JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2015

El impuestazoEn 2003, el FMI y Goni aplicaron un impuesto a los salarios que provocó una rebelión policial y popular, la cual soportó una sangrienta represión militar. Francotiradores asesinaron a policías y transeúntes.

“CON EL NEOLIBERALISMO BOLIVIA NO TENÍA SOBERANÍA. EL ESTADO PEDÍA DINERO PARA AGUINALDOS.Evo Morales Ayma / Presidente del Estado Plurinacional

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jueves 19 de febrero de 2015

Impuestazo, una medida ordenada por el Fondo Monetario Internacional

Muchas cosas cambiaron desde el 2003. Hoy, Bolivia tiene independencia económica y política.

HIST

ORIA

REDACCIÓN CENTRAL

Pasaron doce años desde el denominado impues-tazo, medida adoptada por el entonces presi-

dente Gonzalo Sánchez de Loza-da, quien anunció un impuesto al salario de los trabajadores, or-denado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 9 de fe-brero de 2003.

Muchas cosas cambiaron des-de entonces, asegura un ana-lista económico Alberto Bona-dona. A diferencia de ese año, dice, hoy Bolivia tiene indepen-dencia económica y política de dicho organismo.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS La medida económica pedía

‘un sacrificio adicional al pue-blo boliviano’, pues no se iban a subir los salarios ni se incre-mentaría el presupuesto para las universidades.

Esta situación llevó a los poli-cías de base (los clases) a amoti-narse en el cuartel del GES el 11 de febrero, ya que sus salarios eran directamente afectados por la medida dictada por el de-nominado ‘gobierno neoliberal’, desatando un enfrentamiento armado entre militares y poli-cías que tuvo un saldo de diez caídos en solo un día. A partir de ello, desde todos los rinco-nes más olvidados por el poder, salieron cientos de personas y aparecieron las primeras barri-cadas en la plaza San Francisco, se celebraban mitines en varios puntos de la ciudad.

lítica, establecidas a través del ‘Consenso de Washington’.

El ‘Consenso de Washington’ hace referencia al conjunto de medidas de política-económicas de corte neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta para, por un lado, hacer frente a la re-ducción de la tasa de beneficio en los países del Norte tras la cri-sis económica de los setenta, y por otro, como salida impuesta por el Fondo Monetario Interna-cional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a los países del Sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Todo ello por medio de la condicionalidad macroeconó-mica vinculada a la financiación concedida por estos organismos.

Una serie de medidas de esta-bilización y ajuste de las econo-mías respecto a las cuales deter-minadas instituciones con sede en Washington - mayormente el FMI y el BM (Banco Mundial), así como el gobierno y la Reserva Fe-deral de EEUU - parecían tener un consenso sobre su necesidad.

En términos generales, el en-tonces nuevo ideario apostaba por un paquete conjunto de po-líticas económicas como: la lu-cha contra el déficit público por la vía de reducción del gasto, las reformas para reducir la pro-gresividad impositiva, la priva-tización de empresas públicas, la liberalización del comercio y de los mercados de capitales a nivel internacional, la mini-mización de las condiciones a la entrada de inversión extranjera directa y la desregulación de los mercados laborales internos, entre otras.

Es bien sabido que Sánchez de Lozada adoptó varias de estas políticas, llevando a la debacle económica a nuestro país por obedecer las medidas políticas-económicas de su entonces alia-do estadounidense.

“Hoy, en Bolivia existe una mayor independencia a nivel económico y político del FMI”, comparó Bonadona. “No se ha tenido que recurrir a los recur-sos que ofrece el FMI debido a que actualmente existe una hol-gura macroeconómica. Mien-tras eso permanezca, el FMI no nos puede dictaminar”, añadió. El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada junto con el expresidente de los Estados Unidos, George Bush.

Hemiciclo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

ó Doce años pasaron desde el Impuestazo, medida adopta-da por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien anunció un impuesto al salario de los trabajadores, ordenado por el Fondo Mo-netario Internacional (FMI).

APUNTE

ANÁLISIS ECONÓMICO “El impuestazo fue una de

las políticas imperialistas del FMI, que obligaba a los países latinoamericanos a establecer ciertas medidas para supuesta-mente enfrentar las crisis”, ex-plicó a Cambio el economista.

Según el experto, la medida asumida por Sánchez de Loza-da sólo puede entenderse en el contexto de la profunda crisis institucional, económica y so-cial por la que Bolivia atravesa-ba en aquel entonces.

“Lo que siempre ocurría en esas épocas de grandes crisis en Bolivia era depender de los recursos que el FMI brindaba a los países económicamente dependientes”, señaló el espe-cialista.

Cabe mencionar que el Go-bierno boliviano de entonces estaba alineado plenamente al sistema imperialista esta-dounidense, que sojuzgaba a nuestro país con medidas de dependencia económica y po-

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3 Especial

jueves 19 de febrero de 2015

Los gobiernos neoliberales privatizaron 85 empresas públicas entre 1989 y 2000

Algunas exautoridades fueron promotoras de la privatización total, por lo que deberán rendir cuentas a la población boliviana.

RECU

ENTO

CAMBIO

El informe de la primera Comisión Especial Mix-ta de la Asamblea Le-gislativa Plurinacional

(ALP) para la Investigación de la Privatización y la Capitalización (1989-2000) reveló que en ese pe-ríodo se privatizaron 85 empre-sas públicas, propiedad de dife-rentes niveles de gobierno.

El documento indicó que du-rante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) y sus mi-nistros de Planeamiento y Fi-nanzas, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, respectivamen-te, se vendieron 34 empresas: 13 de propiedad de las Corpora-ciones Regionales de Desarrollo (Cordes); 12 empresas ministe-riales; seis empresas prefectu-rales y se produjo el cierre de tres bancos estatales.

