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EL BLOQUE CAPITAL, LA HISTORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL PARAMILITARISMO EN BOGOTÁ EN LOS AÑOS 90
JULIANA JAIMES VARGAS
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR TÍTULO DE COMUNICADORA SOCIAL
ÉNFASIS PERIODIMOS
ASESOR JORGE CARDONA ALZATE
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
BOGOTÁ D.C 2018
ARTÍCULO 23
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral
católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.
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Tabla de contenido
Introducción ............................................................................................................................. 3
1. Problema y justificación………………………………………………………………………10
2. Marco Teórico ....................................................................................................................... 15 2.1 Sobe los orígenes del Eln 2.2 Sobre los orígenes de las Farc y el PCC 2.3El paramilitarismo en Colombia 2.4Violencia Urbana 3. Entrevistas y trabajo de campo....................................................................................................42
4.Conclusiones monografía………………………………………………………………………44
5.La historia del Bloque Capital: las víctimas del paramilitarismo en Bogotá en los años 90...47 5.1 Capítulo I ¿Existió el Bloque Capital? 5.2 Los antecedentes del Bloque Capital (Contexto 1996-1997) 5.3 El apartamento 702 (Historia de Mario Calderón y Elsa Alvarado) 5.4 Capítulo II- La sucesión de gobiernos 5.5 En su propia oficina (Historia de Eduardo Umaña) 5.6 Una muerte que ya se esperaba: el asesinato a Julio Alfonso Poveda 5.7 Jaime Garzón no solo nos hizo reír 5.8 Nunca es hora de Callar 5.9 Wilson Borja: la lucha que continúa 5.10 Capítulo III -El paramilitarismo pierde los límites 5.11 Mal paga el diablo a quien bien le sirve (Historia de Euser Rondón) 5.12 Capítulo IV- Las víctimas anónimas 5.13 Conclusión
6. Bibliografía y Referencias……………………………………………………………………146
7. Anexos…………………………………………………………………………………………154
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Introducción En los últimos tiempos, la memoria del conflicto armado en Colombia se ha convertido en
una atractiva tarea para los medios de comunicación. Pero más que una misión informativa,
en las actuales circunstancias del país, abocado al desarrollo de instituciones como la
Justicia Especial de Paz (JEP) o la Comisión de la Verdad, ahora se trata de contribuir
activamente con el derecho de las víctimas. A construir entre todos la historia reciente de
una nación que, a falta de justicia, al menos quiere saber lo que pasó.
Esta expectativa no significa que la disciplina del periodismo pueda determinar las
responsabilidades de los victimarios o aportar conclusiones judiciales inapelables acerca de
los delitos y acciones graves cometidas en la guerra. Esa es y seguirá siendo una obligación
prioritaria de la justicia. Pero en términos de verdad, muchas veces no contada en los
expedientes judiciales, la comunicación y el periodismo poseen herramientas útiles para
narrar los hechos y contextualizar debidamente las historias.
Por lo general, los testimonios o contextos de esos capítulos difíciles de la violencia
se quedan guardados en los procesos judiciales, cuando lo que exigen las nuevas
generaciones son esos detalles ocultos o esas conexiones que explican el horror que no debe
repetirse. Es claro que los periodistas no son magistrados ni jueces, y por lo tanto no
pueden señalar con fines de castigo a protagonistas de masacres o asesinatos selectivos,
pero si pueden aportar información esencial para entender el universo de las víctimas.
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En estos tiempos de posconflicto y de búsqueda incesante por implementar la paz, ese
interés por la verdad ante una guerra que le ha causado tanto daño y dolor a varias
generaciones colombianas, la responsabilidad inmediata corresponde a la JEP o a la
Comisión de la Verdad, pero el periodismo no puede quedarse con los brazos cruzados
respecto a la misma tarea. Por el contrario, debe activar sus opciones legales y sus
herramientas de investigación en favor de la memoria colectiva y la lucha contra la
impunidad.
En este contexto se enmarca este trabajo periodístico. En términos generales,
documentos como el “Basta ya” del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otros
similares, reconocen que, en el largo conflicto colombiano de más seis décadas de
violencia, la transición entre los años 1996 y 1997 marcan un momento crucial en la
evolución de la guerra. Y esa realidad, trasladada a planos cronológicos, corresponde a
movimientos determinantes de los principales contendientes, con el propósito de alcanzar la
victoria militar.
Es la etapa final del gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), cuando en la
trastienda de la pelea judicial en Bogotá por la narcofinanciación de la campaña
presidencial y los ecos del escandaloso proceso 8000, los dos colosos de la guerra
extremaron sus acciones. En el sur, las FARC emprendieron su ofensiva militar para sumar
prisioneros de guerra con fines de canje por sus guerrilleros presos en las cárceles; mientras
en el norte, el paramilitarismo le daba forma a su ejército nacional llamado Autodefensas
Unidas de Colombia.
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En ese entramado de violencia, complicidades y corrupción, en los años finales de la
década de los años 90 y los primeros del siglo XXI, en un periodo que abarca desde la recta
final de la era Samper, los cuatro años de la administración Pastrana y el primer gobierno
de Álvaro Uribe, Bogotá fue epicentro de una oleada de guerra sucia sin antecedentes. A
partir de 1997 y al menos hasta el año 2004, el paramilitarismo incursionó en la ciudad y la
evidencia fueron varios asesinatos y ataques con claras intenciones de afianzar su poder.
Con el paso del tiempo, a través de las desperdigadas investigaciones judiciales de
los casos más graves ocurridos en Bogotá en la época señalada, se sabe que buena parte de
esas acciones fueron desarrolladas por una organización, unas veces identificada como el
Frente Capital o el Bloque Capital. En cualquier forma, una ofensiva del paramilitarismo en
la ciudad, que se tradujo en asesinatos políticos, oficinas para concretar ajustes de cuentas,
extorsiones, secuestros y operaciones de limpieza social.
Lo extraño es que, cuando llegó el proceso de paz entre el gobierno Uribe y las
autodefensas, y entre 2003 y 2005 se produjo la desmovilización de sus principales frentes
de guerra, no apareció en esos balances el Bloque Capital. Si existió la entrega de hombres
y armas del Bloque Centauros, cuyas acciones se entrelazan con muchas de las sucedidas
en Bogotá en el margen de tiempo descrito, pero como si se tratara de una acción
deliberada, los que conformaron el Bloque Capital no lo hicieron manifiesto.
En otras palabras, a nivel judicial y también en términos de reconstrucción de
memoria del conflicto colombiano, hay un vacío respecto a la existencia y acciones
perpetradas por el Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y lo que está
claro es que en Bogotá si operó una estructura paramilitar que, de una forma estratégica y
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premeditada, desarrolló una ofensiva violenta, con crímenes específicos y movimientos
determinantes que hoy representan un capítulo aparte en la historia de la guerra.
A ese Frente o Bloque Capital, enlace del paramilitarismo de la Casa Castaño, ya se
le atribuyen judicialmente acciones como el triple asesinato de los investigadores del
CINEP, Mario Calderón y Elsa Alvarado, lo mismo que al padre de ella, Carlos Alvarado.
El homicidio del penalista y defensor de derechos humanos, Eduardo Umaña Mendoza. El
crimen del líder sindical del Sumapaz, Julio Alfonso Poveda. El asesinato del periodista
Jaime Garzón. El secuestro de la comunicadora Jineth Bedoya o el atentado al líder sindical
Wilson Borja.
No son los únicos casos, pero junto a otros de la misma factura, es evidente que el
paramilitarismo tuvo su frente de guerra en la capital del país, y que para garantizar sus
acciones contó con la complicidad de miembros de las Fuerzas Armadas. Una estructura
que además contó con la impunidad absoluta al interior de la cárcel La Modelo, en Bogotá,
donde los paramilitares Miguel Arroyave o Ángel Gaitán Mahecha, entre otros, se
apropiaron de la prisión y la convirtieron en una sede para configurar delitos.
Una telaraña criminal que al exterior de La Modelo también tuvo agresivos
artífices. El más reconocido, Jesús Emiro Pereira, alias Huevoepisca, concuñado de Carlos
Castaño, mano derecha de Vicente Castaño y, según sus propias palabras, enlace del
comandante de la Brigada XIII, general Rito Alejo del Río y del coronel Jorge Eliécer
Plazas Acevedo, su jefe de inteligencia. Además, Huevoepisca ha reconocido su
intervención en graves acciones, aunque en casos como el ataque a la periodista Jineth
Bedoya lo sigue negando.
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De cualquier forma, ese Bloque Capital continúa siendo un capítulo oculto en la
historia reciente del paramilitarismo. De los demás bloques de las autodefensas se han
abierto investigaciones concretas y hoy es fácil encontrar documentos de seguimiento de la
Fiscalía, los jueces o los magistrados de Justicia y Paz. Pero del Bloque Capital, incluso en
el poder judicial, los silencios son evidentes. O no se le ha dado la importancia y la
pertinencia que el tema merece o, por alguna razón, no se ha dado un documento
conclusivo.
El vacío es tan notable que incluso, en fecha reciente, la propia Sala de Justicia y
Paz del Tribunal Superior de Bogotá instó a la Fiscalía a superar su “letargo judicial” y
esclarecer la operatividad del paramilitarismo en Bogotá entre finales de los años 90 y la
expedición de la ley de Justicia y Paz (ley 975 de 2005) en el primer gobierno de Álvaro
Uribe. Con un agravante: de los múltiples casos atribuidos al Bloque Capital, ocho han sido
calificados por la misma justicia como crímenes de lesa humanidad.
