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Comparación entre los gobienos
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PORFIRIO DIAZ Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ
Jaime Mireles Rangel
La historia es una abstracción. No narra todo lo que acontece en la vida humana,
sino únicamente los hechos más importantes, por eso la dificultad principal del
historiador consiste en usar los criterios adecuados para esta tarea colectiva,
dificultad que se complica aun más cuando se hace historia del presente.
Suele argumentarse que los acontecimientos tienen que alejarse en el pasado
para que se pueda comprender su importancia, que si se tiene un panorama
suficientemente amplio se puede percibir como unos sucesos influyen sobre otros
y como lo que aprecio fundamental en una época determinada pierde importancia
en el despliegue del tiempo. Y al revés, lo que en un momento pareció
insignificante se vuelve trascendente en perspectiva histórica.
Podríamos tipificar el lapso 1946-1982 como el de la posrevolución. La retórica
oficial sigue sosteniendo la vigencia de una revolución cuasi permanente, pero
esta posición, de fondo, quiere decir que a partir del alemanismo se ha identificado
a la revolución con la modernización y a esta con el desarrollo industrial, lo cual
incluso ha llegado a plantear un antagonismo entre industrialización y justicia
social.
Antes del alemanismo la revolución era, en el discurso oficial, un equivalente de
justicia social. Por otra parte, los problemas que aparecen en el lapso que se
menciona, no son ya los del porfirismo sino los originados en las soluciones de la
propia revolución: el aumento de la longevidad y el cese de las luchas internas
provoca el problema del crecimiento demográfico; la industrialización determina el
crecimiento desmesurado de las ciudades; el aumento en el nivel educacional y
cultural suscita una opinión publica que demanda perentoriamente mayor
democracia política; el desarrollo de las comunicaciones favorece la penetración
de los modos de vida norteamericanos, los cuales, a su vez, por contraste,
suscitan diversas formas de nacionalismo.
Vale la pena subrayar que en todo este proceso se puede advertir que los factores
económicos, políticos, sociales y culturales están inextricablemente unidos y se
determinan mutuamente: un fenómeno educativo y cultural como el crecimiento
acelerado de las universidades condiciona un acontecimiento político como el del
1968.
El proceso de modernización de México durante la época porfiriana tuvo como
principales características la negociación de la deuda publica, la captación de
capitales extranjeros, el desarrollo de las comunicaciones: de las vías férreas,
telegráficas, telefónicas, las mejoras en los puertos; la política de deslinde y
colonización de tierras baldías; la organización y crecimiento del sistema bancario,
el equilibrio hacendario, la abolición de las alcabalas; la ampliación de la planta
industrial; la negociación diplomática para consolidar los límites fronterizos del
país, la dotación de servicios y construcción de edificios públicos; la creación de
instituciones educativas, científicas y culturales, fueron las tareas fundamentales
que asumió el régimen porfiriano.
Ahora bien, ese proceso de modernización, en su conjunto, se dio en el contexto
de una poderosa expansión del capitalismo mundial. La dependiente economía
mexicana creció mucho, pero de una manera desequilibrada, con costos
sociopolíticos negativos.
Se instauró definitivamente la preeminencia del poder ejecutivo; el capital
extranjero tomo el control de la economía; se crearon enormes latifundios que
expoliaron tierras de pueblos y de campesinos; se reprimió violentamente a las
comunidades indígenas que se defendieron de la sustracción; las organizaciones
obreras no contaron con un respaldo jurídico que les garantizara, ni en mínima
escala, la salvaguarda de sus derechos.
La participación política se fue estrechando paulatinamente, y la habilidad
negociadora del gobierno porfirista no impidió la crudeza de la persecución a los
opositores políticos. Las constantes reelecciones de Díaz se correspondieron con
el crecimiento de un estado oligárquico que no fue capaz de adecuarse a las
necesidades sociales y políticas que su proyecto de desarrollo había producido.
Las clases medias y la burguesía nacionalista exigían una participación en la
conducción del estado.
El aniquilamiento formal del estado porfiriano provocó un vuelco profundo de la
sociedad mexicana. La violencia fue la única vía para modificar los mecanismos
estatales que sacrificaron la actividad democrática al progreso económico. Así
como la reelección se volvió "forzosa" -expresión de Justo Sierra-, la revolución se
hizo inevitable.
"Héroe epónimo", "tirano", "César zapoteca", "el dictador más absoluto de su
tiempo", "constructor del México moderno", son epítetos aplicados a Porfirio Díaz,
algunos de los cuales han demonizado su tránsito por la historia mexicana.
"Apóstol de la democracia", "nuevo Juárez", "revolucionario incorruptible",
"reformador burgués", son calificativos asignados a Francisco I. Madero.
Pero la historia no admite cortes arbitrarios que separen radicalmente la
continuidad de su acontecer. De esa sociedad y de ese proyecto de desarrollo
porfirianos nacieron la sociedad y el proyecto revolucionarios.
En pleno ascenso del capitalismo financiero internacional, en la época de un
implacable imperialismo europeo que se apoyaba en estados nacionales
centralizados, en los que el "antiguo ideal federal había caído en descrédito y una
revolución técnica estaba transformando los fundamentos económicos de la
sociedad europea y norteamericana", el "orden y el progreso" mexicanos
respondían a la inevitable modernización del país que había de llevarse a cabo de
acuerdo a las onerosas condiciones que el gran capital y tecnología extranjeros
habrían de imponer; condiciones que la clase gobernante no podía evitar sin su
proyecto económico, liberal y oligárquico, que haría entrar a México en el
"concierto de las naciones civilizadas
Pero no sólo intentaba el gobierno nacional terminar con los "facinerosos" sino
prácticamente con toda oposición política. El plan tuxtepecano que en 1876 había
apelado a las libertades democráticas, al sufragio, a la acción en las cámaras, al
apoyo de la prensa oposicionista, a la formación de clubes y grupos políticos,
había agotado su utilidad. Para enfrentarse al estado nacional presidido por
Juárez y Lerdo, los tuxtepecanos participaron forzosamente del fortalecimiento de
las oligarquías locales; por ello Díaz no se pudo imponer en 1880 y se vio obligado
a auspiciar la sucesión de Manuel González. No obstante, ya en 1888, podía
reelegirse por segunda vez y hacerlo como candidato único. El ejecutivo federal
ahora amenazaba, negociaba, triunfaba con el apoyo de los beneficiarios de los
primeros doce años de Porfiriato.
En 1886 habían sido aplastados los levantamientos del general Miguel Negrete y
el del general Trinidad García de la Cadena, en Zacatecas. La muerte de este
renombrado militar fue seguida de muchos fusilamientos y persecuciones.
