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INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
PREVENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO, LA PROTECCIÓN, RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA EN
EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ORDENANZA 06 DE MAYO 30 DE 2006
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VIGENCIA 2019
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA CONTRALORÍA AUXILIAR DE PROYECTOS ESPECIALES
Medellín, julio de 2020
2
SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL DIRECCIÓN DE DDHH, DHI Y VÍCTIMAS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Contralora General de Antioquia Elsa Yazmín González Vega Subcontralora Dalgy Bibiana Rico Ángel Contralora Auxiliar de Proyectos Especiales Luz Edilia López Vahos Coordinadora Contralora Auxiliar Dora Patricia Uribe Cardona
3
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 6
1. ANTECEDENTES ...................................................................................................................... 8
2. JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................................... 10
3. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN ............................................................................................... 12
4. OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 13
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................................... 13
6. ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA CON LOS PLANES DE DESARROLLO ........................ 15
7. CONCLUSIONES DE LA ARTICULACIÓN DE LA POLITICA CON LOS PLANES DE DESARROLLO ... 23
8. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, POBLACIÓN IMPACTADA Y ESTRATEGIAS .................................... 24
9. CONCLUSIÓN DE LA CONTEXTUALIZACION DE LA POLITICA .................................................. 30
10. CONTROL FISCAL DE LA EJECUCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA ................................................. 30
11. CONCLUSIONES DE LA EVALUACION DEL CONTROL FISCAL. .............................................. 48
12. TRAZABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA .................................................... 49
13. CONCLUSIONES TRAZABILIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA....................................................... 54
14. CONCLUSIONES FINALES ........................................................................................................ 55
15. REFLEXIONES CRÍTICAS ........................................................................................................... 58
16. BIBLIOGRAFIA......................................................................................................................... 60
17. NORMATIVIDAD APLICABLE.................................................................................................... 61
Anexo 1. Normatividad aplicable .................................................................................................. 61
Anexo 2. Cuadro de Evaluación .................................................................................................... 63
4
5
6
INTRODUCCIÓN
“Las Políticas Públicas son un mecanismo de participación por medio de las cuales se consolidan las necesidades de una población, buscando con su ejecución dar solución a una problemática. Se materializa mediante el aporte de un presupuesto entregado por las entidades en las cuales se inscribe, que hacen parte del gobierno para su ejecución; o de otros actores que pueden aportar en el desarrollo de las mismas”. (Contraloria General de Antioquia, 2018). La Ordenanza 06 de mayo 30 de 2006, “adoptó la Política Pública de Prevención del Desplazamiento Forzado, La Protección, Reconocimiento y Reparación de los Derechos de la Población afectada por el Desplazamiento Forzado por la Violencia en el Departamento de Antioquia. Fortalecer la coordinación y articulación interinstitucional para la prevención eficaz, la mitigación de los riesgos y vulnerabilidades del desplazamiento forzado por la violencia, con la dinamización de mecanismos humanitarios para la prevención y protección, contando con la participación activa de los sujetos y sus organizaciones” (Asamblea Departamental de Antioquia, 2006). “En la Contraloría General de Antioquia, el proceso de Evaluación de Políticas Públicas hace parte de los procesos misionales, cuyo objetivo principal es Evaluar las Políticas Públicas adoptadas por el Departamento de Antioquia, y realizar el control de resultados a los entes vigilados mediante el proceso, la metodología y software indicado”. Siendo un proceso misional para la Contraloría General de Antioquia, se hace necesario que se identifiquen los valores en los cuales se rige el actuar de cada uno de los servidores y por lo tanto de sus acciones. La Política Pública: “Prevención del Desplazamiento Forzado, La Protección, Reconocimiento y Reparación de los Derechos de la Población afectada por el Desplazamiento Forzado por la Violencia en el Departamento de Antioquia”, será evaluada con la metodología descripta en la resolución 957 de 2018, y con los valores: compromiso, diligencia, honestidad, justicia, legalidad, responsabilidad y transparencia, que rigen en la Contraloría General, y que la hacen ver como una Entidad comprometida con la efectividad de sus procesos. Proceso que se cumple desde la Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales. La Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales, dentro de su Plan de Acción 2020 tiene contemplado la evaluación de la Política Pública de “Prevención del Desplazamiento Forzado, La Protección, Reconocimiento y Reparación de los Derechos de la Población afectada por el Desplazamiento Forzado por la Violencia en el Departamento de Antioquia”, con el propósito de establecer el grado de
7
cumplimiento normativo, las inversiones realizadas y las acciones desarrolladas durante la vigencia 2019, y el cuatrienio 2016 – 2019. Buscando con lo anterior:
Fortalecer la Coordinación.
Fortalecer el Comité Departamental
El Enfoque de Derechos y
Reparación de Víctimas
La evaluación de la ejecución de la Política Pública de “Prevención del Desplazamiento Forzado, La Protección, Reconocimiento y Reparación de los Derechos de la Población afectada por el Desplazamiento Forzado por la Violencia en el Departamento de Antioquia”, se ha realizado cumpliendo el proceso que parte desde la recopilación y análisis de datos de la fuente de información oficial: “La Secretaria de Gobierno Departamental”, con la metodología de la entidad, hasta el informe final para el ente evaluado.
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1. ANTECEDENTES
“En Antioquia se da el fenómeno del desplazamiento, por un lado, por la
concentración de tierras, tras las inversiones lícitas e ilícitas, para un uso intensivo
del suelo, del tipo monocultivos o para la ganadería extensiva y, por otro, la
oposición por parte de los movimientos campesinos a esta concentración, de
invasiones y de recuperación después de los desalojos.
Se tiene evidencia, por los registros en archivos, de un número muy alto de litigios
desde los años 50, que dejan constancia de irregularidades, como la compraventa
forzada bajo amenazas, la falsificación de firmas y de documentos oficiales, y las
diversas presiones que iban desde la amenaza hasta la agresión física y que
conducían al asesinato o al desplazamiento de los propietarios legítimos, en las
tierras que fueron colonizadas.
El desplazamiento, ha tenido en Antioquia causas económicas, sociales y políticas.
Se destacan la lucha por el control de la tierra y la búsqueda de mejores condiciones
de vida y persecuciones de origen ideológico o político.
Estos desplazamientos, en su mayor parte son de tipo rural, se pueden clasificar en
individual o familiares y, el más grave de todos, es el éxodo masivo; que ocurre
cuando se desplazan poblaciones enteras por amenazas de genocidio o por
enfrentamiento en sus cercanías de la guerrilla, de los paramilitares y de las fuerzas
militares del Estado Colombiano.
Durante su historia como república, Colombia ha vivido 25 guerras civiles nacionales
y alrededor de 60 guerras regionales. Como resultado de esas disputas, se generó
una gran migración de población que originó la ampliación de las fronteras agrícolas,
incorporando inmensos terrenos a esta actividad; situación que provocó
confrontaciones, entre sectores que pretendían un tipo de desarrollo apalancado en
la acumulación interna de capital industrial y financiero y los grupos más
conservadores que querían mantener su posición económica sustentada en la
concentración de la propiedad territorial. De esa contradicción, surgen
enfrentamientos que continúan sin ser solucionados” (Ruíz, 2011).
9
En Colombia, existe una ley para la protección y atención integral a la población, en
situación de desplazamiento: “Ley 387 de 1997”, mediante la cual el Gobierno
Nacional, adopta medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la
atención de emergencia, la protección, la consolidación y estabilización
socioeconómico de los desplazados internos por la violencia en el territorio
colombiano. La ley, contempla la estructura del “Sistema Nacional de Atención
Integral a Población Desplazada” (SNAIPD).
Adicional a esta ley, El Código Penal Colombiano: “Ley 599/2000”, incorporó dos
tipos penales referidos al desplazamiento forzado: uno como delito común y otro
como crimen de guerra, asociándolo a las situaciones de conflicto armado.
La “Ley 418 de 1997, consagra unos instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eficacia de la justicia y dicta otras disposiciones.
La “Ley 1448 de 2011”, establece como fin mismo de la atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas, el que puedan gozar efectivamente de sus
derechos constitucionales, vulnerados con el hecho victimizante sufrido.
Para garantizar una efectiva apropiación de la Política Publica “ Prevención del Desplazamiento Forzado, la Protección, Reconocimiento y Reparación de los derechos de la Población afectada por el Desplazamiento Forzado por la violencia en el departamento de Antioquia”, se requiere establecer lineamientos,
estrategias y prácticas que propendan, por una Paz concreta y una justicia social, que intervenga en la desarticulación de redes que imperan y aniquilan la armonía de los ciudadanos, la convivencia y el desarrollo integral de las comunidades; con el fin de hacer una sociedad con humanismo y, con sentido de valoración a la dignidad, respeto y solidaridad.
10
2. JUSTIFICACIÓN
El país continúa afrontando problemas de fondo que afectan su desarrollo y son motivo de su inestabilidad económica, social y política, que la ha hecho merecedora de hacer parte de los países subdesarrollados. Los problemas sociales por los que ha atravesado y atraviesa Colombia son foco de atención a nivel internacional, y de discriminación por países desarrollados y con mejor calidad de vida: la corrupción, la drogadicción, la delincuencia juvenil, la situación de los derechos humanos, el secuestro y la educación, son parámetros de comparación que muestran que hoy, Colombia tiene grandes vacíos estructurales frente a otros países con condiciones de desarrollo similares a las nuestras.
El conflicto armado de 52 años entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno culminó oficialmente en 2016 con un acuerdo de paz. La violencia relacionada con el conflicto armado disminuyó significativamente al principio, pero luego adoptó nuevas formas y persisten graves abusos hasta el
día de hoy.
En 2017, el gobierno colombiano inició conversaciones de paz formales con el ELN. Sin embargo, en enero de 2019, poco después de que el ELN perpetrara un atentado en una escuela de policía en Bogotá, el gobierno del Presidente Iván Duque interrumpió las conversaciones de paz.
Cerca de 33.000 personas fueron desplazadas entre enero y fines de julio de 2019. En el mismo año la población civil sufrió abusos a manos de miembros disidentes de las FARC y grupos sucesores del paramilitarismo.
Defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia. La violencia asociada con el conflicto ha provocado el desplazamiento forzado de más de 8,1 millones de colombianos desde 1985, sobre una población total de 46,59
millones, (estadísticas gubernamentales del año 2018).
El problema del desplazamiento forzado por razones de violencia, es una de las principales manifestaciones de la crisis humanitaria, que enfrenta la sociedad colombiana, en medio de diversas modalidades del conflicto social y particularmente conflicto armado interno, con confrontación violenta y agresión indiscriminada a la población civil. Con graves problemas de derechos humanos que incluyen la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las
11
personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos y condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas. Los avances en la implementación de la restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas de 2011 siguen siendo lentos. La ley se promulgó para restituir millones de hectáreas de tierras. Hasta julio de 2019, la justicia había dictado sentencias en apenas 10.400 de las más de 116.000 solicitudes recibidas. Se tiene evidencia, por los registros en archivos, de un número muy alto de litigios desde los años 50, que dejan constancia de irregularidades, como la compraventa forzada bajo amenazas, la falsificación de firmas y de documentos oficiales, y las diversas presiones que iban desde la amenaza hasta la agresión física y que conducían al asesinato o al desplazamiento de los propietarios legítimos, en las tierras que fueron colonizadas. Antioquia tiene una gran problemática en el Bajo Cauca, para el primer semestre de
2019 la Alcaldía de Medellín, recibió 2.471 personas desplazadas, con un 31% de
victimas del municipio de Tarazá. Para finales de octubre Caucasia reportó dos
eventos masivos y Zaragoza uno. En el Bajo Cauca Antioqueño se han liberado
diferentes guerras, por grupos paramilitares que se están disputando territorios que
son claves para la exportación de drogas ilícitas. Situación que se vive de forma
similar en el Pacífico y el Catatumbo (Norte de Santander).
Una de las premisas más importantes en la gestión estatal, dirigida a las víctimas
de desplazamiento en el país, es que no basta con diseñar una Política Pública,
sino que es fundamental realizar el seguimiento y una evaluación a su
implementación, con el fin que puedan establecer los cambios esperados en la
población a la que se dirige. Es en este contexto, que La Contraloría General de
Antioquia, realizará un diagnóstico y evaluación a la Política Pública, para la
Prevención del Desplazamiento Forzado, la Protección, Reconocimiento y
Reparación de los derechos de la población afectada por el Desplazamiento
Forzado por la violencia en el departamento de Antioquia, a través de la Contraloría
Auxiliar de Proyectos Especiales. Lo anterior, con el propósito de establecer el
estado de las acciones realizadas y los recursos invertidos, por parte de la
Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Gobierno, para cumplir con
la “Ley 1448 de 2011” y con la Ordenanza 06 del 2006.
