a cabo, con la finalidad de quedesglose las recuperaciones del capital que obtendrá elayuntamiento y como es que ese dinero que se piensa re-cuperar, va a venir a fortalecer la mejora y recaudación delsistema tributario municipal.

Por lo expuesto, someto a la consideración de ésta Hono-rable Cámara de Diputados la presente proposición, al te-nor de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al honorable cabildo del ayuntamien-to de Mexicali, Baja California, a que deje sin efecto elacuerdo de fecha 8 de marzo de 2017, que condona todoslos adeudos anteriores al presente ciclo fiscal que se tuvie-

ran por concepto de impuesto predial, gastos de ejecución,multas y recargos.

En consecuencia, emitir uno nuevo con la finalidad de ga-rantizar la estabilidad de la sociedad mexicalense y de fo-mentar una justa distribución de la riqueza sin renunciar alderecho que tiene el municipio de cobrar el impuesto pre-dial pero sí actuando en justicia y equidad, condonando atodos y cada uno de los contribuyentes, gastos de ejecu-ción, recargos, multas y demás adeudos anteriores al cobrodel presente ciclo fiscal 2017, respecto de una sola clavecatastral.

Para el caso que una sola persona llegue a contar con dos omás claves catastrales, le sea dispensada aquella cuya su-perficie sea menor.

Segundo. Se exhorta al honorable cabildo del ayuntamien-to de Mexicali, Baja California, a que haga público el estu-dio realizado de costo-beneficio que lo llevó a determinarla condonación del impuesto predial y en qué medida fa-vorece al contribuyente persona física.

En ese tenor, cual fue la técnica y el método utilizado, co-mo fue que se realizaron los cálculos, y que tipo de ecua-ciones matemáticas se llevaron a cabo, con la finalidad deque desglose las recuperaciones del capital que obtendrá elayuntamiento y como es que ese dinero que se piensa re-cuperar, va a venir a fortalecer la mejora y recaudación delsistema tributario municipal.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.—Diputada Cynthia Gissel Garcia Soberanes (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrup-ción, para dictamen.

ANÁLISIS Y RENEGOCIACIÓN DEL CAPÍTULO DELSECTOR AGROPECUARIO DEL TLCAN PARA IN-CORPORAR AL SECTOR DE PEQUEÑOS PRODUC-TORES Y SUS ORGANIZACIONES

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al análisis y larenegociación del Capítulo Agropecuario del TLCAN paraincorporar el sector de pequeños productores y sus organi-zaciones, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Or-tiz, del Grupo Parlamentario del PRD



Natalia Karina Barón Ortiz, diputada a la LXIII Legislatu-ra del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Gru-po Parlamentario del Partido de la Revolución Democráti-ca, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79,numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción I, del Regla-mento de la Cámara de Diputados, someto a consideraciónde esta honorable asamblea la siguiente proposición conpunto de acuerdo relativo al análisis y renegociación delcapítulo de Sector Agropecuario del Tratado de Libre Co-mercio de América del Norte para incorporar al sector depequeños productores al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La inminente renegociación del Tratado de Libre Comerciode América del Norte (TLCAN) ha empezado a encenderlas alarmas en el sector agropecuario de nuestro país. Lacerrazón que ha mostrado el presidente de Estados Unidosde América (EUA) en el tema de la relación bilateral es crí-tica. El gobierno mexicano debe ser cauto y no acelerar elproceso de renegociación de este acuerdo sin antes haberanalizado y estructurado los puntos que México debe prio-rizar para sacar una negociación que beneficie de manerasustancial a nuestra nación.

Un punto que merece especial atención, por la actual ame-naza que representa el gobierno norteamericano y porquedurante décadas ha vivido en el abandono precisamente apartir de la entrada en vigor el TLCAN, es el sector agro-pecuario.

La idea inicial del gobierno mexicano para suscribir elTLCAN México era, para el sector agropecuario, el “acce-so a los mercados de Canadá y los Estados Unidos y mo-dernizar el sector mediante una transición con plazos am-plios que permitieran el ajuste equilibrado del sector;brindar al productor un horizonte de planeación de largoplazo; reducir los costos de los insumos; garantizar un sis-tema moderno de apoyos directos; procurar términos de in-tercambio que propicien un cambio a los cultivos o las ac-tividades más rentables y crear mecanismos operativos queeliminen la discreción en la administración de medidas sa-nitarias y fitosanitarias”1.

Sin embargo, diversas asimetrías, como muchos las lla-man, iban a caracterizar la firma del TLCAN y a dejar enuna clara desventaja a nuestro país frente a Estados Unidosprincipalmente.

Como todos sabemos, “México inició la reforma del sectoragropecuario en los años ochenta. Liberalizó su economíaintensa y unilateralmente para ingresar al GATT. Méxicoaprovechó su condición de país en desarrollo y estructuróun arancel consolidado base con amplia protección para elsector [agropecuario]… Con la firma del TLCAN, Méxicoeliminó esta protección para el 90 por ciento del intercam-bio agroalimentario”2, esta decisión sumió al campo nacio-nal en una grave crisis.

Se observó que el TLCAN “conforma una región altamen-te asimétrica en términos del producto interno bruto (PIB)per cápita y la productividad económica. El PIB per cápitatotal estadounidense es 21 veces mayor que el mexicano yel producto agrícola mexicano sólo representa 15 por cien-to del PIB agrícola de Estados unidos de América. Las ven-tas externas estadounidenses son cinco veces mayores quelas mexicanas”3.

Al respecto, Bhagwati señaló acertadamente que, “por estarazón, se considera que el TLCAN constituiría un esquemade centro y radios con mayores beneficios para la econo-mía más desarrollada”4, todos sabíamos en ese entoncesque la economía de Estados Unidos era, por mucho la másdesarrollada de los tres países. Diversos analistas advirtie-ron esta situación en esos años, por ejemplo, Murray Smithescribió en 1993:

No hay (en el TLCAN) ningún tratamiento especial ni pre-ferencial hacia México como país en desarrollo. Así las co-sas, la participación de México en el TLCAN es un pasoimportante en la dramática liberalización de la economíamexicana iniciada en los ochenta …A pesar de las diferen-cias en los niveles de ingreso y las preocupaciones sobrelos costos laborales del ajuste, los negociadores delTLCAN desarrollaron un cronograma muy acelerado yMéxico se integrará rápidamente a la economía del resto dela región”5.

El TLCAN representó más desventajas que las que se pro-yectaron en un principio. El sector agropecuario es el ejem-plo más representativo de esta situación. La baja producti-vidad que se observó en el sector en aquel entonces, devinode una serie de factores que veníamos arrastrando comopaís desde décadas atrás. Las políticas públicas que duran-te años aplicó el gobierno federal para el campo nacionalfueron, y siguen siendo, altamente discriminatorias ya quehan dejado fuera de manera sistemática al pequeño y me-diano productor6.

En este sentido, el TLCAN resultó en lugar de un acuerdode libre comercio, un convenio de comercio administrado7

debido a que la liberalización de los productos nacionalesfue presentándose en etapas específicas en vez de una aper-tura inmediata.

Esta condición abonó a la exclusión del pequeño productor,que ha vivido un rezago por no tener la más mínima opor-tunidad de acceder al apoyo público para colocar sus cose-chas fuera del país; si no se les apoya para que puedan in-corporarse al mercado interno, la posibilidad de quepuedan exportar es imposible.

En este marco, de una franca exclusión y rezago interno, seañade hoy el temor de que se cumplan las amenazas delpresidente de los Estados Unidos del eventual término delTLCAN. Nuestro país tendría que aplicar acciones eficacespara no resentir los efectos negativos de esta eventualidad,ya que recordemos que entre 2015 y 2016 México le com-pró al vecino del norte unos dos mil 400 millones de dóla-res de maíz.

Asimismo, si el TLCAN termina debemos de tener presen-te que se tendría que renegociar las condiciones de expora-ción de los productos del agro nacional en el mercado delos Estados Unidos, por lo que se deben de pensar estrate-gias que alienten la producción interna, pero no sólo con elimpulso a los grandes productores, sino también un impul-so decidido al pequeño y mediano productor, en donde es-te sector no puede seguir quedando aislado y muchos me-nos excluido.

En el caso de la renegociación del TLCAN es absoluta-mente necesario que México, y su sector agropecuario enparticular, tenga un lugar justo para negociar en igualdadde condiciones. Durante este proceso de renegociación, lavoz y los intereses de los pequeños productores agropecua-rios deben estar debidamente representados a través de susorganizaciones sociales, para que no suceda lo que experi-mentamos en el inicio del tratado en la década de los no-venta, cuando este sector no fue tomado en cuenta.

Proponemos el presente punto de acuerdo porque nos pre-ocupa sobremanera que en el debate nacional y los prepa-rativos para enfrentar los retos de la renegociación, el go-bierno de la república menciona únicamente laincorporación de los grandes industriales a dicho proceso,dejando fuera de la consulta y de la toma de decisiones alsector agropecuario y las organizaciones sociales que lo re-

presentan. Es de suma importancia que antes de entrar a lasdiscusiones con el país norteamericano, no solo hagamoslas consultas y recojamos las opiniones de todos los secto-res productivos involucrados, sino que además, instalemoslas instancias institucionales y los organismos plurales re-presentativos que acompañarán al gobierno en las negocia-ciones.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración deesta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal pa-ra que, en el proceso de análisis, evaluación y renegocia-ción del capítulo del Sector Agropecuario del Tratado deLibre Comercio de América del Norte, incorpore al sectorde pequeños y medianos productores y sus organizaciones,tanto en los mecanismos de consulta como en los órganosy mecanismos de negociación que se integren para el efec-to.

Notas:

1 Puyana Alicia, Romero José, El sector agropecuario mexicano bajo

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La pobreza y la

desigualdad si intensifican, crece la migración, México, 2008.

2 D. Ingco, Merlinda 1995 “Agricultural trade liberalization in theUruguay Round. One step forward, one step back?”, World Bank Po-

licy Research Working Paper, número 1500, Banco Mundial, Washing-ton DC, en Puyana y Romero, 2008.

3 Puyan y Romero, 2008.

4 Bhagwati, Jagdish 1993 “Regionalism and multilateralism” en DeMelo, Jaime y Panagariya, Arvind (eds.) New dimensión in regional in-

tegration (Cambridge: Cambridge University Press), en Puyana y Ro-mero, 2008.

5 Smith, Murray 1993, “The North American Free Trade Agreement”en Anderson, Kym y Blackhurst, Richard (comps.) Regional integra-

tion in the global trading system (Londres: Harvester Wheatsheaf), enPuyana y Romero, 2008.

6 Puyana y Romero, 2008.

7 Ibíd.



Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de abril de2017.— Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas deRiego, para dictamen.

SE EVALÚE LA SUFICIENCIA DE LOS RECURSOSAPROBADOS PARA EL PROCESO DE FORMALIZA-CIÓN LABORAL CONTENIDOS EN EL ANEXO 30DEL PEF, Y SE AUDITE LA OPORTUNIDAD Y CUM-PLIMIENTO DE OBJETIVOS, EN PARTICULAR LOSASIGNADOS PARA EL ESTADO DE GUERRERO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta ala Secretaría de Salud a garantizar el cumplimiento de lanormativa correspondiente a fin de evaluar la suficienciade los recursos aprobados para el proceso de formalizaciónlaboral contenidos en el anexo 30 del PEF y auditar laoportunidad y el cumplimiento de objetivos de esos recur-sos, en particular los asignados a Guerrero, a cargo deldiputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamenta-rio de Morena

Quien suscribe, diputado Roberto Guzmán Jacobo, delGrupo Parlamentario de Morena, con fundamento en losartículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciónII, y numeral 2, fracción I y III, del Reglamento de la Cá-mara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguienteproposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

Como resultado de los trabajos de la Comisión Nacional deFormalización Laboral de los trabajadores de Salud de lasentidades federativas, que se instaló a finales de 2013, enmarzo de 2014 se publicaron los Lineamientos que se de-ben observar en el proceso de Formalización Laboral de lostrabajadores de Salud de las Entidades Federativas.

Esos lineamientos permitieron definir qué trabajadores sebeneficiarían de la formalización laboral, priorizando elcriterio de antigüedad entre aquéllos que ingresaron a la-borar antes del 30 de agosto de 2013.

Tomando en cuenta que el análisis de este problema se hi-zo cada vez más frecuente en la agenda del sector después

de la VI Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud,que se llevó a cabo en Culiacán en junio del 2014, la Cá-mara de Diputados decidió aprobar los recursos necesarios,en el anexo 30 del Decreto de Presupuesto.

Para la atención de esta problemática, en el ejercicio fiscal2015 se asignaron 4 mil 113 millones de pesos; en 2016 seaprobaron 3 mil 499 millones de pesos y para 2017 desti-naron un total de 3 mil 300 millones de pesos, distribuidode la siguiente manera:

Si bien se han observado algunos avances en el proceso deformalización, éstos no han sido suficientes. Pero, además,ahora se tiene que parte de los recursos para continuar eseproceso de formalización se destinan a cubrir las necesida-des de salarios del personal formalizado, como si no que-dara incorporado, como debería de ser, a la nómina institu-cional de las respectivas dependencias del sector salud.

Esto se desprende de la etiqueta que acompaña al Anexo30. En 2015, el Anexo 30 incluyó la leyenda: “Los recur-sos considerados en este anexo serán destinados al Procesode Formalización Laboral de los Trabajadores de la Saluden las entidades federativas establecido por la Secretaría deSalud, y serán transferidos a las entidades federativas a tra-vés del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Saluddel Ramo 33”.

En el presupuesto de 2016 y 2017, se agregó una disposi-ción adicional para su distribución: “Los recursos conside-rados en este anexo serán destinados al Proceso de Forma-lización Laboral de los Trabajadores de la Salud en lasentidades federativas establecido por la Secretaría de Sa-lud, así como las previsiones que permitan mantener lahomologación salarial de ejercicios anteriores, y serántransferidos a las entidades federativas a través del Fondode Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33”.

Llama la atención esta referencia, “que permitan mantenerla homologación salarial”, como si el pago de la nóminaformal no fuera algo programado, como si su presupuesta-ción no fuera una consecuencia natural del proceso de for-malización. Todo indica que ese agregado tenía el propósi-to de facilitar el desvío de recursos, restando recursos alproceso de formalización.

Cabe recordar que en octubre de 2016, el secretario de Sa-lud, informó, ante la Comisión de Salud del Senado de laRepública, que en diciembre de 2016 ya se habrían forma-lizado 65 mil trabajadores.

No obstante, se advierte cierta lentitud en la aplicación delos recursos de este proceso que se incluyó en el Programade Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Sa-lud, proceso que es fundamental para el fortalecimiento delos servicios de salud en las entidades. No se debe retrasaro ser deficiente en la aplicación de estos recursos, los cua-les, finalmente, deben producir una mejor atención a losciudadanos.

Conviene señalar que en 2015 la Auditoría Superior de laFederación llevó a cabo una Auditoría Especial del GastoFederalizado en el Programa de Apoyo para Fortalecer laCalidad en los Servicios de Salud, que no es sólo para laformalización laboral. En su presentación señaló que “elpresente documento tiene como objetivo aportar elementosde análisis y evaluación que coadyuvarán en las estrategiasgubernamentales, impulsarán y fortalecerán la gestión delPrograma de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Ser-vicios de Salud, para que los recursos federales que se leasignan sean utilizados eficientemente en el cumplimientode sus objetivos. Al respecto, se presentan los principaleshallazgos determinados en la fiscalización de la Cuenta dela Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 2015, asícomo una visión general de aspectos sustantivos de dichoprograma. En el primer capítulo, se describen los antece-dentes y aspectos generales del programa, así como su im-portancia financiera en el sector salud”.

La auditoría explicó que “el objetivo principal del Progra-ma de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios deSalud (Calidad) consiste en fortalecer la infraestructura yoferta de los servicios de salud; implantar programas enmateria de salud y proporcionar el Seguro Universal parauna Nueva Generación con el fin de proveer una red deprotección social que garantice el acceso al derecho a la sa-lud a todos los mexicanos mediante la ampliación de la in-fraestructura y otras modalidades de servicios médicos, es-pecialmente en las localidades más aisladas y dispersas. Elmonto de los recursos de este programa se determinaanualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federaciónen donde se establece su distribución”.