El gobierno de Gonzalo Sán-chez de Lozada (1993-1997) lle-vó adelante la venta de 41 uni-dades productivas estatales: 29 empresas de Cordes, seis empre-sas prefecturales, una empresa municipal y la capitalización de cinco empresas estratégicas.

Mientras que en el gobierno de Hugo Banzer Suárez (1997-

2002) se ejecutó la transferencia de 10 empresas públicas a manos privadas: dos empresas de Cor-des; seis ministeriales, una pre-fectural y una municipal.

En el informe elaborado por la Comisión se detalla que du-rante el gobierno de Jaime Paz se cerraron los bancos Agríco-la y Minero (1991) y del Estado (1992), también se da cuenta de que durante el gobierno de Hugo Banzer se vendieron los activos de Yacimientos Petrolí-feros Fiscales Bolivianos (YPFB) en cuatro lotes: 1) las refinerías Gualberto Villarroel y Guiller-mo Élder Bell, 2) las plantas de almacenaje y poliductos en el país, 3) el servicio de combusti-ble de aviación en 15 aeropuer-tos y 4) la licencia de distribu-ción mayorista de combustible en el eje nacional.

Una publicación del diario Úl-tima Hora del 13 de agosto de 1991 da cuenta de que la Emba-jada de Estados Unidos emplazó al Gobierno boliviano a privati-zar las 157 unidades productivas que eran de su propiedad.

En el paquete de empresas estaban incluidas las cooperati-vas de servicios básicos: 102 de agua potable y alcantarillado,

101 de servicios eléctricos y 19 cooperativas telefónicas.

Incluso se llegó a la venta de 64 mingitorios municipales y 40 puestos de mercados —sólo en La Paz—, dato que reveló el diario Presencia en su edición del 1 de septiembre de 1992.

DEBEN RENDIR CUENTAS El expresidente de la Comi-

sión Investigadora, el exsena-dor Adolfo Mendoza, sostuvo que algunas exautoridades, en-tre ellas el exministro de Pla-neamiento entre 1993-1997, Samuel Doria Medina, fueron los promotores de la privatiza-ción total, hechos por los cuales deberán rendir cuentas ante la población boliviana.

“El señor (Doria Medina) par-ticipó en una época que signifi-có el saqueo de recursos natu-rales y el desmantelamiento de las empresas del Estado, vendi-das a un precio bajísimo, rega-ladas prácticamente, y además sin ningún criterio de dignidad. No olvidemos que Samuel Doria Medina en 1991 ante el Club de París dijo que estaba dispuesto a desmantelar todo el aparato productivo estatal del Estado boliviano”, declaró.

Para el exlegislador, quienes participaron en la venta de los bienes del Estado “tendrán difi-cultades para probar su inocen-cia”, puesto que existe bastante documentación sobre las accio-nes asumidas para la entrega de las empresas públicas.

Con el informe conclusivo de la primera Comisión Investiga-dora se presentaron dos propo-siciones acusatorias contra 13 exautoridades, por la capitaliza-ción de la Empresa Nacional de Ferrocarriles y la transferencia irregular de recursos del proyec-to Focas a empresarios privados.

1. La Asamblea Legislativa Plurina-cional recibió el informe conclusivo de la Comisión Investigadora el 13 de enero de 2015.2. Trabajadores de las empresas se opusieron a la medida gubernamen-tal de los mandatarios neoliberales.

DAÑO MILLONARIOLa privatización y la capitalización le costó al país alrededor de 444 millones de dólares, préstamos de organismos internacionales que engrosaron la deuda externa nacional.

ó El 14 de junio de 1991, el De-creto Supremo 22836, emitido por el presidente Jaime Paz Zamora, determina la privati-zación de 60 empresas de las Corporaciones Regionales de Desarrollo (Cordes).

ó El 24 de abril de 1992 se promulga la Ley 1330 de Privatizaciones, que autoriza al Gobierno la enajenación de las empresas públicas y su transferencia a privados.

ó El 21 de marzo de 1994, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada promulga la Ley 1544 de Capitalización de las empresas estratégicas.

ó El 24 de octubre de 1995, el expresidente Sánchez de Lo-zada dijo: “La Capitalización es al final una privatización. La empresa se vuelve priva-da”, lo reflejó el diario Hoy.

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jueves 19 de febrero de 2015 jueves 19 de febrero de 2015

El 2003 los bolivianos decidieron levantar su voz y luchar por la defensa de sus recursos naturales.

Febrero, un hito en la liberación de Bolivia

CAMBIO

La privatización de los siste-mas de extracción, refina-ción y comercialización de hidrocarburos se constitu-

yeron en las principales causas de la “Guerra del Gas”.

Dicha privatización se dio en-tre 1992 1996 mediante la puesta en vigencia de normas jurídicas como leyes, decretos, reglamen-tos y “anexos” poco conocidos y que sirvieron para legalizar la entrega, casi gratuita a empresas extranjeras, de grandes cantida-des de gas natural.

Fue en febrero de 2003 cuando a raíz del llamado impuestazo al salario decretado por el entonces Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que asumió el gobierno en 2002, desató reacciones en la sociedad civil y la misma Policía.

Por ello, el Gobierno recurrió a las Fuerzas Armadas para defen-der el decreto y desencadenó en-frentamientos, entre ellos, con-tra la Policía y la sociedad civil, lo que derivó en más de 30 muertos.