12
3. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN
La Secretaria de Gobierno Departamental, será evaluada en cuanto a los
programas, proyectos, actividades y acciones contempladas en la Ordenanza 06 de mayo 30 de 2006, y el plan de Desarrollo 2016-2019 “Antioquia Piensa en Grande” en su Línea Estratégica 5: “Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, un componente de Derechos Humanos (DHH) Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Víctimas: Programa N°. 2 de Protección, Restablecimiento de los Derechos y Reparación Individual y Colectiva a las víctimas del conflicto armado en el departamento de Antioquia, para la vigencia fiscal 2019 y para el cuatrienio 2016 – 2019. Evaluación orientada a revisar la articulación, el logro de los resultados (Eficacia) con que se han ejecutado las acciones y la optimización (Eficiencia) de los recursos de inversión establecidos. Contextualizando la Política Pública en términos de población impactada, objetivos propuestos, recursos asignados y su ejecución bajo los preceptos éticos de la transparencia.
La entidad a evaluar durante la vigencia fiscal del año 2019, es la Secretaria de
Gobierno, por intermedio de la Dirección de Derechos Humanos, en cuanto a
los programas, proyectos, actividades y acciones contempladas en la política y en
el Plan de Desarrollo Departamental vigencia 2019 y para el cuatrienio 2016 – 2019.
13
4. OBJETIVO GENERAL
Realizar la evaluación de la Política Pública: “Prevención del Desplazamiento Forzado, La Protección, Reconocimiento y Reparación de los Derechos de la Población afectada por el Desplazamiento Forzado por la Violencia en el Departamento de Antioquia, vigencia 2019, y cuatrienio 2016 – 2019, que permita obtener los insumos necesarios para el control micro, que ejerce la Contraloría General de Antioquia, con el fin de comunicar los resultados como precepto ético de la transparencia.
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Verificar la correspondencia de la Política Pública: “Prevención del
Desplazamiento Forzado, La Protección, Reconocimiento y Reparación de los Derechos de la Población afectada por el Desplazamiento Forzado por la Violencia en el Departamento de Antioquia,” con los planes Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, el plan Departamental de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande, 2016 – 2019, y su ejecución frente al manejo de los recursos públicos que La Secretaria de Gobierno, entidad sujeta a control destinó en un periodo determinado para la aplicación de la Política Pública “Prevención del Desplazamiento Forzado, La Protección, Reconocimiento y Reparación de los Derechos de la Población afectada por el Desplazamiento Forzado por la Violencia en el Departamento de Antioquia”.
Contextualizar la Política Pública “Prevención del Desplazamiento Forzado, La Protección, Reconocimiento y Reparación de los Derechos de la Población afectada por el Desplazamiento Forzado por la Violencia en el Departamento de Antioquia,” en términos de población impactada, objetivos propuestos, recursos asignados con el fin de enmarcar el análisis general de la evaluación de la política.
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Evaluar la Política Pública “Prevención del Desplazamiento Forzado, La Protección, Reconocimiento y Reparación de los Derechos de la Población afectada por el Desplazamiento Forzado por la Violencia en el Departamento de Antioquia,” teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, y el impacto ambiental del control fiscal con el propósito de establecer su impacto, generar reflexiones críticas y determinar la relevancia en el departamento de Antioquia y sus municipios.
Realizar la trazabilidad del cumplimiento de la Política Pública “Prevención del Desplazamiento Forzado, La Protección, Reconocimiento y Reparación de los Derechos de la Población afectada por el Desplazamiento Forzado por la Violencia en el Departamento de Antioquia,” en los municipios del departamento de Antioquia, a través de la Secretaria de Gobierno, encargada de su implementación y ejecución.
Comunicar los principales resultados de la evaluación de la Política Pública “Prevención del Desplazamiento Forzado, La Protección, Reconocimiento y Reparación de los Derechos de la Población afectada por el Desplazamiento Forzado por la Violencia en el Departamento de Antioquia,” al ente evaluado: Secretaria de Gobierno mediante un informe definitivo.
15
6. ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA CON LOS PLANES DE
DESARROLLO
En este objetivo se busca verificar la correspondencia de la Política Pública “Prevención del Desplazamiento Forzado, La Protección, Reconocimiento y Reparación de los Derechos de la Población afectada por el Desplazamiento Forzado por la Violencia en el Departamento de Antioquia,” con los planes Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, el plan Departamental de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande, 2016 – 2019, y su ejecución frente al manejo de los
recursos públicos que la entidad sujeta a control Secretaria de Gobierno Departamental, destinó en la vigencia 2019 y para el cuatrienio 2016 – 2019 para la aplicación de la Política Pública. La evaluación de la Política Pública de “Prevención del Desplazamiento Forzado, La Protección, Reconocimiento y Reparación de los Derechos de la Población afectada por el Desplazamiento Forzado por la Violencia en el Departamento de Antioquia,” se hace con base al cumplimiento de los cinco (5) objetivos específicos planteados de acuerdo con la metodología descripta en la resolución 957 de 2018. La evaluación es una parte integral del proceso, y como tal sirve para mejorarlos, porque permite determinar el cumplimiento de los objetivos y el estado de la implementación, mas no es una auditoria de calidad1 como tal. Con la revisión de los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipales, se observa cómo la Política Pública de “Prevención del Desplazamiento Forzado, La Protección, Reconocimiento y Reparación de los Derechos de la Población afectada por el Desplazamiento Forzado por la Violencia en el Departamento de Antioquia,” hace parte de unas líneas estratégicas, con programas claros definidos, apoyados en proyectos, metas, actividades, para el cuatrienio en cada vigencia, de acuerdo con los siguientes contenidos:
1 Auditar: consiste en realizar un examen de los procesos y de las actividades económicas de una organización. Inspección
o verificación de la contabilidad de una empresa o entidad. Auditoria de calidad: es una herramienta de gestión empleada
por las organizaciones para evaluar la eficacia de su sistema de gestión de calidad conforme a los requisitos establecidos por la norma ISO 9001 -2015.
16
Correspondencia de la Política con el Plan de Desarrollo Nacional: El
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia”, haciendo
referencia a Ley 1804 de 2016. Establece en su Plan Nacional de Desarrollo
(PND): “Un Pacto por la Equidad” 2019 – 2022. Específicamente en el pacto
estratégico: “Pacto por la Construcción de Paz: cultura de la legalidad,
convivencia, estabilización y víctimas, donde se definió en el Plan Plurianual
de Inversiones para la Paz Nacional, un presupuesto que asciende a 37,1
billones de peso, focalizando acciones con víctimas, el proceso de
reincorporación y sustitución de cultivos ilícitos, así como en la población y
territorios con mayores índices de pobreza extrema, economías ilegales,
debilidad institucional y violencia, especialmente en los 170 municipios del
territorio Colombiano, de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET).
Correspondencia de la política con el Plan Departamental de Desarrollo:
Dentro del Plan de Desarrollo Departamental de “Antioquia Piensa en Grande
2016 – 2019 “se observa la línea estratégica 5: “Seguridad, Justicia y
Derechos Humanos”, conformada por cuatro (4) componentes, articulados
con la Ordenanza 06 de mayo 30 de 2006: “Alcanzar soluciones duraderas
para la población afectada por el desplazamiento forzado por la violencia.
En la figura 1, se observa la relación de las líneas con los elementos contemplados en el artículo 1 de la Ordenanza 06 de mayo 30 de 2006. La gobernación de Antioquia no tiene dentro de su estructura orgánica una dependencia destinada a la operación o administración de puntos o centros de atención a víctimas, sin embargo, el personal de la dirección de DDHH, DIH y víctimas lidera programas en la línea de asesoría y asistencia técnica en la prevención de hechos asociados con la problemática planteada en la Ordenanza, ejecución de convenios de cooperación internacional con entidades que invierten en el restablecimiento de derechos de la población víctima. La Secretaria de Gobierno Departamental se encuentra ubicada en el Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia Piensa en Grande” siguiendo las directrices contenidas en el Plan de Desarrolla Nacional “Pacto por Colombia”, y responsable de la DDHH, DIH y Víctimas.
17
Figura 1. Enfoques Ordenanza 06
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
En el Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia Piensa En Grande 2016 –
2019”: La Administración Departamental, mediante la Línea Estratégica 5:
Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, exponen en su Plan de Desarrollo “los
derechos humanos en una sociedad, parten del acceso de sus miembros a las
oportunidades del desarrollo”; conformada por cuatro componentes:
Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario (DIH); Víctimas y
Atención Integral contra Minas.
Restitución de Tierras.
Convivencia Ciudadana y Acceso a la Administración de Justicia Formal y no
Formal.
Seguridad y Orden Pública.
La Ordenanza 06 del 30 de Mayo de 2006, se articula con el Plan Departamental de
Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande” mediante la línea estratégica descrita
anteriormente, ya que se constituye como Política Pública y se erige director de las
acciones y eje transversal para el correcto funcionamiento de la Estrategia de “La
Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario (DIH); Víctimas y Atención Integral contra Minas
Restitución de Tierras
Convivencia Ciudadana y Acceso a la Administración de Justicia Formal y
no Formal
Seguridad y Orden Público
18
Prevención del Desplazamiento Forzado, la Protección, Reconocimiento y
Reparación de los derechos de la población afectada por el Desplazamiento
Forzado por la violencia en el departamento de Antioquia” y cumplir, con el propósito
general de establecer estratégicas de implementación de la Política y estrategias
transversales para una integración dinámica, funcional y territorial del sistema en el
departamento de Antioquia, con los siguientes lineamientos:
Línea estratégica 5: Derechos humanos (DDHH) derecho internacional
humanitario (DIH) y víctimas. Para esta línea se contó con cuatro programas,
contenidos en la tabla 1.
Para la ejecución de los cuatro programas se desarrollaron catorce (14) indicadores
de producto con unas acciones y metas para el cuatrienio; metas que benefician
directamente las del Plan Nacional de Desarrollo, permitiendo la interacción de
varios entes para la implementación de las acciones, como lee en la tabla 1.
Continuando con la segunda parte de la evaluación del objetivo uno, que hace referencia a su ejecución frente al manejo de los recursos públicos destinados por los diferentes actores para la aplicación de la Política Pública “Prevención de Desplazamiento Forzado en Antioquia” dando cumplimento a los objetivos del Plan de Desarrollo y la Política Pública, según en la Ordenanza 06 de mayo 30 de 2006, Art. 8 Financiación. a. El comité Departamental para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, realiza un estimativo de los costos de atención a la población afectada por el desplazamiento, según los criterios y los recursos necesarios de acuerdo a las obligaciones y competencias institucionales, en concordancia con las responsabilidades e indicadores definidos por el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población en situación de desplazamiento y la normatividad vigente. b. A partir de la fecha, todas las entidades del orden departamental, con competencias para la atención integral a la población afectada por el desplazamiento, deberán definir acciones, recursos específicos y diferenciales para la atención integral a la población afectada por el desplazamiento, cumpliendo como mínimo la meta planteada por el Gobierno Nacional y demás instancias que lo regulen, adicionando recurso hasta que se logre la reparación y soluciones duraderas para la población afecta por el desplazamiento.
19
Tabla 1. Indicadores de resultado, metas y línea base cuatrienio 2016 – 2019.
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
La ejecución presupuestal de cada programa será revisada con base en la información suministrada por la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobierno de Antioquia, quién lidera la articulación en la implementación técnica y administrativa del Sistema en el Departamento, siguiendo la metodología con lo estipulado en los decretos 954 y 957 del 2018, de la Contraloría General de Antioquia. El Plan de Acción Territorial contempló los siguientes componentes para la ejecución de los recursos:
Prevención y Protección: corresponde a recursos para identificar
vulnerabilidades que causen riesgo de violaciones a los DDHH e infracciones
DIH.
Atención y Asistencia: recursos dirigidos al restablecimiento de derechos
de las víctimas y atender condiciones urgentes de vulnerabilidad. Incluye
Justicia: recursos destinados en Asesoría y/o Asistencia técnica para el
acceso a la justicia de las víctimas (Acompañamiento Psicológico o Jurídico
a versiones libres por demanda).
PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO META LINEA BASE
Seguimiento a procesos de
Restitución de tierras despojadas y
abandonadas en el Departamento
Personas atendidas con la oferta institucional
de la Gobernación, vinculadas a los procesos
de restitución de tierras
100% ND
ND
Acción Integral contra minas
antipersonla (MAP), Munición sin
Explotar (MUSE) y Artefactos
Explosivos Improvisados (AEI)
Disminución de Victimas de Minas
Antipersonal (MAP), Munición sin Explotar
(MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados
(AEI), del conflicto armado
36
185831
Protección, Restablecimiento de los
derechos y reparación individual y
colectiva a las Víctimas del Conflicto
Armado.
Mayor número de Víctimas del conflicto
armado, avanzando en el restablecimiento del
goce efectivo de derechos por la
implementación de la Ley 1448 de 2011
260163
15206
Promoción, Prevención y Protección
de los Derechos Humanos (DDHH) y
Derecho Internacional Humanitario
(DIH)
Mayor número de personas beneficiadas de
acciones, relacionadas con el Respeto y
Protección de los Derechos Humanos
20000
20
Cuadro 1. Programas, indicadores y metas cuatrienio 2016 – 2019.
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO ESTRATEGIAS. META
Mesas Técnicas de Trabajo en Derechos
Humanos (DDHH), con los planes de
acción implementados.
11
Municipios fortalecidos para la atención a
la población afectada, con la estrategia de
promotores de Derechos Humanos
(DDHH), Dercho Internacional Huamanitario
(DIH) y Víctimas.
15
Estrategias comunicacionales para la
difusión, reconocimiento, protección,
defensa y garantía de los Derechos
Humanos (DDHH) y la resollución pacífica
de conflictos.
7
Protección, Restablecimiento de los
derechos y reparación individual y colectiva
a las víctimas del conflicto armado.
1
Diseño e implementacipon del modelo
territorial de la estrategia de
corresponsabilidad para la articulación de
la oferta institucional.
100
Municipios focalizados e intervenidos con
acciones para la prevención de
reclutamiento forzado de Niños, Niñas,
Jóvenes y Adolescentes.
18
Municipios focalizados con acciones de
reintegración comunitaria.41
Municipios asesorados y acompañados
para el fortalecimiento de la participación
de las víctimas.
124
Municipios con medidas de satisfacción en
el marco de la Ley 1448 de 2011 -
Memoria Histórica.
19
Municipios acompañados con medidas de
reparación colectiva, en el marco de la Ley
1448 de 2011.
22
Grupos de desminado (militar o
humanitario por civiles o militares), para
mitigar el riesgo dotados y fortalecidos.
2
Víctimas de Minas Antipersonal (MAP),
(MUSE) y (AEI) caracterizadas.500
Estretegia de educación en el riesgo de
minas antipersonal y comportamientos
seguros.
100
Seguimiento a procesos de
Restitución de tierras despojadas
y abandonadas en el
Departamento.
Personas atendidas con la oferta
institucional de la Gobernación,
vinculadas a los procesos de
restitución de tierras
Sistema de intercambio de información
implementado.1
Acción Integral contra minas
antipersonla (MAP), Munición sin
Explotar (MUSE) y Artefactos
Explosivos Improvisados (AEI)
Disminución de Victimas de
Minas Antipersonal (MAP),
Munición sin Explotar (MUSE) y
Artefactos Explosivos
Improvisados (AEI), del conflicto
armado
Protección, Restablecimiento de
los derechos y reparación
individual y colectiva a las
víctimas del conflicto armado.
Mayor número de víctimas del
conflicto armado, avanzando en el
restablecimiento del goce eectivo
de derechos por la
implementación de la Ley 1448 de
2011
Promoción, Prevención y
Protección de los Derechos
Humanos (DDHH) y Derecho
Internacional Humanitario (DIH)
Mayor número de personas
beneficiadas de acciones,
relacionadas con el respeto y
protección de los derechos
humanos
21
Reparación Integral: recursos destinados a atender las medidas de
restitución, rehabilitación, satisfacción, reparación colectiva y otras medidas
de reparación.
Verdad: recursos destinados en la promoción de la construcción,
recuperación, difusión y preservación de la memoria histórica, sobre los
motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones a los DDHH
y las infracciones al DIH en Colombia.
Ejes Transversales: recursos destinados a cubrir otros derechos como
salud, educación, participación efectiva, seguridad, movilidad, equidad de
género, enfoque diferencial.
Para la atención y reparación de víctimas la Secretaria de Gobierno contó con un presupuesto de Un Billón Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Seis Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Pesos ($1.349.576.139.759,00), para la Vigencia 2019 de Quinientos Ochenta y Ocho Mil
Novecientos Noventa y Siete Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Tres Pesos ($588.997.578.353,00) y un esquema de financiación para
el proyecto Convenio POLUS de Cooperación Internacional por Doscientos Ochenta Millones de Pesos ($280.000.000,00).
Se vio el reflejo de las inversiones realizadas por otras entidades en programas que son desarrollados no solo para víctimas, pero que hicieron parte de las ofertas Departamentales, los cuales se puede leer en el informe de cierre de la Secretaria de Gobierno, ellos son:
Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud
Gerencia Indígena
Secretaria de las Mujeres
Secretaria de Salud y Protección
Secretaria de Educación
Secretaria de Desarrollo Rural
Secretaria de Productividad y Competitividad
Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional: MANA
Departamento Administrativo para la Prevención del Riesgo Departamental:
DAPARD
22
Secretaria de Infraestructura Física
Gerencia de Servicios Públicos
Empresa de Infraestructura y Vivienda de Antioquia: VIVA
Instituto Departamental de Deportes: INDEPORTES.
Las metas fueron definidas para la vigencia y los recursos se asignaron para la ejecución de los programas, cumpliendo con el primer objetivo evaluado que hace referencia a “la articulación de la Política Pública Prevención del Desplazamiento Forzado, La Protección, Reconocimiento y Reparación de los Derechos de las Personas afectas en el Departamento de Antioquia”. Para la implementación de la Política Publica Prevención del Desplazamiento Forzado, de acuerdo con la Ordenanza 06 de mayo 30 de 2006, los planes de Gobierno Nacional y Departamental se han articulado para lograr los objetivos allí expuestos y se han asignado los recursos para la realización de los programas durante el cuatrienio y la vigencia 2019. En el objetivo dos se evalúa el impacto de la ejecución y en el objetivo tres la efectividad de los programas ejecutados con relación a las metas y recursos invertidos.
23
7. CONCLUSIONES DE LA ARTICULACIÓN DE LA POLITICA CON LOS
PLANES DE DESARROLLO
“Antioquia Piensa en Grande” en su plan de desarrollo bajo el contexto de
Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, desarrolló programas que se
articularon con la Ordenanza 06 de mayo 30 de 2006, en su artículo 5: líneas
estratégicas para la implementación de la política, para la atención de
conflictos generados por la presencia de actores armados, organizaciones
delincuenciales y acciones de violencia generalizadas que afectan a los
ciudadanos y a los territorios, con estrategias de prevención, contingencia,
convivencia ciudadana y fortalecimiento a los sistemas de justicia
establecidos por la Constitución y las leyes.
Según en la Ordenanza 06 de mayo 30 de 2006, Art. 8 Financiación. a. El
comité Departamental para la Atención Integral a la Población Desplazada
por la Violencia, realiza un estimativo de los costos de atención a la población
afectada por el desplazamiento, según los criterios y los recursos necesarios
de acuerdo a las obligaciones y competencias institucionales, en
concordancia con las responsabilidades e indicadores definidos por el
Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población en situación de
desplazamiento y la normatividad vigente. b. A partir de la fecha, todas las
entidades del orden departamental, con competencias para la atención
integral a la población afectada por el desplazamiento, deberán definir
acciones, recursos específicos y diferenciales para la atención integral a la
población afectada por el desplazamiento, cumpliendo como mínimo la meta
planteada por el Gobierno Nacional y demás instancias que lo regulen,
adicionando recurso hasta que se logre la reparación y soluciones duraderas
para la población afecta por el desplazamiento. Lo cual se ha evidenciado en
el informe de cierre entregado por la Secretaria de Gobierno de Antioquia.
24
8. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, POBLACIÓN IMPACTADA Y ESTRATEGIAS
Para la Contextualización2 de la Política Pública “Prevención del Desplazamiento Forzado en Antioquia”, evaluada en términos de población impactada, objetivos propuestos y recursos asignados para la vigencia 2019 y para el cuatrienio 2016
– 2019, articulados con la Ordenanza 06 de mayo 30 de 2006, se ha tenido en cuenta los Criterios Orientadores de la Política: “La Política Pública Departamental para la Prevención del Desplazamiento Forzado y la Protección, Reconocimiento y Reparación de los derechos de la población afectada por el Desplazamiento Forzado por la violencia en Antioquia, Art. 4”. (Asamblea Departamental de Antioquia, 2006) Esta contextualización se ha organizado en tres bloques o ítems para la presentación del entorno3 en la que se ha desarrollado la Política Pública, así:
8.1 Descripción del problema y entorno
8.2 Población objeto y su impacto.
8.3 Descripción estratégica de la política
A continuación, se desarrolla cada uno de los ítems enumerados, destacando los hechos, circunstancias, acciones que se han ejecutado en la vigencia 2019 y para el cuatrienio 2016 – 2019. De igual forma se hace una síntesis de los recursos invertidos, la destinación en cada programa y el uso que, el Ente hizo de ellos en las estrategias implementadas con el objetivo de dar cumplimiento a la Ordenanza 06 de mayo 30 de 2006.
8.1 Descripción del problema y entorno.
La Política Pública “Prevención del Desplazamiento Forzado en Antioquia”, busca alcanzar soluciones duraderas para la población afectada por el desplazamiento forzado por la violencia, con la dinamización de mecanismos humanitarios para la
2 Se denomina contextualizar al hecho de poner una circunstancia, hecho o discurso en relación con el entorno en que se generó. 3 Entorno: conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, ambientales, etc., que rodena una persona.
25
Prevención y Protección de los derechos de la población, contando con la participación activa de los sujetos y sus organizaciones.
Como se lee en la Justificación al comienzo de este informe: “El conflicto armado de 52 años entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno culminó oficialmente en 2016 con un acuerdo de paz. La violencia relacionada con el conflicto armado disminuyó significativamente al principio, pero luego adoptó nuevas formas y persisten graves abusos.
En 2017, el gobierno colombiano inició conversaciones de paz formales con el ELN. Sin embargo, en enero de 2019, poco después de que el ELN perpetrara un atentado en una escuela de policía en Bogotá, el gobierno del Presidente Iván
Duque interrumpió las conversaciones de paz”.
Defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos
y otros activistas comunitarios han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia.
El problema del desplazamiento forzado por razones de violencia, es una de las principales manifestaciones de la crisis humanitaria, que enfrenta la sociedad colombiana, en medio de diversas modalidades del conflicto social y particularmente conflicto armado interno, con confrontación violenta y agresión indiscriminada a la población civil. Con graves problemas de derechos humanos que incluyen la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos y condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas. Como lo escribimos en los antecedentes de este informe.
Antioquia tiene una gran problemática en el Bajo Cauca, para el primer semestre de
2019 la Alcaldía de Medellín, recibió 2.471 personas desplazadas, con un 31% de
víctimas del municipio de Tarazá. Para finales de octubre Caucasia reportó dos
eventos masivos y Zaragoza uno. En el Bajo Cauca Antioqueño se han liberado
diferentes guerras, por grupos paramilitares que se están disputando territorios que
son claves para la exportación de drogas ilícitas. Situación que se vive de forma
similar en el Pacífico y el Catatumbo (Norte de Santander).
“Según información de la red nacional de información, alrededor del 18% de los habitantes del departamento son víctimas del conflicto interno”. El desplazamiento forzado es el hecho victimizante con mayor impacto en la población en términos cuantitativos, pues afecta al 91% del universo de víctimas,
26
significa entonces el 16% del total de habitantes del departamento es víctima de este delito. Cabe resaltar que, del universo de víctimas residentes en el departamento, el 91% requiere algún tipo de atención, asistencia o iniciar su ruta de reparación administrativa. Un 1% del universo de víctimas residentes en el departamento presenta algún tipo de discapacidad”. (Secretaria de Gobierno, 2019) El objetivo de la Política Pública en estudio es: Prevenir el Desplazamiento Forzado, la Protección, Reconocimiento y Reparación de los derechos de la población afectada por el Desplazamiento Forzado por la violencia en el Departamento de Antioquia.
