El perfil geográfico del homicidio en las entidades

XXVI Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública

“La Cuestión de Seguridad Nacional como Nuevo Desafío a la Gobernanza Democrática”

Caracas, 2013

El perfil geográfico del homicidio en las entidades federativas

mexicanas 1995-2010: una aproximación institucional

José Guillermo Castillo Koschnick

______________________________

Segundo Premio

La lección parece escrita en la barda de una calle de Sinaloa:

“Prefiero morir joven y rico, que viejo y jodido… como mi papá”.(Loza y Padget 2012: 15)

La mafia es la única que se acerca a esos muchachos y les ofrece algo. Les ofrece dinero, teléfonos móviles y pistolas para que se defiendan ¿Cree que esos muchachos se van a negar?

No tienen nada que perder. Sólo ven el día a día. Saben que pueden morir y lo dicen.

Pero no les importa. Porque siempre han vivido así. (Grillo, 2012: 266).

Introducción A pesar de la percepción de alta inseguridad y violencia prevalecientes en México, desde

1990 hasta 2007, la tasa de homicidios disminuyó sistemáticamente. De acuerdo con datos del

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a nivel nacional, en 1992 la tasa de

homicidios fue de 19 por cada cien mil habitantes; en contraste, para 2007, fue de ocho1. Esta

tendencia sostenida desde hace 20 años fue interrumpida por una marcada aceleración de la

violencia. En 2008, la tasa de homicidios nacional aumentó de ocho a 13; en 2009 a 18 y para 2010

ascendió hasta 24.

La inseguridad pública ha adquirido una gran relevancia para la gobernanza democrática en

el mundo. De acuerdo con cifras de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas

(UNODC), América Latina es la segunda región del planeta, después de África, con mayor

porcentaje de homicidios: 31 y 36% respectivamente. Para ser más preciso, en 2010 África registró

una tasa de homicidios de 17.4 por cada 100,000 habitantes, América Latina: 15.5 (UNODC, 2011:

20-21). De acuerdo con algunas investigaciones, en el ámbito político, la violencia ha causado que

instituciones, organismos e incluso partidos políticos pierdan legitimidad ante la sociedad.

Al respecto, hay autores que arguyen que la inseguridad promueve la participación política

(Bateson, 2012), favorece políticas de mano dura (Ungar, 2009) y regímenes más represivos

(Bailey, 2009). También, se estima que la violencia genera pérdidas considerables a la economía, ya

que ahuyenta la inversión extranjera directa o la ayuda internacional; prolonga y exacerba la

pobreza (Collier ...[et al], 2003), así como reduce las oportunidades de crecimiento económico de

negocios e individuos que, en lugar de invertir en proyectos productivos, tienen que gastar en

medidas de prevención y seguridad privada. Finalmente, las pérdidas humanas afectan no sólo la

fuerza productiva de un país, sino también a los familiares, víctimas indirectas de la violencia, y

erosionan los lazos de confianza y capital social. En concreto, la violencia atenta contra el

desarrollo democrático.

Estos elementos son notorios en México. De 1990 a 2010, la tasa de homicidios aumentó en

17 entidades federativas. Entre las causas, se puede señalar que, mientras en 1990, 33% de las

muertes de personas entre 15 y 44 años de edad se debía a accidentes y 17% a homicidios; para

2010, las muertes por homicidio ascendieron a 27.5% y por accidentes a 25.6%. Es decir, para

2010, la principal causa de muerte para la población en edad económicamente activa fue el

homicidio. Finalmente, de acuerdo con los últimos resultados de la Encuesta Nacional de

Victimización a Empresas (ENVE) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre

Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, se estima que, en 2011, el costo asociado al delito e

inseguridad para las empresas fue de $115.2 mil millones de pesos (mmdp); adicionalmente, para

1 Por homicidio se entiende aquellas lesiones ocasionadas por otra persona con el intento de lesionar o matar por cualquier

medio. La tasa de homicidios se calcula sobre la base de 100 mil habitantes. Los cálculos son propios y están basados en

la información de las Estadísticas de mortalidad de INEGI, “defunciones por homicidio”. Las proyecciones poblacionales

fueron obtenidas del Consejo Nacional de Población (CONAPO).



Caracas, 2013

2

los hogares e individuos, esta cifra fue de $211.9 mmdp. En suma, para 2011, el costo asociado al

delito e inseguridad en México fue de $327.1 mmdp o bien 2.3% del Producto Interno Bruto.

Para explicar la evolución de la violencia en el caso de México, se han propuesto tres

explicaciones principalmente. La primera perspectiva pertenece al gobierno federal y sus allegados.

Su explicación consiste en que los altos índices de violencia son producto del debilitamiento de los

cárteles y de los enfrentamientos entre ellos mismos; ocurridos a partir de las intervenciones del

Ejército y Policía Federal. Esto significa que, con la paulatina fragmentación de cárteles que sucedía

desde 1997 y la rentabilidad del negocio de las drogas, las luchas intra e inter cárteles aumentaron.

De manera que la estrategia del gobierno federal no causa mayor volatilidad ni dispersión de la

violencia, sino que esto es el resultado natural como en cualquier otra guerra (Poiré, 2011; Poiré y

Martínez, 2011; Villalobos, 2010a, 2010b).

Por el contrario, algunos autores encuentran que la lucha contra el crimen organizado sí ha

tenido un efecto acelerador en los índices de violencia. Esto es, aquellas entidades que cuentan con

operativos conjuntos por parte del Ejército y de la Policía Federal presentan las variaciones más

alarmantes en su tasa de homicidios (Escalante, 2011; Merino, 2011; Rodríguez-Oreggia, 2011)2.

Según Guerrero (2010a), la estrategia de desarticulación de organizaciones criminales ha tenido tres

consecuencias indeseables: primero, se han exacerbado los niveles de violencia; segundo, se ha

multiplicado el número de cárteles regionales y organizaciones locales criminales; tercero, se ha

extendido la presencia de éstas en otros Estados. El mecanismo causal que explica estos efectos es

que, al desmantelar de manera no-estratégica la estructura interna de los cárteles, se generan

disturbios en sus estructuras de sucesión, poder, presencia y operación. Como resultado, ocurren

tres tipos de enfrentamientos: a)intra-cártel; b)entre cárteles, y c) contra el gobierno (Guerrero,

2011a, 2011b).

Finalmente, la tercera perspectiva describe el fenómeno de la violencia en México como de

carácter multidimensional. Algunos planteamientos subrayan que esta violencia es resultado de un

Estado débil, de la ruptura de pactos entre gobernantes, traficantes y policías, de la desigualdad, de

la fluctuación del precio de la cocaína en Estados Unidos, de la disponibilidad de armas, la

deportación de ex convictos, y del contexto geográfico en el que ocurre (Williams, 2010; Chicoine,

2011; Dube, 2011; Escalante ...[et al], 2011; Escalante, 2009). Empero, estos estudios no

proporcionan evidencia desagregada o sistemática para todo el país.

En resumen, los tres planteamientos expuestos se caracterizan por centrar su argumentación

en torno a la lucha contra el narcotráfico; sin embargo, investigaciones recientes señalan que los

cárteles de la droga solamente operan de manera significativa en 29% del territorio nacional (Ríos,

2012).

Además, a partir de 2008, los homicidios sin arma de fuego han ido en aumento; “la violencia

del crimen organizado no explica la totalidad de homicidios tradicionales” (Merino y Gómez,

2012:45). Por lo tanto, se pueden establecer dos puntos de partida. El primero es que no toda la

violencia en México proviene de la lucha contra el narcotráfico. Segundo, si bien la violencia de

1990 a 2007 es distinta a la que ocurrió entre 2008 y 2010, no se puede deslindar un periodo de

otro. De esta forma, las explicaciones predominantes de la violencia en México son deficientes

porque: a) no explican su variación temporal ni espacial; b) no ayudan a entender por qué ocurrió

esta variación cualitativa de la violencia, y c) presentan un sesgo en su explicación de origen.

Así, las preguntas que guían este trabajo de investigación son ¿qué explica el homicidio en

México? Y ¿por qué unos Estados son más violentos que otros? El argumento central de este ensayo

es que la violencia es producto de la incertidumbre y la existencia de instituciones débiles. En otras

palabras, en contextos en los que persiste un estado de ansiedad sobre el futuro propio y cuando las

instituciones no son capaces de satisfacer las demandas individuales, los individuos tendrán

incentivos para acudir a medios ilegítimos para preservar o mejorar su statu quo.

El objetivo general de esta investigación es mostrar la relación e importancia que tienen las

2 Guillermo Rosas no expresa una opinión en favor o en contra de lo que causa la guerra, sino que contradice la causalidad

argumentada por el método estadístico empleado por Merino. Así pues, niega que las intervenciones de las fuerzas

armadas tengan un efecto acelerador en los niveles de violencia letal (Rosas, 2012).



Caracas, 2013

3

instituciones con los índices de violencia. Por esta razón, se analizan las tasas de homicidios en las

entidades mexicanas de 1995 a 2010. Para dar soporte al argumento, este análisis se basa en la

Teoría de la anomia institucional. Dicha teoría permite explicar cómo el desbalance entre medios y

fines acentúa la proclividad por delinquir.

La relevancia de esta investigación recae en dos puntos. Primero, se hace un estudio de la

violencia en México con un perfil geográfico desagregado y para un periodo más largo. Segundo,

ésta es una explicación que no está basada en el narcotráfico, sino que subraya las bases

institucionales de la violencia. De manera concisa, esta investigación contribuye al debate sobre la

violencia en México al explicar la importancia que tienen el espacio y las instituciones en los

índices de violencia. Como resultado, se complementan explicaciones esencialmente coyunturales o

estratégicas.

Así, este trabajo se divide en cinco capítulos. Primero se hace una revisión de la literatura. El

segundo explica el origen de la incertidumbre en México. En el tercero se revisan los perfiles de las

víctimas y victimarios homicidas. El cuarto capítulo contiene la descripción de la metodología y

variables incluidas en el estudio. En el quinto se muestran y discuten los resultados empíricos.

Finalmente, en las conclusiones se resaltan los puntos más importantes del trabajo y se enfatizan las

implicaciones tanto teóricas como prácticas de los hallazgos del trabajo.

1. Relación instituciones-violencia: instituciones y teorías macro del homicidio El propósito de este capítulo es plantear la conexión que existe entre las instituciones y el

homicidio. Para ello, este capítulo se divide en cuatro partes. Primero se explica qué son las

instituciones, para qué sirven y cuál es su relación con la violencia. Segundo, se revisan algunas de

las principales teorías macro de la criminología. Tercero, se plantea, mediante la teoría de anomia

institucional, cómo inciden las instituciones en el nivel de violencia. Por último, se muestra el

argumento central y las hipótesis de este trabajo.

1.1 Instituciones y crimen: su relación e importancia

Las instituciones son “patrones de comportamiento y maneras compartidas que la gente

desarrolla para vivir en comunidad” (LaFree, 1998:71). También, se definen como “el conjunto de

limitaciones, de reglas formales e informales […] que definen cómo se jugará el juego”. En este

sentido, las reglas formales son aquellas que cuentan con un carácter legal reconocido, mientras que

las reglas informales son simples convenciones (North, 1989:239). Así, el incumplimiento de

alguna de estas reglas contará con su respectiva sanción o castigo.

Las instituciones proveen una estructura básica al intercambio e interacción entre personas;

es decir, generan un orden. Al contar con cierto grado de previsibilidad en cuanto al actuar de otros

actores, los seres humanos desarrollan confianza entre sí. De esta forma, el cumplimiento de las

reglas del juego dependerá del grado de confianza que se tenga tanto en las instituciones, como en

los individuos.

Por lo tanto, crimen e instituciones no son dos conceptos separados. Al contrario, el estudio

de la delincuencia tiene un punto de partida institucional, ya que trata de comprender “el efecto que

tienen el cumplimiento, el rompimiento y las reacciones al quebrantamiento de la ley” (Karstedt,

2010: 338).

Las instituciones limitan el crimen en tres formas interrelacionadas. Primero, reducen la

motivación individual para cometer algún delito, ya que el incumplimiento de las reglas viene

acompañado con la amenaza de una sanción. Segundo, las instituciones proveen de controles

efectivos para reducir el comportamiento delictivo. Tercero, las instituciones proveen a los

individuos protección contra el comportamiento delictivo de otros actores. En este sentido, cada

institución ofrece distintos tipos de oportunidades e incentivos para reducir la criminalidad; cada

una genera controles sociales distintos (LaFree, 1998:75-76).



Caracas, 2013

4

1.2 Teorías macro 3

El fenómeno del homicidio puede ser analizado desde tres perspectivas distintas: biológica,

psicológica y sociológica (Beeghley, 2003; Brookman, 2005). Asimismo, su estudio varía de

acuerdo con la unidad de análisis: individual, macro o situacional (Miethe y Regoeczi, 2004).

Conforme al propósito y diseño de este trabajo, en este apartado se revisa la perspectiva sociológica

con base en unidades de análisis macro. De tal forma que el objetivo de este apartado es entender

cómo algunas variables estructurales se relacionan y tienen incidencia en la tasa de homicidios.

Dentro de la perspectiva macro de la criminología, algunas de las teorías más recurrentes para

explicar el homicidio son: 1) desorganización social; 2) sub-cultura de la violencia, y 3) anomia o

presiones económicas4.

La principal preocupación de la teoría de la desorganización social (Shaw y McCay, 1942) es

entender qué condiciones sociales afectan los índices delictivos. De esta manera, la unidad principal

de análisis es la interacción social que ocurre en las ciudades, los barrios y en determinados grupos

sociales (Vold ...[et al], 1998: 156; Brookman, 2005:102-103). De acuerdo con esta teoría, tres

factores inciden en el aumento de la criminalidad. Primero, la falta de recursos debilita las

instituciones, de manera que se dificulta el margen de maniobra para resolver problemas dentro de

la comunidad.

Segundo, una población con alta movilidad carecerá de lazos sólidos entre sus residentes, lo

cual dificulta la generación de confianza, el sentimiento de pertenencia y, por ende, la acción

colectiva. Por último, la falta de confianza, en una sociedad plural y diversa, creará relaciones de

tensión y conflicto entre razas y etnias.

Como resultado, en la medida en que una comunidad pierde sus medios de control social, ésta

tendrá mayor probabilidad de tener individuos con proclividad a delinquir (Thomas, 2011). Por

ejemplo, Beaulieu y Messner (2010) encuentran que la tasa de divorcios tiene efectos significativos

y estables en la tasa de homicidios a lo largo del tiempo. Este efecto se potencia cuando se combina

la tasa de divorcios con alguna otra medida de desorganización familiar (niños que no viven con dos

padres o porcentaje de madres solteras). Para el caso de México, no existen estudios empíricos que

tomen en consideración el tipo de variables usados en esta teoría.

Por su parte, la teoría de la sub-cultura señala que, en ciertos lugares, existen valores que

promueven la violencia (Wolfgang y Ferracuti, 1981; Lee, 2011). En estos sitios se desarrolla una

valorización distinta, donde el honor, coraje y masculinidad son más apreciados. Por lo tanto, “este

tipo de individuos comparte valores que conducen al uso de la fuerza o violencia cuando son

insultados o desafiados” (Brookman, 2005:108); es decir, la violencia es utilizada como herramienta

y estrategia de socialización. Principalmente, ésta es utilizada durante disputas y como recurso

defensivo en contextos de exclusión (Lee, 2011).

Ousey y Lee (2010) encuentran que, en efecto, la cultura del sur de Estados Unidos presenta

con mayor probabilidad homicidios causados por conflicto que por delitos graves; sin embargo,

destacan que aquellos relacionados con drogas y pandillas también son frecuentes. Ahora bien, no

solamente existe una relación entre lugares que favorecen medios agresivos y que tienen mayores

tasas de homicidio; también, aquellos sitios que cuentan con altos grados de compromiso cívico

tenderán a presentar bajos índices de delincuencia (Lee y Bartkowski, 2004). En México tampoco

se han realizado estudios sistemáticos que tomen en consideración esta perspectiva.

Por último, la teoría de la anomia o strain plantea que existen ciertos valores culturales en la

estructura social que están asociados con mayores índices delictivos. De acuerdo con Merton

(1938), los individuos tienen metas u objetivos definidos, el éxito económico por ejemplo. Sin

embargo, no todas las personas pueden alcanzar esta meta, particularmente gente de escasos

recursos. Ante esta presión y la incapacidad para lograr su deseo mediante canales legítimos,

algunas personas resolverán su frustración mediante comportamientos delictivos.

3 Ésta no es una revisión exhaustiva, para ver otras teorías como oportunidades, decisión racional o disuasión véase Cullen

y Agnew (2011) y Vold, Bernard y Snipes (1998). 4 Usualmente conocida en inglés como anomie o strain theories.



Caracas, 2013

5

Baron (2004) encontró que determinadas formas de presión en jóvenes vagabundos (abusos

emocional, físico, sexual, falta de vivienda, victimización, marginación relativa, insatisfacción

monetaria y desempleo) conllevan mayores índices de crimen y consumo de droga. Agnew ...[et al]

(2002) concluyeron que la delincuencia es mayor entre aquellos que experimentaron algún tipo de

presión familiar, escolar o en su barrio, particularmente aquellos que sufrieron algún tipo de

marginación por parte de sus compañeros. Añaden que aquellos jóvenes con altos grados de

emociones negativas y bajos controles tenderán, con mayor probabilidad, a involucrarse en

actividades delictivas.

1.3 Teoría de la Anomia Institucional: la relación entre instituciones y violencia

La explicación ideada por Merton ha tenido múltiples variaciones. Una de ellas fue elaborada

por Messner y Rosenfeld (1994, 2007).

De acuerdo con estos autores, es necesario entender la relación que existe entre la cultura y la

estructura social por medio del funcionamiento de las instituciones. Así, su principal contribución a

la teoría fue resaltar la importancia de las instituciones y explicar cuál es el mecanismo por el que

éstas pierden eficacia en sus controles sociales. Por ello, renombraron a esta perspectiva como

Teoría de la anomia institucional.

Messner y Rosenfeld parten del supuesto que existe un desbalance entre instituciones

económicas y sociales. Este desbalance ocurre cuando la lógica del mercado domina otros ámbitos.

Ello implica interferir con los objetivos de las instituciones sociales: el impulso de objetivos

comunes, la integración social y el control del comportamiento colectivo. Al dominar la lógica del

mercado en otros ámbitos institucionales, los objetivos son sustituidos por criterios como la

maximización del beneficio, la competencia y el individualismo. En otras palabras, lo que enfatizan

estos autores es cómo las instituciones sociales pierden su capacidad para integrar y cohesionar,

mientras que promueven la competencia y fragmentación (Messner y Rosenfeld, 1997, 2001, 2007).

Conforme a su explicación, en la medida en que las instituciones sociales no logren ejercer

controles efectivos, y mientras existan escasas oportunidades de desarrollo, los individuos tendrán

incentivos para emplear medios ilegítimos para conseguir sus objetivos. Por lo tanto, la búsqueda

del éxito económico (“Sueño Americano”), instituciones ineficaces y contextos de inequidad, son

factores asociados a mayor violencia. El gráfico 1 ilustra el argumento.

Si bien la teoría de la anomia institucional es reciente, algunas investigaciones ya han

encontrado evidencia que la respalda. Messner y Rosenfeld (1997) concluyeron que, frente a

desajustes económicos, entre mayor protección provean las políticas públicas, la tasa nacional de

homicidios será menor. Savolainen (2000) encontró una relación negativa entre desigualdad

económica, asistencia social y la tasa de homicidios. Lo anterior quiere decir que, entre mayor

protección provean los países a sus ciudadanos, en contextos económicos arduos, tenderán a

presentar menores índices de violencia.

Otro conjunto de estudios ha indagado cómo políticas asistencialistas inciden en el

fortalecimiento social. Así, Maume y Lee (2003) descubrieron que mayor presencia de instituciones

sociales (participación política, adherentes cívicamente comprometidos, gastos educativos y

sociales, así como menor tasa de divorcios) tiene un efecto mediador entre desigualdad del ingreso

y homicidios instrumentales. Por su parte, Baumer y Gustafson (2007) concluyeron que mayor

gasto en asistencia social y mayor socialización familiar reducen la tasa de crímenes instrumentales.

Adicionalmente, estos autores detectaron que bajos niveles en logros educativos y económicos, y

altos niveles de desigualdad, incrementan la propensión por alcanzar el éxito monetario. En pocas

palabras, a mayor inequidad en una sociedad y escasas oportunidades de desarrollo, habrá mayor

probabilidad para delinquir; no obstante, este efecto será moderado por políticas sociales capaces de

fortalecer el tejido social.

Por último, en algunas investigaciones se ha enfatizado que, ante estados de ansiedad y

desconfianza, no sólo habrá mayor propensión por delinquir, sino que éstas generarán condiciones

favorables para el establecimiento de instituciones delictivas: el crimen organizado. En este caso,

Stults y Baumer (2008) concluyeron que, en aquellos lugares donde existe un sistema valorativo



Caracas, 2013

6

desequilibrado, habrá mayor nivel de actividad relacionada con el tráfico de drogas y crímenes

contra la propiedad. Los crímenes contra la propiedad, en situaciones de alta desventaja estructural,

conducirán con mayor probabilidad al homicidio. Vilalta (2011) encontró mecanismos similares

para el caso de México durante el contexto de la guerra contra el narcotráfico.

Este autor señaló que aquellos estados, donde había condiciones estructurales

significativamente diferentes, presentaron tendencias divergentes en el número de muertes

asociadas con el crimen organizado. Así, los más vulnerables, social y económicamente hablando,

fueron los más afectados.

En resumen, todos los estudios previos subrayan que la fortaleza de instituciones sociales y

políticas, en contextos de alta inequidad, sí importa para explicar la incidencia delictiva,

particularmente el homicidio. Sin embargo, la mayoría de estas investigaciones se centra en Estados

Unidos. Dicho sesgo conlleva a tres consideraciones metodológicas que pueden afectar su estudio

en México: a) disponibilidad y divergencia de datos; b) diferencias culturales, y c) especificación de

variables. A continuación se explican cada una de estas consideraciones.

Primero, Estados Unidos cuenta con una mayor cobertura temática y temporal en sus

estadísticas. Por ello, las investigaciones previamente discutidas pueden presentar análisis con

distintos niveles de desagregación, mayor cobertura temporal y otro tipo de aspectos relevantes para

enfatizar cómo la debilidad institucional puede afectar la tasa de homicidios. Específicamente, las

variables más necesarias para este tipo de estudios son aquellas relacionadas con la cultura, el grado

de compromiso cívico y la movilidad social. Este tipo de datos no se encuentra disponible en

México de manera tan amplia y desagregada.

Un segundo aspecto tiene que ver con las diferencias culturales. En México resulta

inverosímil buscar el “Sueño Americano” o una subcultura de la violencia como en el sur de

Estados Unidos. Además, cabe destacar que los niveles de confianza y capital social son muy

distintos entre un país y otro. Esto es particularmente cierto y notable entre Estados Unidos y

México (Bergman y Rosenkrantz, 2009). Como resultado, no se puede argumentar que la existencia

de un valor necesariamente determine el nivel de violencia en un país.

Finalmente, todas estas investigaciones escogen y operacionalizan sus variables de distinto

modo. Es decir, mientras Messner y Rosenfeld (1997) crean el indicador de “decomodificación”

para mediar el efecto que tiene el compromiso monetario en la tasa de homicidios; Stults y Baumer

(2008) moderan el mismo efecto, pero a partir de la presencia de portación de armas, la tasa de

arrestos por drogas y crímenes contra la propiedad. De manera sucinta, no hay un único método de

estimación.

Sin embargo, en esta investigación se considera pertinente utilizar la teoría de la anomia

institucional, especificada por covariables estructurales del homicidio. De acuerdo con Land,

McCall y Cohen (1990) existen indicadores que mantienen una alta colinealidad con el homicidio,

por ejemplo: la estructura poblacional e índices de marginación. Esto causa lo que ellos denominan

“efectos de concentración”. En otras palabras, aquellas ciudades o Estados que cuentan con bajos

ingresos familiares, altos índices de pobreza absoluta, desigualdad económica, tenderán a presentar

mayores concentraciones de población joven y negra que viven en familias disfuncionales (Land

...[et al], 1990:945).

Por otro lado, variables como el porcentaje de hombres divorciados, de población entre 15 y

29 años de edad, ubicación geográfica (sur) y la tasa de desempleo son factores que mantienen una

relación empíricamente independiente de otras variables. Estos hallazgos son constantes incluso en

otros lugares, Europa por ejemplo, y en el tiempo (McCall y Nieuwbeerta, 2007; McCall, Land y

Parker, 2010).

1.4 Argumento central e hipótesis

Una vez descritas algunas de las teorías y variables más relevantes para explicar el homicidio

en términos agregados, se puede contextualizar de mejor manera la finalidad de este trabajo. En esta

investigación se argumenta que la violencia en México se explica por la falta de una condición

esencial para el buen funcionamiento de las instituciones: la certidumbre.



Caracas, 2013

7

En este trabajo se intenta responder qué explica el homicidio en México y por qué algunos

estados son más violentos que otros. Si bien, características como la ubicación geográfica y

variables coyunturales, como la guerra contra el narcotráfico, son importantes para explicar los

niveles de violencia, ésta es una explicación incompleta. El narcotráfico y la lucha contra éste son

una causa para explicar los niveles actuales de homicidios, pero también son parte de un contexto

más amplio. No toda la violencia proviene del narcotráfico. Por ende, es importante reconocer que

la violencia también tiene otros orígenes, en este caso: institucionales. Así, la perspectiva planteada

en este trabajo es tratar de entender la violencia como el resultado de dos elementos: incertidumbre

y debilidad institucional.

Por lo tanto, el argumento de este trabajo es que, debido a los cambios sociales, económicos y

políticos en México, los mecanismos de solución de controversias, previamente establecidos y

socializados, fueron erosionados. Esto generó incertidumbre. De esta manera, frente a instituciones

débiles, incapaces de proveer alternativas suficientes y satisfactorias, los individuos tuvieron

incentivos para no seguir las reglas del juego. Esto quiere decir que algunos actores optaron por

utilizar medios ilegítimos para asegurar sus preferencias. En algunos casos, el medio para

conseguirlos sería la violencia. El gráfico 2 describe el argumento principal de este estudio.

Para desarrollar este planteamiento se utilizan variables relacionadas con la teoría de la

anomia institucional. Las variables pretenden reflejar estados de incertidumbre con distintos

alcances. Esto significa que, en este trabajo se asume que la incertidumbre puede tener efectos en el

corto o en el largo plazo, que no es una condición monótona.

