ECONOMIA DE LOS TRASVASES DE AGUA: UNAAPROXIMACION AL CASO ESPAÑOL

Federico Aguilera Klink (*)

INTRODUCCION

La escasez física de agua se ha convertido en los últimos añosen un problema de creciente importancia. Es cierto, al mismo tiem-

po, que hemos padecido una grave sequía, pero también parece que

cada vez existe una mayor presión para usar el agua en los dife-rentes procesos y actividades humanas, todo lo cual está dando lu-

gar a la aparición de conflictos sociales que ponen de manifiesto la

dimensión socioeconómica de las soluciones que se presentan co-mo exclusivamente técnicas. Dicho de otra manera, la escasez de

agua, aceptando que inicialmente tenga un origen físico, puede te-

ner, además, un importante componente social o derivado de uncomportamiento poco eficiente en términos técnicos o muy derro-

chador.

. Los borradores del Plan Hidrológico Nacional (PHN) (MOPT-

MA, 1993 y 1994) reconocen que es posible aumentar la disponi-

bilidad de agua mediante métodos indirectos como el ahorro y la

reutilización de agua, sin embargo estiman poco importante el

aumento conseguido de esta manera. Por eso, señalan que la ma-

yor parte de los recursos hidráulicos adicionales debe obtenerse

mediante trasvases.

(') Departamento de Economía Aplicada, Universidad de la Laguna.

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El objetivo de este trabajo consiste, precisamente, en estudiarlos criterios que se pueden utilizar, desde el punto de vista de laeconomía, para evaluar la deseabilidad de los trasvases entre cuen-cas. Dicho de otra manera, entiendo que la defensa de los trasva-ses de agua como aspecto central de la planificación hidrológica delMOPTMA no está suficientemente fundamentada, por eso inten-to detallar los criterios que puede aportar la economía -de acuer-do con la literatura económica sobre este tema- a la vez queproporcionar alguna evidencia de cómo se plantea el problemade la gestión del agua en otros espacios con problemas parecidos alos de España.

Debo dejar claro, en cualquier caso, que no pretendo llevar acabo un análisis coste-beneficio, ni una contrastación empíricasobre la deseabilidad o no de los trasvases de agua en España, pues-to que ese trabajo excede ampliamente de mis posibilidades. Porel contrario, mi objetivo es, fundamentalmente, de carácter meto-dológico y conceptual, es decir, me interesa más intentar señalarcuáles son las cuestiones o las preguntas previas a la toma de de-cisión sobre la deseabilidad o no de un trasvase. Obviamente, nopretendo decir la última palabra, trato solamente de contribuir aun debate más amplio sobre una cuestión que me parece espe-cialmente importante.

Con el fin de no alargar excesivamente este trabajo, no voy aexplicar el funcionamiento del ciclo hidrológico en nuestro país,me remito a un trabajo reciente de Naredo y Gascó (1994). Pero sídeseo señalar que la opción de los trasvases supone que existencuencas deficitarias y excedentarias y que el agua a trasvasar es debuena calidad. Lamentablemente, no parece que esté tan clara lasituación en nuestro país. Como señala el trabajo citado más arri-ba, con frecuencia se habla de cuencas excedentarias sin tomar enconsideración las demandas de evapotranspiración, que dependende los cultivos y de las políticas de riego y de reforestación. Perotampoco se suele mencionar la calidad del agua, siendo así que lamayoría de los ríos, exceptuando los de las cuencas del Norte y ladel Duero, contienen aguas de pobre calidad, cuyo contenido ensales las sitúa más allá del límite de la no potabilidad. La razón deesta calidad no se encuentra en la contaminación de origen indus-trial y urbano sino en los factores del entorno natural (deforesta-ción), que en parte se ven reforzados por las prácticas agrícolas y

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los usos del territorio (Naredo y Gascó,1994). Sirva esta breve men-ción para recordar simplemente que el conocimiento correcto delciclo del agua en cantidad y calidad es condición necesaria para lacorrecta gestión del agua y para poder optar o descartar a los tras-vases como solución.

No obstante, y con todas las reservas posibles pero también deacuerdo con la información disponible, intento aportar un cuadrofinal en el que se muestran los costes monetarios de algunas delas diferentes alternativas existentes para suministrar agua, exclu-yendo todos aquellos costes de carácter social y ambiental.

1. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA PLANIFICACIONHIDROLOGICA

Un estudio sobre la deseabilidad de los trasvases de agua nopuede plantearse en abstracto, es decir, como el estudio de las con-diciones o criterios que deben satisfacer dichos trasvases para po-der decidir adecuadamente sobre su conveniencia. Considero puesque los trasvases deben estudiarse en un contexto más amplio, esdecir, más complejo, como es el que engloba a la planificación hi-drológica. En otras palabras, la discusión sobre la deseabilidad delos trasvases cobra sentido como una más de las posibilidades queexisten y que se pueden utilizar en la planificación hidrológicapara satisfacer las demandas futuras de agua.

Obviamente, esto exige previamente definir qué es lo que seentiende por planificación hidrológica, cómo entendemos la nociónde demanda, frente a la noción de requerimientos o necesidadesde agua y aclarar, minimamente, cuales son las causas de la esca-sez. Sin embargo, no considero adecuado estudiar, por un lado, unaserie de cuestiones conceptuales o teóricas y, por otro lado, y demanera separada, las cuestiones empíricas con las que están rela-cionadas y que se pretende explicar. Por eso, en las distintas sec-ciones de este trabajo intento compaginar la discusión o aclaraciónconceptual con la exposición de algunos datos que considero de es-pecial relevancia empírica para la misma. Procuro, al mismo tiem-po, no ceñirme exclusivamente al problema del agua en Españasino que, trato de ofrecer referencias sobre el tratamiento que sele da al mismo en países cuyos problemas pueden ser parecidos alos nuestros, y de los que entiendo que podemos aprender bas-

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tante, sobre todo por la reflexión que se lleva a cabo sobre lasposibles soluciones y sobre los distintos marcos institucionalesbajo los que éstas se plantean.

1.1. DEMANDAS, NECESIDADES Y REQUERIMIENTOSDE AGUA

Un primer aspecto que considero importante aclarar es el dela poca precisión con la que se utilizan términos como demanda,consumo, necesidades y requerimientos, lo que, en mi opinión,da lugar a una notable confusión. En efecto, como ya señalóCiriacy-Wantrup hace mucho tiempo "El significado de las ne-cesidades o requerimientos de agua (en las proyecciones esta-dísticas) rara vez coincide con el de la demanda en el lenguajeprofesional del economista" (Ciriacy-Wantrup, 1964, 60). Es más,resulta imprescindible si se pretende llevar a cabo una adecuadagestión del agua distinguir entre el cálculo de las necesidades orequerimientos y el cálculo de la demanda.

Siguiendo a Howe e Easter (1971) se puede aceptar que elenfoque basado en la "demanda económica" se refiere al estu-dio de las cantidades de agua demandadas por los usuarios enfunción de su precio, de los avances tecnológicos, de los cambiosen el nivel de renta y en su distribución y de algunas otras varia-bles relevantes. Por el contrario, el enfoque que más se suele uti-lizar en la planificación hidráulica de una región cualquiera,consiste en extrapolar los consumos actuales después de habercalculado un supuesto ritmo de crecimiento económico para esaregión, lo que nos llevaría a obtener sus necesidades futuras deagua. Las limitaciones fundamentales de este último enfoque sonobvias ya que algunos de los rígidos supuestos en los que se ba-sa son los siguientes "Los suministros de agua continuarán es-tando disponibles a los precios actuales; no se considera laexistencia de cambio técnico; se mantendrán las actuales inefi-ciencias en el uso del agua" (Howe e Easter, 1971, 18), por lo queparece claro que los resultados a los que conducirá serán erró-neos.

Pues bien, en nuestro país, el artículo 38.1 de la Ley de Aguasseñala que "La planificación hidrológica tendrá por objetivos ge-

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nerales conseguir la mejor satisfacción de las demandas de aguay equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial incre-mentando las disponibilidades del recurso, protegiendo su cali-dad, economizando su empleo y racionalizando sus usos enarmonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales".(La negrita es mía). Por otro lado, la Memoria del PHN pone demanifiesto la confusión citada anteriormente al considerar que"Se entiende por demanda el volumen de agua requerido paraun uso determinado, como resultado de aplicar una dotación uni-taria suficiente y unas garantías razonables, con tolerancia de dé-ficit ocasionales cuyos efectos negativos no revisten gravedad.Los datos que figuran a continuación, por referirse a la situaciónactual, no se ajustan a ese criterio técnico, sino que reflejan vo-lúmenes realmente utilizados" (MOPTMA, 1993, 17) (la negritaes mía). Por eso se indica algunas páginas después, sin ningún ti-po de explicación adicional, que "...la demanda actual para usosconsuntivos se ha tomado, por cuanto a las cuencas intercomu-nitarias se refiere, de los Proyectos de Directrices elaborados porlas Confederaciones Hidrográficas y de ocasionales modifica-ciones propuestas por dichos organismos" (MOPTMA, 1993, 55).

Sin embargo, en ningún momento queda claro cómo ha cal-culado el PHN las supuestas demandas futuras para el año 2012.No en vano, tras presentar en 1993 unas cifras sobre las mismasy ante las críticas recibidas preçisamente por no justificar su cál-culo, el nuevo documento del PHN presentado en 1994 mues-tra unas nuevas cifras (Cuadro 1) según las cuales el crecimientode las demandas futuras sería bastanfe menor. Pero en ningunode los dos escenarios se explican con claridad las razones o lossupuestos que llevan a unas u otras estimaciones. En otras pa-labras, aunque en el PHN se utiliza el término demanda, en rea-lidad lo que se hace es extrapolar los consumos actuales hacia elfuturo o, si se prefiere, aplicar el enfoque de las necesidades o delos requerimientos, según la distinción empleada por Howe eEastern y con todas las limitaciones señaladas por ellos, para es-timar las llamadas demandas futuras. Así pues, no sabemos en

qué medida las estimaciones recogen los cambios en los posiblesniveles de ahorro, en las mejoras tecnológicas y en los sistemasde precios o tarifas a aplicar al agua.

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CUADRO 1------------------------------------------------------------

EVOLUCION DE LAS DEMANDASUSOS URBANOS, INDUSTRIALES Y AGRICOLAS

------------------------------------------------------------ACTUALES AÑO 2012 (a) AÑO 2012 (b)

----------------------------------------HM3 ^ HM3 ^ HM3 %

USOS URBANOS 9.305 14,1 6.285 17,3 5.510 16,0

USOS INDUSTRIALES 1.944 6,4 2.429 6,7 2.503 7,2

USOS AGRICOLAS 24.295 79,5 27.631 76,0 26.562 76,8

TOTAL 30.994 100,0 36.351 100,0 34.575 100,0------------------------------------------------------------FUENTE: (a) MOPTMA (1993); (b) MOPTMA (1999)

En suma, aunque la noción de planificación hidráulica que seemplea es clara y amplia, no lo son ni la noción de demanda ni, es-pecialmente, la de demanda futura. Más aun, si descendemos des-de el nivel de los objetivos genéricos a un nivel más concreto, noparece que existan unos objetivos claros ni precisos especificadosen términos cuantitativos ni cualitativos. Esto se explica, posible-mente, porque no existe en nuestro país una base estadística ade-cuada y fiable sobre los usos del agua en los distintos sectores deactividad. El citado estudio de Naredo y Gascó (1994) sobre las"Cuentas del Agua" en cantidad y calidad insiste sobre esta serialimitación, sobre todo si se pretende llevar a cabo la planificaciónhidrológica de manera correcta.

1. 2. ESCASEZ FISICA Y ESCASEZ ECONOMICA

Es cierto que el PHN reconoce que "Los recursos disponiblesactualmente se pueden incrementar por métodos indirectos, contécnicas de ahorro y reutilización de agua, y también directamen-

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te mediante el aumento de la oferta de recursos superficiales re-gulados, la explotación de acuíferos infrautilizados y la desala-ción del agua de mar. Si bien los métodos indirectos suelen ser menosonerosos, por lo que deben acometerse en cualquier caso, su re-percusión porcentual sobre el incremento posible es moderada ydesde luego no son suficientes para satisfacer por sí sólos todaslas necesidades futuras. (L-a negrita es mía). La mayor parte delos recursos hidráulicos adicionales que se necesitan para los ho-rizontes futuros ha de generarse mediante actuaciones que involu-cren la construcción de infraestructuras y el equipamiento delterritorio" (MOPTMA, 1993, 53). (La negrita es del original).

En definitiva, la estrategia general del PHN, por lo que se re-fiere al incremento y redistribución de recursos hidráulicos, se cen-tra en las dos actividades siguientes (MOPTMA;1993, 54) (Negritaen el original) :

a) Aprovechar primero en cada cuenca los recursos propios almáximo, tecnicamente posible, que la racionalidad económica acon-seje.

b) Compensar después los déficits residuales mediante la apor-tación de recursos procedentes de las cuencas excedentarias.

No deja de llamar la atención la poca importancia que se con-cede a las posibilidades de los llamados métodos indirectos, esdecir, al ahorro de agua y a la mejora en la eficiencia de las redesurbanas y agrícolas de distribución, sobre todo en un país, en el que,como luego veremos, ambas pérdidas son muy elevadas, así comoa la excesiva atención que se le concede a la creación de nuevos su-ministros, es decir, a los trasvases. Esto sorprende todavía más sitenemos en cuenta que la racionalidad económica, a la que se alu-de más arriba, aplicada a un contexto en el que la escasez físicade agua constituye una seria preocupación, Ilevó a Howe a desta-car, en el prólogo al trabajo de Hartman y Seastone (1970) a pro-pósito de la situación provocada por la escasez de agua en losEstados áridos de los Estados Unidos "Hay dos hechos claros enrelación con el Oeste: 1) Los suministros adicionales de agua seránmuy costosos y 2) Los suministros actuales se pueden usar de unamanera más eficiente. Esto sugiere que el uso más eficiente de losrecursos disponibles, en el sentido de una aplicación más cuida-dosa en los usos actuales y un cambio hacia los usos más valiosos,

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puede ser al menos un sustituto parcial de los nuevos suministros"(Hartman y Seastone, 1970, v).

En un sentido más directo se expresa Gibbons para quien "...laactual escasez Csica de agua no es la cuestión principal en la ma-yoría de las regiones. Parece, más bien, que prevalecen las condi-

ciones de escasez económica: hay bástante agua para satisfacerlas necesidades de la sociedad, pero hay pocos incentivos para lo-grar un uso sabio y ahorrador de los recursos o para efectuar unaasignación eficiente entre demandas alternativas" (Gibbons,1986,1) (La negrita es mía). Creo que estas referencias sobre el uso yaplicación de la racionalidad económica ilustran de manera clarael hecho de que la escasez, inicialmente de origen físico, puede agra-varse muy seriamente por la existencia de un detenninado com-portamiento económico o social derrochador o simplementedespreocupado que intenta imitar pautas de comportamiento qui-zás viables, siempre que no se generalicen, en un entorno húmedo,pero absolutamente inviables en un entorno menos favorecido porel agua.

De acuerdo con la Documentación básica del Plan HidrológicoNacional, se puede afirmar que la mayoría del territorio españolobserva una escasez socialmente provocada por una población cu-yos hábitos de consumo en relación con este recurso son derro-chadores y por una "administración" o gestión del agua quedificilmente se puede calificar como tal puesto que las pérdidas enlas redes de abastecimiento son sencillamente enormes, todo lo cualagrava la situación de escasez natural existente en la mayor partedel territorio español. Más concretamente, la citada Documentaciónseñala que las pérdidas en las redes urbanas de distribución varíanentre un 25 y un 50 por ciento del agua. Por otro lado y en relacióncon las redes de distribución del agua para uso agrícola, la CO-DA (1993) indica que es habitual un nivel de pérdidas que oscilaentre el 40 y el 50 por ciento del caudal, pérdidas que se elevanen numerosas ocasiones a180 e incluso a190 por ciento. Todo estosin incluir la baja eficiencia global del riego.

