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l OBffl HH IONAL DE
JUSTICIA
Juicio No. 430-2013
JIE7. PONENTE
lir. I.ub KnrlquM Vulneres
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO
PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL YTRÁNSITO.-
Quito, jueves 30 de junio del 2016, las 10h30,
ANTECEDENTES
VISTOS: El 1 de noviembre de 2011, las llh49, el Tribunal Séptimo de
Garantías Penales de Pichincha, en decisión de mayoría dictó sentencia
ratificando la inocencia de la ciudadana Rosario del Socorro Fraga Villarreal;
fallo del cual, la Fiscal de la causa y el procurador común de los acusadores
particulares interpusieron recursos de apelación.
El 8 de febrero de 2013, las 16hlO, la ex Tercera Sala de Garantías Penales de la
Corte Provincial de justicia de Pichincha, aceptó las recursos interpuestos, en
tal virtud, revocó la sentencia subida en grado, declarando la culpabilidad de la
ciudadana Rosario del Socorro Fraga Villarreal, en calidad de cómplice del
delito tipificado y sancionado en el articulo 563 del Código Penal, por lo que le
impuso la pena modificada de un añode prisión correccional, y se lecondeno al
pago de quinientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta dólares con treinta
y nueve centavos, porconceptos de dañosy perjuicios-
De esta resolución, la condenada presentó recurso de casación, o! cual fue
resuelto por la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la
Corte Nacional de Justicia, integrada por las doctoras Zulema Pachacama Nieto
y Aida Palacios Coronel, Conjuezas Nacionales, y por el doctor Merck
Benavides Benalcazar, Juez Nacional, mediante Resolución dictada el 7 de
octubre de 2013, las l»8hl0, en la cual, declararon improcedente el recurso
planteado y de oficio casaron la sentencia impugnada, declarando a la
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impugnante autora del delito tipificado y sancionado en el artículo 563 del
Código Penal, imponiéndole la pena de cinco años de prisión correccional, sin
embargo, en aplicación del principio constitucional non rvfommtw in pejus,quedó en firme la sentencia recurrida.
Inconforme con esta decisión, la sentenciada presentó acción extraordinaria de
protección, la cual, fue resuelta por la Corte Constitucional el 9 de marzo de
2016, misma que declaró la vulneración del derecho al debido proceso en lagarantía de la motivación provisto en el artículo 76. 7.1) de la Constitución dela
República del Ecuador; en consecuencia, dejó sin efecto la sentencia emitida porla Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional
de Justicia, disponiendo que otros jueces que conforman dicha Sala, conozcan yresuelvan el recurso de casación; el cual, es materia de la presente resolución.-
COMPETENCIA
El Consejo de la Judicatura, en cumplimiento con lo dispuesto por laConstitución de la República del Ecuador en su artículo 182, por el CódigoOrgánico de la Función Judicial enelartículo 173; y, porla Resolución Nro. 341-
2014, renovó parcialmente un tercio de las y los integrantes de la Corte Nacional
de Justicia del Ecuador, y designó a las y los siete juezas y jueces quienesreemplazaránen sus funciones a las y los salientes.
El Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, mediante Resolución 01-
2015, de 28 de enero de 2015, conformó sus seis Salas Especializadas; la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito en sesión de
28 de enero de 2015, diocumplimiento a lo dispuesto por el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia del Ecuador en la Resolución 02-2015, resultado de lo cual,
el presente Tribunal queda integrado por el doctor Luis Enríquez Villacrés, en
calidad de Juez Nacional Ponente; doctor Miguel Jurado Fabara, Juez Nacional;
y, doctor Jorge BumCarcelén, Juez Nacional.
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VALIDEZ PROCESAL
El presente recurso de casación ha sido tramitado conforme a las normas
procesales del articulo 352 del Código de Procedimiento Penal; así mismo se ha
aplicado lo que dispon* el articulo 76.3 de la Constitución de la República del
Ecuador, por lo que esteTribuna! de Casación, declara su validez.
