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LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA PÚBLICA COMO HERRAMIENTA
DE LA POLÍTICA SOCIAL
Paula Sáenz Camacho
Politóloga – Magistra en Política Social
Introducción
En el contexto de la globalización, los gobiernos locales1, principalmente las ciudades, han
adquirido nuevos roles y deben enfrentar nuevos desafíos. La razón de ello, es que en los
niveles locales se concentran con mayor impacto los efectos positivos y negativos de la
globalización. Por un lado, los gobiernos locales se han insertado en las redes económicas
globales, debiendo asegurar competitividad y productividad. Por otro, se ven confrontados
a graves problemas de polarización socioeconómica y de sostenibilidad ambiental.
Esta condición de tensión, en la que las ciudades deben pensar al mismo tiempo en su
posición en la escena global y en cómo combatir y superar los crecientes problemas de
polarización social y económica que en su territorio se presentan, han conducido a las
ciudades a ser responsables de construir sus propias políticas públicas en general y sus
políticas sociales en particular.
Hace algunos años, se consideraba que para lograr mayor competitividad y buenos
resultados económicos, era necesario sacrificar los aspectos sociales. Hoy en día,
organizaciones como las Naciones Unidas y académicos expertos en el tema como
Mkandawire (2001; 2002) o Draibe (2004; 2006) han dado nuevamente un vuelco al
debate, hacia una visión que orienta a los gobiernos a aplicar políticas económicas y
sociales como dos caras de la misma moneda. Estos principios por supuesto, no solamente
1 Se utilizará el término gobiernos locales, refiriéndose principalmente a las ciudades, sin importar su porte.
se aplican a los gobiernos nacionales, sino, dentro de las nuevas configuraciones del mundo
globalizado, también a los gobiernos locales.
De acuerdo con esto, los gobiernos locales están aprovechando las nuevas posibilidades que
les ofrece su incursión en el escenario internacional, para recurrir a herramientas que les
permitan relevar el desafío de construir políticas sociales. La cooperación descentralizada
pública2, definida como la cooperación entre gobiernos locales, es una de esas
herramientas. Bogotá no ha sido ajena a los procesos de cooperación descentralizada en
política social, que realiza principalmente a través de las redes de ciudades a las cuales
pertenece. Una breve ilustración de tres casos de cooperación descentralizada, permitirá
evidenciar algunas posibles ventajas y obstáculos que puede presentar esta práctica.
1. La condición de las ciudades dentro del contexto de la globalización
El siglo XXI es el primer siglo urbano en toda la historia de la humanidad. Por primera vez
en el año 2008, más de la mitad de la población mundial, un total de 3.300 millones de
personas vive en áreas urbanas. La población urbana crecerá a 4.9 billones de personas
para el año 2030 y esta transformación se producirá principalmente en los países en
desarrollo de África, Asia, América Latina y el Caribe (UNFPA, 2007). Este diagnóstico
del último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, pone sobre la mesa la
necesidad de pensar en las implicaciones económicas, sociales y ambientales que tiene y
tendrá dicha expansión urbana, y en las soluciones que desde las mismas ciudades se deben
proponer.
En primer lugar, es importante pensar en la relación positiva entre el fenómeno de la
globalización y el fenómeno de urbanización. Es en las ciudades, más que en cualquier otro 2 El interés de este trabajo radica principalmente en la cooperación descentralizada pública, en donde las relaciones se establecen entre gobiernos locales. Por esta razón, cuando se escribe únicamente cooperación descentralizada, debe entenderse que se está haciendo alusión a aquella que es pública.
territorio, donde se producen los factores necesarios a la sociedad del conocimiento. Las
ciudades son el lugar donde se cristalizan los intercambios entre territorios, se crean
espacios de encuentro y reconocimiento intercultural y es donde se concentra la economía
del conocimiento (Prats, 2005). Así mismo, dentro desde una perspectiva de la política,
pero principalmente de la economía post-internacional, las ciudades se han convertido en
territorios estratégicos en los que se articula el nuevo sistema de la economía global
(Sassen, 2004).
En segundo lugar, en las ciudades se concentran los mayores impactos negativos de la
relación entre urbanización y globalización. Como lo explican los informes de
UNHABITAT y UNFPA, Cities in a Globalizing World y State of the World Population es
en las áreas urbanas donde actualmente se concentran la pobreza y las desigualdades más
grandes. Según este último informe, en países como Angola, el Chad, Colombia, Georgia,
Guatemala o Haití, más de la mitad de la población urbana está por debajo de la línea de
pobreza.