8.2 Población objeto y su impacto
La Política Pública para la Prevención del Desplazamiento Forzado, Protección,
Reconocimiento y Reparación de los Derechos de la Población Afectada por el
Desplazamiento Forzado por la Violencia en el Departamento de Antioquia, está
orientada a población del Departamento de Antioquia, que ha sido o se encuentra
afectada por el fenómeno del desplazamiento, cualquiera que sea su causa u
origen, que requieran solucionar o participar de las actividades de Atención,
Protección, Reconocimiento y Reparación a esta situación.
Se evidencia en su contextualización una población incluyente, fortalecida en sus diferentes grupos poblacionales, con un enfoque diferencial, con datos de población atendida en los diferentes municipios de Antioquia, por género, étnia y por rango de edades.
El informe de gestión entregado por la Secretaria de Gobierno hace la siguiente relación del total de personas inscriptas en el RUV.
Víctimas con Enfoque de Género: 1.194.350 personas
Víctimas por Etnia: 88.934 personas
Víctimas Rrom: 36 personas
27
El informe también presenta una caracterización por edades de acuerdo con el registro único de víctimas (RUV) y se puede evidenciar el trabajo realizado en los diferentes municipios con base en las condiciones y priorización definida en el Plan de Acciones, como se verá en el objetivo cuatro del presente informe.
8.3 Descripción estratégica de las políticas
Partiendo del Plan de Desarrollo y los lineamientos del Gobierno Nacional, la
ejecución de la Política Pública Prevención del Desplazamiento Forzado en
Antioquia, en el cuatrienio la DDHH, desarrolló varias estrategias con el objetivo
de cumplir con los indicadores de resultado.
La Figura 2, resume los cuatro (4) programas y la Figura 3, contiene los catorce (14)
indicadores de producto que buscaron dar cumplimiento a los objetivos planteados
por la Política y los contemplados en el Plan de Desarrollo Departamental,
articulados con el Plan Nacional de Desarrollo y las acciones de los diferentes
Entes.
De estas cuatro estrategias, se formulan catorce (14) programas en los cuales se resumen los esfuerzos del Gobierno para la Prevención, Protección y Reparación de las Víctimas del Desplazamiento Forzado en el departamento de Antioquia. En el informe de cierre entregado por la Secretaria de Gobierno, se lee la articulación con los Entes territoriales para ejecutar cada una de las acciones y los respectivos programas. De igual manera se encuentran contemplados los avances y las falencias o debilidades surgidas en la ejecución de la Política Pública en el cuatrienio 2016 -2019.
28
Figura 2. Estrategias para la atención del desplazamiento
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
Continuando con la segunda parte del objetivo dos de la evaluación, se anexa la tabla 2, la cual contiene el presupuesto para el cuatrienio 2016 – 2019.
Figura 3. Programas atención a víctimas del desplazamiento forzado
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
29
Para la vigencia 2019 se contó con un presupuesto de Trescientos Diez Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Millones de Pesos ($310.443.000.000,00) procedentes de las siguientes fuentes:
Recursos propios: Veinticuatro Mil Trescientos Noventa y Nueve Millones
de Pesos ($24.399.000.000,00)
Destinación específica: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Novecientos
Cincuenta y Dos Millones de Pesos ($155.952.000.000,00)
Regalías: Tres Mil Ciento Veintiséis Millones de Pesos ($3.126.000.000,00)
Otros: Ciento Veintiséis Mil Novecientos Sesenta y Seis Millones de Pesos
($126.966.000.000,00).
Tabla 2. Presupuesto inicial y definitivo cuatrienio 2016 – 2019
COMPONENTES PRESUPUESTOS
INICIAL DEFINITIVO
Prevención, Protección y Garantías de
No Repetición $ 1.501.876.348,00 $ 1.811.946.501,00
Asistencia y Atención $ 237.485.168.100,00 $ 878.466.985.582,00
Reparación Integral $ 9.728.176.396,00 $ 10.116.937.568,00
Fortalecimiento Institucional $ 360.964.451,00 $ 368.033.244,00
Verdad $ 18.040.088,00 $ 18.273.122,00
Participación Efectiva de las Víctimas $ 283.701.367,00 $ 302.600.456,00
Sistemas de Información $ 158.081.221,00 $ 178.922.671,00
TOTAL $ 249.536.007.971,00 $ 891.263.699.144,00
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
Se evidencia las fuentes de financiación por dependencia o entidades de apoyo, así:
Ingresos Corrientes con Destinación Específica
Ingresos Corrientes con Destinación Exclusivo Departamentos
Aportes, Transferencias y Cofinanciación Nacional
Sistema General de Regalías
30
9. CONCLUSIÓN DE LA CONTEXTUALIZACION DE LA POLITICA
Con base en los objetivos y estrategias planteados por la Política Pública
Prevención del Desplazamiento Forzado, y los planes de Desarrollo Nacional:
“Pacto por la Equidad” y el Plan Departamental: “Antioquia Piensa en Grande”.
Conociendo el problema, el entorno social y económico para la ejecución de la
Política en el departamento de Antioquia, la normatividad vigente, la actualización
de artículos y otros actos administrativos en cumplimiento de las Ordenanza 06 de
2006 y las estrategias ejecutadas por la diferentes Entidades Gubernamentales, y
coordinados los objetivos con la Secretaria de Gobierno, se puede concluir que el
contenido de los programas corresponden a la descripción de las estrategias de la
Política Pública para la Prevención del Desplazamiento Forzado, La Protección, el
Reconocimiento y la Reparación de la Población Afecta por el Desplazamiento
Forzado en Antioquia, con las metas definidas, con los presupuestos finales y
recursos ejecutados para el cuatrienio 2016 – 2019 y vigencia 2019.
10. CONTROL FISCAL DE LA EJECUCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA Para la evaluación, bajo los principios del Control Fiscal, es básico conocer los siguientes conceptos: La eficiencia de un proceso productivo mide la máxima cantidad de producto que
un nivel dado de insumos puede generar (por ejemplo, el gasto público) o, alternativamente, el nivel mínimo de insumos que se requiere para generar una cantidad dada de producto. Aplica a la solución del problema”. Línea base: Es el diagnóstico inicial o la medición realizada al comienzo que sirve como marco de referencia para el cálculo de avance del indicador. En términos generales, es el valor o estimación del indicador correspondiente al periodo en el cual comienza el marco temporal. No todos los indicadores cuentan con línea base. En algunos casos los indicadores pueden ser creados desde el principio de la política y, por lo tanto, no es congruente decir que la línea base es cero (0). En estos casos la línea base corresponde a un “No Aplica”. Cuando la línea base del indicador es cero (0), es porque se cuenta con una medición concreta, en donde se identificó que previo al primer periodo de reporte no existía ningún resultado (Departamanento Nacional de Planeación, 2008).
31
Efectividad: los indicadores de efectividad gubernamental analizan la evolución de las variables claves de acción del gobierno, y con ello, medir el alcance e impacto de los beneficios sobre la población objetivo. Gobernabilidad capacidad del gobierno para formular y aplicar eficazmente políticas acertadas y el respeto de la ciudadanía y el Estado por las instituciones que regulan las relaciones económicas y sociales entre ambos. Economía: consiste en medir la eficiencia de la inversión involucrada en los programas. Enfoque territorial: es una perspectiva heurística que contempla al territorio como
el escenario socialmente construido donde ocurre todo lo social y simbólico; sin embargo, es a la vez natural, especial, social, cultural, económico, político e histórico. Evaluar la Política Pública “Prevención del Desplazamiento Forzado en Antioquia” teniendo en cuenta los principios de Control Fiscal: Economía, Eficiencia, Eficacia, Efectividad, equidad, y el impacto ambiental con el propósito de establecer su impacto, generar reflexiones críticas y determinar la relevancia en el Departamento de Antioquia y sus municipios.
Para el análisis de los resultados del cuatrienio 2016 – 2019, los datos son tomados de la información suministrada por la Secretaria de Gobierno Departamental, y los cálculos de eficacia y eficiencia con las fórmulas que se describen a continuación.
Evaluación de la eficacia: “operacionalmente, la eficacia4 es el grado en
que se alcanzan los objetivos y metas del proyecto en la población
beneficiaria, en un periodo determinado, independiente de los costos que ello
implique”. (Ernesto Cohen y Rolando Franco, 1992)
Cuadro 2. Fórmula para calcular la Eficacia de un Proyecto Social.
Fuente: Contraloría Auxiliar de proyectos especiales
4 Eficacia: si A>1, el proyecto es más que eficaz; si A=1, el proyecto es eficaz; si A<1, el proyecto es ineficaz.
A = (L/Tr)/(M/Tp) A = (L/M)/(Tr/Tp) A = (L*Tp)/(M*Tr)
CALCULO DE LA EFICACIA DE UN PROYECTO SOCIAL
EficaciaMeta
Lograda
Meta
Programada
Tiempo
Real
Tiempo
Programado
A L M Tr Tp
32
Evaluación de la eficiencia5: El concepto de eficiencia puede considerarse
desde dos perspectivas complementarias: si la cantidad de producto está
predeterminada, se persigue minimizar el costo total o medio que se requiere
para generarlo; si el gasto total está fijado de antemano, se busca optimizar
la combinación de insumos para maximizar el producto.
Cuadro 3. Fórmula para calcular la Eficiencia de un Proyecto Social.
Fuente: Contraloría Auxiliar de proyectos especiales
La Secretaria de Gobierno en su informe de gestión hace entrega del manejo de los recursos públicos, las acciones, el impacto y logros con los actores intervenidos objeto de la Política Pública “Prevención del Desplazamiento Forzado en Antioquia” buscando con ello impactar en los indicadores de resultado, en los aspectos de Intervención, Promoción, Prevención y Protección de la población del departamento de Antioquia. Partiendo de la Ordenanza 06 de mayo 30 de 2006, norma que define las pautas para desarrollar la Política, se pudo observar que la Secretaria de Gobierno buscó con sus acciones contribuir al cumplimiento de los objetivos contemplados en el artículo 2: “Los objetivos de la Política Pública, en la perspectiva de alcanzar soluciones duraderas para la población afectada por el desplazamiento forzado por la violencia en el Departamento de Antioquia: a. Fortalecer la coordinación y articulación interinstitucional para la prevención eficaz…b. Coordinar y desarrollar acciones para la atención humanitaria de emergencia de la población afectada por el desplazamiento forzado…c. Definir y orientar programas, proyectos y acciones que apunten al restablecimiento de los derechos fundamentales…d. Propiciar los medios…e. Promover acciones efectivas para garantizar el derecho a la participación y la organización de la población afectada…f. Diseñar e implementar, en el marco del Art. 13 de la Ley 387 de 1997, el Observatorio Departamental del
5 Si B>1, el proyecto es más que eficiente, si B=1, el proyecto es eficiente, si B<1, el proyecto es ineficiente.
CALCULO DE LA EFICIENCIA DE UN PROYECTO SOCIAL
B = L/(Tr*Cr)/M/(Tp*Cp)
B = L/M/(Tr*Cr)/(Tp*Cp)
B = (L*Tp*Cp)/ (M*Tr*Cr)
B = A *(Cp/Cr)
EficienciaMeta
Lograda
Meta
Programada
Tiempo
Real
Tiempo
ProgramadoCosto Real Costo Programado
B L M Tr Tp Cr Cp
33
Desplazamiento interno por la violencia...g. Fortalecer el Comité Departamental para la Atención Integral a la Población Desplazada…; entregando un informe de gestión que muestra cómo se han ejecutado los diferentes programas en pro de mejorar los indicadores y meta del cuatrienio formulada en el Plan de Desarrollo 2016 -2019. La tabla 3, contiene los programas ejecutados y los resultados obtenidos en el cuatrienio, también se puede ver la línea base para los programas que vienen implementándose desde las administraciones anteriores. En la tabla 4, se encuentra el resultado de la ejecución de los programas para el logro de los objetivos planteados por la Política Pública. La eficacia se ha calculado con la fórmula del cuadro 2, explicada la formulación en la parte superior de este capítulo. En la información podemos leer que el programa de Promoción, Prevención y Protección de los derechos humanos tuvo una línea base de 15.206 personas beneficiadas en vigencias anteriores al cuatrienio 2016 - 2019.
Tabla 3. Programas, indicadores y resultados cuatrienio 2016 – 2019.
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADOMeta =
M
Linea
Base2016 2017 2018 2019
Seguimiento a procesos de
rstitución de tierras
despojadas y abandonadas
en el Departamento
Personas atendidas con la oferta institucional de la
Gobernación, vinculadas a los procesos de
restitución de tierras.