En otra contextualización, la recurrente Rosario del Socorro Fraga Villarreal,
mediante escritos presentados el 22, 29 de abril; 17, 20y 26, de mayo del 2016, a
través de su defensa técnica ha solicitado se declare la prescripción de la acción,
este Tribunal de Casación, previo a resolver su impugnación extraordinaria,
realiza lassiguientes consideraciones:
LaCorle Constitucional para el Periodo de Transición en sentencia 020-10-5CK-
CC,caso030-1OCN, publicada en el primer Suplemento del Registro Oficial 294,
de 06 de octubre del 2010, respecto a la prescripción de la acción, manifestó:^...;
SÉP'nMA.- Es sahñfo que la mvsmyriSn en materia pennl, como en las demos ramas de.t derecho, obedeceal fenómeno uniformemente reconocidode la Influencia del tiempo en las relaciones humanas, y consiste
en la edición de la potestad represiva tlel Estado par el triinacurso ¡le. ut¡ determuuuh espacio de tiempo,
en arria', condiciones SÚ1 .me el delito /wi/ir Hito (WtífglH/S) 0 sin que la pena huya <\do eiecutada. Su
fundamento lun/n i}ue buscarlo Vil lü necesidad social de eliminar un estado de iiuertulnmínv en la*
relaciones jurídico penales entre el deliui.uenle yelEslado' (Tener Sania)".
La doctrina extranjera, a la prescripción la concibe como "la invalidación u olvida
oficial, por el transcurso del tiempo del valor /vrnr/ une hablan lando determinadas conductas descritas en¡a le\f jvnat como tlrlila. ÉV ;wmi del tiempo, que ¡pitera ese efecto destructor tutee tiuc el significado social
i/ turííhco ane mereció en su día iinltecho no pueda mantenerse con la misma fuerza eternamente**.
En efecto, lí* prescripción de la acción penal es la cesación de la potestad
punitiva del Estado al transcurrir un periodo de tiempo fijado por la ley, asi,
luego de ese lapso temporal, se extingue el derecho del Estado a imponer la
sanciónal responsabledel delito.
' Quintero Olivan*. Ü.-nzuliv Parte Cícncínl del Derecho Peñol; fcdilurüil Anmauli, SA. 4' Edición.2UU\,r,.H\\
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Fn ese sentido, el articulo 101 de] Código Penal, prevé que: "Toda acción penalprescribe en el Hampo y am las condiciones tfué hi leu señala. Eu el ejercida del derecho que latttmfyción establece, se observaran las regla* que signen: Tanto en los delitos de acción publica coma enW delito de acción pritvila se distinguin! ante todo si. cometido ,-l dctito, se ha imcmdc r? na
enuiicíauueiita. Aexeeperón de hb casos de impresenptibilidad de las acciones \/ de las ¡mas (...) cuya.I-¡nncio di acnon es pñbhco. de no halxr ciipiinamicnto, la acción para perseguirías prescrihra en diezaños: tratándose de delitos reprimidos con rediman mayar especial, la acción pirra ¡nomitirlosprescribirá en quince, aíws. Tratándose ,le delites reprimidos con prisión, la acción para períesutríospicseribira en anco afws. El tiempo Se amlard apartir de la fecha en que la inflicción fue perpetrada, fc'ulos mismos delitos de acción publica, de haber enniicianncnto munido ante* de que aquellos plazos secumplan, !,i acción pira continuar la causa prescribiiii eu los mismos plazos, contados desde lafeám del.ntt-u.thcza de proceso f. .)'
La disposición legal trascrita prevé dos factores que hay que considerar para
determinar los plazos y formas paraque opere la prescripción de la acción: i) si
el delito investigado es de ejercicio público o privado de la acción; y, ¡i) si se ha
iniciado o no el correspondiente proceso judicial.
Para el caso titíb índice, el delito de estafa que se imputa a la hoy recurrente es de
acción pública,en consecuencia, el plazo para que ceseel derecho coercitivo del
Estado, esde cinco años, el cual debe computarse desde la fecha que dio inicio
el proceso judicial.
Conforme ha quedado sentado, la prescripción de la acción radica
principalmente enel transcurso del tiempo, sin que la administración de justicia
haya resuelto la situación jurídica del o la procesada.
Picho esto tenemos que, la instrucción fiscal en contra de la ciudadana Rosario
del Socorro Fraga Villarreal, tuvo su inicio el 4 deabril del 2004, en tanto que la
resolución que puso fin al trámite ordinario, emitida por la Sala Penal de la
Curte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación planteado por laprocesada, es de techa 07de octubre de 2013; es decir, la situación jurídica de la
recurrente ha sido resuelta dentro del plazo de cinco años.
