INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANOFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA PÚBLICA

INFORME SOBRE EL CIERRE DEL GRUPO SALUDCOOP E.P.S Y LA REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO

DE TRANSPORTE UBER AL CONSUMIDOR Y LA COMPETENCIA.

Presenta:

Guerrero González Karen Paola

Ximena Lisari Medina Sánchez

Asignatura:

Microeconomía

Primer semestre

2015

Profesora:Liliana

Colombia, Bogotá D.C. Noviembre, 29 de 2015

EL CIERRE DE DEL GRUPO SALUDCOOP E.P.S.

Para empezar a hablar sobre la problemática presentada primero vamos a recordar que un

sistema de salud es donde toda la población tiene un acceso eficiente ha servicios de buena

calidad, independiente de su nivel de ingreso y de su ubicación geográfica.

El artículo 49 de la Constitución colombiana “garantiza a todas las personas el acceso a los

servicios de promoción, protección y recuperación en salud”. La Ley 1751 de 2015 establece la

salud como un derecho fundamental de carácter autónomo e irrenunciable, y enuncia los

principios de “solidaridad, sostenibilidad, equidad, continuidad, oportunidad y eficiencia” como

criterios básicos para la prestación del servicio.

A partir de la Ley 100 de 1993, se concibió un sistema de aseguramiento con competencia

regulada. En otras palabras, tanto las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que proveen el seguro

y contratan la prestación de los servicios como las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) es decir,

las clínicas y hospitales que prestan el servicio, compiten bajo condiciones de mercado, pero la

regulación del sector están en cabeza del Estado. (Jaime, 2015)

De acuerdo al gobierno se debe hacer un reconocimiento por cada afiliado al plan POS para saber

cuál él es valor a pagar.

Saludcoop no es la primera entidad de salud que está en quiebra ya que el sistema es muy

ineficiente aunque se han tenido avances para el control al gobierno aún le falta para tener mejor

control y el abuso de posición dominante de algunas EPS.

El problema que presenta esta EPS es algo que ya no se puede controlar de acuerdo a los últimos

estados financieros además de una deuda impuesta por la contraloría y una multa de la

Superintendencia Nacional de Salud, por un mal sistema que presentaba y la mala prestación del

servicio.

El déficit de la EPS asciende, a estas alturas, a los 3,6 billones de pesos, lo cual la vuelve inviable

financieramente. (EL TIEMPO, 2015)

LA REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UBER AL CONSUMIDOR Y LA

COMPETENCIA.

Para empezar la llegada de Uber a Colombia ha desatado grandes polémicas alrededor de la

legalidad o ilegalidad del servicio y sus ventajas y sus desventajas para los afectados, en especial

para su competencia que son los conductores de taxi.

El Estado debería elevar los estándares de calidad y seguridad en el servicio de taxis y reglamentar

las distintas modalidades de trasporte, sin perder de vista las particularidades del negocio, las

necesidades y exigencias de los usuarios, ni los avances de la tecnología. Los taxis amarillos

deberían mejorar la calidad de su servicio. Las empresas, los dueños vehículos, y los conductores

deberían buscar la profesionalización y la elevación de los estándares, dándole prioridad a la

seguridad de los usuarios y conductores. Sin embargo, lo ocurrido durante las últimas semanas

pone en evidencia que ni el estado, ni lo empresarios ni los taxistas tienen como prioridad al

usuario. Básicamente, hay una lucha de poder por un negocio millonario, donde los ciudadanos no

son la prioridad.

El principal interrogante en la polémica entre Uber y los taxis amarillos ha sido por supuesto el a

favor de quién está el Estado.

Mientras que Uber ha ganado adeptos por prestar un servicio de mejor calidad (a pesar del mayor

precio), los taxistas se han opuesto a los nuevos competidores con amenazas de paro y un intenso

cabildeo, pero sin mejorar el servicio que ofrecen. En esta lucha, a pesar del clamor ciudadano, el

gobierno nacional ha tomado partido por el gremio de los taxistas. Cuando en 2014 empezó a

discutirse la posibilidad de legalizar Uber, se oyeron voces a favor y en contra por los efectos que

esto podría tener en el negocio del transporte y en la movilidad de millones de personas. Sin

embargo, a mediados de noviembre pasado, el ministerio de Transporte señaló que “las

plataformas tecnológicas que funcionan como intermediarias para la prestación del servicio de