La condición de ser por un lado, los centros de la sociedad del conocimiento y, por otro, los
espacios donde se concentra el mayor número de problemas sociales, representa un gran
desafío para las ciudades. Tanto para las del mundo desarrollado, como para aquellas
pertenecientes a los países en vía de desarrollo. En consecuencia, es en las ciudades en
donde se hace evidente la tensión y la interacción inevitables entre lo local y lo global, sin
que esto signifique necesariamente, que globalización y localización sean dinámicas
excluyentes (Alonso, 2005). Por el contrario, los procesos de globalización y localización,
aunque no están exentos de conflicto, son complementarios en el marco de las ciudades, en
tanto son ellas las que pueden modular los impactos de la globalización y aprovechar al
máximo el potencial que ésta ofrece (Borja & Castells, 1998; Alonso, 2005; Subirats &
Brugué, 2005; UNHABITAT, 2001; Van Vliet, 2002).
Utilizando la expresión de Van Vliet en su libro Cities in a Globalizing World (2002) las
ciudades pueden pasar de ser “motores de crecimiento” en el contexto de la nueva
economía global, a “agentes de cambio”, como promotoras e implementadores de políticas
públicas que aseguren el desarrollo sostenible de sus territorios y habitantes.
1.1 La ciudad global y la ciudad dual
Las ciudades en la historia, siempre han sido los polos donde se concentran las actividades
productivas, los actores que empujan la prosperidad económica de un país. Contrario a lo
que algunos teóricos afirman, sobre la evolución del rol de las ciudades y de la economía
urbana en la era de la globalización, éstas no se han vuelto obsoletas, ni tienden a
desaparecer. Por el contrario, se ha desarrollado en varias de ellas una concentración de
poder económico y su papel en el mundo urbanizado y globalizado en el que vivimos es
esencial (Borja & Castells, 1998; Veltz, 1999; Sassen, 2004; Subirats & Brugué, 2005;
Forum, 2007).
Dentro de la lógica de la sociedad de la información y de la economía global, las ciudades
constituyen los nodos a través de los cuales se interconectan los mercados capitales, los
sistemas productivos globales, los sistemas de información. En este sentido, algunas de
ellas se han posicionado como los centros de gravedad de las transacciones económicas,
convirtiéndose en una ciudad global entendida como:
“[…] [U]na red de nodos urbanos de distinto nivel y con distintas funciones
que se extiende por todo el planeta y que funciona como centro nervioso de
la nueva economía, en un sistema interactivo de geometría variable al cual
deben constantemente adaptarse de forma flexible empresas y ciudades. El
sistema urbano global es una red, no una pirámide. Y la relación cambiante
respecto a esa red determina, en buena medida, la suerte de ciudades y
ciudadanos.” (Borja & Castells, 1998. p.43). 3
3 Es importante aclarar aquí, que para Borja y Castells, la definición de ciudad global, no es la misma que para Sassen. En efecto, para estos autores Nueva York, Londres o Tokio no representan a ellas solas la ciudad global, aunque se erigen como los “centros direccionales” que tienen mayor importancia para el sistema. En ese sentido, la definición propuesta por ellos tiene en cuenta que cada vez más, como la misma Sassen lo afirma, algunas ciudades pertenecientes a países en vía de desarrollo, se han ido integrando en los mercados financieros globales.
En este sentido, la globalización aumenta e intensifica la competencia entre las economías
urbanas y ha empujado a los gobiernos de las ciudades a adaptarse a las exigencias del
mundo globalizado. Así mismo, los gobiernos nacionales han tenido que crear condiciones
institucionales y legales que permitan a las ciudades integrarse y participar en el mundo
globalizado (Hall & Pfeiffer, 2000; Sassen, 2004). Es así como además de buscar el
incremento de sus capacidades en términos de competitividad y productividad, algunos
gobiernos urbanos han asumido una visión empresarial en la manera de planificar las
ciudades, dando creciente importancia al city marketing y a la atracción de inversión
extranjera como una estrategia de inserción y afianzamiento de su posición en el sistema
global (UNHABITAT, 2001).
Paralelamente a esta búsqueda de competitividad y inserción en el sistema económico
global, las ciudades se enfrentan a un fenómeno de polarización social, que está
directamente ligado a la globalización económica y que en algunos casos, como en las
ciudades de América Latina, es producto del desarrollo histórico de los países y ciudades,
pero se ve acentuado por las fuerzas globales (Ziccardi, 2002).