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Ahora bien, la sentenciada Rosario del Socorro Fraga Villarreal, de dicho fallo
interpuso acción extraordinaria de protección, garantía jurisdiccional que ha
sido resuelta por la Corte Constitucional del Ecuador el 9 de marzo del 2016,
cuya decisión fue declarar la vulneración del derecho al debido proceso en lagarantía de la motivación prevista en el articulo 76.7.1) de la Constitución de la
República del Ecuador, y como resultado de lo cual, dejó sin efecto la sentencia
emitida porel Tribunal de Casación.
El articulo 94 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que:
"La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos
en los tjtic se haya violado por acción uomisión derechos reconocidos en ht Constitución,y se mteipoiuírá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando sehayan
agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del ténnino legal, u.
menos que la falta de interposición ile estos recursos no fuera nfnbutble a la negligencia
de la persona Ulular del derecho constitucional vulnerado" (lo resaltado fuera del
texto), garantía constitucional que como requisito de procedibilidad determina
que se haya agotado los recursos ordinarios y extraordinarios;
consecuentemente, para reclamar el resarcimiento de un derecho reconocido
por la norma constitucional -que ha criterio de la parte accionante se ha
vulnerado con la decisión de la autoridad judicial- a través de esta garantía
jurisdiccional, necesariamente debe existir una resolución que alcance el estado
de ejecutoria, como ocurre en el presentecaso.
Razón por la cual, el tiempo que ha permanecido el proceso enconocimiento de
la Corte Constitucional -insístase luego de haberse resuelto la situación jurídica
de la hoy easacionista-, no es imputable al plazo que prevé la disposición del
articulo 101 del Código Penal, debido a que la administración de justicia
cumplió con su obligación de resolver la condición de la hoy recurrente dentro
de los limites temporales queestable la normativa sustantiva penal citada; tanto
más que, el artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, en su parte pertinente determina que: "(...) El tiempo de
Suspensión de la tunta no se computará para efectos de la prestnpcWn de la acaono del proceso"; por
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Juicio No; 430-2013
lo que, la petición de que sedeclare la prescripción de la acción por parte de larecurrente deviene en improcedente.
De tales consideraciones, este Tribunal, pasara a analizar el recurso de casación
interpuesto y fundamentado en audiencia oral, pública y contradictoria y
procederá a resolver conforme a derecho y bajo ios parámetros de motivación
de las resoluciones judiciales.
PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES
La defensa técnica de la recurrente, en lo principal manifestó:
Del análisis de la argumentación de los apelantes. Fiscalía General del Estado y
Raúl Sarsoza Cobo, que consta en la parte dispositiva de la sentencia objetada,
se desprende que jamás fundamentaron el recurso de apelación, sino por el
contrario, expusieron sendas nuevas teorías del caso, a.ivstiruvendo al referido
recurso en un nuevo juicio, cuando es conocido que dicho recurso no es un
nuevo juicio o instancia destinada a suplir las falencias en las que hubieren
incurrido los recurrentes en la instancia inferior, sino que es un nuevo examen
del proceso y que conforme lodicen los tratadistas ataca la sentencia cuando en
ella se identifiquen los errores por valoración de la prueba, apreciación de loshechos o en la aplicación de la norma.
La fundamentación constituye la carga procesal del apelante y debe contener
una exposición razonada ycrítica de los errores presentes en la sentencia y que,
además, guarda intima relación y concordancia con los siguientes principios:dispositivo, que ordena que todo proceso se sustancia por iniciativa de parte; decongruencia, que ordena a los jueces resolver en mérito de los fundamentos y
pretensiones de los litigantes y de los hechos constantes en la lilis; Con el
principio tatitum devolutum quantum apellatum (tanto devuelvo cuanto pides) yen el caso, los recurrentes no pidieron que se observe algún error en la
sentencia, sino que hicieron una exposición de motivos y enunciaron laspruebas, pero no objetaron nada.
