EL BAGUAZOLaLey de la Selva en el Perse refieren a la aplicacin de diez decretos legislativos y leyes en el marco delTratado de Libre Comercio Per-Estados Unidos.Los nativos de la Amazonia del Per no estn de acuerdo.Al promulgar los decretos, el gobierno peruano incumple elConvenio 169de laOITal que est obligado como parte signataria, laDeclaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, en particular los artculos 26, 29 y 32, entre otros, y la jurisprudencia de laCorte Interamericana de Derechos Humanossobre los derechos a la tierra de los pueblos indgenas. Estos Pueblos Indgenas estn en oposicin a diversos decretos impulsados por el gobierno peruano para su adecuacin con elTLCconEstados Unidos.Este conflicto ha sido descrito como la peor violencia poltica del Per en aos y es la peor crisis del segundo periodo de gobierno del PresidenteAlan Garca, mientras que al Primer MinistroYehude Simonse le pidi que renuncie a su puesto. Los nativos representados por laConfederacin de Nacionalidades Amaznicas(CONAP) y laAsociacin Intertnica de Desarrollo de la Selva Peruana(AIDESEP) cuestionan los decretos legislativos 1015, 1073, 994, 1020, 1064, 1081 y 1090. Igualmente cuestionan las leyes del congreso 840, 1770 y 1992. ANLISIS DEL CONGRESO DEL PEREl 19 de mayo de 2009, la Comisin de Constitucin del Congreso declar inconstitucional la norma 1090, un anlisis el cual concluy en lo siguiente:7Constitucin peruana de 1993El Decreto Legislativo 1090 emitida por el Poder Ejecutivo, por delegacin del Congreso, versa sobre la disposicin de las reas forestales para fines maderables. Los problemas que encuentran las Organizaciones Indgenas respecto de esta norma no se limitan a su contenido. Sin embargo, la ilicitud de la forma de emisin resulta ser su principal problema al contravenir a la propia constitucin.La carta magna del Per otorga proteccin especial a la Amazona dentro de todos los recursos naturales, an as, contempla que cualquier disposicin sobre la explotacin y empleo de recursos naturales debe ser emitida mediante Ley Orgnica, lo que supone segn otro precepto constitucional, su indelegabilidad al Poder Ejecutivo; por lo tanto la promulgacin mediante Decreto Legislativo es inconstitucional.Artculo 104. El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia especfica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisin Permanente. Artculo 101. No pueden delegarse a la Comisin Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobacin de tratados internacionales, leyes orgnicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la Repblica. Artculo 66. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nacin. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgnica se fijan las condiciones de su utilizacin y de su otorgamiento a particulares. La concesin otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.Constitucin del Per de 1993Convenio 169 OITElConvenio 169 de la OIT8expresa que los pueblos nativos deben ser consultados ante leyes que los involucren. Las normas atentan contra el Derecho Internacional Pblico, el Convenio OIT referido a las Comunidades Indgenas y Tribales, ordena a los estados firmantes (el Per est adscrito al Convenio) a concertar y escuchar las opiniones de los Pueblos Indgenas que pudieran resultar afectados con alguna ley.Artculo 6 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos debern: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a travs de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente... 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicacin de este Convenio debern efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Convenio 169.OIT. 27 de junio de 1989[4]Cronologa del BaguazoOctubre 2007El28 de octubrede 2007 el presidente del Per public un artculo, titulado "El sndrome del perro del hortelano", donde indic que algunas comunidades nativas del Per mantenan improductiva su tierra, oponindose al progreso. Esto fue interpretado como un agravio por los pueblos amaznicos.9En diciembre de 2007, el Congreso de la Repblica le otorga facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia referente al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.Junio 2008Dentro de la legislacin para el TLC, el Poder Ejecutivo emite decretos que tratan sobre los pueblos nativos del Per.Los nativos amaznicos de los Pueblos: Achuar,Aguaruna, Amahuaca,Ashninka, Bora, Candoshi, Cashibo-Cacataibo, Cashinahua, Chayahuita, Cocama-Cocamilla, Culina, Ese Eja, Harakmbut,Huambisa, Huitoto, Jebero, Matsiguenga, Ocaina,Quechua del Napo, Quechua Pastaza-Tigre, Secoya, Sharanahua, Shipibo, Shipibo-Conibo,Urarina, Yagua, Yaminahua, Yanesha, Yine.;10que se encontraban organizados enAIDESEPyCONAP, iniciaron protestas por estos decretos.Agosto 2008El18 de agostode 2008,Alberto Pizango(presidente de AIDESEP) apoy las protestas de los Pueblos IndgenasAmaznicosque tomaron control de dos instalaciones petroleras: un yacimiento degas naturalen el sur del Per explotado por la compaa argentinaPluspetrol, y un oleoducto en el norte, de propiedad dePetroper. Durante las protestas, los indgenas tomaron como rehenes a dos oficiales de polica. En respuesta, el gobierno declar elestado de emergenciaen los departamentos deCusco,LoretoyAmazonas, lo que le daba el poder de enviar tropas para desalojar por la fuerza y detener a los manifestantes. La tensin se increment cuando Pizango respondi a la amenaza gubernamental de enviar tropas declarando que "los indgeneas se defienden contra la agresin del gobierno".11Segn el director deSurvival, Stephen Corry, se est llevando a los indgenas peruanos a adoptar medidas desesperadas para intentar salvar sus tierras, que durante cinco siglos les han sido robadas.12Las protestas terminaron cuando Pizango y la AIDESEP recibieron el apoyo delcongreso peruano.El20 de agostode 2008 el Congreso del Per aprueba el pedido de la Comisin de Pueblos Andinos, Amaznicos y Afroperuanos del Parlamento, derogando los decretos legislativos 1015 y 1073. Los nativos consideran que facilitan la venta de sus tierras a empresas. El gobierno lament esta decisin del Congreso ya que hubieran permitido abrir las reas tribales de la Amazonia a las compaas petroleras.13Alan Garca califica la derogacin como un "error histrico".14Alberto Pizango declar que se trataba de "un nuevo amanecer para los Pueblos Indgenas del pas".15Septiembre 2008El Presidente del Per no promulg la derogacin de los decretos. Al vencer el plazo lo realiz el Presidente del Congreso como lo prev la constitucin peruana. El2 de septiembrequedan derogadas las leyes 1015 y 1073 restablecindose los artculos 10 y 11 de la Ley 26505 sobre el uso de tierras de las comunidades nativas.16Marzo 2009El Congreso forma una comisin para estudiar los dems decretos, sobre todo los puntos que entran en conflicto con la Constitucin y tienen que ver con la violacin del Convenio 169 de laOIT]. AIDESEP enva cartas al Congreso y al Presidente delConsejo de Ministros,Yehude Simon, exigiendo que la comisin emita opinin respecto a los dems decretos.Abril 2009A falta de respuesta, el 9 de abril se inicia el paro amaznico. Las protestas indgenas continuaron exigiendo la derogacin de seis decretos, considerados inconstitucionales por la Comisin de Constitucin del congreso peruano, que permitiran que el 60% de los bosques primarios de la Amazonia peruana sean vendidos a empresas transnacionales para explotacin de hidrocarburos o el cultivo de biocombustibles.El 20 de abril, Yehude Simon y los dirigentes de AIDESEP acuerdan formar una comisin multisectorial para revisar los decretos, pero no se levanta la huelga. En los das siguientes, la huelga se agudiza en diversas zonas del pas. Se bloquean carreteras importantes, se impide la navegacin en algunos ros y se toma infraestructura petrolera. Segn el auto apertorio judicial 281-2009, la toma de la Estacin 6 dePetroperuse inici de forma pacfica 23 de abril. En ese momento 38 policas custodiaban el lote. El 9 de mayo, el Gobierno declara por 60 das en emergencia a distritos de cuatro departamentos.La presidente delForo Permanente para las Cuestiones Indgenas de las Naciones Unidas(UNPFII),Victoria Tauli Corpuz, ha expresado su preocupacin en su condicin de lder de esta.Mayo 2009El 15 de mayo, al no haberse establecido la nueva comisin, Alberto Pizango hace un llamado a la insurgencia. Sin embargo, se retracta en pocas horas gracias a la intervencin de laDefensora del Pueblo. Mientras tanto, laComisin de Constitucindel Congreso declara inconstitucional el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), quedando pendiente su discusin en el pleno del Congreso.El 20 de mayo, por Decreto Supremo 031-2009-PCM, se crea la Comisin Multisectorial para iniciar el dilogo entre el gobierno y los nativos. En ella participan el Presidente de AIDESEP, Alberto Pizango y el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon. Esta