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La Caída Del Imperio Templario - Jaime Rivera Velázquez

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La caída del imperio templario - Jaime Rivera Velázquez

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    INICIO NMERO ACTUAL ARCHIVO BLOGS CULTURA LIBROS SUSCRIPCIONES CAL Y ARENA

    La cada del imperio templario1 ABRIL, 2015 Jaime Rivera Velzquez

    Michoacn comienza a liberarse de manera

    definitiva de la cruel presencia de Los Caballeros

    nexos hoyVIERNES, 3 DE ABRIL DE

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    definitiva de la cruel presencia de Los Caballeros

    Templarios, ahora que su lder, Servando Gmez

    Martnez, La Tuta, est recluido en el penal del

    Altiplano. Otra buena noticia, asegura Jaime

    Rivera en este anlisis, es la reduccin de la

    incidencia de delitos de alto impacto, registrada a

    partir de la intervencin federal en enero de 2014.

    Para este estado castigado financieramente, sin

    embargo, lo ms difcil ser establecer un

    gobierno acotado por la ley y la transparencia.

    Con la captura de Servando Gmez Martnez,

    alias La Tuta, se cerr un ciclo de la intervencin

    federal de excepcin en Michoacn. En realidad,

    la importancia de La Tuta como capo ya era ms

    simblica que efectiva; la detencin o muerte de

    los otros jefes de Los Caballeros Templarios, la

    2015

    LA SEMANA SANTA

    La pasinreligiosaJean Meyer

    Nuevocatecismo paraindios remisosCarlos Monsivis

    Anniedesapareci enSemana Santa

    Sabina Berman

    guila, nopal ycruz

    Solange Alberro

    EDICIN IMPRESA

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    merma de su poder armado y el

    desmantelamiento de la red de proteccin

    gubernamental haban hecho de esa organizacin

    criminal una sombra de lo que era apenas un ao

    atrs.

    La

    EDICIN IMPRESA

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    desarticulacin del crtel de Los Caballeros

    Templarios (surgido en 2011 tras una escisin de

    La Familia Michoacana) haba empezado en

    enero de 2014, cuando el gobierno federal se

    decidi por fin a hacerse cargo directamente de la

    seguridad y la gobernabilidad de Michoacn, tras

    varios aos de deterioro institucional, desorden y

    violencia. En diciembre de 2013 la entidad

    pareca encaminarse a una guerra civil: las

    huestes del Movimiento de Autodefensa

    avanzaban por el territorio para enfrentar o

    desalojar a los templarios, mientras el gobierno

    estatal, impotente, delataba sus fracturas y su

    Actualidad delpasado

    LaexperienciareligiosaJean Meyer

    Lo ms ledo

    Mi querellacon Paz

    Las razonesde latmbola

    AMLO yChigurh

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    infiltracin por la delincuencia. El gobierno federal

    no tena una estrategia definida para enfrentar la

    crisis michoacana, quiz ni siquiera un

    diagnstico certero de la situacin, pero tampoco

    poda esperar ms. El 13 de enero de 2014 el

    presidente Enrique Pea Nieto visit por primera

    vez Morelia y anunci un plan de rescate de

    Michoacn por medio de una Comisin para la

    Seguridad y el Desarrollo Integral, encabezada

    por Alfredo Castillo Cervantes, un hombre de toda

    la confianza presidencial. En trminos prcticos,

    se trataba de una intervencin federal directa en

    las reas neurlgicas del gobierno local: la

    seguridad y las finanzas.

    El gobierno federal se fij dos objetivos

    inmediatos: combatir frontalmente al crimen

    La ciudadque nosinventa

    La identidadde gneronos viene dela naturaleza

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    organizado y contener a los grupos de

    autodefensa. Sin un avance sustancial en pos de

    ellos, es decir, sin un mnimo de paz y seguridad,

    nada ms se podra hacer. Pero no eran

    suficientes. Urga tambin depurar a los gobiernos

    locales y reactivar la economa.

    La primera tarea requiri un despliegue masivo de

    fuerzas de la Polica Federal, el Ejrcito y la

    Armada, as como sustituir a los titulares y

    mandos de las reas de seguridad del gobierno

    estatal. Hubo, adems, un cambio tctico discreto

    pero de consecuencias importantes: las fuerzas

    federales empezaron a actuar sin coordinacin

    con el gobierno del estado, esa divisa con la que

    el gobierno de Pea Nieto trat de diferenciar su

    poltica de seguridad respecto a la de su

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    antecesor, pero que en Michoacn implicaba un

    lastre, dada la colusin de algunas reas del

    poder local con la delincuencia. La nueva tctica

    dio pronto resultados resonantes: en menos de

    tres meses casi todos los principales lderes de

    Los Caballeros Templarios (el To Loya Plancarte,

    el Chayo Moreno, el Kike Plancarte, el Toro

    Vzquez y otros de menor peso) estaban presos o

    muertos. Slo faltaba La Tuta, el protagonista de

    videos que exhibieron la vinculacin con l de

    numerosos personajes pblicos. Un factor

    relevante de ese xito fue la colaboracin con las

    fuerzas federales de los grupos de autodefensa,

    quienes conocan el terreno, identificaban a jefes

    de plaza de los templarios y sealaban algunas de

    sus guaridas. El crtel de Los Caballeros

    Templarios, que durante cinco aos haba

    mundo. Primer

    Reporte 2015

    El juego de la

    Suprema Corte

    Los franeleros

    La brjula

    Cmo le va al

    mercado del arte en

    estos tiempos?

    La rotativa

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    construido un verdadero imperio criminal que

    traficaba drogas, contrabandeaba minerales,

    secuestraba, expoliaba a productores, se

    apoderaba de huertas, dominaba territorios,

    controlaba a policas municipales, mandaba sobre

    alcaldes y tena cmplices en la cspide del

    gobierno del estado, de pronto se vio cercado,

    perseguido y decapitado. No desaparecieron

    todas las bandas integrantes del crtel, pero

    perdieron el mando centralizado, la proteccin de

    los gobiernos y la capacidad de dominio territorial.

    El imperio criminal monoplico dio paso a bandas

    menores y a una delincuencia comn diseminada.

    El cambio en la incidencia delictiva no fue

    inmediato ni tuvo una tendencia unvoca. En los

    primeros meses de 2014 el registro de homicidios

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    aument levemente, en parte debido a los

    enfrentamientos de las fuerzas federales y los

    grupos de autodefensa contra los templarios; las

    tasas de secuestros y extorsiones variaron poco

    hasta junio. Tras la cada de varios cabecillas de

    la organizacin criminal y la detencin de

    centenares de mandos medios, sicarios y

    halcones, la violencia empez a disminuir. A partir

    de julio de 2014 los homicidios muestran un

    declive, y los secuestros y las extorsiones una

    cada drstica; como contrapartida, los robos de

    distintas modalidades persisten con una

    tendencia sin grandes cambios (ver grficas).

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    Aparte de desarticular a la organizacin de Los

    Caballeros Templarios, el otro gran apremio del

    gobierno federal era la contencin de los grupos

    de autodefensa. Surgidos como una reaccin

    legtima frente a la opresin y la impunidad de los

    templarios, los grupos de autodefensa no slo se

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    hallaban fuera de la ley, sino que implicaban

    muchos riesgos: infiltracin por delincuentes,

    conflictos armados internos, abusos contra la

    poblacin por falta de disciplina y desafos a la

    autoridad del Estado. De hecho, todos esos

    riesgos se materializaron en algn grado. Por eso

    el comisionado Castillo despleg hacia las

    autodefensas dos lneas de accin que no eran

    fciles de conciliar: aprovechar su colaboracin en

    el combate a los templarios y promover su

    institucionalizacin o desarme. Para sorpresa de

    muchos, Castillo logr en poco tiempo un pacto

    con los lderes de las autodefensas para

    convertirlas en un nuevo cuerpo de polica

    (Fuerza Rural) integrado en la Seguridad Pblica

    estatal, que a su vez entrara en proceso de

    depuracin y nueva profesionalizacin. Se

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    trataba, nada menos, que de devolver al Estado el

    monopolio de la fuerza legtima. La

    institucionalizacin no fue fcil ni total. Unos tres

    mil miembros de las autodefensas y algunos de

    sus liderazgos solicitaron su ingreso a la Fuerza

    Rural, y de ellos, unos 900 aprobaron los

    controles de confianza y fueron aceptados. Otros

    guardias optaron por volver a su trabajo, y no

    pocos buscaron seguir armados por su cuenta,

    fuese para defenderse o para delinquir. Algunos

    lderes, como Jos Manuel Mireles, intentaron

    convertir a las autodefensas en un movimiento

    insurgente y desafiaron abiertamente al gobierno.