ó
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Juicio No. 430-2013
La sentencia recurrida viola la ley por contravención expresa del artículo
76.7.a), de laConstitución de la República del Ecuador, porcuanto se privó a la
acusada del derecho a la defensa, ya que, ensu debido momento indicó que los
recurrentes no impugnaron nada, sin embargo, no fue atendido tal petitorio por
parte de los jueces de instancia, violando también el artículo 76.7.c) ibídem que
confiere a las partes procesales el derecho a ser escuchadas en el momento
oportuno; de igual manera han vulnerado el artículo 168.6 ejusdem que ordena
que todos los procesos, en todas las instancias (como ocurre con el recurso de
apelación), deben sustanciarse atendiendo a los principios dispositivo, de
concentración y de contradicción; se ha vulnerado el artículo 169 de la norma
constitucional, que manda que el sistema procesal es un medio para la
realización de la justicia; así como también, el artículo 76.4 de la Carta Magna,
va que al haber valorado las pruebas sin petición de parte, están actuando en
contra de la lev por lo que esa prueba carece de valide/ y no tiene eficacia
probatoria; también el articulo 76.7.k) ibídem, que obliga al juzgador actuar con
imparcialidad; artículo 345 del Código de Procedimiento Penal que dispone que
el recurso de apelación debe ser fundamentado; y, artículo 19 del Código
Orgánico de la Función Judicial que contempla que todo proceso se promueve
por iniciativa de parte.
El artículo 76.7.1) de la Constituciónde la República del Ecuador, exige que toda
sentencia debe ser motivada, siendo uno de los componentes básicos de dicha
motivación, los antecedentes de hecho, los que se hallan constituidos por la
valoración de la prueba, los resultados de la prueba y las actuaciones
probatorias, sin embargo y. como ya se mencionó, ésta valoración la hizo el
tribunal conviolación de la ley, por loque la motivación carece de antecedentes
de hecho y al no existir tales antecedentes, no hay motivación, por lo que los
jueces violaron tal disposición, así como también el artículo 345 del Código de
Procedimiento Penal que ordena que la resolución del juez de instancia debeser
en mérito de los fundamentos de las partes.
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Juicio No. 430-2013
La única inferencia que señala el Tribunal de instancia para concluir que la
señorita Rosario del Socorro Fraga Villarreal fue cómplice del delito que se
acusa, está basada en el testimonio de los ofendidos: Raúl Vinido Sarzosa Cobo
(acusador particular procurador común), Leonor Villena, Alison Villacrescs,
Mónita Cristina Santiana Camacho y María Elena Arroyo, violándose con ello
el artículo 140 del Código de Procedimiento Penal que manda que la
declaración del ofendido por si solo no constituye prueba, acotando que jamás
se hizo otra inferencia para relacionar esos testigos con otras pruebas como
debió haber sido lo procedente, por consiguiente no existen antecedentes de
hecho.
El Tribunal, al fallar sin motivación incurrió en falsa aplicación de la ley al
aplicar los artículos 563 y 43 del Código Penal en la sentencia; por tales
consideraciones solicitó se case la sentencia recurrida y se ratifique la inocencia
de la señorita Rosario del Socorro Fraga Villarreal.
Intervención del abogado defensor del acusador particular (no recurrente),
quien en lo pertinente manifestó:
Seoponeal recurso de casación interpuesto por la señorita Rosario del Socorro
Fraga Villarreal por cuanto no se cumplen los presupuestos del artículo 345 del
Código de Procedimiento Penal, pues no existe violación de la ley por ninguno
de los tres motivos taxativos expuestos en dicho artículo, esto es, no existe
contravención expresa de su texto, indebida aplicación ni errónea
interpretación.
Ratifica su acuerdo con la sentencia dictada por los jueces desegunda instancia
de la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de [usticia de
Pichincha, el 8de febrero de2013, a las 16h00, en la cual, impusieron a dos años
seis meses de prisión correccional a la señorita Rosario del Socorro FragaVillarreal por el delito de estafa contemplado en el artículo 563 del CódigoPenal, destacando entonces el aspecto fundamental en dicha decisión, esto es,
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que es de voto unánime y,que la resolución de primer nivel es una sentencia de
mayoría conun voto salvado que también condena a la hoy recurrente.
El presente caso es por el delito de estafa inmobiliaria que hubo en esta ciudad
de grandes proporciones, los perjudicados vendieron sus casas antiguas,
obteniendo dinero incluso de usureros para colocarlo en este fondo de
PROCOANDE y, un mexicano de nombres Héctor Manuel Hidalgo se fugó del
país con mas de un millón de dolares, pero antes de irse, cedió los derechos de
cobro al Banco Solidario mediante fideicomisos fraudulentos, en los cuales no
formaban parte los perjudicados; destaca que sus representados no tienen las
casa pero siguen endeudados con el Banco Solidario que, como ya se mencionó,
recibió el derecho de cobro por parte de los representantes de PROCOANDE,
Héctor Manuel Hidalgo v la ahora sentenciada Rosario Fraga Villarreal, siendo
éste un caso grave que debe sentar precedentes en el país. Pide se haga justicia
por cuanto sus representados fueron despojados fraudulentamente de su
dinero.