El concepto utilizado para definir este fenómeno es el de ciudad dual (UNHABITAT,
2001). Este concepto define las disparidades entre ricos y pobres o el gran dinamismo
productivo, generado por el modelo económico actual y al mismo tiempo la exclusión de
amplios sectores de la sociedad. Es decir:
“[…][L]os procesos de exclusión más profundos se manifiestan en una dualidad
intrametropolitana, particularmente en las grandes ciudades de casi todos los países,
siendo así que en distintos espacios del mismo sistema metropolitano existen, sin
articularse y a veces sin verse, las funciones más valorizadas y las más degradadas,
los grupos sociales productores de información y detentores de riqueza en contraste
con los grupos sociales exluidos y las personas en condición de marginación.”
(Borja & Castells, 1998. p. 60).
La ciudad dual se manifiesta entonces en todas las categorías de ciudades, tanto en aquellas
que lideran y que están en el foco de los procesos de globalización económica, como en las
ciudades africanas o latinoamericanas. Según Borja y Castells (1998), cuatro fenómenos
distintos ponen en evidencia a dualidad que se vive en las ciudades: el primero es la crisis
de vivienda y de servicios urbanos que se prensenta en casi todas las ciudades en vía de
desarrollo y que toca a diferentes segmentos de la población. El segundo, son las
desigualdades sociales que no solo persisten sino que crecen a grandes pasos. El tercero, es
la pobreza urbana que como se explicó anteriormente, afecta a más del 50% de los
habitantes de las ciudades en varios países en vía de desarrollo. Finalmente, el cuarto
proceso se ve reflejado en los fenómenos de exclusión social que tienen como consecuencia
el que grandes franjas de la población se vea descartada de los procesos económicos,
sociales y políticos de las ciudades.
2. La política social local
Varios fenómenos y cambios en la organización global y de los Estados-nación, han
conducido a los gobiernos de las ciudades a asumir la responsabilidad de construir sus
propias políticas sociales. Por construcción de políticas sociales, se entiende todas las
etapas de diagnóstico, diseño, implementación, evaluación y monitoreo de los “principios y
acciones gestionadas por el Estado que determinan la distribución y el control social del
bienestar de una población por vía política” (Serrano, 2005. p.11).
De acuerdo con lo explicado anteriormente, el primero de estos fenómenos es la
globalización económica la cual, a pesar de haber conducido a posicionar a las ciudades
como actores de la economía global4 ha producido efectos de polarización social creciente.
En palabras de Subirats y Brugué, existe “un nuevo orden espacial que se caracteriza tanto
por generar crecimiento como por provocar fragmentación y polarización [social]”
(Subirats & Brugué; 2005. p.355).
4 No está de más recordar que autores como Saskia Sassen consideran que no todas las ciudades o ciudades capitales del mundo hacen parte de la economía global. Sin embargo, autores como Borja y Castells (1998) afirman que las ciudades globales no son sólo Hong Kong, Londres, París y algunas cuantas más reconocidas, sino que cada vez más, ciudades del mundo en desarrollo juegan papeles importantes en la economía global. Así mismo, la mayoría de las ciudades, por lo menos las capitales, buscan estrategias económicas y políticas que las ayuden a posicionarse a nivel internacional.
Además de la globalización económica, las reformas más o menos importantes y profundas
en los sistemas de bienestar tanto en Europa, como en América Latina constituyen otra
influencia clave para que los gobiernos locales deban asumir la política social (Ziccardi,
2002). En América Latina las reformas se han hecho más notorias por haber conducido al
desmantelamiento de los incipientes sistemas de bienestar nacionales que se habían puesto
en marcha. Este proceso llevó a las ciudades de manera más o menos forzosa, a asumir la
responsabilidad de las políticas sociales y por lo tanto, a diseñar estrategias para hacerlas
viables.