No obstante, aclaró que “para el Ejercicio Fiscal de 2015,la Secretaría de Salud Federal realizó adecuaciones presu-puestarias de 100.0 por ciento de los recursos del programade Calidad a las entidades federativas, y los recursos fue-ron destinados al proceso de formalización laboral de lostrabajadores de la salud en las entidades federativas, de lasiguiente manera: se destinó para el complemento de laanualidad de las remuneraciones de los trabajadores for-malizados en el ejercicio fiscal 2014 y para su incrementosalarial; se destinó para el complemento de las remunera-ciones de empleados que fueron formalizados en el ejerci-cio fiscal 2015 (segunda etapa) y el incremento salarial enel ejercido fiscal 2015; para ello, se realizaron transferen-cias a las entidades federativas mediante el Fondo de Apor-taciones para los Servicios de Salud (FASSA) del ramo 33de acuerdo con el Anexo 30 del Decreto del Presupuesto deEgresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015”.

Como resultado de su investigación, la ASF determinó erro-res y omisiones de la información financiera por 621.2 mi-llones de pesos. De ese total, 22 por ciento correspondierona Chiapas, 68.7 por ciento al estado de Veracruz y 9.3 porciento a Guerrero, porque no se registraron operaciones con-tables o presupuestales, o no se presentaron evidencia de lasmismas. El monto anterior se refiere en su totalidad a opera-ciones o bienes no registrados, registrados errónea o extem-poráneamente.

También llevó a cabo una auditoría al total de los recursostransferidos al estado de Guerrero. El gobierno de Guerre-ro recibió recursos líquidos del programa de Calidad 2015por 369 mil 526.5 miles de pesos, de los cuales al 31 de di-ciembre de 2015 se devengó el 100.0 por ciento de los re-cursos transferidos.



Entre las observaciones de la ASF a los recursos de esteprograma, señala:

a) Pagos en exceso al personal formalizado por concep-to del estímulo económico con motivo del día de las ma-dres por 132.7 miles de pesos.

b) Pagos posteriores al personal formalizado que causóbaja por un importe de 58.2 miles de pesos.

c) No se presentó evidencia documental del entero delImpuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, alServicio de Administración Tributaria, por las remune-raciones pagadas al personal formalizado por un impor-te de 81 mil 368.6 miles de pesos.

d) Se realizaron las retenciones y enteros de las cuotas,así como las aportaciones al Instituto de Seguridad yServicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISS-STE) del personal formalizado; SIn embargo, los pagosse realizaron de manera extemporánea, lo que ocasionóel pago de actualizaciones e intereses por un monto de561.3 miles de pesos.

e) Se realizaron las retenciones y enteros de las cuotas yaportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro(SAR), de cesantía en edad avanzada y vejez y del Fon-do de la Vivienda del Instituto de Seguridad y ServiciosSociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste); sinembargo, los enteros se realizaron de manera extempo-ránea, lo que ocasionó el pago de actualizaciones e inte-reses moratorios por un monto de 1,649.2 miles de pe-sos.

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Ha-cienda Pública Federal por un monto de 83 millones 770mil 18.14 pesos, más los intereses generados desde su dis-posición hasta su reintegro a la cuenta del programa. Por loanterior, la ASF concluyó que “el gobierno de Guerrero norealizó una gestión eficiente y transparente de los recursosdel programa, apegada a la normativa que regula su ejerci-cio”.

Se advierte que este proceso de Formalización Laboral delos Trabajadores de la Salud en las entidades federativas yaestá en la mira de la Auditoría, pero todavía no se hace unaevaluación del Proceso en lo que se refiere a la incorpora-ción a la formalidad de personal de salud, sus condicioneslaborales y las repercusiones en la atención a los usuariosde sus servicios.

No son pocos los problemas por los que atraviesan los ser-vicios estatales de salud, para cumplir con sus obligacionespara con sus trabajadores y sobre todo para atender las ne-cesidades de la población. Ya en muchas entidades se hanregistrado reclamos, manifestaciones públicas de los traba-jadores del sector salud, los cuales son perfectamente com-prensibles, debido a los rezagos laborales y a las malascondiciones de trabajo.

Es importante señalar que el crecimiento de los serviciosde salud en las entidades ha sido consecuencia del creci-miento de la demanda de servicios por parte de la sociedad.En este caso no se puede afirmar que ha sido resultado deuna decisión discrecional por parte de los gobiernos estata-les, de asumir compromisos injustificados.

Por otra parte, está claro que desde las instancias guberna-mentales se deben hacer más esfuerzos para atender las ne-cesidades de la población en materia de salud y, lo prime-ro, es avanzar en la formalización laboral de lostrabajadores de salud de las entidades federativas.

En el caso de Guerrero la situación es especialmente ur-gente, tomando en cuenta los rezagos sociales de la entidady los riesgos sanitarios vinculados a esa condición, a losque se suman las dificultades que deben superar los traba-jadores del sector salud para desempeñar su trabajo.

Es por todo lo anterior que se propone los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaríade Salud a aplicar con eficiencia los recursos aprobadospor este órgano legislativo en el Anexo 30 del Presupuestode Egresos de la Federación para el ejercicio de 2017, enparticular los 241 millones 905 mil 288.00 pesos asignadospara Guerrero, destinados al proceso de formalización la-boral de los trabajadores de la salud en las entidades fede-rativas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaríade Salud a presentar a las entidades federativas y a la so-ciedad, un reporte de los avances y de la aplicación de losrecursos del proceso de formalización laboral de los traba-jadores del sector salud y de la suficiencia de los recursosde los que dispone para cubrir la nómina formal de los tra-bajadores beneficiados con este proceso.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaríade Hacienda y Crédito Público a atender las necesidadespresupuestarias de la nómina de la Secretaría de Salud, de-rivadas de la formalización de los trabajadores del sector.

Cuarto. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federa-ción a que en el ámbito de sus atribuciones, realice las au-ditorías que permitan evaluar el cumplimiento de los obje-tivos contemplados para los recursos asignados en elAnexo 30 del Presupuesto de Egresos de la Federación pa-ra el Ejercicio Fiscal de 2017 y anteriores, destinados alproceso de formalización laboral de los trabajadores de lasalud en las entidades federativas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.—Diputado Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIODE REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIO-NES SOCIALES DEL SECTOR RURAL POR MEDIODE LOS CONSEJOS ESTATALES PARA EL DESA-RROLLO RURAL SUSTENTABLE

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la integra-ción, la organización y el funcionamiento de los consejosestatales para el desarrollo rural sustentable, a fin de ga-rantizar el cumplimiento del principio de representatividadde las organizaciones sociales del sector rural, a cargo de ladiputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamen-tario del PRD

Natalia Karina Barón Ortiz, diputada a la LXIII Legislatu-ra del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Gru-po Parlamentario del Partido de la Revolución Democráti-ca, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79,numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción I, del Regla-mento de la Cámara de Diputados, someto a consideraciónde esta honorable asamblea la siguiente proposición conpunto de acuerdo relativo a la integración, organización yfuncionamiento de los Consejos Estatales y Municipalespara el Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de las si-guientes:

Consideraciones

Los pequeños productores y productoras son un compo-nente central en los procesos de desarrollo rural en Améri-ca Latina, además de tener múltiples formas y manifesta-ciones de acuerdo a las maneras de hacer agricultura de lospueblos originarios.

Las y los pequeños productores forman en gran medida loque conocemos como agricultura familiar, campesina e in-dígena que en América Latina significa alrededor del 80por ciento de todas las exportaciones agrícolas que hay enAmérica Latina; provee entre el 27 y el 67 por ciento deltotal de la producción alimentaria en función de las dife-rencias que hay en cada uno de los países; tiene un papelenorme en la ocupación en el empleo; entre el 12 y el 67porciento de la superficie agropecuaria; genera entre el 55 y el77 por ciento del empleo agrícola.i

En nuestro país este sector representa un 67 por ciento delas unidades productivas menores a 5 hectáreas, se tieneuna estructura agraria basada en pequeñas unidades pro-ductivas. Aportan el 40 por ciento de la producción agro-pecuaria y el 57 por ciento de los empleos en el campo, esoda una idea de la importancia que tienen para el campo na-cional las y los pequeños productores agropecuarios.ii

Desgraciadamente este sector se encuentra abandonado. Elpresupuesto agrícola se concentra en las zonas con mayor de-sarrollo de infraestructura y no en las zonas marginadas comola Ley de Desarrollo Rural Sustentable lo determina. Los re-cursos de los programas dirigidos al desarrollo rural se con-centran en los grandes productores y no en los pequeños queson la inmensa mayoría.

Hace falta que se cumpla a cabalidad lo que establece lanorma a efecto de que exista una verdadera concurrenciade los programas en los tres niveles de gobierno, mayoresfacilidades en su acceso con reglas de operación claras, fá-ciles de entender y de aplicar, para llegar a un mayor nú-mero de campesinos. Necesitamos concentrar los recursospúblicos y dirigirlos a estratos de la población muy especí-ficos; como lo son las y los pequeños productores que seencuentran en un estado de desatención alarmante.

Por la dispersión en que se presenta la economía campesinay la agricultura familiar, agricultoras y agricultores de pe-queña escala están aislados y actúan de manera dispersa sincapacidad organizativa. Estimaciones preliminares indican



que sólo alrededor del 10 por ciento de los productores tie-nen representación en los Consejos Estatales para el desa-rrollo rural sustentable, está lamentable situación les impi-de participar en las actividades propias del desarrollo ruraly así, combatir su marginalidad.

En los términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentablecon la integración de la Comisión Intersecretarial y el Con-sejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable fue posi-ble la instalación de consejos estatales, regionales, distritalesy municipales para el desarrollo rural sustentable; sin embar-go, junto a un funcionamiento más regular y democrático deestos consejos, es necesario aterrizar los programas, recursosy facultades, para que se vayan aplicando en los lugares don-de se requieren y sobre todo que se apliquen con apego ab-soluto a lo que estipula la regulación secundaria.

Al respecto, el artículo 24 de la Ley de Desarrollo RuralSustentable en lo conducente establece:

“Con apego a los principios de federalización, se inte-grarán Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable,homologados al Consejo Mexicano, en los municipios,en los Distritos de Desarrollo Rural y en las entidadesfederativas. Los convenios que celebre la Secretaría conlos gobiernos de las entidades federativas preverán lacreación de estos Consejos, los cuales serán además,instancias para la participación de los productores y de-más agentes de la sociedad rural en la definición deprioridades regionales, la planeación y distribución delos recursos que la Federación, las entidades federativasy los municipios destinen al apoyo de las inversionesproductivas, y para el desarrollo rural sustentable con-forme al presente ordenamiento.”

Bajo este marco legal y con el objetivo de reforzar el desa-rrollo rural los consejos estatales están encargados, de con-formidad al artículo 26 de la Ley en comento, de articularlos planteamientos, proyectos y solicitudes provenientes delas diversas regiones de la entidad, canalizadas a través delos distrito de desarrollo rural, lo que asigna a estas entida-des el papel estratégico como integrador de las acciones dedesarrollo a nivel estatal.iii

De igual forma, la integración y funcionamiento de estosConsejos está estipulada en el artículo 25 de la Norma dereferencia que en su primer párrafo señala:

Los Consejos Estatales podrán ser presididos por los go-bernadores de las entidades federativas. Serán miembros

permanentes de los Consejos Estatales los representantesde las dependencias estatales que los Gobiernos de las en-tidades federativas determinen; los representantes de lasdependencias y entidades que forman parte de la ComisiónIntersecretarial y los representantes de cada uno de los Dis-tritos de Desarrollo Rural, así como los representantes delas organizaciones sociales y privadas de carácter econó-mico y social del sector rural, en forma similar a la inte-gración que se adopta para el Consejo Mexicano.

Con base en la esencia de esta disposición, formulamosnuestra presente propuesta en razón de que, es a través delestablecimiento de estos órganos colegiados que las orga-nizaciones formadas por las y los pequeños productorestienen la facultad de formar parte sustancial en la accionesdel desarrollo rural en sus estados. Sin embargo, ademásde que en los Consejos estatales de desarrollo rural, la re-presentatividad de los pequeños productores es frágil y ca-si no se les toma en cuenta, dichos órganos funcionan demanera muy irregular, sin programas de trabajo ni crono-gramas de reuniones, sin evaluación de resultados, conopacidad en el manejo de programas operativos y recur-sos, mediante convocatorias de escasa difusión y en don-de la mayoría de quienes intervienen en la toma de deci-siones son los Consejeros vinculados al poder público.

Todo ello se traduce en que los grupos y organizaciones in-tegradas por campesinos e indígenas, por pequeñas pro-ductoras y productores en las diversas entidades federati-vas, esten fuera de las políticas públicas y los programasque de acuerdo con nuestra legislación, deberían beneficiarprioritariamnete a la población menos favorecida de la so-ciedad rural.

De esta manera, la infracción al artículo 26 de la Ley deDesarrollo Rural Sustentable al dejar fuera de los Consejosy de la toma de decisiones a las y los pequeños producto-res, se esta impidiendo que dicho sector, mayoritario en lasociedad rural, sea parte incluyente en el desarrollo integraly sustentable de sus estados.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la considera-ción de esta honorable asamblea, la siguiente proposicióncon

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Secretario deAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-tación, así como a los Gobernadores de las entidades fede-

rativas y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a ga-rantizar efectivamente la representación en los ConsejosEstatales y municipales de Desarrollo Rural Sustentable delas organizaciones de las y los pequeños productores esta-blecidas como sujetos de derecho en el artículo 2 de la Leyde Desarrollo Rural Sustentable,

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Secretario de Agri-cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,así como a los Gobernadores de las entidades federativas yal Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que, en elámbito de su competencia, hagan del conocimiento públicolas medidas y acciones que han realizado en la constitución,funcionamiento y organización de los Consejos Estatales pa-ra el Desarrollo Rural Sustentable a fin de garantizar el cum-plimiento del principio de representatividad de las organiza-ciones sociales del sector rural consideradas en el ConsejoMexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

Notas:

i Seguridad y Soberanía Alimentaria, Congreso Nacional de PolíticasPúblicas para el Campo, 8-9 de abril, 2013.

ii Ibid.

iii López Bárcenas, Francisco (Coord.), Legislación para el desarrollo

rural: una visión de conjunto. CEDRSSA, Cámara de Diputados, LXLegislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de abril de2017.— Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dic-tamen.

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUER-DOS CON MOTIVO DEL CONFLICTO LABORAL ENLA UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MARGARITAS DELA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS(UNICH)

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta ala SEP a instruir las medidas necesarias para garantizar elcumplimiento de los acuerdos suscritos con motivo delconflicto laboral acaecido en la unidad académica de LasMargaritas de la Universidad Intercultural de Chiapas, a

cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez,del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez,diputado ante la LXIII Legislatura de la Honorable Cáma-ra de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario deMorena, de conformidad con lo establecido en los artículos6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II, del Re-glamento de la Cámara de Diputados, somete a considera-ción de esta honorable asamblea la siguiente proposicióncon punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde que tomó posesión, en agosto de 2015, el rector dela Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), MiguelÁngel Yáñez Mijangos, ha emprendido una campaña de in-timidación y agresiones a los derechos de estudiantes y tra-bajadores que ha desmoronado los ideales y principios quedieron fundación a dicha institución y ejercer, para su be-neficio propio, un control casi incontestable sobre la uni-versidad. Para lograrlo, ha despedido a docentes que se hannegado a alinearse a su mandato y ha acosado laboralmen-te a quienes que se oponen a sus prácticas autoritarias.Además, ha desinformado a la comunidad universitaria so-bre el presupuesto real asignado a la UNICH, con el pro-pósito de manejar discrecionalmente los recursos disponi-bles para las unidades.

En contrapartida, la comunidad universitaria de la UnidadAcadémica del Municipio de Las Margaritas (UAM-LM),uno de los cinco planteles con que cuenta la UNICH en elEstado de Chiapas (la sede central se encuentra en la ciu-dad de San Cristóbal de Las Casas, mientras que las tresunidades académicas restantes están localizadas en losmunicipios Oxchuc, Yajalón y Salto de Agua), ha mani-festado con firmeza su rechazo a las prácticas y tratos em-pleados por el rector, violatorios tanto los principios rec-tores de la UNICH como los derechos de los pueblosindígenas.