El delegado del señor Fiscal General del Estado, contestó lo siguiente:
El recurso de casación es extraordinario y está autorizado por el artículo 349 del
Código de Procedimiento Penal y procede cuando el juzgador de instancia
hubiere violado la ley, por contravención expresa de su texto, indebida
aplicación o errónea interpretación.
No se ha indicado, por parte de la defensa de la recurrente, en qué parte de la
sentencia y de que manera o de que forma el juzgador deinstancia (Tercera Sala
Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha) ha violado la ley.
Ha manifestado que existen violaciones a varios principios constitucionales
respecto a vicios in procedendo que no corresponde analizar a este nivel, pues
son de actividad o de forma, cuando el recurso de casación acepta que se
analicen vicios iti indicando, es decir, lo de juicio o de fondo.
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Respecto al cargo de que existió una privación de la defensa, de la lectura de la
sentencia, se observa que la procesada estuvo legalmente representada en todas
las instancias, no se le privó de su defensa, no se constata de la lectura de la
sentencia que haya quedado en la indefensión.
Referente a la afirmación de que la apelación no se encontraba motivada, no
procede por no corresponder analizar vicios tu prowdeudo.
En cuanto a la alusión del artículo 19 del Código Orgánico de la Función
ludida! que tiene relación con los derechos y la actividad judicial de los señores
jueces, el Tribunal de Apelación, dictó una sentencia lógica y precisa, por lo que
no existe una taita de motivación en ella, llegándosea determinar con certeza la
materialidad de la infracción como la responsabilidad de la sentenciada.
En lo que tiene que ver con el artículo 168.6 de la Constitución de la República
del Ecuador, en los que se contemplan los principios de administración de
justicia, el juez con lógica y experiencia analiza las pruebas que han sido
producidas, practicadas en la audiencia de juzgamiento, para llegar a establecer
la materialidad de la infracción y la responsabilidad conforme el artículo76.4 de
la norma constitucional, lo que no es procedente pues el último inciso del
articulo .349 del Código de Procedimiento Penal asi lo prohibe; se habló además
de los testimonios contemplados en el articulo 140 del Código de Procedimiento
Penal y que se refieren a prueba, lo que no es causa de análisis en casación; y,por último, se hizo hincapié en el articulo 563 y43 del Código Penal, pero comoya se manifestó, el juzgador de instancia, revocando la sentencia absolutoria del
inferior, dictó sentencia acusatoria haciendo el análisis pertinente con el cual
llegó con certeza a la conclusión de que existe Unto la materialidad de la
infracción como la responsabilidad de la procesada Rosario del Socorro h'raga
Villarreal enelcometimienlo del delito deestafa tipificado enel artículo 563 delCódigo Penal.
s>
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Concluvó su intervención solicitando sea rechazado el recurso de casación por
improcedente.
ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN
El recurso de casación
El articulo 349 del Código de Procedimiento Penal, con el que se ha sustanciado
la presente causa, establece de manera expresa, las causales por las que procede
el recurso de casación, asi, cuando en la sentencia se hubiera violado la ley, ya
por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación, o por errónea
interpretación. Existe contravención expresa del texto de la ley* cuando se
desobedece o se actúa en contrario de lo que ésta expresamente señala; tiene
lugar la aplicación indebida de la ley, cuando el juzgador en lugar de aplicar la
norma que corresponde al caso, aplica otra que es impertinente, hay aquí una
norma incorrecta que se ha aplicado y una correcta que se ha dejado de aplicar;
y, errónea interpretación que se da cuandoel juzgador noacierta conel sentido
genuino que tiene la norma, es decir, refleja un error de intelección; de ahí que
la casación es un medio extraordinario de impugnación, por el cual, por
motivos de derecho, específicamente previstos en la ley, la parte afectada
reclama la revisión de los errores jurídicos atribuidos a la sentencia de segundo
nivel que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la lev sustantiva y
adjetiva penal
En este contexto, cabe puntualizar que uno de los principios que rige la
sustanciación del recurso de casación, es el de taxatividad, en consecuencia, tal
como lo afirma Orlando Rodríguez, "La casación ptocede única y exclusivamente
por las caúsales que expresamente consagra el sistema ¡urtdtco positivo; no existen
causales distintas"', con lo cual concuerda Gilberto Martínez líave, quien agrega
que el recurso extraordinario de casación "es el que se utiliza contra scnlennns de