Así pues, el territorio español no sólo se caracteriza por su es-casez natural sino que es el propio comportamiento en el uso y ges-tión del agua el que agrava dicha escasez y la convierten en unaescasez económica o socialmente provocada. Sin embargo, lo másllamativo de todo esto consiste en que raramente es puesto en cues-

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tión dicho comportamiento, pareciendo, al contrario, que el mis-mo es inherente a un estilo de sociedad moderna aunque, en tér-minos fisicos, sea incompatible con la dotación natural de agua. Deahí que una politica hidráulica como la que se refleja en el PlanHidrológico Nacional, es decir, que descansa fundamentalmenteen la construcción de nuevos embalŝes y trasvases pueda consi-derarse como bastante limitada desde el momento en el que no pa-rece enfrentarse a las causas principales de esa escasez.

De acuerdo pues con todo lo anterior, se podría afirmar, si-guiendo a Hartman y Seastone (1970) que el ahorro potencial po-dría constituir un sustituto claro de los trasvases o de las nuevasfuentes de suministro, a la vez que dado el bajísimo cánon que sepaga por el uso del agua en nuestro país y del escaso número deusuarios que lo hacen efectivo -según el MOPTMA, lasConfederaciones Hidrográficas facturan al año 25.900 millones depesetas pero sólo ingresan 15.450, siendo la deuda acumulada en-tre 1987 y 1992 de 50.000 millones de pesetas (MOPTMA,1993 a)-podemos convenir con Gibbons (1986) en que uno de los proble-mas más importantes consiste en que no existen incentivos para lo-grar un uso más sabio y ahorrador del agua, suponiendo que unoscánones y tarifas más elevados pueden ayudar a incentivar dichouso.

Entiendo, no obstante, que para poder hablar con propiedadde una gestión eficiente del agua hace falta algo más que mejorarla eficiencia técnica en la distribución y uso de este recurso. Ennuestra opinión haría falta cambiar la idea que se tiene sobre elagua para comprender mejor las cuestiones relacionadas con su ges-tión, y esto podría conseguirse si se empieza a considerar comoun activo social, es decir, como un patrimonio económico, ecológi-co y social en el sentido de que pertenece a la sociedad, facilita unestilo de vida determinado, forma parte de la riqueza de un país,aunque ni siquiera aparece en la Contabilidad Nacional, y propor-ciona un conjunto de funciones ambientales que, en definitiva, per-miten el mantenimiento de la vida (Aguilera, 1994).

Dicho de otra manera, el agua es bastante más que un factorde producción, es sobre todo un factor de cohesión social, econó-mica y ambiental, por lo que el tratarlo exclusivamente como unfactor de producción que se compra y se vende como una mer-cancía más, sin tener en cuenta los demás aspectos o"valores" pue-

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de conducir a situaciones social, económica y ambientalmente con-flictivas. Tal y como ha señalado Utton, "El agua no sólo es esen-cial para la supervivencia biológica, sino que es una condiciónnecesaria del desarrollo y sostenimiento de la economía y de la es-tructura social que hacen posible la sociedad.. El agua no es sólouna mercancía; es un imperativo central de la supervivencia, sos-tenimiento, continuidad y vida de la comunidad..." (Utton, 1985,992).

Pero además, y desde el momento en el que incorporamos lacuestión de las funciones ambientales, resulta claro que debemospensar no sólo en términos de cantidad sino tambien en términosde calidad, ya que si no fuera así, una misma cantidad de agua po-dría no ser capaz de cumplir sus funciones ambientales económi-cas y sociales, es decir, podría dejar de ser un recurso en el sentidode Zimmerman (1967) para quien la palabra recurso se refiere fun- ^damentalmente a una función que una cosa o una sustancia pue-den realizar, tal como satisfacer una necesidad. Esta situación esplanteada por Hueting (1980) como un conflicto entre los diferen-tes usos o funciones ambientales de un recurso, que tiene lugar amedida que avanza el proceso de crecimiento económico y que setraduciría en un nuevo tipo de escasez, la escasez de funciones am-bientales en un sentido amplio. Por eso me parece especialmenteimportante pensar en términós de funciones ambientales y de susposibles conflictos cuando se emplea el argumento de la gestión efi-ciente.

En definitiva, considero necesario incorporar una noción am-plia de gestión del agua que sea consistente con el carácter de ac-tivo social que posee este recurso y que tenga en cuenta las funcionesambientales, que incluyen las funciones económicas y sociales, quedesempeña el mismo. De hecho, la gestión de este recurso debeabarcar su ciclo integral, algo a lo que, aunque de manera muygenérica, parece referirse el artículo 38 de la Ley de Aguas, cita-do más arriba.

2. ECONOMIA DE LOS TRASVASES DE AGUA

La preocupación, por parte de los economistas, por estudiar loscriterios que puedan ser usados para evaluar la deseabilidad de los

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trasvases de agua no es reciente. Sin embargo, en nuestro país,los economistas no le han prestado mucha atención a estas cues-tiones, quizás porque el problema de la escasez de agua -con la ex-cepción de Canarias y el sureste peninsular- no había emergidohasta hace poco como un problema ampliamente generalizado y, ala vez, generador de conflictos sociales. Existe, no obstante, unaamplia literatura económica, centrada fundamentalmente en losproblemas que la escasez de agua plantea en las zonas áridas de losEstados Unidos.

Uno de los primeros trabajos sobre esta cuestión es el deSeastone y Hartman (1963), en el que comparan los distintos tiposde instituciones o sistemas legales que se emplean en Colorado yNuevo México, los procesos judiciales en el primero y los procesosadministrativos en el segundo, para "...especificar y legalizar el cam-bio en el uso del agua, no el trasvase físico del agua" (Seastone yHartman,1963, 31). Es decir, el término trasvase, tal y como estosautores lo entienden, se refiere a las transacciones sobre los dere-chos de agua y al estudio, bajo dos marcos institucionales diferen-tes, de las implicaciones que tienen estas transacciones sobre laeficiencia en la asignación de los recursos y la consideración o node las externalidades o efectos sobre terceros en un sentido amplio.La conclusión más destacada que se obtiene en el trabajo citadoconsiste en que "La comunidad debe decidir si es más adecuadogestionar la demanda de agua mediante intercambios a través deun sistema de mercado o si se emplea un sistema de regulación pú-blica para determinar su asignación" (Seastone y Hartman, 1963,42). Obviamente, esto depende de cuales sean los objetivos de lasociedad o de la comunidad. Por eso aclaran estos autores que "Laevaluación de un sistema institucional requiere que se mida el gra-do en el que los resultados del sistema coinciden con los objetivosde la comunidad" (Hartman y Seastone, 1970, 3). Dicho de otramanera, la noción de eficiencia es funcional a cada sistema y a losobjetivos que se fije.

Así pues, si lo que nos interesa es una noción de eficiencia eco-nómica, entendiendo por tal la capacidad de generar un mayor va-lor monetario con los nuevos usos del agua, mediante su trasvaseentre cuencas, Howe e Easter (1971) proponen que para que di-chos trasvases sean considerados como eficientes deben cumplirdos condiciones:

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"La primera condición exige que los aumentos en la renta ne-ta en la región que importa el agua deben superar a las pérdidas derenta en las regiones que la exportan y en las que se produce undesplazamiento de actividades ocasionado por la expansión delas actividades relacionadas con el agua en la región importadora,más los costes del trasvase físico del agua ( ...) La segunda condi-ción exige que el coste de toda la infraestructura del trasvase (in-cluyendo el coste de oportunidad del agua) debe ser menor queel coste de la mejor alternativa para suministrar la misma cantidadde agua a las regiones que la importan" (Howe e Easter, 1970, 21)

Intentar aplicar la primera condición presenta ya un númeroconsiderable de problemas pues hay que especificar y cuantificarlos beneficios actuales y futuros del agua, los costes de oportuni-dad (beneficios perdidos) en los que se incurre, ya sean directos oindirectos (usuarios de los retornos de los flujos de agua, industriasde transformación agraria, disminución de la base fiscal), ...etc.Es decir, existe un serio problema para evaluar los impactos so-bre terceros que no intervienen directamente en los trasvases deagua pero que se pueden ver, indirectamente, muy afectados porellos. Esto significa que hay que identificar previamente a los im-pactos y sobre quienes recaen, para después evaluar o medir esosimpactos. Por otro lado, la aplicación de la segunda condición exi-ge el conocimiento de los costes de las opciones alternativas, y elde los costes físicos de la infraestructura del trasvase, algo que tam-poco parece fácil aunque sí resulta más asequible. Por esta razón,se avanza más en la aclaración de los aspectos relacionados con lasegunda condición, dado que son más manejables, sobre todo a me-dida que van tomando forma las diferentes alternativas, que en losaspectos que afectan a la primera condición.

2.1. LA COMPARACION ENTRE LOS BENEFICIOS Y LOSCOSTES DEL TRASVASE

La discusión sobre esta segunda condición de los trasvases seha ido centrando en la identificación de los diferentes costes y be-neficios y en tratar de evaluarlos en términos monetarios, siem-pre que esto fuera posible. Young (1986), siguiendo el trabajo deHowe e Easter (1970), propone lo que él denomina un modelo sen-

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cillo que muestra las condiciones de viabilidad de los negociado-res, entendiendo por tales el requisito conocido de que todo ga-nador potencial pueda compensar al vendedor por los beneficiosperdidos, pagar los demás costes y, además, salir ganando. Estascondiciones de viabilidad privada serían las siguientes:

(1 a) BD > BDP + CC + CT

(1 b) BDP+ CC + CT < CSA

Siendo:

BD: beneficio directo (disposición a pagar) del comprador.

BDP: beneficio directo perdido por el vendedor.

CC: costes de transporte y almacenamiento.

CT: costes de transacción (públicos y privados).

CSA: coste del suministro alternativo menos caro.

La expresión (la) indica que la disposición a pagar del com-prador ha de superar a los beneficios totales perdidos en el uso ac-tual del agua más los costes de recogida, transporte yalmacenamiento del agua, más los costes de transacción necesariospara llevar a cabo dicha operación. Por su parte la expresión (lb)exige la ya conocida condición de que el trasvase sea realmente laalternativa menos costosa. Ahora bien, las expresiones anterioressólo tienen en cuenta los costes y beneficios llamados directos oprivados, pero no los indirectos o sociales, es decir, los que recaensobre terceros, por eso Young intenta incorporarlos desarrollandodos nuevas expresiones que muestren la viabilidad social.

(2a):

BD + BIc + BInc + BN > BDP + BIPc + BIPnc + BPN + CT + CC

(2b):

BDP + BIPc + BIPnc + BPN + CT + CC < CSA +(BIc + BInc + BN)

Las notaciones son iguales a las empleadas anteriormente, aña-diendo en este caso los subíndices c(uso consuntivo) y nc (uso noconsuntivo) y las siguientes:

BI: beneficios indirectos obtenidos por el usuario.

BIP: beneficios indirectos perdidos por el usuario, es decir, costesindirectos.

BN: beneficios de un no usuario.

BPN: beneficios perdidos por un no usuario.

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La expresión (2a) amplía la (la), al exigir que los beneficios to-tales (directos, indirectos y de los no usuarios) que se obtienen conla compra de agua, es decir, el trasvase, superen a todos los bene-ficios perdidos por el vendedor más las pérdidas indiréctas (costes)de terceros (si los hay), más los costes de transacción y transpor-te. La expresión (2b), por su parte, muestra que los costes socia-les del trasvase deben ser menores que el coste de la mejoralternativa de suministro de agua, incluyendo los beneficios indi-rectos proporcionados por el trasvase.

Young no aplica cada una de las condiciones citadas de mane-ra empírica sino que lleva a cabo una breve reflexión sobre la di-ferente percepción de los problemas del agua según los valoresculturales que predominen y cómo esto conduce a la existenciade divergencias sobre cuestiones como el valor relativo del aguadetraída de la agricultura, la importancia de los beneficios de losusos no consuntivos, los efectos relativos regionales sobre el em-pleo y la renta, así como la importancia del suministro de aguapara lograr la cohesión de la comunidad. Concluye, finalmente, que"...quizás no siempre se den las condiciones de eficiencia econó-mica de los trasvases y, por otra parte, cada vez se desarrolla unaparato más engorroso para la toma de las decisiones" (Young,1986,) (la negrita es mía). Por esa razón, Young no profundiza enel estudio de las condiciones ni en el detalle de cada uno de los cos-tes y beneficios que intervienen en ellas.

Sí lo van a hacer Nunn (1987) y Nunn e Ingram (1988), entreotros, prestando atención a dos problemas importantes. Primerointentando identificar cuáles son los impactos sobre terceros y,especificamente, los costes y beneficios que recaen sobre los nousuarios y, segundo, estudiando la información que manejan cincoforos o instituciones sobre los trasvases de agua y analizando susresultados. Dicho de otra manera, así como Young habla de la exis-

tencia de un aparato más engorroso, a medida que se van recono-ciendo los impactos sobre terceros, Nunn e Ingram estudian laaplicación de las condiciones señaladas por Young bajo marcos ins-titucionales diferentes mostrando que, con el fin de evitar dicho en-

gorro, algunas instituciones lo que hacen es restringir el derecho

a ser considerados como afectados (terceros), es decir, se restringela posibilidad de tener en cuenta los costes sociales y ambienta-

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les, para facilitar así los trasvases de agua en nombre de la efi-ciencia económica.

Por ejemplo, en Arizona se aplicaba antes de 1977 la Ley deAguas Subterráneas Críticas de 1948, según la cual las aguas sub-terráneas no podían transportarse fuera del terreno del que eranextraídas si al hacerlo se perjudicaba el derecho de otros que tam-bién las extraían. En una zona de aguas subterráneas críticas, loscolindantes no tenían que demostrar que habían sido perjudicadospuesto que se presumía el daño. Sin embargo, tras derogarse lacitada Ley en 1977, se suprimió la indemnización obligatoria a losperjudicados, siendo ahora éstos los que deben probar o demostrarque efectivamente han sido perjudicados, es decir, el peso de laprueba recae sobre los presuntos perjudicados y no sobre los pre-suntos causantes del daño.

Así pues, el resultado va a depender de los valores que reco-ja la Ley de Aguas existente en cada Estado, del foro o marco enel que se dirima el pleito sobre los derechos de agua y del proce-dimiento que haya aprobado cada Estado para resolver estos con-flictos. Por ejemplo, en el amplio estudio realizado por Colby et al.(1989), sobre los trasvases de agua y los costes de transacción enColorado, New Mexico, Utah y Nevada se pone de manifiesto có-mo las Leyes de Agua establecen que el agua es un bien público yespecifican que es el Ingeniero del Estado el que posee la capaci-dad para reconocer los derechos de propiedad sobre el agua su-perficial y subterránea, señalando cada derecho el tipo de uso, ellugar de uso, la cantidad y el sitio exacto en el que tiene lugar laapropiación (superficial) o extracción (subterránea). En Arizona,por el contrario, es la propia Ley de Gestión del Agua Subterráneala que especifica las características que van a tener los derechos depropiedad, características que pueden redefinirse si los objetivosque busca la citada Ley no se alcanzan de acuerdo con los planesprevistos (Arizona Revised Statutes, 1986).

En relación con el problema de la identificación de los impac-tos sobre los no usuarios, que considero de especial interés, el ra-zonamiento de Nunn e Ingram consiste en que laŝ transacciones deagua desde los usos rurales a los urbanos e industriales represen-tan una redistribución de renta, desde las primeras, más pobres,hasta las segundas, a pesar de que en conjunto el efecto total seapositivo, en términos monetarios. Es cierto que lo que se propone

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en nuestro país no son transacciones sino trasvases, pero creo quetras la polémica que existe con las llamadas guerras del agua, tan-to entre algunas Comunidades Autónomas como dentro de ellassubyace, según Ruiz (1993) y López Sanz (1995), un problema pa-recido al planteado por estas autoras, por lo que me parece im-portante mencionar los posibles impactos que , según ellas, seríanlos siguientes:

1) Pérdida importante de la base tributaria de la región expor-tadora, fundamentalmente por la posible reducción del nivel de ac-tividad económica y de su tasa de crecimiento, con la consiguientedisminución de los valores fiscales, de las ventas, de las rentas y, enconsecuencia, de los ingresos tributarios.