Debe reiterarse que el propósito de este trabajo periodístico no es hacer justicia, ni
sustituirla, ni pretende tampoco superar sus alcances. Lo que busca es aportar unos
contextos y unos perfiles judiciales que, desde el campo de la narrativa, ayuden a entender
lo que sucedió con el Frente o Bloque Capital o cualquiera haya sido la estructura
paramilitar que operó en Bogotá en los tiempos señalados. El objetivo es alcanzar una
visión totalizadora de lo que fue esa cadena de asesinatos selectivos y violación a los
derechos humanos.
Por eso, es necesario plantear tres contextos en un mismo escenario: Bogotá. La
perspectiva de la guerrilla, en particular de las FARC, la visión del paramilitarismo en el
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momento de su expansión nacional a través del proyecto Autodefensas Unidas de
Colombia, y el Estado desde la gestión de tres gobiernos: el final de la administración
Samper, los años de Andrés Pastrana y sus diálogos fallidos con las FARC en la región del
Caguán, y la era del gobierno Uribe, su seguridad democrática y la ley de Justicia y paz.
Y para entender lo sucedido, a cada contexto se suman relatos personalizados en
torno al crimen de Mario Calderón y Elsa Alvarado, el 19 de mayo de 1997; el asesinato a
Eduardo Umaña, el 18 de abril de 1998; la muerte del sindicalista Julio Alfonso Poveda, el
17 de febrero de 1999; el crimen del periodista Jaime Garzón, el 13 de agosto de 1999; el
atentado contra Wilson Borja el 15 de diciembre del 2000; el secuestro de la periodista
Jineth Bedoya, el 25 de mayo del 2000; y el asesinato del alcalde de El Dorado (Meta)
Euser Rondón y dos acompañantes, el 13 de septiembre de 2004.
Este trabajo periodístico aporta una mirada final para no dejar pasar por alto las
acciones del Bloque Capital contra ciudadanos del común, a través de operaciones de
limpieza en áreas periféricas de la ciudad. Judicialmente es una secuencia más oculta que
los casos nombrados, pero está claro que tales ataques sucedieron, como lo han reseñado
algunas organizaciones sociales. Habitantes de localidades como Ciudad Bolívar, Bosa,
Suba, Soacha u otros municipios adyacentes a la capital.
En síntesis, estrictamente desde el ejercicio del periodismo judicial, este trabajo
únicamente pretende hacer memoria documentada sobre el ambiguo capítulo del Bloque
Capital de las autodefensas. Evidenciar quiénes fueron las víctimas, cuál era su importancia
en el contexto del conflicto armado colombiano, como se conectan los distintos casos y
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cuáles han sido los aportes de la justicia. Un recuento para visibilizar y recordar actos de
violación de derechos humanos que no pueden quedar en el olvido.
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1. Problema y Justificación
Esta investigación registrada a través de un producto periodístico pretende
contribuir a la construcción de memoria colectiva en el país, especialmente, en tiempos de
posconflicto en los que entender los diferentes hechos de violencia y violación a los
derechos humanos resulta fundamental para reconstruir la historia. El Bloque Capital: la
historia del paramilitarismo en Bogotá en los años 90, es un reportaje que cuenta la
historia de 8 víctimas en los años 90, todas ellas asesinadas, ultrajadas o amenazadas por el
Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) un frente paramilitar que
llegó a la ciudad Bogotá para tomar control de zonas lideradas por grupos guerrilleros de
las FARC. Sin embargo, más allá de la lucha contrainsurgente que definió como grupo a las
1Autodefensas, El Bloque Capital encontró en la capital de la República un lugar
estratégico tanto en sus intereses económicos como en sus intereses militares.
Esta investigación intenta generar un análisis crítico de lo que significó la llegada
del Bloque Capital de las AUC a Bogotá, entendiendo esta ciudad como un lugar decisivo
para el control del país. En primera instancia porque es la capital de Colombia y se
encuentran centros de poder importantes para el equilibrio estatal y en segunda instancia,
siendo esta la razón más importante, Bogotá es la entrada a los Llanos Orientales del país y
para las AUC era trascendental adquirir el control de ese territorio.
La toma del poder de las Autodefensas se registró oficialmente a comienzos de
1997, aunque su incursión comenzó años atrás. El Bloque Capital llega a la ciudad de
Bogotá en medio de un contexto de desequilibrio político en el que los límites del
1Ver anexo 1
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narcotráfico habían cruzado lo más alto del poder colombiano: la presidencia de la
República con el proceso 8000 del gobierno de Ernesto Samper.
Entre 1997 y 1998 empezó la expansión de las AUC donde se registraron varias
masacres consecutivas que se acercaban cada vez más al terreno de la capital. Algunas de
ellas: la masacre del 15 de julio de 1997 en Mapiripán, la masacre de Horqueta en Tocaima
el 21 de noviembre del mismo año y finalmente se registró la llegada de las AUC al
Sumapaz zona caracterizada por ser territorio de las FARC. Muchas zonas de control
guerrillero fueron también interceptadas por las fuerzas paramilitares ya que desde un
principio ese era el objetivo de las autodefensas: combatir la insurgencia revolucionaria.
Esta situación afectó en gran medida a las poblaciones que eran víctimas tanto de las FARC
como de las AUC. En Bogotá el reclutamiento y las infiltraciones de la guerrilla en la
ciudad eran evidentes en los barrios se encontraban a la periferia: Ciudad Bolívar, Altos de
Cazucá, Soacha, entre otros.
En medio de la arremetida paramilitar en la capital de la República, el Bloque
Capital de las AUC, realizó una serie de asesinatos selectivos en la ciudad. Atentados,
Amenazas, homicidios y desplazamientos a líderes sociales, sindicalistas, abogados y
periodistas. Es decir, personas u organizaciones que, de cierta forma, podrían llegar a
afectar el movimiento paramilitar en la ciudad con las denuncias e investigaciones que se
encontraban realizando y más allá de eso, con las personas que se orientaban políticamente
en desacuerdo con el movimiento que promulgaba las Autodefensas.
Esos diferentes episodios no han sido lo suficientemente registrados en la historia
de Colombia, porque si bien se encuentran archivos judiciales y documentación en medios
de comunicación, todos ellos se analizan de forma separada. Este producto periodístico
intenta, por medio de los recursos del campo de la comunicación social, entender los
12
hechos de forma sistemática ya que es innegable que se repiten actores, lugares, modos
operandi, y tipos de víctimas.
Para esta investigación se dividieron las víctimas en dos sectores sociales dentro de
la ciudad, ya que resulta trascendental definir que la llegada del paramilitarismo a la ciudad
no solo afectó a las zonas más vulnerables, como es el caso de Ciudad Bolívar, Altos de
Cazucá, y Soacha, sino también otra esfera pública que, aunque se encontraba en una
posición social un poco más fuerte, también se convirtió en un blanco perfecto para el
paramilitarismo.
Como primera instancia se encuentran las víctimas que tal vez han sido menos
mediáticas pero el impacto social del paramilitarismo contribuyó a problemáticas un poco
más complejas y son las víctimas pertenecientes a algunas zonas de barrios periféricos del
sur de la ciudad. lugares donde se instauró el Bloque Capital de las AUC por medio de
oficinas de cobro, boleteos, desplazamiento interurbano, asesinatos selectivos y limpieza
social.
El periodismo entonces, es una herramienta que permite por medio la difusión de la
verdad contar realidades que liberan. El conflicto armado en Bogotá y específicamente
el paramilitarismo es un campo que no se ha explorado lo suficiente, comparándolo con el
registro que se ha tenido del conflicto rural en Colombia. Si bien es cierto que han sido
consecuencias y magnitudes diferentes, es importante reflejar esa historia de impunidad y
sufrimiento que también se vivió y aún se vive en la capital. Este tema aporta al campo del
periodismo en la medida en que se entiende como una herramienta que informa y cuenta
una historia real, que no todos han escuchado y que quienes lo han hecho no han difundido
lo suficiente. El periodismo no es el ente encargado de hacer justicia, pero la denuncia por
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medio de los medios es un paso adelante para no dejar en impunidad una realidad que
también tiene derecho a ser contada.
Objetivos generales
Describir cómo se ve reflejado el conflicto armado colombiano en la ciudad de Bogotá
entendiendo esta como víctima directa al presentar características típicas que por lo general
se enmarcan en zonas rurales, tales como: asesinato selectivo a líderes comunitarios,
desplazamiento interurbano y microtráfico local enfocando la investigación al caso
específico del Bloque Capital de las AUC, como grupo armado paramilitar. Describir las
diferentes víctimas que el paramilitarismo ha dejado en Bogotá, divididas en esta
investigación en dos grupos específicos: casos de víctimas en barrios de la periferia de
Bogotá, como Ciudad Bolívar, Altos de Cazucá, Soacha, entre otros. Y, las víctimas
pertenecientes a una esfera pública que trabajó en temas de denuncia social o contextos
políticos, tales como: periodistas, abogados, sindicalistas, investigadores, etc.
Objetivos específicos
- Describir cómo y por qué surgió la incursión del Bloque Capital de las AUC en
Bogotá, teniendo en cuenta el contexto histórico, político y social de los años 90
en Colombia y en la ciudad y que consecuencias trajo eso para el conflicto
armado en el país.
- Describir en qué casos concretos se han presentado en Bogotá patrones típicos
del conflicto armado colombiano como: ¿desplazamiento interurbano, limpieza
social y asesinatos selectivos?
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- Describir cómo el Bloque capital de las AUC afectó directamente a víctimas de
diferentes grupos sociales como es el caso concreto de Altos de Cazucá o
Ciudad Bolívar y a su vez, víctimas pertenecientes al gobierno, a los medios de
comunicación y a grupos defensores de derechos humanos.