comisin tiene la misin decoadyuvar el anlisis y bsqueda de acuerdos consensuados de los asuntos planteadospor los amaznicos y el Estado.Los diversos requerimientos de los amaznicos fueron aceptados por el ministro Simon.En esta agenda no se inclua la derogatoria de la ley 1090 que los amaznicos exigan. La ltima reunin fue el 30 de mayo.El 31 de mayo, Alberto Pizango, en la clausura de la "IV Cumbre Continental de Pueblos Indgenas" enPuno, declara que radicalizarn sus medidas buscando la derogatoria de los decretos "en defensa de los territorios originarios". Decide no participar ms en la mesa de dilogo y exige hablar directamente con el Presidente del Per. Adems anuncia que pedir alTribunal Constitucionalque declare los decretos inconstitucionales, y de no ser respaldado en esa instancia, presentar su demanda a laCorte Interamericana de Derechos Humanos. Tambin convoca un paro nacional para el 3 de junio.Junio 2009El4 de juniolaDefensora del Pueblopresent una demanda de inconstitucionalidad contra el DL 1064 ante elTribunal Constitucionalpor considerar que vulnera los derechos de propiedad de la tierra y de consulta previa de los Pueblos Indgenas. Mientras, el congreso decide no debatir la derogatoria de los decretos legislativos 1064 y 1090 en una votacin con mayora del partido del gobiernoAPRA; y sin la participacin delPartido Nacionalista Peruano, los principales opositores.El5 de juniotras la incursin policial ordenada desde el ejecutivo en la zona de la Curva del Diablo, en Bagua, result en un saldo fatal de 23 policas muertos17y un nmero indeterminado de civiles (entre indgenas y habitantes locales). Los nativos afirman que los policas dispararon primero. La polica reporta que fueron los nativos quienes dispararon primero, luego de quitarles algunas armas. En la carretera haban unos 2.500 civiles protestando, entre indgenas y habitantes locales. Los sucesos generaron mucha atencin en la prensa del Per y subsecuentemente fue descrito como elBaguazo.Segn los primeros informes oficiales, al menos 24 policas y 9 nativos han sido asesinados. Mientras que el informe de la (AIDESEP), organizadora de las protestas, afirma que ms de 40 nativos (entre ellos tres nios) han fallecido. Adems, 155 personas resultaron heridas, un tercio por heridas de bala.18Por su parte, peridicos extranjeros comentan que ms de 50 nativos han muerto.Hasta la fecha se han identificado 10 fallecidos civiles, de los cuales 3 perteneceran a los Pueblos Indgenas involucrados en las protestas. Esta cantidad de fallecidos es corroborada por la Defensora del Pueblo, y organizaciones de la Iglesia Catlica, as como por la prensa peruana. Que es contrario a lo difundido por la prensa extranjera.19Por el lado de las fuerzas policiales, las vctimas se produjeron en la Estacin 6 de Petroper. Al encontrarse en franca inferioridad numrica ante los manifestantes, los efectivos depusieron sus armas. Tras esto fueron capturados y varios de ellos, torturados y degollados por los nativos. An hay un polica desaparecido.Como resultado de la intervencin policial qued herido el conocido lderawajnSantiago Manuin Valeraacompaado por mltiples activistas que defienden esta noble causa, quien recibi 8 disparos deAKMen el cuerpo.20La organizacin internacionalAmazon Watchque a travs del joven activista defensor de los Derechos Humanos,Faunier Hernn Ros Jaramillo, ha denunciado que la polica estara haciendo desaparecer cadveres de indgenas cuyas muertes an no han sido contabilizadas.21En un intento de contrastar las cifras oficiales, un periodista de la revistaCaretas(11 de junio) recorri los diferentes lugares donde se habra procedido a ejecuciones extrajudiciales. A pesar de las mltiples tentativas, no pudo encontrar prueba alguna de ello.22El8 de juniola Embajada de Nicaragua en Lima, auncia que otorg refugio al presidente de AIDESEP y dirigente de las protestas,Alberto Pizango. Das antes, el dirigente haba sido requerido por la Fiscala para ser investigado por delitos de homicidio calificado y sedicin, acusndolo de ser responsable de las muertes a los efectivos policiales. Das despus el ministro de Relaciones Exteriores peruano, afirmaba queEstados Unidos,FranciayBoliviapreviamente le haban negado el asilo al dirigente nativo.El8 de junio, la titular delMinisterio de la Mujer y Desarrollo Social,Carmen Vildoso Chirinos, renunci a su cargo como protesta hacia un video difundido por el gobierno peruano en la televisin local, donde se muestra a los pueblos nativos como responsables de la violencia.23El10 de junioel congreso decide suspender indefinidamente la aplicacin de las leyes en cuestin y buscar el dilogo con los lderes nativos.El11 de juniose desarrolla una protesta a nivel nacional para pedir la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064. Varias organizaciones sindicales y frentes de defensa de diversas regiones del pas, convocaron a un paro nacional en protesta sobre el manejo poltico, que el gobierno hizo de la situacin en el nororiente peruano; siendo acatado parcialmente en varias regiones del pas. Al respecto, el presidente de Bolivia,Evo Morales, acus al gobierno de Per de humillar a los indgenas, y expres su deseo de que las protestas contribuyan a la comprensin de las demandas de los pueblos originarios de la amazona. El presidente peruanoAlan Garca, respondi acusando a Morales de "intervencionismo poltico en asuntos internos del Per".24El ministro Yehude Simon reorganiza el gabinete ante la renuncia de la ministra Carmen Vildoso. Diecinueve congresistas delPartido Nacionalistafueron sancionados por realizar protestas en el hemiciclo del Congreso.El12 de juniolas protestas y bloqueos continan enYurimaguasyBagua Grande, pero con un libre pase de 2 horas en la maana y 2 horas en la tarde.El15 de junioel gobierno, en conversaciones con dirigentes nativos en plena selva peruana, plantea la derogacin de dos de los siete decretos legislativos cuestionados, el 1090 y el 1064.El18 de junioel Congreso del Per, en el marco de un nuevo dilogo con los nativos amaznicos, derog los decretos legislativos 1090 y 1064 con el voto en contra delPartido Popular Cristiano.El30 de junio, luego de lainterpelacinal Presidente delConsejo de Ministros,Yehude Simon, y a la titular delMinisterio del Interior,Mercedes Cabanillas; el Congreso decide no censurarlos.Julio 2009El3 de juliola Defensora del Pueblo emiti un reporte sobre los hechos. Un polica desparecido y 33 muertos (12 policas murieron en una carretera en enfrentamientos con los nativos y 11 en un campo petrolero mientras eran rehenes de los nativos). 10 civiles muertos (en la carretera murieron 4 nativos; en Bagua murieron 1 nativo y 5 pobladores de la ciudad). 200 heridos y 83 detenidos. Hubo 82 heridos de bala y 9 siguen hospitalizados. Estn acusadas 84 personas, de ellos 41 con orden de detencin.PARA RECORDAREl conflicto en Bagua del 2009 dej 10 indgenas y 23 policas muertos y un desaparecido, adems de cientos de heridos. Tres aos y medio despus, la justicia no ha establecido ningn responsable de las muertes ni de las fallidas operaciones policiales. El 5 de junio de 2009, la Ministra del Interior Mercedes Cabanillas orden que la polica recuperara las carreteras tomadas por los indgenas amaznicos que las haban bloqueado en la regin de Bagua. Los indgenas se manifestaron contra los decretos especiales que haban sido decretados por el Poder Ejecutivo, que regulaban la explotacin de las tierras eriazas para la explotacin de recursos naturales no renovables y renovables. En el intento de desbloquear fallecieron 10 indgenas y 24 policas. Segn algunos testigos, los cuerpos de los indgenas asesinados fueron arrojados a los ros. Adems, una parte importante de los policas enviados habran sido ejecutados por un grupo de indgenas, estando los policas desarmados. Estos hechos no pudieron ser confirmados ni por la Defensoria del Pueblo ni por la Misin especial enviada por la ONU. Tras ello el congreso interpel al premierYehude Simony a la MinistraMercedes Cabanillas; tras ello se present una mocin de censura contra ambos, la cual no prosper. El 8 de julio,Alan Garcaanunci cambios en el gabinete y el 11 de julioJavier Velsquez Quesqunfue nombrado Premier.EL BAGUAZO: PUNTO DE INFLEXIN PARA UN NUEVO MOVIMIENTO SOCIAL?Creemos que es momento de mirar ms all de los actos sangrientos y de sus responsables polticos e inmediatos, sin que ello implique restarle importancia a las tareas pendientes para aclarar estos sucesos. Hemos sido testigos de un momento crtico para la consolidacin de un movimiento social hasta hace poco incipiente, uno que probablemente trascienda el contexto especfico de los reclamos amaznicos frente a decretos hoy ya derogados. Ms an, las proyecciones de este movimiento se pueden constituir en adelante como un serio desafo al modelo econmico y de desarrollo que ha predominado en el pas en los ltimos dos decenios.

Para entender la importancia que han adquirido las fuerzas de protesta lideradas por los grupos amaznicos es necesario, ante todo, entender que como movimiento social puede tener efectos polticos muy significativos sin tener las caractersticas formales de los partidos u otras instituciones polticas. Un movimiento social de carcter nacional no requiere de una organizacin jerrquica ni centralizada, ni siquiera de una ideologa claramente definida para pugnar con xito por alcanzar sus objetivos. Los movimientos sociales contemporneos, por el contrario, suelen estar organizados de manera descentralizada y fluida, y actuar en funcin de factores de afirmacin de la identidad, luchando por derechos, por ejemplo, sociales y culturales, y por la integridad de su territorio. En este sentido, el movimiento de protesta amaznico se estara constituyendo en un movimiento social de alcance nacional y, a pesar del terrible costo en vidas de civiles y policas del Baguazo, se puede decir que ya sum sus primeras victorias.

Consideramos que el gobierno actual y sus aliados han venido subestimado la repercusin que estos grupos en conjunto pueden tener en la escena poltica nacional. En este informe empezamos por recapitular la secuencia de los principales sucesos que llevaron a los lamentables incidentes del 5 de junio, buscando hallar en ellos las evidencias de un movimiento incipiente que finalmente ha logrado repercusin nacional y la movilizacin de otros actores con intereses afines. Luego, caracterizamos el movimiento amaznico como movimiento social que desafa al Estado en la medida en que este ltimo impulsa un modelo de desarrollo que los perjudica. Finalmente, analizamos algunas implicancias polticas del surgimiento de este movimiento social para las prximas elecciones locales, regionales y nacionales.

Un Baguazo anunciado?

En diciembre de 2007, el Congreso de la Repblica le otorga facultades al Ejecutivo para legislar en materia referente al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Entre marzo y junio de 2008, el Ejecutivo promulga diversos Decretos Legislativos (DL) utilizando estas facultades, entre ellos, algunos que afectan directamente los territorios amaznicos y los derechos de los pueblos indgenas.1 Muchas instituciones de la sociedad civil, as como la Defensora del Pueblo,2 consideraron que estos DL violaban los derechos a la consulta a los indgenas, a la tierra y al territorio, al uso de los recursos naturales y a la libre determinacin al desarrollo.3 Desde el mes de julio del 2008, empiezan las protestas y paros de grupos amaznicos contra la mencionada legislacin, pero pocos medios periodsticos informan sobre estos sucesos.

Los pueblos awajn y wampis han tenido el mayor protagonismo dentro de este movimiento, y estn desde hace mucho tiempo organizados a travs de sus federaciones, de los ronderos y de sus apus, ante la ausencia del Estado en sus comunidades. Concretamente, la paralizacin en la Amazona a mediados de 2008 fue liderada por la Asociacin Intertnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) que representa a comunidades awajn y wampi. En agosto de 2008, cuando esta paralizacin se hace ms fuerte, el Congreso decide derogar los decretos 1015 y 1073, que modific al 1015 (ver anexo). Este es el primer triunfo del movimiento amaznico, mientras que el Presidente de la Repblica consider la derogatoria un error histrico.

El Congreso decide conformar una comisin para estudiar los dems decretos, sobre todo los puntos que chocan con la Constitucin y tienen que ver con la violacin del Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT). En marzo de 2009, AIDESEP enva cartas al Congreso y al Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, exigiendo que la mencionada comisin finalmente emitiera opinin respecto a los dems decretos en cuestin. All empieza lo que se consider la mecida del gobierno aprista que exacerbara los nimos de los grupos indgenas. A falta de una respuesta, el 9 de abril las organizaciones indgenas deciden iniciar una huelga general indefinida. La protesta se siente en todas las regiones amaznicas, pero en Lima, nuevamente, hubo poca cobertura de los medios.

El 20 de abril, Yehude Simon y los dirigentes de AIDESEP acuerdan formar una comisin multisectorial para revisar los decretos, pero no se levanta la huelga. En los das siguientes, la huelga se agudiza en diversas zonas del pas. Se bloquean carreteras importantes, se impide la navegacin en algunos ros y se toma infraestructura petrolera. El 9 de mayo, el Gobierno declara por 60 das en emergencia a distritos de cuatro departamentos. De esta manera, comienza la polarizacin: por un lado, el Gobierno que busca ejercer la autoridad y no establece an una mesa de dilogo y, por otro, el movimiento indgena que defiende sus derechos.

El 15 de mayo, en un acto aparentemente desesperado, el dirigente mximo de AIDESEP, Alberto Pizango, hace un llamado a la insurgencia. Sin embargo, se retracta en pocas horas gracias a la intervencin de la Defensora del Pueblo, que hasta el momento vena jugando un rol importante para frenar la violencia. Los bloqueos continan y el Gobierno sigue sin escuchar. Mientras tanto, la Comisin de Constitucin del Congreso declara inconstitucional el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), quedando pendiente su discusin en el pleno del Congreso.

Recin el 20 de mayo se instala la mesa de dilogo, pero lo que se da en realidad es un dilogo de sordos: para el Premier es suficiente con realizar algunas enmiendas a los documentos mientras que los lderes amaznicos exigen su derogacin por haberse formulado sin consulta previa, adems de demandar la discusin de temas de fondo relativos al desarrollo de la selva.

Las opiniones del Gobierno, sobre todo las del Presidente Garca (la selva es de todos los peruanos, no solo de un grupo), evidencian poca comprensin de la naturaleza de los reclamos de los amaznicos y acentan la polarizacin. Ms an, se advierte una posible denuncia a Alberto Pizango por rebelin, sedicin y conspiracin. Esta situacin, y el Estado de Emergencia que lleva casi un mes, encienden los nimos

El 4 de junio, con voto de la mayora aprista, se suspende el debate de la derogatoria de los DL 1090 y 1064. Para los dirigentes de AIDESEP esto confirma la mecida del Gobierno respecto a sus demandas. Ese mismo da, la Defensora del Pueblo presenta una demanda de inconstitucionalidad contra el DL 1064 porque vulnera los derechos constitucionales de propiedad de la tierra y de consulta previa a los pueblos indgenas.

El viernes 5 de junio ser recordado como el Baguazo, donde se dio un enfrentamiento entre policas y ms de tres mil indgenas de las etnias awajn y wampis, as como campesinos, ronderos y ex combatientes del Cenepa que haban tomado la carretera. Perdieron la vida 24 policas y un nmero oficial de 11 nativos fallecidos, que podra ser mucho mayor segn varias fuentes extraoficiales.

Sobre lo sucedido quedaron muchas dudas. Sin embargo, el Gobierno acentu la polarizacin y arremeti contra los indgenas, con el mismo Presidente sealndolos como terroristas financiados por extranjeros. Enfrentando una orden de captura, Alberto Pizango ingresa a la Embajada de Nicaragua y pide asilo como perseguido poltico.

El Congreso de la Repblica se rene de emergencia el 10 de junio para suspender indefinidamente los DL 1090 y 1064. Los dirigentes amaznicos consideraron este hecho una burla ms del Gobierno, pues ellos exigan la derogatoria. Ms an, se denuncia a varios lderes de AIDESEP por apologa y sedicin.

Mientras tanto, el movimiento amaznico sigui ganando adeptos: grupos indgenas de otras regiones, organizaciones gremiales como la Confederacin General de Trabajadores del Per (CGTP) y la Coordinadora Poltico Social y otros respaldaron la posicin amaznica con una gran marcha nacional llevada a cabo el 11 de junio, en la que tambin participaron miles de estudiantes universitarios.

Debido al creciente descontento de la opinin pblica, evidenciado en diversas encuestas y mltiples protestas, el gobierno empez a ceder ante la presin. El Premier, tras reunirse con dirigentes amaznicos, acepta derogar los decretos cuestionados mientras que, el 18 de junio, el Presidente reconoce dbilmente los errores cometidos durante el dilogo con los dirigentes de la Amazona. Afirma, asimismo, su respaldo al premier Simon sobre la derogatoria de los cuestionados decretos.

Al da siguiente, exactamente dos semanas despus del Baguazo, el Congreso confirm la derogatoria de los DL 1090 y 1064. En respuesta a ello, los dirigentes de AIDESEP piden a sus bases levantar las medidas de fuerza. El viernes 19 de junio, cuando ya el Premier haba anunciado que dejara su cartera apenas se calme la situacin, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, anunci que todos los ministros haban puesto sus cargos a disposicin.

Actualmente se espera que lleguen a concretarse los ofrecimientos de la conformacin de una comisin investigadora sobre los hechos del Baguazo que el Gobierno anunci el 24 de junio. Si bien se ha logrado reducir las tensiones en la Selva Norte, quedan diversos asuntos por investigar y denuncias pendientes por esclarecer. Urgen las investigaciones sobre las denuncias de un nmero mucho mayor de desaparecidos a la cifra oficial.4 Asimismo, falta aclarar la situacin judicial de Alberto Pizango y otros dirigentes, as como la orden de captura contra Santiago Manuin, dirigente de la provincia de Condorcanqui gravemente herido en el enfrentamiento. Adems, habra an una cuarentena de lderes indgenas presos. Ms all de los directamente involucrados en los sucesos de Bagua, preocupa la actitud del Gobierno al suspender a siete congresistas nacionalistas, por un periodo que en la realidad sobrepasa los 6 meses, pues cambia la correlacin poltica de fuerzas para la eleccin de la prxima junta directiva en el Congreso.

Por otra parte, el Presidente calific a los nativos de subversivos. Este tipo de caracterizacin, adems de tratarlos explcita o implcitamente como ignorantes e incapaces, ha sido finalmente un pretexto para buscar eliminarlos como interlocutores vlidos en cualquier proceso de dilogo sobre el uso de la Amazona. Viendo lo sucedido despus, cabe preguntarse: se sienta acaso el gobierno peruano a negociar con subversivos y ceder ante sus demandas?

Un movimiento social que desafa a un modelo de desarrollo

Ms all de los temas puntuales a resolver en el marco de los enfrentamientos recientes, tambin entendemos que hay temas de fondo que saltan a la luz al repasar los acontecimientos presentados lneas arriba. Hay dos que consideramos fundamentales. Primero, la negativa del gobierno de negociar o siquiera discutir aspectos del modelo de desarrollo vigente en los ltimos decenios, inicialmente ignorando y luego recurriendo a deslegitimar y reprimir a quienes se atreven a realizar estos cuestionamientos. Y, segundo, la incapacidad o falta de inters (no slo del Gobierno sino tambin de los medios de comunicacin y de muchos actores privados y de la sociedad civil) en entender y manejar reclamos que reflejan el complejo carcter multicultural de nuestra sociedad.

Proponemos entender a las organizaciones amaznicas que desafiaron las polticas del gobierno a travs de una serie de paros, movilizaciones y, finalmente, los enfrentamientos en Bagua, como lderes de un movimiento social que desafa al Estado, en la medida en que este ltimo impulsa un modelo de desarrollo que atenta contra sus territorios y sus derechos culturales y sociales. Adems, es un Estado que no ha dado espacios donde se pudiese discutir temas de fondo o cuestionar de alguna manera el modelo econmico vigente.

Si bien el grado de radicalizacin de las recientes medidas de protesta ha sido inusual, los reclamos de los pueblos amaznicos por mayor atencin del Estado y por mayor respeto a sus derechos culturales y sociales no son nuevos. Esto no slo atae a los movimientos indgenas y las reas rurales; en la historia reciente tenemos, por ejemplo, la oposicin generalizada al rgimen fujimorista en el departamento de Loreto ante la percepcin de que el Estado centralista nuevamente haba dejado de considerar los intereses de la regin amaznica al firmar acuerdos con otros pases. Asimismo, los grupos que han participado en las protestas no son nuevos ni improvisados sino que, como en el caso de AIDESEP (fundada en 1980), cuentan ya con muchos aos de consolidacin y con significativa legitimidad entre las comunidades amaznicas.

Diversos expertos coinciden en que en el Per ha habido una larga historia de negacin de los derechos y demandas de los pueblos amaznicos as como de sus particularidades culturales. Por un lado, est el asunto fundamental de las cosmovisiones distintas de diversos grupos, que en la actualidad habran llegado a un punto de enfrentamiento. Como afirma el experto en temas amaznicos Rger Rumrrill,5 la concepcin occidental del territorio amaznico siempre ha entrado en conflicto con la de los habitantes de estas tierras en tanto para la primera la naturaleza est all para ser usada, para ser insumo, mientras que desde una visin amaznica la naturaleza es sagrada y, por tanto, hay que respetarla. Para el Estado peruano la selva fue ante todo una fuente de materia prima y han existido diversos perodos de fuerte explotacin de los recursos de la selva que se caracterizaron por vejmenes y abusos a las poblaciones nativas. Fue recin en 1974, durante el gobierno militar del General Juan Velasco, que se dio la primera norma con rango de ley que reconoci los territorios indgenas; a fines de esta misma dcada aparecen las primeras asociaciones inter-tnicas de pueblos amaznicos, incluyendo la antecesora directa de AIDESEP en 1979.

En la mencionada ley se reconoci la propiedad, la identidad particular y se establecieron normas de proteccin, las cuales fueron mayormente desvirtuadas con la Constitucin de 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Los inicios de los aos noventa fueron una poca de marcada desmovilizacin social, pero las cosas han ido cambiando a lo largo del actual decenio. Durante el breve mandato del Gobierno de Transicin del Presidente Paniagua, en 2001, se cre la Comisin Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas, la cual produjo (con la participacin de organizaciones indgenas, organizaciones no gubernamentales, consultores independientes y representantes del sector pblico) el Plan de Accin que contena propuestas de solucin para los problemas que afectan a las comunidades nativas del pas. Con el gobierno del Presidente Alejandro Toledo, se crea la Comisin Nacional de Pueblos Andinos Amaznicos y Afroperuanos (CONAPA) bajo la presidencia de la Primera Dama Eliane Karp. Sin embargo, a pesar de que el Plan de Accin haba sido aprobado por el Consejo de Ministros, nunca fue implementado por la CONAPA. La CONAPA luego se convirti en el actual Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amaznicos y Afroperuanos (INDEPA), institucin de escaso presupuesto y sin mayor peso poltico, que prcticamente estuvo ausente como actor en la reciente crisis.

Hasta aproximadamente el 2007, las ONG tienen la mayor figuracin meditica en la promocin y proteccin de los derechos de los amaznicos. Las organizaciones comunales y tnicas aparecen en la escena nacional solo espordicamente, a pesar de que muchas cuentan con amplia legitimidad y buena organizacin. Sin embargo, no es coincidencia que a partir de la difusin del discurso neoliberal de El perro del hortelano del Presidente Alan Garca se siente un activismo mucho mayor de las organizaciones indgenas amaznicas en la escena nacional.

Rger Rumrrill, Fernando Eguren, Sinesio Lpez y otros analistas han prestado atencin recientemente al discurso del Presidente Alan Garca en su conocido artculo de 2007 El perro del hortelano y sus implicancias con respecto a la Amazona. En primer lugar el artculo refleja una continuidad de la visin occidental de la Amazona principalmente como fuente de materias primas, donde las tierras indgenas son bsicamente tierras ociosas e improductivas que deben ser explotadas. As, las comunidades no tendran ni la educacin ni los recursos econmicos necesarios para seguir disponiendo de estas tierras, las cuales deberan ser abiertas a la inversin. Segn Federica Barclay, el Presidente encuentra que los regmenes especiales para los pueblos originarios, y los derechos consagrados en diversos instrumentos internacionales, constituyen una traba para el desarrollo.

El discurso neoliberal del Presidente se ve reflejado en los cuestionados decretos legislativos de la primera mitad de 2008. Estos decretos, tanto como El perro del hortelano, han sido percibidos en la Amazona como nuevas faltas de respeto a la identidad y derechos de los pueblos indgenas. Segn Sinesio Lpez, desde la presidencia se pretende ignorar que el Per es un pas multicultural y Garca cree que gobierna una sociedad multicultural a la que hay que civilizar homogeneizndola.6 Tenemos, en el mejor de los casos, una falta de comprensin desde las altas esferas del Gobierno de la problemtica de un pas multicultural y de la manera de aproximarse a estos temas. O, en otro sentido, se puede interpretar el rechazo al dilogo y las continuas mecidas del Gobierno a las organizaciones que protestaban por los decretos en cuestin como una abierta negacin de las diferencias tnicas y culturales a nombre de una mal entendida modernidad.

En todo caso, ya se empieza a entender que, ms que hacer tambalear al Gobierno, a los grupos que representan a los pueblos amaznicos los impulsa una preocupacin fundamental por hacer respetar su identidad y su autonoma. Segn Lpez, la demanda central de estos grupos que vienen protestando es el establecimiento de una poltica de reconocimiento de su identidad. Desafan al Estado y al modelo neoliberal en la medida en que consideran que este infringe sus derechos y que el Gobierno quiere imponer un modelo de desarrollo depredador de la Amazona.

La importancia del reconocimiento de la identidad es algo que frecuentemente no se entiende, y se alega, ms bien, que los grupos indgenas son manipulados por partidos polticos, ONG y hasta por lderes extranjeros. Tales aserciones reflejan una subestimacin de los temas de identidad como movilizadores de la ciudadana y, adems, reflejan tambin racismo al asumir que los movimientos indgenas carecen de capacidad de organizacin y de decisin.

Dado el enorme impacto que han tenido las protestas en Bagua en la opinin pblica y la adhesin a su causa por parte de variopintos grupos en todo el pas y en el extranjero desde grupos en otras partes de la Amazona hasta estudiantes en Lima, pasando por organizaciones civiles en Ayacucho, Junn, Cusco y ncash, entre muchos otros parecemos estar presenciando la consolidacin de un movimiento social a nivel nacional que pugna por el respeto a la multiculturalidad y, en particular, los derechos de los pueblos indgenas. Como dice Frederica Barclay, el movimiento indgena ha obtenido ya una victoria importante: la mayora de los ciudadanos ha comprendido que su reclamo del derecho a ser consultado es legtimo. En tanto movimiento social, es importante tenerlo en cuenta su impacto poltico ya que desafa directamente aspectos centrales del modelo neoliberal de desarrollo que defiende el gobierno aprista y sus principales aliados.

El movimiento amaznico que se viene consolidando encaja en las definiciones vigentes de movimiento social, como la de Sidney Tarrow.7 En efecto, una lgica de accin basada en la afirmacin de la identidad y los derechos, antes que ideologa o clase social, es una caracterstica fundamental de muchos movimientos sociales recientes. Y estos movimientos sociales logran efectos polticos reales. As, a pesar de que la mayora de peruanos no conoca a sus lderes ni a sus reclamos antes de la reciente crisis, los grupos amaznicos finalmente han logrado hacer retroceder al Gobierno en sus medidas. Incluso han ocasionado que los miembros del Gabinete pongan sus cargos a disposicin.

Los reclamos de los grupos amaznicos son reclamos racionales que no fueron atendidos o que no pudieron resolverse a travs de las instancias del Estado y del sistema poltico formal. Cabe recalcar que los grupos indgenas amaznicos carecen de adecuada representacin en el sistema poltico. Esto no slo se debe a la crisis de representacin poltica que afecta a los peruanos en general, sino tambin a su nmero relativamente pequeo (alrededor de 350.000 indgenas amaznicos). Debido a ello son minora incluso en las regiones de la selva y constituyen grupos dispersos geogrficamente. Por estas razones, en la actualidad no hay ni un solo representante de estos grupos tnicos en el Congreso. Tampoco, a pesar de ciertas afinidades con representantes del Partido Nacionalista y algunos independientes, ha habido algn partido poltico que haya apoyado consistentemente este tipo de reclamos en los foros oficiales.

En el Per ha habido movimientos importantes en la ltima dcada, como el del pueblo de Arequipa contra la privatizacin de las empresas generadoras de energa elctrica o los mltiples conflictos de las comunidades afectadas por la minera, pero ninguno de la dimensin nacional, la claridad programtica y la fuerza organizativa como el desarrollado por las comunidades amaznicas. En este aspecto estbamos gravemente retrasados frente a otros pases vecinos donde ha sido viable la aparicin de movimientos sociales y fuerzas polticas crticas del enfoque predominante.

Con el movimiento amaznico se termina la lgica de las mesas de dilogo de la ltima dcada, la cual no ha servido para la discusin de temas de fondo. Los ciudadanos de la selva, apoyados por grupos de todo el pas, ya no aceptan los paliativos de discutir detalles puntuales. Su extraordinaria virtud consiste en haber puesto la discusin del modelo sobre la mesa, a pesar de que hayan tenido que recurrir a medidas de protesta abiertamente desafiantes y tcnicamente ilegales, como la toma de carreteras y de infraestructura petrolera, para que sus reclamos fueran atendidos.

Algunas implicancias polticas

Cules son las implicancias polticas del surgimiento de este movimiento social para los prximos meses y para las prximas elecciones de 2010 y 2011? En primer lugar, el fracasado intento de desestimar y luego reprimir los reclamos amaznicos puede entenderse como parte de una estrategia gubernamental que continuar frente a quienes cuestionen el modelo econmico vigente. Se estara buscando a travs de ella crear un escenario electoral en el que no haya sitio para aquellos que no piensen como el gobierno y sus aliados. Es de esperar que, despus de esta coyuntura desfavorable, el Gobierno utilice todos los recursos disponibles para evitar que la oposicin antineoliberal se constituya y eventualmente se desarrolle. Pero neutralizar a estas fuerzas de ahora en adelante ser mucho ms difcil, y ms bien se han abierto las puertas para alternativas polticas distintas a las que han gobernado el pas en aos recientes.

Segn Alberto Adrianzn, el futuro electoral de cualquier fuerza poltica depender crecientemente de cun capaz sea de organizar y representar la protesta social y no solamente de expresar los malestares y humores de estos sectores sociales contrarios a las polticas neoliberales.8 Con la consolidacin de este movimiento social de alcance nacional y abiertamente crtico del modelo neoliberal, ahora es mucho ms posible que aparezca antes de las prximas elecciones alguna alternativa poltica que agregue y articule los distintos intereses que buscan en el centro, la izquierda y el nacionalismo retomar la construccin democrtica y el desarrollo sostenible.

Ms all del actual Gobierno, la tendencia del Estado en los ltimos decenios ha sido la de neutralizar los cuestionamientos al modelo neoliberal, incluso tras la transicin democrtica de 2000. Hoy, la oposicin en el pas se empieza a identificar con la oposicin al neoliberalismo. Una oposicin as reconocida cambia las condiciones del juego poltico, no slo en este gobierno sino en esta democracia, en las relaciones entre sociedad y Estado.

Por otro lado, est por verse si en los prximos meses, hasta que empiecen las campaas para los prximos comicios, se puede superar de manera pacfica y constructiva la polarizacin reciente. Y, adems, si luego del aprendizaje de las ltimas semanas los ciudadanos del Per estarn dispuestos a darle oportunidad poltica a una alternativa democrtica distinta a las que han existido en los ltimos veinte aos.