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EXPEDIENTE RAP-127/2012 ACTOR Partido Acción Nacional TERCERO INTERESADO Partido Revolucionario Institucional AUTORIDAD RESPONSABLE Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco MAGISTRADO PONENTE José Guillermo Meza García SECRETARIOS RELATORES Silvia Gpe. Bustos Vázquez Raymundo Miguel Figueroa Brizuela Bertha Sánchez Hoyos Gpe. Lucía Sánchez Vital
Guadalajara, Jalisco, a 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce.
VISTOS para resolver en definitiva, los autos del expediente del
Recurso de Apelación RAP-127/2012, promovido por el maestro
José Antonio Elvira de la Torre, representante propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en
contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que resuelve las
solicitudes de registro de planillas de candidatos a munícipes, de la
coalición “Compromiso por Jalisco” integrada por el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
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México, identificado como IEPC-ACG-084/12, emitido el 28
veintiocho de abril de 2012 dos mil doce.
Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en sesión pública
de esta fecha, se procede a emitir la presente resolución; y
R E S U L T A N D O
1. El 29 veintinueve de octubre de 2012 dos mil doce, fue publicada
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, número 13, sección
VI, TOMO CCCXXI, la convocatoria para la celebración de las
elecciones, constitucionales que se llevarán a cabo el día 1° de julio
de 2012 dos mil doce en la entidad, aprobada en sesión ordinaria,
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo IEPC-ACG-
047/11.
2. En la misma sesión ordinaria, mediante acuerdo IEPC-ACG-
048/11, el citado Consejo General, aprobó el calendario para el
proceso electoral local ordinario 2011-2012.
3. El 24 veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó
mediante acuerdo IEPC-ACG-019/12 el Convenio de Coalición
celebrado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México con la finalidad de postular candidatos
a Presidente Gobernador Constitucional, Diputados por el Principio
de Mayoría Relativa, así como para registrar planillas de candidatos
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a integrantes de los Ayuntamientos en la totalidad de los municipios
del Estado de Jalisco por el periodo 2012-2015.
4. El 28 veintiocho de abril del año que transcurre, se aprobó el
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE RESUELVE
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PLANILLAS DE CANDIDATOS A
MUNÍCIPES, DE LA COALICIÓN “COMPROMISO POR JALISCO”
INTEGRADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, IDENTIFICADO COMO IEPC-
ACG-084/12, en el cual se aprobaron diversas planillas de
candidatos, entre ellas, la presentada para el municipio de Gómez
Farías, Jalisco, mismo que fue publicado el día 3 tres de mayo el
presente año en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
5. Inconforme con el citado acuerdo, el maestro José Antonio Elvira
de la Torre, ostentándose como Representante Propietario del
Partido Acción Nacional, presentó el 1 uno de mayo del año en
curso, ante el Instituto Electoral, Recurso de Revisión,
específicamente en contra de la aprobación del registro de planilla
de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de
Gómez Farías, Jalisco.
6. El 16 dieciséis de mayo de esta anualidad, el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, remitió a este Tribunal Electoral, mediante oficio 2977/2012
Secretaría Ejecutiva, el escrito de Recurso de Revisión y diversa
documentación.
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7. El 17 diecisiete de mayo del presente año, mediante oficio SGTE-
750/2012, la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, por razón de turno, remitió a la ponencia del Magistrado
Presidente José Guillermo Meza García para su estudio, y en su
caso, admisión y formulación del proyecto de resolución el citado
Recurso de Revisión, que se registró con las siglas y números REV-
5/2012.
8. Una vez analizado el escrito de demanda, el Magistrado ponente,
advirtió que el acto combatido por el actor, era recurrible mediante
el Recurso de Apelación, por lo que, el día 28 veintiocho de mayo
del año que transcurre, los Magistrados integrantes del este
Tribunal Electoral, emitieron Acuerdo Plenario pare reencauzar la
demanda interpuesta, junto con 224 doscientos veinticuatro
recursos interpuestos en los mismos términos, se ordenó al
Secretario General dar de baja el expediente y realizar su registro
como Recurso de Apelación, y una vez realizado lo anterior, debía
devolver al Magistrado ponente el expediente para dar inicio a su
trámite, estudio, admisión en su caso y resolución como Recurso de
Apelación.
9. En cumplimiento al citado Acuerdo Plenario, el Secretario
General de Acuerdos, realizó el returno a la ponencia mediante
oficio SGTE-1063/2012, habiendo sido registrado en el Libro de
Gobierno como RAP-127/2012.
10. El 7 siete de junio del presente año, se emitió proveído, en el
que se tuvo por recibido y se radicó el Recurso de Apelación
interpuesto, se ordenó a la autoridad responsable realizar su
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publicitación, remitiera el informe circunstanciado y diversa
documentación.
11. En acuerdo del 16 dieciséis de junio de esta anualidad, se tuvo
por recibido de la autoridad responsable el informe circunstanciado,
diversa documentación e información, recibidas las constancias de
publicitación y de retiro de cada medio de impugnación, el escrito de
tercero interesado y la documentación que se acompañó al mismo,
se admitió el recurso interpuesto, así como las pruebas ofrecidas y
aportadas por las partes, y toda vez que el Magistrado responsable,
consideró que el expediente estaba debidamente substanciado para
ser fallado, se declaró cerrada la instrucción, para efecto de que se
formulara el proyecto de resolución correspondiente, mismo que se
somete a la consideración del Pleno del Tribunal Electoral dentro
del plazo que establece el artículo 604, párrafo 1 del Código en la
materia; y
C O N S I D E R A N D O
I. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, ejerce jurisdicción y es competente para conocer del
Recurso de Apelación, de conformidad a lo previsto por los artículos
56, primer párrafo; 57, párrafos segundo y séptimo; 68; 69, primer
párrafo; 70, primer párrafo, fracción II de la Constitución Política; 3,
fracción II; 73; 77, primer párrafo y 82 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; 502, párrafo 1, fracción II; 504, párrafo 3; 596, párrafo 2;
599, párrafo 1, fracción II y 604, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana; 5, fracción II; 9, fracción I, a); 10, fracción
V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado del
Poder Judicial, todos ordenamientos del Estado de Jalisco, toda vez
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que de las documentales que obran agregadas al expediente, se
advierte una controversia derivada de una resolución emitida por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, durante el proceso electoral ordinario, que a
decir del Partido Político promovente le causa agravios.
II. Por lo que respecta a la legitimación del partido político, y la
personería del promovente, el artículo 602 párrafo 1, fracción I del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
establece que están legitimados para interponer el recurso de
apelación, entre otras personas, los partidos o agrupaciones
políticas por conducto de sus respectivos representantes legítimos
que estén acreditados ante el órgano electoral que dictó el acto o
resolución impugnada.
Por tanto, la legitimación del partido político actor, es de
reconocerse en virtud de tratarse de un partido político nacional
debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que se refiere a la personería del maestro José Antonio
Elvira de la Torre, quien se ostenta como Consejero Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, se tiene por reconocida, toda vez que se desprende de
actuaciones del expediente, así como del informe circunstanciado
rendido por la responsable en el que se le reconoce con tal
carácter.
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En relación al interés jurídico del recurrente para hacer valer el
recurso de apelación, se observa que en su escrito alega que el
acto impugnado le causa agravios, lo cual en principio, se considera
suficiente para que se proceda a su estudio, esto, sin perjuicio de
que en su oportunidad se juzguen los supuestos agravios que hace
valer en su medio de impugnación.
Por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, por ser su examen preferente conforme al principio
de economía procesal, requisitos previstos en los artículos 506, 507
y 603 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, preceptos que regulan: el plazo en que se debe
presentar el recurso de apelación; los requisitos que debe cumplir el
escrito, el requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento
previo de los recursos administrativos que el Código de la materia
señala para el caso concreto, al respecto se tiene que:
El plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece
en el artículo 506 del código de la materia, que en lo conducente
señala:
Artículo 506 Los medios de impugnación previstos en este Código deberán presentarse dentro de los seis días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnado, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.
Atento a lo dispuesto por el citado precepto, el Pleno de este
Tribunal Electoral advierte que, el acuerdo impugnado fue emitido el
28 veintiocho de abril del año que transcurre, en consecuencia, se
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deduce que el plazo para interponer el presente recurso de apelación
transcurrió los días hábiles 29 veintinueve y 30 treinta de abril, 1 uno,
2 dos, 3 tres y 4 cuatro de mayo del esta anualidad, y en virtud de
que el Recurso de Apelación fue presentado ante la autoridad
responsable el 1 uno de mayo, según consta en el sello de
recepción, este órgano colegiado estima que el medio de
impugnación fue presentado dentro del plazo previsto por la ley, y
así lo confirma la autoridad responsable en su informe
circunstanciado.
Por otra parte, el Pleno de este Tribunal Electoral, considera que el
escrito que dio origen al presente recurso, se ajusta a los
requisitos de los medios de impugnación, que establece el
artículo 507 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, disposición que es aplicable al medio procesal de
impugnación en que se actúa.
En efecto, se cumplieron los extremos que previene el citado
dispositivo legal, habida cuenta que el medio de impugnación se
presentó por escrito ante la autoridad responsable del acto
impugnado; se indicó el nombre del actor y el domicilio para recibir
notificaciones que se ubica en esta ciudad que es la residencia de
esta autoridad competente para resolver el medio de impugnación,
asimismo, se señaló el nombre de quien las pueda oír y recibir; no
obstante que el promovente no acompañó el documento necesario
para acreditar su personería, la misma consta en actuaciones del
expediente, así como del informe circunstanciado rendido por la
responsable en el que se le reconoce con tal carácter; se señaló al
partido político que representa; se identificó el acto impugnado, así
como a la autoridad responsable; se mencionaron los hechos en
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que se funda la impugnación, así como los agravios que le causa el
acto impugnado y los preceptos jurídicos presuntamente violados;
por lo que respecta a las pruebas, se advierte que promovente
ofreció las que consideró pertinentes, no obstante que no exhibió
los tres tantos de su demanda, lo anterior no le irroga perjuicio
alguno, y finalmente, se advierte que el promovente asentó su firma
autógrafa.
El artículo 603, párrafo 1 del Código en la materia, prevé que es
requisito de procedencia adicional para la admisión del recurso de
apelación que se agoten los recursos administrativos que establece
este ordenamiento legal para cada caso concreto, ya que, de lo
contrario, se desechará de plano, en el presente asunto, dicho
requisito se tiene por satisfecho, no es necesario agotar instancia
previa, toda vez que el acuerdo que se impugna fue emitido por el
Consejo General, órgano máximo de dirección del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que sus
actos son combatibles directamente mediante el recurso de
apelación.
Por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, quien
comparece como Tercero Interesado, al presente asunto en
términos de lo previsto en el artículo 512, párrafo 1, fracción III del
Código en la materia, se tiene que:
Se reconoce su legitimación, en virtud de tratarse de un partido
político nacional debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
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Por lo que se refiere a la personería del licenciado Benjamín
Guerrero Cordero, quien se ostenta como Apoderado Legal del
Partido Revolucionario Institucional, se tiene por reconocida, en
virtud de que obra agregada al diverso Recurso de Apelación RAP-
164/2012, copia certificada del Poder General Judicial, para Pleitos
y Cobranzas a favor de los licenciados Rafael Castellanos y
Benjamín Guerrero Cordero, otorgado en escritura pública 2,915,
ante la fe del Notario Público Titular número 138 de Guadalajara,
Jalisco, el 15 quince de febrero de 2012 dos mil doce, que remite el
Secretario General de Acuerdos de este órgano colegiado.
Por lo que se refiere al plazo para la presentación de su escrito,
esta se realizó en términos de lo previsto en el artículo 530 en
relación con el 506 del Código Electoral.
Los requisitos del escrito, previstos en el citado numeral 530 del
Código en la materia, se encuentran satisfechos, toda vez que el
mismo, fue presentado ante la autoridad responsable del acto
impugnado, se hizo constar el nombre de tercero interesado, se
señaló domicilio para recibir notificaciones, no obstante que no
acompañó el documento para acreditar su personería, la misma se
tiene acreditada con el Poder General Pleitos y Cobranzas, descrito
el líneas precedentes, asimismo, precisó la razón del interés jurídico
en que se funda y las pretensiones concretas del compareciente,
ofreció y aportó las pruebas y finalmente, hizo constar su firma
autógrafa.
III. Por ser las causales de improcedencia una cuestión de
estudio oficioso, éstas se analizan de manera preferente de
conformidad a lo previsto por los artículos 1; 536, párrafo 1, fracción
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II, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, por lo que se analizará si en el caso a estudio se actualiza
alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo
509 del ordenamiento legal invocado, y de ser así, deberá
decretarse el desechamiento de plano del medio de impugnación
planteado por la parte apelante, al no constituirse válida y
eficazmente el proceso, ya que ello imposibilitaría a este órgano
jurisdiccional para resolver sobre el fondo controvertido materia del
medio de impugnación.
Cabe señalar que las causales de improcedencia pueden
analizarse, ya sea por petición de parte, al haber sido invocadas por
alguna de ellas, o bien, porque de oficio esta autoridad jurisdiccional
las advierta, dada la obligación de analizar la integridad de las
constancias allegadas a los medios de impugnación, conforme a los
principios de constitucionalidad y legalidad consagrados por la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Al efecto, este órgano colegiado no advirtió la existencia o
actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas
por el artículo 509 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco en los medios de impugnación
interpuestos, pues no se pretendió impugnar la no conformidad a la
Constitución General de la República o la Política del Estado de
Jalisco, no se impugnaron actos o resoluciones que no afecten el
interés jurídico del actor, el acto o resolución no se consumó de un
modo irreparable, el acto o resolución no se consintió
expresamente, entendiéndose por ello, las manifestaciones de
voluntad que entrañen ese consentimiento o no se presenten los
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medios de impugnación dentro de los plazos señalados en el
Código Electoral y el promovente no careció de legitimación.
En virtud de las consideraciones realizadas, y al no advertirse
causal de improcedencia alguna que amerite un desechamiento de
plano, es procedente realizar el análisis de fondo de la controversia
planteada.
IV. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar si el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el 28 veintiocho de
abril de 2012 dos mil doce, que resolvió las solicitudes de registro
de planillas de candidatos a munícipes, que presentó de la coalición
“Compromiso por Jalisco”, identificado como IEPC-ACG-084/12, es
violatorio del principio de legalidad que toda resolución de autoridad
electoral debe cumplir, por ser uno de los principios constitucionales
y legales rectores de la función electoral, y si con ello se conculcó el
derecho que, en favor del promovente, consagra la Constitución
Política y el Código Electoral y de Participación Ciudadana ambos
ordenamientos del Estado de Jalisco.
Precisado lo anterior, el método que se abordará para dilucidar la
litis en el presente asunto, consistirá en examinar los agravios que
esgrime el recurrente en el Recurso de Apelación, los cuales se
estudiarán en los subsiguientes considerandos.
El examen se hará relacionando los agravios con los hechos y
puntos de derecho controvertidos y los que fundan la presente
resolución que se sustentan en la plenitud de jurisdicción que a este
órgano judicial le confiere el artículo 57, párrafo segundo de la
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Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 504, párrafo
3 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, así como con el análisis y la valoración de todas y cada una
de las pruebas que fueron admitidas.
Para tal efecto, en los siguientes considerandos se examinarán los
agravios que esgrime el ciudadano actor, pudiendo variar el orden
de la exposición contenida en el escrito que contiene el medio de
impugnación, lo cual no le causa lesión o afectación jurídica alguna,
pues esto sólo ocurre cuando no se estudian todos los motivos de
agravio, toda vez que no en todos los casos, los justiciables
exponen ordenadamente sus agravios, o bien en razón de que
algunos de éstos pueden ser de estudio preferente o incluso
encontrarse en cualquier parte del escrito que contiene la
impugnación.
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 02/98 y
03/2000 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, consultables en la Compilación
1997-2010 de Jurisprudencia y tesis relevantes en materia electoral,
Volumen 1 de Jurisprudencia, páginas 118 a la 120 bajo los rubros:
“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL.” y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”
V. Una vez establecido lo anterior, se advierte que el promovente,
expresa el agravio que identifica como “Primero” en los siguientes
términos:
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Primero. Así mismo, causa agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de candidatos a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Verde Ecologista de México, en flagrante violación del Principio Constitucional de Legalidad previsto en los artículos 14, 16,41 Base VI y 116 de Nuestra Carta Magna.
En un primer orden de ideas, en razón de que quien firma tanto el convenio de coalición, la modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de registro de candidatos, por la parte que representa al Partido Revolucionario Institucional, es RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del mencionado Instituto Político.
Por su parte, en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional no se contempla la figura del Delegado Especial para el despacho de la presidencia de algún Comité Directivo Estatal, ni mucho menos en alguno de sus reglamentos, sin embargo, el artículo 120 de los citados Estatutos, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal tienen a su cargo la representación y dirección política del Partido en la entidad federativa correspondiente y desarrollarán las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los programas estatales que apruebe el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como las acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional.
Y por su parte el artículo 121 de los Estatutos en comento, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal del Instituto Político que nos ocupa, estarán integrados, por un Presidente; un Secretario General; un Secretario de Organización; un Secretario de Acción Electoral; un Secretario de Acción Electoral (sic); un Secretario de Gestión Social; un Secretario de Finanzas; un Secretario de Administración; un Secretario de Acción Indígena en donde se tenga presencia de pueblos y comunidades indígenas; un Coordinador de Acción Legislativa; las demás secretarías que sean pertinentes a cada entidad federativa y que correspondan al Comité Ejecutivo Nacional; y cada sector, el Movimiento Territorial, el Organismo de Mujeres Priístas y el Frente Juvenil Revolucionario contarán con un Coordinador dentro del Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal, con las atribuciones y representatividad suficientes para su cabal funcionamiento.
Resulta evidente que en la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional, no se contempla la figura de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco; por lo que la persona que ostenta el mencionado carácter, no cuenta con facultades, ni para suscribir el convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México, las modificaciones al mismo, ni mucho menos para registrar candidatos, a nombre del Instituto Político en cuestión, ni mucho menos a nombre de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por los dos institutos políticos que se mencionan.
Pues en adición, cabe resaltar, que aun y cuando en las cláusulas décima y décima séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR JALISCO” establece que las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, aso (sic) como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el propio convenio de coalición; Sin embargo, si de origen RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA carece de representación para la celebración del convenio de coalición a nombre del Partido Revolucionario Institucional, luego entonces, por consecuencia
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carece de la representación para solicitar el registro de candidatos a nombre de la coalición, fundándose en el propio convenio de coalición.
Al respecto el artículo 241, párrafo 1, fracción III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establece que las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por el Consejo General del Instituto y contener escrito con firma autógrafa, del DIRIGENTE ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO, O EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
En este orden de ideas, si RAFAEL GONZÁLEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, fue quien firma las solicitudes de registro, de las planillas a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, lo hace en contravención de lo ordenado en el citado artículo 241, párrafo 1, fracción III de la Codificación Electoral de esta Entidad Federativa, pues el no es Dirigente Estatal en Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, y tampoco puede ser considerado como representante de la coalición en comento.
Razón por la cual es de considerarse que al aprobarse el registro de las candidaturas a munícipes para integrar los 125 municipios del estado de Jalisco, solicitadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA resulta del todo ilegal, ante su falta de representación tanto del Partido Revolucionario Institucional, como de la propia coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por dicho insitito (sic) político y por el Partido Verde Ecologista de México.
Lo que debió hacer la autoridad responsable es haber desechado de plano las solicitudes de registro de las planillas a munícipes firmadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 fracción III, 244 párrafos 2 y 4, y artículo 245, párrafo 1, fracción 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Al respecto resultan aplicables las siguientes Jurisprudencias:
…
Jurisprudencia 5/2001
CANDIDATOS. FACULTAD PARA SOLICITAR EL REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SIMILARES). …
Tesis CX12002
PERSONERÍA. LA REPRESENTACIÓN DELEGADA DE UN PARTIDO POLÍTICO DEBE CONSTAR EN INSTRUMENTO NOTARIAL. …
(…)
De lo anterior se desprende que el recurrente señala que le
causa agravio el acuerdo impugnado IEPC-ACG-084/12 de
veintiocho de abril de dos mil doce, emitido por el Consejo
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General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, que aprueba el registro de la planilla de
candidatos a munícipes, que presentó la coalición “Compromiso
Por Jalisco”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional
y por el Partido Verde Ecologista de México, por lo que respecta
al municipio de Gómez Farías, Jalisco; al considerar que el
mismo, violenta el principio constitucional de legalidad; en razón
de que a su parecer, quien firma el convenio de coalición y la
modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de
registro de candidatos por la parte que representa al Partido
Revolucionario Institucional, a saber, Rafael González Pimienta,
no cuenta con facultades para ello.
Ahora bien, el agravio en estudio resulta infundado en virtud de
las consideraciones que a continuación se exponen:
A juicio de este Tribunal Electoral, resulta pertinente señalar que
del punto 5° quinto de los “Antecedentes” del acuerdo
impugnado, se observa que el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
hace referencia al diverso acuerdo identificado con la clave
alfanumérica IEPC-ACG-019/12 emitido el 24 veinticuatro de
febrero de 2012 dos mil doce, mediante el cual se aprobó el
registro del convenio de coalición que presentó el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
México, a la cual denominaron coalición “Compromiso por
Jalisco”, para contender en el proceso electoral local ordinario
2011-2012, en las elecciones de Gobernador, diputados por el
principio de Mayoría Relativa en cinco distritos electorales
locales y munícipes de los ciento veinticinco municipios que
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conforman el Estado de Jalisco, acuerdo que por tratarse de un
documento público consultable en el sitio o página web oficial del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco en la Internet, constituye un hecho notorio, por lo que
este Pleno del Tribunal Electoral, puede invocarlo en la presente
resolución.
Sirve para ilustrar lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX.2º.
J/24, visible a página 2470, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, de Enero de dos mil
nueve, Materia Común, Novena Época, bajo el rubro HECHO
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN
SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.
Así entonces, es necesario trascribir la Cláusula Décima
Séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, antes referido, que de manera textual señala:
“DÉCIMA SÉPTIMA.- Del registro de los candidatos de la coalición. Las
partes acuerdan que para tal efecto se apegan al “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2011-2012”, identificados con la clave IEPC-ACG-005/2012 y lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, 239, 240 y 241 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, así como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el presente convenio, teniendo las mismas facultades el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco del Partido Verde Ecologista de
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México en relación de los candidatos que postule este Instituto Político dentro de la coalición. Asimismo, los partidos que forman la presente coalición se obligan a remitir oportunamente a la instancia referida en el párrafo anterior, la documentación necesaria para el registro de los candidatos, o en su caso para la sustitución.” (lo resaltado es por parte de este Tribunal)
De lo antes trascrito se advierte claramente que contrario a lo
esgrimido por el recurrente, el Delegado Especial Encargado del
Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario
Institucional en Jalisco, a saber, Rafael González Pimienta, sí se
encontraba facultado para solicitar el registro de las
candidaturas postuladas por dicha coalición, pues así se pactó
de manera expresa en el convenio en estudio aprobado
mediante acuerdo identificado como IEPC-ACG-019/12, de 24
veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, mismo que
además no forma parte de la presente controversia, y por ello,
resulta ser un acto independiente, que al no haber sido
impugnado en su oportunidad, a la fecha se encuentra incólume
y debe entenderse como un acto consentido tácitamente.
Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 23/2000 y
9/2001, consultables en la páginas 235 y 236 así como 236 a la
238, respectivamente, de la Compilación 1997-2010
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1
Jurisprudencia, que refieren:
DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito
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que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.”
“DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. El actor queda exonerado de agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral local, en los casos en que el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y definitivo. En efecto, la razón que constituye la base lógica y jurídica para imponer al justiciable la carga de recurrir previamente a los medios ordinarios, antes de acceder a la justicia constitucional federal, radica en la explicación de sentido común de que tales medios de impugnación no son meras exigencias formales para retardar la impartición de la justicia, obstáculos impuestos al gobernado con el afán de dificultarle la preservación de sus derechos ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela efectiva que les garantiza la Constitución federal, sino instrumentos aptos y suficientes para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución que se combata; y al ser así las cosas, se impone deducir que, cuando ese propósito o finalidad no se puede satisfacer en algún caso concreto, ya sea por las especiales peculiaridades del asunto, por la forma en que se encuentren regulados los procesos impugnativos comunes, o por las actitudes de la propia autoridad responsable o de la que conoce o deba conocer de algún juicio o recurso de los aludidos, entonces se extingue la carga procesal de agotarlos, y por tanto se puede ocurrir directamente a la vía constitucional, pues las situaciones apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos cautelares, ni es posible fáctica ni jurídicamente retrotraer las cosas al tiempo pasado en que se cometieron las violaciones, mediante la reposición de un proceso electoral.”
En este sentido, no debe soslayarse que el referido acuerdo
IEPC-ACG-019/12 donde fue aprobado el convenio de la
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coalición denominada “Compromiso por Jalisco” deviene en un
acto anterior que fue consentido y que a su vez, trajo como
consecuencia la emisión de un acto posterior derivado de
manera directa de ese consentimiento, esto es, la aprobación de
las planillas de candidatos a munícipes, presentadas por la
coalición “Compromiso por Jalisco”, contenida en el acuerdo
identificado como IEPC-ACG-084/12; por tanto, el agravio
expresado por el actor consistente en la supuesta falta de
personería del representante del Partido Revolucionario
Institucional, resulta ser un acto derivado del consentimiento del
diverso acuerdo IEPC-ACG-019/12, en el que se aprobó el
registro del convenio de la referida coalición integrada por el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista
de México; ello, en virtud de que en el aludido acuerdo en el que
se aprobó el convenio de coalición, se otorgó de manera
expresa la facultad a Rafael González Pimienta, para suscribir el
registro de las candidaturas postuladas y aprobadas por el ahora
acuerdo IEPC-ACG-084/12, impugnado en el presente asunto.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que de las actuaciones que
integran el recurso de apelación en estudio, se advierte que el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, anexó a su informe
circunstanciado, copia certificada del proveído de 12 doce de
enero de dos mil doce, en el cual se tuvo a al ciudadano Gerardo
Álvarez Romero, en su carácter de Consejero Suplente
Representante del Partido Revolucionario Institucional,
exhibiendo copia certificada del ACUERDO DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL POR EL QUE SE CREAN DELEGACIONES
ESPECIALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL PARA EL
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21
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y LA SECREATRÍA GENERAL DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE JALISCO Y SE DESIGNAN A SUS
TITULARES y por ende, se tuvo al Partido Revolucionario
Institucional, dando cumplimiento a la obligación que le impone
el artículo 68, párrafo 1, fracción XIII, del Código Electoral y de
Participación ciudadana del Estado de Jalisco, en el sentido de
comunicar al Instituto, los cambios de los integrantes de sus
órganos directivos, y como consecuencia de ello, comunicando
que se designó al Licenciado Rafael González Pimienta, como
Delegado Especial para el despacho de la Presidencia del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de Jalisco, hasta en tanto se convoque y efectúe el
procedimiento estatutario para la elección de los titulares
respectivos, situación tampoco impugnada en su oportunidad;
por lo cual, se reitera que el acto que ahora impugna, constituye
una consecuencia del consentimiento de lo narrado en líneas
precedentes y, por ello, sí le asistió a Rafael González Pimienta,
la facultad para solicitar el registro de las planillas de candidatos
a munícipes, por parte de la coalición “Compromiso por Jalisco”.
Así entonces, como se precisó en párrafos precedentes, al haber
suscrito la solicitud de registro de la planilla de candidatos
aprobada, el ciudadano Rafael González Pimienta, en su
carácter de Delegado Especial encargado del despacho de la
Presidencia del Partido Revolucionario Institucional, no le asiste
la razón al apelante, en virtud de que contrario a lo señalado por
su parte, sí cuenta con facultades para ello.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio primero esgrimido por el
apelante, y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VI. Por lo que se refiere al “Segundo” motivo de agravio, el partido
político actor, argumenta lo siguiente:
HECHOS:
(…)
Segundo. Dentro de la etapa correspondiente al registro de candidatos de
los partidos políticos, con fecha quince de abril del año en curso, como es
un hecho notorio y público, acudieron a presentar su registro de candidatos
para los municipios del Estado de Jalisco, la Coalición “COMPROMISO
POR JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Verde Ecologista de México.
Dentro del mencionado proceso de registro fue evidente que al momento de
registrar las planillas y entregar la documentación requerida según la ley de
la materia, estas fueron recibidas incompletas y fuera del límite establecido
en el artículo 240, fracción IV del Código Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco, además de carente de los requisitos que establece el
artículo 241, punto 1, fracción II y llI.
Cabe señalar que fue el último día de los que se establecen en la ley para
presentar el registro de las planillas, la fecha en la cual acudieron al
mencionado proceso de registro, y en el cual ocurrieron una serie de
irregularidades por parte de la Autoridad Administrativa Electoral, al
momento de la recepción de la documentación para la integración de los
expedientes de los candidatos de la mencionada coalición.
Esto es así pues El Instituto Electoral de manera constante y repetida
obstaculizó al suscrito para conocer con veracidad la documentación real
que se estaba entregando, impidiéndome conocer puntualmente si era
entregado cada documento exigido por la ley para el registro de las planillas
de candidato a munícipe.
Tercero. Posteriormente con fecha veintiocho de abril del presente año, el
Consejo General del Instituto Electoral, decidió de manera ilegal aprobar el
registro de las 125 planillas de candidatos a Presidente Municipal,
Regidores y Síndico postulados por la Coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México, correspondientes a los Ayuntamientos del
Estado de Jalisco.
Cuarto. Entre los registros aprobados esta el correspondiente a la planilla
correspondiente al municipio de GOMEZ FARIAS, Jalisco, misma que fue
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presentada para su registro fuera del plazo legal previsto para tal efecto,
además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1,
fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
(…)
AGRAVIOS
(…)
Segundo. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 9, 14, 16, 41, 35, 116, fracción IV, inciso b) y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracción X de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 1, punto dos, 24, 29, 229, 239, punto uno, fracción IV, 241, fracciones II y III, 245, punto uno, fracciones I, III y IV, 246, 115, 120 punto 1, y 500, punto 1, fracción I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en virtud de que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de GOMEZ FARIAS, Jalisco, no obstante de que la solicitud de registro fue presentada después de concluido el plazo legal previsto para tal efecto, además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1, fracción II y III.
El principio de legalidad, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal.
Al respecto resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.—…
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 234-235.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996.—….
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, páginas 57-58, Sala Superior, tesis S3EL 034/97.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 798-799.
Una definición doctrinal del Ayuntamiento lo explica de la siguiente manera: Órgano colegiado y deliberante que asume la representación y el gobierno del municipio. Integrado por los Regidores, él o los Síndicos y el Presidente Municipal.
El sistema de elección municipal, denominado “de planillas”, puede resumirse de la siguiente forma: 1) en un mismo acto político (el acto del sufragio) se elige, mediante un “voto simultáneo” todo el cuerpo político del ayuntamiento; 2) de la planilla ganadora emana el presidente municipal, uno o más síndicos, y un número predeterminado de regidores “de mayoría”; y 3) de las planillas perdedoras que alcancen el umbral de representación requerido se complementa el cuerpo edilicio con un grupo de regidores de “representación proporcional”.
Este sistema, que se encuentra estatuido en la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, la que en su artículo 3 señala “Cada Municipio es gobernado por un
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Ayuntamiento de elección popular directa”, a su vez el numeral 10 de dicho cuerpo normativo establece “Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se determinan en la ley estatal en materia electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas; y permanecen en sus cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de cada período.
Ahora bien, de conformidad al artículo 134, fracción XVI y 246, párrafo uno, fracción II del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es la autoridad competente para aprobar la procedencia del registro de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de GOMEZ FARIAS, Jalisco, para lo cual, deberá revisar que la solicitud de registro cumpla con los requisitos que al efecto establece el Código Electoral y de Participación Ciudadana, así como la Constitución Política del Estado de Jalisco.
El artículo 240, punto uno, fracción IV del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señala que el plazo para la presentación de las solicitudes de registro en el caso de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, concluye el día 15 de abril del año de la elección.
Ahora bien, de una interpretación sistemática, funcional y gramatical de los artículos 21, 24, punto tres, 239, fracción IV, 240, fracción IV, 244 y demás relativos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se advierte lo siguiente:
1. La elección de integrantes de los ayuntamientos del Estado de Jalisco, se realizará mediante la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, que registren los partidos políticos y candidatos ordenado de forma progresiva en la que se incluya el numero de regidores propietario y suplentes correspondientes.
2. Los partidos políticos o coaliciones deberán registrar la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico durante el plazo previsto para tal efecto, cumpliendo con los requisitos formales y materiales que la ley establece.
3. En caso de que faltara algún requisito formal, (copia certificada del acta de nacimiento, escrito con firma autógrafa del estatal en el que manifieste bajo protesta que los ciudadanos que se registran fueron seleccionados de conformidad con los estatutos, etcétera) la autoridad electoral, podrá requerir al partido o coalición, para que subsane la inconsistencia.
4. Únicamente podrán se subsanables los requisitos que deben
acompañarse a la presentación de la solicitud de registro de la planilla.
5. En caso de presentarse la solicitud de la planilla fuera del plazo previsto
será motivo de desechamiento de la misma.
Ahora bien, como se advierte del expediente relativo al registro de la planilla de cuenta, la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, presentó una serie de documentos al momento de fenecer el plazo legal, sin embargo tal y como lo certificó la propia autoridad electoral, existían deficiencias y omisiones no subsanables.
Es decir, la planilla impugnada no presentó la totalidad de los documentos que establece el artículo 241, fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que a la letra señala que deben contener:
Artículo 241.
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1. Las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por
I…
II. A la solicitud de cada uno de los ciudadanos propuestos a candidatos propietarios y suplentes, se deberá acompañar sin excepción los documentos siguientes:
a) Escrito con firma autógrafa en el que los ciudadanos propuestos como candidatos manifiesten su aceptación para ser registrados y en el que bajo protesta de decir verdad expresen que cumplen con todos y cada uno de los requisitos que establecen la Constitución Política del Estado y este Código;
b) Copia certificada del acta de nacimiento o certificación del registro del nacimiento, expedidas en ambos casos por la oficina del registro civil;
c) Copia certificada por Notario Público o autoridad competente de la credencial para votar;
d) Constancia de residencia, cuando no sean nativos de la Entidad, expedida con una antigüedad no mayor de tres meses por el Ayuntamiento al que corresponda su domicilio; y
e) Copia certificada por autoridad competente de la constancia de rendición de la declaración de situación patrimonial, cuando se trate de servidores públicos.
III. Escrito con firma autógrafa, del dirigente estatal del partido político, o en su caso, del representante de la coalición, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
Tal y como se ha señalado en los puntos que anteceden en la presente impugnación, es hecho notorio, público y evidente, que existió por parte de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, una ausencia total en la entrega de los documentos que señala el artículo antes transcrito, aunado a la falta del escrito del representante de la referida coalición, en la cual no se señala de manera clara la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que especifique los ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así como los documentos en los que sustentan el cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad.
La previsión legal consignada en el artículo 244 del Código Local, señala que en caso de faltar alguno de los requisitos que deben presentarse a cada solicitud, la autoridad electoral, podrá requerir a los partidos para que subsanen las deficiencias en la integración del expediente, lo que no implica que puedan cubrir sus omisiones una vez agotado el plazo que la ley les otorga para realizar el registro, pues hacerlo de esta forma implica extender el plazo previsto.
Es pertinente distinguir, que existen dos tipos de inconsistencia, las subsanables y aquellas que por su carácter no pueden ser reparables.
Así las cosas, son omisiones subsanables, aquellas que por sus características no atañen directamente a una cuestión pública, o afectan de manera directa los principios de certeza, equidad e imparcialidad rectores de la función electoral.
En ese sentido, el hecho de que la solicitud de registro de la planilla de candidatos no se presente antes de la fecha prevista, no sea entregada la documentación requerida, así como que no cumpla con los requisitos que señalan los incisos a) de la fracción II, y lo previsto en la fracción III del párrafo 1 del artículo 241 del Código del Estado, son requisitos que no pueden ser subsanables, toda vez, que una interpretación contraria, reduciría al absurdo de suponer que un partido político presente una solicitud de registro con el nombre de sólo un candidato, o bien, que haga entrega de una serie de documentos inconexos con el sólo afán de generar un precedente, y contar con los elementos para ampliar el plazo previsto
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para la integración de la planilla de candidatos, y ahora si estar en aptitud de solicitar su registro.
De lo señalado, se advierte que en el caso de que la solicitud de registro no contenga ningún documento, ni el nombre de por todos los integrantes de la planilla, es un vicio invalidante, que para subsanarlo se tendría que abrir un nuevo plazo para la presentación de la solicitud de registro, en razón de que como se ha señalado con antelación, el registro de candidatos se llevará a cabo por planillas completas, y no como en el caso, en el que sólo no se presentaron el total de los integrantes de la misma.
Al caso, esta autoridad deberá tomar en consideración el principio de impugnabilidad rector de los medios de impugnación en materia electoral, mismo que señala que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales tienen la posibilidad de se (sic) combatidos o impugnados, es decir, que todos los actos de las autoridades electorales tienen mecanismos de oposición para que puedan ser objeto de un nuevo análisis, estableciéndose como una garantía a todos los sujetos del derecho electoral, el poder acudir ante las autoridades a fin de ventilar todas aquellas situaciones que provoquen disconformidad de dichos actos o resoluciones.
(…)
De lo trasunto se desprende que el actor se duele en esencia de
la supuesta ilegalidad de la resolución emitida por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el 28 veintiocho de abril del 2012 dos mil
doce, que aprobó el registro de las planillas de Presidente
Municipal, Regidores y Sindico de los 125 ciento veinticinco
Ayuntamientos postulados por la Coalición “Compromiso por
Jalisco”, entre ellas la planilla relativa al Municipio de Gómez
Farías, Jalisco, en razón de la presentación extemporánea de la
solicitud correspondiente, así como por la insuficiencia de los
requisitos necesarios para obtener el registro de mérito.
El apelante abunda en que la Coalición “Compromiso por
Jalisco” para el registro de la planilla de munícipes en comento,
al momento de fenecer el plazo legal conducente, presentó una
serie de documentos deficientes y con omisiones no
subsanables.
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De igual forma, el actor señala que no se presentó ante la
autoridad responsable la totalidad de los documentos requeridos
en vía de cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo
241, fracciones II y III del Código en la materia.
Aunado a lo anterior, el recurrente aduce textualmente que al
registro de la planilla de munícipes en comento, le faltó el escrito
del representante de la Coalición en cita, en la (sic) cual no se
señala de manera clara, la postulación formal de la planilla
impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que se
especifique los nombres de los ciudadanos que la integran, el
orden de prelación con que son propuestos, el carácter de
propietario o suplente, así como en los documentos en los que
se sustenta el cumplimiento de los requisitos legales de
elegibilidad.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO, esto es así, porque del
análisis de los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a
la conclusión de que los mismos, consisten en meras
apreciaciones subjetivas, genéricas e imprecisas que no cuentan
con los elementos suficientes para combatir el estudio de fondo
de la resolución recurrida.
En principio, porque en atención a lo previsto en el artículo 544,
párrafo 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación
que se someten a su consideración, se encuentra obligado a
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suplir las deficiencias en la expresión de los agravios
planteados, también lo es que se llevará a cabo, siempre y
cuando, éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos
expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Al respecto, conviene precisar que ha sido criterio reiterado por
este Tribunal Electoral, que los conceptos de agravio se pueden
tener por formulados independientemente de su ubicación en
determinado capítulo o sección de la demanda, así como de su
presentación, planteamiento o construcción lógica; debido a que
no es requisito sine qua non que se encuentren contenidos en
un capítulo especial de conceptos de agravio, siempre y cuando,
éstos expresen las violaciones legales que se considere fueron
cometidas por la autoridad responsable, en cualquier parte del
escrito inicial de demanda, exponiendo con toda claridad los
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razonamientos lógico jurídicos por los cuales se concluya que no
se actuó conforme a derecho.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 03/2000
y 02/98, consultables a páginas 117 a la 119, de la "Compilación
1997-2010” de Jurisprudencia y tesis, tomo de Jurisprudencia,
Volumen 1, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, bajo los rubros: "AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y
"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL".
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
En este tenor, si bien es cierto que el Tribunal Electoral esta
facultado para resolver supliendo la deficiencia en la expresión
del agravio, siempre y cuando, de la propia redacción del escrito
de demanda, se desprendan los elementos mínimos necesarios
de los cuales, inclusive, aún estando inconexos entre sí, se
RAP-127/2012
30
pueda colegir el planteamiento de agravios específicamente
formulados para destruir frontalmente el acto que se impugna;
también es cierto que, en oposición a lo anterior, cuando del
libelo impugnativo no se desprenda elemento, hecho o
manifestación clara y precisa a partir de la cual se pueda
formular un agravio concreto, este órgano jurisdiccional se
encuentra impedido para ir más allá de la intensión del actor y
consecuentemente, configurar ex officio la expresión del agravio
pertinente para alcanzar las pretensiones planteadas por el
partido político actor, puesto que tal situación no sería una
suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel del
promovente.
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
RAP-127/2012
31
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio y se subsuma en
la responsable, para realizar el trabajo que le corresponde a
ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades o
inconsistencias, proceda a declarar su revocación u ordenar se
subsanen.
En el caso que nos ocupa, de la lectura integral del escrito de
demanda, se advierte que el partido político apelante intenta
controvertir la legalidad del acuerdo emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, identificado como IEPC-ACG-084/12, de
fecha 28 veintiocho de abril del año en curso, mediante el cual
se aprobó del registro de las 125 ciento veinticinco planillas de
munícipes postuladas por la Coalición “Compromiso por Jalisco”,
que habrán de participar en la contienda electoral del próximo
primero de julio, para renovar los ayuntamientos que integran el
Estado de Jalisco; arguyendo que se vulneran los diversos
artículos en virtud de que la autoridad responsable aprobó el
registro de la planilla de munícipes para la conducente
postulación relativa al Ayuntamiento Gómez Farías; no obstante
de que dicho registro fue presentado una vez fenecido el plazo
RAP-127/2012
32
legal previsto para tal efecto y además, carente de los requisitos
a que se encuentra sujeto.
Así mismo, del estudio acucioso del escrito de demanda de
apelación, se advierte que el actor intenta configurar un agravio
tendiente a atacar la legalidad de dicho registro en su conjunto,
fundamentándose en diversos preceptos de orden constitucional
y legal que de ninguna manera utiliza como motivación para
sostener sus argumentos.
En efecto, únicamente expresa en forma genérica que le causa
agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de
candidatos a postularse en los 125 ciento veinticinco municipios,
sin embargo, no hace valer motivo de disenso específico,
concreto, objetivo y frontal, a través del cual manifieste qué
parte, o sí la totalidad del acuerdo impugnado emitido por la
responsable, mediante el cual aprueba el registro de las planillas
en comento, le resulta carente de derecho o ilegal, no discurre
en razonamientos o justificaciones lógicas específicas y
concisas, imposibilitando a este Tribunal Electoral a aplicar el
principio de la suplencia del agravio, dado que ni en forma
mínima se advierte la expresión de un motivo de disenso claro y
frontal.
Sin embargo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional
que si bien es cierto, que el apelante plantea la impugnación de
la aprobación del registro de las 125 ciento veinticinco planillas
en forma genérica y oscura; también lo es que identifica en este
Recurso de Apelación, la planilla correspondiente al
Ayuntamiento de Gómez Farías, Jalisco; respecto del cual
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precisa tres actos aprobados por la responsable y que considera
motivos de agravio, mismos que serán estudiados en el orden de
prelación establecido por el actor:
a) La extemporaneidad en la presentación de la solicitud de
registro de la planilla de munícipes de mérito;
b) La presentación de la solicitud de registro carente de los
documentos que establece el artículo 241, fracción II y III
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco.
c) Omisión en la presentación del escrito del representante de
la Coalición “Compromiso por Jalisco”, con firma autógrafa
de éste, mediante la cual (sic) no se señala de manera clara
la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un
escrito con firma autógrafa en el que se especifique los
ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que
son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así
como los documentos en los que sustentan el cumplimiento
de los requisitos legales de elegibilidad.
a) Extemporaneidad de la presentación de la solicitud para
el registro de la planilla de munícipes.
En cuanto al motivo de agravio señalado en el inciso a), este
órgano jurisdiccional sostiene que es infundado dado que el
recurrente realiza consideración referente a que se entregaron
documentos fuera del plazo legal previsto para el registro de la
planilla de mérito; sin embargo del escrito de demanda no se
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desprende argumento toral encaminado a expresar en qué
consistió esencialmente dicha extemporaneidad.
En efecto, no existe elemento alguno en el libelo impugnativo a
partir del cual, este órgano resolutor pueda obtener los datos
específicos que arrojen la fecha y hora de la supuesta entrega
extemporánea de la presentación de la solicitud del registro de
mérito, de tal forma, que puedan ser contrastado con lo que
sostiene la autoridad responsable en el acuerdo que se
impugna, y en consecuencia se pueda colegir que dicho registro
fue presentado fuera del término previsto para lo conducente.
En esa virtud, es importante mencionar que de la lectura del
acuerdo impugnado, se advierte que la autoridad responsable
aprobó y realizó el registro de la planilla para el municipio de
Gómez Farías, Jalisco, por haber sido satisfechos los requisitos
del mismo.
Por lo tanto, en seguimiento al principio de que lo ordinario se
presume, lo extraordinario se demuestra, este órgano
jurisdiccional sostiene que, en el presente caso, lo ordinario se
encuentra en la presentación de la solicitud del registro de la
planilla de munícipes en cuestión, dentro del plazo legal previsto
para tal efecto, situación que se hizo de manifiesto por la propia
responsable a través de la emisión del referido acuerdo
impugnado en el que se estableció que la planilla de munícipes
se aprobó y registró en virtud de que se cumplimentaron todos y
cada uno de los requisitos legales previstos para tal efecto, entre
ellos el relativo al de la oportunidad en la presentación de la
solicitud conducente, sin hacer mayor detenimiento o
RAP-127/2012
35
consideración al respecto; mientras que lo extraordinario, es
decir la supuesta extemporaneidad, se debió demostrar por
parte del recurrente, a través de la aportación de elementos
probatorios, contundentes y consistentes en los que figurara o
explicara claramente la circunstancia específica en las que,
según su dicho, radicó tal ilegalidad.
b) Estudio en general de los requisitos contenidos en el
artículo 241 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que ve al inciso b) tocante a la carencia de los
documentos requeridos en vía de requisitos necesarios para
obtener la aprobación del registro de la planilla de munícipes, el
partido político incoante manifiesta expresamente que existió en
dicha documentación, deficiencias y omisiones en su entrega.
Con respecto a este motivo de disenso, este órgano
jurisdiccional sostiene que deviene en infundado pues tal como
se advierte claramente de la argumentación vertida por el
recurrente en el escrito de demanda, la expresión en los mismos
redunda en consideraciones generales e imprecisas que resultan
insuficientes para revisar acuciosamente los defectos que en
específico, la aprobación del registro de la planilla de munícipes,
de ser el caso, pudiera presentar.
En efecto, tal como el mismo partido político actor lo indica, no
se advierten elementos esenciales tales como nombres, la
identificación de los documentos precisos de los cuales hubiera
carecido el registro, así mismo no se desprende cuál de los
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requisitos que establece el articulo 241, fracción II y III del
Código en la materia son los faltantes o en su caso deficientes.
Así pues, el apelante se limita a exponer textualmente lo que
detalla el artículo de referencia, sin embargo de ninguna forma
aporta elementos que aún inconexos entre sí, de los cuáles en
suplencia del agravio, sea posible colegir la aducida omisión en
la entrega de uno o algunos de los documentos presentados en
vía de requisitos; de ninguna forma individualiza o identifica los
supuestos requisitos faltantes o deficientes y aún menos
contextualiza la integración en específico del registro de la
planilla que controvierte.
En este tenor, conviene precisar que el actor expone agravios en
el desarrollo de su escrito de apelación, que se contradicen entre
sí, dado que en las primeras fojas de su demanda aduce que se
aprobó el registro de la planilla de munícipes de mérito, aún y
cuando en su correspondiente presentación existió la carencia
de documentos; sin embargo, en fojas más adelante del mismo
escrito, el incoante señala que los documentos requisitados
fueron entregados con deficiencias y así mismo, en los
subsiguientes renglones, termina arguyendo que existió por
parte de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, la ausencia total
de los requisitos que establece el precepto conducente; en
consecuencia, se colige que los argumentos vertidos por el
apelante devienen en incongruentes y contradictorios entre sí,
pues si da inicio a su apelación alegando la supuesta carencia
en una serie de documentos, continua denotando la deficiencia
en los mismos y concluye el libelo impugnativo, sosteniendo la
ausencia total de los mismos; expresiones en las cuales no se
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encuentra una congruencia o secuencia lógica argumentativa de
la que sea posible desprender argumentos sólidos y concretos
dirigidos a combatir la aducida ilegalidad de acto impugnado.
En consecuencia, se advierte que el motivo de agravio
expresado por el partido político promovente es genérico e
impreciso, pues no identifica cuáles requisitos de los previstos
en el artículo 241, párrafo 1, fracción II y III, considera que no
fueron presentados o cuál de ellos fueron presentados en forma
deficiente, así mismo, omite expresar argumentos mediante los
cuales especifique de forma frontal y precisa en qué parte de
documento mediante el cual se aprueba el registro de la planilla,
se encuentra la supuesta ilegalidad; sino que contrario a ello,
únicamente se limita a manifestar de forma por demás vaga e
indeterminada, que los documentos presentan "deficiencias u
omisiones no subsanables”, “ausencia total en la entrega de
documentos” “registro fue presentado carente de los
documentos que establece el artículo 241, párrafo 1, fracción II y
III”, por lo que al no proporcionar elementos suficientes para
permitirle un estudio de los agravios, o en su caso una suplencia
en los mismos, tales argumentos resultan infundados
En conclusión, tal como se apuntó en los primeros párrafos del
presente considerando, si bien es cierto que este Tribunal
Electoral se encuentra obligado legalmente a aplicar el principio
de la suplencia de los agravios, siempre y cuando, éstos puedan
deducirse de los hechos expuestos; también es cierto que este
órgano resolutor se encuentra limitado por los propios
argumentos que le aporta el apelante para el estudio de sus
motivos de agravio.
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38
Por lo tanto, al no contribuir el apelante con la carga de aportar
los elementos concretos y definidos revisables individualmente y
por ende, caer en la omisión de precisar puntual y
específicamente cuál o qué parte del acto impugnado considera
que se aparta de la legalidad, es absurdo pretender que este
Tribunal Electoral, bajo el amparo de ejercicio del principio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio, encamine las
pretensiones del actor y construya o formule agravios, tendientes
a realizar actos cuya competencia pertenece únicamente a la
responsable.
c) Estudio del requisito contenido en la fracción III, del
párrafo 1, del artículo 241 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por último, en cuanto al motivo de agravio contenido en el inciso
c), relativo a la omisión en la presentación del escrito del
representante de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, en el
cual no se señala de manera clara la postulación formal de la
planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en
el que se especifique los ciudadanos que la integran, el orden de
prelación en que son propuestos, el carácter de propietario o
suplente, así como los documentos en los que sustentan el
cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad, este
Tribunal Electoral advierte que los mismos devienen en
infundados por las consideraciones siguientes.
La autoridad electoral como garante de los principios
democráticos y salvaguarda de los derechos políticos de los
ciudadanos, lejos de restringir disposiciones legales que tutelen
RAP-127/2012
39
los derechos consagrados en normas constitucionales, se
encuentra sujeta a realizar una interpretación extensiva de los
mismos, toda vez que éstos no son excepciones o privilegios
concedidos a favor de algunos, sino que se trata de derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales
debe ser ampliados, no restringidos, ni mucho menos
suprimidos, en estricto apego a lo ordenado por los artículos 1,
32, 35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De esta forma la limitación al ejercicio del sufragio pasivo, se
acota exclusivamente a razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o
condena, más nunca se debe condicionar, entre otras
cuestiones, a una facultad discrecional de un partido político; lo
anterior en términos de lo establecido en el artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en
atención de la reciente reforma, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 10 diez de junio del presente año, garantiza que
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Carta Magna, en los tratados internacionales
de los México sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse,
por el contrario, se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a
las personas con la protección más amplia.
Bajo esta tesitura, en el presente caso, que el apelante pretenda
la revocación del acto impugnado en virtud de que la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, supuestamente omitió la presentación
ante la autoridad responsable, del escrito del representante legal
RAP-127/2012
40
o, en su caso, este se hubiese presentado sin su firma
autógrafa, a través del cual se precise de manera clara la
postulación de los candidatos integrantes de la planilla, su
conducente carácter de propietarios o suplentes, así como los
documentos en los que sustentan el cumplimiento de los
requisitos legales de elegibilidad; vulnera en perjuicio de los
candidatos su derecho fundamental sustantivo consistente en la
prerrogativa ciudadana del derecho pasivo del voto, tutelada por
el artículo 35, fracción II de la Constitución General de la
República y 8, fracción II de la Constitución Política de la
entidad.
En efecto, los ciudadanos candidatos a munícipes integrantes de
la planilla impugnada, desde el momento en que compitieron en
los respectivos procedimientos selectivos internos y resultaron
electos, cuentan con el derecho humano fundamental del
sufragio en su vertiente pasiva, por lo que al requerir para su
registro, la presentación de un diverso escrito signado por el
representante legal de la Coalición en comento, impone un
requisito que se encuentra fuera de las posibilidades tanto
jurídicas, como materiales del candidato, lo que se traduce en
una limitación al derecho humano de referencia, criterio que se
aparta claramente al relativo a la potenciación de los derechos
humanos.
Al respecto, conviene precisar que similar criterio sostuvo el 27
veintisiete de abril del año en curso, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional de
la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en
Guadalajara, Jalisco, en sentencia de los Juicios para la
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41
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
identificados bajo las siglas y número de expediente SG-JDC-
3162/2012 y sus acumulados SG-JDC-3163/2012 al SG-JDC-
3187/2012.
En abundancia a lo anterior, no pasa inadvertido para este
órgano resolutor que el apelante aporta argumentos
contradictorios entre sí que se desprende de los propios motivos
de agravios, ello en función de que por una parte, el recurrente
intentó controvertir la facultad del representante de la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, tanto para celebrar dicho instrumento
jurídico, como para signar y presentar las solicitudes de registro
de diversas candidaturas que fueron posteriormente aprobadas
por la autoridad responsable, de lo que se deduce que
efectivamente en el procedimiento de registro de las
candidaturas que se llevó a cabo por la Coalición en cita, se
exhibió documento diverso en el que constó fehacientemente la
rúbrica del referido represente; mientras que por otro lado, en el
presente motivo de agravio, aduce que dicho escrito no se
aportó, o que en su caso, el mismo carecía de la firma autógrafa
de dicho representante.
En consecuencia, se colige que el escrito de apelación es
incongruente en virtud de que por una parte acepta que dicho
escrito fue presentado con la firma del representante de la
Coalición y al mismo tiempo, niega lo anterior, y aduce la
omisión en la presentación del mismo, o en su caso, la falta de
rúbrica del representante de referencia.
RAP-127/2012
42
Por lo anteriormente, fundado y motivado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio segundo esgrimido por el
apelante y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VII. El motivo de agravio que el apelante identifica en su escrito de
demanda como “Tercero”, es el que a continuación se transcribe:
Tercero. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 5, punto 1, 17 párrafo 2, en relación con el 24, punto 3 y 68, punto 1, fracción XIX, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como el numeral 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones III y IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, inciso b), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en virtud de que la autoridad responsable aprobó el registro de la planilla del ayuntamiento GOMEZ FARIAS, presentada por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, contraviniendo el principio de equidad de género, al violarse el orden de prelación que debe de tener la planilla impugnada.
Esto es así, toda vez que la Autoridad Administrativa, omitió de manera flagrante el estudio de la integración de la planilla impugnada, por lo que ve al cumplimiento de la cuota de género que la ley establece.
El artículo 17, segundo párrafo, establece que las solicitudes de registro de que presenten los partidos o coaliciones, ante el Instituto Electoral, se integrarán con un máximo de setenta por ciento de candidatos de un solo sexo y garantizando la inclusión de un candidato del sexo distinto en cada tres lugares de la lista, hasta lograr el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, a partir del cual el orden se decidirá libremente por cada partido, hecho tal que no fue analizado al momento de declarar la validez del registro de la planilla de Presidente, Síndico y Regidores del Municipio de GOMEZ FARIAS, Jalisco, pues es evidente que el mismo no cumple con tal paridad.
Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual resulta aplicable de manera análoga al caso que nos ocupa:
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. CÓMO SE DEBE APLICAR LA ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATOS.-….
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 48 y 49.
En virtud de lo anterior, se debe entender que la regla de alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional, consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar dicho número y cumplir con el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.
La finalidad de esta regla es el equilibrio entre los candidatos de ambos sexos y, a la postre, lograr la participación política efectiva de hombres y
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mujeres, en un plano de igualdad sustancial o real y efectiva, con el objetivo de mejorar la calidad de la representación política, y de eliminar los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política.
Es por todo lo anteriormente señalado, que la Autoridad Responsable al declarar como válido el registro de la planilla impugnada, viola lo establecido con el principio de equidad de género que establece no solo la legislación estatal, sino que también se encuentra consagrado en la ley federal electoral, en la Constitución Política Federal y el las leyes y tratados internacionales.
Ahora bien, a fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, también es necesario que el treinta por ciento de los candidatos de género distinto, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, esté compuesto en sus propietarios y suplentes por personas del mismo género, y no solo cumplir la cuota de género en propietarios por una parte, sin encontrar esa coincidencia en sus suplentes, aún y cuando en los suplentes también se cumpla con ese treinta por ciento. Si no que repito, debe ser coincidente, el género del propietario con el de su suplente, en ese treinta por ciento, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, en el cumplimiento de cuotas de género.
Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio ciudadano identificado con número de expediente SUP-JDC-12624/2011, se ha pronunciado en ese sentido, de que deben ser coincidentes en el género, el propietario con su respectivo suplente, en los candidatos que son parte del porcentaje del mismo género, que como mínimo están obligados a registrar los partidos políticos (cuota de género).
Pues lo que busca la norma, es garantizar la equidad de género y la igualdad de oportunidades, entre hombres y mujeres, sin favorecer a un género en específico. Obligación, que procura la paridad de género en la vida política del país, y que implica que esa paridad también deba reflejarse en la ocupación de los cargos de elección popular obtenidos por cada partido. De otra manera, no tendría sentido el establecimiento de cuotas de género en la designación de candidaturas a cargos de elección popular.
El hecho de que los candidatos que conforman la cuota de género, sean precisamente coincidentes en el género en forma alguna vulnera la paridad exigida por la norma. Esto es así porque si los candidatos propietarios cumplen con la regla prevista en el citado artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, los suplentes también lo harán. De esta forma, si llegaran a presentarse vacantes en los propietarios, éstos serían sustituidos por personas del mismo género y, por lo tanto, se conservaría el equilibrio de género no sólo en las candidaturas, sino también en la ocupación y ejercicio de los cargos respectivos.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se garantiza esa equidad de género, tanto en la postulación, como en su momento de llegarlo a ser, en el ejercicio del cargo, al no ser coincidentes en el género, los propietarios con sus suplentes, de las candidaturas que nos ocupan, vulnerando con eso el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.
De lo anterior, en esencia se desprende que el actor se duele de
que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla del
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44
Ayuntamiento de Gómez Farías, Jalisco, postulada por la
Coalición “Compromiso por Jalisco”, omitiendo el estudio relativo
al principio de equidad de género.
En este sentido, el partido político apelante argumenta que en la
integración de la planilla de munícipes en cuestión, no se
respetó la cuota de género regulada jurídicamente en la entidad,
que no existe orden de alternancia o prelación en éstos y
tampoco así, coincidencia de sexo entre los candidatos
propietarios y los suplentes; situación contraria a lo que dispone
la normatividad electoral, así como los criterios emitidos por el
órgano federal electoral, previstos para tal efecto.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO porque del análisis de
los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a la
conclusión de que los mismos, consisten en manifestaciones
dogmáticas, genéricas e imprecisas de las cuales no se
advierten elementos suficientes para combatir el fondo de la
resolución recurrida y relativa a la aprobación de la planilla de
munícipes en comento.
En principio, porque tal como se estableció en el considerando
anterior, en atención a lo previsto en el artículo 544, párrafo 1 del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación que se
someten a su consideración, tiene la facultad de suplir las
deficiencias en la expresión de los agravios planteados, también
RAP-127/2012
45
lo es que se llevará a cabo, siempre y cuando, éstos puedan ser
deducidos claramente de los hechos expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor, implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
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En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiencia en la expresión del agravio, y se
subsuma en la responsable, para realizar el trabajo que le
corresponde a ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades,
proceda a declarar su revocación u ordenar se subsanen.
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En el caso que nos ocupa, el partido político apelante intenta
controvertir del registro de la planilla de munícipes del
Ayuntamiento de Gómez Farías, Jalisco, aduciendo como
agravio que no se garantiza la equidad de género que debe
imperar por mandato constitucional y legal en la integración de
dichos órganos de gobierno municipal.
Al respecto, realiza en el libelo impugnativo una descripción
dogmática de la forma y términos en que ambos tipos de género
deben distribuirse en relación al porcentaje en cuanto a la
integración de determinado órgano de gobierno conformado por
cargos de elección popular, señala la noción e implicación de la
paridad entre sexos con respecto a los candidatos propietarios y
suplentes, de igual manera pretende fundamentar sus
argumentos con tesis de jurisprudencia y criterios emitidos a
través de sentencias dictadas por el máximo órgano electoral
federal conducentes al tema de la equidad de género.
Así mismo, el apelante realiza una serie de manifestaciones
conceptuales respecto a la finalidad, objetivo y teleología del
principio de la equidad de género en la vida política del país; sin
embargo, del cúmulo de dichas manifestaciones no se advierte
elemento alguno que aporte respaldo sólido para controvertir
específicamente la integración en cuanto al género de la planilla
en comento.
En efecto, de la lectura del escrito de apelación no se advierte,
de cuántos candidatos a munícipes, de acuerdo a su
conocimiento, se integra la planilla en cita, de forma tal que el
apelante aporte para el conducente estudio de este órgano
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jurisdiccional, elementos precisos para estar en aptitud de
conocer en lo particular, el porcentaje de la cuota género del
mismo sexo y en dado caso, contrastar dicho elemento
porcentual con el que la autoridad responsable aprobó en la
planilla de mérito.
Efectivamente, el actor omite individualizar y pormenorizar los
nombres de los candidatos propietarios y su correspondiente
suplente integrantes de la planilla de candidatos a munícipes, de
los cuales se advierta la coincidencia o no entre éstos, respecto
al género, y aún menos contextualiza la integración en
específico, de los candidatos de sexo distinto en cada tres
lugares de la respectiva lista, es decir, no señala
específicamente cómo se encuentran conformados los bloques
integrados por tres candidatos a razón de una candidata de
género femenino en cada uno de éstos o viceversa.
Por lo tanto, como quedó establecido en párrafos precedentes,
el recurrente aporta una serie de elementos de índole dogmática
y conceptual de lo que no es posible advertir elementos
contundentes, como cualidades de género o razonamientos
cuantitativos, tales como nombre y sexo de identificación de los
candidatos a munícipes, el lugar que ocupan cada uno de ellos o
ellas dentro de las listas de integración de la planilla en comento,
la distinción entre su calidad de propietarios y suplentes, así
como el sexo al que pertenecen; es decir, no se especifica o
identifica pormenorizadamente cuáles, en dónde y en qué
consisten las supuestas inconsistencias relativas al
incumplimiento de la garantía de la equidad de género, por lo
que se colige, que este órgano jurisdiccional se encuentra
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imposibilitado para aplicar la suplencia del agravio y por ende,
estudiar las supuestas inconsistencias aducidas en relación a la
paridad y principio de equidad de género en que se incurre,
según el actor, en la planilla de candidatos a munícipes que fue
registrada y aprobada, por la autoridad responsable.
En consecuencia, al no contribuir el apelante con la carga de
aportar los elementos concretos y por ende, caer en la omisión
de precisar puntual y específicamente cuál o qué parte del acto
impugnado considera que se aparta de la legalidad, es absurdo
pretender que este Tribunal Electoral, bajo el amparo de la
aplicación del principio de la suplencia de la deficiencia en la
expresión del agravio, encamine las pretensiones del actor y
construya o formule agravios, tendientes a realizar actos cuya
competencia pertenece a la responsable.
En consecuencia, al tenor de los párrafos precedentes
sostenidos a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, el tercer
agravio esgrimido por el apelante y que ha sido analizado en el
presente considerando, resulta infundado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además, en lo
dispuesto por los artículos 57, párrafo segundo; 69, párrafo primero
y 70, fracción VI de la Constitución Política; 73, párrafo primero; 77
párrafo tercero, fracción II; 82, 88, fracción IV y 90 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; 536 fracción X; 595, 599, párrafo 1,
fracción I; 604, párrafo 1 y 608, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana y 10, fracción V del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado del Poder Judicial, todos
RAP-127/2012
50
ordenamientos del Estado de Jalisco, se resuelve conforme a los
siguientes
R E S O L U T I V O S :
PRIMERO. La competencia del Pleno de este Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Jalisco para conocer y resolver los
recurso de apelación; la personería y legitimación de las partes, así
como la procedencia del mismo, quedó acreditada en los términos
expuestos en los considerandos I, II y III de esta resolución.
SEGUNDO. se confirma el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, emitido el 28 de abril del año en curso, mediante el cual
resuelve las solicitudes de registro de planillas de candidatos a
munícipes, de la coalición “Compromiso por Jalisco”, identificado
como IEPC-ACG-084/12, por lo que ve al municipio de Gómez
Farías Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en los
considerandos V, VI y VII de esta resolución.
Notifíquese en los términos de ley.
En su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, quienes firman al calce de la presente resolución,
conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos, quien
autoriza y da fe, y rubrica al margen todas las fojas que la integran.
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MAGISTRADO PRESIDENTE
JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA
MAGISTRADO
LUIS ANTONIO
CORONA NAKAMURA
MAGISTRADO
JOSÉ GUILLERMO
MEZA GARCÍA
MAGISTRADO GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ
MAGISTRADO RUBÉN VÁZQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS ALVARO ZUNO VÁSQUEZ
El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que la presente hoja corresponde a la resolución del 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce, pronunciada en el Recurso de Apelación RAP-127/2012, que consta de 51 cincuenta y un fojas por una sola cara.
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
EXPEDIENTE RAP-147/2012 ACTOR Partido Acción Nacional TERCERO INTERESADO Partido Revolucionario Institucional AUTORIDAD RESPONSABLE Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco MAGISTRADO PONENTE José Guillermo Meza García SECRETARIOS RELATORES Silvia Gpe. Bustos Vázquez Raymundo Miguel Figueroa Brizuela Bertha Sánchez Hoyos Gpe. Lucía Sánchez Vital
Guadalajara, Jalisco, a 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce.
VISTOS para resolver en definitiva, los autos del expediente del
Recurso de Apelación RAP-147/2012, promovido por el maestro
José Antonio Elvira de la Torre, representante propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en
contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que resuelve las
solicitudes de registro de planillas de candidatos a munícipes, de la
coalición “Compromiso por Jalisco” integrada por el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
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México, identificado como IEPC-ACG-084/12, emitido el 28
veintiocho de abril de 2012 dos mil doce.
Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en sesión pública
de esta fecha, se procede a emitir la presente resolución; y
R E S U L T A N D O
1. El 29 veintinueve de octubre de 2012 dos mil doce, fue publicada
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, número 13, sección
VI, TOMO CCCXXI, la convocatoria para la celebración de las
elecciones, constitucionales que se llevarán a cabo el día 1° de julio
de 2012 dos mil doce en la entidad, aprobada en sesión ordinaria,
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo IEPC-ACG-
047/11.
2. En la misma sesión ordinaria, mediante acuerdo IEPC-ACG-
048/11, el citado Consejo General, aprobó el calendario para el
proceso electoral local ordinario 2011-2012.
3. El 24 veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó
mediante acuerdo IEPC-ACG-019/12 el Convenio de Coalición
celebrado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México con la finalidad de postular candidatos
a Presidente Gobernador Constitucional, Diputados por el Principio
de Mayoría Relativa, así como para registrar planillas de candidatos
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a integrantes de los Ayuntamientos en la totalidad de los municipios
del Estado de Jalisco por el periodo 2012-2015.
4. El 28 veintiocho de abril del año que transcurre, se aprobó el
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE RESUELVE
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PLANILLAS DE CANDIDATOS A
MUNÍCIPES, DE LA COALICIÓN “COMPROMISO POR JALISCO”
INTEGRADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, IDENTIFICADO COMO IEPC-
ACG-084/12, en el cual se aprobaron diversas planillas de
candidatos, entre ellas, la presentada para el municipio de Cañadas
de Obregón, Jalisco, mismo que fue publicado el día 3 tres de mayo
el presente año en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
5. Inconforme con el citado acuerdo, el maestro José Antonio Elvira
de la Torre, ostentándose como Representante Propietario del
Partido Acción Nacional, presentó el 1 uno de mayo del año en
curso, ante el Instituto Electoral, Recurso de Revisión,
específicamente en contra de la aprobación del registro de planilla
de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de
Cañadas de Obregón, Jalisco.
6. El 16 dieciséis de mayo de esta anualidad, el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, remitió a este Tribunal Electoral, mediante oficio 2977/2012
Secretaría Ejecutiva, el escrito de Recurso de Revisión y diversa
documentación.
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7. El 17 diecisiete de mayo del presente año, mediante oficio SGTE-
770/2012, la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, por razón de turno, remitió a la ponencia del Magistrado
Presidente José Guillermo Meza García para su estudio, y en su
caso, admisión y formulación del proyecto de resolución el citado
Recurso de Revisión, que se registró con las siglas y números REV-
25/2012.
8. Una vez analizado el escrito de demanda, el Magistrado ponente,
advirtió que el acto combatido por el actor, era recurrible mediante
el Recurso de Apelación, por lo que, el día 28 veintiocho de mayo
del año que transcurre, los Magistrados integrantes del este
Tribunal Electoral, emitieron Acuerdo Plenario pare reencauzar la
demanda interpuesta, junto con 224 doscientos veinticuatro
recursos interpuestos en los mismos términos, se ordenó al
Secretario General dar de baja el expediente y realizar su registro
como Recurso de Apelación, y una vez realizado lo anterior, debía
devolver al Magistrado ponente el expediente para dar inicio a su
trámite, estudio, admisión en su caso y resolución como Recurso de
Apelación.
9. En cumplimiento al citado Acuerdo Plenario, el Secretario
General de Acuerdos, realizó el returno a la ponencia mediante
oficio SGTE-1063/2012, habiendo sido registrado en el Libro de
Gobierno como RAP-147/2012.
10. El 7 siete de junio del presente año, se emitió proveído, en el
que se tuvo por recibido y se radicó el Recurso de Apelación
interpuesto, se ordenó a la autoridad responsable realizar su
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publicitación, remitiera el informe circunstanciado y diversa
documentación.
11. En acuerdo del 16 dieciséis de junio de esta anualidad, se tuvo
por recibido de la autoridad responsable el informe circunstanciado,
diversa documentación e información, recibidas las constancias de
publicitación y de retiro de cada medio de impugnación, el escrito de
tercero interesado y la documentación que se acompañó al mismo,
se admitió el recurso interpuesto, así como las pruebas ofrecidas y
aportadas por las partes, y toda vez que el Magistrado responsable,
consideró que el expediente estaba debidamente substanciado para
ser fallado, se declaró cerrada la instrucción, para efecto de que se
formulara el proyecto de resolución correspondiente, mismo que se
somete a la consideración del Pleno del Tribunal Electoral dentro
del plazo que establece el artículo 604, párrafo 1 del Código en la
materia; y
C O N S I D E R A N D O
III. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, ejerce jurisdicción y es competente para conocer del
Recurso de Apelación, de conformidad a lo previsto por los artículos
56, primer párrafo; 57, párrafos segundo y séptimo; 68; 69, primer
párrafo; 70, primer párrafo, fracción II de la Constitución Política; 3,
fracción II; 73; 77, primer párrafo y 82 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; 502, párrafo 1, fracción II; 504, párrafo 3; 596, párrafo 2;
599, párrafo 1, fracción II y 604, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana; 5, fracción II; 9, fracción I, a); 10, fracción
V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado del
Poder Judicial, todos ordenamientos del Estado de Jalisco, toda vez
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que de las documentales que obran agregadas al expediente, se
advierte una controversia derivada de una resolución emitida por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, durante el proceso electoral ordinario, que a
decir del Partido Político promovente le causa agravios.
IV. Por lo que respecta a la legitimación del partido político, y la
personería del promovente, el artículo 602 párrafo 1, fracción I del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
establece que están legitimados para interponer el recurso de
apelación, entre otras personas, los partidos o agrupaciones
políticas por conducto de sus respectivos representantes legítimos
que estén acreditados ante el órgano electoral que dictó el acto o
resolución impugnada.
Por tanto, la legitimación del partido político actor, es de
reconocerse en virtud de tratarse de un partido político nacional
debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que se refiere a la personería del maestro José Antonio
Elvira de la Torre, quien se ostenta como Consejero Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, se tiene por reconocida, toda vez que se desprende de
actuaciones del expediente, así como del informe circunstanciado
rendido por la responsable en el que se le reconoce con tal
carácter.
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En relación al interés jurídico del recurrente para hacer valer el
recurso de apelación, se observa que en su escrito alega que el
acto impugnado le causa agravios, lo cual en principio, se considera
suficiente para que se proceda a su estudio, esto, sin perjuicio de
que en su oportunidad se juzguen los supuestos agravios que hace
valer en su medio de impugnación.
Por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, por ser su examen preferente conforme al principio
de economía procesal, requisitos previstos en los artículos 506, 507
y 603 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, preceptos que regulan: el plazo en que se debe
presentar el recurso de apelación; los requisitos que debe cumplir el
escrito, el requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento
previo de los recursos administrativos que el Código de la materia
señala para el caso concreto, al respecto se tiene que:
El plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece
en el artículo 506 del código de la materia, que en lo conducente
señala:
Artículo 506 Los medios de impugnación previstos en este Código deberán presentarse dentro de los seis días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnado, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.
Atento a lo dispuesto por el citado precepto, el Pleno de este
Tribunal Electoral advierte que, el acuerdo impugnado fue emitido el
28 veintiocho de abril del año que transcurre, en consecuencia, se
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deduce que el plazo para interponer el presente recurso de apelación
transcurrió los días hábiles 29 veintinueve y 30 treinta de abril, 1 uno,
2 dos, 3 tres y 4 cuatro de mayo del esta anualidad, y en virtud de
que el Recurso de Apelación fue presentado ante la autoridad
responsable el 1 uno de mayo, según consta en el sello de
recepción, este órgano colegiado estima que el medio de
impugnación fue presentado dentro del plazo previsto por la ley, y
así lo confirma la autoridad responsable en su informe
circunstanciado.
Por otra parte, el Pleno de este Tribunal Electoral, considera que el
escrito que dio origen al presente recurso, se ajusta a los
requisitos de los medios de impugnación, que establece el
artículo 507 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, disposición que es aplicable al medio procesal de
impugnación en que se actúa.
En efecto, se cumplieron los extremos que previene el citado
dispositivo legal, habida cuenta que el medio de impugnación se
presentó por escrito ante la autoridad responsable del acto
impugnado; se indicó el nombre del actor y el domicilio para recibir
notificaciones que se ubica en esta ciudad que es la residencia de
esta autoridad competente para resolver el medio de impugnación,
asimismo, se señaló el nombre de quien las pueda oír y recibir; no
obstante que el promovente no acompañó el documento necesario
para acreditar su personería, la misma consta en actuaciones del
expediente, así como del informe circunstanciado rendido por la
responsable en el que se le reconoce con tal carácter; se señaló al
partido político que representa; se identificó el acto impugnado, así
como a la autoridad responsable; se mencionaron los hechos en
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que se funda la impugnación, así como los agravios que le causa el
acto impugnado y los preceptos jurídicos presuntamente violados;
por lo que respecta a las pruebas, se advierte que promovente
ofreció las que consideró pertinentes, no obstante que no exhibió
los tres tantos de su demanda, lo anterior no le irroga perjuicio
alguno, y finalmente, se advierte que el promovente asentó su firma
autógrafa.
El artículo 603, párrafo 1 del Código en la materia, prevé que es
requisito de procedencia adicional para la admisión del recurso de
apelación que se agoten los recursos administrativos que establece
este ordenamiento legal para cada caso concreto, ya que, de lo
contrario, se desechará de plano, en el presente asunto, dicho
requisito se tiene por satisfecho, no es necesario agotar instancia
previa, toda vez que el acuerdo que se impugna fue emitido por el
Consejo General, órgano máximo de dirección del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que sus
actos son combatibles directamente mediante el recurso de
apelación.
Por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, quien
comparece como Tercero Interesado, al presente asunto en
términos de lo previsto en el artículo 512, párrafo 1, fracción III del
Código en la materia, se tiene que:
Se reconoce su legitimación, en virtud de tratarse de un partido
político nacional debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
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Por lo que se refiere a la personería del licenciado Benjamín
Guerrero Cordero, quien se ostenta como Apoderado Legal del
Partido Revolucionario Institucional, se tiene por reconocida, en
virtud de que obra agregada al diverso Recurso de Apelación RAP-
164/2012, copia certificada del Poder General Judicial, para Pleitos
y Cobranzas a favor de los licenciados Rafael Castellanos y
Benjamín Guerrero Cordero, otorgado en escritura pública 2,915,
ante la fe del Notario Público Titular número 138 de Guadalajara,
Jalisco, el 15 quince de febrero de 2012 dos mil doce, que remite el
Secretario General de Acuerdos de este órgano colegiado.
Por lo que se refiere al plazo para la presentación de su escrito,
esta se realizó en términos de lo previsto en el artículo 530 en
relación con el 506 del Código Electoral.
Los requisitos del escrito, previstos en el citado numeral 530 del
Código en la materia, se encuentran satisfechos, toda vez que el
mismo, fue presentado ante la autoridad responsable del acto
impugnado, se hizo constar el nombre de tercero interesado, se
señaló domicilio para recibir notificaciones, no obstante que no
acompañó el documento para acreditar su personería, la misma se
tiene acreditada con el Poder General Pleitos y Cobranzas, descrito
el líneas precedentes, asimismo, precisó la razón del interés jurídico
en que se funda y las pretensiones concretas del compareciente,
ofreció y aportó las pruebas y finalmente, hizo constar su firma
autógrafa.
III. Por ser las causales de improcedencia una cuestión de
estudio oficioso, éstas se analizan de manera preferente de
conformidad a lo previsto por los artículos 1; 536, párrafo 1, fracción
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II, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, por lo que se analizará si en el caso a estudio se actualiza
alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo
509 del ordenamiento legal invocado, y de ser así, deberá
decretarse el desechamiento de plano del medio de impugnación
planteado por la parte apelante, al no constituirse válida y
eficazmente el proceso, ya que ello imposibilitaría a este órgano
jurisdiccional para resolver sobre el fondo controvertido materia del
medio de impugnación.
Cabe señalar que las causales de improcedencia pueden
analizarse, ya sea por petición de parte, al haber sido invocadas por
alguna de ellas, o bien, porque de oficio esta autoridad jurisdiccional
las advierta, dada la obligación de analizar la integridad de las
constancias allegadas a los medios de impugnación, conforme a los
principios de constitucionalidad y legalidad consagrados por la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Al efecto, este órgano colegiado no advirtió la existencia o
actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas
por el artículo 509 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco en los medios de impugnación
interpuestos, pues no se pretendió impugnar la no conformidad a la
Constitución General de la República o la Política del Estado de
Jalisco, no se impugnaron actos o resoluciones que no afecten el
interés jurídico del actor, el acto o resolución no se consumó de un
modo irreparable, el acto o resolución no se consintió
expresamente, entendiéndose por ello, las manifestaciones de
voluntad que entrañen ese consentimiento o no se presenten los
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medios de impugnación dentro de los plazos señalados en el
Código Electoral y el promovente no careció de legitimación.
En virtud de las consideraciones realizadas, y al no advertirse
causal de improcedencia alguna que amerite un desechamiento de
plano, es procedente realizar el análisis de fondo de la controversia
planteada.
IV. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar si el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el 28 veintiocho de
abril de 2012 dos mil doce, que resolvió las solicitudes de registro
de planillas de candidatos a munícipes, que presentó de la coalición
“Compromiso por Jalisco”, identificado como IEPC-ACG-084/12, es
violatorio del principio de legalidad que toda resolución de autoridad
electoral debe cumplir, por ser uno de los principios constitucionales
y legales rectores de la función electoral, y si con ello se conculcó el
derecho que, en favor del promovente, consagra la Constitución
Política y el Código Electoral y de Participación Ciudadana ambos
ordenamientos del Estado de Jalisco.
Precisado lo anterior, el método que se abordará para dilucidar la
litis en el presente asunto, consistirá en examinar los agravios que
esgrime el recurrente en el Recurso de Apelación, los cuales se
estudiarán en los subsiguientes considerandos.
El examen se hará relacionando los agravios con los hechos y
puntos de derecho controvertidos y los que fundan la presente
resolución que se sustentan en la plenitud de jurisdicción que a este
órgano judicial le confiere el artículo 57, párrafo segundo de la
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Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 504, párrafo
3 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, así como con el análisis y la valoración de todas y cada una
de las pruebas que fueron admitidas.
Para tal efecto, en los siguientes considerandos se examinarán los
agravios que esgrime el ciudadano actor, pudiendo variar el orden
de la exposición contenida en el escrito que contiene el medio de
impugnación, lo cual no le causa lesión o afectación jurídica alguna,
pues esto sólo ocurre cuando no se estudian todos los motivos de
agravio, toda vez que no en todos los casos, los justiciables
exponen ordenadamente sus agravios, o bien en razón de que
algunos de éstos pueden ser de estudio preferente o incluso
encontrarse en cualquier parte del escrito que contiene la
impugnación.
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 02/98 y
03/2000 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, consultables en la Compilación
1997-2010 de Jurisprudencia y tesis relevantes en materia electoral,
Volumen 1 de Jurisprudencia, páginas 118 a la 120 bajo los rubros:
“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL.” y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”
V. Una vez establecido lo anterior, se advierte que el promovente,
expresa el agravio que identifica como “Primero” en los siguientes
términos:
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Primero. Así mismo, causa agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de candidatos a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Verde Ecologista de México, en flagrante violación del Principio Constitucional de Legalidad previsto en los artículos 14, 16,41 Base VI y 116 de Nuestra Carta Magna.
En un primer orden de ideas, en razón de que quien firma tanto el convenio de coalición, la modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de registro de candidatos, por la parte que representa al Partido Revolucionario Institucional, es RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del mencionado Instituto Político.
Por su parte, en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional no se contempla la figura del Delegado Especial para el despacho de la presidencia de algún Comité Directivo Estatal, ni mucho menos en alguno de sus reglamentos, sin embargo, el artículo 120 de los citados Estatutos, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal tienen a su cargo la representación y dirección política del Partido en la entidad federativa correspondiente y desarrollarán las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los programas estatales que apruebe el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como las acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional.
Y por su parte el artículo 121 de los Estatutos en comento, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal del Instituto Político que nos ocupa, estarán integrados, por un Presidente; un Secretario General; un Secretario de Organización; un Secretario de Acción Electoral; un Secretario de Acción Electoral (sic); un Secretario de Gestión Social; un Secretario de Finanzas; un Secretario de Administración; un Secretario de Acción Indígena en donde se tenga presencia de pueblos y comunidades indígenas; un Coordinador de Acción Legislativa; las demás secretarías que sean pertinentes a cada entidad federativa y que correspondan al Comité Ejecutivo Nacional; y cada sector, el Movimiento Territorial, el Organismo de Mujeres Priístas y el Frente Juvenil Revolucionario contarán con un Coordinador dentro del Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal, con las atribuciones y representatividad suficientes para su cabal funcionamiento.
Resulta evidente que en la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional, no se contempla la figura de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco; por lo que la persona que ostenta el mencionado carácter, no cuenta con facultades, ni para suscribir el convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México, las modificaciones al mismo, ni mucho menos para registrar candidatos, a nombre del Instituto Político en cuestión, ni mucho menos a nombre de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por los dos institutos políticos que se mencionan.
Pues en adición, cabe resaltar, que aun y cuando en las cláusulas décima y décima séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR JALISCO” establece que las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, aso (sic) como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el propio convenio de coalición; Sin embargo, si de origen RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA carece de representación para la celebración del convenio de coalición a nombre del Partido Revolucionario Institucional, luego entonces, por consecuencia
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carece de la representación para solicitar el registro de candidatos a nombre de la coalición, fundándose en el propio convenio de coalición.
Al respecto el artículo 241, párrafo 1, fracción III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establece que las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por el Consejo General del Instituto y contener escrito con firma autógrafa, del DIRIGENTE ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO, O EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
En este orden de ideas, si RAFAEL GONZÁLEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, fue quien firma las solicitudes de registro, de las planillas a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, lo hace en contravención de lo ordenado en el citado artículo 241, párrafo 1, fracción III de la Codificación Electoral de esta Entidad Federativa, pues el no es Dirigente Estatal en Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, y tampoco puede ser considerado como representante de la coalición en comento.
Razón por la cual es de considerarse que al aprobarse el registro de las candidaturas a munícipes para integrar los 125 municipios del estado de Jalisco, solicitadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA resulta del todo ilegal, ante su falta de representación tanto del Partido Revolucionario Institucional, como de la propia coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por dicho insitito (sic) político y por el Partido Verde Ecologista de México.
Lo que debió hacer la autoridad responsable es haber desechado de plano las solicitudes de registro de las planillas a munícipes firmadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 fracción III, 244 párrafos 2 y 4, y artículo 245, párrafo 1, fracción 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Al respecto resultan aplicables las siguientes Jurisprudencias:
…
Jurisprudencia 5/2001
CANDIDATOS. FACULTAD PARA SOLICITAR EL REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SIMILARES). …
Tesis CX12002
PERSONERÍA. LA REPRESENTACIÓN DELEGADA DE UN PARTIDO POLÍTICO DEBE CONSTAR EN INSTRUMENTO NOTARIAL. …
(…)
De lo anterior se desprende que el recurrente señala que le
causa agravio el acuerdo impugnado IEPC-ACG-084/12 de
veintiocho de abril de dos mil doce, emitido por el Consejo
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General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, que aprueba el registro de la planilla de
candidatos a munícipes, que presentó la coalición “Compromiso
Por Jalisco”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional
y por el Partido Verde Ecologista de México, por lo que respecta
al municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco; al considerar que
el mismo, violenta el principio constitucional de legalidad; en
razón de que a su parecer, quien firma el convenio de coalición y
la modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de
registro de candidatos por la parte que representa al Partido
Revolucionario Institucional, a saber, Rafael González Pimienta,
no cuenta con facultades para ello.
Ahora bien, el agravio en estudio resulta infundado en virtud de
las consideraciones que a continuación se exponen:
A juicio de este Tribunal Electoral, resulta pertinente señalar que
del punto 5° quinto de los “Antecedentes” del acuerdo
impugnado, se observa que el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
hace referencia al diverso acuerdo identificado con la clave
alfanumérica IEPC-ACG-019/12 emitido el 24 veinticuatro de
febrero de 2012 dos mil doce, mediante el cual se aprobó el
registro del convenio de coalición que presentó el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
México, a la cual denominaron coalición “Compromiso por
Jalisco”, para contender en el proceso electoral local ordinario
2011-2012, en las elecciones de Gobernador, diputados por el
principio de Mayoría Relativa en cinco distritos electorales
locales y munícipes de los ciento veinticinco municipios que
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conforman el Estado de Jalisco, acuerdo que por tratarse de un
documento público consultable en el sitio o página web oficial del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco en la Internet, constituye un hecho notorio, por lo que
este Pleno del Tribunal Electoral, puede invocarlo en la presente
resolución.
Sirve para ilustrar lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX.2º.
J/24, visible a página 2470, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, de Enero de dos mil
nueve, Materia Común, Novena Época, bajo el rubro HECHO
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN
SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.
Así entonces, es necesario trascribir la Cláusula Décima
Séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, antes referido, que de manera textual señala:
“DÉCIMA SÉPTIMA.- Del registro de los candidatos de la coalición. Las
partes acuerdan que para tal efecto se apegan al “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2011-2012”, identificados con la clave IEPC-ACG-005/2012 y lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, 239, 240 y 241 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, así como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el presente convenio, teniendo las mismas facultades el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco del Partido Verde Ecologista de
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México en relación de los candidatos que postule este Instituto Político dentro de la coalición. Asimismo, los partidos que forman la presente coalición se obligan a remitir oportunamente a la instancia referida en el párrafo anterior, la documentación necesaria para el registro de los candidatos, o en su caso para la sustitución.” (lo resaltado es por parte de este Tribunal)
De lo antes trascrito se advierte claramente que contrario a lo
esgrimido por el recurrente, el Delegado Especial Encargado del
Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario
Institucional en Jalisco, a saber, Rafael González Pimienta, sí se
encontraba facultado para solicitar el registro de las
candidaturas postuladas por dicha coalición, pues así se pactó
de manera expresa en el convenio en estudio aprobado
mediante acuerdo identificado como IEPC-ACG-019/12, de 24
veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, mismo que
además no forma parte de la presente controversia, y por ello,
resulta ser un acto independiente, que al no haber sido
impugnado en su oportunidad, a la fecha se encuentra incólume
y debe entenderse como un acto consentido tácitamente.
Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 23/2000 y
9/2001, consultables en la páginas 235 y 236 así como 236 a la
238, respectivamente, de la Compilación 1997-2010
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1
Jurisprudencia, que refieren:
DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito
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que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.”
“DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. El actor queda exonerado de agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral local, en los casos en que el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y definitivo. En efecto, la razón que constituye la base lógica y jurídica para imponer al justiciable la carga de recurrir previamente a los medios ordinarios, antes de acceder a la justicia constitucional federal, radica en la explicación de sentido común de que tales medios de impugnación no son meras exigencias formales para retardar la impartición de la justicia, obstáculos impuestos al gobernado con el afán de dificultarle la preservación de sus derechos ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela efectiva que les garantiza la Constitución federal, sino instrumentos aptos y suficientes para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución que se combata; y al ser así las cosas, se impone deducir que, cuando ese propósito o finalidad no se puede satisfacer en algún caso concreto, ya sea por las especiales peculiaridades del asunto, por la forma en que se encuentren regulados los procesos impugnativos comunes, o por las actitudes de la propia autoridad responsable o de la que conoce o deba conocer de algún juicio o recurso de los aludidos, entonces se extingue la carga procesal de agotarlos, y por tanto se puede ocurrir directamente a la vía constitucional, pues las situaciones apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos cautelares, ni es posible fáctica ni jurídicamente retrotraer las cosas al tiempo pasado en que se cometieron las violaciones, mediante la reposición de un proceso electoral.”
En este sentido, no debe soslayarse que el referido acuerdo
IEPC-ACG-019/12 donde fue aprobado el convenio de la
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coalición denominada “Compromiso por Jalisco” deviene en un
acto anterior que fue consentido y que a su vez, trajo como
consecuencia la emisión de un acto posterior derivado de
manera directa de ese consentimiento, esto es, la aprobación de
las planillas de candidatos a munícipes, presentadas por la
coalición “Compromiso por Jalisco”, contenida en el acuerdo
identificado como IEPC-ACG-084/12; por tanto, el agravio
expresado por el actor consistente en la supuesta falta de
personería del representante del Partido Revolucionario
Institucional, resulta ser un acto derivado del consentimiento del
diverso acuerdo IEPC-ACG-019/12, en el que se aprobó el
registro del convenio de la referida coalición integrada por el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista
de México; ello, en virtud de que en el aludido acuerdo en el que
se aprobó el convenio de coalición, se otorgó de manera
expresa la facultad a Rafael González Pimienta, para suscribir el
registro de las candidaturas postuladas y aprobadas por el ahora
acuerdo IEPC-ACG-084/12, impugnado en el presente asunto.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que de las actuaciones que
integran el recurso de apelación en estudio, se advierte que el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, anexó a su informe
circunstanciado, copia certificada del proveído de 12 doce de
enero de dos mil doce, en el cual se tuvo a al ciudadano Gerardo
Álvarez Romero, en su carácter de Consejero Suplente
Representante del Partido Revolucionario Institucional,
exhibiendo copia certificada del ACUERDO DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL POR EL QUE SE CREAN DELEGACIONES
ESPECIALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL PARA EL
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DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y LA SECREATRÍA GENERAL DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE JALISCO Y SE DESIGNAN A SUS
TITULARES y por ende, se tuvo al Partido Revolucionario
Institucional, dando cumplimiento a la obligación que le impone
el artículo 68, párrafo 1, fracción XIII, del Código Electoral y de
Participación ciudadana del Estado de Jalisco, en el sentido de
comunicar al Instituto, los cambios de los integrantes de sus
órganos directivos, y como consecuencia de ello, comunicando
que se designó al Licenciado Rafael González Pimienta, como
Delegado Especial para el despacho de la Presidencia del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de Jalisco, hasta en tanto se convoque y efectúe el
procedimiento estatutario para la elección de los titulares
respectivos, situación tampoco impugnada en su oportunidad;
por lo cual, se reitera que el acto que ahora impugna, constituye
una consecuencia del consentimiento de lo narrado en líneas
precedentes y, por ello, sí le asistió a Rafael González Pimienta,
la facultad para solicitar el registro de las planillas de candidatos
a munícipes, por parte de la coalición “Compromiso por Jalisco”.
Así entonces, como se precisó en párrafos precedentes, al haber
suscrito la solicitud de registro de la planilla de candidatos
aprobada, el ciudadano Rafael González Pimienta, en su
carácter de Delegado Especial encargado del despacho de la
Presidencia del Partido Revolucionario Institucional, no le asiste
la razón al apelante, en virtud de que contrario a lo señalado por
su parte, sí cuenta con facultades para ello.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio primero esgrimido por el
apelante, y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VI. Por lo que se refiere al “Segundo” motivo de agravio, el partido
político actor, argumenta lo siguiente:
HECHOS:
(…)
Segundo. Dentro de la etapa correspondiente al registro de candidatos de
los partidos políticos, con fecha quince de abril del año en curso, como es
un hecho notorio y público, acudieron a presentar su registro de candidatos
para los municipios del Estado de Jalisco, la Coalición “COMPROMISO
POR JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Verde Ecologista de México.
Dentro del mencionado proceso de registro fue evidente que al momento de
registrar las planillas y entregar la documentación requerida según la ley de
la materia, estas fueron recibidas incompletas y fuera del límite establecido
en el artículo 240, fracción IV del Código Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco, además de carente de los requisitos que establece el
artículo 241, punto 1, fracción II y llI.
Cabe señalar que fue el último día de los que se establecen en la ley para
presentar el registro de las planillas, la fecha en la cual acudieron al
mencionado proceso de registro, y en el cual ocurrieron una serie de
irregularidades por parte de la Autoridad Administrativa Electoral, al
momento de la recepción de la documentación para la integración de los
expedientes de los candidatos de la mencionada coalición.
Esto es así pues El Instituto Electoral de manera constante y repetida
obstaculizó al suscrito para conocer con veracidad la documentación real
que se estaba entregando, impidiéndome conocer puntualmente si era
entregado cada documento exigido por la ley para el registro de las planillas
de candidato a munícipe.
Tercero. Posteriormente con fecha veintiocho de abril del presente año, el
Consejo General del Instituto Electoral, decidió de manera ilegal aprobar el
registro de las 125 planillas de candidatos a Presidente Municipal,
Regidores y Síndico postulados por la Coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México, correspondientes a los Ayuntamientos del
Estado de Jalisco.
Cuarto. Entre los registros aprobados esta el correspondiente a la planilla
correspondiente al municipio de CAÑADAS DE OBREGÓN, Jalisco, misma
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que fue presentada para su registro fuera del plazo legal previsto para tal
efecto, además de carente de los requisitos que establece el artículo 241,
punto 1, fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana de
Jalisco.
(…)
AGRAVIOS
(…)
Segundo. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 9, 14, 16, 41, 35, 116, fracción IV, inciso b) y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracción X de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 1, punto dos, 24, 29, 229, 239, punto uno, fracción IV, 241, fracciones II y III, 245, punto uno, fracciones I, III y IV, 246, 115, 120 punto 1, y 500, punto 1, fracción I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en virtud de que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de CAÑADAS DE OBREGÓN, Jalisco, no obstante de que la solicitud de registro fue presentada después de concluido el plazo legal previsto para tal efecto, además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1, fracción II y III.
El principio de legalidad, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal.
Al respecto resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.—…
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 234-235.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996.—….
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, páginas 57-58, Sala Superior, tesis S3EL 034/97.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 798-799.
Una definición doctrinal del Ayuntamiento lo explica de la siguiente manera: Órgano colegiado y deliberante que asume la representación y el gobierno del municipio. Integrado por los Regidores, él o los Síndicos y el Presidente Municipal.
El sistema de elección municipal, denominado “de planillas”, puede resumirse de la siguiente forma: 1) en un mismo acto político (el acto del sufragio) se elige, mediante un “voto simultáneo” todo el cuerpo político del ayuntamiento; 2) de la planilla ganadora emana el presidente municipal, uno o más síndicos, y un número predeterminado de regidores “de mayoría”; y 3) de las planillas perdedoras que alcancen el umbral de representación requerido se complementa el cuerpo edilicio con un grupo de regidores de “representación proporcional”.
Este sistema, que se encuentra estatuido en la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, la
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que en su artículo 3 señala “Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa”, a su vez el numeral 10 de dicho cuerpo normativo establece “Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se determinan en la ley estatal en materia electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas; y permanecen en sus cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de cada período.
Ahora bien, de conformidad al artículo 134, fracción XVI y 246, párrafo uno, fracción II del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es la autoridad competente para aprobar la procedencia del registro de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de CAÑADAS DE OBREGÓN, Jalisco, para lo cual, deberá revisar que la solicitud de registro cumpla con los requisitos que al efecto establece el Código Electoral y de Participación Ciudadana, así como la Constitución Política del Estado de Jalisco.
El artículo 240, punto uno, fracción IV del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señala que el plazo para la presentación de las solicitudes de registro en el caso de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, concluye el día 15 de abril del año de la elección.
Ahora bien, de una interpretación sistemática, funcional y gramatical de los artículos 21, 24, punto tres, 239, fracción IV, 240, fracción IV, 244 y demás relativos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se advierte lo siguiente:
1. La elección de integrantes de los ayuntamientos del Estado de Jalisco, se realizará mediante la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, que registren los partidos políticos y candidatos ordenado de forma progresiva en la que se incluya el numero de regidores propietario y suplentes correspondientes.
2. Los partidos políticos o coaliciones deberán registrar la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico durante el plazo previsto para tal efecto, cumpliendo con los requisitos formales y materiales que la ley establece.
3. En caso de que faltara algún requisito formal, (copia certificada del acta de nacimiento, escrito con firma autógrafa del estatal en el que manifieste bajo protesta que los ciudadanos que se registran fueron seleccionados de conformidad con los estatutos, etcétera) la autoridad electoral, podrá requerir al partido o coalición, para que subsane la inconsistencia.
4. Únicamente podrán se subsanables los requisitos que deben
acompañarse a la presentación de la solicitud de registro de la planilla.
5. En caso de presentarse la solicitud de la planilla fuera del plazo previsto
será motivo de desechamiento de la misma.
Ahora bien, como se advierte del expediente relativo al registro de la planilla de cuenta, la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, presentó una serie de documentos al momento de fenecer el plazo legal, sin embargo tal y como lo certificó la propia autoridad electoral, existían deficiencias y omisiones no subsanables.
Es decir, la planilla impugnada no presentó la totalidad de los documentos que establece el artículo 241, fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que a la letra señala que deben contener:
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Artículo 241.
1. Las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por
I…
II. A la solicitud de cada uno de los ciudadanos propuestos a candidatos propietarios y suplentes, se deberá acompañar sin excepción los documentos siguientes:
a) Escrito con firma autógrafa en el que los ciudadanos propuestos como candidatos manifiesten su aceptación para ser registrados y en el que bajo protesta de decir verdad expresen que cumplen con todos y cada uno de los requisitos que establecen la Constitución Política del Estado y este Código;
b) Copia certificada del acta de nacimiento o certificación del registro del nacimiento, expedidas en ambos casos por la oficina del registro civil;
c) Copia certificada por Notario Público o autoridad competente de la credencial para votar;
d) Constancia de residencia, cuando no sean nativos de la Entidad, expedida con una antigüedad no mayor de tres meses por el Ayuntamiento al que corresponda su domicilio; y
e) Copia certificada por autoridad competente de la constancia de rendición de la declaración de situación patrimonial, cuando se trate de servidores públicos.
III. Escrito con firma autógrafa, del dirigente estatal del partido político, o en su caso, del representante de la coalición, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
Tal y como se ha señalado en los puntos que anteceden en la presente impugnación, es hecho notorio, público y evidente, que existió por parte de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, una ausencia total en la entrega de los documentos que señala el artículo antes transcrito, aunado a la falta del escrito del representante de la referida coalición, en la cual no se señala de manera clara la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que especifique los ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así como los documentos en los que sustentan el cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad.
La previsión legal consignada en el artículo 244 del Código Local, señala que en caso de faltar alguno de los requisitos que deben presentarse a cada solicitud, la autoridad electoral, podrá requerir a los partidos para que subsanen las deficiencias en la integración del expediente, lo que no implica que puedan cubrir sus omisiones una vez agotado el plazo que la ley les otorga para realizar el registro, pues hacerlo de esta forma implica extender el plazo previsto.
Es pertinente distinguir, que existen dos tipos de inconsistencia, las subsanables y aquellas que por su carácter no pueden ser reparables.
Así las cosas, son omisiones subsanables, aquellas que por sus características no atañen directamente a una cuestión pública, o afectan de manera directa los principios de certeza, equidad e imparcialidad rectores de la función electoral.
En ese sentido, el hecho de que la solicitud de registro de la planilla de candidatos no se presente antes de la fecha prevista, no sea entregada la documentación requerida, así como que no cumpla con los requisitos que señalan los incisos a) de la fracción II, y lo previsto en la fracción III del párrafo 1 del artículo 241 del Código del Estado, son requisitos que no pueden ser subsanables, toda vez, que una interpretación contraria, reduciría al absurdo de suponer que un partido político presente una solicitud de registro con el nombre de sólo un candidato, o bien, que haga entrega de una serie de documentos inconexos con el sólo afán de generar
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un precedente, y contar con los elementos para ampliar el plazo previsto para la integración de la planilla de candidatos, y ahora si estar en aptitud de solicitar su registro.
De lo señalado, se advierte que en el caso de que la solicitud de registro no contenga ningún documento, ni el nombre de por todos los integrantes de la planilla, es un vicio invalidante, que para subsanarlo se tendría que abrir un nuevo plazo para la presentación de la solicitud de registro, en razón de que como se ha señalado con antelación, el registro de candidatos se llevará a cabo por planillas completas, y no como en el caso, en el que sólo no se presentaron el total de los integrantes de la misma.
Al caso, esta autoridad deberá tomar en consideración el principio de impugnabilidad rector de los medios de impugnación en materia electoral, mismo que señala que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales tienen la posibilidad de se (sic) combatidos o impugnados, es decir, que todos los actos de las autoridades electorales tienen mecanismos de oposición para que puedan ser objeto de un nuevo análisis, estableciéndose como una garantía a todos los sujetos del derecho electoral, el poder acudir ante las autoridades a fin de ventilar todas aquellas situaciones que provoquen disconformidad de dichos actos o resoluciones.
(…)
De lo trasunto se desprende que el actor se duele en esencia de
la supuesta ilegalidad de la resolución emitida por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el 28 veintiocho de abril del 2012 dos mil
doce, que aprobó el registro de las planillas de Presidente
Municipal, Regidores y Sindico de los 125 ciento veinticinco
Ayuntamientos postulados por la Coalición “Compromiso por
Jalisco”, entre ellas la planilla relativa al Municipio de Cañadas
de Obregón, Jalisco, en razón de la presentación extemporánea
de la solicitud correspondiente, así como por la insuficiencia de
los requisitos necesarios para obtener el registro de mérito.
El apelante abunda en que la Coalición “Compromiso por
Jalisco” para el registro de la planilla de munícipes en comento,
al momento de fenecer el plazo legal conducente, presentó una
serie de documentos deficientes y con omisiones no
subsanables.
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De igual forma, el actor señala que no se presentó ante la
autoridad responsable la totalidad de los documentos requeridos
en vía de cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo
241, fracciones II y III del Código en la materia.
Aunado a lo anterior, el recurrente aduce textualmente que al
registro de la planilla de munícipes en comento, le faltó el escrito
del representante de la Coalición en cita, en la (sic) cual no se
señala de manera clara, la postulación formal de la planilla
impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que se
especifique los nombres de los ciudadanos que la integran, el
orden de prelación con que son propuestos, el carácter de
propietario o suplente, así como en los documentos en los que
se sustenta el cumplimiento de los requisitos legales de
elegibilidad.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO, esto es así, porque del
análisis de los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a
la conclusión de que los mismos, consisten en meras
apreciaciones subjetivas, genéricas e imprecisas que no cuentan
con los elementos suficientes para combatir el estudio de fondo
de la resolución recurrida.
En principio, porque en atención a lo previsto en el artículo 544,
párrafo 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación
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que se someten a su consideración, se encuentra obligado a
suplir las deficiencias en la expresión de los agravios
planteados, también lo es que se llevará a cabo, siempre y
cuando, éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos
expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Al respecto, conviene precisar que ha sido criterio reiterado por
este Tribunal Electoral, que los conceptos de agravio se pueden
tener por formulados independientemente de su ubicación en
determinado capítulo o sección de la demanda, así como de su
presentación, planteamiento o construcción lógica; debido a que
no es requisito sine qua non que se encuentren contenidos en
un capítulo especial de conceptos de agravio, siempre y cuando,
éstos expresen las violaciones legales que se considere fueron
cometidas por la autoridad responsable, en cualquier parte del
escrito inicial de demanda, exponiendo con toda claridad los
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razonamientos lógico jurídicos por los cuales se concluya que no
se actuó conforme a derecho.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 03/2000
y 02/98, consultables a páginas 117 a la 119, de la "Compilación
1997-2010” de Jurisprudencia y tesis, tomo de Jurisprudencia,
Volumen 1, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, bajo los rubros: "AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y
"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL".
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
En este tenor, si bien es cierto que el Tribunal Electoral esta
facultado para resolver supliendo la deficiencia en la expresión
del agravio, siempre y cuando, de la propia redacción del escrito
de demanda, se desprendan los elementos mínimos necesarios
de los cuales, inclusive, aún estando inconexos entre sí, se
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pueda colegir el planteamiento de agravios específicamente
formulados para destruir frontalmente el acto que se impugna;
también es cierto que, en oposición a lo anterior, cuando del
libelo impugnativo no se desprenda elemento, hecho o
manifestación clara y precisa a partir de la cual se pueda
formular un agravio concreto, este órgano jurisdiccional se
encuentra impedido para ir más allá de la intensión del actor y
consecuentemente, configurar ex officio la expresión del agravio
pertinente para alcanzar las pretensiones planteadas por el
partido político actor, puesto que tal situación no sería una
suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel del
promovente.
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
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le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio y se subsuma en
la responsable, para realizar el trabajo que le corresponde a
ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades o
inconsistencias, proceda a declarar su revocación u ordenar se
subsanen.
En el caso que nos ocupa, de la lectura integral del escrito de
demanda, se advierte que el partido político apelante intenta
controvertir la legalidad del acuerdo emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, identificado como IEPC-ACG-084/12, de
fecha 28 veintiocho de abril del año en curso, mediante el cual
se aprobó del registro de las 125 ciento veinticinco planillas de
munícipes postuladas por la Coalición “Compromiso por Jalisco”,
que habrán de participar en la contienda electoral del próximo
primero de julio, para renovar los ayuntamientos que integran el
Estado de Jalisco; arguyendo que se vulneran los diversos
artículos en virtud de que la autoridad responsable aprobó el
registro de la planilla de munícipes para la conducente
postulación relativa al Ayuntamiento Cañadas de Obregón; no
obstante de que dicho registro fue presentado una vez fenecido
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el plazo legal previsto para tal efecto y además, carente de los
requisitos a que se encuentra sujeto.
Así mismo, del estudio acucioso del escrito de demanda de
apelación, se advierte que el actor intenta configurar un agravio
tendiente a atacar la legalidad de dicho registro en su conjunto,
fundamentándose en diversos preceptos de orden constitucional
y legal que de ninguna manera utiliza como motivación para
sostener sus argumentos.