"Después de la hecatombe de Zacatecas quedó hundida la República en una
especie de sopor o indiferencia" -dice Ricardo García Granados- espléndido
historiador del Porfiriato.
La tranquilidad política que reinaba en 1887 había sido impuesta, entre otros
medios, por una buena dosis de terror, pese a que en ese año Díaz había
declarado que no inauguraría una época de intolerancia y persecución.
Porfirio Díaz se pronunciaba por la paz y el trabajo, ante los manifestantes que
desplegaban su repudio a la reelección. Cuando Porfirio Díaz, Don Pérfido, de 58
años de edad, se entronizaba por tercera vez en la presidencia y tenía a su favor
una obra política y económica de gran dimensión:
Se instauraba la era del gobierno personal, personalísimo del general Díaz. Ya
habían aparecido en escena los agentes del financiamiento director del capital
extranjero y la inversión adicional para maniobrar y colocarse por encima de los
intereses regionales.
La inversión directa norteamericana crecía en México y las importaciones de ese
país hacían lo mismo. En 1877 representaban el 25% del total importado y en
1888 el 50%.
El gobierno porfirista estaba consciente de la necesidad de apelar a los intereses
económicos europeos para contrapesar la influencia dominadora del
expansionismo norteamericano. Entonces los representantes de las finanzas
públicas mexicanas hacían gestiones en Alemania, pues ciertamente un
acontecimiento relevante, acaecido entre 1867 y 1881 en Europa, había sido el
surgimiento de Alemania como centro militar hegemónico, de tal suerte que Berlín
quitó a París el foro de las grandes decisiones diplomáticas.
Comenzó a lo grande la fundación de compañías, como la de Corral y Torres,
mineras; como las deslindadoras y colonizadoras, como las constructoras de
ferrocarriles, como las de telégrafos y otras.
El imperio del trust, de las grandes compañías de responsabilidad limitada, se
hallaba en pleno crecimiento. Estas organizaciones ejemplificaban el proceso
técnico industrial que había desplazado la vieja empresa de "tipo familiar",
mediante la reunión de cientos de accionistas en una gerencia centralizada que
podía alcanzar capacidad de decisión sobre regiones muy distintas de su casa
matriz.
No es fortuito, pues, que en México, en 1888, se haya expedido la Ley de
Sociedades Anónimas.
En ese año se constituyeron en Londres las compañías Interoceanic Railway of
México Ltd. y la Mexican Southern Railway Ltd. para explotar las concesiones
financieras que el grupo norteamericano Grant y War había dejado inactivas.
También se firmó un contrato para la construcción de un ferrocarril que debía
correr entre Oaxaca y Tuxtepec y para tal efecto se pidió un empréstito de 2
millones 700 mil libras esterlinas.
Despuntaba el mes de marzo cuando quedó abierta al público la línea del
Ferrocarril Internacional que corrió de Piedras Negras a Torreón, y entroncó con la
del Central, lo cual hizo cambiar todo el sistema postal de Nuevo León y Coahuila.
La organización del correo en México comenzaba a dar generosos frutos.
Díaz pudo afirmar en 88 que la red ferroviaria nacional contaba con 7,500
kilómetros y que 950 kilómetros se habían agregado a la red telegráfica que, a la
sazón, tenía ya 18,000 kilómetros.
Para mejorar la comunicación por mar, se celebró un convenio con John C.
Furman, que pretendía establecer una línea de vapores que haría dos viajes
redondos mensualmente de Nueva York a Progreso, pudiendo tocar Veracruz.
Se estableció el cobro del 2% sobre derechos de importación en todas las
aduanas marítimas y fronterizas para mejorar los puertos.
El gobierno se preocupó por enviar un representante a la Conferencia
Internacional de Bruselas sobre tarifas aduanales. Los derechos de importación
eran materia delicada y el gobierno debía establecer su estrategia arancelaria
tomando en cuenta que la economía del país dependía del capital y la maquinaria
extranjera.
Se firmaron entonces los tratados de amistad, comercio y navegación con
Inglaterra y Ecuador.
Proteccionismo y librecambismo polemizaron en el marco de una economía que
crecía desequilibrada y dependiente.
Campesinos y ganaderos en muchas ocasiones contrapuntearon sus intereses,
según la región, según su capital y vínculos económicos. La aprobación de los
impuestos a las importaciones no convenía a los trabajadores urbanos que
resentían la inflación en los precios, provocada por la prohibición de importar
libremente productos de consumo básico.
Las exportaciones mexicanas habían aumentado de 1887 a 1888 de 40 a 67
millones de pesos y las importaciones de 49 a 76 millones.
En el mismo lapso la producción agrícola exportada había duplicado su valor; de
10 a 20 millones de pesos. Sin embargo, la producción de básicos, maíz, frijol,
trigo y chile había permanecido estancada por un decenio.
Al mismo tiempo y en estrecha relación con la diversificación de tipos de
producción agrícola, se llevaba a cabo una profunda y antipopular transformación
de la tenencia de la tierra. Una verdadera reforma agraria se practicaba con base
en la Ley sobre deslinde y colonización de terrenos baldíos, cuya aplicación llevó a
la formación de grandes latifundios y a la expoliación de pueblos y pequeños
propietarios.
Se intentaban determinar los límites de los terrenos baldíos o nacionales:
medirlos, deslindarlos, fraccionarlos y valuarlos para establecer en ellos
comunidades de colonos.
Esta política presuponía la confianza de la clase gobernante en que la "raza"
mejoraría a través de un nuevo mestizaje cultural y, en el mejor de los casos, de
sangre.
Para hacer operativa esta Ley expedida en 1883 y obra del ministro de Fomento,
Carlos Pacheco, se formaron comisiones de ingenieros que bajo la modalidad de
"compañías deslindadoras" resultaron en la mayoría de los casos, consorcios
acaparadores de tierra en la que un insignificante porcentaje de colonos se
asentó.
La Ley estipulaba que las fracciones de tierra no debían exceder en ningún caso a
las dos mil quinientas hectáreas, siendo ésta la mayor extensión que podría
adjudicarse a un solo individuo mayor de edad y con capacidad legal para
contratar.
Las siguientes cláusulas definieron las condiciones en las que los terrenos
aludidos podían ser cedidos a los inmigrantes extranjeros y a los nacionales que
quisieran establecerse en ellos como colonos:
I. En venta, al precio del avalúo, hecho por los ingenieros y aprobado por la
Secretaría de Fomento, en abonos pagaderos en diez años, comenzando desde el
segundo año de establecido el colono.