    Mireles fue detenido y sigue preso. La

    heterogeneidad y la precaria disciplina en las filas

    de la nueva Fuerza Rural dieron lugar a

    rivalidades entre lderes, cuya manifestacin ms

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    trgica ocurri el 16 de diciembre, cuando grupos

    encabezados por Hiplito Mora y Antonio Torres

    se enfrentaron entre s, con un saldo de 11

    muertes; ambos lderes estn presos. El

    fenmeno de grupos civiles armados sigue

    latente, pero ya no tiene la magnitud ni el

    potencial explosivo que tena un ao atrs.

    La depuracin y reestructuracin de las fuerzas

    de seguridad locales tambin han tenido

    resultados apreciables. Unos 800 elementos de la

    Secretara de Seguridad Pblica estatal fueron

    dados de baja por no aprobar los controles de

    confianza. En 26 municipios (de un total de 113),

    ms de mil 200 policas municipales fueron

    cesados, y la Polica Federal se hizo cargo por

    entero de la seguridad. En otros municipios

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    muchos elementos policiacos pidieron su baja

    voluntariamente. Ms de 300 miembros de

    policas estatales o municipales, incluidos mandos

    directivos y medios, se hallan sujetos a proceso

    penal. Adems, todas las corporaciones de polica

    estn en procesos de evaluacin y control de

    confianza, y el mando unificado estatal abarca ya

    a 107 municipios.

    En cuanto a la depuracin de los gobiernos

    locales, la accin ms notable fue la detencin del

    secretario de Gobierno y ex gobernador interino,

    Jess Reyna, por presunta complicidad con los

    templarios. Adems, cinco presidentes

    municipales fueron detenidos y procesados

    penalmente por vnculos con el crimen

    organizado; uno ms fue arrestado y destituido

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    por peculado; no son pocos los alcaldes que an

    temen aparecer en un video con La Tuta y correr

    la misma suerte. Tambin fue encarcelado, por

    motivos semejantes, un hijo del gobernador

    Fausto Vallejo. Por otra parte, tres altos ex

    funcionarios del gobierno de Leonel Godoy (dos

    secretarios de Finanzas y el de Obras Pblicas)

    fueron sometidos a proceso penal por peculado;

    adems, decenas de mandos medios de la misma

    administracin han sido inhabilitados por

    irregularidades administrativas.

    A la luz de tales resultados, puede decirse que la

    intervencin federal en Michoacn ha sido

    exitosa. Sin embargo, persisten varios de los

    factores que indirectamente produjeron la crisis

    de inseguridad e ingobernabilidad y, en

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    consecuencia, hay riesgos de recada. En primer

    lugar, el gobierno de Michoacn sigue en quiebra,

    y con l muchos de los ayuntamientos. La deuda

    heredada por el gobierno de Godoy entre

    crditos bancarios, adeudos fiscales y falta de

    pago a proveedores se aproxima a los 30 mil

    millones de pesos. El gobierno de Vallejo trat de

    reestructurar la deuda para tener un respiro, pero

    logr muy poco; adems, incurri tambin en

    desvos y grave desorden administrativo. Muchos

    gobiernos municipales tambin se hayan en crisis

    financiera, en parte porque el gobierno del estado

    no cumpli con sus aportaciones para inversiones

    conjuntas (Obra convenida) y otro tanto por los

    impuestos que tenan que pagar al crimen

    organizado. El gobierno sustituto de Salvador

    Jara, con apoyo federal, empieza a poner orden

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    en la administracin, pero est semiparalizado

    por falta de recursos. Apenas logra pagar la

    nmina (abultada como nunca durante los aos

    de auge petrolero) y enfrenta continuos reclamos

    y paros de los sindicatos de empleados pblicos.

    Un agravante es que la ayuda financiera que el

    presidente Pea Nieto ofreci en enero de 2014,

    estimada por l mismo en 45 mil 500 millones de

    pesos, en realidad estaba comprendida en

    recursos ya presupuestados para el estado. La

    inyeccin adicional apenas ronda los cinco mil

    millones de pesos, mucho menos de lo que el

    servicio de la deuda absorbe en un solo ao. Un

    gobierno sin dinero y agobiado por las deudas

    puede hacer muy poco para atender las ingentes

    necesidades sociales e impulsar el desarrollo

    econmico.

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    Otro hoyo negro de las finanzas estatales se

    localiza en el sector educativo. Ao tras ao la

    Secretara de Educacin gasta cuatro mil o cinco

    mil millones de pesos ms de lo presupuestado,

    tan slo para apaciguar momentneamente las

    presiones del llamado magisterio democrtico. A

    falta de otros rubros suficientemente grandes de

    gasto pblico, el presupuesto de Salud (incluido el

    Seguro Popular) suele ser la principal vctima

    proveedora de los recursos extraordinarios para

    educacin. As lo han hecho por lo menos los

    tres ltimos gobiernos estatales, y ni siquiera el

    comisionado Castillo se atrevi a cambiar esa

    poltica. En 2014 el gobierno estatal, con

    anuencia del federal, volvi a otorgar cerca de mil

    plazas docentes automticas a normalistas, sin

    concurso ni evaluacin de por medio. En los

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    hechos, el gobierno federal ya renunci por ahora

    a aplicar en Michoacn la reforma educativa. Y

    por los efectos polticos de la tragedia de Iguala,

    es poco probable que siquiera lo intente en los

    prximos aos.

    No se

    puede

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    menospreciar lo que significa para los

    michoacanos que se haya desmantelado un

    imperio criminal y recuperado una seguridad

    pblica aceptable. Sin embargo, Michoacn

    necesita mucho ms que eso. La intervencin

    federal directa ha sido muy til para salvar al

    estado de su hundimiento total, pero no se puede

    suplir indefinidamente a las instituciones locales.

    Es indispensable que las fuerzas polticas de la

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    entidad asuman la conduccin de sus asuntos. De

    hecho, entre la clase poltica local, en los medios

    de informacin y aun en algunas franjas de la

    poblacin en general hay malestar por un

    sentimiento de invasin por forasteros,

    sentimiento que influy en el retiro del

    comisionado Castillo. Las prximas elecciones de

    gobernador, diputados y ayuntamientos cuyo

    proceso est transcurriendo en paz y conforme a

    la ley ofrecen una oportunidad para renovar las

    polticas de gobierno, pero slo a condicin de

    que los actores polticos relevantes quieran y

    puedan cambiar las reglas del juego. Y eso no

    ser fcil. El gobierno y la sociedad locales siguen

    atrapados en un entramado institucional vicioso

    que los condena al desorden y al atraso.

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    Tal vez siga siendo necesaria la intervencin

    federal por un tiempo ms, aunque en trminos

    diferentes. El nuevo gobierno del estado

    necesitar ms dinero para poder actuar y la

    entidad requiere ms inversiones federales y

    privadas. De otra forma, continuar el deterioro

    institucional y la gobernabilidad ser muy

    precaria. Pero la inyeccin de recursos debera

    condicionarse a un cambio de reglas del juego:

    ms aplicacin de la ley, ms control del gasto y

    transparencia; menos corrupcin y menos

    debilidad y complicidad frente a los grupos de

    presin. Michoacn necesita una suerte de Plan

    Marshall como el que se aplic en la Alemania de

    la posguerra, cuando las fuerzas americanas de

    ocupacin no slo aportaron crditos e

    inversiones, sino tambin indujeron una

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    reconstruccin institucional de carcter

    democrtico. La reconstruccin institucional

    necesaria en Michoacn se llama imperio de la

    ley.

    Jaime Rivera Velzquez

    Politlogo.

    Informacin proporcionada por fuentes de la

    Secretara de Seguridad Pblica del estado de

    Michoacn.

    Se trata de los presidentes municipales de

    Apatzingn, Aguililla, Huetamo y Ptzcuaro, del

    PRI, y de Lzaro Crdenas, del PRD.

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    El alcalde de Tacmbaro, del PAN.

    Segn el informe de la Auditora Superior de la

    Federacin, en 2013 los gastos desviados de su

    objetivo y otras irregularidades del gobierno de

    Michoacn suman 6,649.7 millones de pesos. En

    el ndice de desempeo de la gestin del gasto

    federalizado por entidad federativa, Michoacn

    obtuvo en el mismo ao un valor de 37.9 puntos,

    el ms bajo de todo el pas ; el valor ms alto,

    80.4, lo obtuvo Quertaro. (Auditora Superior de

    la Federacin, Informe General de la Cuenta

    Pblica de 2013).

    2015 Abril, Expediente.

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