Sin embargo el conflicto por el gas comenzó el 2002 cuando la ad-ministración del expresidente Jor-ge Quiroga propuso construir un

gasoducto a través del territorio boliviano y chileno, hasta el puer-to de Mejillones en Chile, la ruta más directa al océano Pacífico.

Luego Sánchez de Lozada ganó las elecciones de 2002 e indicó su preferencia por el puerto de Me-jillones, pero evitó adoptar una declaración oficial sobre la cons-trucción del gasoducto.

En 2003 la temática reavivó la crisis social y política de la pobla-ción que exigía la estatización de los hidrocarburos.

El proyecto promovido por el consorcio empresarial Pacific LNG (creado por British-Petroleum de origen británico y la española Repsol-YPF pretendía construir un gasoducto hacia la costa de Chile donde se procesaría gas para en-viarlo a México y a Estados Unidos.

Este hecho reflotó el espíritu de defensa de los recursos natura-les a la cabeza de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), la Cen-tral Obrera Regional (COR) de El Alto, además de organizaciones sociales, indígenas y campesinas.

Fue el conjunto de estos he-chos que llevaron a la rebelión del pueblo que se inició en sep-tiembre de ese año con bloqueos de caminos, movilizaciones y

otras medidas de presión y se pro-fundizaron en octubre del mismo año, movimiento que finalizó con la renuncia de Sánchez de Lozada el 17 de ese mismo mes.

En respuesta, el Gobierno de Sánchez de Lozada activó “El Plan República” que fue elaborado por los departamentos de Inteligencia de las tres Fuerzas Armadas con meses de anticipación ante posibles movilizaciones sociales o de insur-gencia armada, que no era necesa-riamente de conocimiento de la po-blación civil, por su calificación de “Secreto de Estado”, resultaron en la salida de los militares a las calles el día 16 de septiembre de 2003.

El 11 de septiembre de 2003, se da “alerta roja” poniendo en ejecu-ción el “Plan República”. Las tropas tomaron posiciones estratégicas ante los hechos que ocurrían en Warisata, Sorata y posteriormente en El Alto y en la ciudad de La Paz.

Los enfrentamientos agudi-zados en octubre sólo pedían la renuncia de Sánchez de Lozada. Tras esto, la lucha trajo consigo demandas subyacentes como la censura al viejo sistema político. (Fuentes: libro Guerra por el Gas de Édgar Ramos; http://ibolivia.net/ y; archivos Cambio).

El pueblo boliviano junto a la Policía pide la renuncia del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en inmediaciones de la plaza Murillo.

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12/02 10.00 horas Policía amotinada en todo el país.

12/02 11.30–14.30  Enfrentamientos en la plaza Murillo (La Paz) entre militares (Regimiento Colorados) y policías (GES). 3 policías muertos y 5 heridos, según Bolivisión.

12/02 14.30  Militares controlan 3 esquinas de la plaza Murillo; la policía la otra. Tensa calma entre ambos lados.

12/02 15.00  Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada retira proyecto del impuestazo.

12/02 16.00  Vuelven los enfrentamientos en plaza Murillo entre policías y militares. 10 muertos y 50 heridos.

12/02 18.20  Vicepresidencia y Biblioteca Nacional en llamas.

12/02 18.45  Grl. Pardo, Comandante de la Policía, se sacó el uniforme y lloró en el GES frente a los cuerpos de los policías muertos.

12/02 19.45  Policías: 13 muertos y 81 heridos hasta el momento. No se tiene cifras de las bajas militares.

12/02 20.00  Bolivisión y televisión estatal sin señal. PAT transmite señal de otro canal. Sólo Unitel informa desde Santa Cruz. 12/02 22.00  Se suspenden las actividades del sector público para mañana, no habrá clases. ASOBAN decretó suspensión de las operaciones bancarias en todo el país.

12/02 22.30  16 muertos y 94 heridos, según las redes ATB-PAT-Red Uno.

13/02 05.05  Mayor Vargas, representante de los policías amotinados llega a un acuerdo con el gobierno y dispone retomar las actividades policial para las 12.00 del día.

13/02 07.30  Obreros de Manaco bloquean carretera Cochabamba - Quillacollo - La Paz, militares se despliegan en el valle alto y bajo de Cochabamba.

13/02 10.30  Militares dispersan a tiros

manifestaciones en la plaza San Francisco, hay heridos de bala entre los manifestantes, según ATB. Blindados entraron en la plaza Murillo.

13/02 11.50  COB y el MAS con Evo Morales marchan en La Paz pidiendo renuncia del Presidente.

13/02 14.10  Varios diputados del partido de gobierno (MNR) piden remover al gabinete gubernamental.

13/02 14.30  Tiros contra ambulancias. Doctora herida, enfermera muerta por bala de francotiradores cuando transportaban heridos en una ambulancia cerca del ’Hotel Presidente en La Paz, según la Red Uno. Directores de hospitales no enviarán más ambulancias y piden apoyo a las Fuerzas Armadas para que las mismas transporten los heridos a los centros hospitalarios.

13/02 16.10  Las industrias y comercios de El Alto son saqueados (Embol, Almapaz, Aguas del Illimani, bancos...). No hay presencia de militares ni policías en la Ciudad Satélite.

13/02 16.35  Empieza marcha pacífica de los universitarios y de la COD (1.800 personas) con pañuelos blancos pidiendo “PAZ” en Santa Cruz. Carteles dicen “SÍ a la democracia, NO a la violencia, no más muertes”

13/02 21.20  Mensaje presidencial. El Presidente anunció que todo el país está tranquilo y pacificado.  Envió sus condolencias a las familiares de los caídos de hoy y de ayer.  Recordó que los bloqueos y la violencia no son una solución para el desarrollo del país. Llamó a reflexionar sobre la democracia diciendo que esta “es la mejor vía para vivir en forma pacífica y lograr objetivos comunes”.  Anunció que habrá más diálogo y que encargó al Vicepresidente viajar al interior del país para entablar un diálogo con todos los sectores de la población.