2 Rodríguez Ch. Orlando. Casación y Revisita Penal. tania, tU.gmta. 2008, p. 67.
M
Juicio No. 430-2013
segunda instancia que se consideran viohtorias de la ley. No origina una tercera
instancia ¡pie no existe; en casación no pueden wlvcrse a debatir los hechos que ya han
sido juzgados en las dos instancias. Simplemente se trata de un recurso mediante el cual
se confronta la st'ntenáa con la ley para concluir si aquella se ciñó aésta y tiene validez
Para analizar el recurso de casación, los Tribunales de la Sala Especializada de
lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia,
han definido parámetros, estableciendo que "Ningún recurso de casación podrá serprocedente, si el recurrente no exterioriza las razones jurídicas de las que se cree
asistido, para elaborar tos cargos pe presento al Tribunal Esta actividad que se eonotx
como argumentación jurídica, consta de tres componentes básicos: a) Determinación de
hiparte específica de la sentencia impugnada, en la cual se encuentra el error de derecho;
b) Confrontación cnlre el razonamiento del juzgador sobre la aplicación ointerpretaciónde una norma jurídica, que se considera ha provocado un error de derecho, \¡ aquella
aplicación o iuterpretadótt que estima el recuirente se debería haber realizado; y, c)explicación de la influencia que ha tenido el error de derecho, sobre ¡a parte dispositiva
de la sentencia impugnada"4. Es por ello que, el recurrente; debe realizar una
correcta íundamentación del recurso interpuesto, para que el Tribunal de
Casación cuente con los medios claros y suficientes paracasar una sentencia con
base a las argumentaciones del casacionista.
Fundamentación del recurso y vulneraciones constitucionales y legalesinvocadas por la recurrente:
El recurso de casación, como se anoto de manera explícita en el acápite anterior,es un medio de impugnación extraordinario, por el cual, por motivos de
derecho, específicamente previstos en la ley, (a parte afectada reclama la
revisión de los errores jurídicos atribuidos a In sentencia de apelación que la
3Martínez Rut-e, (¡¡Iberio. Procedimiento Penul Colombiano, fcfitarut I'emm, Sania he de Bogotá, IW2.o. 457.
Semencia de laSala Fspcciallzddií de lo Penal. Penal Militar. I'cnnl Policía! y Transito de \a CorteNucionul de Jimivui Juicio No. 444-2014.
£«eA*-, t- _f oU^i" 'Juicio No. 430-2013
perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva y adjetiva
penal.
En ese sentido, además, la tecnicidad que define la casación, impone al
recurrente la obligatoriedad de identificar con claridad la causal por la que se
ha violado la ley en la sentencia objetada, ya sea por: 1) contravención expresa;
ii) indebida aplicación; o, iii) errónea interpretación; teniendo en cuenta, que
cada una de ellas goza de una individualidad propia, en vista de que,
corresponde a motivos y circunstancias que las caracterizan v las diferencia una
de la otra.
Sustrayéndonos a este imperativo, el impugnante debe dotar su
lundamentacion jurídica, con argumentos plausibles, racionales y pertinentes,
que prima fuete tiendan a demostrar el error incurrido porel juzgador ad quem, al
momento de aplicar el derecho al caso en concreto, razón que justifica la
íinalidad del instituto de la casación.
Bajo esta óptica, no resulta adecuado traer a discusión temas relativos a la
apreciación probatoria, mismos que fueron actuados y resueltos por los
juzgadores de instancia, porlo que, el recurrente debe aceptarlos en la forma en
que se consignan.
En virtud de aquello, este Tribunal, para realizar un estudio completo y
metódico sobre la impugnación planteada, engloba los cargos esgrimidos de la
siguiente manera:
1. Falta de motivación, lo que trasgrede el articulo 76.7.1) de la Constitución
de la República del Hcuador
2\ Contravención expresa al texto de los artículos 76.4.7.a),c),k); 168.6, 169
de la Constitución de la República del Ecuador; artículo ^45 del Código
de Procedimiento Penal; y, articulo 19 del Código Orgánico de la
Función Judicial.