“[…] [D]isminuyen los recursos y acciones de los gobiernos nacionales
sobre el territorio, lo cual obliga a los locales a generar más ingresos propios
a través de expandir e incrementar los gravámenes fiscales y establecer
nuevas formas de relación entre lo público y lo privado para el suministro de
servicios urbanos. La cuestión social parece expandirse, mientras que la
acción estatal se retrae y se transfieren cada vez más responsabilidades a la
sociedad” (Ziccardi, 2002. p.87)
Finalmente, el eco que se ha generado a nivel internacional sobre de la importancia de
ocuparse de la política social y la cuestión social, a través de instrumentos como los
Objetivos del Milenio por ejemplo, también ha sido un aliciente para los gobiernos locales
en este ámbito. Existe una serie de principios globales sobre la necesidad del bienestar
económico y social, que de una u otra manera son compartidos y transversales a todas las
sociedades.5 Paralelamente a ello, el proceso de globalización ha tenido un efecto de
reforzamiento de la identidad local. Estas dos tendencias tienen como consecuencia que,
cada vez con mayor ímpetu, las ciudadanas y ciudadanos, remitan a los gobiernos locales la
responsabilidad de buscar y encontrar soluciones a los conflictos sociales de estos niveles
territoriales (Ziccardi, 2002).
5 Es importante anotar que la universalidad de los principios defendidos por ejemplo, por el enfoque de derechos es un tema de controversia. Sin embargo, no siendo este el espacio de discutir sobre la pertinencia o no de este enfoque, en el presente trabajo se considera que los derechos humanos son universales.
En el contexto particular de América Latina, la descentralización es otro factor de gran
influencia en la localización de las políticas sociales. La influencia de los programas de
ajuste estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, tuvieron gran
predominio en el desmantelamiento de los sistemas de bienestar que de manera precaria,
funcionaban en los países del continente. Dentro de este contexto, uno de los procesos que
más se impulsó por parte de estas organizaciones multilaterales fue la descentralización.
Según Serrano (2005),
“la descentralización funcional de los servicios sociales de educación y
salud permitiría lograr una gestión más oportuna y ajustada a las necesidades
y demandas locales y se impulsan, en muchos países, procesos de
descentralización de la administración de la educación y salud hacia los
municipios o prefecturas (Serrano, 2005. p. 16).
De acuerdo con todos estos fenómenos, las ciudades cada vez más buscan salidas y
herramientas para hacer frente a esta situación de “dualidad” y de tensión entre las
tendencias económicas y la cuestión social. En el plano normativo, numerosos gobiernos de
ciudades han decidido adoptar un enfoque de la política social como elemento esencial para
el desarrollo humano y económico, dejando de lado la visión de política social residual
promovida durante las décadas de los 80 y 90. En el plano institucional y estratégico, los
gobiernos de las ciudades han asumido la responsabilidad de construir de manera autónoma
planes, programas y proyectos en política social.
2.1. Las condiciones para la política social local y urbana en América Latina
Es importante resaltar el diagnostico que acerca de las urbes latinoamericanas exponen
Subirats & Brugué (2005), ya que para ellos éstas ciudades son el lugar donde tienden a
concentrarse los principales cambios y tensiones en términos de la dualidad de la que se ha
hablado en el nuevo milenio. Las urbes latinoamericanas han seguido la tendencia mundial
y se han insertado en las dinámicas de las redes económicas globales. Como todas las
ciudades globales, las ciudades latinoamericanas han orientado su economía hacia el sector
servicios (Ziccardi, 2002; Subirats y Brugué, 2005).
Sin embargo, mientras las principales ciudades de las redes económicas como New York o
Londres, se han especializado en el campo de los servicios avanzados, las ciudades
latinoamericanas lo han hecho dentro de los servicios tradicionales, destinados al consumo.
Esto quiere decir que las ciudades latinoamericanas se posicionan dentro de una lógica de
periferia global que, a pesar de no figurar en las posiciones influyentes, si debe velar por
mantener su competitividad dentro del sistema urbano global (Subirats & Brugué, 2005).
Esto refuerza las tensiones sociales y la polarización interna, que históricamente se han
presentado en el continente.
En efecto, los resultados positivos de ciudad global que presentan las metrópolis
latinoamericanas, han tenido impacto en sectores específicos de la sociedad y sus
beneficios no necesariamente se han extendido. Uno de los efectos más nefastos, es que se
ha buscado reducir los costos sociales de algunos sectores, como el trabajo, con el objetivo
de generar mayor competitividad y convertirse en atractivos para la economía global. Es
decir, se han precarizado las condiciones de trabajo y se ha buscado mayor flexibilización,
para una mejor inserción en los circuitos globales (Ziccardi, 2002).
Además de ello, existe un fuerte peso de la población inactiva sobre la activa y una
feminización e infantilización de la pobreza, que en cada contexto nacional tiene sus causas
y explicaciones (Ziccardi, 2002). Paralelamente a ello, las grandes ciudades del continente
sufren de una expansión de su población en espacios de territorio cada vez más amplios,
causando degradación física de las ciudades, pero también exclusión, deterioro de la calidad
de vida e inseguridad.