13/02 21.20  Recuento de los dos días de disturbios 24 muertos. 10 civiles, 10 policías, 4 militares. 130 heridos, según Red uno.(Fuente: http://www.llajta.ch/archivos/Enfrentamientos.html)

Cronología del 12 y 13 de febrero de 2003

Al menos siete normas de los gobiernos neoliberales buscaron forjar el camino para privatizar los hidrocarburos

La población boliviana aún espera justicia para los culpables de la masacre de 2003

Desde 1985 los distintos gobier-nos del Estado neoliberal pu-sieron en vigencia una serie de normativas que tenían como objetivo lograr la privatización de los recursos gasíferos perte-neciente a todos los bolivianos.

Entre estos decretos están: Decreto Supremo 21.060 (29 de agosto de 1985) dispone que empresas estatales como YPFB o Comibol dejen de producir y se conviertan en administrado-ras de contratos.

Ley 1182 de Inversiones (17 septiembre de 1992) otorga ga-rantías y dispone el libre mo-vimiento de capitales y de la inversión privada, nacional y extranjera.

Ley 1544 de Capitalización (21 de marzo de 1994) señala que cinco empresas estraté-gicas estatales (ENDE, Entel, ENFE, Vinto y YPFB) deben asociarse a empresas extranje-ras mediante una denominada “capitalización”.

Ley 1689 de Hidrocarburos (30 de abril de 1996) establece que toda explotación hidrocar-burífera se desarrolla mediante

Día en que se nacionalizó los hidrocarburos, el 1 de Mayo de 2006.

Víctimas de febrero y Octubre Negro exigen justicia.

contratos de riesgo compartido por empresas privadas.

Ley 1731 (26 de junio de 1996) “reclasifica” los pozos hi-drocarburíferos en “existentes” (marginales) y “nuevos” (sobre todo reservas).

Decreto Supremo 24.806 (4 de agosto de 1997) aprueba los contratos de exploración y ex-plotación mediante licitación.

Artículo 3ro. del “Modelo de contrato de explotación (de gas o petróleo)”, aprobado por

En 2011, el Tribunal de Senten-cia de la Corte Suprema de Jus-ticia fijó a tres años de cárcel en el penal de San Pedro para los exministros de Gonzalo Sán-chez de Lozada, Erick Reyes Vi-lla y Adalberto Kuajara por las luctuosas jornadas de septiem-bre y Octubre Negro.

El Tribunal compuesto por ministro y cuatro conjueces de la Suprema Corte, presidido por el magistrado Ángel Irusta Pérez, condenaron a 15 años y seis me-ses a Roberto Claros Flores, ex-comandante en Jefe de las Fuer-zas Armadas y al excomandante General del Ejército, Juan Véliz Herrera, durante el gobierno de Sánchez de Lozada.

También se determinó sen-tenciar con 11 años de presión al general Osvaldo Quiroga y al al-mirante Luis Aranda Granados y a diez años de cárcel al general Gonzalo Rocabado.

Los exministros de Desarrollo Sostenible Erik Reyes Villa y de Trabajo Adalberto Kuajara fueron condenados a tres años de pri-sión, acusados de complicidad en el delito de “genocidio bajo la mo-dalidad de masacre sangrienta”.

Los generales Roberto Cla-ros Flores y Juan Veliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el gene-ral José Osvaldo Quiroga Men-doza y el almirante Luis Alber-to Aranda Granados a 11 años, y

el general Gonzalo Alberto Ro-cabado a diez años.

Todos los exjefes militares fueron sentenciados por el delito “de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”.

El tribunal determinó que to-dos cumplan su condena en el penal de Sucre, adonde fueron conducidos tras la lectura de las sentencia.

Gonzalo Sánchez de Lozada, principal acusado, quien huyó del país a Estados Unidos tras ser depuesto por la revuelta popular que se oponía a la exportación de gas natural por Chile, no fue incluido en esta fase procesal de sentencias, pues se halla en trá-mite el pedido de extradición.

el Decreto 24.806 (4 de agosto de 1997): “(Objeto del contrato) ...mediante el cual el Titular (la empresa) adquiere el derecho de propiedad de la producción (de gas o petróleo) que obten-ga en Boca de Pozo y de la dis-posición (destino) de la misma conforme a las previsiones de la Ley de Hidrocarburos...”, norma que dio el completo control de los hidrocarburos a las transna-cionales. (Libro: La Guerra por el Gas de Édgar Ramos),

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ó Febrero negro dejó un saldo de 30 muertos y más de 100 heridos ante la represión de las Fuerzas Armadas que obede-cían órdenes del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

ó La población boliviana se unió en febrero y luego en octubre de 2003 para luchar en favor de la defensa de los hidrocarbu-ros que fueron nacionalizados finalmente en mayo de 2006.

SINOPSIS

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jueves 19 de febrero de 2015 jueves 19 de febrero de 2015

El 2003 los bolivianos decidieron levantar su voz y luchar por la defensa de sus recursos naturales.

Febrero, un hito en la liberación de Bolivia

CAMBIO

La privatización de los siste-mas de extracción, refina-ción y comercialización de hidrocarburos se constitu-

yeron en las principales causas de la “Guerra del Gas”.

Dicha privatización se dio en-tre 1992 1996 mediante la puesta en vigencia de normas jurídicas como leyes, decretos, reglamen-tos y “anexos” poco conocidos y que sirvieron para legalizar la entrega, casi gratuita a empresas extranjeras, de grandes cantida-des de gas natural.

