Política | Vie, 06/07/2013 22:05 Entre derechos y presupuesto Por: Felipe Morales Mogollón La iniciativa que busca proteger las finanzas del Estado a través de la denominada regla fiscal afectaría la aplicación de los fallos de las altas cortes y sería el Ministerio de Hacienda el que defina la forma como se cumplirán las sentencias. El costo económico de los derechos. Ese es el trasfondo del debate que se ha abierto por el trámite de la ley que reglamenta la reforma constitucional del marco fiscal, sobre el cual en su momento el presidente Juan Manuel Santos afirmó que “se ajusta al principio del Estado social y no puede entenderse como una limitación o un bloqueo a la protección de los derechos fundamentales mediante tutelas” y agregó que lo que pretendía era que el Estado contara con unas finanzas sanas y que no se comprometa por encima de sus posibilidades. Hoy la realidad tiene matices diferentes y una modificación que fue incluida en el articulado de la ley que plantea la figura del incidente de impacto fiscal para “modular, modificar o diferir los efectos de las sentencias” por encima de los derechos que sean amparados por los altos tribunales. En un principio la iniciativa planteaba que el procurador o ministros, cuando consideren que se van a afectar las finanzas del Estado, presenten la denominada figura de “incidente de impacto fiscal” ante el alto tribunal que emitió el fallo y en el proceso harán parte los demandados y demandantes. De acuerdo con el Artículo 6, esta figura será argumentada con las consecuencias que puede generar para la sostenibilidad, las condiciones que se darían y los planes específicos para garantizar el cumplimiento de las sentencias. Hasta ahí podría parecer una iniciativa bien intencionada que en la práctica respetaría la independencia de la justicia, buscando la ruta más conveniente para el país a la hora de cumplir las sentencias. Pero no es así: en el segundo debate, por solicitud del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le fue realizada una modificación que señala que se “acatará el fallo en los términos contenidos en el plan de cumplimiento”. Palabras más, palabras menos, si la Corte que emitió el fallo no está de acuerdo con el incidente de impacto fiscal ni con las medidas para modular la sentencia, del mismo modo, el Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda impondrá su decisión. Con este “mico”, la principal afectada será la acción de tutela, la herramienta con que cuentan los ciudadanos para que les sean amparados sus derechos fundamentales. Así lo dejó claro el columnista de El Espectador Rodolfo Arango, al asegurar que “en plata