100% ND 50% 100% 100% 150%
185831
ND
Mayor número de personas beneficiadas de
acciones, relacionadas con el respeto y protección
de los derechos humanos.
Promoción, prevención y
Protección de los Derechos
Humanos (DDHH) y Derecho
Internacional Humanitario
(DIH)
Mayor número de víctimas del conflicto armado,
avanzando en el restablecimiento del goce efectivo
de derechos por la implementación de la Ley 1448 de
2011.
Disminución de víctimas de Minas Antipersonal
(MAP), Munición sin Explotar (MUSE) y Artefactos
Explosivos Improvisados (AEI), del conflicto armado.
Protección, restablecimiento
de los derechos y reparación
individual y colectiva a las
víctimas del conflicto armado.
Acción Integral contra minas
antipersonla (MAP), Munición
sin Explotar (MUSE) y
Artefactos Explosivos
Improvisados (AEI)
20000 1602 17625 5550 428915206
36 16 26 34 36
260163 18023 41856 17977 1434
34
El programa protección, restablecimiento de los derechos y reparación individual, venía con una línea base de 185.831 personas en los procesos de restablecimiento. Y los programas Acción Integral contra minas y la oferta institucional son acumulativos por vigencia por lo tanto No se definieron con una línea base por las características de los mismos actos y problemática que busca disminuir. A continuación, se interpreta los resultados de la ejecución de cada uno de los programas.
Promoción, Prevención y Protección de los Derechos Humanos (DDHH)
y Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La meta para el cuatrienio fue atender 20.000 personas, partiendo de una línea base de 15.206, meta que se cumplió con un nivel de ejecución del 1,45%, con 45 puntos porcentuales por encima de lo esperado, atendiendo 29.066 personas en total en el cuatrienio.
Tabla 4. Efectividad indicadores de resultado cuatrienio 2016 – 2019.
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADOMeta =
M
Linea
Base2016 2017 2018 2019
Ejecutado
Cuatrienio
= L
Efectividad
= L/MLectura
Seguimiento a procesos de
rstitución de tierras
despojadas y abandonadas
en el Departamento
Personas atendidas con la oferta institucional de la
Gobernación, vinculadas a los procesos de
restitución de tierras.
100% ND 50% 100% 100% 150% 150% 1,5%Más que
eficaz
185831
ND
Mayor número de personas beneficiadas de
acciones, relacionadas con el respeto y protección
de los derechos humanos.
Promoción, prevención y
Protección de los Derechos
Humanos (DDHH) y Derecho
Internacional Humanitario
(DIH)
Mayor número de víctimas del conflicto armado,
avanzando en el restablecimiento del goce efectivo
de derechos por la implementación de la Ley 1448 de
2011.
Disminución de víctimas de Minas Antipersonal
(MAP), Munición sin Explotar (MUSE) y Artefactos
Explosivos Improvisados (AEI), del conflicto armado.
Protección, restablecimiento
de los derechos y reparación
individual y colectiva a las
víctimas del conflicto armado.
Acción Integral contra minas
antipersonla (MAP), Munición
sin Explotar (MUSE) y
Artefactos Explosivos
Improvisados (AEI)
29066 1,45%Más que
eficaz20000 1602 17625 5550 428915206
Ineficaz
36 16 26 34 36 36 1,0% Es Eficaz
79290 0,30%260163 18023 41856 17977 1434
35
Se puede observar en el gráfico 1, que la atención más alta fue en el año 2017 con 17.625 personas, y la vigencia 2016 solo alcanzó un total de 1.602 personas.
Gráfico 1. Evolución efectividad del Programa Promoción, Prevención y Protección 2016 – 2019.
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
Protección, restablecimiento de los derechos y reparación individual y
colectiva a las víctimas del conflicto armado.
Para el restablecimiento de víctimas se partió de una línea base de 185.831, con goce de sus derechos, y se ejecutó al 0,30% con 70 punto porcentual por debajo de lo programado, con un total de 79.280 víctimas en el programa de restablecimiento. Meta no superada para el cuatrienio. El nivel de atención de las víctimas fue muy parejo en los años 2016 y 2018, para el año 2017 la atención de víctimas tuvo su mayor impacto logrando restablecer un total de 41.856 y en la vigencia 2019 fue mínima la atención con un total de 1.434 persona. Ver gráfico 2 de la tendencia del programa.
0
10000
20000
30000
40000
50000
2016 2017 2018 2019 Acumulado
Promoción, Prevención y Protección Cuatr ienio 2016 - 2019
Meta Linea Base Resultados
36
Gráfico 2. Evolución efectividad del Programa de Protección, Restablecimiento y
Reparación 2016 – 2019.
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
Acción Integral contra minas antipersonal (MAP), Munición sin Explotar
(MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI)
El resultado de víctimas antipersonal y artefactos se logró con una ejecución al 100%. La disminución de víctimas de minas se atendió de forma gradual y se cumplió con una meta de 36 personas. Para la vigencia 2016 se atienden 16 personas, para la vigencia 2017 se asisten 10 y se conserva la tendencia a bajar con 8 y 2 personas respectivamente en la vigencia 2018 y 2019 con un total de 36, para el cumplimiento de la meta. En el gráfico 3 se ve el comportamiento y la tendencia de la acción integral.
0
100000
200000
300000
2016 2017 2018 2019 Acumulado
Protección, Restablecimiento y Reparación Cuatrienio 2016 - 2019
Meta Linea Base Resultados
37
Gráfico 3. Evolución efectividad del Programa Acción Integral contra Minas, 2016
– 2019.
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
Seguimiento a procesos de restitución de tierras despojadas y
abandonadas en el Departamento.
La oferta institucional supero la meta con 50 puntos por encima de lo esperado. Resultado que se toma como el cumplimiento del cuatrienio. Es de anotar que no hay línea base, se parte la demanda y solicitudes realizadas para la atención en los diferentes programas y del cruce de datos contemplados en el RUT.
Gráfico 4. Evolución efectividad del Programa de Seguimiento a Procesos de
Restitución de tierras 2016 – 2019.
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
0
50
100
150
200
2016 2017 2018 2019 Acumulado
Seguimiento a Procesos de Restitución
Meta Linea Base Resultados
0
10
20
30
40
2016 2017 2018 2019 Acumulado
Acción Integral Contra MinasCuatrienio 2016 - 2019
Meta Linea Base Resultados
38
El logro de estas metas ha estado acompañado de unos productos que se cumplieron por encima de lo esperado, como se puede ver en la tabla 5, con excepción del indicador del seguimiento al proceso de restitución de tierras que solo se cumple al 50%, es decir con 50 puntos porcentuales por debajo de lo programado. El programa de Promoción, Prevención y Protección de los derechos humanos ejecuto los tres productos que cumplieron la meta programada. Protección, Restablecimiento de los Derechos y Reparación Individual y Colectiva a las Víctimas, logró un cumplimiento de las metas programadas, con programas por encima de lo programado. El programa acción Integral contra minas antipersonales, cumplió por encima de lo programado, los objetivos de los tres indicadores de producto que apuntaron a mitigar el impacto negativo y al fortalecimiento con programas de desminado y estrategias de educación para el riesgo. Se impactó en el componente Equidad de género e inclusión, se visualiza un enfoque territorial centrado en los municipios focalizados como prioridades para la atención de la problemática del desplazamiento forzado y las víctimas del conflicto armado. “Que incluye un porcentaje muy alto a víctimas de desplazamiento forzado, según cifras de la Red Nacional de Información con corte de abril 2020, 1.810.284 personas registradas en la categoría de víctimas por ocurrencia en Antioquia. De las cuales 1.538.704 son víctimas de desplazamiento forzado, es decir, el 85% del total de las víctimas de Antioquia son población desplazada. Se resalta que la Ley 1448 de 2011 es complementaria a la Ordenanza departamental 06 de mayo 30 de 2006, ya que su objetivo fue dictar medidas de atención, asistencia y reparación integral de manera amplia e incluyente, reconociendo además del desplazamiento forzado, otros hechos victimizantes, cometidos en el marco del conflicto armado interno” (Secretaria de Gobierno, 2019) Continuando con esta parte del análisis del control fiscal, se evalúa la ejecución real de los presupuestos, para el cuatrienio y vigencia 2019. Para la ejecución de los programas se contó con una inversión de Dos Billones Doscientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Un Millones Trescientos Veintiún Mil Trecientos Veinte Tres Pesos ($2.275.561.321.323.00)
39
Tabla 5. Evaluación de los indicadores de eficacia cuatrienio 2016 – 2019
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO INDICADOR DE PRODUCTOMETA =
M
RESULTADO =
L
EFICACIA =
L/MLECTURA
Mesas Técnicas de Trabajo en
Derechos Humanos (DDHH), con los
planes de acción implementados.
11 11 1,0% Eficaz
Municipios fortalecidos para la
atención a la población afectada, con
la estrategia de promotores de
Derechos Humanos (DDHH), Dercho
Internacional Huamanitario (DIH) y
Víctimas.
15 15 1,0% Eficaz
Estrategias comunicacionales para la
difusión, reconocimiento, protección,
defensa y garantía de los Derechos
Humanos (DDHH) y la resollución
pacífica de conflictos.
7 28 4,0%Más que
eficaz
Plan de acción territorial
departamental ajustado e
implementado.
1 1 1,0% Eficaz
Diseño e implementacipon del
modelo territorial de la estrategia de
corresponsabilidad para la
articulación de la oferta institucional.
1 1 1,0% Eficaz
Municipios focalizados e intervenidos
con acciones para la prevención de
reclutamiento forzado de Niños,
Niñas, Jóvenes y Adolescentes.
18 63 3,5%Más que
eficaz
Municipios focalizados con acciones
de reintegración comunitaria.41 41 1,0% Eficaz
Municipios asesorados y
acompañados para el fortalecimiento
de la participación de las víctimas. 124 124 1,0% Eficaz
Municipios con medidas de
satisfacción en el marco de la Ley
1448 de 2011 - Memoria Histórica.
19 58 3,1%Más que
eficaz
Municipios acompañados con
medidas de reparación colectiva, en
el marco de la Ley 1448 de 2011.
22 39 1,8%Más que
eficaz
Grupos de desminado (militar o
humanitario por civiles o militares),
para mitigar el riesgo dotados y
fortalecidos.
2 11 5,5%Más que
eficaz
Víctimas de Minas Antipersonal
(MAP), (MUSE) y (AEI)
caracterizadas.
500 500 1,0% Eficaz
Estretegia de educación en el riesgo
de minas antipersonal y
comportamientos seguros.
1 1 1,0% Eficaz
Seguimiento a procesos de
rstitución de tierras
despojadas y abandonadas
en el Departamento
Personas atendidas con la oferta institucional de la
Gobernación, vinculadas a los procesos de restitución de
tierras
Sistema de intercambio de
información implementado.100 50 0,5% Ineficaz
Mayor número de personas beneficiadas de acciones,
relacionadas con el respeto y protección de los derechos
humanos.
Promoción, Prevención y
Protección de los Derechos
Humanos (DDHH) y Derecho
Internacional Humanitario
(DIH)
Mayor número de víctimas del conflicto armado, avanzando
en el restablecimiento del goce eectivo de derechos por la
implementación de la Ley 1448 de 2011.
Disminución de víctimas de minas antipersonal (MAP),
Munición sin explotar (MUSE) y Artefactos explosivos
improvisados (AEI), del conflicto armado.
Protección, Restablecimiento
de los derechos y reparación
individual y colectiva a las
víctimas del conflicto armado.
Acción Integral contra minas
antipersonla (MAP), Munición
sin Explotar (MUSE) y
Artefactos Explosivos
Improvisados (AEI)
40
En la tabla 6, se encuentran los rubros: inicial, definitivo y los recursos invertidos, en los diferentes programas del cuatrienio 2016 – 2019.
Tabla 6. Relación de presupuestos cuatrienio 2016 – 2019
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
Los indicadores de eficiencia no se calculan, en atención a que los presupuestos iniciales y los ejecutados por cada programa no están para cada uno de los productos, y solo están los presupuestos de forma articulados por componente, con base en la información recibida por parte del Ente evaluado. Se puede observar que los programas se realizaron con un recurso por encima de lo programado y que hubo una implementación positiva en la población objeto de la Política. La tabla 7 muestra las inversiones del cuatrienio 2016 – 2019, por dependencias que, si bien no son las responsables de la ejecución, realizaron acciones que son transversales a la ejecución de la política y con ello lograr que el plan de gobierno se cumpliera en el cuatrienio. Se puede leer como cada una de las dependencias se centra en unos puntos específicos de los programas dependiendo de la misión de cada entidad. De igual forma se puede ver que se articulan entidades para apoyar unos programas concretos, como lo son los de reparación integral y los del eje transversal.