En efecto, únicamente expresa en forma genérica que le causa
agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de
candidatos a postularse en los 125 ciento veinticinco municipios,
sin embargo, no hace valer motivo de disenso específico,
concreto, objetivo y frontal, a través del cual manifieste qué
parte, o sí la totalidad del acuerdo impugnado emitido por la
responsable, mediante el cual aprueba el registro de las planillas
en comento, le resulta carente de derecho o ilegal, no discurre
en razonamientos o justificaciones lógicas específicas y
concisas, imposibilitando a este Tribunal Electoral a aplicar el
principio de la suplencia del agravio, dado que ni en forma
mínima se advierte la expresión de un motivo de disenso claro y
frontal.
Sin embargo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional
que si bien es cierto, que el apelante plantea la impugnación de
la aprobación del registro de las 125 ciento veinticinco planillas
en forma genérica y oscura; también lo es que identifica en este
Recurso de Apelación, la planilla correspondiente al
Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco; respecto del
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cual precisa tres actos aprobados por la responsable y que
considera motivos de agravio, mismos que serán estudiados en
el orden de prelación establecido por el actor:
d) La extemporaneidad en la presentación de la solicitud de
registro de la planilla de munícipes de mérito;
e) La presentación de la solicitud de registro carente de los
documentos que establece el artículo 241, fracción II y III
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco.
f) Omisión en la presentación del escrito del representante de
la Coalición “Compromiso por Jalisco”, con firma autógrafa
de éste, mediante la cual (sic) no se señala de manera clara
la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un
escrito con firma autógrafa en el que se especifique los
ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que
son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así
como los documentos en los que sustentan el cumplimiento
de los requisitos legales de elegibilidad.
a) Extemporaneidad de la presentación de la solicitud para
el registro de la planilla de munícipes.
En cuanto al motivo de agravio señalado en el inciso a), este
órgano jurisdiccional sostiene que es infundado dado que el
recurrente realiza consideración referente a que se entregaron
documentos fuera del plazo legal previsto para el registro de la
planilla de mérito; sin embargo del escrito de demanda no se
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desprende argumento toral encaminado a expresar en qué
consistió esencialmente dicha extemporaneidad.
En efecto, no existe elemento alguno en el libelo impugnativo a
partir del cual, este órgano resolutor pueda obtener los datos
específicos que arrojen la fecha y hora de la supuesta entrega
extemporánea de la presentación de la solicitud del registro de
mérito, de tal forma, que puedan ser contrastado con lo que
sostiene la autoridad responsable en el acuerdo que se
impugna, y en consecuencia se pueda colegir que dicho registro
fue presentado fuera del término previsto para lo conducente.
En esa virtud, es importante mencionar que de la lectura del
acuerdo impugnado, se advierte que la autoridad responsable
aprobó y realizó el registro de la planilla para el municipio de
Cañadas de Obregón, Jalisco, por haber sido satisfechos los
requisitos del mismo.
Por lo tanto, en seguimiento al principio de que lo ordinario se
presume, lo extraordinario se demuestra, este órgano
jurisdiccional sostiene que, en el presente caso, lo ordinario se
encuentra en la presentación de la solicitud del registro de la
planilla de munícipes en cuestión, dentro del plazo legal previsto
para tal efecto, situación que se hizo de manifiesto por la propia
responsable a través de la emisión del referido acuerdo
impugnado en el que se estableció que la planilla de munícipes
se aprobó y registró en virtud de que se cumplimentaron todos y
cada uno de los requisitos legales previstos para tal efecto, entre
ellos el relativo al de la oportunidad en la presentación de la
solicitud conducente, sin hacer mayor detenimiento o
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consideración al respecto; mientras que lo extraordinario, es
decir la supuesta extemporaneidad, se debió demostrar por
parte del recurrente, a través de la aportación de elementos
probatorios, contundentes y consistentes en los que figurara o
explicara claramente la circunstancia específica en las que,
según su dicho, radicó tal ilegalidad.
b) Estudio en general de los requisitos contenidos en el
artículo 241 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que ve al inciso b) tocante a la carencia de los
documentos requeridos en vía de requisitos necesarios para
obtener la aprobación del registro de la planilla de munícipes, el
partido político incoante manifiesta expresamente que existió en
dicha documentación, deficiencias y omisiones en su entrega.
Con respecto a este motivo de disenso, este órgano
jurisdiccional sostiene que deviene en infundado pues tal como
se advierte claramente de la argumentación vertida por el
recurrente en el escrito de demanda, la expresión en los mismos
redunda en consideraciones generales e imprecisas que resultan
insuficientes para revisar acuciosamente los defectos que en
específico, la aprobación del registro de la planilla de munícipes,
de ser el caso, pudiera presentar.
En efecto, tal como el mismo partido político actor lo indica, no
se advierten elementos esenciales tales como nombres, la
identificación de los documentos precisos de los cuales hubiera
carecido el registro, así mismo no se desprende cuál de los
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requisitos que establece el articulo 241, fracción II y III del
Código en la materia son los faltantes o en su caso deficientes.
Así pues, el apelante se limita a exponer textualmente lo que
detalla el artículo de referencia, sin embargo de ninguna forma
aporta elementos que aún inconexos entre sí, de los cuáles en
suplencia del agravio, sea posible colegir la aducida omisión en
la entrega de uno o algunos de los documentos presentados en
vía de requisitos; de ninguna forma individualiza o identifica los
supuestos requisitos faltantes o deficientes y aún menos
contextualiza la integración en específico del registro de la
planilla que controvierte.
En este tenor, conviene precisar que el actor expone agravios en
el desarrollo de su escrito de apelación, que se contradicen entre
sí, dado que en las primeras fojas de su demanda aduce que se
aprobó el registro de la planilla de munícipes de mérito, aún y
cuando en su correspondiente presentación existió la carencia
de documentos; sin embargo, en fojas más adelante del mismo
escrito, el incoante señala que los documentos requisitados
fueron entregados con deficiencias y así mismo, en los
subsiguientes renglones, termina arguyendo que existió por
parte de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, la ausencia total
de los requisitos que establece el precepto conducente; en
consecuencia, se colige que los argumentos vertidos por el
apelante devienen en incongruentes y contradictorios entre sí,
pues si da inicio a su apelación alegando la supuesta carencia
en una serie de documentos, continua denotando la deficiencia
en los mismos y concluye el libelo impugnativo, sosteniendo la
ausencia total de los mismos; expresiones en las cuales no se
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encuentra una congruencia o secuencia lógica argumentativa de
la que sea posible desprender argumentos sólidos y concretos
dirigidos a combatir la aducida ilegalidad de acto impugnado.
En consecuencia, se advierte que el motivo de agravio
expresado por el partido político promovente es genérico e
impreciso, pues no identifica cuáles requisitos de los previstos
en el artículo 241, párrafo 1, fracción II y III, considera que no
fueron presentados o cuál de ellos fueron presentados en forma
deficiente, así mismo, omite expresar argumentos mediante los
cuales especifique de forma frontal y precisa en qué parte de
documento mediante el cual se aprueba el registro de la planilla,
se encuentra la supuesta ilegalidad; sino que contrario a ello,
únicamente se limita a manifestar de forma por demás vaga e
indeterminada, que los documentos presentan "deficiencias u
omisiones no subsanables”, “ausencia total en la entrega de
documentos” “registro fue presentado carente de los
documentos que establece el artículo 241, párrafo 1, fracción II y
III”, por lo que al no proporcionar elementos suficientes para
permitirle un estudio de los agravios, o en su caso una suplencia
en los mismos, tales argumentos resultan infundados
En conclusión, tal como se apuntó en los primeros párrafos del
presente considerando, si bien es cierto que este Tribunal
Electoral se encuentra obligado legalmente a aplicar el principio
de la suplencia de los agravios, siempre y cuando, éstos puedan
deducirse de los hechos expuestos; también es cierto que este
órgano resolutor se encuentra limitado por los propios
argumentos que le aporta el apelante para el estudio de sus
motivos de agravio.
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Por lo tanto, al no contribuir el apelante con la carga de aportar
los elementos concretos y definidos revisables individualmente y
por ende, caer en la omisión de precisar puntual y
específicamente cuál o qué parte del acto impugnado considera
que se aparta de la legalidad, es absurdo pretender que este
Tribunal Electoral, bajo el amparo de ejercicio del principio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio, encamine las
pretensiones del actor y construya o formule agravios, tendientes
a realizar actos cuya competencia pertenece únicamente a la
responsable.
c) Estudio del requisito contenido en la fracción III, del
párrafo 1, del artículo 241 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por último, en cuanto al motivo de agravio contenido en el inciso
c), relativo a la omisión en la presentación del escrito del
representante de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, en el
cual no se señala de manera clara la postulación formal de la
planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en
el que se especifique los ciudadanos que la integran, el orden de
prelación en que son propuestos, el carácter de propietario o
suplente, así como los documentos en los que sustentan el
cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad, este
Tribunal Electoral advierte que los mismos devienen en
infundados por las consideraciones siguientes.
La autoridad electoral como garante de los principios
democráticos y salvaguarda de los derechos políticos de los
ciudadanos, lejos de restringir disposiciones legales que tutelen
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los derechos consagrados en normas constitucionales, se
encuentra sujeta a realizar una interpretación extensiva de los
mismos, toda vez que éstos no son excepciones o privilegios
concedidos a favor de algunos, sino que se trata de derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales
debe ser ampliados, no restringidos, ni mucho menos
suprimidos, en estricto apego a lo ordenado por los artículos 1,
32, 35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De esta forma la limitación al ejercicio del sufragio pasivo, se
acota exclusivamente a razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o
condena, más nunca se debe condicionar, entre otras
cuestiones, a una facultad discrecional de un partido político; lo
anterior en términos de lo establecido en el artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en
atención de la reciente reforma, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 10 diez de junio del presente año, garantiza que
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Carta Magna, en los tratados internacionales
de los México sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse,
por el contrario, se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a
las personas con la protección más amplia.
Bajo esta tesitura, en el presente caso, que el apelante pretenda
la revocación del acto impugnado en virtud de que la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, supuestamente omitió la presentación
ante la autoridad responsable, del escrito del representante legal
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o, en su caso, este se hubiese presentado sin su firma
autógrafa, a través del cual se precise de manera clara la
postulación de los candidatos integrantes de la planilla, su
conducente carácter de propietarios o suplentes, así como los
documentos en los que sustentan el cumplimiento de los
requisitos legales de elegibilidad; vulnera en perjuicio de los
candidatos su derecho fundamental sustantivo consistente en la
prerrogativa ciudadana del derecho pasivo del voto, tutelada por
el artículo 35, fracción II de la Constitución General de la
República y 8, fracción II de la Constitución Política de la
entidad.
En efecto, los ciudadanos candidatos a munícipes integrantes de
la planilla impugnada, desde el momento en que compitieron en
los respectivos procedimientos selectivos internos y resultaron
electos, cuentan con el derecho humano fundamental del
sufragio en su vertiente pasiva, por lo que al requerir para su
registro, la presentación de un diverso escrito signado por el
representante legal de la Coalición en comento, impone un
requisito que se encuentra fuera de las posibilidades tanto
jurídicas, como materiales del candidato, lo que se traduce en
una limitación al derecho humano de referencia, criterio que se
aparta claramente al relativo a la potenciación de los derechos
humanos.
Al respecto, conviene precisar que similar criterio sostuvo el 27
veintisiete de abril del año en curso, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional de
la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en
Guadalajara, Jalisco, en sentencia de los Juicios para la
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Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
identificados bajo las siglas y número de expediente SG-JDC-
3162/2012 y sus acumulados SG-JDC-3163/2012 al SG-JDC-
3187/2012.
En abundancia a lo anterior, no pasa inadvertido para este
órgano resolutor que el apelante aporta argumentos
contradictorios entre sí que se desprende de los propios motivos
de agravios, ello en función de que por una parte, el recurrente
intentó controvertir la facultad del representante de la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, tanto para celebrar dicho instrumento
jurídico, como para signar y presentar las solicitudes de registro
de diversas candidaturas que fueron posteriormente aprobadas
por la autoridad responsable, de lo que se deduce que
efectivamente en el procedimiento de registro de las
candidaturas que se llevó a cabo por la Coalición en cita, se
exhibió documento diverso en el que constó fehacientemente la
rúbrica del referido represente; mientras que por otro lado, en el
presente motivo de agravio, aduce que dicho escrito no se
aportó, o que en su caso, el mismo carecía de la firma autógrafa
de dicho representante.
En consecuencia, se colige que el escrito de apelación es
incongruente en virtud de que por una parte acepta que dicho
escrito fue presentado con la firma del representante de la
Coalición y al mismo tiempo, niega lo anterior, y aduce la
omisión en la presentación del mismo, o en su caso, la falta de
rúbrica del representante de referencia.
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Por lo anteriormente, fundado y motivado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio segundo esgrimido por el
apelante y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VII. El motivo de agravio que el apelante identifica en su escrito de
demanda como “Tercero”, es el que a continuación se transcribe:
Tercero. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 5, punto 1, 17 párrafo 2, en relación con el 24, punto 3 y 68, punto 1, fracción XIX, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como el numeral 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones III y IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, inciso b), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en virtud de que la autoridad responsable aprobó el registro de la planilla del ayuntamiento CAÑADAS DE OBREGÓN, presentada por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, contraviniendo el principio de equidad de género, al violarse el orden de prelación que debe de tener la planilla impugnada.
Esto es así, toda vez que la Autoridad Administrativa, omitió de manera flagrante el estudio de la integración de la planilla impugnada, por lo que ve al cumplimiento de la cuota de género que la ley establece.
El artículo 17, segundo párrafo, establece que las solicitudes de registro de que presenten los partidos o coaliciones, ante el Instituto Electoral, se integrarán con un máximo de setenta por ciento de candidatos de un solo sexo y garantizando la inclusión de un candidato del sexo distinto en cada tres lugares de la lista, hasta lograr el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, a partir del cual el orden se decidirá libremente por cada partido, hecho tal que no fue analizado al momento de declarar la validez del registro de la planilla de Presidente, Síndico y Regidores del Municipio de CAÑADAS DE OBREGÓN, Jalisco, pues es evidente que el mismo no cumple con tal paridad.
Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual resulta aplicable de manera análoga al caso que nos ocupa:
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. CÓMO SE DEBE APLICAR LA ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATOS.-….
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 48 y 49.
En virtud de lo anterior, se debe entender que la regla de alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional, consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar dicho número y cumplir con el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.
La finalidad de esta regla es el equilibrio entre los candidatos de ambos sexos y, a la postre, lograr la participación política efectiva de hombres y
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mujeres, en un plano de igualdad sustancial o real y efectiva, con el objetivo de mejorar la calidad de la representación política, y de eliminar los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política.
Es por todo lo anteriormente señalado, que la Autoridad Responsable al declarar como válido el registro de la planilla impugnada, viola lo establecido con el principio de equidad de género que establece no solo la legislación estatal, sino que también se encuentra consagrado en la ley federal electoral, en la Constitución Política Federal y el las leyes y tratados internacionales.
Ahora bien, a fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, también es necesario que el treinta por ciento de los candidatos de género distinto, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, esté compuesto en sus propietarios y suplentes por personas del mismo género, y no solo cumplir la cuota de género en propietarios por una parte, sin encontrar esa coincidencia en sus suplentes, aún y cuando en los suplentes también se cumpla con ese treinta por ciento. Si no que repito, debe ser coincidente, el género del propietario con el de su suplente, en ese treinta por ciento, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, en el cumplimiento de cuotas de género.
Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio ciudadano identificado con número de expediente SUP-JDC-12624/2011, se ha pronunciado en ese sentido, de que deben ser coincidentes en el género, el propietario con su respectivo suplente, en los candidatos que son parte del porcentaje del mismo género, que como mínimo están obligados a registrar los partidos políticos (cuota de género).
Pues lo que busca la norma, es garantizar la equidad de género y la igualdad de oportunidades, entre hombres y mujeres, sin favorecer a un género en específico. Obligación, que procura la paridad de género en la vida política del país, y que implica que esa paridad también deba reflejarse en la ocupación de los cargos de elección popular obtenidos por cada partido. De otra manera, no tendría sentido el establecimiento de cuotas de género en la designación de candidaturas a cargos de elección popular.
El hecho de que los candidatos que conforman la cuota de género, sean precisamente coincidentes en el género en forma alguna vulnera la paridad exigida por la norma. Esto es así porque si los candidatos propietarios cumplen con la regla prevista en el citado artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, los suplentes también lo harán. De esta forma, si llegaran a presentarse vacantes en los propietarios, éstos serían sustituidos por personas del mismo género y, por lo tanto, se conservaría el equilibrio de género no sólo en las candidaturas, sino también en la ocupación y ejercicio de los cargos respectivos.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se garantiza esa equidad de género, tanto en la postulación, como en su momento de llegarlo a ser, en el ejercicio del cargo, al no ser coincidentes en el género, los propietarios con sus suplentes, de las candidaturas que nos ocupan, vulnerando con eso el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.
De lo anterior, en esencia se desprende que el actor se duele de
que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla del
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Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco, postulada por la
Coalición “Compromiso por Jalisco”, omitiendo el estudio relativo
al principio de equidad de género.
En este sentido, el partido político apelante argumenta que en la
integración de la planilla de munícipes en cuestión, no se
respetó la cuota de género regulada jurídicamente en la entidad,
que no existe orden de alternancia o prelación en éstos y
tampoco así, coincidencia de sexo entre los candidatos
propietarios y los suplentes; situación contraria a lo que dispone
la normatividad electoral, así como los criterios emitidos por el
órgano federal electoral, previstos para tal efecto.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO porque del análisis de
los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a la
conclusión de que los mismos, consisten en manifestaciones
dogmáticas, genéricas e imprecisas de las cuales no se
advierten elementos suficientes para combatir el fondo de la
resolución recurrida y relativa a la aprobación de la planilla de
munícipes en comento.
En principio, porque tal como se estableció en el considerando
anterior, en atención a lo previsto en el artículo 544, párrafo 1 del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación que se
someten a su consideración, tiene la facultad de suplir las
deficiencias en la expresión de los agravios planteados, también
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lo es que se llevará a cabo, siempre y cuando, éstos puedan ser
deducidos claramente de los hechos expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor, implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
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En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiencia en la expresión del agravio, y se
subsuma en la responsable, para realizar el trabajo que le
corresponde a ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades,
proceda a declarar su revocación u ordenar se subsanen.
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En el caso que nos ocupa, el partido político apelante intenta
controvertir del registro de la planilla de munícipes del
Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco, aduciendo como
agravio que no se garantiza la equidad de género que debe
imperar por mandato constitucional y legal en la integración de
dichos órganos de gobierno municipal.
Al respecto, realiza en el libelo impugnativo una descripción
dogmática de la forma y términos en que ambos tipos de género
deben distribuirse en relación al porcentaje en cuanto a la
integración de determinado órgano de gobierno conformado por
cargos de elección popular, señala la noción e implicación de la
paridad entre sexos con respecto a los candidatos propietarios y
suplentes, de igual manera pretende fundamentar sus
argumentos con tesis de jurisprudencia y criterios emitidos a
través de sentencias dictadas por el máximo órgano electoral
federal conducentes al tema de la equidad de género.
Así mismo, el apelante realiza una serie de manifestaciones
conceptuales respecto a la finalidad, objetivo y teleología del
principio de la equidad de género en la vida política del país; sin
embargo, del cúmulo de dichas manifestaciones no se advierte
elemento alguno que aporte respaldo sólido para controvertir
específicamente la integración en cuanto al género de la planilla
en comento.
En efecto, de la lectura del escrito de apelación no se advierte,
de cuántos candidatos a munícipes, de acuerdo a su
conocimiento, se integra la planilla en cita, de forma tal que el
apelante aporte para el conducente estudio de este órgano
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jurisdiccional, elementos precisos para estar en aptitud de
conocer en lo particular, el porcentaje de la cuota género del
mismo sexo y en dado caso, contrastar dicho elemento
porcentual con el que la autoridad responsable aprobó en la
planilla de mérito.
Efectivamente, el actor omite individualizar y pormenorizar los
nombres de los candidatos propietarios y su correspondiente
suplente integrantes de la planilla de candidatos a munícipes, de
los cuales se advierta la coincidencia o no entre éstos, respecto
al género, y aún menos contextualiza la integración en
específico, de los candidatos de sexo distinto en cada tres
lugares de la respectiva lista, es decir, no señala
específicamente cómo se encuentran conformados los bloques
integrados por tres candidatos a razón de una candidata de
género femenino en cada uno de éstos o viceversa.
Por lo tanto, como quedó establecido en párrafos precedentes,
el recurrente aporta una serie de elementos de índole dogmática
y conceptual de lo que no es posible advertir elementos
contundentes, como cualidades de género o razonamientos
cuantitativos, tales como nombre y sexo de identificación de los
candidatos a munícipes, el lugar que ocupan cada uno de ellos o
ellas dentro de las listas de integración de la planilla en comento,
la distinción entre su calidad de propietarios y suplentes, así
como el sexo al que pertenecen; es decir, no se especifica o
identifica pormenorizadamente cuáles, en dónde y en qué
consisten las supuestas inconsistencias relativas al
incumplimiento de la garantía de la equidad de género, por lo
que se colige, que este órgano jurisdiccional se encuentra
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imposibilitado para aplicar la suplencia del agravio y por ende,
estudiar las supuestas inconsistencias aducidas en relación a la
paridad y principio de equidad de género en que se incurre,
según el actor, en la planilla de candidatos a munícipes que fue
registrada y aprobada, por la autoridad responsable.
En consecuencia, al no contribuir el apelante con la carga de
aportar los elementos concretos y por ende, caer en la omisión
de precisar puntual y específicamente cuál o qué parte del acto
impugnado considera que se aparta de la legalidad, es absurdo
pretender que este Tribunal Electoral, bajo el amparo de la
aplicación del principio de la suplencia de la deficiencia en la
expresión del agravio, encamine las pretensiones del actor y
construya o formule agravios, tendientes a realizar actos cuya
competencia pertenece a la responsable.
En consecuencia, al tenor de los párrafos precedentes
sostenidos a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, el tercer
agravio esgrimido por el apelante y que ha sido analizado en el
presente considerando, resulta infundado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además, en lo
dispuesto por los artículos 57, párrafo segundo; 69, párrafo primero
y 70, fracción VI de la Constitución Política; 73, párrafo primero; 77
párrafo tercero, fracción II; 82, 88, fracción IV y 90 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; 536 fracción X; 595, 599, párrafo 1,
fracción I; 604, párrafo 1 y 608, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana y 10, fracción V del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado del Poder Judicial, todos
RAP-147/2012
50
ordenamientos del Estado de Jalisco, se resuelve conforme a los
siguientes
R E S O L U T I V O S :
PRIMERO. La competencia del Pleno de este Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Jalisco para conocer y resolver los
recurso de apelación; la personería y legitimación de las partes, así
como la procedencia del mismo, quedó acreditada en los términos
expuestos en los considerandos I, II y III de esta resolución.
SEGUNDO. se confirma el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, emitido el 28 de abril del año en curso, mediante el cual
resuelve las solicitudes de registro de planillas de candidatos a
munícipes, de la coalición “Compromiso por Jalisco”, identificado
como IEPC-ACG-084/12, por lo que ve al municipio de Cañadas de
Obregón Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en los
considerandos V, VI y VII de esta resolución.
Notifíquese en los términos de ley.
En su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, quienes firman al calce de la presente resolución,
conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos, quien
autoriza y da fe, y rubrica al margen todas las fojas que la integran.
RAP-147/2012
51
MAGISTRADO PRESIDENTE
JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA
MAGISTRADO
LUIS ANTONIO
CORONA NAKAMURA
MAGISTRADO
JOSÉ GUILLERMO
MEZA GARCÍA
MAGISTRADO GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ
MAGISTRADO RUBÉN VÁZQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS ALVARO ZUNO VÁSQUEZ
El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que la presente hoja corresponde a la resolución del 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce, pronunciada en el Recurso de Apelación RAP-147/2012, que consta de 51 cincuenta y un fojas por una sola cara.
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
EXPEDIENTE RAP-149/2012 ACTOR Partido Acción Nacional TERCERO INTERESADO Partido Revolucionario Institucional AUTORIDAD RESPONSABLE Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco MAGISTRADO PONENTE José Guillermo Meza García SECRETARIOS RELATORES Silvia Gpe. Bustos Vázquez Raymundo Miguel Figueroa Brizuela Bertha Sánchez Hoyos Gpe. Lucía Sánchez Vital
Guadalajara, Jalisco, a 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce.
VISTOS para resolver en definitiva, los autos del expediente del
Recurso de Apelación RAP-149/2012, promovido por el maestro
José Antonio Elvira de la Torre, representante propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en
contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que resuelve las
solicitudes de registro de planillas de candidatos a munícipes, de la
coalición “Compromiso por Jalisco” integrada por el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
RAP-149/2012
2
México, identificado como IEPC-ACG-084/12, emitido el 28
veintiocho de abril de 2012 dos mil doce.
Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en sesión pública
de esta fecha, se procede a emitir la presente resolución; y
R E S U L T A N D O
1. El 29 veintinueve de octubre de 2012 dos mil doce, fue publicada
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, número 13, sección
VI, TOMO CCCXXI, la convocatoria para la celebración de las
elecciones, constitucionales que se llevarán a cabo el día 1° de julio
de 2012 dos mil doce en la entidad, aprobada en sesión ordinaria,
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo IEPC-ACG-
047/11.
2. En la misma sesión ordinaria, mediante acuerdo IEPC-ACG-
048/11, el citado Consejo General, aprobó el calendario para el
proceso electoral local ordinario 2011-2012.
3. El 24 veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó
mediante acuerdo IEPC-ACG-019/12 el Convenio de Coalición
celebrado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México con la finalidad de postular candidatos
a Presidente Gobernador Constitucional, Diputados por el Principio
de Mayoría Relativa, así como para registrar planillas de candidatos
RAP-149/2012
3
a integrantes de los Ayuntamientos en la totalidad de los municipios
del Estado de Jalisco por el periodo 2012-2015.
4. El 28 veintiocho de abril del año que transcurre, se aprobó el
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE RESUELVE
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PLANILLAS DE CANDIDATOS A
MUNÍCIPES, DE LA COALICIÓN “COMPROMISO POR JALISCO”
INTEGRADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, IDENTIFICADO COMO IEPC-
ACG-084/12, en el cual se aprobaron diversas planillas de
candidatos, entre ellas, la presentada para el municipio de Bolaños,
Jalisco, mismo que fue publicado el día 3 tres de mayo el presente
año en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
5. Inconforme con el citado acuerdo, el maestro José Antonio Elvira
de la Torre, ostentándose como Representante Propietario del
Partido Acción Nacional, presentó el 1 uno de mayo del año en
curso, ante el Instituto Electoral, Recurso de Revisión,
específicamente en contra de la aprobación del registro de planilla
de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de
Bolaños, Jalisco.
6. El 16 dieciséis de mayo de esta anualidad, el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, remitió a este Tribunal Electoral, mediante oficio 2977/2012
Secretaría Ejecutiva, el escrito de Recurso de Revisión y diversa
documentación.
RAP-149/2012
4
7. El 17 diecisiete de mayo del presente año, mediante oficio SGTE-
772/2012, la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, por razón de turno, remitió a la ponencia del Magistrado
Presidente José Guillermo Meza García para su estudio, y en su
caso, admisión y formulación del proyecto de resolución el citado
Recurso de Revisión, que se registró con las siglas y números REV-
27/2012.
8. Una vez analizado el escrito de demanda, el Magistrado ponente,
advirtió que el acto combatido por el actor, era recurrible mediante
el Recurso de Apelación, por lo que, el día 28 veintiocho de mayo
del año que transcurre, los Magistrados integrantes del este
Tribunal Electoral, emitieron Acuerdo Plenario pare reencauzar la
demanda interpuesta, junto con 224 doscientos veinticuatro
recursos interpuestos en los mismos términos, se ordenó al
Secretario General dar de baja el expediente y realizar su registro
como Recurso de Apelación, y una vez realizado lo anterior, debía
devolver al Magistrado ponente el expediente para dar inicio a su
trámite, estudio, admisión en su caso y resolución como Recurso de
Apelación.
9. En cumplimiento al citado Acuerdo Plenario, el Secretario
General de Acuerdos, realizó el returno a la ponencia mediante
oficio SGTE-1063/2012, habiendo sido registrado en el Libro de
Gobierno como RAP-149/2012.
10. El 7 siete de junio del presente año, se emitió proveído, en el
que se tuvo por recibido y se radicó el Recurso de Apelación
interpuesto, se ordenó a la autoridad responsable realizar su
RAP-149/2012
5
publicitación, remitiera el informe circunstanciado y diversa
documentación.
11. En acuerdo del 16 dieciséis de junio de esta anualidad, se tuvo
por recibido de la autoridad responsable el informe circunstanciado,
diversa documentación e información, recibidas las constancias de
publicitación y de retiro de cada medio de impugnación, el escrito de
tercero interesado y la documentación que se acompañó al mismo,
se admitió el recurso interpuesto, así como las pruebas ofrecidas y
aportadas por las partes, y toda vez que el Magistrado responsable,
consideró que el expediente estaba debidamente substanciado para
ser fallado, se declaró cerrada la instrucción, para efecto de que se
formulara el proyecto de resolución correspondiente, mismo que se
somete a la consideración del Pleno del Tribunal Electoral dentro
del plazo que establece el artículo 604, párrafo 1 del Código en la
materia; y
C O N S I D E R A N D O
V. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, ejerce jurisdicción y es competente para conocer del
Recurso de Apelación, de conformidad a lo previsto por los artículos
56, primer párrafo; 57, párrafos segundo y séptimo; 68; 69, primer
párrafo; 70, primer párrafo, fracción II de la Constitución Política; 3,
fracción II; 73; 77, primer párrafo y 82 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; 502, párrafo 1, fracción II; 504, párrafo 3; 596, párrafo 2;
599, párrafo 1, fracción II y 604, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana; 5, fracción II; 9, fracción I, a); 10, fracción
V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado del
Poder Judicial, todos ordenamientos del Estado de Jalisco, toda vez
RAP-149/2012
6
que de las documentales que obran agregadas al expediente, se
advierte una controversia derivada de una resolución emitida por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, durante el proceso electoral ordinario, que a
decir del Partido Político promovente le causa agravios.
VI. Por lo que respecta a la legitimación del partido político, y la
personería del promovente, el artículo 602 párrafo 1, fracción I del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
establece que están legitimados para interponer el recurso de
apelación, entre otras personas, los partidos o agrupaciones
políticas por conducto de sus respectivos representantes legítimos
que estén acreditados ante el órgano electoral que dictó el acto o
resolución impugnada.
Por tanto, la legitimación del partido político actor, es de
reconocerse en virtud de tratarse de un partido político nacional
debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que se refiere a la personería del maestro José Antonio
Elvira de la Torre, quien se ostenta como Consejero Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, se tiene por reconocida, toda vez que se desprende de
actuaciones del expediente, así como del informe circunstanciado
rendido por la responsable en el que se le reconoce con tal
carácter.
RAP-149/2012
7
En relación al interés jurídico del recurrente para hacer valer el
recurso de apelación, se observa que en su escrito alega que el
acto impugnado le causa agravios, lo cual en principio, se considera
suficiente para que se proceda a su estudio, esto, sin perjuicio de
que en su oportunidad se juzguen los supuestos agravios que hace
valer en su medio de impugnación.
Por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, por ser su examen preferente conforme al principio
de economía procesal, requisitos previstos en los artículos 506, 507
y 603 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, preceptos que regulan: el plazo en que se debe
presentar el recurso de apelación; los requisitos que debe cumplir el
escrito, el requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento
previo de los recursos administrativos que el Código de la materia
señala para el caso concreto, al respecto se tiene que:
El plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece
en el artículo 506 del código de la materia, que en lo conducente
señala:
Artículo 506 Los medios de impugnación previstos en este Código deberán presentarse dentro de los seis días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnado, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.
Atento a lo dispuesto por el citado precepto, el Pleno de este
Tribunal Electoral advierte que, el acuerdo impugnado fue emitido el
28 veintiocho de abril del año que transcurre, en consecuencia, se
RAP-149/2012
8
deduce que el plazo para interponer el presente recurso de apelación
transcurrió los días hábiles 29 veintinueve y 30 treinta de abril, 1 uno,
2 dos, 3 tres y 4 cuatro de mayo del esta anualidad, y en virtud de
que el Recurso de Apelación fue presentado ante la autoridad
responsable el 1 uno de mayo, según consta en el sello de
recepción, este órgano colegiado estima que el medio de
impugnación fue presentado dentro del plazo previsto por la ley, y
así lo confirma la autoridad responsable en su informe
circunstanciado.
Por otra parte, el Pleno de este Tribunal Electoral, considera que el
escrito que dio origen al presente recurso, se ajusta a los
requisitos de los medios de impugnación, que establece el
artículo 507 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, disposición que es aplicable al medio procesal de
impugnación en que se actúa.
En efecto, se cumplieron los extremos que previene el citado
dispositivo legal, habida cuenta que el medio de impugnación se
presentó por escrito ante la autoridad responsable del acto
impugnado; se indicó el nombre del actor y el domicilio para recibir
notificaciones que se ubica en esta ciudad que es la residencia de
esta autoridad competente para resolver el medio de impugnación,
asimismo, se señaló el nombre de quien las pueda oír y recibir; no
obstante que el promovente no acompañó el documento necesario
para acreditar su personería, la misma consta en actuaciones del
expediente, así como del informe circunstanciado rendido por la
responsable en el que se le reconoce con tal carácter; se señaló al
partido político que representa; se identificó el acto impugnado, así
como a la autoridad responsable; se mencionaron los hechos en
RAP-149/2012
9
que se funda la impugnación, así como los agravios que le causa el
acto impugnado y los preceptos jurídicos presuntamente violados;
por lo que respecta a las pruebas, se advierte que promovente
ofreció las que consideró pertinentes, no obstante que no exhibió
los tres tantos de su demanda, lo anterior no le irroga perjuicio
alguno, y finalmente, se advierte que el promovente asentó su firma
autógrafa.
El artículo 603, párrafo 1 del Código en la materia, prevé que es
requisito de procedencia adicional para la admisión del recurso de
apelación que se agoten los recursos administrativos que establece
este ordenamiento legal para cada caso concreto, ya que, de lo
contrario, se desechará de plano, en el presente asunto, dicho
requisito se tiene por satisfecho, no es necesario agotar instancia
previa, toda vez que el acuerdo que se impugna fue emitido por el
Consejo General, órgano máximo de dirección del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que sus
actos son combatibles directamente mediante el recurso de
apelación.
Por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, quien
comparece como Tercero Interesado, al presente asunto en
términos de lo previsto en el artículo 512, párrafo 1, fracción III del
Código en la materia, se tiene que:
Se reconoce su legitimación, en virtud de tratarse de un partido
político nacional debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
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10
Por lo que se refiere a la personería del licenciado Benjamín
Guerrero Cordero, quien se ostenta como Apoderado Legal del
Partido Revolucionario Institucional, se tiene por reconocida, en
virtud de que obra agregada al diverso Recurso de Apelación RAP-
164/2012, copia certificada del Poder General Judicial, para Pleitos
y Cobranzas a favor de los licenciados Rafael Castellanos y
Benjamín Guerrero Cordero, otorgado en escritura pública 2,915,
ante la fe del Notario Público Titular número 138 de Guadalajara,
Jalisco, el 15 quince de febrero de 2012 dos mil doce, que remite el
Secretario General de Acuerdos de este órgano colegiado.
Por lo que se refiere al plazo para la presentación de su escrito,
esta se realizó en términos de lo previsto en el artículo 530 en
relación con el 506 del Código Electoral.
Los requisitos del escrito, previstos en el citado numeral 530 del
Código en la materia, se encuentran satisfechos, toda vez que el
mismo, fue presentado ante la autoridad responsable del acto
impugnado, se hizo constar el nombre de tercero interesado, se
señaló domicilio para recibir notificaciones, no obstante que no
acompañó el documento para acreditar su personería, la misma se
tiene acreditada con el Poder General Pleitos y Cobranzas, descrito
el líneas precedentes, asimismo, precisó la razón del interés jurídico
en que se funda y las pretensiones concretas del compareciente,
ofreció y aportó las pruebas y finalmente, hizo constar su firma
autógrafa.
III. Por ser las causales de improcedencia una cuestión de
estudio oficioso, éstas se analizan de manera preferente de
conformidad a lo previsto por los artículos 1; 536, párrafo 1, fracción
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11
II, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, por lo que se analizará si en el caso a estudio se actualiza
alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo
509 del ordenamiento legal invocado, y de ser así, deberá
decretarse el desechamiento de plano del medio de impugnación
planteado por la parte apelante, al no constituirse válida y
eficazmente el proceso, ya que ello imposibilitaría a este órgano
jurisdiccional para resolver sobre el fondo controvertido materia del
medio de impugnación.
Cabe señalar que las causales de improcedencia pueden
analizarse, ya sea por petición de parte, al haber sido invocadas por
alguna de ellas, o bien, porque de oficio esta autoridad jurisdiccional
las advierta, dada la obligación de analizar la integridad de las
constancias allegadas a los medios de impugnación, conforme a los
principios de constitucionalidad y legalidad consagrados por la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Al efecto, este órgano colegiado no advirtió la existencia o
actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas
por el artículo 509 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco en los medios de impugnación
interpuestos, pues no se pretendió impugnar la no conformidad a la
Constitución General de la República o la Política del Estado de
Jalisco, no se impugnaron actos o resoluciones que no afecten el
interés jurídico del actor, el acto o resolución no se consumó de un
modo irreparable, el acto o resolución no se consintió
expresamente, entendiéndose por ello, las manifestaciones de
voluntad que entrañen ese consentimiento o no se presenten los
RAP-149/2012
12
medios de impugnación dentro de los plazos señalados en el
Código Electoral y el promovente no careció de legitimación.
En virtud de las consideraciones realizadas, y al no advertirse
causal de improcedencia alguna que amerite un desechamiento de
plano, es procedente realizar el análisis de fondo de la controversia
planteada.
IV. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar si el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el 28 veintiocho de
abril de 2012 dos mil doce, que resolvió las solicitudes de registro
de planillas de candidatos a munícipes, que presentó de la coalición
“Compromiso por Jalisco”, identificado como IEPC-ACG-084/12, es
violatorio del principio de legalidad que toda resolución de autoridad
electoral debe cumplir, por ser uno de los principios constitucionales
y legales rectores de la función electoral, y si con ello se conculcó el
derecho que, en favor del promovente, consagra la Constitución
Política y el Código Electoral y de Participación Ciudadana ambos
ordenamientos del Estado de Jalisco.
Precisado lo anterior, el método que se abordará para dilucidar la
litis en el presente asunto, consistirá en examinar los agravios que
esgrime el recurrente en el Recurso de Apelación, los cuales se
estudiarán en los subsiguientes considerandos.
El examen se hará relacionando los agravios con los hechos y
puntos de derecho controvertidos y los que fundan la presente
resolución que se sustentan en la plenitud de jurisdicción que a este
órgano judicial le confiere el artículo 57, párrafo segundo de la
RAP-149/2012
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Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 504, párrafo
3 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, así como con el análisis y la valoración de todas y cada una
de las pruebas que fueron admitidas.
Para tal efecto, en los siguientes considerandos se examinarán los
agravios que esgrime el ciudadano actor, pudiendo variar el orden
de la exposición contenida en el escrito que contiene el medio de
impugnación, lo cual no le causa lesión o afectación jurídica alguna,
pues esto sólo ocurre cuando no se estudian todos los motivos de
agravio, toda vez que no en todos los casos, los justiciables
exponen ordenadamente sus agravios, o bien en razón de que
algunos de éstos pueden ser de estudio preferente o incluso
encontrarse en cualquier parte del escrito que contiene la
impugnación.
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 02/98 y
03/2000 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, consultables en la Compilación
1997-2010 de Jurisprudencia y tesis relevantes en materia electoral,
Volumen 1 de Jurisprudencia, páginas 118 a la 120 bajo los rubros:
“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL.” y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”
V. Una vez establecido lo anterior, se advierte que el promovente,
expresa el agravio que identifica como “Primero” en los siguientes
términos:
RAP-149/2012
14
Primero. Así mismo, causa agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de candidatos a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Verde Ecologista de México, en flagrante violación del Principio Constitucional de Legalidad previsto en los artículos 14, 16,41 Base VI y 116 de Nuestra Carta Magna.
En un primer orden de ideas, en razón de que quien firma tanto el convenio de coalición, la modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de registro de candidatos, por la parte que representa al Partido Revolucionario Institucional, es RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del mencionado Instituto Político.
Por su parte, en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional no se contempla la figura del Delegado Especial para el despacho de la presidencia de algún Comité Directivo Estatal, ni mucho menos en alguno de sus reglamentos, sin embargo, el artículo 120 de los citados Estatutos, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal tienen a su cargo la representación y dirección política del Partido en la entidad federativa correspondiente y desarrollarán las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los programas estatales que apruebe el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como las acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional.
Y por su parte el artículo 121 de los Estatutos en comento, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal del Instituto Político que nos ocupa, estarán integrados, por un Presidente; un Secretario General; un Secretario de Organización; un Secretario de Acción Electoral; un Secretario de Acción Electoral (sic); un Secretario de Gestión Social; un Secretario de Finanzas; un Secretario de Administración; un Secretario de Acción Indígena en donde se tenga presencia de pueblos y comunidades indígenas; un Coordinador de Acción Legislativa; las demás secretarías que sean pertinentes a cada entidad federativa y que correspondan al Comité Ejecutivo Nacional; y cada sector, el Movimiento Territorial, el Organismo de Mujeres Priístas y el Frente Juvenil Revolucionario contarán con un Coordinador dentro del Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal, con las atribuciones y representatividad suficientes para su cabal funcionamiento.
Resulta evidente que en la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional, no se contempla la figura de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco; por lo que la persona que ostenta el mencionado carácter, no cuenta con facultades, ni para suscribir el convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México, las modificaciones al mismo, ni mucho menos para registrar candidatos, a nombre del Instituto Político en cuestión, ni mucho menos a nombre de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por los dos institutos políticos que se mencionan.
Pues en adición, cabe resaltar, que aun y cuando en las cláusulas décima y décima séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR JALISCO” establece que las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, aso (sic) como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el propio convenio de coalición; Sin embargo, si de origen RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA carece de representación para la celebración del convenio de coalición a nombre del Partido Revolucionario Institucional, luego entonces, por consecuencia
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15
carece de la representación para solicitar el registro de candidatos a nombre de la coalición, fundándose en el propio convenio de coalición.
Al respecto el artículo 241, párrafo 1, fracción III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establece que las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por el Consejo General del Instituto y contener escrito con firma autógrafa, del DIRIGENTE ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO, O EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
En este orden de ideas, si RAFAEL GONZÁLEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, fue quien firma las solicitudes de registro, de las planillas a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, lo hace en contravención de lo ordenado en el citado artículo 241, párrafo 1, fracción III de la Codificación Electoral de esta Entidad Federativa, pues el no es Dirigente Estatal en Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, y tampoco puede ser considerado como representante de la coalición en comento.
Razón por la cual es de considerarse que al aprobarse el registro de las candidaturas a munícipes para integrar los 125 municipios del estado de Jalisco, solicitadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA resulta del todo ilegal, ante su falta de representación tanto del Partido Revolucionario Institucional, como de la propia coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por dicho insitito (sic) político y por el Partido Verde Ecologista de México.
Lo que debió hacer la autoridad responsable es haber desechado de plano las solicitudes de registro de las planillas a munícipes firmadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 fracción III, 244 párrafos 2 y 4, y artículo 245, párrafo 1, fracción 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Al respecto resultan aplicables las siguientes Jurisprudencias:
…
Jurisprudencia 5/2001
CANDIDATOS. FACULTAD PARA SOLICITAR EL REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SIMILARES). …
Tesis CX12002
PERSONERÍA. LA REPRESENTACIÓN DELEGADA DE UN PARTIDO POLÍTICO DEBE CONSTAR EN INSTRUMENTO NOTARIAL. …
(…)
De lo anterior se desprende que el recurrente señala que le
causa agravio el acuerdo impugnado IEPC-ACG-084/12 de
veintiocho de abril de dos mil doce, emitido por el Consejo
RAP-149/2012
16
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, que aprueba el registro de la planilla de
candidatos a munícipes, que presentó la coalición “Compromiso
Por Jalisco”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional
y por el Partido Verde Ecologista de México, por lo que respecta
al municipio de Bolaños, Jalisco; al considerar que el mismo,
violenta el principio constitucional de legalidad; en razón de que
a su parecer, quien firma el convenio de coalición y la
modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de
registro de candidatos por la parte que representa al Partido
Revolucionario Institucional, a saber, Rafael González Pimienta,
no cuenta con facultades para ello.
Ahora bien, el agravio en estudio resulta infundado en virtud de
las consideraciones que a continuación se exponen:
A juicio de este Tribunal Electoral, resulta pertinente señalar que
del punto 5° quinto de los “Antecedentes” del acuerdo
impugnado, se observa que el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
hace referencia al diverso acuerdo identificado con la clave
alfanumérica IEPC-ACG-019/12 emitido el 24 veinticuatro de
febrero de 2012 dos mil doce, mediante el cual se aprobó el
registro del convenio de coalición que presentó el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
México, a la cual denominaron coalición “Compromiso por
Jalisco”, para contender en el proceso electoral local ordinario
2011-2012, en las elecciones de Gobernador, diputados por el
principio de Mayoría Relativa en cinco distritos electorales
locales y munícipes de los ciento veinticinco municipios que
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conforman el Estado de Jalisco, acuerdo que por tratarse de un
documento público consultable en el sitio o página web oficial del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco en la Internet, constituye un hecho notorio, por lo que
este Pleno del Tribunal Electoral, puede invocarlo en la presente
resolución.
Sirve para ilustrar lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX.2º.
J/24, visible a página 2470, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, de Enero de dos mil
nueve, Materia Común, Novena Época, bajo el rubro HECHO
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN
SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.
Así entonces, es necesario trascribir la Cláusula Décima
Séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, antes referido, que de manera textual señala:
“DÉCIMA SÉPTIMA.- Del registro de los candidatos de la coalición. Las
partes acuerdan que para tal efecto se apegan al “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2011-2012”, identificados con la clave IEPC-ACG-005/2012 y lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, 239, 240 y 241 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, así como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el presente convenio, teniendo las mismas facultades el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco del Partido Verde Ecologista de
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México en relación de los candidatos que postule este Instituto Político dentro de la coalición. Asimismo, los partidos que forman la presente coalición se obligan a remitir oportunamente a la instancia referida en el párrafo anterior, la documentación necesaria para el registro de los candidatos, o en su caso para la sustitución.” (lo resaltado es por parte de este Tribunal)
De lo antes trascrito se advierte claramente que contrario a lo
esgrimido por el recurrente, el Delegado Especial Encargado del
Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario
Institucional en Jalisco, a saber, Rafael González Pimienta, sí se
encontraba facultado para solicitar el registro de las
candidaturas postuladas por dicha coalición, pues así se pactó
de manera expresa en el convenio en estudio aprobado
mediante acuerdo identificado como IEPC-ACG-019/12, de 24
veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, mismo que
además no forma parte de la presente controversia, y por ello,
resulta ser un acto independiente, que al no haber sido
impugnado en su oportunidad, a la fecha se encuentra incólume
y debe entenderse como un acto consentido tácitamente.
Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 23/2000 y
9/2001, consultables en la páginas 235 y 236 así como 236 a la
238, respectivamente, de la Compilación 1997-2010
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1
Jurisprudencia, que refieren:
DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito
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que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.”
“DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. El actor queda exonerado de agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral local, en los casos en que el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y definitivo. En efecto, la razón que constituye la base lógica y jurídica para imponer al justiciable la carga de recurrir previamente a los medios ordinarios, antes de acceder a la justicia constitucional federal, radica en la explicación de sentido común de que tales medios de impugnación no son meras exigencias formales para retardar la impartición de la justicia, obstáculos impuestos al gobernado con el afán de dificultarle la preservación de sus derechos ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela efectiva que les garantiza la Constitución federal, sino instrumentos aptos y suficientes para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución que se combata; y al ser así las cosas, se impone deducir que, cuando ese propósito o finalidad no se puede satisfacer en algún caso concreto, ya sea por las especiales peculiaridades del asunto, por la forma en que se encuentren regulados los procesos impugnativos comunes, o por las actitudes de la propia autoridad responsable o de la que conoce o deba conocer de algún juicio o recurso de los aludidos, entonces se extingue la carga procesal de agotarlos, y por tanto se puede ocurrir directamente a la vía constitucional, pues las situaciones apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos cautelares, ni es posible fáctica ni jurídicamente retrotraer las cosas al tiempo pasado en que se cometieron las violaciones, mediante la reposición de un proceso electoral.”
En este sentido, no debe soslayarse que el referido acuerdo
IEPC-ACG-019/12 donde fue aprobado el convenio de la
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coalición denominada “Compromiso por Jalisco” deviene en un
acto anterior que fue consentido y que a su vez, trajo como
consecuencia la emisión de un acto posterior derivado de
manera directa de ese consentimiento, esto es, la aprobación de
las planillas de candidatos a munícipes, presentadas por la
coalición “Compromiso por Jalisco”, contenida en el acuerdo
identificado como IEPC-ACG-084/12; por tanto, el agravio
expresado por el actor consistente en la supuesta falta de
personería del representante del Partido Revolucionario
Institucional, resulta ser un acto derivado del consentimiento del
diverso acuerdo IEPC-ACG-019/12, en el que se aprobó el
registro del convenio de la referida coalición integrada por el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista
de México; ello, en virtud de que en el aludido acuerdo en el que
se aprobó el convenio de coalición, se otorgó de manera
expresa la facultad a Rafael González Pimienta, para suscribir el
registro de las candidaturas postuladas y aprobadas por el ahora
acuerdo IEPC-ACG-084/12, impugnado en el presente asunto.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que de las actuaciones que
integran el recurso de apelación en estudio, se advierte que el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, anexó a su informe
circunstanciado, copia certificada del proveído de 12 doce de
enero de dos mil doce, en el cual se tuvo a al ciudadano Gerardo
Álvarez Romero, en su carácter de Consejero Suplente
Representante del Partido Revolucionario Institucional,
exhibiendo copia certificada del ACUERDO DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL POR EL QUE SE CREAN DELEGACIONES
ESPECIALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL PARA EL
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DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y LA SECREATRÍA GENERAL DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE JALISCO Y SE DESIGNAN A SUS
TITULARES y por ende, se tuvo al Partido Revolucionario
Institucional, dando cumplimiento a la obligación que le impone
el artículo 68, párrafo 1, fracción XIII, del Código Electoral y de
Participación ciudadana del Estado de Jalisco, en el sentido de
comunicar al Instituto, los cambios de los integrantes de sus
órganos directivos, y como consecuencia de ello, comunicando
que se designó al Licenciado Rafael González Pimienta, como
Delegado Especial para el despacho de la Presidencia del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de Jalisco, hasta en tanto se convoque y efectúe el
procedimiento estatutario para la elección de los titulares
respectivos, situación tampoco impugnada en su oportunidad;
por lo cual, se reitera que el acto que ahora impugna, constituye
una consecuencia del consentimiento de lo narrado en líneas
precedentes y, por ello, sí le asistió a Rafael González Pimienta,
la facultad para solicitar el registro de las planillas de candidatos
a munícipes, por parte de la coalición “Compromiso por Jalisco”.
Así entonces, como se precisó en párrafos precedentes, al haber
suscrito la solicitud de registro de la planilla de candidatos
aprobada, el ciudadano Rafael González Pimienta, en su
carácter de Delegado Especial encargado del despacho de la
Presidencia del Partido Revolucionario Institucional, no le asiste
la razón al apelante, en virtud de que contrario a lo señalado por
su parte, sí cuenta con facultades para ello.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio primero esgrimido por el
apelante, y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VI. Por lo que se refiere al “Segundo” motivo de agravio, el partido
político actor, argumenta lo siguiente:
HECHOS:
(…)
Segundo. Dentro de la etapa correspondiente al registro de candidatos de
los partidos políticos, con fecha quince de abril del año en curso, como es
un hecho notorio y público, acudieron a presentar su registro de candidatos
para los municipios del Estado de Jalisco, la Coalición “COMPROMISO
POR JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Verde Ecologista de México.
Dentro del mencionado proceso de registro fue evidente que al momento de
registrar las planillas y entregar la documentación requerida según la ley de
la materia, estas fueron recibidas incompletas y fuera del límite establecido
en el artículo 240, fracción IV del Código Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco, además de carente de los requisitos que establece el
artículo 241, punto 1, fracción II y llI.
Cabe señalar que fue el último día de los que se establecen en la ley para
presentar el registro de las planillas, la fecha en la cual acudieron al
mencionado proceso de registro, y en el cual ocurrieron una serie de
irregularidades por parte de la Autoridad Administrativa Electoral, al
momento de la recepción de la documentación para la integración de los
expedientes de los candidatos de la mencionada coalición.
Esto es así pues El Instituto Electoral de manera constante y repetida
obstaculizó al suscrito para conocer con veracidad la documentación real
que se estaba entregando, impidiéndome conocer puntualmente si era
entregado cada documento exigido por la ley para el registro de las planillas
de candidato a munícipe.
Tercero. Posteriormente con fecha veintiocho de abril del presente año, el
Consejo General del Instituto Electoral, decidió de manera ilegal aprobar el
registro de las 125 planillas de candidatos a Presidente Municipal,
Regidores y Síndico postulados por la Coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México, correspondientes a los Ayuntamientos del
Estado de Jalisco.
Cuarto. Entre los registros aprobados esta el correspondiente a la planilla
correspondiente al municipio de BOLAÑOS, Jalisco, misma que fue
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presentada para su registro fuera del plazo legal previsto para tal efecto,
además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1,
fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
(…)
AGRAVIOS
(…)
Segundo. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 9, 14, 16, 41, 35, 116, fracción IV, inciso b) y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracción X de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 1, punto dos, 24, 29, 229, 239, punto uno, fracción IV, 241, fracciones II y III, 245, punto uno, fracciones I, III y IV, 246, 115, 120 punto 1, y 500, punto 1, fracción I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en virtud de que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de BOLAÑOS, Jalisco, no obstante de que la solicitud de registro fue presentada después de concluido el plazo legal previsto para tal efecto, además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1, fracción II y III.
El principio de legalidad, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal.
Al respecto resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.—…
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 234-235.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996.—….
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, páginas 57-58, Sala Superior, tesis S3EL 034/97.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 798-799.
Una definición doctrinal del Ayuntamiento lo explica de la siguiente manera: Órgano colegiado y deliberante que asume la representación y el gobierno del municipio. Integrado por los Regidores, él o los Síndicos y el Presidente Municipal.
El sistema de elección municipal, denominado “de planillas”, puede resumirse de la siguiente forma: 1) en un mismo acto político (el acto del sufragio) se elige, mediante un “voto simultáneo” todo el cuerpo político del ayuntamiento; 2) de la planilla ganadora emana el presidente municipal, uno o más síndicos, y un número predeterminado de regidores “de mayoría”; y 3) de las planillas perdedoras que alcancen el umbral de representación requerido se complementa el cuerpo edilicio con un grupo de regidores de “representación proporcional”.
Este sistema, que se encuentra estatuido en la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, la que en su artículo 3 señala “Cada Municipio es gobernado por un
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Ayuntamiento de elección popular directa”, a su vez el numeral 10 de dicho cuerpo normativo establece “Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se determinan en la ley estatal en materia electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas; y permanecen en sus cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de cada período.
Ahora bien, de conformidad al artículo 134, fracción XVI y 246, párrafo uno, fracción II del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es la autoridad competente para aprobar la procedencia del registro de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de BOLAÑOS, Jalisco, para lo cual, deberá revisar que la solicitud de registro cumpla con los requisitos que al efecto establece el Código Electoral y de Participación Ciudadana, así como la Constitución Política del Estado de Jalisco.
El artículo 240, punto uno, fracción IV del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señala que el plazo para la presentación de las solicitudes de registro en el caso de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, concluye el día 15 de abril del año de la elección.
Ahora bien, de una interpretación sistemática, funcional y gramatical de los artículos 21, 24, punto tres, 239, fracción IV, 240, fracción IV, 244 y demás relativos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se advierte lo siguiente:
1. La elección de integrantes de los ayuntamientos del Estado de Jalisco, se realizará mediante la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, que registren los partidos políticos y candidatos ordenado de forma progresiva en la que se incluya el numero de regidores propietario y suplentes correspondientes.
2. Los partidos políticos o coaliciones deberán registrar la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico durante el plazo previsto para tal efecto, cumpliendo con los requisitos formales y materiales que la ley establece.
3. En caso de que faltara algún requisito formal, (copia certificada del acta de nacimiento, escrito con firma autógrafa del estatal en el que manifieste bajo protesta que los ciudadanos que se registran fueron seleccionados de conformidad con los estatutos, etcétera) la autoridad electoral, podrá requerir al partido o coalición, para que subsane la inconsistencia.
4. Únicamente podrán se subsanables los requisitos que deben
acompañarse a la presentación de la solicitud de registro de la planilla.
5. En caso de presentarse la solicitud de la planilla fuera del plazo previsto
será motivo de desechamiento de la misma.
Ahora bien, como se advierte del expediente relativo al registro de la planilla de cuenta, la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, presentó una serie de documentos al momento de fenecer el plazo legal, sin embargo tal y como lo certificó la propia autoridad electoral, existían deficiencias y omisiones no subsanables.
Es decir, la planilla impugnada no presentó la totalidad de los documentos que establece el artículo 241, fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que a la letra señala que deben contener:
Artículo 241.
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1. Las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por
I…
II. A la solicitud de cada uno de los ciudadanos propuestos a candidatos propietarios y suplentes, se deberá acompañar sin excepción los documentos siguientes:
a) Escrito con firma autógrafa en el que los ciudadanos propuestos como candidatos manifiesten su aceptación para ser registrados y en el que bajo protesta de decir verdad expresen que cumplen con todos y cada uno de los requisitos que establecen la Constitución Política del Estado y este Código;
b) Copia certificada del acta de nacimiento o certificación del registro del nacimiento, expedidas en ambos casos por la oficina del registro civil;
c) Copia certificada por Notario Público o autoridad competente de la credencial para votar;
d) Constancia de residencia, cuando no sean nativos de la Entidad, expedida con una antigüedad no mayor de tres meses por el Ayuntamiento al que corresponda su domicilio; y
e) Copia certificada por autoridad competente de la constancia de rendición de la declaración de situación patrimonial, cuando se trate de servidores públicos.
III. Escrito con firma autógrafa, del dirigente estatal del partido político, o en su caso, del representante de la coalición, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
Tal y como se ha señalado en los puntos que anteceden en la presente impugnación, es hecho notorio, público y evidente, que existió por parte de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, una ausencia total en la entrega de los documentos que señala el artículo antes transcrito, aunado a la falta del escrito del representante de la referida coalición, en la cual no se señala de manera clara la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que especifique los ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así como los documentos en los que sustentan el cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad.
La previsión legal consignada en el artículo 244 del Código Local, señala que en caso de faltar alguno de los requisitos que deben presentarse a cada solicitud, la autoridad electoral, podrá requerir a los partidos para que subsanen las deficiencias en la integración del expediente, lo que no implica que puedan cubrir sus omisiones una vez agotado el plazo que la ley les otorga para realizar el registro, pues hacerlo de esta forma implica extender el plazo previsto.
Es pertinente distinguir, que existen dos tipos de inconsistencia, las subsanables y aquellas que por su carácter no pueden ser reparables.
Así las cosas, son omisiones subsanables, aquellas que por sus características no atañen directamente a una cuestión pública, o afectan de manera directa los principios de certeza, equidad e imparcialidad rectores de la función electoral.
En ese sentido, el hecho de que la solicitud de registro de la planilla de candidatos no se presente antes de la fecha prevista, no sea entregada la documentación requerida, así como que no cumpla con los requisitos que señalan los incisos a) de la fracción II, y lo previsto en la fracción III del párrafo 1 del artículo 241 del Código del Estado, son requisitos que no pueden ser subsanables, toda vez, que una interpretación contraria, reduciría al absurdo de suponer que un partido político presente una solicitud de registro con el nombre de sólo un candidato, o bien, que haga entrega de una serie de documentos inconexos con el sólo afán de generar un precedente, y contar con los elementos para ampliar el plazo previsto
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para la integración de la planilla de candidatos, y ahora si estar en aptitud de solicitar su registro.
De lo señalado, se advierte que en el caso de que la solicitud de registro no contenga ningún documento, ni el nombre de por todos los integrantes de la planilla, es un vicio invalidante, que para subsanarlo se tendría que abrir un nuevo plazo para la presentación de la solicitud de registro, en razón de que como se ha señalado con antelación, el registro de candidatos se llevará a cabo por planillas completas, y no como en el caso, en el que sólo no se presentaron el total de los integrantes de la misma.
Al caso, esta autoridad deberá tomar en consideración el principio de impugnabilidad rector de los medios de impugnación en materia electoral, mismo que señala que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales tienen la posibilidad de se (sic) combatidos o impugnados, es decir, que todos los actos de las autoridades electorales tienen mecanismos de oposición para que puedan ser objeto de un nuevo análisis, estableciéndose como una garantía a todos los sujetos del derecho electoral, el poder acudir ante las autoridades a fin de ventilar todas aquellas situaciones que provoquen disconformidad de dichos actos o resoluciones.
(…)
De lo trasunto se desprende que el actor se duele en esencia de
la supuesta ilegalidad de la resolución emitida por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el 28 veintiocho de abril del 2012 dos mil
doce, que aprobó el registro de las planillas de Presidente
Municipal, Regidores y Sindico de los 125 ciento veinticinco
Ayuntamientos postulados por la Coalición “Compromiso por
Jalisco”, entre ellas la planilla relativa al Municipio de Bolaños,
Jalisco, en razón de la presentación extemporánea de la
solicitud correspondiente, así como por la insuficiencia de los
requisitos necesarios para obtener el registro de mérito.
El apelante abunda en que la Coalición “Compromiso por
Jalisco” para el registro de la planilla de munícipes en comento,
al momento de fenecer el plazo legal conducente, presentó una
serie de documentos deficientes y con omisiones no
subsanables.
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De igual forma, el actor señala que no se presentó ante la
autoridad responsable la totalidad de los documentos requeridos
en vía de cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo
241, fracciones II y III del Código en la materia.
Aunado a lo anterior, el recurrente aduce textualmente que al
registro de la planilla de munícipes en comento, le faltó el escrito
del representante de la Coalición en cita, en la (sic) cual no se
señala de manera clara, la postulación formal de la planilla
impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que se
especifique los nombres de los ciudadanos que la integran, el
orden de prelación con que son propuestos, el carácter de
propietario o suplente, así como en los documentos en los que
se sustenta el cumplimiento de los requisitos legales de
elegibilidad.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO, esto es así, porque del
análisis de los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a
la conclusión de que los mismos, consisten en meras
apreciaciones subjetivas, genéricas e imprecisas que no cuentan
con los elementos suficientes para combatir el estudio de fondo
de la resolución recurrida.
En principio, porque en atención a lo previsto en el artículo 544,
párrafo 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación
que se someten a su consideración, se encuentra obligado a
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suplir las deficiencias en la expresión de los agravios
planteados, también lo es que se llevará a cabo, siempre y
cuando, éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos
expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Al respecto, conviene precisar que ha sido criterio reiterado por
este Tribunal Electoral, que los conceptos de agravio se pueden
tener por formulados independientemente de su ubicación en
determinado capítulo o sección de la demanda, así como de su
presentación, planteamiento o construcción lógica; debido a que
no es requisito sine qua non que se encuentren contenidos en
un capítulo especial de conceptos de agravio, siempre y cuando,
éstos expresen las violaciones legales que se considere fueron
cometidas por la autoridad responsable, en cualquier parte del
escrito inicial de demanda, exponiendo con toda claridad los
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razonamientos lógico jurídicos por los cuales se concluya que no
se actuó conforme a derecho.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 03/2000
y 02/98, consultables a páginas 117 a la 119, de la "Compilación
1997-2010” de Jurisprudencia y tesis, tomo de Jurisprudencia,
Volumen 1, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, bajo los rubros: "AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y
"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL".
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
En este tenor, si bien es cierto que el Tribunal Electoral esta
facultado para resolver supliendo la deficiencia en la expresión
del agravio, siempre y cuando, de la propia redacción del escrito
de demanda, se desprendan los elementos mínimos necesarios
de los cuales, inclusive, aún estando inconexos entre sí, se
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pueda colegir el planteamiento de agravios específicamente
formulados para destruir frontalmente el acto que se impugna;
también es cierto que, en oposición a lo anterior, cuando del
libelo impugnativo no se desprenda elemento, hecho o
manifestación clara y precisa a partir de la cual se pueda
formular un agravio concreto, este órgano jurisdiccional se
encuentra impedido para ir más allá de la intensión del actor y
consecuentemente, configurar ex officio la expresión del agravio
pertinente para alcanzar las pretensiones planteadas por el
partido político actor, puesto que tal situación no sería una
suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel del
promovente.
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
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le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio y se subsuma en
la responsable, para realizar el trabajo que le corresponde a
ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades o
inconsistencias, proceda a declarar su revocación u ordenar se
subsanen.
En el caso que nos ocupa, de la lectura integral del escrito de
demanda, se advierte que el partido político apelante intenta
controvertir la legalidad del acuerdo emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, identificado como IEPC-ACG-084/12, de
fecha 28 veintiocho de abril del año en curso, mediante el cual
se aprobó del registro de las 125 ciento veinticinco planillas de
munícipes postuladas por la Coalición “Compromiso por Jalisco”,
que habrán de participar en la contienda electoral del próximo
primero de julio, para renovar los ayuntamientos que integran el
Estado de Jalisco; arguyendo que se vulneran los diversos
artículos en virtud de que la autoridad responsable aprobó el
registro de la planilla de munícipes para la conducente
postulación relativa al Ayuntamiento Bolaños; no obstante de
que dicho registro fue presentado una vez fenecido el plazo legal
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previsto para tal efecto y además, carente de los requisitos a que
se encuentra sujeto.
Así mismo, del estudio acucioso del escrito de demanda de
apelación, se advierte que el actor intenta configurar un agravio
tendiente a atacar la legalidad de dicho registro en su conjunto,
fundamentándose en diversos preceptos de orden constitucional
y legal que de ninguna manera utiliza como motivación para
sostener sus argumentos.
En efecto, únicamente expresa en forma genérica que le causa
agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de
candidatos a postularse en los 125 ciento veinticinco municipios,
sin embargo, no hace valer motivo de disenso específico,
concreto, objetivo y frontal, a través del cual manifieste qué
parte, o sí la totalidad del acuerdo impugnado emitido por la
responsable, mediante el cual aprueba el registro de las planillas
en comento, le resulta carente de derecho o ilegal, no discurre
en razonamientos o justificaciones lógicas específicas y
concisas, imposibilitando a este Tribunal Electoral a aplicar el
principio de la suplencia del agravio, dado que ni en forma
mínima se advierte la expresión de un motivo de disenso claro y
frontal.
Sin embargo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional
que si bien es cierto, que el apelante plantea la impugnación de
la aprobación del registro de las 125 ciento veinticinco planillas
en forma genérica y oscura; también lo es que identifica en este
Recurso de Apelación, la planilla correspondiente al
Ayuntamiento de Bolaños, Jalisco; respecto del cual precisa tres
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actos aprobados por la responsable y que considera motivos de
agravio, mismos que serán estudiados en el orden de prelación
establecido por el actor:
g) La extemporaneidad en la presentación de la solicitud de
registro de la planilla de munícipes de mérito;
h) La presentación de la solicitud de registro carente de los
documentos que establece el artículo 241, fracción II y III
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco.
i) Omisión en la presentación del escrito del representante de
la Coalición “Compromiso por Jalisco”, con firma autógrafa
de éste, mediante la cual (sic) no se señala de manera clara
la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un
escrito con firma autógrafa en el que se especifique los
ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que
son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así
como los documentos en los que sustentan el cumplimiento
de los requisitos legales de elegibilidad.
a) Extemporaneidad de la presentación de la solicitud para
el registro de la planilla de munícipes.
En cuanto al motivo de agravio señalado en el inciso a), este
órgano jurisdiccional sostiene que es infundado dado que el
recurrente realiza consideración referente a que se entregaron
documentos fuera del plazo legal previsto para el registro de la
planilla de mérito; sin embargo del escrito de demanda no se
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desprende argumento toral encaminado a expresar en qué
consistió esencialmente dicha extemporaneidad.
En efecto, no existe elemento alguno en el libelo impugnativo a
partir del cual, este órgano resolutor pueda obtener los datos
específicos que arrojen la fecha y hora de la supuesta entrega
extemporánea de la presentación de la solicitud del registro de
mérito, de tal forma, que puedan ser contrastado con lo que
sostiene la autoridad responsable en el acuerdo que se
impugna, y en consecuencia se pueda colegir que dicho registro
fue presentado fuera del término previsto para lo conducente.
En esa virtud, es importante mencionar que de la lectura del
acuerdo impugnado, se advierte que la autoridad responsable
aprobó y realizó el registro de la planilla para el municipio de
Bolaños, Jalisco, por haber sido satisfechos los requisitos del
mismo.
Por lo tanto, en seguimiento al principio de que lo ordinario se
presume, lo extraordinario se demuestra, este órgano
jurisdiccional sostiene que, en el presente caso, lo ordinario se
encuentra en la presentación de la solicitud del registro de la
planilla de munícipes en cuestión, dentro del plazo legal previsto
para tal efecto, situación que se hizo de manifiesto por la propia
responsable a través de la emisión del referido acuerdo
impugnado en el que se estableció que la planilla de munícipes
se aprobó y registró en virtud de que se cumplimentaron todos y
cada uno de los requisitos legales previstos para tal efecto, entre
ellos el relativo al de la oportunidad en la presentación de la
solicitud conducente, sin hacer mayor detenimiento o
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consideración al respecto; mientras que lo extraordinario, es
decir la supuesta extemporaneidad, se debió demostrar por
parte del recurrente, a través de la aportación de elementos
probatorios, contundentes y consistentes en los que figurara o
explicara claramente la circunstancia específica en las que,
según su dicho, radicó tal ilegalidad.
b) Estudio en general de los requisitos contenidos en el
artículo 241 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que ve al inciso b) tocante a la carencia de los
documentos requeridos en vía de requisitos necesarios para
obtener la aprobación del registro de la planilla de munícipes, el
partido político incoante manifiesta expresamente que existió en
dicha documentación, deficiencias y omisiones en su entrega.
Con respecto a este motivo de disenso, este órgano
jurisdiccional sostiene que deviene en infundado pues tal como
se advierte claramente de la argumentación vertida por el
recurrente en el escrito de demanda, la expresión en los mismos
redunda en consideraciones generales e imprecisas que resultan
insuficientes para revisar acuciosamente los defectos que en
específico, la aprobación del registro de la planilla de munícipes,
de ser el caso, pudiera presentar.
En efecto, tal como el mismo partido político actor lo indica, no
se advierten elementos esenciales tales como nombres, la
identificación de los documentos precisos de los cuales hubiera
carecido el registro, así mismo no se desprende cuál de los
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requisitos que establece el articulo 241, fracción II y III del
Código en la materia son los faltantes o en su caso deficientes.
Así pues, el apelante se limita a exponer textualmente lo que
detalla el artículo de referencia, sin embargo de ninguna forma
aporta elementos que aún inconexos entre sí, de los cuáles en
suplencia del agravio, sea posible colegir la aducida omisión en
la entrega de uno o algunos de los documentos presentados en
vía de requisitos; de ninguna forma individualiza o identifica los
supuestos requisitos faltantes o deficientes y aún menos
contextualiza la integración en específico del registro de la
planilla que controvierte.
En este tenor, conviene precisar que el actor expone agravios en
el desarrollo de su escrito de apelación, que se contradicen entre
sí, dado que en las primeras fojas de su demanda aduce que se
aprobó el registro de la planilla de munícipes de mérito, aún y
cuando en su correspondiente presentación existió la carencia
de documentos; sin embargo, en fojas más adelante del mismo
escrito, el incoante señala que los documentos requisitados
fueron entregados con deficiencias y así mismo, en los
subsiguientes renglones, termina arguyendo que existió por
parte de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, la ausencia total
de los requisitos que establece el precepto conducente; en
consecuencia, se colige que los argumentos vertidos por el
apelante devienen en incongruentes y contradictorios entre sí,
pues si da inicio a su apelación alegando la supuesta carencia
en una serie de documentos, continua denotando la deficiencia
en los mismos y concluye el libelo impugnativo, sosteniendo la
ausencia total de los mismos; expresiones en las cuales no se
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encuentra una congruencia o secuencia lógica argumentativa de
la que sea posible desprender argumentos sólidos y concretos
dirigidos a combatir la aducida ilegalidad de acto impugnado.
En consecuencia, se advierte que el motivo de agravio
expresado por el partido político promovente es genérico e
impreciso, pues no identifica cuáles requisitos de los previstos
en el artículo 241, párrafo 1, fracción II y III, considera que no
fueron presentados o cuál de ellos fueron presentados en forma
deficiente, así mismo, omite expresar argumentos mediante los
cuales especifique de forma frontal y precisa en qué parte de
documento mediante el cual se aprueba el registro de la planilla,
se encuentra la supuesta ilegalidad; sino que contrario a ello,
únicamente se limita a manifestar de forma por demás vaga e
indeterminada, que los documentos presentan "deficiencias u
omisiones no subsanables”, “ausencia total en la entrega de
documentos” “registro fue presentado carente de los
documentos que establece el artículo 241, párrafo 1, fracción II y
III”, por lo que al no proporcionar elementos suficientes para
permitirle un estudio de los agravios, o en su caso una suplencia
en los mismos, tales argumentos resultan infundados
En conclusión, tal como se apuntó en los primeros párrafos del
presente considerando, si bien es cierto que este Tribunal
Electoral se encuentra obligado legalmente a aplicar el principio
de la suplencia de los agravios, siempre y cuando, éstos puedan
deducirse de los hechos expuestos; también es cierto que este
órgano resolutor se encuentra limitado por los propios
argumentos que le aporta el apelante para el estudio de sus
motivos de agravio.
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Por lo tanto, al no contribuir el apelante con la carga de aportar
los elementos concretos y definidos revisables individualmente y
por ende, caer en la omisión de precisar puntual y
específicamente cuál o qué parte del acto impugnado considera
que se aparta de la legalidad, es absurdo pretender que este
Tribunal Electoral, bajo el amparo de ejercicio del principio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio, encamine las
pretensiones del actor y construya o formule agravios, tendientes
a realizar actos cuya competencia pertenece únicamente a la
responsable.
c) Estudio del requisito contenido en la fracción III, del
párrafo 1, del artículo 241 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por último, en cuanto al motivo de agravio contenido en el inciso
c), relativo a la omisión en la presentación del escrito del
representante de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, en el
cual no se señala de manera clara la postulación formal de la
planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en
el que se especifique los ciudadanos que la integran, el orden de
prelación en que son propuestos, el carácter de propietario o
suplente, así como los documentos en los que sustentan el
cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad, este
Tribunal Electoral advierte que los mismos devienen en
infundados por las consideraciones siguientes.
La autoridad electoral como garante de los principios
democráticos y salvaguarda de los derechos políticos de los
ciudadanos, lejos de restringir disposiciones legales que tutelen
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los derechos consagrados en normas constitucionales, se
encuentra sujeta a realizar una interpretación extensiva de los
mismos, toda vez que éstos no son excepciones o privilegios
concedidos a favor de algunos, sino que se trata de derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales
debe ser ampliados, no restringidos, ni mucho menos
suprimidos, en estricto apego a lo ordenado por los artículos 1,
32, 35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De esta forma la limitación al ejercicio del sufragio pasivo, se
acota exclusivamente a razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o
condena, más nunca se debe condicionar, entre otras
cuestiones, a una facultad discrecional de un partido político; lo
anterior en términos de lo establecido en el artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en
atención de la reciente reforma, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 10 diez de junio del presente año, garantiza que
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Carta Magna, en los tratados internacionales
de los México sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse,
por el contrario, se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a
las personas con la protección más amplia.
Bajo esta tesitura, en el presente caso, que el apelante pretenda
la revocación del acto impugnado en virtud de que la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, supuestamente omitió la presentación
ante la autoridad responsable, del escrito del representante legal
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o, en su caso, este se hubiese presentado sin su firma
autógrafa, a través del cual se precise de manera clara la
postulación de los candidatos integrantes de la planilla, su
conducente carácter de propietarios o suplentes, así como los
documentos en los que sustentan el cumplimiento de los
requisitos legales de elegibilidad; vulnera en perjuicio de los
candidatos su derecho fundamental sustantivo consistente en la
prerrogativa ciudadana del derecho pasivo del voto, tutelada por
el artículo 35, fracción II de la Constitución General de la
República y 8, fracción II de la Constitución Política de la
entidad.
En efecto, los ciudadanos candidatos a munícipes integrantes de
la planilla impugnada, desde el momento en que compitieron en
los respectivos procedimientos selectivos internos y resultaron
electos, cuentan con el derecho humano fundamental del
sufragio en su vertiente pasiva, por lo que al requerir para su
registro, la presentación de un diverso escrito signado por el
representante legal de la Coalición en comento, impone un
requisito que se encuentra fuera de las posibilidades tanto
jurídicas, como materiales del candidato, lo que se traduce en
una limitación al derecho humano de referencia, criterio que se
aparta claramente al relativo a la potenciación de los derechos
humanos.
Al respecto, conviene precisar que similar criterio sostuvo el 27
veintisiete de abril del año en curso, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional de
la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en
Guadalajara, Jalisco, en sentencia de los Juicios para la
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Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
identificados bajo las siglas y número de expediente SG-JDC-
3162/2012 y sus acumulados SG-JDC-3163/2012 al SG-JDC-
3187/2012.
En abundancia a lo anterior, no pasa inadvertido para este
órgano resolutor que el apelante aporta argumentos
contradictorios entre sí que se desprende de los propios motivos
de agravios, ello en función de que por una parte, el recurrente
intentó controvertir la facultad del representante de la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, tanto para celebrar dicho instrumento
jurídico, como para signar y presentar las solicitudes de registro
de diversas candidaturas que fueron posteriormente aprobadas
por la autoridad responsable, de lo que se deduce que
efectivamente en el procedimiento de registro de las
candidaturas que se llevó a cabo por la Coalición en cita, se
exhibió documento diverso en el que constó fehacientemente la
rúbrica del referido represente; mientras que por otro lado, en el
presente motivo de agravio, aduce que dicho escrito no se
aportó, o que en su caso, el mismo carecía de la firma autógrafa
de dicho representante.
En consecuencia, se colige que el escrito de apelación es
incongruente en virtud de que por una parte acepta que dicho
escrito fue presentado con la firma del representante de la
Coalición y al mismo tiempo, niega lo anterior, y aduce la
omisión en la presentación del mismo, o en su caso, la falta de
rúbrica del representante de referencia.
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Por lo anteriormente, fundado y motivado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio segundo esgrimido por el
apelante y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VII. El motivo de agravio que el apelante identifica en su escrito de
demanda como “Tercero”, es el que a continuación se transcribe:
Tercero. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 5, punto 1, 17 párrafo 2, en relación con el 24, punto 3 y 68, punto 1, fracción XIX, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como el numeral 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones III y IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, inciso b), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en virtud de que la autoridad responsable aprobó el registro de la planilla del ayuntamiento BOLAÑOS, presentada por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, contraviniendo el principio de equidad de género, al violarse el
orden de prelación que debe de tener la planilla impugnada.
Esto es así, toda vez que la Autoridad Administrativa, omitió de manera flagrante el estudio de la integración de la planilla impugnada, por lo que ve al cumplimiento de la cuota de género que la ley establece.
El artículo 17, segundo párrafo, establece que las solicitudes de registro de que presenten los partidos o coaliciones, ante el Instituto Electoral, se integrarán con un máximo de setenta por ciento de candidatos de un solo sexo y garantizando la inclusión de un candidato del sexo distinto en cada tres lugares de la lista, hasta lograr el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, a partir del cual el orden se decidirá libremente por cada partido, hecho tal que no fue analizado al momento de declarar la validez del registro de la planilla de Presidente, Síndico y Regidores del Municipio de BOLAÑOS, Jalisco, pues es evidente que el mismo no cumple con tal paridad.
Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual resulta aplicable de manera análoga al caso que nos ocupa:
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. CÓMO SE DEBE APLICAR LA ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATOS.-….
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 48 y 49.
En virtud de lo anterior, se debe entender que la regla de alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional, consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar dicho número y cumplir con el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.
La finalidad de esta regla es el equilibrio entre los candidatos de ambos sexos y, a la postre, lograr la participación política efectiva de hombres y mujeres, en un plano de igualdad sustancial o real y efectiva, con el objetivo
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de mejorar la calidad de la representación política, y de eliminar los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política.
Es por todo lo anteriormente señalado, que la Autoridad Responsable al declarar como válido el registro de la planilla impugnada, viola lo establecido con el principio de equidad de género que establece no solo la legislación estatal, sino que también se encuentra consagrado en la ley federal electoral, en la Constitución Política Federal y el las leyes y tratados internacionales.
Ahora bien, a fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, también es necesario que el treinta por ciento de los candidatos de género distinto, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, esté compuesto en sus propietarios y suplentes por personas del mismo género, y no solo cumplir la cuota de género en propietarios por una parte, sin encontrar esa coincidencia en sus suplentes, aún y cuando en los suplentes también se cumpla con ese treinta por ciento. Si no que repito, debe ser coincidente, el género del propietario con el de su suplente, en ese treinta por ciento, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, en el cumplimiento de cuotas de género.
Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio ciudadano identificado con número de expediente SUP-JDC-12624/2011, se ha pronunciado en ese sentido, de que deben ser coincidentes en el género, el propietario con su respectivo suplente, en los candidatos que son parte del porcentaje del mismo género, que como mínimo están obligados a registrar los partidos políticos (cuota de género).
Pues lo que busca la norma, es garantizar la equidad de género y la igualdad de oportunidades, entre hombres y mujeres, sin favorecer a un género en específico. Obligación, que procura la paridad de género en la vida política del país, y que implica que esa paridad también deba reflejarse en la ocupación de los cargos de elección popular obtenidos por cada partido. De otra manera, no tendría sentido el establecimiento de cuotas de género en la designación de candidaturas a cargos de elección popular.
El hecho de que los candidatos que conforman la cuota de género, sean precisamente coincidentes en el género en forma alguna vulnera la paridad exigida por la norma. Esto es así porque si los candidatos propietarios cumplen con la regla prevista en el citado artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, los suplentes también lo harán. De esta forma, si llegaran a presentarse vacantes en los propietarios, éstos serían sustituidos por personas del mismo género y, por lo tanto, se conservaría el equilibrio de género no sólo en las candidaturas, sino también en la ocupación y ejercicio de los cargos respectivos.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se garantiza esa equidad de género, tanto en la postulación, como en su momento de llegarlo a ser, en el ejercicio del cargo, al no ser coincidentes en el género, los propietarios con sus suplentes, de las candidaturas que nos ocupan, vulnerando con eso el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.
De lo anterior, en esencia se desprende que el actor se duele de
que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla del
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Ayuntamiento de Bolaños, Jalisco, postulada por la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, omitiendo el estudio relativo al
principio de equidad de género.
En este sentido, el partido político apelante argumenta que en la
integración de la planilla de munícipes en cuestión, no se
respetó la cuota de género regulada jurídicamente en la entidad,
que no existe orden de alternancia o prelación en éstos y
tampoco así, coincidencia de sexo entre los candidatos
propietarios y los suplentes; situación contraria a lo que dispone
la normatividad electoral, así como los criterios emitidos por el
órgano federal electoral, previstos para tal efecto.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO porque del análisis de
los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a la
conclusión de que los mismos, consisten en manifestaciones
dogmáticas, genéricas e imprecisas de las cuales no se
advierten elementos suficientes para combatir el fondo de la
resolución recurrida y relativa a la aprobación de la planilla de
munícipes en comento.
En principio, porque tal como se estableció en el considerando
anterior, en atención a lo previsto en el artículo 544, párrafo 1 del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación que se
someten a su consideración, tiene la facultad de suplir las
deficiencias en la expresión de los agravios planteados, también
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lo es que se llevará a cabo, siempre y cuando, éstos puedan ser
deducidos claramente de los hechos expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor, implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
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En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiencia en la expresión del agravio, y se
subsuma en la responsable, para realizar el trabajo que le
corresponde a ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades,
proceda a declarar su revocación u ordenar se subsanen.
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En el caso que nos ocupa, el partido político apelante intenta
controvertir del registro de la planilla de munícipes del
Ayuntamiento de Bolaños, Jalisco, aduciendo como agravio que
no se garantiza la equidad de género que debe imperar por
mandato constitucional y legal en la integración de dichos
órganos de gobierno municipal.
Al respecto, realiza en el libelo impugnativo una descripción
dogmática de la forma y términos en que ambos tipos de género
deben distribuirse en relación al porcentaje en cuanto a la
integración de determinado órgano de gobierno conformado por
cargos de elección popular, señala la noción e implicación de la
paridad entre sexos con respecto a los candidatos propietarios y
suplentes, de igual manera pretende fundamentar sus
argumentos con tesis de jurisprudencia y criterios emitidos a
través de sentencias dictadas por el máximo órgano electoral
federal conducentes al tema de la equidad de género.
Así mismo, el apelante realiza una serie de manifestaciones
conceptuales respecto a la finalidad, objetivo y teleología del
principio de la equidad de género en la vida política del país; sin
embargo, del cúmulo de dichas manifestaciones no se advierte
elemento alguno que aporte respaldo sólido para controvertir
específicamente la integración en cuanto al género de la planilla
en comento.
En efecto, de la lectura del escrito de apelación no se advierte,
de cuántos candidatos a munícipes, de acuerdo a su
conocimiento, se integra la planilla en cita, de forma tal que el
apelante aporte para el conducente estudio de este órgano
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jurisdiccional, elementos precisos para estar en aptitud de
conocer en lo particular, el porcentaje de la cuota género del
mismo sexo y en dado caso, contrastar dicho elemento
porcentual con el que la autoridad responsable aprobó en la
planilla de mérito.
Efectivamente, el actor omite individualizar y pormenorizar los
nombres de los candidatos propietarios y su correspondiente
suplente integrantes de la planilla de candidatos a munícipes, de
los cuales se advierta la coincidencia o no entre éstos, respecto
al género, y aún menos contextualiza la integración en
específico, de los candidatos de sexo distinto en cada tres
lugares de la respectiva lista, es decir, no señala
específicamente cómo se encuentran conformados los bloques
integrados por tres candidatos a razón de una candidata de
género femenino en cada uno de éstos o viceversa.
Por lo tanto, como quedó establecido en párrafos precedentes,
el recurrente aporta una serie de elementos de índole dogmática
y conceptual de lo que no es posible advertir elementos
contundentes, como cualidades de género o razonamientos
cuantitativos, tales como nombre y sexo de identificación de los
candidatos a munícipes, el lugar que ocupan cada uno de ellos o
ellas dentro de las listas de integración de la planilla en comento,
la distinción entre su calidad de propietarios y suplentes, así
como el sexo al que pertenecen; es decir, no se especifica o
identifica pormenorizadamente cuáles, en dónde y en qué
consisten las supuestas inconsistencias relativas al
incumplimiento de la garantía de la equidad de género, por lo
que se colige, que este órgano jurisdiccional se encuentra
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imposibilitado para aplicar la suplencia del agravio y por ende,
estudiar las supuestas inconsistencias aducidas en relación a la
paridad y principio de equidad de género en que se incurre,
según el actor, en la planilla de candidatos a munícipes que fue
registrada y aprobada, por la autoridad responsable.
En consecuencia, al no contribuir el apelante con la carga de
aportar los elementos concretos y por ende, caer en la omisión
de precisar puntual y específicamente cuál o qué parte del acto
impugnado considera que se aparta de la legalidad, es absurdo
pretender que este Tribunal Electoral, bajo el amparo de la
aplicación del principio de la suplencia de la deficiencia en la
expresión del agravio, encamine las pretensiones del actor y
construya o formule agravios, tendientes a realizar actos cuya
competencia pertenece a la responsable.
En consecuencia, al tenor de los párrafos precedentes
sostenidos a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, el tercer
agravio esgrimido por el apelante y que ha sido analizado en el
presente considerando, resulta infundado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además, en lo
dispuesto por los artículos 57, párrafo segundo; 69, párrafo primero
y 70, fracción VI de la Constitución Política; 73, párrafo primero; 77
párrafo tercero, fracción II; 82, 88, fracción IV y 90 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; 536 fracción X; 595, 599, párrafo 1,
fracción I; 604, párrafo 1 y 608, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana y 10, fracción V del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado del Poder Judicial, todos
RAP-149/2012
50
ordenamientos del Estado de Jalisco, se resuelve conforme a los
siguientes
R E S O L U T I V O S :
PRIMERO. La competencia del Pleno de este Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Jalisco para conocer y resolver los
recurso de apelación; la personería y legitimación de las partes, así
como la procedencia del mismo, quedó acreditada en los términos
expuestos en los considerandos I, II y III de esta resolución.
SEGUNDO. se confirma el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, emitido el 28 de abril del año en curso, mediante el cual
resuelve las solicitudes de registro de planillas de candidatos a
munícipes, de la coalición “Compromiso por Jalisco”, identificado
como IEPC-ACG-084/12, por lo que ve al municipio de Bolaños
Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en los
considerandos V, VI y VII de esta resolución.
Notifíquese en los términos de ley.
En su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, quienes firman al calce de la presente resolución,
conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos, quien
autoriza y da fe, y rubrica al margen todas las fojas que la integran.
RAP-149/2012
51
MAGISTRADO PRESIDENTE
JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA
MAGISTRADO
LUIS ANTONIO
CORONA NAKAMURA
MAGISTRADO
JOSÉ GUILLERMO
MEZA GARCÍA
MAGISTRADO GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ
MAGISTRADO RUBÉN VÁZQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS ALVARO ZUNO VÁSQUEZ
El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que la presente hoja corresponde a la resolución del 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce, pronunciada en el Recurso de Apelación RAP-149/2012, que consta de 51 cincuenta y un fojas por una sola cara.
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
EXPEDIENTE RAP-158/2012 ACTOR Partido Acción Nacional TERCERO INTERESADO Partido Revolucionario Institucional AUTORIDAD RESPONSABLE Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco MAGISTRADO PONENTE José Guillermo Meza García SECRETARIOS RELATORES Silvia Gpe. Bustos Vázquez Raymundo Miguel Figueroa Brizuela Bertha Sánchez Hoyos Gpe. Lucía Sánchez Vital
Guadalajara, Jalisco, a 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce.
VISTOS para resolver en definitiva, los autos del expediente del
Recurso de Apelación RAP-158/2012, promovido por el maestro
José Antonio Elvira de la Torre, representante propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en
contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que resuelve las
solicitudes de registro de planillas de candidatos a munícipes, de la
coalición “Compromiso por Jalisco” integrada por el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
RAP-158/2012
2
México, identificado como IEPC-ACG-084/12, emitido el 28
veintiocho de abril de 2012 dos mil doce.
Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en sesión pública
de esta fecha, se procede a emitir la presente resolución; y
R E S U L T A N D O
1. El 29 veintinueve de octubre de 2012 dos mil doce, fue publicada
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, número 13, sección
VI, TOMO CCCXXI, la convocatoria para la celebración de las
elecciones, constitucionales que se llevarán a cabo el día 1° de julio
de 2012 dos mil doce en la entidad, aprobada en sesión ordinaria,
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo IEPC-ACG-
047/11.
2. En la misma sesión ordinaria, mediante acuerdo IEPC-ACG-
048/11, el citado Consejo General, aprobó el calendario para el
proceso electoral local ordinario 2011-2012.
3. El 24 veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó
mediante acuerdo IEPC-ACG-019/12 el Convenio de Coalición
celebrado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México con la finalidad de postular candidatos
a Presidente Gobernador Constitucional, Diputados por el Principio
de Mayoría Relativa, así como para registrar planillas de candidatos
RAP-158/2012
3
a integrantes de los Ayuntamientos en la totalidad de los municipios
del Estado de Jalisco por el periodo 2012-2015.
4. El 28 veintiocho de abril del año que transcurre, se aprobó el
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE RESUELVE
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PLANILLAS DE CANDIDATOS A
MUNÍCIPES, DE LA COALICIÓN “COMPROMISO POR JALISCO”
INTEGRADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, IDENTIFICADO COMO IEPC-
ACG-084/12, en el cual se aprobaron diversas planillas de
candidatos, entre ellas, la presentada para el municipio de Chapala,
Jalisco, mismo que fue publicado el día 3 tres de mayo el presente
año en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
5. Inconforme con el citado acuerdo, el maestro José Antonio Elvira
de la Torre, ostentándose como Representante Propietario del
Partido Acción Nacional, presentó el 1 uno de mayo del año en
curso, ante el Instituto Electoral, Recurso de Revisión,
específicamente en contra de la aprobación del registro de planilla
de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de
Chapala, Jalisco.
6. El 16 dieciséis de mayo de esta anualidad, el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, remitió a este Tribunal Electoral, mediante oficio 2977/2012
Secretaría Ejecutiva, el escrito de Recurso de Revisión y diversa
documentación.
RAP-158/2012
4
7. El 17 diecisiete de mayo del presente año, mediante oficio SGTE-
781/2012, la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, por razón de turno, remitió a la ponencia del Magistrado
Presidente José Guillermo Meza García para su estudio, y en su
caso, admisión y formulación del proyecto de resolución el citado
Recurso de Revisión, que se registró con las siglas y números REV-
36/2012.
8. Una vez analizado el escrito de demanda, el Magistrado ponente,
advirtió que el acto combatido por el actor, era recurrible mediante
el Recurso de Apelación, por lo que, el día 28 veintiocho de mayo
del año que transcurre, los Magistrados integrantes del este
Tribunal Electoral, emitieron Acuerdo Plenario pare reencauzar la
demanda interpuesta, junto con 224 doscientos veinticuatro
recursos interpuestos en los mismos términos, se ordenó al
Secretario General dar de baja el expediente y realizar su registro
como Recurso de Apelación, y una vez realizado lo anterior, debía
devolver al Magistrado ponente el expediente para dar inicio a su
trámite, estudio, admisión en su caso y resolución como Recurso de
Apelación.
9. En cumplimiento al citado Acuerdo Plenario, el Secretario
General de Acuerdos, realizó el returno a la ponencia mediante
oficio SGTE-1063/2012, habiendo sido registrado en el Libro de
Gobierno como RAP-158/2012.
10. El 7 siete de junio del presente año, se emitió proveído, en el
que se tuvo por recibido y se radicó el Recurso de Apelación
interpuesto, se ordenó a la autoridad responsable realizar su
RAP-158/2012
5
publicitación, remitiera el informe circunstanciado y diversa
documentación.
11. En acuerdo del 16 dieciséis de junio de esta anualidad, se tuvo
por recibido de la autoridad responsable el informe circunstanciado,
diversa documentación e información, recibidas las constancias de
publicitación y de retiro de cada medio de impugnación, el escrito de
tercero interesado y la documentación que se acompañó al mismo,
se admitió el recurso interpuesto, así como las pruebas ofrecidas y
aportadas por las partes, y toda vez que el Magistrado responsable,
consideró que el expediente estaba debidamente substanciado para
ser fallado, se declaró cerrada la instrucción, para efecto de que se
formulara el proyecto de resolución correspondiente, mismo que se
somete a la consideración del Pleno del Tribunal Electoral dentro
del plazo que establece el artículo 604, párrafo 1 del Código en la
materia; y
C O N S I D E R A N D O
VII. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, ejerce jurisdicción y es competente para conocer del
Recurso de Apelación, de conformidad a lo previsto por los artículos
56, primer párrafo; 57, párrafos segundo y séptimo; 68; 69, primer
párrafo; 70, primer párrafo, fracción II de la Constitución Política; 3,
fracción II; 73; 77, primer párrafo y 82 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; 502, párrafo 1, fracción II; 504, párrafo 3; 596, párrafo 2;
599, párrafo 1, fracción II y 604, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana; 5, fracción II; 9, fracción I, a); 10, fracción
V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado del
Poder Judicial, todos ordenamientos del Estado de Jalisco, toda vez
RAP-158/2012
6
que de las documentales que obran agregadas al expediente, se
advierte una controversia derivada de una resolución emitida por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, durante el proceso electoral ordinario, que a
decir del Partido Político promovente le causa agravios.
VIII. Por lo que respecta a la legitimación del partido político, y la
personería del promovente, el artículo 602 párrafo 1, fracción I del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
establece que están legitimados para interponer el recurso de
apelación, entre otras personas, los partidos o agrupaciones
políticas por conducto de sus respectivos representantes legítimos
que estén acreditados ante el órgano electoral que dictó el acto o
resolución impugnada.
Por tanto, la legitimación del partido político actor, es de
reconocerse en virtud de tratarse de un partido político nacional
debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que se refiere a la personería del maestro José Antonio
Elvira de la Torre, quien se ostenta como Consejero Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, se tiene por reconocida, toda vez que se desprende de
actuaciones del expediente, así como del informe circunstanciado
rendido por la responsable en el que se le reconoce con tal
carácter.
RAP-158/2012
7
En relación al interés jurídico del recurrente para hacer valer el
recurso de apelación, se observa que en su escrito alega que el
acto impugnado le causa agravios, lo cual en principio, se considera
suficiente para que se proceda a su estudio, esto, sin perjuicio de
que en su oportunidad se juzguen los supuestos agravios que hace
valer en su medio de impugnación.
Por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, por ser su examen preferente conforme al principio
de economía procesal, requisitos previstos en los artículos 506, 507
y 603 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, preceptos que regulan: el plazo en que se debe
presentar el recurso de apelación; los requisitos que debe cumplir el
escrito, el requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento
previo de los recursos administrativos que el Código de la materia
señala para el caso concreto, al respecto se tiene que:
El plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece
en el artículo 506 del código de la materia, que en lo conducente
señala:
Artículo 506 Los medios de impugnación previstos en este Código deberán presentarse dentro de los seis días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnado, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.
Atento a lo dispuesto por el citado precepto, el Pleno de este
Tribunal Electoral advierte que, el acuerdo impugnado fue emitido el
28 veintiocho de abril del año que transcurre, en consecuencia, se
RAP-158/2012
8
deduce que el plazo para interponer el presente recurso de apelación
transcurrió los días hábiles 29 veintinueve y 30 treinta de abril, 1 uno,
2 dos, 3 tres y 4 cuatro de mayo del esta anualidad, y en virtud de
que el Recurso de Apelación fue presentado ante la autoridad
responsable el 1 uno de mayo, según consta en el sello de
recepción, este órgano colegiado estima que el medio de
impugnación fue presentado dentro del plazo previsto por la ley, y
así lo confirma la autoridad responsable en su informe
circunstanciado.
Por otra parte, el Pleno de este Tribunal Electoral, considera que el
escrito que dio origen al presente recurso, se ajusta a los
requisitos de los medios de impugnación, que establece el
artículo 507 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, disposición que es aplicable al medio procesal de
impugnación en que se actúa.
En efecto, se cumplieron los extremos que previene el citado
dispositivo legal, habida cuenta que el medio de impugnación se
presentó por escrito ante la autoridad responsable del acto
impugnado; se indicó el nombre del actor y el domicilio para recibir
notificaciones que se ubica en esta ciudad que es la residencia de
esta autoridad competente para resolver el medio de impugnación,
asimismo, se señaló el nombre de quien las pueda oír y recibir; no
obstante que el promovente no acompañó el documento necesario
para acreditar su personería, la misma consta en actuaciones del
expediente, así como del informe circunstanciado rendido por la
responsable en el que se le reconoce con tal carácter; se señaló al
partido político que representa; se identificó el acto impugnado, así
como a la autoridad responsable; se mencionaron los hechos en
RAP-158/2012
9
que se funda la impugnación, así como los agravios que le causa el
acto impugnado y los preceptos jurídicos presuntamente violados;
por lo que respecta a las pruebas, se advierte que promovente
ofreció las que consideró pertinentes, no obstante que no exhibió
los tres tantos de su demanda, lo anterior no le irroga perjuicio
alguno, y finalmente, se advierte que el promovente asentó su firma
autógrafa.
El artículo 603, párrafo 1 del Código en la materia, prevé que es
requisito de procedencia adicional para la admisión del recurso de
apelación que se agoten los recursos administrativos que establece
este ordenamiento legal para cada caso concreto, ya que, de lo
contrario, se desechará de plano, en el presente asunto, dicho
requisito se tiene por satisfecho, no es necesario agotar instancia
previa, toda vez que el acuerdo que se impugna fue emitido por el
Consejo General, órgano máximo de dirección del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que sus
actos son combatibles directamente mediante el recurso de
apelación.
Por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, quien
comparece como Tercero Interesado, al presente asunto en
términos de lo previsto en el artículo 512, párrafo 1, fracción III del
Código en la materia, se tiene que:
Se reconoce su legitimación, en virtud de tratarse de un partido
político nacional debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
RAP-158/2012
10
Por lo que se refiere a la personería del licenciado Benjamín
Guerrero Cordero, quien se ostenta como Apoderado Legal del
Partido Revolucionario Institucional, se tiene por reconocida, en
virtud de que obra agregada al diverso Recurso de Apelación RAP-
164/2012, copia certificada del Poder General Judicial, para Pleitos
y Cobranzas a favor de los licenciados Rafael Castellanos y
Benjamín Guerrero Cordero, otorgado en escritura pública 2,915,
ante la fe del Notario Público Titular número 138 de Guadalajara,
Jalisco, el 15 quince de febrero de 2012 dos mil doce, que remite el
Secretario General de Acuerdos de este órgano colegiado.
Por lo que se refiere al plazo para la presentación de su escrito,
esta se realizó en términos de lo previsto en el artículo 530 en
relación con el 506 del Código Electoral.
Los requisitos del escrito, previstos en el citado numeral 530 del
Código en la materia, se encuentran satisfechos, toda vez que el
mismo, fue presentado ante la autoridad responsable del acto
impugnado, se hizo constar el nombre de tercero interesado, se
señaló domicilio para recibir notificaciones, no obstante que no
acompañó el documento para acreditar su personería, la misma se
tiene acreditada con el Poder General Pleitos y Cobranzas, descrito
el líneas precedentes, asimismo, precisó la razón del interés jurídico
en que se funda y las pretensiones concretas del compareciente,
ofreció y aportó las pruebas y finalmente, hizo constar su firma
autógrafa.
III. Por ser las causales de improcedencia una cuestión de
estudio oficioso, éstas se analizan de manera preferente de
conformidad a lo previsto por los artículos 1; 536, párrafo 1, fracción
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11
II, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, por lo que se analizará si en el caso a estudio se actualiza
alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo
509 del ordenamiento legal invocado, y de ser así, deberá
decretarse el desechamiento de plano del medio de impugnación
planteado por la parte apelante, al no constituirse válida y
eficazmente el proceso, ya que ello imposibilitaría a este órgano
jurisdiccional para resolver sobre el fondo controvertido materia del
medio de impugnación.
Cabe señalar que las causales de improcedencia pueden
analizarse, ya sea por petición de parte, al haber sido invocadas por
alguna de ellas, o bien, porque de oficio esta autoridad jurisdiccional
las advierta, dada la obligación de analizar la integridad de las
constancias allegadas a los medios de impugnación, conforme a los
principios de constitucionalidad y legalidad consagrados por la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Al efecto, este órgano colegiado no advirtió la existencia o
actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas
por el artículo 509 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco en los medios de impugnación
interpuestos, pues no se pretendió impugnar la no conformidad a la
Constitución General de la República o la Política del Estado de
Jalisco, no se impugnaron actos o resoluciones que no afecten el
interés jurídico del actor, el acto o resolución no se consumó de un
modo irreparable, el acto o resolución no se consintió
expresamente, entendiéndose por ello, las manifestaciones de
voluntad que entrañen ese consentimiento o no se presenten los
RAP-158/2012
12
medios de impugnación dentro de los plazos señalados en el
Código Electoral y el promovente no careció de legitimación.
En virtud de las consideraciones realizadas, y al no advertirse
causal de improcedencia alguna que amerite un desechamiento de
plano, es procedente realizar el análisis de fondo de la controversia
planteada.
IV. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar si el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el 28 veintiocho de
abril de 2012 dos mil doce, que resolvió las solicitudes de registro
de planillas de candidatos a munícipes, que presentó de la coalición
“Compromiso por Jalisco”, identificado como IEPC-ACG-084/12, es
violatorio del principio de legalidad que toda resolución de autoridad
electoral debe cumplir, por ser uno de los principios constitucionales
y legales rectores de la función electoral, y si con ello se conculcó el
derecho que, en favor del promovente, consagra la Constitución
Política y el Código Electoral y de Participación Ciudadana ambos
ordenamientos del Estado de Jalisco.
Precisado lo anterior, el método que se abordará para dilucidar la
litis en el presente asunto, consistirá en examinar los agravios que
esgrime el recurrente en el Recurso de Apelación, los cuales se
estudiarán en los subsiguientes considerandos.
El examen se hará relacionando los agravios con los hechos y
puntos de derecho controvertidos y los que fundan la presente
resolución que se sustentan en la plenitud de jurisdicción que a este
órgano judicial le confiere el artículo 57, párrafo segundo de la
RAP-158/2012
13
Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 504, párrafo
3 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, así como con el análisis y la valoración de todas y cada una
de las pruebas que fueron admitidas.
Para tal efecto, en los siguientes considerandos se examinarán los
agravios que esgrime el ciudadano actor, pudiendo variar el orden
de la exposición contenida en el escrito que contiene el medio de
impugnación, lo cual no le causa lesión o afectación jurídica alguna,
pues esto sólo ocurre cuando no se estudian todos los motivos de
agravio, toda vez que no en todos los casos, los justiciables
exponen ordenadamente sus agravios, o bien en razón de que
algunos de éstos pueden ser de estudio preferente o incluso
encontrarse en cualquier parte del escrito que contiene la
impugnación.
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 02/98 y
03/2000 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, consultables en la Compilación
1997-2010 de Jurisprudencia y tesis relevantes en materia electoral,
Volumen 1 de Jurisprudencia, páginas 118 a la 120 bajo los rubros:
“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL.” y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”
V. Una vez establecido lo anterior, se advierte que el promovente,
expresa el agravio que identifica como “Primero” en los siguientes
términos:
RAP-158/2012
14
Primero. Así mismo, causa agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de candidatos a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Verde Ecologista de México, en flagrante violación del Principio Constitucional de Legalidad previsto en los artículos 14, 16,41 Base VI y 116 de Nuestra Carta Magna.
En un primer orden de ideas, en razón de que quien firma tanto el convenio de coalición, la modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de registro de candidatos, por la parte que representa al Partido Revolucionario Institucional, es RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del mencionado Instituto Político.
Por su parte, en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional no se contempla la figura del Delegado Especial para el despacho de la presidencia de algún Comité Directivo Estatal, ni mucho menos en alguno de sus reglamentos, sin embargo, el artículo 120 de los citados Estatutos, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal tienen a su cargo la representación y dirección política del Partido en la entidad federativa correspondiente y desarrollarán las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los programas estatales que apruebe el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como las acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional.
Y por su parte el artículo 121 de los Estatutos en comento, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal del Instituto Político que nos ocupa, estarán integrados, por un Presidente; un Secretario General; un Secretario de Organización; un Secretario de Acción Electoral; un Secretario de Acción Electoral (sic); un Secretario de Gestión Social; un Secretario de Finanzas; un Secretario de Administración; un Secretario de Acción Indígena en donde se tenga presencia de pueblos y comunidades indígenas; un Coordinador de Acción Legislativa; las demás secretarías que sean pertinentes a cada entidad federativa y que correspondan al Comité Ejecutivo Nacional; y cada sector, el Movimiento Territorial, el Organismo de Mujeres Priístas y el Frente Juvenil Revolucionario contarán con un Coordinador dentro del Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal, con las atribuciones y representatividad suficientes para su cabal funcionamiento.
Resulta evidente que en la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional, no se contempla la figura de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco; por lo que la persona que ostenta el mencionado carácter, no cuenta con facultades, ni para suscribir el convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México, las modificaciones al mismo, ni mucho menos para registrar candidatos, a nombre del Instituto Político en cuestión, ni mucho menos a nombre de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por los dos institutos políticos que se mencionan.
Pues en adición, cabe resaltar, que aun y cuando en las cláusulas décima y décima séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR JALISCO” establece que las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, aso (sic) como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el propio convenio de coalición; Sin embargo, si de origen RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA carece de representación para la celebración del convenio de coalición a nombre del Partido Revolucionario Institucional, luego entonces, por consecuencia
RAP-158/2012
15
carece de la representación para solicitar el registro de candidatos a nombre de la coalición, fundándose en el propio convenio de coalición.
Al respecto el artículo 241, párrafo 1, fracción III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establece que las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por el Consejo General del Instituto y contener escrito con firma autógrafa, del DIRIGENTE ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO, O EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
En este orden de ideas, si RAFAEL GONZÁLEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, fue quien firma las solicitudes de registro, de las planillas a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, lo hace en contravención de lo ordenado en el citado artículo 241, párrafo 1, fracción III de la Codificación Electoral de esta Entidad Federativa, pues el no es Dirigente Estatal en Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, y tampoco puede ser considerado como representante de la coalición en comento.
Razón por la cual es de considerarse que al aprobarse el registro de las candidaturas a munícipes para integrar los 125 municipios del estado de Jalisco, solicitadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA resulta del todo ilegal, ante su falta de representación tanto del Partido Revolucionario Institucional, como de la propia coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por dicho insitito (sic) político y por el Partido Verde Ecologista de México.
Lo que debió hacer la autoridad responsable es haber desechado de plano las solicitudes de registro de las planillas a munícipes firmadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 fracción III, 244 párrafos 2 y 4, y artículo 245, párrafo 1, fracción 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Al respecto resultan aplicables las siguientes Jurisprudencias:
…
Jurisprudencia 5/2001
CANDIDATOS. FACULTAD PARA SOLICITAR EL REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SIMILARES). …
Tesis CX12002
PERSONERÍA. LA REPRESENTACIÓN DELEGADA DE UN PARTIDO POLÍTICO DEBE CONSTAR EN INSTRUMENTO NOTARIAL. …
(…)
De lo anterior se desprende que el recurrente señala que le
causa agravio el acuerdo impugnado IEPC-ACG-084/12 de
veintiocho de abril de dos mil doce, emitido por el Consejo
RAP-158/2012
16
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, que aprueba el registro de la planilla de
candidatos a munícipes, que presentó la coalición “Compromiso
Por Jalisco”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional
y por el Partido Verde Ecologista de México, por lo que respecta
al municipio de Chapala, Jalisco; al considerar que el mismo,
violenta el principio constitucional de legalidad; en razón de que
a su parecer, quien firma el convenio de coalición y la
modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de
registro de candidatos por la parte que representa al Partido
Revolucionario Institucional, a saber, Rafael González Pimienta,
no cuenta con facultades para ello.
Ahora bien, el agravio en estudio resulta infundado en virtud de
las consideraciones que a continuación se exponen:
A juicio de este Tribunal Electoral, resulta pertinente señalar que
del punto 5° quinto de los “Antecedentes” del acuerdo
impugnado, se observa que el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
hace referencia al diverso acuerdo identificado con la clave
alfanumérica IEPC-ACG-019/12 emitido el 24 veinticuatro de
febrero de 2012 dos mil doce, mediante el cual se aprobó el
registro del convenio de coalición que presentó el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
México, a la cual denominaron coalición “Compromiso por
Jalisco”, para contender en el proceso electoral local ordinario
2011-2012, en las elecciones de Gobernador, diputados por el
principio de Mayoría Relativa en cinco distritos electorales
locales y munícipes de los ciento veinticinco municipios que
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conforman el Estado de Jalisco, acuerdo que por tratarse de un
documento público consultable en el sitio o página web oficial del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco en la Internet, constituye un hecho notorio, por lo que
este Pleno del Tribunal Electoral, puede invocarlo en la presente
resolución.
Sirve para ilustrar lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX.2º.
J/24, visible a página 2470, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, de Enero de dos mil
nueve, Materia Común, Novena Época, bajo el rubro HECHO
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN
SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.
Así entonces, es necesario trascribir la Cláusula Décima
Séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, antes referido, que de manera textual señala:
“DÉCIMA SÉPTIMA.- Del registro de los candidatos de la coalición. Las
partes acuerdan que para tal efecto se apegan al “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2011-2012”, identificados con la clave IEPC-ACG-005/2012 y lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, 239, 240 y 241 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, así como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el presente convenio, teniendo las mismas facultades el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco del Partido Verde Ecologista de
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México en relación de los candidatos que postule este Instituto Político dentro de la coalición. Asimismo, los partidos que forman la presente coalición se obligan a remitir oportunamente a la instancia referida en el párrafo anterior, la documentación necesaria para el registro de los candidatos, o en su caso para la sustitución.” (lo resaltado es por parte de este Tribunal)
De lo antes trascrito se advierte claramente que contrario a lo
esgrimido por el recurrente, el Delegado Especial Encargado del
Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario
Institucional en Jalisco, a saber, Rafael González Pimienta, sí se
encontraba facultado para solicitar el registro de las
candidaturas postuladas por dicha coalición, pues así se pactó
de manera expresa en el convenio en estudio aprobado
mediante acuerdo identificado como IEPC-ACG-019/12, de 24
veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, mismo que
además no forma parte de la presente controversia, y por ello,
resulta ser un acto independiente, que al no haber sido
impugnado en su oportunidad, a la fecha se encuentra incólume
y debe entenderse como un acto consentido tácitamente.
Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 23/2000 y
9/2001, consultables en la páginas 235 y 236 así como 236 a la
238, respectivamente, de la Compilación 1997-2010
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1
Jurisprudencia, que refieren:
DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito
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que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.”
“DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. El actor queda exonerado de agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral local, en los casos en que el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y definitivo. En efecto, la razón que constituye la base lógica y jurídica para imponer al justiciable la carga de recurrir previamente a los medios ordinarios, antes de acceder a la justicia constitucional federal, radica en la explicación de sentido común de que tales medios de impugnación no son meras exigencias formales para retardar la impartición de la justicia, obstáculos impuestos al gobernado con el afán de dificultarle la preservación de sus derechos ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela efectiva que les garantiza la Constitución federal, sino instrumentos aptos y suficientes para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución que se combata; y al ser así las cosas, se impone deducir que, cuando ese propósito o finalidad no se puede satisfacer en algún caso concreto, ya sea por las especiales peculiaridades del asunto, por la forma en que se encuentren regulados los procesos impugnativos comunes, o por las actitudes de la propia autoridad responsable o de la que conoce o deba conocer de algún juicio o recurso de los aludidos, entonces se extingue la carga procesal de agotarlos, y por tanto se puede ocurrir directamente a la vía constitucional, pues las situaciones apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos cautelares, ni es posible fáctica ni jurídicamente retrotraer las cosas al tiempo pasado en que se cometieron las violaciones, mediante la reposición de un proceso electoral.”
En este sentido, no debe soslayarse que el referido acuerdo
IEPC-ACG-019/12 donde fue aprobado el convenio de la
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coalición denominada “Compromiso por Jalisco” deviene en un
acto anterior que fue consentido y que a su vez, trajo como
consecuencia la emisión de un acto posterior derivado de
manera directa de ese consentimiento, esto es, la aprobación de
las planillas de candidatos a munícipes, presentadas por la
coalición “Compromiso por Jalisco”, contenida en el acuerdo
identificado como IEPC-ACG-084/12; por tanto, el agravio
expresado por el actor consistente en la supuesta falta de
personería del representante del Partido Revolucionario
Institucional, resulta ser un acto derivado del consentimiento del
diverso acuerdo IEPC-ACG-019/12, en el que se aprobó el
registro del convenio de la referida coalición integrada por el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista
de México; ello, en virtud de que en el aludido acuerdo en el que
se aprobó el convenio de coalición, se otorgó de manera
expresa la facultad a Rafael González Pimienta, para suscribir el
registro de las candidaturas postuladas y aprobadas por el ahora
acuerdo IEPC-ACG-084/12, impugnado en el presente asunto.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que de las actuaciones que
integran el recurso de apelación en estudio, se advierte que el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, anexó a su informe
circunstanciado, copia certificada del proveído de 12 doce de
enero de dos mil doce, en el cual se tuvo a al ciudadano Gerardo
Álvarez Romero, en su carácter de Consejero Suplente
Representante del Partido Revolucionario Institucional,
exhibiendo copia certificada del ACUERDO DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL POR EL QUE SE CREAN DELEGACIONES
ESPECIALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL PARA EL
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DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y LA SECREATRÍA GENERAL DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE JALISCO Y SE DESIGNAN A SUS
TITULARES y por ende, se tuvo al Partido Revolucionario
Institucional, dando cumplimiento a la obligación que le impone
el artículo 68, párrafo 1, fracción XIII, del Código Electoral y de
Participación ciudadana del Estado de Jalisco, en el sentido de
comunicar al Instituto, los cambios de los integrantes de sus
órganos directivos, y como consecuencia de ello, comunicando
que se designó al Licenciado Rafael González Pimienta, como
Delegado Especial para el despacho de la Presidencia del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de Jalisco, hasta en tanto se convoque y efectúe el
procedimiento estatutario para la elección de los titulares
respectivos, situación tampoco impugnada en su oportunidad;
por lo cual, se reitera que el acto que ahora impugna, constituye
una consecuencia del consentimiento de lo narrado en líneas
precedentes y, por ello, sí le asistió a Rafael González Pimienta,
la facultad para solicitar el registro de las planillas de candidatos
a munícipes, por parte de la coalición “Compromiso por Jalisco”.
Así entonces, como se precisó en párrafos precedentes, al haber
suscrito la solicitud de registro de la planilla de candidatos
aprobada, el ciudadano Rafael González Pimienta, en su
carácter de Delegado Especial encargado del despacho de la
Presidencia del Partido Revolucionario Institucional, no le asiste
la razón al apelante, en virtud de que contrario a lo señalado por
su parte, sí cuenta con facultades para ello.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio primero esgrimido por el
apelante, y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VI. Por lo que se refiere al “Segundo” motivo de agravio, el partido
político actor, argumenta lo siguiente:
HECHOS:
(…)
Segundo. Dentro de la etapa correspondiente al registro de candidatos de
los partidos políticos, con fecha quince de abril del año en curso, como es
un hecho notorio y público, acudieron a presentar su registro de candidatos
para los municipios del Estado de Jalisco, la Coalición “COMPROMISO
POR JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Verde Ecologista de México.
Dentro del mencionado proceso de registro fue evidente que al momento de
registrar las planillas y entregar la documentación requerida según la ley de
la materia, estas fueron recibidas incompletas y fuera del límite establecido
en el artículo 240, fracción IV del Código Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco, además de carente de los requisitos que establece el
artículo 241, punto 1, fracción II y llI.
Cabe señalar que fue el último día de los que se establecen en la ley para
presentar el registro de las planillas, la fecha en la cual acudieron al
mencionado proceso de registro, y en el cual ocurrieron una serie de
irregularidades por parte de la Autoridad Administrativa Electoral, al
momento de la recepción de la documentación para la integración de los
expedientes de los candidatos de la mencionada coalición.
Esto es así pues El Instituto Electoral de manera constante y repetida
obstaculizó al suscrito para conocer con veracidad la documentación real
que se estaba entregando, impidiéndome conocer puntualmente si era
entregado cada documento exigido por la ley para el registro de las planillas
de candidato a munícipe.
Tercero. Posteriormente con fecha veintiocho de abril del presente año, el
Consejo General del Instituto Electoral, decidió de manera ilegal aprobar el
registro de las 125 planillas de candidatos a Presidente Municipal,
Regidores y Síndico postulados por la Coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México, correspondientes a los Ayuntamientos del
Estado de Jalisco.
Cuarto. Entre los registros aprobados esta el correspondiente a la planilla
correspondiente al municipio de CHAPALA, Jalisco, misma que fue
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presentada para su registro fuera del plazo legal previsto para tal efecto,
además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1,
fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
(…)
AGRAVIOS
(…)
Segundo. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 9, 14, 16, 41, 35, 116, fracción IV, inciso b) y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracción X de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 1, punto dos, 24, 29, 229, 239, punto uno, fracción IV, 241, fracciones II y III, 245, punto uno, fracciones I, III y IV, 246, 115, 120 punto 1, y 500, punto 1, fracción I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en virtud de que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de CHAPALA, Jalisco, no obstante de que la solicitud de registro fue presentada después de concluido el plazo legal previsto para tal efecto, además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1, fracción II y III.
El principio de legalidad, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal.
Al respecto resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.—…
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 234-235.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996.—….
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, páginas 57-58, Sala Superior, tesis S3EL 034/97.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 798-799.
Una definición doctrinal del Ayuntamiento lo explica de la siguiente manera: Órgano colegiado y deliberante que asume la representación y el gobierno del municipio. Integrado por los Regidores, él o los Síndicos y el Presidente Municipal.
El sistema de elección municipal, denominado “de planillas”, puede resumirse de la siguiente forma: 1) en un mismo acto político (el acto del sufragio) se elige, mediante un “voto simultáneo” todo el cuerpo político del ayuntamiento; 2) de la planilla ganadora emana el presidente municipal, uno o más síndicos, y un número predeterminado de regidores “de mayoría”; y 3) de las planillas perdedoras que alcancen el umbral de representación requerido se complementa el cuerpo edilicio con un grupo de regidores de “representación proporcional”.
Este sistema, que se encuentra estatuido en la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, la que en su artículo 3 señala “Cada Municipio es gobernado por un
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Ayuntamiento de elección popular directa”, a su vez el numeral 10 de dicho cuerpo normativo establece “Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se determinan en la ley estatal en materia electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas; y permanecen en sus cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de cada período.
Ahora bien, de conformidad al artículo 134, fracción XVI y 246, párrafo uno, fracción II del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es la autoridad competente para aprobar la procedencia del registro de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de CHAPALA, Jalisco, para lo cual, deberá revisar que la solicitud de registro cumpla con los requisitos que al efecto establece el Código Electoral y de Participación Ciudadana, así como la Constitución Política del Estado de Jalisco.
El artículo 240, punto uno, fracción IV del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señala que el plazo para la presentación de las solicitudes de registro en el caso de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, concluye el día 15 de abril del año de la elección.
Ahora bien, de una interpretación sistemática, funcional y gramatical de los artículos 21, 24, punto tres, 239, fracción IV, 240, fracción IV, 244 y demás relativos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se advierte lo siguiente:
1. La elección de integrantes de los ayuntamientos del Estado de Jalisco, se realizará mediante la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, que registren los partidos políticos y candidatos ordenado de forma progresiva en la que se incluya el numero de regidores propietario y suplentes correspondientes.
2. Los partidos políticos o coaliciones deberán registrar la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico durante el plazo previsto para tal efecto, cumpliendo con los requisitos formales y materiales que la ley establece.
3. En caso de que faltara algún requisito formal, (copia certificada del acta de nacimiento, escrito con firma autógrafa del estatal en el que manifieste bajo protesta que los ciudadanos que se registran fueron seleccionados de conformidad con los estatutos, etcétera) la autoridad electoral, podrá requerir al partido o coalición, para que subsane la inconsistencia.
4. Únicamente podrán se subsanables los requisitos que deben
acompañarse a la presentación de la solicitud de registro de la planilla.
5. En caso de presentarse la solicitud de la planilla fuera del plazo previsto
será motivo de desechamiento de la misma.
Ahora bien, como se advierte del expediente relativo al registro de la planilla de cuenta, la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, presentó una serie de documentos al momento de fenecer el plazo legal, sin embargo tal y como lo certificó la propia autoridad electoral, existían deficiencias y omisiones no subsanables.
Es decir, la planilla impugnada no presentó la totalidad de los documentos que establece el artículo 241, fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que a la letra señala que deben contener:
Artículo 241.
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1. Las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por
I…
II. A la solicitud de cada uno de los ciudadanos propuestos a candidatos propietarios y suplentes, se deberá acompañar sin excepción los documentos siguientes:
a) Escrito con firma autógrafa en el que los ciudadanos propuestos como candidatos manifiesten su aceptación para ser registrados y en el que bajo protesta de decir verdad expresen que cumplen con todos y cada uno de los requisitos que establecen la Constitución Política del Estado y este Código;
b) Copia certificada del acta de nacimiento o certificación del registro del nacimiento, expedidas en ambos casos por la oficina del registro civil;
c) Copia certificada por Notario Público o autoridad competente de la credencial para votar;
d) Constancia de residencia, cuando no sean nativos de la Entidad, expedida con una antigüedad no mayor de tres meses por el Ayuntamiento al que corresponda su domicilio; y
e) Copia certificada por autoridad competente de la constancia de rendición de la declaración de situación patrimonial, cuando se trate de servidores públicos.
III. Escrito con firma autógrafa, del dirigente estatal del partido político, o en su caso, del representante de la coalición, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
Tal y como se ha señalado en los puntos que anteceden en la presente impugnación, es hecho notorio, público y evidente, que existió por parte de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, una ausencia total en la entrega de los documentos que señala el artículo antes transcrito, aunado a la falta del escrito del representante de la referida coalición, en la cual no se señala de manera clara la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que especifique los ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así como los documentos en los que sustentan el cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad.
La previsión legal consignada en el artículo 244 del Código Local, señala que en caso de faltar alguno de los requisitos que deben presentarse a cada solicitud, la autoridad electoral, podrá requerir a los partidos para que subsanen las deficiencias en la integración del expediente, lo que no implica que puedan cubrir sus omisiones una vez agotado el plazo que la ley les otorga para realizar el registro, pues hacerlo de esta forma implica extender el plazo previsto.
Es pertinente distinguir, que existen dos tipos de inconsistencia, las subsanables y aquellas que por su carácter no pueden ser reparables.
Así las cosas, son omisiones subsanables, aquellas que por sus características no atañen directamente a una cuestión pública, o afectan de manera directa los principios de certeza, equidad e imparcialidad rectores de la función electoral.
En ese sentido, el hecho de que la solicitud de registro de la planilla de candidatos no se presente antes de la fecha prevista, no sea entregada la documentación requerida, así como que no cumpla con los requisitos que señalan los incisos a) de la fracción II, y lo previsto en la fracción III del párrafo 1 del artículo 241 del Código del Estado, son requisitos que no pueden ser subsanables, toda vez, que una interpretación contraria, reduciría al absurdo de suponer que un partido político presente una solicitud de registro con el nombre de sólo un candidato, o bien, que haga entrega de una serie de documentos inconexos con el sólo afán de generar un precedente, y contar con los elementos para ampliar el plazo previsto
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para la integración de la planilla de candidatos, y ahora si estar en aptitud de solicitar su registro.
De lo señalado, se advierte que en el caso de que la solicitud de registro no contenga ningún documento, ni el nombre de por todos los integrantes de la planilla, es un vicio invalidante, que para subsanarlo se tendría que abrir un nuevo plazo para la presentación de la solicitud de registro, en razón de que como se ha señalado con antelación, el registro de candidatos se llevará a cabo por planillas completas, y no como en el caso, en el que sólo no se presentaron el total de los integrantes de la misma.
Al caso, esta autoridad deberá tomar en consideración el principio de impugnabilidad rector de los medios de impugnación en materia electoral, mismo que señala que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales tienen la posibilidad de se (sic) combatidos o impugnados, es decir, que todos los actos de las autoridades electorales tienen mecanismos de oposición para que puedan ser objeto de un nuevo análisis, estableciéndose como una garantía a todos los sujetos del derecho electoral, el poder acudir ante las autoridades a fin de ventilar todas aquellas situaciones que provoquen disconformidad de dichos actos o resoluciones.
(…)
De lo trasunto se desprende que el actor se duele en esencia de
la supuesta ilegalidad de la resolución emitida por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el 28 veintiocho de abril del 2012 dos mil
doce, que aprobó el registro de las planillas de Presidente
Municipal, Regidores y Sindico de los 125 ciento veinticinco
Ayuntamientos postulados por la Coalición “Compromiso por
Jalisco”, entre ellas la planilla relativa al Municipio de Chapala,
Jalisco, en razón de la presentación extemporánea de la
solicitud correspondiente, así como por la insuficiencia de los
requisitos necesarios para obtener el registro de mérito.
El apelante abunda en que la Coalición “Compromiso por
Jalisco” para el registro de la planilla de munícipes en comento,
al momento de fenecer el plazo legal conducente, presentó una
serie de documentos deficientes y con omisiones no
subsanables.
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De igual forma, el actor señala que no se presentó ante la
autoridad responsable la totalidad de los documentos requeridos
en vía de cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo
241, fracciones II y III del Código en la materia.
Aunado a lo anterior, el recurrente aduce textualmente que al
registro de la planilla de munícipes en comento, le faltó el escrito
del representante de la Coalición en cita, en la (sic) cual no se
señala de manera clara, la postulación formal de la planilla
impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que se
especifique los nombres de los ciudadanos que la integran, el
orden de prelación con que son propuestos, el carácter de
propietario o suplente, así como en los documentos en los que
se sustenta el cumplimiento de los requisitos legales de
elegibilidad.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO, esto es así, porque del
análisis de los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a
la conclusión de que los mismos, consisten en meras
apreciaciones subjetivas, genéricas e imprecisas que no cuentan
con los elementos suficientes para combatir el estudio de fondo
de la resolución recurrida.
En principio, porque en atención a lo previsto en el artículo 544,
párrafo 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación
que se someten a su consideración, se encuentra obligado a
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28
suplir las deficiencias en la expresión de los agravios
planteados, también lo es que se llevará a cabo, siempre y
cuando, éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos
expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Al respecto, conviene precisar que ha sido criterio reiterado por
este Tribunal Electoral, que los conceptos de agravio se pueden
tener por formulados independientemente de su ubicación en
determinado capítulo o sección de la demanda, así como de su
presentación, planteamiento o construcción lógica; debido a que
no es requisito sine qua non que se encuentren contenidos en
un capítulo especial de conceptos de agravio, siempre y cuando,
éstos expresen las violaciones legales que se considere fueron
cometidas por la autoridad responsable, en cualquier parte del
escrito inicial de demanda, exponiendo con toda claridad los
RAP-158/2012
29
razonamientos lógico jurídicos por los cuales se concluya que no
se actuó conforme a derecho.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 03/2000
y 02/98, consultables a páginas 117 a la 119, de la "Compilación
1997-2010” de Jurisprudencia y tesis, tomo de Jurisprudencia,
Volumen 1, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, bajo los rubros: "AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y
"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL".
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
En este tenor, si bien es cierto que el Tribunal Electoral esta
facultado para resolver supliendo la deficiencia en la expresión
del agravio, siempre y cuando, de la propia redacción del escrito
de demanda, se desprendan los elementos mínimos necesarios
de los cuales, inclusive, aún estando inconexos entre sí, se
RAP-158/2012
30
pueda colegir el planteamiento de agravios específicamente
formulados para destruir frontalmente el acto que se impugna;
también es cierto que, en oposición a lo anterior, cuando del
libelo impugnativo no se desprenda elemento, hecho o
manifestación clara y precisa a partir de la cual se pueda
formular un agravio concreto, este órgano jurisdiccional se
encuentra impedido para ir más allá de la intensión del actor y
consecuentemente, configurar ex officio la expresión del agravio
pertinente para alcanzar las pretensiones planteadas por el
partido político actor, puesto que tal situación no sería una
suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel del
promovente.
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
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31
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio y se subsuma en
la responsable, para realizar el trabajo que le corresponde a
ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades o
inconsistencias, proceda a declarar su revocación u ordenar se
subsanen.
En el caso que nos ocupa, de la lectura integral del escrito de
demanda, se advierte que el partido político apelante intenta
controvertir la legalidad del acuerdo emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, identificado como IEPC-ACG-084/12, de
fecha 28 veintiocho de abril del año en curso, mediante el cual
se aprobó del registro de las 125 ciento veinticinco planillas de
munícipes postuladas por la Coalición “Compromiso por Jalisco”,
que habrán de participar en la contienda electoral del próximo
primero de julio, para renovar los ayuntamientos que integran el
Estado de Jalisco; arguyendo que se vulneran los diversos
artículos en virtud de que la autoridad responsable aprobó el
registro de la planilla de munícipes para la conducente
postulación relativa al Ayuntamiento Chapala; no obstante de
que dicho registro fue presentado una vez fenecido el plazo legal
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32
previsto para tal efecto y además, carente de los requisitos a que
se encuentra sujeto.
Así mismo, del estudio acucioso del escrito de demanda de
apelación, se advierte que el actor intenta configurar un agravio
tendiente a atacar la legalidad de dicho registro en su conjunto,
fundamentándose en diversos preceptos de orden constitucional
y legal que de ninguna manera utiliza como motivación para
sostener sus argumentos.
En efecto, únicamente expresa en forma genérica que le causa
agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de
candidatos a postularse en los 125 ciento veinticinco municipios,
sin embargo, no hace valer motivo de disenso específico,
concreto, objetivo y frontal, a través del cual manifieste qué
parte, o sí la totalidad del acuerdo impugnado emitido por la
responsable, mediante el cual aprueba el registro de las planillas
en comento, le resulta carente de derecho o ilegal, no discurre
en razonamientos o justificaciones lógicas específicas y
concisas, imposibilitando a este Tribunal Electoral a aplicar el
principio de la suplencia del agravio, dado que ni en forma
mínima se advierte la expresión de un motivo de disenso claro y
frontal.
Sin embargo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional
que si bien es cierto, que el apelante plantea la impugnación de
la aprobación del registro de las 125 ciento veinticinco planillas
en forma genérica y oscura; también lo es que identifica en este
Recurso de Apelación, la planilla correspondiente al
Ayuntamiento de Chapala, Jalisco; respecto del cual precisa tres
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actos aprobados por la responsable y que considera motivos de
agravio, mismos que serán estudiados en el orden de prelación
establecido por el actor:
j) La extemporaneidad en la presentación de la solicitud de
registro de la planilla de munícipes de mérito;
k) La presentación de la solicitud de registro carente de los
documentos que establece el artículo 241, fracción II y III
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco.
l) Omisión en la presentación del escrito del representante de
la Coalición “Compromiso por Jalisco”, con firma autógrafa
de éste, mediante la cual (sic) no se señala de manera clara
la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un
escrito con firma autógrafa en el que se especifique los
ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que
son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así
como los documentos en los que sustentan el cumplimiento
de los requisitos legales de elegibilidad.
a) Extemporaneidad de la presentación de la solicitud para
el registro de la planilla de munícipes.
En cuanto al motivo de agravio señalado en el inciso a), este
órgano jurisdiccional sostiene que es infundado dado que el
recurrente realiza consideración referente a que se entregaron
documentos fuera del plazo legal previsto para el registro de la
planilla de mérito; sin embargo del escrito de demanda no se
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desprende argumento toral encaminado a expresar en qué
consistió esencialmente dicha extemporaneidad.
En efecto, no existe elemento alguno en el libelo impugnativo a
partir del cual, este órgano resolutor pueda obtener los datos
específicos que arrojen la fecha y hora de la supuesta entrega
extemporánea de la presentación de la solicitud del registro de
mérito, de tal forma, que puedan ser contrastado con lo que
sostiene la autoridad responsable en el acuerdo que se
impugna, y en consecuencia se pueda colegir que dicho registro
fue presentado fuera del término previsto para lo conducente.
En esa virtud, es importante mencionar que de la lectura del
acuerdo impugnado, se advierte que la autoridad responsable
aprobó y realizó el registro de la planilla para el municipio de
Chapala, Jalisco, por haber sido satisfechos los requisitos del
mismo.
Por lo tanto, en seguimiento al principio de que lo ordinario se
presume, lo extraordinario se demuestra, este órgano
jurisdiccional sostiene que, en el presente caso, lo ordinario se
encuentra en la presentación de la solicitud del registro de la
planilla de munícipes en cuestión, dentro del plazo legal previsto
para tal efecto, situación que se hizo de manifiesto por la propia
responsable a través de la emisión del referido acuerdo
impugnado en el que se estableció que la planilla de munícipes
se aprobó y registró en virtud de que se cumplimentaron todos y
cada uno de los requisitos legales previstos para tal efecto, entre
ellos el relativo al de la oportunidad en la presentación de la
solicitud conducente, sin hacer mayor detenimiento o
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consideración al respecto; mientras que lo extraordinario, es
decir la supuesta extemporaneidad, se debió demostrar por
parte del recurrente, a través de la aportación de elementos
probatorios, contundentes y consistentes en los que figurara o
explicara claramente la circunstancia específica en las que,
según su dicho, radicó tal ilegalidad.
b) Estudio en general de los requisitos contenidos en el
artículo 241 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que ve al inciso b) tocante a la carencia de los
documentos requeridos en vía de requisitos necesarios para
obtener la aprobación del registro de la planilla de munícipes, el
partido político incoante manifiesta expresamente que existió en
dicha documentación, deficiencias y omisiones en su entrega.
Con respecto a este motivo de disenso, este órgano
jurisdiccional sostiene que deviene en infundado pues tal como
se advierte claramente de la argumentación vertida por el
recurrente en el escrito de demanda, la expresión en los mismos
redunda en consideraciones generales e imprecisas que resultan
insuficientes para revisar acuciosamente los defectos que en
específico, la aprobación del registro de la planilla de munícipes,
de ser el caso, pudiera presentar.
En efecto, tal como el mismo partido político actor lo indica, no
se advierten elementos esenciales tales como nombres, la
identificación de los documentos precisos de los cuales hubiera
carecido el registro, así mismo no se desprende cuál de los
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requisitos que establece el articulo 241, fracción II y III del
Código en la materia son los faltantes o en su caso deficientes.
Así pues, el apelante se limita a exponer textualmente lo que
detalla el artículo de referencia, sin embargo de ninguna forma
aporta elementos que aún inconexos entre sí, de los cuáles en
suplencia del agravio, sea posible colegir la aducida omisión en
la entrega de uno o algunos de los documentos presentados en
vía de requisitos; de ninguna forma individualiza o identifica los
supuestos requisitos faltantes o deficientes y aún menos
contextualiza la integración en específico del registro de la
planilla que controvierte.
En este tenor, conviene precisar que el actor expone agravios en
el desarrollo de su escrito de apelación, que se contradicen entre
sí, dado que en las primeras fojas de su demanda aduce que se
aprobó el registro de la planilla de munícipes de mérito, aún y
cuando en su correspondiente presentación existió la carencia
de documentos; sin embargo, en fojas más adelante del mismo
escrito, el incoante señala que los documentos requisitados
fueron entregados con deficiencias y así mismo, en los
subsiguientes renglones, termina arguyendo que existió por
parte de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, la ausencia total
de los requisitos que establece el precepto conducente; en
consecuencia, se colige que los argumentos vertidos por el
apelante devienen en incongruentes y contradictorios entre sí,
pues si da inicio a su apelación alegando la supuesta carencia
en una serie de documentos, continua denotando la deficiencia
en los mismos y concluye el libelo impugnativo, sosteniendo la
ausencia total de los mismos; expresiones en las cuales no se
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encuentra una congruencia o secuencia lógica argumentativa de
la que sea posible desprender argumentos sólidos y concretos
dirigidos a combatir la aducida ilegalidad de acto impugnado.
En consecuencia, se advierte que el motivo de agravio
expresado por el partido político promovente es genérico e
impreciso, pues no identifica cuáles requisitos de los previstos
en el artículo 241, párrafo 1, fracción II y III, considera que no
fueron presentados o cuál de ellos fueron presentados en forma
deficiente, así mismo, omite expresar argumentos mediante los
cuales especifique de forma frontal y precisa en qué parte de
documento mediante el cual se aprueba el registro de la planilla,
se encuentra la supuesta ilegalidad; sino que contrario a ello,
únicamente se limita a manifestar de forma por demás vaga e
indeterminada, que los documentos presentan "deficiencias u
omisiones no subsanables”, “ausencia total en la entrega de
documentos” “registro fue presentado carente de los
documentos que establece el artículo 241, párrafo 1, fracción II y
III”, por lo que al no proporcionar elementos suficientes para
permitirle un estudio de los agravios, o en su caso una suplencia
en los mismos, tales argumentos resultan infundados
En conclusión, tal como se apuntó en los primeros párrafos del
presente considerando, si bien es cierto que este Tribunal
Electoral se encuentra obligado legalmente a aplicar el principio
de la suplencia de los agravios, siempre y cuando, éstos puedan
deducirse de los hechos expuestos; también es cierto que este
órgano resolutor se encuentra limitado por los propios
argumentos que le aporta el apelante para el estudio de sus
motivos de agravio.
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Por lo tanto, al no contribuir el apelante con la carga de aportar
los elementos concretos y definidos revisables individualmente y
por ende, caer en la omisión de precisar puntual y
específicamente cuál o qué parte del acto impugnado considera
que se aparta de la legalidad, es absurdo pretender que este
Tribunal Electoral, bajo el amparo de ejercicio del principio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio, encamine las
pretensiones del actor y construya o formule agravios, tendientes
a realizar actos cuya competencia pertenece únicamente a la
responsable.
c) Estudio del requisito contenido en la fracción III, del
párrafo 1, del artículo 241 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por último, en cuanto al motivo de agravio contenido en el inciso
c), relativo a la omisión en la presentación del escrito del
representante de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, en el
cual no se señala de manera clara la postulación formal de la
planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en
el que se especifique los ciudadanos que la integran, el orden de
prelación en que son propuestos, el carácter de propietario o
suplente, así como los documentos en los que sustentan el
cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad, este
Tribunal Electoral advierte que los mismos devienen en
infundados por las consideraciones siguientes.
La autoridad electoral como garante de los principios
democráticos y salvaguarda de los derechos políticos de los
ciudadanos, lejos de restringir disposiciones legales que tutelen
RAP-158/2012
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los derechos consagrados en normas constitucionales, se
encuentra sujeta a realizar una interpretación extensiva de los
mismos, toda vez que éstos no son excepciones o privilegios
concedidos a favor de algunos, sino que se trata de derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales
debe ser ampliados, no restringidos, ni mucho menos
suprimidos, en estricto apego a lo ordenado por los artículos 1,
32, 35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De esta forma la limitación al ejercicio del sufragio pasivo, se
acota exclusivamente a razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o
condena, más nunca se debe condicionar, entre otras
cuestiones, a una facultad discrecional de un partido político; lo
anterior en términos de lo establecido en el artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en
atención de la reciente reforma, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 10 diez de junio del presente año, garantiza que
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Carta Magna, en los tratados internacionales
de los México sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse,
por el contrario, se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a
las personas con la protección más amplia.
Bajo esta tesitura, en el presente caso, que el apelante pretenda
la revocación del acto impugnado en virtud de que la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, supuestamente omitió la presentación
ante la autoridad responsable, del escrito del representante legal
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o, en su caso, este se hubiese presentado sin su firma
autógrafa, a través del cual se precise de manera clara la
postulación de los candidatos integrantes de la planilla, su
conducente carácter de propietarios o suplentes, así como los
documentos en los que sustentan el cumplimiento de los
requisitos legales de elegibilidad; vulnera en perjuicio de los
candidatos su derecho fundamental sustantivo consistente en la
prerrogativa ciudadana del derecho pasivo del voto, tutelada por
el artículo 35, fracción II de la Constitución General de la
República y 8, fracción II de la Constitución Política de la
entidad.
En efecto, los ciudadanos candidatos a munícipes integrantes de
la planilla impugnada, desde el momento en que compitieron en
los respectivos procedimientos selectivos internos y resultaron
electos, cuentan con el derecho humano fundamental del
sufragio en su vertiente pasiva, por lo que al requerir para su
registro, la presentación de un diverso escrito signado por el
representante legal de la Coalición en comento, impone un
requisito que se encuentra fuera de las posibilidades tanto
jurídicas, como materiales del candidato, lo que se traduce en
una limitación al derecho humano de referencia, criterio que se
aparta claramente al relativo a la potenciación de los derechos
humanos.
Al respecto, conviene precisar que similar criterio sostuvo el 27
veintisiete de abril del año en curso, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional de
la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en
Guadalajara, Jalisco, en sentencia de los Juicios para la
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Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
identificados bajo las siglas y número de expediente SG-JDC-
3162/2012 y sus acumulados SG-JDC-3163/2012 al SG-JDC-
3187/2012.
En abundancia a lo anterior, no pasa inadvertido para este
órgano resolutor que el apelante aporta argumentos
contradictorios entre sí que se desprende de los propios motivos
de agravios, ello en función de que por una parte, el recurrente
intentó controvertir la facultad del representante de la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, tanto para celebrar dicho instrumento
jurídico, como para signar y presentar las solicitudes de registro
de diversas candidaturas que fueron posteriormente aprobadas
por la autoridad responsable, de lo que se deduce que
efectivamente en el procedimiento de registro de las
candidaturas que se llevó a cabo por la Coalición en cita, se
exhibió documento diverso en el que constó fehacientemente la
rúbrica del referido represente; mientras que por otro lado, en el
presente motivo de agravio, aduce que dicho escrito no se
aportó, o que en su caso, el mismo carecía de la firma autógrafa
de dicho representante.
En consecuencia, se colige que el escrito de apelación es
incongruente en virtud de que por una parte acepta que dicho
escrito fue presentado con la firma del representante de la
Coalición y al mismo tiempo, niega lo anterior, y aduce la
omisión en la presentación del mismo, o en su caso, la falta de
rúbrica del representante de referencia.
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Por lo anteriormente, fundado y motivado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio segundo esgrimido por el
apelante y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VII. El motivo de agravio que el apelante identifica en su escrito de
demanda como “Tercero”, es el que a continuación se transcribe:
Tercero. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 5, punto 1, 17 párrafo 2, en relación con el 24, punto 3 y 68, punto 1, fracción XIX, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como el numeral 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones III y IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, inciso b), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en virtud de que la autoridad responsable aprobó el registro de la planilla del ayuntamiento CHAPALA, presentada por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, contraviniendo el principio de equidad de género, al violarse el
orden de prelación que debe de tener la planilla impugnada.
Esto es así, toda vez que la Autoridad Administrativa, omitió de manera flagrante el estudio de la integración de la planilla impugnada, por lo que ve al cumplimiento de la cuota de género que la ley establece.
El artículo 17, segundo párrafo, establece que las solicitudes de registro de que presenten los partidos o coaliciones, ante el Instituto Electoral, se integrarán con un máximo de setenta por ciento de candidatos de un solo sexo y garantizando la inclusión de un candidato del sexo distinto en cada tres lugares de la lista, hasta lograr el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, a partir del cual el orden se decidirá libremente por cada partido, hecho tal que no fue analizado al momento de declarar la validez del registro de la planilla de Presidente, Síndico y Regidores del Municipio de CHAPALA, Jalisco, pues es evidente que el mismo no cumple con tal paridad.
Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual resulta aplicable de manera análoga al caso que nos ocupa:
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. CÓMO SE DEBE APLICAR LA ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATOS.-….
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 48 y 49.
En virtud de lo anterior, se debe entender que la regla de alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional, consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar dicho número y cumplir con el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.
La finalidad de esta regla es el equilibrio entre los candidatos de ambos sexos y, a la postre, lograr la participación política efectiva de hombres y mujeres, en un plano de igualdad sustancial o real y efectiva, con el objetivo
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de mejorar la calidad de la representación política, y de eliminar los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política.
Es por todo lo anteriormente señalado, que la Autoridad Responsable al declarar como válido el registro de la planilla impugnada, viola lo establecido con el principio de equidad de género que establece no solo la legislación estatal, sino que también se encuentra consagrado en la ley federal electoral, en la Constitución Política Federal y el las leyes y tratados internacionales.
Ahora bien, a fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, también es necesario que el treinta por ciento de los candidatos de género distinto, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, esté compuesto en sus propietarios y suplentes por personas del mismo género, y no solo cumplir la cuota de género en propietarios por una parte, sin encontrar esa coincidencia en sus suplentes, aún y cuando en los suplentes también se cumpla con ese treinta por ciento. Si no que repito, debe ser coincidente, el género del propietario con el de su suplente, en ese treinta por ciento, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, en el cumplimiento de cuotas de género.
Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio ciudadano identificado con número de expediente SUP-JDC-12624/2011, se ha pronunciado en ese sentido, de que deben ser coincidentes en el género, el propietario con su respectivo suplente, en los candidatos que son parte del porcentaje del mismo género, que como mínimo están obligados a registrar los partidos políticos (cuota de género).
Pues lo que busca la norma, es garantizar la equidad de género y la igualdad de oportunidades, entre hombres y mujeres, sin favorecer a un género en específico. Obligación, que procura la paridad de género en la vida política del país, y que implica que esa paridad también deba reflejarse en la ocupación de los cargos de elección popular obtenidos por cada partido. De otra manera, no tendría sentido el establecimiento de cuotas de género en la designación de candidaturas a cargos de elección popular.
El hecho de que los candidatos que conforman la cuota de género, sean precisamente coincidentes en el género en forma alguna vulnera la paridad exigida por la norma. Esto es así porque si los candidatos propietarios cumplen con la regla prevista en el citado artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, los suplentes también lo harán. De esta forma, si llegaran a presentarse vacantes en los propietarios, éstos serían sustituidos por personas del mismo género y, por lo tanto, se conservaría el equilibrio de género no sólo en las candidaturas, sino también en la ocupación y ejercicio de los cargos respectivos.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se garantiza esa equidad de género, tanto en la postulación, como en su momento de llegarlo a ser, en el ejercicio del cargo, al no ser coincidentes en el género, los propietarios con sus suplentes, de las candidaturas que nos ocupan, vulnerando con eso el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.
De lo anterior, en esencia se desprende que el actor se duele de
que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla del
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Ayuntamiento de Chapala, Jalisco, postulada por la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, omitiendo el estudio relativo al
principio de equidad de género.
En este sentido, el partido político apelante argumenta que en la
integración de la planilla de munícipes en cuestión, no se
respetó la cuota de género regulada jurídicamente en la entidad,
que no existe orden de alternancia o prelación en éstos y
tampoco así, coincidencia de sexo entre los candidatos
propietarios y los suplentes; situación contraria a lo que dispone
la normatividad electoral, así como los criterios emitidos por el
órgano federal electoral, previstos para tal efecto.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO porque del análisis de
los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a la
conclusión de que los mismos, consisten en manifestaciones
dogmáticas, genéricas e imprecisas de las cuales no se
advierten elementos suficientes para combatir el fondo de la
resolución recurrida y relativa a la aprobación de la planilla de
munícipes en comento.
En principio, porque tal como se estableció en el considerando
anterior, en atención a lo previsto en el artículo 544, párrafo 1 del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación que se
someten a su consideración, tiene la facultad de suplir las
deficiencias en la expresión de los agravios planteados, también
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lo es que se llevará a cabo, siempre y cuando, éstos puedan ser
deducidos claramente de los hechos expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor, implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
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En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiencia en la expresión del agravio, y se
subsuma en la responsable, para realizar el trabajo que le
corresponde a ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades,
proceda a declarar su revocación u ordenar se subsanen.
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En el caso que nos ocupa, el partido político apelante intenta
controvertir del registro de la planilla de munícipes del
Ayuntamiento de Chapala, Jalisco, aduciendo como agravio que
no se garantiza la equidad de género que debe imperar por
mandato constitucional y legal en la integración de dichos
órganos de gobierno municipal.
Al respecto, realiza en el libelo impugnativo una descripción
dogmática de la forma y términos en que ambos tipos de género
deben distribuirse en relación al porcentaje en cuanto a la
integración de determinado órgano de gobierno conformado por
cargos de elección popular, señala la noción e implicación de la
paridad entre sexos con respecto a los candidatos propietarios y
suplentes, de igual manera pretende fundamentar sus
argumentos con tesis de jurisprudencia y criterios emitidos a
través de sentencias dictadas por el máximo órgano electoral
federal conducentes al tema de la equidad de género.
Así mismo, el apelante realiza una serie de manifestaciones
conceptuales respecto a la finalidad, objetivo y teleología del
principio de la equidad de género en la vida política del país; sin
embargo, del cúmulo de dichas manifestaciones no se advierte
elemento alguno que aporte respaldo sólido para controvertir
específicamente la integración en cuanto al género de la planilla
en comento.
En efecto, de la lectura del escrito de apelación no se advierte,
de cuántos candidatos a munícipes, de acuerdo a su
conocimiento, se integra la planilla en cita, de forma tal que el
apelante aporte para el conducente estudio de este órgano
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jurisdiccional, elementos precisos para estar en aptitud de
conocer en lo particular, el porcentaje de la cuota género del
mismo sexo y en dado caso, contrastar dicho elemento
porcentual con el que la autoridad responsable aprobó en la
planilla de mérito.
Efectivamente, el actor omite individualizar y pormenorizar los
nombres de los candidatos propietarios y su correspondiente
suplente integrantes de la planilla de candidatos a munícipes, de
los cuales se advierta la coincidencia o no entre éstos, respecto
al género, y aún menos contextualiza la integración en
específico, de los candidatos de sexo distinto en cada tres
lugares de la respectiva lista, es decir, no señala
específicamente cómo se encuentran conformados los bloques
integrados por tres candidatos a razón de una candidata de
género femenino en cada uno de éstos o viceversa.
Por lo tanto, como quedó establecido en párrafos precedentes,
el recurrente aporta una serie de elementos de índole dogmática
y conceptual de lo que no es posible advertir elementos
contundentes, como cualidades de género o razonamientos
cuantitativos, tales como nombre y sexo de identificación de los
candidatos a munícipes, el lugar que ocupan cada uno de ellos o
ellas dentro de las listas de integración de la planilla en comento,
la distinción entre su calidad de propietarios y suplentes, así
como el sexo al que pertenecen; es decir, no se especifica o
identifica pormenorizadamente cuáles, en dónde y en qué
consisten las supuestas inconsistencias relativas al
incumplimiento de la garantía de la equidad de género, por lo
que se colige, que este órgano jurisdiccional se encuentra
RAP-158/2012
49
imposibilitado para aplicar la suplencia del agravio y por ende,
estudiar las supuestas inconsistencias aducidas en relación a la
paridad y principio de equidad de género en que se incurre,
según el actor, en la planilla de candidatos a munícipes que fue
registrada y aprobada, por la autoridad responsable.
En consecuencia, al no contribuir el apelante con la carga de
aportar los elementos concretos y por ende, caer en la omisión
de precisar puntual y específicamente cuál o qué parte del acto
impugnado considera que se aparta de la legalidad, es absurdo
pretender que este Tribunal Electoral, bajo el amparo de la
aplicación del principio de la suplencia de la deficiencia en la
expresión del agravio, encamine las pretensiones del actor y
construya o formule agravios, tendientes a realizar actos cuya
competencia pertenece a la responsable.
En consecuencia, al tenor de los párrafos precedentes
sostenidos a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, el tercer
agravio esgrimido por el apelante y que ha sido analizado en el
presente considerando, resulta infundado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además, en lo
dispuesto por los artículos 57, párrafo segundo; 69, párrafo primero
y 70, fracción VI de la Constitución Política; 73, párrafo primero; 77
párrafo tercero, fracción II; 82, 88, fracción IV y 90 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; 536 fracción X; 595, 599, párrafo 1,
fracción I; 604, párrafo 1 y 608, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana y 10, fracción V del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado del Poder Judicial, todos
RAP-158/2012
50
ordenamientos del Estado de Jalisco, se resuelve conforme a los
siguientes
R E S O L U T I V O S :
PRIMERO. La competencia del Pleno de este Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Jalisco para conocer y resolver los
recurso de apelación; la personería y legitimación de las partes, así
como la procedencia del mismo, quedó acreditada en los términos
expuestos en los considerandos I, II y III de esta resolución.
SEGUNDO. se confirma el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, emitido el 28 de abril del año en curso, mediante el cual
resuelve las solicitudes de registro de planillas de candidatos a
munícipes, de la coalición “Compromiso por Jalisco”, identificado
como IEPC-ACG-084/12, por lo que ve al municipio de Chapala
Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en los
considerandos V, VI y VII de esta resolución.
Notifíquese en los términos de ley.
En su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, quienes firman al calce de la presente resolución,
conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos, quien
autoriza y da fe, y rubrica al margen todas las fojas que la integran.
RAP-158/2012
51
MAGISTRADO PRESIDENTE
JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA
MAGISTRADO
LUIS ANTONIO
CORONA NAKAMURA
MAGISTRADO
JOSÉ GUILLERMO
MEZA GARCÍA
MAGISTRADO GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ
MAGISTRADO RUBÉN VÁZQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS ALVARO ZUNO VÁSQUEZ
El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que la presente hoja corresponde a la resolución del 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce, pronunciada en el Recurso de Apelación RAP-158/2012, que consta de 51 cincuenta y un fojas por una sola cara.
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
EXPEDIENTE RAP-162/2012 ACTOR Partido Acción Nacional TERCERO INTERESADO Partido Revolucionario Institucional AUTORIDAD RESPONSABLE Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco MAGISTRADO PONENTE José Guillermo Meza García SECRETARIOS RELATORES Silvia Gpe. Bustos Vázquez Raymundo Miguel Figueroa Brizuela Bertha Sánchez Hoyos Gpe. Lucía Sánchez Vital
Guadalajara, Jalisco, a 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce.
VISTOS para resolver en definitiva, los autos del expediente del
Recurso de Apelación RAP-162/2012, promovido por el maestro
José Antonio Elvira de la Torre, representante propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en
contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que resuelve las
solicitudes de registro de planillas de candidatos a munícipes, de la
coalición “Compromiso por Jalisco” integrada por el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
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2
México, identificado como IEPC-ACG-084/12, emitido el 28
veintiocho de abril de 2012 dos mil doce.
Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en sesión pública
de esta fecha, se procede a emitir la presente resolución; y
R E S U L T A N D O
1. El 29 veintinueve de octubre de 2012 dos mil doce, fue publicada
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, número 13, sección
VI, TOMO CCCXXI, la convocatoria para la celebración de las
elecciones, constitucionales que se llevarán a cabo el día 1° de julio
de 2012 dos mil doce en la entidad, aprobada en sesión ordinaria,
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo IEPC-ACG-
047/11.
2. En la misma sesión ordinaria, mediante acuerdo IEPC-ACG-
048/11, el citado Consejo General, aprobó el calendario para el
proceso electoral local ordinario 2011-2012.
3. El 24 veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó
mediante acuerdo IEPC-ACG-019/12 el Convenio de Coalición
celebrado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México con la finalidad de postular candidatos
a Presidente Gobernador Constitucional, Diputados por el Principio
de Mayoría Relativa, así como para registrar planillas de candidatos
RAP-162/2012
3
a integrantes de los Ayuntamientos en la totalidad de los municipios
del Estado de Jalisco por el periodo 2012-2015.
4. El 28 veintiocho de abril del año que transcurre, se aprobó el
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE RESUELVE
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PLANILLAS DE CANDIDATOS A
MUNÍCIPES, DE LA COALICIÓN “COMPROMISO POR JALISCO”
INTEGRADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, IDENTIFICADO COMO IEPC-
ACG-084/12, en el cual se aprobaron diversas planillas de
candidatos, entre ellas, la presentada para el municipio de Acatic,
Jalisco, mismo que fue publicado el día 3 tres de mayo el presente
año en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
5. Inconforme con el citado acuerdo, el maestro José Antonio Elvira
de la Torre, ostentándose como Representante Propietario del
Partido Acción Nacional, presentó el 1 uno de mayo del año en
curso, ante el Instituto Electoral, Recurso de Revisión,
específicamente en contra de la aprobación del registro de planilla
de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de
Acatic, Jalisco.
6. El 16 dieciséis de mayo de esta anualidad, el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, remitió a este Tribunal Electoral, mediante oficio 2977/2012
Secretaría Ejecutiva, el escrito de Recurso de Revisión y diversa
documentación.
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4
7. El 17 diecisiete de mayo del presente año, mediante oficio SGTE-
785/2012, la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, por razón de turno, remitió a la ponencia del Magistrado
Presidente José Guillermo Meza García para su estudio, y en su
caso, admisión y formulación del proyecto de resolución el citado
Recurso de Revisión, que se registró con las siglas y números REV-
40/2012.
8. Una vez analizado el escrito de demanda, el Magistrado ponente,
advirtió que el acto combatido por el actor, era recurrible mediante
el Recurso de Apelación, por lo que, el día 28 veintiocho de mayo
del año que transcurre, los Magistrados integrantes del este
Tribunal Electoral, emitieron Acuerdo Plenario pare reencauzar la
demanda interpuesta, junto con 224 doscientos veinticuatro
recursos interpuestos en los mismos términos, se ordenó al
Secretario General dar de baja el expediente y realizar su registro
como Recurso de Apelación, y una vez realizado lo anterior, debía
devolver al Magistrado ponente el expediente para dar inicio a su
trámite, estudio, admisión en su caso y resolución como Recurso de
Apelación.
9. En cumplimiento al citado Acuerdo Plenario, el Secretario
General de Acuerdos, realizó el returno a la ponencia mediante
oficio SGTE-1063/2012, habiendo sido registrado en el Libro de
Gobierno como RAP-162/2012.
10. El 7 siete de junio del presente año, se emitió proveído, en el
que se tuvo por recibido y se radicó el Recurso de Apelación
interpuesto, se ordenó a la autoridad responsable realizar su
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publicitación, remitiera el informe circunstanciado y diversa
documentación.
11. En acuerdo del 16 dieciséis de junio de esta anualidad, se tuvo
por recibido de la autoridad responsable el informe circunstanciado,
diversa documentación e información, recibidas las constancias de
publicitación y de retiro de cada medio de impugnación, el escrito de
tercero interesado y la documentación que se acompañó al mismo,
se admitió el recurso interpuesto, así como las pruebas ofrecidas y
aportadas por las partes, y toda vez que el Magistrado responsable,
consideró que el expediente estaba debidamente substanciado para
ser fallado, se declaró cerrada la instrucción, para efecto de que se
formulara el proyecto de resolución correspondiente, mismo que se
somete a la consideración del Pleno del Tribunal Electoral dentro
del plazo que establece el artículo 604, párrafo 1 del Código en la
materia; y
C O N S I D E R A N D O
IX. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, ejerce jurisdicción y es competente para conocer del
Recurso de Apelación, de conformidad a lo previsto por los artículos
56, primer párrafo; 57, párrafos segundo y séptimo; 68; 69, primer
párrafo; 70, primer párrafo, fracción II de la Constitución Política; 3,
fracción II; 73; 77, primer párrafo y 82 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; 502, párrafo 1, fracción II; 504, párrafo 3; 596, párrafo 2;
599, párrafo 1, fracción II y 604, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana; 5, fracción II; 9, fracción I, a); 10, fracción
V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado del
Poder Judicial, todos ordenamientos del Estado de Jalisco, toda vez
RAP-162/2012
6
que de las documentales que obran agregadas al expediente, se
advierte una controversia derivada de una resolución emitida por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, durante el proceso electoral ordinario, que a
decir del Partido Político promovente le causa agravios.
X. Por lo que respecta a la legitimación del partido político, y la
personería del promovente, el artículo 602 párrafo 1, fracción I del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
establece que están legitimados para interponer el recurso de
apelación, entre otras personas, los partidos o agrupaciones
políticas por conducto de sus respectivos representantes legítimos
que estén acreditados ante el órgano electoral que dictó el acto o
resolución impugnada.
Por tanto, la legitimación del partido político actor, es de
reconocerse en virtud de tratarse de un partido político nacional
debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que se refiere a la personería del maestro José Antonio
Elvira de la Torre, quien se ostenta como Consejero Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, se tiene por reconocida, toda vez que se desprende de
actuaciones del expediente, así como del informe circunstanciado
rendido por la responsable en el que se le reconoce con tal
carácter.
RAP-162/2012
7
En relación al interés jurídico del recurrente para hacer valer el
recurso de apelación, se observa que en su escrito alega que el
acto impugnado le causa agravios, lo cual en principio, se considera
suficiente para que se proceda a su estudio, esto, sin perjuicio de
que en su oportunidad se juzguen los supuestos agravios que hace
valer en su medio de impugnación.
Por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, por ser su examen preferente conforme al principio
de economía procesal, requisitos previstos en los artículos 506, 507
y 603 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, preceptos que regulan: el plazo en que se debe
presentar el recurso de apelación; los requisitos que debe cumplir el
escrito, el requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento
previo de los recursos administrativos que el Código de la materia
señala para el caso concreto, al respecto se tiene que:
El plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece
en el artículo 506 del código de la materia, que en lo conducente
señala:
Artículo 506 Los medios de impugnación previstos en este Código deberán presentarse dentro de los seis días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnado, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.
Atento a lo dispuesto por el citado precepto, el Pleno de este
Tribunal Electoral advierte que, el acuerdo impugnado fue emitido el
28 veintiocho de abril del año que transcurre, en consecuencia, se
RAP-162/2012
8
deduce que el plazo para interponer el presente recurso de apelación
transcurrió los días hábiles 29 veintinueve y 30 treinta de abril, 1 uno,
2 dos, 3 tres y 4 cuatro de mayo del esta anualidad, y en virtud de
que el Recurso de Apelación fue presentado ante la autoridad
responsable el 1 uno de mayo, según consta en el sello de
recepción, este órgano colegiado estima que el medio de
impugnación fue presentado dentro del plazo previsto por la ley, y
así lo confirma la autoridad responsable en su informe
circunstanciado.
Por otra parte, el Pleno de este Tribunal Electoral, considera que el
escrito que dio origen al presente recurso, se ajusta a los
requisitos de los medios de impugnación, que establece el
artículo 507 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, disposición que es aplicable al medio procesal de
impugnación en que se actúa.
En efecto, se cumplieron los extremos que previene el citado
dispositivo legal, habida cuenta que el medio de impugnación se
presentó por escrito ante la autoridad responsable del acto
impugnado; se indicó el nombre del actor y el domicilio para recibir
notificaciones que se ubica en esta ciudad que es la residencia de
esta autoridad competente para resolver el medio de impugnación,
asimismo, se señaló el nombre de quien las pueda oír y recibir; no
obstante que el promovente no acompañó el documento necesario
para acreditar su personería, la misma consta en actuaciones del
expediente, así como del informe circunstanciado rendido por la
responsable en el que se le reconoce con tal carácter; se señaló al
partido político que representa; se identificó el acto impugnado, así
como a la autoridad responsable; se mencionaron los hechos en
RAP-162/2012
9
que se funda la impugnación, así como los agravios que le causa el
acto impugnado y los preceptos jurídicos presuntamente violados;
por lo que respecta a las pruebas, se advierte que promovente
ofreció las que consideró pertinentes, no obstante que no exhibió
los tres tantos de su demanda, lo anterior no le irroga perjuicio
alguno, y finalmente, se advierte que el promovente asentó su firma
autógrafa.
El artículo 603, párrafo 1 del Código en la materia, prevé que es
requisito de procedencia adicional para la admisión del recurso de
apelación que se agoten los recursos administrativos que establece
este ordenamiento legal para cada caso concreto, ya que, de lo
contrario, se desechará de plano, en el presente asunto, dicho
requisito se tiene por satisfecho, no es necesario agotar instancia
previa, toda vez que el acuerdo que se impugna fue emitido por el
Consejo General, órgano máximo de dirección del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que sus
actos son combatibles directamente mediante el recurso de
apelación.
Por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, quien
comparece como Tercero Interesado, al presente asunto en
términos de lo previsto en el artículo 512, párrafo 1, fracción III del
Código en la materia, se tiene que:
Se reconoce su legitimación, en virtud de tratarse de un partido
político nacional debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
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Por lo que se refiere a la personería del licenciado Benjamín
Guerrero Cordero, quien se ostenta como Apoderado Legal del
Partido Revolucionario Institucional, se tiene por reconocida, en
virtud de que obra agregada al diverso Recurso de Apelación RAP-
164/2012, copia certificada del Poder General Judicial, para Pleitos
y Cobranzas a favor de los licenciados Rafael Castellanos y
Benjamín Guerrero Cordero, otorgado en escritura pública 2,915,
ante la fe del Notario Público Titular número 138 de Guadalajara,
Jalisco, el 15 quince de febrero de 2012 dos mil doce, que remite el
Secretario General de Acuerdos de este órgano colegiado.
Por lo que se refiere al plazo para la presentación de su escrito,
esta se realizó en términos de lo previsto en el artículo 530 en
relación con el 506 del Código Electoral.
Los requisitos del escrito, previstos en el citado numeral 530 del
Código en la materia, se encuentran satisfechos, toda vez que el
mismo, fue presentado ante la autoridad responsable del acto
impugnado, se hizo constar el nombre de tercero interesado, se
señaló domicilio para recibir notificaciones, no obstante que no
acompañó el documento para acreditar su personería, la misma se
tiene acreditada con el Poder General Pleitos y Cobranzas, descrito
el líneas precedentes, asimismo, precisó la razón del interés jurídico
en que se funda y las pretensiones concretas del compareciente,
ofreció y aportó las pruebas y finalmente, hizo constar su firma
autógrafa.
III. Por ser las causales de improcedencia una cuestión de
estudio oficioso, éstas se analizan de manera preferente de
conformidad a lo previsto por los artículos 1; 536, párrafo 1, fracción
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II, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, por lo que se analizará si en el caso a estudio se actualiza
alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo
509 del ordenamiento legal invocado, y de ser así, deberá
decretarse el desechamiento de plano del medio de impugnación
planteado por la parte apelante, al no constituirse válida y
eficazmente el proceso, ya que ello imposibilitaría a este órgano
jurisdiccional para resolver sobre el fondo controvertido materia del
medio de impugnación.
Cabe señalar que las causales de improcedencia pueden
analizarse, ya sea por petición de parte, al haber sido invocadas por
alguna de ellas, o bien, porque de oficio esta autoridad jurisdiccional
las advierta, dada la obligación de analizar la integridad de las
constancias allegadas a los medios de impugnación, conforme a los
principios de constitucionalidad y legalidad consagrados por la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Al efecto, este órgano colegiado no advirtió la existencia o
actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas
por el artículo 509 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco en los medios de impugnación
interpuestos, pues no se pretendió impugnar la no conformidad a la
Constitución General de la República o la Política del Estado de
Jalisco, no se impugnaron actos o resoluciones que no afecten el
interés jurídico del actor, el acto o resolución no se consumó de un
modo irreparable, el acto o resolución no se consintió
expresamente, entendiéndose por ello, las manifestaciones de
voluntad que entrañen ese consentimiento o no se presenten los
RAP-162/2012
12
medios de impugnación dentro de los plazos señalados en el
Código Electoral y el promovente no careció de legitimación.
En virtud de las consideraciones realizadas, y al no advertirse
causal de improcedencia alguna que amerite un desechamiento de
plano, es procedente realizar el análisis de fondo de la controversia
planteada.
IV. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar si el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el 28 veintiocho de
abril de 2012 dos mil doce, que resolvió las solicitudes de registro
de planillas de candidatos a munícipes, que presentó de la coalición
“Compromiso por Jalisco”, identificado como IEPC-ACG-084/12, es
violatorio del principio de legalidad que toda resolución de autoridad
electoral debe cumplir, por ser uno de los principios constitucionales
y legales rectores de la función electoral, y si con ello se conculcó el
derecho que, en favor del promovente, consagra la Constitución
Política y el Código Electoral y de Participación Ciudadana ambos
ordenamientos del Estado de Jalisco.
Precisado lo anterior, el método que se abordará para dilucidar la
litis en el presente asunto, consistirá en examinar los agravios que
esgrime el recurrente en el Recurso de Apelación, los cuales se
estudiarán en los subsiguientes considerandos.
El examen se hará relacionando los agravios con los hechos y
puntos de derecho controvertidos y los que fundan la presente
resolución que se sustentan en la plenitud de jurisdicción que a este
órgano judicial le confiere el artículo 57, párrafo segundo de la
RAP-162/2012
13
Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 504, párrafo
3 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, así como con el análisis y la valoración de todas y cada una
de las pruebas que fueron admitidas.
Para tal efecto, en los siguientes considerandos se examinarán los
agravios que esgrime el ciudadano actor, pudiendo variar el orden
de la exposición contenida en el escrito que contiene el medio de
impugnación, lo cual no le causa lesión o afectación jurídica alguna,
pues esto sólo ocurre cuando no se estudian todos los motivos de
agravio, toda vez que no en todos los casos, los justiciables
exponen ordenadamente sus agravios, o bien en razón de que
algunos de éstos pueden ser de estudio preferente o incluso
encontrarse en cualquier parte del escrito que contiene la
impugnación.
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 02/98 y
03/2000 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, consultables en la Compilación
1997-2010 de Jurisprudencia y tesis relevantes en materia electoral,
Volumen 1 de Jurisprudencia, páginas 118 a la 120 bajo los rubros:
“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL.” y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”
V. Una vez establecido lo anterior, se advierte que el promovente,
expresa el agravio que identifica como “Primero” en los siguientes
términos:
RAP-162/2012
14
Primero. Así mismo, causa agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de candidatos a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Verde Ecologista de México, en flagrante violación del Principio Constitucional de Legalidad previsto en los artículos 14, 16,41 Base VI y 116 de Nuestra Carta Magna.
En un primer orden de ideas, en razón de que quien firma tanto el convenio de coalición, la modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de registro de candidatos, por la parte que representa al Partido Revolucionario Institucional, es RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del mencionado Instituto Político.
Por su parte, en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional no se contempla la figura del Delegado Especial para el despacho de la presidencia de algún Comité Directivo Estatal, ni mucho menos en alguno de sus reglamentos, sin embargo, el artículo 120 de los citados Estatutos, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal tienen a su cargo la representación y dirección política del Partido en la entidad federativa correspondiente y desarrollarán las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los programas estatales que apruebe el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como las acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional.
Y por su parte el artículo 121 de los Estatutos en comento, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal del Instituto Político que nos ocupa, estarán integrados, por un Presidente; un Secretario General; un Secretario de Organización; un Secretario de Acción Electoral; un Secretario de Acción Electoral (sic); un Secretario de Gestión Social; un Secretario de Finanzas; un Secretario de Administración; un Secretario de Acción Indígena en donde se tenga presencia de pueblos y comunidades indígenas; un Coordinador de Acción Legislativa; las demás secretarías que sean pertinentes a cada entidad federativa y que correspondan al Comité Ejecutivo Nacional; y cada sector, el Movimiento Territorial, el Organismo de Mujeres Priístas y el Frente Juvenil Revolucionario contarán con un Coordinador dentro del Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal, con las atribuciones y representatividad suficientes para su cabal funcionamiento.
Resulta evidente que en la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional, no se contempla la figura de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco; por lo que la persona que ostenta el mencionado carácter, no cuenta con facultades, ni para suscribir el convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México, las modificaciones al mismo, ni mucho menos para registrar candidatos, a nombre del Instituto Político en cuestión, ni mucho menos a nombre de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por los dos institutos políticos que se mencionan.
Pues en adición, cabe resaltar, que aun y cuando en las cláusulas décima y décima séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR JALISCO” establece que las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, aso (sic) como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el propio convenio de coalición; Sin embargo, si de origen RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA carece de representación para la celebración del convenio de coalición a nombre del Partido Revolucionario Institucional, luego entonces, por consecuencia
RAP-162/2012
15
carece de la representación para solicitar el registro de candidatos a nombre de la coalición, fundándose en el propio convenio de coalición.
Al respecto el artículo 241, párrafo 1, fracción III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establece que las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por el Consejo General del Instituto y contener escrito con firma autógrafa, del DIRIGENTE ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO, O EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
En este orden de ideas, si RAFAEL GONZÁLEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, fue quien firma las solicitudes de registro, de las planillas a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, lo hace en contravención de lo ordenado en el citado artículo 241, párrafo 1, fracción III de la Codificación Electoral de esta Entidad Federativa, pues el no es Dirigente Estatal en Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, y tampoco puede ser considerado como representante de la coalición en comento.
Razón por la cual es de considerarse que al aprobarse el registro de las candidaturas a munícipes para integrar los 125 municipios del estado de Jalisco, solicitadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA resulta del todo ilegal, ante su falta de representación tanto del Partido Revolucionario Institucional, como de la propia coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por dicho insitito (sic) político y por el Partido Verde Ecologista de México.
Lo que debió hacer la autoridad responsable es haber desechado de plano las solicitudes de registro de las planillas a munícipes firmadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 fracción III, 244 párrafos 2 y 4, y artículo 245, párrafo 1, fracción 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Al respecto resultan aplicables las siguientes Jurisprudencias:
…
Jurisprudencia 5/2001
CANDIDATOS. FACULTAD PARA SOLICITAR EL REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SIMILARES). …
Tesis CX12002
PERSONERÍA. LA REPRESENTACIÓN DELEGADA DE UN PARTIDO POLÍTICO DEBE CONSTAR EN INSTRUMENTO NOTARIAL. …
(…)
De lo anterior se desprende que el recurrente señala que le
causa agravio el acuerdo impugnado IEPC-ACG-084/12 de
veintiocho de abril de dos mil doce, emitido por el Consejo
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General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, que aprueba el registro de la planilla de
candidatos a munícipes, que presentó la coalición “Compromiso
Por Jalisco”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional
y por el Partido Verde Ecologista de México, por lo que respecta
al municipio de Acatic, Jalisco; al considerar que el mismo,
violenta el principio constitucional de legalidad; en razón de que
a su parecer, quien firma el convenio de coalición y la
modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de
registro de candidatos por la parte que representa al Partido
Revolucionario Institucional, a saber, Rafael González Pimienta,
no cuenta con facultades para ello.
Ahora bien, el agravio en estudio resulta infundado en virtud de
las consideraciones que a continuación se exponen:
A juicio de este Tribunal Electoral, resulta pertinente señalar que
del punto 5° quinto de los “Antecedentes” del acuerdo
impugnado, se observa que el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
hace referencia al diverso acuerdo identificado con la clave
alfanumérica IEPC-ACG-019/12 emitido el 24 veinticuatro de
febrero de 2012 dos mil doce, mediante el cual se aprobó el
registro del convenio de coalición que presentó el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
México, a la cual denominaron coalición “Compromiso por
Jalisco”, para contender en el proceso electoral local ordinario
2011-2012, en las elecciones de Gobernador, diputados por el
principio de Mayoría Relativa en cinco distritos electorales
locales y munícipes de los ciento veinticinco municipios que
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conforman el Estado de Jalisco, acuerdo que por tratarse de un
documento público consultable en el sitio o página web oficial del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco en la Internet, constituye un hecho notorio, por lo que
este Pleno del Tribunal Electoral, puede invocarlo en la presente
resolución.
Sirve para ilustrar lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX.2º.
J/24, visible a página 2470, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, de Enero de dos mil
nueve, Materia Común, Novena Época, bajo el rubro HECHO
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN
SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.
Así entonces, es necesario trascribir la Cláusula Décima
Séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, antes referido, que de manera textual señala:
“DÉCIMA SÉPTIMA.- Del registro de los candidatos de la coalición. Las
partes acuerdan que para tal efecto se apegan al “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2011-2012”, identificados con la clave IEPC-ACG-005/2012 y lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, 239, 240 y 241 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, así como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el presente convenio, teniendo las mismas facultades el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco del Partido Verde Ecologista de
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México en relación de los candidatos que postule este Instituto Político dentro de la coalición. Asimismo, los partidos que forman la presente coalición se obligan a remitir oportunamente a la instancia referida en el párrafo anterior, la documentación necesaria para el registro de los candidatos, o en su caso para la sustitución.” (lo resaltado es por parte de este Tribunal)
De lo antes trascrito se advierte claramente que contrario a lo
esgrimido por el recurrente, el Delegado Especial Encargado del
Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario
Institucional en Jalisco, a saber, Rafael González Pimienta, sí se
encontraba facultado para solicitar el registro de las
candidaturas postuladas por dicha coalición, pues así se pactó
de manera expresa en el convenio en estudio aprobado
mediante acuerdo identificado como IEPC-ACG-019/12, de 24
veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, mismo que
además no forma parte de la presente controversia, y por ello,
resulta ser un acto independiente, que al no haber sido
impugnado en su oportunidad, a la fecha se encuentra incólume
y debe entenderse como un acto consentido tácitamente.
Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 23/2000 y
9/2001, consultables en la páginas 235 y 236 así como 236 a la
238, respectivamente, de la Compilación 1997-2010
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1
Jurisprudencia, que refieren:
DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito
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que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.”
“DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. El actor queda exonerado de agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral local, en los casos en que el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y definitivo. En efecto, la razón que constituye la base lógica y jurídica para imponer al justiciable la carga de recurrir previamente a los medios ordinarios, antes de acceder a la justicia constitucional federal, radica en la explicación de sentido común de que tales medios de impugnación no son meras exigencias formales para retardar la impartición de la justicia, obstáculos impuestos al gobernado con el afán de dificultarle la preservación de sus derechos ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela efectiva que les garantiza la Constitución federal, sino instrumentos aptos y suficientes para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución que se combata; y al ser así las cosas, se impone deducir que, cuando ese propósito o finalidad no se puede satisfacer en algún caso concreto, ya sea por las especiales peculiaridades del asunto, por la forma en que se encuentren regulados los procesos impugnativos comunes, o por las actitudes de la propia autoridad responsable o de la que conoce o deba conocer de algún juicio o recurso de los aludidos, entonces se extingue la carga procesal de agotarlos, y por tanto se puede ocurrir directamente a la vía constitucional, pues las situaciones apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos cautelares, ni es posible fáctica ni jurídicamente retrotraer las cosas al tiempo pasado en que se cometieron las violaciones, mediante la reposición de un proceso electoral.”
En este sentido, no debe soslayarse que el referido acuerdo
IEPC-ACG-019/12 donde fue aprobado el convenio de la
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coalición denominada “Compromiso por Jalisco” deviene en un
acto anterior que fue consentido y que a su vez, trajo como
consecuencia la emisión de un acto posterior derivado de
manera directa de ese consentimiento, esto es, la aprobación de
las planillas de candidatos a munícipes, presentadas por la
coalición “Compromiso por Jalisco”, contenida en el acuerdo
identificado como IEPC-ACG-084/12; por tanto, el agravio
expresado por el actor consistente en la supuesta falta de
personería del representante del Partido Revolucionario
Institucional, resulta ser un acto derivado del consentimiento del
diverso acuerdo IEPC-ACG-019/12, en el que se aprobó el
registro del convenio de la referida coalición integrada por el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista
de México; ello, en virtud de que en el aludido acuerdo en el que
se aprobó el convenio de coalición, se otorgó de manera
expresa la facultad a Rafael González Pimienta, para suscribir el
registro de las candidaturas postuladas y aprobadas por el ahora
acuerdo IEPC-ACG-084/12, impugnado en el presente asunto.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que de las actuaciones que
integran el recurso de apelación en estudio, se advierte que el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, anexó a su informe
circunstanciado, copia certificada del proveído de 12 doce de
enero de dos mil doce, en el cual se tuvo a al ciudadano Gerardo
Álvarez Romero, en su carácter de Consejero Suplente
Representante del Partido Revolucionario Institucional,
exhibiendo copia certificada del ACUERDO DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL POR EL QUE SE CREAN DELEGACIONES
ESPECIALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL PARA EL
RAP-162/2012
21
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y LA SECREATRÍA GENERAL DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE JALISCO Y SE DESIGNAN A SUS
TITULARES y por ende, se tuvo al Partido Revolucionario
Institucional, dando cumplimiento a la obligación que le impone
el artículo 68, párrafo 1, fracción XIII, del Código Electoral y de
Participación ciudadana del Estado de Jalisco, en el sentido de
comunicar al Instituto, los cambios de los integrantes de sus
órganos directivos, y como consecuencia de ello, comunicando
que se designó al Licenciado Rafael González Pimienta, como
Delegado Especial para el despacho de la Presidencia del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de Jalisco, hasta en tanto se convoque y efectúe el
procedimiento estatutario para la elección de los titulares
respectivos, situación tampoco impugnada en su oportunidad;
por lo cual, se reitera que el acto que ahora impugna, constituye
una consecuencia del consentimiento de lo narrado en líneas
precedentes y, por ello, sí le asistió a Rafael González Pimienta,
la facultad para solicitar el registro de las planillas de candidatos
a munícipes, por parte de la coalición “Compromiso por Jalisco”.
Así entonces, como se precisó en párrafos precedentes, al haber
suscrito la solicitud de registro de la planilla de candidatos
aprobada, el ciudadano Rafael González Pimienta, en su
carácter de Delegado Especial encargado del despacho de la
Presidencia del Partido Revolucionario Institucional, no le asiste
la razón al apelante, en virtud de que contrario a lo señalado por
su parte, sí cuenta con facultades para ello.
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22
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio primero esgrimido por el
apelante, y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VI. Por lo que se refiere al “Segundo” motivo de agravio, el partido
político actor, argumenta lo siguiente:
HECHOS:
(…)
Segundo. Dentro de la etapa correspondiente al registro de candidatos de
los partidos políticos, con fecha quince de abril del año en curso, como es
un hecho notorio y público, acudieron a presentar su registro de candidatos
para los municipios del Estado de Jalisco, la Coalición “COMPROMISO
POR JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Verde Ecologista de México.
Dentro del mencionado proceso de registro fue evidente que al momento de
registrar las planillas y entregar la documentación requerida según la ley de
la materia, estas fueron recibidas incompletas y fuera del límite establecido
en el artículo 240, fracción IV del Código Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco, además de carente de los requisitos que establece el
artículo 241, punto 1, fracción II y llI.
Cabe señalar que fue el último día de los que se establecen en la ley para
presentar el registro de las planillas, la fecha en la cual acudieron al
mencionado proceso de registro, y en el cual ocurrieron una serie de
irregularidades por parte de la Autoridad Administrativa Electoral, al
momento de la recepción de la documentación para la integración de los
expedientes de los candidatos de la mencionada coalición.
Esto es así pues El Instituto Electoral de manera constante y repetida
obstaculizó al suscrito para conocer con veracidad la documentación real
que se estaba entregando, impidiéndome conocer puntualmente si era
entregado cada documento exigido por la ley para el registro de las planillas
de candidato a munícipe.
Tercero. Posteriormente con fecha veintiocho de abril del presente año, el
Consejo General del Instituto Electoral, decidió de manera ilegal aprobar el
registro de las 125 planillas de candidatos a Presidente Municipal,
Regidores y Síndico postulados por la Coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México, correspondientes a los Ayuntamientos del
Estado de Jalisco.
Cuarto. Entre los registros aprobados esta el correspondiente a la planilla
correspondiente al municipio de ACATIC, Jalisco, misma que fue presentada
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23
para su registro fuera del plazo legal previsto para tal efecto, además de
carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1, fracción II y
III del Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
(…)
AGRAVIOS
(…)
Segundo. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 9, 14, 16, 41, 35, 116, fracción IV, inciso b) y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracción X de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 1, punto dos, 24, 29, 229, 239, punto uno, fracción IV, 241, fracciones II y III, 245, punto uno, fracciones I, III y IV, 246, 115, 120 punto 1, y 500, punto 1, fracción I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en virtud de que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de ACATIC, Jalisco, no obstante de que la solicitud de registro fue presentada después de concluido el plazo legal previsto para tal efecto, además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1, fracción II y III.
El principio de legalidad, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal.
Al respecto resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.—…
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 234-235.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996.—….
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, páginas 57-58, Sala Superior, tesis S3EL 034/97.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 798-799.
Una definición doctrinal del Ayuntamiento lo explica de la siguiente manera: Órgano colegiado y deliberante que asume la representación y el gobierno del municipio. Integrado por los Regidores, él o los Síndicos y el Presidente Municipal.
El sistema de elección municipal, denominado “de planillas”, puede resumirse de la siguiente forma: 1) en un mismo acto político (el acto del sufragio) se elige, mediante un “voto simultáneo” todo el cuerpo político del ayuntamiento; 2) de la planilla ganadora emana el presidente municipal, uno o más síndicos, y un número predeterminado de regidores “de mayoría”; y 3) de las planillas perdedoras que alcancen el umbral de representación requerido se complementa el cuerpo edilicio con un grupo de regidores de “representación proporcional”.
Este sistema, que se encuentra estatuido en la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, la que en su artículo 3 señala “Cada Municipio es gobernado por un
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Ayuntamiento de elección popular directa”, a su vez el numeral 10 de dicho cuerpo normativo establece “Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se determinan en la ley estatal en materia electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas; y permanecen en sus cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de cada período.
Ahora bien, de conformidad al artículo 134, fracción XVI y 246, párrafo uno, fracción II del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es la autoridad competente para aprobar la procedencia del registro de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de ACATIC, Jalisco, para lo cual, deberá revisar que la solicitud de registro cumpla con los requisitos que al efecto establece el Código Electoral y de Participación Ciudadana, así como la Constitución Política del Estado de Jalisco.
El artículo 240, punto uno, fracción IV del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señala que el plazo para la presentación de las solicitudes de registro en el caso de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, concluye el día 15 de abril del año de la elección.
Ahora bien, de una interpretación sistemática, funcional y gramatical de los artículos 21, 24, punto tres, 239, fracción IV, 240, fracción IV, 244 y demás relativos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se advierte lo siguiente:
1. La elección de integrantes de los ayuntamientos del Estado de Jalisco, se realizará mediante la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, que registren los partidos políticos y candidatos ordenado de forma progresiva en la que se incluya el numero de regidores propietario y suplentes correspondientes.
2. Los partidos políticos o coaliciones deberán registrar la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico durante el plazo previsto para tal efecto, cumpliendo con los requisitos formales y materiales que la ley establece.
3. En caso de que faltara algún requisito formal, (copia certificada del acta de nacimiento, escrito con firma autógrafa del estatal en el que manifieste bajo protesta que los ciudadanos que se registran fueron seleccionados de conformidad con los estatutos, etcétera) la autoridad electoral, podrá requerir al partido o coalición, para que subsane la inconsistencia.
4. Únicamente podrán se subsanables los requisitos que deben
acompañarse a la presentación de la solicitud de registro de la planilla.
5. En caso de presentarse la solicitud de la planilla fuera del plazo previsto
será motivo de desechamiento de la misma.
Ahora bien, como se advierte del expediente relativo al registro de la planilla de cuenta, la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, presentó una serie de documentos al momento de fenecer el plazo legal, sin embargo tal y como lo certificó la propia autoridad electoral, existían deficiencias y omisiones no subsanables.
Es decir, la planilla impugnada no presentó la totalidad de los documentos que establece el artículo 241, fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que a la letra señala que deben contener:
Artículo 241.
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1. Las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por
I…
II. A la solicitud de cada uno de los ciudadanos propuestos a candidatos propietarios y suplentes, se deberá acompañar sin excepción los documentos siguientes:
a) Escrito con firma autógrafa en el que los ciudadanos propuestos como candidatos manifiesten su aceptación para ser registrados y en el que bajo protesta de decir verdad expresen que cumplen con todos y cada uno de los requisitos que establecen la Constitución Política del Estado y este Código;
b) Copia certificada del acta de nacimiento o certificación del registro del nacimiento, expedidas en ambos casos por la oficina del registro civil;
c) Copia certificada por Notario Público o autoridad competente de la credencial para votar;
d) Constancia de residencia, cuando no sean nativos de la Entidad, expedida con una antigüedad no mayor de tres meses por el Ayuntamiento al que corresponda su domicilio; y
e) Copia certificada por autoridad competente de la constancia de rendición de la declaración de situación patrimonial, cuando se trate de servidores públicos.
III. Escrito con firma autógrafa, del dirigente estatal del partido político, o en su caso, del representante de la coalición, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
Tal y como se ha señalado en los puntos que anteceden en la presente impugnación, es hecho notorio, público y evidente, que existió por parte de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, una ausencia total en la entrega de los documentos que señala el artículo antes transcrito, aunado a la falta del escrito del representante de la referida coalición, en la cual no se señala de manera clara la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que especifique los ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así como los documentos en los que sustentan el cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad.
La previsión legal consignada en el artículo 244 del Código Local, señala que en caso de faltar alguno de los requisitos que deben presentarse a cada solicitud, la autoridad electoral, podrá requerir a los partidos para que subsanen las deficiencias en la integración del expediente, lo que no implica que puedan cubrir sus omisiones una vez agotado el plazo que la ley les otorga para realizar el registro, pues hacerlo de esta forma implica extender el plazo previsto.
Es pertinente distinguir, que existen dos tipos de inconsistencia, las subsanables y aquellas que por su carácter no pueden ser reparables.
Así las cosas, son omisiones subsanables, aquellas que por sus características no atañen directamente a una cuestión pública, o afectan de manera directa los principios de certeza, equidad e imparcialidad rectores de la función electoral.
En ese sentido, el hecho de que la solicitud de registro de la planilla de candidatos no se presente antes de la fecha prevista, no sea entregada la documentación requerida, así como que no cumpla con los requisitos que señalan los incisos a) de la fracción II, y lo previsto en la fracción III del párrafo 1 del artículo 241 del Código del Estado, son requisitos que no pueden ser subsanables, toda vez, que una interpretación contraria, reduciría al absurdo de suponer que un partido político presente una solicitud de registro con el nombre de sólo un candidato, o bien, que haga entrega de una serie de documentos inconexos con el sólo afán de generar un precedente, y contar con los elementos para ampliar el plazo previsto
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para la integración de la planilla de candidatos, y ahora si estar en aptitud de solicitar su registro.
De lo señalado, se advierte que en el caso de que la solicitud de registro no contenga ningún documento, ni el nombre de por todos los integrantes de la planilla, es un vicio invalidante, que para subsanarlo se tendría que abrir un nuevo plazo para la presentación de la solicitud de registro, en razón de que como se ha señalado con antelación, el registro de candidatos se llevará a cabo por planillas completas, y no como en el caso, en el que sólo no se presentaron el total de los integrantes de la misma.
Al caso, esta autoridad deberá tomar en consideración el principio de impugnabilidad rector de los medios de impugnación en materia electoral, mismo que señala que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales tienen la posibilidad de se (sic) combatidos o impugnados, es decir, que todos los actos de las autoridades electorales tienen mecanismos de oposición para que puedan ser objeto de un nuevo análisis, estableciéndose como una garantía a todos los sujetos del derecho electoral, el poder acudir ante las autoridades a fin de ventilar todas aquellas situaciones que provoquen disconformidad de dichos actos o resoluciones.
(…)
De lo trasunto se desprende que el actor se duele en esencia de
la supuesta ilegalidad de la resolución emitida por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el 28 veintiocho de abril del 2012 dos mil
doce, que aprobó el registro de las planillas de Presidente
Municipal, Regidores y Sindico de los 125 ciento veinticinco
Ayuntamientos postulados por la Coalición “Compromiso por
Jalisco”, entre ellas la planilla relativa al Municipio de Acatic,
Jalisco, en razón de la presentación extemporánea de la
solicitud correspondiente, así como por la insuficiencia de los
requisitos necesarios para obtener el registro de mérito.
El apelante abunda en que la Coalición “Compromiso por
Jalisco” para el registro de la planilla de munícipes en comento,
al momento de fenecer el plazo legal conducente, presentó una
serie de documentos deficientes y con omisiones no
subsanables.
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27
De igual forma, el actor señala que no se presentó ante la
autoridad responsable la totalidad de los documentos requeridos
en vía de cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo
241, fracciones II y III del Código en la materia.
Aunado a lo anterior, el recurrente aduce textualmente que al
registro de la planilla de munícipes en comento, le faltó el escrito
del representante de la Coalición en cita, en la (sic) cual no se
señala de manera clara, la postulación formal de la planilla
impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que se
especifique los nombres de los ciudadanos que la integran, el
orden de prelación con que son propuestos, el carácter de
propietario o suplente, así como en los documentos en los que
se sustenta el cumplimiento de los requisitos legales de
elegibilidad.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO, esto es así, porque del
análisis de los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a
la conclusión de que los mismos, consisten en meras
apreciaciones subjetivas, genéricas e imprecisas que no cuentan
con los elementos suficientes para combatir el estudio de fondo
de la resolución recurrida.
En principio, porque en atención a lo previsto en el artículo 544,
párrafo 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación
que se someten a su consideración, se encuentra obligado a
RAP-162/2012
28
suplir las deficiencias en la expresión de los agravios
planteados, también lo es que se llevará a cabo, siempre y
cuando, éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos
expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Al respecto, conviene precisar que ha sido criterio reiterado por
este Tribunal Electoral, que los conceptos de agravio se pueden
tener por formulados independientemente de su ubicación en
determinado capítulo o sección de la demanda, así como de su
presentación, planteamiento o construcción lógica; debido a que
no es requisito sine qua non que se encuentren contenidos en
un capítulo especial de conceptos de agravio, siempre y cuando,
éstos expresen las violaciones legales que se considere fueron
cometidas por la autoridad responsable, en cualquier parte del
escrito inicial de demanda, exponiendo con toda claridad los
RAP-162/2012
29
razonamientos lógico jurídicos por los cuales se concluya que no
se actuó conforme a derecho.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 03/2000
y 02/98, consultables a páginas 117 a la 119, de la "Compilación
1997-2010” de Jurisprudencia y tesis, tomo de Jurisprudencia,
Volumen 1, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, bajo los rubros: "AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y
"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL".
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
En este tenor, si bien es cierto que el Tribunal Electoral esta
facultado para resolver supliendo la deficiencia en la expresión
del agravio, siempre y cuando, de la propia redacción del escrito
de demanda, se desprendan los elementos mínimos necesarios
de los cuales, inclusive, aún estando inconexos entre sí, se
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pueda colegir el planteamiento de agravios específicamente
formulados para destruir frontalmente el acto que se impugna;
también es cierto que, en oposición a lo anterior, cuando del
libelo impugnativo no se desprenda elemento, hecho o
manifestación clara y precisa a partir de la cual se pueda
formular un agravio concreto, este órgano jurisdiccional se
encuentra impedido para ir más allá de la intensión del actor y
consecuentemente, configurar ex officio la expresión del agravio
pertinente para alcanzar las pretensiones planteadas por el
partido político actor, puesto que tal situación no sería una
suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel del
promovente.
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
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31
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio y se subsuma en
la responsable, para realizar el trabajo que le corresponde a
ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades o
inconsistencias, proceda a declarar su revocación u ordenar se
subsanen.
En el caso que nos ocupa, de la lectura integral del escrito de
demanda, se advierte que el partido político apelante intenta
controvertir la legalidad del acuerdo emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, identificado como IEPC-ACG-084/12, de
fecha 28 veintiocho de abril del año en curso, mediante el cual
se aprobó del registro de las 125 ciento veinticinco planillas de
munícipes postuladas por la Coalición “Compromiso por Jalisco”,
que habrán de participar en la contienda electoral del próximo
primero de julio, para renovar los ayuntamientos que integran el
Estado de Jalisco; arguyendo que se vulneran los diversos
artículos en virtud de que la autoridad responsable aprobó el
registro de la planilla de munícipes para la conducente
postulación relativa al Ayuntamiento Acatic; no obstante de que
dicho registro fue presentado una vez fenecido el plazo legal
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32
previsto para tal efecto y además, carente de los requisitos a que
se encuentra sujeto.
Así mismo, del estudio acucioso del escrito de demanda de
apelación, se advierte que el actor intenta configurar un agravio
tendiente a atacar la legalidad de dicho registro en su conjunto,
fundamentándose en diversos preceptos de orden constitucional
y legal que de ninguna manera utiliza como motivación para
sostener sus argumentos.
En efecto, únicamente expresa en forma genérica que le causa
agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de
candidatos a postularse en los 125 ciento veinticinco municipios,
sin embargo, no hace valer motivo de disenso específico,
concreto, objetivo y frontal, a través del cual manifieste qué
parte, o sí la totalidad del acuerdo impugnado emitido por la
responsable, mediante el cual aprueba el registro de las planillas
en comento, le resulta carente de derecho o ilegal, no discurre
en razonamientos o justificaciones lógicas específicas y
concisas, imposibilitando a este Tribunal Electoral a aplicar el
principio de la suplencia del agravio, dado que ni en forma
mínima se advierte la expresión de un motivo de disenso claro y
frontal.
Sin embargo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional
que si bien es cierto, que el apelante plantea la impugnación de
la aprobación del registro de las 125 ciento veinticinco planillas
en forma genérica y oscura; también lo es que identifica en este
Recurso de Apelación, la planilla correspondiente al
Ayuntamiento de Acatic, Jalisco; respecto del cual precisa tres
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actos aprobados por la responsable y que considera motivos de
agravio, mismos que serán estudiados en el orden de prelación
establecido por el actor:
m) La extemporaneidad en la presentación de la solicitud de
registro de la planilla de munícipes de mérito;
n) La presentación de la solicitud de registro carente de los
documentos que establece el artículo 241, fracción II y III
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco.
o) Omisión en la presentación del escrito del representante de
la Coalición “Compromiso por Jalisco”, con firma autógrafa
de éste, mediante la cual (sic) no se señala de manera clara
la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un
escrito con firma autógrafa en el que se especifique los
ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que
son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así
como los documentos en los que sustentan el cumplimiento
de los requisitos legales de elegibilidad.
a) Extemporaneidad de la presentación de la solicitud para
el registro de la planilla de munícipes.
En cuanto al motivo de agravio señalado en el inciso a), este
órgano jurisdiccional sostiene que es infundado dado que el
recurrente realiza consideración referente a que se entregaron
documentos fuera del plazo legal previsto para el registro de la
planilla de mérito; sin embargo del escrito de demanda no se
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desprende argumento toral encaminado a expresar en qué
consistió esencialmente dicha extemporaneidad.
En efecto, no existe elemento alguno en el libelo impugnativo a
partir del cual, este órgano resolutor pueda obtener los datos
específicos que arrojen la fecha y hora de la supuesta entrega
extemporánea de la presentación de la solicitud del registro de
mérito, de tal forma, que puedan ser contrastado con lo que
sostiene la autoridad responsable en el acuerdo que se
impugna, y en consecuencia se pueda colegir que dicho registro
fue presentado fuera del término previsto para lo conducente.
En esa virtud, es importante mencionar que de la lectura del
acuerdo impugnado, se advierte que la autoridad responsable
aprobó y realizó el registro de la planilla para el municipio de
Acatic, Jalisco, por haber sido satisfechos los requisitos del
mismo.
Por lo tanto, en seguimiento al principio de que lo ordinario se
presume, lo extraordinario se demuestra, este órgano
jurisdiccional sostiene que, en el presente caso, lo ordinario se
encuentra en la presentación de la solicitud del registro de la
planilla de munícipes en cuestión, dentro del plazo legal previsto
para tal efecto, situación que se hizo de manifiesto por la propia
responsable a través de la emisión del referido acuerdo
impugnado en el que se estableció que la planilla de munícipes
se aprobó y registró en virtud de que se cumplimentaron todos y
cada uno de los requisitos legales previstos para tal efecto, entre
ellos el relativo al de la oportunidad en la presentación de la
solicitud conducente, sin hacer mayor detenimiento o
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consideración al respecto; mientras que lo extraordinario, es
decir la supuesta extemporaneidad, se debió demostrar por
parte del recurrente, a través de la aportación de elementos
probatorios, contundentes y consistentes en los que figurara o
explicara claramente la circunstancia específica en las que,
según su dicho, radicó tal ilegalidad.
b) Estudio en general de los requisitos contenidos en el
artículo 241 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que ve al inciso b) tocante a la carencia de los
documentos requeridos en vía de requisitos necesarios para
obtener la aprobación del registro de la planilla de munícipes, el
partido político incoante manifiesta expresamente que existió en
dicha documentación, deficiencias y omisiones en su entrega.
Con respecto a este motivo de disenso, este órgano
jurisdiccional sostiene que deviene en infundado pues tal como
se advierte claramente de la argumentación vertida por el
recurrente en el escrito de demanda, la expresión en los mismos
redunda en consideraciones generales e imprecisas que resultan
insuficientes para revisar acuciosamente los defectos que en
específico, la aprobación del registro de la planilla de munícipes,
de ser el caso, pudiera presentar.
En efecto, tal como el mismo partido político actor lo indica, no
se advierten elementos esenciales tales como nombres, la
identificación de los documentos precisos de los cuales hubiera
carecido el registro, así mismo no se desprende cuál de los
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36
requisitos que establece el articulo 241, fracción II y III del
Código en la materia son los faltantes o en su caso deficientes.
Así pues, el apelante se limita a exponer textualmente lo que
detalla el artículo de referencia, sin embargo de ninguna forma
aporta elementos que aún inconexos entre sí, de los cuáles en
suplencia del agravio, sea posible colegir la aducida omisión en
la entrega de uno o algunos de los documentos presentados en
vía de requisitos; de ninguna forma individualiza o identifica los
supuestos requisitos faltantes o deficientes y aún menos
contextualiza la integración en específico del registro de la
planilla que controvierte.
En este tenor, conviene precisar que el actor expone agravios en
el desarrollo de su escrito de apelación, que se contradicen entre
sí, dado que en las primeras fojas de su demanda aduce que se
aprobó el registro de la planilla de munícipes de mérito, aún y
cuando en su correspondiente presentación existió la carencia
de documentos; sin embargo, en fojas más adelante del mismo
escrito, el incoante señala que los documentos requisitados
fueron entregados con deficiencias y así mismo, en los
subsiguientes renglones, termina arguyendo que existió por
parte de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, la ausencia total
de los requisitos que establece el precepto conducente; en
consecuencia, se colige que los argumentos vertidos por el
apelante devienen en incongruentes y contradictorios entre sí,
pues si da inicio a su apelación alegando la supuesta carencia
en una serie de documentos, continua denotando la deficiencia
en los mismos y concluye el libelo impugnativo, sosteniendo la
ausencia total de los mismos; expresiones en las cuales no se
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37
encuentra una congruencia o secuencia lógica argumentativa de
la que sea posible desprender argumentos sólidos y concretos
dirigidos a combatir la aducida ilegalidad de acto impugnado.
En consecuencia, se advierte que el motivo de agravio
expresado por el partido político promovente es genérico e
impreciso, pues no identifica cuáles requisitos de los previstos
en el artículo 241, párrafo 1, fracción II y III, considera que no
fueron presentados o cuál de ellos fueron presentados en forma
deficiente, así mismo, omite expresar argumentos mediante los
cuales especifique de forma frontal y precisa en qué parte de
documento mediante el cual se aprueba el registro de la planilla,
se encuentra la supuesta ilegalidad; sino que contrario a ello,
únicamente se limita a manifestar de forma por demás vaga e
indeterminada, que los documentos presentan "deficiencias u
omisiones no subsanables”, “ausencia total en la entrega de
documentos” “registro fue presentado carente de los
documentos que establece el artículo 241, párrafo 1, fracción II y
III”, por lo que al no proporcionar elementos suficientes para
permitirle un estudio de los agravios, o en su caso una suplencia
en los mismos, tales argumentos resultan infundados
En conclusión, tal como se apuntó en los primeros párrafos del
presente considerando, si bien es cierto que este Tribunal
Electoral se encuentra obligado legalmente a aplicar el principio
de la suplencia de los agravios, siempre y cuando, éstos puedan
deducirse de los hechos expuestos; también es cierto que este
órgano resolutor se encuentra limitado por los propios
argumentos que le aporta el apelante para el estudio de sus
motivos de agravio.
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38
Por lo tanto, al no contribuir el apelante con la carga de aportar
los elementos concretos y definidos revisables individualmente y
por ende, caer en la omisión de precisar puntual y
específicamente cuál o qué parte del acto impugnado considera
que se aparta de la legalidad, es absurdo pretender que este
Tribunal Electoral, bajo el amparo de ejercicio del principio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio, encamine las
pretensiones del actor y construya o formule agravios, tendientes
a realizar actos cuya competencia pertenece únicamente a la
responsable.
c) Estudio del requisito contenido en la fracción III, del
párrafo 1, del artículo 241 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por último, en cuanto al motivo de agravio contenido en el inciso
c), relativo a la omisión en la presentación del escrito del
representante de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, en el
cual no se señala de manera clara la postulación formal de la
planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en
el que se especifique los ciudadanos que la integran, el orden de
prelación en que son propuestos, el carácter de propietario o
suplente, así como los documentos en los que sustentan el
cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad, este
Tribunal Electoral advierte que los mismos devienen en
infundados por las consideraciones siguientes.
La autoridad electoral como garante de los principios
democráticos y salvaguarda de los derechos políticos de los
ciudadanos, lejos de restringir disposiciones legales que tutelen
RAP-162/2012
39
los derechos consagrados en normas constitucionales, se
encuentra sujeta a realizar una interpretación extensiva de los
mismos, toda vez que éstos no son excepciones o privilegios
concedidos a favor de algunos, sino que se trata de derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales
debe ser ampliados, no restringidos, ni mucho menos
suprimidos, en estricto apego a lo ordenado por los artículos 1,
32, 35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De esta forma la limitación al ejercicio del sufragio pasivo, se
acota exclusivamente a razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o
condena, más nunca se debe condicionar, entre otras
cuestiones, a una facultad discrecional de un partido político; lo
anterior en términos de lo establecido en el artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en
atención de la reciente reforma, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 10 diez de junio del presente año, garantiza que
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Carta Magna, en los tratados internacionales
de los México sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse,
por el contrario, se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a
las personas con la protección más amplia.
Bajo esta tesitura, en el presente caso, que el apelante pretenda
la revocación del acto impugnado en virtud de que la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, supuestamente omitió la presentación
ante la autoridad responsable, del escrito del representante legal
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40
o, en su caso, este se hubiese presentado sin su firma
autógrafa, a través del cual se precise de manera clara la
postulación de los candidatos integrantes de la planilla, su
conducente carácter de propietarios o suplentes, así como los
documentos en los que sustentan el cumplimiento de los
requisitos legales de elegibilidad; vulnera en perjuicio de los
candidatos su derecho fundamental sustantivo consistente en la
prerrogativa ciudadana del derecho pasivo del voto, tutelada por
el artículo 35, fracción II de la Constitución General de la
República y 8, fracción II de la Constitución Política de la
entidad.
En efecto, los ciudadanos candidatos a munícipes integrantes de
la planilla impugnada, desde el momento en que compitieron en
los respectivos procedimientos selectivos internos y resultaron
electos, cuentan con el derecho humano fundamental del
sufragio en su vertiente pasiva, por lo que al requerir para su
registro, la presentación de un diverso escrito signado por el
representante legal de la Coalición en comento, impone un
requisito que se encuentra fuera de las posibilidades tanto
jurídicas, como materiales del candidato, lo que se traduce en
una limitación al derecho humano de referencia, criterio que se
aparta claramente al relativo a la potenciación de los derechos
humanos.
Al respecto, conviene precisar que similar criterio sostuvo el 27
veintisiete de abril del año en curso, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional de
la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en
Guadalajara, Jalisco, en sentencia de los Juicios para la
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Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
identificados bajo las siglas y número de expediente SG-JDC-
3162/2012 y sus acumulados SG-JDC-3163/2012 al SG-JDC-
3187/2012.
En abundancia a lo anterior, no pasa inadvertido para este
órgano resolutor que el apelante aporta argumentos
contradictorios entre sí que se desprende de los propios motivos
de agravios, ello en función de que por una parte, el recurrente
intentó controvertir la facultad del representante de la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, tanto para celebrar dicho instrumento
jurídico, como para signar y presentar las solicitudes de registro
de diversas candidaturas que fueron posteriormente aprobadas
por la autoridad responsable, de lo que se deduce que
efectivamente en el procedimiento de registro de las
candidaturas que se llevó a cabo por la Coalición en cita, se
exhibió documento diverso en el que constó fehacientemente la
rúbrica del referido represente; mientras que por otro lado, en el
presente motivo de agravio, aduce que dicho escrito no se
aportó, o que en su caso, el mismo carecía de la firma autógrafa
de dicho representante.
En consecuencia, se colige que el escrito de apelación es
incongruente en virtud de que por una parte acepta que dicho
escrito fue presentado con la firma del representante de la
Coalición y al mismo tiempo, niega lo anterior, y aduce la
omisión en la presentación del mismo, o en su caso, la falta de
rúbrica del representante de referencia.
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42
Por lo anteriormente, fundado y motivado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio segundo esgrimido por el
apelante y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VII. El motivo de agravio que el apelante identifica en su escrito de
demanda como “Tercero”, es el que a continuación se transcribe:
Tercero. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 5, punto 1, 17 párrafo 2, en relación con el 24, punto 3 y 68, punto 1, fracción XIX, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como el numeral 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones III y IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, inciso b), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en virtud de que la autoridad responsable aprobó el registro de la planilla del ayuntamiento ACATIC, presentada por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, contraviniendo el principio de equidad de género, al violarse el
orden de prelación que debe de tener la planilla impugnada.
Esto es así, toda vez que la Autoridad Administrativa, omitió de manera flagrante el estudio de la integración de la planilla impugnada, por lo que ve al cumplimiento de la cuota de género que la ley establece.
El artículo 17, segundo párrafo, establece que las solicitudes de registro de que presenten los partidos o coaliciones, ante el Instituto Electoral, se integrarán con un máximo de setenta por ciento de candidatos de un solo sexo y garantizando la inclusión de un candidato del sexo distinto en cada tres lugares de la lista, hasta lograr el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, a partir del cual el orden se decidirá libremente por cada partido, hecho tal que no fue analizado al momento de declarar la validez del registro de la planilla de Presidente, Síndico y Regidores del Municipio de ACATIC, Jalisco, pues es evidente que el mismo no cumple con tal paridad.
Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual resulta aplicable de manera análoga al caso que nos ocupa:
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. CÓMO SE DEBE APLICAR LA ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATOS.-….
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 48 y 49.
En virtud de lo anterior, se debe entender que la regla de alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional, consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar dicho número y cumplir con el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.
La finalidad de esta regla es el equilibrio entre los candidatos de ambos sexos y, a la postre, lograr la participación política efectiva de hombres y mujeres, en un plano de igualdad sustancial o real y efectiva, con el objetivo
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de mejorar la calidad de la representación política, y de eliminar los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política.
Es por todo lo anteriormente señalado, que la Autoridad Responsable al declarar como válido el registro de la planilla impugnada, viola lo establecido con el principio de equidad de género que establece no solo la legislación estatal, sino que también se encuentra consagrado en la ley federal electoral, en la Constitución Política Federal y el las leyes y tratados internacionales.
Ahora bien, a fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, también es necesario que el treinta por ciento de los candidatos de género distinto, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, esté compuesto en sus propietarios y suplentes por personas del mismo género, y no solo cumplir la cuota de género en propietarios por una parte, sin encontrar esa coincidencia en sus suplentes, aún y cuando en los suplentes también se cumpla con ese treinta por ciento. Si no que repito, debe ser coincidente, el género del propietario con el de su suplente, en ese treinta por ciento, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, en el cumplimiento de cuotas de género.
Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio ciudadano identificado con número de expediente SUP-JDC-12624/2011, se ha pronunciado en ese sentido, de que deben ser coincidentes en el género, el propietario con su respectivo suplente, en los candidatos que son parte del porcentaje del mismo género, que como mínimo están obligados a registrar los partidos políticos (cuota de género).
Pues lo que busca la norma, es garantizar la equidad de género y la igualdad de oportunidades, entre hombres y mujeres, sin favorecer a un género en específico. Obligación, que procura la paridad de género en la vida política del país, y que implica que esa paridad también deba reflejarse en la ocupación de los cargos de elección popular obtenidos por cada partido. De otra manera, no tendría sentido el establecimiento de cuotas de género en la designación de candidaturas a cargos de elección popular.
El hecho de que los candidatos que conforman la cuota de género, sean precisamente coincidentes en el género en forma alguna vulnera la paridad exigida por la norma. Esto es así porque si los candidatos propietarios cumplen con la regla prevista en el citado artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, los suplentes también lo harán. De esta forma, si llegaran a presentarse vacantes en los propietarios, éstos serían sustituidos por personas del mismo género y, por lo tanto, se conservaría el equilibrio de género no sólo en las candidaturas, sino también en la ocupación y ejercicio de los cargos respectivos.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se garantiza esa equidad de género, tanto en la postulación, como en su momento de llegarlo a ser, en el ejercicio del cargo, al no ser coincidentes en el género, los propietarios con sus suplentes, de las candidaturas que nos ocupan, vulnerando con eso el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.
De lo anterior, en esencia se desprende que el actor se duele de
que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla del
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Ayuntamiento de Acatic, Jalisco, postulada por la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, omitiendo el estudio relativo al
principio de equidad de género.
En este sentido, el partido político apelante argumenta que en la
integración de la planilla de munícipes en cuestión, no se
respetó la cuota de género regulada jurídicamente en la entidad,
que no existe orden de alternancia o prelación en éstos y
tampoco así, coincidencia de sexo entre los candidatos
propietarios y los suplentes; situación contraria a lo que dispone
la normatividad electoral, así como los criterios emitidos por el
órgano federal electoral, previstos para tal efecto.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO porque del análisis de
los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a la
conclusión de que los mismos, consisten en manifestaciones
dogmáticas, genéricas e imprecisas de las cuales no se
advierten elementos suficientes para combatir el fondo de la
resolución recurrida y relativa a la aprobación de la planilla de
munícipes en comento.
En principio, porque tal como se estableció en el considerando
anterior, en atención a lo previsto en el artículo 544, párrafo 1 del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación que se
someten a su consideración, tiene la facultad de suplir las
deficiencias en la expresión de los agravios planteados, también
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lo es que se llevará a cabo, siempre y cuando, éstos puedan ser
deducidos claramente de los hechos expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor, implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
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En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiencia en la expresión del agravio, y se
subsuma en la responsable, para realizar el trabajo que le
corresponde a ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades,
proceda a declarar su revocación u ordenar se subsanen.
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En el caso que nos ocupa, el partido político apelante intenta
controvertir del registro de la planilla de munícipes del
Ayuntamiento de Acatic, Jalisco, aduciendo como agravio que no
se garantiza la equidad de género que debe imperar por
mandato constitucional y legal en la integración de dichos
órganos de gobierno municipal.
Al respecto, realiza en el libelo impugnativo una descripción
dogmática de la forma y términos en que ambos tipos de género
deben distribuirse en relación al porcentaje en cuanto a la
integración de determinado órgano de gobierno conformado por
cargos de elección popular, señala la noción e implicación de la
paridad entre sexos con respecto a los candidatos propietarios y
suplentes, de igual manera pretende fundamentar sus
argumentos con tesis de jurisprudencia y criterios emitidos a
través de sentencias dictadas por el máximo órgano electoral
federal conducentes al tema de la equidad de género.
Así mismo, el apelante realiza una serie de manifestaciones
conceptuales respecto a la finalidad, objetivo y teleología del
principio de la equidad de género en la vida política del país; sin
embargo, del cúmulo de dichas manifestaciones no se advierte
elemento alguno que aporte respaldo sólido para controvertir
específicamente la integración en cuanto al género de la planilla
en comento.
En efecto, de la lectura del escrito de apelación no se advierte,
de cuántos candidatos a munícipes, de acuerdo a su
conocimiento, se integra la planilla en cita, de forma tal que el
apelante aporte para el conducente estudio de este órgano
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jurisdiccional, elementos precisos para estar en aptitud de
conocer en lo particular, el porcentaje de la cuota género del
mismo sexo y en dado caso, contrastar dicho elemento
porcentual con el que la autoridad responsable aprobó en la
planilla de mérito.
Efectivamente, el actor omite individualizar y pormenorizar los
nombres de los candidatos propietarios y su correspondiente
suplente integrantes de la planilla de candidatos a munícipes, de
los cuales se advierta la coincidencia o no entre éstos, respecto
al género, y aún menos contextualiza la integración en
específico, de los candidatos de sexo distinto en cada tres
lugares de la respectiva lista, es decir, no señala
específicamente cómo se encuentran conformados los bloques
integrados por tres candidatos a razón de una candidata de
género femenino en cada uno de éstos o viceversa.
Por lo tanto, como quedó establecido en párrafos precedentes,
el recurrente aporta una serie de elementos de índole dogmática
y conceptual de lo que no es posible advertir elementos
contundentes, como cualidades de género o razonamientos
cuantitativos, tales como nombre y sexo de identificación de los
candidatos a munícipes, el lugar que ocupan cada uno de ellos o
ellas dentro de las listas de integración de la planilla en comento,
la distinción entre su calidad de propietarios y suplentes, así
como el sexo al que pertenecen; es decir, no se especifica o
identifica pormenorizadamente cuáles, en dónde y en qué
consisten las supuestas inconsistencias relativas al
incumplimiento de la garantía de la equidad de género, por lo
que se colige, que este órgano jurisdiccional se encuentra
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imposibilitado para aplicar la suplencia del agravio y por ende,
estudiar las supuestas inconsistencias aducidas en relación a la
paridad y principio de equidad de género en que se incurre,
según el actor, en la planilla de candidatos a munícipes que fue
registrada y aprobada, por la autoridad responsable.
En consecuencia, al no contribuir el apelante con la carga de
aportar los elementos concretos y por ende, caer en la omisión
de precisar puntual y específicamente cuál o qué parte del acto
impugnado considera que se aparta de la legalidad, es absurdo
pretender que este Tribunal Electoral, bajo el amparo de la
aplicación del principio de la suplencia de la deficiencia en la
expresión del agravio, encamine las pretensiones del actor y
construya o formule agravios, tendientes a realizar actos cuya
competencia pertenece a la responsable.
En consecuencia, al tenor de los párrafos precedentes
sostenidos a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, el tercer
agravio esgrimido por el apelante y que ha sido analizado en el
presente considerando, resulta infundado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además, en lo
dispuesto por los artículos 57, párrafo segundo; 69, párrafo primero
y 70, fracción VI de la Constitución Política; 73, párrafo primero; 77
párrafo tercero, fracción II; 82, 88, fracción IV y 90 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; 536 fracción X; 595, 599, párrafo 1,
fracción I; 604, párrafo 1 y 608, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana y 10, fracción V del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado del Poder Judicial, todos
RAP-162/2012
50
ordenamientos del Estado de Jalisco, se resuelve conforme a los
siguientes
R E S O L U T I V O S :
PRIMERO. La competencia del Pleno de este Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Jalisco para conocer y resolver los
recurso de apelación; la personería y legitimación de las partes, así
como la procedencia del mismo, quedó acreditada en los términos
expuestos en los considerandos I, II y III de esta resolución.
SEGUNDO. se confirma el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, emitido el 28 de abril del año en curso, mediante el cual
resuelve las solicitudes de registro de planillas de candidatos a
munícipes, de la coalición “Compromiso por Jalisco”, identificado
como IEPC-ACG-084/12, por lo que ve al municipio de Acatic
Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en los
considerandos V, VI y VII de esta resolución.
Notifíquese en los términos de ley.
En su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, quienes firman al calce de la presente resolución,
conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos, quien
autoriza y da fe, y rubrica al margen todas las fojas que la integran.
RAP-162/2012
51
MAGISTRADO PRESIDENTE
JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA
MAGISTRADO
LUIS ANTONIO
CORONA NAKAMURA
MAGISTRADO
JOSÉ GUILLERMO
MEZA GARCÍA
MAGISTRADO GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ
MAGISTRADO RUBÉN VÁZQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS ALVARO ZUNO VÁSQUEZ
El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que la presente hoja corresponde a la resolución del 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce, pronunciada en el Recurso de Apelación RAP-162/2012, que consta de 51 cincuenta y un fojas por una sola cara.
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
EXPEDIENTE RAP-163/2012 ACTOR Partido Acción Nacional TERCERO INTERESADO Partido Revolucionario Institucional AUTORIDAD RESPONSABLE Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco MAGISTRADO PONENTE José Guillermo Meza García SECRETARIOS RELATORES Silvia Gpe. Bustos Vázquez Raymundo Miguel Figueroa Brizuela Bertha Sánchez Hoyos Gpe. Lucía Sánchez Vital
Guadalajara, Jalisco, a 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce.
VISTOS para resolver en definitiva, los autos del expediente del
Recurso de Apelación RAP-163/2012, promovido por el maestro
José Antonio Elvira de la Torre, representante propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en
contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que resuelve las
solicitudes de registro de planillas de candidatos a munícipes, de la
coalición “Compromiso por Jalisco” integrada por el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
RAP-163/2012
2
México, identificado como IEPC-ACG-084/12, emitido el 28
veintiocho de abril de 2012 dos mil doce.
Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en sesión pública
de esta fecha, se procede a emitir la presente resolución; y
R E S U L T A N D O
1. El 29 veintinueve de octubre de 2012 dos mil doce, fue publicada
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, número 13, sección
VI, TOMO CCCXXI, la convocatoria para la celebración de las
elecciones, constitucionales que se llevarán a cabo el día 1° de julio
de 2012 dos mil doce en la entidad, aprobada en sesión ordinaria,
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo IEPC-ACG-
047/11.
2. En la misma sesión ordinaria, mediante acuerdo IEPC-ACG-
048/11, el citado Consejo General, aprobó el calendario para el
proceso electoral local ordinario 2011-2012.
3. El 24 veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó
mediante acuerdo IEPC-ACG-019/12 el Convenio de Coalición
celebrado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México con la finalidad de postular candidatos
a Presidente Gobernador Constitucional, Diputados por el Principio
de Mayoría Relativa, así como para registrar planillas de candidatos
RAP-163/2012
3
a integrantes de los Ayuntamientos en la totalidad de los municipios
del Estado de Jalisco por el periodo 2012-2015.
4. El 28 veintiocho de abril del año que transcurre, se aprobó el
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE RESUELVE
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PLANILLAS DE CANDIDATOS A
MUNÍCIPES, DE LA COALICIÓN “COMPROMISO POR JALISCO”
INTEGRADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, IDENTIFICADO COMO IEPC-
ACG-084/12, en el cual se aprobaron diversas planillas de
candidatos, entre ellas, la presentada para el municipio de Acatlán
de Juárez, Jalisco, mismo que fue publicado el día 3 tres de mayo el
presente año en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
5. Inconforme con el citado acuerdo, el maestro José Antonio Elvira
de la Torre, ostentándose como Representante Propietario del
Partido Acción Nacional, presentó el 1 uno de mayo del año en
curso, ante el Instituto Electoral, Recurso de Revisión,
específicamente en contra de la aprobación del registro de planilla
de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de
Acatlán de Juárez, Jalisco.
6. El 16 dieciséis de mayo de esta anualidad, el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, remitió a este Tribunal Electoral, mediante oficio 2977/2012
Secretaría Ejecutiva, el escrito de Recurso de Revisión y diversa
documentación.
RAP-163/2012
4
7. El 17 diecisiete de mayo del presente año, mediante oficio SGTE-
786/2012, la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, por razón de turno, remitió a la ponencia del Magistrado
Presidente José Guillermo Meza García para su estudio, y en su
caso, admisión y formulación del proyecto de resolución el citado
Recurso de Revisión, que se registró con las siglas y números REV-
41/2012.
8. Una vez analizado el escrito de demanda, el Magistrado ponente,
advirtió que el acto combatido por el actor, era recurrible mediante
el Recurso de Apelación, por lo que, el día 28 veintiocho de mayo
del año que transcurre, los Magistrados integrantes del este
Tribunal Electoral, emitieron Acuerdo Plenario pare reencauzar la
demanda interpuesta, junto con 224 doscientos veinticuatro
recursos interpuestos en los mismos términos, se ordenó al
Secretario General dar de baja el expediente y realizar su registro
como Recurso de Apelación, y una vez realizado lo anterior, debía
devolver al Magistrado ponente el expediente para dar inicio a su
trámite, estudio, admisión en su caso y resolución como Recurso de
Apelación.
9. En cumplimiento al citado Acuerdo Plenario, el Secretario
General de Acuerdos, realizó el returno a la ponencia mediante
oficio SGTE-1063/2012, habiendo sido registrado en el Libro de
Gobierno como RAP-163/2012.
10. El 7 siete de junio del presente año, se emitió proveído, en el
que se tuvo por recibido y se radicó el Recurso de Apelación
interpuesto, se ordenó a la autoridad responsable realizar su
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5
publicitación, remitiera el informe circunstanciado y diversa
documentación.
11. En acuerdo del 16 dieciséis de junio de esta anualidad, se tuvo
por recibido de la autoridad responsable el informe circunstanciado,
diversa documentación e información, recibidas las constancias de
publicitación y de retiro de cada medio de impugnación, el escrito de
tercero interesado y la documentación que se acompañó al mismo,
se admitió el recurso interpuesto, así como las pruebas ofrecidas y
aportadas por las partes, y toda vez que el Magistrado responsable,
consideró que el expediente estaba debidamente substanciado para
ser fallado, se declaró cerrada la instrucción, para efecto de que se
formulara el proyecto de resolución correspondiente, mismo que se
somete a la consideración del Pleno del Tribunal Electoral dentro
del plazo que establece el artículo 604, párrafo 1 del Código en la
materia; y
C O N S I D E R A N D O
XI. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, ejerce jurisdicción y es competente para conocer del
Recurso de Apelación, de conformidad a lo previsto por los artículos
56, primer párrafo; 57, párrafos segundo y séptimo; 68; 69, primer
párrafo; 70, primer párrafo, fracción II de la Constitución Política; 3,
fracción II; 73; 77, primer párrafo y 82 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; 502, párrafo 1, fracción II; 504, párrafo 3; 596, párrafo 2;
599, párrafo 1, fracción II y 604, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana; 5, fracción II; 9, fracción I, a); 10, fracción
V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado del
Poder Judicial, todos ordenamientos del Estado de Jalisco, toda vez
RAP-163/2012
6
que de las documentales que obran agregadas al expediente, se
advierte una controversia derivada de una resolución emitida por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, durante el proceso electoral ordinario, que a
decir del Partido Político promovente le causa agravios.
XII. Por lo que respecta a la legitimación del partido político, y la
personería del promovente, el artículo 602 párrafo 1, fracción I del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
establece que están legitimados para interponer el recurso de
apelación, entre otras personas, los partidos o agrupaciones
políticas por conducto de sus respectivos representantes legítimos
que estén acreditados ante el órgano electoral que dictó el acto o
resolución impugnada.
Por tanto, la legitimación del partido político actor, es de
reconocerse en virtud de tratarse de un partido político nacional
debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que se refiere a la personería del maestro José Antonio
Elvira de la Torre, quien se ostenta como Consejero Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, se tiene por reconocida, toda vez que se desprende de
actuaciones del expediente, así como del informe circunstanciado
rendido por la responsable en el que se le reconoce con tal
carácter.
RAP-163/2012
7
En relación al interés jurídico del recurrente para hacer valer el
recurso de apelación, se observa que en su escrito alega que el
acto impugnado le causa agravios, lo cual en principio, se considera
suficiente para que se proceda a su estudio, esto, sin perjuicio de
que en su oportunidad se juzguen los supuestos agravios que hace
valer en su medio de impugnación.
Por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, por ser su examen preferente conforme al principio
de economía procesal, requisitos previstos en los artículos 506, 507
y 603 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, preceptos que regulan: el plazo en que se debe
presentar el recurso de apelación; los requisitos que debe cumplir el
escrito, el requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento
previo de los recursos administrativos que el Código de la materia
señala para el caso concreto, al respecto se tiene que:
El plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece
en el artículo 506 del código de la materia, que en lo conducente
señala:
Artículo 506 Los medios de impugnación previstos en este Código deberán presentarse dentro de los seis días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnado, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.
Atento a lo dispuesto por el citado precepto, el Pleno de este
Tribunal Electoral advierte que, el acuerdo impugnado fue emitido el
28 veintiocho de abril del año que transcurre, en consecuencia, se
RAP-163/2012
8
deduce que el plazo para interponer el presente recurso de apelación
transcurrió los días hábiles 29 veintinueve y 30 treinta de abril, 1 uno,
2 dos, 3 tres y 4 cuatro de mayo del esta anualidad, y en virtud de
que el Recurso de Apelación fue presentado ante la autoridad
responsable el 1 uno de mayo, según consta en el sello de
recepción, este órgano colegiado estima que el medio de
impugnación fue presentado dentro del plazo previsto por la ley, y
así lo confirma la autoridad responsable en su informe
circunstanciado.
Por otra parte, el Pleno de este Tribunal Electoral, considera que el
escrito que dio origen al presente recurso, se ajusta a los
requisitos de los medios de impugnación, que establece el
artículo 507 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, disposición que es aplicable al medio procesal de
impugnación en que se actúa.
En efecto, se cumplieron los extremos que previene el citado
dispositivo legal, habida cuenta que el medio de impugnación se
presentó por escrito ante la autoridad responsable del acto
impugnado; se indicó el nombre del actor y el domicilio para recibir
notificaciones que se ubica en esta ciudad que es la residencia de
esta autoridad competente para resolver el medio de impugnación,
asimismo, se señaló el nombre de quien las pueda oír y recibir; no
obstante que el promovente no acompañó el documento necesario
para acreditar su personería, la misma consta en actuaciones del
expediente, así como del informe circunstanciado rendido por la
responsable en el que se le reconoce con tal carácter; se señaló al
partido político que representa; se identificó el acto impugnado, así
como a la autoridad responsable; se mencionaron los hechos en
RAP-163/2012
9
que se funda la impugnación, así como los agravios que le causa el
acto impugnado y los preceptos jurídicos presuntamente violados;
por lo que respecta a las pruebas, se advierte que promovente
ofreció las que consideró pertinentes, no obstante que no exhibió
los tres tantos de su demanda, lo anterior no le irroga perjuicio
alguno, y finalmente, se advierte que el promovente asentó su firma
autógrafa.
El artículo 603, párrafo 1 del Código en la materia, prevé que es
requisito de procedencia adicional para la admisión del recurso de
apelación que se agoten los recursos administrativos que establece
este ordenamiento legal para cada caso concreto, ya que, de lo
contrario, se desechará de plano, en el presente asunto, dicho
requisito se tiene por satisfecho, no es necesario agotar instancia
previa, toda vez que el acuerdo que se impugna fue emitido por el
Consejo General, órgano máximo de dirección del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que sus
actos son combatibles directamente mediante el recurso de
apelación.
Por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, quien
comparece como Tercero Interesado, al presente asunto en
términos de lo previsto en el artículo 512, párrafo 1, fracción III del
Código en la materia, se tiene que:
Se reconoce su legitimación, en virtud de tratarse de un partido
político nacional debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
RAP-163/2012
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Por lo que se refiere a la personería del licenciado Benjamín
Guerrero Cordero, quien se ostenta como Apoderado Legal del
Partido Revolucionario Institucional, se tiene por reconocida, en
virtud de que obra agregada al diverso Recurso de Apelación RAP-
164/2012, copia certificada del Poder General Judicial, para Pleitos
y Cobranzas a favor de los licenciados Rafael Castellanos y
Benjamín Guerrero Cordero, otorgado en escritura pública 2,915,
ante la fe del Notario Público Titular número 138 de Guadalajara,
Jalisco, el 15 quince de febrero de 2012 dos mil doce, que remite el
Secretario General de Acuerdos de este órgano colegiado.
Por lo que se refiere al plazo para la presentación de su escrito,
esta se realizó en términos de lo previsto en el artículo 530 en
relación con el 506 del Código Electoral.
Los requisitos del escrito, previstos en el citado numeral 530 del
Código en la materia, se encuentran satisfechos, toda vez que el
mismo, fue presentado ante la autoridad responsable del acto
impugnado, se hizo constar el nombre de tercero interesado, se
señaló domicilio para recibir notificaciones, no obstante que no
acompañó el documento para acreditar su personería, la misma se
tiene acreditada con el Poder General Pleitos y Cobranzas, descrito
el líneas precedentes, asimismo, precisó la razón del interés jurídico
en que se funda y las pretensiones concretas del compareciente,
ofreció y aportó las pruebas y finalmente, hizo constar su firma
autógrafa.
III. Por ser las causales de improcedencia una cuestión de
estudio oficioso, éstas se analizan de manera preferente de
conformidad a lo previsto por los artículos 1; 536, párrafo 1, fracción
RAP-163/2012
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II, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, por lo que se analizará si en el caso a estudio se actualiza
alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo
509 del ordenamiento legal invocado, y de ser así, deberá
decretarse el desechamiento de plano del medio de impugnación
planteado por la parte apelante, al no constituirse válida y
eficazmente el proceso, ya que ello imposibilitaría a este órgano
jurisdiccional para resolver sobre el fondo controvertido materia del
medio de impugnación.
Cabe señalar que las causales de improcedencia pueden
analizarse, ya sea por petición de parte, al haber sido invocadas por
alguna de ellas, o bien, porque de oficio esta autoridad jurisdiccional
las advierta, dada la obligación de analizar la integridad de las
constancias allegadas a los medios de impugnación, conforme a los
principios de constitucionalidad y legalidad consagrados por la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Al efecto, este órgano colegiado no advirtió la existencia o
actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas
por el artículo 509 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco en los medios de impugnación
interpuestos, pues no se pretendió impugnar la no conformidad a la
Constitución General de la República o la Política del Estado de
Jalisco, no se impugnaron actos o resoluciones que no afecten el
interés jurídico del actor, el acto o resolución no se consumó de un
modo irreparable, el acto o resolución no se consintió
expresamente, entendiéndose por ello, las manifestaciones de
voluntad que entrañen ese consentimiento o no se presenten los
RAP-163/2012
12
medios de impugnación dentro de los plazos señalados en el
Código Electoral y el promovente no careció de legitimación.
En virtud de las consideraciones realizadas, y al no advertirse
causal de improcedencia alguna que amerite un desechamiento de
plano, es procedente realizar el análisis de fondo de la controversia
planteada.
IV. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar si el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el 28 veintiocho de
abril de 2012 dos mil doce, que resolvió las solicitudes de registro
de planillas de candidatos a munícipes, que presentó de la coalición
“Compromiso por Jalisco”, identificado como IEPC-ACG-084/12, es
violatorio del principio de legalidad que toda resolución de autoridad
electoral debe cumplir, por ser uno de los principios constitucionales
y legales rectores de la función electoral, y si con ello se conculcó el
derecho que, en favor del promovente, consagra la Constitución
Política y el Código Electoral y de Participación Ciudadana ambos
ordenamientos del Estado de Jalisco.
Precisado lo anterior, el método que se abordará para dilucidar la
litis en el presente asunto, consistirá en examinar los agravios que
esgrime el recurrente en el Recurso de Apelación, los cuales se
estudiarán en los subsiguientes considerandos.
El examen se hará relacionando los agravios con los hechos y
puntos de derecho controvertidos y los que fundan la presente
resolución que se sustentan en la plenitud de jurisdicción que a este
órgano judicial le confiere el artículo 57, párrafo segundo de la
RAP-163/2012
13
Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 504, párrafo
3 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, así como con el análisis y la valoración de todas y cada una
de las pruebas que fueron admitidas.
Para tal efecto, en los siguientes considerandos se examinarán los
agravios que esgrime el ciudadano actor, pudiendo variar el orden
de la exposición contenida en el escrito que contiene el medio de
impugnación, lo cual no le causa lesión o afectación jurídica alguna,
pues esto sólo ocurre cuando no se estudian todos los motivos de
agravio, toda vez que no en todos los casos, los justiciables
exponen ordenadamente sus agravios, o bien en razón de que
algunos de éstos pueden ser de estudio preferente o incluso
encontrarse en cualquier parte del escrito que contiene la
impugnación.
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 02/98 y
03/2000 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, consultables en la Compilación
1997-2010 de Jurisprudencia y tesis relevantes en materia electoral,
Volumen 1 de Jurisprudencia, páginas 118 a la 120 bajo los rubros:
“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL.” y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”
V. Una vez establecido lo anterior, se advierte que el promovente,
expresa el agravio que identifica como “Primero” en los siguientes
términos:
RAP-163/2012
14
Primero. Así mismo, causa agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de candidatos a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Verde Ecologista de México, en flagrante violación del Principio Constitucional de Legalidad previsto en los artículos 14, 16,41 Base VI y 116 de Nuestra Carta Magna.
En un primer orden de ideas, en razón de que quien firma tanto el convenio de coalición, la modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de registro de candidatos, por la parte que representa al Partido Revolucionario Institucional, es RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del mencionado Instituto Político.
Por su parte, en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional no se contempla la figura del Delegado Especial para el despacho de la presidencia de algún Comité Directivo Estatal, ni mucho menos en alguno de sus reglamentos, sin embargo, el artículo 120 de los citados Estatutos, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal tienen a su cargo la representación y dirección política del Partido en la entidad federativa correspondiente y desarrollarán las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los programas estatales que apruebe el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como las acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional.
Y por su parte el artículo 121 de los Estatutos en comento, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal del Instituto Político que nos ocupa, estarán integrados, por un Presidente; un Secretario General; un Secretario de Organización; un Secretario de Acción Electoral; un Secretario de Acción Electoral (sic); un Secretario de Gestión Social; un Secretario de Finanzas; un Secretario de Administración; un Secretario de Acción Indígena en donde se tenga presencia de pueblos y comunidades indígenas; un Coordinador de Acción Legislativa; las demás secretarías que sean pertinentes a cada entidad federativa y que correspondan al Comité Ejecutivo Nacional; y cada sector, el Movimiento Territorial, el Organismo de Mujeres Priístas y el Frente Juvenil Revolucionario contarán con un Coordinador dentro del Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal, con las atribuciones y representatividad suficientes para su cabal funcionamiento.
Resulta evidente que en la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional, no se contempla la figura de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco; por lo que la persona que ostenta el mencionado carácter, no cuenta con facultades, ni para suscribir el convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México, las modificaciones al mismo, ni mucho menos para registrar candidatos, a nombre del Instituto Político en cuestión, ni mucho menos a nombre de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por los dos institutos políticos que se mencionan.
Pues en adición, cabe resaltar, que aun y cuando en las cláusulas décima y décima séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR JALISCO” establece que las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, aso (sic) como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el propio convenio de coalición; Sin embargo, si de origen RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA carece de representación para la celebración del convenio de coalición a nombre del Partido Revolucionario Institucional, luego entonces, por consecuencia
RAP-163/2012
15
carece de la representación para solicitar el registro de candidatos a nombre de la coalición, fundándose en el propio convenio de coalición.
Al respecto el artículo 241, párrafo 1, fracción III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establece que las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por el Consejo General del Instituto y contener escrito con firma autógrafa, del DIRIGENTE ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO, O EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
En este orden de ideas, si RAFAEL GONZÁLEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, fue quien firma las solicitudes de registro, de las planillas a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, lo hace en contravención de lo ordenado en el citado artículo 241, párrafo 1, fracción III de la Codificación Electoral de esta Entidad Federativa, pues el no es Dirigente Estatal en Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, y tampoco puede ser considerado como representante de la coalición en comento.
Razón por la cual es de considerarse que al aprobarse el registro de las candidaturas a munícipes para integrar los 125 municipios del estado de Jalisco, solicitadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA resulta del todo ilegal, ante su falta de representación tanto del Partido Revolucionario Institucional, como de la propia coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por dicho insitito (sic) político y por el Partido Verde Ecologista de México.
Lo que debió hacer la autoridad responsable es haber desechado de plano las solicitudes de registro de las planillas a munícipes firmadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 fracción III, 244 párrafos 2 y 4, y artículo 245, párrafo 1, fracción 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Al respecto resultan aplicables las siguientes Jurisprudencias:
…
Jurisprudencia 5/2001
CANDIDATOS. FACULTAD PARA SOLICITAR EL REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SIMILARES). …
Tesis CX12002
PERSONERÍA. LA REPRESENTACIÓN DELEGADA DE UN PARTIDO POLÍTICO DEBE CONSTAR EN INSTRUMENTO NOTARIAL. …
(…)
De lo anterior se desprende que el recurrente señala que le
causa agravio el acuerdo impugnado IEPC-ACG-084/12 de
veintiocho de abril de dos mil doce, emitido por el Consejo
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16
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, que aprueba el registro de la planilla de
candidatos a munícipes, que presentó la coalición “Compromiso
Por Jalisco”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional
y por el Partido Verde Ecologista de México, por lo que respecta
al municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco; al considerar que el
mismo, violenta el principio constitucional de legalidad; en razón
de que a su parecer, quien firma el convenio de coalición y la
modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de
registro de candidatos por la parte que representa al Partido
Revolucionario Institucional, a saber, Rafael González Pimienta,
no cuenta con facultades para ello.
Ahora bien, el agravio en estudio resulta infundado en virtud de
las consideraciones que a continuación se exponen:
A juicio de este Tribunal Electoral, resulta pertinente señalar que
del punto 5° quinto de los “Antecedentes” del acuerdo
impugnado, se observa que el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
hace referencia al diverso acuerdo identificado con la clave
alfanumérica IEPC-ACG-019/12 emitido el 24 veinticuatro de
febrero de 2012 dos mil doce, mediante el cual se aprobó el
registro del convenio de coalición que presentó el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
México, a la cual denominaron coalición “Compromiso por
Jalisco”, para contender en el proceso electoral local ordinario
2011-2012, en las elecciones de Gobernador, diputados por el
principio de Mayoría Relativa en cinco distritos electorales
locales y munícipes de los ciento veinticinco municipios que
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conforman el Estado de Jalisco, acuerdo que por tratarse de un
documento público consultable en el sitio o página web oficial del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco en la Internet, constituye un hecho notorio, por lo que
este Pleno del Tribunal Electoral, puede invocarlo en la presente
resolución.
Sirve para ilustrar lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX.2º.
J/24, visible a página 2470, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, de Enero de dos mil
nueve, Materia Común, Novena Época, bajo el rubro HECHO
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN
SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.
Así entonces, es necesario trascribir la Cláusula Décima
Séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, antes referido, que de manera textual señala:
“DÉCIMA SÉPTIMA.- Del registro de los candidatos de la coalición. Las
partes acuerdan que para tal efecto se apegan al “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2011-2012”, identificados con la clave IEPC-ACG-005/2012 y lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, 239, 240 y 241 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, así como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el presente convenio, teniendo las mismas facultades el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco del Partido Verde Ecologista de
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México en relación de los candidatos que postule este Instituto Político dentro de la coalición. Asimismo, los partidos que forman la presente coalición se obligan a remitir oportunamente a la instancia referida en el párrafo anterior, la documentación necesaria para el registro de los candidatos, o en su caso para la sustitución.” (lo resaltado es por parte de este Tribunal)
De lo antes trascrito se advierte claramente que contrario a lo
esgrimido por el recurrente, el Delegado Especial Encargado del
Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario
Institucional en Jalisco, a saber, Rafael González Pimienta, sí se
encontraba facultado para solicitar el registro de las
candidaturas postuladas por dicha coalición, pues así se pactó
de manera expresa en el convenio en estudio aprobado
mediante acuerdo identificado como IEPC-ACG-019/12, de 24
veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, mismo que
además no forma parte de la presente controversia, y por ello,
resulta ser un acto independiente, que al no haber sido
impugnado en su oportunidad, a la fecha se encuentra incólume
y debe entenderse como un acto consentido tácitamente.
Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 23/2000 y
9/2001, consultables en la páginas 235 y 236 así como 236 a la
238, respectivamente, de la Compilación 1997-2010
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1
Jurisprudencia, que refieren:
DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito
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que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.”
“DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. El actor queda exonerado de agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral local, en los casos en que el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y definitivo. En efecto, la razón que constituye la base lógica y jurídica para imponer al justiciable la carga de recurrir previamente a los medios ordinarios, antes de acceder a la justicia constitucional federal, radica en la explicación de sentido común de que tales medios de impugnación no son meras exigencias formales para retardar la impartición de la justicia, obstáculos impuestos al gobernado con el afán de dificultarle la preservación de sus derechos ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela efectiva que les garantiza la Constitución federal, sino instrumentos aptos y suficientes para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución que se combata; y al ser así las cosas, se impone deducir que, cuando ese propósito o finalidad no se puede satisfacer en algún caso concreto, ya sea por las especiales peculiaridades del asunto, por la forma en que se encuentren regulados los procesos impugnativos comunes, o por las actitudes de la propia autoridad responsable o de la que conoce o deba conocer de algún juicio o recurso de los aludidos, entonces se extingue la carga procesal de agotarlos, y por tanto se puede ocurrir directamente a la vía constitucional, pues las situaciones apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos cautelares, ni es posible fáctica ni jurídicamente retrotraer las cosas al tiempo pasado en que se cometieron las violaciones, mediante la reposición de un proceso electoral.”
En este sentido, no debe soslayarse que el referido acuerdo
IEPC-ACG-019/12 donde fue aprobado el convenio de la
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coalición denominada “Compromiso por Jalisco” deviene en un
acto anterior que fue consentido y que a su vez, trajo como
consecuencia la emisión de un acto posterior derivado de
manera directa de ese consentimiento, esto es, la aprobación de
las planillas de candidatos a munícipes, presentadas por la
coalición “Compromiso por Jalisco”, contenida en el acuerdo
identificado como IEPC-ACG-084/12; por tanto, el agravio
expresado por el actor consistente en la supuesta falta de
personería del representante del Partido Revolucionario
Institucional, resulta ser un acto derivado del consentimiento del
diverso acuerdo IEPC-ACG-019/12, en el que se aprobó el
registro del convenio de la referida coalición integrada por el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista
de México; ello, en virtud de que en el aludido acuerdo en el que
se aprobó el convenio de coalición, se otorgó de manera
expresa la facultad a Rafael González Pimienta, para suscribir el
registro de las candidaturas postuladas y aprobadas por el ahora
acuerdo IEPC-ACG-084/12, impugnado en el presente asunto.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que de las actuaciones que
integran el recurso de apelación en estudio, se advierte que el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, anexó a su informe
circunstanciado, copia certificada del proveído de 12 doce de
enero de dos mil doce, en el cual se tuvo a al ciudadano Gerardo
Álvarez Romero, en su carácter de Consejero Suplente
Representante del Partido Revolucionario Institucional,
exhibiendo copia certificada del ACUERDO DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL POR EL QUE SE CREAN DELEGACIONES
ESPECIALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL PARA EL
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DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y LA SECREATRÍA GENERAL DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE JALISCO Y SE DESIGNAN A SUS
TITULARES y por ende, se tuvo al Partido Revolucionario
Institucional, dando cumplimiento a la obligación que le impone
el artículo 68, párrafo 1, fracción XIII, del Código Electoral y de
Participación ciudadana del Estado de Jalisco, en el sentido de
comunicar al Instituto, los cambios de los integrantes de sus
órganos directivos, y como consecuencia de ello, comunicando
que se designó al Licenciado Rafael González Pimienta, como
Delegado Especial para el despacho de la Presidencia del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de Jalisco, hasta en tanto se convoque y efectúe el
procedimiento estatutario para la elección de los titulares
respectivos, situación tampoco impugnada en su oportunidad;
por lo cual, se reitera que el acto que ahora impugna, constituye
una consecuencia del consentimiento de lo narrado en líneas
precedentes y, por ello, sí le asistió a Rafael González Pimienta,
la facultad para solicitar el registro de las planillas de candidatos
a munícipes, por parte de la coalición “Compromiso por Jalisco”.
Así entonces, como se precisó en párrafos precedentes, al haber
suscrito la solicitud de registro de la planilla de candidatos
aprobada, el ciudadano Rafael González Pimienta, en su
carácter de Delegado Especial encargado del despacho de la
Presidencia del Partido Revolucionario Institucional, no le asiste
la razón al apelante, en virtud de que contrario a lo señalado por
su parte, sí cuenta con facultades para ello.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio primero esgrimido por el
apelante, y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VI. Por lo que se refiere al “Segundo” motivo de agravio, el partido
político actor, argumenta lo siguiente:
HECHOS:
(…)
Segundo. Dentro de la etapa correspondiente al registro de candidatos de
los partidos políticos, con fecha quince de abril del año en curso, como es
un hecho notorio y público, acudieron a presentar su registro de candidatos
para los municipios del Estado de Jalisco, la Coalición “COMPROMISO
POR JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Verde Ecologista de México.
Dentro del mencionado proceso de registro fue evidente que al momento de
registrar las planillas y entregar la documentación requerida según la ley de
la materia, estas fueron recibidas incompletas y fuera del límite establecido
en el artículo 240, fracción IV del Código Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco, además de carente de los requisitos que establece el
artículo 241, punto 1, fracción II y llI.
Cabe señalar que fue el último día de los que se establecen en la ley para
presentar el registro de las planillas, la fecha en la cual acudieron al
mencionado proceso de registro, y en el cual ocurrieron una serie de
irregularidades por parte de la Autoridad Administrativa Electoral, al
momento de la recepción de la documentación para la integración de los
expedientes de los candidatos de la mencionada coalición.
Esto es así pues El Instituto Electoral de manera constante y repetida
obstaculizó al suscrito para conocer con veracidad la documentación real
que se estaba entregando, impidiéndome conocer puntualmente si era
entregado cada documento exigido por la ley para el registro de las planillas
de candidato a munícipe.
Tercero. Posteriormente con fecha veintiocho de abril del presente año, el
Consejo General del Instituto Electoral, decidió de manera ilegal aprobar el
registro de las 125 planillas de candidatos a Presidente Municipal,
Regidores y Síndico postulados por la Coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México, correspondientes a los Ayuntamientos del
Estado de Jalisco.
Cuarto. Entre los registros aprobados esta el correspondiente a la planilla
correspondiente al municipio de ACATLÁN DE JUÁREZ, Jalisco, misma que
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fue presentada para su registro fuera del plazo legal previsto para tal efecto,
además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1,
fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
(…)
AGRAVIOS
(…)
Segundo. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 9, 14, 16, 41, 35, 116, fracción IV, inciso b) y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracción X de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 1, punto dos, 24, 29, 229, 239, punto uno, fracción IV, 241, fracciones II y III, 245, punto uno, fracciones I, III y IV, 246, 115, 120 punto 1, y 500, punto 1, fracción I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en virtud de que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de ACATLÁN DE JUÁREZ, Jalisco, no obstante de que la solicitud de registro fue presentada después de concluido el plazo legal previsto para tal efecto, además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1, fracción II y III.
El principio de legalidad, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal.
Al respecto resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.—…
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 234-235.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996.—….
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, páginas 57-58, Sala Superior, tesis S3EL 034/97.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 798-799.
Una definición doctrinal del Ayuntamiento lo explica de la siguiente manera: Órgano colegiado y deliberante que asume la representación y el gobierno del municipio. Integrado por los Regidores, él o los Síndicos y el Presidente Municipal.
El sistema de elección municipal, denominado “de planillas”, puede resumirse de la siguiente forma: 1) en un mismo acto político (el acto del sufragio) se elige, mediante un “voto simultáneo” todo el cuerpo político del ayuntamiento; 2) de la planilla ganadora emana el presidente municipal, uno o más síndicos, y un número predeterminado de regidores “de mayoría”; y 3) de las planillas perdedoras que alcancen el umbral de representación requerido se complementa el cuerpo edilicio con un grupo de regidores de “representación proporcional”.
Este sistema, que se encuentra estatuido en la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, la que en su artículo 3 señala “Cada Municipio es gobernado por un
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Ayuntamiento de elección popular directa”, a su vez el numeral 10 de dicho cuerpo normativo establece “Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se determinan en la ley estatal en materia electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas; y permanecen en sus cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de cada período.
Ahora bien, de conformidad al artículo 134, fracción XVI y 246, párrafo uno, fracción II del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es la autoridad competente para aprobar la procedencia del registro de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de ACATLÁN DE JUÁREZ, Jalisco, para lo cual, deberá revisar que la solicitud de registro cumpla con los requisitos que al efecto establece el Código Electoral y de Participación Ciudadana, así como la Constitución Política del Estado de Jalisco.
El artículo 240, punto uno, fracción IV del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señala que el plazo para la presentación de las solicitudes de registro en el caso de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, concluye el día 15 de abril del año de la elección.
Ahora bien, de una interpretación sistemática, funcional y gramatical de los artículos 21, 24, punto tres, 239, fracción IV, 240, fracción IV, 244 y demás relativos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se advierte lo siguiente:
1. La elección de integrantes de los ayuntamientos del Estado de Jalisco, se realizará mediante la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, que registren los partidos políticos y candidatos ordenado de forma progresiva en la que se incluya el numero de regidores propietario y suplentes correspondientes.
2. Los partidos políticos o coaliciones deberán registrar la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico durante el plazo previsto para tal efecto, cumpliendo con los requisitos formales y materiales que la ley establece.
3. En caso de que faltara algún requisito formal, (copia certificada del acta de nacimiento, escrito con firma autógrafa del estatal en el que manifieste bajo protesta que los ciudadanos que se registran fueron seleccionados de conformidad con los estatutos, etcétera) la autoridad electoral, podrá requerir al partido o coalición, para que subsane la inconsistencia.
4. Únicamente podrán se subsanables los requisitos que deben
acompañarse a la presentación de la solicitud de registro de la planilla.
5. En caso de presentarse la solicitud de la planilla fuera del plazo previsto
será motivo de desechamiento de la misma.
Ahora bien, como se advierte del expediente relativo al registro de la planilla de cuenta, la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, presentó una serie de documentos al momento de fenecer el plazo legal, sin embargo tal y como lo certificó la propia autoridad electoral, existían deficiencias y omisiones no subsanables.
Es decir, la planilla impugnada no presentó la totalidad de los documentos que establece el artículo 241, fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que a la letra señala que deben contener:
Artículo 241.
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1. Las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por
I…
II. A la solicitud de cada uno de los ciudadanos propuestos a candidatos propietarios y suplentes, se deberá acompañar sin excepción los documentos siguientes:
a) Escrito con firma autógrafa en el que los ciudadanos propuestos como candidatos manifiesten su aceptación para ser registrados y en el que bajo protesta de decir verdad expresen que cumplen con todos y cada uno de los requisitos que establecen la Constitución Política del Estado y este Código;
b) Copia certificada del acta de nacimiento o certificación del registro del nacimiento, expedidas en ambos casos por la oficina del registro civil;
c) Copia certificada por Notario Público o autoridad competente de la credencial para votar;
d) Constancia de residencia, cuando no sean nativos de la Entidad, expedida con una antigüedad no mayor de tres meses por el Ayuntamiento al que corresponda su domicilio; y
e) Copia certificada por autoridad competente de la constancia de rendición de la declaración de situación patrimonial, cuando se trate de servidores públicos.
III. Escrito con firma autógrafa, del dirigente estatal del partido político, o en su caso, del representante de la coalición, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
Tal y como se ha señalado en los puntos que anteceden en la presente impugnación, es hecho notorio, público y evidente, que existió por parte de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, una ausencia total en la entrega de los documentos que señala el artículo antes transcrito, aunado a la falta del escrito del representante de la referida coalición, en la cual no se señala de manera clara la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que especifique los ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así como los documentos en los que sustentan el cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad.
La previsión legal consignada en el artículo 244 del Código Local, señala que en caso de faltar alguno de los requisitos que deben presentarse a cada solicitud, la autoridad electoral, podrá requerir a los partidos para que subsanen las deficiencias en la integración del expediente, lo que no implica que puedan cubrir sus omisiones una vez agotado el plazo que la ley les otorga para realizar el registro, pues hacerlo de esta forma implica extender el plazo previsto.
Es pertinente distinguir, que existen dos tipos de inconsistencia, las subsanables y aquellas que por su carácter no pueden ser reparables.
Así las cosas, son omisiones subsanables, aquellas que por sus características no atañen directamente a una cuestión pública, o afectan de manera directa los principios de certeza, equidad e imparcialidad rectores de la función electoral.
En ese sentido, el hecho de que la solicitud de registro de la planilla de candidatos no se presente antes de la fecha prevista, no sea entregada la documentación requerida, así como que no cumpla con los requisitos que señalan los incisos a) de la fracción II, y lo previsto en la fracción III del párrafo 1 del artículo 241 del Código del Estado, son requisitos que no pueden ser subsanables, toda vez, que una interpretación contraria, reduciría al absurdo de suponer que un partido político presente una solicitud de registro con el nombre de sólo un candidato, o bien, que haga entrega de una serie de documentos inconexos con el sólo afán de generar un precedente, y contar con los elementos para ampliar el plazo previsto
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para la integración de la planilla de candidatos, y ahora si estar en aptitud de solicitar su registro.
De lo señalado, se advierte que en el caso de que la solicitud de registro no contenga ningún documento, ni el nombre de por todos los integrantes de la planilla, es un vicio invalidante, que para subsanarlo se tendría que abrir un nuevo plazo para la presentación de la solicitud de registro, en razón de que como se ha señalado con antelación, el registro de candidatos se llevará a cabo por planillas completas, y no como en el caso, en el que sólo no se presentaron el total de los integrantes de la misma.
Al caso, esta autoridad deberá tomar en consideración el principio de impugnabilidad rector de los medios de impugnación en materia electoral, mismo que señala que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales tienen la posibilidad de se (sic) combatidos o impugnados, es decir, que todos los actos de las autoridades electorales tienen mecanismos de oposición para que puedan ser objeto de un nuevo análisis, estableciéndose como una garantía a todos los sujetos del derecho electoral, el poder acudir ante las autoridades a fin de ventilar todas aquellas situaciones que provoquen disconformidad de dichos actos o resoluciones.
(…)
De lo trasunto se desprende que el actor se duele en esencia de
la supuesta ilegalidad de la resolución emitida por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el 28 veintiocho de abril del 2012 dos mil
doce, que aprobó el registro de las planillas de Presidente
Municipal, Regidores y Sindico de los 125 ciento veinticinco
Ayuntamientos postulados por la Coalición “Compromiso por
Jalisco”, entre ellas la planilla relativa al Municipio de Acatlán de
Juárez, Jalisco, en razón de la presentación extemporánea de la
solicitud correspondiente, así como por la insuficiencia de los
requisitos necesarios para obtener el registro de mérito.
El apelante abunda en que la Coalición “Compromiso por
Jalisco” para el registro de la planilla de munícipes en comento,
al momento de fenecer el plazo legal conducente, presentó una
serie de documentos deficientes y con omisiones no
subsanables.
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De igual forma, el actor señala que no se presentó ante la
autoridad responsable la totalidad de los documentos requeridos
en vía de cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo
241, fracciones II y III del Código en la materia.
Aunado a lo anterior, el recurrente aduce textualmente que al
registro de la planilla de munícipes en comento, le faltó el escrito
del representante de la Coalición en cita, en la (sic) cual no se
señala de manera clara, la postulación formal de la planilla
impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que se
especifique los nombres de los ciudadanos que la integran, el
orden de prelación con que son propuestos, el carácter de
propietario o suplente, así como en los documentos en los que
se sustenta el cumplimiento de los requisitos legales de
elegibilidad.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO, esto es así, porque del
análisis de los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a
la conclusión de que los mismos, consisten en meras
apreciaciones subjetivas, genéricas e imprecisas que no cuentan
con los elementos suficientes para combatir el estudio de fondo
de la resolución recurrida.
En principio, porque en atención a lo previsto en el artículo 544,
párrafo 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación
que se someten a su consideración, se encuentra obligado a
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suplir las deficiencias en la expresión de los agravios
planteados, también lo es que se llevará a cabo, siempre y
cuando, éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos
expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Al respecto, conviene precisar que ha sido criterio reiterado por
este Tribunal Electoral, que los conceptos de agravio se pueden
tener por formulados independientemente de su ubicación en
determinado capítulo o sección de la demanda, así como de su
presentación, planteamiento o construcción lógica; debido a que
no es requisito sine qua non que se encuentren contenidos en
un capítulo especial de conceptos de agravio, siempre y cuando,
éstos expresen las violaciones legales que se considere fueron
cometidas por la autoridad responsable, en cualquier parte del
escrito inicial de demanda, exponiendo con toda claridad los
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29
razonamientos lógico jurídicos por los cuales se concluya que no
se actuó conforme a derecho.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 03/2000
y 02/98, consultables a páginas 117 a la 119, de la "Compilación
1997-2010” de Jurisprudencia y tesis, tomo de Jurisprudencia,
Volumen 1, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, bajo los rubros: "AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y
"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL".
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
En este tenor, si bien es cierto que el Tribunal Electoral esta
facultado para resolver supliendo la deficiencia en la expresión
del agravio, siempre y cuando, de la propia redacción del escrito
de demanda, se desprendan los elementos mínimos necesarios
de los cuales, inclusive, aún estando inconexos entre sí, se
RAP-163/2012
30
pueda colegir el planteamiento de agravios específicamente
formulados para destruir frontalmente el acto que se impugna;
también es cierto que, en oposición a lo anterior, cuando del
libelo impugnativo no se desprenda elemento, hecho o
manifestación clara y precisa a partir de la cual se pueda
formular un agravio concreto, este órgano jurisdiccional se
encuentra impedido para ir más allá de la intensión del actor y
consecuentemente, configurar ex officio la expresión del agravio
pertinente para alcanzar las pretensiones planteadas por el
partido político actor, puesto que tal situación no sería una
suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel del
promovente.
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
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31
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio y se subsuma en
la responsable, para realizar el trabajo que le corresponde a
ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades o
inconsistencias, proceda a declarar su revocación u ordenar se
subsanen.
En el caso que nos ocupa, de la lectura integral del escrito de
demanda, se advierte que el partido político apelante intenta
controvertir la legalidad del acuerdo emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, identificado como IEPC-ACG-084/12, de
fecha 28 veintiocho de abril del año en curso, mediante el cual
se aprobó del registro de las 125 ciento veinticinco planillas de
munícipes postuladas por la Coalición “Compromiso por Jalisco”,
que habrán de participar en la contienda electoral del próximo
primero de julio, para renovar los ayuntamientos que integran el
Estado de Jalisco; arguyendo que se vulneran los diversos
artículos en virtud de que la autoridad responsable aprobó el
registro de la planilla de munícipes para la conducente
postulación relativa al Ayuntamiento Acatlán de Juárez; no
obstante de que dicho registro fue presentado una vez fenecido
RAP-163/2012
32
el plazo legal previsto para tal efecto y además, carente de los
requisitos a que se encuentra sujeto.
Así mismo, del estudio acucioso del escrito de demanda de
apelación, se advierte que el actor intenta configurar un agravio
tendiente a atacar la legalidad de dicho registro en su conjunto,
fundamentándose en diversos preceptos de orden constitucional
y legal que de ninguna manera utiliza como motivación para
sostener sus argumentos.
En efecto, únicamente expresa en forma genérica que le causa
agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de
candidatos a postularse en los 125 ciento veinticinco municipios,
sin embargo, no hace valer motivo de disenso específico,
concreto, objetivo y frontal, a través del cual manifieste qué
parte, o sí la totalidad del acuerdo impugnado emitido por la
responsable, mediante el cual aprueba el registro de las planillas
en comento, le resulta carente de derecho o ilegal, no discurre
en razonamientos o justificaciones lógicas específicas y
concisas, imposibilitando a este Tribunal Electoral a aplicar el
principio de la suplencia del agravio, dado que ni en forma
mínima se advierte la expresión de un motivo de disenso claro y
frontal.
Sin embargo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional
que si bien es cierto, que el apelante plantea la impugnación de
la aprobación del registro de las 125 ciento veinticinco planillas
en forma genérica y oscura; también lo es que identifica en este
Recurso de Apelación, la planilla correspondiente al
Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco; respecto del cual
RAP-163/2012
33
precisa tres actos aprobados por la responsable y que considera
motivos de agravio, mismos que serán estudiados en el orden de
prelación establecido por el actor:
p) La extemporaneidad en la presentación de la solicitud de
registro de la planilla de munícipes de mérito;
q) La presentación de la solicitud de registro carente de los
documentos que establece el artículo 241, fracción II y III
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco.
r) Omisión en la presentación del escrito del representante de
la Coalición “Compromiso por Jalisco”, con firma autógrafa
de éste, mediante la cual (sic) no se señala de manera clara
la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un
escrito con firma autógrafa en el que se especifique los
ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que
son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así
como los documentos en los que sustentan el cumplimiento
de los requisitos legales de elegibilidad.
a) Extemporaneidad de la presentación de la solicitud para
el registro de la planilla de munícipes.
En cuanto al motivo de agravio señalado en el inciso a), este
órgano jurisdiccional sostiene que es infundado dado que el
recurrente realiza consideración referente a que se entregaron
documentos fuera del plazo legal previsto para el registro de la
planilla de mérito; sin embargo del escrito de demanda no se
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34
desprende argumento toral encaminado a expresar en qué
consistió esencialmente dicha extemporaneidad.
En efecto, no existe elemento alguno en el libelo impugnativo a
partir del cual, este órgano resolutor pueda obtener los datos
específicos que arrojen la fecha y hora de la supuesta entrega
extemporánea de la presentación de la solicitud del registro de
mérito, de tal forma, que puedan ser contrastado con lo que
sostiene la autoridad responsable en el acuerdo que se
impugna, y en consecuencia se pueda colegir que dicho registro
fue presentado fuera del término previsto para lo conducente.
En esa virtud, es importante mencionar que de la lectura del
acuerdo impugnado, se advierte que la autoridad responsable
aprobó y realizó el registro de la planilla para el municipio de
Acatlán de Juárez, Jalisco, por haber sido satisfechos los
requisitos del mismo.
Por lo tanto, en seguimiento al principio de que lo ordinario se
presume, lo extraordinario se demuestra, este órgano
jurisdiccional sostiene que, en el presente caso, lo ordinario se
encuentra en la presentación de la solicitud del registro de la
planilla de munícipes en cuestión, dentro del plazo legal previsto
para tal efecto, situación que se hizo de manifiesto por la propia
responsable a través de la emisión del referido acuerdo
impugnado en el que se estableció que la planilla de munícipes
se aprobó y registró en virtud de que se cumplimentaron todos y
cada uno de los requisitos legales previstos para tal efecto, entre
ellos el relativo al de la oportunidad en la presentación de la
solicitud conducente, sin hacer mayor detenimiento o
RAP-163/2012
35
consideración al respecto; mientras que lo extraordinario, es
decir la supuesta extemporaneidad, se debió demostrar por
parte del recurrente, a través de la aportación de elementos
probatorios, contundentes y consistentes en los que figurara o
explicara claramente la circunstancia específica en las que,
según su dicho, radicó tal ilegalidad.
b) Estudio en general de los requisitos contenidos en el
artículo 241 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que ve al inciso b) tocante a la carencia de los
documentos requeridos en vía de requisitos necesarios para
obtener la aprobación del registro de la planilla de munícipes, el
partido político incoante manifiesta expresamente que existió en
dicha documentación, deficiencias y omisiones en su entrega.
Con respecto a este motivo de disenso, este órgano
jurisdiccional sostiene que deviene en infundado pues tal como
se advierte claramente de la argumentación vertida por el
recurrente en el escrito de demanda, la expresión en los mismos
redunda en consideraciones generales e imprecisas que resultan
insuficientes para revisar acuciosamente los defectos que en
específico, la aprobación del registro de la planilla de munícipes,
de ser el caso, pudiera presentar.
En efecto, tal como el mismo partido político actor lo indica, no
se advierten elementos esenciales tales como nombres, la
identificación de los documentos precisos de los cuales hubiera
carecido el registro, así mismo no se desprende cuál de los
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36
requisitos que establece el articulo 241, fracción II y III del
Código en la materia son los faltantes o en su caso deficientes.
Así pues, el apelante se limita a exponer textualmente lo que
detalla el artículo de referencia, sin embargo de ninguna forma
aporta elementos que aún inconexos entre sí, de los cuáles en
suplencia del agravio, sea posible colegir la aducida omisión en
la entrega de uno o algunos de los documentos presentados en
vía de requisitos; de ninguna forma individualiza o identifica los
supuestos requisitos faltantes o deficientes y aún menos
contextualiza la integración en específico del registro de la
planilla que controvierte.
En este tenor, conviene precisar que el actor expone agravios en
el desarrollo de su escrito de apelación, que se contradicen entre
sí, dado que en las primeras fojas de su demanda aduce que se
aprobó el registro de la planilla de munícipes de mérito, aún y
cuando en su correspondiente presentación existió la carencia
de documentos; sin embargo, en fojas más adelante del mismo
escrito, el incoante señala que los documentos requisitados
fueron entregados con deficiencias y así mismo, en los
subsiguientes renglones, termina arguyendo que existió por
parte de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, la ausencia total
de los requisitos que establece el precepto conducente; en
consecuencia, se colige que los argumentos vertidos por el
apelante devienen en incongruentes y contradictorios entre sí,
pues si da inicio a su apelación alegando la supuesta carencia
en una serie de documentos, continua denotando la deficiencia
en los mismos y concluye el libelo impugnativo, sosteniendo la
ausencia total de los mismos; expresiones en las cuales no se
RAP-163/2012
37
encuentra una congruencia o secuencia lógica argumentativa de
la que sea posible desprender argumentos sólidos y concretos
dirigidos a combatir la aducida ilegalidad de acto impugnado.
En consecuencia, se advierte que el motivo de agravio
expresado por el partido político promovente es genérico e
impreciso, pues no identifica cuáles requisitos de los previstos
en el artículo 241, párrafo 1, fracción II y III, considera que no
fueron presentados o cuál de ellos fueron presentados en forma
deficiente, así mismo, omite expresar argumentos mediante los
cuales especifique de forma frontal y precisa en qué parte de
documento mediante el cual se aprueba el registro de la planilla,
se encuentra la supuesta ilegalidad; sino que contrario a ello,
únicamente se limita a manifestar de forma por demás vaga e
indeterminada, que los documentos presentan "deficiencias u
omisiones no subsanables”, “ausencia total en la entrega de
documentos” “registro fue presentado carente de los
documentos que establece el artículo 241, párrafo 1, fracción II y
III”, por lo que al no proporcionar elementos suficientes para
permitirle un estudio de los agravios, o en su caso una suplencia
en los mismos, tales argumentos resultan infundados
En conclusión, tal como se apuntó en los primeros párrafos del
presente considerando, si bien es cierto que este Tribunal
Electoral se encuentra obligado legalmente a aplicar el principio
de la suplencia de los agravios, siempre y cuando, éstos puedan
deducirse de los hechos expuestos; también es cierto que este
órgano resolutor se encuentra limitado por los propios
argumentos que le aporta el apelante para el estudio de sus
motivos de agravio.
RAP-163/2012
38
Por lo tanto, al no contribuir el apelante con la carga de aportar
los elementos concretos y definidos revisables individualmente y
por ende, caer en la omisión de precisar puntual y
específicamente cuál o qué parte del acto impugnado considera
que se aparta de la legalidad, es absurdo pretender que este
Tribunal Electoral, bajo el amparo de ejercicio del principio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio, encamine las
pretensiones del actor y construya o formule agravios, tendientes
a realizar actos cuya competencia pertenece únicamente a la
responsable.
c) Estudio del requisito contenido en la fracción III, del
párrafo 1, del artículo 241 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por último, en cuanto al motivo de agravio contenido en el inciso
c), relativo a la omisión en la presentación del escrito del
representante de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, en el
cual no se señala de manera clara la postulación formal de la
planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en
el que se especifique los ciudadanos que la integran, el orden de
prelación en que son propuestos, el carácter de propietario o
suplente, así como los documentos en los que sustentan el
cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad, este
Tribunal Electoral advierte que los mismos devienen en
infundados por las consideraciones siguientes.
La autoridad electoral como garante de los principios
democráticos y salvaguarda de los derechos políticos de los
ciudadanos, lejos de restringir disposiciones legales que tutelen
RAP-163/2012
39
los derechos consagrados en normas constitucionales, se
encuentra sujeta a realizar una interpretación extensiva de los
mismos, toda vez que éstos no son excepciones o privilegios
concedidos a favor de algunos, sino que se trata de derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales
debe ser ampliados, no restringidos, ni mucho menos
suprimidos, en estricto apego a lo ordenado por los artículos 1,
32, 35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De esta forma la limitación al ejercicio del sufragio pasivo, se
acota exclusivamente a razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o
condena, más nunca se debe condicionar, entre otras
cuestiones, a una facultad discrecional de un partido político; lo
anterior en términos de lo establecido en el artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en
atención de la reciente reforma, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 10 diez de junio del presente año, garantiza que
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Carta Magna, en los tratados internacionales
de los México sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse,
por el contrario, se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a
las personas con la protección más amplia.
Bajo esta tesitura, en el presente caso, que el apelante pretenda
la revocación del acto impugnado en virtud de que la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, supuestamente omitió la presentación
ante la autoridad responsable, del escrito del representante legal
RAP-163/2012
40
o, en su caso, este se hubiese presentado sin su firma
autógrafa, a través del cual se precise de manera clara la
postulación de los candidatos integrantes de la planilla, su
conducente carácter de propietarios o suplentes, así como los
documentos en los que sustentan el cumplimiento de los
requisitos legales de elegibilidad; vulnera en perjuicio de los
candidatos su derecho fundamental sustantivo consistente en la
prerrogativa ciudadana del derecho pasivo del voto, tutelada por
el artículo 35, fracción II de la Constitución General de la
República y 8, fracción II de la Constitución Política de la
entidad.
En efecto, los ciudadanos candidatos a munícipes integrantes de
la planilla impugnada, desde el momento en que compitieron en
los respectivos procedimientos selectivos internos y resultaron
electos, cuentan con el derecho humano fundamental del
sufragio en su vertiente pasiva, por lo que al requerir para su
registro, la presentación de un diverso escrito signado por el
representante legal de la Coalición en comento, impone un
requisito que se encuentra fuera de las posibilidades tanto
jurídicas, como materiales del candidato, lo que se traduce en
una limitación al derecho humano de referencia, criterio que se
aparta claramente al relativo a la potenciación de los derechos
humanos.
Al respecto, conviene precisar que similar criterio sostuvo el 27
veintisiete de abril del año en curso, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional de
la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en
Guadalajara, Jalisco, en sentencia de los Juicios para la
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41
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
identificados bajo las siglas y número de expediente SG-JDC-
3162/2012 y sus acumulados SG-JDC-3163/2012 al SG-JDC-
3187/2012.
En abundancia a lo anterior, no pasa inadvertido para este
órgano resolutor que el apelante aporta argumentos
contradictorios entre sí que se desprende de los propios motivos
de agravios, ello en función de que por una parte, el recurrente
intentó controvertir la facultad del representante de la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, tanto para celebrar dicho instrumento
jurídico, como para signar y presentar las solicitudes de registro
de diversas candidaturas que fueron posteriormente aprobadas
por la autoridad responsable, de lo que se deduce que
efectivamente en el procedimiento de registro de las
candidaturas que se llevó a cabo por la Coalición en cita, se
exhibió documento diverso en el que constó fehacientemente la
rúbrica del referido represente; mientras que por otro lado, en el
presente motivo de agravio, aduce que dicho escrito no se
aportó, o que en su caso, el mismo carecía de la firma autógrafa
de dicho representante.
En consecuencia, se colige que el escrito de apelación es
incongruente en virtud de que por una parte acepta que dicho
escrito fue presentado con la firma del representante de la
Coalición y al mismo tiempo, niega lo anterior, y aduce la
omisión en la presentación del mismo, o en su caso, la falta de
rúbrica del representante de referencia.
RAP-163/2012
42
Por lo anteriormente, fundado y motivado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio segundo esgrimido por el
apelante y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VII. El motivo de agravio que el apelante identifica en su escrito de
demanda como “Tercero”, es el que a continuación se transcribe:
Tercero. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 5, punto 1, 17 párrafo 2, en relación con el 24, punto 3 y 68, punto 1, fracción XIX, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como el numeral 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones III y IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, inciso b), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en virtud de que la autoridad responsable aprobó el registro de la planilla del ayuntamiento ACATLÁN DE JUÁREZ, presentada por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, contraviniendo el principio de equidad de género, al violarse el orden de prelación que debe de tener la planilla impugnada.
Esto es así, toda vez que la Autoridad Administrativa, omitió de manera flagrante el estudio de la integración de la planilla impugnada, por lo que ve al cumplimiento de la cuota de género que la ley establece.
El artículo 17, segundo párrafo, establece que las solicitudes de registro de que presenten los partidos o coaliciones, ante el Instituto Electoral, se integrarán con un máximo de setenta por ciento de candidatos de un solo sexo y garantizando la inclusión de un candidato del sexo distinto en cada tres lugares de la lista, hasta lograr el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, a partir del cual el orden se decidirá libremente por cada partido, hecho tal que no fue analizado al momento de declarar la validez del registro de la planilla de Presidente, Síndico y Regidores del Municipio de ACATLÁN DE JUÁREZ, Jalisco, pues es evidente que el mismo no cumple con tal paridad.
Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual resulta aplicable de manera análoga al caso que nos ocupa:
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. CÓMO SE DEBE APLICAR LA ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATOS.-….
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 48 y 49.
En virtud de lo anterior, se debe entender que la regla de alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional, consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar dicho número y cumplir con el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.
La finalidad de esta regla es el equilibrio entre los candidatos de ambos sexos y, a la postre, lograr la participación política efectiva de hombres y
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mujeres, en un plano de igualdad sustancial o real y efectiva, con el objetivo de mejorar la calidad de la representación política, y de eliminar los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política.
Es por todo lo anteriormente señalado, que la Autoridad Responsable al declarar como válido el registro de la planilla impugnada, viola lo establecido con el principio de equidad de género que establece no solo la legislación estatal, sino que también se encuentra consagrado en la ley federal electoral, en la Constitución Política Federal y el las leyes y tratados internacionales.
Ahora bien, a fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, también es necesario que el treinta por ciento de los candidatos de género distinto, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, esté compuesto en sus propietarios y suplentes por personas del mismo género, y no solo cumplir la cuota de género en propietarios por una parte, sin encontrar esa coincidencia en sus suplentes, aún y cuando en los suplentes también se cumpla con ese treinta por ciento. Si no que repito, debe ser coincidente, el género del propietario con el de su suplente, en ese treinta por ciento, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, en el cumplimiento de cuotas de género.
Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio ciudadano identificado con número de expediente SUP-JDC-12624/2011, se ha pronunciado en ese sentido, de que deben ser coincidentes en el género, el propietario con su respectivo suplente, en los candidatos que son parte del porcentaje del mismo género, que como mínimo están obligados a registrar los partidos políticos (cuota de género).
Pues lo que busca la norma, es garantizar la equidad de género y la igualdad de oportunidades, entre hombres y mujeres, sin favorecer a un género en específico. Obligación, que procura la paridad de género en la vida política del país, y que implica que esa paridad también deba reflejarse en la ocupación de los cargos de elección popular obtenidos por cada partido. De otra manera, no tendría sentido el establecimiento de cuotas de género en la designación de candidaturas a cargos de elección popular.
El hecho de que los candidatos que conforman la cuota de género, sean precisamente coincidentes en el género en forma alguna vulnera la paridad exigida por la norma. Esto es así porque si los candidatos propietarios cumplen con la regla prevista en el citado artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, los suplentes también lo harán. De esta forma, si llegaran a presentarse vacantes en los propietarios, éstos serían sustituidos por personas del mismo género y, por lo tanto, se conservaría el equilibrio de género no sólo en las candidaturas, sino también en la ocupación y ejercicio de los cargos respectivos.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se garantiza esa equidad de género, tanto en la postulación, como en su momento de llegarlo a ser, en el ejercicio del cargo, al no ser coincidentes en el género, los propietarios con sus suplentes, de las candidaturas que nos ocupan, vulnerando con eso el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.
De lo anterior, en esencia se desprende que el actor se duele de
que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla del
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Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco, postulada por la
Coalición “Compromiso por Jalisco”, omitiendo el estudio relativo
al principio de equidad de género.
En este sentido, el partido político apelante argumenta que en la
integración de la planilla de munícipes en cuestión, no se
respetó la cuota de género regulada jurídicamente en la entidad,
que no existe orden de alternancia o prelación en éstos y
tampoco así, coincidencia de sexo entre los candidatos
propietarios y los suplentes; situación contraria a lo que dispone
la normatividad electoral, así como los criterios emitidos por el
órgano federal electoral, previstos para tal efecto.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO porque del análisis de
los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a la
conclusión de que los mismos, consisten en manifestaciones
dogmáticas, genéricas e imprecisas de las cuales no se
advierten elementos suficientes para combatir el fondo de la
resolución recurrida y relativa a la aprobación de la planilla de
munícipes en comento.
En principio, porque tal como se estableció en el considerando
anterior, en atención a lo previsto en el artículo 544, párrafo 1 del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación que se
someten a su consideración, tiene la facultad de suplir las
deficiencias en la expresión de los agravios planteados, también
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lo es que se llevará a cabo, siempre y cuando, éstos puedan ser
deducidos claramente de los hechos expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor, implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
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En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiencia en la expresión del agravio, y se
subsuma en la responsable, para realizar el trabajo que le
corresponde a ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades,
proceda a declarar su revocación u ordenar se subsanen.
RAP-163/2012
47
En el caso que nos ocupa, el partido político apelante intenta
controvertir del registro de la planilla de munícipes del
Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco, aduciendo como
agravio que no se garantiza la equidad de género que debe
imperar por mandato constitucional y legal en la integración de
dichos órganos de gobierno municipal.
Al respecto, realiza en el libelo impugnativo una descripción
dogmática de la forma y términos en que ambos tipos de género
deben distribuirse en relación al porcentaje en cuanto a la
integración de determinado órgano de gobierno conformado por
cargos de elección popular, señala la noción e implicación de la
paridad entre sexos con respecto a los candidatos propietarios y
suplentes, de igual manera pretende fundamentar sus
argumentos con tesis de jurisprudencia y criterios emitidos a
través de sentencias dictadas por el máximo órgano electoral
federal conducentes al tema de la equidad de género.
Así mismo, el apelante realiza una serie de manifestaciones
conceptuales respecto a la finalidad, objetivo y teleología del
principio de la equidad de género en la vida política del país; sin
embargo, del cúmulo de dichas manifestaciones no se advierte
elemento alguno que aporte respaldo sólido para controvertir
específicamente la integración en cuanto al género de la planilla
en comento.
En efecto, de la lectura del escrito de apelación no se advierte,
de cuántos candidatos a munícipes, de acuerdo a su
conocimiento, se integra la planilla en cita, de forma tal que el
apelante aporte para el conducente estudio de este órgano
RAP-163/2012
48
jurisdiccional, elementos precisos para estar en aptitud de
conocer en lo particular, el porcentaje de la cuota género del
mismo sexo y en dado caso, contrastar dicho elemento
porcentual con el que la autoridad responsable aprobó en la
planilla de mérito.
Efectivamente, el actor omite individualizar y pormenorizar los
nombres de los candidatos propietarios y su correspondiente
suplente integrantes de la planilla de candidatos a munícipes, de
los cuales se advierta la coincidencia o no entre éstos, respecto
al género, y aún menos contextualiza la integración en
específico, de los candidatos de sexo distinto en cada tres
lugares de la respectiva lista, es decir, no señala
específicamente cómo se encuentran conformados los bloques
integrados por tres candidatos a razón de una candidata de
género femenino en cada uno de éstos o viceversa.
Por lo tanto, como quedó establecido en párrafos precedentes,
el recurrente aporta una serie de elementos de índole dogmática
y conceptual de lo que no es posible advertir elementos
contundentes, como cualidades de género o razonamientos
cuantitativos, tales como nombre y sexo de identificación de los
candidatos a munícipes, el lugar que ocupan cada uno de ellos o
ellas dentro de las listas de integración de la planilla en comento,
la distinción entre su calidad de propietarios y suplentes, así
como el sexo al que pertenecen; es decir, no se especifica o
identifica pormenorizadamente cuáles, en dónde y en qué
consisten las supuestas inconsistencias relativas al
incumplimiento de la garantía de la equidad de género, por lo
que se colige, que este órgano jurisdiccional se encuentra
RAP-163/2012
49
imposibilitado para aplicar la suplencia del agravio y por ende,
estudiar las supuestas inconsistencias aducidas en relación a la
paridad y principio de equidad de género en que se incurre,
según el actor, en la planilla de candidatos a munícipes que fue
registrada y aprobada, por la autoridad responsable.
En consecuencia, al no contribuir el apelante con la carga de
aportar los elementos concretos y por ende, caer en la omisión
de precisar puntual y específicamente cuál o qué parte del acto
impugnado considera que se aparta de la legalidad, es absurdo
pretender que este Tribunal Electoral, bajo el amparo de la
aplicación del principio de la suplencia de la deficiencia en la
expresión del agravio, encamine las pretensiones del actor y
construya o formule agravios, tendientes a realizar actos cuya
competencia pertenece a la responsable.
En consecuencia, al tenor de los párrafos precedentes
sostenidos a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, el tercer
agravio esgrimido por el apelante y que ha sido analizado en el
presente considerando, resulta infundado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además, en lo
dispuesto por los artículos 57, párrafo segundo; 69, párrafo primero
y 70, fracción VI de la Constitución Política; 73, párrafo primero; 77
párrafo tercero, fracción II; 82, 88, fracción IV y 90 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; 536 fracción X; 595, 599, párrafo 1,
fracción I; 604, párrafo 1 y 608, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana y 10, fracción V del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado del Poder Judicial, todos
RAP-163/2012
50
ordenamientos del Estado de Jalisco, se resuelve conforme a los
siguientes
R E S O L U T I V O S :
PRIMERO. La competencia del Pleno de este Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Jalisco para conocer y resolver los
recurso de apelación; la personería y legitimación de las partes, así
como la procedencia del mismo, quedó acreditada en los términos
expuestos en los considerandos I, II y III de esta resolución.
SEGUNDO. se confirma el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, emitido el 28 de abril del año en curso, mediante el cual
resuelve las solicitudes de registro de planillas de candidatos a
munícipes, de la coalición “Compromiso por Jalisco”, identificado
como IEPC-ACG-084/12, por lo que ve al municipio de Acatlán de
Juárez Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en los
considerandos V, VI y VII de esta resolución.
Notifíquese en los términos de ley.
En su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, quienes firman al calce de la presente resolución,
conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos, quien
autoriza y da fe, y rubrica al margen todas las fojas que la integran.
RAP-163/2012
51
MAGISTRADO PRESIDENTE
JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA
MAGISTRADO
LUIS ANTONIO
CORONA NAKAMURA
MAGISTRADO
JOSÉ GUILLERMO
MEZA GARCÍA
MAGISTRADO GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ
MAGISTRADO RUBÉN VÁZQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS ALVARO ZUNO VÁSQUEZ
El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que la presente hoja corresponde a la resolución del 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce, pronunciada en el Recurso de Apelación RAP-163/2012, que consta de 51 cincuenta y un fojas por una sola cara.
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
EXPEDIENTE RAP-170/2012 ACTOR Partido Acción Nacional TERCERO INTERESADO Partido Revolucionario Institucional AUTORIDAD RESPONSABLE Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco MAGISTRADO PONENTE José Guillermo Meza García SECRETARIOS RELATORES Silvia Gpe. Bustos Vázquez Raymundo Miguel Figueroa Brizuela Bertha Sánchez Hoyos Gpe. Lucía Sánchez Vital
Guadalajara, Jalisco, a 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce.
VISTOS para resolver en definitiva, los autos del expediente del
Recurso de Apelación RAP-170/2012, promovido por el maestro
José Antonio Elvira de la Torre, representante propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en
contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que resuelve las
solicitudes de registro de planillas de candidatos a munícipes, de la
coalición “Compromiso por Jalisco” integrada por el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
RAP-170/2012
2
México, identificado como IEPC-ACG-084/12, emitido el 28
veintiocho de abril de 2012 dos mil doce.
Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en sesión pública
de esta fecha, se procede a emitir la presente resolución; y
R E S U L T A N D O
1. El 29 veintinueve de octubre de 2012 dos mil doce, fue publicada
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, número 13, sección
VI, TOMO CCCXXI, la convocatoria para la celebración de las
elecciones, constitucionales que se llevarán a cabo el día 1° de julio
de 2012 dos mil doce en la entidad, aprobada en sesión ordinaria,
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo IEPC-ACG-
047/11.
2. En la misma sesión ordinaria, mediante acuerdo IEPC-ACG-
048/11, el citado Consejo General, aprobó el calendario para el
proceso electoral local ordinario 2011-2012.
3. El 24 veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó
mediante acuerdo IEPC-ACG-019/12 el Convenio de Coalición
celebrado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México con la finalidad de postular candidatos
a Presidente Gobernador Constitucional, Diputados por el Principio
de Mayoría Relativa, así como para registrar planillas de candidatos
RAP-170/2012
3
a integrantes de los Ayuntamientos en la totalidad de los municipios
del Estado de Jalisco por el periodo 2012-2015.
4. El 28 veintiocho de abril del año que transcurre, se aprobó el
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE RESUELVE
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PLANILLAS DE CANDIDATOS A
MUNÍCIPES, DE LA COALICIÓN “COMPROMISO POR JALISCO”
INTEGRADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, IDENTIFICADO COMO IEPC-
ACG-084/12, en el cual se aprobaron diversas planillas de
candidatos, entre ellas, la presentada para el municipio de
Huejuquilla el Alto, Jalisco, mismo que fue publicado el día 3 tres de
mayo el presente año en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
5. Inconforme con el citado acuerdo, el maestro José Antonio Elvira
de la Torre, ostentándose como Representante Propietario del
Partido Acción Nacional, presentó el 1 uno de mayo del año en
curso, ante el Instituto Electoral, Recurso de Revisión,
específicamente en contra de la aprobación del registro de planilla
de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de
Huejuquilla el Alto, Jalisco.
6. El 16 dieciséis de mayo de esta anualidad, el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, remitió a este Tribunal Electoral, mediante oficio 2977/2012
Secretaría Ejecutiva, el escrito de Recurso de Revisión y diversa
documentación.
RAP-170/2012
4
7. El 17 diecisiete de mayo del presente año, mediante oficio SGTE-
793/2012, la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, por razón de turno, remitió a la ponencia del Magistrado
Presidente José Guillermo Meza García para su estudio, y en su
caso, admisión y formulación del proyecto de resolución el citado
Recurso de Revisión, que se registró con las siglas y números REV-
48/2012.
8. Una vez analizado el escrito de demanda, el Magistrado ponente,
advirtió que el acto combatido por el actor, era recurrible mediante
el Recurso de Apelación, por lo que, el día 28 veintiocho de mayo
del año que transcurre, los Magistrados integrantes del este
Tribunal Electoral, emitieron Acuerdo Plenario pare reencauzar la
demanda interpuesta, junto con 224 doscientos veinticuatro
recursos interpuestos en los mismos términos, se ordenó al
Secretario General dar de baja el expediente y realizar su registro
como Recurso de Apelación, y una vez realizado lo anterior, debía
devolver al Magistrado ponente el expediente para dar inicio a su
trámite, estudio, admisión en su caso y resolución como Recurso de
Apelación.
9. En cumplimiento al citado Acuerdo Plenario, el Secretario
General de Acuerdos, realizó el returno a la ponencia mediante
oficio SGTE-1063/2012, habiendo sido registrado en el Libro de
Gobierno como RAP-170/2012.
10. El 7 siete de junio del presente año, se emitió proveído, en el
que se tuvo por recibido y se radicó el Recurso de Apelación
interpuesto, se ordenó a la autoridad responsable realizar su
RAP-170/2012
5
publicitación, remitiera el informe circunstanciado y diversa
documentación.
11. En acuerdo del 16 dieciséis de junio de esta anualidad, se tuvo
por recibido de la autoridad responsable el informe circunstanciado,
diversa documentación e información, recibidas las constancias de
publicitación y de retiro de cada medio de impugnación, el escrito de
tercero interesado y la documentación que se acompañó al mismo,
se admitió el recurso interpuesto, así como las pruebas ofrecidas y
aportadas por las partes, y toda vez que el Magistrado responsable,
consideró que el expediente estaba debidamente substanciado para
ser fallado, se declaró cerrada la instrucción, para efecto de que se
formulara el proyecto de resolución correspondiente, mismo que se
somete a la consideración del Pleno del Tribunal Electoral dentro
del plazo que establece el artículo 604, párrafo 1 del Código en la
materia; y
C O N S I D E R A N D O
XIII. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, ejerce jurisdicción y es competente para conocer del
Recurso de Apelación, de conformidad a lo previsto por los artículos
56, primer párrafo; 57, párrafos segundo y séptimo; 68; 69, primer
párrafo; 70, primer párrafo, fracción II de la Constitución Política; 3,
fracción II; 73; 77, primer párrafo y 82 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; 502, párrafo 1, fracción II; 504, párrafo 3; 596, párrafo 2;
599, párrafo 1, fracción II y 604, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana; 5, fracción II; 9, fracción I, a); 10, fracción
V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado del
Poder Judicial, todos ordenamientos del Estado de Jalisco, toda vez
RAP-170/2012
6
que de las documentales que obran agregadas al expediente, se
advierte una controversia derivada de una resolución emitida por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, durante el proceso electoral ordinario, que a
decir del Partido Político promovente le causa agravios.
XIV. Por lo que respecta a la legitimación del partido político, y la
personería del promovente, el artículo 602 párrafo 1, fracción I del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
establece que están legitimados para interponer el recurso de
apelación, entre otras personas, los partidos o agrupaciones
políticas por conducto de sus respectivos representantes legítimos
que estén acreditados ante el órgano electoral que dictó el acto o
resolución impugnada.
Por tanto, la legitimación del partido político actor, es de
reconocerse en virtud de tratarse de un partido político nacional
debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que se refiere a la personería del maestro José Antonio
Elvira de la Torre, quien se ostenta como Consejero Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, se tiene por reconocida, toda vez que se desprende de
actuaciones del expediente, así como del informe circunstanciado
rendido por la responsable en el que se le reconoce con tal
carácter.
RAP-170/2012
7
En relación al interés jurídico del recurrente para hacer valer el
recurso de apelación, se observa que en su escrito alega que el
acto impugnado le causa agravios, lo cual en principio, se considera
suficiente para que se proceda a su estudio, esto, sin perjuicio de
que en su oportunidad se juzguen los supuestos agravios que hace
valer en su medio de impugnación.
Por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, por ser su examen preferente conforme al principio
de economía procesal, requisitos previstos en los artículos 506, 507
y 603 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, preceptos que regulan: el plazo en que se debe
presentar el recurso de apelación; los requisitos que debe cumplir el
escrito, el requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento
previo de los recursos administrativos que el Código de la materia
señala para el caso concreto, al respecto se tiene que:
El plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece
en el artículo 506 del código de la materia, que en lo conducente
señala:
Artículo 506 Los medios de impugnación previstos en este Código deberán presentarse dentro de los seis días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnado, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.
Atento a lo dispuesto por el citado precepto, el Pleno de este
Tribunal Electoral advierte que, el acuerdo impugnado fue emitido el
28 veintiocho de abril del año que transcurre, en consecuencia, se
RAP-170/2012
8
deduce que el plazo para interponer el presente recurso de apelación
transcurrió los días hábiles 29 veintinueve y 30 treinta de abril, 1 uno,
2 dos, 3 tres y 4 cuatro de mayo del esta anualidad, y en virtud de
que el Recurso de Apelación fue presentado ante la autoridad
responsable el 1 uno de mayo, según consta en el sello de
recepción, este órgano colegiado estima que el medio de
impugnación fue presentado dentro del plazo previsto por la ley, y
así lo confirma la autoridad responsable en su informe
circunstanciado.
Por otra parte, el Pleno de este Tribunal Electoral, considera que el
escrito que dio origen al presente recurso, se ajusta a los
requisitos de los medios de impugnación, que establece el
artículo 507 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, disposición que es aplicable al medio procesal de
impugnación en que se actúa.
En efecto, se cumplieron los extremos que previene el citado
dispositivo legal, habida cuenta que el medio de impugnación se
presentó por escrito ante la autoridad responsable del acto
impugnado; se indicó el nombre del actor y el domicilio para recibir
notificaciones que se ubica en esta ciudad que es la residencia de
esta autoridad competente para resolver el medio de impugnación,
asimismo, se señaló el nombre de quien las pueda oír y recibir; no
obstante que el promovente no acompañó el documento necesario
para acreditar su personería, la misma consta en actuaciones del
expediente, así como del informe circunstanciado rendido por la
responsable en el que se le reconoce con tal carácter; se señaló al
partido político que representa; se identificó el acto impugnado, así
como a la autoridad responsable; se mencionaron los hechos en
RAP-170/2012
9
que se funda la impugnación, así como los agravios que le causa el
acto impugnado y los preceptos jurídicos presuntamente violados;
por lo que respecta a las pruebas, se advierte que promovente
ofreció las que consideró pertinentes, no obstante que no exhibió
los tres tantos de su demanda, lo anterior no le irroga perjuicio
alguno, y finalmente, se advierte que el promovente asentó su firma
autógrafa.
El artículo 603, párrafo 1 del Código en la materia, prevé que es
requisito de procedencia adicional para la admisión del recurso de
apelación que se agoten los recursos administrativos que establece
este ordenamiento legal para cada caso concreto, ya que, de lo
contrario, se desechará de plano, en el presente asunto, dicho
requisito se tiene por satisfecho, no es necesario agotar instancia
previa, toda vez que el acuerdo que se impugna fue emitido por el
Consejo General, órgano máximo de dirección del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que sus
actos son combatibles directamente mediante el recurso de
apelación.
Por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, quien
comparece como Tercero Interesado, al presente asunto en
términos de lo previsto en el artículo 512, párrafo 1, fracción III del
Código en la materia, se tiene que:
Se reconoce su legitimación, en virtud de tratarse de un partido
político nacional debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
RAP-170/2012
10
Por lo que se refiere a la personería del licenciado Benjamín
Guerrero Cordero, quien se ostenta como Apoderado Legal del
Partido Revolucionario Institucional, se tiene por reconocida, en
virtud de que obra agregada al diverso Recurso de Apelación RAP-
164/2012, copia certificada del Poder General Judicial, para Pleitos
y Cobranzas a favor de los licenciados Rafael Castellanos y
Benjamín Guerrero Cordero, otorgado en escritura pública 2,915,
ante la fe del Notario Público Titular número 138 de Guadalajara,
Jalisco, el 15 quince de febrero de 2012 dos mil doce, que remite el
Secretario General de Acuerdos de este órgano colegiado.
Por lo que se refiere al plazo para la presentación de su escrito,
esta se realizó en términos de lo previsto en el artículo 530 en
relación con el 506 del Código Electoral.
Los requisitos del escrito, previstos en el citado numeral 530 del
Código en la materia, se encuentran satisfechos, toda vez que el
mismo, fue presentado ante la autoridad responsable del acto
impugnado, se hizo constar el nombre de tercero interesado, se
señaló domicilio para recibir notificaciones, no obstante que no
acompañó el documento para acreditar su personería, la misma se
tiene acreditada con el Poder General Pleitos y Cobranzas, descrito
el líneas precedentes, asimismo, precisó la razón del interés jurídico
en que se funda y las pretensiones concretas del compareciente,
ofreció y aportó las pruebas y finalmente, hizo constar su firma
autógrafa.
III. Por ser las causales de improcedencia una cuestión de
estudio oficioso, éstas se analizan de manera preferente de
conformidad a lo previsto por los artículos 1; 536, párrafo 1, fracción
RAP-170/2012
11
II, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, por lo que se analizará si en el caso a estudio se actualiza
alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo
509 del ordenamiento legal invocado, y de ser así, deberá
decretarse el desechamiento de plano del medio de impugnación
planteado por la parte apelante, al no constituirse válida y
eficazmente el proceso, ya que ello imposibilitaría a este órgano
jurisdiccional para resolver sobre el fondo controvertido materia del
medio de impugnación.
Cabe señalar que las causales de improcedencia pueden
analizarse, ya sea por petición de parte, al haber sido invocadas por
alguna de ellas, o bien, porque de oficio esta autoridad jurisdiccional
las advierta, dada la obligación de analizar la integridad de las
constancias allegadas a los medios de impugnación, conforme a los
principios de constitucionalidad y legalidad consagrados por la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Al efecto, este órgano colegiado no advirtió la existencia o
actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas
por el artículo 509 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco en los medios de impugnación
interpuestos, pues no se pretendió impugnar la no conformidad a la
Constitución General de la República o la Política del Estado de
Jalisco, no se impugnaron actos o resoluciones que no afecten el
interés jurídico del actor, el acto o resolución no se consumó de un
modo irreparable, el acto o resolución no se consintió
expresamente, entendiéndose por ello, las manifestaciones de
voluntad que entrañen ese consentimiento o no se presenten los
RAP-170/2012
12
medios de impugnación dentro de los plazos señalados en el
Código Electoral y el promovente no careció de legitimación.
En virtud de las consideraciones realizadas, y al no advertirse
causal de improcedencia alguna que amerite un desechamiento de
plano, es procedente realizar el análisis de fondo de la controversia
planteada.
IV. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar si el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el 28 veintiocho de
abril de 2012 dos mil doce, que resolvió las solicitudes de registro
de planillas de candidatos a munícipes, que presentó de la coalición
“Compromiso por Jalisco”, identificado como IEPC-ACG-084/12, es
violatorio del principio de legalidad que toda resolución de autoridad
electoral debe cumplir, por ser uno de los principios constitucionales
y legales rectores de la función electoral, y si con ello se conculcó el
derecho que, en favor del promovente, consagra la Constitución
Política y el Código Electoral y de Participación Ciudadana ambos
ordenamientos del Estado de Jalisco.
Precisado lo anterior, el método que se abordará para dilucidar la
litis en el presente asunto, consistirá en examinar los agravios que
esgrime el recurrente en el Recurso de Apelación, los cuales se
estudiarán en los subsiguientes considerandos.
El examen se hará relacionando los agravios con los hechos y
puntos de derecho controvertidos y los que fundan la presente
resolución que se sustentan en la plenitud de jurisdicción que a este
órgano judicial le confiere el artículo 57, párrafo segundo de la
RAP-170/2012
13
Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 504, párrafo
3 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, así como con el análisis y la valoración de todas y cada una
de las pruebas que fueron admitidas.
Para tal efecto, en los siguientes considerandos se examinarán los
agravios que esgrime el ciudadano actor, pudiendo variar el orden
de la exposición contenida en el escrito que contiene el medio de
impugnación, lo cual no le causa lesión o afectación jurídica alguna,
pues esto sólo ocurre cuando no se estudian todos los motivos de
agravio, toda vez que no en todos los casos, los justiciables
exponen ordenadamente sus agravios, o bien en razón de que
algunos de éstos pueden ser de estudio preferente o incluso
encontrarse en cualquier parte del escrito que contiene la
impugnación.
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 02/98 y
03/2000 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, consultables en la Compilación
1997-2010 de Jurisprudencia y tesis relevantes en materia electoral,
Volumen 1 de Jurisprudencia, páginas 118 a la 120 bajo los rubros:
“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL.” y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”
V. Una vez establecido lo anterior, se advierte que el promovente,
expresa el agravio que identifica como “Primero” en los siguientes
términos:
RAP-170/2012
14
Primero. Así mismo, causa agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de candidatos a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Verde Ecologista de México, en flagrante violación del Principio Constitucional de Legalidad previsto en los artículos 14, 16,41 Base VI y 116 de Nuestra Carta Magna.
En un primer orden de ideas, en razón de que quien firma tanto el convenio de coalición, la modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de registro de candidatos, por la parte que representa al Partido Revolucionario Institucional, es RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del mencionado Instituto Político.
Por su parte, en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional no se contempla la figura del Delegado Especial para el despacho de la presidencia de algún Comité Directivo Estatal, ni mucho menos en alguno de sus reglamentos, sin embargo, el artículo 120 de los citados Estatutos, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal tienen a su cargo la representación y dirección política del Partido en la entidad federativa correspondiente y desarrollarán las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los programas estatales que apruebe el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como las acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional.
Y por su parte el artículo 121 de los Estatutos en comento, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal del Instituto Político que nos ocupa, estarán integrados, por un Presidente; un Secretario General; un Secretario de Organización; un Secretario de Acción Electoral; un Secretario de Acción Electoral (sic); un Secretario de Gestión Social; un Secretario de Finanzas; un Secretario de Administración; un Secretario de Acción Indígena en donde se tenga presencia de pueblos y comunidades indígenas; un Coordinador de Acción Legislativa; las demás secretarías que sean pertinentes a cada entidad federativa y que correspondan al Comité Ejecutivo Nacional; y cada sector, el Movimiento Territorial, el Organismo de Mujeres Priístas y el Frente Juvenil Revolucionario contarán con un Coordinador dentro del Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal, con las atribuciones y representatividad suficientes para su cabal funcionamiento.
Resulta evidente que en la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional, no se contempla la figura de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco; por lo que la persona que ostenta el mencionado carácter, no cuenta con facultades, ni para suscribir el convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México, las modificaciones al mismo, ni mucho menos para registrar candidatos, a nombre del Instituto Político en cuestión, ni mucho menos a nombre de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por los dos institutos políticos que se mencionan.
Pues en adición, cabe resaltar, que aun y cuando en las cláusulas décima y décima séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR JALISCO” establece que las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, aso (sic) como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el propio convenio de coalición; Sin embargo, si de origen RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA carece de representación para la celebración del convenio de coalición a nombre del Partido Revolucionario Institucional, luego entonces, por consecuencia
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carece de la representación para solicitar el registro de candidatos a nombre de la coalición, fundándose en el propio convenio de coalición.
Al respecto el artículo 241, párrafo 1, fracción III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establece que las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por el Consejo General del Instituto y contener escrito con firma autógrafa, del DIRIGENTE ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO, O EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
En este orden de ideas, si RAFAEL GONZÁLEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, fue quien firma las solicitudes de registro, de las planillas a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, lo hace en contravención de lo ordenado en el citado artículo 241, párrafo 1, fracción III de la Codificación Electoral de esta Entidad Federativa, pues el no es Dirigente Estatal en Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, y tampoco puede ser considerado como representante de la coalición en comento.
Razón por la cual es de considerarse que al aprobarse el registro de las candidaturas a munícipes para integrar los 125 municipios del estado de Jalisco, solicitadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA resulta del todo ilegal, ante su falta de representación tanto del Partido Revolucionario Institucional, como de la propia coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por dicho insitito (sic) político y por el Partido Verde Ecologista de México.
Lo que debió hacer la autoridad responsable es haber desechado de plano las solicitudes de registro de las planillas a munícipes firmadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 fracción III, 244 párrafos 2 y 4, y artículo 245, párrafo 1, fracción 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Al respecto resultan aplicables las siguientes Jurisprudencias:
…
Jurisprudencia 5/2001
CANDIDATOS. FACULTAD PARA SOLICITAR EL REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SIMILARES). …
Tesis CX12002
PERSONERÍA. LA REPRESENTACIÓN DELEGADA DE UN PARTIDO POLÍTICO DEBE CONSTAR EN INSTRUMENTO NOTARIAL. …
(…)
De lo anterior se desprende que el recurrente señala que le
causa agravio el acuerdo impugnado IEPC-ACG-084/12 de
veintiocho de abril de dos mil doce, emitido por el Consejo
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General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, que aprueba el registro de la planilla de
candidatos a munícipes, que presentó la coalición “Compromiso
Por Jalisco”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional
y por el Partido Verde Ecologista de México, por lo que respecta
al municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco; al considerar que el
mismo, violenta el principio constitucional de legalidad; en razón
de que a su parecer, quien firma el convenio de coalición y la
modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de
registro de candidatos por la parte que representa al Partido
Revolucionario Institucional, a saber, Rafael González Pimienta,
no cuenta con facultades para ello.
Ahora bien, el agravio en estudio resulta infundado en virtud de
las consideraciones que a continuación se exponen:
A juicio de este Tribunal Electoral, resulta pertinente señalar que
del punto 5° quinto de los “Antecedentes” del acuerdo
impugnado, se observa que el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
hace referencia al diverso acuerdo identificado con la clave
alfanumérica IEPC-ACG-019/12 emitido el 24 veinticuatro de
febrero de 2012 dos mil doce, mediante el cual se aprobó el
registro del convenio de coalición que presentó el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
México, a la cual denominaron coalición “Compromiso por
Jalisco”, para contender en el proceso electoral local ordinario
2011-2012, en las elecciones de Gobernador, diputados por el
principio de Mayoría Relativa en cinco distritos electorales
locales y munícipes de los ciento veinticinco municipios que
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conforman el Estado de Jalisco, acuerdo que por tratarse de un
documento público consultable en el sitio o página web oficial del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco en la Internet, constituye un hecho notorio, por lo que
este Pleno del Tribunal Electoral, puede invocarlo en la presente
resolución.
Sirve para ilustrar lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX.2º.
J/24, visible a página 2470, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, de Enero de dos mil
nueve, Materia Común, Novena Época, bajo el rubro HECHO
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN
SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.
Así entonces, es necesario trascribir la Cláusula Décima
Séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, antes referido, que de manera textual señala:
“DÉCIMA SÉPTIMA.- Del registro de los candidatos de la coalición. Las
partes acuerdan que para tal efecto se apegan al “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2011-2012”, identificados con la clave IEPC-ACG-005/2012 y lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, 239, 240 y 241 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, así como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el presente convenio, teniendo las mismas facultades el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco del Partido Verde Ecologista de
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México en relación de los candidatos que postule este Instituto Político dentro de la coalición. Asimismo, los partidos que forman la presente coalición se obligan a remitir oportunamente a la instancia referida en el párrafo anterior, la documentación necesaria para el registro de los candidatos, o en su caso para la sustitución.” (lo resaltado es por parte de este Tribunal)
De lo antes trascrito se advierte claramente que contrario a lo
esgrimido por el recurrente, el Delegado Especial Encargado del
Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario
Institucional en Jalisco, a saber, Rafael González Pimienta, sí se
encontraba facultado para solicitar el registro de las
candidaturas postuladas por dicha coalición, pues así se pactó
de manera expresa en el convenio en estudio aprobado
mediante acuerdo identificado como IEPC-ACG-019/12, de 24
veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, mismo que
además no forma parte de la presente controversia, y por ello,
resulta ser un acto independiente, que al no haber sido
impugnado en su oportunidad, a la fecha se encuentra incólume
y debe entenderse como un acto consentido tácitamente.
Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 23/2000 y
9/2001, consultables en la páginas 235 y 236 así como 236 a la
238, respectivamente, de la Compilación 1997-2010
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1
Jurisprudencia, que refieren:
DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito
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que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.”
“DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. El actor queda exonerado de agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral local, en los casos en que el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y definitivo. En efecto, la razón que constituye la base lógica y jurídica para imponer al justiciable la carga de recurrir previamente a los medios ordinarios, antes de acceder a la justicia constitucional federal, radica en la explicación de sentido común de que tales medios de impugnación no son meras exigencias formales para retardar la impartición de la justicia, obstáculos impuestos al gobernado con el afán de dificultarle la preservación de sus derechos ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela efectiva que les garantiza la Constitución federal, sino instrumentos aptos y suficientes para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución que se combata; y al ser así las cosas, se impone deducir que, cuando ese propósito o finalidad no se puede satisfacer en algún caso concreto, ya sea por las especiales peculiaridades del asunto, por la forma en que se encuentren regulados los procesos impugnativos comunes, o por las actitudes de la propia autoridad responsable o de la que conoce o deba conocer de algún juicio o recurso de los aludidos, entonces se extingue la carga procesal de agotarlos, y por tanto se puede ocurrir directamente a la vía constitucional, pues las situaciones apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos cautelares, ni es posible fáctica ni jurídicamente retrotraer las cosas al tiempo pasado en que se cometieron las violaciones, mediante la reposición de un proceso electoral.”
En este sentido, no debe soslayarse que el referido acuerdo
IEPC-ACG-019/12 donde fue aprobado el convenio de la
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coalición denominada “Compromiso por Jalisco” deviene en un
acto anterior que fue consentido y que a su vez, trajo como
consecuencia la emisión de un acto posterior derivado de
manera directa de ese consentimiento, esto es, la aprobación de
las planillas de candidatos a munícipes, presentadas por la
coalición “Compromiso por Jalisco”, contenida en el acuerdo
identificado como IEPC-ACG-084/12; por tanto, el agravio
expresado por el actor consistente en la supuesta falta de
personería del representante del Partido Revolucionario
Institucional, resulta ser un acto derivado del consentimiento del
diverso acuerdo IEPC-ACG-019/12, en el que se aprobó el
registro del convenio de la referida coalición integrada por el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista
de México; ello, en virtud de que en el aludido acuerdo en el que
se aprobó el convenio de coalición, se otorgó de manera
expresa la facultad a Rafael González Pimienta, para suscribir el
registro de las candidaturas postuladas y aprobadas por el ahora
acuerdo IEPC-ACG-084/12, impugnado en el presente asunto.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que de las actuaciones que
integran el recurso de apelación en estudio, se advierte que el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, anexó a su informe
circunstanciado, copia certificada del proveído de 12 doce de
enero de dos mil doce, en el cual se tuvo a al ciudadano Gerardo
Álvarez Romero, en su carácter de Consejero Suplente
Representante del Partido Revolucionario Institucional,
exhibiendo copia certificada del ACUERDO DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL POR EL QUE SE CREAN DELEGACIONES
ESPECIALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL PARA EL
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DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y LA SECREATRÍA GENERAL DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE JALISCO Y SE DESIGNAN A SUS
TITULARES y por ende, se tuvo al Partido Revolucionario
Institucional, dando cumplimiento a la obligación que le impone
el artículo 68, párrafo 1, fracción XIII, del Código Electoral y de
Participación ciudadana del Estado de Jalisco, en el sentido de
comunicar al Instituto, los cambios de los integrantes de sus
órganos directivos, y como consecuencia de ello, comunicando
que se designó al Licenciado Rafael González Pimienta, como
Delegado Especial para el despacho de la Presidencia del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de Jalisco, hasta en tanto se convoque y efectúe el
procedimiento estatutario para la elección de los titulares
respectivos, situación tampoco impugnada en su oportunidad;
por lo cual, se reitera que el acto que ahora impugna, constituye
una consecuencia del consentimiento de lo narrado en líneas
precedentes y, por ello, sí le asistió a Rafael González Pimienta,
la facultad para solicitar el registro de las planillas de candidatos
a munícipes, por parte de la coalición “Compromiso por Jalisco”.
Así entonces, como se precisó en párrafos precedentes, al haber
suscrito la solicitud de registro de la planilla de candidatos
aprobada, el ciudadano Rafael González Pimienta, en su
carácter de Delegado Especial encargado del despacho de la
Presidencia del Partido Revolucionario Institucional, no le asiste
la razón al apelante, en virtud de que contrario a lo señalado por
su parte, sí cuenta con facultades para ello.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio primero esgrimido por el
apelante, y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VI. Por lo que se refiere al “Segundo” motivo de agravio, el partido
político actor, argumenta lo siguiente:
HECHOS:
(…)
Segundo. Dentro de la etapa correspondiente al registro de candidatos de
los partidos políticos, con fecha quince de abril del año en curso, como es
un hecho notorio y público, acudieron a presentar su registro de candidatos
para los municipios del Estado de Jalisco, la Coalición “COMPROMISO
POR JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Verde Ecologista de México.
Dentro del mencionado proceso de registro fue evidente que al momento de
registrar las planillas y entregar la documentación requerida según la ley de
la materia, estas fueron recibidas incompletas y fuera del límite establecido
en el artículo 240, fracción IV del Código Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco, además de carente de los requisitos que establece el
artículo 241, punto 1, fracción II y llI.
Cabe señalar que fue el último día de los que se establecen en la ley para
presentar el registro de las planillas, la fecha en la cual acudieron al
mencionado proceso de registro, y en el cual ocurrieron una serie de
irregularidades por parte de la Autoridad Administrativa Electoral, al
momento de la recepción de la documentación para la integración de los
expedientes de los candidatos de la mencionada coalición.
Esto es así pues El Instituto Electoral de manera constante y repetida
obstaculizó al suscrito para conocer con veracidad la documentación real
que se estaba entregando, impidiéndome conocer puntualmente si era
entregado cada documento exigido por la ley para el registro de las planillas
de candidato a munícipe.
Tercero. Posteriormente con fecha veintiocho de abril del presente año, el
Consejo General del Instituto Electoral, decidió de manera ilegal aprobar el
registro de las 125 planillas de candidatos a Presidente Municipal,
Regidores y Síndico postulados por la Coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México, correspondientes a los Ayuntamientos del
Estado de Jalisco.
Cuarto. Entre los registros aprobados esta el correspondiente a la planilla
correspondiente al municipio de HUEJUQUILLA EL ALTO, Jalisco, misma
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que fue presentada para su registro fuera del plazo legal previsto para tal
efecto, además de carente de los requisitos que establece el artículo 241,
punto 1, fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana de
Jalisco.
(…)
AGRAVIOS
(…)
Segundo. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 9, 14, 16, 41, 35, 116, fracción IV, inciso b) y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracción X de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 1, punto dos, 24, 29, 229, 239, punto uno, fracción IV, 241, fracciones II y III, 245, punto uno, fracciones I, III y IV, 246, 115, 120 punto 1, y 500, punto 1, fracción I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en virtud de que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de HUEJUQUILLA EL ALTO, Jalisco, no obstante de que la solicitud de registro fue presentada después de concluido el plazo legal previsto para tal efecto, además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1, fracción II y III.
El principio de legalidad, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal.
Al respecto resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.—…
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 234-235.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996.—….
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, páginas 57-58, Sala Superior, tesis S3EL 034/97.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 798-799.
Una definición doctrinal del Ayuntamiento lo explica de la siguiente manera: Órgano colegiado y deliberante que asume la representación y el gobierno del municipio. Integrado por los Regidores, él o los Síndicos y el Presidente Municipal.
El sistema de elección municipal, denominado “de planillas”, puede resumirse de la siguiente forma: 1) en un mismo acto político (el acto del sufragio) se elige, mediante un “voto simultáneo” todo el cuerpo político del ayuntamiento; 2) de la planilla ganadora emana el presidente municipal, uno o más síndicos, y un número predeterminado de regidores “de mayoría”; y 3) de las planillas perdedoras que alcancen el umbral de representación requerido se complementa el cuerpo edilicio con un grupo de regidores de “representación proporcional”.
Este sistema, que se encuentra estatuido en la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, la
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que en su artículo 3 señala “Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa”, a su vez el numeral 10 de dicho cuerpo normativo establece “Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se determinan en la ley estatal en materia electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas; y permanecen en sus cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de cada período.
Ahora bien, de conformidad al artículo 134, fracción XVI y 246, párrafo uno, fracción II del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es la autoridad competente para aprobar la procedencia del registro de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de HUEJUQUILLA EL ALTO, Jalisco, para lo cual, deberá revisar que la solicitud de registro cumpla con los requisitos que al efecto establece el Código Electoral y de Participación Ciudadana, así como la Constitución Política del Estado de Jalisco.
El artículo 240, punto uno, fracción IV del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señala que el plazo para la presentación de las solicitudes de registro en el caso de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, concluye el día 15 de abril del año de la elección.
Ahora bien, de una interpretación sistemática, funcional y gramatical de los artículos 21, 24, punto tres, 239, fracción IV, 240, fracción IV, 244 y demás relativos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se advierte lo siguiente:
1. La elección de integrantes de los ayuntamientos del Estado de Jalisco, se realizará mediante la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, que registren los partidos políticos y candidatos ordenado de forma progresiva en la que se incluya el numero de regidores propietario y suplentes correspondientes.
2. Los partidos políticos o coaliciones deberán registrar la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico durante el plazo previsto para tal efecto, cumpliendo con los requisitos formales y materiales que la ley establece.
3. En caso de que faltara algún requisito formal, (copia certificada del acta de nacimiento, escrito con firma autógrafa del estatal en el que manifieste bajo protesta que los ciudadanos que se registran fueron seleccionados de conformidad con los estatutos, etcétera) la autoridad electoral, podrá requerir al partido o coalición, para que subsane la inconsistencia.
4. Únicamente podrán se subsanables los requisitos que deben
acompañarse a la presentación de la solicitud de registro de la planilla.
5. En caso de presentarse la solicitud de la planilla fuera del plazo previsto
será motivo de desechamiento de la misma.
Ahora bien, como se advierte del expediente relativo al registro de la planilla de cuenta, la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, presentó una serie de documentos al momento de fenecer el plazo legal, sin embargo tal y como lo certificó la propia autoridad electoral, existían deficiencias y omisiones no subsanables.
Es decir, la planilla impugnada no presentó la totalidad de los documentos que establece el artículo 241, fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que a la letra señala que deben contener:
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Artículo 241.
1. Las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por
I…
II. A la solicitud de cada uno de los ciudadanos propuestos a candidatos propietarios y suplentes, se deberá acompañar sin excepción los documentos siguientes:
a) Escrito con firma autógrafa en el que los ciudadanos propuestos como candidatos manifiesten su aceptación para ser registrados y en el que bajo protesta de decir verdad expresen que cumplen con todos y cada uno de los requisitos que establecen la Constitución Política del Estado y este Código;
b) Copia certificada del acta de nacimiento o certificación del registro del nacimiento, expedidas en ambos casos por la oficina del registro civil;
c) Copia certificada por Notario Público o autoridad competente de la credencial para votar;
d) Constancia de residencia, cuando no sean nativos de la Entidad, expedida con una antigüedad no mayor de tres meses por el Ayuntamiento al que corresponda su domicilio; y
e) Copia certificada por autoridad competente de la constancia de rendición de la declaración de situación patrimonial, cuando se trate de servidores públicos.
III. Escrito con firma autógrafa, del dirigente estatal del partido político, o en su caso, del representante de la coalición, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
Tal y como se ha señalado en los puntos que anteceden en la presente impugnación, es hecho notorio, público y evidente, que existió por parte de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, una ausencia total en la entrega de los documentos que señala el artículo antes transcrito, aunado a la falta del escrito del representante de la referida coalición, en la cual no se señala de manera clara la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que especifique los ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así como los documentos en los que sustentan el cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad.
La previsión legal consignada en el artículo 244 del Código Local, señala que en caso de faltar alguno de los requisitos que deben presentarse a cada solicitud, la autoridad electoral, podrá requerir a los partidos para que subsanen las deficiencias en la integración del expediente, lo que no implica que puedan cubrir sus omisiones una vez agotado el plazo que la ley les otorga para realizar el registro, pues hacerlo de esta forma implica extender el plazo previsto.
Es pertinente distinguir, que existen dos tipos de inconsistencia, las subsanables y aquellas que por su carácter no pueden ser reparables.
Así las cosas, son omisiones subsanables, aquellas que por sus características no atañen directamente a una cuestión pública, o afectan de manera directa los principios de certeza, equidad e imparcialidad rectores de la función electoral.
En ese sentido, el hecho de que la solicitud de registro de la planilla de candidatos no se presente antes de la fecha prevista, no sea entregada la documentación requerida, así como que no cumpla con los requisitos que señalan los incisos a) de la fracción II, y lo previsto en la fracción III del párrafo 1 del artículo 241 del Código del Estado, son requisitos que no pueden ser subsanables, toda vez, que una interpretación contraria, reduciría al absurdo de suponer que un partido político presente una solicitud de registro con el nombre de sólo un candidato, o bien, que haga entrega de una serie de documentos inconexos con el sólo afán de generar
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un precedente, y contar con los elementos para ampliar el plazo previsto para la integración de la planilla de candidatos, y ahora si estar en aptitud de solicitar su registro.
De lo señalado, se advierte que en el caso de que la solicitud de registro no contenga ningún documento, ni el nombre de por todos los integrantes de la planilla, es un vicio invalidante, que para subsanarlo se tendría que abrir un nuevo plazo para la presentación de la solicitud de registro, en razón de que como se ha señalado con antelación, el registro de candidatos se llevará a cabo por planillas completas, y no como en el caso, en el que sólo no se presentaron el total de los integrantes de la misma.
Al caso, esta autoridad deberá tomar en consideración el principio de impugnabilidad rector de los medios de impugnación en materia electoral, mismo que señala que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales tienen la posibilidad de se (sic) combatidos o impugnados, es decir, que todos los actos de las autoridades electorales tienen mecanismos de oposición para que puedan ser objeto de un nuevo análisis, estableciéndose como una garantía a todos los sujetos del derecho electoral, el poder acudir ante las autoridades a fin de ventilar todas aquellas situaciones que provoquen disconformidad de dichos actos o resoluciones.
(…)
De lo trasunto se desprende que el actor se duele en esencia de
la supuesta ilegalidad de la resolución emitida por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el 28 veintiocho de abril del 2012 dos mil
doce, que aprobó el registro de las planillas de Presidente
Municipal, Regidores y Sindico de los 125 ciento veinticinco
Ayuntamientos postulados por la Coalición “Compromiso por
Jalisco”, entre ellas la planilla relativa al Municipio de Huejuquilla
el Alto, Jalisco, en razón de la presentación extemporánea de la
solicitud correspondiente, así como por la insuficiencia de los
requisitos necesarios para obtener el registro de mérito.
El apelante abunda en que la Coalición “Compromiso por
Jalisco” para el registro de la planilla de munícipes en comento,
al momento de fenecer el plazo legal conducente, presentó una
serie de documentos deficientes y con omisiones no
subsanables.
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27
De igual forma, el actor señala que no se presentó ante la
autoridad responsable la totalidad de los documentos requeridos
en vía de cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo
241, fracciones II y III del Código en la materia.
Aunado a lo anterior, el recurrente aduce textualmente que al
registro de la planilla de munícipes en comento, le faltó el escrito
del representante de la Coalición en cita, en la (sic) cual no se
señala de manera clara, la postulación formal de la planilla
impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que se
especifique los nombres de los ciudadanos que la integran, el
orden de prelación con que son propuestos, el carácter de
propietario o suplente, así como en los documentos en los que
se sustenta el cumplimiento de los requisitos legales de
elegibilidad.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO, esto es así, porque del
análisis de los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a
la conclusión de que los mismos, consisten en meras
apreciaciones subjetivas, genéricas e imprecisas que no cuentan
con los elementos suficientes para combatir el estudio de fondo
de la resolución recurrida.
En principio, porque en atención a lo previsto en el artículo 544,
párrafo 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación
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28
que se someten a su consideración, se encuentra obligado a
suplir las deficiencias en la expresión de los agravios
planteados, también lo es que se llevará a cabo, siempre y
cuando, éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos
expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Al respecto, conviene precisar que ha sido criterio reiterado por
este Tribunal Electoral, que los conceptos de agravio se pueden
tener por formulados independientemente de su ubicación en
determinado capítulo o sección de la demanda, así como de su
presentación, planteamiento o construcción lógica; debido a que
no es requisito sine qua non que se encuentren contenidos en
un capítulo especial de conceptos de agravio, siempre y cuando,
éstos expresen las violaciones legales que se considere fueron
cometidas por la autoridad responsable, en cualquier parte del
escrito inicial de demanda, exponiendo con toda claridad los
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29
razonamientos lógico jurídicos por los cuales se concluya que no
se actuó conforme a derecho.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 03/2000
y 02/98, consultables a páginas 117 a la 119, de la "Compilación
1997-2010” de Jurisprudencia y tesis, tomo de Jurisprudencia,
Volumen 1, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, bajo los rubros: "AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y
"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL".
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
En este tenor, si bien es cierto que el Tribunal Electoral esta
facultado para resolver supliendo la deficiencia en la expresión
del agravio, siempre y cuando, de la propia redacción del escrito
de demanda, se desprendan los elementos mínimos necesarios
de los cuales, inclusive, aún estando inconexos entre sí, se
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30
pueda colegir el planteamiento de agravios específicamente
formulados para destruir frontalmente el acto que se impugna;
también es cierto que, en oposición a lo anterior, cuando del
libelo impugnativo no se desprenda elemento, hecho o
manifestación clara y precisa a partir de la cual se pueda
formular un agravio concreto, este órgano jurisdiccional se
encuentra impedido para ir más allá de la intensión del actor y
consecuentemente, configurar ex officio la expresión del agravio
pertinente para alcanzar las pretensiones planteadas por el
partido político actor, puesto que tal situación no sería una
suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel del
promovente.
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
RAP-170/2012
31
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio y se subsuma en
la responsable, para realizar el trabajo que le corresponde a
ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades o
inconsistencias, proceda a declarar su revocación u ordenar se
subsanen.
En el caso que nos ocupa, de la lectura integral del escrito de
demanda, se advierte que el partido político apelante intenta
controvertir la legalidad del acuerdo emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, identificado como IEPC-ACG-084/12, de
fecha 28 veintiocho de abril del año en curso, mediante el cual
se aprobó del registro de las 125 ciento veinticinco planillas de
munícipes postuladas por la Coalición “Compromiso por Jalisco”,
que habrán de participar en la contienda electoral del próximo
primero de julio, para renovar los ayuntamientos que integran el
Estado de Jalisco; arguyendo que se vulneran los diversos
artículos en virtud de que la autoridad responsable aprobó el
registro de la planilla de munícipes para la conducente
postulación relativa al Ayuntamiento Huejuquilla el Alto; no
obstante de que dicho registro fue presentado una vez fenecido
RAP-170/2012
32
el plazo legal previsto para tal efecto y además, carente de los
requisitos a que se encuentra sujeto.
Así mismo, del estudio acucioso del escrito de demanda de
apelación, se advierte que el actor intenta configurar un agravio
tendiente a atacar la legalidad de dicho registro en su conjunto,
fundamentándose en diversos preceptos de orden constitucional
y legal que de ninguna manera utiliza como motivación para
sostener sus argumentos.
En efecto, únicamente expresa en forma genérica que le causa
agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de
candidatos a postularse en los 125 ciento veinticinco municipios,
sin embargo, no hace valer motivo de disenso específico,
concreto, objetivo y frontal, a través del cual manifieste qué
parte, o sí la totalidad del acuerdo impugnado emitido por la
responsable, mediante el cual aprueba el registro de las planillas
en comento, le resulta carente de derecho o ilegal, no discurre
en razonamientos o justificaciones lógicas específicas y
concisas, imposibilitando a este Tribunal Electoral a aplicar el
principio de la suplencia del agravio, dado que ni en forma
mínima se advierte la expresión de un motivo de disenso claro y
frontal.
Sin embargo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional
que si bien es cierto, que el apelante plantea la impugnación de
la aprobación del registro de las 125 ciento veinticinco planillas
en forma genérica y oscura; también lo es que identifica en este
Recurso de Apelación, la planilla correspondiente al
Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto, Jalisco; respecto del cual
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33
precisa tres actos aprobados por la responsable y que considera
motivos de agravio, mismos que serán estudiados en el orden de
prelación establecido por el actor:
s) La extemporaneidad en la presentación de la solicitud de
registro de la planilla de munícipes de mérito;
t) La presentación de la solicitud de registro carente de los
documentos que establece el artículo 241, fracción II y III
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco.
u) Omisión en la presentación del escrito del representante de
la Coalición “Compromiso por Jalisco”, con firma autógrafa
de éste, mediante la cual (sic) no se señala de manera clara
la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un
escrito con firma autógrafa en el que se especifique los
ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que
son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así
como los documentos en los que sustentan el cumplimiento
de los requisitos legales de elegibilidad.
a) Extemporaneidad de la presentación de la solicitud para
el registro de la planilla de munícipes.
En cuanto al motivo de agravio señalado en el inciso a), este
órgano jurisdiccional sostiene que es infundado dado que el
recurrente realiza consideración referente a que se entregaron
documentos fuera del plazo legal previsto para el registro de la
planilla de mérito; sin embargo del escrito de demanda no se
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34
desprende argumento toral encaminado a expresar en qué
consistió esencialmente dicha extemporaneidad.
En efecto, no existe elemento alguno en el libelo impugnativo a
partir del cual, este órgano resolutor pueda obtener los datos
específicos que arrojen la fecha y hora de la supuesta entrega
extemporánea de la presentación de la solicitud del registro de
mérito, de tal forma, que puedan ser contrastado con lo que
sostiene la autoridad responsable en el acuerdo que se
impugna, y en consecuencia se pueda colegir que dicho registro
fue presentado fuera del término previsto para lo conducente.
En esa virtud, es importante mencionar que de la lectura del
acuerdo impugnado, se advierte que la autoridad responsable
aprobó y realizó el registro de la planilla para el municipio de
Huejuquilla el Alto, Jalisco, por haber sido satisfechos los
requisitos del mismo.
Por lo tanto, en seguimiento al principio de que lo ordinario se
presume, lo extraordinario se demuestra, este órgano
jurisdiccional sostiene que, en el presente caso, lo ordinario se
encuentra en la presentación de la solicitud del registro de la
planilla de munícipes en cuestión, dentro del plazo legal previsto
para tal efecto, situación que se hizo de manifiesto por la propia
responsable a través de la emisión del referido acuerdo
impugnado en el que se estableció que la planilla de munícipes
se aprobó y registró en virtud de que se cumplimentaron todos y
cada uno de los requisitos legales previstos para tal efecto, entre
ellos el relativo al de la oportunidad en la presentación de la
solicitud conducente, sin hacer mayor detenimiento o
RAP-170/2012
35
consideración al respecto; mientras que lo extraordinario, es
decir la supuesta extemporaneidad, se debió demostrar por
parte del recurrente, a través de la aportación de elementos
probatorios, contundentes y consistentes en los que figurara o
explicara claramente la circunstancia específica en las que,
según su dicho, radicó tal ilegalidad.
b) Estudio en general de los requisitos contenidos en el
artículo 241 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que ve al inciso b) tocante a la carencia de los
documentos requeridos en vía de requisitos necesarios para
obtener la aprobación del registro de la planilla de munícipes, el
partido político incoante manifiesta expresamente que existió en
dicha documentación, deficiencias y omisiones en su entrega.
Con respecto a este motivo de disenso, este órgano
jurisdiccional sostiene que deviene en infundado pues tal como
se advierte claramente de la argumentación vertida por el
recurrente en el escrito de demanda, la expresión en los mismos
redunda en consideraciones generales e imprecisas que resultan
insuficientes para revisar acuciosamente los defectos que en
específico, la aprobación del registro de la planilla de munícipes,
de ser el caso, pudiera presentar.
En efecto, tal como el mismo partido político actor lo indica, no
se advierten elementos esenciales tales como nombres, la
identificación de los documentos precisos de los cuales hubiera
carecido el registro, así mismo no se desprende cuál de los
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36
requisitos que establece el articulo 241, fracción II y III del
Código en la materia son los faltantes o en su caso deficientes.
Así pues, el apelante se limita a exponer textualmente lo que
detalla el artículo de referencia, sin embargo de ninguna forma
aporta elementos que aún inconexos entre sí, de los cuáles en
suplencia del agravio, sea posible colegir la aducida omisión en
la entrega de uno o algunos de los documentos presentados en
vía de requisitos; de ninguna forma individualiza o identifica los
supuestos requisitos faltantes o deficientes y aún menos
contextualiza la integración en específico del registro de la
planilla que controvierte.
En este tenor, conviene precisar que el actor expone agravios en
el desarrollo de su escrito de apelación, que se contradicen entre
sí, dado que en las primeras fojas de su demanda aduce que se
aprobó el registro de la planilla de munícipes de mérito, aún y
cuando en su correspondiente presentación existió la carencia
de documentos; sin embargo, en fojas más adelante del mismo
escrito, el incoante señala que los documentos requisitados
fueron entregados con deficiencias y así mismo, en los
subsiguientes renglones, termina arguyendo que existió por
parte de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, la ausencia total
de los requisitos que establece el precepto conducente; en
consecuencia, se colige que los argumentos vertidos por el
apelante devienen en incongruentes y contradictorios entre sí,
pues si da inicio a su apelación alegando la supuesta carencia
en una serie de documentos, continua denotando la deficiencia
en los mismos y concluye el libelo impugnativo, sosteniendo la
ausencia total de los mismos; expresiones en las cuales no se
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encuentra una congruencia o secuencia lógica argumentativa de
la que sea posible desprender argumentos sólidos y concretos
dirigidos a combatir la aducida ilegalidad de acto impugnado.
En consecuencia, se advierte que el motivo de agravio
expresado por el partido político promovente es genérico e
impreciso, pues no identifica cuáles requisitos de los previstos
en el artículo 241, párrafo 1, fracción II y III, considera que no
fueron presentados o cuál de ellos fueron presentados en forma
deficiente, así mismo, omite expresar argumentos mediante los
cuales especifique de forma frontal y precisa en qué parte de
documento mediante el cual se aprueba el registro de la planilla,
se encuentra la supuesta ilegalidad; sino que contrario a ello,
únicamente se limita a manifestar de forma por demás vaga e
indeterminada, que los documentos presentan "deficiencias u
omisiones no subsanables”, “ausencia total en la entrega de
documentos” “registro fue presentado carente de los
documentos que establece el artículo 241, párrafo 1, fracción II y
III”, por lo que al no proporcionar elementos suficientes para
permitirle un estudio de los agravios, o en su caso una suplencia
en los mismos, tales argumentos resultan infundados
En conclusión, tal como se apuntó en los primeros párrafos del
presente considerando, si bien es cierto que este Tribunal
Electoral se encuentra obligado legalmente a aplicar el principio
de la suplencia de los agravios, siempre y cuando, éstos puedan
deducirse de los hechos expuestos; también es cierto que este
órgano resolutor se encuentra limitado por los propios
argumentos que le aporta el apelante para el estudio de sus
motivos de agravio.
RAP-170/2012
38
Por lo tanto, al no contribuir el apelante con la carga de aportar
los elementos concretos y definidos revisables individualmente y
por ende, caer en la omisión de precisar puntual y
específicamente cuál o qué parte del acto impugnado considera
que se aparta de la legalidad, es absurdo pretender que este
Tribunal Electoral, bajo el amparo de ejercicio del principio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio, encamine las
pretensiones del actor y construya o formule agravios, tendientes
a realizar actos cuya competencia pertenece únicamente a la
responsable.
c) Estudio del requisito contenido en la fracción III, del
párrafo 1, del artículo 241 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por último, en cuanto al motivo de agravio contenido en el inciso
c), relativo a la omisión en la presentación del escrito del
representante de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, en el
cual no se señala de manera clara la postulación formal de la
planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en
el que se especifique los ciudadanos que la integran, el orden de
prelación en que son propuestos, el carácter de propietario o
suplente, así como los documentos en los que sustentan el
cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad, este
Tribunal Electoral advierte que los mismos devienen en
infundados por las consideraciones siguientes.
La autoridad electoral como garante de los principios
democráticos y salvaguarda de los derechos políticos de los
ciudadanos, lejos de restringir disposiciones legales que tutelen
RAP-170/2012
39
los derechos consagrados en normas constitucionales, se
encuentra sujeta a realizar una interpretación extensiva de los
mismos, toda vez que éstos no son excepciones o privilegios
concedidos a favor de algunos, sino que se trata de derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales
debe ser ampliados, no restringidos, ni mucho menos
suprimidos, en estricto apego a lo ordenado por los artículos 1,
32, 35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De esta forma la limitación al ejercicio del sufragio pasivo, se
acota exclusivamente a razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o
condena, más nunca se debe condicionar, entre otras
cuestiones, a una facultad discrecional de un partido político; lo
anterior en términos de lo establecido en el artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en
atención de la reciente reforma, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 10 diez de junio del presente año, garantiza que
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Carta Magna, en los tratados internacionales
de los México sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse,
por el contrario, se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a
las personas con la protección más amplia.
Bajo esta tesitura, en el presente caso, que el apelante pretenda
la revocación del acto impugnado en virtud de que la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, supuestamente omitió la presentación
ante la autoridad responsable, del escrito del representante legal
RAP-170/2012
40
o, en su caso, este se hubiese presentado sin su firma
autógrafa, a través del cual se precise de manera clara la
postulación de los candidatos integrantes de la planilla, su
conducente carácter de propietarios o suplentes, así como los
documentos en los que sustentan el cumplimiento de los
requisitos legales de elegibilidad; vulnera en perjuicio de los
candidatos su derecho fundamental sustantivo consistente en la
prerrogativa ciudadana del derecho pasivo del voto, tutelada por
el artículo 35, fracción II de la Constitución General de la
República y 8, fracción II de la Constitución Política de la
entidad.
En efecto, los ciudadanos candidatos a munícipes integrantes de
la planilla impugnada, desde el momento en que compitieron en
los respectivos procedimientos selectivos internos y resultaron
electos, cuentan con el derecho humano fundamental del
sufragio en su vertiente pasiva, por lo que al requerir para su
registro, la presentación de un diverso escrito signado por el
representante legal de la Coalición en comento, impone un
requisito que se encuentra fuera de las posibilidades tanto
jurídicas, como materiales del candidato, lo que se traduce en
una limitación al derecho humano de referencia, criterio que se
aparta claramente al relativo a la potenciación de los derechos
humanos.
Al respecto, conviene precisar que similar criterio sostuvo el 27
veintisiete de abril del año en curso, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional de
la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en
Guadalajara, Jalisco, en sentencia de los Juicios para la
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41
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
identificados bajo las siglas y número de expediente SG-JDC-
3162/2012 y sus acumulados SG-JDC-3163/2012 al SG-JDC-
3187/2012.
En abundancia a lo anterior, no pasa inadvertido para este
órgano resolutor que el apelante aporta argumentos
contradictorios entre sí que se desprende de los propios motivos
de agravios, ello en función de que por una parte, el recurrente
intentó controvertir la facultad del representante de la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, tanto para celebrar dicho instrumento
jurídico, como para signar y presentar las solicitudes de registro
de diversas candidaturas que fueron posteriormente aprobadas
por la autoridad responsable, de lo que se deduce que
efectivamente en el procedimiento de registro de las
candidaturas que se llevó a cabo por la Coalición en cita, se
exhibió documento diverso en el que constó fehacientemente la
rúbrica del referido represente; mientras que por otro lado, en el
presente motivo de agravio, aduce que dicho escrito no se
aportó, o que en su caso, el mismo carecía de la firma autógrafa
de dicho representante.
En consecuencia, se colige que el escrito de apelación es
incongruente en virtud de que por una parte acepta que dicho
escrito fue presentado con la firma del representante de la
Coalición y al mismo tiempo, niega lo anterior, y aduce la
omisión en la presentación del mismo, o en su caso, la falta de
rúbrica del representante de referencia.
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42
Por lo anteriormente, fundado y motivado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio segundo esgrimido por el
apelante y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VII. El motivo de agravio que el apelante identifica en su escrito de
demanda como “Tercero”, es el que a continuación se transcribe:
Tercero. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 5, punto 1, 17 párrafo 2, en relación con el 24, punto 3 y 68, punto 1, fracción XIX, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como el numeral 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones III y IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, inciso b), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en virtud de que la autoridad responsable aprobó el registro de la planilla del ayuntamiento HUEJUQUILLA EL ALTO, presentada por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, contraviniendo el principio de equidad de género, al violarse el orden de prelación que debe de tener la planilla impugnada.
Esto es así, toda vez que la Autoridad Administrativa, omitió de manera flagrante el estudio de la integración de la planilla impugnada, por lo que ve al cumplimiento de la cuota de género que la ley establece.
El artículo 17, segundo párrafo, establece que las solicitudes de registro de que presenten los partidos o coaliciones, ante el Instituto Electoral, se integrarán con un máximo de setenta por ciento de candidatos de un solo sexo y garantizando la inclusión de un candidato del sexo distinto en cada tres lugares de la lista, hasta lograr el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, a partir del cual el orden se decidirá libremente por cada partido, hecho tal que no fue analizado al momento de declarar la validez del registro de la planilla de Presidente, Síndico y Regidores del Municipio de HUEJUQUILLA EL ALTO, Jalisco, pues es evidente que el mismo no cumple con tal paridad.
Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual resulta aplicable de manera análoga al caso que nos ocupa:
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. CÓMO SE DEBE APLICAR LA ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATOS.-….
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 48 y 49.
En virtud de lo anterior, se debe entender que la regla de alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional, consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar dicho número y cumplir con el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.
La finalidad de esta regla es el equilibrio entre los candidatos de ambos sexos y, a la postre, lograr la participación política efectiva de hombres y
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mujeres, en un plano de igualdad sustancial o real y efectiva, con el objetivo de mejorar la calidad de la representación política, y de eliminar los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política.
Es por todo lo anteriormente señalado, que la Autoridad Responsable al declarar como válido el registro de la planilla impugnada, viola lo establecido con el principio de equidad de género que establece no solo la legislación estatal, sino que también se encuentra consagrado en la ley federal electoral, en la Constitución Política Federal y el las leyes y tratados internacionales.
Ahora bien, a fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, también es necesario que el treinta por ciento de los candidatos de género distinto, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, esté compuesto en sus propietarios y suplentes por personas del mismo género, y no solo cumplir la cuota de género en propietarios por una parte, sin encontrar esa coincidencia en sus suplentes, aún y cuando en los suplentes también se cumpla con ese treinta por ciento. Si no que repito, debe ser coincidente, el género del propietario con el de su suplente, en ese treinta por ciento, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, en el cumplimiento de cuotas de género.
Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio ciudadano identificado con número de expediente SUP-JDC-12624/2011, se ha pronunciado en ese sentido, de que deben ser coincidentes en el género, el propietario con su respectivo suplente, en los candidatos que son parte del porcentaje del mismo género, que como mínimo están obligados a registrar los partidos políticos (cuota de género).
Pues lo que busca la norma, es garantizar la equidad de género y la igualdad de oportunidades, entre hombres y mujeres, sin favorecer a un género en específico. Obligación, que procura la paridad de género en la vida política del país, y que implica que esa paridad también deba reflejarse en la ocupación de los cargos de elección popular obtenidos por cada partido. De otra manera, no tendría sentido el establecimiento de cuotas de género en la designación de candidaturas a cargos de elección popular.
El hecho de que los candidatos que conforman la cuota de género, sean precisamente coincidentes en el género en forma alguna vulnera la paridad exigida por la norma. Esto es así porque si los candidatos propietarios cumplen con la regla prevista en el citado artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, los suplentes también lo harán. De esta forma, si llegaran a presentarse vacantes en los propietarios, éstos serían sustituidos por personas del mismo género y, por lo tanto, se conservaría el equilibrio de género no sólo en las candidaturas, sino también en la ocupación y ejercicio de los cargos respectivos.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se garantiza esa equidad de género, tanto en la postulación, como en su momento de llegarlo a ser, en el ejercicio del cargo, al no ser coincidentes en el género, los propietarios con sus suplentes, de las candidaturas que nos ocupan, vulnerando con eso el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.
De lo anterior, en esencia se desprende que el actor se duele de
que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla del
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Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto, Jalisco, postulada por la
Coalición “Compromiso por Jalisco”, omitiendo el estudio relativo
al principio de equidad de género.
En este sentido, el partido político apelante argumenta que en la
integración de la planilla de munícipes en cuestión, no se
respetó la cuota de género regulada jurídicamente en la entidad,
que no existe orden de alternancia o prelación en éstos y
tampoco así, coincidencia de sexo entre los candidatos
propietarios y los suplentes; situación contraria a lo que dispone
la normatividad electoral, así como los criterios emitidos por el
órgano federal electoral, previstos para tal efecto.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO porque del análisis de
los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a la
conclusión de que los mismos, consisten en manifestaciones
dogmáticas, genéricas e imprecisas de las cuales no se
advierten elementos suficientes para combatir el fondo de la
resolución recurrida y relativa a la aprobación de la planilla de
munícipes en comento.
En principio, porque tal como se estableció en el considerando
anterior, en atención a lo previsto en el artículo 544, párrafo 1 del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación que se
someten a su consideración, tiene la facultad de suplir las
deficiencias en la expresión de los agravios planteados, también
RAP-170/2012
45
lo es que se llevará a cabo, siempre y cuando, éstos puedan ser
deducidos claramente de los hechos expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor, implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
RAP-170/2012
46
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiencia en la expresión del agravio, y se
subsuma en la responsable, para realizar el trabajo que le
corresponde a ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades,
proceda a declarar su revocación u ordenar se subsanen.
RAP-170/2012
47
En el caso que nos ocupa, el partido político apelante intenta
controvertir del registro de la planilla de munícipes del
Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto, Jalisco, aduciendo como
agravio que no se garantiza la equidad de género que debe
imperar por mandato constitucional y legal en la integración de
dichos órganos de gobierno municipal.
Al respecto, realiza en el libelo impugnativo una descripción
dogmática de la forma y términos en que ambos tipos de género
deben distribuirse en relación al porcentaje en cuanto a la
integración de determinado órgano de gobierno conformado por
cargos de elección popular, señala la noción e implicación de la
paridad entre sexos con respecto a los candidatos propietarios y
suplentes, de igual manera pretende fundamentar sus
argumentos con tesis de jurisprudencia y criterios emitidos a
través de sentencias dictadas por el máximo órgano electoral
federal conducentes al tema de la equidad de género.
Así mismo, el apelante realiza una serie de manifestaciones
conceptuales respecto a la finalidad, objetivo y teleología del
principio de la equidad de género en la vida política del país; sin
embargo, del cúmulo de dichas manifestaciones no se advierte
elemento alguno que aporte respaldo sólido para controvertir
específicamente la integración en cuanto al género de la planilla
en comento.
En efecto, de la lectura del escrito de apelación no se advierte,
de cuántos candidatos a munícipes, de acuerdo a su
conocimiento, se integra la planilla en cita, de forma tal que el
apelante aporte para el conducente estudio de este órgano
RAP-170/2012
48
jurisdiccional, elementos precisos para estar en aptitud de
conocer en lo particular, el porcentaje de la cuota género del
mismo sexo y en dado caso, contrastar dicho elemento
porcentual con el que la autoridad responsable aprobó en la
planilla de mérito.
Efectivamente, el actor omite individualizar y pormenorizar los
nombres de los candidatos propietarios y su correspondiente
suplente integrantes de la planilla de candidatos a munícipes, de
los cuales se advierta la coincidencia o no entre éstos, respecto
al género, y aún menos contextualiza la integración en
específico, de los candidatos de sexo distinto en cada tres
lugares de la respectiva lista, es decir, no señala
específicamente cómo se encuentran conformados los bloques
integrados por tres candidatos a razón de una candidata de
género femenino en cada uno de éstos o viceversa.
Por lo tanto, como quedó establecido en párrafos precedentes,
el recurrente aporta una serie de elementos de índole dogmática
y conceptual de lo que no es posible advertir elementos
contundentes, como cualidades de género o razonamientos
cuantitativos, tales como nombre y sexo de identificación de los
candidatos a munícipes, el lugar que ocupan cada uno de ellos o
ellas dentro de las listas de integración de la planilla en comento,
la distinción entre su calidad de propietarios y suplentes, así
como el sexo al que pertenecen; es decir, no se especifica o
identifica pormenorizadamente cuáles, en dónde y en qué
consisten las supuestas inconsistencias relativas al
incumplimiento de la garantía de la equidad de género, por lo
que se colige, que este órgano jurisdiccional se encuentra
RAP-170/2012
49
imposibilitado para aplicar la suplencia del agravio y por ende,
estudiar las supuestas inconsistencias aducidas en relación a la
paridad y principio de equidad de género en que se incurre,
según el actor, en la planilla de candidatos a munícipes que fue
registrada y aprobada, por la autoridad responsable.
En consecuencia, al no contribuir el apelante con la carga de
aportar los elementos concretos y por ende, caer en la omisión
de precisar puntual y específicamente cuál o qué parte del acto
impugnado considera que se aparta de la legalidad, es absurdo
pretender que este Tribunal Electoral, bajo el amparo de la
aplicación del principio de la suplencia de la deficiencia en la
expresión del agravio, encamine las pretensiones del actor y
construya o formule agravios, tendientes a realizar actos cuya
competencia pertenece a la responsable.
En consecuencia, al tenor de los párrafos precedentes
sostenidos a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, el tercer
agravio esgrimido por el apelante y que ha sido analizado en el
presente considerando, resulta infundado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además, en lo
dispuesto por los artículos 57, párrafo segundo; 69, párrafo primero
y 70, fracción VI de la Constitución Política; 73, párrafo primero; 77
párrafo tercero, fracción II; 82, 88, fracción IV y 90 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; 536 fracción X; 595, 599, párrafo 1,
fracción I; 604, párrafo 1 y 608, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana y 10, fracción V del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado del Poder Judicial, todos
RAP-170/2012
50
ordenamientos del Estado de Jalisco, se resuelve conforme a los
siguientes
R E S O L U T I V O S :
PRIMERO. La competencia del Pleno de este Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Jalisco para conocer y resolver los
recurso de apelación; la personería y legitimación de las partes, así
como la procedencia del mismo, quedó acreditada en los términos
expuestos en los considerandos I, II y III de esta resolución.
SEGUNDO. se confirma el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, emitido el 28 de abril del año en curso, mediante el cual
resuelve las solicitudes de registro de planillas de candidatos a
munícipes, de la coalición “Compromiso por Jalisco”, identificado
como IEPC-ACG-084/12, por lo que ve al municipio de Huejuquilla
el Alto Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en los
considerandos V, VI y VII de esta resolución.
Notifíquese en los términos de ley.
En su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, quienes firman al calce de la presente resolución,
conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos, quien
autoriza y da fe, y rubrica al margen todas las fojas que la integran.
RAP-170/2012
51
MAGISTRADO PRESIDENTE
JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA
MAGISTRADO
LUIS ANTONIO
CORONA NAKAMURA
MAGISTRADO
JOSÉ GUILLERMO
MEZA GARCÍA
MAGISTRADO GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ
MAGISTRADO RUBÉN VÁZQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS ALVARO ZUNO VÁSQUEZ
El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que la presente hoja corresponde a la resolución del 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce, pronunciada en el Recurso de Apelación RAP-170/2012, que consta de 51 cincuenta y un fojas por una sola cara.
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
EXPEDIENTE RAP-171/2012 ACTOR Partido Acción Nacional TERCERO INTERESADO Partido Revolucionario Institucional AUTORIDAD RESPONSABLE Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco MAGISTRADO PONENTE José Guillermo Meza García SECRETARIOS RELATORES Silvia Gpe. Bustos Vázquez Raymundo Miguel Figueroa Brizuela Bertha Sánchez Hoyos Gpe. Lucía Sánchez Vital
Guadalajara, Jalisco, a 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce.
VISTOS para resolver en definitiva, los autos del expediente del
Recurso de Apelación RAP-171/2012, promovido por el maestro
José Antonio Elvira de la Torre, representante propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en
contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que resuelve las
solicitudes de registro de planillas de candidatos a munícipes, de la
coalición “Compromiso por Jalisco” integrada por el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
RAP-171/2012
2
México, identificado como IEPC-ACG-084/12, emitido el 28
veintiocho de abril de 2012 dos mil doce.
Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en sesión pública
de esta fecha, se procede a emitir la presente resolución; y
R E S U L T A N D O
1. El 29 veintinueve de octubre de 2012 dos mil doce, fue publicada
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, número 13, sección
VI, TOMO CCCXXI, la convocatoria para la celebración de las
elecciones, constitucionales que se llevarán a cabo el día 1° de julio
de 2012 dos mil doce en la entidad, aprobada en sesión ordinaria,
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo IEPC-ACG-
047/11.
2. En la misma sesión ordinaria, mediante acuerdo IEPC-ACG-
048/11, el citado Consejo General, aprobó el calendario para el
proceso electoral local ordinario 2011-2012.
3. El 24 veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó
mediante acuerdo IEPC-ACG-019/12 el Convenio de Coalición
celebrado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México con la finalidad de postular candidatos
a Presidente Gobernador Constitucional, Diputados por el Principio
de Mayoría Relativa, así como para registrar planillas de candidatos
RAP-171/2012
3
a integrantes de los Ayuntamientos en la totalidad de los municipios
del Estado de Jalisco por el periodo 2012-2015.
4. El 28 veintiocho de abril del año que transcurre, se aprobó el
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE RESUELVE
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PLANILLAS DE CANDIDATOS A
MUNÍCIPES, DE LA COALICIÓN “COMPROMISO POR JALISCO”
INTEGRADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, IDENTIFICADO COMO IEPC-
ACG-084/12, en el cual se aprobaron diversas planillas de
candidatos, entre ellas, la presentada para el municipio de
Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, mismo que fue publicado el
día 3 tres de mayo el presente año en el Periódico Oficial del
Estado de Jalisco.
5. Inconforme con el citado acuerdo, el maestro José Antonio Elvira
de la Torre, ostentándose como Representante Propietario del
Partido Acción Nacional, presentó el 1 uno de mayo del año en
curso, ante el Instituto Electoral, Recurso de Revisión,
específicamente en contra de la aprobación del registro de planilla
de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de
Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco.
6. El 16 dieciséis de mayo de esta anualidad, el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, remitió a este Tribunal Electoral, mediante oficio 2977/2012
Secretaría Ejecutiva, el escrito de Recurso de Revisión y diversa
documentación.
RAP-171/2012
4
7. El 17 diecisiete de mayo del presente año, mediante oficio SGTE-
794/2012, la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, por razón de turno, remitió a la ponencia del Magistrado
Presidente José Guillermo Meza García para su estudio, y en su
caso, admisión y formulación del proyecto de resolución el citado
Recurso de Revisión, que se registró con las siglas y números REV-
50/2012.
8. Una vez analizado el escrito de demanda, el Magistrado ponente,
advirtió que el acto combatido por el actor, era recurrible mediante
el Recurso de Apelación, por lo que, el día 28 veintiocho de mayo
del año que transcurre, los Magistrados integrantes del este
Tribunal Electoral, emitieron Acuerdo Plenario pare reencauzar la
demanda interpuesta, junto con 224 doscientos veinticuatro
recursos interpuestos en los mismos términos, se ordenó al
Secretario General dar de baja el expediente y realizar su registro
como Recurso de Apelación, y una vez realizado lo anterior, debía
devolver al Magistrado ponente el expediente para dar inicio a su
trámite, estudio, admisión en su caso y resolución como Recurso de
Apelación.
9. En cumplimiento al citado Acuerdo Plenario, el Secretario
General de Acuerdos, realizó el returno a la ponencia mediante
oficio SGTE-1063/2012, habiendo sido registrado en el Libro de
Gobierno como RAP-171/2012.
10. El 7 siete de junio del presente año, se emitió proveído, en el
que se tuvo por recibido y se radicó el Recurso de Apelación
interpuesto, se ordenó a la autoridad responsable realizar su
RAP-171/2012
5
publicitación, remitiera el informe circunstanciado y diversa
documentación.
11. En acuerdo del 16 dieciséis de junio de esta anualidad, se tuvo
por recibido de la autoridad responsable el informe circunstanciado,
diversa documentación e información, recibidas las constancias de
publicitación y de retiro de cada medio de impugnación, el escrito de
tercero interesado y la documentación que se acompañó al mismo,
se admitió el recurso interpuesto, así como las pruebas ofrecidas y
aportadas por las partes, y toda vez que el Magistrado responsable,
consideró que el expediente estaba debidamente substanciado para
ser fallado, se declaró cerrada la instrucción, para efecto de que se
formulara el proyecto de resolución correspondiente, mismo que se
somete a la consideración del Pleno del Tribunal Electoral dentro
del plazo que establece el artículo 604, párrafo 1 del Código en la
materia; y
C O N S I D E R A N D O
XV. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, ejerce jurisdicción y es competente para conocer del
Recurso de Apelación, de conformidad a lo previsto por los artículos
56, primer párrafo; 57, párrafos segundo y séptimo; 68; 69, primer
párrafo; 70, primer párrafo, fracción II de la Constitución Política; 3,
fracción II; 73; 77, primer párrafo y 82 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; 502, párrafo 1, fracción II; 504, párrafo 3; 596, párrafo 2;
599, párrafo 1, fracción II y 604, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana; 5, fracción II; 9, fracción I, a); 10, fracción
V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado del
Poder Judicial, todos ordenamientos del Estado de Jalisco, toda vez
RAP-171/2012
6
que de las documentales que obran agregadas al expediente, se
advierte una controversia derivada de una resolución emitida por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, durante el proceso electoral ordinario, que a
decir del Partido Político promovente le causa agravios.
XVI. Por lo que respecta a la legitimación del partido político, y la
personería del promovente, el artículo 602 párrafo 1, fracción I del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
establece que están legitimados para interponer el recurso de
apelación, entre otras personas, los partidos o agrupaciones
políticas por conducto de sus respectivos representantes legítimos
que estén acreditados ante el órgano electoral que dictó el acto o
resolución impugnada.
Por tanto, la legitimación del partido político actor, es de
reconocerse en virtud de tratarse de un partido político nacional
debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que se refiere a la personería del maestro José Antonio
Elvira de la Torre, quien se ostenta como Consejero Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, se tiene por reconocida, toda vez que se desprende de
actuaciones del expediente, así como del informe circunstanciado
rendido por la responsable en el que se le reconoce con tal
carácter.
RAP-171/2012
7
En relación al interés jurídico del recurrente para hacer valer el
recurso de apelación, se observa que en su escrito alega que el
acto impugnado le causa agravios, lo cual en principio, se considera
suficiente para que se proceda a su estudio, esto, sin perjuicio de
que en su oportunidad se juzguen los supuestos agravios que hace
valer en su medio de impugnación.
Por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, por ser su examen preferente conforme al principio
de economía procesal, requisitos previstos en los artículos 506, 507
y 603 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, preceptos que regulan: el plazo en que se debe
presentar el recurso de apelación; los requisitos que debe cumplir el
escrito, el requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento
previo de los recursos administrativos que el Código de la materia
señala para el caso concreto, al respecto se tiene que:
El plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece
en el artículo 506 del código de la materia, que en lo conducente
señala:
Artículo 506 Los medios de impugnación previstos en este Código deberán presentarse dentro de los seis días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnado, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.
Atento a lo dispuesto por el citado precepto, el Pleno de este
Tribunal Electoral advierte que, el acuerdo impugnado fue emitido el
28 veintiocho de abril del año que transcurre, en consecuencia, se
RAP-171/2012
8
deduce que el plazo para interponer el presente recurso de apelación
transcurrió los días hábiles 29 veintinueve y 30 treinta de abril, 1 uno,
2 dos, 3 tres y 4 cuatro de mayo del esta anualidad, y en virtud de
que el Recurso de Apelación fue presentado ante la autoridad
responsable el 1 uno de mayo, según consta en el sello de
recepción, este órgano colegiado estima que el medio de
impugnación fue presentado dentro del plazo previsto por la ley, y
así lo confirma la autoridad responsable en su informe
circunstanciado.
Por otra parte, el Pleno de este Tribunal Electoral, considera que el
escrito que dio origen al presente recurso, se ajusta a los
requisitos de los medios de impugnación, que establece el
artículo 507 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, disposición que es aplicable al medio procesal de
impugnación en que se actúa.
En efecto, se cumplieron los extremos que previene el citado
dispositivo legal, habida cuenta que el medio de impugnación se
presentó por escrito ante la autoridad responsable del acto
impugnado; se indicó el nombre del actor y el domicilio para recibir
notificaciones que se ubica en esta ciudad que es la residencia de
esta autoridad competente para resolver el medio de impugnación,
asimismo, se señaló el nombre de quien las pueda oír y recibir; no
obstante que el promovente no acompañó el documento necesario
para acreditar su personería, la misma consta en actuaciones del
expediente, así como del informe circunstanciado rendido por la
responsable en el que se le reconoce con tal carácter; se señaló al
partido político que representa; se identificó el acto impugnado, así
como a la autoridad responsable; se mencionaron los hechos en
RAP-171/2012
9
que se funda la impugnación, así como los agravios que le causa el
acto impugnado y los preceptos jurídicos presuntamente violados;
por lo que respecta a las pruebas, se advierte que promovente
ofreció las que consideró pertinentes, no obstante que no exhibió
los tres tantos de su demanda, lo anterior no le irroga perjuicio
alguno, y finalmente, se advierte que el promovente asentó su firma
autógrafa.
El artículo 603, párrafo 1 del Código en la materia, prevé que es
requisito de procedencia adicional para la admisión del recurso de
apelación que se agoten los recursos administrativos que establece
este ordenamiento legal para cada caso concreto, ya que, de lo
contrario, se desechará de plano, en el presente asunto, dicho
requisito se tiene por satisfecho, no es necesario agotar instancia
previa, toda vez que el acuerdo que se impugna fue emitido por el
Consejo General, órgano máximo de dirección del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que sus
actos son combatibles directamente mediante el recurso de
apelación.
Por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, quien
comparece como Tercero Interesado, al presente asunto en
términos de lo previsto en el artículo 512, párrafo 1, fracción III del
Código en la materia, se tiene que:
Se reconoce su legitimación, en virtud de tratarse de un partido
político nacional debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
RAP-171/2012
10
Por lo que se refiere a la personería del licenciado Benjamín
Guerrero Cordero, quien se ostenta como Apoderado Legal del
Partido Revolucionario Institucional, se tiene por reconocida, en
virtud de que obra agregada al diverso Recurso de Apelación RAP-
164/2012, copia certificada del Poder General Judicial, para Pleitos
y Cobranzas a favor de los licenciados Rafael Castellanos y
Benjamín Guerrero Cordero, otorgado en escritura pública 2,915,
ante la fe del Notario Público Titular número 138 de Guadalajara,
Jalisco, el 15 quince de febrero de 2012 dos mil doce, que remite el
Secretario General de Acuerdos de este órgano colegiado.
Por lo que se refiere al plazo para la presentación de su escrito,
esta se realizó en términos de lo previsto en el artículo 530 en
relación con el 506 del Código Electoral.
Los requisitos del escrito, previstos en el citado numeral 530 del
Código en la materia, se encuentran satisfechos, toda vez que el
mismo, fue presentado ante la autoridad responsable del acto
impugnado, se hizo constar el nombre de tercero interesado, se
señaló domicilio para recibir notificaciones, no obstante que no
acompañó el documento para acreditar su personería, la misma se
tiene acreditada con el Poder General Pleitos y Cobranzas, descrito
el líneas precedentes, asimismo, precisó la razón del interés jurídico
en que se funda y las pretensiones concretas del compareciente,
ofreció y aportó las pruebas y finalmente, hizo constar su firma
autógrafa.
III. Por ser las causales de improcedencia una cuestión de
estudio oficioso, éstas se analizan de manera preferente de
conformidad a lo previsto por los artículos 1; 536, párrafo 1, fracción
RAP-171/2012
11
II, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, por lo que se analizará si en el caso a estudio se actualiza
alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo
509 del ordenamiento legal invocado, y de ser así, deberá
decretarse el desechamiento de plano del medio de impugnación
planteado por la parte apelante, al no constituirse válida y
eficazmente el proceso, ya que ello imposibilitaría a este órgano
jurisdiccional para resolver sobre el fondo controvertido materia del
medio de impugnación.
Cabe señalar que las causales de improcedencia pueden
analizarse, ya sea por petición de parte, al haber sido invocadas por
alguna de ellas, o bien, porque de oficio esta autoridad jurisdiccional
las advierta, dada la obligación de analizar la integridad de las
constancias allegadas a los medios de impugnación, conforme a los
principios de constitucionalidad y legalidad consagrados por la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Al efecto, este órgano colegiado no advirtió la existencia o
actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas
por el artículo 509 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco en los medios de impugnación
interpuestos, pues no se pretendió impugnar la no conformidad a la
Constitución General de la República o la Política del Estado de
Jalisco, no se impugnaron actos o resoluciones que no afecten el
interés jurídico del actor, el acto o resolución no se consumó de un
modo irreparable, el acto o resolución no se consintió
expresamente, entendiéndose por ello, las manifestaciones de
voluntad que entrañen ese consentimiento o no se presenten los
RAP-171/2012
12
medios de impugnación dentro de los plazos señalados en el
Código Electoral y el promovente no careció de legitimación.
En virtud de las consideraciones realizadas, y al no advertirse
causal de improcedencia alguna que amerite un desechamiento de
plano, es procedente realizar el análisis de fondo de la controversia
planteada.
IV. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar si el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el 28 veintiocho de
abril de 2012 dos mil doce, que resolvió las solicitudes de registro
de planillas de candidatos a munícipes, que presentó de la coalición
“Compromiso por Jalisco”, identificado como IEPC-ACG-084/12, es
violatorio del principio de legalidad que toda resolución de autoridad
electoral debe cumplir, por ser uno de los principios constitucionales
y legales rectores de la función electoral, y si con ello se conculcó el
derecho que, en favor del promovente, consagra la Constitución
Política y el Código Electoral y de Participación Ciudadana ambos
ordenamientos del Estado de Jalisco.
Precisado lo anterior, el método que se abordará para dilucidar la
litis en el presente asunto, consistirá en examinar los agravios que
esgrime el recurrente en el Recurso de Apelación, los cuales se
estudiarán en los subsiguientes considerandos.
El examen se hará relacionando los agravios con los hechos y
puntos de derecho controvertidos y los que fundan la presente
resolución que se sustentan en la plenitud de jurisdicción que a este
órgano judicial le confiere el artículo 57, párrafo segundo de la
RAP-171/2012
13
Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 504, párrafo
3 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, así como con el análisis y la valoración de todas y cada una
de las pruebas que fueron admitidas.
Para tal efecto, en los siguientes considerandos se examinarán los
agravios que esgrime el ciudadano actor, pudiendo variar el orden
de la exposición contenida en el escrito que contiene el medio de
impugnación, lo cual no le causa lesión o afectación jurídica alguna,
pues esto sólo ocurre cuando no se estudian todos los motivos de
agravio, toda vez que no en todos los casos, los justiciables
exponen ordenadamente sus agravios, o bien en razón de que
algunos de éstos pueden ser de estudio preferente o incluso
encontrarse en cualquier parte del escrito que contiene la
impugnación.
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 02/98 y
03/2000 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, consultables en la Compilación
1997-2010 de Jurisprudencia y tesis relevantes en materia electoral,
Volumen 1 de Jurisprudencia, páginas 118 a la 120 bajo los rubros:
“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL.” y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”
V. Una vez establecido lo anterior, se advierte que el promovente,
expresa el agravio que identifica como “Primero” en los siguientes
términos:
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Primero. Así mismo, causa agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de candidatos a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Verde Ecologista de México, en flagrante violación del Principio Constitucional de Legalidad previsto en los artículos 14, 16,41 Base VI y 116 de Nuestra Carta Magna.
En un primer orden de ideas, en razón de que quien firma tanto el convenio de coalición, la modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de registro de candidatos, por la parte que representa al Partido Revolucionario Institucional, es RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del mencionado Instituto Político.
Por su parte, en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional no se contempla la figura del Delegado Especial para el despacho de la presidencia de algún Comité Directivo Estatal, ni mucho menos en alguno de sus reglamentos, sin embargo, el artículo 120 de los citados Estatutos, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal tienen a su cargo la representación y dirección política del Partido en la entidad federativa correspondiente y desarrollarán las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los programas estatales que apruebe el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como las acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional.
Y por su parte el artículo 121 de los Estatutos en comento, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal del Instituto Político que nos ocupa, estarán integrados, por un Presidente; un Secretario General; un Secretario de Organización; un Secretario de Acción Electoral; un Secretario de Acción Electoral (sic); un Secretario de Gestión Social; un Secretario de Finanzas; un Secretario de Administración; un Secretario de Acción Indígena en donde se tenga presencia de pueblos y comunidades indígenas; un Coordinador de Acción Legislativa; las demás secretarías que sean pertinentes a cada entidad federativa y que correspondan al Comité Ejecutivo Nacional; y cada sector, el Movimiento Territorial, el Organismo de Mujeres Priístas y el Frente Juvenil Revolucionario contarán con un Coordinador dentro del Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal, con las atribuciones y representatividad suficientes para su cabal funcionamiento.
Resulta evidente que en la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional, no se contempla la figura de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco; por lo que la persona que ostenta el mencionado carácter, no cuenta con facultades, ni para suscribir el convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México, las modificaciones al mismo, ni mucho menos para registrar candidatos, a nombre del Instituto Político en cuestión, ni mucho menos a nombre de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por los dos institutos políticos que se mencionan.
Pues en adición, cabe resaltar, que aun y cuando en las cláusulas décima y décima séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR JALISCO” establece que las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, aso (sic) como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el propio convenio de coalición; Sin embargo, si de origen RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA carece de representación para la celebración del convenio de coalición a nombre del Partido Revolucionario Institucional, luego entonces, por consecuencia
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carece de la representación para solicitar el registro de candidatos a nombre de la coalición, fundándose en el propio convenio de coalición.
Al respecto el artículo 241, párrafo 1, fracción III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establece que las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por el Consejo General del Instituto y contener escrito con firma autógrafa, del DIRIGENTE ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO, O EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
En este orden de ideas, si RAFAEL GONZÁLEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, fue quien firma las solicitudes de registro, de las planillas a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, lo hace en contravención de lo ordenado en el citado artículo 241, párrafo 1, fracción III de la Codificación Electoral de esta Entidad Federativa, pues el no es Dirigente Estatal en Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, y tampoco puede ser considerado como representante de la coalición en comento.
Razón por la cual es de considerarse que al aprobarse el registro de las candidaturas a munícipes para integrar los 125 municipios del estado de Jalisco, solicitadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA resulta del todo ilegal, ante su falta de representación tanto del Partido Revolucionario Institucional, como de la propia coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por dicho insitito (sic) político y por el Partido Verde Ecologista de México.
Lo que debió hacer la autoridad responsable es haber desechado de plano las solicitudes de registro de las planillas a munícipes firmadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 fracción III, 244 párrafos 2 y 4, y artículo 245, párrafo 1, fracción 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Al respecto resultan aplicables las siguientes Jurisprudencias:
…
Jurisprudencia 5/2001
CANDIDATOS. FACULTAD PARA SOLICITAR EL REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SIMILARES). …
Tesis CX12002
PERSONERÍA. LA REPRESENTACIÓN DELEGADA DE UN PARTIDO POLÍTICO DEBE CONSTAR EN INSTRUMENTO NOTARIAL. …
(…)
De lo anterior se desprende que el recurrente señala que le
causa agravio el acuerdo impugnado IEPC-ACG-084/12 de
veintiocho de abril de dos mil doce, emitido por el Consejo
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General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, que aprueba el registro de la planilla de
candidatos a munícipes, que presentó la coalición “Compromiso
Por Jalisco”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional
y por el Partido Verde Ecologista de México, por lo que respecta
al municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco; al
considerar que el mismo, violenta el principio constitucional de
legalidad; en razón de que a su parecer, quien firma el convenio
de coalición y la modificación al mismo, así como las respectivas
solicitudes de registro de candidatos por la parte que representa
al Partido Revolucionario Institucional, a saber, Rafael González
Pimienta, no cuenta con facultades para ello.
Ahora bien, el agravio en estudio resulta infundado en virtud de
las consideraciones que a continuación se exponen:
A juicio de este Tribunal Electoral, resulta pertinente señalar que
del punto 5° quinto de los “Antecedentes” del acuerdo
impugnado, se observa que el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
hace referencia al diverso acuerdo identificado con la clave
alfanumérica IEPC-ACG-019/12 emitido el 24 veinticuatro de
febrero de 2012 dos mil doce, mediante el cual se aprobó el
registro del convenio de coalición que presentó el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
México, a la cual denominaron coalición “Compromiso por
Jalisco”, para contender en el proceso electoral local ordinario
2011-2012, en las elecciones de Gobernador, diputados por el
principio de Mayoría Relativa en cinco distritos electorales
locales y munícipes de los ciento veinticinco municipios que
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conforman el Estado de Jalisco, acuerdo que por tratarse de un
documento público consultable en el sitio o página web oficial del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco en la Internet, constituye un hecho notorio, por lo que
este Pleno del Tribunal Electoral, puede invocarlo en la presente
resolución.
Sirve para ilustrar lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX.2º.
J/24, visible a página 2470, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, de Enero de dos mil
nueve, Materia Común, Novena Época, bajo el rubro HECHO
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN
SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.
Así entonces, es necesario trascribir la Cláusula Décima
Séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, antes referido, que de manera textual señala:
“DÉCIMA SÉPTIMA.- Del registro de los candidatos de la coalición. Las
partes acuerdan que para tal efecto se apegan al “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2011-2012”, identificados con la clave IEPC-ACG-005/2012 y lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, 239, 240 y 241 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, así como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el presente convenio, teniendo las mismas facultades el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco del Partido Verde Ecologista de
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México en relación de los candidatos que postule este Instituto Político dentro de la coalición. Asimismo, los partidos que forman la presente coalición se obligan a remitir oportunamente a la instancia referida en el párrafo anterior, la documentación necesaria para el registro de los candidatos, o en su caso para la sustitución.” (lo resaltado es por parte de este Tribunal)
De lo antes trascrito se advierte claramente que contrario a lo
esgrimido por el recurrente, el Delegado Especial Encargado del
Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario
Institucional en Jalisco, a saber, Rafael González Pimienta, sí se
encontraba facultado para solicitar el registro de las
candidaturas postuladas por dicha coalición, pues así se pactó
de manera expresa en el convenio en estudio aprobado
mediante acuerdo identificado como IEPC-ACG-019/12, de 24
veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, mismo que
además no forma parte de la presente controversia, y por ello,
resulta ser un acto independiente, que al no haber sido
impugnado en su oportunidad, a la fecha se encuentra incólume
y debe entenderse como un acto consentido tácitamente.
Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 23/2000 y
9/2001, consultables en la páginas 235 y 236 así como 236 a la
238, respectivamente, de la Compilación 1997-2010
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1
Jurisprudencia, que refieren:
DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito
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que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.”
“DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. El actor queda exonerado de agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral local, en los casos en que el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y definitivo. En efecto, la razón que constituye la base lógica y jurídica para imponer al justiciable la carga de recurrir previamente a los medios ordinarios, antes de acceder a la justicia constitucional federal, radica en la explicación de sentido común de que tales medios de impugnación no son meras exigencias formales para retardar la impartición de la justicia, obstáculos impuestos al gobernado con el afán de dificultarle la preservación de sus derechos ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela efectiva que les garantiza la Constitución federal, sino instrumentos aptos y suficientes para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución que se combata; y al ser así las cosas, se impone deducir que, cuando ese propósito o finalidad no se puede satisfacer en algún caso concreto, ya sea por las especiales peculiaridades del asunto, por la forma en que se encuentren regulados los procesos impugnativos comunes, o por las actitudes de la propia autoridad responsable o de la que conoce o deba conocer de algún juicio o recurso de los aludidos, entonces se extingue la carga procesal de agotarlos, y por tanto se puede ocurrir directamente a la vía constitucional, pues las situaciones apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos cautelares, ni es posible fáctica ni jurídicamente retrotraer las cosas al tiempo pasado en que se cometieron las violaciones, mediante la reposición de un proceso electoral.”
En este sentido, no debe soslayarse que el referido acuerdo
IEPC-ACG-019/12 donde fue aprobado el convenio de la
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coalición denominada “Compromiso por Jalisco” deviene en un
acto anterior que fue consentido y que a su vez, trajo como
consecuencia la emisión de un acto posterior derivado de
manera directa de ese consentimiento, esto es, la aprobación de
las planillas de candidatos a munícipes, presentadas por la
coalición “Compromiso por Jalisco”, contenida en el acuerdo
identificado como IEPC-ACG-084/12; por tanto, el agravio
expresado por el actor consistente en la supuesta falta de
personería del representante del Partido Revolucionario
Institucional, resulta ser un acto derivado del consentimiento del
diverso acuerdo IEPC-ACG-019/12, en el que se aprobó el
registro del convenio de la referida coalición integrada por el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista
de México; ello, en virtud de que en el aludido acuerdo en el que
se aprobó el convenio de coalición, se otorgó de manera
expresa la facultad a Rafael González Pimienta, para suscribir el
registro de las candidaturas postuladas y aprobadas por el ahora
acuerdo IEPC-ACG-084/12, impugnado en el presente asunto.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que de las actuaciones que
integran el recurso de apelación en estudio, se advierte que el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, anexó a su informe
circunstanciado, copia certificada del proveído de 12 doce de
enero de dos mil doce, en el cual se tuvo a al ciudadano Gerardo
Álvarez Romero, en su carácter de Consejero Suplente
Representante del Partido Revolucionario Institucional,
exhibiendo copia certificada del ACUERDO DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL POR EL QUE SE CREAN DELEGACIONES
ESPECIALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL PARA EL
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DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y LA SECREATRÍA GENERAL DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE JALISCO Y SE DESIGNAN A SUS
TITULARES y por ende, se tuvo al Partido Revolucionario
Institucional, dando cumplimiento a la obligación que le impone
el artículo 68, párrafo 1, fracción XIII, del Código Electoral y de
Participación ciudadana del Estado de Jalisco, en el sentido de
comunicar al Instituto, los cambios de los integrantes de sus
órganos directivos, y como consecuencia de ello, comunicando
que se designó al Licenciado Rafael González Pimienta, como
Delegado Especial para el despacho de la Presidencia del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de Jalisco, hasta en tanto se convoque y efectúe el
procedimiento estatutario para la elección de los titulares
respectivos, situación tampoco impugnada en su oportunidad;
por lo cual, se reitera que el acto que ahora impugna, constituye
una consecuencia del consentimiento de lo narrado en líneas
precedentes y, por ello, sí le asistió a Rafael González Pimienta,
la facultad para solicitar el registro de las planillas de candidatos
a munícipes, por parte de la coalición “Compromiso por Jalisco”.
Así entonces, como se precisó en párrafos precedentes, al haber
suscrito la solicitud de registro de la planilla de candidatos
aprobada, el ciudadano Rafael González Pimienta, en su
carácter de Delegado Especial encargado del despacho de la
Presidencia del Partido Revolucionario Institucional, no le asiste
la razón al apelante, en virtud de que contrario a lo señalado por
su parte, sí cuenta con facultades para ello.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio primero esgrimido por el
apelante, y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VI. Por lo que se refiere al “Segundo” motivo de agravio, el partido
político actor, argumenta lo siguiente:
HECHOS:
(…)
Segundo. Dentro de la etapa correspondiente al registro de candidatos de
los partidos políticos, con fecha quince de abril del año en curso, como es
un hecho notorio y público, acudieron a presentar su registro de candidatos
para los municipios del Estado de Jalisco, la Coalición “COMPROMISO
POR JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Verde Ecologista de México.
Dentro del mencionado proceso de registro fue evidente que al momento de
registrar las planillas y entregar la documentación requerida según la ley de
la materia, estas fueron recibidas incompletas y fuera del límite establecido
en el artículo 240, fracción IV del Código Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco, además de carente de los requisitos que establece el
artículo 241, punto 1, fracción II y llI.
Cabe señalar que fue el último día de los que se establecen en la ley para
presentar el registro de las planillas, la fecha en la cual acudieron al
mencionado proceso de registro, y en el cual ocurrieron una serie de
irregularidades por parte de la Autoridad Administrativa Electoral, al
momento de la recepción de la documentación para la integración de los
expedientes de los candidatos de la mencionada coalición.
Esto es así pues El Instituto Electoral de manera constante y repetida
obstaculizó al suscrito para conocer con veracidad la documentación real
que se estaba entregando, impidiéndome conocer puntualmente si era
entregado cada documento exigido por la ley para el registro de las planillas
de candidato a munícipe.
Tercero. Posteriormente con fecha veintiocho de abril del presente año, el
Consejo General del Instituto Electoral, decidió de manera ilegal aprobar el
registro de las 125 planillas de candidatos a Presidente Municipal,
Regidores y Síndico postulados por la Coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México, correspondientes a los Ayuntamientos del
Estado de Jalisco.
Cuarto. Entre los registros aprobados esta el correspondiente a la planilla
correspondiente al municipio de IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,
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Jalisco, misma que fue presentada para su registro fuera del plazo legal
previsto para tal efecto, además de carente de los requisitos que establece
el artículo 241, punto 1, fracción II y III del Código Electoral y de
Participación Ciudadana de Jalisco.
(…)
AGRAVIOS
(…)
Segundo. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 9, 14, 16, 41, 35, 116, fracción IV, inciso b) y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracción X de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 1, punto dos, 24, 29, 229, 239, punto uno, fracción IV, 241, fracciones II y III, 245, punto uno, fracciones I, III y IV, 246, 115, 120 punto 1, y 500, punto 1, fracción I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en virtud de que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, Jalisco, no obstante de que la solicitud de registro fue presentada después de concluido el plazo legal previsto para tal efecto, además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1, fracción II y III.
El principio de legalidad, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal.
Al respecto resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.—…
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 234-235.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996.—….
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, páginas 57-58, Sala Superior, tesis S3EL 034/97.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 798-799.
Una definición doctrinal del Ayuntamiento lo explica de la siguiente manera: Órgano colegiado y deliberante que asume la representación y el gobierno del municipio. Integrado por los Regidores, él o los Síndicos y el Presidente Municipal.
El sistema de elección municipal, denominado “de planillas”, puede resumirse de la siguiente forma: 1) en un mismo acto político (el acto del sufragio) se elige, mediante un “voto simultáneo” todo el cuerpo político del ayuntamiento; 2) de la planilla ganadora emana el presidente municipal, uno o más síndicos, y un número predeterminado de regidores “de mayoría”; y 3) de las planillas perdedoras que alcancen el umbral de representación requerido se complementa el cuerpo edilicio con un grupo de regidores de “representación proporcional”.
Este sistema, que se encuentra estatuido en la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, la
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que en su artículo 3 señala “Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa”, a su vez el numeral 10 de dicho cuerpo normativo establece “Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se determinan en la ley estatal en materia electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas; y permanecen en sus cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de cada período.
Ahora bien, de conformidad al artículo 134, fracción XVI y 246, párrafo uno, fracción II del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es la autoridad competente para aprobar la procedencia del registro de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, Jalisco, para lo cual, deberá revisar que la solicitud de registro cumpla con los requisitos que al efecto establece el Código Electoral y de Participación Ciudadana, así como la Constitución Política del Estado de Jalisco.
El artículo 240, punto uno, fracción IV del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señala que el plazo para la presentación de las solicitudes de registro en el caso de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, concluye el día 15 de abril del año de la elección.
Ahora bien, de una interpretación sistemática, funcional y gramatical de los artículos 21, 24, punto tres, 239, fracción IV, 240, fracción IV, 244 y demás relativos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se advierte lo siguiente:
1. La elección de integrantes de los ayuntamientos del Estado de Jalisco, se realizará mediante la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, que registren los partidos políticos y candidatos ordenado de forma progresiva en la que se incluya el numero de regidores propietario y suplentes correspondientes.
2. Los partidos políticos o coaliciones deberán registrar la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico durante el plazo previsto para tal efecto, cumpliendo con los requisitos formales y materiales que la ley establece.
3. En caso de que faltara algún requisito formal, (copia certificada del acta de nacimiento, escrito con firma autógrafa del estatal en el que manifieste bajo protesta que los ciudadanos que se registran fueron seleccionados de conformidad con los estatutos, etcétera) la autoridad electoral, podrá requerir al partido o coalición, para que subsane la inconsistencia.
4. Únicamente podrán se subsanables los requisitos que deben
acompañarse a la presentación de la solicitud de registro de la planilla.
5. En caso de presentarse la solicitud de la planilla fuera del plazo previsto
será motivo de desechamiento de la misma.
Ahora bien, como se advierte del expediente relativo al registro de la planilla de cuenta, la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, presentó una serie de documentos al momento de fenecer el plazo legal, sin embargo tal y como lo certificó la propia autoridad electoral, existían deficiencias y omisiones no subsanables.
Es decir, la planilla impugnada no presentó la totalidad de los documentos que establece el artículo 241, fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que a la letra señala que deben contener:
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Artículo 241.
1. Las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por
I…
II. A la solicitud de cada uno de los ciudadanos propuestos a candidatos propietarios y suplentes, se deberá acompañar sin excepción los documentos siguientes:
a) Escrito con firma autógrafa en el que los ciudadanos propuestos como candidatos manifiesten su aceptación para ser registrados y en el que bajo protesta de decir verdad expresen que cumplen con todos y cada uno de los requisitos que establecen la Constitución Política del Estado y este Código;
b) Copia certificada del acta de nacimiento o certificación del registro del nacimiento, expedidas en ambos casos por la oficina del registro civil;
c) Copia certificada por Notario Público o autoridad competente de la credencial para votar;
d) Constancia de residencia, cuando no sean nativos de la Entidad, expedida con una antigüedad no mayor de tres meses por el Ayuntamiento al que corresponda su domicilio; y
e) Copia certificada por autoridad competente de la constancia de rendición de la declaración de situación patrimonial, cuando se trate de servidores públicos.
III. Escrito con firma autógrafa, del dirigente estatal del partido político, o en su caso, del representante de la coalición, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
Tal y como se ha señalado en los puntos que anteceden en la presente impugnación, es hecho notorio, público y evidente, que existió por parte de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, una ausencia total en la entrega de los documentos que señala el artículo antes transcrito, aunado a la falta del escrito del representante de la referida coalición, en la cual no se señala de manera clara la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que especifique los ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así como los documentos en los que sustentan el cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad.
La previsión legal consignada en el artículo 244 del Código Local, señala que en caso de faltar alguno de los requisitos que deben presentarse a cada solicitud, la autoridad electoral, podrá requerir a los partidos para que subsanen las deficiencias en la integración del expediente, lo que no implica que puedan cubrir sus omisiones una vez agotado el plazo que la ley les otorga para realizar el registro, pues hacerlo de esta forma implica extender el plazo previsto.
Es pertinente distinguir, que existen dos tipos de inconsistencia, las subsanables y aquellas que por su carácter no pueden ser reparables.
Así las cosas, son omisiones subsanables, aquellas que por sus características no atañen directamente a una cuestión pública, o afectan de manera directa los principios de certeza, equidad e imparcialidad rectores de la función electoral.
En ese sentido, el hecho de que la solicitud de registro de la planilla de candidatos no se presente antes de la fecha prevista, no sea entregada la documentación requerida, así como que no cumpla con los requisitos que señalan los incisos a) de la fracción II, y lo previsto en la fracción III del párrafo 1 del artículo 241 del Código del Estado, son requisitos que no pueden ser subsanables, toda vez, que una interpretación contraria, reduciría al absurdo de suponer que un partido político presente una solicitud de registro con el nombre de sólo un candidato, o bien, que haga entrega de una serie de documentos inconexos con el sólo afán de generar
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un precedente, y contar con los elementos para ampliar el plazo previsto para la integración de la planilla de candidatos, y ahora si estar en aptitud de solicitar su registro.
De lo señalado, se advierte que en el caso de que la solicitud de registro no contenga ningún documento, ni el nombre de por todos los integrantes de la planilla, es un vicio invalidante, que para subsanarlo se tendría que abrir un nuevo plazo para la presentación de la solicitud de registro, en razón de que como se ha señalado con antelación, el registro de candidatos se llevará a cabo por planillas completas, y no como en el caso, en el que sólo no se presentaron el total de los integrantes de la misma.
Al caso, esta autoridad deberá tomar en consideración el principio de impugnabilidad rector de los medios de impugnación en materia electoral, mismo que señala que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales tienen la posibilidad de se (sic) combatidos o impugnados, es decir, que todos los actos de las autoridades electorales tienen mecanismos de oposición para que puedan ser objeto de un nuevo análisis, estableciéndose como una garantía a todos los sujetos del derecho electoral, el poder acudir ante las autoridades a fin de ventilar todas aquellas situaciones que provoquen disconformidad de dichos actos o resoluciones.
(…)
De lo trasunto se desprende que el actor se duele en esencia de
la supuesta ilegalidad de la resolución emitida por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el 28 veintiocho de abril del 2012 dos mil
doce, que aprobó el registro de las planillas de Presidente
Municipal, Regidores y Sindico de los 125 ciento veinticinco
Ayuntamientos postulados por la Coalición “Compromiso por
Jalisco”, entre ellas la planilla relativa al Municipio de Ixtlahuacan
de los Membrillos, Jalisco, en razón de la presentación
extemporánea de la solicitud correspondiente, así como por la
insuficiencia de los requisitos necesarios para obtener el registro
de mérito.
El apelante abunda en que la Coalición “Compromiso por
Jalisco” para el registro de la planilla de munícipes en comento,
al momento de fenecer el plazo legal conducente, presentó una
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serie de documentos deficientes y con omisiones no
subsanables.
De igual forma, el actor señala que no se presentó ante la
autoridad responsable la totalidad de los documentos requeridos
en vía de cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo
241, fracciones II y III del Código en la materia.
Aunado a lo anterior, el recurrente aduce textualmente que al
registro de la planilla de munícipes en comento, le faltó el escrito
del representante de la Coalición en cita, en la (sic) cual no se
señala de manera clara, la postulación formal de la planilla
impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que se
especifique los nombres de los ciudadanos que la integran, el
orden de prelación con que son propuestos, el carácter de
propietario o suplente, así como en los documentos en los que
se sustenta el cumplimiento de los requisitos legales de
elegibilidad.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO, esto es así, porque del
análisis de los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a
la conclusión de que los mismos, consisten en meras
apreciaciones subjetivas, genéricas e imprecisas que no cuentan
con los elementos suficientes para combatir el estudio de fondo
de la resolución recurrida.
En principio, porque en atención a lo previsto en el artículo 544,
párrafo 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
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Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación
que se someten a su consideración, se encuentra obligado a
suplir las deficiencias en la expresión de los agravios
planteados, también lo es que se llevará a cabo, siempre y
cuando, éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos
expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Al respecto, conviene precisar que ha sido criterio reiterado por
este Tribunal Electoral, que los conceptos de agravio se pueden
tener por formulados independientemente de su ubicación en
determinado capítulo o sección de la demanda, así como de su
presentación, planteamiento o construcción lógica; debido a que
no es requisito sine qua non que se encuentren contenidos en
un capítulo especial de conceptos de agravio, siempre y cuando,
éstos expresen las violaciones legales que se considere fueron
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cometidas por la autoridad responsable, en cualquier parte del
escrito inicial de demanda, exponiendo con toda claridad los
razonamientos lógico jurídicos por los cuales se concluya que no
se actuó conforme a derecho.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 03/2000
y 02/98, consultables a páginas 117 a la 119, de la "Compilación
1997-2010” de Jurisprudencia y tesis, tomo de Jurisprudencia,
Volumen 1, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, bajo los rubros: "AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y
"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL".
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
En este tenor, si bien es cierto que el Tribunal Electoral esta
facultado para resolver supliendo la deficiencia en la expresión
del agravio, siempre y cuando, de la propia redacción del escrito
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de demanda, se desprendan los elementos mínimos necesarios
de los cuales, inclusive, aún estando inconexos entre sí, se
pueda colegir el planteamiento de agravios específicamente
formulados para destruir frontalmente el acto que se impugna;
también es cierto que, en oposición a lo anterior, cuando del
libelo impugnativo no se desprenda elemento, hecho o
manifestación clara y precisa a partir de la cual se pueda
formular un agravio concreto, este órgano jurisdiccional se
encuentra impedido para ir más allá de la intensión del actor y
consecuentemente, configurar ex officio la expresión del agravio
pertinente para alcanzar las pretensiones planteadas por el
partido político actor, puesto que tal situación no sería una
suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel del
promovente.
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
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Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio y se subsuma en
la responsable, para realizar el trabajo que le corresponde a
ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades o
inconsistencias, proceda a declarar su revocación u ordenar se
subsanen.
En el caso que nos ocupa, de la lectura integral del escrito de
demanda, se advierte que el partido político apelante intenta
controvertir la legalidad del acuerdo emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, identificado como IEPC-ACG-084/12, de
fecha 28 veintiocho de abril del año en curso, mediante el cual
se aprobó del registro de las 125 ciento veinticinco planillas de
munícipes postuladas por la Coalición “Compromiso por Jalisco”,
que habrán de participar en la contienda electoral del próximo
primero de julio, para renovar los ayuntamientos que integran el
Estado de Jalisco; arguyendo que se vulneran los diversos
artículos en virtud de que la autoridad responsable aprobó el
registro de la planilla de munícipes para la conducente
postulación relativa al Ayuntamiento Ixtlahuacan de los
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Membrillos; no obstante de que dicho registro fue presentado
una vez fenecido el plazo legal previsto para tal efecto y
además, carente de los requisitos a que se encuentra sujeto.
Así mismo, del estudio acucioso del escrito de demanda de
apelación, se advierte que el actor intenta configurar un agravio
tendiente a atacar la legalidad de dicho registro en su conjunto,
fundamentándose en diversos preceptos de orden constitucional
y legal que de ninguna manera utiliza como motivación para
sostener sus argumentos.
En efecto, únicamente expresa en forma genérica que le causa
agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de
candidatos a postularse en los 125 ciento veinticinco municipios,
sin embargo, no hace valer motivo de disenso específico,
concreto, objetivo y frontal, a través del cual manifieste qué
parte, o sí la totalidad del acuerdo impugnado emitido por la
responsable, mediante el cual aprueba el registro de las planillas
en comento, le resulta carente de derecho o ilegal, no discurre
en razonamientos o justificaciones lógicas específicas y
concisas, imposibilitando a este Tribunal Electoral a aplicar el
principio de la suplencia del agravio, dado que ni en forma
mínima se advierte la expresión de un motivo de disenso claro y
frontal.
Sin embargo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional
que si bien es cierto, que el apelante plantea la impugnación de
la aprobación del registro de las 125 ciento veinticinco planillas
en forma genérica y oscura; también lo es que identifica en este
Recurso de Apelación, la planilla correspondiente al
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Ayuntamiento de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco;
respecto del cual precisa tres actos aprobados por la
responsable y que considera motivos de agravio, mismos que
serán estudiados en el orden de prelación establecido por el
actor:
v) La extemporaneidad en la presentación de la solicitud de
registro de la planilla de munícipes de mérito;
w) La presentación de la solicitud de registro carente de los
documentos que establece el artículo 241, fracción II y III
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco.
x) Omisión en la presentación del escrito del representante de
la Coalición “Compromiso por Jalisco”, con firma autógrafa
de éste, mediante la cual (sic) no se señala de manera clara
la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un
escrito con firma autógrafa en el que se especifique los
ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que
son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así
como los documentos en los que sustentan el cumplimiento
de los requisitos legales de elegibilidad.
a) Extemporaneidad de la presentación de la solicitud para
el registro de la planilla de munícipes.
En cuanto al motivo de agravio señalado en el inciso a), este
órgano jurisdiccional sostiene que es infundado dado que el
recurrente realiza consideración referente a que se entregaron
documentos fuera del plazo legal previsto para el registro de la
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planilla de mérito; sin embargo del escrito de demanda no se
desprende argumento toral encaminado a expresar en qué
consistió esencialmente dicha extemporaneidad.
En efecto, no existe elemento alguno en el libelo impugnativo a
partir del cual, este órgano resolutor pueda obtener los datos
específicos que arrojen la fecha y hora de la supuesta entrega
extemporánea de la presentación de la solicitud del registro de
mérito, de tal forma, que puedan ser contrastado con lo que
sostiene la autoridad responsable en el acuerdo que se
impugna, y en consecuencia se pueda colegir que dicho registro
fue presentado fuera del término previsto para lo conducente.
En esa virtud, es importante mencionar que de la lectura del
acuerdo impugnado, se advierte que la autoridad responsable
aprobó y realizó el registro de la planilla para el municipio de
Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, por haber sido
satisfechos los requisitos del mismo.
Por lo tanto, en seguimiento al principio de que lo ordinario se
presume, lo extraordinario se demuestra, este órgano
jurisdiccional sostiene que, en el presente caso, lo ordinario se
encuentra en la presentación de la solicitud del registro de la
planilla de munícipes en cuestión, dentro del plazo legal previsto
para tal efecto, situación que se hizo de manifiesto por la propia
responsable a través de la emisión del referido acuerdo
impugnado en el que se estableció que la planilla de munícipes
se aprobó y registró en virtud de que se cumplimentaron todos y
cada uno de los requisitos legales previstos para tal efecto, entre
ellos el relativo al de la oportunidad en la presentación de la
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solicitud conducente, sin hacer mayor detenimiento o
consideración al respecto; mientras que lo extraordinario, es
decir la supuesta extemporaneidad, se debió demostrar por
parte del recurrente, a través de la aportación de elementos
probatorios, contundentes y consistentes en los que figurara o
explicara claramente la circunstancia específica en las que,
según su dicho, radicó tal ilegalidad.
b) Estudio en general de los requisitos contenidos en el
artículo 241 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que ve al inciso b) tocante a la carencia de los
documentos requeridos en vía de requisitos necesarios para
obtener la aprobación del registro de la planilla de munícipes, el
partido político incoante manifiesta expresamente que existió en
dicha documentación, deficiencias y omisiones en su entrega.
Con respecto a este motivo de disenso, este órgano
jurisdiccional sostiene que deviene en infundado pues tal como
se advierte claramente de la argumentación vertida por el
recurrente en el escrito de demanda, la expresión en los mismos
redunda en consideraciones generales e imprecisas que resultan
insuficientes para revisar acuciosamente los defectos que en
específico, la aprobación del registro de la planilla de munícipes,
de ser el caso, pudiera presentar.
En efecto, tal como el mismo partido político actor lo indica, no
se advierten elementos esenciales tales como nombres, la
identificación de los documentos precisos de los cuales hubiera
carecido el registro, así mismo no se desprende cuál de los
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requisitos que establece el articulo 241, fracción II y III del
Código en la materia son los faltantes o en su caso deficientes.
Así pues, el apelante se limita a exponer textualmente lo que
detalla el artículo de referencia, sin embargo de ninguna forma
aporta elementos que aún inconexos entre sí, de los cuáles en
suplencia del agravio, sea posible colegir la aducida omisión en
la entrega de uno o algunos de los documentos presentados en
vía de requisitos; de ninguna forma individualiza o identifica los
supuestos requisitos faltantes o deficientes y aún menos
contextualiza la integración en específico del registro de la
planilla que controvierte.
En este tenor, conviene precisar que el actor expone agravios en
el desarrollo de su escrito de apelación, que se contradicen entre
sí, dado que en las primeras fojas de su demanda aduce que se
aprobó el registro de la planilla de munícipes de mérito, aún y
cuando en su correspondiente presentación existió la carencia
de documentos; sin embargo, en fojas más adelante del mismo
escrito, el incoante señala que los documentos requisitados
fueron entregados con deficiencias y así mismo, en los
subsiguientes renglones, termina arguyendo que existió por
parte de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, la ausencia total
de los requisitos que establece el precepto conducente; en
consecuencia, se colige que los argumentos vertidos por el
apelante devienen en incongruentes y contradictorios entre sí,
pues si da inicio a su apelación alegando la supuesta carencia
en una serie de documentos, continua denotando la deficiencia
en los mismos y concluye el libelo impugnativo, sosteniendo la
ausencia total de los mismos; expresiones en las cuales no se
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encuentra una congruencia o secuencia lógica argumentativa de
la que sea posible desprender argumentos sólidos y concretos
dirigidos a combatir la aducida ilegalidad de acto impugnado.
En consecuencia, se advierte que el motivo de agravio
expresado por el partido político promovente es genérico e
impreciso, pues no identifica cuáles requisitos de los previstos
en el artículo 241, párrafo 1, fracción II y III, considera que no
fueron presentados o cuál de ellos fueron presentados en forma
deficiente, así mismo, omite expresar argumentos mediante los
cuales especifique de forma frontal y precisa en qué parte de
documento mediante el cual se aprueba el registro de la planilla,
se encuentra la supuesta ilegalidad; sino que contrario a ello,
únicamente se limita a manifestar de forma por demás vaga e
indeterminada, que los documentos presentan "deficiencias u
omisiones no subsanables”, “ausencia total en la entrega de
documentos” “registro fue presentado carente de los
documentos que establece el artículo 241, párrafo 1, fracción II y
III”, por lo que al no proporcionar elementos suficientes para
permitirle un estudio de los agravios, o en su caso una suplencia
en los mismos, tales argumentos resultan infundados
En conclusión, tal como se apuntó en los primeros párrafos del
presente considerando, si bien es cierto que este Tribunal
Electoral se encuentra obligado legalmente a aplicar el principio
de la suplencia de los agravios, siempre y cuando, éstos puedan
deducirse de los hechos expuestos; también es cierto que este
órgano resolutor se encuentra limitado por los propios
argumentos que le aporta el apelante para el estudio de sus
motivos de agravio.
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Por lo tanto, al no contribuir el apelante con la carga de aportar
los elementos concretos y definidos revisables individualmente y
por ende, caer en la omisión de precisar puntual y
específicamente cuál o qué parte del acto impugnado considera
que se aparta de la legalidad, es absurdo pretender que este
Tribunal Electoral, bajo el amparo de ejercicio del principio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio, encamine las
pretensiones del actor y construya o formule agravios, tendientes
a realizar actos cuya competencia pertenece únicamente a la
responsable.
c) Estudio del requisito contenido en la fracción III, del
párrafo 1, del artículo 241 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por último, en cuanto al motivo de agravio contenido en el inciso
c), relativo a la omisión en la presentación del escrito del
representante de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, en el
cual no se señala de manera clara la postulación formal de la
planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en
el que se especifique los ciudadanos que la integran, el orden de
prelación en que son propuestos, el carácter de propietario o
suplente, así como los documentos en los que sustentan el
cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad, este
Tribunal Electoral advierte que los mismos devienen en
infundados por las consideraciones siguientes.
La autoridad electoral como garante de los principios
democráticos y salvaguarda de los derechos políticos de los
ciudadanos, lejos de restringir disposiciones legales que tutelen
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los derechos consagrados en normas constitucionales, se
encuentra sujeta a realizar una interpretación extensiva de los
mismos, toda vez que éstos no son excepciones o privilegios
concedidos a favor de algunos, sino que se trata de derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales
debe ser ampliados, no restringidos, ni mucho menos
suprimidos, en estricto apego a lo ordenado por los artículos 1,
32, 35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De esta forma la limitación al ejercicio del sufragio pasivo, se
acota exclusivamente a razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o
condena, más nunca se debe condicionar, entre otras
cuestiones, a una facultad discrecional de un partido político; lo
anterior en términos de lo establecido en el artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en
atención de la reciente reforma, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 10 diez de junio del presente año, garantiza que
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Carta Magna, en los tratados internacionales
de los México sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse,
por el contrario, se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a
las personas con la protección más amplia.
Bajo esta tesitura, en el presente caso, que el apelante pretenda
la revocación del acto impugnado en virtud de que la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, supuestamente omitió la presentación
ante la autoridad responsable, del escrito del representante legal
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o, en su caso, este se hubiese presentado sin su firma
autógrafa, a través del cual se precise de manera clara la
postulación de los candidatos integrantes de la planilla, su
conducente carácter de propietarios o suplentes, así como los
documentos en los que sustentan el cumplimiento de los
requisitos legales de elegibilidad; vulnera en perjuicio de los
candidatos su derecho fundamental sustantivo consistente en la
prerrogativa ciudadana del derecho pasivo del voto, tutelada por
el artículo 35, fracción II de la Constitución General de la
República y 8, fracción II de la Constitución Política de la
entidad.
En efecto, los ciudadanos candidatos a munícipes integrantes de
la planilla impugnada, desde el momento en que compitieron en
los respectivos procedimientos selectivos internos y resultaron
electos, cuentan con el derecho humano fundamental del
sufragio en su vertiente pasiva, por lo que al requerir para su
registro, la presentación de un diverso escrito signado por el
representante legal de la Coalición en comento, impone un
requisito que se encuentra fuera de las posibilidades tanto
jurídicas, como materiales del candidato, lo que se traduce en
una limitación al derecho humano de referencia, criterio que se
aparta claramente al relativo a la potenciación de los derechos
humanos.
Al respecto, conviene precisar que similar criterio sostuvo el 27
veintisiete de abril del año en curso, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional de
la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en
Guadalajara, Jalisco, en sentencia de los Juicios para la
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Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
identificados bajo las siglas y número de expediente SG-JDC-
3162/2012 y sus acumulados SG-JDC-3163/2012 al SG-JDC-
3187/2012.
En abundancia a lo anterior, no pasa inadvertido para este
órgano resolutor que el apelante aporta argumentos
contradictorios entre sí que se desprende de los propios motivos
de agravios, ello en función de que por una parte, el recurrente
intentó controvertir la facultad del representante de la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, tanto para celebrar dicho instrumento
jurídico, como para signar y presentar las solicitudes de registro
de diversas candidaturas que fueron posteriormente aprobadas
por la autoridad responsable, de lo que se deduce que
efectivamente en el procedimiento de registro de las
candidaturas que se llevó a cabo por la Coalición en cita, se
exhibió documento diverso en el que constó fehacientemente la
rúbrica del referido represente; mientras que por otro lado, en el
presente motivo de agravio, aduce que dicho escrito no se
aportó, o que en su caso, el mismo carecía de la firma autógrafa
de dicho representante.
En consecuencia, se colige que el escrito de apelación es
incongruente en virtud de que por una parte acepta que dicho
escrito fue presentado con la firma del representante de la
Coalición y al mismo tiempo, niega lo anterior, y aduce la
omisión en la presentación del mismo, o en su caso, la falta de
rúbrica del representante de referencia.
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Por lo anteriormente, fundado y motivado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio segundo esgrimido por el
apelante y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VII. El motivo de agravio que el apelante identifica en su escrito de
demanda como “Tercero”, es el que a continuación se transcribe:
Tercero. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 5, punto 1, 17 párrafo 2, en relación con el 24, punto 3 y 68, punto 1, fracción XIX, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como el numeral 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones III y IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, inciso b), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en virtud de que la autoridad responsable aprobó el registro de la planilla del ayuntamiento IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, presentada por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, contraviniendo el principio de equidad de género, al violarse el orden de prelación que debe de tener la planilla impugnada.
Esto es así, toda vez que la Autoridad Administrativa, omitió de manera flagrante el estudio de la integración de la planilla impugnada, por lo que ve al cumplimiento de la cuota de género que la ley establece.
El artículo 17, segundo párrafo, establece que las solicitudes de registro de que presenten los partidos o coaliciones, ante el Instituto Electoral, se integrarán con un máximo de setenta por ciento de candidatos de un solo sexo y garantizando la inclusión de un candidato del sexo distinto en cada tres lugares de la lista, hasta lograr el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, a partir del cual el orden se decidirá libremente por cada partido, hecho tal que no fue analizado al momento de declarar la validez del registro de la planilla de Presidente, Síndico y Regidores del Municipio de IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, Jalisco, pues es evidente que el mismo no cumple con tal paridad.
Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual resulta aplicable de manera análoga al caso que nos ocupa:
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. CÓMO SE DEBE APLICAR LA ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATOS.-….
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 48 y 49.
En virtud de lo anterior, se debe entender que la regla de alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional, consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar dicho número y cumplir con el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.
La finalidad de esta regla es el equilibrio entre los candidatos de ambos sexos y, a la postre, lograr la participación política efectiva de hombres y
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mujeres, en un plano de igualdad sustancial o real y efectiva, con el objetivo de mejorar la calidad de la representación política, y de eliminar los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política.
Es por todo lo anteriormente señalado, que la Autoridad Responsable al declarar como válido el registro de la planilla impugnada, viola lo establecido con el principio de equidad de género que establece no solo la legislación estatal, sino que también se encuentra consagrado en la ley federal electoral, en la Constitución Política Federal y el las leyes y tratados internacionales.
Ahora bien, a fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, también es necesario que el treinta por ciento de los candidatos de género distinto, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, esté compuesto en sus propietarios y suplentes por personas del mismo género, y no solo cumplir la cuota de género en propietarios por una parte, sin encontrar esa coincidencia en sus suplentes, aún y cuando en los suplentes también se cumpla con ese treinta por ciento. Si no que repito, debe ser coincidente, el género del propietario con el de su suplente, en ese treinta por ciento, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, en el cumplimiento de cuotas de género.
Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio ciudadano identificado con número de expediente SUP-JDC-12624/2011, se ha pronunciado en ese sentido, de que deben ser coincidentes en el género, el propietario con su respectivo suplente, en los candidatos que son parte del porcentaje del mismo género, que como mínimo están obligados a registrar los partidos políticos (cuota de género).
Pues lo que busca la norma, es garantizar la equidad de género y la igualdad de oportunidades, entre hombres y mujeres, sin favorecer a un género en específico. Obligación, que procura la paridad de género en la vida política del país, y que implica que esa paridad también deba reflejarse en la ocupación de los cargos de elección popular obtenidos por cada partido. De otra manera, no tendría sentido el establecimiento de cuotas de género en la designación de candidaturas a cargos de elección popular.
El hecho de que los candidatos que conforman la cuota de género, sean precisamente coincidentes en el género en forma alguna vulnera la paridad exigida por la norma. Esto es así porque si los candidatos propietarios cumplen con la regla prevista en el citado artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, los suplentes también lo harán. De esta forma, si llegaran a presentarse vacantes en los propietarios, éstos serían sustituidos por personas del mismo género y, por lo tanto, se conservaría el equilibrio de género no sólo en las candidaturas, sino también en la ocupación y ejercicio de los cargos respectivos.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se garantiza esa equidad de género, tanto en la postulación, como en su momento de llegarlo a ser, en el ejercicio del cargo, al no ser coincidentes en el género, los propietarios con sus suplentes, de las candidaturas que nos ocupan, vulnerando con eso el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.
De lo anterior, en esencia se desprende que el actor se duele de
que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla del
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44
Ayuntamiento de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco,
postulada por la Coalición “Compromiso por Jalisco”, omitiendo
el estudio relativo al principio de equidad de género.
En este sentido, el partido político apelante argumenta que en la
integración de la planilla de munícipes en cuestión, no se
respetó la cuota de género regulada jurídicamente en la entidad,
que no existe orden de alternancia o prelación en éstos y
tampoco así, coincidencia de sexo entre los candidatos
propietarios y los suplentes; situación contraria a lo que dispone
la normatividad electoral, así como los criterios emitidos por el
órgano federal electoral, previstos para tal efecto.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO porque del análisis de
los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a la
conclusión de que los mismos, consisten en manifestaciones
dogmáticas, genéricas e imprecisas de las cuales no se
advierten elementos suficientes para combatir el fondo de la
resolución recurrida y relativa a la aprobación de la planilla de
munícipes en comento.
En principio, porque tal como se estableció en el considerando
anterior, en atención a lo previsto en el artículo 544, párrafo 1 del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación que se
someten a su consideración, tiene la facultad de suplir las
deficiencias en la expresión de los agravios planteados, también
RAP-171/2012
45
lo es que se llevará a cabo, siempre y cuando, éstos puedan ser
deducidos claramente de los hechos expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor, implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
RAP-171/2012
46
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiencia en la expresión del agravio, y se
subsuma en la responsable, para realizar el trabajo que le
corresponde a ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades,
proceda a declarar su revocación u ordenar se subsanen.
RAP-171/2012
47
En el caso que nos ocupa, el partido político apelante intenta
controvertir del registro de la planilla de munícipes del
Ayuntamiento de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco,
aduciendo como agravio que no se garantiza la equidad de
género que debe imperar por mandato constitucional y legal en
la integración de dichos órganos de gobierno municipal.
Al respecto, realiza en el libelo impugnativo una descripción
dogmática de la forma y términos en que ambos tipos de género
deben distribuirse en relación al porcentaje en cuanto a la
integración de determinado órgano de gobierno conformado por
cargos de elección popular, señala la noción e implicación de la
paridad entre sexos con respecto a los candidatos propietarios y
suplentes, de igual manera pretende fundamentar sus
argumentos con tesis de jurisprudencia y criterios emitidos a
través de sentencias dictadas por el máximo órgano electoral
federal conducentes al tema de la equidad de género.
Así mismo, el apelante realiza una serie de manifestaciones
conceptuales respecto a la finalidad, objetivo y teleología del
principio de la equidad de género en la vida política del país; sin
embargo, del cúmulo de dichas manifestaciones no se advierte
elemento alguno que aporte respaldo sólido para controvertir
específicamente la integración en cuanto al género de la planilla
en comento.
En efecto, de la lectura del escrito de apelación no se advierte,
de cuántos candidatos a munícipes, de acuerdo a su
conocimiento, se integra la planilla en cita, de forma tal que el
apelante aporte para el conducente estudio de este órgano
RAP-171/2012
48
jurisdiccional, elementos precisos para estar en aptitud de
conocer en lo particular, el porcentaje de la cuota género del
mismo sexo y en dado caso, contrastar dicho elemento
porcentual con el que la autoridad responsable aprobó en la
planilla de mérito.
Efectivamente, el actor omite individualizar y pormenorizar los
nombres de los candidatos propietarios y su correspondiente
suplente integrantes de la planilla de candidatos a munícipes, de
los cuales se advierta la coincidencia o no entre éstos, respecto
al género, y aún menos contextualiza la integración en
específico, de los candidatos de sexo distinto en cada tres
lugares de la respectiva lista, es decir, no señala
específicamente cómo se encuentran conformados los bloques
integrados por tres candidatos a razón de una candidata de
género femenino en cada uno de éstos o viceversa.
Por lo tanto, como quedó establecido en párrafos precedentes,
el recurrente aporta una serie de elementos de índole dogmática
y conceptual de lo que no es posible advertir elementos
contundentes, como cualidades de género o razonamientos
cuantitativos, tales como nombre y sexo de identificación de los
candidatos a munícipes, el lugar que ocupan cada uno de ellos o
ellas dentro de las listas de integración de la planilla en comento,
la distinción entre su calidad de propietarios y suplentes, así
como el sexo al que pertenecen; es decir, no se especifica o
identifica pormenorizadamente cuáles, en dónde y en qué
consisten las supuestas inconsistencias relativas al
incumplimiento de la garantía de la equidad de género, por lo
que se colige, que este órgano jurisdiccional se encuentra
RAP-171/2012
49
imposibilitado para aplicar la suplencia del agravio y por ende,
estudiar las supuestas inconsistencias aducidas en relación a la
paridad y principio de equidad de género en que se incurre,
según el actor, en la planilla de candidatos a munícipes que fue
registrada y aprobada, por la autoridad responsable.
En consecuencia, al no contribuir el apelante con la carga de
aportar los elementos concretos y por ende, caer en la omisión
de precisar puntual y específicamente cuál o qué parte del acto
impugnado considera que se aparta de la legalidad, es absurdo
pretender que este Tribunal Electoral, bajo el amparo de la
aplicación del principio de la suplencia de la deficiencia en la
expresión del agravio, encamine las pretensiones del actor y
construya o formule agravios, tendientes a realizar actos cuya
competencia pertenece a la responsable.
En consecuencia, al tenor de los párrafos precedentes
sostenidos a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, el tercer
agravio esgrimido por el apelante y que ha sido analizado en el
presente considerando, resulta infundado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además, en lo
dispuesto por los artículos 57, párrafo segundo; 69, párrafo primero
y 70, fracción VI de la Constitución Política; 73, párrafo primero; 77
párrafo tercero, fracción II; 82, 88, fracción IV y 90 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; 536 fracción X; 595, 599, párrafo 1,
fracción I; 604, párrafo 1 y 608, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana y 10, fracción V del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado del Poder Judicial, todos
RAP-171/2012
50
ordenamientos del Estado de Jalisco, se resuelve conforme a los
siguientes
R E S O L U T I V O S :
PRIMERO. La competencia del Pleno de este Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Jalisco para conocer y resolver los
recurso de apelación; la personería y legitimación de las partes, así
como la procedencia del mismo, quedó acreditada en los términos
expuestos en los considerandos I, II y III de esta resolución.
SEGUNDO. se confirma el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, emitido el 28 de abril del año en curso, mediante el cual
resuelve las solicitudes de registro de planillas de candidatos a
munícipes, de la coalición “Compromiso por Jalisco”, identificado
como IEPC-ACG-084/12, por lo que ve al municipio de Ixtlahuacan
de los Membrillos Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos
en los considerandos V, VI y VII de esta resolución.
Notifíquese en los términos de ley.
En su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, quienes firman al calce de la presente resolución,
conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos, quien
autoriza y da fe, y rubrica al margen todas las fojas que la integran.
RAP-171/2012
51
MAGISTRADO PRESIDENTE
JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA
MAGISTRADO
LUIS ANTONIO
CORONA NAKAMURA
MAGISTRADO
JOSÉ GUILLERMO
MEZA GARCÍA
MAGISTRADO GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ
MAGISTRADO RUBÉN VÁZQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS ALVARO ZUNO VÁSQUEZ
El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que la presente hoja corresponde a la resolución del 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce, pronunciada en el Recurso de Apelación RAP-171/2012, que consta de 51 cincuenta y un fojas por una sola cara.
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
EXPEDIENTE RAP-172/2012 ACTOR Partido Acción Nacional TERCERO INTERESADO Partido Revolucionario Institucional AUTORIDAD RESPONSABLE Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco MAGISTRADO PONENTE José Guillermo Meza García SECRETARIOS RELATORES Silvia Gpe. Bustos Vázquez Raymundo Miguel Figueroa Brizuela Bertha Sánchez Hoyos Gpe. Lucía Sánchez Vital
Guadalajara, Jalisco, a 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce.
VISTOS para resolver en definitiva, los autos del expediente del
Recurso de Apelación RAP-172/2012, promovido por el maestro
José Antonio Elvira de la Torre, representante propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en
contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que resuelve las
solicitudes de registro de planillas de candidatos a munícipes, de la
coalición “Compromiso por Jalisco” integrada por el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
RAP-172/2012
2
México, identificado como IEPC-ACG-084/12, emitido el 28
veintiocho de abril de 2012 dos mil doce.
Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en sesión pública
de esta fecha, se procede a emitir la presente resolución; y
R E S U L T A N D O
1. El 29 veintinueve de octubre de 2012 dos mil doce, fue publicada
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, número 13, sección
VI, TOMO CCCXXI, la convocatoria para la celebración de las
elecciones, constitucionales que se llevarán a cabo el día 1° de julio
de 2012 dos mil doce en la entidad, aprobada en sesión ordinaria,
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo IEPC-ACG-
047/11.
2. En la misma sesión ordinaria, mediante acuerdo IEPC-ACG-
048/11, el citado Consejo General, aprobó el calendario para el
proceso electoral local ordinario 2011-2012.
3. El 24 veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó
mediante acuerdo IEPC-ACG-019/12 el Convenio de Coalición
celebrado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México con la finalidad de postular candidatos
a Presidente Gobernador Constitucional, Diputados por el Principio
de Mayoría Relativa, así como para registrar planillas de candidatos
RAP-172/2012
3
a integrantes de los Ayuntamientos en la totalidad de los municipios
del Estado de Jalisco por el periodo 2012-2015.
4. El 28 veintiocho de abril del año que transcurre, se aprobó el
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE RESUELVE
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PLANILLAS DE CANDIDATOS A
MUNÍCIPES, DE LA COALICIÓN “COMPROMISO POR JALISCO”
INTEGRADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, IDENTIFICADO COMO IEPC-
ACG-084/12, en el cual se aprobaron diversas planillas de
candidatos, entre ellas, la presentada para el municipio de
Ixtlahuacan del Río, Jalisco, mismo que fue publicado el día 3 tres
de mayo el presente año en el Periódico Oficial del Estado de
Jalisco.
5. Inconforme con el citado acuerdo, el maestro José Antonio Elvira
de la Torre, ostentándose como Representante Propietario del
Partido Acción Nacional, presentó el 1 uno de mayo del año en
curso, ante el Instituto Electoral, Recurso de Revisión,
específicamente en contra de la aprobación del registro de planilla
de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de
Ixtlahuacan del Río, Jalisco.
6. El 16 dieciséis de mayo de esta anualidad, el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, remitió a este Tribunal Electoral, mediante oficio 2977/2012
Secretaría Ejecutiva, el escrito de Recurso de Revisión y diversa
documentación.
RAP-172/2012
4
7. El 17 diecisiete de mayo del presente año, mediante oficio SGTE-
795/2012, la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, por razón de turno, remitió a la ponencia del Magistrado
Presidente José Guillermo Meza García para su estudio, y en su
caso, admisión y formulación del proyecto de resolución el citado
Recurso de Revisión, que se registró con las siglas y números REV-
49/2012.
8. Una vez analizado el escrito de demanda, el Magistrado ponente,
advirtió que el acto combatido por el actor, era recurrible mediante
el Recurso de Apelación, por lo que, el día 28 veintiocho de mayo
del año que transcurre, los Magistrados integrantes del este
Tribunal Electoral, emitieron Acuerdo Plenario pare reencauzar la
demanda interpuesta, junto con 224 doscientos veinticuatro
recursos interpuestos en los mismos términos, se ordenó al
Secretario General dar de baja el expediente y realizar su registro
como Recurso de Apelación, y una vez realizado lo anterior, debía
devolver al Magistrado ponente el expediente para dar inicio a su
trámite, estudio, admisión en su caso y resolución como Recurso de
Apelación.
9. En cumplimiento al citado Acuerdo Plenario, el Secretario
General de Acuerdos, realizó el returno a la ponencia mediante
oficio SGTE-1063/2012, habiendo sido registrado en el Libro de
Gobierno como RAP-172/2012.
10. El 7 siete de junio del presente año, se emitió proveído, en el
que se tuvo por recibido y se radicó el Recurso de Apelación
interpuesto, se ordenó a la autoridad responsable realizar su
RAP-172/2012
5
publicitación, remitiera el informe circunstanciado y diversa
documentación.
11. En acuerdo del 16 dieciséis de junio de esta anualidad, se tuvo
por recibido de la autoridad responsable el informe circunstanciado,
diversa documentación e información, recibidas las constancias de
publicitación y de retiro de cada medio de impugnación, el escrito de
tercero interesado y la documentación que se acompañó al mismo,
se admitió el recurso interpuesto, así como las pruebas ofrecidas y
aportadas por las partes, y toda vez que el Magistrado responsable,
consideró que el expediente estaba debidamente substanciado para
ser fallado, se declaró cerrada la instrucción, para efecto de que se
formulara el proyecto de resolución correspondiente, mismo que se
somete a la consideración del Pleno del Tribunal Electoral dentro
del plazo que establece el artículo 604, párrafo 1 del Código en la
materia; y
C O N S I D E R A N D O
XVII. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, ejerce jurisdicción y es competente para conocer del
Recurso de Apelación, de conformidad a lo previsto por los artículos
56, primer párrafo; 57, párrafos segundo y séptimo; 68; 69, primer
párrafo; 70, primer párrafo, fracción II de la Constitución Política; 3,
fracción II; 73; 77, primer párrafo y 82 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; 502, párrafo 1, fracción II; 504, párrafo 3; 596, párrafo 2;
599, párrafo 1, fracción II y 604, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana; 5, fracción II; 9, fracción I, a); 10, fracción
V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado del
Poder Judicial, todos ordenamientos del Estado de Jalisco, toda vez
RAP-172/2012
6
que de las documentales que obran agregadas al expediente, se
advierte una controversia derivada de una resolución emitida por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, durante el proceso electoral ordinario, que a
decir del Partido Político promovente le causa agravios.
XVIII. Por lo que respecta a la legitimación del partido político, y la
personería del promovente, el artículo 602 párrafo 1, fracción I del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
establece que están legitimados para interponer el recurso de
apelación, entre otras personas, los partidos o agrupaciones
políticas por conducto de sus respectivos representantes legítimos
que estén acreditados ante el órgano electoral que dictó el acto o
resolución impugnada.
Por tanto, la legitimación del partido político actor, es de
reconocerse en virtud de tratarse de un partido político nacional
debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que se refiere a la personería del maestro José Antonio
Elvira de la Torre, quien se ostenta como Consejero Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, se tiene por reconocida, toda vez que se desprende de
actuaciones del expediente, así como del informe circunstanciado
rendido por la responsable en el que se le reconoce con tal
carácter.
RAP-172/2012
7
En relación al interés jurídico del recurrente para hacer valer el
recurso de apelación, se observa que en su escrito alega que el
acto impugnado le causa agravios, lo cual en principio, se considera
suficiente para que se proceda a su estudio, esto, sin perjuicio de
que en su oportunidad se juzguen los supuestos agravios que hace
valer en su medio de impugnación.
Por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, por ser su examen preferente conforme al principio
de economía procesal, requisitos previstos en los artículos 506, 507
y 603 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, preceptos que regulan: el plazo en que se debe
presentar el recurso de apelación; los requisitos que debe cumplir el
escrito, el requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento
previo de los recursos administrativos que el Código de la materia
señala para el caso concreto, al respecto se tiene que:
El plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece
en el artículo 506 del código de la materia, que en lo conducente
señala:
Artículo 506 Los medios de impugnación previstos en este Código deberán presentarse dentro de los seis días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnado, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.
Atento a lo dispuesto por el citado precepto, el Pleno de este
Tribunal Electoral advierte que, el acuerdo impugnado fue emitido el
28 veintiocho de abril del año que transcurre, en consecuencia, se
RAP-172/2012
8
deduce que el plazo para interponer el presente recurso de apelación
transcurrió los días hábiles 29 veintinueve y 30 treinta de abril, 1 uno,
2 dos, 3 tres y 4 cuatro de mayo del esta anualidad, y en virtud de
que el Recurso de Apelación fue presentado ante la autoridad
responsable el 1 uno de mayo, según consta en el sello de
recepción, este órgano colegiado estima que el medio de
impugnación fue presentado dentro del plazo previsto por la ley, y
así lo confirma la autoridad responsable en su informe
circunstanciado.
Por otra parte, el Pleno de este Tribunal Electoral, considera que el
escrito que dio origen al presente recurso, se ajusta a los
requisitos de los medios de impugnación, que establece el
artículo 507 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, disposición que es aplicable al medio procesal de
impugnación en que se actúa.
En efecto, se cumplieron los extremos que previene el citado
dispositivo legal, habida cuenta que el medio de impugnación se
presentó por escrito ante la autoridad responsable del acto
impugnado; se indicó el nombre del actor y el domicilio para recibir
notificaciones que se ubica en esta ciudad que es la residencia de
esta autoridad competente para resolver el medio de impugnación,
asimismo, se señaló el nombre de quien las pueda oír y recibir; no
obstante que el promovente no acompañó el documento necesario
para acreditar su personería, la misma consta en actuaciones del
expediente, así como del informe circunstanciado rendido por la
responsable en el que se le reconoce con tal carácter; se señaló al
partido político que representa; se identificó el acto impugnado, así
como a la autoridad responsable; se mencionaron los hechos en
RAP-172/2012
9
que se funda la impugnación, así como los agravios que le causa el
acto impugnado y los preceptos jurídicos presuntamente violados;
por lo que respecta a las pruebas, se advierte que promovente
ofreció las que consideró pertinentes, no obstante que no exhibió
los tres tantos de su demanda, lo anterior no le irroga perjuicio
alguno, y finalmente, se advierte que el promovente asentó su firma
autógrafa.
El artículo 603, párrafo 1 del Código en la materia, prevé que es
requisito de procedencia adicional para la admisión del recurso de
apelación que se agoten los recursos administrativos que establece
este ordenamiento legal para cada caso concreto, ya que, de lo
contrario, se desechará de plano, en el presente asunto, dicho
requisito se tiene por satisfecho, no es necesario agotar instancia
previa, toda vez que el acuerdo que se impugna fue emitido por el
Consejo General, órgano máximo de dirección del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que sus
actos son combatibles directamente mediante el recurso de
apelación.
Por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, quien
comparece como Tercero Interesado, al presente asunto en
términos de lo previsto en el artículo 512, párrafo 1, fracción III del
Código en la materia, se tiene que:
Se reconoce su legitimación, en virtud de tratarse de un partido
político nacional debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
RAP-172/2012
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Por lo que se refiere a la personería del licenciado Benjamín
Guerrero Cordero, quien se ostenta como Apoderado Legal del
Partido Revolucionario Institucional, se tiene por reconocida, en
virtud de que obra agregada al diverso Recurso de Apelación RAP-
164/2012, copia certificada del Poder General Judicial, para Pleitos
y Cobranzas a favor de los licenciados Rafael Castellanos y
Benjamín Guerrero Cordero, otorgado en escritura pública 2,915,
ante la fe del Notario Público Titular número 138 de Guadalajara,
Jalisco, el 15 quince de febrero de 2012 dos mil doce, que remite el
Secretario General de Acuerdos de este órgano colegiado.
Por lo que se refiere al plazo para la presentación de su escrito,
esta se realizó en términos de lo previsto en el artículo 530 en
relación con el 506 del Código Electoral.
Los requisitos del escrito, previstos en el citado numeral 530 del
Código en la materia, se encuentran satisfechos, toda vez que el
mismo, fue presentado ante la autoridad responsable del acto
impugnado, se hizo constar el nombre de tercero interesado, se
señaló domicilio para recibir notificaciones, no obstante que no
acompañó el documento para acreditar su personería, la misma se
tiene acreditada con el Poder General Pleitos y Cobranzas, descrito
el líneas precedentes, asimismo, precisó la razón del interés jurídico
en que se funda y las pretensiones concretas del compareciente,
ofreció y aportó las pruebas y finalmente, hizo constar su firma
autógrafa.
III. Por ser las causales de improcedencia una cuestión de
estudio oficioso, éstas se analizan de manera preferente de
conformidad a lo previsto por los artículos 1; 536, párrafo 1, fracción
RAP-172/2012
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II, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, por lo que se analizará si en el caso a estudio se actualiza
alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo
509 del ordenamiento legal invocado, y de ser así, deberá
decretarse el desechamiento de plano del medio de impugnación
planteado por la parte apelante, al no constituirse válida y
eficazmente el proceso, ya que ello imposibilitaría a este órgano
jurisdiccional para resolver sobre el fondo controvertido materia del
medio de impugnación.
Cabe señalar que las causales de improcedencia pueden
analizarse, ya sea por petición de parte, al haber sido invocadas por
alguna de ellas, o bien, porque de oficio esta autoridad jurisdiccional
las advierta, dada la obligación de analizar la integridad de las
constancias allegadas a los medios de impugnación, conforme a los
principios de constitucionalidad y legalidad consagrados por la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Al efecto, este órgano colegiado no advirtió la existencia o
actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas
por el artículo 509 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco en los medios de impugnación
interpuestos, pues no se pretendió impugnar la no conformidad a la
Constitución General de la República o la Política del Estado de
Jalisco, no se impugnaron actos o resoluciones que no afecten el
interés jurídico del actor, el acto o resolución no se consumó de un
modo irreparable, el acto o resolución no se consintió
expresamente, entendiéndose por ello, las manifestaciones de
voluntad que entrañen ese consentimiento o no se presenten los
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medios de impugnación dentro de los plazos señalados en el
Código Electoral y el promovente no careció de legitimación.
En virtud de las consideraciones realizadas, y al no advertirse
causal de improcedencia alguna que amerite un desechamiento de
plano, es procedente realizar el análisis de fondo de la controversia
planteada.
IV. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar si el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el 28 veintiocho de
abril de 2012 dos mil doce, que resolvió las solicitudes de registro
de planillas de candidatos a munícipes, que presentó de la coalición
“Compromiso por Jalisco”, identificado como IEPC-ACG-084/12, es
violatorio del principio de legalidad que toda resolución de autoridad
electoral debe cumplir, por ser uno de los principios constitucionales
y legales rectores de la función electoral, y si con ello se conculcó el
derecho que, en favor del promovente, consagra la Constitución
Política y el Código Electoral y de Participación Ciudadana ambos
ordenamientos del Estado de Jalisco.
Precisado lo anterior, el método que se abordará para dilucidar la
litis en el presente asunto, consistirá en examinar los agravios que
esgrime el recurrente en el Recurso de Apelación, los cuales se
estudiarán en los subsiguientes considerandos.
El examen se hará relacionando los agravios con los hechos y
puntos de derecho controvertidos y los que fundan la presente
resolución que se sustentan en la plenitud de jurisdicción que a este
órgano judicial le confiere el artículo 57, párrafo segundo de la
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Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 504, párrafo
3 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, así como con el análisis y la valoración de todas y cada una
de las pruebas que fueron admitidas.
Para tal efecto, en los siguientes considerandos se examinarán los
agravios que esgrime el ciudadano actor, pudiendo variar el orden
de la exposición contenida en el escrito que contiene el medio de
impugnación, lo cual no le causa lesión o afectación jurídica alguna,
pues esto sólo ocurre cuando no se estudian todos los motivos de
agravio, toda vez que no en todos los casos, los justiciables
exponen ordenadamente sus agravios, o bien en razón de que
algunos de éstos pueden ser de estudio preferente o incluso
encontrarse en cualquier parte del escrito que contiene la
impugnación.
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 02/98 y
03/2000 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, consultables en la Compilación
1997-2010 de Jurisprudencia y tesis relevantes en materia electoral,
Volumen 1 de Jurisprudencia, páginas 118 a la 120 bajo los rubros:
“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL.” y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”
V. Una vez establecido lo anterior, se advierte que el promovente,
expresa el agravio que identifica como “Primero” en los siguientes
términos:
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Primero. Así mismo, causa agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de candidatos a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Verde Ecologista de México, en flagrante violación del Principio Constitucional de Legalidad previsto en los artículos 14, 16,41 Base VI y 116 de Nuestra Carta Magna.
En un primer orden de ideas, en razón de que quien firma tanto el convenio de coalición, la modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de registro de candidatos, por la parte que representa al Partido Revolucionario Institucional, es RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del mencionado Instituto Político.
Por su parte, en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional no se contempla la figura del Delegado Especial para el despacho de la presidencia de algún Comité Directivo Estatal, ni mucho menos en alguno de sus reglamentos, sin embargo, el artículo 120 de los citados Estatutos, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal tienen a su cargo la representación y dirección política del Partido en la entidad federativa correspondiente y desarrollarán las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los programas estatales que apruebe el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como las acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional.
Y por su parte el artículo 121 de los Estatutos en comento, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal del Instituto Político que nos ocupa, estarán integrados, por un Presidente; un Secretario General; un Secretario de Organización; un Secretario de Acción Electoral; un Secretario de Acción Electoral (sic); un Secretario de Gestión Social; un Secretario de Finanzas; un Secretario de Administración; un Secretario de Acción Indígena en donde se tenga presencia de pueblos y comunidades indígenas; un Coordinador de Acción Legislativa; las demás secretarías que sean pertinentes a cada entidad federativa y que correspondan al Comité Ejecutivo Nacional; y cada sector, el Movimiento Territorial, el Organismo de Mujeres Priístas y el Frente Juvenil Revolucionario contarán con un Coordinador dentro del Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal, con las atribuciones y representatividad suficientes para su cabal funcionamiento.
Resulta evidente que en la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional, no se contempla la figura de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco; por lo que la persona que ostenta el mencionado carácter, no cuenta con facultades, ni para suscribir el convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México, las modificaciones al mismo, ni mucho menos para registrar candidatos, a nombre del Instituto Político en cuestión, ni mucho menos a nombre de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por los dos institutos políticos que se mencionan.
Pues en adición, cabe resaltar, que aun y cuando en las cláusulas décima y décima séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR JALISCO” establece que las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, aso (sic) como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el propio convenio de coalición; Sin embargo, si de origen RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA carece de representación para la celebración del convenio de coalición a nombre del Partido Revolucionario Institucional, luego entonces, por consecuencia
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carece de la representación para solicitar el registro de candidatos a nombre de la coalición, fundándose en el propio convenio de coalición.
Al respecto el artículo 241, párrafo 1, fracción III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establece que las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por el Consejo General del Instituto y contener escrito con firma autógrafa, del DIRIGENTE ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO, O EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
En este orden de ideas, si RAFAEL GONZÁLEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, fue quien firma las solicitudes de registro, de las planillas a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, lo hace en contravención de lo ordenado en el citado artículo 241, párrafo 1, fracción III de la Codificación Electoral de esta Entidad Federativa, pues el no es Dirigente Estatal en Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, y tampoco puede ser considerado como representante de la coalición en comento.
Razón por la cual es de considerarse que al aprobarse el registro de las candidaturas a munícipes para integrar los 125 municipios del estado de Jalisco, solicitadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA resulta del todo ilegal, ante su falta de representación tanto del Partido Revolucionario Institucional, como de la propia coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por dicho insitito (sic) político y por el Partido Verde Ecologista de México.
Lo que debió hacer la autoridad responsable es haber desechado de plano las solicitudes de registro de las planillas a munícipes firmadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 fracción III, 244 párrafos 2 y 4, y artículo 245, párrafo 1, fracción 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Al respecto resultan aplicables las siguientes Jurisprudencias:
…
Jurisprudencia 5/2001
CANDIDATOS. FACULTAD PARA SOLICITAR EL REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SIMILARES). …
Tesis CX12002
PERSONERÍA. LA REPRESENTACIÓN DELEGADA DE UN PARTIDO POLÍTICO DEBE CONSTAR EN INSTRUMENTO NOTARIAL. …
(…)
De lo anterior se desprende que el recurrente señala que le
causa agravio el acuerdo impugnado IEPC-ACG-084/12 de
veintiocho de abril de dos mil doce, emitido por el Consejo
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General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, que aprueba el registro de la planilla de
candidatos a munícipes, que presentó la coalición “Compromiso
Por Jalisco”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional
y por el Partido Verde Ecologista de México, por lo que respecta
al municipio de Ixtlahuacan del Río, Jalisco; al considerar que el
mismo, violenta el principio constitucional de legalidad; en razón
de que a su parecer, quien firma el convenio de coalición y la
modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de
registro de candidatos por la parte que representa al Partido
Revolucionario Institucional, a saber, Rafael González Pimienta,
no cuenta con facultades para ello.
Ahora bien, el agravio en estudio resulta infundado en virtud de
las consideraciones que a continuación se exponen:
A juicio de este Tribunal Electoral, resulta pertinente señalar que
del punto 5° quinto de los “Antecedentes” del acuerdo
impugnado, se observa que el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
hace referencia al diverso acuerdo identificado con la clave
alfanumérica IEPC-ACG-019/12 emitido el 24 veinticuatro de
febrero de 2012 dos mil doce, mediante el cual se aprobó el
registro del convenio de coalición que presentó el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
México, a la cual denominaron coalición “Compromiso por
Jalisco”, para contender en el proceso electoral local ordinario
2011-2012, en las elecciones de Gobernador, diputados por el
principio de Mayoría Relativa en cinco distritos electorales
locales y munícipes de los ciento veinticinco municipios que
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conforman el Estado de Jalisco, acuerdo que por tratarse de un
documento público consultable en el sitio o página web oficial del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco en la Internet, constituye un hecho notorio, por lo que
este Pleno del Tribunal Electoral, puede invocarlo en la presente
resolución.
Sirve para ilustrar lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX.2º.
J/24, visible a página 2470, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, de Enero de dos mil
nueve, Materia Común, Novena Época, bajo el rubro HECHO
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN
SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.
Así entonces, es necesario trascribir la Cláusula Décima
Séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, antes referido, que de manera textual señala:
“DÉCIMA SÉPTIMA.- Del registro de los candidatos de la coalición. Las
partes acuerdan que para tal efecto se apegan al “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2011-2012”, identificados con la clave IEPC-ACG-005/2012 y lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, 239, 240 y 241 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, así como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el presente convenio, teniendo las mismas facultades el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco del Partido Verde Ecologista de
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México en relación de los candidatos que postule este Instituto Político dentro de la coalición. Asimismo, los partidos que forman la presente coalición se obligan a remitir oportunamente a la instancia referida en el párrafo anterior, la documentación necesaria para el registro de los candidatos, o en su caso para la sustitución.” (lo resaltado es por parte de este Tribunal)
De lo antes trascrito se advierte claramente que contrario a lo
esgrimido por el recurrente, el Delegado Especial Encargado del
Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario
Institucional en Jalisco, a saber, Rafael González Pimienta, sí se
encontraba facultado para solicitar el registro de las
candidaturas postuladas por dicha coalición, pues así se pactó
de manera expresa en el convenio en estudio aprobado
mediante acuerdo identificado como IEPC-ACG-019/12, de 24
veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, mismo que
además no forma parte de la presente controversia, y por ello,
resulta ser un acto independiente, que al no haber sido
impugnado en su oportunidad, a la fecha se encuentra incólume
y debe entenderse como un acto consentido tácitamente.
Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 23/2000 y
9/2001, consultables en la páginas 235 y 236 así como 236 a la
238, respectivamente, de la Compilación 1997-2010
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1
Jurisprudencia, que refieren:
DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito
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que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.”
“DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. El actor queda exonerado de agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral local, en los casos en que el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y definitivo. En efecto, la razón que constituye la base lógica y jurídica para imponer al justiciable la carga de recurrir previamente a los medios ordinarios, antes de acceder a la justicia constitucional federal, radica en la explicación de sentido común de que tales medios de impugnación no son meras exigencias formales para retardar la impartición de la justicia, obstáculos impuestos al gobernado con el afán de dificultarle la preservación de sus derechos ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela efectiva que les garantiza la Constitución federal, sino instrumentos aptos y suficientes para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución que se combata; y al ser así las cosas, se impone deducir que, cuando ese propósito o finalidad no se puede satisfacer en algún caso concreto, ya sea por las especiales peculiaridades del asunto, por la forma en que se encuentren regulados los procesos impugnativos comunes, o por las actitudes de la propia autoridad responsable o de la que conoce o deba conocer de algún juicio o recurso de los aludidos, entonces se extingue la carga procesal de agotarlos, y por tanto se puede ocurrir directamente a la vía constitucional, pues las situaciones apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos cautelares, ni es posible fáctica ni jurídicamente retrotraer las cosas al tiempo pasado en que se cometieron las violaciones, mediante la reposición de un proceso electoral.”
En este sentido, no debe soslayarse que el referido acuerdo
IEPC-ACG-019/12 donde fue aprobado el convenio de la
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coalición denominada “Compromiso por Jalisco” deviene en un
acto anterior que fue consentido y que a su vez, trajo como
consecuencia la emisión de un acto posterior derivado de
manera directa de ese consentimiento, esto es, la aprobación de
las planillas de candidatos a munícipes, presentadas por la
coalición “Compromiso por Jalisco”, contenida en el acuerdo
identificado como IEPC-ACG-084/12; por tanto, el agravio
expresado por el actor consistente en la supuesta falta de
personería del representante del Partido Revolucionario
Institucional, resulta ser un acto derivado del consentimiento del
diverso acuerdo IEPC-ACG-019/12, en el que se aprobó el
registro del convenio de la referida coalición integrada por el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista
de México; ello, en virtud de que en el aludido acuerdo en el que
se aprobó el convenio de coalición, se otorgó de manera
expresa la facultad a Rafael González Pimienta, para suscribir el
registro de las candidaturas postuladas y aprobadas por el ahora
acuerdo IEPC-ACG-084/12, impugnado en el presente asunto.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que de las actuaciones que
integran el recurso de apelación en estudio, se advierte que el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, anexó a su informe
circunstanciado, copia certificada del proveído de 12 doce de
enero de dos mil doce, en el cual se tuvo a al ciudadano Gerardo
Álvarez Romero, en su carácter de Consejero Suplente
Representante del Partido Revolucionario Institucional,
exhibiendo copia certificada del ACUERDO DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL POR EL QUE SE CREAN DELEGACIONES
ESPECIALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL PARA EL
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DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y LA SECREATRÍA GENERAL DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE JALISCO Y SE DESIGNAN A SUS
TITULARES y por ende, se tuvo al Partido Revolucionario
Institucional, dando cumplimiento a la obligación que le impone
el artículo 68, párrafo 1, fracción XIII, del Código Electoral y de
Participación ciudadana del Estado de Jalisco, en el sentido de
comunicar al Instituto, los cambios de los integrantes de sus
órganos directivos, y como consecuencia de ello, comunicando
que se designó al Licenciado Rafael González Pimienta, como
Delegado Especial para el despacho de la Presidencia del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de Jalisco, hasta en tanto se convoque y efectúe el
procedimiento estatutario para la elección de los titulares
respectivos, situación tampoco impugnada en su oportunidad;
por lo cual, se reitera que el acto que ahora impugna, constituye
una consecuencia del consentimiento de lo narrado en líneas
precedentes y, por ello, sí le asistió a Rafael González Pimienta,
la facultad para solicitar el registro de las planillas de candidatos
a munícipes, por parte de la coalición “Compromiso por Jalisco”.
Así entonces, como se precisó en párrafos precedentes, al haber
suscrito la solicitud de registro de la planilla de candidatos
aprobada, el ciudadano Rafael González Pimienta, en su
carácter de Delegado Especial encargado del despacho de la
Presidencia del Partido Revolucionario Institucional, no le asiste
la razón al apelante, en virtud de que contrario a lo señalado por
su parte, sí cuenta con facultades para ello.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio primero esgrimido por el
apelante, y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VI. Por lo que se refiere al “Segundo” motivo de agravio, el partido
político actor, argumenta lo siguiente:
HECHOS:
(…)
Segundo. Dentro de la etapa correspondiente al registro de candidatos de
los partidos políticos, con fecha quince de abril del año en curso, como es
un hecho notorio y público, acudieron a presentar su registro de candidatos
para los municipios del Estado de Jalisco, la Coalición “COMPROMISO
POR JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Verde Ecologista de México.
Dentro del mencionado proceso de registro fue evidente que al momento de
registrar las planillas y entregar la documentación requerida según la ley de
la materia, estas fueron recibidas incompletas y fuera del límite establecido
en el artículo 240, fracción IV del Código Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco, además de carente de los requisitos que establece el
artículo 241, punto 1, fracción II y llI.
Cabe señalar que fue el último día de los que se establecen en la ley para
presentar el registro de las planillas, la fecha en la cual acudieron al
mencionado proceso de registro, y en el cual ocurrieron una serie de
irregularidades por parte de la Autoridad Administrativa Electoral, al
momento de la recepción de la documentación para la integración de los
expedientes de los candidatos de la mencionada coalición.
Esto es así pues El Instituto Electoral de manera constante y repetida
obstaculizó al suscrito para conocer con veracidad la documentación real
que se estaba entregando, impidiéndome conocer puntualmente si era
entregado cada documento exigido por la ley para el registro de las planillas
de candidato a munícipe.
Tercero. Posteriormente con fecha veintiocho de abril del presente año, el
Consejo General del Instituto Electoral, decidió de manera ilegal aprobar el
registro de las 125 planillas de candidatos a Presidente Municipal,
Regidores y Síndico postulados por la Coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México, correspondientes a los Ayuntamientos del
Estado de Jalisco.
Cuarto. Entre los registros aprobados esta el correspondiente a la planilla
correspondiente al municipio de IXTLAHUACAN DEL RÍO, Jalisco, misma
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que fue presentada para su registro fuera del plazo legal previsto para tal
efecto, además de carente de los requisitos que establece el artículo 241,
punto 1, fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana de
Jalisco.
(…)
AGRAVIOS
(…)
Segundo. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 9, 14, 16, 41, 35, 116, fracción IV, inciso b) y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracción X de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 1, punto dos, 24, 29, 229, 239, punto uno, fracción IV, 241, fracciones II y III, 245, punto uno, fracciones I, III y IV, 246, 115, 120 punto 1, y 500, punto 1, fracción I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en virtud de que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de IXTLAHUACAN DEL RÍO, Jalisco, no obstante de que la solicitud de registro fue presentada después de concluido el plazo legal previsto para tal efecto, además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1, fracción II y III.
El principio de legalidad, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal.
Al respecto resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.—…
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 234-235.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996.—….
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, páginas 57-58, Sala Superior, tesis S3EL 034/97.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 798-799.
Una definición doctrinal del Ayuntamiento lo explica de la siguiente manera: Órgano colegiado y deliberante que asume la representación y el gobierno del municipio. Integrado por los Regidores, él o los Síndicos y el Presidente Municipal.
El sistema de elección municipal, denominado “de planillas”, puede resumirse de la siguiente forma: 1) en un mismo acto político (el acto del sufragio) se elige, mediante un “voto simultáneo” todo el cuerpo político del ayuntamiento; 2) de la planilla ganadora emana el presidente municipal, uno o más síndicos, y un número predeterminado de regidores “de mayoría”; y 3) de las planillas perdedoras que alcancen el umbral de representación requerido se complementa el cuerpo edilicio con un grupo de regidores de “representación proporcional”.
Este sistema, que se encuentra estatuido en la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, la
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que en su artículo 3 señala “Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa”, a su vez el numeral 10 de dicho cuerpo normativo establece “Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se determinan en la ley estatal en materia electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas; y permanecen en sus cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de cada período.
Ahora bien, de conformidad al artículo 134, fracción XVI y 246, párrafo uno, fracción II del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es la autoridad competente para aprobar la procedencia del registro de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de IXTLAHUACAN DEL RÍO, Jalisco, para lo cual, deberá revisar que la solicitud de registro cumpla con los requisitos que al efecto establece el Código Electoral y de Participación Ciudadana, así como la Constitución Política del Estado de Jalisco.
El artículo 240, punto uno, fracción IV del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señala que el plazo para la presentación de las solicitudes de registro en el caso de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, concluye el día 15 de abril del año de la elección.
Ahora bien, de una interpretación sistemática, funcional y gramatical de los artículos 21, 24, punto tres, 239, fracción IV, 240, fracción IV, 244 y demás relativos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se advierte lo siguiente:
1. La elección de integrantes de los ayuntamientos del Estado de Jalisco, se realizará mediante la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, que registren los partidos políticos y candidatos ordenado de forma progresiva en la que se incluya el numero de regidores propietario y suplentes correspondientes.
2. Los partidos políticos o coaliciones deberán registrar la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico durante el plazo previsto para tal efecto, cumpliendo con los requisitos formales y materiales que la ley establece.
3. En caso de que faltara algún requisito formal, (copia certificada del acta de nacimiento, escrito con firma autógrafa del estatal en el que manifieste bajo protesta que los ciudadanos que se registran fueron seleccionados de conformidad con los estatutos, etcétera) la autoridad electoral, podrá requerir al partido o coalición, para que subsane la inconsistencia.
4. Únicamente podrán se subsanables los requisitos que deben
acompañarse a la presentación de la solicitud de registro de la planilla.
5. En caso de presentarse la solicitud de la planilla fuera del plazo previsto
será motivo de desechamiento de la misma.
Ahora bien, como se advierte del expediente relativo al registro de la planilla de cuenta, la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, presentó una serie de documentos al momento de fenecer el plazo legal, sin embargo tal y como lo certificó la propia autoridad electoral, existían deficiencias y omisiones no subsanables.
Es decir, la planilla impugnada no presentó la totalidad de los documentos que establece el artículo 241, fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que a la letra señala que deben contener:
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Artículo 241.
1. Las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por
I…
II. A la solicitud de cada uno de los ciudadanos propuestos a candidatos propietarios y suplentes, se deberá acompañar sin excepción los documentos siguientes:
a) Escrito con firma autógrafa en el que los ciudadanos propuestos como candidatos manifiesten su aceptación para ser registrados y en el que bajo protesta de decir verdad expresen que cumplen con todos y cada uno de los requisitos que establecen la Constitución Política del Estado y este Código;
b) Copia certificada del acta de nacimiento o certificación del registro del nacimiento, expedidas en ambos casos por la oficina del registro civil;
c) Copia certificada por Notario Público o autoridad competente de la credencial para votar;
d) Constancia de residencia, cuando no sean nativos de la Entidad, expedida con una antigüedad no mayor de tres meses por el Ayuntamiento al que corresponda su domicilio; y
e) Copia certificada por autoridad competente de la constancia de rendición de la declaración de situación patrimonial, cuando se trate de servidores públicos.
III. Escrito con firma autógrafa, del dirigente estatal del partido político, o en su caso, del representante de la coalición, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
Tal y como se ha señalado en los puntos que anteceden en la presente impugnación, es hecho notorio, público y evidente, que existió por parte de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, una ausencia total en la entrega de los documentos que señala el artículo antes transcrito, aunado a la falta del escrito del representante de la referida coalición, en la cual no se señala de manera clara la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que especifique los ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así como los documentos en los que sustentan el cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad.
La previsión legal consignada en el artículo 244 del Código Local, señala que en caso de faltar alguno de los requisitos que deben presentarse a cada solicitud, la autoridad electoral, podrá requerir a los partidos para que subsanen las deficiencias en la integración del expediente, lo que no implica que puedan cubrir sus omisiones una vez agotado el plazo que la ley les otorga para realizar el registro, pues hacerlo de esta forma implica extender el plazo previsto.
Es pertinente distinguir, que existen dos tipos de inconsistencia, las subsanables y aquellas que por su carácter no pueden ser reparables.
Así las cosas, son omisiones subsanables, aquellas que por sus características no atañen directamente a una cuestión pública, o afectan de manera directa los principios de certeza, equidad e imparcialidad rectores de la función electoral.
En ese sentido, el hecho de que la solicitud de registro de la planilla de candidatos no se presente antes de la fecha prevista, no sea entregada la documentación requerida, así como que no cumpla con los requisitos que señalan los incisos a) de la fracción II, y lo previsto en la fracción III del párrafo 1 del artículo 241 del Código del Estado, son requisitos que no pueden ser subsanables, toda vez, que una interpretación contraria, reduciría al absurdo de suponer que un partido político presente una solicitud de registro con el nombre de sólo un candidato, o bien, que haga entrega de una serie de documentos inconexos con el sólo afán de generar
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un precedente, y contar con los elementos para ampliar el plazo previsto para la integración de la planilla de candidatos, y ahora si estar en aptitud de solicitar su registro.
De lo señalado, se advierte que en el caso de que la solicitud de registro no contenga ningún documento, ni el nombre de por todos los integrantes de la planilla, es un vicio invalidante, que para subsanarlo se tendría que abrir un nuevo plazo para la presentación de la solicitud de registro, en razón de que como se ha señalado con antelación, el registro de candidatos se llevará a cabo por planillas completas, y no como en el caso, en el que sólo no se presentaron el total de los integrantes de la misma.
Al caso, esta autoridad deberá tomar en consideración el principio de impugnabilidad rector de los medios de impugnación en materia electoral, mismo que señala que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales tienen la posibilidad de se (sic) combatidos o impugnados, es decir, que todos los actos de las autoridades electorales tienen mecanismos de oposición para que puedan ser objeto de un nuevo análisis, estableciéndose como una garantía a todos los sujetos del derecho electoral, el poder acudir ante las autoridades a fin de ventilar todas aquellas situaciones que provoquen disconformidad de dichos actos o resoluciones.
(…)
De lo trasunto se desprende que el actor se duele en esencia de
la supuesta ilegalidad de la resolución emitida por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el 28 veintiocho de abril del 2012 dos mil
doce, que aprobó el registro de las planillas de Presidente
Municipal, Regidores y Sindico de los 125 ciento veinticinco
Ayuntamientos postulados por la Coalición “Compromiso por
Jalisco”, entre ellas la planilla relativa al Municipio de Ixtlahuacan
del Río, Jalisco, en razón de la presentación extemporánea de la
solicitud correspondiente, así como por la insuficiencia de los
requisitos necesarios para obtener el registro de mérito.
El apelante abunda en que la Coalición “Compromiso por
Jalisco” para el registro de la planilla de munícipes en comento,
al momento de fenecer el plazo legal conducente, presentó una
serie de documentos deficientes y con omisiones no
subsanables.
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De igual forma, el actor señala que no se presentó ante la
autoridad responsable la totalidad de los documentos requeridos
en vía de cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo
241, fracciones II y III del Código en la materia.
Aunado a lo anterior, el recurrente aduce textualmente que al
registro de la planilla de munícipes en comento, le faltó el escrito
del representante de la Coalición en cita, en la (sic) cual no se
señala de manera clara, la postulación formal de la planilla
impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que se
especifique los nombres de los ciudadanos que la integran, el
orden de prelación con que son propuestos, el carácter de
propietario o suplente, así como en los documentos en los que
se sustenta el cumplimiento de los requisitos legales de
elegibilidad.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO, esto es así, porque del
análisis de los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a
la conclusión de que los mismos, consisten en meras
apreciaciones subjetivas, genéricas e imprecisas que no cuentan
con los elementos suficientes para combatir el estudio de fondo
de la resolución recurrida.
En principio, porque en atención a lo previsto en el artículo 544,
párrafo 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación
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que se someten a su consideración, se encuentra obligado a
suplir las deficiencias en la expresión de los agravios
planteados, también lo es que se llevará a cabo, siempre y
cuando, éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos
expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Al respecto, conviene precisar que ha sido criterio reiterado por
este Tribunal Electoral, que los conceptos de agravio se pueden
tener por formulados independientemente de su ubicación en
determinado capítulo o sección de la demanda, así como de su
presentación, planteamiento o construcción lógica; debido a que
no es requisito sine qua non que se encuentren contenidos en
un capítulo especial de conceptos de agravio, siempre y cuando,
éstos expresen las violaciones legales que se considere fueron
cometidas por la autoridad responsable, en cualquier parte del
escrito inicial de demanda, exponiendo con toda claridad los
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razonamientos lógico jurídicos por los cuales se concluya que no
se actuó conforme a derecho.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 03/2000
y 02/98, consultables a páginas 117 a la 119, de la "Compilación
1997-2010” de Jurisprudencia y tesis, tomo de Jurisprudencia,
Volumen 1, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, bajo los rubros: "AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y
"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL".
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
En este tenor, si bien es cierto que el Tribunal Electoral esta
facultado para resolver supliendo la deficiencia en la expresión
del agravio, siempre y cuando, de la propia redacción del escrito
de demanda, se desprendan los elementos mínimos necesarios
de los cuales, inclusive, aún estando inconexos entre sí, se
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pueda colegir el planteamiento de agravios específicamente
formulados para destruir frontalmente el acto que se impugna;
también es cierto que, en oposición a lo anterior, cuando del
libelo impugnativo no se desprenda elemento, hecho o
manifestación clara y precisa a partir de la cual se pueda
formular un agravio concreto, este órgano jurisdiccional se
encuentra impedido para ir más allá de la intensión del actor y
consecuentemente, configurar ex officio la expresión del agravio
pertinente para alcanzar las pretensiones planteadas por el
partido político actor, puesto que tal situación no sería una
suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel del
promovente.
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
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le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio y se subsuma en
la responsable, para realizar el trabajo que le corresponde a
ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades o
inconsistencias, proceda a declarar su revocación u ordenar se
subsanen.
En el caso que nos ocupa, de la lectura integral del escrito de
demanda, se advierte que el partido político apelante intenta
controvertir la legalidad del acuerdo emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, identificado como IEPC-ACG-084/12, de
fecha 28 veintiocho de abril del año en curso, mediante el cual
se aprobó del registro de las 125 ciento veinticinco planillas de
munícipes postuladas por la Coalición “Compromiso por Jalisco”,
que habrán de participar en la contienda electoral del próximo
primero de julio, para renovar los ayuntamientos que integran el
Estado de Jalisco; arguyendo que se vulneran los diversos
artículos en virtud de que la autoridad responsable aprobó el
registro de la planilla de munícipes para la conducente
postulación relativa al Ayuntamiento Ixtlahuacan del Río; no
obstante de que dicho registro fue presentado una vez fenecido
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el plazo legal previsto para tal efecto y además, carente de los
requisitos a que se encuentra sujeto.
Así mismo, del estudio acucioso del escrito de demanda de
apelación, se advierte que el actor intenta configurar un agravio
tendiente a atacar la legalidad de dicho registro en su conjunto,
fundamentándose en diversos preceptos de orden constitucional
y legal que de ninguna manera utiliza como motivación para
sostener sus argumentos.
En efecto, únicamente expresa en forma genérica que le causa
agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de
candidatos a postularse en los 125 ciento veinticinco municipios,
sin embargo, no hace valer motivo de disenso específico,
concreto, objetivo y frontal, a través del cual manifieste qué
parte, o sí la totalidad del acuerdo impugnado emitido por la
responsable, mediante el cual aprueba el registro de las planillas
en comento, le resulta carente de derecho o ilegal, no discurre
en razonamientos o justificaciones lógicas específicas y
concisas, imposibilitando a este Tribunal Electoral a aplicar el
principio de la suplencia del agravio, dado que ni en forma
mínima se advierte la expresión de un motivo de disenso claro y
frontal.
Sin embargo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional
que si bien es cierto, que el apelante plantea la impugnación de
la aprobación del registro de las 125 ciento veinticinco planillas
en forma genérica y oscura; también lo es que identifica en este
Recurso de Apelación, la planilla correspondiente al
Ayuntamiento de Ixtlahuacan del Río, Jalisco; respecto del cual
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precisa tres actos aprobados por la responsable y que considera
motivos de agravio, mismos que serán estudiados en el orden de
prelación establecido por el actor:
y) La extemporaneidad en la presentación de la solicitud de
registro de la planilla de munícipes de mérito;
z) La presentación de la solicitud de registro carente de los
documentos que establece el artículo 241, fracción II y III
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco.
aa) Omisión en la presentación del escrito del representante de
la Coalición “Compromiso por Jalisco”, con firma autógrafa
de éste, mediante la cual (sic) no se señala de manera clara
la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un
escrito con firma autógrafa en el que se especifique los
ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que
son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así
como los documentos en los que sustentan el cumplimiento
de los requisitos legales de elegibilidad.
a) Extemporaneidad de la presentación de la solicitud para
el registro de la planilla de munícipes.
En cuanto al motivo de agravio señalado en el inciso a), este
órgano jurisdiccional sostiene que es infundado dado que el
recurrente realiza consideración referente a que se entregaron
documentos fuera del plazo legal previsto para el registro de la
planilla de mérito; sin embargo del escrito de demanda no se
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desprende argumento toral encaminado a expresar en qué
consistió esencialmente dicha extemporaneidad.
En efecto, no existe elemento alguno en el libelo impugnativo a
partir del cual, este órgano resolutor pueda obtener los datos
específicos que arrojen la fecha y hora de la supuesta entrega
extemporánea de la presentación de la solicitud del registro de
mérito, de tal forma, que puedan ser contrastado con lo que
sostiene la autoridad responsable en el acuerdo que se
impugna, y en consecuencia se pueda colegir que dicho registro
fue presentado fuera del término previsto para lo conducente.
En esa virtud, es importante mencionar que de la lectura del
acuerdo impugnado, se advierte que la autoridad responsable
aprobó y realizó el registro de la planilla para el municipio de
Ixtlahuacan del Río, Jalisco, por haber sido satisfechos los
requisitos del mismo.
Por lo tanto, en seguimiento al principio de que lo ordinario se
presume, lo extraordinario se demuestra, este órgano
jurisdiccional sostiene que, en el presente caso, lo ordinario se
encuentra en la presentación de la solicitud del registro de la
planilla de munícipes en cuestión, dentro del plazo legal previsto
para tal efecto, situación que se hizo de manifiesto por la propia
responsable a través de la emisión del referido acuerdo
impugnado en el que se estableció que la planilla de munícipes
se aprobó y registró en virtud de que se cumplimentaron todos y
cada uno de los requisitos legales previstos para tal efecto, entre
ellos el relativo al de la oportunidad en la presentación de la
solicitud conducente, sin hacer mayor detenimiento o
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consideración al respecto; mientras que lo extraordinario, es
decir la supuesta extemporaneidad, se debió demostrar por
parte del recurrente, a través de la aportación de elementos
probatorios, contundentes y consistentes en los que figurara o
explicara claramente la circunstancia específica en las que,
según su dicho, radicó tal ilegalidad.
b) Estudio en general de los requisitos contenidos en el
artículo 241 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que ve al inciso b) tocante a la carencia de los
documentos requeridos en vía de requisitos necesarios para
obtener la aprobación del registro de la planilla de munícipes, el
partido político incoante manifiesta expresamente que existió en
dicha documentación, deficiencias y omisiones en su entrega.
Con respecto a este motivo de disenso, este órgano
jurisdiccional sostiene que deviene en infundado pues tal como
se advierte claramente de la argumentación vertida por el
recurrente en el escrito de demanda, la expresión en los mismos
redunda en consideraciones generales e imprecisas que resultan
insuficientes para revisar acuciosamente los defectos que en
específico, la aprobación del registro de la planilla de munícipes,
de ser el caso, pudiera presentar.
En efecto, tal como el mismo partido político actor lo indica, no
se advierten elementos esenciales tales como nombres, la
identificación de los documentos precisos de los cuales hubiera
carecido el registro, así mismo no se desprende cuál de los
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requisitos que establece el articulo 241, fracción II y III del
Código en la materia son los faltantes o en su caso deficientes.
Así pues, el apelante se limita a exponer textualmente lo que
detalla el artículo de referencia, sin embargo de ninguna forma
aporta elementos que aún inconexos entre sí, de los cuáles en
suplencia del agravio, sea posible colegir la aducida omisión en
la entrega de uno o algunos de los documentos presentados en
vía de requisitos; de ninguna forma individualiza o identifica los
supuestos requisitos faltantes o deficientes y aún menos
contextualiza la integración en específico del registro de la
planilla que controvierte.
En este tenor, conviene precisar que el actor expone agravios en
el desarrollo de su escrito de apelación, que se contradicen entre
sí, dado que en las primeras fojas de su demanda aduce que se
aprobó el registro de la planilla de munícipes de mérito, aún y
cuando en su correspondiente presentación existió la carencia
de documentos; sin embargo, en fojas más adelante del mismo
escrito, el incoante señala que los documentos requisitados
fueron entregados con deficiencias y así mismo, en los
subsiguientes renglones, termina arguyendo que existió por
parte de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, la ausencia total
de los requisitos que establece el precepto conducente; en
consecuencia, se colige que los argumentos vertidos por el
apelante devienen en incongruentes y contradictorios entre sí,
pues si da inicio a su apelación alegando la supuesta carencia
en una serie de documentos, continua denotando la deficiencia
en los mismos y concluye el libelo impugnativo, sosteniendo la
ausencia total de los mismos; expresiones en las cuales no se
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encuentra una congruencia o secuencia lógica argumentativa de
la que sea posible desprender argumentos sólidos y concretos
dirigidos a combatir la aducida ilegalidad de acto impugnado.
En consecuencia, se advierte que el motivo de agravio
expresado por el partido político promovente es genérico e
impreciso, pues no identifica cuáles requisitos de los previstos
en el artículo 241, párrafo 1, fracción II y III, considera que no
fueron presentados o cuál de ellos fueron presentados en forma
deficiente, así mismo, omite expresar argumentos mediante los
cuales especifique de forma frontal y precisa en qué parte de
documento mediante el cual se aprueba el registro de la planilla,
se encuentra la supuesta ilegalidad; sino que contrario a ello,
únicamente se limita a manifestar de forma por demás vaga e
indeterminada, que los documentos presentan "deficiencias u
omisiones no subsanables”, “ausencia total en la entrega de
documentos” “registro fue presentado carente de los
documentos que establece el artículo 241, párrafo 1, fracción II y
III”, por lo que al no proporcionar elementos suficientes para
permitirle un estudio de los agravios, o en su caso una suplencia
en los mismos, tales argumentos resultan infundados
En conclusión, tal como se apuntó en los primeros párrafos del
presente considerando, si bien es cierto que este Tribunal
Electoral se encuentra obligado legalmente a aplicar el principio
de la suplencia de los agravios, siempre y cuando, éstos puedan
deducirse de los hechos expuestos; también es cierto que este
órgano resolutor se encuentra limitado por los propios
argumentos que le aporta el apelante para el estudio de sus
motivos de agravio.
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Por lo tanto, al no contribuir el apelante con la carga de aportar
los elementos concretos y definidos revisables individualmente y
por ende, caer en la omisión de precisar puntual y
específicamente cuál o qué parte del acto impugnado considera
que se aparta de la legalidad, es absurdo pretender que este
Tribunal Electoral, bajo el amparo de ejercicio del principio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio, encamine las
pretensiones del actor y construya o formule agravios, tendientes
a realizar actos cuya competencia pertenece únicamente a la
responsable.
c) Estudio del requisito contenido en la fracción III, del
párrafo 1, del artículo 241 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por último, en cuanto al motivo de agravio contenido en el inciso
c), relativo a la omisión en la presentación del escrito del
representante de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, en el
cual no se señala de manera clara la postulación formal de la
planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en
el que se especifique los ciudadanos que la integran, el orden de
prelación en que son propuestos, el carácter de propietario o
suplente, así como los documentos en los que sustentan el
cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad, este
Tribunal Electoral advierte que los mismos devienen en
infundados por las consideraciones siguientes.
La autoridad electoral como garante de los principios
democráticos y salvaguarda de los derechos políticos de los
ciudadanos, lejos de restringir disposiciones legales que tutelen
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los derechos consagrados en normas constitucionales, se
encuentra sujeta a realizar una interpretación extensiva de los
mismos, toda vez que éstos no son excepciones o privilegios
concedidos a favor de algunos, sino que se trata de derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales
debe ser ampliados, no restringidos, ni mucho menos
suprimidos, en estricto apego a lo ordenado por los artículos 1,
32, 35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De esta forma la limitación al ejercicio del sufragio pasivo, se
acota exclusivamente a razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o
condena, más nunca se debe condicionar, entre otras
cuestiones, a una facultad discrecional de un partido político; lo
anterior en términos de lo establecido en el artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en
atención de la reciente reforma, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 10 diez de junio del presente año, garantiza que
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Carta Magna, en los tratados internacionales
de los México sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse,
por el contrario, se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a
las personas con la protección más amplia.
Bajo esta tesitura, en el presente caso, que el apelante pretenda
la revocación del acto impugnado en virtud de que la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, supuestamente omitió la presentación
ante la autoridad responsable, del escrito del representante legal
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o, en su caso, este se hubiese presentado sin su firma
autógrafa, a través del cual se precise de manera clara la
postulación de los candidatos integrantes de la planilla, su
conducente carácter de propietarios o suplentes, así como los
documentos en los que sustentan el cumplimiento de los
requisitos legales de elegibilidad; vulnera en perjuicio de los
candidatos su derecho fundamental sustantivo consistente en la
prerrogativa ciudadana del derecho pasivo del voto, tutelada por
el artículo 35, fracción II de la Constitución General de la
República y 8, fracción II de la Constitución Política de la
entidad.
En efecto, los ciudadanos candidatos a munícipes integrantes de
la planilla impugnada, desde el momento en que compitieron en
los respectivos procedimientos selectivos internos y resultaron
electos, cuentan con el derecho humano fundamental del
sufragio en su vertiente pasiva, por lo que al requerir para su
registro, la presentación de un diverso escrito signado por el
representante legal de la Coalición en comento, impone un
requisito que se encuentra fuera de las posibilidades tanto
jurídicas, como materiales del candidato, lo que se traduce en
una limitación al derecho humano de referencia, criterio que se
aparta claramente al relativo a la potenciación de los derechos
humanos.
Al respecto, conviene precisar que similar criterio sostuvo el 27
veintisiete de abril del año en curso, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional de
la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en
Guadalajara, Jalisco, en sentencia de los Juicios para la
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Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
identificados bajo las siglas y número de expediente SG-JDC-
3162/2012 y sus acumulados SG-JDC-3163/2012 al SG-JDC-
3187/2012.
En abundancia a lo anterior, no pasa inadvertido para este
órgano resolutor que el apelante aporta argumentos
contradictorios entre sí que se desprende de los propios motivos
de agravios, ello en función de que por una parte, el recurrente
intentó controvertir la facultad del representante de la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, tanto para celebrar dicho instrumento
jurídico, como para signar y presentar las solicitudes de registro
de diversas candidaturas que fueron posteriormente aprobadas
por la autoridad responsable, de lo que se deduce que
efectivamente en el procedimiento de registro de las
candidaturas que se llevó a cabo por la Coalición en cita, se
exhibió documento diverso en el que constó fehacientemente la
rúbrica del referido represente; mientras que por otro lado, en el
presente motivo de agravio, aduce que dicho escrito no se
aportó, o que en su caso, el mismo carecía de la firma autógrafa
de dicho representante.
En consecuencia, se colige que el escrito de apelación es
incongruente en virtud de que por una parte acepta que dicho
escrito fue presentado con la firma del representante de la
Coalición y al mismo tiempo, niega lo anterior, y aduce la
omisión en la presentación del mismo, o en su caso, la falta de
rúbrica del representante de referencia.
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Por lo anteriormente, fundado y motivado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio segundo esgrimido por el
apelante y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VII. El motivo de agravio que el apelante identifica en su escrito de
demanda como “Tercero”, es el que a continuación se transcribe:
Tercero. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 5, punto 1, 17 párrafo 2, en relación con el 24, punto 3 y 68, punto 1, fracción XIX, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como el numeral 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones III y IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, inciso b), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en virtud de que la autoridad responsable aprobó el registro de la planilla del ayuntamiento IXTLAHUACAN DEL RÍO, presentada por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, contraviniendo el principio de equidad de género, al violarse el orden de prelación que debe de tener la planilla impugnada.
Esto es así, toda vez que la Autoridad Administrativa, omitió de manera flagrante el estudio de la integración de la planilla impugnada, por lo que ve al cumplimiento de la cuota de género que la ley establece.
El artículo 17, segundo párrafo, establece que las solicitudes de registro de que presenten los partidos o coaliciones, ante el Instituto Electoral, se integrarán con un máximo de setenta por ciento de candidatos de un solo sexo y garantizando la inclusión de un candidato del sexo distinto en cada tres lugares de la lista, hasta lograr el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, a partir del cual el orden se decidirá libremente por cada partido, hecho tal que no fue analizado al momento de declarar la validez del registro de la planilla de Presidente, Síndico y Regidores del Municipio de IXTLAHUACAN DEL RÍO, Jalisco, pues es evidente que el mismo no cumple con tal paridad.
Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual resulta aplicable de manera análoga al caso que nos ocupa:
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. CÓMO SE DEBE APLICAR LA ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATOS.-….
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 48 y 49.
En virtud de lo anterior, se debe entender que la regla de alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional, consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar dicho número y cumplir con el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.
La finalidad de esta regla es el equilibrio entre los candidatos de ambos sexos y, a la postre, lograr la participación política efectiva de hombres y
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mujeres, en un plano de igualdad sustancial o real y efectiva, con el objetivo de mejorar la calidad de la representación política, y de eliminar los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política.
Es por todo lo anteriormente señalado, que la Autoridad Responsable al declarar como válido el registro de la planilla impugnada, viola lo establecido con el principio de equidad de género que establece no solo la legislación estatal, sino que también se encuentra consagrado en la ley federal electoral, en la Constitución Política Federal y el las leyes y tratados internacionales.
Ahora bien, a fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, también es necesario que el treinta por ciento de los candidatos de género distinto, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, esté compuesto en sus propietarios y suplentes por personas del mismo género, y no solo cumplir la cuota de género en propietarios por una parte, sin encontrar esa coincidencia en sus suplentes, aún y cuando en los suplentes también se cumpla con ese treinta por ciento. Si no que repito, debe ser coincidente, el género del propietario con el de su suplente, en ese treinta por ciento, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, en el cumplimiento de cuotas de género.
Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio ciudadano identificado con número de expediente SUP-JDC-12624/2011, se ha pronunciado en ese sentido, de que deben ser coincidentes en el género, el propietario con su respectivo suplente, en los candidatos que son parte del porcentaje del mismo género, que como mínimo están obligados a registrar los partidos políticos (cuota de género).
Pues lo que busca la norma, es garantizar la equidad de género y la igualdad de oportunidades, entre hombres y mujeres, sin favorecer a un género en específico. Obligación, que procura la paridad de género en la vida política del país, y que implica que esa paridad también deba reflejarse en la ocupación de los cargos de elección popular obtenidos por cada partido. De otra manera, no tendría sentido el establecimiento de cuotas de género en la designación de candidaturas a cargos de elección popular.
El hecho de que los candidatos que conforman la cuota de género, sean precisamente coincidentes en el género en forma alguna vulnera la paridad exigida por la norma. Esto es así porque si los candidatos propietarios cumplen con la regla prevista en el citado artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, los suplentes también lo harán. De esta forma, si llegaran a presentarse vacantes en los propietarios, éstos serían sustituidos por personas del mismo género y, por lo tanto, se conservaría el equilibrio de género no sólo en las candidaturas, sino también en la ocupación y ejercicio de los cargos respectivos.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se garantiza esa equidad de género, tanto en la postulación, como en su momento de llegarlo a ser, en el ejercicio del cargo, al no ser coincidentes en el género, los propietarios con sus suplentes, de las candidaturas que nos ocupan, vulnerando con eso el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.
De lo anterior, en esencia se desprende que el actor se duele de
que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla del
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Ayuntamiento de Ixtlahuacan del Río, Jalisco, postulada por la
Coalición “Compromiso por Jalisco”, omitiendo el estudio relativo
al principio de equidad de género.
En este sentido, el partido político apelante argumenta que en la
integración de la planilla de munícipes en cuestión, no se
respetó la cuota de género regulada jurídicamente en la entidad,
que no existe orden de alternancia o prelación en éstos y
tampoco así, coincidencia de sexo entre los candidatos
propietarios y los suplentes; situación contraria a lo que dispone
la normatividad electoral, así como los criterios emitidos por el
órgano federal electoral, previstos para tal efecto.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO porque del análisis de
los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a la
conclusión de que los mismos, consisten en manifestaciones
dogmáticas, genéricas e imprecisas de las cuales no se
advierten elementos suficientes para combatir el fondo de la
resolución recurrida y relativa a la aprobación de la planilla de
munícipes en comento.
En principio, porque tal como se estableció en el considerando
anterior, en atención a lo previsto en el artículo 544, párrafo 1 del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación que se
someten a su consideración, tiene la facultad de suplir las
deficiencias en la expresión de los agravios planteados, también
RAP-172/2012
45
lo es que se llevará a cabo, siempre y cuando, éstos puedan ser
deducidos claramente de los hechos expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor, implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
RAP-172/2012
46
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiencia en la expresión del agravio, y se
subsuma en la responsable, para realizar el trabajo que le
corresponde a ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades,
proceda a declarar su revocación u ordenar se subsanen.
RAP-172/2012
47
En el caso que nos ocupa, el partido político apelante intenta
controvertir del registro de la planilla de munícipes del
Ayuntamiento de Ixtlahuacan del Río, Jalisco, aduciendo como
agravio que no se garantiza la equidad de género que debe
imperar por mandato constitucional y legal en la integración de
dichos órganos de gobierno municipal.
Al respecto, realiza en el libelo impugnativo una descripción
dogmática de la forma y términos en que ambos tipos de género
deben distribuirse en relación al porcentaje en cuanto a la
integración de determinado órgano de gobierno conformado por
cargos de elección popular, señala la noción e implicación de la
paridad entre sexos con respecto a los candidatos propietarios y
suplentes, de igual manera pretende fundamentar sus
argumentos con tesis de jurisprudencia y criterios emitidos a
través de sentencias dictadas por el máximo órgano electoral
federal conducentes al tema de la equidad de género.
Así mismo, el apelante realiza una serie de manifestaciones
conceptuales respecto a la finalidad, objetivo y teleología del
principio de la equidad de género en la vida política del país; sin
embargo, del cúmulo de dichas manifestaciones no se advierte
elemento alguno que aporte respaldo sólido para controvertir
específicamente la integración en cuanto al género de la planilla
en comento.
En efecto, de la lectura del escrito de apelación no se advierte,
de cuántos candidatos a munícipes, de acuerdo a su
conocimiento, se integra la planilla en cita, de forma tal que el
apelante aporte para el conducente estudio de este órgano
RAP-172/2012
48
jurisdiccional, elementos precisos para estar en aptitud de
conocer en lo particular, el porcentaje de la cuota género del
mismo sexo y en dado caso, contrastar dicho elemento
porcentual con el que la autoridad responsable aprobó en la
planilla de mérito.
Efectivamente, el actor omite individualizar y pormenorizar los
nombres de los candidatos propietarios y su correspondiente
suplente integrantes de la planilla de candidatos a munícipes, de
los cuales se advierta la coincidencia o no entre éstos, respecto
al género, y aún menos contextualiza la integración en
específico, de los candidatos de sexo distinto en cada tres
lugares de la respectiva lista, es decir, no señala
específicamente cómo se encuentran conformados los bloques
integrados por tres candidatos a razón de una candidata de
género femenino en cada uno de éstos o viceversa.
Por lo tanto, como quedó establecido en párrafos precedentes,
el recurrente aporta una serie de elementos de índole dogmática
y conceptual de lo que no es posible advertir elementos
contundentes, como cualidades de género o razonamientos
cuantitativos, tales como nombre y sexo de identificación de los
candidatos a munícipes, el lugar que ocupan cada uno de ellos o
ellas dentro de las listas de integración de la planilla en comento,
la distinción entre su calidad de propietarios y suplentes, así
como el sexo al que pertenecen; es decir, no se especifica o
identifica pormenorizadamente cuáles, en dónde y en qué
consisten las supuestas inconsistencias relativas al
incumplimiento de la garantía de la equidad de género, por lo
que se colige, que este órgano jurisdiccional se encuentra
RAP-172/2012
49
imposibilitado para aplicar la suplencia del agravio y por ende,
estudiar las supuestas inconsistencias aducidas en relación a la
paridad y principio de equidad de género en que se incurre,
según el actor, en la planilla de candidatos a munícipes que fue
registrada y aprobada, por la autoridad responsable.
En consecuencia, al no contribuir el apelante con la carga de
aportar los elementos concretos y por ende, caer en la omisión
de precisar puntual y específicamente cuál o qué parte del acto
impugnado considera que se aparta de la legalidad, es absurdo
pretender que este Tribunal Electoral, bajo el amparo de la
aplicación del principio de la suplencia de la deficiencia en la
expresión del agravio, encamine las pretensiones del actor y
construya o formule agravios, tendientes a realizar actos cuya
competencia pertenece a la responsable.
En consecuencia, al tenor de los párrafos precedentes
sostenidos a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, el tercer
agravio esgrimido por el apelante y que ha sido analizado en el
presente considerando, resulta infundado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además, en lo
dispuesto por los artículos 57, párrafo segundo; 69, párrafo primero
y 70, fracción VI de la Constitución Política; 73, párrafo primero; 77
párrafo tercero, fracción II; 82, 88, fracción IV y 90 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; 536 fracción X; 595, 599, párrafo 1,
fracción I; 604, párrafo 1 y 608, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana y 10, fracción V del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado del Poder Judicial, todos
RAP-172/2012
50
ordenamientos del Estado de Jalisco, se resuelve conforme a los
siguientes
R E S O L U T I V O S :
PRIMERO. La competencia del Pleno de este Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Jalisco para conocer y resolver los
recurso de apelación; la personería y legitimación de las partes, así
como la procedencia del mismo, quedó acreditada en los términos
expuestos en los considerandos I, II y III de esta resolución.
SEGUNDO. se confirma el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, emitido el 28 de abril del año en curso, mediante el cual
resuelve las solicitudes de registro de planillas de candidatos a
munícipes, de la coalición “Compromiso por Jalisco”, identificado
como IEPC-ACG-084/12, por lo que ve al municipio de Ixtlahuacan
del Río Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en los
considerandos V, VI y VII de esta resolución.
Notifíquese en los términos de ley.
En su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, quienes firman al calce de la presente resolución,
conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos, quien
autoriza y da fe, y rubrica al margen todas las fojas que la integran.
RAP-172/2012
51
MAGISTRADO PRESIDENTE
JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA
MAGISTRADO
LUIS ANTONIO
CORONA NAKAMURA
MAGISTRADO
JOSÉ GUILLERMO
MEZA GARCÍA
MAGISTRADO GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ
MAGISTRADO RUBÉN VÁZQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS ALVARO ZUNO VÁSQUEZ
El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que la presente hoja corresponde a la resolución del 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce, pronunciada en el Recurso de Apelación RAP-172/2012, que consta de 51 cincuenta y un fojas por una sola cara.
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
EXPEDIENTE RAP-185/2012 ACTOR Partido Acción Nacional TERCERO INTERESADO Partido Revolucionario Institucional AUTORIDAD RESPONSABLE Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco MAGISTRADO PONENTE José Guillermo Meza García SECRETARIOS RELATORES Silvia Gpe. Bustos Vázquez Raymundo Miguel Figueroa Brizuela Bertha Sánchez Hoyos Gpe. Lucía Sánchez Vital
Guadalajara, Jalisco, a 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce.
VISTOS para resolver en definitiva, los autos del expediente del
Recurso de Apelación RAP-185/2012, promovido por el maestro
José Antonio Elvira de la Torre, representante propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en
contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que resuelve las
solicitudes de registro de planillas de candidatos a munícipes, de la
coalición “Compromiso por Jalisco” integrada por el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
RAP-185/2012
2
México, identificado como IEPC-ACG-084/12, emitido el 28
veintiocho de abril de 2012 dos mil doce.
Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en sesión pública
de esta fecha, se procede a emitir la presente resolución; y
R E S U L T A N D O
1. El 29 veintinueve de octubre de 2012 dos mil doce, fue publicada
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, número 13, sección
VI, TOMO CCCXXI, la convocatoria para la celebración de las
elecciones, constitucionales que se llevarán a cabo el día 1° de julio
de 2012 dos mil doce en la entidad, aprobada en sesión ordinaria,
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo IEPC-ACG-
047/11.
2. En la misma sesión ordinaria, mediante acuerdo IEPC-ACG-
048/11, el citado Consejo General, aprobó el calendario para el
proceso electoral local ordinario 2011-2012.
3. El 24 veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó
mediante acuerdo IEPC-ACG-019/12 el Convenio de Coalición
celebrado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México con la finalidad de postular candidatos
a Presidente Gobernador Constitucional, Diputados por el Principio
de Mayoría Relativa, así como para registrar planillas de candidatos
RAP-185/2012
3
a integrantes de los Ayuntamientos en la totalidad de los municipios
del Estado de Jalisco por el periodo 2012-2015.
4. El 28 veintiocho de abril del año que transcurre, se aprobó el
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE RESUELVE
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PLANILLAS DE CANDIDATOS A
MUNÍCIPES, DE LA COALICIÓN “COMPROMISO POR JALISCO”
INTEGRADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, IDENTIFICADO COMO IEPC-
ACG-084/12, en el cual se aprobaron diversas planillas de
candidatos, entre ellas, la presentada para el municipio de Mascota,
Jalisco, mismo que fue publicado el día 3 tres de mayo el presente
año en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
5. Inconforme con el citado acuerdo, el maestro José Antonio Elvira
de la Torre, ostentándose como Representante Propietario del
Partido Acción Nacional, presentó el 1 uno de mayo del año en
curso, ante el Instituto Electoral, Recurso de Revisión,
específicamente en contra de la aprobación del registro de planilla
de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de
Mascota, Jalisco.
6. El 16 dieciséis de mayo de esta anualidad, el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, remitió a este Tribunal Electoral, mediante oficio 2977/2012
Secretaría Ejecutiva, el escrito de Recurso de Revisión y diversa
documentación.
RAP-185/2012
4
7. El 17 diecisiete de mayo del presente año, mediante oficio SGTE-
808/2012, la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, por razón de turno, remitió a la ponencia del Magistrado
Presidente José Guillermo Meza García para su estudio, y en su
caso, admisión y formulación del proyecto de resolución el citado
Recurso de Revisión, que se registró con las siglas y números REV-
62/2012.
8. Una vez analizado el escrito de demanda, el Magistrado ponente,
advirtió que el acto combatido por el actor, era recurrible mediante
el Recurso de Apelación, por lo que, el día 28 veintiocho de mayo
del año que transcurre, los Magistrados integrantes del este
Tribunal Electoral, emitieron Acuerdo Plenario pare reencauzar la
demanda interpuesta, junto con 224 doscientos veinticuatro
recursos interpuestos en los mismos términos, se ordenó al
Secretario General dar de baja el expediente y realizar su registro
como Recurso de Apelación, y una vez realizado lo anterior, debía
devolver al Magistrado ponente el expediente para dar inicio a su
trámite, estudio, admisión en su caso y resolución como Recurso de
Apelación.
9. En cumplimiento al citado Acuerdo Plenario, el Secretario
General de Acuerdos, realizó el returno a la ponencia mediante
oficio SGTE-1063/2012, habiendo sido registrado en el Libro de
Gobierno como RAP-185/2012.
10. El 7 siete de junio del presente año, se emitió proveído, en el
que se tuvo por recibido y se radicó el Recurso de Apelación
interpuesto, se ordenó a la autoridad responsable realizar su
RAP-185/2012
5
publicitación, remitiera el informe circunstanciado y diversa
documentación.
11. En acuerdo del 16 dieciséis de junio de esta anualidad, se tuvo
por recibido de la autoridad responsable el informe circunstanciado,
diversa documentación e información, recibidas las constancias de
publicitación y de retiro de cada medio de impugnación, el escrito de
tercero interesado y la documentación que se acompañó al mismo,
se admitió el recurso interpuesto, así como las pruebas ofrecidas y
aportadas por las partes, y toda vez que el Magistrado responsable,
consideró que el expediente estaba debidamente substanciado para
ser fallado, se declaró cerrada la instrucción, para efecto de que se
formulara el proyecto de resolución correspondiente, mismo que se
somete a la consideración del Pleno del Tribunal Electoral dentro
del plazo que establece el artículo 604, párrafo 1 del Código en la
materia; y
C O N S I D E R A N D O
XIX. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, ejerce jurisdicción y es competente para conocer del
Recurso de Apelación, de conformidad a lo previsto por los artículos
56, primer párrafo; 57, párrafos segundo y séptimo; 68; 69, primer
párrafo; 70, primer párrafo, fracción II de la Constitución Política; 3,
fracción II; 73; 77, primer párrafo y 82 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; 502, párrafo 1, fracción II; 504, párrafo 3; 596, párrafo 2;
599, párrafo 1, fracción II y 604, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana; 5, fracción II; 9, fracción I, a); 10, fracción
V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado del
Poder Judicial, todos ordenamientos del Estado de Jalisco, toda vez
RAP-185/2012
6
que de las documentales que obran agregadas al expediente, se
advierte una controversia derivada de una resolución emitida por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, durante el proceso electoral ordinario, que a
decir del Partido Político promovente le causa agravios.
XX. Por lo que respecta a la legitimación del partido político, y la
personería del promovente, el artículo 602 párrafo 1, fracción I del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
establece que están legitimados para interponer el recurso de
apelación, entre otras personas, los partidos o agrupaciones
políticas por conducto de sus respectivos representantes legítimos
que estén acreditados ante el órgano electoral que dictó el acto o
resolución impugnada.
Por tanto, la legitimación del partido político actor, es de
reconocerse en virtud de tratarse de un partido político nacional
debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que se refiere a la personería del maestro José Antonio
Elvira de la Torre, quien se ostenta como Consejero Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, se tiene por reconocida, toda vez que se desprende de
actuaciones del expediente, así como del informe circunstanciado
rendido por la responsable en el que se le reconoce con tal
carácter.
RAP-185/2012
7
En relación al interés jurídico del recurrente para hacer valer el
recurso de apelación, se observa que en su escrito alega que el
acto impugnado le causa agravios, lo cual en principio, se considera
suficiente para que se proceda a su estudio, esto, sin perjuicio de
que en su oportunidad se juzguen los supuestos agravios que hace
valer en su medio de impugnación.
Por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, por ser su examen preferente conforme al principio
de economía procesal, requisitos previstos en los artículos 506, 507
y 603 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, preceptos que regulan: el plazo en que se debe
presentar el recurso de apelación; los requisitos que debe cumplir el
escrito, el requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento
previo de los recursos administrativos que el Código de la materia
señala para el caso concreto, al respecto se tiene que:
El plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece
en el artículo 506 del código de la materia, que en lo conducente
señala:
Artículo 506 Los medios de impugnación previstos en este Código deberán presentarse dentro de los seis días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnado, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.
Atento a lo dispuesto por el citado precepto, el Pleno de este
Tribunal Electoral advierte que, el acuerdo impugnado fue emitido el
28 veintiocho de abril del año que transcurre, en consecuencia, se
RAP-185/2012
8
deduce que el plazo para interponer el presente recurso de apelación
transcurrió los días hábiles 29 veintinueve y 30 treinta de abril, 1 uno,
2 dos, 3 tres y 4 cuatro de mayo del esta anualidad, y en virtud de
que el Recurso de Apelación fue presentado ante la autoridad
responsable el 1 uno de mayo, según consta en el sello de
recepción, este órgano colegiado estima que el medio de
impugnación fue presentado dentro del plazo previsto por la ley, y
así lo confirma la autoridad responsable en su informe
circunstanciado.
Por otra parte, el Pleno de este Tribunal Electoral, considera que el
escrito que dio origen al presente recurso, se ajusta a los
requisitos de los medios de impugnación, que establece el
artículo 507 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, disposición que es aplicable al medio procesal de
impugnación en que se actúa.
En efecto, se cumplieron los extremos que previene el citado
dispositivo legal, habida cuenta que el medio de impugnación se
presentó por escrito ante la autoridad responsable del acto
impugnado; se indicó el nombre del actor y el domicilio para recibir
notificaciones que se ubica en esta ciudad que es la residencia de
esta autoridad competente para resolver el medio de impugnación,
asimismo, se señaló el nombre de quien las pueda oír y recibir; no
obstante que el promovente no acompañó el documento necesario
para acreditar su personería, la misma consta en actuaciones del
expediente, así como del informe circunstanciado rendido por la
responsable en el que se le reconoce con tal carácter; se señaló al
partido político que representa; se identificó el acto impugnado, así
como a la autoridad responsable; se mencionaron los hechos en
RAP-185/2012
9
que se funda la impugnación, así como los agravios que le causa el
acto impugnado y los preceptos jurídicos presuntamente violados;
por lo que respecta a las pruebas, se advierte que promovente
ofreció las que consideró pertinentes, no obstante que no exhibió
los tres tantos de su demanda, lo anterior no le irroga perjuicio
alguno, y finalmente, se advierte que el promovente asentó su firma
autógrafa.
El artículo 603, párrafo 1 del Código en la materia, prevé que es
requisito de procedencia adicional para la admisión del recurso de
apelación que se agoten los recursos administrativos que establece
este ordenamiento legal para cada caso concreto, ya que, de lo
contrario, se desechará de plano, en el presente asunto, dicho
requisito se tiene por satisfecho, no es necesario agotar instancia
previa, toda vez que el acuerdo que se impugna fue emitido por el
Consejo General, órgano máximo de dirección del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que sus
actos son combatibles directamente mediante el recurso de
apelación.
Por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, quien
comparece como Tercero Interesado, al presente asunto en
términos de lo previsto en el artículo 512, párrafo 1, fracción III del
Código en la materia, se tiene que:
Se reconoce su legitimación, en virtud de tratarse de un partido
político nacional debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
RAP-185/2012
10
Por lo que se refiere a la personería del licenciado Benjamín
Guerrero Cordero, quien se ostenta como Apoderado Legal del
Partido Revolucionario Institucional, se tiene por reconocida, en
virtud de que obra agregada al diverso Recurso de Apelación RAP-
164/2012, copia certificada del Poder General Judicial, para Pleitos
y Cobranzas a favor de los licenciados Rafael Castellanos y
Benjamín Guerrero Cordero, otorgado en escritura pública 2,915,
ante la fe del Notario Público Titular número 138 de Guadalajara,
Jalisco, el 15 quince de febrero de 2012 dos mil doce, que remite el
Secretario General de Acuerdos de este órgano colegiado.
Por lo que se refiere al plazo para la presentación de su escrito,
esta se realizó en términos de lo previsto en el artículo 530 en
relación con el 506 del Código Electoral.
Los requisitos del escrito, previstos en el citado numeral 530 del
Código en la materia, se encuentran satisfechos, toda vez que el
mismo, fue presentado ante la autoridad responsable del acto
impugnado, se hizo constar el nombre de tercero interesado, se
señaló domicilio para recibir notificaciones, no obstante que no
acompañó el documento para acreditar su personería, la misma se
tiene acreditada con el Poder General Pleitos y Cobranzas, descrito
el líneas precedentes, asimismo, precisó la razón del interés jurídico
en que se funda y las pretensiones concretas del compareciente,
ofreció y aportó las pruebas y finalmente, hizo constar su firma
autógrafa.
III. Por ser las causales de improcedencia una cuestión de
estudio oficioso, éstas se analizan de manera preferente de
conformidad a lo previsto por los artículos 1; 536, párrafo 1, fracción
RAP-185/2012
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II, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, por lo que se analizará si en el caso a estudio se actualiza
alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo
509 del ordenamiento legal invocado, y de ser así, deberá
decretarse el desechamiento de plano del medio de impugnación
planteado por la parte apelante, al no constituirse válida y
eficazmente el proceso, ya que ello imposibilitaría a este órgano
jurisdiccional para resolver sobre el fondo controvertido materia del
medio de impugnación.
Cabe señalar que las causales de improcedencia pueden
analizarse, ya sea por petición de parte, al haber sido invocadas por
alguna de ellas, o bien, porque de oficio esta autoridad jurisdiccional
las advierta, dada la obligación de analizar la integridad de las
constancias allegadas a los medios de impugnación, conforme a los
principios de constitucionalidad y legalidad consagrados por la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Al efecto, este órgano colegiado no advirtió la existencia o
actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas
por el artículo 509 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco en los medios de impugnación
interpuestos, pues no se pretendió impugnar la no conformidad a la
Constitución General de la República o la Política del Estado de
Jalisco, no se impugnaron actos o resoluciones que no afecten el
interés jurídico del actor, el acto o resolución no se consumó de un
modo irreparable, el acto o resolución no se consintió
expresamente, entendiéndose por ello, las manifestaciones de
voluntad que entrañen ese consentimiento o no se presenten los
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medios de impugnación dentro de los plazos señalados en el
Código Electoral y el promovente no careció de legitimación.
En virtud de las consideraciones realizadas, y al no advertirse
causal de improcedencia alguna que amerite un desechamiento de
plano, es procedente realizar el análisis de fondo de la controversia
planteada.
IV. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar si el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el 28 veintiocho de
abril de 2012 dos mil doce, que resolvió las solicitudes de registro
de planillas de candidatos a munícipes, que presentó de la coalición
“Compromiso por Jalisco”, identificado como IEPC-ACG-084/12, es
violatorio del principio de legalidad que toda resolución de autoridad
electoral debe cumplir, por ser uno de los principios constitucionales
y legales rectores de la función electoral, y si con ello se conculcó el
derecho que, en favor del promovente, consagra la Constitución
Política y el Código Electoral y de Participación Ciudadana ambos
ordenamientos del Estado de Jalisco.
Precisado lo anterior, el método que se abordará para dilucidar la
litis en el presente asunto, consistirá en examinar los agravios que
esgrime el recurrente en el Recurso de Apelación, los cuales se
estudiarán en los subsiguientes considerandos.
El examen se hará relacionando los agravios con los hechos y
puntos de derecho controvertidos y los que fundan la presente
resolución que se sustentan en la plenitud de jurisdicción que a este
órgano judicial le confiere el artículo 57, párrafo segundo de la
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Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 504, párrafo
3 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, así como con el análisis y la valoración de todas y cada una
de las pruebas que fueron admitidas.
Para tal efecto, en los siguientes considerandos se examinarán los
agravios que esgrime el ciudadano actor, pudiendo variar el orden
de la exposición contenida en el escrito que contiene el medio de
impugnación, lo cual no le causa lesión o afectación jurídica alguna,
pues esto sólo ocurre cuando no se estudian todos los motivos de
agravio, toda vez que no en todos los casos, los justiciables
exponen ordenadamente sus agravios, o bien en razón de que
algunos de éstos pueden ser de estudio preferente o incluso
encontrarse en cualquier parte del escrito que contiene la
impugnación.
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 02/98 y
03/2000 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, consultables en la Compilación
1997-2010 de Jurisprudencia y tesis relevantes en materia electoral,
Volumen 1 de Jurisprudencia, páginas 118 a la 120 bajo los rubros:
“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL.” y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”
V. Una vez establecido lo anterior, se advierte que el promovente,
expresa el agravio que identifica como “Primero” en los siguientes
términos:
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Primero. Así mismo, causa agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de candidatos a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Verde Ecologista de México, en flagrante violación del Principio Constitucional de Legalidad previsto en los artículos 14, 16,41 Base VI y 116 de Nuestra Carta Magna.
En un primer orden de ideas, en razón de que quien firma tanto el convenio de coalición, la modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de registro de candidatos, por la parte que representa al Partido Revolucionario Institucional, es RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del mencionado Instituto Político.
Por su parte, en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional no se contempla la figura del Delegado Especial para el despacho de la presidencia de algún Comité Directivo Estatal, ni mucho menos en alguno de sus reglamentos, sin embargo, el artículo 120 de los citados Estatutos, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal tienen a su cargo la representación y dirección política del Partido en la entidad federativa correspondiente y desarrollarán las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los programas estatales que apruebe el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como las acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional.
Y por su parte el artículo 121 de los Estatutos en comento, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal del Instituto Político que nos ocupa, estarán integrados, por un Presidente; un Secretario General; un Secretario de Organización; un Secretario de Acción Electoral; un Secretario de Acción Electoral (sic); un Secretario de Gestión Social; un Secretario de Finanzas; un Secretario de Administración; un Secretario de Acción Indígena en donde se tenga presencia de pueblos y comunidades indígenas; un Coordinador de Acción Legislativa; las demás secretarías que sean pertinentes a cada entidad federativa y que correspondan al Comité Ejecutivo Nacional; y cada sector, el Movimiento Territorial, el Organismo de Mujeres Priístas y el Frente Juvenil Revolucionario contarán con un Coordinador dentro del Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal, con las atribuciones y representatividad suficientes para su cabal funcionamiento.
Resulta evidente que en la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional, no se contempla la figura de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco; por lo que la persona que ostenta el mencionado carácter, no cuenta con facultades, ni para suscribir el convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México, las modificaciones al mismo, ni mucho menos para registrar candidatos, a nombre del Instituto Político en cuestión, ni mucho menos a nombre de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por los dos institutos políticos que se mencionan.
Pues en adición, cabe resaltar, que aun y cuando en las cláusulas décima y décima séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR JALISCO” establece que las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, aso (sic) como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el propio convenio de coalición; Sin embargo, si de origen RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA carece de representación para la celebración del convenio de coalición a nombre del Partido Revolucionario Institucional, luego entonces, por consecuencia
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carece de la representación para solicitar el registro de candidatos a nombre de la coalición, fundándose en el propio convenio de coalición.
Al respecto el artículo 241, párrafo 1, fracción III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establece que las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por el Consejo General del Instituto y contener escrito con firma autógrafa, del DIRIGENTE ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO, O EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
En este orden de ideas, si RAFAEL GONZÁLEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, fue quien firma las solicitudes de registro, de las planillas a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, lo hace en contravención de lo ordenado en el citado artículo 241, párrafo 1, fracción III de la Codificación Electoral de esta Entidad Federativa, pues el no es Dirigente Estatal en Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, y tampoco puede ser considerado como representante de la coalición en comento.
Razón por la cual es de considerarse que al aprobarse el registro de las candidaturas a munícipes para integrar los 125 municipios del estado de Jalisco, solicitadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA resulta del todo ilegal, ante su falta de representación tanto del Partido Revolucionario Institucional, como de la propia coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por dicho insitito (sic) político y por el Partido Verde Ecologista de México.
Lo que debió hacer la autoridad responsable es haber desechado de plano las solicitudes de registro de las planillas a munícipes firmadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 fracción III, 244 párrafos 2 y 4, y artículo 245, párrafo 1, fracción 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Al respecto resultan aplicables las siguientes Jurisprudencias:
…
Jurisprudencia 5/2001
CANDIDATOS. FACULTAD PARA SOLICITAR EL REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SIMILARES). …
Tesis CX12002
PERSONERÍA. LA REPRESENTACIÓN DELEGADA DE UN PARTIDO POLÍTICO DEBE CONSTAR EN INSTRUMENTO NOTARIAL. …
(…)
De lo anterior se desprende que el recurrente señala que le
causa agravio el acuerdo impugnado IEPC-ACG-084/12 de
veintiocho de abril de dos mil doce, emitido por el Consejo
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General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, que aprueba el registro de la planilla de
candidatos a munícipes, que presentó la coalición “Compromiso
Por Jalisco”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional
y por el Partido Verde Ecologista de México, por lo que respecta
al municipio de Mascota, Jalisco; al considerar que el mismo,
violenta el principio constitucional de legalidad; en razón de que
a su parecer, quien firma el convenio de coalición y la
modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de
registro de candidatos por la parte que representa al Partido
Revolucionario Institucional, a saber, Rafael González Pimienta,
no cuenta con facultades para ello.
Ahora bien, el agravio en estudio resulta infundado en virtud de
las consideraciones que a continuación se exponen:
A juicio de este Tribunal Electoral, resulta pertinente señalar que
del punto 5° quinto de los “Antecedentes” del acuerdo
impugnado, se observa que el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
hace referencia al diverso acuerdo identificado con la clave
alfanumérica IEPC-ACG-019/12 emitido el 24 veinticuatro de
febrero de 2012 dos mil doce, mediante el cual se aprobó el
registro del convenio de coalición que presentó el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
México, a la cual denominaron coalición “Compromiso por
Jalisco”, para contender en el proceso electoral local ordinario
2011-2012, en las elecciones de Gobernador, diputados por el
principio de Mayoría Relativa en cinco distritos electorales
locales y munícipes de los ciento veinticinco municipios que
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conforman el Estado de Jalisco, acuerdo que por tratarse de un
documento público consultable en el sitio o página web oficial del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco en la Internet, constituye un hecho notorio, por lo que
este Pleno del Tribunal Electoral, puede invocarlo en la presente
resolución.
Sirve para ilustrar lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX.2º.
J/24, visible a página 2470, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, de Enero de dos mil
nueve, Materia Común, Novena Época, bajo el rubro HECHO
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN
SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.
Así entonces, es necesario trascribir la Cláusula Décima
Séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, antes referido, que de manera textual señala:
“DÉCIMA SÉPTIMA.- Del registro de los candidatos de la coalición. Las
partes acuerdan que para tal efecto se apegan al “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2011-2012”, identificados con la clave IEPC-ACG-005/2012 y lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, 239, 240 y 241 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, así como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el presente convenio, teniendo las mismas facultades el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco del Partido Verde Ecologista de
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México en relación de los candidatos que postule este Instituto Político dentro de la coalición. Asimismo, los partidos que forman la presente coalición se obligan a remitir oportunamente a la instancia referida en el párrafo anterior, la documentación necesaria para el registro de los candidatos, o en su caso para la sustitución.” (lo resaltado es por parte de este Tribunal)
De lo antes trascrito se advierte claramente que contrario a lo
esgrimido por el recurrente, el Delegado Especial Encargado del
Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario
Institucional en Jalisco, a saber, Rafael González Pimienta, sí se
encontraba facultado para solicitar el registro de las
candidaturas postuladas por dicha coalición, pues así se pactó
de manera expresa en el convenio en estudio aprobado
mediante acuerdo identificado como IEPC-ACG-019/12, de 24
veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, mismo que
además no forma parte de la presente controversia, y por ello,
resulta ser un acto independiente, que al no haber sido
impugnado en su oportunidad, a la fecha se encuentra incólume
y debe entenderse como un acto consentido tácitamente.
Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 23/2000 y
9/2001, consultables en la páginas 235 y 236 así como 236 a la
238, respectivamente, de la Compilación 1997-2010
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1
Jurisprudencia, que refieren:
DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito
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que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.”
“DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. El actor queda exonerado de agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral local, en los casos en que el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y definitivo. En efecto, la razón que constituye la base lógica y jurídica para imponer al justiciable la carga de recurrir previamente a los medios ordinarios, antes de acceder a la justicia constitucional federal, radica en la explicación de sentido común de que tales medios de impugnación no son meras exigencias formales para retardar la impartición de la justicia, obstáculos impuestos al gobernado con el afán de dificultarle la preservación de sus derechos ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela efectiva que les garantiza la Constitución federal, sino instrumentos aptos y suficientes para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución que se combata; y al ser así las cosas, se impone deducir que, cuando ese propósito o finalidad no se puede satisfacer en algún caso concreto, ya sea por las especiales peculiaridades del asunto, por la forma en que se encuentren regulados los procesos impugnativos comunes, o por las actitudes de la propia autoridad responsable o de la que conoce o deba conocer de algún juicio o recurso de los aludidos, entonces se extingue la carga procesal de agotarlos, y por tanto se puede ocurrir directamente a la vía constitucional, pues las situaciones apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos cautelares, ni es posible fáctica ni jurídicamente retrotraer las cosas al tiempo pasado en que se cometieron las violaciones, mediante la reposición de un proceso electoral.”
En este sentido, no debe soslayarse que el referido acuerdo
IEPC-ACG-019/12 donde fue aprobado el convenio de la
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coalición denominada “Compromiso por Jalisco” deviene en un
acto anterior que fue consentido y que a su vez, trajo como
consecuencia la emisión de un acto posterior derivado de
manera directa de ese consentimiento, esto es, la aprobación de
las planillas de candidatos a munícipes, presentadas por la
coalición “Compromiso por Jalisco”, contenida en el acuerdo
identificado como IEPC-ACG-084/12; por tanto, el agravio
expresado por el actor consistente en la supuesta falta de
personería del representante del Partido Revolucionario
Institucional, resulta ser un acto derivado del consentimiento del
diverso acuerdo IEPC-ACG-019/12, en el que se aprobó el
registro del convenio de la referida coalición integrada por el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista
de México; ello, en virtud de que en el aludido acuerdo en el que
se aprobó el convenio de coalición, se otorgó de manera
expresa la facultad a Rafael González Pimienta, para suscribir el
registro de las candidaturas postuladas y aprobadas por el ahora
acuerdo IEPC-ACG-084/12, impugnado en el presente asunto.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que de las actuaciones que
integran el recurso de apelación en estudio, se advierte que el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, anexó a su informe
circunstanciado, copia certificada del proveído de 12 doce de
enero de dos mil doce, en el cual se tuvo a al ciudadano Gerardo
Álvarez Romero, en su carácter de Consejero Suplente
Representante del Partido Revolucionario Institucional,
exhibiendo copia certificada del ACUERDO DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL POR EL QUE SE CREAN DELEGACIONES
ESPECIALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL PARA EL
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DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y LA SECREATRÍA GENERAL DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE JALISCO Y SE DESIGNAN A SUS
TITULARES y por ende, se tuvo al Partido Revolucionario
Institucional, dando cumplimiento a la obligación que le impone
el artículo 68, párrafo 1, fracción XIII, del Código Electoral y de
Participación ciudadana del Estado de Jalisco, en el sentido de
comunicar al Instituto, los cambios de los integrantes de sus
órganos directivos, y como consecuencia de ello, comunicando
que se designó al Licenciado Rafael González Pimienta, como
Delegado Especial para el despacho de la Presidencia del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de Jalisco, hasta en tanto se convoque y efectúe el
procedimiento estatutario para la elección de los titulares
respectivos, situación tampoco impugnada en su oportunidad;
por lo cual, se reitera que el acto que ahora impugna, constituye
una consecuencia del consentimiento de lo narrado en líneas
precedentes y, por ello, sí le asistió a Rafael González Pimienta,
la facultad para solicitar el registro de las planillas de candidatos
a munícipes, por parte de la coalición “Compromiso por Jalisco”.
Así entonces, como se precisó en párrafos precedentes, al haber
suscrito la solicitud de registro de la planilla de candidatos
aprobada, el ciudadano Rafael González Pimienta, en su
carácter de Delegado Especial encargado del despacho de la
Presidencia del Partido Revolucionario Institucional, no le asiste
la razón al apelante, en virtud de que contrario a lo señalado por
su parte, sí cuenta con facultades para ello.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio primero esgrimido por el
apelante, y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VI. Por lo que se refiere al “Segundo” motivo de agravio, el partido
político actor, argumenta lo siguiente:
HECHOS:
(…)
Segundo. Dentro de la etapa correspondiente al registro de candidatos de
los partidos políticos, con fecha quince de abril del año en curso, como es
un hecho notorio y público, acudieron a presentar su registro de candidatos
para los municipios del Estado de Jalisco, la Coalición “COMPROMISO
POR JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Verde Ecologista de México.
Dentro del mencionado proceso de registro fue evidente que al momento de
registrar las planillas y entregar la documentación requerida según la ley de
la materia, estas fueron recibidas incompletas y fuera del límite establecido
en el artículo 240, fracción IV del Código Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco, además de carente de los requisitos que establece el
artículo 241, punto 1, fracción II y llI.
Cabe señalar que fue el último día de los que se establecen en la ley para
presentar el registro de las planillas, la fecha en la cual acudieron al
mencionado proceso de registro, y en el cual ocurrieron una serie de
irregularidades por parte de la Autoridad Administrativa Electoral, al
momento de la recepción de la documentación para la integración de los
expedientes de los candidatos de la mencionada coalición.
Esto es así pues El Instituto Electoral de manera constante y repetida
obstaculizó al suscrito para conocer con veracidad la documentación real
que se estaba entregando, impidiéndome conocer puntualmente si era
entregado cada documento exigido por la ley para el registro de las planillas
de candidato a munícipe.
Tercero. Posteriormente con fecha veintiocho de abril del presente año, el
Consejo General del Instituto Electoral, decidió de manera ilegal aprobar el
registro de las 125 planillas de candidatos a Presidente Municipal,
Regidores y Síndico postulados por la Coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México, correspondientes a los Ayuntamientos del
Estado de Jalisco.
Cuarto. Entre los registros aprobados esta el correspondiente a la planilla
correspondiente al municipio de MASCOTA, Jalisco, misma que fue
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presentada para su registro fuera del plazo legal previsto para tal efecto,
además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1,
fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
(…)
AGRAVIOS
(…)
Segundo. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 9, 14, 16, 41, 35, 116, fracción IV, inciso b) y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracción X de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 1, punto dos, 24, 29, 229, 239, punto uno, fracción IV, 241, fracciones II y III, 245, punto uno, fracciones I, III y IV, 246, 115, 120 punto 1, y 500, punto 1, fracción I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en virtud de que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de MASCOTA, Jalisco, no obstante de que la solicitud de registro fue presentada después de concluido el plazo legal previsto para tal efecto, además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1, fracción II y III.
El principio de legalidad, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal.
Al respecto resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.—…
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 234-235.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996.—….
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, páginas 57-58, Sala Superior, tesis S3EL 034/97.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 798-799.
Una definición doctrinal del Ayuntamiento lo explica de la siguiente manera: Órgano colegiado y deliberante que asume la representación y el gobierno del municipio. Integrado por los Regidores, él o los Síndicos y el Presidente Municipal.
El sistema de elección municipal, denominado “de planillas”, puede resumirse de la siguiente forma: 1) en un mismo acto político (el acto del sufragio) se elige, mediante un “voto simultáneo” todo el cuerpo político del ayuntamiento; 2) de la planilla ganadora emana el presidente municipal, uno o más síndicos, y un número predeterminado de regidores “de mayoría”; y 3) de las planillas perdedoras que alcancen el umbral de representación requerido se complementa el cuerpo edilicio con un grupo de regidores de “representación proporcional”.
Este sistema, que se encuentra estatuido en la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, la que en su artículo 3 señala “Cada Municipio es gobernado por un
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Ayuntamiento de elección popular directa”, a su vez el numeral 10 de dicho cuerpo normativo establece “Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se determinan en la ley estatal en materia electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas; y permanecen en sus cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de cada período.
Ahora bien, de conformidad al artículo 134, fracción XVI y 246, párrafo uno, fracción II del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es la autoridad competente para aprobar la procedencia del registro de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de MASCOTA, Jalisco, para lo cual, deberá revisar que la solicitud de registro cumpla con los requisitos que al efecto establece el Código Electoral y de Participación Ciudadana, así como la Constitución Política del Estado de Jalisco.
El artículo 240, punto uno, fracción IV del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señala que el plazo para la presentación de las solicitudes de registro en el caso de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, concluye el día 15 de abril del año de la elección.
Ahora bien, de una interpretación sistemática, funcional y gramatical de los artículos 21, 24, punto tres, 239, fracción IV, 240, fracción IV, 244 y demás relativos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se advierte lo siguiente:
1. La elección de integrantes de los ayuntamientos del Estado de Jalisco, se realizará mediante la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, que registren los partidos políticos y candidatos ordenado de forma progresiva en la que se incluya el numero de regidores propietario y suplentes correspondientes.
2. Los partidos políticos o coaliciones deberán registrar la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico durante el plazo previsto para tal efecto, cumpliendo con los requisitos formales y materiales que la ley establece.
3. En caso de que faltara algún requisito formal, (copia certificada del acta de nacimiento, escrito con firma autógrafa del estatal en el que manifieste bajo protesta que los ciudadanos que se registran fueron seleccionados de conformidad con los estatutos, etcétera) la autoridad electoral, podrá requerir al partido o coalición, para que subsane la inconsistencia.
4. Únicamente podrán se subsanables los requisitos que deben
acompañarse a la presentación de la solicitud de registro de la planilla.
5. En caso de presentarse la solicitud de la planilla fuera del plazo previsto
será motivo de desechamiento de la misma.
Ahora bien, como se advierte del expediente relativo al registro de la planilla de cuenta, la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, presentó una serie de documentos al momento de fenecer el plazo legal, sin embargo tal y como lo certificó la propia autoridad electoral, existían deficiencias y omisiones no subsanables.
Es decir, la planilla impugnada no presentó la totalidad de los documentos que establece el artículo 241, fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que a la letra señala que deben contener:
Artículo 241.
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1. Las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por
I…
II. A la solicitud de cada uno de los ciudadanos propuestos a candidatos propietarios y suplentes, se deberá acompañar sin excepción los documentos siguientes:
a) Escrito con firma autógrafa en el que los ciudadanos propuestos como candidatos manifiesten su aceptación para ser registrados y en el que bajo protesta de decir verdad expresen que cumplen con todos y cada uno de los requisitos que establecen la Constitución Política del Estado y este Código;
b) Copia certificada del acta de nacimiento o certificación del registro del nacimiento, expedidas en ambos casos por la oficina del registro civil;
c) Copia certificada por Notario Público o autoridad competente de la credencial para votar;
d) Constancia de residencia, cuando no sean nativos de la Entidad, expedida con una antigüedad no mayor de tres meses por el Ayuntamiento al que corresponda su domicilio; y
e) Copia certificada por autoridad competente de la constancia de rendición de la declaración de situación patrimonial, cuando se trate de servidores públicos.
III. Escrito con firma autógrafa, del dirigente estatal del partido político, o en su caso, del representante de la coalición, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
Tal y como se ha señalado en los puntos que anteceden en la presente impugnación, es hecho notorio, público y evidente, que existió por parte de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, una ausencia total en la entrega de los documentos que señala el artículo antes transcrito, aunado a la falta del escrito del representante de la referida coalición, en la cual no se señala de manera clara la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que especifique los ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así como los documentos en los que sustentan el cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad.
La previsión legal consignada en el artículo 244 del Código Local, señala que en caso de faltar alguno de los requisitos que deben presentarse a cada solicitud, la autoridad electoral, podrá requerir a los partidos para que subsanen las deficiencias en la integración del expediente, lo que no implica que puedan cubrir sus omisiones una vez agotado el plazo que la ley les otorga para realizar el registro, pues hacerlo de esta forma implica extender el plazo previsto.
Es pertinente distinguir, que existen dos tipos de inconsistencia, las subsanables y aquellas que por su carácter no pueden ser reparables.
Así las cosas, son omisiones subsanables, aquellas que por sus características no atañen directamente a una cuestión pública, o afectan de manera directa los principios de certeza, equidad e imparcialidad rectores de la función electoral.
En ese sentido, el hecho de que la solicitud de registro de la planilla de candidatos no se presente antes de la fecha prevista, no sea entregada la documentación requerida, así como que no cumpla con los requisitos que señalan los incisos a) de la fracción II, y lo previsto en la fracción III del párrafo 1 del artículo 241 del Código del Estado, son requisitos que no pueden ser subsanables, toda vez, que una interpretación contraria, reduciría al absurdo de suponer que un partido político presente una solicitud de registro con el nombre de sólo un candidato, o bien, que haga entrega de una serie de documentos inconexos con el sólo afán de generar un precedente, y contar con los elementos para ampliar el plazo previsto
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para la integración de la planilla de candidatos, y ahora si estar en aptitud de solicitar su registro.
De lo señalado, se advierte que en el caso de que la solicitud de registro no contenga ningún documento, ni el nombre de por todos los integrantes de la planilla, es un vicio invalidante, que para subsanarlo se tendría que abrir un nuevo plazo para la presentación de la solicitud de registro, en razón de que como se ha señalado con antelación, el registro de candidatos se llevará a cabo por planillas completas, y no como en el caso, en el que sólo no se presentaron el total de los integrantes de la misma.
Al caso, esta autoridad deberá tomar en consideración el principio de impugnabilidad rector de los medios de impugnación en materia electoral, mismo que señala que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales tienen la posibilidad de se (sic) combatidos o impugnados, es decir, que todos los actos de las autoridades electorales tienen mecanismos de oposición para que puedan ser objeto de un nuevo análisis, estableciéndose como una garantía a todos los sujetos del derecho electoral, el poder acudir ante las autoridades a fin de ventilar todas aquellas situaciones que provoquen disconformidad de dichos actos o resoluciones.
(…)
De lo trasunto se desprende que el actor se duele en esencia de
la supuesta ilegalidad de la resolución emitida por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el 28 veintiocho de abril del 2012 dos mil
doce, que aprobó el registro de las planillas de Presidente
Municipal, Regidores y Sindico de los 125 ciento veinticinco
Ayuntamientos postulados por la Coalición “Compromiso por
Jalisco”, entre ellas la planilla relativa al Municipio de Mascota,
Jalisco, en razón de la presentación extemporánea de la
solicitud correspondiente, así como por la insuficiencia de los
requisitos necesarios para obtener el registro de mérito.
El apelante abunda en que la Coalición “Compromiso por
Jalisco” para el registro de la planilla de munícipes en comento,
al momento de fenecer el plazo legal conducente, presentó una
serie de documentos deficientes y con omisiones no
subsanables.
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De igual forma, el actor señala que no se presentó ante la
autoridad responsable la totalidad de los documentos requeridos
en vía de cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo
241, fracciones II y III del Código en la materia.
Aunado a lo anterior, el recurrente aduce textualmente que al
registro de la planilla de munícipes en comento, le faltó el escrito
del representante de la Coalición en cita, en la (sic) cual no se
señala de manera clara, la postulación formal de la planilla
impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que se
especifique los nombres de los ciudadanos que la integran, el
orden de prelación con que son propuestos, el carácter de
propietario o suplente, así como en los documentos en los que
se sustenta el cumplimiento de los requisitos legales de
elegibilidad.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO, esto es así, porque del
análisis de los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a
la conclusión de que los mismos, consisten en meras
apreciaciones subjetivas, genéricas e imprecisas que no cuentan
con los elementos suficientes para combatir el estudio de fondo
de la resolución recurrida.
En principio, porque en atención a lo previsto en el artículo 544,
párrafo 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación
que se someten a su consideración, se encuentra obligado a
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suplir las deficiencias en la expresión de los agravios
planteados, también lo es que se llevará a cabo, siempre y
cuando, éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos
expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Al respecto, conviene precisar que ha sido criterio reiterado por
este Tribunal Electoral, que los conceptos de agravio se pueden
tener por formulados independientemente de su ubicación en
determinado capítulo o sección de la demanda, así como de su
presentación, planteamiento o construcción lógica; debido a que
no es requisito sine qua non que se encuentren contenidos en
un capítulo especial de conceptos de agravio, siempre y cuando,
éstos expresen las violaciones legales que se considere fueron
cometidas por la autoridad responsable, en cualquier parte del
escrito inicial de demanda, exponiendo con toda claridad los
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razonamientos lógico jurídicos por los cuales se concluya que no
se actuó conforme a derecho.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 03/2000
y 02/98, consultables a páginas 117 a la 119, de la "Compilación
1997-2010” de Jurisprudencia y tesis, tomo de Jurisprudencia,
Volumen 1, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, bajo los rubros: "AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y
"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL".
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
En este tenor, si bien es cierto que el Tribunal Electoral esta
facultado para resolver supliendo la deficiencia en la expresión
del agravio, siempre y cuando, de la propia redacción del escrito
de demanda, se desprendan los elementos mínimos necesarios
de los cuales, inclusive, aún estando inconexos entre sí, se
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pueda colegir el planteamiento de agravios específicamente
formulados para destruir frontalmente el acto que se impugna;
también es cierto que, en oposición a lo anterior, cuando del
libelo impugnativo no se desprenda elemento, hecho o
manifestación clara y precisa a partir de la cual se pueda
formular un agravio concreto, este órgano jurisdiccional se
encuentra impedido para ir más allá de la intensión del actor y
consecuentemente, configurar ex officio la expresión del agravio
pertinente para alcanzar las pretensiones planteadas por el
partido político actor, puesto que tal situación no sería una
suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel del
promovente.
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
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le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio y se subsuma en
la responsable, para realizar el trabajo que le corresponde a
ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades o
inconsistencias, proceda a declarar su revocación u ordenar se
subsanen.
En el caso que nos ocupa, de la lectura integral del escrito de
demanda, se advierte que el partido político apelante intenta
controvertir la legalidad del acuerdo emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, identificado como IEPC-ACG-084/12, de
fecha 28 veintiocho de abril del año en curso, mediante el cual
se aprobó del registro de las 125 ciento veinticinco planillas de
munícipes postuladas por la Coalición “Compromiso por Jalisco”,
que habrán de participar en la contienda electoral del próximo
primero de julio, para renovar los ayuntamientos que integran el
Estado de Jalisco; arguyendo que se vulneran los diversos
artículos en virtud de que la autoridad responsable aprobó el
registro de la planilla de munícipes para la conducente
postulación relativa al Ayuntamiento Mascota; no obstante de
que dicho registro fue presentado una vez fenecido el plazo legal
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previsto para tal efecto y además, carente de los requisitos a que
se encuentra sujeto.
Así mismo, del estudio acucioso del escrito de demanda de
apelación, se advierte que el actor intenta configurar un agravio
tendiente a atacar la legalidad de dicho registro en su conjunto,
fundamentándose en diversos preceptos de orden constitucional
y legal que de ninguna manera utiliza como motivación para
sostener sus argumentos.
En efecto, únicamente expresa en forma genérica que le causa
agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de
candidatos a postularse en los 125 ciento veinticinco municipios,
sin embargo, no hace valer motivo de disenso específico,
concreto, objetivo y frontal, a través del cual manifieste qué
parte, o sí la totalidad del acuerdo impugnado emitido por la
responsable, mediante el cual aprueba el registro de las planillas
en comento, le resulta carente de derecho o ilegal, no discurre
en razonamientos o justificaciones lógicas específicas y
concisas, imposibilitando a este Tribunal Electoral a aplicar el
principio de la suplencia del agravio, dado que ni en forma
mínima se advierte la expresión de un motivo de disenso claro y
frontal.
Sin embargo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional
que si bien es cierto, que el apelante plantea la impugnación de
la aprobación del registro de las 125 ciento veinticinco planillas
en forma genérica y oscura; también lo es que identifica en este
Recurso de Apelación, la planilla correspondiente al
Ayuntamiento de Mascota, Jalisco; respecto del cual precisa tres
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actos aprobados por la responsable y que considera motivos de
agravio, mismos que serán estudiados en el orden de prelación
establecido por el actor:
bb) La extemporaneidad en la presentación de la solicitud de
registro de la planilla de munícipes de mérito;
cc) La presentación de la solicitud de registro carente de los
documentos que establece el artículo 241, fracción II y III
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco.
dd) Omisión en la presentación del escrito del representante de
la Coalición “Compromiso por Jalisco”, con firma autógrafa
de éste, mediante la cual (sic) no se señala de manera clara
la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un
escrito con firma autógrafa en el que se especifique los
ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que
son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así
como los documentos en los que sustentan el cumplimiento
de los requisitos legales de elegibilidad.
a) Extemporaneidad de la presentación de la solicitud para
el registro de la planilla de munícipes.
En cuanto al motivo de agravio señalado en el inciso a), este
órgano jurisdiccional sostiene que es infundado dado que el
recurrente realiza consideración referente a que se entregaron
documentos fuera del plazo legal previsto para el registro de la
planilla de mérito; sin embargo del escrito de demanda no se
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desprende argumento toral encaminado a expresar en qué
consistió esencialmente dicha extemporaneidad.
En efecto, no existe elemento alguno en el libelo impugnativo a
partir del cual, este órgano resolutor pueda obtener los datos
específicos que arrojen la fecha y hora de la supuesta entrega
extemporánea de la presentación de la solicitud del registro de
mérito, de tal forma, que puedan ser contrastado con lo que
sostiene la autoridad responsable en el acuerdo que se
impugna, y en consecuencia se pueda colegir que dicho registro
fue presentado fuera del término previsto para lo conducente.
En esa virtud, es importante mencionar que de la lectura del
acuerdo impugnado, se advierte que la autoridad responsable
aprobó y realizó el registro de la planilla para el municipio de
Mascota, Jalisco, por haber sido satisfechos los requisitos del
mismo.
Por lo tanto, en seguimiento al principio de que lo ordinario se
presume, lo extraordinario se demuestra, este órgano
jurisdiccional sostiene que, en el presente caso, lo ordinario se
encuentra en la presentación de la solicitud del registro de la
planilla de munícipes en cuestión, dentro del plazo legal previsto
para tal efecto, situación que se hizo de manifiesto por la propia
responsable a través de la emisión del referido acuerdo
impugnado en el que se estableció que la planilla de munícipes
se aprobó y registró en virtud de que se cumplimentaron todos y
cada uno de los requisitos legales previstos para tal efecto, entre
ellos el relativo al de la oportunidad en la presentación de la
solicitud conducente, sin hacer mayor detenimiento o
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consideración al respecto; mientras que lo extraordinario, es
decir la supuesta extemporaneidad, se debió demostrar por
parte del recurrente, a través de la aportación de elementos
probatorios, contundentes y consistentes en los que figurara o
explicara claramente la circunstancia específica en las que,
según su dicho, radicó tal ilegalidad.
b) Estudio en general de los requisitos contenidos en el
artículo 241 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que ve al inciso b) tocante a la carencia de los
documentos requeridos en vía de requisitos necesarios para
obtener la aprobación del registro de la planilla de munícipes, el
partido político incoante manifiesta expresamente que existió en
dicha documentación, deficiencias y omisiones en su entrega.
Con respecto a este motivo de disenso, este órgano
jurisdiccional sostiene que deviene en infundado pues tal como
se advierte claramente de la argumentación vertida por el
recurrente en el escrito de demanda, la expresión en los mismos
redunda en consideraciones generales e imprecisas que resultan
insuficientes para revisar acuciosamente los defectos que en
específico, la aprobación del registro de la planilla de munícipes,
de ser el caso, pudiera presentar.
En efecto, tal como el mismo partido político actor lo indica, no
se advierten elementos esenciales tales como nombres, la
identificación de los documentos precisos de los cuales hubiera
carecido el registro, así mismo no se desprende cuál de los
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requisitos que establece el articulo 241, fracción II y III del
Código en la materia son los faltantes o en su caso deficientes.
Así pues, el apelante se limita a exponer textualmente lo que
detalla el artículo de referencia, sin embargo de ninguna forma
aporta elementos que aún inconexos entre sí, de los cuáles en
suplencia del agravio, sea posible colegir la aducida omisión en
la entrega de uno o algunos de los documentos presentados en
vía de requisitos; de ninguna forma individualiza o identifica los
supuestos requisitos faltantes o deficientes y aún menos
contextualiza la integración en específico del registro de la
planilla que controvierte.
En este tenor, conviene precisar que el actor expone agravios en
el desarrollo de su escrito de apelación, que se contradicen entre
sí, dado que en las primeras fojas de su demanda aduce que se
aprobó el registro de la planilla de munícipes de mérito, aún y
cuando en su correspondiente presentación existió la carencia
de documentos; sin embargo, en fojas más adelante del mismo
escrito, el incoante señala que los documentos requisitados
fueron entregados con deficiencias y así mismo, en los
subsiguientes renglones, termina arguyendo que existió por
parte de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, la ausencia total
de los requisitos que establece el precepto conducente; en
consecuencia, se colige que los argumentos vertidos por el
apelante devienen en incongruentes y contradictorios entre sí,
pues si da inicio a su apelación alegando la supuesta carencia
en una serie de documentos, continua denotando la deficiencia
en los mismos y concluye el libelo impugnativo, sosteniendo la
ausencia total de los mismos; expresiones en las cuales no se
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encuentra una congruencia o secuencia lógica argumentativa de
la que sea posible desprender argumentos sólidos y concretos
dirigidos a combatir la aducida ilegalidad de acto impugnado.
En consecuencia, se advierte que el motivo de agravio
expresado por el partido político promovente es genérico e
impreciso, pues no identifica cuáles requisitos de los previstos
en el artículo 241, párrafo 1, fracción II y III, considera que no
fueron presentados o cuál de ellos fueron presentados en forma
deficiente, así mismo, omite expresar argumentos mediante los
cuales especifique de forma frontal y precisa en qué parte de
documento mediante el cual se aprueba el registro de la planilla,
se encuentra la supuesta ilegalidad; sino que contrario a ello,
únicamente se limita a manifestar de forma por demás vaga e
indeterminada, que los documentos presentan "deficiencias u
omisiones no subsanables”, “ausencia total en la entrega de
documentos” “registro fue presentado carente de los
documentos que establece el artículo 241, párrafo 1, fracción II y
III”, por lo que al no proporcionar elementos suficientes para
permitirle un estudio de los agravios, o en su caso una suplencia
en los mismos, tales argumentos resultan infundados
En conclusión, tal como se apuntó en los primeros párrafos del
presente considerando, si bien es cierto que este Tribunal
Electoral se encuentra obligado legalmente a aplicar el principio
de la suplencia de los agravios, siempre y cuando, éstos puedan
deducirse de los hechos expuestos; también es cierto que este
órgano resolutor se encuentra limitado por los propios
argumentos que le aporta el apelante para el estudio de sus
motivos de agravio.
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Por lo tanto, al no contribuir el apelante con la carga de aportar
los elementos concretos y definidos revisables individualmente y
por ende, caer en la omisión de precisar puntual y
específicamente cuál o qué parte del acto impugnado considera
que se aparta de la legalidad, es absurdo pretender que este
Tribunal Electoral, bajo el amparo de ejercicio del principio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio, encamine las
pretensiones del actor y construya o formule agravios, tendientes
a realizar actos cuya competencia pertenece únicamente a la
responsable.
c) Estudio del requisito contenido en la fracción III, del
párrafo 1, del artículo 241 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por último, en cuanto al motivo de agravio contenido en el inciso
c), relativo a la omisión en la presentación del escrito del
representante de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, en el
cual no se señala de manera clara la postulación formal de la
planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en
el que se especifique los ciudadanos que la integran, el orden de
prelación en que son propuestos, el carácter de propietario o
suplente, así como los documentos en los que sustentan el
cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad, este
Tribunal Electoral advierte que los mismos devienen en
infundados por las consideraciones siguientes.
La autoridad electoral como garante de los principios
democráticos y salvaguarda de los derechos políticos de los
ciudadanos, lejos de restringir disposiciones legales que tutelen
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los derechos consagrados en normas constitucionales, se
encuentra sujeta a realizar una interpretación extensiva de los
mismos, toda vez que éstos no son excepciones o privilegios
concedidos a favor de algunos, sino que se trata de derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales
debe ser ampliados, no restringidos, ni mucho menos
suprimidos, en estricto apego a lo ordenado por los artículos 1,
32, 35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De esta forma la limitación al ejercicio del sufragio pasivo, se
acota exclusivamente a razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o
condena, más nunca se debe condicionar, entre otras
cuestiones, a una facultad discrecional de un partido político; lo
anterior en términos de lo establecido en el artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en
atención de la reciente reforma, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 10 diez de junio del presente año, garantiza que
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Carta Magna, en los tratados internacionales
de los México sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse,
por el contrario, se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a
las personas con la protección más amplia.
Bajo esta tesitura, en el presente caso, que el apelante pretenda
la revocación del acto impugnado en virtud de que la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, supuestamente omitió la presentación
ante la autoridad responsable, del escrito del representante legal
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o, en su caso, este se hubiese presentado sin su firma
autógrafa, a través del cual se precise de manera clara la
postulación de los candidatos integrantes de la planilla, su
conducente carácter de propietarios o suplentes, así como los
documentos en los que sustentan el cumplimiento de los
requisitos legales de elegibilidad; vulnera en perjuicio de los
candidatos su derecho fundamental sustantivo consistente en la
prerrogativa ciudadana del derecho pasivo del voto, tutelada por
el artículo 35, fracción II de la Constitución General de la
República y 8, fracción II de la Constitución Política de la
entidad.
En efecto, los ciudadanos candidatos a munícipes integrantes de
la planilla impugnada, desde el momento en que compitieron en
los respectivos procedimientos selectivos internos y resultaron
electos, cuentan con el derecho humano fundamental del
sufragio en su vertiente pasiva, por lo que al requerir para su
registro, la presentación de un diverso escrito signado por el
representante legal de la Coalición en comento, impone un
requisito que se encuentra fuera de las posibilidades tanto
jurídicas, como materiales del candidato, lo que se traduce en
una limitación al derecho humano de referencia, criterio que se
aparta claramente al relativo a la potenciación de los derechos
humanos.
Al respecto, conviene precisar que similar criterio sostuvo el 27
veintisiete de abril del año en curso, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional de
la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en
Guadalajara, Jalisco, en sentencia de los Juicios para la
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Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
identificados bajo las siglas y número de expediente SG-JDC-
3162/2012 y sus acumulados SG-JDC-3163/2012 al SG-JDC-
3187/2012.
En abundancia a lo anterior, no pasa inadvertido para este
órgano resolutor que el apelante aporta argumentos
contradictorios entre sí que se desprende de los propios motivos
de agravios, ello en función de que por una parte, el recurrente
intentó controvertir la facultad del representante de la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, tanto para celebrar dicho instrumento
jurídico, como para signar y presentar las solicitudes de registro
de diversas candidaturas que fueron posteriormente aprobadas
por la autoridad responsable, de lo que se deduce que
efectivamente en el procedimiento de registro de las
candidaturas que se llevó a cabo por la Coalición en cita, se
exhibió documento diverso en el que constó fehacientemente la
rúbrica del referido represente; mientras que por otro lado, en el
presente motivo de agravio, aduce que dicho escrito no se
aportó, o que en su caso, el mismo carecía de la firma autógrafa
de dicho representante.
En consecuencia, se colige que el escrito de apelación es
incongruente en virtud de que por una parte acepta que dicho
escrito fue presentado con la firma del representante de la
Coalición y al mismo tiempo, niega lo anterior, y aduce la
omisión en la presentación del mismo, o en su caso, la falta de
rúbrica del representante de referencia.
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Por lo anteriormente, fundado y motivado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio segundo esgrimido por el
apelante y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VII. El motivo de agravio que el apelante identifica en su escrito de
demanda como “Tercero”, es el que a continuación se transcribe:
Tercero. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 5, punto 1, 17 párrafo 2, en relación con el 24, punto 3 y 68, punto 1, fracción XIX, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como el numeral 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones III y IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, inciso b), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en virtud de que la autoridad responsable aprobó el registro de la planilla del ayuntamiento MASCOTA, presentada por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, contraviniendo el principio de equidad de género, al violarse el
orden de prelación que debe de tener la planilla impugnada.
Esto es así, toda vez que la Autoridad Administrativa, omitió de manera flagrante el estudio de la integración de la planilla impugnada, por lo que ve al cumplimiento de la cuota de género que la ley establece.
El artículo 17, segundo párrafo, establece que las solicitudes de registro de que presenten los partidos o coaliciones, ante el Instituto Electoral, se integrarán con un máximo de setenta por ciento de candidatos de un solo sexo y garantizando la inclusión de un candidato del sexo distinto en cada tres lugares de la lista, hasta lograr el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, a partir del cual el orden se decidirá libremente por cada partido, hecho tal que no fue analizado al momento de declarar la validez del registro de la planilla de Presidente, Síndico y Regidores del Municipio de MASCOTA, Jalisco, pues es evidente que el mismo no cumple con tal paridad.
Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual resulta aplicable de manera análoga al caso que nos ocupa:
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. CÓMO SE DEBE APLICAR LA ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATOS.-….
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 48 y 49.
En virtud de lo anterior, se debe entender que la regla de alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional, consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar dicho número y cumplir con el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.
La finalidad de esta regla es el equilibrio entre los candidatos de ambos sexos y, a la postre, lograr la participación política efectiva de hombres y mujeres, en un plano de igualdad sustancial o real y efectiva, con el objetivo
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de mejorar la calidad de la representación política, y de eliminar los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política.
Es por todo lo anteriormente señalado, que la Autoridad Responsable al declarar como válido el registro de la planilla impugnada, viola lo establecido con el principio de equidad de género que establece no solo la legislación estatal, sino que también se encuentra consagrado en la ley federal electoral, en la Constitución Política Federal y el las leyes y tratados internacionales.
Ahora bien, a fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, también es necesario que el treinta por ciento de los candidatos de género distinto, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, esté compuesto en sus propietarios y suplentes por personas del mismo género, y no solo cumplir la cuota de género en propietarios por una parte, sin encontrar esa coincidencia en sus suplentes, aún y cuando en los suplentes también se cumpla con ese treinta por ciento. Si no que repito, debe ser coincidente, el género del propietario con el de su suplente, en ese treinta por ciento, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, en el cumplimiento de cuotas de género.
Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio ciudadano identificado con número de expediente SUP-JDC-12624/2011, se ha pronunciado en ese sentido, de que deben ser coincidentes en el género, el propietario con su respectivo suplente, en los candidatos que son parte del porcentaje del mismo género, que como mínimo están obligados a registrar los partidos políticos (cuota de género).
Pues lo que busca la norma, es garantizar la equidad de género y la igualdad de oportunidades, entre hombres y mujeres, sin favorecer a un género en específico. Obligación, que procura la paridad de género en la vida política del país, y que implica que esa paridad también deba reflejarse en la ocupación de los cargos de elección popular obtenidos por cada partido. De otra manera, no tendría sentido el establecimiento de cuotas de género en la designación de candidaturas a cargos de elección popular.
El hecho de que los candidatos que conforman la cuota de género, sean precisamente coincidentes en el género en forma alguna vulnera la paridad exigida por la norma. Esto es así porque si los candidatos propietarios cumplen con la regla prevista en el citado artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, los suplentes también lo harán. De esta forma, si llegaran a presentarse vacantes en los propietarios, éstos serían sustituidos por personas del mismo género y, por lo tanto, se conservaría el equilibrio de género no sólo en las candidaturas, sino también en la ocupación y ejercicio de los cargos respectivos.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se garantiza esa equidad de género, tanto en la postulación, como en su momento de llegarlo a ser, en el ejercicio del cargo, al no ser coincidentes en el género, los propietarios con sus suplentes, de las candidaturas que nos ocupan, vulnerando con eso el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.
De lo anterior, en esencia se desprende que el actor se duele de
que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla del
RAP-185/2012
44
Ayuntamiento de Mascota, Jalisco, postulada por la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, omitiendo el estudio relativo al
principio de equidad de género.
En este sentido, el partido político apelante argumenta que en la
integración de la planilla de munícipes en cuestión, no se
respetó la cuota de género regulada jurídicamente en la entidad,
que no existe orden de alternancia o prelación en éstos y
tampoco así, coincidencia de sexo entre los candidatos
propietarios y los suplentes; situación contraria a lo que dispone
la normatividad electoral, así como los criterios emitidos por el
órgano federal electoral, previstos para tal efecto.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO porque del análisis de
los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a la
conclusión de que los mismos, consisten en manifestaciones
dogmáticas, genéricas e imprecisas de las cuales no se
advierten elementos suficientes para combatir el fondo de la
resolución recurrida y relativa a la aprobación de la planilla de
munícipes en comento.
En principio, porque tal como se estableció en el considerando
anterior, en atención a lo previsto en el artículo 544, párrafo 1 del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación que se
someten a su consideración, tiene la facultad de suplir las
deficiencias en la expresión de los agravios planteados, también
RAP-185/2012
45
lo es que se llevará a cabo, siempre y cuando, éstos puedan ser
deducidos claramente de los hechos expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor, implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
RAP-185/2012
46
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiencia en la expresión del agravio, y se
subsuma en la responsable, para realizar el trabajo que le
corresponde a ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades,
proceda a declarar su revocación u ordenar se subsanen.
RAP-185/2012
47
En el caso que nos ocupa, el partido político apelante intenta
controvertir del registro de la planilla de munícipes del
Ayuntamiento de Mascota, Jalisco, aduciendo como agravio que
no se garantiza la equidad de género que debe imperar por
mandato constitucional y legal en la integración de dichos
órganos de gobierno municipal.
Al respecto, realiza en el libelo impugnativo una descripción
dogmática de la forma y términos en que ambos tipos de género
deben distribuirse en relación al porcentaje en cuanto a la
integración de determinado órgano de gobierno conformado por
cargos de elección popular, señala la noción e implicación de la
paridad entre sexos con respecto a los candidatos propietarios y
suplentes, de igual manera pretende fundamentar sus
argumentos con tesis de jurisprudencia y criterios emitidos a
través de sentencias dictadas por el máximo órgano electoral
federal conducentes al tema de la equidad de género.
Así mismo, el apelante realiza una serie de manifestaciones
conceptuales respecto a la finalidad, objetivo y teleología del
principio de la equidad de género en la vida política del país; sin
embargo, del cúmulo de dichas manifestaciones no se advierte
elemento alguno que aporte respaldo sólido para controvertir
específicamente la integración en cuanto al género de la planilla
en comento.
En efecto, de la lectura del escrito de apelación no se advierte,
de cuántos candidatos a munícipes, de acuerdo a su
conocimiento, se integra la planilla en cita, de forma tal que el
apelante aporte para el conducente estudio de este órgano
RAP-185/2012
48
jurisdiccional, elementos precisos para estar en aptitud de
conocer en lo particular, el porcentaje de la cuota género del
mismo sexo y en dado caso, contrastar dicho elemento
porcentual con el que la autoridad responsable aprobó en la
planilla de mérito.
Efectivamente, el actor omite individualizar y pormenorizar los
nombres de los candidatos propietarios y su correspondiente
suplente integrantes de la planilla de candidatos a munícipes, de
los cuales se advierta la coincidencia o no entre éstos, respecto
al género, y aún menos contextualiza la integración en
específico, de los candidatos de sexo distinto en cada tres
lugares de la respectiva lista, es decir, no señala
específicamente cómo se encuentran conformados los bloques
integrados por tres candidatos a razón de una candidata de
género femenino en cada uno de éstos o viceversa.
Por lo tanto, como quedó establecido en párrafos precedentes,
el recurrente aporta una serie de elementos de índole dogmática
y conceptual de lo que no es posible advertir elementos
contundentes, como cualidades de género o razonamientos
cuantitativos, tales como nombre y sexo de identificación de los
candidatos a munícipes, el lugar que ocupan cada uno de ellos o
ellas dentro de las listas de integración de la planilla en comento,
la distinción entre su calidad de propietarios y suplentes, así
como el sexo al que pertenecen; es decir, no se especifica o
identifica pormenorizadamente cuáles, en dónde y en qué
consisten las supuestas inconsistencias relativas al
incumplimiento de la garantía de la equidad de género, por lo
que se colige, que este órgano jurisdiccional se encuentra
RAP-185/2012
49
imposibilitado para aplicar la suplencia del agravio y por ende,
estudiar las supuestas inconsistencias aducidas en relación a la
paridad y principio de equidad de género en que se incurre,
según el actor, en la planilla de candidatos a munícipes que fue
registrada y aprobada, por la autoridad responsable.
En consecuencia, al no contribuir el apelante con la carga de
aportar los elementos concretos y por ende, caer en la omisión
de precisar puntual y específicamente cuál o qué parte del acto
impugnado considera que se aparta de la legalidad, es absurdo
pretender que este Tribunal Electoral, bajo el amparo de la
aplicación del principio de la suplencia de la deficiencia en la
expresión del agravio, encamine las pretensiones del actor y
construya o formule agravios, tendientes a realizar actos cuya
competencia pertenece a la responsable.
En consecuencia, al tenor de los párrafos precedentes
sostenidos a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, el tercer
agravio esgrimido por el apelante y que ha sido analizado en el
presente considerando, resulta infundado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además, en lo
dispuesto por los artículos 57, párrafo segundo; 69, párrafo primero
y 70, fracción VI de la Constitución Política; 73, párrafo primero; 77
párrafo tercero, fracción II; 82, 88, fracción IV y 90 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; 536 fracción X; 595, 599, párrafo 1,
fracción I; 604, párrafo 1 y 608, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana y 10, fracción V del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado del Poder Judicial, todos
RAP-185/2012
50
ordenamientos del Estado de Jalisco, se resuelve conforme a los
siguientes
R E S O L U T I V O S :
PRIMERO. La competencia del Pleno de este Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Jalisco para conocer y resolver los
recurso de apelación; la personería y legitimación de las partes, así
como la procedencia del mismo, quedó acreditada en los términos
expuestos en los considerandos I, II y III de esta resolución.
SEGUNDO. se confirma el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, emitido el 28 de abril del año en curso, mediante el cual
resuelve las solicitudes de registro de planillas de candidatos a
munícipes, de la coalición “Compromiso por Jalisco”, identificado
como IEPC-ACG-084/12, por lo que ve al municipio de Mascota
Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en los
considerandos V, VI y VII de esta resolución.
Notifíquese en los términos de ley.
En su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, quienes firman al calce de la presente resolución,
conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos, quien
autoriza y da fe, y rubrica al margen todas las fojas que la integran.
RAP-185/2012
51
MAGISTRADO PRESIDENTE
JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA
MAGISTRADO
LUIS ANTONIO
CORONA NAKAMURA
MAGISTRADO
JOSÉ GUILLERMO
MEZA GARCÍA
MAGISTRADO GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ
MAGISTRADO RUBÉN VÁZQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS ALVARO ZUNO VÁSQUEZ
El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que la presente hoja corresponde a la resolución del 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce, pronunciada en el Recurso de Apelación RAP-185/2012, que consta de 51 cincuenta y un fojas por una sola cara.
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
EXPEDIENTE RAP-186/2012 ACTOR Partido Acción Nacional TERCERO INTERESADO Partido Revolucionario Institucional AUTORIDAD RESPONSABLE Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco MAGISTRADO PONENTE José Guillermo Meza García SECRETARIOS RELATORES Silvia Gpe. Bustos Vázquez Raymundo Miguel Figueroa Brizuela Bertha Sánchez Hoyos Gpe. Lucía Sánchez Vital
Guadalajara, Jalisco, a 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce.
VISTOS para resolver en definitiva, los autos del expediente del
Recurso de Apelación RAP-186/2012, promovido por el maestro
José Antonio Elvira de la Torre, representante propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en
contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que resuelve las
solicitudes de registro de planillas de candidatos a munícipes, de la
coalición “Compromiso por Jalisco” integrada por el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
RAP-186/2012
2
México, identificado como IEPC-ACG-084/12, emitido el 28
veintiocho de abril de 2012 dos mil doce.
Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en sesión pública
de esta fecha, se procede a emitir la presente resolución; y
R E S U L T A N D O
1. El 29 veintinueve de octubre de 2012 dos mil doce, fue publicada
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, número 13, sección
VI, TOMO CCCXXI, la convocatoria para la celebración de las
elecciones, constitucionales que se llevarán a cabo el día 1° de julio
de 2012 dos mil doce en la entidad, aprobada en sesión ordinaria,
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo IEPC-ACG-
047/11.
2. En la misma sesión ordinaria, mediante acuerdo IEPC-ACG-
048/11, el citado Consejo General, aprobó el calendario para el
proceso electoral local ordinario 2011-2012.
3. El 24 veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó
mediante acuerdo IEPC-ACG-019/12 el Convenio de Coalición
celebrado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México con la finalidad de postular candidatos
a Presidente Gobernador Constitucional, Diputados por el Principio
de Mayoría Relativa, así como para registrar planillas de candidatos
RAP-186/2012
3
a integrantes de los Ayuntamientos en la totalidad de los municipios
del Estado de Jalisco por el periodo 2012-2015.
4. El 28 veintiocho de abril del año que transcurre, se aprobó el
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE RESUELVE
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PLANILLAS DE CANDIDATOS A
MUNÍCIPES, DE LA COALICIÓN “COMPROMISO POR JALISCO”
INTEGRADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, IDENTIFICADO COMO IEPC-
ACG-084/12, en el cual se aprobaron diversas planillas de
candidatos, entre ellas, la presentada para el municipio de
Mazamitla, Jalisco, mismo que fue publicado el día 3 tres de mayo
el presente año en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
5. Inconforme con el citado acuerdo, el maestro José Antonio Elvira
de la Torre, ostentándose como Representante Propietario del
Partido Acción Nacional, presentó el 1 uno de mayo del año en
curso, ante el Instituto Electoral, Recurso de Revisión,
específicamente en contra de la aprobación del registro de planilla
de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de
Mazamitla, Jalisco.
6. El 16 dieciséis de mayo de esta anualidad, el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, remitió a este Tribunal Electoral, mediante oficio 2977/2012
Secretaría Ejecutiva, el escrito de Recurso de Revisión y diversa
documentación.
RAP-186/2012
4
7. El 17 diecisiete de mayo del presente año, mediante oficio SGTE-
809/2012, la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, por razón de turno, remitió a la ponencia del Magistrado
Presidente José Guillermo Meza García para su estudio, y en su
caso, admisión y formulación del proyecto de resolución el citado
Recurso de Revisión, que se registró con las siglas y números REV-
63/2012.
8. Una vez analizado el escrito de demanda, el Magistrado ponente,
advirtió que el acto combatido por el actor, era recurrible mediante
el Recurso de Apelación, por lo que, el día 28 veintiocho de mayo
del año que transcurre, los Magistrados integrantes del este
Tribunal Electoral, emitieron Acuerdo Plenario pare reencauzar la
demanda interpuesta, junto con 224 doscientos veinticuatro
recursos interpuestos en los mismos términos, se ordenó al
Secretario General dar de baja el expediente y realizar su registro
como Recurso de Apelación, y una vez realizado lo anterior, debía
devolver al Magistrado ponente el expediente para dar inicio a su
trámite, estudio, admisión en su caso y resolución como Recurso de
Apelación.
9. En cumplimiento al citado Acuerdo Plenario, el Secretario
General de Acuerdos, realizó el returno a la ponencia mediante
oficio SGTE-1063/2012, habiendo sido registrado en el Libro de
Gobierno como RAP-186/2012.
10. El 7 siete de junio del presente año, se emitió proveído, en el
que se tuvo por recibido y se radicó el Recurso de Apelación
interpuesto, se ordenó a la autoridad responsable realizar su
RAP-186/2012
5
publicitación, remitiera el informe circunstanciado y diversa
documentación.
11. En acuerdo del 16 dieciséis de junio de esta anualidad, se tuvo
por recibido de la autoridad responsable el informe circunstanciado,
diversa documentación e información, recibidas las constancias de
publicitación y de retiro de cada medio de impugnación, el escrito de
tercero interesado y la documentación que se acompañó al mismo,
se admitió el recurso interpuesto, así como las pruebas ofrecidas y
aportadas por las partes, y toda vez que el Magistrado responsable,
consideró que el expediente estaba debidamente substanciado para
ser fallado, se declaró cerrada la instrucción, para efecto de que se
formulara el proyecto de resolución correspondiente, mismo que se
somete a la consideración del Pleno del Tribunal Electoral dentro
del plazo que establece el artículo 604, párrafo 1 del Código en la
materia; y
C O N S I D E R A N D O
XXI. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, ejerce jurisdicción y es competente para conocer del
Recurso de Apelación, de conformidad a lo previsto por los artículos
56, primer párrafo; 57, párrafos segundo y séptimo; 68; 69, primer
párrafo; 70, primer párrafo, fracción II de la Constitución Política; 3,
fracción II; 73; 77, primer párrafo y 82 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; 502, párrafo 1, fracción II; 504, párrafo 3; 596, párrafo 2;
599, párrafo 1, fracción II y 604, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana; 5, fracción II; 9, fracción I, a); 10, fracción
V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado del
Poder Judicial, todos ordenamientos del Estado de Jalisco, toda vez
RAP-186/2012
6
que de las documentales que obran agregadas al expediente, se
advierte una controversia derivada de una resolución emitida por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, durante el proceso electoral ordinario, que a
decir del Partido Político promovente le causa agravios.
XXII. Por lo que respecta a la legitimación del partido político, y la
personería del promovente, el artículo 602 párrafo 1, fracción I del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
establece que están legitimados para interponer el recurso de
apelación, entre otras personas, los partidos o agrupaciones
políticas por conducto de sus respectivos representantes legítimos
que estén acreditados ante el órgano electoral que dictó el acto o
resolución impugnada.
Por tanto, la legitimación del partido político actor, es de
reconocerse en virtud de tratarse de un partido político nacional
debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que se refiere a la personería del maestro José Antonio
Elvira de la Torre, quien se ostenta como Consejero Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, se tiene por reconocida, toda vez que se desprende de
actuaciones del expediente, así como del informe circunstanciado
rendido por la responsable en el que se le reconoce con tal
carácter.
RAP-186/2012
7
En relación al interés jurídico del recurrente para hacer valer el
recurso de apelación, se observa que en su escrito alega que el
acto impugnado le causa agravios, lo cual en principio, se considera
suficiente para que se proceda a su estudio, esto, sin perjuicio de
que en su oportunidad se juzguen los supuestos agravios que hace
valer en su medio de impugnación.
Por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, por ser su examen preferente conforme al principio
de economía procesal, requisitos previstos en los artículos 506, 507
y 603 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, preceptos que regulan: el plazo en que se debe
presentar el recurso de apelación; los requisitos que debe cumplir el
escrito, el requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento
previo de los recursos administrativos que el Código de la materia
señala para el caso concreto, al respecto se tiene que:
El plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece
en el artículo 506 del código de la materia, que en lo conducente
señala:
Artículo 506 Los medios de impugnación previstos en este Código deberán presentarse dentro de los seis días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnado, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.
Atento a lo dispuesto por el citado precepto, el Pleno de este
Tribunal Electoral advierte que, el acuerdo impugnado fue emitido el
28 veintiocho de abril del año que transcurre, en consecuencia, se
RAP-186/2012
8
deduce que el plazo para interponer el presente recurso de apelación
transcurrió los días hábiles 29 veintinueve y 30 treinta de abril, 1 uno,
2 dos, 3 tres y 4 cuatro de mayo del esta anualidad, y en virtud de
que el Recurso de Apelación fue presentado ante la autoridad
responsable el 1 uno de mayo, según consta en el sello de
recepción, este órgano colegiado estima que el medio de
impugnación fue presentado dentro del plazo previsto por la ley, y
así lo confirma la autoridad responsable en su informe
circunstanciado.
Por otra parte, el Pleno de este Tribunal Electoral, considera que el
escrito que dio origen al presente recurso, se ajusta a los
requisitos de los medios de impugnación, que establece el
artículo 507 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, disposición que es aplicable al medio procesal de
impugnación en que se actúa.
En efecto, se cumplieron los extremos que previene el citado
dispositivo legal, habida cuenta que el medio de impugnación se
presentó por escrito ante la autoridad responsable del acto
impugnado; se indicó el nombre del actor y el domicilio para recibir
notificaciones que se ubica en esta ciudad que es la residencia de
esta autoridad competente para resolver el medio de impugnación,
asimismo, se señaló el nombre de quien las pueda oír y recibir; no
obstante que el promovente no acompañó el documento necesario
para acreditar su personería, la misma consta en actuaciones del
expediente, así como del informe circunstanciado rendido por la
responsable en el que se le reconoce con tal carácter; se señaló al
partido político que representa; se identificó el acto impugnado, así
como a la autoridad responsable; se mencionaron los hechos en
RAP-186/2012
9
que se funda la impugnación, así como los agravios que le causa el
acto impugnado y los preceptos jurídicos presuntamente violados;
por lo que respecta a las pruebas, se advierte que promovente
ofreció las que consideró pertinentes, no obstante que no exhibió
los tres tantos de su demanda, lo anterior no le irroga perjuicio
alguno, y finalmente, se advierte que el promovente asentó su firma
autógrafa.
El artículo 603, párrafo 1 del Código en la materia, prevé que es
requisito de procedencia adicional para la admisión del recurso de
apelación que se agoten los recursos administrativos que establece
este ordenamiento legal para cada caso concreto, ya que, de lo
contrario, se desechará de plano, en el presente asunto, dicho
requisito se tiene por satisfecho, no es necesario agotar instancia
previa, toda vez que el acuerdo que se impugna fue emitido por el
Consejo General, órgano máximo de dirección del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que sus
actos son combatibles directamente mediante el recurso de
apelación.
Por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, quien
comparece como Tercero Interesado, al presente asunto en
términos de lo previsto en el artículo 512, párrafo 1, fracción III del
Código en la materia, se tiene que:
Se reconoce su legitimación, en virtud de tratarse de un partido
político nacional debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
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Por lo que se refiere a la personería del licenciado Benjamín
Guerrero Cordero, quien se ostenta como Apoderado Legal del
Partido Revolucionario Institucional, se tiene por reconocida, en
virtud de que obra agregada al diverso Recurso de Apelación RAP-
164/2012, copia certificada del Poder General Judicial, para Pleitos
y Cobranzas a favor de los licenciados Rafael Castellanos y
Benjamín Guerrero Cordero, otorgado en escritura pública 2,915,
ante la fe del Notario Público Titular número 138 de Guadalajara,
Jalisco, el 15 quince de febrero de 2012 dos mil doce, que remite el
Secretario General de Acuerdos de este órgano colegiado.
Por lo que se refiere al plazo para la presentación de su escrito,
esta se realizó en términos de lo previsto en el artículo 530 en
relación con el 506 del Código Electoral.
Los requisitos del escrito, previstos en el citado numeral 530 del
Código en la materia, se encuentran satisfechos, toda vez que el
mismo, fue presentado ante la autoridad responsable del acto
impugnado, se hizo constar el nombre de tercero interesado, se
señaló domicilio para recibir notificaciones, no obstante que no
acompañó el documento para acreditar su personería, la misma se
tiene acreditada con el Poder General Pleitos y Cobranzas, descrito
el líneas precedentes, asimismo, precisó la razón del interés jurídico
en que se funda y las pretensiones concretas del compareciente,
ofreció y aportó las pruebas y finalmente, hizo constar su firma
autógrafa.
III. Por ser las causales de improcedencia una cuestión de
estudio oficioso, éstas se analizan de manera preferente de
conformidad a lo previsto por los artículos 1; 536, párrafo 1, fracción
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II, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, por lo que se analizará si en el caso a estudio se actualiza
alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo
509 del ordenamiento legal invocado, y de ser así, deberá
decretarse el desechamiento de plano del medio de impugnación
planteado por la parte apelante, al no constituirse válida y
eficazmente el proceso, ya que ello imposibilitaría a este órgano
jurisdiccional para resolver sobre el fondo controvertido materia del
medio de impugnación.
Cabe señalar que las causales de improcedencia pueden
analizarse, ya sea por petición de parte, al haber sido invocadas por
alguna de ellas, o bien, porque de oficio esta autoridad jurisdiccional
las advierta, dada la obligación de analizar la integridad de las
constancias allegadas a los medios de impugnación, conforme a los
principios de constitucionalidad y legalidad consagrados por la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Al efecto, este órgano colegiado no advirtió la existencia o
actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas
por el artículo 509 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco en los medios de impugnación
interpuestos, pues no se pretendió impugnar la no conformidad a la
Constitución General de la República o la Política del Estado de
Jalisco, no se impugnaron actos o resoluciones que no afecten el
interés jurídico del actor, el acto o resolución no se consumó de un
modo irreparable, el acto o resolución no se consintió
expresamente, entendiéndose por ello, las manifestaciones de
voluntad que entrañen ese consentimiento o no se presenten los
RAP-186/2012
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medios de impugnación dentro de los plazos señalados en el
Código Electoral y el promovente no careció de legitimación.
En virtud de las consideraciones realizadas, y al no advertirse
causal de improcedencia alguna que amerite un desechamiento de
plano, es procedente realizar el análisis de fondo de la controversia
planteada.
IV. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar si el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el 28 veintiocho de
abril de 2012 dos mil doce, que resolvió las solicitudes de registro
de planillas de candidatos a munícipes, que presentó de la coalición
“Compromiso por Jalisco”, identificado como IEPC-ACG-084/12, es
violatorio del principio de legalidad que toda resolución de autoridad
electoral debe cumplir, por ser uno de los principios constitucionales
y legales rectores de la función electoral, y si con ello se conculcó el
derecho que, en favor del promovente, consagra la Constitución
Política y el Código Electoral y de Participación Ciudadana ambos
ordenamientos del Estado de Jalisco.
Precisado lo anterior, el método que se abordará para dilucidar la
litis en el presente asunto, consistirá en examinar los agravios que
esgrime el recurrente en el Recurso de Apelación, los cuales se
estudiarán en los subsiguientes considerandos.
El examen se hará relacionando los agravios con los hechos y
puntos de derecho controvertidos y los que fundan la presente
resolución que se sustentan en la plenitud de jurisdicción que a este
órgano judicial le confiere el artículo 57, párrafo segundo de la
RAP-186/2012
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Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 504, párrafo
3 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, así como con el análisis y la valoración de todas y cada una
de las pruebas que fueron admitidas.
Para tal efecto, en los siguientes considerandos se examinarán los
agravios que esgrime el ciudadano actor, pudiendo variar el orden
de la exposición contenida en el escrito que contiene el medio de
impugnación, lo cual no le causa lesión o afectación jurídica alguna,
pues esto sólo ocurre cuando no se estudian todos los motivos de
agravio, toda vez que no en todos los casos, los justiciables
exponen ordenadamente sus agravios, o bien en razón de que
algunos de éstos pueden ser de estudio preferente o incluso
encontrarse en cualquier parte del escrito que contiene la
impugnación.
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 02/98 y
03/2000 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, consultables en la Compilación
1997-2010 de Jurisprudencia y tesis relevantes en materia electoral,
Volumen 1 de Jurisprudencia, páginas 118 a la 120 bajo los rubros:
“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL.” y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”
V. Una vez establecido lo anterior, se advierte que el promovente,
expresa el agravio que identifica como “Primero” en los siguientes
términos:
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14
Primero. Así mismo, causa agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de candidatos a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Verde Ecologista de México, en flagrante violación del Principio Constitucional de Legalidad previsto en los artículos 14, 16,41 Base VI y 116 de Nuestra Carta Magna.
En un primer orden de ideas, en razón de que quien firma tanto el convenio de coalición, la modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de registro de candidatos, por la parte que representa al Partido Revolucionario Institucional, es RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del mencionado Instituto Político.
Por su parte, en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional no se contempla la figura del Delegado Especial para el despacho de la presidencia de algún Comité Directivo Estatal, ni mucho menos en alguno de sus reglamentos, sin embargo, el artículo 120 de los citados Estatutos, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal tienen a su cargo la representación y dirección política del Partido en la entidad federativa correspondiente y desarrollarán las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los programas estatales que apruebe el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como las acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional.
Y por su parte el artículo 121 de los Estatutos en comento, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal del Instituto Político que nos ocupa, estarán integrados, por un Presidente; un Secretario General; un Secretario de Organización; un Secretario de Acción Electoral; un Secretario de Acción Electoral (sic); un Secretario de Gestión Social; un Secretario de Finanzas; un Secretario de Administración; un Secretario de Acción Indígena en donde se tenga presencia de pueblos y comunidades indígenas; un Coordinador de Acción Legislativa; las demás secretarías que sean pertinentes a cada entidad federativa y que correspondan al Comité Ejecutivo Nacional; y cada sector, el Movimiento Territorial, el Organismo de Mujeres Priístas y el Frente Juvenil Revolucionario contarán con un Coordinador dentro del Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal, con las atribuciones y representatividad suficientes para su cabal funcionamiento.
Resulta evidente que en la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional, no se contempla la figura de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco; por lo que la persona que ostenta el mencionado carácter, no cuenta con facultades, ni para suscribir el convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México, las modificaciones al mismo, ni mucho menos para registrar candidatos, a nombre del Instituto Político en cuestión, ni mucho menos a nombre de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por los dos institutos políticos que se mencionan.
Pues en adición, cabe resaltar, que aun y cuando en las cláusulas décima y décima séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR JALISCO” establece que las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, aso (sic) como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el propio convenio de coalición; Sin embargo, si de origen RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA carece de representación para la celebración del convenio de coalición a nombre del Partido Revolucionario Institucional, luego entonces, por consecuencia
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carece de la representación para solicitar el registro de candidatos a nombre de la coalición, fundándose en el propio convenio de coalición.
Al respecto el artículo 241, párrafo 1, fracción III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establece que las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por el Consejo General del Instituto y contener escrito con firma autógrafa, del DIRIGENTE ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO, O EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
En este orden de ideas, si RAFAEL GONZÁLEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, fue quien firma las solicitudes de registro, de las planillas a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, lo hace en contravención de lo ordenado en el citado artículo 241, párrafo 1, fracción III de la Codificación Electoral de esta Entidad Federativa, pues el no es Dirigente Estatal en Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, y tampoco puede ser considerado como representante de la coalición en comento.
Razón por la cual es de considerarse que al aprobarse el registro de las candidaturas a munícipes para integrar los 125 municipios del estado de Jalisco, solicitadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA resulta del todo ilegal, ante su falta de representación tanto del Partido Revolucionario Institucional, como de la propia coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por dicho insitito (sic) político y por el Partido Verde Ecologista de México.
Lo que debió hacer la autoridad responsable es haber desechado de plano las solicitudes de registro de las planillas a munícipes firmadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 fracción III, 244 párrafos 2 y 4, y artículo 245, párrafo 1, fracción 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Al respecto resultan aplicables las siguientes Jurisprudencias:
…
Jurisprudencia 5/2001
CANDIDATOS. FACULTAD PARA SOLICITAR EL REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SIMILARES). …
Tesis CX12002
PERSONERÍA. LA REPRESENTACIÓN DELEGADA DE UN PARTIDO POLÍTICO DEBE CONSTAR EN INSTRUMENTO NOTARIAL. …
(…)
De lo anterior se desprende que el recurrente señala que le
causa agravio el acuerdo impugnado IEPC-ACG-084/12 de
veintiocho de abril de dos mil doce, emitido por el Consejo
RAP-186/2012
16
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, que aprueba el registro de la planilla de
candidatos a munícipes, que presentó la coalición “Compromiso
Por Jalisco”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional
y por el Partido Verde Ecologista de México, por lo que respecta
al municipio de Mazamitla, Jalisco; al considerar que el mismo,
violenta el principio constitucional de legalidad; en razón de que
a su parecer, quien firma el convenio de coalición y la
modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de
registro de candidatos por la parte que representa al Partido
Revolucionario Institucional, a saber, Rafael González Pimienta,
no cuenta con facultades para ello.
Ahora bien, el agravio en estudio resulta infundado en virtud de
las consideraciones que a continuación se exponen:
A juicio de este Tribunal Electoral, resulta pertinente señalar que
del punto 5° quinto de los “Antecedentes” del acuerdo
impugnado, se observa que el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
hace referencia al diverso acuerdo identificado con la clave
alfanumérica IEPC-ACG-019/12 emitido el 24 veinticuatro de
febrero de 2012 dos mil doce, mediante el cual se aprobó el
registro del convenio de coalición que presentó el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
México, a la cual denominaron coalición “Compromiso por
Jalisco”, para contender en el proceso electoral local ordinario
2011-2012, en las elecciones de Gobernador, diputados por el
principio de Mayoría Relativa en cinco distritos electorales
locales y munícipes de los ciento veinticinco municipios que
RAP-186/2012
17
conforman el Estado de Jalisco, acuerdo que por tratarse de un
documento público consultable en el sitio o página web oficial del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco en la Internet, constituye un hecho notorio, por lo que
este Pleno del Tribunal Electoral, puede invocarlo en la presente
resolución.
Sirve para ilustrar lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX.2º.
J/24, visible a página 2470, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, de Enero de dos mil
nueve, Materia Común, Novena Época, bajo el rubro HECHO
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN
SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.
Así entonces, es necesario trascribir la Cláusula Décima
Séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, antes referido, que de manera textual señala:
“DÉCIMA SÉPTIMA.- Del registro de los candidatos de la coalición. Las
partes acuerdan que para tal efecto se apegan al “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2011-2012”, identificados con la clave IEPC-ACG-005/2012 y lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, 239, 240 y 241 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, así como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el presente convenio, teniendo las mismas facultades el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco del Partido Verde Ecologista de
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México en relación de los candidatos que postule este Instituto Político dentro de la coalición. Asimismo, los partidos que forman la presente coalición se obligan a remitir oportunamente a la instancia referida en el párrafo anterior, la documentación necesaria para el registro de los candidatos, o en su caso para la sustitución.” (lo resaltado es por parte de este Tribunal)
De lo antes trascrito se advierte claramente que contrario a lo
esgrimido por el recurrente, el Delegado Especial Encargado del
Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario
Institucional en Jalisco, a saber, Rafael González Pimienta, sí se
encontraba facultado para solicitar el registro de las
candidaturas postuladas por dicha coalición, pues así se pactó
de manera expresa en el convenio en estudio aprobado
mediante acuerdo identificado como IEPC-ACG-019/12, de 24
veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, mismo que
además no forma parte de la presente controversia, y por ello,
resulta ser un acto independiente, que al no haber sido
impugnado en su oportunidad, a la fecha se encuentra incólume
y debe entenderse como un acto consentido tácitamente.
Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 23/2000 y
9/2001, consultables en la páginas 235 y 236 así como 236 a la
238, respectivamente, de la Compilación 1997-2010
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1
Jurisprudencia, que refieren:
DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito
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que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.”
“DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. El actor queda exonerado de agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral local, en los casos en que el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y definitivo. En efecto, la razón que constituye la base lógica y jurídica para imponer al justiciable la carga de recurrir previamente a los medios ordinarios, antes de acceder a la justicia constitucional federal, radica en la explicación de sentido común de que tales medios de impugnación no son meras exigencias formales para retardar la impartición de la justicia, obstáculos impuestos al gobernado con el afán de dificultarle la preservación de sus derechos ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela efectiva que les garantiza la Constitución federal, sino instrumentos aptos y suficientes para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución que se combata; y al ser así las cosas, se impone deducir que, cuando ese propósito o finalidad no se puede satisfacer en algún caso concreto, ya sea por las especiales peculiaridades del asunto, por la forma en que se encuentren regulados los procesos impugnativos comunes, o por las actitudes de la propia autoridad responsable o de la que conoce o deba conocer de algún juicio o recurso de los aludidos, entonces se extingue la carga procesal de agotarlos, y por tanto se puede ocurrir directamente a la vía constitucional, pues las situaciones apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos cautelares, ni es posible fáctica ni jurídicamente retrotraer las cosas al tiempo pasado en que se cometieron las violaciones, mediante la reposición de un proceso electoral.”
En este sentido, no debe soslayarse que el referido acuerdo
IEPC-ACG-019/12 donde fue aprobado el convenio de la
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coalición denominada “Compromiso por Jalisco” deviene en un
acto anterior que fue consentido y que a su vez, trajo como
consecuencia la emisión de un acto posterior derivado de
manera directa de ese consentimiento, esto es, la aprobación de
las planillas de candidatos a munícipes, presentadas por la
coalición “Compromiso por Jalisco”, contenida en el acuerdo
identificado como IEPC-ACG-084/12; por tanto, el agravio
expresado por el actor consistente en la supuesta falta de
personería del representante del Partido Revolucionario
Institucional, resulta ser un acto derivado del consentimiento del
diverso acuerdo IEPC-ACG-019/12, en el que se aprobó el
registro del convenio de la referida coalición integrada por el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista
de México; ello, en virtud de que en el aludido acuerdo en el que
se aprobó el convenio de coalición, se otorgó de manera
expresa la facultad a Rafael González Pimienta, para suscribir el
registro de las candidaturas postuladas y aprobadas por el ahora
acuerdo IEPC-ACG-084/12, impugnado en el presente asunto.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que de las actuaciones que
integran el recurso de apelación en estudio, se advierte que el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, anexó a su informe
circunstanciado, copia certificada del proveído de 12 doce de
enero de dos mil doce, en el cual se tuvo a al ciudadano Gerardo
Álvarez Romero, en su carácter de Consejero Suplente
Representante del Partido Revolucionario Institucional,
exhibiendo copia certificada del ACUERDO DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL POR EL QUE SE CREAN DELEGACIONES
ESPECIALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL PARA EL
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21
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y LA SECREATRÍA GENERAL DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE JALISCO Y SE DESIGNAN A SUS
TITULARES y por ende, se tuvo al Partido Revolucionario
Institucional, dando cumplimiento a la obligación que le impone
el artículo 68, párrafo 1, fracción XIII, del Código Electoral y de
Participación ciudadana del Estado de Jalisco, en el sentido de
comunicar al Instituto, los cambios de los integrantes de sus
órganos directivos, y como consecuencia de ello, comunicando
que se designó al Licenciado Rafael González Pimienta, como
Delegado Especial para el despacho de la Presidencia del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de Jalisco, hasta en tanto se convoque y efectúe el
procedimiento estatutario para la elección de los titulares
respectivos, situación tampoco impugnada en su oportunidad;
por lo cual, se reitera que el acto que ahora impugna, constituye
una consecuencia del consentimiento de lo narrado en líneas
precedentes y, por ello, sí le asistió a Rafael González Pimienta,
la facultad para solicitar el registro de las planillas de candidatos
a munícipes, por parte de la coalición “Compromiso por Jalisco”.
Así entonces, como se precisó en párrafos precedentes, al haber
suscrito la solicitud de registro de la planilla de candidatos
aprobada, el ciudadano Rafael González Pimienta, en su
carácter de Delegado Especial encargado del despacho de la
Presidencia del Partido Revolucionario Institucional, no le asiste
la razón al apelante, en virtud de que contrario a lo señalado por
su parte, sí cuenta con facultades para ello.
RAP-186/2012
22
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio primero esgrimido por el
apelante, y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VI. Por lo que se refiere al “Segundo” motivo de agravio, el partido
político actor, argumenta lo siguiente:
HECHOS:
(…)
Segundo. Dentro de la etapa correspondiente al registro de candidatos de
los partidos políticos, con fecha quince de abril del año en curso, como es
un hecho notorio y público, acudieron a presentar su registro de candidatos
para los municipios del Estado de Jalisco, la Coalición “COMPROMISO
POR JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Verde Ecologista de México.
Dentro del mencionado proceso de registro fue evidente que al momento de
registrar las planillas y entregar la documentación requerida según la ley de
la materia, estas fueron recibidas incompletas y fuera del límite establecido
en el artículo 240, fracción IV del Código Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco, además de carente de los requisitos que establece el
artículo 241, punto 1, fracción II y llI.
Cabe señalar que fue el último día de los que se establecen en la ley para
presentar el registro de las planillas, la fecha en la cual acudieron al
mencionado proceso de registro, y en el cual ocurrieron una serie de
irregularidades por parte de la Autoridad Administrativa Electoral, al
momento de la recepción de la documentación para la integración de los
expedientes de los candidatos de la mencionada coalición.
Esto es así pues El Instituto Electoral de manera constante y repetida
obstaculizó al suscrito para conocer con veracidad la documentación real
que se estaba entregando, impidiéndome conocer puntualmente si era
entregado cada documento exigido por la ley para el registro de las planillas
de candidato a munícipe.
Tercero. Posteriormente con fecha veintiocho de abril del presente año, el
Consejo General del Instituto Electoral, decidió de manera ilegal aprobar el
registro de las 125 planillas de candidatos a Presidente Municipal,
Regidores y Síndico postulados por la Coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México, correspondientes a los Ayuntamientos del
Estado de Jalisco.
Cuarto. Entre los registros aprobados esta el correspondiente a la planilla
correspondiente al municipio de MAZAMITLA, Jalisco, misma que fue
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presentada para su registro fuera del plazo legal previsto para tal efecto,
además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1,
fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
(…)
AGRAVIOS
(…)
Segundo. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 9, 14, 16, 41, 35, 116, fracción IV, inciso b) y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracción X de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 1, punto dos, 24, 29, 229, 239, punto uno, fracción IV, 241, fracciones II y III, 245, punto uno, fracciones I, III y IV, 246, 115, 120 punto 1, y 500, punto 1, fracción I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en virtud de que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de MAZAMITLA, Jalisco, no obstante de que la solicitud de registro fue presentada después de concluido el plazo legal previsto para tal efecto, además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1, fracción II y III.
El principio de legalidad, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal.
Al respecto resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.—…
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 234-235.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996.—….
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, páginas 57-58, Sala Superior, tesis S3EL 034/97.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 798-799.
Una definición doctrinal del Ayuntamiento lo explica de la siguiente manera: Órgano colegiado y deliberante que asume la representación y el gobierno del municipio. Integrado por los Regidores, él o los Síndicos y el Presidente Municipal.
El sistema de elección municipal, denominado “de planillas”, puede resumirse de la siguiente forma: 1) en un mismo acto político (el acto del sufragio) se elige, mediante un “voto simultáneo” todo el cuerpo político del ayuntamiento; 2) de la planilla ganadora emana el presidente municipal, uno o más síndicos, y un número predeterminado de regidores “de mayoría”; y 3) de las planillas perdedoras que alcancen el umbral de representación requerido se complementa el cuerpo edilicio con un grupo de regidores de “representación proporcional”.
Este sistema, que se encuentra estatuido en la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, la que en su artículo 3 señala “Cada Municipio es gobernado por un
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Ayuntamiento de elección popular directa”, a su vez el numeral 10 de dicho cuerpo normativo establece “Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se determinan en la ley estatal en materia electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas; y permanecen en sus cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de cada período.
Ahora bien, de conformidad al artículo 134, fracción XVI y 246, párrafo uno, fracción II del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es la autoridad competente para aprobar la procedencia del registro de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de MAZAMITLA, Jalisco, para lo cual, deberá revisar que la solicitud de registro cumpla con los requisitos que al efecto establece el Código Electoral y de Participación Ciudadana, así como la Constitución Política del Estado de Jalisco.
El artículo 240, punto uno, fracción IV del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señala que el plazo para la presentación de las solicitudes de registro en el caso de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, concluye el día 15 de abril del año de la elección.
Ahora bien, de una interpretación sistemática, funcional y gramatical de los artículos 21, 24, punto tres, 239, fracción IV, 240, fracción IV, 244 y demás relativos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se advierte lo siguiente:
1. La elección de integrantes de los ayuntamientos del Estado de Jalisco, se realizará mediante la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, que registren los partidos políticos y candidatos ordenado de forma progresiva en la que se incluya el numero de regidores propietario y suplentes correspondientes.
2. Los partidos políticos o coaliciones deberán registrar la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico durante el plazo previsto para tal efecto, cumpliendo con los requisitos formales y materiales que la ley establece.
3. En caso de que faltara algún requisito formal, (copia certificada del acta de nacimiento, escrito con firma autógrafa del estatal en el que manifieste bajo protesta que los ciudadanos que se registran fueron seleccionados de conformidad con los estatutos, etcétera) la autoridad electoral, podrá requerir al partido o coalición, para que subsane la inconsistencia.
4. Únicamente podrán se subsanables los requisitos que deben
acompañarse a la presentación de la solicitud de registro de la planilla.
5. En caso de presentarse la solicitud de la planilla fuera del plazo previsto
será motivo de desechamiento de la misma.
Ahora bien, como se advierte del expediente relativo al registro de la planilla de cuenta, la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, presentó una serie de documentos al momento de fenecer el plazo legal, sin embargo tal y como lo certificó la propia autoridad electoral, existían deficiencias y omisiones no subsanables.
Es decir, la planilla impugnada no presentó la totalidad de los documentos que establece el artículo 241, fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que a la letra señala que deben contener:
Artículo 241.
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1. Las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por
I…
II. A la solicitud de cada uno de los ciudadanos propuestos a candidatos propietarios y suplentes, se deberá acompañar sin excepción los documentos siguientes:
a) Escrito con firma autógrafa en el que los ciudadanos propuestos como candidatos manifiesten su aceptación para ser registrados y en el que bajo protesta de decir verdad expresen que cumplen con todos y cada uno de los requisitos que establecen la Constitución Política del Estado y este Código;
b) Copia certificada del acta de nacimiento o certificación del registro del nacimiento, expedidas en ambos casos por la oficina del registro civil;
c) Copia certificada por Notario Público o autoridad competente de la credencial para votar;
d) Constancia de residencia, cuando no sean nativos de la Entidad, expedida con una antigüedad no mayor de tres meses por el Ayuntamiento al que corresponda su domicilio; y
e) Copia certificada por autoridad competente de la constancia de rendición de la declaración de situación patrimonial, cuando se trate de servidores públicos.
III. Escrito con firma autógrafa, del dirigente estatal del partido político, o en su caso, del representante de la coalición, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
Tal y como se ha señalado en los puntos que anteceden en la presente impugnación, es hecho notorio, público y evidente, que existió por parte de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, una ausencia total en la entrega de los documentos que señala el artículo antes transcrito, aunado a la falta del escrito del representante de la referida coalición, en la cual no se señala de manera clara la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que especifique los ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así como los documentos en los que sustentan el cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad.
La previsión legal consignada en el artículo 244 del Código Local, señala que en caso de faltar alguno de los requisitos que deben presentarse a cada solicitud, la autoridad electoral, podrá requerir a los partidos para que subsanen las deficiencias en la integración del expediente, lo que no implica que puedan cubrir sus omisiones una vez agotado el plazo que la ley les otorga para realizar el registro, pues hacerlo de esta forma implica extender el plazo previsto.
Es pertinente distinguir, que existen dos tipos de inconsistencia, las subsanables y aquellas que por su carácter no pueden ser reparables.
Así las cosas, son omisiones subsanables, aquellas que por sus características no atañen directamente a una cuestión pública, o afectan de manera directa los principios de certeza, equidad e imparcialidad rectores de la función electoral.
En ese sentido, el hecho de que la solicitud de registro de la planilla de candidatos no se presente antes de la fecha prevista, no sea entregada la documentación requerida, así como que no cumpla con los requisitos que señalan los incisos a) de la fracción II, y lo previsto en la fracción III del párrafo 1 del artículo 241 del Código del Estado, son requisitos que no pueden ser subsanables, toda vez, que una interpretación contraria, reduciría al absurdo de suponer que un partido político presente una solicitud de registro con el nombre de sólo un candidato, o bien, que haga entrega de una serie de documentos inconexos con el sólo afán de generar un precedente, y contar con los elementos para ampliar el plazo previsto
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para la integración de la planilla de candidatos, y ahora si estar en aptitud de solicitar su registro.
De lo señalado, se advierte que en el caso de que la solicitud de registro no contenga ningún documento, ni el nombre de por todos los integrantes de la planilla, es un vicio invalidante, que para subsanarlo se tendría que abrir un nuevo plazo para la presentación de la solicitud de registro, en razón de que como se ha señalado con antelación, el registro de candidatos se llevará a cabo por planillas completas, y no como en el caso, en el que sólo no se presentaron el total de los integrantes de la misma.
Al caso, esta autoridad deberá tomar en consideración el principio de impugnabilidad rector de los medios de impugnación en materia electoral, mismo que señala que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales tienen la posibilidad de se (sic) combatidos o impugnados, es decir, que todos los actos de las autoridades electorales tienen mecanismos de oposición para que puedan ser objeto de un nuevo análisis, estableciéndose como una garantía a todos los sujetos del derecho electoral, el poder acudir ante las autoridades a fin de ventilar todas aquellas situaciones que provoquen disconformidad de dichos actos o resoluciones.
(…)
De lo trasunto se desprende que el actor se duele en esencia de
la supuesta ilegalidad de la resolución emitida por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el 28 veintiocho de abril del 2012 dos mil
doce, que aprobó el registro de las planillas de Presidente
Municipal, Regidores y Sindico de los 125 ciento veinticinco
Ayuntamientos postulados por la Coalición “Compromiso por
Jalisco”, entre ellas la planilla relativa al Municipio de Mazamitla,
Jalisco, en razón de la presentación extemporánea de la
solicitud correspondiente, así como por la insuficiencia de los
requisitos necesarios para obtener el registro de mérito.
El apelante abunda en que la Coalición “Compromiso por
Jalisco” para el registro de la planilla de munícipes en comento,
al momento de fenecer el plazo legal conducente, presentó una
serie de documentos deficientes y con omisiones no
subsanables.
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De igual forma, el actor señala que no se presentó ante la
autoridad responsable la totalidad de los documentos requeridos
en vía de cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo
241, fracciones II y III del Código en la materia.
Aunado a lo anterior, el recurrente aduce textualmente que al
registro de la planilla de munícipes en comento, le faltó el escrito
del representante de la Coalición en cita, en la (sic) cual no se
señala de manera clara, la postulación formal de la planilla
impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que se
especifique los nombres de los ciudadanos que la integran, el
orden de prelación con que son propuestos, el carácter de
propietario o suplente, así como en los documentos en los que
se sustenta el cumplimiento de los requisitos legales de
elegibilidad.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO, esto es así, porque del
análisis de los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a
la conclusión de que los mismos, consisten en meras
apreciaciones subjetivas, genéricas e imprecisas que no cuentan
con los elementos suficientes para combatir el estudio de fondo
de la resolución recurrida.
En principio, porque en atención a lo previsto en el artículo 544,
párrafo 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación
que se someten a su consideración, se encuentra obligado a
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suplir las deficiencias en la expresión de los agravios
planteados, también lo es que se llevará a cabo, siempre y
cuando, éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos
expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Al respecto, conviene precisar que ha sido criterio reiterado por
este Tribunal Electoral, que los conceptos de agravio se pueden
tener por formulados independientemente de su ubicación en
determinado capítulo o sección de la demanda, así como de su
presentación, planteamiento o construcción lógica; debido a que
no es requisito sine qua non que se encuentren contenidos en
un capítulo especial de conceptos de agravio, siempre y cuando,
éstos expresen las violaciones legales que se considere fueron
cometidas por la autoridad responsable, en cualquier parte del
escrito inicial de demanda, exponiendo con toda claridad los
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razonamientos lógico jurídicos por los cuales se concluya que no
se actuó conforme a derecho.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 03/2000
y 02/98, consultables a páginas 117 a la 119, de la "Compilación
1997-2010” de Jurisprudencia y tesis, tomo de Jurisprudencia,
Volumen 1, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, bajo los rubros: "AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y
"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL".
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
En este tenor, si bien es cierto que el Tribunal Electoral esta
facultado para resolver supliendo la deficiencia en la expresión
del agravio, siempre y cuando, de la propia redacción del escrito
de demanda, se desprendan los elementos mínimos necesarios
de los cuales, inclusive, aún estando inconexos entre sí, se
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pueda colegir el planteamiento de agravios específicamente
formulados para destruir frontalmente el acto que se impugna;
también es cierto que, en oposición a lo anterior, cuando del
libelo impugnativo no se desprenda elemento, hecho o
manifestación clara y precisa a partir de la cual se pueda
formular un agravio concreto, este órgano jurisdiccional se
encuentra impedido para ir más allá de la intensión del actor y
consecuentemente, configurar ex officio la expresión del agravio
pertinente para alcanzar las pretensiones planteadas por el
partido político actor, puesto que tal situación no sería una
suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel del
promovente.
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
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le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio y se subsuma en
la responsable, para realizar el trabajo que le corresponde a
ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades o
inconsistencias, proceda a declarar su revocación u ordenar se
subsanen.
En el caso que nos ocupa, de la lectura integral del escrito de
demanda, se advierte que el partido político apelante intenta
controvertir la legalidad del acuerdo emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, identificado como IEPC-ACG-084/12, de
fecha 28 veintiocho de abril del año en curso, mediante el cual
se aprobó del registro de las 125 ciento veinticinco planillas de
munícipes postuladas por la Coalición “Compromiso por Jalisco”,
que habrán de participar en la contienda electoral del próximo
primero de julio, para renovar los ayuntamientos que integran el
Estado de Jalisco; arguyendo que se vulneran los diversos
artículos en virtud de que la autoridad responsable aprobó el
registro de la planilla de munícipes para la conducente
postulación relativa al Ayuntamiento Mazamitla; no obstante de
que dicho registro fue presentado una vez fenecido el plazo legal
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previsto para tal efecto y además, carente de los requisitos a que
se encuentra sujeto.
Así mismo, del estudio acucioso del escrito de demanda de
apelación, se advierte que el actor intenta configurar un agravio
tendiente a atacar la legalidad de dicho registro en su conjunto,
fundamentándose en diversos preceptos de orden constitucional
y legal que de ninguna manera utiliza como motivación para
sostener sus argumentos.
En efecto, únicamente expresa en forma genérica que le causa
agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de
candidatos a postularse en los 125 ciento veinticinco municipios,
sin embargo, no hace valer motivo de disenso específico,
concreto, objetivo y frontal, a través del cual manifieste qué
parte, o sí la totalidad del acuerdo impugnado emitido por la
responsable, mediante el cual aprueba el registro de las planillas
en comento, le resulta carente de derecho o ilegal, no discurre
en razonamientos o justificaciones lógicas específicas y
concisas, imposibilitando a este Tribunal Electoral a aplicar el
principio de la suplencia del agravio, dado que ni en forma
mínima se advierte la expresión de un motivo de disenso claro y
frontal.
Sin embargo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional
que si bien es cierto, que el apelante plantea la impugnación de
la aprobación del registro de las 125 ciento veinticinco planillas
en forma genérica y oscura; también lo es que identifica en este
Recurso de Apelación, la planilla correspondiente al
Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco; respecto del cual precisa
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tres actos aprobados por la responsable y que considera motivos
de agravio, mismos que serán estudiados en el orden de
prelación establecido por el actor:
ee) La extemporaneidad en la presentación de la solicitud de
registro de la planilla de munícipes de mérito;
ff) La presentación de la solicitud de registro carente de los
documentos que establece el artículo 241, fracción II y III
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco.
gg) Omisión en la presentación del escrito del representante de
la Coalición “Compromiso por Jalisco”, con firma autógrafa
de éste, mediante la cual (sic) no se señala de manera clara
la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un
escrito con firma autógrafa en el que se especifique los
ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que
son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así
como los documentos en los que sustentan el cumplimiento
de los requisitos legales de elegibilidad.
a) Extemporaneidad de la presentación de la solicitud para
el registro de la planilla de munícipes.
En cuanto al motivo de agravio señalado en el inciso a), este
órgano jurisdiccional sostiene que es infundado dado que el
recurrente realiza consideración referente a que se entregaron
documentos fuera del plazo legal previsto para el registro de la
planilla de mérito; sin embargo del escrito de demanda no se
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desprende argumento toral encaminado a expresar en qué
consistió esencialmente dicha extemporaneidad.
En efecto, no existe elemento alguno en el libelo impugnativo a
partir del cual, este órgano resolutor pueda obtener los datos
específicos que arrojen la fecha y hora de la supuesta entrega
extemporánea de la presentación de la solicitud del registro de
mérito, de tal forma, que puedan ser contrastado con lo que
sostiene la autoridad responsable en el acuerdo que se
impugna, y en consecuencia se pueda colegir que dicho registro
fue presentado fuera del término previsto para lo conducente.
En esa virtud, es importante mencionar que de la lectura del
acuerdo impugnado, se advierte que la autoridad responsable
aprobó y realizó el registro de la planilla para el municipio de
Mazamitla, Jalisco, por haber sido satisfechos los requisitos del
mismo.
Por lo tanto, en seguimiento al principio de que lo ordinario se
presume, lo extraordinario se demuestra, este órgano
jurisdiccional sostiene que, en el presente caso, lo ordinario se
encuentra en la presentación de la solicitud del registro de la
planilla de munícipes en cuestión, dentro del plazo legal previsto
para tal efecto, situación que se hizo de manifiesto por la propia
responsable a través de la emisión del referido acuerdo
impugnado en el que se estableció que la planilla de munícipes
se aprobó y registró en virtud de que se cumplimentaron todos y
cada uno de los requisitos legales previstos para tal efecto, entre
ellos el relativo al de la oportunidad en la presentación de la
solicitud conducente, sin hacer mayor detenimiento o
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consideración al respecto; mientras que lo extraordinario, es
decir la supuesta extemporaneidad, se debió demostrar por
parte del recurrente, a través de la aportación de elementos
probatorios, contundentes y consistentes en los que figurara o
explicara claramente la circunstancia específica en las que,
según su dicho, radicó tal ilegalidad.
b) Estudio en general de los requisitos contenidos en el
artículo 241 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que ve al inciso b) tocante a la carencia de los
documentos requeridos en vía de requisitos necesarios para
obtener la aprobación del registro de la planilla de munícipes, el
partido político incoante manifiesta expresamente que existió en
dicha documentación, deficiencias y omisiones en su entrega.
Con respecto a este motivo de disenso, este órgano
jurisdiccional sostiene que deviene en infundado pues tal como
se advierte claramente de la argumentación vertida por el
recurrente en el escrito de demanda, la expresión en los mismos
redunda en consideraciones generales e imprecisas que resultan
insuficientes para revisar acuciosamente los defectos que en
específico, la aprobación del registro de la planilla de munícipes,
de ser el caso, pudiera presentar.
En efecto, tal como el mismo partido político actor lo indica, no
se advierten elementos esenciales tales como nombres, la
identificación de los documentos precisos de los cuales hubiera
carecido el registro, así mismo no se desprende cuál de los
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requisitos que establece el articulo 241, fracción II y III del
Código en la materia son los faltantes o en su caso deficientes.
Así pues, el apelante se limita a exponer textualmente lo que
detalla el artículo de referencia, sin embargo de ninguna forma
aporta elementos que aún inconexos entre sí, de los cuáles en
suplencia del agravio, sea posible colegir la aducida omisión en
la entrega de uno o algunos de los documentos presentados en
vía de requisitos; de ninguna forma individualiza o identifica los
supuestos requisitos faltantes o deficientes y aún menos
contextualiza la integración en específico del registro de la
planilla que controvierte.
En este tenor, conviene precisar que el actor expone agravios en
el desarrollo de su escrito de apelación, que se contradicen entre
sí, dado que en las primeras fojas de su demanda aduce que se
aprobó el registro de la planilla de munícipes de mérito, aún y
cuando en su correspondiente presentación existió la carencia
de documentos; sin embargo, en fojas más adelante del mismo
escrito, el incoante señala que los documentos requisitados
fueron entregados con deficiencias y así mismo, en los
subsiguientes renglones, termina arguyendo que existió por
parte de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, la ausencia total
de los requisitos que establece el precepto conducente; en
consecuencia, se colige que los argumentos vertidos por el
apelante devienen en incongruentes y contradictorios entre sí,
pues si da inicio a su apelación alegando la supuesta carencia
en una serie de documentos, continua denotando la deficiencia
en los mismos y concluye el libelo impugnativo, sosteniendo la
ausencia total de los mismos; expresiones en las cuales no se
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encuentra una congruencia o secuencia lógica argumentativa de
la que sea posible desprender argumentos sólidos y concretos
dirigidos a combatir la aducida ilegalidad de acto impugnado.
En consecuencia, se advierte que el motivo de agravio
expresado por el partido político promovente es genérico e
impreciso, pues no identifica cuáles requisitos de los previstos
en el artículo 241, párrafo 1, fracción II y III, considera que no
fueron presentados o cuál de ellos fueron presentados en forma
deficiente, así mismo, omite expresar argumentos mediante los
cuales especifique de forma frontal y precisa en qué parte de
documento mediante el cual se aprueba el registro de la planilla,
se encuentra la supuesta ilegalidad; sino que contrario a ello,
únicamente se limita a manifestar de forma por demás vaga e
indeterminada, que los documentos presentan "deficiencias u
omisiones no subsanables”, “ausencia total en la entrega de
documentos” “registro fue presentado carente de los
documentos que establece el artículo 241, párrafo 1, fracción II y
III”, por lo que al no proporcionar elementos suficientes para
permitirle un estudio de los agravios, o en su caso una suplencia
en los mismos, tales argumentos resultan infundados
En conclusión, tal como se apuntó en los primeros párrafos del
presente considerando, si bien es cierto que este Tribunal
Electoral se encuentra obligado legalmente a aplicar el principio
de la suplencia de los agravios, siempre y cuando, éstos puedan
deducirse de los hechos expuestos; también es cierto que este
órgano resolutor se encuentra limitado por los propios
argumentos que le aporta el apelante para el estudio de sus
motivos de agravio.
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Por lo tanto, al no contribuir el apelante con la carga de aportar
los elementos concretos y definidos revisables individualmente y
por ende, caer en la omisión de precisar puntual y
específicamente cuál o qué parte del acto impugnado considera
que se aparta de la legalidad, es absurdo pretender que este
Tribunal Electoral, bajo el amparo de ejercicio del principio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio, encamine las
pretensiones del actor y construya o formule agravios, tendientes
a realizar actos cuya competencia pertenece únicamente a la
responsable.
c) Estudio del requisito contenido en la fracción III, del
párrafo 1, del artículo 241 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por último, en cuanto al motivo de agravio contenido en el inciso
c), relativo a la omisión en la presentación del escrito del
representante de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, en el
cual no se señala de manera clara la postulación formal de la
planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en
el que se especifique los ciudadanos que la integran, el orden de
prelación en que son propuestos, el carácter de propietario o
suplente, así como los documentos en los que sustentan el
cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad, este
Tribunal Electoral advierte que los mismos devienen en
infundados por las consideraciones siguientes.
La autoridad electoral como garante de los principios
democráticos y salvaguarda de los derechos políticos de los
ciudadanos, lejos de restringir disposiciones legales que tutelen
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los derechos consagrados en normas constitucionales, se
encuentra sujeta a realizar una interpretación extensiva de los
mismos, toda vez que éstos no son excepciones o privilegios
concedidos a favor de algunos, sino que se trata de derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales
debe ser ampliados, no restringidos, ni mucho menos
suprimidos, en estricto apego a lo ordenado por los artículos 1,
32, 35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De esta forma la limitación al ejercicio del sufragio pasivo, se
acota exclusivamente a razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o
condena, más nunca se debe condicionar, entre otras
cuestiones, a una facultad discrecional de un partido político; lo
anterior en términos de lo establecido en el artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en
atención de la reciente reforma, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 10 diez de junio del presente año, garantiza que
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Carta Magna, en los tratados internacionales
de los México sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse,
por el contrario, se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a
las personas con la protección más amplia.
Bajo esta tesitura, en el presente caso, que el apelante pretenda
la revocación del acto impugnado en virtud de que la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, supuestamente omitió la presentación
ante la autoridad responsable, del escrito del representante legal
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o, en su caso, este se hubiese presentado sin su firma
autógrafa, a través del cual se precise de manera clara la
postulación de los candidatos integrantes de la planilla, su
conducente carácter de propietarios o suplentes, así como los
documentos en los que sustentan el cumplimiento de los
requisitos legales de elegibilidad; vulnera en perjuicio de los
candidatos su derecho fundamental sustantivo consistente en la
prerrogativa ciudadana del derecho pasivo del voto, tutelada por
el artículo 35, fracción II de la Constitución General de la
República y 8, fracción II de la Constitución Política de la
entidad.
En efecto, los ciudadanos candidatos a munícipes integrantes de
la planilla impugnada, desde el momento en que compitieron en
los respectivos procedimientos selectivos internos y resultaron
electos, cuentan con el derecho humano fundamental del
sufragio en su vertiente pasiva, por lo que al requerir para su
registro, la presentación de un diverso escrito signado por el
representante legal de la Coalición en comento, impone un
requisito que se encuentra fuera de las posibilidades tanto
jurídicas, como materiales del candidato, lo que se traduce en
una limitación al derecho humano de referencia, criterio que se
aparta claramente al relativo a la potenciación de los derechos
humanos.
Al respecto, conviene precisar que similar criterio sostuvo el 27
veintisiete de abril del año en curso, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional de
la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en
Guadalajara, Jalisco, en sentencia de los Juicios para la
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Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
identificados bajo las siglas y número de expediente SG-JDC-
3162/2012 y sus acumulados SG-JDC-3163/2012 al SG-JDC-
3187/2012.
En abundancia a lo anterior, no pasa inadvertido para este
órgano resolutor que el apelante aporta argumentos
contradictorios entre sí que se desprende de los propios motivos
de agravios, ello en función de que por una parte, el recurrente
intentó controvertir la facultad del representante de la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, tanto para celebrar dicho instrumento
jurídico, como para signar y presentar las solicitudes de registro
de diversas candidaturas que fueron posteriormente aprobadas
por la autoridad responsable, de lo que se deduce que
efectivamente en el procedimiento de registro de las
candidaturas que se llevó a cabo por la Coalición en cita, se
exhibió documento diverso en el que constó fehacientemente la
rúbrica del referido represente; mientras que por otro lado, en el
presente motivo de agravio, aduce que dicho escrito no se
aportó, o que en su caso, el mismo carecía de la firma autógrafa
de dicho representante.
En consecuencia, se colige que el escrito de apelación es
incongruente en virtud de que por una parte acepta que dicho
escrito fue presentado con la firma del representante de la
Coalición y al mismo tiempo, niega lo anterior, y aduce la
omisión en la presentación del mismo, o en su caso, la falta de
rúbrica del representante de referencia.
RAP-186/2012
42
Por lo anteriormente, fundado y motivado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio segundo esgrimido por el
apelante y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VII. El motivo de agravio que el apelante identifica en su escrito de
demanda como “Tercero”, es el que a continuación se transcribe:
Tercero. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 5, punto 1, 17 párrafo 2, en relación con el 24, punto 3 y 68, punto 1, fracción XIX, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como el numeral 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones III y IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, inciso b), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en virtud de que la autoridad responsable aprobó el registro de la planilla del ayuntamiento MAZAMITLA, presentada por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, contraviniendo el principio de equidad de género, al
violarse el orden de prelación que debe de tener la planilla impugnada.
Esto es así, toda vez que la Autoridad Administrativa, omitió de manera flagrante el estudio de la integración de la planilla impugnada, por lo que ve al cumplimiento de la cuota de género que la ley establece.
El artículo 17, segundo párrafo, establece que las solicitudes de registro de que presenten los partidos o coaliciones, ante el Instituto Electoral, se integrarán con un máximo de setenta por ciento de candidatos de un solo sexo y garantizando la inclusión de un candidato del sexo distinto en cada tres lugares de la lista, hasta lograr el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, a partir del cual el orden se decidirá libremente por cada partido, hecho tal que no fue analizado al momento de declarar la validez del registro de la planilla de Presidente, Síndico y Regidores del Municipio de MAZAMITLA, Jalisco, pues es evidente que el mismo no cumple con tal paridad.
Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual resulta aplicable de manera análoga al caso que nos ocupa:
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. CÓMO SE DEBE APLICAR LA ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATOS.-….
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 48 y 49.
En virtud de lo anterior, se debe entender que la regla de alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional, consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar dicho número y cumplir con el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.
La finalidad de esta regla es el equilibrio entre los candidatos de ambos sexos y, a la postre, lograr la participación política efectiva de hombres y mujeres, en un plano de igualdad sustancial o real y efectiva, con el objetivo
RAP-186/2012
43
de mejorar la calidad de la representación política, y de eliminar los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política.
Es por todo lo anteriormente señalado, que la Autoridad Responsable al declarar como válido el registro de la planilla impugnada, viola lo establecido con el principio de equidad de género que establece no solo la legislación estatal, sino que también se encuentra consagrado en la ley federal electoral, en la Constitución Política Federal y el las leyes y tratados internacionales.
Ahora bien, a fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, también es necesario que el treinta por ciento de los candidatos de género distinto, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, esté compuesto en sus propietarios y suplentes por personas del mismo género, y no solo cumplir la cuota de género en propietarios por una parte, sin encontrar esa coincidencia en sus suplentes, aún y cuando en los suplentes también se cumpla con ese treinta por ciento. Si no que repito, debe ser coincidente, el género del propietario con el de su suplente, en ese treinta por ciento, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, en el cumplimiento de cuotas de género.
Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio ciudadano identificado con número de expediente SUP-JDC-12624/2011, se ha pronunciado en ese sentido, de que deben ser coincidentes en el género, el propietario con su respectivo suplente, en los candidatos que son parte del porcentaje del mismo género, que como mínimo están obligados a registrar los partidos políticos (cuota de género).
Pues lo que busca la norma, es garantizar la equidad de género y la igualdad de oportunidades, entre hombres y mujeres, sin favorecer a un género en específico. Obligación, que procura la paridad de género en la vida política del país, y que implica que esa paridad también deba reflejarse en la ocupación de los cargos de elección popular obtenidos por cada partido. De otra manera, no tendría sentido el establecimiento de cuotas de género en la designación de candidaturas a cargos de elección popular.
El hecho de que los candidatos que conforman la cuota de género, sean precisamente coincidentes en el género en forma alguna vulnera la paridad exigida por la norma. Esto es así porque si los candidatos propietarios cumplen con la regla prevista en el citado artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, los suplentes también lo harán. De esta forma, si llegaran a presentarse vacantes en los propietarios, éstos serían sustituidos por personas del mismo género y, por lo tanto, se conservaría el equilibrio de género no sólo en las candidaturas, sino también en la ocupación y ejercicio de los cargos respectivos.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se garantiza esa equidad de género, tanto en la postulación, como en su momento de llegarlo a ser, en el ejercicio del cargo, al no ser coincidentes en el género, los propietarios con sus suplentes, de las candidaturas que nos ocupan, vulnerando con eso el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.
De lo anterior, en esencia se desprende que el actor se duele de
que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla del
RAP-186/2012
44
Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, postulada por la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, omitiendo el estudio relativo al
principio de equidad de género.
En este sentido, el partido político apelante argumenta que en la
integración de la planilla de munícipes en cuestión, no se
respetó la cuota de género regulada jurídicamente en la entidad,
que no existe orden de alternancia o prelación en éstos y
tampoco así, coincidencia de sexo entre los candidatos
propietarios y los suplentes; situación contraria a lo que dispone
la normatividad electoral, así como los criterios emitidos por el
órgano federal electoral, previstos para tal efecto.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO porque del análisis de
los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a la
conclusión de que los mismos, consisten en manifestaciones
dogmáticas, genéricas e imprecisas de las cuales no se
advierten elementos suficientes para combatir el fondo de la
resolución recurrida y relativa a la aprobación de la planilla de
munícipes en comento.
En principio, porque tal como se estableció en el considerando
anterior, en atención a lo previsto en el artículo 544, párrafo 1 del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación que se
someten a su consideración, tiene la facultad de suplir las
deficiencias en la expresión de los agravios planteados, también
RAP-186/2012
45
lo es que se llevará a cabo, siempre y cuando, éstos puedan ser
deducidos claramente de los hechos expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor, implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
RAP-186/2012
46
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiencia en la expresión del agravio, y se
subsuma en la responsable, para realizar el trabajo que le
corresponde a ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades,
proceda a declarar su revocación u ordenar se subsanen.
RAP-186/2012
47
En el caso que nos ocupa, el partido político apelante intenta
controvertir del registro de la planilla de munícipes del
Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, aduciendo como agravio
que no se garantiza la equidad de género que debe imperar por
mandato constitucional y legal en la integración de dichos
órganos de gobierno municipal.
Al respecto, realiza en el libelo impugnativo una descripción
dogmática de la forma y términos en que ambos tipos de género
deben distribuirse en relación al porcentaje en cuanto a la
integración de determinado órgano de gobierno conformado por
cargos de elección popular, señala la noción e implicación de la
paridad entre sexos con respecto a los candidatos propietarios y
suplentes, de igual manera pretende fundamentar sus
argumentos con tesis de jurisprudencia y criterios emitidos a
través de sentencias dictadas por el máximo órgano electoral
federal conducentes al tema de la equidad de género.
Así mismo, el apelante realiza una serie de manifestaciones
conceptuales respecto a la finalidad, objetivo y teleología del
principio de la equidad de género en la vida política del país; sin
embargo, del cúmulo de dichas manifestaciones no se advierte
elemento alguno que aporte respaldo sólido para controvertir
específicamente la integración en cuanto al género de la planilla
en comento.
En efecto, de la lectura del escrito de apelación no se advierte,
de cuántos candidatos a munícipes, de acuerdo a su
conocimiento, se integra la planilla en cita, de forma tal que el
apelante aporte para el conducente estudio de este órgano
RAP-186/2012
48
jurisdiccional, elementos precisos para estar en aptitud de
conocer en lo particular, el porcentaje de la cuota género del
mismo sexo y en dado caso, contrastar dicho elemento
porcentual con el que la autoridad responsable aprobó en la
planilla de mérito.
Efectivamente, el actor omite individualizar y pormenorizar los
nombres de los candidatos propietarios y su correspondiente
suplente integrantes de la planilla de candidatos a munícipes, de
los cuales se advierta la coincidencia o no entre éstos, respecto
al género, y aún menos contextualiza la integración en
específico, de los candidatos de sexo distinto en cada tres
lugares de la respectiva lista, es decir, no señala
específicamente cómo se encuentran conformados los bloques
integrados por tres candidatos a razón de una candidata de
género femenino en cada uno de éstos o viceversa.
Por lo tanto, como quedó establecido en párrafos precedentes,
el recurrente aporta una serie de elementos de índole dogmática
y conceptual de lo que no es posible advertir elementos
contundentes, como cualidades de género o razonamientos
cuantitativos, tales como nombre y sexo de identificación de los
candidatos a munícipes, el lugar que ocupan cada uno de ellos o
ellas dentro de las listas de integración de la planilla en comento,
la distinción entre su calidad de propietarios y suplentes, así
como el sexo al que pertenecen; es decir, no se especifica o
identifica pormenorizadamente cuáles, en dónde y en qué
consisten las supuestas inconsistencias relativas al
incumplimiento de la garantía de la equidad de género, por lo
que se colige, que este órgano jurisdiccional se encuentra
RAP-186/2012
49
imposibilitado para aplicar la suplencia del agravio y por ende,
estudiar las supuestas inconsistencias aducidas en relación a la
paridad y principio de equidad de género en que se incurre,
según el actor, en la planilla de candidatos a munícipes que fue
registrada y aprobada, por la autoridad responsable.
En consecuencia, al no contribuir el apelante con la carga de
aportar los elementos concretos y por ende, caer en la omisión
de precisar puntual y específicamente cuál o qué parte del acto
impugnado considera que se aparta de la legalidad, es absurdo
pretender que este Tribunal Electoral, bajo el amparo de la
aplicación del principio de la suplencia de la deficiencia en la
expresión del agravio, encamine las pretensiones del actor y
construya o formule agravios, tendientes a realizar actos cuya
competencia pertenece a la responsable.
En consecuencia, al tenor de los párrafos precedentes
sostenidos a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, el tercer
agravio esgrimido por el apelante y que ha sido analizado en el
presente considerando, resulta infundado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además, en lo
dispuesto por los artículos 57, párrafo segundo; 69, párrafo primero
y 70, fracción VI de la Constitución Política; 73, párrafo primero; 77
párrafo tercero, fracción II; 82, 88, fracción IV y 90 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; 536 fracción X; 595, 599, párrafo 1,
fracción I; 604, párrafo 1 y 608, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana y 10, fracción V del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado del Poder Judicial, todos
RAP-186/2012
50
ordenamientos del Estado de Jalisco, se resuelve conforme a los
siguientes
R E S O L U T I V O S :
PRIMERO. La competencia del Pleno de este Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Jalisco para conocer y resolver los
recurso de apelación; la personería y legitimación de las partes, así
como la procedencia del mismo, quedó acreditada en los términos
expuestos en los considerandos I, II y III de esta resolución.
SEGUNDO. se confirma el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, emitido el 28 de abril del año en curso, mediante el cual
resuelve las solicitudes de registro de planillas de candidatos a
munícipes, de la coalición “Compromiso por Jalisco”, identificado
como IEPC-ACG-084/12, por lo que ve al municipio de Mazamitla
Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en los
considerandos V, VI y VII de esta resolución.
Notifíquese en los términos de ley.
En su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, quienes firman al calce de la presente resolución,
conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos, quien
autoriza y da fe, y rubrica al margen todas las fojas que la integran.
RAP-186/2012
51
MAGISTRADO PRESIDENTE
JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA
MAGISTRADO
LUIS ANTONIO
CORONA NAKAMURA
MAGISTRADO
JOSÉ GUILLERMO
MEZA GARCÍA
MAGISTRADO GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ
MAGISTRADO RUBÉN VÁZQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS ALVARO ZUNO VÁSQUEZ
El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que la presente hoja corresponde a la resolución del 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce, pronunciada en el Recurso de Apelación RAP-186/2012, que consta de 51 cincuenta y un fojas por una sola cara.
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
EXPEDIENTE RAP-187/2012 ACTOR Partido Acción Nacional TERCERO INTERESADO Partido Revolucionario Institucional AUTORIDAD RESPONSABLE Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco MAGISTRADO PONENTE José Guillermo Meza García SECRETARIOS RELATORES Silvia Gpe. Bustos Vázquez Raymundo Miguel Figueroa Brizuela Bertha Sánchez Hoyos Gpe. Lucía Sánchez Vital
Guadalajara, Jalisco, a 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce.
VISTOS para resolver en definitiva, los autos del expediente del
Recurso de Apelación RAP-187/2012, promovido por el maestro
José Antonio Elvira de la Torre, representante propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en
contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que resuelve las
solicitudes de registro de planillas de candidatos a munícipes, de la
coalición “Compromiso por Jalisco” integrada por el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
RAP-187/2012
2
México, identificado como IEPC-ACG-084/12, emitido el 28
veintiocho de abril de 2012 dos mil doce.
Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en sesión pública
de esta fecha, se procede a emitir la presente resolución; y
R E S U L T A N D O
1. El 29 veintinueve de octubre de 2012 dos mil doce, fue publicada
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, número 13, sección
VI, TOMO CCCXXI, la convocatoria para la celebración de las
elecciones, constitucionales que se llevarán a cabo el día 1° de julio
de 2012 dos mil doce en la entidad, aprobada en sesión ordinaria,
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo IEPC-ACG-
047/11.
2. En la misma sesión ordinaria, mediante acuerdo IEPC-ACG-
048/11, el citado Consejo General, aprobó el calendario para el
proceso electoral local ordinario 2011-2012.
3. El 24 veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó
mediante acuerdo IEPC-ACG-019/12 el Convenio de Coalición
celebrado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México con la finalidad de postular candidatos
a Presidente Gobernador Constitucional, Diputados por el Principio
de Mayoría Relativa, así como para registrar planillas de candidatos
RAP-187/2012
3
a integrantes de los Ayuntamientos en la totalidad de los municipios
del Estado de Jalisco por el periodo 2012-2015.
4. El 28 veintiocho de abril del año que transcurre, se aprobó el
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE RESUELVE
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PLANILLAS DE CANDIDATOS A
MUNÍCIPES, DE LA COALICIÓN “COMPROMISO POR JALISCO”
INTEGRADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, IDENTIFICADO COMO IEPC-
ACG-084/12, en el cual se aprobaron diversas planillas de
candidatos, entre ellas, la presentada para el municipio de
Mexticacán, Jalisco, mismo que fue publicado el día 3 tres de mayo
el presente año en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
5. Inconforme con el citado acuerdo, el maestro José Antonio Elvira
de la Torre, ostentándose como Representante Propietario del
Partido Acción Nacional, presentó el 1 uno de mayo del año en
curso, ante el Instituto Electoral, Recurso de Revisión,
específicamente en contra de la aprobación del registro de planilla
de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de
Mexticacán, Jalisco.
6. El 16 dieciséis de mayo de esta anualidad, el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, remitió a este Tribunal Electoral, mediante oficio 2977/2012
Secretaría Ejecutiva, el escrito de Recurso de Revisión y diversa
documentación.
RAP-187/2012
4
7. El 17 diecisiete de mayo del presente año, mediante oficio SGTE-
810/2012, la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, por razón de turno, remitió a la ponencia del Magistrado
Presidente José Guillermo Meza García para su estudio, y en su
caso, admisión y formulación del proyecto de resolución el citado
Recurso de Revisión, que se registró con las siglas y números REV-
64/2012.
8. Una vez analizado el escrito de demanda, el Magistrado ponente,
advirtió que el acto combatido por el actor, era recurrible mediante
el Recurso de Apelación, por lo que, el día 28 veintiocho de mayo
del año que transcurre, los Magistrados integrantes del este
Tribunal Electoral, emitieron Acuerdo Plenario pare reencauzar la
demanda interpuesta, junto con 224 doscientos veinticuatro
recursos interpuestos en los mismos términos, se ordenó al
Secretario General dar de baja el expediente y realizar su registro
como Recurso de Apelación, y una vez realizado lo anterior, debía
devolver al Magistrado ponente el expediente para dar inicio a su
trámite, estudio, admisión en su caso y resolución como Recurso de
Apelación.
9. En cumplimiento al citado Acuerdo Plenario, el Secretario
General de Acuerdos, realizó el returno a la ponencia mediante
oficio SGTE-1063/2012, habiendo sido registrado en el Libro de
Gobierno como RAP-187/2012.
10. El 7 siete de junio del presente año, se emitió proveído, en el
que se tuvo por recibido y se radicó el Recurso de Apelación
interpuesto, se ordenó a la autoridad responsable realizar su
RAP-187/2012
5
publicitación, remitiera el informe circunstanciado y diversa
documentación.
11. En acuerdo del 16 dieciséis de junio de esta anualidad, se tuvo
por recibido de la autoridad responsable el informe circunstanciado,
diversa documentación e información, recibidas las constancias de
publicitación y de retiro de cada medio de impugnación, el escrito de
tercero interesado y la documentación que se acompañó al mismo,
se admitió el recurso interpuesto, así como las pruebas ofrecidas y
aportadas por las partes, y toda vez que el Magistrado responsable,
consideró que el expediente estaba debidamente substanciado para
ser fallado, se declaró cerrada la instrucción, para efecto de que se
formulara el proyecto de resolución correspondiente, mismo que se
somete a la consideración del Pleno del Tribunal Electoral dentro
del plazo que establece el artículo 604, párrafo 1 del Código en la
materia; y
C O N S I D E R A N D O
XXIII. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, ejerce jurisdicción y es competente para conocer del
Recurso de Apelación, de conformidad a lo previsto por los artículos
56, primer párrafo; 57, párrafos segundo y séptimo; 68; 69, primer
párrafo; 70, primer párrafo, fracción II de la Constitución Política; 3,
fracción II; 73; 77, primer párrafo y 82 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; 502, párrafo 1, fracción II; 504, párrafo 3; 596, párrafo 2;
599, párrafo 1, fracción II y 604, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana; 5, fracción II; 9, fracción I, a); 10, fracción
V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado del
Poder Judicial, todos ordenamientos del Estado de Jalisco, toda vez
RAP-187/2012
6
que de las documentales que obran agregadas al expediente, se
advierte una controversia derivada de una resolución emitida por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, durante el proceso electoral ordinario, que a
decir del Partido Político promovente le causa agravios.
XXIV. Por lo que respecta a la legitimación del partido
político, y la personería del promovente, el artículo 602 párrafo 1,
fracción I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco establece que están legitimados para interponer
el recurso de apelación, entre otras personas, los partidos o
agrupaciones políticas por conducto de sus respectivos
representantes legítimos que estén acreditados ante el órgano
electoral que dictó el acto o resolución impugnada.
Por tanto, la legitimación del partido político actor, es de
reconocerse en virtud de tratarse de un partido político nacional
debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que se refiere a la personería del maestro José Antonio
Elvira de la Torre, quien se ostenta como Consejero Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, se tiene por reconocida, toda vez que se desprende de
actuaciones del expediente, así como del informe circunstanciado
rendido por la responsable en el que se le reconoce con tal
carácter.
RAP-187/2012
7
En relación al interés jurídico del recurrente para hacer valer el
recurso de apelación, se observa que en su escrito alega que el
acto impugnado le causa agravios, lo cual en principio, se considera
suficiente para que se proceda a su estudio, esto, sin perjuicio de
que en su oportunidad se juzguen los supuestos agravios que hace
valer en su medio de impugnación.
Por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, por ser su examen preferente conforme al principio
de economía procesal, requisitos previstos en los artículos 506, 507
y 603 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, preceptos que regulan: el plazo en que se debe
presentar el recurso de apelación; los requisitos que debe cumplir el
escrito, el requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento
previo de los recursos administrativos que el Código de la materia
señala para el caso concreto, al respecto se tiene que:
El plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece
en el artículo 506 del código de la materia, que en lo conducente
señala:
Artículo 506 Los medios de impugnación previstos en este Código deberán presentarse dentro de los seis días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnado, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.
Atento a lo dispuesto por el citado precepto, el Pleno de este
Tribunal Electoral advierte que, el acuerdo impugnado fue emitido el
28 veintiocho de abril del año que transcurre, en consecuencia, se
RAP-187/2012
8
deduce que el plazo para interponer el presente recurso de apelación
transcurrió los días hábiles 29 veintinueve y 30 treinta de abril, 1 uno,
2 dos, 3 tres y 4 cuatro de mayo del esta anualidad, y en virtud de
que el Recurso de Apelación fue presentado ante la autoridad
responsable el 1 uno de mayo, según consta en el sello de
recepción, este órgano colegiado estima que el medio de
impugnación fue presentado dentro del plazo previsto por la ley, y
así lo confirma la autoridad responsable en su informe
circunstanciado.
Por otra parte, el Pleno de este Tribunal Electoral, considera que el
escrito que dio origen al presente recurso, se ajusta a los
requisitos de los medios de impugnación, que establece el
artículo 507 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, disposición que es aplicable al medio procesal de
impugnación en que se actúa.
En efecto, se cumplieron los extremos que previene el citado
dispositivo legal, habida cuenta que el medio de impugnación se
presentó por escrito ante la autoridad responsable del acto
impugnado; se indicó el nombre del actor y el domicilio para recibir
notificaciones que se ubica en esta ciudad que es la residencia de
esta autoridad competente para resolver el medio de impugnación,
asimismo, se señaló el nombre de quien las pueda oír y recibir; no
obstante que el promovente no acompañó el documento necesario
para acreditar su personería, la misma consta en actuaciones del
expediente, así como del informe circunstanciado rendido por la
responsable en el que se le reconoce con tal carácter; se señaló al
partido político que representa; se identificó el acto impugnado, así
como a la autoridad responsable; se mencionaron los hechos en
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que se funda la impugnación, así como los agravios que le causa el
acto impugnado y los preceptos jurídicos presuntamente violados;
por lo que respecta a las pruebas, se advierte que promovente
ofreció las que consideró pertinentes, no obstante que no exhibió
los tres tantos de su demanda, lo anterior no le irroga perjuicio
alguno, y finalmente, se advierte que el promovente asentó su firma
autógrafa.
El artículo 603, párrafo 1 del Código en la materia, prevé que es
requisito de procedencia adicional para la admisión del recurso de
apelación que se agoten los recursos administrativos que establece
este ordenamiento legal para cada caso concreto, ya que, de lo
contrario, se desechará de plano, en el presente asunto, dicho
requisito se tiene por satisfecho, no es necesario agotar instancia
previa, toda vez que el acuerdo que se impugna fue emitido por el
Consejo General, órgano máximo de dirección del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que sus
actos son combatibles directamente mediante el recurso de
apelación.
Por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, quien
comparece como Tercero Interesado, al presente asunto en
términos de lo previsto en el artículo 512, párrafo 1, fracción III del
Código en la materia, se tiene que:
Se reconoce su legitimación, en virtud de tratarse de un partido
político nacional debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
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Por lo que se refiere a la personería del licenciado Benjamín
Guerrero Cordero, quien se ostenta como Apoderado Legal del
Partido Revolucionario Institucional, se tiene por reconocida, en
virtud de que obra agregada al diverso Recurso de Apelación RAP-
164/2012, copia certificada del Poder General Judicial, para Pleitos
y Cobranzas a favor de los licenciados Rafael Castellanos y
Benjamín Guerrero Cordero, otorgado en escritura pública 2,915,
ante la fe del Notario Público Titular número 138 de Guadalajara,
Jalisco, el 15 quince de febrero de 2012 dos mil doce, que remite el
Secretario General de Acuerdos de este órgano colegiado.
Por lo que se refiere al plazo para la presentación de su escrito,
esta se realizó en términos de lo previsto en el artículo 530 en
relación con el 506 del Código Electoral.
Los requisitos del escrito, previstos en el citado numeral 530 del
Código en la materia, se encuentran satisfechos, toda vez que el
mismo, fue presentado ante la autoridad responsable del acto
impugnado, se hizo constar el nombre de tercero interesado, se
señaló domicilio para recibir notificaciones, no obstante que no
acompañó el documento para acreditar su personería, la misma se
tiene acreditada con el Poder General Pleitos y Cobranzas, descrito
el líneas precedentes, asimismo, precisó la razón del interés jurídico
en que se funda y las pretensiones concretas del compareciente,
ofreció y aportó las pruebas y finalmente, hizo constar su firma
autógrafa.
III. Por ser las causales de improcedencia una cuestión de
estudio oficioso, éstas se analizan de manera preferente de
conformidad a lo previsto por los artículos 1; 536, párrafo 1, fracción
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II, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, por lo que se analizará si en el caso a estudio se actualiza
alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo
509 del ordenamiento legal invocado, y de ser así, deberá
decretarse el desechamiento de plano del medio de impugnación
planteado por la parte apelante, al no constituirse válida y
eficazmente el proceso, ya que ello imposibilitaría a este órgano
jurisdiccional para resolver sobre el fondo controvertido materia del
medio de impugnación.
Cabe señalar que las causales de improcedencia pueden
analizarse, ya sea por petición de parte, al haber sido invocadas por
alguna de ellas, o bien, porque de oficio esta autoridad jurisdiccional
las advierta, dada la obligación de analizar la integridad de las
constancias allegadas a los medios de impugnación, conforme a los
principios de constitucionalidad y legalidad consagrados por la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Al efecto, este órgano colegiado no advirtió la existencia o
actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas
por el artículo 509 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco en los medios de impugnación
interpuestos, pues no se pretendió impugnar la no conformidad a la
Constitución General de la República o la Política del Estado de
Jalisco, no se impugnaron actos o resoluciones que no afecten el
interés jurídico del actor, el acto o resolución no se consumó de un
modo irreparable, el acto o resolución no se consintió
expresamente, entendiéndose por ello, las manifestaciones de
voluntad que entrañen ese consentimiento o no se presenten los
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medios de impugnación dentro de los plazos señalados en el
Código Electoral y el promovente no careció de legitimación.
En virtud de las consideraciones realizadas, y al no advertirse
causal de improcedencia alguna que amerite un desechamiento de
plano, es procedente realizar el análisis de fondo de la controversia
planteada.
IV. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar si el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el 28 veintiocho de
abril de 2012 dos mil doce, que resolvió las solicitudes de registro
de planillas de candidatos a munícipes, que presentó de la coalición
“Compromiso por Jalisco”, identificado como IEPC-ACG-084/12, es
violatorio del principio de legalidad que toda resolución de autoridad
electoral debe cumplir, por ser uno de los principios constitucionales
y legales rectores de la función electoral, y si con ello se conculcó el
derecho que, en favor del promovente, consagra la Constitución
Política y el Código Electoral y de Participación Ciudadana ambos
ordenamientos del Estado de Jalisco.
Precisado lo anterior, el método que se abordará para dilucidar la
litis en el presente asunto, consistirá en examinar los agravios que
esgrime el recurrente en el Recurso de Apelación, los cuales se
estudiarán en los subsiguientes considerandos.
El examen se hará relacionando los agravios con los hechos y
puntos de derecho controvertidos y los que fundan la presente
resolución que se sustentan en la plenitud de jurisdicción que a este
órgano judicial le confiere el artículo 57, párrafo segundo de la
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Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 504, párrafo
3 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, así como con el análisis y la valoración de todas y cada una
de las pruebas que fueron admitidas.
Para tal efecto, en los siguientes considerandos se examinarán los
agravios que esgrime el ciudadano actor, pudiendo variar el orden
de la exposición contenida en el escrito que contiene el medio de
impugnación, lo cual no le causa lesión o afectación jurídica alguna,
pues esto sólo ocurre cuando no se estudian todos los motivos de
agravio, toda vez que no en todos los casos, los justiciables
exponen ordenadamente sus agravios, o bien en razón de que
algunos de éstos pueden ser de estudio preferente o incluso
encontrarse en cualquier parte del escrito que contiene la
impugnación.
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 02/98 y
03/2000 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, consultables en la Compilación
1997-2010 de Jurisprudencia y tesis relevantes en materia electoral,
Volumen 1 de Jurisprudencia, páginas 118 a la 120 bajo los rubros:
“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL.” y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”
V. Una vez establecido lo anterior, se advierte que el promovente,
expresa el agravio que identifica como “Primero” en los siguientes
términos:
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Primero. Así mismo, causa agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de candidatos a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Verde Ecologista de México, en flagrante violación del Principio Constitucional de Legalidad previsto en los artículos 14, 16,41 Base VI y 116 de Nuestra Carta Magna.
En un primer orden de ideas, en razón de que quien firma tanto el convenio de coalición, la modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de registro de candidatos, por la parte que representa al Partido Revolucionario Institucional, es RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del mencionado Instituto Político.
Por su parte, en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional no se contempla la figura del Delegado Especial para el despacho de la presidencia de algún Comité Directivo Estatal, ni mucho menos en alguno de sus reglamentos, sin embargo, el artículo 120 de los citados Estatutos, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal tienen a su cargo la representación y dirección política del Partido en la entidad federativa correspondiente y desarrollarán las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los programas estatales que apruebe el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como las acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional.
Y por su parte el artículo 121 de los Estatutos en comento, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal del Instituto Político que nos ocupa, estarán integrados, por un Presidente; un Secretario General; un Secretario de Organización; un Secretario de Acción Electoral; un Secretario de Acción Electoral (sic); un Secretario de Gestión Social; un Secretario de Finanzas; un Secretario de Administración; un Secretario de Acción Indígena en donde se tenga presencia de pueblos y comunidades indígenas; un Coordinador de Acción Legislativa; las demás secretarías que sean pertinentes a cada entidad federativa y que correspondan al Comité Ejecutivo Nacional; y cada sector, el Movimiento Territorial, el Organismo de Mujeres Priístas y el Frente Juvenil Revolucionario contarán con un Coordinador dentro del Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal, con las atribuciones y representatividad suficientes para su cabal funcionamiento.
Resulta evidente que en la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional, no se contempla la figura de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco; por lo que la persona que ostenta el mencionado carácter, no cuenta con facultades, ni para suscribir el convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México, las modificaciones al mismo, ni mucho menos para registrar candidatos, a nombre del Instituto Político en cuestión, ni mucho menos a nombre de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por los dos institutos políticos que se mencionan.
Pues en adición, cabe resaltar, que aun y cuando en las cláusulas décima y décima séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR JALISCO” establece que las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, aso (sic) como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el propio convenio de coalición; Sin embargo, si de origen RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA carece de representación para la celebración del convenio de coalición a nombre del Partido Revolucionario Institucional, luego entonces, por consecuencia
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carece de la representación para solicitar el registro de candidatos a nombre de la coalición, fundándose en el propio convenio de coalición.
Al respecto el artículo 241, párrafo 1, fracción III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establece que las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por el Consejo General del Instituto y contener escrito con firma autógrafa, del DIRIGENTE ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO, O EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
En este orden de ideas, si RAFAEL GONZÁLEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, fue quien firma las solicitudes de registro, de las planillas a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, lo hace en contravención de lo ordenado en el citado artículo 241, párrafo 1, fracción III de la Codificación Electoral de esta Entidad Federativa, pues el no es Dirigente Estatal en Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, y tampoco puede ser considerado como representante de la coalición en comento.
Razón por la cual es de considerarse que al aprobarse el registro de las candidaturas a munícipes para integrar los 125 municipios del estado de Jalisco, solicitadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA resulta del todo ilegal, ante su falta de representación tanto del Partido Revolucionario Institucional, como de la propia coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por dicho insitito (sic) político y por el Partido Verde Ecologista de México.
Lo que debió hacer la autoridad responsable es haber desechado de plano las solicitudes de registro de las planillas a munícipes firmadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 fracción III, 244 párrafos 2 y 4, y artículo 245, párrafo 1, fracción 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Al respecto resultan aplicables las siguientes Jurisprudencias:
…
Jurisprudencia 5/2001
CANDIDATOS. FACULTAD PARA SOLICITAR EL REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SIMILARES). …
Tesis CX12002
PERSONERÍA. LA REPRESENTACIÓN DELEGADA DE UN PARTIDO POLÍTICO DEBE CONSTAR EN INSTRUMENTO NOTARIAL. …
(…)
De lo anterior se desprende que el recurrente señala que le
causa agravio el acuerdo impugnado IEPC-ACG-084/12 de
veintiocho de abril de dos mil doce, emitido por el Consejo
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16
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, que aprueba el registro de la planilla de
candidatos a munícipes, que presentó la coalición “Compromiso
Por Jalisco”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional
y por el Partido Verde Ecologista de México, por lo que respecta
al municipio de Mexticacán, Jalisco; al considerar que el mismo,
violenta el principio constitucional de legalidad; en razón de que
a su parecer, quien firma el convenio de coalición y la
modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de
registro de candidatos por la parte que representa al Partido
Revolucionario Institucional, a saber, Rafael González Pimienta,
no cuenta con facultades para ello.
Ahora bien, el agravio en estudio resulta infundado en virtud de
las consideraciones que a continuación se exponen:
A juicio de este Tribunal Electoral, resulta pertinente señalar que
del punto 5° quinto de los “Antecedentes” del acuerdo
impugnado, se observa que el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
hace referencia al diverso acuerdo identificado con la clave
alfanumérica IEPC-ACG-019/12 emitido el 24 veinticuatro de
febrero de 2012 dos mil doce, mediante el cual se aprobó el
registro del convenio de coalición que presentó el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
México, a la cual denominaron coalición “Compromiso por
Jalisco”, para contender en el proceso electoral local ordinario
2011-2012, en las elecciones de Gobernador, diputados por el
principio de Mayoría Relativa en cinco distritos electorales
locales y munícipes de los ciento veinticinco municipios que
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conforman el Estado de Jalisco, acuerdo que por tratarse de un
documento público consultable en el sitio o página web oficial del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco en la Internet, constituye un hecho notorio, por lo que
este Pleno del Tribunal Electoral, puede invocarlo en la presente
resolución.
Sirve para ilustrar lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX.2º.
J/24, visible a página 2470, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, de Enero de dos mil
nueve, Materia Común, Novena Época, bajo el rubro HECHO
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN
SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.
Así entonces, es necesario trascribir la Cláusula Décima
Séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, antes referido, que de manera textual señala:
“DÉCIMA SÉPTIMA.- Del registro de los candidatos de la coalición. Las
partes acuerdan que para tal efecto se apegan al “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2011-2012”, identificados con la clave IEPC-ACG-005/2012 y lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, 239, 240 y 241 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, así como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el presente convenio, teniendo las mismas facultades el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco del Partido Verde Ecologista de
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México en relación de los candidatos que postule este Instituto Político dentro de la coalición. Asimismo, los partidos que forman la presente coalición se obligan a remitir oportunamente a la instancia referida en el párrafo anterior, la documentación necesaria para el registro de los candidatos, o en su caso para la sustitución.” (lo resaltado es por parte de este Tribunal)
De lo antes trascrito se advierte claramente que contrario a lo
esgrimido por el recurrente, el Delegado Especial Encargado del
Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario
Institucional en Jalisco, a saber, Rafael González Pimienta, sí se
encontraba facultado para solicitar el registro de las
candidaturas postuladas por dicha coalición, pues así se pactó
de manera expresa en el convenio en estudio aprobado
mediante acuerdo identificado como IEPC-ACG-019/12, de 24
veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, mismo que
además no forma parte de la presente controversia, y por ello,
resulta ser un acto independiente, que al no haber sido
impugnado en su oportunidad, a la fecha se encuentra incólume
y debe entenderse como un acto consentido tácitamente.
Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 23/2000 y
9/2001, consultables en la páginas 235 y 236 así como 236 a la
238, respectivamente, de la Compilación 1997-2010
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1
Jurisprudencia, que refieren:
DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito
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que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.”
“DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. El actor queda exonerado de agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral local, en los casos en que el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y definitivo. En efecto, la razón que constituye la base lógica y jurídica para imponer al justiciable la carga de recurrir previamente a los medios ordinarios, antes de acceder a la justicia constitucional federal, radica en la explicación de sentido común de que tales medios de impugnación no son meras exigencias formales para retardar la impartición de la justicia, obstáculos impuestos al gobernado con el afán de dificultarle la preservación de sus derechos ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela efectiva que les garantiza la Constitución federal, sino instrumentos aptos y suficientes para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución que se combata; y al ser así las cosas, se impone deducir que, cuando ese propósito o finalidad no se puede satisfacer en algún caso concreto, ya sea por las especiales peculiaridades del asunto, por la forma en que se encuentren regulados los procesos impugnativos comunes, o por las actitudes de la propia autoridad responsable o de la que conoce o deba conocer de algún juicio o recurso de los aludidos, entonces se extingue la carga procesal de agotarlos, y por tanto se puede ocurrir directamente a la vía constitucional, pues las situaciones apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos cautelares, ni es posible fáctica ni jurídicamente retrotraer las cosas al tiempo pasado en que se cometieron las violaciones, mediante la reposición de un proceso electoral.”
En este sentido, no debe soslayarse que el referido acuerdo
IEPC-ACG-019/12 donde fue aprobado el convenio de la
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coalición denominada “Compromiso por Jalisco” deviene en un
acto anterior que fue consentido y que a su vez, trajo como
consecuencia la emisión de un acto posterior derivado de
manera directa de ese consentimiento, esto es, la aprobación de
las planillas de candidatos a munícipes, presentadas por la
coalición “Compromiso por Jalisco”, contenida en el acuerdo
identificado como IEPC-ACG-084/12; por tanto, el agravio
expresado por el actor consistente en la supuesta falta de
personería del representante del Partido Revolucionario
Institucional, resulta ser un acto derivado del consentimiento del
diverso acuerdo IEPC-ACG-019/12, en el que se aprobó el
registro del convenio de la referida coalición integrada por el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista
de México; ello, en virtud de que en el aludido acuerdo en el que
se aprobó el convenio de coalición, se otorgó de manera
expresa la facultad a Rafael González Pimienta, para suscribir el
registro de las candidaturas postuladas y aprobadas por el ahora
acuerdo IEPC-ACG-084/12, impugnado en el presente asunto.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que de las actuaciones que
integran el recurso de apelación en estudio, se advierte que el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, anexó a su informe
circunstanciado, copia certificada del proveído de 12 doce de
enero de dos mil doce, en el cual se tuvo a al ciudadano Gerardo
Álvarez Romero, en su carácter de Consejero Suplente
Representante del Partido Revolucionario Institucional,
exhibiendo copia certificada del ACUERDO DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL POR EL QUE SE CREAN DELEGACIONES
ESPECIALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL PARA EL
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DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y LA SECREATRÍA GENERAL DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE JALISCO Y SE DESIGNAN A SUS
TITULARES y por ende, se tuvo al Partido Revolucionario
Institucional, dando cumplimiento a la obligación que le impone
el artículo 68, párrafo 1, fracción XIII, del Código Electoral y de
Participación ciudadana del Estado de Jalisco, en el sentido de
comunicar al Instituto, los cambios de los integrantes de sus
órganos directivos, y como consecuencia de ello, comunicando
que se designó al Licenciado Rafael González Pimienta, como
Delegado Especial para el despacho de la Presidencia del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de Jalisco, hasta en tanto se convoque y efectúe el
procedimiento estatutario para la elección de los titulares
respectivos, situación tampoco impugnada en su oportunidad;
por lo cual, se reitera que el acto que ahora impugna, constituye
una consecuencia del consentimiento de lo narrado en líneas
precedentes y, por ello, sí le asistió a Rafael González Pimienta,
la facultad para solicitar el registro de las planillas de candidatos
a munícipes, por parte de la coalición “Compromiso por Jalisco”.
Así entonces, como se precisó en párrafos precedentes, al haber
suscrito la solicitud de registro de la planilla de candidatos
aprobada, el ciudadano Rafael González Pimienta, en su
carácter de Delegado Especial encargado del despacho de la
Presidencia del Partido Revolucionario Institucional, no le asiste
la razón al apelante, en virtud de que contrario a lo señalado por
su parte, sí cuenta con facultades para ello.
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22
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio primero esgrimido por el
apelante, y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VI. Por lo que se refiere al “Segundo” motivo de agravio, el partido
político actor, argumenta lo siguiente:
HECHOS:
(…)
Segundo. Dentro de la etapa correspondiente al registro de candidatos de
los partidos políticos, con fecha quince de abril del año en curso, como es
un hecho notorio y público, acudieron a presentar su registro de candidatos
para los municipios del Estado de Jalisco, la Coalición “COMPROMISO
POR JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Verde Ecologista de México.
Dentro del mencionado proceso de registro fue evidente que al momento de
registrar las planillas y entregar la documentación requerida según la ley de
la materia, estas fueron recibidas incompletas y fuera del límite establecido
en el artículo 240, fracción IV del Código Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco, además de carente de los requisitos que establece el
artículo 241, punto 1, fracción II y llI.
Cabe señalar que fue el último día de los que se establecen en la ley para
presentar el registro de las planillas, la fecha en la cual acudieron al
mencionado proceso de registro, y en el cual ocurrieron una serie de
irregularidades por parte de la Autoridad Administrativa Electoral, al
momento de la recepción de la documentación para la integración de los
expedientes de los candidatos de la mencionada coalición.
Esto es así pues El Instituto Electoral de manera constante y repetida
obstaculizó al suscrito para conocer con veracidad la documentación real
que se estaba entregando, impidiéndome conocer puntualmente si era
entregado cada documento exigido por la ley para el registro de las planillas
de candidato a munícipe.
Tercero. Posteriormente con fecha veintiocho de abril del presente año, el
Consejo General del Instituto Electoral, decidió de manera ilegal aprobar el
registro de las 125 planillas de candidatos a Presidente Municipal,
Regidores y Síndico postulados por la Coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México, correspondientes a los Ayuntamientos del
Estado de Jalisco.
Cuarto. Entre los registros aprobados esta el correspondiente a la planilla
correspondiente al municipio de MEXTICACÁN, Jalisco, misma que fue
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presentada para su registro fuera del plazo legal previsto para tal efecto,
además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1,
fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
(…)
AGRAVIOS
(…)
Segundo. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 9, 14, 16, 41, 35, 116, fracción IV, inciso b) y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracción X de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 1, punto dos, 24, 29, 229, 239, punto uno, fracción IV, 241, fracciones II y III, 245, punto uno, fracciones I, III y IV, 246, 115, 120 punto 1, y 500, punto 1, fracción I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en virtud de que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de MEXTICACÁN, Jalisco, no obstante de que la solicitud de registro fue presentada después de concluido el plazo legal previsto para tal efecto, además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1, fracción II y III.
El principio de legalidad, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal.
Al respecto resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.—…
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 234-235.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996.—….
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, páginas 57-58, Sala Superior, tesis S3EL 034/97.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 798-799.
Una definición doctrinal del Ayuntamiento lo explica de la siguiente manera: Órgano colegiado y deliberante que asume la representación y el gobierno del municipio. Integrado por los Regidores, él o los Síndicos y el Presidente Municipal.
El sistema de elección municipal, denominado “de planillas”, puede resumirse de la siguiente forma: 1) en un mismo acto político (el acto del sufragio) se elige, mediante un “voto simultáneo” todo el cuerpo político del ayuntamiento; 2) de la planilla ganadora emana el presidente municipal, uno o más síndicos, y un número predeterminado de regidores “de mayoría”; y 3) de las planillas perdedoras que alcancen el umbral de representación requerido se complementa el cuerpo edilicio con un grupo de regidores de “representación proporcional”.
Este sistema, que se encuentra estatuido en la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, la que en su artículo 3 señala “Cada Municipio es gobernado por un
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Ayuntamiento de elección popular directa”, a su vez el numeral 10 de dicho cuerpo normativo establece “Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se determinan en la ley estatal en materia electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas; y permanecen en sus cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de cada período.
Ahora bien, de conformidad al artículo 134, fracción XVI y 246, párrafo uno, fracción II del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es la autoridad competente para aprobar la procedencia del registro de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de MEXTICACÁN, Jalisco, para lo cual, deberá revisar que la solicitud de registro cumpla con los requisitos que al efecto establece el Código Electoral y de Participación Ciudadana, así como la Constitución Política del Estado de Jalisco.
El artículo 240, punto uno, fracción IV del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señala que el plazo para la presentación de las solicitudes de registro en el caso de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, concluye el día 15 de abril del año de la elección.
Ahora bien, de una interpretación sistemática, funcional y gramatical de los artículos 21, 24, punto tres, 239, fracción IV, 240, fracción IV, 244 y demás relativos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se advierte lo siguiente:
1. La elección de integrantes de los ayuntamientos del Estado de Jalisco, se realizará mediante la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, que registren los partidos políticos y candidatos ordenado de forma progresiva en la que se incluya el numero de regidores propietario y suplentes correspondientes.
2. Los partidos políticos o coaliciones deberán registrar la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico durante el plazo previsto para tal efecto, cumpliendo con los requisitos formales y materiales que la ley establece.
3. En caso de que faltara algún requisito formal, (copia certificada del acta de nacimiento, escrito con firma autógrafa del estatal en el que manifieste bajo protesta que los ciudadanos que se registran fueron seleccionados de conformidad con los estatutos, etcétera) la autoridad electoral, podrá requerir al partido o coalición, para que subsane la inconsistencia.
4. Únicamente podrán se subsanables los requisitos que deben
acompañarse a la presentación de la solicitud de registro de la planilla.
5. En caso de presentarse la solicitud de la planilla fuera del plazo previsto
será motivo de desechamiento de la misma.
Ahora bien, como se advierte del expediente relativo al registro de la planilla de cuenta, la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, presentó una serie de documentos al momento de fenecer el plazo legal, sin embargo tal y como lo certificó la propia autoridad electoral, existían deficiencias y omisiones no subsanables.
Es decir, la planilla impugnada no presentó la totalidad de los documentos que establece el artículo 241, fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que a la letra señala que deben contener:
Artículo 241.
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1. Las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por
I…
II. A la solicitud de cada uno de los ciudadanos propuestos a candidatos propietarios y suplentes, se deberá acompañar sin excepción los documentos siguientes:
a) Escrito con firma autógrafa en el que los ciudadanos propuestos como candidatos manifiesten su aceptación para ser registrados y en el que bajo protesta de decir verdad expresen que cumplen con todos y cada uno de los requisitos que establecen la Constitución Política del Estado y este Código;
b) Copia certificada del acta de nacimiento o certificación del registro del nacimiento, expedidas en ambos casos por la oficina del registro civil;
c) Copia certificada por Notario Público o autoridad competente de la credencial para votar;
d) Constancia de residencia, cuando no sean nativos de la Entidad, expedida con una antigüedad no mayor de tres meses por el Ayuntamiento al que corresponda su domicilio; y
e) Copia certificada por autoridad competente de la constancia de rendición de la declaración de situación patrimonial, cuando se trate de servidores públicos.
III. Escrito con firma autógrafa, del dirigente estatal del partido político, o en su caso, del representante de la coalición, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
Tal y como se ha señalado en los puntos que anteceden en la presente impugnación, es hecho notorio, público y evidente, que existió por parte de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, una ausencia total en la entrega de los documentos que señala el artículo antes transcrito, aunado a la falta del escrito del representante de la referida coalición, en la cual no se señala de manera clara la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que especifique los ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así como los documentos en los que sustentan el cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad.
La previsión legal consignada en el artículo 244 del Código Local, señala que en caso de faltar alguno de los requisitos que deben presentarse a cada solicitud, la autoridad electoral, podrá requerir a los partidos para que subsanen las deficiencias en la integración del expediente, lo que no implica que puedan cubrir sus omisiones una vez agotado el plazo que la ley les otorga para realizar el registro, pues hacerlo de esta forma implica extender el plazo previsto.
Es pertinente distinguir, que existen dos tipos de inconsistencia, las subsanables y aquellas que por su carácter no pueden ser reparables.
Así las cosas, son omisiones subsanables, aquellas que por sus características no atañen directamente a una cuestión pública, o afectan de manera directa los principios de certeza, equidad e imparcialidad rectores de la función electoral.
En ese sentido, el hecho de que la solicitud de registro de la planilla de candidatos no se presente antes de la fecha prevista, no sea entregada la documentación requerida, así como que no cumpla con los requisitos que señalan los incisos a) de la fracción II, y lo previsto en la fracción III del párrafo 1 del artículo 241 del Código del Estado, son requisitos que no pueden ser subsanables, toda vez, que una interpretación contraria, reduciría al absurdo de suponer que un partido político presente una solicitud de registro con el nombre de sólo un candidato, o bien, que haga entrega de una serie de documentos inconexos con el sólo afán de generar un precedente, y contar con los elementos para ampliar el plazo previsto
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para la integración de la planilla de candidatos, y ahora si estar en aptitud de solicitar su registro.
De lo señalado, se advierte que en el caso de que la solicitud de registro no contenga ningún documento, ni el nombre de por todos los integrantes de la planilla, es un vicio invalidante, que para subsanarlo se tendría que abrir un nuevo plazo para la presentación de la solicitud de registro, en razón de que como se ha señalado con antelación, el registro de candidatos se llevará a cabo por planillas completas, y no como en el caso, en el que sólo no se presentaron el total de los integrantes de la misma.
Al caso, esta autoridad deberá tomar en consideración el principio de impugnabilidad rector de los medios de impugnación en materia electoral, mismo que señala que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales tienen la posibilidad de se (sic) combatidos o impugnados, es decir, que todos los actos de las autoridades electorales tienen mecanismos de oposición para que puedan ser objeto de un nuevo análisis, estableciéndose como una garantía a todos los sujetos del derecho electoral, el poder acudir ante las autoridades a fin de ventilar todas aquellas situaciones que provoquen disconformidad de dichos actos o resoluciones.
(…)
De lo trasunto se desprende que el actor se duele en esencia de
la supuesta ilegalidad de la resolución emitida por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el 28 veintiocho de abril del 2012 dos mil
doce, que aprobó el registro de las planillas de Presidente
Municipal, Regidores y Sindico de los 125 ciento veinticinco
Ayuntamientos postulados por la Coalición “Compromiso por
Jalisco”, entre ellas la planilla relativa al Municipio de
Mexticacán, Jalisco, en razón de la presentación extemporánea
de la solicitud correspondiente, así como por la insuficiencia de
los requisitos necesarios para obtener el registro de mérito.
El apelante abunda en que la Coalición “Compromiso por
Jalisco” para el registro de la planilla de munícipes en comento,
al momento de fenecer el plazo legal conducente, presentó una
serie de documentos deficientes y con omisiones no
subsanables.
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De igual forma, el actor señala que no se presentó ante la
autoridad responsable la totalidad de los documentos requeridos
en vía de cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo
241, fracciones II y III del Código en la materia.
Aunado a lo anterior, el recurrente aduce textualmente que al
registro de la planilla de munícipes en comento, le faltó el escrito
del representante de la Coalición en cita, en la (sic) cual no se
señala de manera clara, la postulación formal de la planilla
impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que se
especifique los nombres de los ciudadanos que la integran, el
orden de prelación con que son propuestos, el carácter de
propietario o suplente, así como en los documentos en los que
se sustenta el cumplimiento de los requisitos legales de
elegibilidad.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO, esto es así, porque del
análisis de los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a
la conclusión de que los mismos, consisten en meras
apreciaciones subjetivas, genéricas e imprecisas que no cuentan
con los elementos suficientes para combatir el estudio de fondo
de la resolución recurrida.
En principio, porque en atención a lo previsto en el artículo 544,
párrafo 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación
que se someten a su consideración, se encuentra obligado a
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suplir las deficiencias en la expresión de los agravios
planteados, también lo es que se llevará a cabo, siempre y
cuando, éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos
expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Al respecto, conviene precisar que ha sido criterio reiterado por
este Tribunal Electoral, que los conceptos de agravio se pueden
tener por formulados independientemente de su ubicación en
determinado capítulo o sección de la demanda, así como de su
presentación, planteamiento o construcción lógica; debido a que
no es requisito sine qua non que se encuentren contenidos en
un capítulo especial de conceptos de agravio, siempre y cuando,
éstos expresen las violaciones legales que se considere fueron
cometidas por la autoridad responsable, en cualquier parte del
escrito inicial de demanda, exponiendo con toda claridad los
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razonamientos lógico jurídicos por los cuales se concluya que no
se actuó conforme a derecho.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 03/2000
y 02/98, consultables a páginas 117 a la 119, de la "Compilación
1997-2010” de Jurisprudencia y tesis, tomo de Jurisprudencia,
Volumen 1, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, bajo los rubros: "AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y
"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL".
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
En este tenor, si bien es cierto que el Tribunal Electoral esta
facultado para resolver supliendo la deficiencia en la expresión
del agravio, siempre y cuando, de la propia redacción del escrito
de demanda, se desprendan los elementos mínimos necesarios
de los cuales, inclusive, aún estando inconexos entre sí, se
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pueda colegir el planteamiento de agravios específicamente
formulados para destruir frontalmente el acto que se impugna;
también es cierto que, en oposición a lo anterior, cuando del
libelo impugnativo no se desprenda elemento, hecho o
manifestación clara y precisa a partir de la cual se pueda
formular un agravio concreto, este órgano jurisdiccional se
encuentra impedido para ir más allá de la intensión del actor y
consecuentemente, configurar ex officio la expresión del agravio
pertinente para alcanzar las pretensiones planteadas por el
partido político actor, puesto que tal situación no sería una
suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel del
promovente.
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
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le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio y se subsuma en
la responsable, para realizar el trabajo que le corresponde a
ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades o
inconsistencias, proceda a declarar su revocación u ordenar se
subsanen.
En el caso que nos ocupa, de la lectura integral del escrito de
demanda, se advierte que el partido político apelante intenta
controvertir la legalidad del acuerdo emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, identificado como IEPC-ACG-084/12, de
fecha 28 veintiocho de abril del año en curso, mediante el cual
se aprobó del registro de las 125 ciento veinticinco planillas de
munícipes postuladas por la Coalición “Compromiso por Jalisco”,
que habrán de participar en la contienda electoral del próximo
primero de julio, para renovar los ayuntamientos que integran el
Estado de Jalisco; arguyendo que se vulneran los diversos
artículos en virtud de que la autoridad responsable aprobó el
registro de la planilla de munícipes para la conducente
postulación relativa al Ayuntamiento Mexticacán; no obstante de
que dicho registro fue presentado una vez fenecido el plazo legal
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previsto para tal efecto y además, carente de los requisitos a que
se encuentra sujeto.
Así mismo, del estudio acucioso del escrito de demanda de
apelación, se advierte que el actor intenta configurar un agravio
tendiente a atacar la legalidad de dicho registro en su conjunto,
fundamentándose en diversos preceptos de orden constitucional
y legal que de ninguna manera utiliza como motivación para
sostener sus argumentos.
En efecto, únicamente expresa en forma genérica que le causa
agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de
candidatos a postularse en los 125 ciento veinticinco municipios,
sin embargo, no hace valer motivo de disenso específico,
concreto, objetivo y frontal, a través del cual manifieste qué
parte, o sí la totalidad del acuerdo impugnado emitido por la
responsable, mediante el cual aprueba el registro de las planillas
en comento, le resulta carente de derecho o ilegal, no discurre
en razonamientos o justificaciones lógicas específicas y
concisas, imposibilitando a este Tribunal Electoral a aplicar el
principio de la suplencia del agravio, dado que ni en forma
mínima se advierte la expresión de un motivo de disenso claro y
frontal.
Sin embargo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional
que si bien es cierto, que el apelante plantea la impugnación de
la aprobación del registro de las 125 ciento veinticinco planillas
en forma genérica y oscura; también lo es que identifica en este
Recurso de Apelación, la planilla correspondiente al
Ayuntamiento de Mexticacán, Jalisco; respecto del cual precisa
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tres actos aprobados por la responsable y que considera motivos
de agravio, mismos que serán estudiados en el orden de
prelación establecido por el actor:
hh) La extemporaneidad en la presentación de la solicitud de
registro de la planilla de munícipes de mérito;
ii) La presentación de la solicitud de registro carente de los
documentos que establece el artículo 241, fracción II y III
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco.
jj) Omisión en la presentación del escrito del representante de
la Coalición “Compromiso por Jalisco”, con firma autógrafa
de éste, mediante la cual (sic) no se señala de manera clara
la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un
escrito con firma autógrafa en el que se especifique los
ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que
son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así
como los documentos en los que sustentan el cumplimiento
de los requisitos legales de elegibilidad.
a) Extemporaneidad de la presentación de la solicitud para
el registro de la planilla de munícipes.
En cuanto al motivo de agravio señalado en el inciso a), este
órgano jurisdiccional sostiene que es infundado dado que el
recurrente realiza consideración referente a que se entregaron
documentos fuera del plazo legal previsto para el registro de la
planilla de mérito; sin embargo del escrito de demanda no se
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desprende argumento toral encaminado a expresar en qué
consistió esencialmente dicha extemporaneidad.
En efecto, no existe elemento alguno en el libelo impugnativo a
partir del cual, este órgano resolutor pueda obtener los datos
específicos que arrojen la fecha y hora de la supuesta entrega
extemporánea de la presentación de la solicitud del registro de
mérito, de tal forma, que puedan ser contrastado con lo que
sostiene la autoridad responsable en el acuerdo que se
impugna, y en consecuencia se pueda colegir que dicho registro
fue presentado fuera del término previsto para lo conducente.
En esa virtud, es importante mencionar que de la lectura del
acuerdo impugnado, se advierte que la autoridad responsable
aprobó y realizó el registro de la planilla para el municipio de
Mexticacán, Jalisco, por haber sido satisfechos los requisitos del
mismo.
Por lo tanto, en seguimiento al principio de que lo ordinario se
presume, lo extraordinario se demuestra, este órgano
jurisdiccional sostiene que, en el presente caso, lo ordinario se
encuentra en la presentación de la solicitud del registro de la
planilla de munícipes en cuestión, dentro del plazo legal previsto
para tal efecto, situación que se hizo de manifiesto por la propia
responsable a través de la emisión del referido acuerdo
impugnado en el que se estableció que la planilla de munícipes
se aprobó y registró en virtud de que se cumplimentaron todos y
cada uno de los requisitos legales previstos para tal efecto, entre
ellos el relativo al de la oportunidad en la presentación de la
solicitud conducente, sin hacer mayor detenimiento o
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consideración al respecto; mientras que lo extraordinario, es
decir la supuesta extemporaneidad, se debió demostrar por
parte del recurrente, a través de la aportación de elementos
probatorios, contundentes y consistentes en los que figurara o
explicara claramente la circunstancia específica en las que,
según su dicho, radicó tal ilegalidad.
b) Estudio en general de los requisitos contenidos en el
artículo 241 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que ve al inciso b) tocante a la carencia de los
documentos requeridos en vía de requisitos necesarios para
obtener la aprobación del registro de la planilla de munícipes, el
partido político incoante manifiesta expresamente que existió en
dicha documentación, deficiencias y omisiones en su entrega.
Con respecto a este motivo de disenso, este órgano
jurisdiccional sostiene que deviene en infundado pues tal como
se advierte claramente de la argumentación vertida por el
recurrente en el escrito de demanda, la expresión en los mismos
redunda en consideraciones generales e imprecisas que resultan
insuficientes para revisar acuciosamente los defectos que en
específico, la aprobación del registro de la planilla de munícipes,
de ser el caso, pudiera presentar.
En efecto, tal como el mismo partido político actor lo indica, no
se advierten elementos esenciales tales como nombres, la
identificación de los documentos precisos de los cuales hubiera
carecido el registro, así mismo no se desprende cuál de los
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requisitos que establece el articulo 241, fracción II y III del
Código en la materia son los faltantes o en su caso deficientes.
Así pues, el apelante se limita a exponer textualmente lo que
detalla el artículo de referencia, sin embargo de ninguna forma
aporta elementos que aún inconexos entre sí, de los cuáles en
suplencia del agravio, sea posible colegir la aducida omisión en
la entrega de uno o algunos de los documentos presentados en
vía de requisitos; de ninguna forma individualiza o identifica los
supuestos requisitos faltantes o deficientes y aún menos
contextualiza la integración en específico del registro de la
planilla que controvierte.
En este tenor, conviene precisar que el actor expone agravios en
el desarrollo de su escrito de apelación, que se contradicen entre
sí, dado que en las primeras fojas de su demanda aduce que se
aprobó el registro de la planilla de munícipes de mérito, aún y
cuando en su correspondiente presentación existió la carencia
de documentos; sin embargo, en fojas más adelante del mismo
escrito, el incoante señala que los documentos requisitados
fueron entregados con deficiencias y así mismo, en los
subsiguientes renglones, termina arguyendo que existió por
parte de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, la ausencia total
de los requisitos que establece el precepto conducente; en
consecuencia, se colige que los argumentos vertidos por el
apelante devienen en incongruentes y contradictorios entre sí,
pues si da inicio a su apelación alegando la supuesta carencia
en una serie de documentos, continua denotando la deficiencia
en los mismos y concluye el libelo impugnativo, sosteniendo la
ausencia total de los mismos; expresiones en las cuales no se
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encuentra una congruencia o secuencia lógica argumentativa de
la que sea posible desprender argumentos sólidos y concretos
dirigidos a combatir la aducida ilegalidad de acto impugnado.
En consecuencia, se advierte que el motivo de agravio
expresado por el partido político promovente es genérico e
impreciso, pues no identifica cuáles requisitos de los previstos
en el artículo 241, párrafo 1, fracción II y III, considera que no
fueron presentados o cuál de ellos fueron presentados en forma
deficiente, así mismo, omite expresar argumentos mediante los
cuales especifique de forma frontal y precisa en qué parte de
documento mediante el cual se aprueba el registro de la planilla,
se encuentra la supuesta ilegalidad; sino que contrario a ello,
únicamente se limita a manifestar de forma por demás vaga e
indeterminada, que los documentos presentan "deficiencias u
omisiones no subsanables”, “ausencia total en la entrega de
documentos” “registro fue presentado carente de los
documentos que establece el artículo 241, párrafo 1, fracción II y
III”, por lo que al no proporcionar elementos suficientes para
permitirle un estudio de los agravios, o en su caso una suplencia
en los mismos, tales argumentos resultan infundados
En conclusión, tal como se apuntó en los primeros párrafos del
presente considerando, si bien es cierto que este Tribunal
Electoral se encuentra obligado legalmente a aplicar el principio
de la suplencia de los agravios, siempre y cuando, éstos puedan
deducirse de los hechos expuestos; también es cierto que este
órgano resolutor se encuentra limitado por los propios
argumentos que le aporta el apelante para el estudio de sus
motivos de agravio.
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Por lo tanto, al no contribuir el apelante con la carga de aportar
los elementos concretos y definidos revisables individualmente y
por ende, caer en la omisión de precisar puntual y
específicamente cuál o qué parte del acto impugnado considera
que se aparta de la legalidad, es absurdo pretender que este
Tribunal Electoral, bajo el amparo de ejercicio del principio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio, encamine las
pretensiones del actor y construya o formule agravios, tendientes
a realizar actos cuya competencia pertenece únicamente a la
responsable.
c) Estudio del requisito contenido en la fracción III, del
párrafo 1, del artículo 241 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por último, en cuanto al motivo de agravio contenido en el inciso
c), relativo a la omisión en la presentación del escrito del
representante de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, en el
cual no se señala de manera clara la postulación formal de la
planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en
el que se especifique los ciudadanos que la integran, el orden de
prelación en que son propuestos, el carácter de propietario o
suplente, así como los documentos en los que sustentan el
cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad, este
Tribunal Electoral advierte que los mismos devienen en
infundados por las consideraciones siguientes.
La autoridad electoral como garante de los principios
democráticos y salvaguarda de los derechos políticos de los
ciudadanos, lejos de restringir disposiciones legales que tutelen
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los derechos consagrados en normas constitucionales, se
encuentra sujeta a realizar una interpretación extensiva de los
mismos, toda vez que éstos no son excepciones o privilegios
concedidos a favor de algunos, sino que se trata de derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales
debe ser ampliados, no restringidos, ni mucho menos
suprimidos, en estricto apego a lo ordenado por los artículos 1,
32, 35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De esta forma la limitación al ejercicio del sufragio pasivo, se
acota exclusivamente a razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o
condena, más nunca se debe condicionar, entre otras
cuestiones, a una facultad discrecional de un partido político; lo
anterior en términos de lo establecido en el artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en
atención de la reciente reforma, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 10 diez de junio del presente año, garantiza que
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Carta Magna, en los tratados internacionales
de los México sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse,
por el contrario, se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a
las personas con la protección más amplia.
Bajo esta tesitura, en el presente caso, que el apelante pretenda
la revocación del acto impugnado en virtud de que la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, supuestamente omitió la presentación
ante la autoridad responsable, del escrito del representante legal
RAP-187/2012
40
o, en su caso, este se hubiese presentado sin su firma
autógrafa, a través del cual se precise de manera clara la
postulación de los candidatos integrantes de la planilla, su
conducente carácter de propietarios o suplentes, así como los
documentos en los que sustentan el cumplimiento de los
requisitos legales de elegibilidad; vulnera en perjuicio de los
candidatos su derecho fundamental sustantivo consistente en la
prerrogativa ciudadana del derecho pasivo del voto, tutelada por
el artículo 35, fracción II de la Constitución General de la
República y 8, fracción II de la Constitución Política de la
entidad.
En efecto, los ciudadanos candidatos a munícipes integrantes de
la planilla impugnada, desde el momento en que compitieron en
los respectivos procedimientos selectivos internos y resultaron
electos, cuentan con el derecho humano fundamental del
sufragio en su vertiente pasiva, por lo que al requerir para su
registro, la presentación de un diverso escrito signado por el
representante legal de la Coalición en comento, impone un
requisito que se encuentra fuera de las posibilidades tanto
jurídicas, como materiales del candidato, lo que se traduce en
una limitación al derecho humano de referencia, criterio que se
aparta claramente al relativo a la potenciación de los derechos
humanos.
Al respecto, conviene precisar que similar criterio sostuvo el 27
veintisiete de abril del año en curso, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional de
la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en
Guadalajara, Jalisco, en sentencia de los Juicios para la
RAP-187/2012
41
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
identificados bajo las siglas y número de expediente SG-JDC-
3162/2012 y sus acumulados SG-JDC-3163/2012 al SG-JDC-
3187/2012.
En abundancia a lo anterior, no pasa inadvertido para este
órgano resolutor que el apelante aporta argumentos
contradictorios entre sí que se desprende de los propios motivos
de agravios, ello en función de que por una parte, el recurrente
intentó controvertir la facultad del representante de la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, tanto para celebrar dicho instrumento
jurídico, como para signar y presentar las solicitudes de registro
de diversas candidaturas que fueron posteriormente aprobadas
por la autoridad responsable, de lo que se deduce que
efectivamente en el procedimiento de registro de las
candidaturas que se llevó a cabo por la Coalición en cita, se
exhibió documento diverso en el que constó fehacientemente la
rúbrica del referido represente; mientras que por otro lado, en el
presente motivo de agravio, aduce que dicho escrito no se
aportó, o que en su caso, el mismo carecía de la firma autógrafa
de dicho representante.
En consecuencia, se colige que el escrito de apelación es
incongruente en virtud de que por una parte acepta que dicho
escrito fue presentado con la firma del representante de la
Coalición y al mismo tiempo, niega lo anterior, y aduce la
omisión en la presentación del mismo, o en su caso, la falta de
rúbrica del representante de referencia.
RAP-187/2012
42
Por lo anteriormente, fundado y motivado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio segundo esgrimido por el
apelante y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VII. El motivo de agravio que el apelante identifica en su escrito de
demanda como “Tercero”, es el que a continuación se transcribe:
Tercero. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 5, punto 1, 17 párrafo 2, en relación con el 24, punto 3 y 68, punto 1, fracción XIX, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como el numeral 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones III y IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, inciso b), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en virtud de que la autoridad responsable aprobó el registro de la planilla del ayuntamiento MEXTICACÁN, presentada por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, contraviniendo el principio de equidad de género, al
violarse el orden de prelación que debe de tener la planilla impugnada.
Esto es así, toda vez que la Autoridad Administrativa, omitió de manera flagrante el estudio de la integración de la planilla impugnada, por lo que ve al cumplimiento de la cuota de género que la ley establece.
El artículo 17, segundo párrafo, establece que las solicitudes de registro de que presenten los partidos o coaliciones, ante el Instituto Electoral, se integrarán con un máximo de setenta por ciento de candidatos de un solo sexo y garantizando la inclusión de un candidato del sexo distinto en cada tres lugares de la lista, hasta lograr el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, a partir del cual el orden se decidirá libremente por cada partido, hecho tal que no fue analizado al momento de declarar la validez del registro de la planilla de Presidente, Síndico y Regidores del Municipio de MEXTICACÁN, Jalisco, pues es evidente que el mismo no cumple con tal paridad.
Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual resulta aplicable de manera análoga al caso que nos ocupa:
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. CÓMO SE DEBE APLICAR LA ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATOS.-….
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 48 y 49.
En virtud de lo anterior, se debe entender que la regla de alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional, consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar dicho número y cumplir con el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.
La finalidad de esta regla es el equilibrio entre los candidatos de ambos sexos y, a la postre, lograr la participación política efectiva de hombres y mujeres, en un plano de igualdad sustancial o real y efectiva, con el objetivo
RAP-187/2012
43
de mejorar la calidad de la representación política, y de eliminar los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política.
Es por todo lo anteriormente señalado, que la Autoridad Responsable al declarar como válido el registro de la planilla impugnada, viola lo establecido con el principio de equidad de género que establece no solo la legislación estatal, sino que también se encuentra consagrado en la ley federal electoral, en la Constitución Política Federal y el las leyes y tratados internacionales.
Ahora bien, a fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, también es necesario que el treinta por ciento de los candidatos de género distinto, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, esté compuesto en sus propietarios y suplentes por personas del mismo género, y no solo cumplir la cuota de género en propietarios por una parte, sin encontrar esa coincidencia en sus suplentes, aún y cuando en los suplentes también se cumpla con ese treinta por ciento. Si no que repito, debe ser coincidente, el género del propietario con el de su suplente, en ese treinta por ciento, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, en el cumplimiento de cuotas de género.
Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio ciudadano identificado con número de expediente SUP-JDC-12624/2011, se ha pronunciado en ese sentido, de que deben ser coincidentes en el género, el propietario con su respectivo suplente, en los candidatos que son parte del porcentaje del mismo género, que como mínimo están obligados a registrar los partidos políticos (cuota de género).
Pues lo que busca la norma, es garantizar la equidad de género y la igualdad de oportunidades, entre hombres y mujeres, sin favorecer a un género en específico. Obligación, que procura la paridad de género en la vida política del país, y que implica que esa paridad también deba reflejarse en la ocupación de los cargos de elección popular obtenidos por cada partido. De otra manera, no tendría sentido el establecimiento de cuotas de género en la designación de candidaturas a cargos de elección popular.
El hecho de que los candidatos que conforman la cuota de género, sean precisamente coincidentes en el género en forma alguna vulnera la paridad exigida por la norma. Esto es así porque si los candidatos propietarios cumplen con la regla prevista en el citado artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, los suplentes también lo harán. De esta forma, si llegaran a presentarse vacantes en los propietarios, éstos serían sustituidos por personas del mismo género y, por lo tanto, se conservaría el equilibrio de género no sólo en las candidaturas, sino también en la ocupación y ejercicio de los cargos respectivos.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se garantiza esa equidad de género, tanto en la postulación, como en su momento de llegarlo a ser, en el ejercicio del cargo, al no ser coincidentes en el género, los propietarios con sus suplentes, de las candidaturas que nos ocupan, vulnerando con eso el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.
De lo anterior, en esencia se desprende que el actor se duele de
que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla del
RAP-187/2012
44
Ayuntamiento de Mexticacán, Jalisco, postulada por la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, omitiendo el estudio relativo al
principio de equidad de género.
En este sentido, el partido político apelante argumenta que en la
integración de la planilla de munícipes en cuestión, no se
respetó la cuota de género regulada jurídicamente en la entidad,
que no existe orden de alternancia o prelación en éstos y
tampoco así, coincidencia de sexo entre los candidatos
propietarios y los suplentes; situación contraria a lo que dispone
la normatividad electoral, así como los criterios emitidos por el
órgano federal electoral, previstos para tal efecto.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO porque del análisis de
los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a la
conclusión de que los mismos, consisten en manifestaciones
dogmáticas, genéricas e imprecisas de las cuales no se
advierten elementos suficientes para combatir el fondo de la
resolución recurrida y relativa a la aprobación de la planilla de
munícipes en comento.
En principio, porque tal como se estableció en el considerando
anterior, en atención a lo previsto en el artículo 544, párrafo 1 del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación que se
someten a su consideración, tiene la facultad de suplir las
deficiencias en la expresión de los agravios planteados, también
RAP-187/2012
45
lo es que se llevará a cabo, siempre y cuando, éstos puedan ser
deducidos claramente de los hechos expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor, implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
RAP-187/2012
46
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiencia en la expresión del agravio, y se
subsuma en la responsable, para realizar el trabajo que le
corresponde a ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades,
proceda a declarar su revocación u ordenar se subsanen.
RAP-187/2012
47
En el caso que nos ocupa, el partido político apelante intenta
controvertir del registro de la planilla de munícipes del
Ayuntamiento de Mexticacán, Jalisco, aduciendo como agravio
que no se garantiza la equidad de género que debe imperar por
mandato constitucional y legal en la integración de dichos
órganos de gobierno municipal.
Al respecto, realiza en el libelo impugnativo una descripción
dogmática de la forma y términos en que ambos tipos de género
deben distribuirse en relación al porcentaje en cuanto a la
integración de determinado órgano de gobierno conformado por
cargos de elección popular, señala la noción e implicación de la
paridad entre sexos con respecto a los candidatos propietarios y
suplentes, de igual manera pretende fundamentar sus
argumentos con tesis de jurisprudencia y criterios emitidos a
través de sentencias dictadas por el máximo órgano electoral
federal conducentes al tema de la equidad de género.
Así mismo, el apelante realiza una serie de manifestaciones
conceptuales respecto a la finalidad, objetivo y teleología del
principio de la equidad de género en la vida política del país; sin
embargo, del cúmulo de dichas manifestaciones no se advierte
elemento alguno que aporte respaldo sólido para controvertir
específicamente la integración en cuanto al género de la planilla
en comento.
En efecto, de la lectura del escrito de apelación no se advierte,
de cuántos candidatos a munícipes, de acuerdo a su
conocimiento, se integra la planilla en cita, de forma tal que el
apelante aporte para el conducente estudio de este órgano
RAP-187/2012
48
jurisdiccional, elementos precisos para estar en aptitud de
conocer en lo particular, el porcentaje de la cuota género del
mismo sexo y en dado caso, contrastar dicho elemento
porcentual con el que la autoridad responsable aprobó en la
planilla de mérito.
Efectivamente, el actor omite individualizar y pormenorizar los
nombres de los candidatos propietarios y su correspondiente
suplente integrantes de la planilla de candidatos a munícipes, de
los cuales se advierta la coincidencia o no entre éstos, respecto
al género, y aún menos contextualiza la integración en
específico, de los candidatos de sexo distinto en cada tres
lugares de la respectiva lista, es decir, no señala
específicamente cómo se encuentran conformados los bloques
integrados por tres candidatos a razón de una candidata de
género femenino en cada uno de éstos o viceversa.
Por lo tanto, como quedó establecido en párrafos precedentes,
el recurrente aporta una serie de elementos de índole dogmática
y conceptual de lo que no es posible advertir elementos
contundentes, como cualidades de género o razonamientos
cuantitativos, tales como nombre y sexo de identificación de los
candidatos a munícipes, el lugar que ocupan cada uno de ellos o
ellas dentro de las listas de integración de la planilla en comento,
la distinción entre su calidad de propietarios y suplentes, así
como el sexo al que pertenecen; es decir, no se especifica o
identifica pormenorizadamente cuáles, en dónde y en qué
consisten las supuestas inconsistencias relativas al
incumplimiento de la garantía de la equidad de género, por lo
que se colige, que este órgano jurisdiccional se encuentra
RAP-187/2012
49
imposibilitado para aplicar la suplencia del agravio y por ende,
estudiar las supuestas inconsistencias aducidas en relación a la
paridad y principio de equidad de género en que se incurre,
según el actor, en la planilla de candidatos a munícipes que fue
registrada y aprobada, por la autoridad responsable.
En consecuencia, al no contribuir el apelante con la carga de
aportar los elementos concretos y por ende, caer en la omisión
de precisar puntual y específicamente cuál o qué parte del acto
impugnado considera que se aparta de la legalidad, es absurdo
pretender que este Tribunal Electoral, bajo el amparo de la
aplicación del principio de la suplencia de la deficiencia en la
expresión del agravio, encamine las pretensiones del actor y
construya o formule agravios, tendientes a realizar actos cuya
competencia pertenece a la responsable.
En consecuencia, al tenor de los párrafos precedentes
sostenidos a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, el tercer
agravio esgrimido por el apelante y que ha sido analizado en el
presente considerando, resulta infundado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además, en lo
dispuesto por los artículos 57, párrafo segundo; 69, párrafo primero
y 70, fracción VI de la Constitución Política; 73, párrafo primero; 77
párrafo tercero, fracción II; 82, 88, fracción IV y 90 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; 536 fracción X; 595, 599, párrafo 1,
fracción I; 604, párrafo 1 y 608, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana y 10, fracción V del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado del Poder Judicial, todos
RAP-187/2012
50
ordenamientos del Estado de Jalisco, se resuelve conforme a los
siguientes
R E S O L U T I V O S :
PRIMERO. La competencia del Pleno de este Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Jalisco para conocer y resolver los
recurso de apelación; la personería y legitimación de las partes, así
como la procedencia del mismo, quedó acreditada en los términos
expuestos en los considerandos I, II y III de esta resolución.
SEGUNDO. se confirma el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, emitido el 28 de abril del año en curso, mediante el cual
resuelve las solicitudes de registro de planillas de candidatos a
munícipes, de la coalición “Compromiso por Jalisco”, identificado
como IEPC-ACG-084/12, por lo que ve al municipio de Mexticacán
Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en los
considerandos V, VI y VII de esta resolución.
Notifíquese en los términos de ley.
En su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, quienes firman al calce de la presente resolución,
conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos, quien
autoriza y da fe, y rubrica al margen todas las fojas que la integran.
RAP-187/2012
51
MAGISTRADO PRESIDENTE
JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA
MAGISTRADO
LUIS ANTONIO
CORONA NAKAMURA
MAGISTRADO
JOSÉ GUILLERMO
MEZA GARCÍA
MAGISTRADO GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ
MAGISTRADO RUBÉN VÁZQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS ALVARO ZUNO VÁSQUEZ
El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que la presente hoja corresponde a la resolución del 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce, pronunciada en el Recurso de Apelación RAP-187/2012, que consta de 51 cincuenta y un fojas por una sola cara.
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
EXPEDIENTE RAP-193/2012 ACTOR Partido Acción Nacional TERCERO INTERESADO Partido Revolucionario Institucional AUTORIDAD RESPONSABLE Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco MAGISTRADO PONENTE José Guillermo Meza García SECRETARIOS RELATORES Silvia Gpe. Bustos Vázquez Raymundo Miguel Figueroa Brizuela Bertha Sánchez Hoyos Gpe. Lucía Sánchez Vital
Guadalajara, Jalisco, a 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce.
VISTOS para resolver en definitiva, los autos del expediente del
Recurso de Apelación RAP-193/2012, promovido por el maestro
José Antonio Elvira de la Torre, representante propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en
contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que resuelve las
solicitudes de registro de planillas de candidatos a munícipes, de la
coalición “Compromiso por Jalisco” integrada por el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
RAP-193/2012
2
México, identificado como IEPC-ACG-084/12, emitido el 28
veintiocho de abril de 2012 dos mil doce.
Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en sesión pública
de esta fecha, se procede a emitir la presente resolución; y
R E S U L T A N D O
1. El 29 veintinueve de octubre de 2012 dos mil doce, fue publicada
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, número 13, sección
VI, TOMO CCCXXI, la convocatoria para la celebración de las
elecciones, constitucionales que se llevarán a cabo el día 1° de julio
de 2012 dos mil doce en la entidad, aprobada en sesión ordinaria,
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo IEPC-ACG-
047/11.
2. En la misma sesión ordinaria, mediante acuerdo IEPC-ACG-
048/11, el citado Consejo General, aprobó el calendario para el
proceso electoral local ordinario 2011-2012.
3. El 24 veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó
mediante acuerdo IEPC-ACG-019/12 el Convenio de Coalición
celebrado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México con la finalidad de postular candidatos
a Presidente Gobernador Constitucional, Diputados por el Principio
de Mayoría Relativa, así como para registrar planillas de candidatos
RAP-193/2012
3
a integrantes de los Ayuntamientos en la totalidad de los municipios
del Estado de Jalisco por el periodo 2012-2015.
4. El 28 veintiocho de abril del año que transcurre, se aprobó el
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE RESUELVE
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PLANILLAS DE CANDIDATOS A
MUNÍCIPES, DE LA COALICIÓN “COMPROMISO POR JALISCO”
INTEGRADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, IDENTIFICADO COMO IEPC-
ACG-084/12, en el cual se aprobaron diversas planillas de
candidatos, entre ellas, la presentada para el municipio de
Poncitlán, Jalisco, mismo que fue publicado el día 3 tres de mayo el
presente año en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
5. Inconforme con el citado acuerdo, el maestro José Antonio Elvira
de la Torre, ostentándose como Representante Propietario del
Partido Acción Nacional, presentó el 1 uno de mayo del año en
curso, ante el Instituto Electoral, Recurso de Revisión,
específicamente en contra de la aprobación del registro de planilla
de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de
Poncitlán, Jalisco.
6. El 16 dieciséis de mayo de esta anualidad, el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, remitió a este Tribunal Electoral, mediante oficio 2977/2012
Secretaría Ejecutiva, el escrito de Recurso de Revisión y diversa
documentación.
RAP-193/2012
4
7. El 17 diecisiete de mayo del presente año, mediante oficio SGTE-
816/2012, la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, por razón de turno, remitió a la ponencia del Magistrado
Presidente José Guillermo Meza García para su estudio, y en su
caso, admisión y formulación del proyecto de resolución el citado
Recurso de Revisión, que se registró con las siglas y números REV-
70/2012.
8. Una vez analizado el escrito de demanda, el Magistrado ponente,
advirtió que el acto combatido por el actor, era recurrible mediante
el Recurso de Apelación, por lo que, el día 28 veintiocho de mayo
del año que transcurre, los Magistrados integrantes del este
Tribunal Electoral, emitieron Acuerdo Plenario pare reencauzar la
demanda interpuesta, junto con 224 doscientos veinticuatro
recursos interpuestos en los mismos términos, se ordenó al
Secretario General dar de baja el expediente y realizar su registro
como Recurso de Apelación, y una vez realizado lo anterior, debía
devolver al Magistrado ponente el expediente para dar inicio a su
trámite, estudio, admisión en su caso y resolución como Recurso de
Apelación.
9. En cumplimiento al citado Acuerdo Plenario, el Secretario
General de Acuerdos, realizó el returno a la ponencia mediante
oficio SGTE-1063/2012, habiendo sido registrado en el Libro de
Gobierno como RAP-193/2012.
10. El 7 siete de junio del presente año, se emitió proveído, en el
que se tuvo por recibido y se radicó el Recurso de Apelación
interpuesto, se ordenó a la autoridad responsable realizar su
RAP-193/2012
5
publicitación, remitiera el informe circunstanciado y diversa
documentación.
11. En acuerdo del 16 dieciséis de junio de esta anualidad, se tuvo
por recibido de la autoridad responsable el informe circunstanciado,
diversa documentación e información, recibidas las constancias de
publicitación y de retiro de cada medio de impugnación, el escrito de
tercero interesado y la documentación que se acompañó al mismo,
se admitió el recurso interpuesto, así como las pruebas ofrecidas y
aportadas por las partes, y toda vez que el Magistrado responsable,
consideró que el expediente estaba debidamente substanciado para
ser fallado, se declaró cerrada la instrucción, para efecto de que se
formulara el proyecto de resolución correspondiente, mismo que se
somete a la consideración del Pleno del Tribunal Electoral dentro
del plazo que establece el artículo 604, párrafo 1 del Código en la
materia; y
C O N S I D E R A N D O
XXV. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, ejerce jurisdicción y es competente para conocer del
Recurso de Apelación, de conformidad a lo previsto por los artículos
56, primer párrafo; 57, párrafos segundo y séptimo; 68; 69, primer
párrafo; 70, primer párrafo, fracción II de la Constitución Política; 3,
fracción II; 73; 77, primer párrafo y 82 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; 502, párrafo 1, fracción II; 504, párrafo 3; 596, párrafo 2;
599, párrafo 1, fracción II y 604, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana; 5, fracción II; 9, fracción I, a); 10, fracción
V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado del
Poder Judicial, todos ordenamientos del Estado de Jalisco, toda vez
RAP-193/2012
6
que de las documentales que obran agregadas al expediente, se
advierte una controversia derivada de una resolución emitida por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, durante el proceso electoral ordinario, que a
decir del Partido Político promovente le causa agravios.
XXVI. Por lo que respecta a la legitimación del partido
político, y la personería del promovente, el artículo 602 párrafo 1,
fracción I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco establece que están legitimados para interponer
el recurso de apelación, entre otras personas, los partidos o
agrupaciones políticas por conducto de sus respectivos
representantes legítimos que estén acreditados ante el órgano
electoral que dictó el acto o resolución impugnada.
Por tanto, la legitimación del partido político actor, es de
reconocerse en virtud de tratarse de un partido político nacional
debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que se refiere a la personería del maestro José Antonio
Elvira de la Torre, quien se ostenta como Consejero Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, se tiene por reconocida, toda vez que se desprende de
actuaciones del expediente, así como del informe circunstanciado
rendido por la responsable en el que se le reconoce con tal
carácter.
RAP-193/2012
7
En relación al interés jurídico del recurrente para hacer valer el
recurso de apelación, se observa que en su escrito alega que el
acto impugnado le causa agravios, lo cual en principio, se considera
suficiente para que se proceda a su estudio, esto, sin perjuicio de
que en su oportunidad se juzguen los supuestos agravios que hace
valer en su medio de impugnación.
Por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, por ser su examen preferente conforme al principio
de economía procesal, requisitos previstos en los artículos 506, 507
y 603 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, preceptos que regulan: el plazo en que se debe
presentar el recurso de apelación; los requisitos que debe cumplir el
escrito, el requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento
previo de los recursos administrativos que el Código de la materia
señala para el caso concreto, al respecto se tiene que:
El plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece
en el artículo 506 del código de la materia, que en lo conducente
señala:
Artículo 506 Los medios de impugnación previstos en este Código deberán presentarse dentro de los seis días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnado, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.
Atento a lo dispuesto por el citado precepto, el Pleno de este
Tribunal Electoral advierte que, el acuerdo impugnado fue emitido el
28 veintiocho de abril del año que transcurre, en consecuencia, se
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deduce que el plazo para interponer el presente recurso de apelación
transcurrió los días hábiles 29 veintinueve y 30 treinta de abril, 1 uno,
2 dos, 3 tres y 4 cuatro de mayo del esta anualidad, y en virtud de
que el Recurso de Apelación fue presentado ante la autoridad
responsable el 1 uno de mayo, según consta en el sello de
recepción, este órgano colegiado estima que el medio de
impugnación fue presentado dentro del plazo previsto por la ley, y
así lo confirma la autoridad responsable en su informe
circunstanciado.
Por otra parte, el Pleno de este Tribunal Electoral, considera que el
escrito que dio origen al presente recurso, se ajusta a los
requisitos de los medios de impugnación, que establece el
artículo 507 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, disposición que es aplicable al medio procesal de
impugnación en que se actúa.
En efecto, se cumplieron los extremos que previene el citado
dispositivo legal, habida cuenta que el medio de impugnación se
presentó por escrito ante la autoridad responsable del acto
impugnado; se indicó el nombre del actor y el domicilio para recibir
notificaciones que se ubica en esta ciudad que es la residencia de
esta autoridad competente para resolver el medio de impugnación,
asimismo, se señaló el nombre de quien las pueda oír y recibir; no
obstante que el promovente no acompañó el documento necesario
para acreditar su personería, la misma consta en actuaciones del
expediente, así como del informe circunstanciado rendido por la
responsable en el que se le reconoce con tal carácter; se señaló al
partido político que representa; se identificó el acto impugnado, así
como a la autoridad responsable; se mencionaron los hechos en
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que se funda la impugnación, así como los agravios que le causa el
acto impugnado y los preceptos jurídicos presuntamente violados;
por lo que respecta a las pruebas, se advierte que promovente
ofreció las que consideró pertinentes, no obstante que no exhibió
los tres tantos de su demanda, lo anterior no le irroga perjuicio
alguno, y finalmente, se advierte que el promovente asentó su firma
autógrafa.
El artículo 603, párrafo 1 del Código en la materia, prevé que es
requisito de procedencia adicional para la admisión del recurso de
apelación que se agoten los recursos administrativos que establece
este ordenamiento legal para cada caso concreto, ya que, de lo
contrario, se desechará de plano, en el presente asunto, dicho
requisito se tiene por satisfecho, no es necesario agotar instancia
previa, toda vez que el acuerdo que se impugna fue emitido por el
Consejo General, órgano máximo de dirección del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que sus
actos son combatibles directamente mediante el recurso de
apelación.
Por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, quien
comparece como Tercero Interesado, al presente asunto en
términos de lo previsto en el artículo 512, párrafo 1, fracción III del
Código en la materia, se tiene que:
Se reconoce su legitimación, en virtud de tratarse de un partido
político nacional debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
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Por lo que se refiere a la personería del licenciado Benjamín
Guerrero Cordero, quien se ostenta como Apoderado Legal del
Partido Revolucionario Institucional, se tiene por reconocida, en
virtud de que obra agregada al diverso Recurso de Apelación RAP-
164/2012, copia certificada del Poder General Judicial, para Pleitos
y Cobranzas a favor de los licenciados Rafael Castellanos y
Benjamín Guerrero Cordero, otorgado en escritura pública 2,915,
ante la fe del Notario Público Titular número 138 de Guadalajara,
Jalisco, el 15 quince de febrero de 2012 dos mil doce, que remite el
Secretario General de Acuerdos de este órgano colegiado.
Por lo que se refiere al plazo para la presentación de su escrito,
esta se realizó en términos de lo previsto en el artículo 530 en
relación con el 506 del Código Electoral.
Los requisitos del escrito, previstos en el citado numeral 530 del
Código en la materia, se encuentran satisfechos, toda vez que el
mismo, fue presentado ante la autoridad responsable del acto
impugnado, se hizo constar el nombre de tercero interesado, se
señaló domicilio para recibir notificaciones, no obstante que no
acompañó el documento para acreditar su personería, la misma se
tiene acreditada con el Poder General Pleitos y Cobranzas, descrito
el líneas precedentes, asimismo, precisó la razón del interés jurídico
en que se funda y las pretensiones concretas del compareciente,
ofreció y aportó las pruebas y finalmente, hizo constar su firma
autógrafa.
III. Por ser las causales de improcedencia una cuestión de
estudio oficioso, éstas se analizan de manera preferente de
conformidad a lo previsto por los artículos 1; 536, párrafo 1, fracción
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II, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, por lo que se analizará si en el caso a estudio se actualiza
alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo
509 del ordenamiento legal invocado, y de ser así, deberá
decretarse el desechamiento de plano del medio de impugnación
planteado por la parte apelante, al no constituirse válida y
eficazmente el proceso, ya que ello imposibilitaría a este órgano
jurisdiccional para resolver sobre el fondo controvertido materia del
medio de impugnación.
Cabe señalar que las causales de improcedencia pueden
analizarse, ya sea por petición de parte, al haber sido invocadas por
alguna de ellas, o bien, porque de oficio esta autoridad jurisdiccional
las advierta, dada la obligación de analizar la integridad de las
constancias allegadas a los medios de impugnación, conforme a los
principios de constitucionalidad y legalidad consagrados por la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Al efecto, este órgano colegiado no advirtió la existencia o
actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas
por el artículo 509 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco en los medios de impugnación
interpuestos, pues no se pretendió impugnar la no conformidad a la
Constitución General de la República o la Política del Estado de
Jalisco, no se impugnaron actos o resoluciones que no afecten el
interés jurídico del actor, el acto o resolución no se consumó de un
modo irreparable, el acto o resolución no se consintió
expresamente, entendiéndose por ello, las manifestaciones de
voluntad que entrañen ese consentimiento o no se presenten los
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medios de impugnación dentro de los plazos señalados en el
Código Electoral y el promovente no careció de legitimación.
En virtud de las consideraciones realizadas, y al no advertirse
causal de improcedencia alguna que amerite un desechamiento de
plano, es procedente realizar el análisis de fondo de la controversia
planteada.
IV. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar si el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el 28 veintiocho de
abril de 2012 dos mil doce, que resolvió las solicitudes de registro
de planillas de candidatos a munícipes, que presentó de la coalición
“Compromiso por Jalisco”, identificado como IEPC-ACG-084/12, es
violatorio del principio de legalidad que toda resolución de autoridad
electoral debe cumplir, por ser uno de los principios constitucionales
y legales rectores de la función electoral, y si con ello se conculcó el
derecho que, en favor del promovente, consagra la Constitución
Política y el Código Electoral y de Participación Ciudadana ambos
ordenamientos del Estado de Jalisco.
Precisado lo anterior, el método que se abordará para dilucidar la
litis en el presente asunto, consistirá en examinar los agravios que
esgrime el recurrente en el Recurso de Apelación, los cuales se
estudiarán en los subsiguientes considerandos.
El examen se hará relacionando los agravios con los hechos y
puntos de derecho controvertidos y los que fundan la presente
resolución que se sustentan en la plenitud de jurisdicción que a este
órgano judicial le confiere el artículo 57, párrafo segundo de la
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Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 504, párrafo
3 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, así como con el análisis y la valoración de todas y cada una
de las pruebas que fueron admitidas.
Para tal efecto, en los siguientes considerandos se examinarán los
agravios que esgrime el ciudadano actor, pudiendo variar el orden
de la exposición contenida en el escrito que contiene el medio de
impugnación, lo cual no le causa lesión o afectación jurídica alguna,
pues esto sólo ocurre cuando no se estudian todos los motivos de
agravio, toda vez que no en todos los casos, los justiciables
exponen ordenadamente sus agravios, o bien en razón de que
algunos de éstos pueden ser de estudio preferente o incluso
encontrarse en cualquier parte del escrito que contiene la
impugnación.
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 02/98 y
03/2000 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, consultables en la Compilación
1997-2010 de Jurisprudencia y tesis relevantes en materia electoral,
Volumen 1 de Jurisprudencia, páginas 118 a la 120 bajo los rubros:
“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL.” y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”
V. Una vez establecido lo anterior, se advierte que el promovente,
expresa el agravio que identifica como “Primero” en los siguientes
términos:
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Primero. Así mismo, causa agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de candidatos a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Verde Ecologista de México, en flagrante violación del Principio Constitucional de Legalidad previsto en los artículos 14, 16,41 Base VI y 116 de Nuestra Carta Magna.
En un primer orden de ideas, en razón de que quien firma tanto el convenio de coalición, la modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de registro de candidatos, por la parte que representa al Partido Revolucionario Institucional, es RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del mencionado Instituto Político.
Por su parte, en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional no se contempla la figura del Delegado Especial para el despacho de la presidencia de algún Comité Directivo Estatal, ni mucho menos en alguno de sus reglamentos, sin embargo, el artículo 120 de los citados Estatutos, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal tienen a su cargo la representación y dirección política del Partido en la entidad federativa correspondiente y desarrollarán las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los programas estatales que apruebe el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como las acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional.
Y por su parte el artículo 121 de los Estatutos en comento, establece que los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal del Instituto Político que nos ocupa, estarán integrados, por un Presidente; un Secretario General; un Secretario de Organización; un Secretario de Acción Electoral; un Secretario de Acción Electoral (sic); un Secretario de Gestión Social; un Secretario de Finanzas; un Secretario de Administración; un Secretario de Acción Indígena en donde se tenga presencia de pueblos y comunidades indígenas; un Coordinador de Acción Legislativa; las demás secretarías que sean pertinentes a cada entidad federativa y que correspondan al Comité Ejecutivo Nacional; y cada sector, el Movimiento Territorial, el Organismo de Mujeres Priístas y el Frente Juvenil Revolucionario contarán con un Coordinador dentro del Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal, con las atribuciones y representatividad suficientes para su cabal funcionamiento.
Resulta evidente que en la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional, no se contempla la figura de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco; por lo que la persona que ostenta el mencionado carácter, no cuenta con facultades, ni para suscribir el convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México, las modificaciones al mismo, ni mucho menos para registrar candidatos, a nombre del Instituto Político en cuestión, ni mucho menos a nombre de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por los dos institutos políticos que se mencionan.
Pues en adición, cabe resaltar, que aun y cuando en las cláusulas décima y décima séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR JALISCO” establece que las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, aso (sic) como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el propio convenio de coalición; Sin embargo, si de origen RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA carece de representación para la celebración del convenio de coalición a nombre del Partido Revolucionario Institucional, luego entonces, por consecuencia
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carece de la representación para solicitar el registro de candidatos a nombre de la coalición, fundándose en el propio convenio de coalición.
Al respecto el artículo 241, párrafo 1, fracción III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establece que las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por el Consejo General del Instituto y contener escrito con firma autógrafa, del DIRIGENTE ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO, O EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
En este orden de ideas, si RAFAEL GONZÁLEZ PIMIENTA, quien ostenta el cargo de Delegado Especial para el despacho de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, fue quien firma las solicitudes de registro, de las planillas a munícipes a postularse en los 125 municipios del estado de Jalisco, por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, lo hace en contravención de lo ordenado en el citado artículo 241, párrafo 1, fracción III de la Codificación Electoral de esta Entidad Federativa, pues el no es Dirigente Estatal en Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, y tampoco puede ser considerado como representante de la coalición en comento.
Razón por la cual es de considerarse que al aprobarse el registro de las candidaturas a munícipes para integrar los 125 municipios del estado de Jalisco, solicitadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA resulta del todo ilegal, ante su falta de representación tanto del Partido Revolucionario Institucional, como de la propia coalición “COMPROMISO POR JALISCO” conformada por dicho insitito (sic) político y por el Partido Verde Ecologista de México.
Lo que debió hacer la autoridad responsable es haber desechado de plano las solicitudes de registro de las planillas a munícipes firmadas por RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA, de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 fracción III, 244 párrafos 2 y 4, y artículo 245, párrafo 1, fracción 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Al respecto resultan aplicables las siguientes Jurisprudencias:
…
Jurisprudencia 5/2001
CANDIDATOS. FACULTAD PARA SOLICITAR EL REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SIMILARES). …
Tesis CX12002
PERSONERÍA. LA REPRESENTACIÓN DELEGADA DE UN PARTIDO POLÍTICO DEBE CONSTAR EN INSTRUMENTO NOTARIAL. …
(…)
De lo anterior se desprende que el recurrente señala que le
causa agravio el acuerdo impugnado IEPC-ACG-084/12 de
veintiocho de abril de dos mil doce, emitido por el Consejo
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16
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, que aprueba el registro de la planilla de
candidatos a munícipes, que presentó la coalición “Compromiso
Por Jalisco”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional
y por el Partido Verde Ecologista de México, por lo que respecta
al municipio de Poncitlán, Jalisco; al considerar que el mismo,
violenta el principio constitucional de legalidad; en razón de que
a su parecer, quien firma el convenio de coalición y la
modificación al mismo, así como las respectivas solicitudes de
registro de candidatos por la parte que representa al Partido
Revolucionario Institucional, a saber, Rafael González Pimienta,
no cuenta con facultades para ello.
Ahora bien, el agravio en estudio resulta infundado en virtud de
las consideraciones que a continuación se exponen:
A juicio de este Tribunal Electoral, resulta pertinente señalar que
del punto 5° quinto de los “Antecedentes” del acuerdo
impugnado, se observa que el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
hace referencia al diverso acuerdo identificado con la clave
alfanumérica IEPC-ACG-019/12 emitido el 24 veinticuatro de
febrero de 2012 dos mil doce, mediante el cual se aprobó el
registro del convenio de coalición que presentó el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
México, a la cual denominaron coalición “Compromiso por
Jalisco”, para contender en el proceso electoral local ordinario
2011-2012, en las elecciones de Gobernador, diputados por el
principio de Mayoría Relativa en cinco distritos electorales
locales y munícipes de los ciento veinticinco municipios que
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conforman el Estado de Jalisco, acuerdo que por tratarse de un
documento público consultable en el sitio o página web oficial del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco en la Internet, constituye un hecho notorio, por lo que
este Pleno del Tribunal Electoral, puede invocarlo en la presente
resolución.
Sirve para ilustrar lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX.2º.
J/24, visible a página 2470, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, de Enero de dos mil
nueve, Materia Común, Novena Época, bajo el rubro HECHO
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN
SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.
Así entonces, es necesario trascribir la Cláusula Décima
Séptima del convenio de coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, antes referido, que de manera textual señala:
“DÉCIMA SÉPTIMA.- Del registro de los candidatos de la coalición. Las
partes acuerdan que para tal efecto se apegan al “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2011-2012”, identificados con la clave IEPC-ACG-005/2012 y lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, 239, 240 y 241 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la coalición, así como la sustitución de candidatos que en su caso procedan serán suscritas por el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco en el caso de los candidatos que tengan su origen en ese Instituto Político conforme a lo establecido en el presente convenio, teniendo las mismas facultades el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco del Partido Verde Ecologista de
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México en relación de los candidatos que postule este Instituto Político dentro de la coalición. Asimismo, los partidos que forman la presente coalición se obligan a remitir oportunamente a la instancia referida en el párrafo anterior, la documentación necesaria para el registro de los candidatos, o en su caso para la sustitución.” (lo resaltado es por parte de este Tribunal)
De lo antes trascrito se advierte claramente que contrario a lo
esgrimido por el recurrente, el Delegado Especial Encargado del
Despacho de la Presidencia del Partido Revolucionario
Institucional en Jalisco, a saber, Rafael González Pimienta, sí se
encontraba facultado para solicitar el registro de las
candidaturas postuladas por dicha coalición, pues así se pactó
de manera expresa en el convenio en estudio aprobado
mediante acuerdo identificado como IEPC-ACG-019/12, de 24
veinticuatro de febrero de 2012 dos mil doce, mismo que
además no forma parte de la presente controversia, y por ello,
resulta ser un acto independiente, que al no haber sido
impugnado en su oportunidad, a la fecha se encuentra incólume
y debe entenderse como un acto consentido tácitamente.
Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 23/2000 y
9/2001, consultables en la páginas 235 y 236 así como 236 a la
238, respectivamente, de la Compilación 1997-2010
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1
Jurisprudencia, que refieren:
DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito
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que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.”
“DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. El actor queda exonerado de agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral local, en los casos en que el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y definitivo. En efecto, la razón que constituye la base lógica y jurídica para imponer al justiciable la carga de recurrir previamente a los medios ordinarios, antes de acceder a la justicia constitucional federal, radica en la explicación de sentido común de que tales medios de impugnación no son meras exigencias formales para retardar la impartición de la justicia, obstáculos impuestos al gobernado con el afán de dificultarle la preservación de sus derechos ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela efectiva que les garantiza la Constitución federal, sino instrumentos aptos y suficientes para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución que se combata; y al ser así las cosas, se impone deducir que, cuando ese propósito o finalidad no se puede satisfacer en algún caso concreto, ya sea por las especiales peculiaridades del asunto, por la forma en que se encuentren regulados los procesos impugnativos comunes, o por las actitudes de la propia autoridad responsable o de la que conoce o deba conocer de algún juicio o recurso de los aludidos, entonces se extingue la carga procesal de agotarlos, y por tanto se puede ocurrir directamente a la vía constitucional, pues las situaciones apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos cautelares, ni es posible fáctica ni jurídicamente retrotraer las cosas al tiempo pasado en que se cometieron las violaciones, mediante la reposición de un proceso electoral.”
En este sentido, no debe soslayarse que el referido acuerdo
IEPC-ACG-019/12 donde fue aprobado el convenio de la
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20
coalición denominada “Compromiso por Jalisco” deviene en un
acto anterior que fue consentido y que a su vez, trajo como
consecuencia la emisión de un acto posterior derivado de
manera directa de ese consentimiento, esto es, la aprobación de
las planillas de candidatos a munícipes, presentadas por la
coalición “Compromiso por Jalisco”, contenida en el acuerdo
identificado como IEPC-ACG-084/12; por tanto, el agravio
expresado por el actor consistente en la supuesta falta de
personería del representante del Partido Revolucionario
Institucional, resulta ser un acto derivado del consentimiento del
diverso acuerdo IEPC-ACG-019/12, en el que se aprobó el
registro del convenio de la referida coalición integrada por el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista
de México; ello, en virtud de que en el aludido acuerdo en el que
se aprobó el convenio de coalición, se otorgó de manera
expresa la facultad a Rafael González Pimienta, para suscribir el
registro de las candidaturas postuladas y aprobadas por el ahora
acuerdo IEPC-ACG-084/12, impugnado en el presente asunto.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que de las actuaciones que
integran el recurso de apelación en estudio, se advierte que el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, anexó a su informe
circunstanciado, copia certificada del proveído de 12 doce de
enero de dos mil doce, en el cual se tuvo a al ciudadano Gerardo
Álvarez Romero, en su carácter de Consejero Suplente
Representante del Partido Revolucionario Institucional,
exhibiendo copia certificada del ACUERDO DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL POR EL QUE SE CREAN DELEGACIONES
ESPECIALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL PARA EL
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DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y LA SECREATRÍA GENERAL DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE JALISCO Y SE DESIGNAN A SUS
TITULARES y por ende, se tuvo al Partido Revolucionario
Institucional, dando cumplimiento a la obligación que le impone
el artículo 68, párrafo 1, fracción XIII, del Código Electoral y de
Participación ciudadana del Estado de Jalisco, en el sentido de
comunicar al Instituto, los cambios de los integrantes de sus
órganos directivos, y como consecuencia de ello, comunicando
que se designó al Licenciado Rafael González Pimienta, como
Delegado Especial para el despacho de la Presidencia del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de Jalisco, hasta en tanto se convoque y efectúe el
procedimiento estatutario para la elección de los titulares
respectivos, situación tampoco impugnada en su oportunidad;
por lo cual, se reitera que el acto que ahora impugna, constituye
una consecuencia del consentimiento de lo narrado en líneas
precedentes y, por ello, sí le asistió a Rafael González Pimienta,
la facultad para solicitar el registro de las planillas de candidatos
a munícipes, por parte de la coalición “Compromiso por Jalisco”.
Así entonces, como se precisó en párrafos precedentes, al haber
suscrito la solicitud de registro de la planilla de candidatos
aprobada, el ciudadano Rafael González Pimienta, en su
carácter de Delegado Especial encargado del despacho de la
Presidencia del Partido Revolucionario Institucional, no le asiste
la razón al apelante, en virtud de que contrario a lo señalado por
su parte, sí cuenta con facultades para ello.
RAP-193/2012
22
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio primero esgrimido por el
apelante, y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VI. Por lo que se refiere al “Segundo” motivo de agravio, el partido
político actor, argumenta lo siguiente:
HECHOS:
(…)
Segundo. Dentro de la etapa correspondiente al registro de candidatos de
los partidos políticos, con fecha quince de abril del año en curso, como es
un hecho notorio y público, acudieron a presentar su registro de candidatos
para los municipios del Estado de Jalisco, la Coalición “COMPROMISO
POR JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Verde Ecologista de México.
Dentro del mencionado proceso de registro fue evidente que al momento de
registrar las planillas y entregar la documentación requerida según la ley de
la materia, estas fueron recibidas incompletas y fuera del límite establecido
en el artículo 240, fracción IV del Código Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco, además de carente de los requisitos que establece el
artículo 241, punto 1, fracción II y llI.
Cabe señalar que fue el último día de los que se establecen en la ley para
presentar el registro de las planillas, la fecha en la cual acudieron al
mencionado proceso de registro, y en el cual ocurrieron una serie de
irregularidades por parte de la Autoridad Administrativa Electoral, al
momento de la recepción de la documentación para la integración de los
expedientes de los candidatos de la mencionada coalición.
Esto es así pues El Instituto Electoral de manera constante y repetida
obstaculizó al suscrito para conocer con veracidad la documentación real
que se estaba entregando, impidiéndome conocer puntualmente si era
entregado cada documento exigido por la ley para el registro de las planillas
de candidato a munícipe.
Tercero. Posteriormente con fecha veintiocho de abril del presente año, el
Consejo General del Instituto Electoral, decidió de manera ilegal aprobar el
registro de las 125 planillas de candidatos a Presidente Municipal,
Regidores y Síndico postulados por la Coalición “COMPROMISO POR
JALISCO”, que integran el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México, correspondientes a los Ayuntamientos del
Estado de Jalisco.
Cuarto. Entre los registros aprobados esta el correspondiente a la planilla
correspondiente al municipio de PONCITLÁN, Jalisco, misma que fue
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presentada para su registro fuera del plazo legal previsto para tal efecto,
además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1,
fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
(…)
AGRAVIOS
(…)
Segundo. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 9, 14, 16, 41, 35, 116, fracción IV, inciso b) y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracción X de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 1, punto dos, 24, 29, 229, 239, punto uno, fracción IV, 241, fracciones II y III, 245, punto uno, fracciones I, III y IV, 246, 115, 120 punto 1, y 500, punto 1, fracción I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en virtud de que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de PONCITLÁN, Jalisco, no obstante de que la solicitud de registro fue presentada después de concluido el plazo legal previsto para tal efecto, además de carente de los requisitos que establece el artículo 241, punto 1, fracción II y III.
El principio de legalidad, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal.
Al respecto resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.—…
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 234-235.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996.—….
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, páginas 57-58, Sala Superior, tesis S3EL 034/97.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 798-799.
Una definición doctrinal del Ayuntamiento lo explica de la siguiente manera: Órgano colegiado y deliberante que asume la representación y el gobierno del municipio. Integrado por los Regidores, él o los Síndicos y el Presidente Municipal.
El sistema de elección municipal, denominado “de planillas”, puede resumirse de la siguiente forma: 1) en un mismo acto político (el acto del sufragio) se elige, mediante un “voto simultáneo” todo el cuerpo político del ayuntamiento; 2) de la planilla ganadora emana el presidente municipal, uno o más síndicos, y un número predeterminado de regidores “de mayoría”; y 3) de las planillas perdedoras que alcancen el umbral de representación requerido se complementa el cuerpo edilicio con un grupo de regidores de “representación proporcional”.
Este sistema, que se encuentra estatuido en la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, la que en su artículo 3 señala “Cada Municipio es gobernado por un
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Ayuntamiento de elección popular directa”, a su vez el numeral 10 de dicho cuerpo normativo establece “Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se determinan en la ley estatal en materia electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas; y permanecen en sus cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de cada período.
Ahora bien, de conformidad al artículo 134, fracción XVI y 246, párrafo uno, fracción II del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es la autoridad competente para aprobar la procedencia del registro de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico del Ayuntamiento de PONCITLÁN, Jalisco, para lo cual, deberá revisar que la solicitud de registro cumpla con los requisitos que al efecto establece el Código Electoral y de Participación Ciudadana, así como la Constitución Política del Estado de Jalisco.
El artículo 240, punto uno, fracción IV del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señala que el plazo para la presentación de las solicitudes de registro en el caso de las planillas de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, concluye el día 15 de abril del año de la elección.
Ahora bien, de una interpretación sistemática, funcional y gramatical de los artículos 21, 24, punto tres, 239, fracción IV, 240, fracción IV, 244 y demás relativos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se advierte lo siguiente:
1. La elección de integrantes de los ayuntamientos del Estado de Jalisco, se realizará mediante la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, que registren los partidos políticos y candidatos ordenado de forma progresiva en la que se incluya el numero de regidores propietario y suplentes correspondientes.
2. Los partidos políticos o coaliciones deberán registrar la planilla de Presidente Municipal, Regidores y Síndico durante el plazo previsto para tal efecto, cumpliendo con los requisitos formales y materiales que la ley establece.
3. En caso de que faltara algún requisito formal, (copia certificada del acta de nacimiento, escrito con firma autógrafa del estatal en el que manifieste bajo protesta que los ciudadanos que se registran fueron seleccionados de conformidad con los estatutos, etcétera) la autoridad electoral, podrá requerir al partido o coalición, para que subsane la inconsistencia.
4. Únicamente podrán se subsanables los requisitos que deben
acompañarse a la presentación de la solicitud de registro de la planilla.
5. En caso de presentarse la solicitud de la planilla fuera del plazo previsto
será motivo de desechamiento de la misma.
Ahora bien, como se advierte del expediente relativo al registro de la planilla de cuenta, la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, presentó una serie de documentos al momento de fenecer el plazo legal, sin embargo tal y como lo certificó la propia autoridad electoral, existían deficiencias y omisiones no subsanables.
Es decir, la planilla impugnada no presentó la totalidad de los documentos que establece el artículo 241, fracción II y III del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que a la letra señala que deben contener:
Artículo 241.
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1. Las solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por
I…
II. A la solicitud de cada uno de los ciudadanos propuestos a candidatos propietarios y suplentes, se deberá acompañar sin excepción los documentos siguientes:
a) Escrito con firma autógrafa en el que los ciudadanos propuestos como candidatos manifiesten su aceptación para ser registrados y en el que bajo protesta de decir verdad expresen que cumplen con todos y cada uno de los requisitos que establecen la Constitución Política del Estado y este Código;
b) Copia certificada del acta de nacimiento o certificación del registro del nacimiento, expedidas en ambos casos por la oficina del registro civil;
c) Copia certificada por Notario Público o autoridad competente de la credencial para votar;
d) Constancia de residencia, cuando no sean nativos de la Entidad, expedida con una antigüedad no mayor de tres meses por el Ayuntamiento al que corresponda su domicilio; y
e) Copia certificada por autoridad competente de la constancia de rendición de la declaración de situación patrimonial, cuando se trate de servidores públicos.
III. Escrito con firma autógrafa, del dirigente estatal del partido político, o en su caso, del representante de la coalición, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio de coalición.
Tal y como se ha señalado en los puntos que anteceden en la presente impugnación, es hecho notorio, público y evidente, que existió por parte de la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, una ausencia total en la entrega de los documentos que señala el artículo antes transcrito, aunado a la falta del escrito del representante de la referida coalición, en la cual no se señala de manera clara la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que especifique los ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así como los documentos en los que sustentan el cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad.
La previsión legal consignada en el artículo 244 del Código Local, señala que en caso de faltar alguno de los requisitos que deben presentarse a cada solicitud, la autoridad electoral, podrá requerir a los partidos para que subsanen las deficiencias en la integración del expediente, lo que no implica que puedan cubrir sus omisiones una vez agotado el plazo que la ley les otorga para realizar el registro, pues hacerlo de esta forma implica extender el plazo previsto.
Es pertinente distinguir, que existen dos tipos de inconsistencia, las subsanables y aquellas que por su carácter no pueden ser reparables.
Así las cosas, son omisiones subsanables, aquellas que por sus características no atañen directamente a una cuestión pública, o afectan de manera directa los principios de certeza, equidad e imparcialidad rectores de la función electoral.
En ese sentido, el hecho de que la solicitud de registro de la planilla de candidatos no se presente antes de la fecha prevista, no sea entregada la documentación requerida, así como que no cumpla con los requisitos que señalan los incisos a) de la fracción II, y lo previsto en la fracción III del párrafo 1 del artículo 241 del Código del Estado, son requisitos que no pueden ser subsanables, toda vez, que una interpretación contraria, reduciría al absurdo de suponer que un partido político presente una solicitud de registro con el nombre de sólo un candidato, o bien, que haga entrega de una serie de documentos inconexos con el sólo afán de generar un precedente, y contar con los elementos para ampliar el plazo previsto
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para la integración de la planilla de candidatos, y ahora si estar en aptitud de solicitar su registro.
De lo señalado, se advierte que en el caso de que la solicitud de registro no contenga ningún documento, ni el nombre de por todos los integrantes de la planilla, es un vicio invalidante, que para subsanarlo se tendría que abrir un nuevo plazo para la presentación de la solicitud de registro, en razón de que como se ha señalado con antelación, el registro de candidatos se llevará a cabo por planillas completas, y no como en el caso, en el que sólo no se presentaron el total de los integrantes de la misma.
Al caso, esta autoridad deberá tomar en consideración el principio de impugnabilidad rector de los medios de impugnación en materia electoral, mismo que señala que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales tienen la posibilidad de se (sic) combatidos o impugnados, es decir, que todos los actos de las autoridades electorales tienen mecanismos de oposición para que puedan ser objeto de un nuevo análisis, estableciéndose como una garantía a todos los sujetos del derecho electoral, el poder acudir ante las autoridades a fin de ventilar todas aquellas situaciones que provoquen disconformidad de dichos actos o resoluciones.
(…)
De lo trasunto se desprende que el actor se duele en esencia de
la supuesta ilegalidad de la resolución emitida por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el 28 veintiocho de abril del 2012 dos mil
doce, que aprobó el registro de las planillas de Presidente
Municipal, Regidores y Sindico de los 125 ciento veinticinco
Ayuntamientos postulados por la Coalición “Compromiso por
Jalisco”, entre ellas la planilla relativa al Municipio de Poncitlán,
Jalisco, en razón de la presentación extemporánea de la
solicitud correspondiente, así como por la insuficiencia de los
requisitos necesarios para obtener el registro de mérito.
El apelante abunda en que la Coalición “Compromiso por
Jalisco” para el registro de la planilla de munícipes en comento,
al momento de fenecer el plazo legal conducente, presentó una
serie de documentos deficientes y con omisiones no
subsanables.
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De igual forma, el actor señala que no se presentó ante la
autoridad responsable la totalidad de los documentos requeridos
en vía de cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo
241, fracciones II y III del Código en la materia.
Aunado a lo anterior, el recurrente aduce textualmente que al
registro de la planilla de munícipes en comento, le faltó el escrito
del representante de la Coalición en cita, en la (sic) cual no se
señala de manera clara, la postulación formal de la planilla
impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en el que se
especifique los nombres de los ciudadanos que la integran, el
orden de prelación con que son propuestos, el carácter de
propietario o suplente, así como en los documentos en los que
se sustenta el cumplimiento de los requisitos legales de
elegibilidad.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO, esto es así, porque del
análisis de los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a
la conclusión de que los mismos, consisten en meras
apreciaciones subjetivas, genéricas e imprecisas que no cuentan
con los elementos suficientes para combatir el estudio de fondo
de la resolución recurrida.
En principio, porque en atención a lo previsto en el artículo 544,
párrafo 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación
que se someten a su consideración, se encuentra obligado a
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suplir las deficiencias en la expresión de los agravios
planteados, también lo es que se llevará a cabo, siempre y
cuando, éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos
expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Al respecto, conviene precisar que ha sido criterio reiterado por
este Tribunal Electoral, que los conceptos de agravio se pueden
tener por formulados independientemente de su ubicación en
determinado capítulo o sección de la demanda, así como de su
presentación, planteamiento o construcción lógica; debido a que
no es requisito sine qua non que se encuentren contenidos en
un capítulo especial de conceptos de agravio, siempre y cuando,
éstos expresen las violaciones legales que se considere fueron
cometidas por la autoridad responsable, en cualquier parte del
escrito inicial de demanda, exponiendo con toda claridad los
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razonamientos lógico jurídicos por los cuales se concluya que no
se actuó conforme a derecho.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 03/2000
y 02/98, consultables a páginas 117 a la 119, de la "Compilación
1997-2010” de Jurisprudencia y tesis, tomo de Jurisprudencia,
Volumen 1, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, bajo los rubros: "AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y
"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL".
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
En este tenor, si bien es cierto que el Tribunal Electoral esta
facultado para resolver supliendo la deficiencia en la expresión
del agravio, siempre y cuando, de la propia redacción del escrito
de demanda, se desprendan los elementos mínimos necesarios
de los cuales, inclusive, aún estando inconexos entre sí, se
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pueda colegir el planteamiento de agravios específicamente
formulados para destruir frontalmente el acto que se impugna;
también es cierto que, en oposición a lo anterior, cuando del
libelo impugnativo no se desprenda elemento, hecho o
manifestación clara y precisa a partir de la cual se pueda
formular un agravio concreto, este órgano jurisdiccional se
encuentra impedido para ir más allá de la intensión del actor y
consecuentemente, configurar ex officio la expresión del agravio
pertinente para alcanzar las pretensiones planteadas por el
partido político actor, puesto que tal situación no sería una
suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel del
promovente.
En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
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le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio y se subsuma en
la responsable, para realizar el trabajo que le corresponde a
ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades o
inconsistencias, proceda a declarar su revocación u ordenar se
subsanen.
En el caso que nos ocupa, de la lectura integral del escrito de
demanda, se advierte que el partido político apelante intenta
controvertir la legalidad del acuerdo emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, identificado como IEPC-ACG-084/12, de
fecha 28 veintiocho de abril del año en curso, mediante el cual
se aprobó del registro de las 125 ciento veinticinco planillas de
munícipes postuladas por la Coalición “Compromiso por Jalisco”,
que habrán de participar en la contienda electoral del próximo
primero de julio, para renovar los ayuntamientos que integran el
Estado de Jalisco; arguyendo que se vulneran los diversos
artículos en virtud de que la autoridad responsable aprobó el
registro de la planilla de munícipes para la conducente
postulación relativa al Ayuntamiento Poncitlán; no obstante de
que dicho registro fue presentado una vez fenecido el plazo legal
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previsto para tal efecto y además, carente de los requisitos a que
se encuentra sujeto.
Así mismo, del estudio acucioso del escrito de demanda de
apelación, se advierte que el actor intenta configurar un agravio
tendiente a atacar la legalidad de dicho registro en su conjunto,
fundamentándose en diversos preceptos de orden constitucional
y legal que de ninguna manera utiliza como motivación para
sostener sus argumentos.
En efecto, únicamente expresa en forma genérica que le causa
agravio que se haya aprobado el registro de las planillas de
candidatos a postularse en los 125 ciento veinticinco municipios,
sin embargo, no hace valer motivo de disenso específico,
concreto, objetivo y frontal, a través del cual manifieste qué
parte, o sí la totalidad del acuerdo impugnado emitido por la
responsable, mediante el cual aprueba el registro de las planillas
en comento, le resulta carente de derecho o ilegal, no discurre
en razonamientos o justificaciones lógicas específicas y
concisas, imposibilitando a este Tribunal Electoral a aplicar el
principio de la suplencia del agravio, dado que ni en forma
mínima se advierte la expresión de un motivo de disenso claro y
frontal.
Sin embargo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional
que si bien es cierto, que el apelante plantea la impugnación de
la aprobación del registro de las 125 ciento veinticinco planillas
en forma genérica y oscura; también lo es que identifica en este
Recurso de Apelación, la planilla correspondiente al
Ayuntamiento de Poncitlán, Jalisco; respecto del cual precisa
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tres actos aprobados por la responsable y que considera motivos
de agravio, mismos que serán estudiados en el orden de
prelación establecido por el actor:
kk) La extemporaneidad en la presentación de la solicitud de
registro de la planilla de munícipes de mérito;
ll) La presentación de la solicitud de registro carente de los
documentos que establece el artículo 241, fracción II y III
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco.
mm) Omisión en la presentación del escrito del representante de
la Coalición “Compromiso por Jalisco”, con firma autógrafa
de éste, mediante la cual (sic) no se señala de manera clara
la postulación formal de la planilla impugnada, mediante un
escrito con firma autógrafa en el que se especifique los
ciudadanos que la integran, el orden de prelación con que
son propuestos, el carácter de propietario o suplente, así
como los documentos en los que sustentan el cumplimiento
de los requisitos legales de elegibilidad.
a) Extemporaneidad de la presentación de la solicitud para
el registro de la planilla de munícipes.
En cuanto al motivo de agravio señalado en el inciso a), este
órgano jurisdiccional sostiene que es infundado dado que el
recurrente realiza consideración referente a que se entregaron
documentos fuera del plazo legal previsto para el registro de la
planilla de mérito; sin embargo del escrito de demanda no se
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desprende argumento toral encaminado a expresar en qué
consistió esencialmente dicha extemporaneidad.
En efecto, no existe elemento alguno en el libelo impugnativo a
partir del cual, este órgano resolutor pueda obtener los datos
específicos que arrojen la fecha y hora de la supuesta entrega
extemporánea de la presentación de la solicitud del registro de
mérito, de tal forma, que puedan ser contrastado con lo que
sostiene la autoridad responsable en el acuerdo que se
impugna, y en consecuencia se pueda colegir que dicho registro
fue presentado fuera del término previsto para lo conducente.
En esa virtud, es importante mencionar que de la lectura del
acuerdo impugnado, se advierte que la autoridad responsable
aprobó y realizó el registro de la planilla para el municipio de
Poncitlán, Jalisco, por haber sido satisfechos los requisitos del
mismo.
Por lo tanto, en seguimiento al principio de que lo ordinario se
presume, lo extraordinario se demuestra, este órgano
jurisdiccional sostiene que, en el presente caso, lo ordinario se
encuentra en la presentación de la solicitud del registro de la
planilla de munícipes en cuestión, dentro del plazo legal previsto
para tal efecto, situación que se hizo de manifiesto por la propia
responsable a través de la emisión del referido acuerdo
impugnado en el que se estableció que la planilla de munícipes
se aprobó y registró en virtud de que se cumplimentaron todos y
cada uno de los requisitos legales previstos para tal efecto, entre
ellos el relativo al de la oportunidad en la presentación de la
solicitud conducente, sin hacer mayor detenimiento o
RAP-193/2012
35
consideración al respecto; mientras que lo extraordinario, es
decir la supuesta extemporaneidad, se debió demostrar por
parte del recurrente, a través de la aportación de elementos
probatorios, contundentes y consistentes en los que figurara o
explicara claramente la circunstancia específica en las que,
según su dicho, radicó tal ilegalidad.
b) Estudio en general de los requisitos contenidos en el
artículo 241 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por lo que ve al inciso b) tocante a la carencia de los
documentos requeridos en vía de requisitos necesarios para
obtener la aprobación del registro de la planilla de munícipes, el
partido político incoante manifiesta expresamente que existió en
dicha documentación, deficiencias y omisiones en su entrega.
Con respecto a este motivo de disenso, este órgano
jurisdiccional sostiene que deviene en infundado pues tal como
se advierte claramente de la argumentación vertida por el
recurrente en el escrito de demanda, la expresión en los mismos
redunda en consideraciones generales e imprecisas que resultan
insuficientes para revisar acuciosamente los defectos que en
específico, la aprobación del registro de la planilla de munícipes,
de ser el caso, pudiera presentar.
En efecto, tal como el mismo partido político actor lo indica, no
se advierten elementos esenciales tales como nombres, la
identificación de los documentos precisos de los cuales hubiera
carecido el registro, así mismo no se desprende cuál de los
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requisitos que establece el articulo 241, fracción II y III del
Código en la materia son los faltantes o en su caso deficientes.
Así pues, el apelante se limita a exponer textualmente lo que
detalla el artículo de referencia, sin embargo de ninguna forma
aporta elementos que aún inconexos entre sí, de los cuáles en
suplencia del agravio, sea posible colegir la aducida omisión en
la entrega de uno o algunos de los documentos presentados en
vía de requisitos; de ninguna forma individualiza o identifica los
supuestos requisitos faltantes o deficientes y aún menos
contextualiza la integración en específico del registro de la
planilla que controvierte.
En este tenor, conviene precisar que el actor expone agravios en
el desarrollo de su escrito de apelación, que se contradicen entre
sí, dado que en las primeras fojas de su demanda aduce que se
aprobó el registro de la planilla de munícipes de mérito, aún y
cuando en su correspondiente presentación existió la carencia
de documentos; sin embargo, en fojas más adelante del mismo
escrito, el incoante señala que los documentos requisitados
fueron entregados con deficiencias y así mismo, en los
subsiguientes renglones, termina arguyendo que existió por
parte de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, la ausencia total
de los requisitos que establece el precepto conducente; en
consecuencia, se colige que los argumentos vertidos por el
apelante devienen en incongruentes y contradictorios entre sí,
pues si da inicio a su apelación alegando la supuesta carencia
en una serie de documentos, continua denotando la deficiencia
en los mismos y concluye el libelo impugnativo, sosteniendo la
ausencia total de los mismos; expresiones en las cuales no se
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encuentra una congruencia o secuencia lógica argumentativa de
la que sea posible desprender argumentos sólidos y concretos
dirigidos a combatir la aducida ilegalidad de acto impugnado.
En consecuencia, se advierte que el motivo de agravio
expresado por el partido político promovente es genérico e
impreciso, pues no identifica cuáles requisitos de los previstos
en el artículo 241, párrafo 1, fracción II y III, considera que no
fueron presentados o cuál de ellos fueron presentados en forma
deficiente, así mismo, omite expresar argumentos mediante los
cuales especifique de forma frontal y precisa en qué parte de
documento mediante el cual se aprueba el registro de la planilla,
se encuentra la supuesta ilegalidad; sino que contrario a ello,
únicamente se limita a manifestar de forma por demás vaga e
indeterminada, que los documentos presentan "deficiencias u
omisiones no subsanables”, “ausencia total en la entrega de
documentos” “registro fue presentado carente de los
documentos que establece el artículo 241, párrafo 1, fracción II y
III”, por lo que al no proporcionar elementos suficientes para
permitirle un estudio de los agravios, o en su caso una suplencia
en los mismos, tales argumentos resultan infundados
En conclusión, tal como se apuntó en los primeros párrafos del
presente considerando, si bien es cierto que este Tribunal
Electoral se encuentra obligado legalmente a aplicar el principio
de la suplencia de los agravios, siempre y cuando, éstos puedan
deducirse de los hechos expuestos; también es cierto que este
órgano resolutor se encuentra limitado por los propios
argumentos que le aporta el apelante para el estudio de sus
motivos de agravio.
RAP-193/2012
38
Por lo tanto, al no contribuir el apelante con la carga de aportar
los elementos concretos y definidos revisables individualmente y
por ende, caer en la omisión de precisar puntual y
específicamente cuál o qué parte del acto impugnado considera
que se aparta de la legalidad, es absurdo pretender que este
Tribunal Electoral, bajo el amparo de ejercicio del principio de la
suplencia de la deficiente expresión del agravio, encamine las
pretensiones del actor y construya o formule agravios, tendientes
a realizar actos cuya competencia pertenece únicamente a la
responsable.
c) Estudio del requisito contenido en la fracción III, del
párrafo 1, del artículo 241 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Por último, en cuanto al motivo de agravio contenido en el inciso
c), relativo a la omisión en la presentación del escrito del
representante de la Coalición “Compromiso por Jalisco”, en el
cual no se señala de manera clara la postulación formal de la
planilla impugnada, mediante un escrito con firma autógrafa en
el que se especifique los ciudadanos que la integran, el orden de
prelación en que son propuestos, el carácter de propietario o
suplente, así como los documentos en los que sustentan el
cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad, este
Tribunal Electoral advierte que los mismos devienen en
infundados por las consideraciones siguientes.
La autoridad electoral como garante de los principios
democráticos y salvaguarda de los derechos políticos de los
ciudadanos, lejos de restringir disposiciones legales que tutelen
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los derechos consagrados en normas constitucionales, se
encuentra sujeta a realizar una interpretación extensiva de los
mismos, toda vez que éstos no son excepciones o privilegios
concedidos a favor de algunos, sino que se trata de derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales
debe ser ampliados, no restringidos, ni mucho menos
suprimidos, en estricto apego a lo ordenado por los artículos 1,
32, 35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De esta forma la limitación al ejercicio del sufragio pasivo, se
acota exclusivamente a razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o
condena, más nunca se debe condicionar, entre otras
cuestiones, a una facultad discrecional de un partido político; lo
anterior en términos de lo establecido en el artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en
atención de la reciente reforma, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 10 diez de junio del presente año, garantiza que
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Carta Magna, en los tratados internacionales
de los México sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse,
por el contrario, se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a
las personas con la protección más amplia.
Bajo esta tesitura, en el presente caso, que el apelante pretenda
la revocación del acto impugnado en virtud de que la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, supuestamente omitió la presentación
ante la autoridad responsable, del escrito del representante legal
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o, en su caso, este se hubiese presentado sin su firma
autógrafa, a través del cual se precise de manera clara la
postulación de los candidatos integrantes de la planilla, su
conducente carácter de propietarios o suplentes, así como los
documentos en los que sustentan el cumplimiento de los
requisitos legales de elegibilidad; vulnera en perjuicio de los
candidatos su derecho fundamental sustantivo consistente en la
prerrogativa ciudadana del derecho pasivo del voto, tutelada por
el artículo 35, fracción II de la Constitución General de la
República y 8, fracción II de la Constitución Política de la
entidad.
En efecto, los ciudadanos candidatos a munícipes integrantes de
la planilla impugnada, desde el momento en que compitieron en
los respectivos procedimientos selectivos internos y resultaron
electos, cuentan con el derecho humano fundamental del
sufragio en su vertiente pasiva, por lo que al requerir para su
registro, la presentación de un diverso escrito signado por el
representante legal de la Coalición en comento, impone un
requisito que se encuentra fuera de las posibilidades tanto
jurídicas, como materiales del candidato, lo que se traduce en
una limitación al derecho humano de referencia, criterio que se
aparta claramente al relativo a la potenciación de los derechos
humanos.
Al respecto, conviene precisar que similar criterio sostuvo el 27
veintisiete de abril del año en curso, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional de
la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en
Guadalajara, Jalisco, en sentencia de los Juicios para la
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Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
identificados bajo las siglas y número de expediente SG-JDC-
3162/2012 y sus acumulados SG-JDC-3163/2012 al SG-JDC-
3187/2012.
En abundancia a lo anterior, no pasa inadvertido para este
órgano resolutor que el apelante aporta argumentos
contradictorios entre sí que se desprende de los propios motivos
de agravios, ello en función de que por una parte, el recurrente
intentó controvertir la facultad del representante de la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, tanto para celebrar dicho instrumento
jurídico, como para signar y presentar las solicitudes de registro
de diversas candidaturas que fueron posteriormente aprobadas
por la autoridad responsable, de lo que se deduce que
efectivamente en el procedimiento de registro de las
candidaturas que se llevó a cabo por la Coalición en cita, se
exhibió documento diverso en el que constó fehacientemente la
rúbrica del referido represente; mientras que por otro lado, en el
presente motivo de agravio, aduce que dicho escrito no se
aportó, o que en su caso, el mismo carecía de la firma autógrafa
de dicho representante.
En consecuencia, se colige que el escrito de apelación es
incongruente en virtud de que por una parte acepta que dicho
escrito fue presentado con la firma del representante de la
Coalición y al mismo tiempo, niega lo anterior, y aduce la
omisión en la presentación del mismo, o en su caso, la falta de
rúbrica del representante de referencia.
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Por lo anteriormente, fundado y motivado, a juicio de este Pleno
del Tribunal Electoral, el agravio segundo esgrimido por el
apelante y que ha sido analizado en el presente considerando,
resulta ser infundado.
VII. El motivo de agravio que el apelante identifica en su escrito de
demanda como “Tercero”, es el que a continuación se transcribe:
Tercero. El acto de autoridad impugnado, transgrede los artículos 5, punto 1, 17 párrafo 2, en relación con el 24, punto 3 y 68, punto 1, fracción XIX, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como el numeral 1, 6, 17, párrafo primero, y 36, fracciones III y IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, inciso b), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en virtud de que la autoridad responsable aprobó el registro de la planilla del ayuntamiento PONCITLÁN, presentada por la coalición “COMPROMISO POR JALISCO”, contraviniendo el principio de equidad de género, al
violarse el orden de prelación que debe de tener la planilla impugnada.
Esto es así, toda vez que la Autoridad Administrativa, omitió de manera flagrante el estudio de la integración de la planilla impugnada, por lo que ve al cumplimiento de la cuota de género que la ley establece.
El artículo 17, segundo párrafo, establece que las solicitudes de registro de que presenten los partidos o coaliciones, ante el Instituto Electoral, se integrarán con un máximo de setenta por ciento de candidatos de un solo sexo y garantizando la inclusión de un candidato del sexo distinto en cada tres lugares de la lista, hasta lograr el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, a partir del cual el orden se decidirá libremente por cada partido, hecho tal que no fue analizado al momento de declarar la validez del registro de la planilla de Presidente, Síndico y Regidores del Municipio de PONCITLÁN, Jalisco, pues es evidente que el mismo no cumple con tal paridad.
Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual resulta aplicable de manera análoga al caso que nos ocupa:
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. CÓMO SE DEBE APLICAR LA ALTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATOS.-….
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 48 y 49.
En virtud de lo anterior, se debe entender que la regla de alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional, consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar dicho número y cumplir con el porcentaje mínimo del treinta por ciento del total, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.
La finalidad de esta regla es el equilibrio entre los candidatos de ambos sexos y, a la postre, lograr la participación política efectiva de hombres y mujeres, en un plano de igualdad sustancial o real y efectiva, con el objetivo
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de mejorar la calidad de la representación política, y de eliminar los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política.
Es por todo lo anteriormente señalado, que la Autoridad Responsable al declarar como válido el registro de la planilla impugnada, viola lo establecido con el principio de equidad de género que establece no solo la legislación estatal, sino que también se encuentra consagrado en la ley federal electoral, en la Constitución Política Federal y el las leyes y tratados internacionales.
Ahora bien, a fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, también es necesario que el treinta por ciento de los candidatos de género distinto, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, esté compuesto en sus propietarios y suplentes por personas del mismo género, y no solo cumplir la cuota de género en propietarios por una parte, sin encontrar esa coincidencia en sus suplentes, aún y cuando en los suplentes también se cumpla con ese treinta por ciento. Si no que repito, debe ser coincidente, el género del propietario con el de su suplente, en ese treinta por ciento, que como mínimo deben registrar los partidos políticos, en el cumplimiento de cuotas de género.
Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio ciudadano identificado con número de expediente SUP-JDC-12624/2011, se ha pronunciado en ese sentido, de que deben ser coincidentes en el género, el propietario con su respectivo suplente, en los candidatos que son parte del porcentaje del mismo género, que como mínimo están obligados a registrar los partidos políticos (cuota de género).
Pues lo que busca la norma, es garantizar la equidad de género y la igualdad de oportunidades, entre hombres y mujeres, sin favorecer a un género en específico. Obligación, que procura la paridad de género en la vida política del país, y que implica que esa paridad también deba reflejarse en la ocupación de los cargos de elección popular obtenidos por cada partido. De otra manera, no tendría sentido el establecimiento de cuotas de género en la designación de candidaturas a cargos de elección popular.
El hecho de que los candidatos que conforman la cuota de género, sean precisamente coincidentes en el género en forma alguna vulnera la paridad exigida por la norma. Esto es así porque si los candidatos propietarios cumplen con la regla prevista en el citado artículo 17, párrafo 2 en relación con el diverso 24, párrafo 3, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, los suplentes también lo harán. De esta forma, si llegaran a presentarse vacantes en los propietarios, éstos serían sustituidos por personas del mismo género y, por lo tanto, se conservaría el equilibrio de género no sólo en las candidaturas, sino también en la ocupación y ejercicio de los cargos respectivos.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se garantiza esa equidad de género, tanto en la postulación, como en su momento de llegarlo a ser, en el ejercicio del cargo, al no ser coincidentes en el género, los propietarios con sus suplentes, de las candidaturas que nos ocupan, vulnerando con eso el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.
De lo anterior, en esencia se desprende que el actor se duele de
que la autoridad responsable, aprobó el registro de la planilla del
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Ayuntamiento de Poncitlán, Jalisco, postulada por la Coalición
“Compromiso por Jalisco”, omitiendo el estudio relativo al
principio de equidad de género.
En este sentido, el partido político apelante argumenta que en la
integración de la planilla de munícipes en cuestión, no se
respetó la cuota de género regulada jurídicamente en la entidad,
que no existe orden de alternancia o prelación en éstos y
tampoco así, coincidencia de sexo entre los candidatos
propietarios y los suplentes; situación contraria a lo que dispone
la normatividad electoral, así como los criterios emitidos por el
órgano federal electoral, previstos para tal efecto.
Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
sostiene que el agravio que se analiza en el presente
considerando deviene en INFUNDADO porque del análisis de
los argumentos hechos valer por el actor, se arriba a la
conclusión de que los mismos, consisten en manifestaciones
dogmáticas, genéricas e imprecisas de las cuales no se
advierten elementos suficientes para combatir el fondo de la
resolución recurrida y relativa a la aprobación de la planilla de
munícipes en comento.
En principio, porque tal como se estableció en el considerando
anterior, en atención a lo previsto en el artículo 544, párrafo 1 del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Jalisco, si bien, al resolver los medios de impugnación que se
someten a su consideración, tiene la facultad de suplir las
deficiencias en la expresión de los agravios planteados, también
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lo es que se llevará a cabo, siempre y cuando, éstos puedan ser
deducidos claramente de los hechos expuestos.
Así pues, el principio de la suplencia del agravio al que se
encuentra sujeto este órgano resolutor, implica que el juzgador
debe analizar detenida y cuidadosamente en su totalidad el
escrito de impugnación correspondiente, para que a partir de la
correcta comprensión de las partes que lo integran, sea posible
advertir elementos cuantitativos y cualitativos de índole objetiva,
clara y precisa, además advertir circunstancias de tiempo, modo
y lugar; de tal forma que al concatenarse entre sí, de todas estas
referencias y manifestaciones, se obtenga indiscutiblemente un
argumento conciso y contundente encaminado a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la responsable
tomó en cuenta para resolver, específicamente, el caso
concreto.
Ahora bien, en función de que el principio de la suplencia en el
agravio se considera como una herramienta que permite al
órgano responsable profundizar y ampliar el estudio de las
pretensiones planteadas por la parte actora; no se debe soslayar
que este principio encuentra sus límites en la medida en que el
recurrente no plasma en el escrito de demanda los elementos
claros, precisos, objetivos y contundentes, mediante los cuales
se advierta la formulación de argumentos sólidos para
comprobar la veracidad de los hechos, o en su defecto, que las
pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra
circunstancia que hiciera ver que se contravino la ley.
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En efecto, el actor se encuentra obligado a aportar de la manera
más clara y precisa posible, los argumentos, hechos o
manifestaciones que sean suficientes para alcanzar sus
pretensiones, de forma tal que al poner dicha expresión de
agravios, bajo la consideración del órgano jurisdiccional, este se
encuentre en la posibilidad de contar con todos los medios
necesarios para proceder a la impartición de justicia; pues de lo
contrario, si en el escrito de demanda el actor omite precisar,
especificar o individualizar datos, nombres, circunstancias,
elementos cualitativos o cuantitativos en forma concreta, y de los
hechos que se manifiestan no es posible desprender ningún
elemento de los citados, este Tribunal Electoral carece de los
elementos necesarios que le permitan entrar a la revisión de los
actos que aduce son ilegales.
Por lo tanto, el promovente debe contribuir cumpliendo con la
carga de aportar los argumentos lógico jurídicos concretos, que
le permitan al órgano jurisdiccional competente, estar en aptitud
de revisar si lo actuado por la autoridad administrativa electoral
es conforme a derecho o no, ello con la finalidad de confirmar,
revocar o modificar sus resoluciones; porque al no cumplir con lo
anterior, el recurrente no debe tener la falsa expectativa de
derecho, consistente en la hipótesis de que a partir de las
manifestaciones genéricas e imprecisas expuestas en su escrito
de demanda, este órgano resolutor efectúe el ejercicio de la
suplencia de la deficiencia en la expresión del agravio, y se
subsuma en la responsable, para realizar el trabajo que le
corresponde a ésta, y en su caso, de encontrar irregularidades,
proceda a declarar su revocación u ordenar se subsanen.
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En el caso que nos ocupa, el partido político apelante intenta
controvertir del registro de la planilla de munícipes del
Ayuntamiento de Poncitlán, Jalisco, aduciendo como agravio que
no se garantiza la equidad de género que debe imperar por
mandato constitucional y legal en la integración de dichos
órganos de gobierno municipal.
Al respecto, realiza en el libelo impugnativo una descripción
dogmática de la forma y términos en que ambos tipos de género
deben distribuirse en relación al porcentaje en cuanto a la
integración de determinado órgano de gobierno conformado por
cargos de elección popular, señala la noción e implicación de la
paridad entre sexos con respecto a los candidatos propietarios y
suplentes, de igual manera pretende fundamentar sus
argumentos con tesis de jurisprudencia y criterios emitidos a
través de sentencias dictadas por el máximo órgano electoral
federal conducentes al tema de la equidad de género.
Así mismo, el apelante realiza una serie de manifestaciones
conceptuales respecto a la finalidad, objetivo y teleología del
principio de la equidad de género en la vida política del país; sin
embargo, del cúmulo de dichas manifestaciones no se advierte
elemento alguno que aporte respaldo sólido para controvertir
específicamente la integración en cuanto al género de la planilla
en comento.
En efecto, de la lectura del escrito de apelación no se advierte,
de cuántos candidatos a munícipes, de acuerdo a su
conocimiento, se integra la planilla en cita, de forma tal que el
apelante aporte para el conducente estudio de este órgano
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jurisdiccional, elementos precisos para estar en aptitud de
conocer en lo particular, el porcentaje de la cuota género del
mismo sexo y en dado caso, contrastar dicho elemento
porcentual con el que la autoridad responsable aprobó en la
planilla de mérito.
Efectivamente, el actor omite individualizar y pormenorizar los
nombres de los candidatos propietarios y su correspondiente
suplente integrantes de la planilla de candidatos a munícipes, de
los cuales se advierta la coincidencia o no entre éstos, respecto
al género, y aún menos contextualiza la integración en
específico, de los candidatos de sexo distinto en cada tres
lugares de la respectiva lista, es decir, no señala
específicamente cómo se encuentran conformados los bloques
integrados por tres candidatos a razón de una candidata de
género femenino en cada uno de éstos o viceversa.
Por lo tanto, como quedó establecido en párrafos precedentes,
el recurrente aporta una serie de elementos de índole dogmática
y conceptual de lo que no es posible advertir elementos
contundentes, como cualidades de género o razonamientos
cuantitativos, tales como nombre y sexo de identificación de los
candidatos a munícipes, el lugar que ocupan cada uno de ellos o
ellas dentro de las listas de integración de la planilla en comento,
la distinción entre su calidad de propietarios y suplentes, así
como el sexo al que pertenecen; es decir, no se especifica o
identifica pormenorizadamente cuáles, en dónde y en qué
consisten las supuestas inconsistencias relativas al
incumplimiento de la garantía de la equidad de género, por lo
que se colige, que este órgano jurisdiccional se encuentra
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imposibilitado para aplicar la suplencia del agravio y por ende,
estudiar las supuestas inconsistencias aducidas en relación a la
paridad y principio de equidad de género en que se incurre,
según el actor, en la planilla de candidatos a munícipes que fue
registrada y aprobada, por la autoridad responsable.
En consecuencia, al no contribuir el apelante con la carga de
aportar los elementos concretos y por ende, caer en la omisión
de precisar puntual y específicamente cuál o qué parte del acto
impugnado considera que se aparta de la legalidad, es absurdo
pretender que este Tribunal Electoral, bajo el amparo de la
aplicación del principio de la suplencia de la deficiencia en la
expresión del agravio, encamine las pretensiones del actor y
construya o formule agravios, tendientes a realizar actos cuya
competencia pertenece a la responsable.
En consecuencia, al tenor de los párrafos precedentes
sostenidos a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, el tercer
agravio esgrimido por el apelante y que ha sido analizado en el
presente considerando, resulta infundado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además, en lo
dispuesto por los artículos 57, párrafo segundo; 69, párrafo primero
y 70, fracción VI de la Constitución Política; 73, párrafo primero; 77
párrafo tercero, fracción II; 82, 88, fracción IV y 90 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; 536 fracción X; 595, 599, párrafo 1,
fracción I; 604, párrafo 1 y 608, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana y 10, fracción V del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado del Poder Judicial, todos
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ordenamientos del Estado de Jalisco, se resuelve conforme a los
siguientes
R E S O L U T I V O S :
PRIMERO. La competencia del Pleno de este Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Jalisco para conocer y resolver los
recurso de apelación; la personería y legitimación de las partes, así
como la procedencia del mismo, quedó acreditada en los términos
expuestos en los considerandos I, II y III de esta resolución.
SEGUNDO. se confirma el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, emitido el 28 de abril del año en curso, mediante el cual
resuelve las solicitudes de registro de planillas de candidatos a
munícipes, de la coalición “Compromiso por Jalisco”, identificado
como IEPC-ACG-084/12, por lo que ve al municipio de Poncitlán
Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en los
considerandos V, VI y VII de esta resolución.
Notifíquese en los términos de ley.
En su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, quienes firman al calce de la presente resolución,
conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos, quien
autoriza y da fe, y rubrica al margen todas las fojas que la integran.
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MAGISTRADO PRESIDENTE
JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA
MAGISTRADO
LUIS ANTONIO
CORONA NAKAMURA
MAGISTRADO
JOSÉ GUILLERMO
MEZA GARCÍA
MAGISTRADO GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ
MAGISTRADO RUBÉN VÁZQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS ALVARO ZUNO VÁSQUEZ
El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que la presente hoja corresponde a la resolución del 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce, pronunciada en el Recurso de Apelación RAP-193/2012, que consta de 51 cincuenta y un fojas por una sola cara.
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