Ejemplo de esta férrea actitud de defensa de los valores ypreceptos que dieron vidala UNICH fue la demanda públi-ca y posterior acuerdo suscrito el 02 de agosto de 2014 en-tre ésta comunidad universitaria y el ex rector de laUNICH, Oswaldo Chacón Rojas, para el despido inmedia-to de un grupo de profesores encabezados por Antonio deJesús Nájera Castellanos, por incurrir en prácticas discri-minatorias contra miembros de la comunidad universitariade Las Margaritas y el pueblo tojolabal en su conjunto. Por



desgracia, pese al activismo de docentes y alumnos, losacuerdos fueron incumplidos por la pasada administracióny desechados por quienes hoy dirigen la universidad. Loque es peor, lejos de imponer las sanciones correspondien-tes, las autoridades de la UNICH han mantenido a variosde los inculpados en la nómina de la universidad en calidadde “aviadores”, percibiendo ingresos mensuales sin ningu-na constancia de su contribución a la institución. Sin em-bargo, a pesar del desdén de la rectoría a sus demandas, lacomunidad universitaria de Las Margaritas ha continuadodenunciando las imposiciones y arbitrariedades cometidaspor el rector Miguel Ángel Yáñez.

Pese a estos loables esfuerzos, el martes 23 de febrero de2016, la rectoría de la UNICH llamó a la entonces titular dela Coordinación Académica de la UAM-LM, Mtra. Yanethdel Rosario Cruz Gómez, para presentarse en el plantel deSan Cristóbal de Las Casas y firmar su renuncia. Lesacompañaron, en calidad de testigos, representantes de laComisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Secre-taría de la Función Pública Estatal. En un acto orquestadoy evidentemente arbitrario, ella no aceptó ni firmó la re-nuncia, pues no existían razones objetivas para exigir sudeposición del cargo en el plantel situado en la región to-jolabal de la que ella misma es originaria.

Al día siguiente, miércoles 24 de febrero, Karen BallinasHernández, funcionaria adscrita a la Secretaría General deGobierno del estado, acudiría a las instalaciones de laUNICH en compañía del Mtro. Lorenzo López Méndez–entonces presidente del Consejo Estatal de Derechos Hu-manos-, para presentarlo como el nuevo coordinador aca-démico de la UAM-LM. Cabe mencionar que el Lorenzoes tseltal, lo que lo hacía poco idóneo para dirigir un plan-tel enclavado en la región tojolabal del estado. Por esta yotras razones, la comunidad universitaria de Las Margari-tas no aceptó la nueva designación, pues reconoció que noexistía justificación alguna para la remoción de la coordi-nadora y que más bien se trataba de la imposición de un co-ordinador a modo del rector.

Durante el intento de imposición del nuevo coordinadoracadémico, estudiantes y docentes presentes en la sede dela unidad exigieron a Ballinas Hernández y a López Mén-dez el apersonamiento del rector, a fin de que constatara yresolviera personalmente las muchas situaciones anómalasque hasta entonces seguían perjudicando a la comunidaduniversitaria de la UNICH y en particular, a la UAM-LM.Por acuerdo del Consejo Ciudadano Universitario (CCU),se indicó a tales autoridades que habrían de permanecer en

la sede universitaria hasta que el rector hiciera acto de pre-sencia. En respuesta, la funcionaria manifestó a estudiantesy docentes que ella no se iría del lugar hasta que no se lle-gase a una resolución al conflicto. Sin embargo, a pesar dereiterados intentos, no hubo respuesta alguna por parte delrector a las llamadas realizadas por Ballinas Hernández.

Docentes y estudiantes de la UNICH acordaron trasladarsela tarde del día jueves 25 de febrero de 2016, junto con au-toridades de comunidades tojolabales también integrantesdel CCU, a una reunión con autoridades de la UNICH enlas oficinas de la Subsecretaría de Gobierno Región XVMeseta Comiteca-Tojolabal, en la ciudad de Comitán deDomínguez, a fin de consensar un acuerdo que diera solu-ción al conflicto provocado por el rector. De dicho diálogoemanó la firma de una minuta de acuerdos signada entreambas partes. En la cláusula Vigésima Segunda de dichaminuta se acuerda que:

“La rectoría, secretaría académica, apoderado legaly/o quien resulte interesado con derecho alguno deacción por ejercitar dependientes de la UNICH, sedesisten de cualquier acción penal, civil, administra-tiva o de cualquier índole que pudiera ejercitarse encontra de la Coordinadora, cuerpo docente, cuerpoadministrativo, alumnado y/o quien más resulte in-volucrado en la presente controversia”.

No obstante, apenas al día siguiente, el CCU tuvo conoci-miento de una querella presentada por Ballinas Hernándezcontra Yaneth del Rosario Cruz Gómez, Edith VázquezHernández, Alejandra Monette Álvarez Castillo, AgustínÁvila Romero, Valentín Argüello Rodríguez, José Luna Ji-ménez y Oliber Rodríguez Gómez, contraviniendo de ma-nera flagrante con la minuta de acuerdos suscrita la tardeanterior. Con sospechosa celeridad se integraron carpetasde investigación que fueron remitidas al Juzgado Penal enComitán. Ante la amenaza de su captura, la tarde de esemismo viernes el CCU convocó a asamblea y acordó darprotección y resguardo en comunidades tojolabales delmunicipio de Las Margaritas a las profesoras y profesoresque en ese momento corrían el riesgo de perder su libertadpor acusaciones falsas fabricadas por el rector Miguel Án-gel Yáñez.

Presionada para la firma de su renuncia a la institución conla amenaza de que esta será la única forma de que el Go-bierno del Estado cesara en las acciones penales interpues-tas en su contra y los docentes, así como diera cumpli-miento a la minuta de acuerdos suscrito, el 15 de marzo de

2016 la Mtra. Yaneth del Rosario Cruz Gómez acepta, enun acto de alta integridad profesional, ética y humana, sudestitución. No obstante, sólo fueron retiradas las accionespenales, sin que ninguna de las cláusulas de la minuta ha-ya sido cumplida hasta el día de hoy.

A pesar de haber sido señalados como “racistas y discrimi-nadores del pueblo tojolabal”, el 09 de agosto de 2016 sonreinstalados en la UAM-LM los ciudadanos Manuel de Je-sús Alfaro García, con cargo de Técnico Académico; JavierAlejandro Aguilar Hernández, como Técnico Académico, yFlor de María López Gordillo. Este acto sólo generó unfuerte malestar e inconformidad en el ánimo de la comuni-dad universitaria, de por sí tensado por el incumplimientode los acuerdos asumidos por el Gobierno del Estado. Sedecide convocar entonces a las autoridades comunitarias,al consejo estudiantil, al Consejo Ciudadano Universitarioy a organizaciones sociales, aglutinadas en el Bloque deOrganizaciones Sociales y Magisteriales, para exhortar enconjunto a los antes citados a que se retiraran de forma pa-cífica de las instalaciones de la UAM-LM. Para galvanizarsus demandas, los inconformes resuelven cerrar temporal-mente las instalaciones de la unidad académica, con el ob-jeto de que el Gobierno del Estado y las autoridades uni-versitarias dieran pronto pleno cumplimiento a susdemandas.

El 15 de agosto de 2016, los ciudadanos Alejandra Monet-te Álvarez Castillo, María Isabel Maldonado Hernández,Sara Leticia Duque Sosa, Carmelino Méndez Jiménez, Oli-ver Rodríguez Gómez, María Trinidad Pérez Aguilar, Pe-dro Hernández Jiménez, Oscar Fernando Rojas Avendaño,Pedro Hernández Luna, Jorge Alejandro García Domín-guez, María Rosalba Santiz Aguilar y Valentín ArguelloRodríguez son notificados vía telefónica por el Lic. Vicen-te Cruz Gómez, Coordinador Académico de la UAM-LMsobre la cancelación de su recontratación para el periodoescolar agosto-diciembre 2016.

La decisión no puede considerarse más que como un actode represión contra quienes legítimamente participaron delos actos de denuncia de la corrupción que impera en laUNICH pues no existían argumentos razonables para justi-ficar la cesación, en primera lugar, porque en su conjunto,este grupo de trabajadores representaba entonces más del70% de la plantilla docente de la unidad; y en segundo,porque todos cuentan con el aval de la comunidad univer-sitaria y cumplen con el perfil académico exigido para laimpartición de las materias a cada uno asignadas. Así tam-bién, varios de ellos cuentan con una experiencia laboral en

la UNICH superior a cinco años y cuentan con reconoci-miento a la excelencia por su desempeño académico. Noexistían pues, razones válidas y legítimas para instruir sudespido.

Ante la indolencia de las autoridades gubernamentales yacadémicas competentes, así como la puesta en marcha deldespido injustificado de los 16 docentes, el 22 de agostodel 2016 las autoridades comunitarias, el consejo estudian-til, el CCU, así como diversas organizaciones sociales y elBloque de Organizaciones Sociales y Magisteriales acuer-dan tomar de manera simbólica el edificio que ocupa laUAM-LM, como un acto de denuncia ante las vejaciones.

En respuesta a los reclamos de los estudiantes, el 7 de octu-bre de 2016 se instala una mesa de diálogo interinstitucio-nal conformada por representantes de instituciones federa-les, estatales y autoridades de la UNICH, quienes secomprometen a conformar una mesa de trámite para regu-larizar el semestre de julio-diciembre 2016, dado que esteperiodo había iniciado con la resistencia de docentes yalumnos. Sin embargo, a los pocos días de haberse estable-cido el acuerdo las autoridades volvieron a hacer caso omi-so de sus compromisos.

Por lo anterior, el 17 de noviembre de 2016 se instala unamesa amplia de trabajo con presencia del Lic. AlejandroNegrete Espinoza, Director General Adjunto de Investiga-ción y Atención a Casos de la Unidad para la Defesa de losDerechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Lic.Juan Pablo Ramírez Peña, Abogado General de la Univer-sidad Intercultural de Chiapas; Lic. Jorge Baldemar Utrilla,Subsecretario de Gobierno y Derechos Humanos, Lic. Gui-llermo Rafael Velázquez Esquinca, Director de Gobierno,ambos pertenecientes a la Secretaría General de Gobiernodel estado; Lic. Francisco Mariano Castellanos, represen-tante de la Subsecretaría de Educación Federalizada de laSecretaría de Educación; Lic. Ramón Cancino Utrilla, de laComisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas deMéxico de la Secretaría de Gobernación; Lic. LeopoldoAbel Esquinca Sarmiento, Lic. Luis Armando GutiérrezZarate y Claudia Cruz Sibaja, director, asesor y visitadoraadjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos res-pectivamente; representantes del consejo estudiantil de laUAM-LM y profesores de la misma, así como miembrosde organizaciones magisteriales, sociales y estudiantiles.De dicha mesa de trabajo derivan los siguientes acuerdos:

“Primero: Se establece llevar a cabo una reunión detrabajo para el día martes 22 de noviembre del año



en curso en las oficinas de la Subsecretaría de Go-bierno y derechos Humanos con los titulares de laSecretaría de Educación del Estado, el Rector de laUniversidad Intercultural de Chiapas, el de la Comi-sión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de Mé-xico de la Secretaría de Gobernación, así como el re-presentante de la Sección 7, el representante de losalumnos y maestros disidentes, con la finalidad dedarles resolución sobre la propuesta general de vali-dar el semestre de los estudiantes y por ende, la plan-tilla de docentes que les han dado clases, así como sucontratación para el semestre inmediato.

Segundo: El representante de la Unidad para la De-fensa de los Derechos Humanos de la Secretaría deGobernación, convocará mediante oficio a los titula-res de las dependencias señaladas en el punto ante-rior.”

Sin embargo, al igual con el resto de los compromisos sus-critos entre las partes a lo largo del desarrollo del conflic-to, al día de hoy ninguno de los acuerdos alcanzados en lamesa de trabajo han sido debidamente cumplidos.

El 21 de diciembre de 2016 concluye el semestre y las ins-talaciones quedan bajo resguardo de las organizaciones ycomunidades indígenas y campesinas de la región. Sin em-bargo, a tres meses de finalizado el semestre, las autorida-des de la UNICH siguen sin hacer valido el periodo, argu-yendo su desconocimiento de la plantilla docente. Cabedestacar también que a todo lo largo del semestre julio-di-ciembre 2016, los alumnos del UAM-LM fueron objeto depresiones y hostigamiento por parte del personal adminis-trativo de la UNICH, quienes a base de amenazas, utilizan-do como instrumento de coerción y extorsión el trámite delas becas de manutención-transporte, la entrega de recursosfederales PIFI, la gestión viajes de estudio y la expediciónde documentos oficiales como constancias, indispensablespara el trámite de becas SEPI, CDI y Conafe, les exigíansubordinación y acatamiento.

Estos actos constituyen violaciones flagrantes al derecho auna educación digna consagrado el artículo 3º de nuestraCarga Magna y, por tanto, deben ser condenados con todafirmeza, pues manifiestan una impunidad y violencia insti-tucional intolerables que atentan contra los derechos hu-manos de estudiantes.

Debe quedar claro que la cerrazón que ha distinguido el de-sarrollo de este conflicto no se ha desprendido en ningún

momento del actuar del pueblo tojolabal o el de las perso-nas vulneradas por los actos de discriminación previamenteseñalados. Basta tener presente la voluntad conciliadoramanifiesta por los afectados el día 9 de enero de 2017 endonde, por acuerdo de organizaciones y comunidades indí-genas y campesinas de la región, deciden reabrir las insta-laciones para iniciar trabajos administrativos en calidad deresistencia, acordando a su vez el día lunes 16 de enero de2017 se iniciarían, también en calidad de resistencia, las ac-tividades académicas correspondientes al semestre enero-julio 2017.

Debido a que a la fecha no se han acreditado las califica-ciones de las y los estudiantes del semestre julio-diciembre201616, muchos de ellos están en riesgo de perder sus be-cas. Asimismo, tampoco se cumplido con la reinstalaciónde los 12 docentes no recontratados, ni tampoco se ha con-vierto con el acuerdo de contratación de otros 8 docentesque habrían de sumarse para este periodo a la plantilla dedocentes en la UAM-LM.

Finalmente, el sábado 11 de febrero de 2017, la comunidaduniversitaria fue informada, mediante oficio signado por laempresa que brinda los servicios de guardia y custodia de lasinstalaciones, que los dos guardias designados para la UAM-LM serían retirados, sin dar ninguna explicación de las razo-nes que habrían motiva dicha acción. Desde entonces, las ins-talaciones de la UAM-LM han estado operando sin contar elpersonal de seguridad que el reglamento de la institución re-quiere.

La larga lista de actos de provocación perpetrados por el rec-tor de la UNICH y su caterva de cómplices ha generado ungrave clima de inestabilidad social que, si no se atienda consensibilidad y responsabilidad, puede derivar en hechos aúnmás nocivos para la paz y bienestar de la región. Por ello, esmenester que de manera urgente se implementen acciones alrespecto, asumir con responsabilidad el cumplimiento de lasminutas firmadas y garantizar el acceso y efectivo ejerciciode los derechos humanos y laborales de estudiantes y do-centes.

El conflicto ha escalado a tal punto que actualmente se hanejecutado, por órdenes de altos mandos del gobierno delestado, intentos por desestabilizar el movimiento. Esto in-cluso ha incluido la amenaza de intervención de un grupoarmado afín a la organización de la CIOAC HISTÓRICAen Las Margaritas, lo que pone en alto nivel de riesgo la in-tegridad física y moral de quienes han sido objeto de ac-ciones de discriminación por su origen étnico.