2) Pérdida de la infraestructura social, con una repercusión im-portante en la calidad de la vida rural y en la propia cultura. Así,las ventas de agua ponen en cuestión la supervivencia de institu-ciones de gestión del agua como los distritos de riego -que son co-operativas de propietarios de suelo agrícola y de agua que cuentancon su propia capacidad de gestión y de autogobierno.

3) Pérdida ocasionada por la redistribución de la competen-cia política sobre el uso del agua desde la zona de origen a la zonaimportadora, es decir, pérdida de competencia en la gestión delagua, como ocurrió en el conflicto entre la ciudad de El Paso (Texas)y el Estado de New Mexico.

4) Pérdidas ocasionadas por el procedimiento seguido para eva-luar las transacciones de agua. Es decir, se trata de saber si los afec-tados han tenido la oportunidad de ser escuchados, de preguntar aotros afectados, de contar con asesoramiento profesional y técni-co,...etc. Esto es muy importante, sobre todo en pequeñas y me-dianas comunidades, en las que el no cumplimiento de las cuestionesanteriores puede desembocar en graves conflictos sociales.

El problema es que estos efectos no siempre pueden cuantifi-carse en términos monetarios. La pérdida de la confianza en la co-munidad, derivada de la convicción de que se ha incumplido elproceso debido, el debilitamiento de la autoridad política y el de-terioro de la infraestructura social no pueden recuperarse en tér-minos monetarios. Es cierto que los costes y beneficios directos sípueden evaluarse en dinero, pero ambos tipos de costes y benefi-cios deben tenerse en cuenta para una evaluación amplia sobre ladeseabilidad de las transacciones y los trasvases.

444

EI segundo aspecto importante que abordan Nunn e Ingramconsiste en evaluar las transacciones de agua bajo cinco marcos di-ferentes, a saber, el mercado, los tribunales, las cámaras legislati-vas, los distritos especiales y los órganos administrativos,comparando la capacidad de cada una de estas instituciones paragenerar y aplicar información sobre los impactos indirectos y so-bre los no usuarios. Obviamente, los cinco foros estudiados pre-sentan sesgos -aunque de diferente tipo- en cuanto al tipo deinformación utilizada y a los resultados obtenidos. Así, los merca-dos procesan información sobre los costes y beneficios directos, pe-ro pasan por alto los costes que recaen sobre terceros; las cámaraslegislativas se muestran sensibles a la información sobre los im-pactos indirectos y sobre los no usuarios, pero distorsionan la in-formación sobre los costes y beneficios directos; así mismo, esimprobable que el poder judicial tenga en cuenta el impacto eco-nómico y social de los trasvases de agua. Los distritos especialespodrían considerar tanto los valores directos como los indirectos,pero con frecuencia son controlados por una élite que persigue ob-jetivos limitados, con una participación mínima de los interesados.

En definitiva, concluyen Nunn e Ingram "...el foro apropiadopara la toma de decisiones depende de nuestras prioridades en ma-teria de valores y de qué valores están probablemente en juegoen casos particulares (...) No puede hacerse una afirmación gene-ral acerca de los efectos externos de las ventas de agua; su cuantía,su incidencia e incluso su sentido dependen de las circunstanciasparticulares de cada una de ellas. Hemos visto que, además de losefectos físicos, económicos y fiscales, los trasvases de agua puedentener un efecto negativo en cuestiones como la representación po-lítica y el autogobierno de las zonas rurales, el bienestar de la co-munidad, su seguridad y sus oportunidades. Los foros políticosapropiados ofrecen a las comunidades afectadas una oportunidadde participación y de autogobierno; además, la información que seobtiene a través del foro político sirve para evaluar los costes indi-rectos y los de los no usuarios y para identificar las estrategias decoste mínimo" (Nunn e Ingram, 1988, 479).

En realidad, la conclusión a la que llegan Nunn e Ingram trasla comparación efectuada, lo que hace es explicitar que el reco-nocimiento de la definición de los costes a tener en cuenta y de lainformación a utilizar para evaluar dichos costes es, fundamental-

445

mente, un problema de carácter institucional, es decir, lo que es uncoste y lo que debe considerarse como un coste depende del mar-co legal o institucional vigente ,como ya señaló Mishan (1971), asícomo de los objetivos que pretenda conseguir dicho sistema (verSeastone y Hartman, más arriba). Un buen ejemplo de lo ante-rior lo constituye la Ley de Aguas de New Mexico que, a diferen-cia de otros Estados áridos del Suroeste norteamericano, rechazaexpresamente la protección de los usos recreativos y ecológicos delagua por diferentes razones "...entre ellas por la preocupación deque el reconocimiento de este nuevo uso (y de su derecho corres-pondiente) pueda limitar seriamente las posibilidades a favor delos trasvases" (Brown et al. 1992, 1).

Así pues, la explicitación de los valores y el reconocimiento delos sesgos que conlleva cada marco institucional, además de la di-ficultad para evaluar los impactos sobre terceros, va a conducir auna reelaboración -en busca de una posible mayor precisión- de loscriterios para evaluar los trasvases. Al final, se puede decir que en-tre los economistas que han trabajado el tema de los trasvases y/otransacciones de agua, existe un amplio consenso sobre las condi-ciones o criterios que, desde el punto de vista del análisis econó-mico, debe satisfacer un trasvase de agua para que pueda serconsiderado eficiente. Estas condiciones son las siguientes(MacDonnell y Howe, 1986):

1) El trasvase ha de ser la alternativa de menor coste para su-ministrar la misma cantidad de agua a los usuarios.

2) Los beneficios para los usuarios del trasvase han de superar:a) Las pérdidas de la zona de origen (incluídas las cuencas aguasabajo de las que pueda ser tributaria) más b) Los costes de cons-trucción y funcionamiento relacionados con el trasvase.

3) Nadie debe quedar en peor situación despues del trasvase.

La primera condición exige que se estudien y utilicen otras al-ternativas menos costosas que el trasvase, en el caso de que exis-tan. Obviamente, la existencia de esas altemativas depende tambiende la definición institucional de coste, es decir, hay qúe definir pre-viamente qué se va a entender por coste, quién y con qué crite-rios lo va a calcular y por último especificar sobre quien o quiénesvan a recaer y cómo se van a distribuir. Por ejemplo, en EstadosUnidos la Comisión Nacional del Agua propone que "Todas las

446

fuentes alternativas de agua deben evaluarse y compararse. Los

costes de los usos futuros a los que se renuncia en las zonas de

origen y los costes medioambientales deben incluirse en la evalua-

ción. Dos puntos básicos del criterio de `la alternativa del coste mí-

nimo' son: 1) Que el cálculo de costes de las alternativas se haga

sobre una base única uniforme y compatible y 2) Que todos los cos-tes sociales se incluyan en la evaluación" (MacDonnell y Howe,1986,186).

La segunda condición, hace referencia a que los beneficios que

van a obtener los usuarios del trasvase han de ser superiores a laspérdidas causadas en la zona de origen más los costes de construc-

ción y funcionamiento del trasvase, encontrándonos de nuevo con

el problema de la definición adecuada de costes y beneficios, así

como de la posibilidad o no de su estimación monetaria. De nue-

vo MacDonnell y Howe señalan que los beneficios asociados con

los trasvases se dan a menudo por supuestos, siendo aceptada lainiciativa del que realiza el trasvase como una prueba de la nece-

sidad del agua. Sin embargo, en el caso de los trasvases para usosde riego, los beneficios para el posible usuario se exageran ,con fre-

cuencia, a causa de la existencia de subvenciones. Mientras que en

los casos de trasvases para usos urbanos, a veces no hay pruebas deque exista una demanda real de agua. Algo similar a lo que pareceocurrir en España.

La tercera condición, recoge el hecho conocido según el cual

la deseabilidad del trasvase puede, a pesar de todo, perjudicar aterceras personas indirectamente afectadas y que no han podido

participar en las negociaciones habidas, perjuicio que sería desea-

ble evitar de acuerdo con un criterio paretiano.

Lo que me parece especialmente importante es que las tres con-

diciones dependen de lo que MacDonnell y Howe (1986) deno-minan la actitud contable que hay que adoptar para cuantificar los

beneficios y costes, por lo que queda claro "...la necesidad de un

marco institucional dentro del cual se tomen en cuenta todos los

costes y beneficios" (MacDonnell y Howe (1986).

Ahora bien, cuanto más se intenta profundizar en la aplicación

de estas condiciones, lo que se va consiguiendo es, sencillamente:

a) Identificar nuevos impactos sobre terceros.

447

b) Reconocer la importancia de la explicitación de los valoresde los distintos afectados, de acuerdo con los diferentes patronesculturales.

c) Aceptar la controversia sobre la "legitimación" que conce-den los diferentes marcos institucionales o foros en los que se diri-men las cuestiones relativas a los trasvases, a sus costes y a susbeneficios.

Una propuesta complementaria a la anterior, que resume y re-fleja, de alguna manera, los intentos anteriores es la realizada porCox y Shabman (1986) señalando tres condiciones para que tenganlugar las transacciones de agua mutuamente beneficiosas:

1) Existencia de derechos de propiedad bien definidos (non at-tenuated).

2) Que los costes de negociación sean bajos.3) Existencia de información exacta.Estas tres condiciones -que están todas interrelacionadas o que

son interdependientes- son "idealmente" deseables puesto que esindudable que facilitarían las transacciones y los trasvases, por esoes muy importante dar los pasos necesarios para acercarnos a ellas.Sin embargo, yo veo por lo menos dos graves problemas. El pri-mero consiste en el carácter interdependiente de las condiciones,es decir, la interdependencia citada implica que si no se cumple unacondición dificilmente pueden cumplirse las demás mientras que sise cumple una de ellas es bastante probable que se cumplan lasotras. El segundo se refiere a que, por la propia naturaleza del aguay de los efectos derivados de las transacciones y de los trasvases, esel propio proceso el que va generando y demandando información.

Así pues, es muy difícil definir previamente y con claridad losderechos sobre el agua, especialmente los que recaen sobre losno usuarios, por la sencilla razón de que se practican pero no se co-nocen, es decir, sólo cuando se aprueba un tiasvase, y se percibenalgún tiempo después los efectos sobre terceros, es cuando se re-clama el reconocimiento de los derechos previamente existentes.Pero incluso los derechos de los usuarios a veces sólo están clarosdespués de reconocer la existencia de efectos adversos, como ocu-rre con el agua subterránea. Todo esto torna realmente difícil la po-sibilidad de que se cuente con información exacta y de buena calidady, por lo tanto, de que los costes de negociación sean bajos. Deahí la importancia concedida por Nunn e Ingram a las pérdidas oca-

448

sionadas por la posible opacidad y por la desigualdad de oportuni-dades de los procedimientos utilizados para evaluar los trasvases.

No existe, sin embargo, una evidencia clara y decisiva sobrela importancia de los costes de transacción en la decisión de lle-var a cabo el trasvase. Por ejemplo, el estudio llevado a cabo enNew Mexico sobre 730 solicitudes de trasvases de derechos de aguarealizadas entre 1975 y 1987 -de las que se eligieron 303 de mane-ra aleatoria- concluye que "...existe una variación sustancial en loscostes de transacción de una cuenca a otra. Sin embargo, no pare-ce que exista ninguna causa específica que explique estas diferen-cias excepto, quizás, que es menos costoso transferir los derechossobre el agua en cuencas de agua subterránea que en cuencas deagua superficial (Aunque) Parece claro que existen economías deescala por las que el coste por unidad de agua trasvasada dismi-nuye a medida que aumenta el volumen de los derechos solicita-dos" (Brown et al. 1992, 39). Por el contrario, otros trabajosmuestran que "Los criterios de trasvase que son nuevos y están va-gamente definidos generan elevados costes de transacción pues lossolicitantes (de los cambios de derechos) cuestionan los criterios yobligan a las Agencias Estatales a proporcionar una interpretaciónmás clara sobre cómo deben aplicarse los criterios" (Colby et al. ,1989, 42).

No obstante, se puede afirmar que no existen reglas o normashomogéneas sobre los trasvases de derechos de agua ya que, comoseñalé más arriba, son muchos los factores -objetivos y subjeti-vos- que influyen en la determinación de los derechos y de las le-yes de agua. Como señalan Colby et al. "Cada Estado hadesarrollado un proceso para evaluar las solicitudes de cambio enel uso del agua y aplica criterios y procedimientos algo diferentesen la evaluación de estos procesos. Este estudio muestra que loscostes en los que incurre el solicitante del cambio varían enorme-mente entre los Estados, dependiendo de las características del tras-vase solicitado, especialmente del grado de oposición al mismo porparte de otros propietarios de derechos y de los terceros que con-sideren sus derechos afectados" (Colby et al. 1989, 54).

De hecho, un reciente estudio sobre los trasvases de agua en elOeste de los Estados Unidos -que presta una especial atención a lacuestión de la identificación y evaluación de los efectos sobre ter-ceros- señala una larga lista de factores o de posibles impactos, que

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reflejan el reconocimiento de una enorme diversidad de valores atener en cuenta para evaluar los trasvases de agua (Cuadro 2) y re-conoce -después de más de treinta años de estudios y de contro-versia sobre este tema- que "Una valoración detallada de los costesy beneficios de los trasvases de agua es prematura, porque la teo-ría de los trasvases supera a la práctica; por lo tanto, el Comité (so-bre la Gestión del Agua en el Oeste) no puede proporcionar juiciosdefinitivos ni sobre el papel que los trasvases de agua podrían ju-gar en el futuro en la asignación del agua en el oeste, ni sobre có-mo podrían incorporarse los efectos sobre terceros en las decisionespolíticas. Más bien, el Comité reconoce los méritos de los trasva-ses de agua como un mecanismo para satisfacer las nuevas demandasy reconoce también la legitimidad de los intereses de un amplioabanico de terceros potencialmente afectados por los trasvases (...)Las conclusiones básicas del Comité son que los procesos de asig-nación deberían otorgar a loŝ terceros -y a los que carecen de ellos-derechos de agua que reconozcan legalmente sus intereses en lostrasvases y que los Estados deberían desarrollar nuevas formasde tener en cuenta estos intereses" (National Research Council,1992, 4).

^Estamos como al principio? Mi respuesta es que no. Yo diríaque el supuesto engorro al que aludía Young es necesario, inhe-rente e incluso imprescindible para no perder de vista las cuestio-nes que estamos estudiando y que se supone que intentamosentender. Ahora bien, la (errónea) simplificación de los problemasno parece que sea un procedimiento adecuado para su mejor com-prensión y su efectiva resolución. Esto creo que es especialmenteclaró en una cuestión como los trasvases de agua que son por supropia naturaleza multidisciplinares o transdisciplinares, de ahí quelos aspectos económico-monetarios constituyan o nos proporcio-nen sólo una perspectiva parcial, y posiblemente sesgada, del pro-blema. Pero al mismo tiempo, los economistas debemos mostraruna apertura de miras lo suficientemente amplia para poder parti-cipar de manera relevante en la comprensión y resolución de estetipo de problemas. De hecho, lo que están poniendo de manifies-to practicamente todos los trabajos es que, en el contexto delSuroeste norteamericano, los trasvases son deseables pero, al mis-mo tiempo, es necesaria una mayor participación e información pa-ra evaluar adecuadamente los impactos sobre terceros generados

450

por los trasvases. En otras palabras, "El funcionamiento del mer-cado sin restricciones puede imponer costes elevados sobre terce-ros (...) por lo que ningún Estado está dispuesto a dejar los trasvasesde agua a disposición de las fuerzas del mercado. Prohibir por com-pleto los trasvases podría frenar el desarrollo económico y se per-derían importantes beneficios económicos. Las políticas estatalespueden afectar a la distribución de los costes y beneficios. El reto,pues, consiste en aprovechar las oportunidades que ofrece el mer-cado, identificar los impactos inaceptables que provoca, desarro-llar restricciones a los trasvases y aprobar procedimientos quemitiguen esos impactos de la manera menos costosa y más equita-tiva posible" (Colby, 1986, 69).

Obviamente, nuestro país presenta unas condiciones institu-cionales diferentes de cara a la gestión del agua, pero entiendo quelas reflexiones anteriores son muy válidas -en el sentido de pro-porcionar nuevas opciones y perspectivas para dicha gestión- so-bre todo en un momento en el que parece que existe una especiede atasco institucional y político sobre cómo abordar y resolver es-tos problemas. Por esta razón, considero también muy interesantela propuesta realizada por Cox y Shabman (1985) sobre los posi-bles elementos necesarios para llevar a cabo una negociación re-gulada (mediated negotiation), en el sentido de que una víasatisfactoria para la resolución de algunos conflictos relacionadoscon los trasvases puede consistir en los procesos de negociación.Los elementos señalados por estos autores son los siguientes:

1. Estudiar las posibilidades que existen para una negociaciónfructífera, es decir, no todos los trasvases son susceptibles de re-solverse mediante una negociación ya sea porque los diferentes gru-pos de interés no están bien definidos, ya sea porque la distribuciónde poder es tan desigual que algunos grupos con más poder noreconocen la legitimidad de otros grupos para sentarse a negociaro, al revés, alguños grupos reconocen su escaso poder y piensan queno van a obtener nada.

2. Identificar con claridad las partes e intereses afectados y elmarco institucional vigente.

3. Asegurarse de que las partes e intereses estén representadosde manera adecuada en las negociaciones, es decir, contrastar quelos representantes responden realmente a los intereses de los afec-tados y no a los suyos propios.

451

CQADRO 2

FACTORES A CONSIDERAR PARA EVALUAR LOS TRASVASES DE AGUA

Tipo de Trasvase Medio ambienteCaudal principal

Cambio en la propiedad Uso recreativoDesvío del caudal Pesca y vida salvajeCambio en el uso HidroelectricidadCambio en la gestión Calidad del aguaTrasvase fuera de la cuenca Daños a usuarios

Salud humanaDaños a ecosistemas

Motivo principal del trasvase Protección ecosistemasEspecies amenazadas

Voluntario HumedalesInvoluntario Hábitat ribereño

EstuariosIntereses urbanos

Impulso principal del trasvase Restricciones trasvasesintraestatales.

Gobierno Cambíos en status deLocal exenciones fiscales.

Estatal Contribuyentes federalesEjecutivo Interés económico

Legislativo nacional.Judicial Beneficios inesperados

Federal Otros propietarios deEjecutivo derechos.Legislativo Derechos recientesJudicial Derechos antiguos

Pérdida de flexibilidad

Impacto sobre tercerosNaturaleza de los efectos

Comunidades RuralesServicios de apoyo Económica (nación/región)Disminución base impositiva Pérdida de ingresosPérdida de recursos naturales Pérdida oportunidades

Agricultura Nuevos ingresosE1 resto de usuarios AmbientalReasignación de derechos Pesca y vida salvaje

Comunidades étnicas y tribus Actividades recreativasindias. Calidad del aguaComunidades étnicas HumedalesComunidades indias SocialMantenimiento y expansión Comunidades ruralesde la agricultura. MunicipiosOtros Otros

Fuente: National Research Council (1992)

452

4. Sentar las reglas de juego para la negociación. Esto afecta aaspectos tan variados como el tema concreto en discusión; la cali-

dad de la información con la que se va a contar, cómo se va obte-ner, quién la va a legitimar, así como a las reglas aceptadas delposible acuerdo, es decir, consenso, mayorías simple, ...etc.

5. Identificar las cuestiones básicas. Bajo este elemento, Cox y

Shabman se refieren a dos aspectos: los conflictos sobre valores y

relaciones (antagonismos y animosidades de carácter emocional

que se han desarrollado a lo largo del conflicto) y los conflictos cog-

nitivos o sobre intereses técnicós o más identificables de manera

objetiva.

6. Ponerse de acuerdo sobre los límites geográficos y tempo-

rales, es decir, desde cuándo se empieza a considerar que ha exis-

tido realmente un impacto claro ocasionado por los trasvases y

cuáles han sido los límites geográficos de dichos impactos.

7. Generar un amplio abanico de alternativas, en las que no ha-

ya opción para una solución del tipo uno gana uno pierde, sino que

quepan soluciones del tipo todos hemos ganado.

8. Evaluación y ordenación de las soluciones, de acuerdo con

la posibilidad de alcanzar los objetivos inicialmente fijados. Sería

necesario incluir la posibilidad de llevar a cabo compensaciones

justas, entendiendo por tal, aquellas que son aceptables para los

participantes en la negociación.

9. Alcanzar un acuerdo sobre una solución mutuamente acep-

table.

10. Aplicación de la solución.

Cox y Shabman sugieren que el proceso de mediación en la ne-

gociación podría ser institucionalizado en una especie de Organismo

de Compensación de los Trasvases de Agua, el cual dispondría de

una amplia competencia para la resolución de las cuestiones jurí-

dicas, regulatorias y compensatorias relacionadas con los trasvases

de agua. Quizás el Consejo del Agua que desde hace poco tiempo

funciona en nuestro país podría ir desempeñando algunas de las

funciones del Organismo citado.

453

3. EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE LOS TRAS-VASES: UNA APROXIMACION

3.1. LA ALTERNATIVA DE MENOR COSTE

El cuadro 3, muestra una lista de las posibles alternativas de su-ministro cuyas posibilidades deben tenerse en cuenta para optar porla alternativa menos costosa. Dado que no tengo capacidad para es-tudiar cada una de las alternativas incluídas en dicho Cuadro, mevoy a centrar en algunos aspectos relacionados con el potencial deahorro que existe en la mejora de la eficiencia en las redes de dis-tribución urbana, en las redes de distribución para la agricultura, asícomo en la instalación de riego por goteo y en las posibilidades dela desalinización de agua de mar -tanto con energía convencionalcomo eólica- y de la depuración de las aguas residuales para su usoen otras actividades.

CUADRO 3. FUENTES ALTERNATIVAS DE SUMINISTRO DE AGUA

NUEVOS'SUMINISTROS

-TRASVASES-EXTRACCION DE AGUA SUBTERRANEA-REASIGNACION ENTRE USOS-REORDENACION DE CULTIVOS-DEPURACION Y REUTILIZACIONDE AGUAS RESIDUALES

- DESALINIZACION- CON ENERGIA CONVENCIONAL- CON ENERGIA EOLICA

MEJORA EN LA EFICIENCIA TECNICA

- REDES DE ABASTECIMIENTO URBANO- REDES DE ABASTECIMIENTO AGRICOLA- EFICIENCIA EN EL RIEGO

Fuente: Elaboración propia

454

3. 1. 1 POSIBILIDADES DE AHORRO EN EL ABASTECI-MIENTO URBANO

Los aspectos fundamentales de la gestión urbana del agua resi-den en que las ciudades necesitan un caudal de agua de una deter-minada calidad para distribuirlo con el menor volumen posible depérdidas, intentando evitar grandes desigualdades en el consumopor habitante, buscando, en la medida de lo posible y siempre deacuerdo con el marco institucional existente, la autofinanciación delservicio público de gestión del agua y recogiendo las aguas usadaspara depurarlas y permitir un nuevo uso gracias a la restauración desu calidad. Así pues, hay dos líneas claras de trabajo, una corres-ponde a lo que podemos denominar gestión del consumo urbanoindividual, encaminada a conseguir un consumo de agua social-mente aceptable en términos cuantitativos, y otra que correspon-de a lo que podemos denominar la capacitación profesional y técnicade la empresa o servicio municipal de agua cuyo objetivo consisti-ría en mantener la calidad del agua y en conseguir una distribucióneficiente, entendiendo por tal, aquella que se consigue con el me-nor volumen de pérdidas, que se autofinancia y que, en conso-nancia con lo que actualmente se entiende por "Gestión de laDemanda" para el caso de la energía, asume que el coste de obte-ner nuevas fuentes de suministro es mayor que el coste de inver-tir en medidas de ahorro que mejoren la eficiencia en su uso.

Con respecto a la primera línea de trabajo, sabemos también,aunque no hay datos sobre nuestro país, que la elasticidad-preciodel consumo urbano de agua es, por lo general, bastante baja, tal ycomo señalan algunos estudios empíricos sobre esta cuestión (Youngy Gray, 1972), (Gibbons, 1986) y(OCDE, 1987), lo que significaque aunque las tarifas o precios del agua suban mucho, las reduc-ciones que se obtendrán en el consumo serán poco importantes. Esnecesario advertir, no obstante, que los precios utilizados en los es-tudios de demanda y en el cálculo de las elasticidades son datos cu-ya significación es escasa, debido a dos razones fundamentales,según Gibbons (1986). La primera es que la factura de agua de lamayoría de los consumidores representa un porcentaje muy pe-queño de su renta y la segunda es que el abanico observado de pre-cios es muy estrecho. Estas razones son todavía más importantescuando se toman en consideración los precios reales y los incre-

455

mentos en la renta real, ya que la renta per cápita parece ser lavariable estadística más determinante del consumo municipal deagua, explicándose la aparente inelasticidad de dicho consumo co-mo un resultado del bajo precio del agua en relación con la renta.

En un sentido similar se expresa la OCDE (1987, 22), para laque es necesario ponerle precio al agua, pero advierte que exis-ten algunos peligros derivados de esperar demasiado de dichos pre-cios. Algunos de estos peligros que considero oportuno destacarson los siguientes:

El primero es que, en la práctica, las elasticidades de la demandaurbana de agua son tan bajas y los costes en los que se incurre pa-ra poner en funcionamiento y actualizar un sofisticado sistema detarifas son tan elevados que no merece la pena hacerlo.

En segundo lugar, cuanto más sofisticado es el sistema de ta-rifas mayor es el porcentaje de consumidores que es incapaz decomprenderlo y, por lo tanto, de reaccionar de una manera "ra-cional" ante él.

En tercer lugar, los consumidores pueden perfectamente care-cer de la información técnica y financiera con respecto a la tec-nología disponible para economizar el uso de agua o para reducirel volumen de las aguas residuales.

Por último, hay que recordar que la aplicación de precios esuna medida muy poco útil para establecer el adecuado nivel cua-litativo del agua. En otras palabras, mientras la aplicación de unimpuesto sobre los vertidos puede incluir aspectos cualitativos ycuantitativos, incentivando o desanimando de esta manera el pre-tratamiento de los vertidos por parte de las empresas, no parece fá-cil imaginar que la aplicación de los precios ayude o permita alos consumidores a elegir entre diferentes calidades de agua ur-bana.

Tratando de evitar los peligros señalados, así como el rechazosocial y político a su aplicación, un caso claro donde un sistemade precios (o tarifas aplicadas mediante el sistema de bloques o tra-mos crecientes) sí han mostrado su capacidad para disminuŝ el con-sumo de agua ha sido en Tucson (Arizona). Más concretamente, elconsumo medio mensual para una vivienda unifamiliar, pasó de1.739 pies cúbicos (1 pie cúbico equivale aproximadamente a 281i-tros) en el año fiscal 1974/75 a 1.312 pies cúbicos en el año fiscal1978/79. (Martin et al. 1984). Sin embargo, como señalan los au-

456

tores citados "Los incrementos en los precios reales reducen el usoper cápita de agua y los descensos en los precios reales lo aumen-tan. (...) Pero el precio no es la única variable que afecta al com-portamiento de los consumidores. La demanda de agua tiende adisminuir cuando un incremento en los precios va acompañadopor discursos (preachments) y política que refuercen el papel delos precios. Puesto que el clima constituye uña variable que afec-ta de manera tan importante al uso de agua, tanto los cambios enlos precios, como los discursos y la política afectarán a su uso sóloen la medida en la que sean capaces de cambiar las prácticas ha-bituales o cotidianas del agua" (Martin et al. 1984, 67).

En cualquier caso, el abanico de posibilidades tarifarias que sepuede aplicar para intentar reducir el consumo individual o fami-liar de agua en las ciudades es muy amplio, como refleja el infor-me realizado por la OCDE (1987) (Cuadro 4) y la elección delsistema de tarifas depende tanto de los objetivos decididos politi-camente -bien financieros o bien de niveles en el consumo de agua-que se haya trazado la ciudad, el municipio o la empresa distri-buidora como de los propios hábitos de consumo de la población,hábitos que la mayoría de las veces reflejan una serie de estereo-tipos culturales o imágenes (Kelso, 1967) que identifican el bie-nestar con el abundante consumo -más bien derroche- de agua,sobre todo si es barata.

Obviamente, si resultase que la elasticidad citada fuese real-mente baja y, en consecuencia, la aplicación de tarifas elevadasno lograse disminuir un consumo de agua considerado como ele-vado, sería necesario acudir, de manera genérica, a dos posibles op-ciones que pueden ser complementarias: a) Asignar cuotas o límitesmáximos por vivienda, en función del número de personas que ha-bitan en cada una de ellas y b) Hacer obligatoria, inicialmente enlas viviendas de nueva construcción y de manera paulatina en elresto de ellas, la instalación de mecanismos ahorradores de aguatales como las cisternas más pequeñas o la aplicación de difusoresen grifos y duchas, entre otros. Evidentemente, este tipo de solu-ciones pueden ser incentivadas -tal y como sugiere la OCDE- si lassubidas en los precios o tarifas del agua van acompañadas de unamayor información a los usuarios sobre las posibilidades técnicas

de ahorro en el uso de este recurso.

457

Ahora bien, conviene no olvidar que, además de las medidasque van dirigidas a modificar los hábitos de los consumidores , unade las causas que provocan un aumento "engañoso" en el consu-mo urbano de agua reside en el elevado volumen de pérdidas "re-ales" ocasionadas por el generalizado mal estado de las redesurbanas de distribución al que aludíamos anteriormente. Así pues,en este contexto dificilmente pueden tener éxito las campañas que

CUADRO 4 TARIFAS DE SUMINISTRO DE AGUA EN TRES PAISES

CANADAUSA

(Todos lossectores,

BELGICA

(Todos lossectores,

(SectorResidencial,

1982) 1983) 1983)

Pago fijo - 5 62Pago sobre volumenuniforme 2 -Pago fijo

+Pago según volumen 7 19 -Pago mínimo

+

Pago seqún volumen 26 -Pago fijo

+Bloque decreciente 4Pago mínimo

+Bloque decreciente 56 69 39Pago fijo

+Bloque creciente 3Pago mínimo

+Bloque creciente 1 7 9Pago fijo

+Tarifa estacional 1 - ^

100 % 100 % 100 %

Tamaño de la muestra (90) (80) (205)

Fuente: OCDE (1987)

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buscan cambiar los hábitos de los consumidores, sobre todo si unabuena parte de los datos existentes muestran las grandes pérdidasque mantienen las redes de abastecimiento urbano de agua, sin quelas empresas encargadas de su distribución y gestión las elimineno minimicen.

En este sentido, parece interesante recordar que mientras elPHN consideraba que se podía conseguir un ahorro del 5 por cien-to (215 Hm3) mejorando las redes urbanas de distribución, la aso-ciación de empresas del sector, es decir, la Asociación Española deAbastecimientos de Agua y Saneamiento, acepta una cifra mediade pérdidas por este concepto para todas las compañías en tornoa130 por cien (para los municipios con más de 20.000 habitantes)que asciende a134 por ciento si se incluyen los municipios con me-nos habitantes cuyas empresas se supone que son menos eficien-tes. EI problema es que, internacionalmente, una red de distribuciónse considera bien gestionada si las pérdidas oscilan entre el 15 y el20 por ciento, y mal gestionada si las pérdidas superan e120 porciento.

Obviamente, este consenso limita las posibilidades de consi-derar como un recurso potencial el ahorro de agua, en la línea deHartman y Seastone o Gibbons, señalada más arriba. Esto signifi-ca que, si aceptamos como eficiente un volumen de pérdidas del 20por ciento, como el consumo urbano actual según el PHN es de4.305 Hm3 sólo se podría ahorrar, como mucho, un 15 por cientode ese volumen, es decir, unos 600 Hm3 (El triple, en cualquier ca-so, de las estimaciones realizadas por el PHN). Existen ejemplos,no obstante, que muestran que el consenso en torno a120 por cien-to de pérdidas no tiene por qué ser aceptable. Así, según el ArizonaDepartment of Water Resources (ADWR, 1983) en Tucson se hamantenido durante algunos años un nivel de pérdidas que oscilaentre el 5 y el 10,5 por ciento, mientras que en California las pér-didas suelen ser inferiores o iguales al 10 por ciento.

Esto puede indicar que cuanto mayores son los precios del aguamayores son los incentivos para ahorrarla y para evitar las pérdi-das en su distribución. Sin embargo, la evidencia disponible sobreeste problema en Canarias, donde se paga por el agua uno de losprecios más elevados del país, muestra que, a pesar de esos eleva-dos precios, las pérdidas en las redes de distribución son en gene-

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ral muy elevadas. No existiendo, en cualquier caso, una con•elaciónclara entre precios bajos del agua y la existencia de mayores pérdidas.

A pesar de todo, impresiona conocer que en un espacio comoCanarias, donde tanto se insiste sobre la escasez física del agua, laspérdidas en las redes urbanas de distribución sólo en la isla deTenerife superen los 21 Hm3, cifra similar al consumo anual de laciudad de Santa Cruz, que tiene más de 200.000 habitantes. Sin em-bargo, esta ciudad comenzó en 1974 un importante programa demejora en las redes de distribución, demostrando que el potencialdel ahorro de agua como sustituto de los trasvases es mucho másimportante de lo que se considera actualmente en nuestro país, de-mostrando también que además de una buena cantidad de agua sepuede ahorrar una buena cantidad de dinero (Cuadro 5) y, sobretodo, demostrando que la planificación hidráulica basada en la ex-trapolación de los requerimientos o necesidades (columna A delCuadro 5) puede conducir a auténticos disparates. Así, a pesar delcrecimiento urbano, estimado en unos 30.000 habitantes, las pér-didas en Santa Cruz pasan de ser e149,68 por ciento del agua com-prada en 1974 al 15,04 por ciento en 1993, consiguiendo que elvolumen de agua comprada -que era en 1974 de 22,3 millonés dem3- sea en 1993 de 19,9 millones de m3, es decir, todavía inferior,veinte años después, gracias a las mejoras citadas (CUADRO 6).Además, el cambio en el sistema de tarifas que ha aplicado laEmpresa Municipal de aguas de Santa Cruz de Tenerife, EMMA-SA, pasando de uno lineal a uno por escalones en el que se pena-lizan los sucesivos incrementos en los consumos, ha provocado uncambio en el comportamiento de los consumidorés dejando claroque existe un margen de elasticidad en la demanda -de cuantíatodavía desŝonocida, aunque parece que puede ser amplio- que hallevado en sólo dos años y para una población de 200.000 habi-tantes a disminuir el agua facturada en unos 2 millones de m3 (EM-MASA, 1993), es decir, se ha pasado de facturar 18.854.780 m3 en1991 a facturar 16.879.541 m3 en 1993, lo que supone un ahorroaproximado del 10,5 por ciento en sólo dos años.

En definitiva, parece que no es descabellado afirmar que el po-tencial ahorro urbano de agua que se puede obtener mediante lamejora de las redes de distribución y la disminución de los consu-mos a través de una tarificación o de unos incentivos más adecua-dos, es.muy importante y su coste es inferior al de los trasvases o

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nuevos suministros, por lo que constituye, en buena medida, un sus-tituto parcial de esos suministros.

Antes de finalizar este apartado, es imprescindible referirse,aunque sea brevemente, a la contribución que puede prestar la de-puración de aguas residuales como fuente alternativa de suminis-tro. En efecto, ya vimos en el Cuadro 1 que el volumen estimadode agua para el abastecimiento urbano oscilaba entre los 4.000 ylos 5.000 Hm3/año según los distintos borradores del PHN. Por otrolado, la Directiva Comunitaria 91/271 sobre el tratamiento y verti-do de las aguas residuales urbanas, establece unos plazos y unosumbrales de carga contaminante de acuerdo con el tamaño de losnúcleos de población y el lugar en el que se viertan las aguas resi-duales. Esto significa que las aguas depuradas, en un volumen apro-ximado al de su uso urbano, podrían ser reutilizadas en la industriay en la agricultura con un coste por m3 bastante aceptable.Obviamente , dicho coste depende de la capacidad de la planta -esdecir, del tamaño de la población- y del nivel de depuración re-querido, pero se admite que la inversión por m3 depurado ascien-de a unas 100 pesetas para ciudades de más de un millón dehabitantes y entre 100 y 300 pesetas para ciudades con poblacionesmenores, mientras que el coste de la explotación y mantenimientode las plantas depuradoras, proporcionando un agua que puede reu-tilizarse, oscila entre las treinta y las sesenta pesetas por metro cúbico,según Soler (1993), por lo que un coste "medio" de depuración y reuti-lización puede situarse en las 200 pesetas.

Existe, no obstante, un problema previo y consiste en que elPHN considera a los usos urbanos como usos consuntivos, es decir,que el agua no es recuperable. Entiendo, por el contrario, que es-te tipo de usos debe ser considerado como no consuntivo, es de-cir, que es reutilizable. Tal consideración la tiene el agua para estosusos en Arizona e Israel (ver Martin et al. (1989) y Arlosoroff(1984)). Más aun, en Arizona, la Ley de Gestión del AguaSubterránea aprobada en 1980 obliga a depurar el agua residual ur-bana hasta el máximo nivel de calidad previamente establecido (ter-ciario) que permite su reinfiltración en los acuíferos pára recargarlos.Dado que la reinfiltración es lenta y que durante este proceso con-tinúa la depuración, mezclándose finalmente con el agua subte-rránea, el agua para abastecimiento urbano se considera que no esun uso consuntivo (si excluímos las posibles pérdidas). Ahora bien,

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esta opción no es sólo deseable en términos técnicos o económicos

sino que, en mi opinión, lleva implícita una concepción del agua

que está bastante próxima de la que yo califico como activo social,

puesto que presta atención a la continuidad en el desempeño de las

distintas funciones ambientales de este recurso, así como a la ges-

tión integral del ciclo del agua.

3. 1. 2. LA GESTION DEL AGUA EN LA AGRICULTURA

Vimos más arriba que, según el PHN, la agricultura constituyeel gran consumidor de agua puesto que emplea aproximadamen-

te e180 por ciento del agua consumida en el país. Esto hace que los

CUADRO 5

DISMINUCION DE PERDIDAS EN LA RED URBANA DE SANTA CRUZ DE

TENERIFE. AHORRO DE AGUA Y AHORRO DE DINERO (1974-1980)

AÑO AGUACOMPRADA

M3

AGUA QUEDEBERIA

HABERSE

COMPRADO M3

(A)

AHORRO DEAGUACOMPRADA M3

(B)

IMPORTE DELAHORRO DE

AGUA COMPRADA

PTAS. (C)

1974 21.251.345 21.251.345 -- --1975 20.814.161 24.050.147 3.235.986 18.301.9421976 18.136.108 27.176.666 9.040.558 66.030.9211977 15.804.784 30.755.832 19.951.048 133.336.4361978 14.851.132 34.806.375 19.654.243 238.560.9561979 14.847.704 39.390.314 29.542.670 901.971.5741980 14.687.235 44.574.147 29.876.912 606.202.544

TOTAL 101.501.411 1.464.403.379

Fuente: Santos y Solórzano (1982)

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CUADRO 6

EVOLUCION DE LA COMPRA Y FACTURACION DE AGUA EN SANTA CRUZ DETENERIFE. (1974-1993) (m3)

AÑO AGUA COMPRADA AGUA FACTURADA ^ AGUA NO FACTURADA

74 22.366.228 11.255.519 99,6875 21.758.412 11.316.153 41,9976 18.976.973 11.301.311 40,4577 16.644.654 11.786.865 29,1978 15.742.574 12.397.577 21,2579 15.562.680 13.309.521 19,4880 15.302.880 13.093.769 19,4481 15.532.421 12.577.264 19,0382 15.561.560 12.986.919 19,7683 16.019.796 12.873.093 19,6289 16.050.668 13.271.285 17,3285 16.096.224 13.239.083 17,7586 19.636.991 16.031.298 18,3687 20.519.925 16.397.463 20,3388 21.540.393 16.080.531 25,3589 22.183.736 17.000.740 23,3690 22.360.719 17.995.066 19,5291 21.608.389 18.859.780 12,7492 21.163.633 18.109.607 14,4393 19.998.520 16.879.541 15,09

Fuente: EMMASA (1993)

ahorros que puedan conseguirse sean del mayor interés. Ahora

bien, como reconoce el PHN (1993), el paso de los años y la li-

mitación de las inversiones de conservación y reposición han

originado un cierto grado de deterioro en las infraestructuras de

transporte y distribución del agua para riego, por lo que en las

zonas regables se producen consumos inaceptables en la situa-

ción actual de escasez de agua. Además, el agua para riego no

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se cobra de acuerdo con los volúmenes consumidos sino con lasuperficie regada, lo que desincentiva cualquier propósito deahorro de agua e incluso propicia su despilfarro.

Existen, sin embargo, dos aspectos fundamentales que re-sultan problemáticos para evaluar el potencial de ahorro en laagricultura. El primero se refiere a la poca fiabilidad de los da-tos existentes -lo que significa que incluso los datos que yo ma-nejo son poco fiables-; el segundo tiene que ver con la eficienciaen el uso del agua, tanto en las redes de distribución como en laaplicación del agua a los cultivos.

En relación con el primero, no es exagerado afirmar queen la mayoría de las explotaciones agrarias de nuestro país nose mide el agua que se aplica a los cultivos, si exceptuamos aque-llas regiones como Canarias, el Campo de Dalías y algunas zo-nas del Guadalquivir y de Murcia en las que el uso de sistemasde riego tecnificado permite hacerlo. Como han señalado Naredoy López-Gálvez, las distintas versiones de los Planes Hidrológicosatribuyen dotaciones de riego a las superficies de regadío en ca-da cuenca que no se corresponden con mediciones realmenteefectuadas. Así, "...se habla indistintamente de consumos y do-taciones cuando habría que diferenciar entre los caudales a losque, por concesión, tendrían derecho los regantes, de los que ha-brían podido disponer efectivamente en el año de referencia, deaquellos otros que verdaderamente se distribuyeron y aplicarona los cultivos (uso), a la vez que sería correcto denominar con-sumo a la parte del agua utilizada que se evaporó y transpiró(uso consuntivo). La ambigiiedad terminológica indicada en-cubre la inexistencia de mediciones precisas y generalizadas deninguno de los volúmenes de agua que corresponden a cada unode los capítulos mencionados, es decir, los que están legalmen-te concedidos, los que están disponibles, los que son distribuí-dos y aplicados, los que son evaporados y transpirados(consumidos) y los que escapan como retorno final del procesoo durante el mismo (escorrentías, fugas y filtraciones) en los sis-temas de distribución y en el campo. Aparentemente, las dota-ciones (de los Planes Hidrológicos), más que resultado demediciones, parecen ser fruto de un conglomerado de estima-ciones, asignaciones, negociaciones y retoques diversos, con cier-ta tendencia al recorte de las más infladas aunque tampoco de

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modo sistemático. Lo cual, unido al hecho de que en ocasionesdiscrepen de las atribuídas en los propios planes de cuenca, in-dica un manejo poco.cuidadoso de una hipotética informaciónque cabría integrar en el grupo de lo que antes denominamospseudomedidas". (Naredo y López-Gálvez, 1994, 196-197).

En relación con el segundo, la Documentación Básica delPHN recoge que todas las Confederaciones Hidrográficas denuestro país declaran que la eficiencia del riego en España esbastante baja, utilizándose mucha más agua que la estrictamen-te necesaria para el desarrollo de los cultivos. Concretamente ysegún Ruiz (1993), de una investigación realizada por el Centrode Estudios Hidrográficos perteneciente al MOPTMA, sobre 39zonas regables de España, intentando analizar la eficiencia delriego se concluye que: ^

-Existe muy poca información acerca de los volúmenes de-rivados hacia las tierras de labor para regar y apenas se han ins-talado aforos que permitan medir exactamente los volúmenesutilizados.

-Las pérdidas de conducción se pueden estimar en un 10 porciento del agua que una vez desembalsada llega a los canales dedistribución en cada parcela, y son atribuíbles a fugas y malasmaniobras de explotación.

-EI valor medio de la eficiencia global del riego en las zonasestudiadas es de un 64 por ciento, comprobándose que que enun 40 por ciento de laŝ explotaciones se perdía más de la mitaddel agua desembalsada en cabecera.

Por otro lado, y según Cantón y Krinner (1993), a partir devalores de demanda neta obtenidos en base a métodos que es-timan la evapotranspiración y la superficie que ocupa cada cul-tivo, se han calculado valores de la llamada ratio demandaneta/desembalse, cuyo valor medio para zonas de riego por gra-vedad ha resultado del 59 por ciento y para riego a presión del80 por ciento. Para Bengoechea et al. (1991), las pérdidas en lasredes de distribución son comparables al volumen de agua con-sumida por los cultivos, mientras que La CODA, estima tam-bién que "Las pérdidas en la actual red de distribución pararegadíos son, en la mayor parte de los casos, enormes, siendomuy habitual un 40 y un 50 por ciento de pérdidas, que se ele-va en numerosas ocasiones al 80 e incluso al 90 por ciento",

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(CODA, 1993, 113). Esta serie de citas ilustra, de alguna mane-ra, el inadecuado uso que se hace del agua en la agricultura es-pañola. En cualquier caso, pareŝe minimamente evidente que elpotencial de ahorro que existe en la agricultura es muy elevado.

Así, Losada señala que "El volumen de recursos que esca-pan del control de los sistemas de riego, sin llegar a beneficiar alos cultivos, supera los 10.000 hm3/año. Aunque parte retorna alos cursos naturales, acuíferos y ríos, unos 5.000 hm3/año no sonrecuperables, magnitud que es del mismo orden que la de todaslas otras demandas de la población españolá, que no llegan a al-canzar los 6.000 Hm3/año" (Losada, 1994, 132). Esta estimaciónse puede considerar como razonable y no parece que sea dema-siado elevada si se tiene en cuenta -o al menos si aceptamos, contodas las reservas correspondientes- que el consumo de agua porparte de la agricultura es de 24.000 Hm3, según el PHN. Es de-cir, lo que sugiere Losada es aceptar como pérdidas un 40 porciento aproximadamente de dicho consumo y como ahorro po-tencial un 20 por ciento del mismo, porcentajes ambos que sepueden considerar como moderados a tenor de algunas de lasestimaciones señaladas más arriba. En cualquier caso, contras-tan estas cifras con las ofrecidas por el PHN, en el apartadodedicado a la mejora de regadíos, donde se admite que "...las ex-pectativas reales de ahorro efectivo de agua por actuaciones di-rectas ascenderían a 1.200 Hm3/año" (PHN, 1993, 199), lo quesupone un ahorro del 4 por ciento, de acuerdo con un estudiorelativo a 219 zonas regables que abarcan una superficie de1.335.000 Has. y estimándose la inversión media en torno a 180pesetas por cada metro cúbico anual ahorrado.

Para precisar un poco más la importancia de la cifra de pér-didas estimada por Losada, sé puede añadir que el crecimientoen lo que el PHN denomina demandas futuras entre 1.992 y elaño 2.012 es de unos 4.000 Hm3 aproximadamente, de los que3.768 Hm3 se obtiene gracias a los trasvases. Así pues, si se pu-diera ahorrar un porcentaje elevado del agua que se pierde enla agricultura, parece que no serían necesarios los nuevos tras-vases o, cuando menos, que estos serían bastante cuestionados.El ahorro podría conseguirse mediante tres vías. La primera con-sistiría en mejorar las redes de distribución de agua para usoagrícola. La segunda se orientaría a que los agricultores utiliza-

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sen mejor sus técnicas de riego, especialmente el riego a mantaque es la más empleada y, por último, la tercera trataría, en loscasos en los que fuese aconsejable, incentivar la instalación desistemas de riego localizado.

Con respecto a la primera medida -es decir, la construcciónde conducciones principales desde la presa hasta los canales dedistribución, sin incluir las obras a realizar en cada parcela- y taly como ocurre con este tipo de soluciones, hay que señalar quelos costes unitarios (inversión necesaria para conseguir el aho-rro de un metro cúbico cada año) varían mucho de una zona aotra, estimando el PHN (1993) la inversión media en 180 pese-tas/m3, mientras que Ruiz (1993) estima la inversión mediarequerida para la construcción de la infraestructura de regadíonecesaria para una dotación media de 6.000 m3/Ha/año en 95pesetas/m3 . Por el contrario, trabajos como el de Saura (1995)recalcan que el coste en el que se incurre por las actuaciones en-caminadas a la mejora en las redes de distribución asciende a225 pesetas/m3. Sin embargo, este último dato me parece de-masiado elevado y, posiblemente, se trate de un error puesto queno coincide con los cálculos sobre la inversión necesaria y el aguaahorrada que maneja Saura. Lo que parece claro, en cualquiercaso, es que tanto los costes que proporciona el PHN como losque muestra Saura no incorporan ningún tipo de periodificaciónni de amortización, es decir, son costes que se cargan al año enel que se lleva a cabo la inversión y corresponden a la divisiónentre la inversión total y el ahorro previsto en el primer año.

De la.misma forma se calculan los costes por m3 de las in-versiones neŝesarias para regulación (pantanos) y trasvases que,según Ruiz (1993, 50), ascienden a 323 pesetas, cantidad que es-tá compuesta por: a) El coste por m3 de la construcción de unapresa (120 pesetas); b) El coste de la infraestructura necesariapara llevar a cabo el trasvase (95 pesetas); y c) El coste de lasexpropiaciones, los modificados y reformados de la obra más laliquidación y cierre de la obra (108 pesetas). Esto quiere decirque si el trasvase no requiere la construcción de una presa nue-va, el coste medio del m3 de agua trasvasada estaría en torno alas 150 pesetas. Sin embargo y con independencia del métodode cálculo de los costes, creo que es importante dejar claro quesi las pérdidas en las redes de distribución para uso agrario son

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realmente tan elevadas, carece de sentido discutir si es rentableo no eliminarlas puesto que, si no se eliminan, el coste del m3trasvasado aumentaría en la misma proporción que el porcen-taje de pérdidas. En otras palabras, si aceptamos un coste detrasvase de 323 pesetas y resulta que se pierde la mitad del agua,el coste real del trasvase ascendería a 485 pesetas.

Sobre el problema del manejo del riego y de las necesidadesreales de la planta, diversos especialistas en sistemas de riegocomo López Gálvez ,de Almería, y Jesús Rodrigo ,de Tenerife,me han insistido en que -si dejamos de lado el problema ante-rior- la medida más importante consiste en enseñar a los agri-cultores a que rieguen bien, en la cantidad adecuada y en elmomento oportuno, es decir, cuando realmente lo necesitanlas plantas. Esta medida tiene un coste muy bajo y su eficien-cia es muy elevada.

En relación con la tercera medida, se puede decir que lainversión necesaria para la instalación de una Ha. de riego lo-calizado y, concretamente, de riego por goteo, depende de ladensidad del cultivo que, a su vez depende del tipo de cultivo.Obviamente, no tiene la misma densidad una Ha. de plataneraque una Ha. de judías o de tomates. A su vez, el consumo deagua depende de la planta que se cultiva, del tipo de suelo, delas condiciones climáticas, de la época en la que se cultiva, delsistema de cultivo, es decir, invernadero o al aire libre, y de laeficiencia del riego. Por otro lado, el ahorro de agua obtenido,depende de lo anterior y del sistema de riego con el que se com-pare. Todo esto indica que no es fácil hablar en términos gené-ricos del coste del m3 ahorrado gracias a la mejora en la eficienciadel riego en comparación con el coste de una obra convencional

de regulación.De acuerdo con Jesús Rodrigo (1995), la inversión media ne-

cesaria para la instalación (cabezal y goteros) de una Ha. de rie-go por goteo, cuya vida media sería de diez años, puede ser de1.500.000 pesetas, cantidad a la que habría que añadir un 5 porciento anual de gastos de mantenimiento, todo lo cual repre-sentaría un coste de unas 225.000 pesetas año. Si, como ocurrecon la platanera, se pueden ahorrar unos 4.000 m3 cada año,en comparación con el riego a manta, resulta que el coste del m3ahorrado asciende a unas 60 pesetas. No obstante, Saura (1995)

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calcula que con una inversión de 400.000 pesetas por Ha. se po-drían ahorrar 530 m3 por Ha. y año, lo que supondría un costeestimado de 755 ptas/m3.

Pienso, de nuevo, que este último cálculo es erróneo. En pri-mer lugar, el autor citado no distribuye los costes de la inversióna lo largo del período de vida de la misma (diez años), cosa quesi tenemos en cuenta nos daría un coste aproximado de 75 pe-setas por m3, más parecido al sugerido por Rodrigo. En segun-do lugar, el cálculo se realiza con una eficiencia del riego del85 por ciento, cuando en Israel se ha llegado a obtener una efi-ciencia de195 por ciento, y además no se hace ninguna mencióna los demás aspectos relacionados con la introducción del rie-go por goteo. Me refiero, especialmente, al aumento en los ren-dimientos de los cultivos. Así, la aplicación en Canarias del riegopor goteo ha permitido en el caso concreto de la platanera, ade-más de ahorrar un 44 por ciento del agua, doblar los rendimientospor m3 consumido (Sánchez Padrón, 1993), mientras que "Laexperiencia israelí muestra el inmenso potencial de esta tecno-logía para ahorrar agua, mejorar los rendimientos y aumentarla productividad agraria" (Dinar y Zilberman, 1994, 179), siem-pre que este tipo de riego se aplique en los suelos adecuados. Enotras palabras, la evaluación de los costes del m3 ahorrado conesta tecnología debe incluir los aumentos en la productividadagraria. En suma, me parece más razonable y aproximado el cos-te de 60 pesetas por m3 ahorrado gracias al riego por goteo.

Otro aspecto importante, relacionado con la agricultura, con-siste en la creación de los incentivos económicos e instituciona-les que permitan el ahorro de agua. Por incentivos económicosentiendo la aplicación (con criterios políticos, pero de funda-mento económico) de precios lo su6cientemente elevados queconduzcan a los agricultores a la instalación de técnicas de rie-go que ahorren agua. Esto nos remite a una cuestión similar a ladel consumo urbano, es decir, qué sistema tarifario considera-mos más adecuado para tratar de conseguir un comportamien-to ahorrador. Una cuestión diferente pero relacionada, consisteen el tipo de ayudas o subvenciones a conceder para la instala-ción de dichas técnicas de riego, tal y como ocurrió desde el prin-cipio en Canarias, donde el precio del agua ya era elevado. Porincentivos institucionales me refiero, sobre todo, a la asignación

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de unas cuotas o derechos de agua a los agricultores para quesean responsables del agua que usan. Reconozco que no es fácildecidir qué cantidad de agua se otorga a cada agricultor, espe-cialmente en un país en el que no hay estadísticas sobre este ti-po de consumos, como vimos más arriba. En cualquier caso, sepuede emplear tal y como se hace, por ejemplo, en Arizona eIsrael, una serie de indicadores como: tipo de cultivo -especifi-cando si se practica al aire libre o en invernadero- , tipo de sue-lo, condiciones climáticas, necesidades de los cultivos, porcentajede eficiencia exigido y técnica de riego a utilizar. Se puede ir másallá y evaluar la idoneidad de los cultivos de acuerdo con la vo-cación del agroecosistema (Toledo, 1985) en el que se vayan apracticar o incluso se estén ya -practicando, indicando, si es ne-cesario, la imposibilidad de iniciar o continuar con ciertos cul-tivos o prácticas en determinadas zonas.

Para muchos economistas la asignación de cuotas de aguaconstituye, casi por principio, un método "ineficiente" de asig-nación de este recurso. Ya hemos visto, sin embargo, que cadaentramado institucional surge como respuesta ante el plantea-miento de unos objetivos diferentes, por lo que existen tantas"eficiencias" como objetivos y entramados institucionales. Másaún, como resulta que la esencia de cada entramado consiste encrear vías alternativas de acceso a los flujos de renta, no puedeexistir una base científica para comparar dos asignaciones exis-tentes en dos entramados institucionales diferentes que estánpersiguiendo objetivos diferentes. Esto quiere decir que no po-demos Ilegar a unas conclusiones "científicas" para afirmar quela asignación de los recursos establecida bajo el marco institu-cional prevaleciente sea preferible (o al contrario sea conside-rada como menos deseable) a una asignación calificada deeficiente bajo un medio institucional alternativo (Bromley, 1992).

El caso concreto de la asignación de agua mediante cuotasse califica de ineficiente porque se dice que carece de flexibili-dad para que estas cuotas sean movilizadas "libremente" fuerade la agricultura donde, presumiblemente, contribuirían a ob-tener otras producciones que alcanzasen un valor monetario máselevado. Sabemos, no obstante, que la mayor o menor flexibi-lidad o rigidez no la proporciona el mercado sino el marco ins-titucional en el que dicho mercado está inserto. Pero además, el

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planteamiento sobre el que descansa el rechazo al estableci-miento de las cuotas está afirmando ,implicitamente, que en lasociedad en cuestión sólo existe un objetivo a tener en cuenta yes el de conseguir el mayor volumen de producción con el ma-yor valor monetario. Se ignora que otros objetivos igualmentedeseables e importantes pueden consistir en la redistribución dela renta, la reasignación de oportunidades económicas o la re-distribución de las ventajas económicas, objetivos que requie-ren marcos institucionales adecuados y específicos para quetambien sea posible alcanzarlos de manera eficiente. En el casoconcreto de Israel, parece obvio que los objetivos buscados através de las cuotas consisten en facilitar oportunidades eco-nómicas para los agricultores y, al mismo tiempo, reforzar la co-hesión social, tal y como señalan Sadan y Ben-Zvi (1987) y, másrecientemente, Schmidt y Plaut (1995), aunque los primeros ar-gumentan la necesidad de cambiar el marco institucional queprima la cohesión social, por uno que preste más atención al ob-jetivo de la eficiencia económica. Sin embargo, en el caso deArizona, la "condicionalidad" o carácter "no definitivo" de ladotación de agua correspondiente a los derechos de propiedadpara uso agrícola, se convierte en una amenaza que trata de in-centivar, bien el ahorro de agua, siendo obligatoria la intro-ducción de técnicas de riego más eficientes tecnicamente, bienla venta de esos derechos a las ciudades -antes de que disminu-ya la dotación de cada uno de ellos- y lá consiguiente elimina-ción de las explotaciones agrarias, de manera que los resultadosobtenidos converjan hacia el equilibrio entre extracción y re-carga para el año 2025.

Por su parte, la experiencia de los Bancos de agua deCalifornia (Israel y Lund, 1995) muestra que tanto la venta co-mo la compra de aguas estaba restringida. Así, para poder ven-der el agua, cada agricultor debía demostrar: a) que habíacultivado en los años anteriores, lo que verificaba el Servicio deConservación y Estabilización Agraria y b) que la cantidad deagua que solicitaba vender era la que correspondía a la cantidadasignada a cada cultivo por el Departamento de Aguas deCalifornia. Ahora bien, la compra de agua tampoco era libre si-no limitada por una serie de prioridades de acuerdo con las"Necesidades Críticas". Además, el precio de intercambio esta-

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ba fijado previamente y estimado para que el agricultor que ven-diera el agua obtuviera una cantidad algo superior a la de la ren-ta agraria que conseguiría si continuase cultivando.

En realidád, al utilizar la mayoría de los economistas el tér-mino "eficiencia" de un modo tan genérico, es decir aludiendosólo a la eficiencia económica (en un sentido estrictamente mo-netario), incurrimos sistematicamente en un problema de con-ceptos y de lenguaje, es decir, contribuimos a mantener laconfusión sobre los términos que utilizamos y su significado con-ceptual, con el resultado final de perder capacidad explicativa yde "legitimar", practicamente, cualquier decisión. Así pues y situviéramos que elegir entre la asignación de agua mediante cuo-tas y la asignación a través del mercado, sería más correcto ad-mitir que esta última es la politica de asignación de agua quequizás proporcione una producción de mayor valor monetario,pero también la que posiblemente cuestione más seriamente laequidad en la distribución de la renta y el mantenimiento de cier-tos objetivos ecológicos. En consecuencia, deberíamos especifi-car antes qué objetivo es prioritario y adaptar el marcoinstitucional adecuado, por lo que no podemos seguir confun-diendo un aumento de la producción con un aumento en la efi-ciencia (Bromley, 1989). Pero además, los economistas debíamosser los primeros en reconocer que no es posible efectuar nin-guna declaración sobre los cambios en el bienestar monetariocon independencia de cómo se lleve a cabo la distribución de es-

tos cambios.Esto debería estar especialmente claro para la agricultura

española donde se identifica eficiencia con un aumento de laproducción y con la disminución del número de agricultores, sintener en cuenta las condiciones (entramado institucional) bajolas que los agricultores españoles han venido "compitiendo" enlos últimos treinta años con los agricultores de la CEE.Actualmente, agriculturas como las del mediterráneo español yCanarias son calificadas erroneamente como ineficientes pues-to que no son capaces de "competir" -en desigualdad de condi-ciones- bien con los usos urbanos y turísticos, bien con los

agricultores del Norte de Europa o del Norte de Africa siendoasí que ambos "nortes" disponen de entramados institucionales

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que convierten en irrelevantes las comparaciones en términosde eficiencia sin más precisiones.

Por otro lado, la gestión del agua basada en la idea de efi-ciencia económica -es decir, de que el agua sea trasvasada des-de los usos que generan un valor monetario más bajo haciaaquellos que generen uno más elevado- se presenta, inicialmente,como muy atractiva. De hecho, todo el mundo parece estar deacuerdo con esa idea hasta que se explicita con claridad el sig-nificado de la eficiencia económica y los inalcanzables supues-tos de partida sobre los que se asienta dicha noción. En efecto,la noción de eficiencia económica, entendida en el sentido an-terior, debe ser seriamente cuestionada si no se explicitan pre-viamente las condiciones institucionales en las que tienen lugartales trasvases, quiénes han fijado esas condiciones, quiénes sebenefician y se perjudican de ellas y, por supuesto, incorporan-do a la valoración de la deseabilidad o no de los trasvases con-siderados "eficientes" toda la información disponible o creadaexpresamente sobre las variables no monetarizables, como se-ñalaba más arriba el National Research Council (1992).

De hecho, la asignación del agua mediante transacciones re-quiere un marco institucional previo -como es el caso de la Leyde Gestión del Agua Subterránea de Arizona- que especifica losderechos de propiedad sobre el agua (cuotas) que pertenecena cada agricultor, establecidos en este caso concreto de acuerdocon la superficie cultivada y el tipo de cultivo realizado en loscinco años previos a la aprobación de la Ley, las condiciones quedeben satisfacer las transacciones de agua,...etc. En otras pala-bras, la idea de eficiencia económica que en principio parecemuy clara, atractiva y objetiva, comienza a perder dicha clari-dad, atracción y objetividad -o al menos esas características co-mienzan a matizarse- a medida que se va profundizando en susignificado y en su dependencia del marco institucional y delcontexto.

En primer lugar, pierde atracción porque la valoración mo-netaria a través de las transacciones de mercado no sólo tienelugar en un contexto de distribución desigual del poder y de larenta -frente al contexto ideal de "dispersión de poder" (Chan,1989) y de igualdad en la capacidad de poder y de renta de com-pradores y vendedores- sino tambien porque la valoración mo-

473

netaria.de los efectos de los trasvases o de las transacciones deagua es incompleta y sólo recoge una pequeña parte de los as-pectos involucrados en cada transacción. Por eso el propio Coaseseñalaba hace tiempo, en relación con la valoración monetariade los costes sociales, lo siguiente: "En este estudio el análisisse ha limitado a comparaciones del valor de la producción me-dido por el mercado. Pero, naturalmente, resulta deseable quela elección entre diferentes arreglos sociales para la solución delos problemas económicos se lleve a cabo en términos más am-plios que estos y que el efecto total de estos arreglos en todas lasesferas de la vida Ilegue a tenerse en cuenta" (Coase, 1960). (La

negrita es mía).Y en segundo lugar pierde el halo de objetividad desde el mo-

mento en el que vamos viendo que ni los trasvases, ni el resto delas actividades humanas llamadas económicas tienen lugar preci-samente en un vacío normativo sino que, muy al contrario, elconocimiento del entramado institucional en el que se desarro-llan los trasvases es fundamental para evaluar y calificar como efi-cientes o no a los resultados económico-sociales-ambientalesobtenidos gracias a esos trasvases, resultados que dependen delos objetivos perseguidos por la configuración del citado entra-mado institucional. Así pues, la eficiencia no constituye un finen sí misma, es fundamentalmente un medio que depende de losobjetivos que se desee alcanzar, siendo en consecuencia de ca-rácter normativo y no objetivo, por lo que pueden existir tantasnociones de eficiencia como objetivos nos propongamos alcan-zar. Como acertadamente ha señalado Passet (1979), la eficien-cia técnica o el beneficio no son menos normativos que el respetode los ritmos de reconstitución de un recurso renovable.

En suma, el enfoque que descansa sobre la denominada efi-ciencia económica debe ser matizado y aclarado antes de asu-mirlo incondicionalmente. Es posible que pueda proporcionar"producciones" cuyas valoraciones monetarias sean más eleva-das que las obtenidas inicialmente, pero tambien es posible quelas "producciones" indeseables no valoradas monetariamentesean importantes y, dada la dificultad de esta valoración, no esdescartable avanzar que la comparación entre la situación ini-cial y la final carezca de validez. Por otro lado, tampoco es po-sible calificar como eficiente economicamente la obtención de

474

una producción cuyo valor monetario sea más elevado que el deotra, sin tener en cuenta cómo se han distribuido los costes y be-neficios de dicho aumento, distribución que, como ya hemos di-cho, está previamente condicionada por la configuración delentramado institucional que envuelve a la economía.

3. 1. 3 EL COSTE DE LA DESALINIZACION DE AGUADE MAR

El PHN hace alguna referencia a la desalinización de aguade mar, pero no la considera como una fuente de suministro al-ternativa viable fuera de Baleares y Canarias. Esto sorprendepor dos razones. La primera es que una buena parte de la lla-mada España seca, especialmente el Levante y el Sureste, dis-ponen del mar. La segunda es que tanto los costes monetarioscomo energéticos de la desalinización son cada vez más ase-quibles como veremos más abajo. Si añadimos a esto las posibi-lidades de la desalinización con energía eólica, los argumentosa favor de esta opción quedan reforzados.

Los costes de la desalinización de agua de mar con energíaconvencional se muestran en el Cuadro 7, y varían según el tipode técnica elegido -aquí hemos seleccionado la compresión devapor (CV) y la ósmosis inversa (OI), por ser dos de las más uti-lizadas- y la capacidad instalada. Así mismo, el Cuadro 8 pre-senta los costes estimados para desalinizar agua de mar conenergía eólica en las islas de Fuerteventura y Gran Canaria. Esinteresante destacar según Calero (1992) que la energía eléctri-ca de procedencia eólica supone el 140 por ciento de la deman-da eléctrica total del año 2.000 en Fuerteventura (sin tener encuenta la posible disminución de la demanda obtenida median-te inversiones en eficiencia energética), el 430 por ciento de lademanda de energía para desalación en ese mismo año y, en tér-minos de agua producida, supone e1500 por cien de la deman-da total de agua desalada para el año 2.000. Por lo que se refierea Gran Canaria, el agua desalinizada producida a partir del vien-to supone el 189 por ciento del consumo urbano y turístico delaño 1990 y el 152 por ciento del consumo agrícola de ese año,a la vez que permite obtener e1267 por ciento del agua desali-

475

nizada para el año 2.000. Para darse una idea del potencial eó-

lico de esta isla, expresado en términos de agua desalinizada,

baste señalar que es superior a la capacidad de almacenar agua

que poseen los grandes embalses en esta isla (entendiendo por

tales aquellos con una altura en el muro de contención superior

a 15 metros) y que asciende actualmente a 76,8 Hm3, según el

Plan Hidrológico de Gran Canaria (PHGC, 1992).

Se puede decir, finalmente, que el uso de este tipo de ener-

gía, además de permitir un importante ahorro de fuel oil nece-

sario actualmente para generar electricidad, también permite

disminuir en gran medida los residuos generados y la contami-

nación atmosférica, aunque esto no es posible reflejarlo en tér-

minos de la disminución de los costes monetarios expresados en

el Cuadro 9.

El Cuadro 10, resume los costes de algunas alternativas de

suministro de agua indicando si el volumen potencial de ahorro

es elevado o no y si los costes sociales y ambientales van a exis-

tir o no, aunque no señalo su importancia ni en términos mone-

tarios ni en términos físicos. Sí incluyo algunos márgenes

orientativos sobre la fluctuación del coste de extracción del agua

subterránea puesto que el mismo varía con cada área o región

(por ejemplo, 100-200 pesetas m3 en Canarias, frente a las 20-

35 pesetas en Almería) y con el conocimiento que exista sobre

las reservas a explotar. Quiero añadir, no obstante, que frente a

las reticencias del MOPTMA sobre las limitaciones económicas

y ambientales de la extracción de agua subterránea, LLamas

(1994) es el máximó representante de la postura contraria, es

decir, de que existe un importante volumen de agua subterránea

con el que hay que contar y que se puede extraer sin incurrir en

problemas ambientales.

El Cuadro 10 intenta ilustrar, como resumen de las refle-

xiones anteriores pero también siendo consciente de las grandes

limitaciones y precauciones con las que hay que tomar los datos

sobre costes monetarios, las posibilidades que existen de pro-

porcionar alternativas a los trasvases de agua así como los cos-

tes en los que se puede incurrir.

476

C[JADRO 7

COSTES DEL AGUA DESALINIZADA (PTAS/M3) SEGUN EL TIPO DE PROCESOY LA CAPACIDAD DE LA INSTALACION (EN M3/DIA)---------------------------------------------------------------

CAPACIDADINSTALADA

2.000 5.000 10.000 20.000

TIPO DEPROCESO

CV OI CV OI OI OI

COSTES DEEXPLOTACION

195,5 167,1 122,1 123,9 110,1 97,3

COSTES DEAMORTIZACION

105,8 105,6 93,1 70,9 62,6 54,8

COSTE TOTAL 251,2 272,7 215,2 194,3 172,7 152,1

FUENTE: Torres M. y Betancort J. (1991)

CUADRO 8

------------------------------------------------------------COSTES DEL AGUA DESALINIZADA (PTAS/M3) EN PLANTAS DE O.I. CON

ENERGIA EOLICA EN LAS ISLAS DE FUERTEVENTURA Y GRAN CANARIA

------------------------------------------------------------FUERTEVENTURA Y GRAN CANARIA

OBJETIVOS

MAXIMA PRODUCCION 193 190

MAXIMA PRODUCCION CON

MINIMO COSTE 115 115

Fuente: Calero R. (1992)

CUADRO 9

IMPACTO ECONOMICO Y AMBIENTAL (EMISIONES EVITADAS) DE LA ENERGIAEOLICA EN FUERTEVENTURA Y GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA GRAN CANARIA*IMPACTO AMBIENTAL (Tm/año)

PARTICULAS SOLIDAS 13,2 90SOx 990 3.000NOx 912,5 12.500C02 94.050 285.000AHORRO COMBUSTIBLE 48.400 190.000

*IMPACTO ECONOMICO 109 (Ptas/año)COMBUSTIBLE AHORRADO 1.000 2.000

FUENTE: Calero R. (1992)

477

CUADRO 10-------------------------------------------------------------COSTES APROXIMADOS DE ALGUNAS ALTERNATIVAS DE SUMINISTRO DE AGUA-------------------------------------------------------------

Ptas/m3 Costes Sociales Volumen Potencial

y Ambientales Ahorro de Agua------- --------------- -----------------

TRASVASE 323(a) SI NO

150 (* )

EXTRACCIONAGUASUBTERRANEA

DEPURACION

DESALINIZACION

100-200 (b)

20-35 (c)

150 (b)

??

NO

NO

ELEVADO

CONVENCIONAL 150-270 (d) SI NO

EOLICA 115-190 (e) NO NO

MEJORA REDESABASTECIMIENTO ?? NO ELEVADO (f)URBANO

MEJORA REDESINFRAESTRUCTURA 95 (a) NO MUY ELEVADO (q).AGRICOLA 180 (h) 6.000 Hm3

EFICIENCIA ENEL RIEGO 60 (i)-75 (j) NO MUY ELEVADO (k)

Fuente: (a) Ruiz (1993); (b) Soler (1993); (c) Comunidad deRegantes Sol y Arena (Almería); (d) Torres y Betancort; (e) Calero(1992); (f) EMMASA; (g) Losada (1999); (h) PHN (1993); (i) Rodriqo(1995); (j) Elaboración propia con datos de Saura (1995); (k)Sánchez Padrón (1993). (*) Si el trasvase no requiere construiruna presa nueva.

478

A MODO DE CONCLUSION

En mi opinión, la conclusión más importante es que hay otrasmaneras de hacer las cosas, es decir, hay unos criterios que se pue-den aplicar para evaluar la deseabilidad de los trasvases y para com-parar las soluciones alternativas, de manera que no se opte por lasolución más costosa en términos económicos, sociales y ambien-tales. Incluso, reconociendo que dichos criterios ni son definitivosni su aplicación está exenta de dificultades, su toma en considera-ción nos permite plantear de manera más razonable el problemadel agua, en el sentido de que permite discutir y razonar con refe-rencia a dichos criterios o a cuestionarlos si es necesario, pero fijaun marco de referencia.

Ahora bien, una gestión correcta del agua requiere previamenteun cambio en la propia noción de agua que incorpore la idea del ci-clo integral, que es en realidad lo que hay que gestionar. Esto sepuede conseguir aceptando la noción del agua como activo social.Lo anterior lleva directamente a reconocer que, al menos en nues-tro paíŝ, la escasez es fundamentalmente una escasez socialmentegenerada, por lo que hay que tomar medidas destinadas a cambiarlos hábitos de comportamiento tanto de los consumidores (consu-mos urbanos elevados y sistemas de riego poco eficientes tecnica-mente) como de los denominados gestores del agua (pérdidas muyimportantes en las redes de distribución), antes de optar por unapolítica de trasvases.

Dicho de otra manera, parece existir un elevado potencial deahorro de agua, tanto en las redes agrícolas como urbanas, que seconfiguraría como una seria alternativa a la de regular y trasvasarmás agua. Es más, dados los costes que se barajan, el ahorro de aguay las técnicas de depuración y desalación, parecen constituir unaalternativa más barata de suministro de agua que la defendida porlos trasvases (y esto sin incluir los costes sociales y ambientales enlos que incurriría esta última opción).

No se puede ignorar que los criterios económicos a utilizar endicha gestión van a ser basicamente normativos, es decir, van aestar estrechamente relacionados con los objetivos a alcanzar (quese toman de acuerdo con decisiones politicas) y, por lo tanto, conlos diferentes entramados institucionales que se impongan o se pac-ten, debiendo afectar estos entramados a los siguientes aspectos:

479

a) Definiciones sobre la cantidad y la calidad de agua que se va adestinar a los diferentes consumos, precisando qué se considera co-mo consumos medios aceptables por persona, cultivo o actividadindustrial, b) Decisiones sobre los métodos y criterios de evalua-ción de los trasvases de agua, especialmente desde la agriculturaa los usos urbanos, turísticos e industriales y c) Decisiones sobrecómo se van a financiar los distintos criterios de asignación del agua.

La vigente Ley de Aguas plantea con mayor o menor clari-dad algunas de estas cuestiones, especialmente las que hacen refe-rencia al Régimen económico-financiero de la utilización deldominio público hidráulico, y la CODA (1993) ha realizado, en es-ta línea, algunas propuestas interesantes como la de aplicar dife-rentes precios para el agua según cuales sean los usos en los que sevaya a emplear y el volumen y la calidad que se vaya a utilizar.

Es impensable, sin embargo, seguir intentando hablar de ges-tión del agua o de planificación hidrológica sin contar con esta-dísticas fiables sobre el agua. Aun reconociendo la diversidadclimática y de suelos de España, resulta imprescindible crear un sis-tema estadístico que mida el ciclo del agua en cantidad y calidady que proporcione información veraz sobre consumos, pérdidas,dotaciones eficientes,...etc.

En cualquier caso, el "problema" del agua es, a la vez, un pro-blema de tipo técnico y un problema socioeconómicó y de viabi-lidad de un "estilo de vida" en el que se manifiesta un conflictoamplio de intereses. Pero también es un problema cuya dificultadpuede no radicar tanto en el tema en sí como en las trabas queimpone el status quo mental e institucional para abordarlo contodas sus consecuencias, tal y como señala Naredo, o incluso a^queno explicitamos de manera clara los valores (juicios de valor) quesubyacen en nuestros razonamientos. Ahí estriba, desde mi puntode vista, la principal dificultad para comprender y tratar de resol-ver este problema.

Pienso, por lo tanto, que sigue siendo válido el párrafo con elque terminaba un artículo mío (1993) en el que decía: Estoy ab-solutamente convencido de que los economistas tenemos muchoque decir en materia de gestión del agua y en el campo más ampliode la gestión de los recursos naturales. Esto nos plantea, actual-mente, retos conceptuales y metodológicos. A1 mismo tiempo, elagua posee un valor comunitario, simbólico y emocional (Brown e

480

Ingram, 1987) que impregna, inevitablemente, todas las discusio-nes sobre los usos alternativos de este recurso. Creo que el reco-nocimiento de este valor, así como su defensa, no deberíanimpedirnos el ejercicio de unas reflexiones desapasionadas sobrela deseabilidad o no de los trasvases y de los criterios económicos

que podemos utilizar para evaluar la gestión del agua.

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38. La inserción de España en el complejo soja-mundial. Lour-des Viladamiú Canela. 1985.

39. El consumo y la industria alimentaria en España. MaríaLuisa Peinado Gracia. 1985.

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44. Contribución a la historia de la Trashumancia en España.Pedro García Martín y José María Sánchez Benito.1986.

45. Crisis y modernización del olivar. Juan Francisco Zambra-na Pineda. 1987.

46. Pequeña y gran ^iropiedad agraria en la dejrresión del Gua-dalquivir (2 tomos). Rafael Mata Olmo. 1987.

47. Estructuras y regímenes de tenencia de la tierra en España(II Coloquio de Geografía Agraria). 1987.

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51. La ganaderia mesteña en la España borbónica (1700-1836).Pedro García Martín. 1988.

52. Sindicalismo y política agraria en Europa. Las organizacio-nes 1irofesionales agrarias en Francia, Italia y Portugal. E.Moyano Estrada. 1988.

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53. Las políticas agrarias. C. Servolín. 1988.54. La modernización de la agricultura es^iañola (1956-1986).

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56. Cambio rural en Europa. Arkleton Research. 1990.57. La agrociudad mediterránea. Francisco López-Casero

Olmedo ( compilador): 1990.58. El mercado y los precios de la tierra: funcionamienlo y meca-

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59. Análisis institucional de políticas agraréas (recopilación delecturas). José M.a García Alvarez Coque. 1990.

60. Significado espacial y socioeconómico de la concentración.^iarcelaria en Castilla y L eón. Milagros Alario Trigueros.1991.

61. Ualdelaguna y Coate^iec (̂ ermanencia y funcionalidad delrégimen comunal agrario en Es^aña y México). CarlosGiménez Romero. 1991.

62. Del Señorío a la Re^ública de los indios (El caso de loluca:1500-1600). Margarita Menegus Bornemann. 1991.

63. El mercado de productos fitosanitarios. Manuel MA DávilaZurita y José Buendía Moya. 1991.

64. Los campesinos navarros anle la gzeerra naf^oleónica. Jose-ba de la Torre Campo. 1991.

65. Liberalización, Ajuste y Reestructuració^z de la Agrzculturaespañola. Luis V. Barceló. 1991.

66. Del catolicismo agrario al coopr,ralivisnzo em^iresariaG Seten-ta y cinco años de la Federación de Cooperativas nava.rras,1910-1985. Emilio Majuelo Gil y Angel Pascual Bonis.1991.

67. L as políticas limitantes de la oferta leclzera. Im1^licaciones^ara el sector lechero es^añol. Manuela Castillo Quei-o.1992.

68. Hitos históricos de los regadíos espar"zoles. A Gil Olcina yA. Morales Gil (Cóordinadores). 1992.

SERIE CLASICOS- Agricultura General. Gabriel Alonso de Herrera. Edi-

ción crítica de Eloy Terróci. 1981.

488

- Colectivismo agrario en España. Joaquín Costa. Edicióncrítica de Carlos Serrano. 1983.

- Aldeas, aldeanos y labriegos en la Galicia tradicional. A.Vicenti, P. Rovira y N. Tenorio. Edición crítica de JoséAntonio Durán Iglesias. Coedición con la Junta deGalicia. 1984.

- Organización del cultivo y de la sociedad agraria en Galir.iay en la Es^aña atlántica. Valeriano Villanueva. Edició^i,estudios preliminares y notas de José Antonio DuránIglesias. 1985.

- Progreso y miseria. Henry George. Estudio preliminarde Ana María Martín Uriz. 1985.

- I_as comunidades de España y del Perzí. José María Argtze-das. Prólogo de J. V. Murra y J. Contreras. Coedic^óncon el ICI. 198^.

- De los trabajos del campo. L. T. M. Columela. Edición yestudio preliminar de A. Holgado. Coedición conSIGLO XXI. 1988.

- Diccionario de Bibliografía Agronómica. Braulio AntónRamírez. Presentación de A. García Sanz. 1988.

- Correo General de Es^aña. Francisco Mariano Nipho.Estudio introductorio de Fernando Díez R. 1988.

- Libro de Agricultura. Abu Zacaría Iahia. Traducción al cas-tellano de Josef A. Banqueri. Estudio preliminar y notasde J. E. Hernández Bermejo y E. García Sánchez. Coedi-ción con el Ministerio de Asuntos Exteriores. 1988.

- Agricultura e Ilustración: Antologza del Pensamiento A^n^a-rio Ilustrado. Edición de Lluis Argemí. 1988.

- Diccionario Histó^ico de las Arles de Pesca Nac.io^zales. A.Sánez Reguart. Introducción de J. C. Arbex. 1988.

- Campesinos y Pescadores del norte de España. Frédéric LePlay. Edición, introducción y notas de José Sierra.Postfacio de R. Domínguez. 1990.

SERIE RECURSOS NATURAI^S

- Ecología de los hayedos me^idionales ibéricos: el mar.ixo deAyllón. J. E. Hernández Bermejo y M. Sanz Ollero. 2.^edición. 1984.

- F.coingía y cultura en la ganadería de montaña. JtianPedro Ruiz. 1989.

489

SERIE TECNICA

- La técnica y tecnología del riego por aspersión. PedroGómez Pompa.

- La energía solar, el hombre y la agricultura. José J. GarcíaBadell. 1982.

- Fruticultura. Fisiología, ecología del árbol frutal y tecnologíaa^ilicada. Jesús Vozmediano. 1982.

- Bases técnicas y aplicativas de la mejora genética del ganadovacuno lechero. V. Calcedo Ordóñez. 1983.

- Manual para la inter^»-etación y aplicación de tarifas eléctri-cas en el sector agrario. Rafael Calvo Báguena y PedroMolezún Rebellón. 1985.

- Patología e higiene animal. Manuel Rodríguez Rebollo.1985.

- Animales y contaminación biótica ambiental. LaureanoSaiz Moreno y Carlos Compaire Fernández. 1985.

- La agricultura y el ahorro energético. José Javier GarcíaBadell. 19`85.

- El es^iacio rural en la ordenación del territorio. DomingoGómez Orea. 1985.

- La informática, una herramienta al servicio del agricultor.Primitivo Gómez Torán. 1985.

- La ecología del árbol frutal. Fernando Gil-Albert Velarde.1986.

- El chopo y su cultivo. J. Oresanz. 1987.- Bioclimatología animal. J. Fernández Carmona. 1987.- Técnica y aplicaciones agrícolas de .la Biometanización.

Muñoz Valero, Ortiz Cañavate y Vázquez Minguela.1987.

SERIE LECTURAS

- La agricultura española ante la CEE. Varios autores(Seminario Universidad Internacional MenéndezPelayo) . 1985.

- Fiscalidad agraria. Varios autores (Seminario Universi-dad Internacional Menéndez Pelayo). 1985.

- El sistema agroalimentario español. Varios autores (Semina-rio Universidad Internacional Menéndez Pelayo). 1985.

490

- Primer curso teórico^iráctico sobre acuicultura (2 tomos).Varios autores (Facultad de Ciencias Biológicas de laUniversidad Complutense de Madrid - FundaciónUniversidad Empresa). 1985.

SERIE TESIS DOCTORALES

- Análisis y valoración en términos de bienestar de la políticade precios agrarios en España, en el período 1963-1982.José María García Alvarez-Coque. 1986.

- Asignación de recursos y orientaciones ^rroductivas en el sec-tor de cultivos herbáceos anuales: un enfoque econométrico.Isabel Bardaji Azcárate. 1987.

- Evolución de las relaciones entre la ^rroductividad del trabajoen la agricultura, las relaciones agrarias y el desarrollo eco-nómico en España (1960-1979). Carlos Pérez Hugalde.

- Incidencia económica de la sanidad animal. Alberto M.Berga. Monge.

SERIE LEGISLATIVA

- Ley de Seguros Agrarios Combinados. MAPA 1981.- Reglamento de Pesca y Navegación, 27 de agosto de 1763.

MAPA. 1982.- Ley de Cultivos Marinos. MAPA. 1984.- Ley por la que se regula la producción y el comercio del trigo

y sus derivados. MAPA. 1984.- I_eyes agrarias. MAPA. 1984.- Ley de Agrzcultura de Montaña. MAPA. 1985.- Ley de contratación de ^»-oductos agrarios. MAPA. 1985- Política de Ordenación Pesquera. MAPA. 1985.- furisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de

agricultura, pesca y alimentación.- Legislación Pesquera. MAPA. 1990.

SERIE RECOPILACIONES LEGISLATIUAS

- Legislación básica sobre mercados en origen de productosagrarios. MAPA. 1974.

491

- Recopilación de normas. Núm. 1. Ganadería. MAPA. 1978.- Recopilación de normas. Pesca marítima. MAPA. 1981.- Recopilación Legislativa Alimentaria. 26 tomos que com-

pendian 37 capítulos y 2 volúmenes más de actualiza-ción. MAPA. 1983.

SERIE CEE

- Principales disposiciones de la CEE:• Política deestructuras (2.^ Edición).• Sector agromonetario.• Sectoralgodón (2.a Edición).• Sectorarroz (2.^ Edición).• Sectorazúcar (2.^ Edición).• Sector carne porcino (2.a Edición).• Sector carne vacuno (2.^ Edición) .• Sector cereales (2.a Edición).• Sector forrajes (2.^ Edición).• Sector frutas y hortalizas frescas (2.a Edición).• Sector frutas y hortalizas transformadas (2.a Edición).• Sectorguisantes, habas y haboncillos (2.a Edición).• Sector leche y productos lácteos (2.a Edición).• Sectorlegislación veterinaria (2.^ Edición).• Sector lino y cáñamo (2.a Edición).• Sector lúpulo (2.^ Edición) .• Sector materias grasas (2.^ Edición).• Sectorplantas vivas (2.^ Edición).• Sector productos agrarios transformados.• Sectortabaco (2.a Edición).• Sector vino (2.^ Edición) .

- Organización y control de calidad de los productos agroali-mentarios en la Comunidad Económica Europea y sus paísesmiembros. Carlos Pons. 1983.

- Organización del mercado de carnes en la Comunidad Eco-nómica Europea. C. Sánchez Vellisco e I. Encinas Gon-zález. 1984.

- El sector de la carne porcina en España y la CEE. MAPA.1985.

- Adhesión de España a la CEE-Agricultura. MAPA. 1986.

492

- El Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola(FEOGA). Estructura y funcionamiento. J. L. Sáenz GarcíaBaquero. 1986.

- Política vitivinícola en España y en la Comunidad Econó-mica Europea. L. M. Albisu y P. Arbona. 1986.

- El sector lácteo en España y en la CEE. MAPA. 1986.- Tratado de adhesión España-CEE. Pesca. MAPA. 1986.- Ayudas de la CEE al sector agrario. MAPA. 1986.- Política socioestructural en zonas de agricultura de montaña

en España y en la CEE. C. Gómez Benito y otros. 1987.- El sector del tomate para conserva en España y en la CEE.

MAPA. 1987.- EZ sector de la carne de vacuno en España y en la CEE.

MAPA. 1987.- Las organizaciones y agrupaciones de productores agrarios

en España y la CEE. Juan Francisco Juliá y Ricardo J.Server. MAPA. 1989.

- El futuro del mundo rural. MAPA. 1989.- Política agraria común y conservación de la cubierta vegetal.

SGT, MAPA. 1989.- El sector forestal y la CEE. Edición preparada por A.

Novas García. Edita ICONA 1989.- Plan de desarrollo en zonas rurales de España (1989-1993).

MAPA. 1990.- Aplicación de la P.A. C. en España (campaña 89-90).

MAPA. 1990.

COLOQUIOS HISPANO FRANCF_SES

- Supervivencia de la montaña (Madrid, 1980). Casa de.Velázquez. MAPA. 1981.

- Espacios litorales (Madrid, noviembre 1981). Casa deVelázquez. MAPA. 1982.

- Espacios rurales (Madrid, abril 1983) (2 tomos). Casa deVelázquez. MAPA. 1984.

- Agricultura periurbana (Madrid, septiembre 1988). Casade Velázquez. MA.PA. 1988.

- Supervivencia de los espacios naturales (Madrid, febrero1988). Casa de Velázquez. MAPA. 1989.

493

OTROS TITULOS

- Glosario de términos agrarios comunitarios (2 tomos). I.Encinas González y otros.

- Madrid verde. J. Izco. MAPA. 1984.- La problemática de la pesca en el nueuo derecho del mar. J.

R. Cervera Pery. 1984.- Agricultura, pesca y alimentación. Constitución, Estatutos,

Traspasos, Jurisprudencia Constitucional, legislación de lasComunidades Autónomas. MAPA. 1985.

- Sociedad rural y juventud campesina. J. J. González yotros. MAPA. 1985.

- Historia del Merino. Eduardo Laguna. MAPA. 1986.- La Europa azul. J. I. Cabrera y J. Macau. MAPA. 1986.- Desamortización y Hacienda Pública (Jornadas Universi-

dad Internacional Menéndez Pelayo). MAPA. 1986.- Pesqueros españoles. J. C. ^Arbex. MAPA. 1987.- Supervivencia en la Sierra Norte de Sevilla. Equipo pluridis-

ciplinar franco-español. MAPA. 1987.- Conservación y desarrollo de las dehesas portuguesa y espa-

ñola. P. Campos Palacín y M. Martín Bellido. MAPA.1987.

- Catálogo denominación especies acuícolas españolas(2 tomos). 1985.

- Catálogo denominación especies acuícolas foráneas(1 tomo) . 1987.

- La sardina, un tesoro de nuestros mares. MAPA. 1985.- Los pescados azules de nuestras costas. MAPA. 1985.- Las raíces del aceite de oliva. MAPA. 1983.- Una imagen de calidad, los productos del Cerdo Ibérico.

MAPA. 1984.- Una fuente de proteínas, alubias, garbanzos y lentejas.

MAPA. 1984.- Atlas de las frutas y hortalizas. J. Díaz Robledo. 1981.- Historia y Evolución de la Colonización Agraria en España.

Políticas y Técnicas en la Ordenación del Espacio Rural.Volumen I. MAPA. MOPU. MAP. 1987.

- Extensión de cultivos en España en el siglo avlll. FelipaSánchez Salazar. MAPA. SIGLO XXI. 1988.

- El Palacio de Fomento. J. C. Arbex. MAPA. 1988.

494

- Acuicultura y Economía. Coordinadores: G. Ruiz, R.Esteve y A. Ruiz. 1988. MAPA. Universidad de Málaga.

- Economía y sociología de las comunidades pesqueras. Variosautores. MAPA. Universidad de Santiago. 1989.

- Estructuras Agrarias y Reformismo Ilustrado en la Españadel siglo XvIII. Varios autores. MAPA. 1989.

- Los Pastores de Cameros. L. V. Elías y C. Muntión.Gobierno de La Rioja. MAPA. 1989.

- Técnicas de análisis de datos multidimensionales. LucinioJúdez Asensio. MAPA. 1989.

- Specilegia 7^oológica. P. S. Pallás. Estudio Preliminar deR. Alvarado. MAPA. 1988.

- Agricultores, botánicos y manufactureros en el siglo Xvlll.Los sueños de la Ilustración española. J. López Linaje y J.C. Arbex. BCA. MAPA. 1989.

- Estructura de las Explotaciones Agrarias en España 1982.Trabajo dirigido por Luis Ruiz Maya (tomos 1 y 2).MAPA. 1989.

- Una historia del tabaco en F_spaña. Javier L.ópez Linaje yJuan Hernández Andreu. Agencia Naciotial del Taba-co. CETARSA - MAPA. 1990.

- I_a Agrirultura viajera. Cultivos y manufacturas de planl.asinduslriales y alimentarias en Esparca y en la AméricaVirreinal. Edición a cargo de Joaquín Fernández Péreze Ignacio González Tascón. CSIC, MAPA, CETARSA,Tabacalera, S.A., Lunweg, S.A., Editores, 1990.

- El buen gusto de España. Ana de Letamendia, LourdesPlana y Gonzalo Sol. MAPA. 1990.

-. Consumo Alimentario en España (2 tomos). MAPA. 1990.- La Alimentación en España 1989. MAPA. 1990.- Historia natural y moral de las Aves (1. ° parte). Edición

facsímil. ICONA. 1989.- Un viaje. a la Antártida. IEO. MAPA..1990.- Historia y evolución de la colonización agraria en España

(tomo 2.°). Juan Manuel Mangas Navas, Carlos BarcielaLópez. MOPU. Administraciones Públicas. MAPA. 1990.

- La agricultura española del siglo ^X. Coedición NEREA.MAPA. Agustín Y. Kondo. 1990.

- La Alta Extremadura en el siglo XVII. Evolución demográfica yestructura agraria. Alfonso Rodríguez Grajera. MAPA yUniversidad de Extremadura. 1990.

495