Todo esto produce efectos de demanda creciente a las instancias gubernamentales locales,
de bienes y servicios colectivos, para compensar la precarización de la calidad de vida y la
inseguridad. El principal inconveniente es que en muchos casos, los sistemas municipales
no están preparados, ni tienen la capacidad de respuesta necesaria a esta demanda (Ziccardi,
2002; Subirats & Brugué, 2005).
Paralelamente, hay que tener en cuenta que el contexto latinoamericano presenta grandes
desafíos para la cuestión social dentro de las sociedades urbanas. Enfrentar las
problemáticas sociales en las urbes de América Latina requiere de un trío de procesos
económicos y políticos como son la competitividad, el desarrollo humano sustentable y la
gobernabilidad democrática, cuya aceptación en el continente, requiere en muchos casos, de
cambios estructurales importantes.
“[…] [E]l desafío puede formularse como el de encontrar una forma propia
de combinar y concretar tres objetivos estratégicos: la competitividad
dinámica o de largo plazo, en una economía global donde el mercado, sus
estructuras de poder y sus instituciones tienden a imponer [...] la prioridad de
los equilibrios macroeconómicos por sobre la promoción activa de
estructuras microeconómicas eficientes; el desarrollo humano sustentable,
en el contexto de un sistema que desprecia los equilibrios sociales y
naturales [...]; la gobernabilidad, en el contexto de un sistema político en
que las instituciones formales de la democracia y la competencia electoral
tienden a reeditar la manipulación de las mayorías populares […]”
(Coraggio, 1999. p.49)
Sin embargo, como Massolo (2006) lo indica, en muchos casos los municipios como las
urbes latinoamericanas, han buscado aprovechar las transformaciones a las cuales se tienen
que enfrentar. En este sentido,
“[…] [S]e están convirtiendo en inductores de sus propias reformas, con la
participación de la sociedad civil en la gestión asociada de los diversos
asuntos de interés público. […] Una clave está en la voluntad y habilidad
política e institucional de propiciar y articular iniciativas, consensos y
coordinación con distintos sectores y organizaciones que conviven en la
sociedad local, alrededor de proyectos, planes y acciones que respondan al
beneficio colectivo y a los nuevos desafíos […] (Massolo, 2006. p. 14)
Es dentro de este nuevo rol de inductores de sus propias dinámicas y estrategias de
desarrollo, que los gobiernos locales latinoamericanos y en general mundiales, buscan
herramientas que les sean útiles para enfrentar los desafíos sociales inducidos por el
proceso de globalización. Una de ellas, es la cooperación descentralizada, a través de la
cual se busca compartir experiencias, realizar transferencias de conocimiento y establecer
proyectos conjuntos, en miras de dar respuestas a las demandas sociales cada vez mayores.
3. Glocalización y gobernanza local
La tensión que se manifiesta entre los procesos globales y locales, reflejada en la
contraposición de la ciudad global y la ciudad dual en un mismo territorio y espacio,
conlleva a examinar los conceptos de glocalización y gobernanza local y urbana que son
importantes para situar la cooperación descentralizada dentro de un paradigma.
De acuerdo con Ben Attar (2003), el concepto de glocalización se puede aprehender a partir
de dos dimensiones. Por un lado, una dimensión analítica que busca explicar los procesos
sociales y culturales producidos paralelamente a los económicos, que se despliegan como
consecuencia de las relaciones entre lo local y lo global. Por otro lado, más recientemente
se ha desplegado un sistema de pensamiento que podría asimilarse a la búsqueda de una
dimensión normativa de la glocalización, es decir el deber ser, o el rol que deberían jugar
los gobiernos locales como gestores, coordinadores y promotores de la implementación de
políticas locales, que se posicionan frente a referentes globales a tener en cuenta (Borja &
Castells, 1998).
La glocalización desde esta última perspectiva, busca definir las estrategias a través de las
cuales los gobiernos locales y todos los actores de la sociedad (sector privado, medios de
comunicación, ONG) pueden aprovechar los beneficios de la globalización y establecer un
enlace con las necesidades y realidades locales. (UNHABITAT, 2001; Ben Attar, 2003;
UNHABITAT, 2004; Alonso, 2005).
El concepto de gobernanza parte de la constatación que las sociedades a finales del siglo
XX y al alba del XXI, están viviendo transformaciones en las esferas social y política, que
están relacionadas entre sí de manera profunda (Blanco & Gomà, 2006).