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Juicio No. 430-2013
3. Violación del articulo 140 del Códigode Procedimiento Penal.
4. Falsa aplicación de losartículos 563 y 43del Código Penal.
Por cuanto la recurrente lia esgrimido un cargo referente a la falta de
motivación, y como este aspecto, constituye una garantía constitucional, este
órgano jurisdiccional, entrará a su análisis como primer punto de estaresolución.
a) La alegación de la impugnante respecto a la debida motivación que debe
contener la resolución emanada, en este caso, por el Tribunal de Apelación,
radica en que la sentencia objetada carece deantecedentes de hedió, los que so
construyen a partir de la valoración de la prueba, lo cual, a decir de la
casacionisla, fue realizada por elad queni conviolación a la ley, loqueconlleva a
que el fallo recurrido trasgreda el artículo 76.7.1) de la Constitución de la
República del Ecuador.
Conforme se desprende de este cargo, la procesada yerra en la argumentación
jurídica que debe proporcionar para que sea procedente el recurso
extraordinario de casación, pues, si bien ha señalado la norma constitucional
presuntamente infringida, no la hasubsumido a una causal decasación, sea por
contravención expresa del texto de La ley, indebida aplicación o errónea
interpretación, de igual manera no ha cumplido con señalar la parte especifica
de la sentencia en donde se encuentra el error de derecho incurrido por eljuzgador dealzada, lo que conlleva a que este cargo sea rechazado tpso jure.
Pese a lo manifestado, por cuanto es obligación de este Tribunal observar que elfallo recurrido cumpla con una debida aplicación de las normativas legales yconstitucionales, procede a realizar un análisis metódico de la sentencia emitida
por la Sala de Alzada, de la cual, se evidencia, que la misma se encuentra
estructurada por una parte expositiva, que contiene la decisión adoptada por el
Tribunal de mérito, las argumentación de los sujetos procesales, réplicas ycontra réplicas, competencia de la Sala y validez procesal; en la considerativa,
el tul quera desarrolla el análisis jurídico tomando en consideración los
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Juicio No. 430-2013
antecedentes de hecho y el acervo probatorio producido por las partes
procesales, de igual forma despeja los cargos que principalmente refutó la
acusada; de todo lo cual, en la parte resolutiva, concluyen que efectivamente se
ha comprobado la existencia del delito de estafa y la responsabilidad de la
procesada Rosario del Socorro Fraga Villarreal, en el grado de cómplice; en
consecuencia, se observa que el fallo recurrido cumple con los requisitos
razonabilidad, lógica y compresibilidad, ya que, ha estructurado los
lundamentos de hecho, de derecho y la subsunción de la normativa aplicable,
para resolver el conflicto sometido a su conocimiento.
b) El núcleo central de la segunda alegación que brida la casacionsita, se refiere
a la fundamenlación de los recurso de apelación por parte del representante de
Fiscalía General del Estado y procurador comün de los acusadores particulares,
pues considera que ellos no lian sustentado su pretensión, sino que brindaron
"nuevas teorías del caso", sin embargo de lo cual, el Tribunal de Apelación de
oíicio ha valorado las pruebas con las que han sustentado la sentencia
condenatoria, irrespetándose los principios constitucionales de defensa,
dispositivo, concentración, contradicción, congruencia, e imparcialidad.
Frente a estaalegación, en primer término hay que destacar, que la impugnante
no ha realizado una lundamentación acorde a la exigencia casacional; ya que, el
enunciar varios principios constitucionales y normas procesales como
vulnerados, y subsumirlos a una causal de casación (contravención expresa a!
texto), sin vincular o identificar plenamente el yerro cometido por el Tribunal
de segunda instancia en la sentencia objetada, deviene que la argumentación se
torne estéril y generalizada, sin observancia a los parámetros que ha
determinado los Tribunales de esta Sala Especializada de lo Penal, Penal
Militar, Penal Policial y Transito de la Corle Nacional de Justicia, para que
prospere este recurso extraordinario, los mismos que secircunscriben en:
"a) Determinación de la parle csjjedfica de la sentencia impugnada, en ¡a cual se
encuentra el error de derecho; W Confrontación entre el razonamiento del
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juzgador sobre la aplicación o interpretación de una norma jurídica, que se
considera ha provocado un error de derecho, y aquella aplicación o interpretación
que estima el recurrente se debería luiber realizado; y, c) Explicación de la
influencia que ha tenida el error de derecho, sobre la parte dispositiva de la
sentencia impugnada''
Bajo este lincamiento, es de añadir que, al haber alegado la violación a la ley porcontravención expresa al texto de los artículos seleccionados para sustentar su
impugnación, tenia la obligación de demostrar como el juzgador actuó en
contrario a lo que las normas constitucionales y legales le dispone, ya sea
desconociéndola o aplicándola de forma incompleta, pues, es de indicar, que
cada yerro jurídico, encasillado bajo presupuestos casacionales, son excluyentes
entre sí, y deben ser sustentados de forma individual, con el mensajeargumentativo de consecuencia lógica y razonable.