II. En venta, haciéndose la exhibición del precio al contado, o en plazos menores
que los de la fracción anterior.
lll. A título gratuito, cuando lo solicitare el colono: pero en este caso la extensión
no podrá exceder a cien hectáreas, ni obtendrá el título de propiedad sino cuando
justifique que lo ha conservado en su poder y lo ha cultivado en todo o en una
extensión que no baje de la décima parte durante cinco años consecutivos".
Se estipuló que los colonos que se establecieran en la República gozarían por
diez años, contados desde la fecha de su asentamiento, de los siguientes
privilegios:
I. Exención de servicio militar.
II. Exención de toda clase de contribuciones excepto las municipales.
Ill. Exención de los derechos de importación e interiores a los enseres,
donde no los hubiere, instrumentos de labranza, herramientas, máquinas,
materiales de construcción para habitaciones, muebles de uso y animales
de cría o de raza, con destino a las colonias.
IV. Exención personal e intransmisible de los derechos de exportación a
los frutos que cosechan.
V. Premios por trabajos notables, y primas y protección especial para la
introducción de un nuevo cultivo o industria.
Vl. Exención de los derechos de legalización de firmas y expendio de
pasaportes que los agentes consulares otorguen a los individuos que
vengan a la república con destino a la colonización, en virtud de contratos
celebrados por el gobierno con alguna empresa.
También estableció esta Ley los beneficios que obtendrían las compañías que
contrataran con el gobierno el transporte a la República y el establecimiento en
ella de colonos extranjeros:
I. Venta a largo plazo y módico precio de terrenos baldíos o propiedad
nacional, con el exclusivo objeto de colonizarlos.
II. Exención de contribuciones, excepto la del timbre, a los capitales
destinados a la empresa.
Ill. Exención de derechos de puerto, excepto los establecidos para mejoras;
en los mismos puertos a los buques que por cuenta de las compañías
conduzcan diez familias, por lo menos, de colonos a la republica.
IV. Exención de derechos de importación a las herramientas, maquinas,
material de construcción y animales de trabajo y de cría, destinado todo
exclusivamente para una colonia agrícola, minera o industrial, cuya
formación haya autorizado el ejecutivo.
V. Prima por familia establecida y otra menor por familia desembarcada;
prima por familia mexicana establecida en colonia de extranjeros.
Vl. Transporte de los colonos, por cuenta del gobierno, en las líneas de
vapores y de ferrocarriles subvencionadas".
Finalmente, al igual que para el caso de las compañías ferrocarrileras, se
estableció que las compañías extranjeras de colonización se considerarían
siempre como mexicanas.
Así se expresaba la convicción de que la gran riqueza natural del país, aunada a
la inversión del capital y a la inmigración extranjeras y al mantenimiento del
"orden" a toda costa, llevarían irremediablemente a la prosperidad nacional.
Pero si, como la historia demostró, la política de colonización del porfiriato fue un
fracaso, lo que sí se consiguió fue agudizar el proceso de desnacionalización de la
economía.
Ya en 1888 daban voces los críticos de las concesiones a extranjeros y señalaban
que era escandalosa la otorgada en tierras bajacalifornianas al "aventurero" Luis
Huller. Un año después otros se indignaban por el contrato establecido por el
gobierno federal con Jorge T. Walker para fundar tres colonias industriales con el
objeto de fabricar lo necesario para la construcción de vías férreas. El gobierno
quedaba "obligado a vender hasta siete sitios de ganado mayor de los terrenos
baldíos que se deslindaran en los estados de Sinaloa y Durango". Se concedía al
contratante exención de impuestos directos e indirectos al capital invertido por 20
años y de derechos de portazgo.
A muy alto precio el estado porfiriano pretendía desarticular lo que del orden
agrario colonial había subsistido a las medidas liberales. También fue en 1888
cuando el general Carlos Pacheco dispuso que los jefes de Hacienda promovieran
el reparto de los ejidos y los terrenos de común repartimiento entre los vecinos de
los pueblos.
A luchar por la subsistencia de sus comunidades se orilló a algunos de éstos.
En cuanto a los indígenas, lo que el régimen pensaba no era distinto de lo que el
general Cervantes escribía a Porfirio Díaz después de hacer un reconocimiento de
los pueblos yaquis:
"Los indios en general, y muy especialmente los yaquis son por el carácter étnico
de raza, refractarios a todo progreso, y este defecto se acentúa mas ahora que,
vencidos, tienen la creencia de que el gobierno al hacerles la guerra, cedió al
deseo de expropiarles sus terrenos..."
Tras este juicio el mismo general recomendaba convertir la zona yaqui en colonia
militar y fijar las garantías y franquicias para que la "gente de razón" convirtiera
esas "regiones eriales y desiertas en fuente de riqueza".
Esta política de colonización no difería demasiado de la seguida en ese tiempo por
los europeos quienes, en casi todas las zonas africanas de las que se apoderaron,
intentaron terminar con los alzamientos de tribus, mejorar las comunicaciones y
servicios e implantar medidas de salubridad.
Por ejemplo, el proyecto de Cervantes consideraba que se debía dar a cada
"colono de razón o indio que se establezca en ese perímetro del pueblo con sus
tres hectáreas, sin perjuicio de concederles fuera de este perímetro igual y aún
mayor cantidad, según sus elementos y hasta fuera del proyecto de irrigación de
los canales, algunas posesiones especiales, siempre que el terreno sea nacional;
pero como premio a los colonos que además de tener elementos sean
trabajadores y den toda seguridad para que puedan vivir aislados [...]"
Asimismo señalaba la conveniencia de instituir un financiamiento apropiado para
los colonos, de tal suerte que éstos fuesen quienes de manera sustancial hicieran
su propia defensa militar:
"La dotación de 50 centavos por jefe de familia, y por espacio solo de un año, nos
daría por 500 familias, un costo de $250 diarios, o sean $91,250 al año; es decir
menos de lo que costarían 500 soldados vestidos y sin otro objeto que estar en los
cuarteles para pelear con un enemigo que no se presenta [...] Si pensamos que
por espacio de un año también se socorre a 2,000 familias de indios a razón de 30
centavos diarios, tendremos $600 diarios o sean $219,000 al año, que unidos a
$91,250 de las 500 familias, forman un total hasta aquí de $310,250.
Debemos tomar en consideración para llegar al máximo de los gastos
extraordinarios que indica el memorandum del señor general Cervantes aumentar
$100,000 que aproximadamente podrán importar los teléfonos, telégrafos, toma de
agua y acueductos [...]
El gobierno procedía con los yaquis a base de negociación y guerra de exterminio
según lo exigiera la defensa bélica que los indígenas pudieran poner en ejercicio
para salvaguardar su territorio: "sería bueno uncir a la energía de las operaciones
militares cierta política y benevolencia", recomendaba Romero Rubio; pero una y
otra vez los yaquis fueron hostigados.
En 1888 la modernización alcanzó a trazar y fraccionar los pueblos de Torin,
Cócorit y Bácum.
Al finalizar el segundo periodo presidencial de Porfirio Díaz se habían extremado
las medidas para reprimir indios y remisos y castigar a los perturbadores de la paz.
La campaña de Yucatán contra los indígenas mayas estaba en pleno vigor.
No sólo bandoleros, como ya se ha dicho, no sólo indios levantiscos había que
someter: hasta las corridas de toros y las peleas de gallos fueron prohibidas en
varios estados de la República para evitar disturbios.
Mas si los espectáculos populares se cancelaban, a cambio se abrían las
sucursales del Banco Nacional de México en Oaxaca y Veracruz y se creaba el
Banco de Chihuahua. A la vez se establecía un contrato para establecer en
Orizaba un Banco Agrícola, Industrial y Minero que debía denominarse Banco de
Veracruz Limitado. También se hace un contrato para fundar el Banco Yucateco.
El sistema Bancario se transformaba y ampliaba. En el 88 el Banco Hipotecario
Mexicano fue adquirido por las casas norteamericanas H. B. Hollins y Robert
Colgate y se convirtió en el Banco Internacional e Hipotecario de México. El
Nacional de México había nacido ese mismo año de la reorganización que sufriera
el Banco de Londres, México y Sudamérica y había aumentado su capital en un
millón de pesos.
La reelección del presidente de la República tuvo su correspondencia política
regional en la reelección de gobernadores y diputados. De éstos últimos muchos
fueron reinstalados en su curul, pero por un distrito diferente al que antes habían
representado.
La imposición de tan dudosos representantes populares y de burócratas no
oriundos de la región donde operaban provocó frecuentes descontentos.
En 1888 se suscitó un motín en Pochutla, Oaxaca, como protesta contra la
imposición de empleados federales y locales en el distrito.
Los jefes políticos fueron, en general, una instancia gubernamental odiada
popularmente.
Emilio Rabasa describe en su novela La guerra de tres años, algunas de las
características más representativas de un jefe político, quien creía que el distrito
era suyo y que nadie podía desobedecerlo. Además muchos de estos jefes
odiaban "a los alzados del pueblo que le negaban facultades omnímodas; y como
liberales aborrecían al cura, a la iglesia y a los beatos de la "vela perpetua". Narra
que el juez del pueblo andaba de acuerdo con el jefe; que "el Ayuntamiento era
todo hechura del jefe, el agente de Correos y del Timbre procuraban no meterse
con nadie y el pueblo era rojo el 5 de mayo y muy religioso el viernes santo".
Como es sabido, los jefes políticos eran pieza fundamental del mecanismo que
permitía al poder ejecutivo federal ejercer control no sólo sobre la población de las
entidades federativas sino sobre los gobernadores, quienes en muchas ocasiones
tenían que vérselas con verdaderos enemigos que fungían como jefes.
Las tensiones entre estos funcionarios públicos podían llegar a ser insoportables.
Tal fue el caso de la sonada riña entre el gobernador de Zacatecas y un jefe del
mismo lugar, entablada durante el banquete oficial para conmemorar el 5 de
Mayo. Las diferencias fueron dirimidas a golpes, con el consecuente escándalo de
prensa.
Pero no todo era violencia, con afán civilizador se expidió el 25 de mayo de ese
año la Ley Sobre Instrucción Primaria Obligatoria en el Distrito Federal y en los
Territorios de Baja California y Tepic.
También se reconoció la necesidad de reformar el sistema de preparación de
profesores, por lo cual se pidió a los gobiernos de los estados que enviaran
alumnos a la Escuela Normal.
La tendencia liberal jacobina del estado se iba debilitando y el positivismo
evolucionista de finales de los 80 del siglo pasado en México ya no pretendía
entablar un combate encendido contra la Iglesia. La evolución política había
entregado el cetro a la evolución económica, como bien justifica históricamente
Juan Felipe Leal.
Diez días antes de haberse expedido la citada Ley, el Papa León Xll, al despedir a
la comisión mexicana que lo había visitado en Roma con ocasión de las bodas de
oro del pontífice, hizo votos por el pronto restablecimiento de las relaciones entre
México y el Vaticano.
Ninguna declaración hizo al respecto el gobierno liberal mexicano y pronto conoció
la celebración del arzobispo de Guadalajara y el edicto que en el mes de julio
expidió el arzobispo de México, en el cual convocaba a una misa solemne para
expiación de las almas del purgatorio. Más tarde, en el mes de agosto, el obispo
de Querétaro escribió una pastoral sobre la santificación de las fiestas y la
necesidad de extender la enseñanza de la doctrina cristiana.
Negociación entre Iglesia y Estado era la consigna, lo cual tenía su lógica, pues la
política de León Xlll representaba una apertura a la cultura contemporánea y un
reconocimiento a los problemas sociales de su tiempo. En sentido inverso a los
efectos de la Encíclica Syllabus, obra del Papa Pío IX, que provocó que los
católicos liberales de la Alemania de Bismarck se rebelaran al Papa, la aparición
de la Rerum Novarum permitió una reconciliación entre quienes preferían una
alianza con el Vaticano con la finalidad, entre otras, de frenar el proceso político
socialista.
El Papa León Xlll abrió los archivos del Vaticano a especialistas reconocidos en la
convicción de que un análisis más hondo lograría "reducir las discrepancias
religiosas y racionalistas de la historia".
Paralelamente a este fenómeno se editó la espléndida obra México a través de los
siglos, paradigma de trabajo histórico y de conciliación ideológica. Vicente Riva
Palacio, el destacado liberal, reivindicaba la historia colonial y la obra en su
conjunto integraba la historia de México en una explicación comprensiva.
En ese año Emilio Rabasa publicó las novelas El cuarto poder y Moneda falsa,
mientras Agustín de la Rosa sacaba a la luz La instrucción en México durante su
dependencia de España, y Rafael Reyes Espíndola ponía a la venta el primer
número del importante y conservador diario El Universal.
En el mismo año de 1888 se creó en México el Instituto Antirrábico y el Médico
Nacional. Los representantes del país asistieron a la Asamblea Geodésica
Internacional y la Comisión Geográfica Exploradora preparaba la Carta General de
la República.
Se fundó la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; se creó la
Academia Náhuatl, la de Jurisprudencia y Legislación. Se instituyó una inspectoría
para monumentos arqueológicos.
Se recibieron invitaciones para conmemorar el Cuarto Centenario del
descubrimiento de América y para asistir, en 1889, a la Exposición Internacional
en París.
Los obreros se organizaban: estalló una huelga que duró 18 días del mes de julio,
en la fábrica de casimires "La Victoria" porque se les habían rebajado los salarios
a los trabajadores.
Por esas mismas fechas se fundó la Suprema Orden de Empleados del Ferrocarril
Mexicano y el gobierno ofreció protección especial a la Escuela Nocturna de
Obreros.
Se dio impulso a las obras del desagüe del Valle de México; se aumentó la planta
de aduanas marítimas y se concluyeron los edificios principales de la Aduana de
Santiago Tlatelolco.
El sistema aduanal y la fijación de límites provocaba problemas fronterizos con los
dos países vecinos.
Se intentaba llegar a un acuerdo bilateral con los Estados Unidos para impedir el
paso de tropas que supuestamente perseguían forajidos y al revés, para impedir
que éstos fueran protegidos a uno u otro lado de la frontera norte.
Las pretensiones anexionistas norteamericanas no estaban totalmente muertas,
de tal suerte que el cuidado de la frontera era prioridad nacional, toda vez que
para lograr el reconocimiento del gobierno norteamericano, el de México hubo de
autorizar la adquisición de bienes en la zona fronteriza a particulares
norteamericanos.
Por ello, con cierta urgencia y desconfianza, se tramitaba la aportación económica
correspondiente al gobierno norteamericano para que, por partes iguales, los dos
países financiaran el restablecimiento de los monumentos que marcaban la línea
divisoria.
También se planeaba una convención para controlar el paso de ganados a ambos
lados de la frontera y se promovía la revisión del Tratado de Extradición, firmado
entre México y Estados Unidos en 1887.
A mediados de la década de los 80, ese país tenía una población de más de 50
millones, mayor que cualquier potencia, salvo Rusia. Era también uno de los tres
principales exportadores de maquinaria, pese a que el vigor de su aparato
industrial le permitía dejar en casa buena parte de la producción. Gran exportador
de granos, acumulaba oro cuando la plata era desplazada como patrón del
sistema monetario internacional.
Además, la distensión de los conflictos europeos a partir de 1878 y hasta principio
del siglo XX, permitió una penetración capitalista ágil en Asia y Africa, lo que no
limitó su acción en Latinoamérica.
En 1888 México contaba con 11,490,830 habitantes y con un incipiente desarrollo
industrial que dependía de bienes de capital y financiamiento directo.
La frontera sur también causaba problemas y se negociaba para llegar a un
acuerdo definitivo en cuanto a los límites con Guatemala.
Acotar los límites geopolíticos del país era esencial para el gobierno nacional en el
entendimiento de que estos límites estaban vinculados a un proceso económico
mundial.
Durante el año fiscal 1887-88 la Tesorería General recibió 23,349,028.79 pesos y
la existencia de numerarios al 30 de junio del 88 era de $202,492.90. Pero los
ferrocarriles seguían construyéndose: "El Central abrió al servicio público el tramo
de Irapuato a Guadalajara: el Nacional Mexicano continuaba sus trabajos por
ambos extremos de la línea que debía unir Saltillo con San Miguel de Allende; en
breve comenzarían los trabajos del ferrocarril de Colima; se recomenzaron los
trabajos del Ferrocarril Interoceánico de Yautepec, rumbo al estado de Guerrero
hasta llegar a Acapulco; la misma Compañía continuaría la línea de México a
Puebla y el ramal de Cuernavaca. Los ramales de Hidalgo, Yucatán y otros habían
adelantado.
A las 10 horas de la mañana del 1 de diciembre de 1888 Porfirio Díaz protestó por
tercera vez como Presidente de la República.
Su gabinete no sufrió modificaciones. La cartera de Relaciones la ocupó el Lic.
Ignacio Mariscal; la de Gobernación, Manuel Romero Rubio; la de Justicia, el Lic.
Joaquín Baranda; la de Fomento, el general Carlos Pacheco; la de Hacienda, el
Lic. Manuel Dublán y la de Guerra, el general Pedro Hinojosa.
1888 dejó marcada la ruta fundamental que el porfiriato había de seguir. La
dictadura del poder ejecutivo se había consolidado. Tiempo políticamente
autoritario que oscilaba entre la negociación paternalista y la represión, que no
obstante toleraba ocasionalmente la critica política y la disensión. Tiempo de gran
transformación socioeconómica y progresiva inamovilidad política. El formal
respeto por la Ley no obstaculizaba su violación consuetudinaria.
El poder delegado y concentrado en la voluntad del estadista Porfirio Díaz, lo hizo
parecer insustituible. En Palacio Nacional se jugaban por igual el destino del
estado mexicano, las más humildes demandas de un campesino anónimo y la
alternativa, constantemente frustrada, de democratización del País.
En 1888 hubo inundaciones en León, Guanajuato, Irapuato, Celaya,
Aguascalientes y Lagos. Cayó una manga de agua en Querétaro, Michoacán, San
Luis Potosí, Zacatecas e Hidalgo; otra de langosta cayó en el Distrito de la Unión,
Guerrero. Se anegó la ciudad de México, y el ciclón que llegó a Veracruz en
septiembre cubrió de agua Tlacotalpán, Coatzacoalcos y Medellín.
Pero pasadas las no tan fuertes tempestades políticas que suscitó la posiblemente
indefinida reelección de Díaz, diciembre cerró con un crepúsculo queretano
notable por su belleza y raro por haberse verificado durante el rigor del invierno y
bajo una agradable y tibia temperatura".
Tranquilo y bello se veía el valle de México, visto desde el Olivar; quieto para
siempre en la tela que pintó José María Velasco en 1888.
En la década de los 60 se advierte un abandono de las posiciones nacionalistas y
un prurito de sustentar un cosmopolitismo e insertar la cultura mexicana en el
ámbito internacional.
Sin que nadie lo advirtiera de manera expresa, a mediados de la década de los
sesenta, los intelectuales llegaron a constituir un grupo de poder, pues
usufructuaban los medios de información, escribían en los suplementos y revistas
culturales, manejaban Radio Universidad, que era casi única en su género,
estaban insertos en las editoriales y eran protagonistas del renacimiento teatral.
Pero sobre todo, muchos eran profesores universitarios con disposición para
formar la opinión de los jóvenes profesionistas.
Esta dosis de poder estaba complementada por el crecimiento espectacular de la
población en los niveles de la enseñanza superior. La población de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) llegó a crecer a principios de la década de
los setenta hasta los 300 mil alumnos, contando a los de bachillerato. No en tan
extraordinaria cantidad pero sí también de manera apreciable en el Instituto
Politécnico Nacional con nuevas instalaciones en Zacatenco, la Escuela Nacional
de Maestros y aun las universidades privadas participaron en este proceso
expansivo sin que se le sumaran todavía de manera apreciable las instituciones de
provincia. Pero en conjunto sí constituían para esa fecha cerca de un millón de
alumnos.
Semidesintegrados los partidos de oposición, desactivado el movimiento obrero
por el control gubernativo de las centrales y por el sistema de palo y torta, era este
el momento de los grupos de presión, y correspondió a los intelectuales, los
profesionistas y los estudiantes plantear los más álgidos problemas políticos del
sexenio diazordacista.
Desde los primeros días de su gobierno el presidente Gustavo Díaz Ordaz se
enfrentó a un movimiento laboral de los médicos internos del ISSSTE. En él, hubo
demandas de aguinaldo y otras prestaciones, despidos masivos, paros,
solidaridad de otras instituciones de salud, formación de una Asociación Mexicana
de Médicos Residentes, AMMRI, gremio que proclamó su independencia en
relación a la central de trabajadores del Estado, FSTSE. Es decir, por un lado
demandas laborales y por otro independencia sindical.
El gobierno ejerció presiones en forma de despidos y persecución de algunas
personalidades médicas que apoyaron el movimiento. Fracasó una huelga y se
reestableció la disciplina, firmándose los contratos de trabajo con la FSTSE. El
movimiento tuvo una peculiaridad que se repitió después con consecuencias
funestas: como el gobierno no le dio una pronta solución, se prolongó desde
diciembre de 1964 hasta junio de 1965. Había un adagio irónico respecto de la
política que se atribuía a Ruiz Cortines: “los problemas viejos no se resuelven y
los nuevos se dejan envejecer”. La poca celeridad de este gobierno en la
solución de los conflictos políticos fue uno de los factores determinantes de la
crisis de 68.
En este mismo primer semestre de 65 se planteó otro problema con los
intelectuales. La benemérita editorial Fondo de Cultura Económica publicó la
traducción de un libro del antropólogo norteamericano Oscar Lewis titulado Los
hijos de Sánchez, que era una variante de la antropología de la pobreza, género
entonces muy en boga. Era una investigación sobre algunas familias pobres de la
ciudad de México, emigradas de Tepotzotlán. Más que de una elaboración teórica
se trataba de testimonios minuciosamente recogidos.
El gobierno consideró que el libro desprestigiaba a México y se valió de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que lo consignó a la Procuraduría
General de la República. Naturalmente no había ninguna base jurídica para
hacerlo y así lo dictaminó la Procuraduría. Sin embargo, Arnaldo Orfila Reynal fue
removido de su puesto como director de la editorial, la cual vendió los derechos de
edición de la obra a la Editorial Joaquín Mortiz. Por lo demás, el libro circuló
libremente, pero el mal ya estaba hecho.
El Fondo de Cultura Económica gozaba de un prestigio internacional y la remoción
no sólo de Orfila sino de los miembros de su equipo produjo una pésima impresión
en los países latinoamericanos, pues se dijo con razón que en México se
perseguían las ideas. Por su parte los intelectuales mexicanos se reagruparon y
fundaron la Editorial Siglo XXI, a la cabeza de la cual se nombró a Orfila. Esta
editorial funcionaría con igual éxito, se dedicó a publicar sobre todo libros
contestatarios.
En 1966 hubo un conflicto universitario de grandes proporciones. El rector Ignacio
Chávez, que había transformado la UNAM para adaptarla a las nuevas
circunstancias, y que había salido vencedor de muchas crisis, fue vejado junto con
los directores de facultades y escuelas por un grupo de huelguistas de la Facultad
de Derecho que se apoderaron por la fuerza del edificio de la rectoría.
Se hablaba de instigación proveniente del gobierno porque, estando cerrado el
plantel de Derecho de Ciudad Universitaria, Chávez había intentado reabrirlo en
uno de los antiguos edificios del centro de la ciudad, pero no recibió el apoyo de la
fuerza pública. El rector había expulsado al grupo de huelguistas encabezado por
el estudiante Sánchez Duarte, hijo de un connotado político; después de la
vejación Chávez renunció y las autoridades siguientes levantaron las expulsiones.
El triunfo de los huelguistas con apoyos políticos sobre la personalidad intelectual
y moral del doctor Chávez hizo pensar que el gobierno no era ajeno a ello y
significó un grave quebrantamiento de la disciplina.
Apenas un año y medio después, en julio de 1968, hubo otro conflicto más grave
todavía por las proporciones que adquirió y porque tuvo lugar la víspera de la
celebración de los juegos de la XIX Olimpiada, cuya sede había ganado el
gobierno de López Mateos para México. Por primera vez este evento se realizaría
en un país de América Latina.
El 26 de julio de ese año, con motivo de la conmemoración de la Revolución
Cubana, hubo algunas algaradas callejeras en las que participaron varios
estudiantes, muchos de los cuales no eran de la UNAM sino de preparatorias
privadas situadas en el centro de la ciudad, así como de las vocacionales del
Politécnico. Algunos sujetos no identificados quemaron unos camiones y
finalmente los revoltosos se refugiaron en el plantel número uno de la Escuela
Nacional Preparatoria, situado en la calle de San lldefonso. Allí, sitiados por la
policía y el ejército, la maciza puerta colonial del edificio fue derribada con un tiro
de bazuka. La Universidad alegó violación de la autonomía y los estudiantes
suspendieron labores.
El rector Javier Barros Sierra encabezó una gigantesca manifestación de protesta
y el paro cundió en los más importantes centros de enseñanza superior, el
Politécnico, la Normal de Maestros y hasta en universidades privadas como la
Iberoamericana. El movimiento se prolongó porque el presidente Díaz Ordaz no
asumió ninguna medida para dar satisfacción a la protesta y en su informe anual
del primero de septiembre lanzó un severo regaño contra los estudiantes.
Estos se organizaron en un Consejo Nacional de Huelga (CNH) y realizaron varias
manifestaciones multitudinarias en el centro de la ciudad; se dijo que alguna había
reunido más de un millón de personas. También organizaron brigadas que
visitaban las fábricas y centros de trabajo para incitar a los trabajadores a que se
les unieran, lo que no ocurrió en la mayor parte de los casos. Los profesores
también organizaron una Coalición encabezada por el ingeniero Heberto Castillo y
el filósofo Eli de Gortari. José Revueltas se incorporó al Comité de Lucha de la
Facultad de Filosofía y Letras. En realidad los profesores apoyaron el movimiento
y muchos participaron en las manifestaciones.
La represión no se hizo esperar, las brigadas eran arrestadas e incluso se detenía
a cualquier joven que usara barba. En septiembre el ejército ocupó los planteles
de la Universidad y del Politécnico efectuando cientos de arrestos, incluyendo el
de una directora de facultad, que presidía un examen profesional. Pero la
ocupación militar no pudo descabezar el movimiento porque el CNH no pudo ser
arrestado y continuó sus actividades esparcido por toda la ciudad. Después de
doce días el ejército desocupó los planteles, lapso en el que la Junta de Gobierno
se había negado a aceptar la renuncia del rector, en la que éste denunciaba la
ocupación ilegal.
Posteriormente el movimiento entró en su recta final porque en octubre se
iniciaban los Juegos Olímpicos. El 2 de octubre el Comité Nacional de Huelga
convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en presencia de
todos los enviados de la prensa internacional que habían venido a cubrir la
Olimpiada. El ejército, la policía y una corporación especializada denominada
"Batallón Olimpia" irrumpieron en la escena y se suscitó una balacera contra uno
de los edificios de ese centro habitacional.
Aunque los estudiantes no iban armados, la balacera duró dos o tres horas y hubo
cientos de heridos y muertos, cantidad que tampoco se ha querido precisar nunca.
Asimismo se arrestó a cientos de personas; aparte de los estudiantes entre los
heridos estaba un general, algunos policías y soldados.
Después el silencio. Las actividades escolares continuaron suspendidas hasta
después de las Olimpiadas, que se iniciaron el 12 de octubre. Tras una urgente
exhortación del rector Barros Sierra, los estudiantes volvieron a las aulas. Cientos
de estudiantes y profesores permanecieron en prisión durante dos años y medio.
El movimiento había durado prácticamente de julio a noviembre de ese año. Entre
sus peculiaridades se contaba que no tenía cabeza visible, porque el CNH tenía
muchos compromisos. No estaba dirigido por los profesores aunque Castillo, De
Gortari, Revueltas -que no lo era- y otros más fueron a dar a la cárcel. Se
concretaron las demandas en un pliego petitorio muy general para que recibiera el
consenso mayoritario. Este pliego constaba de seis puntos: se pedía la dimisión
del jefe de la Policía, la supresión de cuerpos policiacos represivos como los
granaderos, la libertad de los presos políticos, entre ellos la de Demetrio Vallejo, la
supresión del artículo del Código Penal referente al delito de disolución social.
Aparte de esto había entre los estudiantes diversas tendencias ideológicas, pero
no eran mayoritarias; lo que sí era compartido por todos era la indignación y el
ímpetu de rebeldía. Algunos sindicatos de izquierda se unieron a los estudiantes
pero la mayoría del movimiento obrero organizado permaneció al margen. En
cambio los intelectuales sí lo apoyaron casi unánimemente con algunas
excepciones notables como Agustín Yáñez, secretario de Educación que
permaneció mudo y Salvador Novo, que escribió en contra.
Por su parte el gobierno se caracterizó por la lentitud en sus decisiones, lo que
hizo posible que el movimiento se prolongara desde julio hasta las Olimpiadas en
octubre, por su incapacidad general de negociación; por su adhesión a las
medidas violentas que llegaron hasta el extremo relatado cuando perdió
totalmente el control de la situación y dio el zarpazo, como había ocurrido diez
años antes en el caso de Vallejo. Cuando el movimiento se complicó, todas las
fuerzas políticas metieron la mano: presidenciables, Iglesias, embajadas, grupos
paramilitares. Por su parte, el Presidente se apoyó principalmente en el ejército,
que lo sostuvo con firmeza. Públicamente Díaz Ordaz exculpó al ejército y se
declaró responsable único de las medidas gubernativas, entre otras razones
porque el Presidente es jefe nato del ejército.
Otra característica importante del fenómeno fue que, a pesar de la enérgica
represión, la prensa publicó varias noticias adversas al gobierno. Algunos
editorialistas criticaron las acciones del Presidente, cosa que casi no ocurría desde
la época de Cárdenas; los más notables fueron Daniel Cosío Villegas, Manuel
Moreno Sánchez y Leopoldo Zea.
¿Cuál era el fondo ideológico del movimiento estudiantil? En general, el
sustentado por el pliego petitorio, pero en algunos grupos dirigentes se
transparentaba una ideología que, aunque un tanto fragmentaria y desarticulada,
se podía resumir en la tesis de que la Universidad, y en general los institutos de
enseñanza superior, debían transformarse en barricadas o baluartes desde los
cuales se provocaría el incendio de la revolución social.
El CNH declaraba: "El conflicto estudiantil se debe a que el estudiantado, en estos
momentos, es la conciencia más activa del país y, en esta conciencia repercuten
todos los males que aquejan al cuerpo de la nación". Vanguardia de conciencia,
vanguardia política que lo mismo se preocupaba por la violación de la autonomía,
el injusto reparto de la riqueza o por la existencia de presos políticos.
Sin embargo al propio tiempo el movimiento no fue seguido por no encontrar eco
en el movimiento obrero o porque su lenguaje, lleno de términos como lucha de
clases, bienes de producción en manos de la burguesía y "otras madres", como
declaró un estudiante, no era comprendido por la ciudadanía. Los dividían también
dos ideas acerca del procedimiento: unos discutían los lineamientos maoístas y
stalinistas y otros se preocupaban por cosas más prácticas como la organización
de brigadas y manifestaciones. Tenían inspiraciones también en la Revolución
Cubana, lo cual fue aprovechado por el gobierno para acusarlos de
extranjerizantes y de no respetar ni los héroes ni los símbolos patrios. De esta
manera, el gobierno manipulaba un nacionalismo que ya era motejado de
oficialista.
Por su parte, el gobierno se planteó la cuestión de hasta dónde llegaba la
autonomía universitaria; este problema era parcial porque no era sólo un
movimiento de la Universidad Nacional. Sin embargo, se preguntó si la autonomía
implicaba un estar fuera de las leyes nacionales. En su informe del primero de
septiembre el Presidente admitió que los estudiantes y los profesores tenían
derecho a participar en política pero que "la Universidad en cuanto institución, no
puede participar en política militante, partidista o de grupo". No tuvo inconveniente
en afirmar que el Estado mexicano podía y debía velar por la autonomía
universitaria, pero que cuando los estudiantes se dedicaban a violar
sistemáticamente el orden jurídico, la obligación del Estado radicaba en
defenderlo.
Díaz Ordaz invocó los artículos constitucionales que facultan al presidente para
disponer de las fuerzas armadas. Culpó a la filosofía y a la politología de caminar
rezagadas respecto a la ciencia y a la tecnología y de no explicar los modernos
"porqués" a los Jóvenes.
