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HP 210 - EL ECONOMISTA
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miércoles 10 de septiembre del 2014 Nº 6581 eleconomista.mx
uNa seleccióN de
Lilia Gonzálezel economista
Todo producTor que pretenda vender alimentos frescos a Estados unidos tendrá que acatarse a nue-vas reglas más estrictas de inocuidad que emitirá ese país en los próximos meses, para lo cual el gobierno de México y algunas empresas trabajan en certificaciones que permitan que
los productos sean reconocidos pa-ra consumo en ese mercado y se evi-ten controversias comerciales futu-ras que frenen la exportación.
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, destacó que México es principal proveedor de tomate en el mercado estadounidense, además de que es gran exportador en frutas y hortalizas, para lo cual la certifica-ción de diferentes sistemas de ges-
el gobierno certificará a productores que exporten a eu
Modificarán reglas de inocuidad en México
Remojo p e r u j o
Guajardo destacó que México es el princi-pal proveedor de tomate. foto: notimex
tión de inocuidad tienen el propósito de reconocer a los produtos que son equivalentes en sanidad y calidad.
A partir de estas reglas, Méxi-co busca asegurarse que manda ali-mentos de calidad y valor al mun-do, lo que hasta el año pasado tuvo un valor por 8,400 millones de dó-lares de exportaciones de alimentos agroindustriales al mundo. Mientras que también asegura que sea un ar-ma de defensa comercial, en donde no se utilice como una excusa en los procesos de acceso a mercado como un “proteccionismo disfrazado”.
El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y calidad Agroalimenta-ria (Senasica) cuenta con un presu-puesto de 180 millones de pesos pa-ra apoyar a los empresarios, a través de los estados, para certificar, pro-mover y capacitar.
El país busca asegurarse de que manda alimentos de calidad al mundo, lo que hasta el año pasado tuvo un valor por US8,400 millones en exportaciones
El director general de Senasi-ca, Hugo Fragoso explicó que des-de hace cuatro años Estados uni-dos anunció que aplicaría una nueva regulación para evitar la trasmisión de enfermedades a través de los ali-mentos, por lo cual se encuentra a meses de que la ponga en marcha y existen varios empresarios que no cuentan con dicha certificación.
descartó que exista freno a las ex-portaciones mexicanas, aunque para contar con la certificación de mane-ra acelerada les representará un cos-to más elevado.
Entre los más cumplidos pa-ra certificarse se encuentran los to-materos, que en el año 2016 debe-rán estar regulados por el Senasica; además de los aguacateros y las hor-talizas, zanahorias, y lechugas.
El 2014 cerrará con 650,000 empleos
María del Pilar Martínezel economista
lA dIrEcTorA general de Manpower Group, Mónica Flores, presentó los resultados de la Encues-ta de Expectativas de Empleo para el último trimestre de año y reveló que el 2014 cerrará con 650,000 empleos, cifra conservadora que refleja la es-tabilidad del mercado laboral, simi-lar a la del 2013, “aún por abajo de los niveles que se registraron antes de la crisis del 2008”.
“Se espera que el ritmo de contra-tación en México siga estable para el cuarto trimestre del 2014 de acuerdo con la Encuesta, de tal manera que
para este trimestre representan un aumento de dos puntos porcentua-les en comparación con el trimestre anterior”, indicó la directiva y de-talló que la investigación revela que 22% de los empleadores espera in-crementar sus niveles de contrata-ción, 6% anticipa reducirlos y 72% predice no tener cambios.
Flores Barragán sostuvo que la encuesta aún no refleja un incre-mento importante en la contrata-ción de personal como consecuen-cia de las reformas estructurales, sin embargo, dijo que se espera que ha-ya un mejor ritmo del mercado labo-ral para el 2015.
La cifra refleja estabilidad laboral: Manpower
Colima y Mexicali perdieron más escaños; Durango tuvo avances
IMCO: pierden competitividad 14 capitales
Según el Instituto, el desempleo es una de las principales causas de la caída. foto ee: natalia gaia
una selección de
signos vitales
Alberto Aguirre [email protected]
La triple P
a demás de resolver el problema de la “saturación operativa” en el Ae-ropuerto Internacional de la Ciu-dad de México -con el mega pro-
yecto arquitectónico elaborado por Norman Foster- sólo se construirá una nueva ter-minal aérea en lo que resta de la administra-ción peñista: en el sureste, para la interco-nexión de los destinos turísticos del Istmo de Tehuantepec.
La primera etapa del proyecto requerirá de 80 millones de pesos y, de acuerdo al senador oaxaqueño Eviel Magaña, está contemplada en el Presupuestos de Egresos 2014, lo mismo que la edificación de la nueva sede del hos-pital general Gonzalo Castañeda, del ISSSTE, que también bajo el esquema de asociación público-privada fue asignada al consorcio integrado por las empresas Tradeco Infraes-tructura y Grupo Industrial IGSA.
El fallo para la nueva infraestructura hos-pitalaria -de segundo nivel- fue notifica-do a las siete empresas concursantes el pa-sado viernes 5. Un hito histórico, pues es el primer proyecto del gobierno de la Repúbli-ca y del ISSSTE construido al amparo de un marco jurídico que da certeza a inversionis-tas y contratistas, además de un torrente de inversiones que activarán las mega obras de infraestructura del gobierno peñista (como el hospital del ISSSTE en Tlatelolco, el nuevo aeropuerto del Istmo o la nueva Cetram en el Bosque de Chapultepec, que en breve asig-nará el GDF), con términos obligatorios mí-nimos, un proceso de licitación exhaustiva y transparente, con la posibilidad de resolver cualquier disputa a través de arbitraje.
¿Qué tienen en común los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia y México?
Leyes PPP (Asociación Público-Privadas, por su sigla en inglés) y programas guberna-mentales de infraestructura enfocados a la atracción de fondos de inversionistas para fi-nanciar el desarrollo.
“México no es único, pero es inusual”, dice un reporte del capítulo mexicano del despa-cho White & Case, que en los últimos años se ha especializado en este campo, “tiene tres características que harán que sea un mer-cado importante de infraestructura en los próximos cinco años: la legislación vigente, la voluntad política de la administración fe-deral… y el incremento al gasto enfocado a la infraestructura, por parte del gobierno, que gastará 35% más que su antecesor”.
Adiós a la era de las concesiones… al me-nos en el gobierno federal. De acuerdo al Programa Nacional de Infraestructura pre-sentado hace un año, entre el 2013 y el 2018 se invertirán 400,000 millones de pesos en megaobras; mientras que en el sexenio cal-deronista se alcanzaron 280,000 millones de pesos, que resultaron insuficientes para sacar de la media tabla en la que se ubica México
dentro del rubro de infraestructura (lugar 65 entre 144 países) del Informe de Competiti-vidad Global del Foro Económico Mundial.
Justo un año antes de que concluye-ra el sexenio calderonista, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Asociaciones Públi-co-Privadas, pero la legislación secundaria que acompañó a esta nueva forma de finan-ciar al desarrollo quedó lista hasta noviem-bre del 2012.
Hay tres tipos. Los “puros” -partidas presupuestales destinadas a cubrir contratos multianuales asignados por la prestación o la cobertura de un servicio, previa autorización de un comité gubernamental permanente-, los combinados y los autosustentables, en los que no habrían involucrados recursos del Presupuesto, que darían ganancias a los pro-veedores con el cobro de una tarifa.
Para promover el desarrollo de la infraes-tructura en México, con especial énfasis en las carreteras, los puertos, aeropuertos, fe-rrocarriles, transporte urbano, el turismo, el medio ambiente, el clima y proyectos de de-sarrollo urbano integral, el gobierno peñis-ta canalizará 270,000 millones durante los próximos cinco años para el Fondo Nacional de Infraestructura, fideicomiso adscrito a Ba-nobras que encabeza Alfredo del Mazo Maza.
De conformidad con sus reglas de opera-ción, el Fonadin podrá subvencionar estudios preliminares y otorgar subsidios a proyec-tos que considere de interés público. O, en el mejor de los casos, optar por figuras de me-joramiento financiero (ya sean aportaciones de capital de riesgo, deuda subordinada o modelos como pari passu).
La certidumbre jurídica, para la autoridad contratante y los inversionistas, quedó ga-rantizada. Los contratos podrán abarcar un rango de tres y hasta 40 años. Y cuando con-cluyan, tanto el control y la propiedad de la infraestructura, como los activos relaciona-dos, pasan la autoridad contratante, lo que aumentará el stock de activos públicos.
Los desarrolladores privados deberán pro-porcionar -parcial o totalmente- y operar la infraestructura, ya sea a través de capital y/o mecanismo de financiamiento, sin bien las entidades gubernamentales pueden con-tribuir con bienes, derechos o fondos.
EFECTOS SECUNDARIOS¿SINCRONIZADOS? Acompañado por Car-los Padilla, presidente del Comité Olímpi-co Mexicano, el titular de la Comisión Nacio-nal del Deporte, Jesús Mena, viajó a Nanjing a la cabeza de la delegación mexicana que participó en los II Juegos Olímpicos de la Ju-ventud. El clavadista mexiquense olvidó avi-sar de su viaje al secretario Emilio Chuay-ffet Chemor, quien por los canales adecuados hizo sentir su inconformidad al medallista olímpico.
Erick RamírezEl EConoMistA
DEL 2010 al 2012, 14 ciudades capitales perdie-ron lugares en el Índice de Competitividad Ur-bana, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
De acuerdo con este estudio bianual, el cual califica los niveles de competitividad y asigna una posición a las 78 principales urbes mexicanas, Colima, Mexicali, Guanajuato y Tlaxcala se ubi-caron como las ciudades capitales que más esca-ños perdieron en esta métrica, entre nueve y siete.
En un grupo con menores pérdidas, de sólo cuatro o tres posiciones, están Zacatecas, Cuer-navaca, Tepic y Toluca; mientras que Hermosi-llo, Campeche, San Luis Potosí, Mérida, Monte-rrey y Tuxtla Gutiérrez sólo perdieron entre dos y una posición.
Entre las principales razones para estas caídas se encuentra una pérdida del salario promedio, menor número de empresas, menos participa-ción ciudadana, más desempleo, menor vita-lidad democrática, emergencias ambientales o menor acceso a instituciones de salud.
El IMCO define a la competitividad como la capacidad de una región para atraer y retener a sus recursos humanos calificados así como in-versiones y empresas. De acuerdo con la me-dición de 10 subíndices estratégicos define qué ciudad es más o menos competitiva: sistema de derecho confiable y objetivo, manejo sustentable del medio ambiente, sociedad incluyente, pre-parada y sana, sistema político estable y funcio-nal, gobiernos eficientes y eficaces, mercado la-boral, economía estable, sectores precursores, aprovechamiento de las relaciones internacio-nales e innovación en los sectores económicos.
En contraparte hubo 15 ciudades capitales que lograron incrementar posiciones en esta medición. Pachuca, Ciudad Victoria, Chihuahua, Xalapa y Oaxaca fueron aquellas con los mayores avances. En este grupo con números positivos complementan la lista Puebla, Culiacán, Che-tumal, Querétaro, Aguascalientes, Guadalajara, Morelia, Durango, Villahermosa y Chilpancingo, que avanzaron entre seis y una posición.