Cabe destacar que la fracción VII del artículo 3o. de nues-tra Carta Magna, versa en lo siguiente:

“Las universidades y las demás instituciones de educa-ción superior a las que la ley otorgue autonomía… rea-lizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cul-tura de acuerdo con los principios de este artículo,respetando la libertad de cátedra e investigación y de li-bre examen y discusión de las ideas… Las relaciones la-borales, tanto del personal académico como del admi-nistrativo, se normarán por el apartado A del artículo123 de esta Constitución, en los términos y con las mo-dalidades que establezca la Ley Federal del Trabajoconforme a las características propias de un trabajo es-pecial, de manera que concuerden con la autonomía, lalibertad de cátedra e investigación y los fines de las ins-tituciones a que esta fracción se refiere”

Por tanto, como garantes de la Carta Magna, los legislado-res estamos obligados a condenar con contundencia estoshechos, pues de lo contrario estaremos avalando la perpe-tuación de la infección del amiguismo, las canonjías a sin-dicatos al servicio de intereses políticos y económicos, lamalversación y desfalco de recursos públicos destinados ala formación estudiantil, el despido arbitrario de académi-cos de amplia trayectoria, la intolerable discriminación ét-nica en una institución que en principio debiera pugnar porlo contrario y en última instancia, el ocaso de la otrora con-siderada mejor universidad intercultural de México, laUNICH.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la considera-ción de esta honorable asamblea la siguiente proposicióncon

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de laUnión exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno fede-ral para que garantice, ante la inoperancia de las institucio-nes del Gobierno del Estado de Chiapas, el cumplimientode la minuta de acuerdos suscrita el 25 de febrero de 2015y de los acuerdos emanados de la mesa de trabajo efectua-da el 17 de noviembre de 2016 con motivo del conflicto la-boral y educativo acaecido en la Unidad Académica de LasMargaritas de la Universidad Intercultural de Chiapas, y seimplementen las medidas precautorias para salvaguardar lavida, integridad y libertad de docentes, estudiantes y miem-bros del Consejo Ciudadano Universitario, así como de lascomunidades de la región tojolabal.

Segundo: Se exhorta a la LXIII Legislatura de la H. Cá-mara de Diputados a conformar una comisión de diputadosy diputadas con la encomienda de vigilar, coadyuvar y ga-rantizar el cumplimiento de los acuerdos derivados de lasmesas de trabajo antedichas, velando por la absoluta termi-nación de los actos de discriminación, corrupción y autori-tarismo que han tenido lugar en la Unidad Académica deLas Margaritas, cometidos en contra de los derechos hu-manos y laborales de trabajadores administrativos, docen-tes y alumnos, en detrimento del proyecto original de laUNICH.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.—Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comisión de Educación Pú-blica y Servicios Educativos, para dictamen.

SE EXHORTA A LA SEDATU A QUE ORDENE LA MI-NISTRACIÓN DE LOS SUBSIDIOS FEDERALES ALPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016 Y CU-BRA A LA BREVEDAD LA DEUDA CONTRAÍDA DELOS PROGRAMAS HÁBITAT Y UN CUARTO MÁS,EN CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta ala Sedatu a ordenar la ministración de todos los subsidiosfederales correspondientes al Programa de Infraestructura2016, en la vertiente Ampliación o Mejoramiento de la Vi-vienda y cubrir a la mayor brevedad la deuda contraída conlas instancias ejecutoras de los programas Hábitat y UnCuarto Más en Chiapas, a cargo del diputado GuillermoRafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario deMorena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez,diputado a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados,integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Rege-neración Nacional, de conformidad con lo establecido enlos artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, frac-ción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, some-te a consideración de esta asamblea proposición con puntode acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la edición más reciente de la Encuesta Na-cional de los Hogares, publicada por el Instituto Nacional



de Estadística y Geografía, en México más de 14 millones424 mil personas habitan en casas o departamentos en con-diciones de hacinamiento.1 Esta cifra supone que 11.9 porciento de la población del país carece de acceso a una vi-vienda que les garantice una vida con dignidad, espacio su-ficiente y condiciones mínimas de intimidad, indispensa-bles para el pleno desarrollo de la persona. En el mediorural, la proporción de hogares en hacinamiento es superiora 20.1 por ciento y en las zonas urbanas la cifra se ubica en9.4. La encuesta reveló además que Guerrero, Chiapas yOaxaca presentan el mayor porcentaje de hogares con ha-cinamiento con 32.9, 29.8 y 17.6 por ciento, respectiva-mente.2

Ante esta situación, en octubre de 2015, la Secretaría deDesarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anuncióla implantación de un nuevo programa de apoyo a la vi-vienda, Un Cuarto Más. Su objetivo consistiría en comba-tir el hacinamiento y prevenir la violencia intrafamiliarcontra niñas y adolescentes mediante la construcción de re-cámaras individuales donde éstas pudieran disfrutar, encondiciones adecuadas, de su derecho a la intimidad. Almismo tiempo, el programa estaría diseñado para impulsarel desarrollo de las economías locales, pues impulsaría aconstructoras regionales, generando empleo en zonas pe-riurbanas y rurales.

Si bien en Chiapas, los altos índices de pobreza que se vi-ven en la entidad, así como las carestías que en materia devivienda se extienden a lo largo de su territorio, supondrí-an que el cumplimiento de los objetivos del programa “UnCuarto Más” serían considerada como de carácter priorita-rio para el plan de desarrollo en el estado, lo cierto es queesto no ha sido así.

Lo anterior obedece a las omisiones e indiferencia en queha incurrido la delegación de la Sedatu de la entidad, quienha faltado sistemáticamente a su responsabilidad de coor-dinar, velar y coadyuvar para el correcto cumplimiento delprograma, especialmente en Chamula, Pantelhó y Teneja-pa, donde se había comprometido la edificación de 186cuartos.

Para dar cuenta de lo que se manifiesta, se presenta unacrónica de los hechos:

• 31 de diciembre de 2015. Son publicadas en el DiarioOficial de la Federación las reglas de operación de losprogramas de infraestructura pertenecientes a la Sedatu.En Chiapas, esto da lugar a que distintas organizaciones

dedicadas a la gestión de proyectos acudan a la delega-ción de la Sedatu en Tuxtla Gutiérrez a fin de entregarla documentación correspondiente y realizar los trámi-tes para su aprobación como entidades ejecutoras delprograma.

• 20 de junio de 2016. Atendiendo a la normativa y lasreglas de operación vigentes, la organización Juventud yCultura de Nuestro México, AC, con sede en Tuxtla Gu-tiérrez, presenta ante la delegación de la Sedatu en Chia-pas propuesta de inversión para la autorización de sub-sidios federales para la construcción de cuartosadicionales en comunidades indígenas de la región Al-tos de Chiapas, en la vertiente Ampliación o Mejora-miento de la Vivienda (Un Cuarto Más), por un montode 8 millones 13 mil 867.66 pesos, acreditándose comosociedad autorizada para ejecutar el programa.

• 21 de junio de 2016. Sergio Lobato García, medianteel oficio número 127. 1210/ AMO/ AP. 1-054, en repre-sentación de la delegación de la Sedatu en Chiapas, confundamento en la normativa aplicable, aprueba para laorganización Juventud y Cultura de Nuestro México,AC, el ejercicio de recursos por la cantidad total de 8millones 13 mil 867.66 pesos, correspondientes a subsi-dios federales del Programa de Infraestructura, en suvertiente Ampliación o Mejoramiento a la Vivienda,aplicado por parte de la organización. Los proyectosaprobados incluyen la ejecución de 76 acciones de vi-vienda en Chamula, 60 acciones en Tenejapa y 50 ac-ciones en Pantelhó, todas en la región Altos de Chiapas.

• 24 de junio de 2016. Luego de la aprobación de losproyectos formulados por Juventud y Cultura de Nues-tro México, AC, se establece entre dicha organización yla Sedatu, representada por su entonces delegado enChiapas, licenciado Sergio Lobato García, el correspon-diente convenio de concertación para distribuir y ejercersubsidios federales del Programa de Infraestructura.

En la cláusula séptima del citado convenio, “De las aporta-ciones”, las partes acuerdan lo siguiente:

1. Para las acciones del convenio de concertación citadose prevé una inversión total de 8 millones 13 mil 867.66pesos.

2. La Sedatu aportará 8 millones 13 mil 867.66 pesos,recursos con carácter de subsidios que provienen del ra-mo administrativo 15, designados al programa Un Cuar-

to Más, autorizados mediante el oficio número SDUV/UPAIS/ VIVIENDA/ 07/ A/ S/ 001/ 16, de fecha 20 dejunio de 2016.

3. Considerando que corresponderá 100 por ciento delas aportaciones a la Sedatu, se dispersará 30 por cientode anticipo y, seguidamente, una estimación para con-cluir el finiquito.

En cumplimiento de las reglas de operación del programade infraestructura y firmado el convenio de concertaciónpara el desarrollo de los proyectos, la organización Juven-tud y Cultura de Nuestro México, AC, presentó formal-mente al arquitecto Abraham Flores López, en calidad deenlace ante la Sedatu.

• 29 de junio de 2016. Aprobados sus proyectos, la or-ganización Juventud y Cultura de Nuestro México, AC,en su calidad de instancia ejecutora, estimando necesariala subcontratación de especialistas en la construcción,emite contrato de obra donde se establece la participa-ción de las siguientes personas:

- Grupo constructor Jalferma, SA de CV, para reali-zar 50 acciones (cuartos adicionales), en Pantelhó,equivalentes a 689 mil 364 pesos.

- Con el ingeniero Luis Eduardo Gutiérrez Aguilar,para realizar 76 acciones (cuartos adicionales) enChamula, equivalentes a 1 millón 47 mil 834 peso.

- Con el ingeniero Luis Humberto Gutiérrez Díaz,para realizar 60 acciones en Tenejapa, equivalentes a827 mil 237 pesos.

• 10 de agosto de 2016. La Sedatu presenta al ciudada-no Wilebaldo de Jesús Aguilar Sánchez, en calidad deenlace entre esta institución y la organización ejecutora.

• 12 de agosto de 2016. La organización Juventud yCultura de Nuestro México, AC, envía la primera soli-citud formal dirigida al licenciado Sergio Lobato Gar-cía, entonces delegado de la Sedatu en Chiapas, me-diante la cual se le solicita el depósito correspondiente ala primera ministración para las obras y acciones apro-badas, por la cantidad de 2 millones 564 mil 435 pesos.

• 15 de agosto de 2016. La Sedatu informa a la organi-zación Juventud y Cultura de Nuestro México, AC, de latransferencia electrónica de subsidios federales otorga-

dos en el marco del Programa de Infraestructura 2016.Ésta se convertiría en la única ministración de los re-cursos asignados al desarrollo de las obras, pertenecien-tes a la vertiente Ampliación o Mejoramiento a la Vi-vienda, por la cantidad de 2 millones 564 mil 435 pesos,distribuida de la siguiente forma:

- Chamula: 1 millón 47 mil 834.00 pesos.

- Pantelhó: 689 mil 364 pesos.

- Tenejapa: 827 mil 237 pesos.

Una vez adjudicado el presupuesto comprometido, en es-tricto apego al anexo técnico, las reglas de operación delprograma en cuestión y el convenio de concertación, la or-ganización Juventud y Cultura de México, AC, inició el de-sarrollo de los proyectos en mención.

El avance físico de las obras y su documentación respecti-va fueron verificados y supervisados por el personal de laSedatu.

Sin más ministraciones por la Sedatu, quienes forman elconjunto de interesados en el desarrollo del programa: co-mités comunitarios de las localidades beneficiadas, empre-sas constructoras y la organización ejecutora Juventud yCultura de Nuestro México, AC, convinieron en dar priori-dad a la terminación de 100 por ciento de los proyectoscomprometidos, para luego dar trámite a la recuperación dela ministración pendiente, que suma la cantidad de 5 mi-llones 449 mil 432.66.

• 7 de octubre de 2016. Se realiza reunión de trabajo enlas instalaciones de la delegación estatal de la Sedatu enla que participan diversas autoridades de la Secretaría yrepresentantes de las instancias ejecutoras de los muni-cipios y organizaciones de la sociedad civil. Por un la-do, las instancias ejecutoras reportan los avances gene-rales en la construcción de los cuartos adicionales,comprometiéndose a regularizar y cumplir con la entre-ga puntual de los documentos pendientes.

• 10 de octubre de 2016. La delegación de la Sedatu enChiapas envía a la organización Juventud y Cultura deNuestro México, AC, guía para elaborar el padrón debeneficiaros y los lineamientos generales para realizaradecuadamente el cierre del ejercicio. Asimismo, le so-licita que le sean remitidos los estados de la cuenta ban-caria creada para los fines del programa Un Cuarto Más;



es decir, la administración de los recursos federalesaportados. Se indica también el color en que deberán sermatizados los interiores de las habitaciones construidas.

• 9 de noviembre de 2016. La organización Juventud yCultura de Nuestro México, AC, realiza formal entregadel expediente comprobatorio en relación a los avancesy recursos ejercidos correspondientes a las accionescomprometidas ante la coordinadora de la Vertiente deAmpliación y Mejoramiento de la Vivienda en Chiapas,arquitecta Verónica Guillermina Solís Pinedo.

• 16 de noviembre de 2016. La organización Juventudy Cultura de Nuestro México, AC, envía un nuevo ofi-cio al delegado de la Sedatu en Chiapas, mediante elcual realiza formal solicitud para que se deposite la mi-nistración faltante de 70 por ciento para las obras y ac-ciones incluidas en el oficio de aprobación número127.1210/AMV/AP.I-054, por la cantidad de 5 millones449 mil 432.66.

• 1 de diciembre de 2015. La organización Juventud yCultura de Nuestro México, AC, realiza formal entregade 100 por ciento de las obras comprometidas en Cha-mula, Tenejapa y Pantelhó, Chiapas. Informa de ello me-diante oficio al biólogo Ricardo Mejía Zayas, encargadodel despacho de la delegación.

• 12 de noviembre de 2016. Atendiendo el espíritu delconvenio de concertación para el desarrollo del progra-ma de infraestructura antedicho, puntualizando su cláu-sula séptima que contempla como fecha última de la vi-gencia el 31 de diciembre de 2016, la organizaciónJuventud y Cultura de Nuestro México, AC, solicita a latitular de la Sedatu, licenciada Rosario Robles Berlanga,su inmediata intervención a fin de solucionar el retrasoen la entrega de los recursos faltantes y ordene la libe-ración inmediata de la ministración, equivalente a 5 mi-llones 449 mil 432.66 pesos.

• 15 de diciembre de 2016. Se realiza reunión de traba-jo entre representantes de la organización Juventud yCultura de Nuestro México, AC, y el titular de la Coor-dinación de Programas de Infraestructura de la delega-ción de la Sedatu en Chiapas, licenciado Roger EduardoCastellanos, donde las partes acuerdan, dada la grave-dad de la problemática, realizar una nueva reunión enlas oficinas centrales de la Sedatu en la Ciudad de Mé-xico, el miércoles 21 de diciembre de 2016.

• 21 de diciembre de 2016. Se realiza reunión de traba-jo entre representantes de la organización Juventud yCultura de Nuestro México, AC, y autoridades de la Se-datu, como el licenciado Roberto Gómez Morales,quien informa a los interesados que el recurso pendien-te se liberaría a más tardar el 20 de enero de 2017.

• 23 de diciembre de 2016. En respuesta de las peticio-nes de radicación de los subsidios federales pendientespor liberar, el titular de la Coordinación de Programas deInfraestructura informa a la organización Juventud y Cul-tura de Nuestro México, AC, mediante el oficio número127.1210/AMV/1720/2016, que la delegación estatal dela Sedatu “continuará gestionando la liberación del subsi-dio federal autorizado y aprobado dentro de la vertienteAmpliación o Mejoramiento de la Vivienda del Programade Infraestructura 2016”.

• 20 de enero de 2017. La organización Juventud y Cul-tura de Nuestro México, AC, presenta formal denunciaante la delegación estatal de la Sedatu en Chiapas, con-tra el C. Armando Asunción Díaz Gutiérrez, quien fun-ge como titular de la Subdelegación de Desarrollo Ur-bano, Ordenamiento del Territorio y Vivienda en laentidad, por actos de corrupción, luego de que éste soli-citara a las asociaciones afectadas fuertes cantidades dedinero para acelerar el pago de los adeudos que la Seda-tu mantiene con ellas.

• 18 de febrero de 2017. Representantes de diversas or-ganizaciones ejecutoras del programa “Un Cuarto Más”en Chiapas presentan una nueva solicitud formal dirigi-da a la titular de la Sedatu, Mtra. Rosario Robles Ber-langa, mediante la cual se exige un informe por escritode los motivos que originaron el impago de los adeudoscon las organizaciones, así como la fecha exacta en laque serían entregados.

• 28 de febrero de 2017. Las organizaciones presentansolicitud de intervención al presidente de la Mesa Di-rectiva de la Cámara de Diputados, Edmundo Javier Bo-laños Aguilar, a fin de hacer de conocimiento de la pro-blemática a las Comisiones de Desarrollo Urbano yOrdenamiento Territorial, de Presupuesto y Cuenta Pú-blica, y de Transparencia y Anticorrupción, para que porsu conducto se haga comparecer al oficial mayor y a latitular de la Sedatu y rindan informes sobre los hechosdenunciados. En el mismo oficio solicitan que se notifi-que del asunto a la Auditoría Superior de la Federación

y se constituya una comisión especial de investigacióndedicada al seguimiento y pronta resolución del caso.

• 7 de marzo de 2017. Ante la ausencia de respuestaspor parte de la Sedatu y la Cámara de Diputados, las or-ganizaciones inconformadas dirigen un oficio al presi-dente de la República, Enrique Peña Nieto, para que in-tervenga y de pronta solución a la problemática einstruya a las autoridades competentes para que presen-ten informe sobre las razones que han motivado el im-pago de los adeudos y la fecha en que serán liquidados.

• 30 de marzo de 2017. A la fecha, la Sedatu continúaincumpliendo la ministración total de los recursos pú-blicos asignados al desarrollo del programa Un CuartoMás en Chiapas, toda vez que la organización Juventudy Cultura de Nuestro México, AC, sigue sin recibir unsolo peso del monto pendiente, pese a que ésta si cum-plió la entrega puntual de la totalidad de las accionesprevistas en el acuerdo suscrito con la Sedatu el 24 dejunio de 2016.

La situación que enfrenta la Organización Juventud y Cul-tura de Nuestro México, AC, es similar a la de otras orga-nizaciones en el estado que, en el mismo tenor de aconte-cimientos, se vieron defraudados por la delegación de laSedatu en Chiapas. Éstas son

La Sedatu mantiene importantes adeudos con distintos go-biernos municipales por concepto del mismo programa,

afectando gravemente los planes de desarrollo en la región.Éstos son

Ante innumerables denuncias planteadas por las organiza-ciones inconformadas ante diversas instancias del gobiernofederal, éstas siguen sin recibir respuestas claras sobre laradicación de los recursos. En cambio, sólo han obtenidoexcusas verbales a través de las cuales la Sedatu o prome-te la entrega del presupuesto en tiempos venideros sin an-ticipar fecha exacta para su radicación o justifica el retirodel recurso comprometido a causa de nuevas reformas a laTesorería de la Federación, contraviniendo la inamovilidaden la asignación de los recursos toda vez que ya se han sus-crito los convenios correspondientes.

Por si esto fuera poco, el cambio del titular de la delegaciónde la Sedatu en Chiapas, acaecido en los últimos días deagosto de 2016, así como la publicación de informes falsosdirigidos al presidente de la República donde se manifies-ta la radicación total de los recursos asignados al programaUn Cuarto Más en Chiapas, sólo han agravado la incerti-dumbre y desconfianza entre los afectados sobre el correc-to desahogo del proceso.

Más allá de las flagrantes violaciones del convenio de con-certación, las irregularidades en la administración de losrecursos públicos asignados al programa Un Cuarto Máscometidas por autoridades de la Sedatu, en tanto que supo-



nen la manipulación de las necesidades y expectativas depersonas en situación de alta vulnerabilidad, son claramen-te violatorias del derecho humano a la vivienda, consagra-do en el artículo 4º de la Constitución Política de los Esta-dos Unidos Mexicanos, que en su párrafo VII versa:

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna ydecorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos ne-cesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Los retrasos, negativas y omisiones en las que ha incurridola delegación de la Sedatu en Chiapas respecto a la entregade los recursos públicos destinados al desarrollo de espa-cios de vivienda a organizaciones de la sociedad civil le-galmente facultadas para su ejercicio también atenta con loestipulado en el artículo 91 de la Ley de Vivienda, que es-tablece:

Las organizaciones de la sociedad civil que tengan por ob-jeto la adquisición, mejoramiento, construcción o produc-ción social de la vivienda, así como el otorgamiento de ase-soría integral en la materia, serán objeto de acciones defomento por parte de las dependencias y entidades de la ad-ministración pública federal, para lo cual se sujetarán, ade-más de lo dispuesto en la presente ley, a la Ley Federal deFomento a las Actividades realizadas por Organizaciones dela Sociedad Civil.

La Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadaspor Organizaciones de la Sociedad Civil dicta en el artícu-lo 6o., fracción V, lo siguiente:

Artículo 6o. Para los efectos de esta ley, las organiza-ciones de la sociedad civil tienen los siguientes dere-chos…

VI. Acceder a los apoyos y estímulos públicos que parafomento de las actividades previstas en el artículo 5 deesta ley, establezcan las disposiciones jurídicas y admi-nistrativas aplicables;

La cantidad que se adeuda a diversas organizaciones de lasociedad civil en Chiapas por la Sedatu asciende a 21 mi-llones 417 mil 861.06 pesos. Dicho adeudo ha causado unfuerte malestar entre las comunidades supuestamente be-neficiadas por el programa y además ha afectado la estabi-lidad social y económica y comprometido el prestigio delas instancias ejecutoras, pues al día de hoy todavía man-tienen adeudos con proveedores, constructores, albañiles y

otras personas que contribuyeron con su inversión y es-fuerzo a la edificación de los cuartos en cuestión.

Durante 2016, Chiapas recibió recursos procedentes de laFederación para la aplicación de los programas Hábitat yUn Cuarto Más, por más de 203 millones de pesos. No obs-tante, a la fecha sigue sin comprobarse cabalmente el ejer-cicio de los recursos ni se ha cumplimentado lo reglamen-tado para su distribución y ejecución. En tanto, numerosasorganizaciones sociales siguen denunciando a la delega-ción de la Sedatu por el desvío de los fondos de vivienda,en lo que hoy sugiere un escándalo de corrupción de esca-la mayúscula.

Las irregularidades en la conducción y administración delos recursos del programa “Un Cuarto Más” son evidentesy sólo apuntan a posibles corruptelas. La delegación de laSedatu en Chiapas ha atravesado durante los últimos añosdiversas acusaciones que han derivado en la designación deal menos tres delegados al frente de la máxima instancia dela Sedatu en Chiapas en menos de un año y medio. Desta-ca el caso de Sergio Lobato, mencionado en líneas anterio-res, destituido por señalamientos de corrupción. A Lobatosiguió Ricardo Mejía Zayas, quien dimitió al cargo luegode innumerables cuestionamientos en su contra.

Ante estos hechos, la Sedatu está obligada a entregar losmillonarios recursos a las organizaciones afectadas, auncuando se esté fuera de los tiempos reglamentarios. Des-pués de todo, hay convenios y compromisos económicosadquiridos por las organizaciones y empresas ejecutorasque los mantienen, pese a la indolencia del gobierno fede-ral, en una situación de grave incertidumbre profesional,económica e incluso, de carácter social. Mientras la Seda-tu insista en su negativa por dar plena solución a esta gra-ve problemática, la inconformidad entre asociaciones, em-presas, comunidades y familias afectadas sólo acrecentará,derivando en graves afectaciones a la economía de loschiapanecos y un estado de tensión social que pone en en-tredicho la vigencia del estado de derecho.

Por todo lo expuesto y fundando someto a consideración deesta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Uniónexhorta a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial yUrbano, maestra Rosario Robles Berlanga, a ordenar la mi-

nistración de la totalidad de los subsidios federales corres-pondientes al Programa de Infraestructura 2016, en su ver-tiente Ampliación o Mejoramiento de la Vivienda y cubracon la mayor brevedad la deuda contraída con las instanciasejecutores de los programas Hábitat y Un Cuarto Más enChiapas.

Notas:

1 Se considera hacinamiento cuando la razón entre los residentes de lavivienda y el número de cuartos de éstas sea igual o mayor a 2.5.

2 Inegi. Encuesta Nacional de los Hogares, 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.—Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Orde-namiento Territorial, para dictamen.

SE EXHORTAAL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉ-XICO PARA QUE REINTEGRE LA LEGAL POSESIÓNDEL MERCADO SAN LÁZARO A LOS LOCATARIOSINTEGRANTES DEL FIDEICOMISO 421-6 SAN LÁ-ZARO TAPO Y REPARE LOS DAÑOS POR EL DES-ALOJO QUE SUFRIERON EL 3 DE ABRIL DE 2017

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhortaal gobierno de la Ciudad de México a reintegrar de inme-diato la legal posesión del mercado San Lázaro a los loca-tarios integrantes del Fideicomiso 421-6 San Lázaro Tapo,reparar los daños ocasionados por el desalojo injustificadoque sufrieron el 3 de abril de 2017 y abstenerse de realizarcualquier acto contrario a los fines previstos para dicha pla-za, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del GrupoParlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, diputado de la LXIII Legislatura eintegrante del Grupo Parlamentario de Morena, con funda-mento en lo dispuesto en la fracción I, del numeral 1, delartículo 6o. y numeral 1, fracción II, artículo 79 todos delReglamento de la Cámara de Diputados, somete a conside-ración del pleno de la Cámara de Diputados del Congresode la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo,de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que con fecha 25 de noviembre de 1993 fue pu-blicado en el Diario Oficial de la Federación decreto por elque se autorizaba a la Secretaría de Desarrollo Social (Se-desol) donar 8 polígonos del inmueble denominado ex Po-lígono de San Lázaro, ubicado en la delegación VenustianoCarranza, Distrito Federal, en favor del entonces Departa-mento del Distrito Federal, para ser utilizados como pa-raderos de transporte público así como para la cons-trucción de un mercado que alojará bajo el régimen depropiedad en condominio a los comerciantes que habíanvenido ejerciendo su actividad en la vía pública.

El mencionado decreto presidencial en su parte sustantivaseñala:

“Considerando

Que el Departamento del Distrito Federal ha solicitadoal Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría deDesarrollo Social, la donación en su favor, de los polí-gonos 1, 2, 3, 3 bis, 4, 6, y 7 referidos en el consideran-do precedente, con el objeto de que continúe utilizándo-los con paraderos de transporte público.

Que el Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C., ensu carácter de Institución Fiduciaria en el FideicomisoNo. 421-6 San Lázaro Tapo, ha solicitado al GobiernoFederal la enajenación a título oneroso y fuera de su-basta en su favor, del polígono 5 referido en el conside-rando primero de este ordenamiento, a efecto de llevar acabo la construcción de un mercado que alojará bajo elrégimen jurídico de propiedad en condominio, a comer-ciantes que han venido ejerciendo su actividad en la víapública.

Que siendo propósito del Ejecutivo Federal a mi cargodar al patrimonio inmueble federal el óptimo apro-vechamiento, propiciando que los bienes que lo cons-tituyen y que sean aptos para la prestación de serviciospúblicos se utilicen para dicho fin, he tenido a bien ex-pedir el siguiente.

Decreto

Artículo Primero. Se desincorporan del régimen de do-minio público de la Federación los polígonos a que serefiere el considerando primero del presente decreto y



se autoriza a la Secretaría de Desarrollo Social para queen nombre y representación del Gobierno Federal, donelos polígonos 1, 2, 3, 3 bis, 4, 6 y 7, en favor del Depar-tamento del Distrito Federal, con el objeto de que conti-núe utilizándolos con paraderos de transporte público.

Artículo Segundo. Si el Departamento del Distrito Fe-deral no utilizare los polígonos cuya donación se autori-za en su favor o les diere un uso distinto al previsto, sinla previa autorización de la Secretaría de Desarrollo So-cial, dichos bienes con todas sus mejoras y accesionesrevertirán al patrimonio del Gobierno Federal. Esta pre-vención deberá insertarse en el título de propiedad queal efecto se expida.

Artículo Tercero. Se autoriza a la Secretaría de Desa-rrollo Social para que en nombre y representación delGobierno Federal enajene a título oneroso y fuera desubasta pública, EL POLÍGONO 5 referido en el con-siderando primero del presente, en favor del BancoNacional de Comercio Interior, S.N.C., en su carácterde Institución Fiduciaria en el Fideicomiso No. 421-6San Lázaro Tapo, CON EL OBJETO DE QUE LOUTILICE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MER-CADO que alojará bajo el régimen jurídico de pro-piedad en condominio, a comerciantes que han venidoejerciendo su actividad en la vía pública.1”

Esta donación dio paso a la construcción, en el polígono 5,del mercado San Lázaro identificado con el número de fi-deicomiso 421-6 San Lázaro-Tapo del Banco Nacional deComercio Interior y fue la primera plaza de su tipo, deacuerdo al Programa de Mejoramiento del Comercio Popu-lar dado a conocer por el entonces Departamento del Dis-trito Federal, para llevar a cabo la integración del Comer-cio ambulante al comercio formal.

Segunda. El mercado San Lázaro tiene 253 locales co-merciales, mismo que dan empleo a más de 1000 perso-nas de manera directa y a cerca de 3000 de manera in-directa.

Se encuentra junto a la Terminal de Autotransporte de Pa-sajeros de Oriente (TAPO), por ahí pasan conexiones a doslíneas del metro, la línea 1, que corre de Pantitlán a Obser-vatorio, y la línea B, que transita de Ciudad Azteca a Bue-na Vista, ambas con transferencia en el metro San Láza-ro; llegan dos líneas del metrobús, la 4 que corre de BuenaVista a San Lázaro, y la 5 que corre desde Puente Negro,en el norte de la Ciudad, hacia San Lázaro; se encuentra a

un costado del Centro de Transferencia Modal (Cetram) deSan Lázaro donde llegan el transporte proveniente deloriente de la ciudad por la calzada Ignacio Zaragoza, y delsur desde el Periférico por todo el eje Tres Oriente, Fran-cisco del Paso y Troncoso; se sitúa frente a la Cámara deDiputados del Congreso de la Unión y del Palacio de Jus-ticia Federal en la Ciudad de México.

Esta ubicación en sí misma es un privilegio, puesto que porahí pasan cientos de miles de personas al día.

Sin embargo desde la creación del mercado de San LázaroTapo, los locatarios, han sido víctimas del abandono porparte de las diversas autoridades de la Ciudad de México yen consecuencia han sido excluidos de cualquier programade apoyo para el mejoramiento de las plazas comerciales,lo que les ha impedido emprender mejoras que detonen laactividad comercial del mercado y presten el servicio pú-blico de abasto de manera óptima conforme al decreto pre-sidencial. Así mismo, en contubernio entre autoridades delGobierno de la Ciudad de México y los dueños de la Ter-minal de Autotransporte de Pasajeros de Oriente Adicio-nalmente se construyó un muro de 100 metros de largo ycuatro metros de altura en un espacio público destinadoal paso de personas, situación que obliga a los transeúntesa caminar directamente hacia la terminal de autobuses y laentrada del metro San Lázaro a la línea 1 sin pasar por elmercado, reduciendo el paso de personas y mercancías almínimo, impidiendo completamente la visibilidad hacia elinterior del mercado que está justo detrás de esta muro.

La construcción de este muro por parte la Terminal de Au-totransporte de Pasajeros de Oriente (TAPO) en un espa-cio público destinado al paso de personas ha provocadopérdidas económicas a los locatarios del orden de los$62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100m.n.) diarios, es decir $22,812,500.00 (veintidós millonesochocientos doce mil quinientos pesos 00/100 M.N) alaño, que traducidos por 20 años que tiene de construido elmuro han significado pérdidas por aproximadamente$456,250,000.00 (cuatrocientos cincuenta y seis millonesdoscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N).

Sin embargo y a pesar de estas adversidades, el mercadoSan Lázaro ha resistido con sus propios medios.

Actualmente el terreno sobre el que se sitúa el inmueblepor su ubicación y su plusvalía tiene un valor superior a los$500,000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100M.N.)

Ahora sin embargo, fuera de toda razón y derecho, el go-bierno de la Ciudad de México pretende expropiar el men-cionado inmueble, sin que exista causa de utilidad públi-ca alguna.

Así en la madrugada del 3 de abril de 2017 se emitió y pu-blicó en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad deMéxico el siguiente:

“Decreto por el que se expropia el predio identifica-do como Polígono 5, que forma parte del inmuebledenominado ex Polígono San Lázaro, ubicado en cal-zada Ingeniero Eduardo Molina (Eje 3 Oriente), en-tre calles Artilleros y calzada General Ignacio Zara-goza, colonia Escuela de Tiro (actual 7 de Julio),delegación Venustiano Carranza, identificado regis-tralmente como polígono denominado 6 según planonúmero DRC-010-93, con una superficie de 3,082.98metros cuadrados, para la prestación de los serviciospúblicos de transporte en la Ciudad de México, asícomo el establecimiento, mejoramiento y uso ade-cuado de las áreas de tránsito peatonal y vehicular,ciclistas y personas con capacidades diferentes, con-forme a la jerarquía de movilidad y la infraestructu-ra de movilidad y equipamiento auxiliar de los servi-cios públicos de transporte de pasajeros y de cargaque garantice la eficiencia en la prestación del servi-cio, en virtud de la importancia estratégica para eldesarrollo sustentable y el mejoramiento del centrode población por el embellecimiento al entorno en losniveles urbano y metropolitano respecto del espaciopúblico, de beneficio colectivo.

Artículo 1. Se expropia la poligonal que se describe enel presente artículo, para la prestación de los serviciospúblicos de transporte en la Ciudad de México, así co-mo para el establecimiento, mejoramiento y uso ade-cuado de las áreas de tránsito peatonal y vehicular, ci-clista y personas con capacidades diferentes, conformea la jerarquía de movilidad y la infraestructura de movi-lidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicosde transportes de pasajeros y de carga que garantice laeficiencia en la prestación del servicio; lo anterior envirtud de la importancia estratégica por el desarrollosustentable y el mejoramiento del centro de población,por el embellecimiento al entorno en los niveles urbanoy metropolitano respecto del espacio público, de benefi-cio colectivo, respecto del siguiente predio: Ubicación:Polígono 5, que forma parte del inmueble denominado

Ex Polígono “San Lázaro”, ubicado en Calzada Inge-niero Eduardo Molina (Eje 3 Oriente), entre Calles Ar-tilleros y Calzada General Ignacio Zaragoza, ColoniaEscuela de Tiro (actual 7 de Julio), Delegación Venus-tiano Carranza, identificado registralmente como Polí-gono denominado 6 según plano No. DRC-010-93. Su-perficie: 3,082.98 metros cuadrados.

…

Artículo 2. La Oficialía Mayor de la Ciudad de Méxi-co, tomará posesión inmediata de la superficie ex-propiada y determinará las medidas administrativasnecesarias para que se destine a la utilidad públicaprevista en este decreto.

Artículo 3. La indemnización constitucional se rea-lizará conforme a la coordinación que efectué la Se-cretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciu-dad de México, a través de la Dirección General deAsuntos Jurídicos, a los titulares de los bienes que re-sulten afectados por esta expropiación y acrediten suinterés legítimo ante la Dirección General Jurídica y deEstudios Legislativos de la Consejería Jurídica y deServicios Legales, mediante el procedimiento adminis-trativo correspondiente, que establece la normatividadde la materia.

Artículo 4. Quedan exceptuados del presente decre-to, los predios propiedad de la federación y de la Ciu-dad de México.

Transitorios

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudadde México.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día desu publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mé-xico.

Tercero. Inscríbase el presente decreto en el RegistroPúblico de la Propiedad y de Comercio. Dado en la re-sidencia oficial del jefe de gobierno de la Ciudad de Mé-xico, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mildiecisiete.

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Án-gel Mancera Espinosa. Firma.- La secretaria de Gobier-



no, Dora Patricia Mercado Castro.- Firma.- El secretariode Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gu-tiérrez Gutiérrez.- Firma.”

Esto a pesar de que se trata de un inmueble que todavíaes propiedad del gobierno federal, a través del Sistemade Administración y Enajenación de Bienes, en su carácterde fiduciario sustituto del Fideicomiso del Banco Nacionalde Comercio Interior, SNC, Institución Fiduciaria en el Fi-deicomiso número 421-6 San Lázaro Tapo creado al tenordel multi mencionado decreto presidencial del “en su ca-rácter de institución fiduciaria en el Fideicomiso núme-ro 421-6 San Lázaro Tapo, CON EL OBJETO DE QUELO UTILICE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNMERCADO que alojará bajo el régimen jurídico depropiedad en condominio, a comerciantes que han ve-nido ejerciendo su actividad en la vía pública”.

Esta situación sólo se explica por la intención de construirun centro comercial de grandes dimensiones y varios pisosen ese espacio, aprovechando la ubicación estratégica deSan Lázaro que se encuentra ubicada en un lugar privile-giado.

El proyecto abarca desde el sur a partir de la calzada Igna-cio Zaragoza hasta el norte en la calle de Niño Artillero ydel poniente desde Eduardo Molina hasta la entrada delmetro San Lázaro al oriente, lo que atraviesa directamentesobre la explanada del metro San Lázaro, el Centro deTransferencia Modal, el túnel de acceso a la TAPO y claropor el mercado San Lázaro.

Buscan la expropiación forzada del mercado, puesto quese encuentra ubicado exactamente en el corazón en dondepretenden construir este mega centro comercial. Se trata deun proyecto excluyente que no incluye a los comerciantesy locatarios del mercado.

Por lo que al más puro estilo gansteril se construyó un fal-so argumento de utilidad pública en donde no lo existe,simplemente para beneficio de algunos cuantos empresa-rios.

Tercera. El régimen de propiedad que impera sobre elmencionado inmueble y que hasta el 2 de abril de 2017 erapacíficamente ocupado por los comerciantes integrantesdel Fideicomiso número 421-6 San Lázaro Tapo es del go-bierno federal como se desprende de las siguientes cons-tancias:

1) Con fecha 25 de noviembre de 1993 fue publica-do en el Diario Oficial de la Federación decreto porel que se autorizaba a la Secretaría de Desarrollo So-cial (Sedesol) para donar 7 polígonos del inmueble de-nominado ex-Polígono de San Lázaro, ubicado en ladelegación Venustiano Carranza, DF, en favor del (en-tonces) Departamento del Distrito Federal, para serutilizados como paraderos de transporte público asícomo UNO (el polígono número 5 de acuerdo al pla-no número DRC-010-93) a título oneroso para laconstrucción de un mercado que alojará bajo el régi-men de propiedad en condominio a los comerciantesque habían venido ejerciendo su actividad en la vía pú-blica.

El mencionado decreto presidencial en su parte sustan-tiva señala:

“Considerando

Que dentro de los bienes de dominio público de lafederación se encuentran los polígonos 1, 2, 3, 3 Bis,4, 5, 6, 7…. que forman parte del inmueble denomi-nado “ex Polígono de San Lázaro”, ubicados en lacalzada Ingeniero Eduardo Molina, entre calle Arti-lleros y avenida General Ignacio Zaragoza, coloniaEscuela de Tiro, delegación Venustiano Carranza,Distrito Federal,… con la medidas y colindanciasque se consignan en el plano DRC-010-93 elabora-do a escala 1:500 en marzo de 1993, por la Direc-ción General del Patrimonio Inmobiliario Federal dela Secretaría de Desarrollo Social.

Que el Departamento del Distrito Federal ha solici-tado al gobierno federal, por conducto de la Secreta-ría de Desarrollo Social, la donación en su favor, delos polígonos 1, 2, 3, 3 Bis, 4, 6, y 7 referidos en elconsiderando precedente, con el objeto de que con-tinúe utilizándolos con paraderos de transporte pú-blico.

Que el Banco Nacional de Comercio Interior,SNC, en su carácter de Institución Fiduciaria en elFideicomiso número 421-6 Mercado San Lázaro Ta-po, ha solicitado al gobierno federal la enajena-ción a título oneroso y fuera de subasta en su fa-vor del Polígono 5 referido en el considerandoprimero de este ordenamiento, a efecto de llevar acabo la construcción de un mercado que alojará ba-jo el régimen jurídico de propiedad en condominio,

a comerciantes que han venido ejerciendo su activi-dad en la vía pública.

…

Que siendo propósito del Ejecutivo federal a micargo dar al patrimonio inmueble federal el ópti-mo aprovechamiento, propiciando que los bienesque lo constituyen y que sean aptos para la presta-ción de servicios públicos se utilicen para dichofin, he tenido a bien expedir el siguiente.

Decreto

Artículo Primero. Se desincorporan del régimen dedominio público de la federación los polígonos a quese refiere el considerando primero del presente de-creto y se autoriza a la Secretaría de Desarrollo So-cial para que en nombre y representación del gobier-no federal, done los polígonos 1, 2, 3, 3 Bis, 4, 6 y7, en favor del Departamento del Distrito Federal,con el objeto de que continúe utilizándolos como pa-raderos de transporte público.

Artículo Segundo. Si el Departamento del Distri-to Federal no utilizare los polígonos cuya dona-ción se autoriza en su favor o les diere un uso dis-tinto al previsto, sin la previa autorización de laSecretaría de Desarrollo Social, dichos bienes contodas sus mejoras y accesiones revertirán al pa-trimonio del gobierno federal. Esta prevencióndeberá insertarse en el título de propiedad que alefecto se expida.

Artículo Tercero. Se autoriza a la Secretaría de De-sarrollo Social para que en nombre y representacióndel gobierno federal enajene a título oneroso y fue-ra de subasta pública, el Polígono 5 referido en elconsiderando primero del presente, en favor delBanco Nacional de Comercio Interior, SNC, en sucarácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomisonúmero 421-6 San Lázaro Tapo, con el OBJETO deque lo utilice en la CONSTRUCCIÓN DE UNMERCADO que alojará bajo el régimen jurídicode propiedad en condominio, a comerciantes quehan venido ejerciendo su actividad en la vía pú-blica.2”

2) Esta enajenación a título oneroso a favor del Ban-co Nacional de Comercio Interior, SNC dio paso a la

construcción del Mercado San Lázaro en el Polígono5, identificado con el número de fideicomiso 421-6 SanLázaro-Tapo, asentado en el Polígono 5, que forma par-te del inmueble denominado ex Polígono San Lázaro,ubicado en calzada Ingeniero Eduardo Molina (Eje 3Oriente), entre calles Artilleros y calzada General Igna-cio Zaragoza, colonia Escuela de Tiro (actual 7 de Ju-lio), delegación Venustiano Carranza, identificado re-gistralmente como Polígono denominado 6 según planonúmero DRC-010-93.

Por tanto, existe una imposibilidad jurídica pararealizar declaratoria y determinación como casode utilidad pública, paso previo a un decreto deexpropiación, sobre bienes inmuebles propiedadde un ente jurídico gubernamental.

3) En este asunto en particular, la Jefatura de Go-bierno de la Ciudad de México emitió:

Decreto por el que se expropia el predio identifi-cado como Polígono 5, que forma parte del in-mueble denominado ex Polígono San Lázaro,ubicado en calzada Ingeniero Eduardo Molina(Eje 3 Oriente), entre calles Artilleros y calzadaGeneral Ignacio Zaragoza, colonia Escuela de Ti-ro (actual 7 de Julio), delegación Venustiano Ca-rranza, identificado registralmente como polígo-no denominado 6 según plano númeroDRC-010-93, con una superficie de 3,082.98 me-tros cuadrados, para la prestación de los serviciospúblicos de transporte en la Ciudad de México,así como el establecimiento, mejoramiento y usoadecuado de las áreas de tránsito peatonal y ve-hicular, ciclistas y personas con capacidades dife-rentes, conforme a la jerarquía de movilidad y lainfraestructura de movilidad y equipamiento au-xiliar de los servicios públicos de transporte depasajeros y de carga que garantice la eficienciaen la prestación del servicio, en virtud de la im-portancia estratégica para el desarrollo sustenta-ble y el mejoramiento del centro de población porel embellecimiento al entorno en los niveles urba-no y metropolitano respecto del espacio público,de beneficio colectivo

Sobre el Polígono 5 en el que se asienta actualmen-te se encuentra el Mercado San Lázaro, cuya pro-piedad detenta actualmente el Sistema de Admi-nistración y Enajenación de Bienes, en su



carácter de Institución Fiduciaria Sustituta en elFideicomiso número 421-6 San Lázaro-Tapo.

Cabe aclarar que este fideicomiso se instituyo “con el ob-jeto de que lo utilice en la construcción de un mercado quealojará bajo el régimen jurídico de propiedad en con-dominio a comerciantes que han venido ejerciendo suactividad en la vía pública”3, según el artículo tercerodel decreto del 25 de noviembre de 1993, por el que se au-toriza a Sedesol a enajenar a título oneroso y fuera de su-basta pública los polígonos del inmueble denominado exPolígono San Lázaro, ubicado en la delegación VenustianoCarranza.

Por ende el multicitado inmueble no puede considerar-se como una propiedad privada, toda vez que no hacumplido el fideicomiso el fin para el cual fue creado yno es aplicable una expropiación al mismo.

El artículo tercero del mencionado decreto a la letra seña-la:

“Artículo Tercero. Se autoriza a la Secretaría deDesarrollo Social para que en nombre y representa-ción del gobierno federal enajene a título onerosoy fuera de subasta pública, el polígono 5 referidoen el considerando primero del presente, en favordel Banco Nacional de Comercio Interior, SNC,en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fidei-comiso número 421-6 San Lázaro Tapo, con el OB-JETO de que lo utilice en la CONSTRUCCIÓNDE UN MERCADO que alojará bajo el régimenjurídico de propiedad en condominio, a comer-ciantes que han venido ejerciendo su actividad enla vía pública.”

4) El polígono 5, donde se asienta el Mercado San Lá-zaro-Tapo, fue originalmente enajenado en 1993 por laSecretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, atítulo oneroso y fuera de subasta, a favor del Banco Na-cional de Comercio Interior Sociedad Nacional deCrédito, cuya naturaleza jurídica era la de una entidadde la administración pública federal, con personalidadjurídica y patrimonio propios, tal y como lo establece elartículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito:

“Artículo 30. Las instituciones de banca de desa-rrollo son entidades de la administración públicafederal, con personalidad jurídica y patrimonio pro-

pios, constituidas con el carácter de sociedades na-cionales de crédito, en los términos de sus corres-pondientes leyes orgánicas y de esta ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ex-pedirá el reglamento orgánico de cada institu-ción, en el que establecerá las bases conforme a lascuáles se regirá su organización y el funcionamientode sus órganos.

Las instituciones de banca de desarrollo tienencomo objeto fundamental facilitar el acceso alcrédito y los servicios financieros a personas físi-cas y morales, así como proporcionarles asistenciatécnica y capacitación en términos de sus respecti-vas leyes orgánicas con el fin de impulsar el desa-rrollo económico. En el desarrollo de sus funcioneslas instituciones referidas deberán procurar la sus-tentabilidad de la institución, mediante la canaliza-ción eficiente, prudente y transparente de recursos yla suficiencia de las garantías que se constituyan a sufavor, sin que resulten excesivas. Las institucionesde banca de desarrollo podrán realizar funciones debanca social, conforme a lo que se determine en susrespectivas leyes orgánicas. (Párrafo adicionadoDOF 24-06-2002. Reformado DOF 10-01-2014)

…

…

El reglamento orgánico y sus modificaciones debe-rán publicarse en el Diario Oficial de la Federacióne inscribirse en el Registro Público de Comercio”.

Por su parte, la Ley Orgánica del Banco Nacional deComercio Interior4 establecía:

“Artículo 1o. La presente ley rige al Banco Nacio-nal de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Cré-dito, en su carácter de institución de banca de desa-rrollo, con personalidad jurídica y patrimoniopropios.

Artículo 2o. El Banco Nacional de Comercio Inte-rior, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter deinstitución de banca de desarrollo, prestará el servi-cio de banca y crédito con sujeción a los objetivos yprioridades del plan nacional de desarrollo vigente y

de los programas derivados del propio plan, en es-pecial los relacionados con el financiamiento del de-sarrollo, para promover y financiar las actividadesde los sectores encomendados en la presente ley.

Artículo 3o. El Banco Nacional de Comercio Inte-rior, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter deinstitución de banca de desarrollo económica nacio-nal y regional del país, tendrá por objeto fundamen-tal, la promoción y financiamiento del desarrolloeconómico nacional y regional del país, promovien-do su productividad y eficiencia, en particular delcomercio interior y del abasto, así como de los ser-vicios y de aquellas ramas de actividades que por suimportancia le encomiende el Gobierno Federal.

Artículo 6o. La sociedad en el ejercicio de su obje-to estará facultada para:

…

X. Ser fiduciaria y administradora de los fideicomi-sos, mandatos y comisiones constituidos por el Go-bierno Federal en relación al objeto de la sociedadseñalado en el artículo 3o. de esta ley.

Artículo 9o. En los contratos de fideicomiso quecelebre la sociedad, ésta podrá actuar en el mis-mo negocio como fiduciaria y fideicomisaria y re-alizar operaciones con la propia sociedad encumplimiento de fideicomisos y mandatos, comoexcepción a lo dispuesto en el último párrafo del ar-tículo 348 de la Ley General de Títulos y Operacio-nes de Crédito y al inciso a) de la fracción XIX delartículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo 10. El gobierno federal responderá en todotiempo de las operaciones concertadas por el BancoNacional de Comercio Interior, Sociedad Nacionalde Crédito, institución de banca de desarrollo, conpersonas físicas o morales nacionales y con institu-ciones del extranjero privadas, gubernamentales eintergubernamentales, o cualquier otro organismo decooperación financiera internacional.”

A su vez el Reglamento Orgánico del Banco Nacionalde Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito,Institución de Banca de Desarrollo, establecía que:

“Artículo 1o. El Banco Nacional de Comercio Inte-rior, Sociedad Nacional de Crédito, institución debanca de desarrollo, está constituido conforme a laLey de Instituciones de Crédito y a su Ley Orgánica,con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

En este orden de ideas queda claro que el Polígono 5,espacio donde actualmente se asienta el Mercado SanLázaro Tapo, y que forma parte del inmueble denomi-nado ex Polígono San Lázaro, ubicado en calzada Inge-niero Eduardo Molina ( Eje 3 Oriente), entre calles Ar-tilleros y calzada General Ignacio Zaragoza, coloniaEscuela de Tiro (actual 7 de Julio), delegación Venus-tiano Carranza, identificado registralmente como Polí-gono denominado 6 según plano número DRC-010-93,motivo de la ilegal expropiación forzada, fue enajena-do “en favor de una entidad de la administración públi-ca federal como lo era el Banco Nacional de ComercioInterior, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter deInstitución Fiduciaria en el Fideicomiso número 421-6San Lázaro-Tapo con el objeto de que sea utilizado en laconstrucción de un mercado que alojará bajo el régi-men jurídico de propiedad en condominio a comer-ciantes que han venido ejerciendo su actividad en lavía pública5, según el artículo tercero del decreto del25 de noviembre de 1993.

Tal y como consta en la escritura pública número cin-cuenta y siete, de fecha trece de noviembre de dos miltres otorgada ante la fe del licenciado Francisco XavierArredondo Galván, notario número ciento setenta y tresdel Distrito Federal y del Patrimonio Inmueble Federal,actuando en el Protocolo Inmueble Federal en el que sehace constar la Protocolización del Contrato Privado deFideicomiso Denominado Mercado San Lázaro a solici-tud del Banco Nacional de Comercio Interior, SociedadNacional de Crédito, en Liquidación (antes Banco Na-cional de Pequeño Comercio, (Banpeco) y en donde seestablecen las siguientes:

“Cláusulas:

B) De la aportación del terreno en fideicomiso: Pri-mera. Aportación.- El gobierno federal por conductode la Secretaría de la Función Pública, a través de suórgano desconcentrado la Comisión de Avalúos deBienes Nacionales, representada como se dijo, encumplimiento del decreto de veinticinco de noviem-bre de mil novecientos noventa y tres, relacionado



con el antecedente segundo de esta escritura, ratifi-ca y formaliza el contrato de fideicomiso transcritoen el antecedente primero de esta escritura y aportay transmite en favor de Banco Nacional de Comer-cio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, en Li-quidación (antes Banco Nacional del Pequeño Co-mercio (Banpeco) representado, como se dijo, en sucalidad de fiduciario del Fideicomiso denominadoMercado San Lázaro-Tapo, para incrementar el pa-trimonio de dicho fideicomiso, la propiedad del te-rreno mencionado, conocido como Polígono Cin-co, que forma parte de del inmueble denominado“Ex Polígono de San Lázaro, ubicado en la calzadaIngeniero Eduardo Molina entre calle Artilleros yAvenida General Ignacio Zaragoza, colonia Escuelade Tiro, delegación Venustiano Carranza, DistritoFederal, con la superficie, medidas y linderos des-critos en el antecedente tercero de esta escritura.

Con fecha 31 de enero de 2007 se realizó conveniode sustitución fiduciaria entre el Banco Nacional deComercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito,Institución de Banca de Desarrollo (en liquidación)y el Sistema de Administración y Enajenación deBienes (SAE) como Fiduciario Sustituto en el Fidei-comiso 421-6 Mercado San Lázaro Tapo, segúnconsta en el instrumento notarial 47966 pasado antela fe del notario público 165 del Distrito Federal,Lic. Carlos A. Sotelo Regil Hernández y por tantocontinua con las mismas obligaciones plasmadas enel contrato privado de Fideicomiso para concretar elmandato establecido en el artículo Tercero del De-creto publicado en el Diario Oficial de la Federaciónel 25 de noviembre de 1993 para que “en su carácterde Institución Fiduciaria en el Fideicomiso número421-6 San Lázaro-Tapo”, cumpla “con el OBJETOde que lo utilice en la CONSTRUCCIÓN DE UNMERCADO que alojará bajo el régimen jurídicode propiedad en condominio, a comerciantes quehan venido ejerciendo su actividad en la vía pú-blica.”

Esto en base a las reformas a diversas disposicionesla Ley Federal para la Administración y Enajenaciónde Bienes del Sector Público6, publicadas en el Dia-rio Oficial de la Federación de fecha 23 de febrerode 2005 entre las que estaban:

“Artículo 76. El SAE será un organismo descen-tralizado de la administración pública federal,con personalidad jurídica y patrimonio propios,con domicilio en el Distrito Federal, el cual tendrápor objeto la administración, enajenación y destinode los bienes señalados en el artículo 1 de esta Ley,así como el cumplimiento de las atribuciones esta-blecidas en el artículo 78 de la misma.

El SAE estará agrupado en el sector coordinadopor la Secretaría (De Hacienda).

Artículo 78. Para el cumplimiento de su objeto, elSAE contará con las siguientes atribuciones:

I. Recibir, administrar, enajenar y destruir losbienes de las entidades transferentes conforme alo previsto en la presente ley. Así como, realizar to-dos los actos de administración, pleitos y cobranzasy de dominio respecto de los bienes, aun y cuando setrate de entidades paraestatales en proceso de desin-corporación, en aquellos casos en que así lo determi-ne la Secretaría;

…

X. Fungir como fiduciario sustituto en los fidei-comisos constituidos en instituciones de crédito,instituciones de seguros, instituciones de fianzas,sociedades financieras de objeto limitado y alma-cenes generales de depósito, cuya liquidación seaencomendada al SAE, así como, en aquellos en losque actúe con el carácter de fideicomitente o fi-deicomisario el Gobierno Federal o alguna enti-dad paraestatal de la Administración Pública Fe-deral;”

Por tanto, el decreto de expropiación mencionado, es undespropósito legal, toda vez que se realiza sobre unbien inmueble que todavía se encuentra en dominio de“un organismo descentralizado de la AdministraciónPública Federal, con personalidad jurídica y patri-monio propios, como es el Sistema de Administracióny Enajenación de bienes del Patrimonio Público(SAE), lo cual hace jurídicamente imposible que se laaplique esta figura, simple y sencillamente porque nopueden expropiar lo que jurídicamente es propiedad delGobierno Federal.

Las expropiaciones se encuentran sustento constitu-cional en lo establecido por el artículo 27 de la Car-ta Magna que la letra señala:

“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguascomprendidas dentro de los límites del territorio na-cional, corresponde originariamente a la nación, lacual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el do-minio de ellas a los particulares, constituyendo lapropiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa deutilidad pública y mediante indemnización.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho deimponer a la propiedad privada las modalidadesque dicte el interés público, así como el de regular,en beneficio social, el aprovechamiento de los ele-mentos naturales susceptibles de apropiación, conobjeto de hacer una distribución equitativa de la ri-queza pública, cuidar de su conservación, lograr eldesarrollo equilibrado del país y el mejoramiento delas condiciones de vida de la población rural y urba-na. En consecuencia, se dictarán las medidas nece-sarias para ordenar los asentamientos humanos y es-tablecer adecuadas provisiones, usos, reservas ydestinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de eje-cutar obras públicas y de planear y regular la funda-ción, conservación, mejoramiento y crecimiento delos centros de población; para preservar y restaurarel equilibrio ecológico; para el fraccionamiento delos latifundios; para disponer, en los términos de laley reglamentaria, la organización y explotación co-lectiva de los ejidos y comunidades; para el desarro-llo de la pequeña propiedad rural; para el fomento dela agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y delas demás actividades económicas en el medio rural,y para evitar la destrucción de los elementos natura-les y los daños que la propiedad pueda sufrir en per-juicio de la sociedad.

…”

Las expropiaciones no operan en contra de propiedad dela federación o de su administración descentralizada.

Sirva la siguiente tesis de jurisprudencia para ilustra lo an-terior:

“Época: Octava Época Registro: 221681 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Octubre de 1991 Materia(s): Administrativa Tesis: Página: 179

Expropiación. Para que se decrete, es necesario queel bien respectivo sea idóneo para satisfacer la causade utilidad pública de que se trate. De conformidadcon el artículo 3o. de la Ley de Expropiación “El Eje-cutivo federal, por conducto de la Secretaría de Estado,Departamento Administrativo o Gobierno de los Terri-torios correspondientes, tramitará el expediente de ex-propiación, de ocupación temporal o de limitación dedominio, y en su caso hará la declaratoria respectiva”.Es así que en la expropiación de un bien de propiedadparticular, no basta con que exista una causa de utilidadpública, sino que es necesario además, que el bien cuyaexpropiación se pretende sea el idóneo para satisfacer lacausa de utilidad pública respectiva, siendo que la ido-neidad del bien en cuestión únicamente puede determi-narse mediante la tramitación e integración del expe-diente de expropiación a que alude la disposición legalen consulta, y sólo así se justifica la necesidad de que seprive a una persona de los bienes de su propiedad, paraque sean destinados a la satisfacción del interés social.La exigencia de dicho requisito constituye, a su vez, unagarantía de seguridad jurídica para el gobernado, cuyafinalidad es evitar que ante la sola invocación de causade utilidad pública, las autoridades expropien en formaarbitraria cualquier bien de propiedad particular, auncuando el mismo no sea el apropiado para satisfacer elinterés colectivo implícito en la causa determinante dela expropiación; en tal virtud la ausencia del menciona-do expediente administrativo de expropiación provocala ilegalidad del acto expropiatorio, pues al no demos-trarse la necesidad de disponer precisamente del bienexpropiado, consecuentemente no puede considerarseque dicho acto se encuentre debidamente fundado y mo-tivado como lo exige el artículo 16 constitucional.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrati-va del Primer Circuito. Amparo en revisión 1943/91.Gabriel Aparicio Palomares. 14 de agosto de 1991.Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Gón-gora Pimentel. Secretario: Jesús García Vilchis.”


Esta situación representa una violación abierta a la utilidadsocial por el cual para la que fue cedido el terreno y cons-truido el mercado según lo establecido en decreto presi-dencial y que debe imperar sobre los beneficios particu-lares y empresariales.

En razón de lo anterior, vengo a proponer ante esta Hono-rable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, deurgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de laUnión exhorta respetuosamente al jefe de gobierno de laCiudad de México para que reintegre de manera inme-diata la legal posesión del mercado San Lázaro a los lo-catarios integrantes del Fideicomiso 421-6 San Lázaro-Tapo, repare los daños ocasionados por el desalojoinjustificado que sufrieron el 3 de abril de 2017 y se abs-tenga de realizar cualquier acto que atente contra los fi-nes previstos para para dicha plaza según el decreto pre-sidencial de fecha publicado en el Diario Oficial de laFederación el 25 de noviembre de 1993 por el que “se au-toriza a la Secretaría de Desarrollo Social para que en nom-bre y representación del gobierno federal enajene a títulooneroso y fuera de subasta pública, el Polígono 5 del ex Po-lígono de San Lázaro, ubicado en la delegación VenustianoCarranza, DF, referido en el considerando primero del pre-sente, en favor del Banco Nacional de Comercio Interior,SNC, en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideico-miso número 421-6 San Lázaro-Tapo, con el objeto de quelo utilice en la construcción de un mercado que alojarábajo el régimen jurídico de propiedad en condominio, a co-merciantes que han venido ejerciendo su actividad en la víapública”.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de laUnión exhorta respetuosamente al Sistema de Administra-ción y Enajenación de Bienes (SAE) para que en su carác-ter de Fiduciario sustituto del Fideicomiso del Banco Na-cional de Comercio Interior, SNC, Institución Fiduciaria enel Fideicomiso número 421-6 San Lázaro Tapo 421-6,cumpla con sus responsabilidades legales, derivadas deldecreto presidencial publicado en el Diario Oficial de laFederación el 25 de noviembre de 1993 por el que “se au-toriza a la Secretaría de Desarrollo Social para que en nom-bre y representación del gobierno federal enajene a títulooneroso y fuera de subasta pública, el Polígono 5 del ex-Polígono de San Lázaro, ubicado en la delegación Venus-tiano Carranza, DF, referido en el considerando primero

del presente, en favor del Banco Nacional de Comercio In-terior, SNC, en su carácter de Institución Fiduciaria en elFideicomiso número 421-6 San Lázaro-Tapo, con el obje-to de que lo utilice en la construcción de un mercadoque alojará bajo el régimen jurídico de propiedad en con-dominio, a comerciantes que han venido ejerciendo su ac-tividad en la vía pública” e interponga todos los recursoslegales pertinentes para defender el mencionado inmue-ble ante la pretensión ilegal del gobierno de la Ciudad deMéxico de realizar una expropiación en un inmueble perte-neciente al patrimonio federal.

Notas:

1 Diario Oficial de la Federación 25 de noviembre de 1993.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4805917&fe-cha=25/11/1993

2 Diario Oficial de la Federación 25 de noviembre de 1993.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4805917&fe-cha=25/11/1993

3 Diario Oficial de la Federación 25 de noviembre de 1993. Páginas13y 14. Decreto por el que se autoriza a Sedesol a donar 7 polígonos delinmueble denominado Ex Polígono “San Lázaro”, ubicado en la Dele-gación Venustiano Carranza.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4805917&fe-cha=25/11/1993

4 Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Interior. DOF:30/06/1992

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4674053&fe-cha=30/06/1992

5 Diario Oficial de la Federación 25 de noviembre de 1993. Páginas13y 14. Decreto por el que se autoriza a Sedesol a donar 7 polígonos delinmueble denominado Ex Polígono “San Lázaro”, ubicado en la Dele-gación Venustiano Carranza.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4805917&fe-cha=25/11/1993

6 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dispo-siciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación deBienes del Sector Público. DOF 23-02-2005

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=788547&fe-cha=23/02/2005


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.— DiputadoJuan Romero Tenorio (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ciudad de México, para dic-tamen.

EXHORTO A LA ASF EN RELACIÓN CON LAS OB-SERVACIONES REALIZADAS A LAS AUDITORÍASDE INVERSIONES FÍSICAS AL PROYECTO MINATI-TLÁN PAQUETE 4 PLANTA HIDRODESULFURADO-RA DE GASÓLEOS, PLANTA DE HIDRÓGENO YPLANTA RECUPERADORA DE AZUFRE

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhortaa la ASF a difundir, aclarar y proporcionar la documenta-ción que justifique y compruebe las observaciones formu-ladas sobre las auditorías de inversiones físicas practica-das al proyecto Minatitlán, Paquete 4, PlantaHidrodesulfuradora de Gasóleos, Planta de Hidrógeno yPlanta Recuperadora de Azufre, a cargo de la diputadaNorma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario deMorena

La que suscribe, diputada federal Norma Rocío Nahle Gar-cía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido More-na de esta LXIII Legislatura, con fundamento en el artícu-lo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I, y IIIdel Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a con-sideración de esta asamblea, la presente proposición conpunto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del es-tado de Veracruz asigne recursos para la reparación y man-tenimiento a la carretera no. 185 que une a las ciudades deCoatzacoalcos y Minatitlán, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

A principios de la década pasada, ante el incremento cons-tante de la demanda de gasolinas, Pemex Refinación seplanteó como objetivo modernizar sus refinerías. El Pro-yecto de Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán seoriginó en 2003; entre sus principales objetivos estuvieronla modernización de la refinería Lázaro Cárdenas con laconstrucción de 12 nuevas plantas de proceso, los serviciosauxiliares y las unidades complementarias necesarias paradarle viabilidad en su operación, asegurar el suministro depetrolíferos en condiciones adecuadas de volumen y cali-

dad y contribuir a incrementar los niveles de empleos di-rectos e indirectos en su zona de influencia. Para la reali-zación del proyecto se contrataron seis paquetes, uno parala construcción de caminos de acceso y cinco para la cons-trucción de las plantas bajo la modalidad de Ingeniería,Procura y Construcción (IPC).