Reconoció que los jóvenes podían proponerse cambiar la sociedad, pero que nada
se ganaba con rebelarse alocadamente y que "no es sin estudio, sin preparación,
sin disciplina, sin ideales y menos con desordenes o violencia" como iban a
mejorar el mundo.
EI ingeniero Heberto Castillo le contestó reiterando la misión social y política del
estudiantado:
"No coincidimos con usted en la idea de que los movimientos estudiantiles de
nuestro tiempo porten solo banderas escolares. los centros de educación superior
no pueden, aunque quisieran hacerlo, vivir aislados de los problemas políticos,
económicos, sociales de nuestro tiempo... lo que ocurre es que los estudiantes
son, en México y en otros países del mundo, las cajas receptoras más sensibles a
los problemas fundamentales de nuestro tiempo. en este mundo, los intereses
económicos hacen que los hombres pierdan sensibilidad en la medida en que
crecen dichos intereses..."
La posición de Revueltas estaba en la misma línea. Quedaba claro que si bien las
autoridades del país aceptaban la crítica estudiantil, la querían dentro de los
lineamientos políticos del Estado, mientras que, en un momento dado, esa crítica
impugnaba las bases mismas de la política nacional y pasaba de meras formas de
conciencia y de expresión, al terreno de los hechos.
Los críticos del movimiento decían que se trataba de una imitación del mayo
parisiense de ese mismo año. Pero sometidas las corporaciones laborales, sólo
los grupos de presión podían encarnar la rebeldía nacional, y de qué manera esta
rebeldía correspondió al desarrollo de los ambientes académicos y al creciente
poder de los profesionistas.
A pesar de las fuertes críticas del exterior las Olimpiadas se realizaron puntual y
brillantemente, pero se podía advertir un trasfondo de malestar porque el
encuentro había sido posible pagando el precio de la matanza juvenil. Esto
demeritó por completo la imagen pública de Díaz Ordaz, a pesar de que otros
renglones de su gobierno tenía signo positivo. Ya no le fue posible efectuar una
conversión semejante a la de López Mateos y quedó marcado hasta el fin de sus
días.
La razón más importante de la derrota del movimiento estudiantil fue el que no
recibió el apoyo masivo de las organizaciones laborales. Ello se debió al control
que se ejerce desde las centrales, pero también al hecho de que el proceso de
aumento de la riqueza no se interrumpió. Aunque el reparto no era proporcional a
ese aumento, sí funcionó como un estabilizador. Lorenzo Meyer calcula que al
principio del presente siglo, lo que podríamos llamar las clases altas comprendían
entre el 0.5 y el 1.5 por ciento de la población, que la clase media no llegaba al 8%
y las clases bajas constituían el 90. La Revolución funcionó como un movimiento
estimulador del crecimiento de la clase media. En la década de los 60 llegó a
crecer entre un 20 y un 30 por ciento. Las altas continuaron en la misma
proporción y las bajas habían retrocedido hacia el 70.
Cita otras cifras de la Secretaría del Trabajo y del Banco Mundial. Según la
primera, al iniciarse la década del 70, el 42 por ciento de la población
económicamente activa tenía ingresos mensuales inferiores a 500 pesos, mientras
que sólo el 2 por ciento recibía 5,000 pesos o más. Porque cabe hacer notar una
vez más que lo que se llama clase alta está, a su vez, constituida por una pirámide
cuya cúspide acapara un volumen notable de riqueza. De acuerdo con el Banco
Mundial, al iniciarse la década de los 60 el 3 por ciento de la población mexicana
acaparó la mitad de la riqueza nacional.
Estas generalizaciones sin duda deben matizarse. Probablemente la estabilidad se
debió a que aunque los porcentajes del reparto eran y son muy injustos, se
refieren a un volumen creciente de riqueza. Probablemente el índice más
importante de este progreso se muestra en el acelerado aumento demográfico que
se genera no porque nazcan más mexicanos -las antiguas familias eran enormes,
de once o doce hijos- sino porque mueren menos.
En la primera década del siglo la edad promedio de vida era de 35 años y en la
década a que nos referimos alcanza a los 60 ó 65. Esto ayuda a explicar porqué la
población laboral no se movió.
Muchos trabajadores sentían el status de estudiante de enseñanza superior como
privilegiado y no alcanzaban a explicarse por qué se suspendían labores en
centros que le costaban tanto al pueblo. Además, Díaz Ordaz no suspendió la
reforma agraria y repartió once millones de hectáreas de tierra para fines ejidales.
Constituyó empresas tan importantes como la Empresa Mexicana del Cobre, la
Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas y el Consorcio Minero de Peña
Colorada. Al finalizar el régimen funcionaban 217 plantas petroquímicas, 157 de
las cuales pertenecían al sector privado. En fin, la tasa media de incremento anual
del Producto Interno Bruto fue del 7 por ciento, uno de los más altos de la historia
mexicana.
Lo que ocurrió fue que el movimiento de 68 tuvo un carácter primordialmente
político; aunque los estudiantes fueron muy conscientes de las carencias del
pueblo, sus demandas inmediatas eran políticas y sí lograron una cierta apertura.
Sin embargo, esta apertura se canalizó por la desorganizada oposición política y
se pulverizó en muy variadas manifestaciones: la prensa tuvo un mayor margen de
libertad de crítica y aparecieron guerrillas urbanas y rurales, algunas de las cuales
estaban constituidas por jóvenes veteranos del 68.
Al tomar posesión de la presidencia Luis Echeverría en 1970, intenta recuperar el
equilibrio político que había perdido su antecesor y busca a toda costa
congraciarse con los gremios estudiantiles e intelectuales. En el fondo se trata de
controlarlos ofreciéndoles una participación en la vida política. Para ello pone en
libertad a los presos políticos, Vallejo sale de su larga prisión acompañado de
Castillo, Revueltas, De Gortari, Marcué Pardiñas, González de Alba y otros. Sin
embargo, el 10 de junio de 1971, el jueves de Corpus, una manifestación
estudiantil fue salvajemente reprimida por un grupo paramilitar conocido con el
nombre de los Halcones, el cual había sido organizado en 1968.
Nuevamente el número de heridos y muertos fue ocultado a la opinión pública.
Pero como el grupo represivo había actuado bajo la tolerancia de la policía, el
presidente Echeverría hizo renunciar al regente de la ciudad de México, Alfonso
Martínez Domínguez. Las circunstancias del hecho jamás se aclararon y a pesar
de las repetidas promesas los responsables permanecieron en el anonimato. La
opinión pública siempre sospechó que se trataba de un ajuste de cuentas entre los
políticos de la cúpula.