Efectivamente, la era post-industrial ha redefinido el sistema social a través de fenómenos
tales como nuevas estructuras de segmentación social (género, edad, étnica, cultura)
disímiles a la tradicional división de clases, el surgimiento de la economía global y de la
sociedad de la información y el conocimiento, o la emergencia de nuevos modelos
familiares. Este nuevo escenario social, ha demandado que los procesos de elaboración de
las políticas públicas integren a nuevos actores, principalmente el sector privado y las
organizaciones de la sociedad civil, retando de esta forma la tradicional concepción de la
esfera pública como la única autoridad legítima para la toma de decisiones (Navarro
Gómez, 2002; Blanco & Gomà, 2006).
Es posible afirmar que tres grandes proposiciones determinan el concepto de gobernanza
(Blanco & Gomà, 2006):
1. El reconocimiento, la aceptación y la integración de la complejidad como un
elemento intrínseco del proceso político, reconociendo que actualmente
múltiples actores con intereses diversos pueden aportar en la formulación e
implementación de políticas públicas.
2. La necesidad de un sistema de gobierno a través de la participación de actores
diversos en el marco de redes plurales. Es decir, la gobernanza desafía las
jerarquías tradicionales de gobierno y organiza los procesos de toma de
decisiones en redes de interacción entre actores estatales y no estatales.
3. La nueva posición de los poderes públicos en los procesos de gobierno, la
adopción de nuevas funciones y la utilización de nuevos instrumentos de
gestión. Los poderes públicos no encontrándose más en la posición más alta de
la jerarquía, sino por el contrario debiendo interactuar conjuntamente con
actores no estatales, deben sobrepasar su rol de “impositores” de decisiones y
posicionarse como líderes capaces de articular a los diversos actores implicados
en la toma de decisiones.
Estos cambios en la manera de gobernar no sólo se han manifestado en el orden del
gobierno central, sino también en los niveles sub-estatales. La gobernanza local y/o urbana
tiene rasgos semejantes a los que se manifiestan en el nivel central, pero presenta
características que le son propias (Navarro Gómez, 2002). Por un lado, está el cambio del
“paisaje institucional”. Es decir, la multiplicación y reestructuración de las instituciones
públicas en los procesos de decisión, lo cual se traduce en la repartición de
responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno en el Estado y la necesidad de
consolidar articulación entre los mismos.
Por otro, también surge el fenómeno de la conformación de redes con el objetivo de
articular los intereses de los distintos sectores de la sociedad. Así las cosas, la gobernanza
local pone en evidencia el papel cada vez más importante de los gobiernos locales en el
mundo globalizado, ya que a pesar de los esquemas de decisión tradicional están
modificándose sustancialmente, esto no quiere decir que los gobiernos locales estén
debilitados. Por el contrario, los gobiernos locales experimentan un fuerte impulso, no
solamente en su posición dentro de la economía global, sino también en su capacidad de
diseñar políticas que incrementen el bienestar de sus ciudadanos (Navarro Gómez, 2002).
En este sentido, los gobiernos locales han tenido que posicionarse como agentes de cambio
y por ende buscan cada vez más generar procesos de capacity-building, que les permitan
hacer frente a los nuevos retos que se les presentan. “[…][El] liderazgo local debe ser visto
[…] como el ejercicio de un bróker político [capaz] de dinamizar recursos, reclamar
información e impulsar la participación que le garantice el cumplimiento de los proyectos.”
(Navarro Gómez, 2002. p.6).
3.1 La cooperación descentralizada pública
Los procesos de glocalización y de gobernanza local, se reflejan en estrategias
desarrolladas por los gobiernos de las ciudades, como la cooperación descentralizada. Ésta
representa un nuevo enfoque de la cooperación, principalmente porque sus actores clave
son las autoridades y los gobiernos locales.
Existen principalmente dos factores por los cuales surgió el enfoque de la cooperación
descentralizada. El primero, es aquel que se viene explicando a lo largo de este capítulo y
es, la influencia del proceso de globalización en la redefinición del orden mundial, la cual
ha llevado a los gobiernos locales a tener un papel central en el manejo de las tensiones
entre lo local y lo global. Esto, los ha impulsado a una proyección internacional que se
refleja en una relación directa entre ellos y otros actores de la arena internacional (Romero,
2004).
El segundo, son las propias dinámicas del sistema de cooperación internacional al
desarrollo. