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ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA: A LAS PUERTAS DEL HORNO…
Por todo esto, la conformación de una red nacional de la EPS es una muy
buena noticia. Los discursos durante el encuentro constitutivo en
Portoviejo dan cuenta de una posición equilibrada. No se busca la
protesta y la confrontación, se busca la incidencia en las políticas
públicas desde la sociedad organizada con autonomía de las entidades
públicas. Exactamente lo que señala la Constitución del Buen Vivir y de
la Participación Ciudadana…
Por Juan Pablo Muñoz Navarrete.
arios grupos de asociaciones de la
economía popular y solidaria se
reunieron el jueves 4 de agosto en
Portoviejo para “avanzar hacia la
conformación de una red nacional de la
EPS”; encomiable esfuerzo de estas
agrupaciones que representan una forma
de economía que no usa el capital para la
explotación del trabajo, sino que, desde el
esfuerzo colectivo, procura generar trabajo
digno e ingresos suficientes para sus
asociados, hombres y mujeres.
La tarea de formar una red nacional es sin
duda un gran desafío y una enorme
necesidad. A estos años de revolución
ciudadana, de innegable cambio en favor
de la equidad y justicia en el país, le ha
hecho falta la presencia de la sociedad
organizada. El fortalecimiento de lo público
ha sido sobre todo la recuperación de la
presencia del Estado, lo que es importante
pero no suficiente, pues hace falta el
paralelo fortalecimiento de la comunidad,
de las organizaciones y movimientos
sociales.
Por eso, aunque sea luego de ocho años de
vigencia de la Constitución del Buen Vivir y
de la participación ciudadana, la
emergencia de un actor colectivo, que se
propone una representación en un ámbito
tan relevante como el de la economía de la
solidaridad, es una muy buena noticia y
también la ocasión para hacer un breve
balance de lo que ha sucedido con la EPS
en estos diez años.
Nuestra Constitución en su artículo 283
establece “el sistema económico es social y
solidario, reconoce al ser humano como
sujeto y fin; propende a una relación
dinámica y equilibrada entre sociedad,
Estado y mercado, en armonía con la
naturaleza…” dice además: “El sistema
económico se integrará por las formas de
organización económica pública, privada,
mixta, popular y solidaria y las demás que
la Constitución determine. La economía
popular y solidaria se regulará de acuerdo
con la ley e incluirá a los sectores
V
cooperativistas, asociativos y
comunitarios”.
De esta manera por primera vez se
reconoce la existencia de la economía
popular y solidaria, su especificidad como
una forma de economía diferente a la
privada capitalista que piensa
exclusivamente en el lucro individual. La
Constitución conjuga lo popular y solidario
no lo separa, no dice la economía popular
por un lado y la economía solidaria por
otro, prescribe así el reconocimiento y por
tanto la necesidad del fomento a quienes
hacen economía de manera colectiva,
compartiendo los riesgos, privilegiando el
bien común, forjando una sociedad de
trabajadores que son a la vez propietarios.
Bajo esta definición, la Ley Orgánica de EPS
se propuso como objeto: “Reconocer,
fomentar, fortalecer y dar trato preferente
a quienes conforman la Economía Popular
y Solidaria y el Sector Financiero Popular y
Solidario en su ejercicio y relación con los
demás sectores de la economía y con el
Estado de acuerdo con lo previsto en esta
Ley”
Queda claro que por mandato
Constitucional y legal debe haber un
trato PREFERENTE, debe existir un
fomento diferenciado por lo que
representa la EPS; no se la puede
tratar como pequeñas o medianas
empresas, no es por el tamaño sino
por su carácter y principios que se
diferencia de las otras formas de
economía, sobre todo de la privada
capitalista que solo busca el lucro
individual; a la economía privada el
Estado debe controlar, regular, cobrar
justos impuestos; a la EPS debe
fomentarla y fortalecerla porque esta
redistribuye la riqueza desde su propio
acto productivo, reparte entre todos
los socios y socias las utilidades o las
pérdidas, de eso se trata la
solidaridad.
¿Cuánto se ha avanzado en la política
pública hacia estos mandatos?
Seguramente un primer gran límite para
poder organizar al aparato estatal en favor
de la EPS ha sido la incomprensión más
bien generalizada de lo que representa
esta forma de economía. La nutrida y
confusa institucionalidad (por decreto se
acaba de cerrar una secretaría técnica de
EPS); con un comité interinstitucional poco
operativo, en el que no participan de
manera directa las entidades que trabajan
en el terreno con los actores (no está la
SEPS, ni MIES, ni IEPS, ni MAGAP, ni
SERCOP…),no ha logrado que la política
pública se articule y oriente
adecuadamente.
Además, cuando permanentemente se
confunde EPS con microempresas ¿cómo
cumplir con el trato preferente que
prescribe la ley? Obviamente también se
debe promover el emprendimiento privado
de los sectores populares, pero de ninguna
manera es lo mismo. El trabajo autónomo,
la micro y pequeña empresa no tienen por
qué ser solidarios, pueden ser y
generalmente son un remedo de las
grandes empresas privadas en las que el
capital busca crecer a costa de la
explotación de los y las trabajadores. Se
trata de economías populares pero que
hacen parte de la economía privada no de
la popular y solidaria.
Hacia la reforma en curso de la ley orgánica
de EPS se supone que se ha tratado de
mejorar la caracterización de esta forma
económica; sin embargo, al leer las
contribuciones de algunos legisladores
antes de que pase al segundo debate, se
evidencian mayores confusiones. Por ahí se
sugiere diferenciar en la ley la economía
popular de la solidaria; o sea que el
mandato constitucional que conjuga lo
popular con lo solidario queda superado
por la repentina iluminación legislativa.
Pese a estas limitaciones conceptuales que
obviamente distorsionan buena parte de la
política pública; se han dado pasos
relevantes en estos años hacia el fomento
de la EPS. Un campo principal en este
sentido ha sido el de la compra pública. En
2013 se compraron 57 millones USD en
bienes y servicios provenientes de la EPS,
en 2014 se llegó a 84 millones y en 2015 a
149 millones USD (SERCOP). La mayor
parte de estas compras ha sido a
confecciones de uniformes, mobiliario de
establecimientos públicos, servicios de
catering a centros infantiles y otros
establecimientos públicos, limpieza de
edificios, principalmente.
Gracias a esta reserva de mercado se han
conformado miles de asociaciones (más de
7 mil en el sector real de la EPS según la
SEPS), se han generado más de 20 mil
plazas de trabajo (según IEPS) y se han
colocado varias decenas de millones de
productos de la EPS en perchas de
supermercados debido a las regulaciones
de la Superintendencia de control de poder
de mercado. Estos serían los temas más
relevantes del fomento a la EPS, pues poco
se ha hecho en cuanto a crédito, asistencia
técnica, capacitación.
Sin embargo, luego de estos años
promisorios, desde fines de 2015 comienza
a evidenciarse un freno y hasta un
retroceso. La demora en los pagos a los
proveedores del Estado incluye a muchas
asociaciones de la EPS, algunas no han
resistido y han salido del mercado, otras
han debido recurrir a préstamos incluso
usurarios. Para colmo, el IESS aplica multas
por retraso en los pagos de los aportes de
asociaciones que no reciben lo que les
adeuda el Estado, ¿no se podían hacer
cruces de cuentas, también con el SRI?
Para completar el cuadro que genera
preocupaciones entre los actores de la EPS,
desde la primera autoridad del país se ha
anunciado que las compras públicas de
alimentación escolar convienen hacerse a
las grandes cadenas, por volúmenes y
eficiencia. Eso implica un giro a la política
que más bien, como manda la
Constitución, priorizaba la adquisición a la
EPS, micro, pequeña y medianas empresas.
Cuando se debería promover el
encadenamiento entre la producción
campesina y de las agriculturas familiares
mediante la constitución de centros de
acopio de intermediaciones solidarias para
llegar a las asociaciones de catering y al
instituto de Provisión de Alimentos
(penosamente extinto), se abren más bien
esas compraspúblicas a quienes controlan
ya los mercados de alimentos.
También en las compras de gobiernos
locales a la EPS se ve la falta de voluntad
para cumplir con las responsabilidades que
establecen las normas. En el caso del
municipio de Quito, por ejemplo,
existiendo una ordenanza que prescribe al
menos el 5% de la compra a la EPS, en el
2015 apenas se ha llegado a 1,2%, lo que es
una indudable falta institucional y legal.
Obviamente también del lado de las
asociaciones y cooperativas hace falta
mejorar, lograr mayor calidad en algunos
productos y servicios, aumentar los
volúmenes, capacitar más a sus integrantes
en aspectos administrativos, técnicos de
mercadeo. Hace falta también mejorar sus
niveles de representación y de negociación
para justamente evitar que las políticas
públicas giren en dirección contraria a lo
esperado.
Por todo esto, la conformación de una red
nacional de la EPS es una muy buena
noticia. Los discursos durante el encuentro
constitutivo en Portoviejo dan cuenta de
una posición equilibrada. No se busca la
protesta y la confrontación, se busca la
incidencia en las políticas públicas desde la
sociedad organizada con autonomía de las
entidades públicas. Exactamente lo que
señala la Constitución del Buen Vivir y de la
Participación Ciudadana; lo que prescribe
también el Plan Nacional del Buen Vivir,
esta es la forma de contribuir con seriedad
a la construcción del poder popular.
Algunos de las principales demandas al
Estado de estas redes y asociaciones
reunidas en Portoviejo son:
Cumplir de manera urgente con los
pagos pendientes a nuestras
asociaciones según las órdenes de
compra generadas por diversas
entidades públicas.
Dar prioridad a la EPS y mejorar los
precios de nuestros productos y
servicios en los catálogos
inclusivos; sin excluir a EPS por
montos de facturado
Fortalecer la institucionalidad
pública, en todos los niveles de
gobierno, para garantizar la
reserva de mercado para la EPS
No favorecer a las grandes cadenas
en los contratos para alimentación
escolar
Fomentar la soberanía alimentaria
fortaleciendo las agriculturas
campesinas y la agroecología
Facilitar crédito desde BanEcuador
con la única garantía del contrato
vigente con el Estado
Reducir trámites engorrosos, sobre
todo en los registros sanitarios, en
el SRI, en SERCOP y en el IESS
Reconocer el carácter solidario de
nuestras relaciones de trabajo y no
confundirlas con relaciones de
dependencia, no somos patrono y
empleados!
Exigir la rendición de cuentas a
todas las instituciones relacionadas
con la EPS
Esperemos que desde las instituciones
públicas haya la sensibilidad para
reconocer esta representación
colectiva, este esfuerzo por conjugar
voluntades y capacidades y se abran
los espacios para la interlocución
respetuosa con esta red nacional, para
evitar que luego de años de avances
en favor de la EPS, a las puertas del
horno se queme el pan de la
solidaridad.