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2. Marco Teórico
Entender el conflicto armado interno que se vive en Bogotá es de cierta forma,
entender el conflicto armado en Colombia. Para poder explicar movimientos como el
Paramilitarismo, se debe primero hacer un recuento por la historia de violencia que ha
sufrido el país en las diferentes décadas. Este trabajo parte desde el año 1945, tiempo en
el cual se vivió una de las guerras civiles más violentas en la historia del país, tanto así
que a esa época se le denominó como la Violencia. Los constantes ataques entre partidos
liberal y conservador dejaron miles de muertos y desplazados. Sin embargo, esta
situación no solo afectó las zonas rurales, sino que por el contrario alcanzó la ciudad
capital de Bogotá y estalló en uno de los episodios que, sin duda, marcaron la historia: el
Bogotazo del 9 de abril.
El marco teórico de este trabajo se dividirá en tres tópicos centrales. Como
primera instancia, se realizará en recuento histórico de la violencia en Colombia
partiendo desde el 9 de abril. Los conceptos desarrollados están basados en el texto de
Marco Palacios Violencia Pública en Colombia, 1956-2010; de igual forma se tomarán
como referentes los informes de Alfredo Molano y Daniel Pecaut de La comisión
histórica del conflicto y sus víctimas.
Por otro lado, se desarrollará con mayor profundidad la figura del
paramilitarismo en Colombia ya que es el tópico que atañe directamente esta
investigación. Para este tema se utilizará el libro de Raúl Zelik Paramilitarismo
Violencia y transformación social, política y económica en Colombia y el informe
¡Basta Ya! del centro de memoria histórica.
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Por último, se abordará el tema de conflicto urbano, teniendo en cuenta que el
fenómeno paramilitar de las AUC en Altos de Cazucá se manifestó desde diversas
formas que enmarcan el término de conflicto urbano. Es importante también, entender
que la concepción y construcción sociocultural de una persona de la ciudad es diferente
a la de una persona que nace en el campo y es por ello que la violencia y el conflicto
armado también cambia de significación cuando se aborda desde un campo urbano y
más, si es una ciudad como Bogotá que representa un centro para todo el país.
Por lo anterior es importante antes que nada definir el concepto de violencia
urbana para luego poder enmarcar la violencia en Colombia en ese contexto.
Es por ello que se utilizará como referente, el artículo de La victimización por
violencia urbana: niveles y factores asociados en ciudades de América Latina y España
de José Miguel Cruz en donde se define el concepto de violencia urbana y de
victimización. De igual forma, Fernando Carrión habla sobre Violencia urbana: un
asunto de ciudad donde nuevamente explica el concepto de violencia urbana pero
también se remonta al concepto de políticas urbanas y su relación directa con la
violencia urbana y del mismo autor también se utilizará De la violencia urbana a la
convivencia ciudadana.
Los anteriores textos están basados en el contexto latinoamericano de la violencia
urbana.
17
El comienzo de la violencia en Colombia, tuvo origen a finales del 1945 y principios del
1946. Las causas principales fueron las fuertes diferencias entre clases sociales generadas
por un cambio en la política oficial hacia los asalariados, situación que se presentó durante
el gobierno de López Pumarejo quien se vio obligado a renunciar debido a una fuerte
oposición entre liberales y conservadores. Un periodo en la historia de Colombia también
denominado como La violencia.
En noviembre de 1945 estalló una protesta del sindicato más grande de Colombia
FEDENAL, que controlaba a los trabajadores de transporte fluvial de Magdalena. Para
ese año, el presidente sucesor de López Pumarejo fue Alberto Lleras Camargo, quien
tuvo que enfrentarse a las diversas huelgas de trabajadores que pedían mejores salarios.
De igual forma, La Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, tiempo después
emprendió el primer Paro Nacional en la historia del país con objeto de presionar al
Gobierno para que apoyara a FEDENAL.
El Paro Nacional y las diferentes huelgas por parte de los trabajadores y
sindicalistas dejaron ver la debilidad de los movimientos laborales y sobre todo la falta
de control del Gobierno Colombiano. El paro nacional de CTC rompió todas las
relaciones con el gobierno del entonces presidente Mariano Ospina Pérez y se vinculó
directamente con el partido Liberal para bloquear la dominación de las fuerzas
conservadoras.
La violencia en Colombia estalló con un conflicto de clases y de aumento
salarial. Daniel Pécaut, afirma en su libro Violencia Conflicto y política en Colombia
que el conflicto en Colombia inició, al igual que en muchas partes del mundo, con una
“retórica contra la oligarquía” naciente del país. Hecho que se incrementó con las tasas
de inflación nuevas en el territorio y la falta de apoyo gubernamental. La situación
18
económica del país reforzó la visibilidad política del partido liberal, dirigido por Jorge
Eliécer Gaitán.
La retórica de la lucha contra la oligarquía, tuvo un atractivo mayor que el común para el proletariado debido a circunstancias de tasas de inflación no acostumbradas; una falta de apoyo gubernamental para los aumentos de salarios compensatorios; y políticas de gobierno diseñadas para retractar las conquistas laborales anteriores y romper la fuerza de los sindicatos. La política laboral de Lleras Camargo identificó a los moderados liberales con estos procesos lo mismo que a los conservadores. (Pécaut. pg 230)
En Colombia se inició entonces un periodo de guerra bipartidista. En el año 1947
durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez del Partido Conservador, se incrementaron
los actos violentos entre los dos partidos centrales. El presidente Ospina Pérez
demostraba firmeza ante la época de La Violencia.
Los medios de comunicación también fueron relevantes en este proceso histórico
al incrementar la tensión por medio de la prensa sensacionalista del momento. “La
ignorancia de aquellos cegados por la pasión política partidista, separados del proceso
político real del país, la prensa amarilla y las figuras políticas locales, fueron culpados
de La Violencia, tanto por la prensa liberal como conservadora de la capital.”
(Oquist. pg 232)
Con el tiempo aumentaba cada vez más la lucha de los partidos por obtener la
hegemonía política del país. Para el año 1947 se designó a Jorge Eliécer Gaitán como el
Director Nacional Liberal, hecho que claramente suponía una riña directa para las
próximas elecciones del 1950 con Gaitán como el candidato liberal y Laureano Gómez
como Conservador.
Como también lo señala Oquist, en el informe Una lucha armada al servicio del
Statu quo social y político presentado ante el Alto Comisionado para la paz en el 2015,
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la violencia en Colombia durante ese periodo alcanzó cifras que superaban el registro
que el país llevaba hasta entonces.
Pero esta alternancia se produce en una coyuntura especial: el ascenso de una movilización populista inédita, detrás de Jorge Eliécer Gaitán; y de una contra movilización que se reclama de un fundamentalismo católico, detrás de Laureano Gómez. Desde entonces la violencia se exacerba: en 1948 alcanza cerca de 43.000 muertos, en 1950 más de 50.000. (Oquist. pg. 12. 2015)
Entre 1947 y 1948 años próximos a las siguientes elecciones la violencia
aumentó drásticamente en Colombia, con las elecciones municipales la Casa Liberal de
Cali fue atacada violentamente y de igual forma en zonas como Boyacá y Santander
estallaron en un conflicto interno entre Liberales y Conservadores. La situación fue
descrita por Laureano Gómez como un estado de guerra civil. El 28 de enero de 1948
Jorge Eliécer Gaitán promulgó un Memorial de Agravios, una lista de las localidades
afectadas por la violencia. El 7 de febrero de 1948 condujo La Marcha del silencio, en
cual él fue el único orador frente una multitud silenciosa que pedía por la defensa de la
vida humana.
Sin embargo, la situación se agravó aún más cuando en febrero de 1948 el
partido Liberal anunció su retiro de la Unión Nacional, un pacto de coalición entre los
dos partidos con los que se había gobernado hasta entonces. Pocas semanas después el 9
de abril, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en Bogotá.
El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán que desencadenó en el Bogotazo fue un
hecho social que partió la historia de Colombia en dos. El 9 de abril provocó un
levantamiento no sólo en la ciudad sino en todo el país, movimientos insurgentes que
también se conocían como “juntas revolucionarias”. El pueblo colombiano se levantó en
protesta porque Gaitán representaba de cierta forma un cambio en la estructura política
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que se llevó en el país hasta entonces, y sobre todo su muerte simbolizó represión. En
Colombia se empezaron a formar grupos que iban en contra del gobierno conservador de
derecha y eran alentadas por los cambios sociales y políticos que el continente
latinoamericano también vivía en el momento.
Para Darío Fajardo, en el informe Estudio sobre los orígenes del conflicto
armado, razones para su presencia y sus efectos más profundos en la sociedad
colombiana publicado por el Alto Comisionado para la Paz en las Mesas de
Conversaciones, señala que la muerte Gaitán estalló la violencia aún con más fuerza de
lo que se había vivido antes por la guerra partidista entre liberales y conservadores.
La muerte de Gaitán fue precedida por una intensa persecución contra sus seguidores, que motivaron las grandes manifestaciones de protesta encabezadas por el dirigente. Luego de su asesinato la violencia se extendió a varias regiones del país(...) Esta etapa de expansión de las acciones represivas habrían de llevar a la crisis política de finales de la década y comienzos de la de 1950, en las cuales confluían las expulsiones de campesinos y el exterminio de los opositores, en particular, de las filas gaitanistas. (Fajardo, D. pg 24. 2015)
Según Oquist (1978) la división partidista redujo la autoridad del Estado y lo
dejó en una situación de “caos” o colapso que con el tiempo se transfiguró en
modalidades diferentes de violencia.
Marco Palacios en su texto Violencia Pública en Colombia 1958-2010 (2012,
p.41) hace un recuento histórico de la tradición política colombiana en la que la
violencia y la ausencia del Estado para generar control se convierte en un imperativo que
pasó del siglo XIX hacía el siglo XX.
En el sustrato de la formación nacional colombiana y de su cultura política se había consolidado tempranamente un sistema bipolar de tipo representativo en un molde perverso de elecciones - violencia-elecciones que dominó prácticamente el siglo XIX y quedó latente en la primera mitad del siglo XX.