Fue en febrero de 2003 cuando a raíz del llamado impuestazo al salario decretado por el entonces Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que asumió el gobierno en 2002, desató reacciones en la sociedad civil y la misma Policía.

Por ello, el Gobierno recurrió a las Fuerzas Armadas para defen-der el decreto y desencadenó en-frentamientos, entre ellos, con-tra la Policía y la sociedad civil, lo que derivó en más de 30 muertos.

Sin embargo el conflicto por el gas comenzó el 2002 cuando la ad-ministración del expresidente Jor-ge Quiroga propuso construir un

gasoducto a través del territorio boliviano y chileno, hasta el puer-to de Mejillones en Chile, la ruta más directa al océano Pacífico.

Luego Sánchez de Lozada ganó las elecciones de 2002 e indicó su preferencia por el puerto de Me-jillones, pero evitó adoptar una declaración oficial sobre la cons-trucción del gasoducto.

En 2003 la temática reavivó la crisis social y política de la pobla-ción que exigía la estatización de los hidrocarburos.

El proyecto promovido por el consorcio empresarial Pacific LNG (creado por British-Petroleum de origen británico y la española Repsol-YPF pretendía construir un gasoducto hacia la costa de Chile donde se procesaría gas para en-viarlo a México y a Estados Unidos.

Este hecho reflotó el espíritu de defensa de los recursos natura-les a la cabeza de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), la Cen-tral Obrera Regional (COR) de El Alto, además de organizaciones sociales, indígenas y campesinas.

Fue el conjunto de estos he-chos que llevaron a la rebelión del pueblo que se inició en sep-tiembre de ese año con bloqueos de caminos, movilizaciones y

otras medidas de presión y se pro-fundizaron en octubre del mismo año, movimiento que finalizó con la renuncia de Sánchez de Lozada el 17 de ese mismo mes.

En respuesta, el Gobierno de Sánchez de Lozada activó “El Plan República” que fue elaborado por los departamentos de Inteligencia de las tres Fuerzas Armadas con meses de anticipación ante posibles movilizaciones sociales o de insur-gencia armada, que no era necesa-riamente de conocimiento de la po-blación civil, por su calificación de “Secreto de Estado”, resultaron en la salida de los militares a las calles el día 16 de septiembre de 2003.

El 11 de septiembre de 2003, se da “alerta roja” poniendo en ejecu-ción el “Plan República”. Las tropas tomaron posiciones estratégicas ante los hechos que ocurrían en Warisata, Sorata y posteriormente en El Alto y en la ciudad de La Paz.

Los enfrentamientos agudi-zados en octubre sólo pedían la renuncia de Sánchez de Lozada. Tras esto, la lucha trajo consigo demandas subyacentes como la censura al viejo sistema político. (Fuentes: libro Guerra por el Gas de Édgar Ramos; http://ibolivia.net/ y; archivos Cambio).

El pueblo boliviano junto a la Policía pide la renuncia del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en inmediaciones de la plaza Murillo.

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12/02 10.00 horas Policía amotinada en todo el país.

12/02 11.30–14.30  Enfrentamientos en la plaza Murillo (La Paz) entre militares (Regimiento Colorados) y policías (GES). 3 policías muertos y 5 heridos, según Bolivisión.

12/02 14.30  Militares controlan 3 esquinas de la plaza Murillo; la policía la otra. Tensa calma entre ambos lados.

12/02 15.00  Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada retira proyecto del impuestazo.

12/02 16.00  Vuelven los enfrentamientos en plaza Murillo entre policías y militares. 10 muertos y 50 heridos.

12/02 18.20  Vicepresidencia y Biblioteca Nacional en llamas.

12/02 18.45  Grl. Pardo, Comandante de la Policía, se sacó el uniforme y lloró en el GES frente a los cuerpos de los policías muertos.

12/02 19.45  Policías: 13 muertos y 81 heridos hasta el momento. No se tiene cifras de las bajas militares.

12/02 20.00  Bolivisión y televisión estatal sin señal. PAT transmite señal de otro canal. Sólo Unitel informa desde Santa Cruz. 12/02 22.00  Se suspenden las actividades del sector público para mañana, no habrá clases. ASOBAN decretó suspensión de las operaciones bancarias en todo el país.

12/02 22.30  16 muertos y 94 heridos, según las redes ATB-PAT-Red Uno.

13/02 05.05  Mayor Vargas, representante de los policías amotinados llega a un acuerdo con el gobierno y dispone retomar las actividades policial para las 12.00 del día.

13/02 07.30  Obreros de Manaco bloquean carretera Cochabamba - Quillacollo - La Paz, militares se despliegan en el valle alto y bajo de Cochabamba.

13/02 10.30  Militares dispersan a tiros

manifestaciones en la plaza San Francisco, hay heridos de bala entre los manifestantes, según ATB. Blindados entraron en la plaza Murillo.

13/02 11.50  COB y el MAS con Evo Morales marchan en La Paz pidiendo renuncia del Presidente.

13/02 14.10  Varios diputados del partido de gobierno (MNR) piden remover al gabinete gubernamental.

13/02 14.30  Tiros contra ambulancias. Doctora herida, enfermera muerta por bala de francotiradores cuando transportaban heridos en una ambulancia cerca del ’Hotel Presidente en La Paz, según la Red Uno. Directores de hospitales no enviarán más ambulancias y piden apoyo a las Fuerzas Armadas para que las mismas transporten los heridos a los centros hospitalarios.

13/02 16.10  Las industrias y comercios de El Alto son saqueados (Embol, Almapaz, Aguas del Illimani, bancos...). No hay presencia de militares ni policías en la Ciudad Satélite.

13/02 16.35  Empieza marcha pacífica de los universitarios y de la COD (1.800 personas) con pañuelos blancos pidiendo “PAZ” en Santa Cruz. Carteles dicen “SÍ a la democracia, NO a la violencia, no más muertes”

13/02 21.20  Mensaje presidencial. El Presidente anunció que todo el país está tranquilo y pacificado.  Envió sus condolencias a las familiares de los caídos de hoy y de ayer.  Recordó que los bloqueos y la violencia no son una solución para el desarrollo del país. Llamó a reflexionar sobre la democracia diciendo que esta “es la mejor vía para vivir en forma pacífica y lograr objetivos comunes”.  Anunció que habrá más diálogo y que encargó al Vicepresidente viajar al interior del país para entablar un diálogo con todos los sectores de la población.

13/02 21.20  Recuento de los dos días de disturbios 24 muertos. 10 civiles, 10 policías, 4 militares. 130 heridos, según Red uno.(Fuente: http://www.llajta.ch/archivos/Enfrentamientos.html)

Cronología del 12 y 13 de febrero de 2003

Al menos siete normas de los gobiernos neoliberales buscaron forjar el camino para privatizar los hidrocarburos

La población boliviana aún espera justicia para los culpables de la masacre de 2003

Desde 1985 los distintos gobier-nos del Estado neoliberal pu-sieron en vigencia una serie de normativas que tenían como objetivo lograr la privatización de los recursos gasíferos perte-neciente a todos los bolivianos.

Entre estos decretos están: Decreto Supremo 21.060 (29 de agosto de 1985) dispone que empresas estatales como YPFB o Comibol dejen de producir y se conviertan en administrado-ras de contratos.

Ley 1182 de Inversiones (17 septiembre de 1992) otorga ga-rantías y dispone el libre mo-vimiento de capitales y de la inversión privada, nacional y extranjera.

Ley 1544 de Capitalización (21 de marzo de 1994) señala que cinco empresas estraté-gicas estatales (ENDE, Entel, ENFE, Vinto y YPFB) deben asociarse a empresas extranje-ras mediante una denominada “capitalización”.

Ley 1689 de Hidrocarburos (30 de abril de 1996) establece que toda explotación hidrocar-burífera se desarrolla mediante

Día en que se nacionalizó los hidrocarburos, el 1 de Mayo de 2006.

Víctimas de febrero y Octubre Negro exigen justicia.

contratos de riesgo compartido por empresas privadas.

Ley 1731 (26 de junio de 1996) “reclasifica” los pozos hi-drocarburíferos en “existentes” (marginales) y “nuevos” (sobre todo reservas).

Decreto Supremo 24.806 (4 de agosto de 1997) aprueba los contratos de exploración y ex-plotación mediante licitación.

Artículo 3ro. del “Modelo de contrato de explotación (de gas o petróleo)”, aprobado por

En 2011, el Tribunal de Senten-cia de la Corte Suprema de Jus-ticia fijó a tres años de cárcel en el penal de San Pedro para los exministros de Gonzalo Sán-chez de Lozada, Erick Reyes Vi-lla y Adalberto Kuajara por las luctuosas jornadas de septiem-bre y Octubre Negro.

El Tribunal compuesto por ministro y cuatro conjueces de la Suprema Corte, presidido por el magistrado Ángel Irusta Pérez, condenaron a 15 años y seis me-ses a Roberto Claros Flores, ex-comandante en Jefe de las Fuer-zas Armadas y al excomandante General del Ejército, Juan Véliz Herrera, durante el gobierno de Sánchez de Lozada.

También se determinó sen-tenciar con 11 años de presión al general Osvaldo Quiroga y al al-mirante Luis Aranda Granados y a diez años de cárcel al general Gonzalo Rocabado.

Los exministros de Desarrollo Sostenible Erik Reyes Villa y de Trabajo Adalberto Kuajara fueron condenados a tres años de pri-sión, acusados de complicidad en el delito de “genocidio bajo la mo-dalidad de masacre sangrienta”.

Los generales Roberto Cla-ros Flores y Juan Veliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el gene-ral José Osvaldo Quiroga Men-doza y el almirante Luis Alber-to Aranda Granados a 11 años, y

el general Gonzalo Alberto Ro-cabado a diez años.

Todos los exjefes militares fueron sentenciados por el delito “de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”.

El tribunal determinó que to-dos cumplan su condena en el penal de Sucre, adonde fueron conducidos tras la lectura de las sentencia.

Gonzalo Sánchez de Lozada, principal acusado, quien huyó del país a Estados Unidos tras ser depuesto por la revuelta popular que se oponía a la exportación de gas natural por Chile, no fue incluido en esta fase procesal de sentencias, pues se halla en trá-mite el pedido de extradición.

el Decreto 24.806 (4 de agosto de 1997): “(Objeto del contrato) ...mediante el cual el Titular (la empresa) adquiere el derecho de propiedad de la producción (de gas o petróleo) que obten-ga en Boca de Pozo y de la dis-posición (destino) de la misma conforme a las previsiones de la Ley de Hidrocarburos...”, norma que dio el completo control de los hidrocarburos a las transna-cionales. (Libro: La Guerra por el Gas de Édgar Ramos),

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ó Febrero negro dejó un saldo de 30 muertos y más de 100 heridos ante la represión de las Fuerzas Armadas que obede-cían órdenes del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

ó La población boliviana se unió en febrero y luego en octubre de 2003 para luchar en favor de la defensa de los hidrocarbu-ros que fueron nacionalizados finalmente en mayo de 2006.

SINOPSIS

6Especial

jueves 19 de febrero de 2015

La Guerra del Agua marcó la decadencia del Estado neoliberal

El gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga dictó estado de sitio para frenar las protestas.

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CAMBIO

La Guerra del Agua (sep-tiembre de 1999 y abril de 2000) dio inicio a la de-cadencia del Estado neo-

liberal que pretendía, con su po-lítica capitalista, la privatización de los recursos naturales.

Sucedió luego de que el Con-greso de la República aprobó en septiembre de 1999 la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sa-nitario, y un mes después el Go-bierno del presidente Hugo Ban-zer Suárez y del vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez decidió entregar los recursos hídricos a capitales privados del extranjero.

Así se procedió a la entrega en concesión del Servicio Muni-cipal de Agua Potable y Alcanta-rillado (Semapa) de Cochabamba y la ejecución del proyecto Misi-cuni (megaproyecto de agua de usos múltiples) a un consorcio privado internacional, denomi-nado Aguas del Tunari.

La investigación de la Comi-sión Especial Mixta de Inves-tigación de la Privatización y Capitalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) devela que entre 1995 y 1999, el Banco Interamericano de Desa-rrollo (BID) desembolsó $us 84 millones y el Banco Mundial (BM) $us 14 millones para la pri-vatización del agua.

El BM solicitó la ampliación de la vigencia del Convenio de Crédito y tras esto, el gobierno negoció con organismos multi-laterales la condonación de $us 600 millones y la privatización.

Fue entonces que el gobier-no lanzó una licitación a la que sólo se presentó una transnacio-nal Aguas del Tunari SA (ATSA), del cual la Sociedad Boliviana del Cemento (Soboce) era una de las seis entidades accionistas.

MEMORIASoboce, cuyo principal accio-

nista era Samuel Doria Medi-na, exministro de Planeamien-

sino y de regantes en las vías de acceso a la ciudad de Cocha-bamba. Frente al cual, el gobier-no del exdictador no hizo nada.

En los primeros meses de 2000 continuó la ola de protes-tas y bloqueos. El Gobierno de Banzer no pudo contener las movilizaciones y los primeros días de abril decretó el estado de sitio, que no obstante a tra-tar de inmovilizar a los cocha-bambinos, agravó la situación y se desató la Guerra del Agua.

Imágenes de los canales de televisión de la época registra-ron el momento en el cual una persona vestida de civil, ocul-tado entre los policías, disparó contra los movilizados. Víctor Hugo Daza, de 17 años falleció y la represión de los policías hirió a 170 personas.

En medio del colapso de la economía nacional y el aumen-to de los disturbios, el gobierno de Bolivia rescindió el contrato con Bechtel.

El exsenador Mendoza afir-mó que la lucha de la pobla-ción por el agua “fue, sin duda, el inicio de la crisis del Estado neoliberal” que años más tarde, en 2003, sería sepultado.

DE LA LUCHA UN DERECHOPara el sociólogo de la Uni-

versidad Mayor de San Simón (UMSS), Jorge Komadina, la de-nominada Guerra del Agua, fue el escenario que unió a regantes, campesinos, fabriles, vecinos y cívicos en un nuevo discurso: “el fin del ciclo neoliberal”.

“La historia de Bolivia toma-ba un rumbo diferente, porque la presión social denotaba la emergencia de un nuevo tipo de movimientos sociales”, explicó.

De la lucha de la Coordina-dora en Defensa del Agua y de la Vida y de la Federación de Re-gantes (Fedecor) se heredó la de-fensa del agua como un derecho humano, que fue plasmado en la Constitución Política del Esta-do (CPE), promulgada en 2009.

El parágrafo III, del artícu-lo 20 de la CPE señala: “El ac-ceso al agua y alcantarillado constituyen derechos huma-nos, no son objeto de conce-sión ni privatización”.Cientos de personas llegaron hasta la plaza principal de Cochabamba, en abril de 2000.

Las mujeres comandaron las movilizaciones en defensa del agua.

to que impulsó la privatización durante la presidencia de Jaime Paz Zamora (1989-1993), partici-pó con un cinco por ciento en la privatización de Semapa y de las fuentes de agua.

Datos de la investigación muestran que International Water LTDA de Inglaterra (sub-sidiaria Bechtel Enterprises, EEUU) tuvo el 55% de las accio-nes; Riverstar de Uruguay (Sub-sidiaria Abengoa, España) el 25%; ICE (Bolivia) (Goni, Julio León Prado, otros) el 5%; Copesa (Bolivia) (Petricevic) con 5%; CBI (Bolivia) 5% y Soboce (Bolivia) (S. Doria Medina) también el 5%.

Adolfo Mendoza, expresiden-te de la Comisión, señaló que todo el escenario fue planifi-cado para que la transnacional Aguas del Tunari disponga no sólo de la empresa Semapa, sino de todas las fuentes de agua de Cochabamba, lo que generó un gran malestar en la población.

En noviembre de 1999 se rea-lizó el primer bloqueo campe-

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AFP

7 Especial

jueves 19 de febrero de 2015

Analista: Entre 2000 y 2003 hubo un cambio de visión de país

La privatización de las empresas públicas, el impuestazo, entre otras medidas, aceleraron la debacle del sistema partidario.

ANÁL

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tuación lo único que hizo fue acelerar lo que ya se veía venir, lógicamente las medidas tan im-populares las realizaron los go-biernos neoliberales en sus mo-mentos de mayor debilidad”.