Por el contrario, Ja inconformidad de la impugnante, radica en que la Fiscalía yacusación no han realizado una fundamenlación del recurso de apelación que
vaya encaminado a establecer la responsabilidad de la recurrente; empero, de la
revisión integra del fallo objetado, en su parte expositiva consta la
argumentación de |a señora Fiscal, doctora Ana María Crespo Santos, como del
acusador particular Raúl Sarzosa Cobo, de las cuales, claramente se evidencia
un alegato tendiente a demostrar el acto típico, antijurídico y culpable
imputado a laciudadana Rosario del Socorro Fraga Villarreal, decuyo sustento
impugnatorio, ha sido analizado y valorado por ad quera dentro de sus
facultades jurisdiccionales como órgano jurisdiccional de alzada; lo queconlleva a que elcargo propuesto sea declarado improcedente.
c) Con respecto a la violación del artículo 141) del Código de Procedimiento
Penal, es de insistir que, el recurso de casación se encuentra investido del
principio de taxatividad, pues su procedencia radica exclusivamente por algunaforma de la violación a la ley prevista en la normativa legal, sea porcontravención expresa al texto, indebida aplicación o errónea interpretación,
ir.
r oc'»*v(£- jJuicio No. 430-2013
por tanto, la impugnante no ha señalado por qué causal de casación se ha
vulnerado la disposición legal citada; sino su inconformidad, radica en que el
Tribunal de Apelación ha basado su decisión únicamente en los testimonio de
los ofendido; empero, de la revisión de la sentencia recurrida, específicamente
en el considerando "TERCERO", que Contiene: "EN TORNO ALAS CIRCUNSTANCIAS
FÁCTICAS PEL TIPO", V "iU LA MATERIALIDAD PEÍ TWO Y RELACIÓN DE
CAUSALIDAD", se desprende que el juzgador ha basado su resolución tanto en
prueba documental como testimonial; lo que, torna que este cargo también sea
rechazado.
d) Finalmente, el cuarto argumento planteado, se refierea la falsa aplicación de
los artículos 563 y 43 del Código Penal, dicha causal no se encuentra prevista en
la normativa procesal penal (Art. 349 CPP). lo que denota una falta de
tecnicismo jurídico que se requiere para fundamentar el recurso de casación, lo
que desemboca en que este cargo sea rechazado ipso fació.
En conclusión, de todo lo analizado a lo largo de la presente resolución, la
impugnante no ha cumplido con su obligación de identificar el yerro dederecho en
la sentencia objetada, bajo los parámetros que exige el recurso de casación; ya que,
no lia justificado que la Sala ad quera haya incurrido en una transgresión a la ley, en
los términos que dispone el articulo 349 del Código de Procedimiento Penal;
acotándose, que de la revisión efectuada por este órgano jurisdiccional el fallo
recurrido, no disgrega vulneración al derecho, que sea capaz de ser enmendado
mediante casación de oficio.
DECISIÓN
En virtud de las consideraciones que anteceden, ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR YPOR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,
este Tribunal cíe Casación, de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar,
Penal Policial y Transito, de la Corte Nacional de |usticia. de conformidad con
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lo dispuesto en el articulo 358 del Código de Procedimiento Penal, por
unanimidad, declara improcedente el recurso de casación interpuesto por
Rosario del Socorro Fraga Villarreal. Ejecutoriada la sentencia devuélvase el
proceso aj lugar de origen para su ejecución.- Notifíquese, devuélvase ypublfquese,-
Dr. Miguel |urnchrFabara
JUEZ NACIONAL
Certifico.-
Dr^barlüsJíodSECRETAR
z Garría
ELATOR