21
En los años 60 surge la idea del Frente Nacional como una estrategia de
colaboración entre los dos partidos tradicionales: Liberal y Conservador. Consistía en
una distribución equitativa entre los dos partidos, en las curules parlamentarias del
gobierno; todo el con el fin de acabar con la guerra civil colombiana del siglo XX por
medio de la participación igualitaria de los dos polos políticos que tenía el país.
El Frente Nacional se puso en marcha después del gobierno de Rojas Pinilla. La
década de los 60 fue un periodo de tiempo en el cual se consolidaron varios grupos
insurgentes de la izquierda liberal. La influencia de Cuba y las constantes tensiones de
Estados Unidos en su lucha anticomunista generaron el ambiente propicio para la
conformación de diferentes grupos de acción campesina y de acción estudiantil dentro
de las grandes ciudades.
Para los liberales y muchos conservadores –así no lo confesaran–, la violencia tenía que ver con el botín burocrático. La creencia de que la coalición liquidaría la lucha banderiza no resultó cierta. El vacío fue llenado por el MRL y la Anapo, movimientos que en última instancia trasladaron su fuerza social a los grupos armados. No en vano el MRL tuvo que ver con la fundación del ELN, y la Anapo con el M-19. (Molano, A. pg 30. 2015)
2.1 Sobre los orígenes del ELN
La herencia del populismo gaitanista y por el lado conservador Rojaspinillista
(Palacios. 2012) crecía con el tiempo. Las bases comunistas rurales como la del
Sumapaz y la del sur de Tolima se unieron desde el 1963 en las Ligas Campesinas del
PCC. De igual forma el principal grupo en oposición directa al Frente Nacional era el
Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) quien tenía como brazos delegados a las
juventudes del MRL. Por último, los gaitanistas se mantenían firmes en la línea de la
22
legalidad del Frente Nacional razón por la cual eran desacreditados por una parte de la
izquierda Nacional, con el Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR) liderado por
Gloria, la hija de Gaitán, se buscó apoyo de Cuba en busca de una salida armada.
El ELN surge en la ciudad, sus movimientos y organizaciones se iniciaron en las universidades. Así como señala Marco Palacios “la urgencia de construir aparatos urbanos clandestinos que,
mediante campañas de propaganda armada, revelaran las debilidades de los regímenes oligárquicos y proimperialistas y tempalaran el espíritu combativo de los nuevos dirigentes cuyo nicho natural fuerons las universidades.” (Palacios. 2012)
Es así como el ELN, comenzó a realizar diferentes ataques en Bogotá, al respecto
una nota del El Tiempo citada por Marco Palacio (2012) quien hace referencia a los
diversos ataques en Bogotá generados entre 1962 y 1963.
[...] el llamado movimiento de liberación nacional está representado por sujetos que actúan clandestinamente, sin jefes conocidos plenamente y ellos se atribuyen la paternidad de todos los atentados ocurridos en Bogotá en el curso de este año. De esos actos de sabotaje, los más delicados han sido los ocurridos dentro del propio recinto del Congreso de la República” (El Tiempo 4 agosto 1963)
Para el Ejército de Liberación Nacional el reclutamiento estudiantil fue un factor
clave ya que los estudiantes se convirtieron en un elemento de confrontación directa con
el gobierno de entonces; por medio de las marchas, los paros y la resistencia cívica se
consolidó una fuerza trascendental en la juventud de izquierda del país. Esas expresiones
de desacuerdo se desarrollaron desde tiempo atrás y fueron cruciales en gobiernos como
el de Rojas Pinilla. Como lo señala Palacios: “Los estudiantes habían sido una
importante fuerza de choque en las jornadas de resistencia cívica que forzaron el retiro
de Rojas Pinilla en mayo de 1957”
23
Universidades como la Nacional, la Libre y el Externado en Bogotá
contribuyeron a la militancia activa del ELN, de igual forma, en la Universidad del
Atlántico en Barranquilla y la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga
hicieron parte de este proceso de reclutamiento juvenil que entraron a hacer parte de las
JMRL (Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal).
Sin embargo, los orígenes del ELN se adjudican a la formación revolucionaria
proveniente de Cuba a cargo de Fabio Vásquez fundador de la guerrilla del ELN. Fabio
Vásquez nacido en Calarcá, Quindío tuvo que ver el asesinato de su padre a cargo de los
“pájaros” (grupo armado ilegal conservador durante la época de La Violencia) y desde
entonces intentó militar en varios grupos armados para contrarrestar el ataque de los
conservadores. En 1962 fue becado por el gobierno cubano para estudiar economía.
La historia con-sagrada enseña, que el ELN nació en Cuba con la formación de la brigada pro Liberación Nacional José Antonio Galán, bajo el modelo canónico de la doble dirección: la militar Fabio Vásquez Castaño, antiguo militante de las JMRL, y la política, de Víctor Medina Morón, es dirigente de la Juventud Comunista y de AUDESA. (...) La formación de la Brigada se concentró en una reunión convocada por el Che el 11 de noviembre de 1962. (Palacios, M. pg 81. 2012)
Algunas características a destacar del ELN fue la incorporación del cura Camilo
Torres a las filas del grupo guerrillero. Camilo Torres fue la figura de la iglesia católica
en medio de la guerra en Colombia. La idea de un cura militando activamente con un
grupo guerrillero generó muchas controversias para el cuerpo católico y en general, para
todo el país. No obstante, su imagen también tuvo mucha fuerza tanto así que llegó a ser
la cabeza de un masivo movimiento político, el Frente Unido del Pueblo (FUP).
El ELN no inició como un grupo de autodefensa campesina y, por ende, su
conformación se diferenció de la de las FARC ya que la primera generación de líderes
24
de esta agrupación guerrillera se conformó por agrupaciones del campesinado que
conformaron guerrillas en el sur del Tolima y otras zonas de Colombia.
2.2 Sobre los orígenes de las FARC y el PCC
Después del 9 de abril muchos gaitanistas transfirieron su confianza y fuerza
hacia el PCC (Partido Comunista Colombiano) que había sido fundado desde 1930. Para
la década de los 60, en los comienzo del Frente Nacional, se vivía una corriente y una
tensión contra el “peligro comunista” las tensión en medio de la Guerra Fría, la
conformación y fuerza que tomó la izquierda en el continente latinoamericano y la
constante intervención de Estados Unidos por impedir que el comunismo se
incrementara generó el ambiente propicio para que muchos campesinos, mestizo e
indígenas generaran resistencia contra el gobierno por el periodo de violencia extrema
en el que se encontraba Colombia.
Al igual que la mayoría de movimientos sociales y políticos de los cuales se ha
basado esta investigación, las FARC también surgieron de la constante pugna entre
liberales y conservadores (1948-1953). La unión de varios grupos de campesinos
liberales contra los ataques de los pájaros (conservadores) contribuyó la conformación
de los primeros “ejércitos” o grupos de campesinos que se unieron para proteger a sus
familias a sus tierras. De la unión de varias familias campesinas que lideraban las
pequeñas agrupaciones de defensa surgió el “Ejército Revolucionario Nacional”.
El Ejército Revolucionario Nacional, se instauró en El Davis, una hacienda ganadera en el sur del Tolima. Esta zona se autodenominada como “zona liberada” en donde los campesinos que vivían
allí se organizaban alrededor de la tierra: la cultivaban, la distribuían y la defendían de otros con las armas. Una de las principales razones por las cuales surgió esta organización campesina fue
25
por el desacuerdo ante la reforma agraria que se instauró durante el gobierno de Lleras Camargo (1961) ya que “la política de tierras del Frente Nacional había dejado en la orfandad algunas zonas del país, lo que condujo a la creación de territorios autónomos.” (Molano 2016).
La hacienda El Davis fue el primer lugar donde se instauró el modelo que más
adelante se aplicó en Marquetalia y dio por consiguiente la inminente fundación de las
FARC; de igual forma, las zonas liberadas iniciaron un movimiento agrario que tomó el
nombre de “Repúblicas Independientes” en donde los campesinos se autogestionaban y
sentían la seguridad que el Estado no les otorgaba. Las repúblicas independientes que se
fundaron estaban en: Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero y Sumapaz.
Como lo señaló Alfredo Molano en una entrevista que realizó a Jaime Guaraca
uno de los comandantes fundadores de las FARC.
No eran 50 familias, pasaban de 200. Fue un campamento muy bien montado, con varias organizaciones: de los 15 años hasta los 40, y a veces hasta los 50, eran guerrilleros de fila cumplían con cualquier misión militar. Con los mayores de 50 se construían ranchos, cultivaba comida, hacían alpargatas (...) Las mujeres remendaban cocinaban, lavaban; algunas eran enfermeras y otras enseñaban a leer a los ancianos. (Entrevista a Jaime Guaraca. Molano, A. pg 66. 2016)
Sin embargo, surgieron diferencias entre los campesinos que pertenecían a
organizaciones liberales y campesinos que hacían parte de organizaciones basadas en el
modelo comunista. Unos tenían una estrategia militar más completa y otros un modelo
ideológico más definido.
Las armas ganadas en los combates -alegaban los comunistas- no eran propiedad privada de los comandantes sino propiedad colectiva del movimiento. En realidad, la organización de los limpios (liberales) era un escape de gamonalismo armado contra los conservadores y la policía Chulavita. Los comunistas orientados por el Partido, tenían un programa social que reivindicaba los derechos a las tierras baldías y las garantías políticas a la oposición. (Molano. pg 24. 2016)
26
El Davis se dividió en dos sectores: El Davis, mandado por Isauro Yosa, Mayor
Lister y Luis Alfonso Castañeda, ese sector era de los Comunes y el sector de La
Ocasión liberal pertenecía a los “limpios”. El hecho que realmente dividió a estos grupos
definitivamente fue la Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional en
1952, más conocida como Conferencia de Boyacá, la cual buscaba la unificación de
todas las guerrillas de las diferentes zonas de Colombia para derrocar la reforma agraria.
los Comunes fueron a la reunión, pero los liberales no asistieron.