Para el politólogo, los go-biernos neoliberales realiza-ron una mala lectura de la realidad en aquel entonces, y no vieron que “estaban en un franco estado de debilidad” y lanzaron medidas antipopula-res que fueron “el último em-pujón para que se venga abajo el sistema político tradicional”.

CULPABLES SIN CASTIGO En febrero de 2003, un “im-

puestazo” creado por el gobier-no de Gonzalo Sánchez de Lo-zada provocó la movilización de la población boliviana que terminó con 36 personas falle-cidas y 214 heridos.

Para el exdirigente de la ciu-dad de El Alto y actual asam-bleístas departamental Roberto de la Cruz, la justicia boliviana no sancionó a los responsables de lo ocurrido en aquellas “jor-nadas luctuosas”.

“De los hechos de febrero, Roberto de la Cruz fue el único juzgado y encarcelado en Chon-chocoro, pero el resto, los auto-res intelectuales y materiales, no fue juzgado, por eso la jus-ticia está demostrando que es como la víbora, sólo muerde a

los descalzos, y a los que tienen botas los sigue protegiendo”, dijo tras recordar lo ocurrido en febrero de 2003.

NO REPETIR LA HISTORIAPareja sugirió a las actuales

autoridades de gobierno no repe-tir la historia y tomar acciones que den soluciones a los proble-mas estructurales de la pobla-ción y evitar un nuevo ciclo de movilizaciones. “Si el Gobierno actual no amplía la base produc-tiva, no diversifica la economía, los problemas pueden volver a aflorar en el mediano plazo, vale decir en unos 10 años, porque si no se resuelven los problemas estructurales del país, que están directamente relacionados con un empleo muy precario e ines-table, obviamente que puede vol-ver a repetirse un momento de eclosión social”, dijo.

Agregó que “hubo una políti-ca de inclusión social muy fuer-te que marcó un antes y después en la historia política. Hubo po-líticas sociales importantes, pero hay cosas que no se termi-naron de resolver y una de las cosas más importantes es la ge-neración de empleo de calidad”.

En ese sentido, los movimien-tos sociales también juegan un papel importante, toda vez que si bien coinciden en la necesi-dad de un proceso de cambio y el liderazgo de Evo Morales para dicho proceso, “no son todos iguales y no tienen los mismos objetivos”, por lo que deben ter-minar de consolidarse como ac-tores políticos, aseveró Pareja.

“Ningún gobierno por muy popular que sea puede ser infini-to, tiene que resolver los proble-mas estructurales”, apuntó.

“SE CONSOLIDÓ UNA FUERZA SOCIAL EMERGENTE EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS TRADICIONALES.

En 2003 se consolidaron las organizaciones sociales como actores políticos.

El impuestazo provocó el enfrentamiento entre policías y militares.

“DE LOS HECHOS DE FEBRERO, LOS ACTORES INTELECTUALES Y MATERIALES NO FUERON JUZGADOS.

CAMBIO

Con la Guerra del Agua, en 2000, y la Guerra del Gas, en 2003, en Bolivia se

dio impulso a una nueva vi-sión de país, así como el sur-gimiento de una nueva clase política, los movimientos y or-ganizaciones sociales, que lle-varon adelante el actual pro-ceso de cambio, manifestó el analista Franklin Pareja.

“Estos eventos (de 2000 y 2003) lo que determinaron fue convertirse en actores cataliza-dores para la consolidación de los movimientos sociales y para la consolidación de una fuerza social emergente en contra de los partidos políticos tradicio-nales y del modelo neoliberal, que llegó a su agotamiento, que no supuso sólo un cambio de ac-tores, sino también supuso un cambio de visión de país, por eso ya se estaba incubando dentro de las fuerzas políticas no tra-dicionales, como movimientos y organizaciones sociales”, dijo en un análisis que realizó sobre lo ocurrido entre abril de 2000 y octubre de 2003.

En el período señalado, dijo Pareja, todo el sistema político partidario tradicional “ya esta-ba en crisis, no fue el momento que surgieron los movimientos sociales, sino más bien el mo-mento en el que ya se avizoraba un cambio de actores en el es-cenario político nacional y una sustitución de actores”.

Las acciones asumidas por los gobiernos neoliberales, como la venta de las empresas del Esta-do, la privatización del recurso agua y la exportación de gas na-tural a Estados Unidos por puer-tos chilenos, “no fueron los ele-mentos detonantes”.

“El modelo neoliberal estaba en proceso de franco deterioro e indudablemente cualquier si-

Franklin ParejaAnalista yPolitólogo

Roberto de la CruzExdirigente y Asambleísta

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8Especial

jueves 19 de febrero de 2015

El impuestazo, medida del FMI que ensangrentó y enlutó a bolivia

FOTO 1: Por instrucciones del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, los militares ocuparon las calles. Les enfrentaron con los policías. Los francotiradores asesinaron a 30 personas. FOTO 2: La brutal represión militar provocó una airada y masiva movilización popular en todas las ciudades capitales del territorio nacional.FOTO 3: Varios policías que enfrentaron la represión militar fueron abatidos por militares francotiradores. La fotografía muestra a una de las víctimas.FOTO 4: Personas civiles también fueron asesinadas desde los edificios más elevados de La Paz.FOTO 5: La chispa que provocó el enfrentamiento en-tre policías y militares fue la protesta de los estudian-tes del colegio Ayacucho.FOTO 6: El dolor y luto cubrió al país. Más de 30 perso-nas fueron asesinadas en la ciudad de La Paz.

En febrero de 2003, por imposición del FMI, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada intentó aplicar el impuestazo a los asalariados. La Policía rechazó la medida. Para imponerla, el Ejecutivo usó a los militares, quienes dispararon contra los policías ensangrentando la sede de gobierno.

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