El 30 de diciembre de 2003, Pemex Refinación publicó enel Diario Oficial de la Federación la Convocatoria para laLicitación Pública Internacional núm. 18572039-015-03,con objeto de que se realizaran los trabajos consistentes enel “Desarrollo de la Ingeniería. Procura de equipo y mate-riales, construcción, pruebas, capacitación, preparativos dearranque, arranque y pruebas de comportamiento para lasunidades: Planta Hidrodesulfuradora de Gasóleos, Plantade Hidrógeno y Planta Recuperadora de Azufre que Inclu-ye sección Claus y Sección de Tratamiento de Gas de Co-la, en la Refinería “General Lázaro Cárdenas” en Minati-tlán, Veracruz. El 5 de enero de 2005 se dio a conocer elfallo mediante el cual se adjudicó al grupo formado por lasempresas Río San Juan Construcciones, S.A. de C.V., Téc-nicas Reunidas, S.A. y Constructora Norberto Odebrecht,S.A., el contrato de obra pública a precio alzado y tiempodeterminado núm. PR-OP-L-002/05P el 4 de febrero de2005, por un monto de 317.0 milllones de dólares, y un pla-zo de ejecución de 1,064 días naturales, comprendidos del8 de febrero de 2005 al 7 de enero de 2008, equivalente a3 mil 475 millones 512 mil pesos.

El monto total del proyecto final fue por 366 millones 262mil 400 dólares equivalentes a 4 mil 782 millones 911 milpesos; la diferencia entre el proyecto y la obra final es de 1mil 307 millones 399 mil pesos.

La Auditoría Superior de la Federación, en su programaanual de revisión de la Cuenta Pública 2009, incluyó la re-visión del Proyecto Minatitlán Paquete 4: Planta Hidrode-sulfuradora de Gasóleos, Planta de Hidrógeno y Planta Re-cuperadora de Azufre realizando la Auditoría deInversiones Físicas No. 09-1-18T4M-04-0372.

La Auditoría Superior de la Federación consideró que, entérminos generales y respecto de la muestra auditada, Pe-mex-Refinación no cumplió las disposiciones normativasaplicables a la planeación, programación, presupuestación,licitación, contratación, ejecución y pago respecto de lasoperaciones examinadas, como se precisa en los resultadosque se presentan en el apartado correspondiente de este in-forme, donde se destacan los siguientes: incrementos en el


monto y el plazo programados; otorgamiento indebido deanticipos al contrato a precio alzado por el 100% de los tra-bajos pendientes de ejecutar por incapacidad financiera dela contratista; modificaciones al modelo de contrato; con-tratación de un despacho para la solución de controversias;reconocimiento y pago de ajuste de costos y gastos no re-cuperables improcedentes; celebración de contratos ex-traordinarios para el reconocimiento de trabajos considera-dos en el contrato a precio alzado y devolución de penasconvencionales.

En consecuencia, se determinaron recuperaciones proba-bles por 146 millones 146 mil 400 pesos, generando: 3 So-licitudes de Aclaración. Con ello la Auditoría Superiorde la Federación consideró el Dictamen de la Auditoríade Inversiones Físicas No. 09-1-18T4M-04-0372 relativaal Proyecto Minatitlán Paquete 4 Planta Hidrodesulfu-radora de Gasóleos, Planta de Hidrógeno y Planta Re-cuperadora de Azufre: Negativo.

En la revisión de la Cuenta Pública 2010, la Auditoría Su-perior de la Federación integró en el Programa Anual 2010,la Auditoría de Inversiones Físicas: 10-1-18T4M-04-0797referente al Contrato Núm. PR-OP-L-002/05P de la Re-configuración de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, Pa-quete IV, en Minatitlán, Veracruz.

La Auditoría Superior de la Federación consideró en estanueva auditoría que, en términos generales y respecto de lamuestra auditada, Pemex Refinación no cumplió con las dis-posiciones normativas, como se precisa en los resultados quese presentan en el apartado correspondiente de este informe,donde se destacan que el pago de los convenios primero ycuarto parciales conciliatorios del 8 de julio y 30 de no-viembre de 2010 de reconocimiento por mayor permanenciade obra por un total de 420 millones 141 mil 400 pesos noestá debidamente acreditados, ya que el soporte documentalcorrespondiente presenta inconsistencias tanto en los cálcu-los realizados por el tercer experto como en los pagos efec-tuados por la entidad; y 104 mil 600 pesos, por concepto dediferencia en los porcentajes de indirectos, financiamientoutilidad y cargos adicionales que se utilizaron para la inte-gración de los precios unitarios para el pago de los volúme-nes adicionales. Se determinaron recuperaciones probablespor 420 millones 246 mil pesos, generando 2 Recomenda-ciones y 2 Solicitudes de Aclaración. En este caso la Audi-toría Superior de la Federación consideró el Dictamen dela Auditoría de Inversiones Físicas No. 10-1-18T4M-04-0797 relativa al Proyecto Minatitlán Paquete 4 Planta

Hidrodesulfuradora de Gasóleos, Planta de Hidrógeno yPlanta Recuperadora de Azufre: Negativo.

En el Programa Anual de Auditorías para la FiscalizaciónSuperior de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superiorde la Federación consideró realizar una Auditoría de Inver-siones Físicas a la Reconfiguración de la Refinería GeneralLázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz, con el No.11-1-18T4M-04-0219

La Auditoría Superior de la Federación consideró en estecaso que en términos generales y respecto de la muestraauditada, Pemex Refinación no cumplió con las disposi-ciones normativas aplicables, como se precisa en los resul-tados que se presentan en el apartado correspondiente deeste informe, donde destacan: los pagos correspondientes alos convenios parciales conciliatorios para reconocer ma-yor permanencia de la mano de obra en el sitio de los tra-bajos en el ejercicio 2011. Solicitando a Pemex Refinaciónque aclarará y proporcionara la documentación justificati-va y comprobatoria del pago de los convenios parcialesconciliatorios quinto, sexto y séptimo, en lo que corres-ponde al reconocimiento de mayor permanencia de la ma-no de obra, maquinaria y equipo en el sitio de los trabajospor 250 millones 428 mil 200 pesos (17 millones 900 milde dólares), el cual no está debidamente acreditado, ya queel soporte documental correspondiente presenta inconsis-tencias. En este caso la Auditoría Superior de la Federa-ción consideró el Dictamen de la Auditoría de Inversio-nes Físicas No. 11-1-18T4M-04-0219 relativa alProyecto Minatitlán Paquete 4 Planta Hidrodesulfura-dora de Gasóleos, Planta de Hidrógeno y Planta Recu-peradora de Azufre: Negativo.

Paro el ejercicio fiscal 2012, la Auditoría Superior de la Fe-deración en la integración del Programa Anual de Audito-rías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública2012, propuso la Auditoría de Inversiones Físicas: 12-1-18T4M-04-0212, relativa al Proyecto Asociado al CierreAdministrativo de la Reconfiguración de la Refinería deMinatitlán.

En esta auditoría integradora se menciona que, respecto alProyecto Minatitlán Paquete 4 Planta Hidrodesulfuradorade Gasóleos, Planta de Hidrógeno y Planta Recuperadorade Azufre, como resultado de las reclamaciones de la con-tratista (grupo formado por las empresas Río San JuanConstrucciones, S.A. de C.V., Técnicas Reunidas, S.A., yConstructora Norberto Odebrecht, S.A.) hacia Pemex Re-


finación, entre otras; la solicitud de reconocimiento de cos-tos por mayor permanencia en sitio, principalmente de lasreprogramaciones, así como de la solicitud de reconoci-miento al incremento de los precios de la mano de obra de-bido a la modificación a las condiciones establecidas en lasbases de licitación, por lo que ambas partes solicitaron in-tervención de la Secretaría de la Función Pública, y comoseguimiento a la Conciliación núm. 084/2010, se llevarona cabo 19 audiencias en las que se celebró un convenio queoriginó la contratación de un Tercero Experto (T.E.) paraque éste dictaminara la procedencia de pago de los con-ceptos reclamados por la contratista; así, de común acuer-do entre Pemex y la contratista, se celebró el contrato núm.RSOA03510P con la empresa C & C Estudios y Proyectos,S.A. de C.V.

El Tercero Experto desarrolló una metodología para eva-luar las afectaciones por mayor permanencia en sitio delpersonal así como las afectaciones por el incremento en lamano de obra, y emitió el resolutivo del Dictamen Final del31 de mayo de 2012, en el que el Tercero Experto dictami-nó mediante su metodología el pago procedente de 79 mi-llones 533 mil 700 dólares (equivalentes a 1 mil 050 mi-llones 91 mil 600 de pesos con un tipo de cambio de13.2135 pesos/dólar), mediante cuatro exhibiciones de 2millones 500 mil dólares, 19 millones 625 mil 900 dólares,37 millones y 20 millones 407 mil 800 dólares, respectiva-mente, por concepto de la diferencia entre el monto del dic-tamen final y los pagos parciales efectuados en ejerciciosanteriores a 2012, con lo cual se llegó a una completa re-solución de las controversias con carácter de obligatorio,definitivo y vinculante, renunciando las partes a la posibi-lidad de ejercer reclamación alguna por la vía judicial, ex-trajudicial, arbitral, administrativa o de cualquier otra ín-dole por los conceptos determinados por el TerceroExperto.

Adicionalmente, se pagaron 53 millones 624 mil 500 pesospor concepto de órdenes de trabajo formalizadas mediante14 contratos ROPA, con lo cual el monto pagado para elPaquete IV en la Cuenta Pública 2012 ascendió a 1 mil 104millones 542 mil 100 pesos.

El Proyecto Asociado al Cierre Administrativo de la Recon-figuración de la Refinería de Minatitlán, autorizado por la Se-cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en mayo de2012, señaló que el proyecto “Reconfiguración de la Refine-ría Lázaro Cárdenas, en Minatitlán” contaba con un avancepromedio de 98.0% y que se requerían 409 millones 100 mil

dólares (monto equivalente a 5 mil 220 millones 116 mil pe-sos al tipo de cambio de 12.76 pesos por dólar), para la con-clusión administrativa del proyecto de reconfiguración a ejer-cerse de julio a diciembre de 2012. Con esta petición, elAnálisis Costo-Beneficio estimó una Tasa Interna de Retorno(TIR) menor que la tasa social de descuento del 12% y un Va-lor Presente Neto (VPN) negativo, condiciones que impidie-ron que la SHCP actualizara el proyecto.

Para el cierre Administrativo de la Reconfiguración de laRefinería de Minatitlán que incluye los seis paquetes, laAuditoría determinó recuperaciones probables por 20 mi-llones 684 mil 200 pesos, a través de: 3 Recomendaciones,2 Solicitudes de Aclaración y 1 Promoción de Responsabi-lidad Administrativa Sancionatoria. Con ello, la AuditoríaSuperior de la Federación consideró que, en términos ge-nerales y respecto de la muestra auditada, Pemex Refina-ción cumplió con las disposiciones normativas aplicables.Con ello, la Auditoría Superior de la Federación consi-deró el Dictamen de la Auditoría de Inversiones FísicasNo. 12-1-18T4M-04-0212 relativa al Proyecto Asociadoal Cierre Administrativo de la Reconfiguración de laRefinería de Minatitlán que incluye Proyecto Minati-tlán Paquete 4 Planta Hidrodesulfuradora de Gasóleos,Planta de Hidrógeno y Planta Recuperadora de Azufre:Limpio.

Consideraciones

La Auditoría Superior de la Federación es un órgano espe-cializado de la Cámara de diputados que cuenta con auto-nomía técnica para decidir sobre su organización funcio-namiento, resoluciones y manejo de los recursospresupuestales que le son asignados, pero la Cámara deDiputados tiene la facultad constitucional de evaluar el de-sempeño de la Auditoría Superior de la Federación, tal ycomo se expresa en el último párrafo del artículo 74 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,que dice:

“Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara deDiputados:

VI.

(…)

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de laAuditoría Superior de la Federación y al efecto le podrá


requerir que le informe sobre la evolución de sus traba-jos de fiscalización;”

En acatamiento de este precepto constitucional, se estable-ce en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendiciónde Cuentas que la Auditoría Superior debe informar a laCámara de Diputados sobre el estado que guarda la fiscali-zación de las Cuentas Públicas:

“Artículo 38. La Auditoría Superior de la Federacióninformará a la Cámara, por conducto de la Comisión,del estado que guarda la solventación de observacionesa las entidades fiscalizadas, respecto a cada uno de losInformes individuales que se deriven de las funcionesde fiscalización.

Para tal efecto, el reporte a que se refiere este artículoserá semestral y deberá ser presentado a más tardar losdías primero de los meses de mayo y noviembre de ca-da año, con los datos disponibles al cierre del primer ytercer trimestres del año, respectivamente.

El informe semestral se elaborará con base en los for-matos que al efecto establezca la Comisión e incluirá in-variablemente los montos efectivamente resarcidos a laHacienda Pública Federal o al patrimonio de los entespúblicos federales, derivados de la fiscalización de laCuenta Pública y en un apartado especial, la atención alas recomendaciones, así como el estado que guardenlas denuncias penales presentadas y los procedimientosde responsabilidad administrativa promovidos en térmi-nos de la Ley General de Responsabilidades Adminis-trativas y esta Ley. Asimismo deberá publicarse en lapágina de Internet de la Auditoría Superior de la Fede-ración en la misma fecha en que sea presentado en for-mato de datos abiertos conforme a lo establecido en laLey General de Transparencia y Acceso a la Informa-ción Pública y se mantendrá de manera permanente enla página en Internet.

En dicho informe, la Auditoría Superior de la Federa-ción dará a conocer el seguimiento específico de las pro-mociones de los informes de presunta responsabilidadadministrativa, a fin de identificar a la fecha del informelas estadísticas sobre dichas promociones identificandotambién las sanciones que al efecto hayan procedido.

Respecto de los pliegos de observaciones, en dicho in-forme se dará a conocer el número de pliegos emitidos,su estatus procesal y las causas que los motivaron.

En cuanto a las denuncias penales formuladas ante la Fis-calía Especializada o las autoridades competentes, en di-cho informe la Auditoría Superior de la Federación daráa conocer la información actualizada sobre la situaciónque guardan las denuncias penales, el número de denun-cias presentadas, las causas que las motivaron, las razo-nes sobre su procedencia o improcedencia así como, ensu caso, la pena impuesta.”

Asimismo, en la fracción VIII del artículo 6 del Regla-mento Interior de la ASF, se dice:

“Artículo 6. El Auditor Superior de la Federación ten-drá además, las siguientes atribuciones no delegables:

(I…VII)

VIII. Informar semestralmente a la Cámara de Dipu-tados, por conducto de la Comisión de Vigilancia de laAuditoría Superior de la Federación, del estado queguarda la solventación de observaciones, recomenda-ciones y acciones promovidas a las entidades fiscaliza-das, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Públicay publicar dicha información en la página de Internet dela Auditoría Superior de la Federación;

…”

Por las consideraciones antes expuestas, y en cumpli-miento de la fracción I numeral A del artículo 6 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,en mi calidad de diputada federal integrante del GrupoParlamentario del Partido Morena de la LXIII Legislatu-ra de la Cámara de Diputados del H. Congreso de laUnión, someto a la consideración de este pleno la si-guiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congresode la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federa-ción que, de acuerdo con lo establecido en el último pá-rrafo del artículo 74 de la Constitución Política de los Es-tados Unidos Mexicanos, y acatando el artículo 38 de laLey de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Fede-ración, haga del conocimiento público, en donde aclare yproporcione la documentación justificativa y comproba-toria que permitió solventar las observaciones realizadassobre las auditorías de inversiones físicas realizadas alProyecto Minatitlán Paquete 4 Planta Hidrodesulfuradora


de Gasóleos, Planta de Hidrógeno y Planta Recuperadorade Azufre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.— DiputadaNorma Rocío Nahle García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrup-ción, para dictamen.


Documents

Diario de los Debates - cronica.diputados.gob.mxcronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/abr/170404-4.pdf · HIDROCARBUROS EN LAS CHOAP AS, VERACRUZ, EN MARZO DE ESTE AÑO De la diputada