transporte individual de pasajeros con vehículos de servicio público especial” no eran legales. El

argumento básico para justificar esta interpretación consistió en que tales empresas de transporte

no están legalmente constituidas y reconocidas. Aunque a comienzos del 2015 el superintendente

de puertos y transporte, Javier Antonio Jaramillo, afirmó que Uber podría legalizarse “.Cuando se

anunció la expedición del Decreto 348 de 2015, "por el cual se reglamenta el servicio público de

transporte terrestre automotor especial y se adoptan otras disposiciones", se tuvo la expectativa

de que la situación iba a ser aclarada. Pero el ministerio de Transporte se quedó corto. Si bien

precisó la reglamentación sobre el servicio de los carros blancos, Uber y las otras plataformas

siguieron en el aire.

Malestar de los usuarios

Entre la voracidad gremial y la incapacidad del Estado de ver las cosas que son muy claras, los

usuarios son quienes salen peor librados. Una parte encontró en Uber una alternativa más cara

pero efectiva para moverse por la ciudad, pero otra parte tendrá que someterse a las reglas de

juego de los amarillos. Los que defienden a Uber y a otras plataformas similares reivindican la

seguridad, la comodidad, la calidad y confiabilidad del servicio, y afirman que, aunque pagan más,

saben qué tipo de servicio recibirán. Sin embargo, una cosa ha cambiado. La pasividad y la

resignación se han ido transformando en indignación. Durante el último anuncio de paro de

taxistas para protestar contra Uber, algunos ciudadanos promovieron por redes sociales un paro

contra los taxistas.

Aunque este paro no tuvo grandes efectos prácticos, puso en evidencia varias cosas:

1. La ciudadanía no se quedará quieta si siente vulnerados sus derechos.

2. Al sentirse abandonada por el Estado, la ciudadanía está buscando formas de organizarse.

3. Ante los oídos sordos de los amarillos, una parte de la ciudadanía está dispuesta a aliarse con la

tecnología para mejorar su servicio de transporte.

4. Si el Estado no actúa con prontitud, seguirán agravándose los enfrentamientos entre usuarios y

conductores y entre conductores amarillos y conductores Uber.

Las diferencias entre los amarillos y Uber, así como la inacción o el sesgo del Estado, afectan

directamente a los ciudadanos. Por eso, reitero la necesidad de aprovechar esta coyuntura como

una oportunidad. El Estado debe tomar la iniciativa para defender, fundamentalmente, los

derechos de los usuarios. Para eso debe reformular el reglamento para la prestación de servicio de

taxis, lo cual incluye repensar el sistema de cupos y la forma de contratación de los conductores.

Esta coyuntura podría servir incluso para que el Estado encontrara el camino para incorporar los

taxis al Sistema Integrado de Transporte.

La reglamentación de las plataformas tecnológicas que facilitan el transporte y otros servicios no

pueden ser vistas como una papa caliente. Por el contrario, son herramientas para facilitar la vida

de millones de personas. Sea con Uber, con Air BnB, o con cualquier otra aplicación, no se puede

olvidar que para que funcionen bien dichas plataformas tienen que ofrecer seguridad y

confiabilidad a los prestadores y a los usuarios del servicio. (Fernando, 2015)

Finalmente, hay que reconocer que los intereses particulares en el negocio del transporte y salud

son legítimos. Pero también son legítimos los intereses de las personas que diariamente se

movilizan por la ciudad y las personas que son usuarias de una entidad que presta servicios de

salud. En vez de proteger a un gremio, el Estado debe velar por el interés general. En este caso

debe modificar las reglas de juego para que sea prestado un servicio y sea incorporada una nueva

modalidad. Al mismo tiempo, debe garantizar que dichos servicios respondan a las necesidades de

los ciudadanos.

Trabajos citadosEL TIEMPO. (24 de 11 de 2015). ELTIEMPO.COM. Obtenido de por Redacción Salud

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/saludcoop-gobierno-anuncia-liquidacion-de-la-eps/16440052”

Fernando, R. P. (30 de Marzo de 2015). Razonpublica.com. Obtenido de Razonpublica.com: http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/8359-el-uber-contra-los-taxis-%C2%BFd%C3%B3nde-quedan-los-usuarios.html

Jaime, V. (17 de 08 de 2015). razonpublica.com. Obtenido de http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8741-el-sistema-de-salud-y-sus-damnificados.html