Componente Inicial Definitivo Invertido
Prevención, Protección y
Garantias de No
Repetición
$ 1.501.876.348,00 $ 1.811.946.501,00 $ 13.277.257.337,00
Asistencia y Atención $ 237.485.168.100,00 $ 878.466.985.582,00 $ 992.293.022.078,00
Reparación Integral $ 9.728.176.396,00 $ 10.116.937.568,00 $ 1.251.135.199.560,00
Fortalecimiento
Institucional $ 360.964.451,00 $ 368.033.244,00 $ 18.690.819.942,00
Verdad $ 18.040.088,00 $ 18.273.122,00 $ 105.044.237,00
Participación Efectiva de
las Víctimas $ 283.701.367,00 $ 302.600.456,00 $ 59.978.169,00
Sistemas de Información $ 158.081.221,00 $ 178.922.671,00
$ 249.536.007.971,00 $ 891.263.699.144,00 2.275.561.321.323,00$
41
Mirando la vigencia 2019, se tiene que los programas se han desarrollado de acuerdo a lo programado en el Plan de Acción. Veamos cómo ha sido la participación y/o apoyo de los diferentes entes frente a la Prevención, Protección y Garantías:
Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud: logró apoyar el
componente de prevención, protección y garantías de no repetición por
medio del ítem de protección.
42
Tabla 7. Inversiones por dependencia cuatrienio 2016 - 2019
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
43
Secretaria de Salud y Protección Social: impacta con el programa de
atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI, con diferentes
componentes: rehabilitación en salud como programas de asistencia y
atención para población pobre, y de reparación para la rehabilitación.
Secretaria de las Mujeres: impacto en varios componentes de la política
pública de víctimas relacionados con prevención, protección y garantías de
no repetición por medio del ítem de prevención temprana en donde se
destinan recursos para identificar las causas que generan las violaciones de
los derechos humanos y/o las infracciones al DIH y adoptar medidas para
evitar su ocurrencia: asistencia y atención por medio de los ítems de
educación – (permanencia de la población víctima en el sector educativo).
Proyectos o iniciativas productivas y/o proyectos de generación de ingresos
para la población víctima del conflicto/empleabilidad, fortalecimiento
institucional eje transversal.
Secretaria de Educación: Apoyó el componente de asistencia y atención
por medio del ítem de educación desagregada en calidad, cobertura y
alfabetización.
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural: logró intervenir en el
componente de asistencia y atención por medio del ítem de generación de
ingresos – proyectos o iniciativas productivas.
Secretaria de Productividad y Competitividad: impacta con el
fortalecimiento de unidades productivas integradas por víctimas del conflicto
en el Bajo Cauca Antioqueño mediante acompañamiento e incentivos.
Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional – MANA: logró
acompañar el componente de asistencia y atención por medio del ítem de
alimentación en el cual se garantiza el derecho de la población víctima a
disponer de alimentos aptos para el consumo y en cantidad suficientes.
DAPARD: cumplimiento de las acciones, funciones y competencias
señaladas en la Ley 1523 de 2012 y sus decretos reglamentarios para dar
cumplimiento a la Política Pública de Atención, Asistencia y Reparación
Integral a las víctimas del conflicto armado.
44
Secretaria de Infraestructura Física: Acompañó el componente de
reparación integral por medio del ítem de retornos y reubicaciones en el cual
se clasifican los recursos destinados en la garantía de atención integral a las
personas víctimas de desplazamiento forzado. (Transporte terrestre o fluvial,
combustible, alimentos, comunicaciones) infraestructura y servicios públicos,
acciones con la comunidad para facilitar el retorno.
Gerencia de Servicios Públicos: logró impactar el componente de
asistencia y atención por medio del ítem de vivienda – mejoramiento de
vivienda que corresponde a los recursos destinados a brindar apoyo para el
mejoramiento de vivienda dirigido a víctimas del conflicto armado.
Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA: logró apoyar
el componente de asistencia y atención por medio de ítem de vivienda en
mejoramiento de construcciones de viviendas.
INDEPORTES: Se logró atender el componente de reparación integral por
medio de los ítems de rehabilitación y de satisfacción o reparación simbólica.
En la tabla 8, se puede ver el logro de las instancias y los diferentes avances de la
ejecución de los programas en el cuatrienio 2016 – 2019, y de esta misma tabla se
puede leer la ejecución de las metas en la vigencia 2019, y las observaciones
encontradas al finalizar el cuatrienio.
La tabla 9 fuentes de financiación, resume los aportes de las diferentes dependencias que se articulan en el plan de desarrollo para realizar programas y ofertas institucionales para la población víctima del Desplazamiento Forzado en Antioquia.
45
Tabla 8. Logros por instancias cuatrienio 2016 – 2019
INSTANCIAS NUMERO DE SESIONES
LOGRO AVANCES 2016 2017 2018 2019
Comités de Justicia Transicional 1 3 4 3 11
Socialización de propuestas y recomendaciones entre los actores involucrados.
Subcomité de medidas de Satisfacción 1 1 5 2 9
Fue el escenario de articulación entre las entidades que tienen competencia en asuntos de reparación simbólica de las víctimas.
Subcomité Prevención, Protección y garantías de no repetición
8 5 4 2 19 Atención oportuna y articulada a los desplazamientos masivos que se presentaron en 2019.
Subcomité de Rehabilitación 3 0 5 2 10
Se delegó por competencia a la dirección seccional de salud el funcionamiento del subcomité.
Subcomité de Reparación Colectiva 1 1 5 2 9
Se identificó cuál es la oferta que desde la Gobernación se puede sumar para el cumplimiento de los Planes Integrales de Reparación Colectiva.
Subcomité Restitución
2 2 4 1 9
Articulación con la URT para la realización de jornadas de restitución de jornadas de restitución y acceso a servicios.
Subcomité Sistemas de Información
3 1 3 1 8 Se formuló e implementó el Plan Operativo.
Subcomité de Restablecimiento
7 0 3 1 11
Se logró reactivar el comité, con un número de sesiones que permitieron construir y evaluar el plan de acción.
Subcomité de Fortalecimiento y participación de las víctimas
1 0 4 1 6
Se acompañó la elección de representantes a los comités, consejos y subcomités, los cuales orientan a las entidades para la implementación efectiva de las medidas de atención.
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos
46
Tabla 9. Fuentes de financiación 2019
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
Con base en el Art. 5, numeral c: Definición e implementación de un protocolo para la gestión de programas de restablecimiento, de la Ordenanza 06 de mayo 30 de 2006, se pudo evidenciar que las siguientes actividades apuntaron al logró descripto en este párrafo. Los impactos en los indicadores de producto para la vigencia 2019, se pueden ver en el siguiente cuadro 4, que contiene los programas y los productos.
DEPENDENCIA FUENTE DE FINANCIACION INVERSION
Gerencia Infancia, Adolescencia y JuventudIngresos Corrientes con Destinacion
Especif ica (recursos propios) 588.525.191,00$
Gerencia Indigena
Ingresos Corrientes con Destinacion
Especif ica (recursos propios) 219.000.000,00$
Secretaria de las Mujeres
Ingresos Corrientes con Destinacion
Especif ica (recursos propios) 1.241.375.978,00$
Ingresos Corrientes con Destinacion
Exclusivo Departamentos 1.100.000.000,00$
Ingresos Corrientes con Destinaciòn
Especif ica (Recursos Propios) 793.588.095,00$
Secretaria de Educaciòn
Ingresos Corrientes con Destinaciòn
Especif ica (Recursos Propios) 413.857.256.932,00$
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
Ingresos Corrientes de Libre Destinacion
Exclusivi Departamentos 1.499.449.164,00$
Secretaria de Productividad y Competitividad
Ingresos Corrientes con Destinaciòn
Especif ica (Recursos Propios) 81.950.000,00$
Ingresos Corrientes de Libre Destinacion
Exclusivi Departamentos 8.053.006.041,00$
Aportes, Transferencias y Confinaciaciòn
Nacional 25.062.234.624,00$
Sistema General de Regalias 372.670.560,00$
Departamento Administrativo del Sistema para la
Prevenciòn, Atenciòn y Recuperaciòn de
Desastres
Ingresos Corrientes con Destinaciòn
Especif ica (Recursos Propios)
11.301.360,00$
Secretaria de Infraestructura FisicaIngresos Corrientes con Destinacion
Especif ica (recursos propios) 6.938.557.035,00$
Gerencia de Servicios Pùblicos
Sistema General de Participaciòn SGP
(incluye el 42% de libre
destinación,municipios de 4,5 y 6 categoría) 7.337.196.205,00$
VIVA: Empresa de vivienda e infraesturtura de
Antioquia
Ingresos Corrientes con Destinaciòn
Especif ica (Recursos Propios) 4.012.096.279,00$
INDEPORTES Antioquia
Ingresos corrientes de libre destinaciòn
(excepto el 42% de libre desinación
municipios categoria 4,5 y 6. Exclusivo
Municipios. 1.102.494.650,00$
Secretaria de GobiernoIngresos Corrientes con Destinacion
Especif ica (recursos propios) 1.749.619.663,00$
474.020.321.777,00$
Secretaria Seccional de Salud y Protecciòn
Social
Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional
MANA
TOTALES
47
Cuadro 4. Impacto indicador de producto 2019
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
Los programas fueron ejecutados en la vigencia 2019 de tal forma que se logró los resultados del cuatrienio.
PROGRAMA PRODUCTOBENEFICIOS
OBTENIDOS
Mesas técnicas de trabajo en Derechos Humanos
(DDHH), con planes de acción implementados11
Estrategias comunicacionales para la difusión,
reconocimiento, protección, defensa y garantia de
los Derechos Humanos (DDHH) y la resolución
pacífica de conflictos.
7
Municipios fortalecidos para la atención a la
poblacion afectada, con la estrategia de promotores
de Derechos Humanos (DDHH), Derecho
Internacional Humanitario (DHI) y Víctimas.19
Seguimiento a procesos de restitución
de tierras despojadas y abandonadas en
el Departamento
Sistema de intercambio de información
implementado. 1
Municipios focalizados e intervenidos con acciones
para la prevención de reclutamiento forzado de
niños, niñas, jóvenes y adolescentes (NNJA) 18
Municipios con medidas de satisfacción en el marco
de la Ley 1448 de 2011 - Memoria Histórica
Municipios focalizados con acciones de
reintegración comunitaria. 8
Municpios acompañados con medidas de reparación
colectiva, en el marco de la Ley 1448 de 2011 1
Municipios asesorados y acompañados para el
fortalecimieno de la participación de las víctimas 20
Acción Integral contra Minas
Antipersonal (MAP), Munición sin
Explotar (MUSE) y Artefactos Explosibos
Improvisados (AEI).
Estrategias de educación en el riesgo de minas
antipersonal y comportamientos seguros 1
Planes de prevención y contingencia
actualizados
Plan de prevención de partamental actualizado1
Apoyo a la protección a personas en
situación de riesgo extraordinario
Solicitudes a demanda de apoyo, acompañamiento
y/o asesoria a personas en inminente situación de
riesgo extraordinaio 34
Seguimiento a protecciones colectivas
de predios en Antioquia
Número de solicitudes de los municipios para
asesoría en seguimiento a protecciones colectivas
de predios atendidas
Se
acompañaron
bajó solicitud
Ayuda humanitaria inmediata a
municipios para la atenión
Solicitudes atendidas por demanda de los
municipios para entrega de ayuda humanitaria
inmediata para desplazadmientos forzados.383
Promoción, prevención y protección de
los Derechos Humanos (DDHH) y
Derecho Internacional Humanitario
(DIH)
Protección, restablecimiento de los
derechos y reparación individual y
colectiva a las victimas del conflicto
armado
48
11. CONCLUSIONES DE LA EVALUACION DEL CONTROL FISCAL.
Dentro del Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia se observan varios
programas que promueven la atención y asesoría a toda la población víctima,
con el objetivo de “contribuir al restablecimiento del goce efectivo de
derechos de la población víctima del conflicto armado” Los proyectos o
programas se ejecutan de acuerdo a los componentes o procesos requeridos
como lo son las reparaciones colectivas, la reintegración comunitaria, la
memoria histórica, las acciones para la prevención del reclutamiento forzado
de NNAJ, acción integral contra minas antipersona, y además se brindan los
medios necesarios para la participación de las víctimas a las actividades a
desarrollar. (Secretaria de Gobierno, 2019) .