Después de un tiempo de pequeños combates debido a la división el Ejército
Nacional de Colombia buscó que los liberales (los limpios) se convirtieran en aliados
durante el gobierno de Rojas Pinilla, y ellos poco a poco aceptaron las condiciones. Por
otro lado, los Comunes crearon El Ejército Revolucionario de Liberación. El Ejército
Revolucionario de Liberación migró hacia Marquetalia, una vereda de Gaitania al sur del
Tolima, ubicada en el costado occidental del nevado del Huila.
El 18 de mayo de 1964 durante el gobierno de Guillermo León Valencia las
fuerzas militares de Colombia inician la operación Marquetalia con el fin de destruir las
llamadas repúblicas independientes. Esta iniciativa estuvo a cargo de Álvaro Gómez
Hurtado hijo del expresidente Laureano Gómez quien señaló varios puntos de Colombia
en donde estaban las zonas que, según él, representaban una amenaza para el país. El
presidente León Valencia pone en marcha una operación para recuperar a la fuerza esos
territorios.
Como se señala en el especial “la operación Marquetalia” de Señal Memoria, la
estrategia militar se realizó con el apoyo de Estados Unidos, (con la operación Lazo) en
medio de una guerra contra la expansión del comunismo y aparentemente aquellas
27
“Repúblicas Independientes” amenazaban la soberanía de gobierno colombiano, tanto
así que la operación militar también se conoce como “Operación Soberanía”.
Se conoció como la “operación Marquetalia”, y consistió en un despliegue militar que desalojó a los llamados “bandoleros” de zonas como Marquetalia (corregimiento de Gaitania, en el
municipio de Planadas, Tolima), Riochiquito (Cauca), El Pato (Huila) y Guayabero (Guaviare). Aquellos bandoleros eran, en su mayoría, campesinos que venían de fracasados procesos de amnistía, como los promovidos por el general Rojas Pinilla. En un contexto de guerra fría y de miedo al comunismo, el Estado interpretó la organización campesina en torno a propiedades colectivas como una amenaza al monopolio de la fuerza y como una alineación con el comunismo. (Señal Memoria 2015)
Sin embargo, esa operación militar llevaba años de preparación, (Molano 2016)
explica que en 1963 Manuel Marulanda Vélez , mayor dirigente de estas autodefensas
campesinas, amplió la influencia de las autodefensas en el área comprendida de Balsillas
Aipe, Palermo, Órganos, Chapinero, San Luis, La Julia, Aipecito en el Huila; El
Carmen, Natagaima, El Patá, Monte Frío, Praga, Casadecinc, Santa Rita, Sur de Atá y
Gaitana en Tolima eran todas las zonas que en realidad constituían la “república
independiente de Marquetalia.
En esas zonas, previniendo los operativos del Ejército las guerrillas comenzaron
a cultivar maíz y arroz y construyeron depósitos para almacenar estos alimentos, se
organizó la población y se adiestraron diferentes mandos militares. Un año después bajo
el mando del general José Joaquín Mantilla el 18 de mayo de 1964 el Ejército Nacional
de Colombia se toma Marquetalia. Sin embargo, la guerrilla de Marulanda estaba
escondida entre las montañas así que inició una batalla defensiva entre el Ejército y la
guerrilla. El 27 de marzo, es el encuentro directo con la guerrilla. La constante búsqueda
del Ejército y los ataques y contraataques de las dos partes se extienden durante unos dos
meses aproximadamente. El ataque, se prolongó ya que la guerrilla se dividió y se
28
expandió hacia las zonas aledañas que también eran consideradas como repúblicas
independientes. Así lo señala Miguel Pascuas (guerrillero fundador del sexto frente de
las FARC) en el libro de Alfredo Molano
Después de muchos combates salimos hacia el comando de Ciro Trujillo en Riochiquito. Eso significaba ocho días por trocha para llegar hasta allá, pasando por el Símbuala. Ya asentados por esos lados, veníamos intermitentemente a Marquetalia a pelear unos días y otra vez regresábamos a Riochiquito. Ahí generalmente, promediando, entre ida y vuelta y los ratos de pelea, nos gastábamos 20 días. (Entrevista Miguel Pascuas. Molano, A. pg 60. 2016)
El ataque a la guerrilla en vez de debilitarla la fortaleció y fue el momento
decisivo en el que la guerrilla se empezó a llamar FARC y dejó de ser un grupo
autodefensa para convertirse en una organización político militar. Después de la primera
Conferencia del Bloque Sur entre los meses de octubre o noviembre del 1964 los
guerrilleros de las repúblicas independientes se proclamaron oficialmente como las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
En el libro El orden de la guerra: las FARC-EP, entre la organización y la
política se publica el testimonio de un integrante de las FARC con respecto a la
Operación Soberanía por parte del Ejército Nacional a Marquetalia.
Comienza la operación militar contra Marquetalia, el más grande operativo militar realizado hasta el momento en Colombia. Es el comienzo de nuevo de la resistencia armada en Colombia. (...) El Ejército toma simbólicamente la región de Marquetalia, pero militarmente le fue imposible, a pesar de su nueva concepción contra guerrerista, acabar con la simiente de la lucha que había emergido en esas tierras. Esa simiente es la raíz de las FARC-EP. Marquetalia es pues, el símbolo de esta etapa prolongada del movimiento guerrillero moderno de nuestra patria. (Testimonio de guerrillero FARC, citado por: Ferrero. 2002)
Las FARC nacen como una guerrilla que no tienen como bases ideológicas el
comunismo, sin embargo, El Partido Comunista Colombiano, por medio de su apoyo a
29
la conformación del movimiento permitió que se alinearan a estas premisas. Como lo
señalan Juan Guillermo Ferro, Graciela Uribe Ramón.
Las FARC no son una organización creada por una institución externa. Los
fundadores de las FARC fueron de origen campesino, población históricamente ligada a
la violencia que se profundizó en el país a raíz del asesinato del líder liberal Jorge
Eliécer Gaitán. (...) La orientación ideológica que reciben en ese momento por parte del
Partido Comunista Colombiano (PCC) influiría luego en la adopción de los principios
del marxismo leninismo y en la formación de cuadros. (Ferrero y Uribe, G. pg 30. 2002)
2.3 El Paramilitarismo en Colombia
Breve definición
El paramilitarismo en Colombia surge en a finales de la década de los 60,
aproximadamente en el año 1966. Antes que nada, es importante definir el término
Paramilitar. Zelik (2015) afirma en su libro Paramilitarismo Violencia y transformación
social, política y económica en Colombia que por paramilitares se entiende aquellos
grupos cuya meta es luchar contra las agrupaciones contrainsurgentes con orientaciones,
que por lo general, son de izquierda. De igual forma, es importante señalar que estas
agrupaciones no tienen el carácter de bandas criminales y es por ello que su relación se
conecta directamente con el Estado y se pone en tela de juicio su autonomía frente a la
subordinación de las normativas estatales.
En el mismo sentido, zelink cita a Ljodal quien le otorga al término paramilitar
una concepción de casi complicidad con el Estado:
30
Por paramilitar se entiende cualquier grupo u organización armada de carácter irregular que aparece al margen del Estado, pero no opuesto a él, que reivindica un derecho privado a defender alguna definición del statu quo, pero con un mínimo de autonomía e independencia frente al Estado. (Ljodal (2002: 300) citado por zelik 2015)
La definición expuesta anteriormente implica una relación directa con el poder
estatal y de cierta forma, hace referencia a actividades que salen del marco legal y
oficial, aunque se tengan algún apoyo por parte del Estado. En Colombia, los medios de
opinión durante mucho tiempo evitaron emplear el término “paramilitar” ya que
involucraba una relación con el Estado. El término paramilitares siempre fue
cuestionado, los medios hablaban de “autodefensas” o “grupos al margen de la ley.
Zelink (2015) habla de la configuración de los grupos paramilitares debido a la
yuxtaposición de cuatro fenómenos relevantes en la estructura social colombiana: En
primera instancia se encuentra el sicariato político vinculado al narcotráfico; de igual
forma también se encuentran los ejércitos privados de ganaderos, narcotraficantes y
otros grupos poseedores de capital; También están las estructuras de vigilancia y
patrullaje legales, por lo general conformados por la población civil y con la utilización
de armamento otorgados por Ejército; y por último, las organizaciones paramilitares que
se presentan como actores políticos (tal como lo hicieron las AUC).
Historia
Para poder dar una fecha exacta de los orígenes del paramilitarismo es necesario
delimitar las razones que basan el fenómeno. Si se habla de grupos que toman una
posición de autodefensas para ir en contra de grupos que atentan contra la seguridad de
la comunidad, el paramilitarismo se podría remontar a los inicios de la época de la
31
Violencia. Sin embargo, es un concepto difícil de registrar ya que al ser “paramilitar”
debe contar con apoyo oficial o indirecto del Estado.
Zelink (2015) habla de la teoría de que el paramilitarismo surgió en la época de
la Violencia con los grupos de patrulleros que estaban al servicio del Partido
Conservador, los llamados Pájaros o Chulavitas. Esta tesis la sostiene también Gloria
Gaitán (2004) hija del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán. Ella, parafraseada
por Zelink (2015) afirma que las pandillas de los conservadores fueron estructuras que
se conformaron para ser una fuerza “coercitiva gubernamental al margen de la ley”. Los
Chulavitas eran grupos de Conservadores que atacaban a los liberales, durante mucho
tiempo el régimen conservador sectorizó muchas zonas de Colombia, de igual forma los
liberales también hacían contra peso y es por eso que en la época de la Violencia (de
1948 a 1953) se cometieron gran número de masacres colectivas.
El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro (2003) escribió en la Revista Rebelión
sobre el origen del paramilitarismo:
Tras el asesinato de Gaitán la insurrección popular que sobrevino, urbana primero y luego rural, obligó a la oligarquía a modificar la práctica selectiva del sicariato a sueldo por una modalidad muy parecida al paramilitarismo contemporáneo: los llamados “pájaros”; estos eran bandas
rurales auspiciadas y protegidas por la Policía de entonces, que se dedicaban a quemar poblados, a realizar masacres, a desplazar violentamente la población rural contraria al Gobierno o de partidos diferentes al conservador gobernante.
Sin embargo, en la época de la Violencia las pandillas conservadoras no tenían
“una relación no oficial de estructuras informales con el Estado” como lo señala Zelink
(2015) sino por el contrario eran agrupaciones que se defendían por aparte. El Estado
tomó partido en esta situación, en el 1958 cuando se instauró el Frente Nacional,
momento en el cual empezó un proceso de unificación hacia ambos partidos (liberal y
conservador) y así mismo también se actuó con las agrupaciones alzadas en armas
32
respectivamente. “Si asumimos que el término ‘paramilitares’ implica una relación no
oficial de estructuras informales con el Estado, las pandillas partidistas de la época de la
Violencia no podrían ser calificadas como paramilitares.” (Zelink 2015)
2.3.1 Primeros movimientos Paramilitares en Colombia
La Triple A.
A finales de los 70 apareció la organización Acción Americana Anticomunista. Esta
agrupación en su fin por acabar con el comunismo que se venía desarrollando en
Colombia desde la década de los 60, cometió varias acciones terroristas: secuestró a
militantes de la guerrilla, realizó atentados contra periódicos alternativos y envió
amenazas a jueces y políticos de tendencia izquierdista en el país. Algo curioso de esta
agrupación fue el modelo que implementó tomado de países donde también surgieron las
Triple A como el caso de España (Alianza Apostólica Anticomunista 1977) y en
Argentina (La Alianza Anticomunista Argentina 1970).
Zelink (2015) señala que la conformación de las Triple A se realizó como ayuda
de cuerpos de seguridad colombiana. “Investigaciones posteriores de la justicia
colombiana mostraron que la Triple A se creó con integrantes de los mismos cuerpos de
seguridad, con lo cual se generaron estructuras militares paralelas y encubiertas”.
Los grupos paramilitares de los años 80.
Durante el gobierno de Belisario Betancur se realizó el primer proceso de paz
con las FARC (1982-1986). De igual forma, en la década de los ochenta surgieron
nuevas agrupaciones contrainsurgentes que se expandieron a lo largo de todo el país. En
33
Medellín y Cali, los líderes del narcotráfico crearon el grupo MAS (Muerte a
Secuestradores) para protegerse de los secuestros del M-19. También en el Magdalena
Medio, comerciantes y ganaderos se organizaron para conformar las llamadas
autodefensas quienes, a su vez, con ayuda del Estado no sólo combatieron los grupos
subversivos sino los grupos de izquierda y sindicalistas de la región. Asimismo, en
diferentes partes del país el Ejército le impuso a la población civil a conformar pequeñas
milicias que apoyaran las Fuerzas Militares.
En 1987 los paramilitares empezaron a actuar bajo la figura del sicariato, es decir
se empezaron a registrar los primeros casos de asesinatos selectivos y también los
primeros secuestros a políticos subversivos.
En el año 1988, se multiplicaron las masacres a la población civil en
comunidades. Con el tiempo el control territorial era cada vez más invasivo y resultaba
una pieza clave para su concentración y posterior configuración. El 20 de marzo de 1988
tuvo lugar el asesinato selectivo a 20 sindicalistas en dos plantaciones bananeras de
Urabá. En noviembre del mismo año masacraron a otras 40 personas en la ciudad minera
de Segovia, Antioquia.
Los grupos paramilitares se presentaron de manera difusa en este período. Actuaron bajo decenas de nombres diferentes y carecieron de una vocería política unificada. Los límites entre sicariato, organizaciones cívico-militares y ejércitos privados comenzaron a diluirse en esta fase. (Zelink 2015)
Las ACCU y las AUC.
En 1989 se produjo un cambio dentro del movimiento paramilitar que hasta el
momento se había llevado. La idea del cambio era adquirir un perfil político que se
pudiera reflejar en el público. Es así como, en 1994 nacen las ACCU (Autodefensas
34
Campesinas de Córdoba y Urabá) y en 1997 se fundaron las AUC (Autodefensas Unidas
de Colombia) como una coordinación del accionar paramilitar a nivel nacional.
Las AUC se convirtieron en un tercer actor del conflicto en Colombia
diferenciando se dé la guerrilla y del Ejército Nacional. Las AUC tomaron un papel
protagónico en nuevas masacres al redor de Colombia.
Realizaron un intenso trabajo mediático que les permitiera aparecer como un grupo armado dotado de un programa político. Las AUC son responsables de los crímenes de guerra más atroces que ha habido en el país, como por ejemplo las masacres de 1997 en Mapiripán (Meta), la de 1998 en Barrancabermeja (Santander), la de 1999 en La Gabarra (Norte de Santander) y la del 2000 en El Salado (Sucre). En el año 2002, las AUC comenzaron un proceso de negociación con el Gobierno de Álvaro Uribe, que condujo a una desmovilización por fases hasta el 2006. (Zenlik 2015)
Las AUC mantuvieron relaciones con el Estado una de los ejemplos más claros
de esto fueron las llamadas cooperativas de seguridad Convivir, creadas por el Estado en
1994. Las Convivir eran grupos de civiles armados con el fin de proteger las zonas, estos
civiles tenían el apoyo de gobernadores locales y comandos militares regionales. Con el
tiempo las AUC conformaron alianzas políticas, en su mayoría con los partidos uribistas,
y a su vez operaban como instrumentos del Ejército. De igual forma en las zonas donde
estaban ejercían control político, económico y social y se adentraron en los negocios del
narcotráfico.
Se 28 Raul Zelik convirtieron en las organizaciones narcotraficantes más
importantes del país. Sobre todo, este último factor hizo que las AUC desarrollaran una
dinámica propia. A través de relaciones clientelistas vincularon a la población civil a su
proyecto y lograron penetrar las instituciones estatales. (Zelink 2015)
Las AUC operaron con las siguientes estructuras regionales.
35
• Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Córdoba y Antioquia)
• Bloque Bananero (Urabá)
• Bloque Cacique Nutibara (Antioquia)
• Bloque Capital (Bogotá)
• Bloque Calima (Valle del Cauca)
• Bloque Catatumbo (Norte de Santander)
• Bloque Centauros (Arauca y Casanare)
• Bloque Central Bolívar (Bolívar)
• Bloque Élmer Cárdenas (Antioquia)
• Bloque Héroes de Granada (Antioquia)
• Bloque Héroes de los Montes de María (Bolívar y Sucre)
• Bloque Metro (Medellín)
• Bloque Norte (Costa Caribe)
• Bloque Nutibara (Antioquia)
• Bloque Resistencia Tayrona (Costa Caribe)
En el año 2002 bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se inició un
proceso de paz con las AUC (bajo el mando de Carlos Castaño), que llevaba registrados
aproximadamente 219.000 víctimas -según la Comisión Colombiana de Reparación y
Reconciliación. Con la Ley 782 de 2002, el decreto 1258 de 2003 y la Ley 975 de 2005,
llamada Ley de Justicia y Paz reglamentaron la desmovilización de los paramilitares que
confesaran sus delitos y contaran la verdad a las autoridades, ellos obtendrían una pena
máxima de ocho años en prisión, a menos de que hubieran cometido delitos de lesa
humanidad.
36
En el año 2003 representantes del Gobierno y los paramilitares iniciaron los
diálogos en Santa Fe de Ralito (Córdoba). El 15 de julio de ese año se firmó el llamado
'Acuerdo de Ralito', en el que las AUC se comprometieron a desmovilizar a todos sus
miembros antes de 2005. Según el entonces alto comisionado para la paz Luis Carlos
Restrepo, en abril del 2006 se desmovilizó el último de los 30.150 hombres que
pertenecían a los diferentes bloques. El 13 de mayo de 2008 el presidente Álvaro Uribe
ordenó la extradición a Estados Unidos de los 14 líderes principales de las AUC. Con el
fin de que que pagarán en EEUU por sus delitos. Sin embargo, el exmandatario impidió
que los jefes revelaran verdades como lo señalaba el acuerdo desde un principio.
A pesar de la desmovilización de las AUC en el 2005 el fenómeno paramilitar
siguió creciendo en las regiones del país a finales del 2006. Estos nuevos surgimientos
paramilitares se conocieron con el nombre de Bandas Criminales o Bandas Emergentes.
El gobierno registró a estas agrupaciones solamente por la realización de negocios
ilegales por medio del narcotráfico. Sin embargo, estos grupos se conformaron de las
filas de los exmiembros de las AUC. Algunos de los grupos son: Los Rastrojos, Los
Urabeños, Oficina de Envigado o Águilas Negras.
Sin embargo, como lo señala Zelink, estas estructuras aún realizan masacres
selectivas a líderes comunitarios y sindicalistas, es decir, se contradice un poco la
posición de que solo son grupos narcotraficantes.
Estas estructuras armadas siguen siendo empleadas para cometer asesinatos
políticos o desplazar a la población civil. Aunque estas estructuras, a diferencia de las
AUC, no manejan un discurso político propio ni obedecen específicamente a lógicas
contrainsurgentes, representan un potencial de violencia que puede ser utilizado desde
sectores de las élites de poder. (Zelink 2015)
37
2.4 Violencia Urbana
Como se ha enmarcado a lo largo de este trabajo la violencia en Colombia ha
sido un fenómeno que ha ido evolucionando en diferentes movimientos y agrupaciones,
pero nunca ha desaparecido. Problemáticas como la del paramilitarismo o las guerrillas
se han infiltrado en la misma estructura de la sociedad colombiana y es por ello que en
muchas ocasiones pasan por a ser prácticas normalizadoras y ni siquiera se reconocen
oficialmente como grupos paramilitares o guerrilleros si no, como en el caso de Bogotá,
se registran como casos de violencia urbana sin entender que el trasfondo de estas
agrupaciones tiene un recorrido histórico aún más complejo. Para poder entender esa
relación entre los fenómenos sociopolíticos en Colombia y la relación con la ciudad,
antes que nada, es importante definir el concepto de violencia urbana.
Como primera instancia se toma como referente la definición de José Miguel
Cruz de violencia urbana en donde se aproxima a la relación del concepto con la
criminalidad.
Muchos autores se refieren al término violencia urbana aproximándolo a criminalidad; la mayor parte de la violencia ejercida en contra de una persona tiene una dimensión delictiva y, por tanto, está penada socialmente, usualmente se ha adoptado el término de violencia urbana para hacer referencia al crimen cometido en los entornos públicos de las grandes ciudades. Así, la violencia urbana sería aquella ejercida en el marco de las relaciones y dinámicas mediadas por la convivencia urbana, cuyas expresiones más frecuentes son el robo a mano armada, las amenazas, las agresiones, los golpes, los secuestros y el homicidio. (Cruz, J. pg 260. 1999)
El autor a su vez habla del impacto decisivo que tiene la violencia urbana en las
condiciones de vida de las personas afectadas ya que se ve involucrada su integridad
física o en muchas ocasiones su misma supervivencia. De igual forma, esas escenas de
violencia afectan la calidad de vida de las comunidades. En el caso de Bogotá o
Medellín es muy difícil ejercer un control gubernamental sobre estas situaciones ya que
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las diferentes agrupaciones ya están inmersas en la comunidad y sus habitantes ya sea
por conveniencia o por amenazas no denuncian las situaciones. A lo anterior se le debe
agregar el componente de microtráfico que se vive en las zonas afectadas lo cual ya
incluye un contexto económico y de negocios ilegales que agrava aún más la violencia
ya presentada.
La violencia se ha extendido por todos los países y ciudades de la región con peculiaridades y ritmos propios, provocando varios cambios: en la lógica del urbanismo (blindaje de la ciudad, nuevas formas de segregación residencial); en los comportamientos de la población (angustia y desamparo); en la interacción social (reducción de ciudadanía, nuevas formas de socialización); y en la militarización de las ciudades (mano dura, ejército en las calles), todo esto amén de la reducción de la calidad de vida de la población (homicidios, pérdidas materiales). (Carrión, F. 2008)
La violencia urbana se ve en todas las zonas de la ciudad, pero se representa una
forma más específica en barrios marginales y zonas, donde la policía local no tiene tanto
control. Estás poblaciones, además, tienen problemas en la infraestructura, el
ordenamiento territorial y el transporte público, así como la prestación de servicios
públicos como el agua. Por lo general estas comunidades se encuentran en una situación
de vulnerabilidad constante en donde sus derechos fundamentales son violados y se
encuentran en situaciones de dificultad constante. Es por ello, que son focos de
población y zonas específicas de las ciudades en donde al no haber tanto control estatal
se convierten en lugares perfectos para que surjan conflictos internos de violencia
urbana.
Fernando Carrión propone la implementación de nuevas políticas urbanas que
cubran las diferentes situaciones de desigualdad que se viven en las zonas vulneradas y
que directa simbólicamente también se traducen como violencia.
39
En otras palabras, a los problemas de transporte, medio ambiente, pobreza, equipamientos, vivienda y gobernabilidad de nuestras ciudades se ha incorporado la violencia; lo cual requiere de nuevas políticas urbanas, y también políticas explícitas de seguridad ciudadana, porque no sólo se ha convertido en un problema urbano adicional sino ahora tiene autonomía propia y afecta a otros componentes de la sociedad y la ciudad. (Carrión, F. 2008)
Como se explicó anteriormente estas diversas expresiones de violencia tienen un
trasfondo mucho más profundo de lo que se entiende a simple vista. En el caso de
Bogotá tanto las FARC como los grupos Paramilitares entraron a la ciudad con
diferentes grupos. En el caso específico de las paramilitares, tema central de esta
investigación, la llegada de estos grupos fue para evitar la expansión del control de las
FARC en la ciudad y de cierta forma, como una estrategia de colonización ideológica
bajo sus campos de acción. Bogotá se convirtió en un lugar estratégico para estos grupos
armados ilegales ya que la captación de dinero, la incidencia política y sobre todo el
posicionamiento simbólico se debían desarrollar desde la ciudad, teniendo en cuenta que
es un centro importante si se busca la colonización ideológica del país.
Aparición oficial del Bloque Capital de las AUC.
El bloque capital de las AUC operó bajo perfil hasta el 2001, aunque el proyecto
de instauración inició desde el 1999 por órdenes de Carlos Castaño (líder paramilitar).
Los miembros de este grupo fueron tomados de los frentes campesinos del Sumapaz, el
bloque centauros del Llano, las autodefensas del Tolima y del Quindío, de igual forma
había integrantes de Cundinamarca y del departamento de Boyacá. El primer incidente
que oficializó al Bloque Capital fue una carta firmada por las AUC en el 2001, la cual se
enviaron amenazas a varios alcaldes la ciudad.
40
Según Nelson Mauricio Pinzón con su tesis Los jóvenes de “La loma”: Altos de
Cazucá y el paramilitarismo en la periferia de Bogotá para la Universidad Nacional,
según una declaración de uno de los jefes paramilitares, la orden de que se instaurara un
Bloque de las AUC en Bogotá venía del gobierno mismo.
En este proceso, además, se hicieron visibles algunas acciones ejecutadas por ellos que generaron cierto debate (oferta de seguridad a actores ilegales y sectores sociales, cobranzas de deudas generadas por el narcotráfico, captación de bandas criminales y sicariales, etc.), las cuales tradicionalmente estaban asociadas al crimen organizado procedentes de carteles del narcotráfico. Luego de las desmovilizaciones también despertaron algunos debates sin gran trascendencia las declaraciones de jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, quien ha afirmado en varias ocasiones que la creación del bloque Capital respondió a la petición del ex vicepresidente Francisco Santos (2002-2010) y otros sectores de la élite bogotana. (Pinzón, M. 2005).
Estas declaraciones se obtuvieron por medio del proceso de paz con los
paramilitares y la ley de Justicia y Paz. Sin embargo, la Fiscalía decidió archivar el
proceso contra 2Francisco Santos al no tener material probatorio.
De igual forma, el Bloque Capital tuvo un reconocimiento por los casos de las
casas de cobros y la limpieza social en los sectores periféricos de la ciudad. Estas
denuncias llegaron a la Defensoría del Pueblo en un informe presentado el 3 de marzo
del año 2004. Las AUC también llegaron a Bogotá a instaurar negocios ilegales de
narcotráfico y de esta forma fue más fácil el control de las diferentes zonas no solo de la
ciudad sino también la expansión por más territorios del país.
Cuando las AUC anunciaron su arribo a la ciudad (El Tiempo, enero 21 de 2001), no sólo continuaron desarrollando acciones sicariales u operaciones tipo comando o “escuadrones
de muerte” característico de grupos predecesores de naturaleza paramilitar (Duncan y Flores, 2006). También crearon estructuras estables para ejercer control territorial y especializaron unidades con el ánimo de desarrollar actividades encaminadas a prestar apoyo logístico y financiero a grupos paramilitares en otras regiones del país (Duncan, 2006). Dejaron de operar exclusivamente de manera local, formaron parte de una red con conexiones regionales, nacionales e incluso en algunos casos internacionales, por ejemplo, para lo pertinente al tráfico de estupefacientes. ( Pinzón, M. 2005)
2 Ver anexo2
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Las AUC se organizaron en diferentes barrios de la periferia de Bogotá, muchos
de esos barrios que configuran la comunidad de Altos de Cazucá. Entraron como una
organización de autoridad que ordenaba el territorio. Así mismo, hay denuncias de
asesinatos y desaparición de jóvenes de estos lugares a causa de las llamadas “listas
negras” es decir se hacía control de la población por medio de la limpieza social.
Estas estructuras se representaron como diferentes factores que generaban un
contexto de violencia urbana pero en muchos de los casos la limpieza social, el
microtráfico o las amenazas a los comunitarios aunque fueron analizados por aparte para
explicar la situación de violencia que se veía en estas zonas marginales de la ciudad,
tenían como base y epicentro las actividades paramilitares del frente de las AUC y por
tal razón deben analizarse bajo los patrones de estudio del conflicto armado en Colombia
y en este caso específico, sus repercusiones en comunidades de la ciudad de Bogotá.
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3. Entrevistas y trabajo de campo
El Bloque Capital: la historia del paramilitarismo en Bogotá en los años 90 es un producto
periodístico que suma los relatos personalizados en torno al crimen de Mario Calderón y
Elsa Alvarado, el 19 de mayo de 1997; el asesinato a Eduardo Umaña, el 18 de abril de
1998; la muerte del sindicalista Julio Alfonso Poveda, el 17 de febrero de 1999; el crimen
del periodista Jaime Garzón, el 13 de agosto de 1999; el atentado contra Wilson Borja el 15
de diciembre del 2000; el secuestro de la periodista Jineth Bedoya, el 25 de mayo del 2000;
el asesinato del alcalde de El Dorado (Meta) Euser Rondón y dos acompañantes, el 13 de
septiembre de 2004 y la historia de John Alex Olaya, un joven que ha vivido en Ciudad
Bolívar desde hace 25 años y conoce de cerca casos de limpieza social e incursión del
Bloque Capital.