El análisis empírico de estas variables será contrastado a partir de dos métodos. En el primero

se utiliza una regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) por lo que se asume que todas las

variables tienen la misma importancia para todo momento y espacio. El segundo método consta de

regresiones geográficas ponderadas (GWR). En este método se observa la fuerza de las variables, de

acuerdo con su concentración espacial. Esto significa que algunas variables pueden ser más

relevantes que otras para explicar el homicidio en ciertos lugares. Con ambos métodos se analiza la

tasa de homicidios sexenal para tres periodos presidenciales distintos: de 1995 a 2000 (Zedillo); de

2001 a 2006 (Fox) y de 2007 a 2010 (Calderón). La tabla 1 muestra las variables independientes

incluidas en el estudio.

Con ello, las hipótesis planteadas en este trabajo son:

H1a: A mayor incertidumbre a corto plazo, mayor violencia H1b: A mayor incertidumbre a

largo plazo, mayor violencia

Ha: No existe una explicación única para la violencia en México, sino que ésta tiene que ser

especificada de acuerdo con la ubicación espacial: urbana, rural, Frontera Norte y Cuenca del

Balsas y Sierra Madre Occidental5

2. El origen de la incertidumbre en México El propósito de este capítulo es argumentar cuál es el origen de la incertidumbre en México.

Para ello, se destacan los cambios más relevantes en tres ámbitos en particular: 1) la transformación

de la sociedad y hogares mexicanos; 2) la evolución del sistema político, y 3) el desarrollo del

narcotráfico en México. Estos cambios están fuertemente interrelacionados, pero, para propósitos

analíticos, se han analizado de manera separada. Se escogieron únicamente estos tres aspectos; sin

embargo, no quiere decir que sean los únicos.

2.1 Transformación social en México: ocupación, demografía y hogares

México transcurrió por periodos económicos muy distintos. De 1940 a 1970 se vivió un auge

económico, mejor conocido como el “milagro mexicano”; la década de 1980 fue la “década

perdida” y la de 1990 fue de relativo crecimiento, pero inestable. Cada una de estas fases afectó de

manera trascendental la organización y distribución de la población mexicana. De todos estos

cambios, interesa resaltar de manera particular tres: i) cambio de actividades económicas; ii)

patrones demográficos, y iii) dinámicas del hogar.

5 Esta hipótesis es planteada por Escalante (2009).



Caracas, 2013

8

Durante la etapa del “milagro mexicano” ocurrió la mayor transformación. Si bien en 1930,

66.5% de la población vivía en zonas rurales, para 1970 se redujo a 41.3, y en 1980 hasta 29.6%

(Pacheco, 2010). Esta tendencia se explica a partir de dos cuestiones: a) la acumulación de capital y

oportunidades en las grandes urbes, y b) el cambio de modelo económico (Garza, 2010). La gente

comenzó a emigrar hacia donde existían mayores oportunidades de crecimiento. Así, las dinámicas

migratorias predominantes son: del campo a las ciudades, y del sur al norte del país; no obstante, las

ciudades han tenido distintos grados de atracción a lo largo del tiempo.

Durante el “milagro mexicano”, las regiones que presentaron mayor crecimiento urbano

fueron la Centro-Este y la Centro-Oeste; es decir, aquellas donde existían las ciudades más grandes

(véase mapa 1).6 En cambio, a partir de la crisis económica de los ochenta, las grandes urbes

perdieron su atracción y la gente comenzó a desplazarse hacia otras ciudades más pequeñas. Para

1990, durante la apertura comercial y el impulso de la industria maquiladora, los estados del norte

del país y los fronterizos con Estados Unidos tuvieron el mayor crecimiento demográfico y urbano.

En términos generales, el país comenzó a ser predominantemente urbano y polinuclear; en otras

palabras, ya no estaba concentrado en una sola gran ciudad, sino en varias, particularmente en el

Noroeste y Noreste del país (Garza, 2010).

En cuanto al patrón demográfico, destacan los siguientes puntos. Primero, hasta mediados de

los sesenta, las mujeres eran más propensas a desplazarse territorialmente que los hombres. Esta

tendencia decreció con el tiempo. Segundo, la mayor parte de los emigrantes es de jornaleros

agrícolas que se asientan en los campos del Noroeste del país. Este flujo comenzó a ser

predominante a partir de 1985. Tercero, hombres y mujeres, entre los 15 y 29 años de edad,

componen la mayor parte del flujo migratorio. Esto corresponde a los periodos de independencia

familiar, inicio de vida laboral y formación de hogares propios. Entonces, el desplazamiento

territorial de hogares ocurre, sobre todo, en la etapa inicial de formación del núcleo doméstico

(Bush, 2010).

Finalmente, sobresalen algunos aspectos acerca de la constitución de los hogares. En primer

lugar, la tasa nacional de divorcios ha incrementado sistemáticamente desde los noventa. Más

específicamente, de 1990 a 2010 se observa un incremento en la tasa nacional de divorcios de

52.32%. A escala regional, el Noroeste, Norte y Noreste del país registran los porcentajes más

altos.7 Otro dato que refleja cambios en la constitución de la sociedad es el porcentaje de hogares

con jefatura femenina.8 De acuerdo con los censos y conteos de población del INEGI, en promedio,

67% de los hogares en México es de hogares familiares nucleares. De ese 67% de hogares

familiares nucleares, 14.5% lo forman hogares monoparentales; cabe destacar que de 2000 a 2010,

el porcentaje de hogares monoparentales ha incrementado en 8.73%. Finalmente, del total de

hogares monoparentales en el país, 86.6% es un hogar en el que la mujer es identificada como la

jefa del hogar. Esto, en pocas palabras, quiere decir que, cuando sólo existe un padre en la casa, la

mayoría de las veces la responsabilidad de cuidar y mantener a los hijos recae en madres solteras.

En resumen, las características sociodemográficas más relevantes en los últimos 20 años son:

primero, se tiene una población joven que cada vez se dedica menos a las labores del campo.

Segundo, dicha población joven cuenta con dos patrones migratorios muy claros: del campo a la

ciudad y del Sur hacia el Norte del país. Tercero, esta población que emigra lo hace durante el inicio

de su vida laboral y formación de hogares propios. Cuarto, cada vez es mayor el porcentaje de

divorcios en el país y, cuando un hogar es monoparental, son las madres solteras quienes cuidan y

proveen el ingreso del hogar. Esto plantea retos no sólo en términos de política pública vinculados

con la urbanización creciente en el norte del país, sino que estas transformaciones también inciden

en las relaciones y estructura sociales.

6 La regionalización de este estudio copia la delimitación utilizada por Garza (2010) y Bassols (1983). De acuerdo con

estos autores, esta regionalización permite hacer un análisis más homogéneo de las disparidades interregionales al

presentar un área central más amplia. 7 Los datos fueron obtenidos de los Registros Administrativos del INEGI, nupcialidad, registro de divorcios por la

variable: relación divorcios-matrimonios. 8 Son aquellos hogares que identifican a la mujer como la jefa del hogar.



Caracas, 2013

9

2.2 Evolución del Sistema Político mexicano: transición democrática y legitimidad

La violencia desatada durante la Revolución Mexicana fue apaciguada por la

institucionalización del acceso al poder. La fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR),

en 1929, estableció lo que serían las reglas del juego político durante los próximos setenta y un

años. La permanencia y legitimidad de este partido político, más tarde llamado Revolucionario

Institucional (PRI), se explica a partir de cuatro pilares.

Primero, el PRI dominaba todas las ramas y niveles de gobierno; es decir, no había una

verdadera división de poderes ni contrapesos. Esto confirió gran poder al Ejecutivo Federal, quien

también se convirtió en jefe de su propio partido. Segundo, este partido logró establecer alianzas y

cooptar apoyos de los sectores más populares del país: campesinos, obreros y trabajadores. Tercero,

al ser el único partido al mando, éste regulaba la competencia política o, en otras palabras, decidía

quién y cómo se tenía acceso al poder. Por último, el PRI no sólo tenía un dominio de la maquinaria

política y social, sino también ideológica. Este partido definió la identidad nacional en términos del

legado revolucionario: no-reelección, nacionalismo y liberalismo (Aguilar, 1996; Schedler, 2004).

El sistema político creado por el PRI era uno de tipo personalista, clientelista e ideológico

(Morris, 1991). Esto permitió gobernar con una lógica en la que se premiaba a los simpatizantes y

se castigaba a los opositores. Sin embargo, siempre se prefirió la cooptación (por medio de la

negociación o corrupción), antes que la represión. Así, el PRI se constituyó como el único

instrumento de poder y movilidad social.

Sin embargo, el sistema político también transcurrió por severas transformaciones. La gran

estabilidad que había disfrutado el régimen priista tuvo su primer gran debacle en 1982. La crisis de

la deuda provocó una profunda reestructuración del Estado, tanto económica como políticamente.

Una de las primeras reformas estructurales que trastocó el orden político fue el achicamiento

del Estado. Esto repercutió de manera crucial la manera en que el régimen cooptaba a sus miembros

y opositores. Por un lado, los recortes presupuestales obligaron a retirar los subsidios del campo,

sector empresarial y trabajadores; reducir el tamaño de las burocracias, y a hacer más selectiva la

asignación de prestaciones, por ejemplo: la cobertura del seguro social (Dion, 2003).

Por otro lado, la lógica de la corrupción también cambió. Si bien la corrupción facilita la

agregación de preferencias entre las élites porque conduce a un juego de suma-positiva, ésta tiene

que cumplir dos condiciones: uno, estar centralizada, y dos, contar con vastos recursos. Ante la

escasez de éstos, creció la competencia entre los actores; por ello, el juego político se convirtió a

uno de suma-cero. A partir de entonces, el uso de la corrupción tendría que ser más selectivo,

incluso cuando las ambiciones políticas de todos seguían en pie. Esto dio paso a una mentalidad de

“obtener lo que se pueda” (Morris, 1991).

Además de los cambios de gobernanza priista, la legitimidad del régimen fue perdiendo

fuerza. El progreso y riquezas prometidas por las reformas económicas neoliberales no fueron

alcanzados. Debido a esta ineficacia, la sociedad comenzó a ser más intolerante ante fracasos de

política económica y escándalos de corrupción. Igualmente, las altas tasas de inflación y desempleo

acentuaron el descontento popular que, más tarde, se traduciría en bajas tasas de aprobación

presidencial y recompensas a la oposición. Fue así como el PRI perdió por primera vez en 1989 la

gubernatura de un estado —Baja California— y obtuvo la peor aprobación presidencial durante la

administración de Zedillo: 24% (Buendía, 1999; 2000).

La segunda gran crisis del régimen priista ocurrió en 1988. La creación del Frente

Democrático Nacional (FDN) mermó la imagen que se tenía del PRI como un partido único e

invencible. El aumento de la competencia política y la reducción del presupuesto obligaron al

partido hegemónico a emplear otros mecanismos de control. En este sentido, la violencia fue

retomada como mecanismo disuasivo contra la oposición. Además, se acudió a la corrupción en

gran escala para mantener el poder.

No obstante, la corrupción ya no fue tolerada como lo fue durante la época del “milagro

mexicano”. La desaparición y asesinato del agente de la Agencia Anti-Drogas de Estados Unidos

(DEA), Enrique Camarena, a manos de la Policía Judicial en 1986; el descubrimiento de nexos



Caracas, 2013

10

entre narcotraficantes y gobernadores, así como el aparente fraude de las elecciones de 1988, fueron

escándalos que desplomaron la legitimidad del régimen tanto al interior, como al exterior del país

(Chabat, 2009).

Para finalizar este periodo de inestabilidad, es preciso anotar algunos acontecimientos que

ocurrieron a principios de la década de 1990. En primer lugar, la crisis económica de 1994 terminó

por colmar la paciencia del electorado mexicano. Esto se reflejó en las elecciones de 1997, cuando,

por primera vez, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y redujo su mandato a 56% de

los municipios (Buendía, 1999). Segundo, el asesinato del candidato a la presidencia, Luis Donaldo

Colosio, y el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fueron síntomas

de una fuerte inestabilidad política.

En consecuencia, para 1994 se tiene un proceso de “erosión de las certezas autoritarias”

(Aguilar, 1996). A partir de entonces, nuevos contextos económicos y la aparición de otros actores

políticos y sociales generaron mayor presión para la apertura del sistema. Las subsecuentes

reformas electorales y el aumento de la competencia conllevaron a la desaparición del viejo sistema

de lealtades, obediencia y subordinación. De esta manera, la transición hacia la democracia culminó

con la alternancia de gobierno por parte del Partido Acción Nacional (PAN) en el año 2000.

No obstante, a pesar de la progresiva apertura democrática, un elemento comenzó a ser cada

vez más preponderante entre el electorado: el abstencionismo electoral. Si bien existen muchas

razones para explicar por qué la gente deja de votar, lo que sí se puede observar es que la gente

presenta un hartazgo por la política o, dicho de otra forma, la gente comienza a ser indiferente ante

las reglas del juego; comienza a desconfiar del sistema. De acuerdo con datos del Instituto Federal

Electoral (IFE), mientras que el porcentaje de abstención electoral para la elección presidencial de

1994 fue de 23.92%, para 2006 éste aumentó a 42.34%.9

En concreto, las consecutivas crisis económicas y la pérdida de controles políticos de antaño

provocaron el derrocamiento de la hegemonía priista. Con la llegada del PAN a la presidencia, se

esperaba que el país finalmente progresara; no obstante, esto no ocurrió. Por el contrario, tras la

elección presidencial de 2006 altamente cuestionada, junto con la falta de reformas necesarias y el

incremento súbito de la inseguridad en México, el electorado perdió la confianza en el significado

de la transición. Ante un entorno de incertidumbre y disgusto, el electorado volvió a elegir lo que

originalmente conocía; así, para la elección presidencial de 2012, el PRI obtuvo nuevamente la

victoria. Cuestionamientos a los resultados electorales y altos porcentajes de abstención electoral

son síntomas de una sola cosa: la pérdida de legitimidad del sistema político mexicano.

2.3 Evolución del narcotráfico en México: simulación, fragmentación y guerra

La llegada del PAN al poder no solamente significó una ruptura con 70 años de

autoritarismo, sino que también implicó el fin de la pax narcotica (Chabat, 2010). Durante el

régimen priista, la política antidrogas consistió esencialmente en erradicar cultivos, decomisar

armas y drogas, así como en arrestar miembros de cárteles de la droga sin mayor relevancia (Toro,

1995). Esta política de simulación facilitó que los cárteles pudieran acrecentar su poder y presencia

a lo largo del territorio mexicano, principalmente en el norte y occidente del país. Desde finales de

los ochenta, la violencia asociada con el narcotráfico comenzó a ser uno de los principales temas en

la agenda nacional. El gráfico 3 presenta la tendencia de la tasa nacional de homicidios de 1990 a

2010.

A partir de los escándalos generados por el asesinato del agente Enrique Camarena, miembro

de la Agencia Anti-Drogas de Estados Unidos (DEA), y del asesinato del Cardenal, Juan Jesús

Posadas Ocampo, las administraciones de Salinas, Zedillo y Fox comenzaron a instrumentar una

estrategia de arrestos selectivos, pero a niveles jerárquicos de mayor importancia. El primer caso de

estos fue el arresto de los tres capos fundadores del Cártel de Guadalajara10: Rafael Caro Quintero,

Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo. Con estas detenciones ocurridas a finales

9 Cálculos propios con base en las estadísticas y resultados electorales de Participación Ciudadana para las elecciones

presidenciales de 1994, 2000 y 2006 de la base de datos del Instituto Federal Electoral (IFE). 10 También conocido como Cártel del Pacífico.



Caracas, 2013

11

de los ochenta, el Cártel de Guadalajara, principal socio del Cártel de Medellín en Colombia,

quedaría fraccionado entre sus principales operadores. Al frente de la organización quedó Amado

Carrillo Fuentes, quien desapareció en julio de 1997 (Osorno, 2009). Este proceso constituyó la

primera gran fragmentación del narcotráfico en México.

No fue sino hasta la fuga del Penal de Puente Grande de Joaquín El Chapo Guzmán Loera,

que la organización volvió a adquirir un mando centralizado. La reunión entre los antiguos

operadores de Amado Carrillo Fuentes, llevada a cabo en Cuernavaca en 2001, y el debilitamiento

de los hermanos Arellano Félix, en 2002, permitieron que el Chapo Guzmán consolidara su

liderazgo en una sola organización: La Federación (Osorno, 2009; Hernández, 2010; Grillo, 2012).

Dentro de esta organización, los narcotraficantes compartían rutas, brazos armados, lavadores

de dinero e, incluso, protección por parte de los gobiernos local, estatal y federal. Así, La

Federación logró actuar en más de 16 entidades federativas (Hernández, 2010:364). Con el

propósito de adueñarse de todo el mercado de la droga y de sus rutas de trasiego, La Federación

sostuvo dos importantes guerras en contra de otros Cárteles. La primera guerra ocurrió en 2001,

contra del Cártel de Tijuana, para adueñarse del paso fronterizo a San Diego; la segunda ocurrió en

2003 y fue dirigida contra el Cártel del Golfo, debido a la importancia del cruce fronterizo por

Tamaulipas y, de manera especial, por la amenaza que significaba su brazo armado: Los Zetas

(Hernández, 2010; Grillo, 2012). Estos enfrentamientos repercutieron de manera crítica en el

incremento de la violencia.

Otro factor que elevó los índices de violencia en el país fue un segundo periodo de escisiones

al interior de los Cárteles. La primera ocurrió entre el Cártel de Juárez y el de Sinaloa, cuyo

enfrentamiento se intensificó en 2008 y 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua (Osorno, 2010:144-45;

Hernández, 2010: 389). La segunda gran disputa provino del enfrentamiento entre las facciones de

los Beltrán-Leyva y el Cártel de Sinaloa en 2008. Asimismo, los otros Cárteles también sufrieron

divisiones importantes. Tras la muerte de Marcos Arturo Beltrán Leyva, esta organización se

fragmentó en dos partes: entre la facción que siguió a su hermano Héctor Beltrán Leyva, el H, y la

facción de Édgar Valdéz Villareal, la Barbie. Más tarde, ambos bandos se disputaron el control

absoluto de la organización y de sus plazas. Otro cisma relevante fue la separación de los Zetas del

Cártel del Golfo en 2010 (Guerrero, 2011b).

Adicionalmente de los enfrentamientos y separaciones entre los cárteles de la droga, la

estrategia del gobierno federal, instrumentada por el ex presidente Felipe Calderón, también influyó

en el ascenso de la violencia. La política de abatimiento indiscriminada de capos tuvo un efecto

colateral: generó desequilibrios de poder en las estructuras internas de los cárteles (Guerrero,

2011b).

Como resultado, la violencia ocurrida de 2007 a 2010 fue propiciada por: el enfrentamiento

entre cárteles de la droga, entre facciones al interior de cada uno, enfrentamientos con los distintos

niveles de gobierno, entre las pandillas subcontratadas por los Cárteles de la droga y entre las

mismas fuerzas de seguridad pública (policías federales contra policías municipales). La

consecuencia de todo esto fue que, mientras en 2006 existían 6 Cárteles importantes, para 2011 este

número ascendió a 16: 7 de ellos con relevancia nacional y 9 con presencia local (Guerrero,

2011b:29-39). Además, según las cifras oficiales, desde el primero de diciembre hasta el primer

cuatrimestre de 2011, se estiman al menos 47,515 muertes asociadas con el crimen organizado; lo

que representa poco más de la mitad de los homicidios en el país (Molzahn, Ríos y Shirk, 2012). En

pocas palabras, la violencia se ha dispersado y generalizado a otras regiones y personas.

En conclusión, el origen de la incertidumbre en México se encuentra en la transformación

social, los vaivenes económicos, la transición política, así como la dispersión y generalización de la

violencia por parte del crimen organizado y de otros grupos delictivos.

Así pues, la importancia de entender el significado de la incertidumbre radica en que si ésta

aún no está institucionalizada, entonces, el valor social fundamental de la democracia tampoco lo

estará: la protección contra la violencia arbitraria (Aguilar, 1996). Cuando algunas personas utilizan

las armas para obtener lo que desean, se habla de que las instituciones no están funcionando, y que

existe un alto grado de desconfianza entre la población. Esto genera una círculo vicioso: si las



Caracas, 2013

12

instituciones no funcionan, entonces la gente desconfía; si la gente desconfía, hay mayor

incertidumbre; entre mayor sea el grado de incertidumbre, mayor será la propensión a que la gente

utilice la violencia para asegurar sus intereses.

3. El homicidio en México: estudio, evolución, víctimas y victimarios Hasta el momento se ha visto qué variables explican el homicidio, cómo inciden las

instituciones en éste y cómo se ha generado un estado de incertidumbre en el país. Ahora, en esta

sección, se pretende detallar algunos aspectos del homicidio que ocurre en México. Si bien no

existen estadísticas ni suficiente información acerca de los perpetradores de homicidio del país, se

puede aproximar el estudio de este fenómeno por medio de su contraparte: las víctimas del

homicidio. Por ello, antes de entrar al análisis estadístico, es preciso revisar algunas de las

características más importantes de las víctimas de homicidio en México.

3.1 Dimensiones analíticas

El homicidio es un fenómeno social que, como tal, presenta tendencias y características

particulares. Éste puede variar en el tiempo y en el espacio. La variación de este fenómeno provee

información acerca de las condiciones del orden local que prevalece entre las sociedades.

Asimismo, el homicidio no solamente varía en cuándo y dónde ocurre, sino que también

existen diferencias analíticas importantes para su estudio. Por ello, un estudio del homicidio debe

incluir los siguientes criterios analíticos: a) la distinción entre víctima y victimario, es decir, quién

comete el delito y quién recibe el delito; b) contexto o móvil por el que ocurre el altercado, y c)

variaciones en los perfiles de víctimas y victimarios a partir de sus respectivas características

individuales y contextuales (Vilalta y Fondevilla, 2012).

Primeramente, existe una estrecha relación entre víctimas y victimarios. Por lo general,

ambos actores comparten contextos socioeconómicos y espaciales muy similares. Por ello, el

estudio de uno permite aproximar las condiciones en las que ocurrió el evento delictivo (Miethe y

Regoeczi, 2004; Escalante, 2009). En este sentido, la mayoría de las víctimas y victimarios tiende a

ser del género masculino, son desconocidos, la mayoría cuenta con mano poco calificada, y gran

parte de las víctimas estaba desempleada al momento del delito; igualmente, aparece con bastante

frecuencia el abuso de sustancias, principalmente del alcohol. Por lo tanto, existe un sesgo hacia la

clase trabajadora en el fenómeno homicida (Brookman, 2005). Brookman (2005: 139) asevera que

las clases asalariadas optarán por usar la violencia para resolver sus disputas, ya que su condición

de desventaja restringe el acceso que éstas tienen a medios más convencionales y legales para

solucionar sus controversias.

La segunda dimensión analítica está relacionada con el móvil o contexto por el que ocurrió el

homicidio. Las razones pueden ser infinitas y éstas difieren de acuerdo con la víctima y victimario;

sin embargo, la literatura señala dos causas principales: disputas (homicidio expresivo) y venganzas

(homicidio instrumental). Ambos tipos ocurren prácticamente con la misma frecuencia, aunque

cada uno tiene distintas implicaciones de política pública (Miethe y Drass, 1999; Pizarro, 2008).

Los homicidios expresivos ocurren principalmente entre hombres que caen espontáneamente

en un desacuerdo y resuelven mediante una pelea. El móvil detrás de estas disputas es la

competencia. En este tipo de homicidios es característico el consumo en grados excesivos de

alcohol. En cambio, los homicidios instrumentales implican la voluntad de una de las partes para

realizar tal acto, por lo que evidencian historias de tensión previa. Estos homicidios ocurren con

mayor frecuencia entre conocidos, familiares y colonos (Brookman, 2005).

La última dimensión analítica consta de las características individuales de víctimas y

victimarios. Algunos de los correlativos más destacados son aquellos relacionados con la

demografía, personalidad y los contextos familiar y comunitario (Vilalta, 2012). Estos elementos

permiten prever con mayor probabilidad quién podría ser una víctima o un victimario; es decir,

identifican qué perfiles tienen los individuos que corren mayor riesgo de cometer o incurrir en una

situación de violencia letal. El gráfico 4 contiene las dimensiones analíticas del homicidio.



Caracas, 2013

13

3.2 Víctimas y victimarios del homicidio en México

Para el caso mexicano, sobresalen tres tendencias del homicidio. Primero, la tasa de

homicidios había disminuido sistemáticamente desde inicios de los noventa hasta 2007. Segundo, el

mapa de la violencia se desplazó del centro hacia el noroeste del país. Tercero, si bien mayor

urbanización no se traduce en mayores índices de violencia, el homicidio se fue concentrando, a

partir de 1995, en las ciudades. Por lo tanto, se pueden detectar dos momentos y dos perfiles del

homicidio en México: un primer periodo de intensa violencia rural, y un segundo momento, estable

desde el año 2000, en que el homicidio se convirtió en un fenómeno más urbano (Escalante, 2009).

La tasa nacional sirve para ilustrar una tendencia generalizada; no obstante, oculta muchas

complejidades de este fenómeno. El homicidio no es uniforme ni en el tiempo ni en el espacio. Por

ello, resulta crucial estudiarlo de manera desagregada. Para fines de este análisis, se comparan las

tendencias regionales.

Conforme a los datos (ver mapas 2-5), se constata que al inicio de la década de 1990, las

regiones que contaban con mayor índice de homicidios eran el Centro (Este y Oeste) y el Sur. Para

2000, la violencia se trasladó al norte del país. Incluso, es posible notar que la región Noroeste

presentó, a partir de ese mismo año, una tendencia ligeramente contraria a la del resto del país. Con

la excepción de las regiones Este y Peninsular, en 2008 ocurrió un aumento generalizado en la tasa

de homicidios. Destacan de manera precipitosa las regiones Norte y Noroeste.11

Es importante resaltar que aun dentro de los mismos estados existe variación entre sus

subunidades, es decir, los municipios; sin embargo, este estudio analiza las tasas estatales debido a

tres razones. Primero, no existe un patrón identificable entre localidades. Existen ciudades grandes

o pequeñas localidades que son muy violentas y otras que no lo son (Escalante, 2009). Segundo,

debido a la disponibilidad de datos, no todos los municipios pueden ser analizados con el mismo

rigor. Tercero, la tasa estatal es el mejor reflejo que se puede tener de los municipios. Además, es

muy probable que las condiciones económicas e institucionales de cada estado influyan en las tasas

municipales.

El género y edad de la víctima son otros aspectos demográficos relevantes. En cuanto al sexo

de las víctimas, México cumple con el patrón internacional de victimización (UNODC, 2011). La

mayor proporción de víctimas por muerte violenta es masculina.

Otro aspecto llamativo es que la tasa de victimización femenina, a diferencia de la masculina,

ha sido muy constante a lo largo del tiempo, lo que da cuenta de un distinto tipo de violencia. En

corto, la tasa nacional de homicidios se rige por los cambios que ocurren en la victimización

masculina. El gráfico 5 muestra la tendencia de las tasas de homicidio según el sexo de la víctima.

La edad de victimización también es muy similar al patrón internacional. Entre los 15 y 29

años de edad se concentra alrededor de 40% de los homicidios. Este rango de edad coincide con la

población que tiene mayor propensión por delinquir. Cabe destacar que las mujeres son más

victimizadas que los hombres cuando son menores de 15 años (ver Gráfico 6). Adicionalmente, un

cambio importante ocurrió en 2007, cuando el rango de edad en la victimización femenina aumentó

para las edades entre 30 y 59 años.

En términos de tendencias, es muy notorio que las brechas entre rangos de edad

disminuyeron progresivamente de 1990 a 2006; no obstante, para 2007 la violencia se generalizó, es

decir, el rango de edad de victimización comenzó a abarcar desde los 15 hasta los 44 años. Incluso,

las víctimas entre 45 y 59 años también aumentaron (ver Gráficos 6 y 7).

En términos de estado conyugal, se puede apreciar que la mayoría de las víctimas (39%)

estaba casada o, en un segundo lugar (34%), soltera. Vale la pena anotar tres características de este

dato. Primero, el número de víctimas en unión libre ha crecido progresivamente, seguido de las

solteras, mientras que las víctimas casadas han disminuido. Segundo, este cambio ocurre a partir de

2008. Tercero, el número de víctimas divorciadas es mínimo y constante (1%).

Finalmente, es preciso analizar qué espectro del ámbito social es más afectado por este

fenómeno; por ello, se revisarán dos variables socioeconómicas: la ocupación de la víctima, y si

ésta era derechohabiente. De 1990 a 2010, a pesar de que 66% de las víctimas estaba empleada al

11 Para una revisión puntual, consulte las tasas desagregadas por región y entidad federativa en el Apéndice 1.



Caracas, 2013

14

momento de ser ejecutadas, 48% de éstas no contaba con afiliación al sistema de seguro social

(consulte Gráfico 9). Por último, de acuerdo con su ocupación, 58% realizaba trabajos de mano

poco calificada; 21% de éstos trabajaba en el sector primario (Gráficos 10 y 11).

A grandes rasgos, las víctimas de homicidio en México de 1990 a 2010 se caracterizaron por

ser en su mayoría hombres jóvenes (entre 15 y 29 años de edad) que estaban casados o solteros.

Asimismo, más de la mitad trabajaba. Gran parte de éstos se desempeñaba en labores de mano poco

calificada, por ejemplo: el sector primario. Quizá eso explique por qué casi la mitad de estas

víctimas no contaba con un seguro social. En este sentido, planteamientos como el de Brookman

(2005), en los que se califica a la violencia como un problema de clase social, parecen tener eco. De

estos datos, las únicas salvedades al patrón general de victimización son que: a) el rango de edades

con mayor riesgo se ha ampliado, y b) la mayoría de estas víctimas era laboralmente activa.

Si bien se cuenta con información sobre las víctimas del homicidio en México, se desconoce

mucho del perfil de los victimarios. No existen datos desagregados a nivel estatal o del orden

común que den cuenta de las características de la población penitenciaria. En otras palabras, no se

sabe con exactitud a quién se está encerrado en las cárceles ni por qué motivos. Hasta el momento,

sólo se cuenta con evidencia parcial al respecto. Una de estas salvedades son las Encuestas a

Población en Reclusión en el Distrito Federal y Estado de México realizadas por el Centro de

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Esta serie de datos constituye la única fuente

cuantitativa para elaborar un perfil del victimario homicida.

Algunos de los datos más sobresalientes para homicidas son: las edades típicas de arresto

para hombres y mujeres oscilan entre los 30 y 35 años. Casi un cuarto de los encuestados abandonó

el hogar. Los motivos más mencionados eran: a) para buscar trabajo, o b) por violencia

intrafamiliar. Alrededor de un tercio reporta consumo excesivo de alcohol por parte de sus padres.

La gran mayoría de los encuestados tenía hijos con la misma pareja. Más de la mitad había tenido

su primer embarazo antes de los 18 años. Uno de cada cinco reportó haber tenido algún familiar

preso. Al menos un tercio de éstos había cometido robo simple y comenzar a trabajar antes de la

edad mínima legal (14 años). Las ocupaciones más mencionadas fueron empleados privados y

manuales. Por último, muchos de estos delincuentes reportaron haber estado internados previamente

en una correccional para menores (Vilalta y Fondevilla).12 Cabe añadir que existen diferencias entre

el perfil del homicida culposo y el doloso. Normalmente, los homicidas dolosos son menos en

cantidad, pero sus historias reflejan condiciones de desarrollo más atenuantes.

De cualquier manera, incluso cuando esos resultados sólo sean representativos para el

Distrito Federal y el Estado de México, se contempla un panorama más o menos similar al de la

víctima. En términos generales son población en condiciones críticas de desarrollo personal. Sus

ambientes familiares son altamente desorganizados y violentos. Además, cada uno de estos jóvenes

comenzó a buscar oportunidades para sobrevivir desde temprana edad, por lo que la deserción

escolar forma parte de su perfil.

Finalmente, cabe añadir algunos aspectos que estas encuestas no logran capturar en sus

resultados. Éstos tienen que ver con emociones y sentimientos de frustración, odio, ira y

resentimiento social. Muchos de estos jóvenes aspiran a ser algo más (ricos, respetables,

importantes), pero que, debido a sus contextos de desigualdad y marginación, no logran obtenerlo.

Esto les causa mucha ansiedad, la cual liberan en contextos, grupos y actividades delictivas y/o

agresivas. Incluso, en algunos casos, la irracionalidad comienza a ser un factor más frecuente en las

conductas agresivas (Loza y Padgett, 2012).

4. Variables, metodología y pruebas La finalidad de este capítulo consiste en detallar cuáles son las variables dependientes e

independientes del estudio, cómo fueron calculadas cada una de ellas y explicar cómo fueron

utilizadas para hacer distintas pruebas de la Teoría de la anomia institucional. También se explica

cómo se agruparon las variables independientes en dos modelos distintos. Finalmente, se describen

12 Estos datos están sujetos al grado de respuesta de los encuestados. No todas las preguntas tienen el mismo número de

observaciones. Por ello, sólo se muestran los rasgos más generales de este perfil delictivo.



Caracas, 2013

15

las pruebas estadísticas realizadas (OLS vs GWR) y se comentan sus respectivos resultados.

4.1 Variables

4.1.1 Dependientes

En este apartado se presentan las variables dependientes e independientes utilizadas en el

estudio. Las variables dependientes son tres: i) la tasa de homicidios durante el sexenio de Ernesto

Zedillo (1995-2000), ii) la tasa de homicidios durante el sexenio de Vicente Fox (2001-2006), iii) la

tasa de homicidios durante el sexenio de Felipe Calderón (2007-2010). Cada una de éstas fue

transformada a su forma logarítmica para ser normalizada. La siguiente fórmula describe el cálculo

realizado para obtenerlas:

Se escogieron estos periodos de estudio, ya que presentan patrones de violencia muy distintos

(caída, estable con tendencia a la baja e incremento súbito) y por la disponibilidad de datos.

Además, durante este periodo ocurre una alternancia de partido en el poder, lo que supone

diferentes políticas públicas y estrategias de combate contra el crimen. La Tabla 2 resume los

estadísticos descriptivos de las tres variables dependientes.

4.1.2 Independientes

Las variables independientes de este estudio son ocho. A continuación, se describe cada una

de ellas conforme a la institución con la que están asociadas, y se explica la dirección esperada de la

relación con la variable dependiente.

a) Institución Familiar

Para medir la debilidad en la institución familiar se utilizan dos variables proxy. La primera

es la tasa de divorcios por cada 100 matrimonios. La segunda es el porcentaje de hogares con

jefatura femenina. Ambas variables reflejan un estado de desorganización en la estructura

tradicional familiar. Esto conlleva a menores grados de supervisión, quizá a menores ingresos y

posiblemente sea indicio de alguna disfuncionalidad familiar. Importa particularmente el porcentaje

de hogares con jefatura femenina porque es una variable que refleja el estado de vulnerabilidad en

el que se encuentran las mujeres como líderes del hogar. Así, se espera que tanto para la tasa de

divorcios, como para el porcentaje de hogares con jefatura femenina, en el grado en que ambas

variables aumenten, habrá un incremento en la tasa de homicidios. Ambas variables fueron

obtenidas del INEGI.

b) Equidad social

Para medir la debilidad en la equidad social se utilizaron dos variables: el porcentaje de

población sin seguro social y el coeficiente de desigualdad, GINI. Ambas variables son un proxy de

la protección que brinda el Estado. Entre mayor sea la cobertura del seguro social y menor sea la

desigualdad entre poblaciones, más protegida estará la población. De esta manera, se espera que,

ante un aumento en el porcentaje de población sin seguro social o del coeficiente de GINI, habrá un

incremento en la tasa de homicidios. El porcentaje de población sin seguro social se obtuvo de los

Censos de Población levantados por el INEGI, mientras que el coeficiente de GINI se obtuvo del

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

c) Institución económica

Para medir la debilidad de la institución económica se utilizaron medidas absolutas, esto es,

variables que reflejan cómo se encuentran los individuos o grupos de individuos en comparación

con algún nivel fijo de bienestar económico. En este sentido, las variables que reflejan la debilidad

de oportunidades en la institución económica son: el desempleo y la deserción escolar en

secundaria. Se eligieron estas variables, ya que en la medida en que un individuo se encuentre sin

trabajo o deserte en su educación, sus posibilidades de recibir un mejor ingreso disminuyen. En



Caracas, 2013

16

consecuencia, en la medida en que ambas variables aumenten de valor, se espera un efecto positivo

en la tasa de homicidios. Las fuentes de la tasa de población desocupada fueron la Encuesta

Nacional de Empleo (ENE) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. La

fuente para el porcentaje de deserción escolar en secundaria fue la Secretaría de Educación Pública

(SEP).

d) Polity

Para medir la debilidad del gobierno se utilizan dos indicadores. El primero es el grado de

independencia judicial, estimado mediante el porcentaje de gasto per cápita en el Poder Judicial.

Esta proxy es ampliamente utilizada en el estudio de la Política del Poder Judicial (Ingram, 2013;

Ríos, 2008). Se considera esta variable como un proxy de independencia judicial, ya que mayor

presupuesto supone mayores posibilidades para que las Cortes y los Jueces sean más capaces de

ejercer su trabajo sin incurrir en actos de corrupción o para ampliar sus capacidades materiales y

humanas. Mayor independencia judicial implica que los jueces sean más eficaces para aplicar la ley.

La segunda variable que intenta aproximar esta condición de debilidad política es el porcentaje de

abstención electoral. Se puede argüir que esta variable es un proxy de desconfianza en el sistema

político. Entre mayor sea la desconfianza en el sistema político, la gente dejará de confiar en las

autoridades establecidas para salvaguardar su seguridad. Esto implica que la gente dejará de seguir

las reglas del juego.

De esta manera, se espera una relación diferenciada para cada variable. En la medida en que

aumente el gasto per cápita en el Poder Judicial de cada Estado, habrá una disminución en la tasa de

homicidios. Por el contrario, en la medida en que aumente el porcentaje de abstención electoral,

incrementará la tasa de homicidios. La fuente de la que se obtuvo el gasto per cápita del Poder

Judicial fue de la base de datos del profesor investigador Ingram PhD, y la fuente para el porcentaje

de abstención electoral fue del IFE.

Todas las variables independientes de este estudio son continuas. Para poder estimar el efecto

que tienen estas variables sobre la tasa sexenal de homicidios, se utilizaron tasas sexenales para la

tasa de divorcios, desempleo, gasto per cápita en el Poder Judicial y del porcentaje de deserción

escolar en secundaria. Las variables que sólo están disponibles para cada tres años o quinquenios

fueron acomodadas según el periodo presidencial más cercano. Con excepción del coeficiente de

GINI y del gasto en Poder Judicial per cápita, todas las demás variables fueron transformadas a su

forma logarítmica para ser normalizadas.13

4.2 Metodología

Para llevar a cabo la prueba de la anomia institucional, estas variables independientes fueron

divididas en dos modelos. Un primer modelo hace énfasis en la incertidumbre a corto plazo. En

cambio, el modelo de incertidumbre a largo plazo atiende a cuestiones de carácter más estructural,

es decir, circunstancias que difícilmente podrían cambiar de un año a otro. La Tabla 3 resume las

variables independientes de acuerdo con su modelo correspondiente.

El análisis para cada variable dependiente (tasa sexenal de homicidios) consta de dos

regresiones, según el tipo de incertidumbre (corto y largo plazos) y de los dos modelos estadísticos

(OLS y GWR). Se emplean distintos modelos estadísticos por dos razones. Primero, se busca

detectar qué variables mantienen una incidencia constante en la tasa de homicidios sin importar el

espacio. Segunda, se intenta encontrar si algunas variables tienen mayor peso que otras según su

ubicación geográfica. Dicho de otra manera, en el primer análisis se asume que el lugar no importa,

mientras que en el segundo sí. A esto se denomina “heterogeneidad espacial”. Si efectivamente

existen asociaciones entre variables más fuertes que otras según su espacio, entonces varios de los

supuestos de la regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios no pueden ser justificados, de manera

que los resultados del OLS pueden estar sesgados o ser falsos (Vilalta, 2012c:8).14

A continuación se presentan los modelos y discusión de los resultados de las regresiones para

13 Véase apéndices 2 y 3 para ver la fórmula y prueba de normalidad de cada una de las variables. 14 La heterogeneidad espacial se define como “la variación de relaciones entre en el espacio” (Vilalta, 2012c:7).



Caracas, 2013

17

cada uno de los periodos presidenciales. La tabla 4 presenta los resultados de la prueba OLS y las

tablas 5 y 6 presentan datos de la prueba GWR.

4.3 Modelos y resultados

Presidencia Ernesto Zedillo (1995-2000)

1.*Incertidumbre a corto plazo*

2.*Incertidumbre a largo plazo*

Presidencia Vicente Fox (2001-2006)



Presidencia Felipe Calderón (2007-2010)



Resultados GWR

Antes de poder determinar si existe heterogeneidad espacial, es necesario analizar si la

variable dependiente se encuentra autocorrelacionada. Esto significa que, para afirmar o negar que

existe una asociación más fuerte entre variables dependientes e independientes de acuerdo con su

ubicación, primero se tiene que conocer que, efectivamente, la variable de interés se localiza por

motivos no-aleatorios en determinados espacios. Así, la autocorrelación espacial o dependencia

espacial ocurre cuando “el valor de la variable dependiente en una unidad de análisis espacial es

parcialmente una función del valor de la misma variable en unidades cercanas”. La prueba de

Moran I es una de las herramientas más comunes para probar esta relación. Si el coeficiente de

Moran I es positivo y significativo, entonces la autocorrelación sugiere que existe una

concentración no aleatoria de los valores; en cambio, si es negativa y significativa, se sugiere que

hay una dispersión no aleatoria de los valores (Vilalta, 2012b:6). La Tabla 5 resume los principales

resultados de la prueba de Moran I para las tres variables dependientes de este estudio.

De acuerdo con los resultados de la prueba de Moran I, únicamente la tasa de homicidios

durante el sexenio de Calderón presenta valores concentrados de manera no aleatoria. Por esta

razón, sólo se efectuará la prueba de regresión geográfica ponderada para este periodo. La tabla 6

presenta los resultados de esta prueba.

4.4 Discusión de los resultados

En términos generales, los modelos únicamente tuvieron efectividad para la prueba de OLS.

Para el caso de GWR no hubo resultados, ya que los modelos propuestos adolecen de problemas de



Caracas, 2013

18

colinealidad local. Esto indica que, con el modelo planteado, no se puede discernir la correlación

que existe entre las variables independientes en al menos 1 estado. De manera simple, en algunos

estados, y en su relación espacial con otros, los factores anómicos se traslapan o bien, dos o más de

sus variables están explicando lo mismo.

De manera particular, se puede observar que el modelo de incertidumbre a largo plazo para

OLS resultó significativo para los tres periodos presidenciales. Específicamente, las variables

porcentaje de hogares con jefatura femenina y porcentaje de abstención electoral fueron

significativas y consistentes con la relación esperada. Con respecto al modelo de incertidumbre a

corto plazo, éste no alcanzó niveles de significancia convencionales (su significancia fue

ligeramente mayor a p>.10). Esto es teóricamente relevante, ya que, contrario a la evidencia

encontrada en otros lugares y periodos, tanto la tasa de divorcios, como la tasa de desempleo, no

son factores que expliquen la concentración de homicidios en México. Por último, con excepción de

las variables, desempleo y desigualdad, todas las demás tuvieron la dirección esperada, pero sin

significancia estadística. Llama la atención que los coeficientes de las variables desempleo y

desigualdad sean negativos. Quizá, el efecto de estas variables está más asociado al descrito por la

teoría de rutinas y oportunidades. De acuerdo con ésta, la probabilidad de victimización depende de

las actividades que un individuo realice. En este sentido, al estar en menor contacto con el exterior,

o estar en constante contacto con gente en igualdad de circunstancias, la probabilidad de ser víctima

del homicidio disminuye, pero esto tendría que ser probado.

Por lo tanto, conforme a las hipótesis planteadas al inicio de esta investigación, se puede

argüir lo siguiente:

H1a: Mayor incertidumbre a corto plazo NO causa mayor violencia;

H1b: Mayor incertidumbre a largo plazo SÍ causa mayor violencia;

Ha: La violencia varía dependiendo de su contexto espacial

(No es posible aceptar o rechazar la hipótesis alternativa por falta de resultados)

Conclusión

En México, el narcotráfico ha existido desde los años cuarenta, hasta la fecha. Si bien, los

índices de violencia actuales corresponden a la lucha contra cárteles y a sus respectivas divisiones

internas, esto no explica por qué la violencia ha tenido distinta distribución geográfica en los

últimos 20 años. Así, este trabajo partió de dos premisas. La primera es que no toda la violencia es

generada o explicada por el contexto de la lucha contra el narcotráfico; la segunda, es que las

instituciones sí importan para explicar la violencia. De esta manera, la principal finalidad de este

trabajo consistió en identificar cómo inciden las instituciones en las tasas de homicidio.

Para dar sentido a esta cuestión, se plantearon dos preguntas: ¿qué explica el homicidio en

México, y por qué unas entidades federativas son más violentas que otras? Con base en la Teoría de

la Anomia Institucional, la conclusión de este trabajo es que ante un contexto de incertidumbre, en

el que las reglas del juego no son respetadas y en el que las instituciones no son capaces de brindar

un piso mínimo de desarrollo, protección o respuesta, los individuos tendrán incentivos para

asegurar su supervivencia a toda costa, esto es: el uso de medios ilegítimos para conseguir sus fines.

Este argumento parece tener respaldo en el caso mexicano. Los rápidos cambios en las

estructuras demográfica, social, económica y política dieron como resultado una erosión de los

tradicionales controles sociales, tanto formales como informales. De acuerdo con la evidencia

empírica encontrada en este trabajo, el deterioro de dos instituciones en particular alteraron los

incentivos a largo plazo de los individuos: la familia y el gobierno. Puesto de otra forma, en la

medida en que las familias no sean capaces de proteger e impulsar el desarrollo de sus integrantes, y

que el gobierno no logre generar oportunidades suficientes, así como una autoridad legítima,

entonces los individuos tendrán incentivos para crear sus propios medios de certidumbre. En este

sentido, no seguir las reglas del juego se convierte en una opción, una práctica común, cuyos

resultados son: el uso de la violencia y la legitimación de actividades ilegales como el narcotráfico o

el mercado informal. Sin embargo, no fue posible determinar con base en este modelo teórico si esta

asociación entre variables difiere según la ubicación geográfica.



Caracas, 2013

19

Por último, este trabajo tiene implicaciones tanto teóricas como prácticas. En cuanto a la

teoría, esta investigación destaca que sí importan las instituciones para explicar los índices de

violencia. Segundo, la evidencia encontrada en este trabajo contribuye a la teoría de la Anomia

Institucional en dos sentidos. La anomia institucional es una teoría macro que puede ser más útil

para explicar periodos prolongados; sin embargo, debido a la falta de especificación de variables en

la teoría, su aplicabilidad, para ciertas unidades de análisis, puede ser mermada. Por este motivo,

resulta fundamental profundizar la teoría en cuanto a qué variables y contenidos logran reflejar de

mejor manera la lógica causal detrás de este planteamiento.

Si bien no se logró obtener un resultado preciso para la pregunta de la variación de violencia

según el Estado, sí se consiguió obtener una implicación práctica de política pública. En este

sentido, aquellos estados con familias y gobiernos más débiles tendrán mayor probabilidad de tener

individuos predispuestos a utilizar la violencia. Es decir, contrario a lo que plantea Escalante

(2009), sí es posible encontrar una explicación general del homicidio en México, pero,

definitivamente, los contextos espaciales y geográficos importarán para especificar la magnitud de

cada motivo o dinámica.

Por esta razón, es prioritario concentrar esfuerzos y programas políticos en torno a estos dos

factores. Del lado social será necesario reducir el número de mujeres en situación de vulnerabilidad

(principalmente de madres solteras), aumentar la socialización de familias mediante la recuperación

de espacios públicos y saneamiento de comunidades (particularmente de aquellas con escasos

recursos en áreas rurales, zonas marginadas o de alta migración), así como incentivar la

participación activa de Institutos como el de la Mujer y Jóvenes para detectar, de manera oportuna,

jóvenes, mujeres y barrios en situaciones de riesgo.

En el ámbito político es prioritario recuperar la legitimidad del sistema frente a los

ciudadanos. Para ello, resultará de extrema utilidad reducir los índices de corrupción e impunidad

entre funcionarios públicos y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de justicia penal.

Específicamente, importa minimizar la mala percepción que se tiene de los políticos,

partidos, procesos electorales, policías locales, agentes de investigación criminal y jueces.

Asimismo, se deben establecer como objetivos primordiales: la disminución de los índices de

violencia y la disuasión absoluta de grupos o manifestaciones violentas.

Bibliografía

Agnew, Robert, Brezina, Timothy; Wright, John Paul; y Cullen, Francis T. (2002), “Strain,

Personality Traits and Delinquency: Extending General Strain Theory”, en Criminology, Vol.

40 N° 1, pp. 43-72.

Agnew, Robert (1999), “A General Strain Theory of Community Differences in Crime Rates”, en

Journal of Research in Crime and Delinquency, Vol. 36 N° 2, pp. 123-155.

Aguilar Rivera, José Antonio (1996), “Las razones de la tormenta violencia y cambio político en

México”, en Nexos, abril, http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=448235, 06-

05-2012.

Bailey, John (2009), “Security Traps and Democratic Governability in Latin America: Dynamics of

Crime, Violence, Corruption, Regime and State”, en Criminlaity, Public Secuirty and the

Challenge to Democracy in Latin America, Marcelo Bergman y Laurence Whitehead (eds.),

Indiana, University of Notre Dame Press.

Baron, Stephen W. (2004), “General Strain, Street Youth and Crime: a Test of Agnew’s Revised

Theory”, en Criminology, Vol. 42 N° 2, pp. 457-483.

Bateson, Regina (2012), “Crime Victimization and Political Participation”, en American Political

Science Review, Vol. 106 N° 3, pp. 570-587.

Baumer, Eric y Gustafson, Regan (2007), “Social Organization and Instrumental Crime: Assessing

the Empirical Validity of Classic and Contemporary Anomie Theories”, en Criminology, Vol.

45 N° 3, pp. 617-663.

Beaulieu, Mark y Messner, Steven F. (2010), “Assessing Changes in the Effect of Divorce Rates on

Homicide Rates Across Large U.S. Cities, 1960-2000: Revisiting the Chicago School”, en



Caracas, 2013

20

Homicide Studies, Vol. 14 N° 1, pp. 24-251.

Beeghley, Leonard (2003), Homicide a Sociological Explanation, Lanham, Rowman y Littlefield

Publishers, Inc.

Bergman, Marcelo y Rosenkrantz, Carlos (2009), Confianza y Derecho en América Latina, México,

Fondo de Cultura Económica, CIDE.

Brookman, Fiona (2005), Understanding Homicide, Londres, SAGE publications.

Buendía, Jorge (1999), “Uncertainty and Regime Transition: the Mexican Experience”, México,

CIDE (Documento de Trabajo DEP; N° 98).

__________ (2000), “Economic Reform and Political Support in Mexico, 1988-1997”. México,

CIDE (Documento de Trabajo DEP; N° 129).

Bush, Virgilio P. (2010), “Migración Interna”, en Los grandes problemas de México, Brígida

García y Manuel Ordorica (coords.), México, El Colegio de México. V. I.

Chabat, Jorge (2009), “El narcotráfico en las relaciones México-Estados Unidos: las fuentes del

conflicto”, México, CIDE, http://www.cide.edu/publicaciones/status/dts/DTEI%20193.pdf,

16-03-2012 (Documento de Trabajo DEI; N° 193),

__________ (2010), “Combatting Drugs in Mexico under Calderon: the Inevitable War”, México,

CIDE, http://www.cide.edu/publicaciones/status/dts/DTEI%20205.pdf, 16-03-2012

(Documento de Trabajo DEI).

Chamlin, Mitchell B., y Cochran, John K. (2007), “An Evaluation of the Assumptions that Underlie

Institutional Anomie Theory”, en Theoretical Criminology, Vol. 11 N° 1, pp. 39-61.

Chicoine, Luke (2011), “Exporting the Second Amendment: U.S. Assault Weapons and the

Homicide Rate in Mexico”, mimeo.

Collier, Paul; Elliott, V. L.; Hegre, Havard; Hoeffler, Anke; Reynal-Querol, Marta; y Sambanis,

Nicholar (2003), Breakin the Conflict Trap Civil War and Development Policy, Washington,

Oxford University Press.

Cullen, Francis T. y Agnew, Robert (2011), Criminological Theory: Past to Present, Oxford,

Oxford University Press, 4 ed.

Dion, Michelle L. (2003), “Mexico’s Welfare Regime Before and After the Debt Crisis: Organized

Labor and the Effects of Globalization”, México, CIDE (Documento de Trabajo DEP; N°

157).

Dube, Arindrajit; Dube, Oeindrila; y García-Ponce, Omar (2011), “Cross-Border Spillover: U.S.

Gun Laws and Violence in Mexico”, mimeo.

Escalante, Fernando Gonzalbo (2009a), El homicidio en México entre 1990 y 2007: Aproximación

estadística, México, El Colegio de México, Secretaría de Seguridad Pública federal.

__________ (2009b), “Territorios violentos”, en Nexos, diciembre,

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=56102, 30-04-2012.

__________ (2011), “Homicidios 2008-2009: la muerte tiene permiso”, en Nexos, enero,


Escalante, Gonzalbo Fernando; Guerrero Gutiérrez, Eduardo; Hope, Alejandro; Maerker, Denise;

Magaloni, Ana Laura; De Mauleón, Héctor; Mendoza Rockwell, Natalia; Valdés Guillermo;

y Villalobos, Joaquín (2011), “Nuestra guerra”, en Nexos, noviembre,


Garza, Gustavo (2010), “La transformación urbana de México, 1970-2020”, en Los grandes

problemas de México, Gustavo Garza y Martha Schteingart (coords.) México, El Colegio de

México.

Grillo, Ioan (2012), El Narco en el corazón de la insurgencia criminal mexicana, México,

Ediciones Urano.

Guerrero, Eduardo G. (2010a), “Los hoyos negros de la estrategia contra el narco”, en Nexos,

agosto, http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=248547, 29-03-2012

__________ (2010b), “Cómo reducir la violencia en México”, en Nexos, noviembre.


__________ (2011a), “La raíz de la violencia”, en Nexos, junio,



Caracas, 2013

21


__________ (2011b), “Security, Drugs, and Violence in Mexico: A Survey”, en 7th North American

Forum Washington, D.C., http://iis-

db.stanford.edu/evnts/6716/NAF_2011_EG_%28Final%29.pdf, 24-11-2012.

Hernández, Anabel (2010), Los señores del narco, México, Grijalbo.

Ingram, Matthew C. (2013), “Elections, Ideology or Opposition? Assesing Competing Explanations

of Judicial Spending in the Mexican States”, en Journal of Law, Economics and

Organization, Vol. 29 N° 1, pp. 178-209.

Karstedt, Susanne (2010), “New Institutionalism in Criminology: Approaches, Theories and

Themes”, en The SAGE Handbook of Criminological Theory, Eugene McLauhlin y Tim

Newburn (coords.), California, SAGE Publications.

LaFree, Gary (1998), Losing Legitimacy Street crime and the Decline of Social Institutions in

America, Colorado, Westview Press.

Land, Kenneth C.; L. McCall, Patricia; y Cohen, Lawrence E. (1990), “Structural Covariates of

Homicide Rates: Are there Any Invariances across Time and Social Space?”, en American

Journal of Sociology, Vol. 95 N° 4, pp. 922-963.

Lee, Matthew R. (2011), “Reconsidering Culture and Homicide”, en Homicide Studies, Vol. 15 N°

4, pp. 319-340.

Lee, Matthew R. y Bartkowski, John P. (2004), “Civic Participation, Regional Subcultures, and

Violence: the Differential Effects of Secular and Religious Participation on Adult and

Juvenile Homicide”, en Homicide Studies, Vol. 8 N° 1, pp. 5-39.

Loza, Eduardo y Padgett, Humberto (2012), Los muchachos perdidos retratos e historias de una

generación entregada al crimen, México, Debate.

Maume, Michael O. y Lee, Matthew R. (2003), “Social Institutions and Violence: A Subnational

Test of Institutional Anomie Theory”, en Criminology, N° 41, pp. 1137-1172.

McCall, Patricia L. y Nieuwbeerta, Paul (2007), “Structural Covariates of Homicide Rates a

European City Cross-National Comparative Analysis”, en Homicide Studies, Vol. 11 N° 3,

pp. 167-188.

McCall, Patricia L.; Land, Kenneth C.; y Parker, Karen F. (2010), “An Empirical Assessment of

What We Know about Structural Covariates of Homicide Rates: a Return to a Classic 20

Years Later”, en Homicide Studies, Vol. 14 N° 3, pp. 219-243.

Meneses, Rodrigo y Quintana, Miguel (2012), “Los motivos para matar: homicidios instrumentales

y expresivos en la ciudad de México”, México, CIDE (Documento de Trabajo DEJ; N° 58),

http://www.cide.edu/publicaciones/status/dts/DTEJ%2058.pdf, 17-02-2012.

Merino, José (2011), “Los operativos conjuntos y la tasa de homicidios: una medición”, en Nexos,

junio. http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2099329, 05-04-2012.

Merino, José y Gómez Ayala, Víctor (2012), “Cuerpos sin nombre”, en Nexos, N° 420, pp. 39-45.

Merton, Robert K. (1938), “Social Structure and Anomie”, en American Sociological Review, Vol.

3 N° 5, pp. 672-682.

Messner, Steven F., y Rosenfeld, Richard (1997), “Political Restrain of the Market and Levels of

Criminal Homicide: a Cross-National Application of Institutional Anomie Theory”, en Social

Forces, N° 75, pp. 1393-1416.

Messner, Steven F.; Thome, Helmut; y Rosenfeld, Richard (2008), “Institutions, Anomie, and

Violent Crime: Clarifying and Elaborating Institutional-Anomie Theory”, en International

Journal of Conflict and Violence, Vol. 2 N° 2, pp. 163-181.

Miethe, Terance D. y Drass, Kriss A. (1999), “Exploring the Social Context of Instrumental and

Expressive Homicides: an Application of Qualitative Comparative Analysis”, en Journal of

Quantitative Criminology, Vol. 15 N° 1, pp. 1-21.

Miethe, Terance D. y Regoeczi, Wendy C. (2004), Rethinking Homicide Exploring the Structure

and Process Underlying Deadly Situations, Cambridge, Cambridge University Press.

Molzahn, Cory; Ríos, Viridiana; y Shirk, David A. (2012), Drug Violence in Mexico Data and

Analysis Through 2011, San Diego, Trans-Border Institute.



Caracas, 2013

22

Morris, Stephen D. (1991), Corruption and Politics in Contemporary Mexico, Tuscaloosa,

Alabama, University of Alabama Press.

North, Douglass C. (1989), “Institutional Change and Economic History”, en Journal of

Institutional and Theoretical Economics, N° 145, pp. 238-245.

Osorno, Diego Enrique (2010), El Cártel de Sinaloa una historia del uso político del narco,

México, Debolsillo.

Ousey, Graham C., y Lee, Matthew R. (2010), “The Southern Culture of Violence and Homicide-

Type Differentiation: an Analysis Across Cities and Time Points”, en Homicide Studies, Vol.

14 N° 3, pp. 268-95.

Pacheco Gómez, Edith (2010), “Evolución de la Población que labora en actividades agropecuarias

en términos sociodemográficos”, en Los grandes problemas de México, Brígida García y

Manuel Ordorica (coords.), México, El Colegio de México. V. I.

Pizarro, Jesenia M. (2008), “Reassessing the Situational Covariates of Homicides Is there a need to

disaggregate?”, en Homicide Studies, Vol. 12 N° 4, pp. 323-49.

Poiré, Alejandro, y Martínez, María Teresa (2011), “La caída de los capos no multiplica la

violencia: el caso de Nacho Coronel”, en Nexos, mayo,


Poiré, Alejandro (2011), “Los homicidios y la violencia del crimen organizado una revisión a la

tendencia nacional”, en Nexos en línea, febrero,


Pratt, Travis C. y Cullen, Francis T. (2005), “Assessing Macro-Level Predictors and Theories of

Crime: A Meta-Analysis”, Crime and Justice, N° 32, pp. 373-450.

Ríos, Julio (2008), “Judicial Institutions and Corruption Control”, México, CIDE,

http://cide.edu/publicaciones/status/dts/DTEP 204.pdf, 14-03-2012 (Documento de Trabajo

DEP).

Ríos, Viridiana (2012), “Los grupos criminales en Google”, en Nexos, N° 420, pp. 54-57.

Rodríguez-Oreggia, Eduardo y Flores, Miguel (2011), “Structural factors and the ‘War on Drugs’

effects on the upsurge in homicides in Mexico”, mimeo.

Rosas, Guillermo (2012), “Los numerous de la guerra: ¿error de cálculo político o estadístico?

Respuesta a José Merino”. Blog de la redacción de la revista Nexos, enero,

http://redaccion.nexos.com.mx/?p=3698, 05-04-2012.

Rosenfeld, Richard; Messner, Steven F.; y Baumer, Eric P. (2001), “Social Capital and Homicide”,

en Social Forces, Vol. 80 N° 1, pp. 283-309.

Savolainen, Jukka (2000), “Equality, Welfare State, and Homicide: Further Support for the

Institutional Anomie Theory”, en Criminology, N° 38, pp. 1021–1042.

Schedler, Andreas (2004), “Mexico: A Brief Political History”, México, CIDE (Documento de

Trabajo DEP; N° 167).

Shaw, C. y McCay, H. (1942), Juvenile Delinquency and Urban Areas, Chicago, University of

Chicago Press.

Stults, Brian J. y Baumer, Eric P. (2008), “Assessing the Relevance of Anomie Theory for

Explaining Spatial Variation in Lethal Criminal Violence: an Aggr-egate-Level Analysis of

Homicide within the United States”, en International Journal of Conflict and Violence, Vol.

2 N° 2, pp. 215-47.

Thomas, Pedro M. (2011), “Theoretical Articulation on Immigration and Crime”, en Homicide

Studies, Vol. 15 N° 4, pp. 382-403.

Toro, María Celia (1995), “Mexico’s ‘War’ on Drugs Causes and Consequences”, Colorado, Lynne

Rienner Publishers, Inc.

Uildriks, Niels y Tello Peón, Nelia (2010), Mexico’s Unrule of Law Implementing Human Rights in

Police and Judicial Reform under Democratization, Lanham, Lexington Books.

Ungar, Mark (2009), “La Mano Dura: Current Dilemmas in Latin American Police Reform”, en

Criminlaity, Public Secuirty and the Challenge to Democracy in Latin America, Marcelo

Bergman y Laurence Whitehead (eds.), Indiana, University of Notre Dame Press.



Caracas, 2013

23

United Nations Office on Drugs and Crime (2011), 2011 Global study on Homicide trends,

contexts, data, Viena, UNODC.

Vilalta, Carlos P. (2011), “A Failing State? Institutional Anomie and the War Against Organized

Crime in Mexico”, en Criminology, mimeo.

__________ (2012a), “Los delitos contra la salud en México, 1997-2010”, México Secretaría de

Seguridad Pública (SSP).

__________ (2012b), “¿Quiénes son los sentenciados por homicidio intencional en México?”,

mimeo.

__________ (2012c), “How Exactly Does Place Matter in Crime Analysis? Place, Space and

Spatial Heterogeneity”, mimeo.

Vilalta, Carlos P. y Fondevilla, Gustavo (2012), Perfiles de la población penitenciaria I: frecuencias

y descriptivos. México, Editorial CIDE, mimeo.

Villalobos, Joaquín (2010a), “Doce mitos de la guerra contra el narco”, en Nexos, enero.


__________ (2010b), “La guerra de México”, en Nexos, agosto,


Vold, George B.; Bernard, Thomas J.; y Snipes, Jeffrey B. (1998), Theoretical Criminology,

Oxford, Oxford University Press.

Williams, Phil (2010), “El crimen organizado y la violencia en México”, en Istor, N° 42, pp. 15-40.

Wolfgang, Marvin E. y Ferracuti, Franco (1981), The Subculture of Violence, Beverly Hills.



Caracas, 2013

24

Gráficos, tablas y mapas

Gráfico 1 Modelo teórico de Anomia Institucional

Fuente: Elaboración propia con base en los artículos científicos de Anomia Institucional.

Gráfico 2 Argumento principal

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3 Tasa Nacional de Homicidios 1990-2010

Fuente: Estadísticas de mortalidad (INEGI) y proyecciones de Población (CONAPO).

Cambios

Políticos

Económicos

Sociales

=

∆

Violencia + Instituciones

débiles

Estructura

cultural

Estructura

social

Éxito

monetario

Dominio

económico /

Ámbito

social

Anomia

Institucional

∆ Violencia

Incertidumbre =



Caracas, 2013

25

Gráfico 4 Dimensiones Analíticas del Homicidio

Espacial

Temporal

Situacional

Víctimas

Hombre Mujer

Victimarios

Hombre Correlativos

Mujer

Fuente: Elaboración propia con base en textos académicos.

Gráfico 5 Tasa Nacional de Homicidios según sexo

Fuente: Estadísticas de mortalidad (INEGI) y proyecciones de población (CONAPO).



Caracas, 2013

26

Gráfico 6 Total de Homicidios y Porcentajes, según género y rango de edad15

1995-2000

Total

Menores de 15

años 15-29 años 30-44 años 45-59 años 60 años o más

Total 13385 4.22% 40.86% 30.63% 14.25% 8.18%

Hombres 11941 3.11% 41.74% 31.36% 14.48% 7.68%

Mujeres 1430 14.30% 33.82% 24.74% 12.40% 12.43%

2001-2006

Total

Menores de 15


Total 10027 4.21% 36.21% 32.84% 15.73% 9.35%

Hombres 11094 3.20% 41.04% 31.58% 14.67% 7.93%

Mujeres 1390 13.97% 33.85% 24.84% 12.26% 12.83%

2007-2010

Total

Menores de 15


Total 17108 2.31% 37.36% 37.39% 14.37% 6.19%

Hombres 15368 1.51% 37.55% 38.37% 14.48% 5.77%

Mujeres 1,713 9.46% 36.04% 28.97% 13.59% 9.95%

Total 40520 3.41 38.23 34.03 14.67 7.63

Fuente: Estadísticas de mortalidad (INEGI).

Gráfico 7 Número de víctimas de homicidio, según edad


15 Del total, 2.03% de los homicidios aparece como no especificado para el criterio según edad.



Caracas, 2013

27

Gráfico 8 Número de víctimas por homicidio, según estado conyugal


Gráfico 9 Porcentaje de víctimas de homicidio, según condición de derechohabiencia




Caracas, 2013

28

Gráfico 10 Número de Víctimas por homicidio, según condición laboral


Gráfico 11 Porcentaje de víctimas por homicidio, según ocupación




Caracas, 2013

29

Tabla 1 Lista de variables independientes

Institución

Incertidumbre a corto

plazo Dirección de la

relación esperada

Incertidumbre a largo

plazo Dirección de la

relación esperada Variable Variable

Familia Tasa de Divorcios + Hogares con jefatura

femenina +

Equidad social Protección social - Desigualdad +

Oportunidades

Económicas Desempleo + Deserción escolar +

Polity Independencia del

Poder Judicial - Abstención electoral +

Fuente: Elaboración propia con base en la selección de variables identificadas en la literatura.

Tabla 2 Resumen de Variables Dependientes

Estadísticos descriptivos de variables dependientes

Variable N Promedio Desviación

estándar

Mínimo Máximo Unidad y Periodo

de medición

Fuentes

Homicidios Zedillo (Ln)

32 2.3828 0.6246 0.9859 3.5237 Anual: 1995-2000

Estadísticas vitales (INEGI) y

Proyecciones

poblacionales (CONAPO)

Homicidios

Fox (Ln)

32 2.0449 0.5915 0.8692 3.0069 Anual:

2001-2006

Homicidios Calderón (Ln)

32 2.4449 0.8254 0.7939 4.5844 Anual: 2007-2010

Tabla 3 Resumen de Variables Independientes

Modelos Institución Variables independientes

Unidad y periodo de medición

Fuente Dirección de relación

Incertidumbre a

corto plazo

Familia

Relación de divorcios

por cada 100 matrimonios

Anual: 1995-2009 Estadísticas de

nupcialidad (INEGI) +

Equidad social

Porcentaje de

población sin seguro

social

2000-2005-2010 Encuestas a Hogares y Viviendas (INEGI)

+

Oportunidades

económicas Tasa de desocupación

Promedio anual:

1996, 1998-2010

Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo (INEGI)

+

Polity Gasto per cápita en

Poder Judicial Anual: 1995-2010

PhD. Matthew

Ingram -

Incertidumbre a

largo plazo

Familia Porcentaje de hogares

con jefatura femenina 2000, 2005, 2010

Encuestas a Hogares

y Viviendas (INEGI) +

Equidad social Coeficiente de GINI 2000, 2005, 2008 CONEVAL e

IPLANEG +

Oportunidades

económicas

Porcentaje de deserción

escolar en secundaria Anual: 1995-2010

Aregional.com con

base en datos de INDISEP

+

Polity Abstención electoral 1994, 2000 y 2006 IFE +



Caracas, 2013

30

Tabla 4 Resultados OLS

Modelos Variables

independientes Homicidios Zedillo Homicidios Fox Homicidios Calderón

Incertidumbre

Corto Plazo

Divorcio 0.312 0.495 0.471

[1.08] [1.81] [1.33]

Sin seguro social 1.104 0.701 0.445

[1.70] [1.39] [0.61]

Desempleo 0.211 -0.158 -0.054

[0.52] [0.50] [0.12]

Independencia Judicial

-0.094 -0.039 -0.108

[0.43] [0.38] [1.42]

Divorcios*

Desempleo 1.171 0.731 0.878

[2.43]* [1.81] [1.16]

Incertidumbre

Largo Plazo

Jefatura femenina 2.933 3.034 3.735

[3.50]** [4.12]** [3.04]**

Desigualdad -2.631 -3.315 -3.731

[0.94] [1.24] [0.81]

Deserción Escolar 1.028 0.421 0.212

[2.02] [1.15] [0.35]

Abstención electoral 1.069 2.398 3.629

[2.27]* [3.69]** [4.33]**

Constante 3.546 7.622 1.212 0.653 2.076 2.076

[1.91] [3.44]** [0.94] [0.24] [1.10] [1.10]

Observaciones 32 32 32 32 32 32

R-cuadrada 0.27 0.47 0.27 0.55 0.27 0.51

Los valores absolutos de los estadísticos-t están en corchetes

*significancia estadística a 5%; **significancia estadística a 1%

Tabla 5 Resultados de prueba Moran I16

Indicadores Zedillo Fox Calderón

Índice de Moran I 0.0926 0.0688 0.1606

Varianza 0.0074 0.0074 0.0073

Valor-p 0.1455 0.2414 0.0238*

Tabla 6 Resultados GWR

Tasa sexenal de homicidios Calderón

Incertidumbre Corto Plazo Incertidumbre Largo Plazo

Presencia de heterogeneidad espacial No es posible determinar No es posible determinar

16 Estos valores fueron calculados con datos proyectados geográficamente y con inverse distance.



Caracas, 2013

31

Mapa 1 Regiones en México17

17 Elaboración propia con base en la clasificación utilizada por Garza (2010) y Bassols (1983) y software ArcGis.



Caracas, 2013

32

Mapa 2 Homicidios en México, 1995




Caracas, 2013

33




Caracas, 2013

34




Caracas, 2013

Apéndice

1. Tabla de tasas de homicidio por entidad federativa, según región (1990-2010).

Tasa Nacional de Homicidios según Región

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 17 18 19 18 18 17 16 14 14 13 11 10 10 10 9 10 10 8 13 18 24

Noroeste 76 81 89 84 92 90 80 78 81 82 63 63 67 60 63 63 59 58 105 151 232

Baja California 15 16 17 15 18 20 18 16 26 28 18 16 17 17 18 16 16 12 33 48 47

Baja California Sur 4 5 5 6 8 9 6 9 5 8 6 5 7 5 6 7 5 7 7 6 9

Nayarit 29 27 29 29 30 22 14 17 14 13 12 12 16 12 15 14 11 11 16 20 56

Sinaloa 20 23 25 23 24 25 26 24 22 21 18 19 18 16 15 17 17 15 31 53 90

Sonora 9 10 12 11 12 15 16 13 14 13 9 11 10 10 11 11 10 13 17 23 29

Norte 64 74 96 74 75 78 66 64 67 58 53 55 52 49 43 46 48 42 127 203 301

Coahuila 9 11 11 10 10 8 8 7 6 6 5 7 6 5 5 6 4 4 7 10 17

Chihuahua 12 18 17 17 21 27 23 22 21 18 20 20 20 17 15 18 20 16 78 109 188

Durango 21 24 43 24 25 22 18 17 17 15 11 11 12 14 11 11 12 12 28 67 71

San Luis Potosí 11 10 12 11 11 10 9 9 14 12 12 10 7 6 6 6 6 6 8 8 15

Zacatecas 11 10 12 11 9 12 9 9 9 6 6 7 7 7 7 6 6 5 7 9 10

Noreste 14 17 20 18 18 16 14 14 16 13 12 9 9 11 10 15 16 13 14 18 50

Nuevo León 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 6 5 8 21

Tamaulipas 12 14 17 15 14 12 11 11 12 10 9 7 6 8 7 11 12 6 8 10 30

Centro-Oeste 79 83 90 76 71 65 60 50 49 44 40 41 36 36 35 39 46 36 45 59 70

Aguascalientes 6 7 4 4 3 4 4 3 5 3 2 2 3 2 2 2 2 4 5 6 6

Colima 18 22 27 15 16 13 9 10 13 12 11 11 8 8 9 9 7 7 9 10 22

Guanajuato 9 9 8 9 7 6 6 6 7 5 5 5 4 5 4 4 4 4 6 10 9

Jalisco 15 14 14 14 12 13 12 10 9 9 7 8 7 7 6 7 7 7 8 10 15

Michoacán 32 31 37 35 33 29 28 21 16 16 15 16 13 14 14 17 25 14 17 24 18

Centro-Este 116 101 105 113 107 99 93 87 85 78 67 66 56 55 53 51 47 41 53 64 76 Distrito Federal 15 13 15 15 14 16 15 14 14 12 11 11 11 11 11 10 9 10 11 11 12

Hidalgo 10 8 6 6 7 7 6 6 7 5 4 5 2 3 4 3 2 3 3 6 5

México 34 33 31 30 28 24 23 20 19 17 16 15 15 14 13 14 12 9 11 13 14

Morelos 31 27 28 36 33 25 24 20 21 20 15 13 11 11 10 9 9 8 13 15 29

Puebla 12 10 12 13 11 13 10 10 10 9 8 8 8 7 7 6 6 5 6 6 7

Querétaro 8 7 7 7 8 7 8 8 6 7 7 7 5 5 5 5 4 3 4 5 4

Tlaxcala 6 4 6 5 5 8 7 7 7 8 6 5 5 4 5 5 4 3 5 7 5

Sur 75 90 107 99 94 96 84 79 86 69 57 43 48 47 42 41 52 42 55 87 75

Chiapas 8 14 13 14 18 19 17 16 21 15 11 4 11 11 5 7 12 2 6 11 4

Guerrero 28 36 55 45 40 42 34 35 37 31 26 20 20 19 19 19 25 24 32 59 50

Oaxaca 39 40 39 41 35 35 33 28 28 23 20 18 17 18 18 15 15 16 17 17 21

Este 21 20 20 20 24 22 18 18 15 14 11 11 10 12 10 10 12 12 12 18 16

Tabasco 9 7 8 9 14 13 10 9 8 8 5 5 5 6 6 5 7 7 8 8 9

Veracruz 12 13 11 11 10 9 8 9 7 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 10 6

Peninsular 30 25 27 29 39 29 23 26 25 23 20 20 17 22 20 15 12 19 21 20 18

Campeche 15 11 15 13 12 15 12 12 13 11 9 7 7 6 5 6 4 6 7 7 6

Quintana Roo 11 10 9 13 24 11 9 11 10 10 8 11 7 13 13 7 6 10 11 11 11

Yucatán 5 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2

Fuente: Estadísticas de mortalidad (INEGI) y proyecciones poblacionales (CONAPO).



Caracas, 2013

2. Tabla de fórmulas de las variables independientes

Nombre de Variable Definición Cálculo

Divorcio

Promedio sexenal de la relación de

divorcios por cada 100 matrimonios

Sin Seguro social Relación de la población que no tiene

seguro social

Desempleo

Tasa promedio sexenal del Total de

población desocupada con respecto al

total de la Población Económicamente Activa

Gasto en Poder Judicial

Gasto promedio sexenal egresado en el

Poder Judicial con respecto al total de la población (en miles de millones de

pesos corrientes 1990=100)

Jefatura femenina Relación de hogares con jefatura femenina con respecto al total de

hogares

Desigualdad Coeficiente de GINI

Se toma el número de veces en que el ingreso promedio de 10 y 5

por ciento de la población más rica es mayor al ingreso promedio de 10 y 5 por ciento de la población más pobre.

Deserción escolar

Promedio de la Tasa de deserción

escolar en secundaria en el sexenio

Abstención electoral Se refiere al porcentaje de votos que están contemplados en la lista nominal,

pero que no participaron en la votación.

3. Pruebas de normalidad

Periodo presidencial Variables independientes Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Divorcios ,082 32 ,200* ,967 32 ,421 Sin seguro social ,097 32 ,200* ,950 32 ,148

Desempleo ,128 32 ,200 ,968 32 ,436

Indep. Judicial ,083 32 ,200* ,965 32 ,380 Zedillo Divorcios*Desempleo ,226 32 ,000 ,774 32 ,000

Jefatura femenina ,098 32 ,200* ,979 32 ,777

Desigualdad ,082 32 ,200* ,988 32 ,968 Deserción Escolar ,131 32 ,175 ,948 32 ,126

Abstención electoral ,089 32 ,200* ,965 32 ,376

Divorcios ,109 32 ,200* ,963 32 ,323

Sin seguro social ,100 32 ,200* ,956 32 ,215 Desempleo ,121 32 ,200* ,920 32 ,021

Indep. Judicial ,136 32 ,139 ,841 32 ,000 Fox Divorcios*Desempleo ,256 32 ,000 ,725 32 ,000

Jefatura femenina ,103 32 ,200* ,986 32 ,939

Desigualdad ,104 32 ,200* ,965 32 ,376 Deserción Escolar ,081 32 ,200* ,982 32 ,848

Abstención electoral ,094 32 ,200* ,985 32 ,929

Divorcios ,136 32 ,142 ,960 32 ,270

Sin seguro social ,124 32 ,200* ,952 32 ,167 Desempleo ,116 32 ,200* ,952 32 ,159

Indep. Judicial ,270 32 ,000 ,790 32 ,000

Calderón Divorcios*Desempleo ,220 32 ,000 ,795 32 ,000 Jefatura femenina ,111 32 ,200* ,970 32 ,508

Desigualdad ,091 32 ,200* ,975 32 ,644

Deserción escolar ,114 32 ,200* ,971 32 ,537 Abstención electoral ,088 32 ,200* ,974 32 ,627

a. Corrección de la significación de Lilliefors

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera.

Documents

El perfil geográfico del homicidio en las entidades