Los indicadores de eficiencia no se calculan, en atención a que los
presupuestos iniciales y los ejecutados por cada programa no están para
cada uno de los productos, y solo están los presupuestos de forma
articulados por componente, con base en la información recibida por parte
del Ente evaluado.
Con forme al propósito de la Ordenanza 06 de 2006, se observa una
articulación con las distintas instancias del orden nacional responsables de
la Política Pública de víctimas y con las instituciones del nivel departamental
para lograr los avances en la implementación de la ley 1448 de 2011.
Dentro de la ejecución del cuatrienio se contemplan los ajustes al
funcionamiento del Observatorio, estipulado en la Ordenanza 06 de 2006, el
cual que con el Decreto 2019070004860 de agosto 2019 reglamenta el
funcionamiento del mismo.
49
12. TRAZABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
Para realizar la trazabilidad6 del cumplimiento de la Política Pública de Prevención
del Desplazamiento Forzado en los municipios del Departamento de Antioquia, a través de la Secretaria de Gobierno, encargada de su implementación y ejecución, la información se obtiene de los archivos entregados digitales. Esta evaluación es con base en información recibida por el Ente evaluado y que no se alcanza a verificarse en el territorio, dadas las condiciones actuales, del estado de emergencia sanitaria por el COVID19. Con base en el Enfoque de Derechos: “Garantizar la realización de los derechos para las personas afectadas por el desplazamiento y el reconocimiento de éstas como sujetos de derechos, Art. 3, numeral d. De los criterios orientadores de la Política: Se implementarán planes y programas orientados por la búsqueda y construcción de equidad entre hombres y mujeres, tendiente a superar la discriminación existente y que posibilite las condiciones de participación en igualdad de condiciones Art. 4, numeral d”. Una muestra de la ejecución con un enfoque diferencial, en el cual se ve la aplicación de los ítems del párrafo anterior, se puede leer en los datos de la tabla 10, en ella se observa que la población atendida ha sido clasificada por Género y por Etnia. Los hechos victimizantes no han tenido distinción. En la tabla se puede ver que tanto las mujeres como los hombres han sido víctimas en una tendencia muy pareja y que fueron atendidos por las ofertas institucionales.
Tabla 10. Víctimas por enfoque diferencial
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
La población de Indígenas, ha tenido una participación en la atención y reparación, al igual que la población de negros, afrodescendiente y palenqueros hicieron parte de la población impactada con los programas de víctimas en el cuatrienio 2016 – 2019.
6 La trazabilidad es la “capacidad de rastrear la historia, aplicación o localización de una entidad (actividad, proceso,
producto, organización, persona) por medio de información almacenada en registros. Es la capacidad de identificar un producto y proveer información acerca de su historia, origen y su proceso de elaboración.
N° de Víctimas por Género N° de Víctimas por pertenencia a Étnia
F M LGTBI Indígena Negros, Afrodescendientes, Palenqueros Rrom
634,874 558,591 885 10,022 78,920 36
50
La Secretaria de Gobierno y las entidades gubernamentales, han trabajado de forma incluyente en la atención y reparación. Las campañas institucionales de prevención presentan unos aportes significativos para el logro de los objetivos del cuatrienio y de la vigencia 2019. La población Rrom o Gitana, no ha sido ajena a la violencia del Departamento, aunque los datos son bajos, también fue víctima del desplazamiento forzado, población impactada positivamente con la oferta del Departamento durante el cuatrienio 2016 – 2019. El gráfico 5, muestra la participación de los diferentes grupos poblacionales en los programas ejecutados, donde se ve una vez más, la atención y oferta con enfoque de género del Plan de Desarrollo.
Gráfico 5. Víctimas por Enfoque Diferencial
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
Una característica importante en los datos encontrados en el RUV, y traídos para el informe en la Tabla 11, es la población tipificada por edades, que permite ver el efecto positivo en las campañas de prevención al retirar del conflicto a niños, niñas y menores de edad.
Tabla 11. Población víctima por rangos de edad
No. De Víctimas por Rango Edades
0 - 5 6 - 12 13 - 17 18 - 26 27 - 60 61 - más
54.111 131.932 153.576 245.309 482.536 124.849 Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
Víctimas por Enfoque Diferencial
F
M
LGTBI
INDIGENA
51
Interpretando cada cifra por rango de 1.192.313 personas apoyadas, el 28% corresponde a menores de edad, un 20% son jóvenes, un 42% son adultos y el resto es población mayor de 61 años. Como se puede ver claramente en el gráfico 6.
Gráfico 6. Victimas por rango de edades
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
El Art. 6 de la Ordenanza 06 de 2006: Estrategias Transversales para una integración dinámica, funcional y territorial del sistema. Se puede evidenciar con el informe de cierre de la Secretaria de Gobierno, el estado en que han quedado los diferentes planes, cuadro 5.
Cuadro 5. Estado de los Planes de 2016 - 2019
PLAN ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
Etapa Fecha Estado Observaciones
Plan de Acción Territorial
Implementación y Seguimiento
28/12/2018
Actualizado Mejorarlo, operativizarlo y asignar recursos
Plan de Contingencia
Aprobado 11/12/2018
Plan de Prevención y Protección
Implementación y Seguimiento 27/11/2018
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
La Gobernación de Antioquia no cuenta con Plan de Retornos y reubicaciones, ni Plan de Reparaciones colectivas, toda vez que la Política Pública, la ley 1448 de 2011 contempla una estrategia de corresponsabilidad entre los municipios y las entidades territoriales del nivel departamental.
Víctimas por rango de edades
0 - 5 6 - 12 13 - 17 18 - 26 27 - 60 61 - más
52
En el cuadro 6, se tiene un avance de la ejecución de las sentencias con relación a la restitución de tierras y se ve que se ejecutó con una eficiencia del 100% con base en lo programado.
Cuadro 6. Estado de la Restitución de Tierras
Restitución de Tierras y Territorios
Ordenes que afectan
Avance Observaciones
Sentencias de Restitución de Tierra
783 100%
Mayor celeridad por parte de la URT. Mejorar los canales de comunicación y articulación entre sus direcciones territoriales Medellín y Urabá.
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
El informe de la Secretaria de Gobierno se muestra como la Gobernación de Antioquia apoyó a los municipios que solicitaron, a través de asesoría, asistencia técnica con profesionales y herramientas para la obtención de información. Estos municipios fueron:
Briceño
Buriticá
Medellín
San Luis
Se tiene del informe final el reporte de riesgos y los seguimientos realizados a los municipios priorizados para la ejecución de la Política. Los municipios se benefician por la participación de los subcomités (fortalecimiento, rehabilitación, restablecimiento, sistemas de información) y de los comités ejecutivos de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de las Víctimas y el Comité Territorial de Justicia Transicional. Dentro de los soportes del informe de cierre se anexaron fotos de la celebración del día del desplazado, Art. 12 de la Ordenanza 06 de 2006: “Adóptese el 20 de junio de cada año Día Internacional del Refugiado, como fecha para la celebración del Día Departamental de los Desplazados. Esta fecha deberá servir para adelantar una jornada de evaluación de cumplimiento de la Política Pública del Desplazamiento en Antioquia”
53
Cuadro 7. Municipios priorizados en el cuatrienio 2016 – 2019
Anorí Apartadó Arboletes Barbosa Bello Briceño
Cáceres Cañasgordas Carepa Caucasia Chigorodó Dabeiba
Don Matías
El Bagre Ituango Jardín Liborina Medellín
Murindó Mutatá Necoclí Pequé Puerto Berrio
Remedios
San Andrés de Cuerquia
San Juan de Urabá
San Pedro de Urabá
San Vicente Ferrer
Segovia Sonsón
Tarazá Toledo Turbo Uramita Valdivia Vigía del Fuerte
Yarumal Yondó Zaragoza Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
Resultados de Certificación territorial: “un soporte de esta certificación es el diseño, implementación y evaluación de la Política Pública de Víctimas desagregada en la plataforma del Reporte unificado del sistema de información, coordinación y seguimiento territorial de esta política (RUSICST), donde se anexan todas las evidencias de lo desarrollado. Cabe destacar que la Unidad para las Víctimas reconoció al departamento por el Nivel de Contribución Ejemplar en la ejecución de la atención y asistencia a la población víctima” (Secretaria de Gobierno, 2019).
54
13. CONCLUSIONES TRAZABILIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA
Los programas y proyectos implementados durante el cuatrienio 2016 –
2019, fueron incluyentes, se impactó en todos los actores por enfoque de
género y etnias, llegando con la asistencia a los municipios priorizados con
los recursos asignados para las víctimas, quedando claro que la asistencia
no es la solución de raíz del problema a resolver.
Las desigualdades y necesidades están presentes en todo el territorio
Antioqueño, el postconflicto aún sigue vigente y las luchas internas no se
borran con reunión y apoyos asistenciales programados esporádicamente,
en cualquier momento se puede presentar el desplazamiento y la
confrontación de grupos al margen de la ley.
Impactar en las zonas de alto riesgo y población vulnerable, identificada y
focalizada previamente con los diagnósticos y caracterización, debería ser
priorizadas en todas las administraciones con el fin de mitigar el
desplazamiento y apropiación ilegal del territorio.
Grandes logros se visualizaron en las estrategias implementadas contra
minas antipersonales y la disminución del reclutamiento forzado de menores,
se puede concluir que las estrategias si han sido bien orientadas, pudiendo
mejorar la continuidad y permanencia en las zonas focalizadas con la
problemática.
55
14. CONCLUSIONES FINALES
“Antioquia Piensa en Grande” en su plan de desarrollo bajo el contexto de
Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, desarrolló programas que se
articularon con la Ordenanza 06 de mayo 30 de 2006, en su artículo 5: líneas
estratégicas para la implementación de la política, para la atención de
conflictos generados por la presencia de actores armados, organizaciones
delincuenciales y acciones de violencia generalizadas que afectan a los
ciudadanos y a los territorios, con estrategias de prevención, contingencia,
convivencia ciudadana y fortalecimiento a los sistemas de justicia
establecidos por la Constitución y las leyes.
Según la Ordenanza 06 de mayo 30 de 2006, Art. 8 Financiación. a. El comité
Departamental para la Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia, realiza un estimativo de los costos de atención a la población
afectada por el desplazamiento, según los criterios y los recursos necesarios
de acuerdo a las obligaciones y competencias institucionales, en
concordancia con las responsabilidades e indicadores definidos por el
Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población en situación de
desplazamiento y la normatividad vigente. b. A partir de la fecha, todas las
entidades del orden departamental, con competencias para la atención
integral a la población afectada por el desplazamiento, deberán definir
acciones, recursos específicos y diferenciales para la atención integral a la
población afectada por el desplazamiento, cumpliendo como mínimo la meta
planteada por el Gobierno Nacional y demás instancias que lo regulen,
adicionando recurso hasta que se logre la reparación y soluciones duraderas
para la población afecta por el desplazamiento. La articulación y los aportes
se han evidenciado en el informe de cierre entregado por la Secretaria de
Gobierno de Antioquia.
56
Con base en los objetivos y estrategias planteados por la política pública
Prevención del Desplazamiento Forzado, y los planes de Desarrollo
Nacional: “Pacto por la Equidad” y el plan Departamental: “Antioquia
Pensando en Grande” Conociendo el problema, el entorno social y
económico para la ejecución de la Política en el departamento de Antioquia,
la normatividad vigente, la actualización de artículos y otros actos
administrativos en cumplimiento de la Ordenanza 06 de 2006 y las
estrategias ejecutadas por la diferentes Entidades Gubernamentales, y
coordinados los objetivos con la Secretaria de Gobierno, se puede concluir
que el contenido corresponden a la descripción de las estrategias de la
Política Pública para la Prevención y Protección de la Población Afecta por
el Desplazamiento Forzado en Antioquia, con las metas definidas, con los
presupuestos finales y recursos ejecutados para el cuatrienio 2016 – 2019 y
vigencia 2019.
Dentro del Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia se observan varios
programas que promueven la atención y asesoría a toda la población víctima,
con el objetivo de “contribuir al restablecimiento del goce efectivo de
derechos de la población víctima del conflicto armado” Los proyectos o
programas se ejecutan de acuerdo a los componentes o procesos requeridos
como lo son las reparaciones colectivas, la reintegración comunitaria, la
memoria histórica, las acciones para la prevención del reclutamiento forzado
de NNAJ, acción integral contra minas antipersona, y además se brindan los
medios necesarios para la participación de las víctimas a las actividades a
desarrollar. (Secretaria de Gobierno, 2019).
Conforme al propósito de la Ordenanza 06 de 2006, se observa una
articulación con las distintas instancias del orden Nacional responsables de
la Política Pública de víctimas y con las instituciones del nivel Departamental
para lograr los avances en la implementación de la ley 1448 de 2011.
Evidenciando la articulación y Coordinación con la Secretaria de Gobierno.
57
Dentro de la ejecución del cuatrienio se contemplan los ajustes al
funcionamiento del Observatorio, estipulado en la Ordenanza 06 de 2006, y
61 con el Decreto 2019070004860 de agosto 2019, se reglamenta el
funcionamiento del mismo.
Los programas y proyectos implementados durante el cuatrienio 2016 –
2019, fueron incluyentes, se impactó en todos los actores por enfoque de
género y etnias, llegando con la asistencia a los municipios priorizados con
los recursos asignados para las víctimas. Quedando claro que la asistencia
no es la solución de raíz del problema a resolver.
Las desigualdades y necesidades están presentes en todo el territorio
Antioqueño, el postconflicto aún sigue vigente y las luchas internas no se
borran con reunión y apoyos asistenciales programados esporádicamente.
En cualquier momento se puede presentar el desplazamiento y la
confrontación de grupos al margen de la ley.
Apoyar las zonas de alto riesgo y población vulnerable, identificada y
focalizada previamente con los diagnósticos y caracterización, debe ser
prioridad en todas las administraciones con el fin de mitigar el
desplazamiento y apropiación ilegal del territorio.
Grandes logros se visualizaron en las estrategias implementadas contra
minas antipersonales y la disminución del reclutamiento forzado de menores,
se puede concluir que las estrategias si han sido bien orientadas, faltando
continuidad y más permanencia en las zonas focalizadas con la problemática.
58
15. REFLEXIONES CRÍTICAS
El desplazamiento forzado, las víctimas de los conflictos internos y la
violación a los derechos humanos, ha sido por años un problema que si bien
se ha mitigado no se ha logrado cortar de raíz. Las luchas de poderes han
desestabilizado a un país que tiene todo para ser uno con mejor calidad de
vida y que aún no logra salir de la pobreza y marginación de unas
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.
Las estrategias implementadas no han tenido el acompañamiento
permanente y un adecuado seguimiento para la toma de decisiones y mejorar
las acciones emprendidas buscando cumplir lo estipulado en la Política
Pública, por el sistema administrativo público, en el que se ve una rotación
de personal en los procesos. Se tiene la herramienta, pero cabe preguntarse
¿es posible qué, con rotación de operadores, y profesionales se pueda ser
constantes y conseguir los resultados esperados?
¿Cuánto se pierde en los empalmes y entrenamiento de personal para el
ejercicio de acompañamiento y atención a la población víctima del conflicto?
y ¿será qué si son confiables las bases de datos cuando se quedan periodos
sin actualizarse entre los empalmes de gobiernos?
Los Objetivos del Desarrollo Sostenibles, ¿deberían articularse más a las
necesidades de cada población y no la población a ellos? Las acciones en
pro de Prevenir son buenas, la pregunta es: ¿Las acciones si son realmente
las que pueden disminuir el problema actual?
Dónde se articulan las oportunidades con la problemática hoy: ¿cuándo en
un escenario real, los actores armados llegan y hacen salir de su propiedad
o terreno una persona, familia o comunidad entera?
59
No se puede hacer un prorrateo para cada programa ya que el presupuesto
entregado está globalizado para dos programas y no es explícito en el detalle
para cada producto. ¿Será que si al clasificar por producto se encuentra que
la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto ejecutado
obedece a factores ajenos a la atención en los programas o no contemplados
en la planeación?
¿Por qué se han invertido el doble de los recursos programados para estos
distintos programas? ¿Cuál es la justificación para encarecer los programas?
60
16. BIBLIOGRAFIA
Asamblea Departamental de Antioquia. (2003). Ordenanza 017. Medellín.
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA. (2006). ORDENANZA 06
DE MAYO 30. MEDELLIN.
Asamblea Departamental de Antioquia. (2006). Ordenanza 46 de mayo 30.
Medellín.
Asamblea Departamental de Antioquia. (2016). Ordenanza 46. Medellín.
Contraloría General de Antioquia. (2018).
Resolución Nª 2018500000954. Medellín.
Departamento Nacional de Planeación. (2008).
Plan de Desarrollo Nacional. Bogotá. Ruíz, N. Y. (2011).
El Desplazamiento Forzado en Colombia. Medellín.
Secretaria de Gobierno. (2019). Informe de Cierre. Medellín.
61
17. NORMATIVIDAD APLICABLE
La estrategia de prevención del desplazamiento forzado, la protección,
reconocimiento y reparación de los derechos de la población afectada, por el
desplazamiento forzado por la violencia, se basa en la Ley y decretos vigentes.
Anexo 1. Normatividad aplicable Inventario y análisis de la normatividad de política nacional en la que se sustenta.
No Norma Categoría y
fecha Descripción.
1 Nacional
Artículo 2 Constitución Política Nacional de Colombia
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
2 Nacional CONPES 2804 DE 1995
Programa Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia
3 Nacional CONPES 2924 DE 1997
Sobre el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada.
4 Nacional Artículo 131 de la Ley 418 de 1997
Consagra instrumentos para la búsqueda de la convivencia, y establece una vigencia de dos años para que el Estado propenda por el establecimiento de un orden social.
5 Nacional Ley 387 de 1997 Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. Contempla la estructura del SNAIPD.
6 Nacional CONPES 3057 DE 1999
Plan de acción para la prevención y atención del desplazamiento forzado
7 Nacional Artículo 1 de la Ley 548 de 1999
Prorroga la vigencia de la ley por el término de tres años más.
8 Nacional Ley 599 de 2000 El código penal colombiano incorporo dos tipos penales referidos al desplazamiento forzado: uno como delito común y otro como crimen de guerra, asociándolo a las situaciones de conflicto armado.
9 Nacional Decreto 2569 de 2000
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones.
10 Nacional CONPES 3115 de 2001
Distribución presupuestal sectorial para el cumplimiento del CONPES 3057, Plan de Acción para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado.
11 Nacional Decreto 2700 de 2001
Por el cual se reglamentan parcialmente los Artículos 7º,17° y 19° de la Ley 387 de 1997, en lo relativo a la oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento.
12 Nacional Artículo 1 de la Ley 782 de 2002
Prorroga la vigencia de la Ley por cuatro años.
13 Nacional Decreto 2131 de 2003
Por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 19 de la Ley 387 de 1997, el último inciso del artículo 54 de la Ley 812 de 2003 frente a la atención en salud de la población desplazada por la violencia y se dictan otras disposiciones.
14 Nacional Ley 833 de 2003 Ley que aprueba el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptado en Nueva York el 25 de mayo del 2000.
15 Nacional CONPES 3400 de 2005
Metas y priorización de recursos presupuestales para atender a la población desplazada por la violencia en Colombia.
16 Nacional Decreto 250 de 2005
Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones.
17 Nacional Ley 975 de 2005 Dicta disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la Paz nacional y, dicta otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
62
18 Nacional Artículo 1 de la Ley 1106 de 2006
Artículo 1 prorroga por cuatro años más.
19 Departamental Ordenanza 06 Mayo 30 de 2006
Por medio de la cual se adopta la política pública para la prevención del desplazamiento forzado, la protección, reconocimiento y reparación de los derechos de la población afectada por el
desplazamiento forzado por la violencia en el Departamento de Antioquia.
20 Departamental Ordenanza 02 de 12 de Marzo de 2007
Por medio de la cual se adopta el Plan Integral Único PIU, para la población afectada por el desplazamiento forzado por la violencia en el Departamento de Antioquia.
21 Nacional Decreto 1290 de 2008
Crea el Programa: ¨Reparación individual por Vía Administrativa para las víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley. Creación del a figura indemnización¨.
22 Nacional Ley 1190 de 2008 Por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la violencia y se dictan otras
disposiciones.
23 Nacional CONPES 3616 de 2009
Lineamientos de la política de generación de ingresos para la población en situación de pobreza extrema y/o desplazamiento.
24 Nacional Decreto 1997 de 2009
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1190 de 2008 y se dictan otras disposiciones.
25 Nacional Decreto 2965 de 2009
Por el cual se reglamenta el artículo 6 de la Ley 1190 de 2008 y modifica parcialmente el Decreto 2675 de 2005 en lo relacionado con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural para la Población Desplazada por la Violencia.
26 Nacional Ley 1421 de 2010 Prorroga por cuatro años más la vigencia de la Ley.
27 Nacional CONPES 3712 de 2011
Plan de Financiación Para la Sostenibilidad de la Ley 1448 de 2011.
28 Nacional Ley 1448 de 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
29 Nacional Decreto 4633 de 2011
Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas.
30 Nacional Decreto 4634 de 2011
Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano.
31 Nacional Decreto 4635 de 2011
Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras.
32 Nacional Decreto 4800 de 2011
Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
33 Nacional Decreto 4829 de 2011
Por el cual se reglamenta el capítulo 111 del título IV de la Ley 1448 de 2011 en relación con la restitución de tierras.
34 Nacional CONPES 3712 de 2011
Lineamientos, Plan de Ejecución de Metas, Presupuesto y Mecanismo de Seguimiento para El Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas.
35 Nacional Decreto 1725 de 2012
Mediante el cual el Gobierno Nacional adoptó el CONPES 3726 de 2012, que estableció el Plan Nacional de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas, hace referencia al artículo 175 de la Ley 1448 de 2011.
36 Nacional Decreto 0790 de 2012
Por el cual se trasladan las funciones del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia SNAIPD, al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada CNAIPD, al Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
37 Nacional Ley 1738 de 2014 Prorroga una vez más la vigencia de la Ley por cuatro años, contados a partir de su sanción.
38 Nacional Decreto 1377 de 2014
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 y se modifica el artículo 159 del Decreto 4800 de 2011 en lo concerniente a la medida de indemnización a las víctimas de desplazamiento forzado, se regulan algunos aspectos de retorno y reubicación y se dictan otras disposiciones.
39 Nacional Decreto 2569 de 2014
Mediante el cual se reglamentan los artículos 182 de la Ley 1450 de 2011, 62, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley 1448 de 2011, se modifican los artículos 81 y 83 del Decreto 4800 de 2011, se deroga el inciso 2°del artículo 112 del Decreto 4800 de 2011.
40 Nacional Decreto 2464 de 2015
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 172 de la Ley 1448 de 2011, se adopta la Estrategia
de Corresponsabilidad de la política pública para las víctimas del conflicto armado interno y se modifica el parágrafo 2 del artículo 2.2.8.3.8 del Decreto 1084 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación.
41 Nacional Ley 1779 de 2016 Faculta a los representantes autorizados expresamente por el Gobierno Nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz.
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
63
Anexo 2. Cuadro de Evaluación
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN
INFORMES DE LOS PRODUCTOS MISIONALES
Entidad a la que pertenece
Nombre de informe o evaluación
Fecha de evaluación
D M A
En “Nombre de informe o evaluación”, por favor escriba según el caso el nombre del informe que corresponda: Informe de Auditoría, Informe Fiscal y Financiero, Informe de Políticas Públicas, Informe de los Recursos Naturales, Medio Ambiente.
No INFORMES DE AUDITORÍA
EX
CE
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RE
GU
LA
R
MA
LA
1 ¿Cómo califica la contribución que da la Contraloría en el mejoramiento de la Entidad, mediante el informe entregado?
2 ¿Cómo califica el conocimiento y experiencia de los funcionarios de la contraloría?
3 ¿Cómo califica la oportunidad en la evaluación realizada?
No CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD
EX
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EN
O
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TA
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RE
GU
LA
R
MA
LA
1 ¿Cómo califica la imagen que usted tiene de la Contraloría?
2 ¿Cómo califica el trabajo de la Contraloría en la protección al manejo de los recursos públicos?
3 ¿Cómo califica la información que usted recibe de la Contraloría?
No ACCESO A CANALES
RA
DIO
TE
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VIS
IÓN
PÁ
GIN
A W
EB
PR
EN
SA
OT
RO
S
1 Por cuál de los siguientes medios la Contraloría General de Antioquia le informó sobre los resultados del Control Fiscal.
¿Qué otros temas le gustaría que se hubieran incluido en el informe o evaluación?