Como insumos fundamentales para la realización de este producto periodístico se realizaron
diferentes entrevistas a familiares cercanos de las víctimas, relatos que fueron imperativos
para complementar la investigación realizada y darle voz a las historias. Entrevistas a Iván
Calderón, hijo de Mario y Elsa; Camilo Umaña, hijo de Eduardo Umaña Mendoza; Alfredo
Garzón, hermano de Jaime Garzón; Sofía Zambrano, abogada de la Comisión Colombiana
de Juristas; John Alex Olaya víctima de Bloque Capital en Ciudad Bolívar, entre otras
personas que enriquecieron la narración y le dieron realismo a los relatos, porque en su
mayoría, aunque no fueron víctimas directas, el conflicto armado y la impunidad de sus
casos sí influyó en sus vidas.
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3*No todas las entrevistas se adjuntarán en los anexos de este trabajo, por petición directa
de los entrevistados quienes piden confidencialidad en los testimonios dados.
3 Ver anexos 4,5,6
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4. Conclusiones
El Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia si existió, pero nunca se
ha abierto un proceso judicial para estudiar los hechos relacionados con su proceder en la
ciudad entre los años finales de la década de los 90 y los primeros del siglo XXI. Según lo
declaró un procesado, unos 200 hombres del paramilitarismo, con ayuda de funcionarios
públicos y agentes de las Fuerzas Armadas, realizaron múltiples actos de violencia,
crímenes selectivos, narcotráfico, oficinas de cobro y limpieza social. No obstante, este
capítulo del paramilitarismo en Bogotá parece un territorio intocable. Sin solvencia jurídica
en el Estado, ni memoria documentada que haga parte de la historia del conflicto armado. Y
en términos de graves violaciones a los derechos humanos, la deuda es elevada.
Lo que quedan son las voces y memorias de las víctimas, insumo trascendental para
la reconstrucción de la verdad. El espacio narrativo que en este trabajo periodístico plantea
apenas ocho casos, pero que necesita el registro de todos los que constituyeron el siniestro
apartado del Bloque Capital. El atentado a la dirigente de la Unión Patriótica, Aída Abella
en 1996, el asesinato del vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),
Jorge Ortega García el 20 de octubre de 1998, el asesinato del excomisionado de paz Jesús
Antonio Bejarano en septiembre de 1999, el asesinato del presidente de la Comisión de Paz
de la Cámara de Representantes Jairo Hernando Rojas, en septiembre de 2001. O por la
misma época, el exilio del escritor Alfredo Molano y el atentado al sociólogo Eduardo
Pizarro Leongómez. Todos crímenes y delitos ocurridos en Bogotá con sello paramilitar.
Y con alto grado de certeza, muchos de estos casos y otros más, como los que
también se abordan en este aporte periodístico, plantean conexiones del paramilitarismo en
modus operandi o relación entre víctimas, atribuibles siempre al Bloque Capital. El caso
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Mario Calderón y Elsa Alvarado, con su resguardo ecológico en el Sumapaz, ligado a la
historia del líder agrario de ese mismo terruño Julio Alfonso Poveda. El fallido intento del
periodista Jaime Garzón de detener su asesinato acudiendo a la Cárcel Modelo para buscar
una conexión con Carlos Castaño, en los mismos días en los que la periodista Jineth
Bedoya documentaba desapariciones, asesinatos o tráfico de armas en el centro
penitenciario. O las repetidas menciones judiciales al general Rito Alejo del Río o el
coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo.
Hilos que se cruzan en el capítulo Bloque Capital para demostrar que esta estructura
armada del paramilitarismo en Bogotá fue responsable de una sistemática comisión de
asesinatos y atentados selectivos contra un grupo de personas relacionadas con la defensa
de los derechos humanos. Una evidencia que para la Justicia Especial de Paz (JEP) y la
Comisión de la Verdad, representa una nueva oportunidad de alcanzar una visión
totalizadora de lo que sucedió en la ciudad. Hoy resulta innegable la participación del
Estado en graves sucesos ocurridos en los años finales de la década de los 90 y los primeros
del siglo XXI. Varios han sido considerados como de lesa humanidad y crímenes de
Estado. Persiste el letargo judicial, la pérdida de los testigos o la postergación de los
expedientes. Pero se puede avanzar.
No se trata incluso de aclarar solo la mano del paramilitarismo en Bogotá, sino
desde ella comprender la magnitud del mismo proyecto criminal que se extendió hasta los
departamentos del Meta, Vichada y Guaviare, entre otros. Mucha tela por cortar alrededor
del jefe paramilitar Miguel Arroyave, que entre 1999 y 2002 reinó en la cárcel Modelo de
Bogotá y desde ella, con sus aliados afuera del penal, le dio identidad a una estructura
armada que cometió incontables crímenes y, a imagen y semejanza de Envigado, se
desdobló en oficinas de cobro. En el Sanandresito de la 38 o al norte de la ciudad, al mejor
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postor y servicio de ajuste de cuentas. Y grupos de limpieza social que administraron la
muerte en Ciudad Bolívar, Cazucá o Soacha. Con víctimas anónimas, difíciles de rastrear, y
la marca común paramilitar y sus efectos colaterales de reclutamiento forzoso, sicariato o
microtráfico.
El mismo Miguel Arroyave, que desde el círculo de Jesús Emiro Pereira alias
Huevoepisca, el Bloque Interno Capital o Henry de Jesús López, alias Mi Sangre, todos con
libertad para el delito, a su salida de la cárcel Modelo se transformó en el amo y señor del
Bloque Centauros. En asocio con el enviado especial de la Casa Castaño, despojador de
tierras y capo Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario; o de Manuel de Jesús Pirabán o
Jorge Pirata. Con manos ávidas para sumar víctimas a su proyecto impune extendido por
los Llanos Orientales. Una tenebrosa organización insuficientemente documentada, misión
obligatoria del Estado y las organizaciones sociales, pero también del periodismo y sus
deberes con la memoria. Con la verdad de la ciudad y del país, para que el olvido no siga
oculto bajo el tapete de la historia.
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La historia del Bloque Capital: las víctimas del paramilitarismo
en Bogotá en los años 90
En los últimos tiempos, la memoria del conflicto armado en Colombia se ha convertido en una
atractiva tarea para los medios de comunicación. Pero más que una misión informativa, en las
actuales circunstancias del país, abocado al desarrollo de instituciones como la Justicia Especial de
Paz (JEP) o la Comisión de la Verdad, ahora se trata de contribuir activamente con el derecho de las
víctimas. A construir entre todos la historia reciente de una nación que, a falta de justicia, al menos
quiere saber lo que pasó.
Esta expectativa no significa que la disciplina del periodismo pueda determinar las
responsabilidades de los victimarios o aportar conclusiones judiciales inapelables acerca de los
delitos y acciones graves cometidas en la guerra. Esa es y seguirá siendo una obligación prioritaria de
la justicia. Pero en términos de verdad, muchas veces no contada en los expedientes judiciales, la
comunicación y el periodismo poseen herramientas útiles para narrar los hechos y contextualizar
debidamente las historias.
Por lo general, los testimonios o contextos de esos capítulos difíciles de la violencia se quedan
guardados en los procesos judiciales, cuando lo que exigen las nuevas generaciones son esos detalles
ocultos o esas conexiones que explican el horror que no debe repetirse. Es claro que los periodistas no
son magistrados ni jueces, y por lo tanto no pueden señalar con fines de castigo a protagonistas de
masacres o asesinatos selectivos, pero si pueden aportar información esencial para entender el
universo de las víctimas.
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En estos tiempos de posconflicto y de búsqueda incesante por implementar la paz, ese interés por la
verdad ante una guerra que le ha causado tanto daño y dolor a varias generaciones colombianas, la
responsabilidad inmediata corresponde a la JEP o a la Comisión de la Verdad, pero el periodismo no
puede quedarse con los brazos cruzados respecto a la misma tarea. Por el contrario, debe activar sus
opciones legales y sus herramientas de investigación en favor de la memoria colectiva y la lucha
contra la impunidad.
En este contexto se enmarca este trabajo periodístico. En términos generales, documentos
como el “Basta ya” del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otros similares, reconocen que,
en el largo conflicto colombiano de más seis décadas de violencia, la transición entre los años 1996 y
1997 marcan un momento crucial en la evolución de la guerra. Y esa realidad, trasladada a planos
cronológicos, corresponde a movimientos determinantes de los principales contendientes, con el
propósito de alcanzar la victoria militar.
Es la etapa final del gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), cuando en la trastienda de la
pelea judicial en Bogotá por la narcofinanciación de la campaña presidencial y los ecos del
escandaloso proceso 8000, los dos colosos de la guerra extremaron sus acciones. En el sur, las FARC
emprendieron su ofensiva militar para sumar prisioneros de guerra con fines de canje por sus
guerrilleros presos en las cárceles; mientras en el norte, el paramilitarismo le daba forma a su ejército
nacional llamado Autodefensas Unidas de Colombia.
En ese entramado de violencia, complicidades y corrupción, en los años finales de la década
de los años 90 y los primeros del siglo XXI, en un periodo que abarca desde la recta final de la era
Samper, los cuatro años de la administración Pastrana y el primer gobierno de Álvaro Uribe, Bogotá
fue epicentro de una oleada de guerra sucia sin antecedentes. A partir de 1997 y al menos hasta el año
50
2004, el paramilitarismo incursionó en la ciudad y la evidencia fueron varios asesinatos y ataques con
claras intenciones de afianzar su poder.
Con el paso del tiempo, a través de las desperdigadas investigaciones judiciales de los casos
más graves ocurridos en Bogotá en la época señalada, se sabe qu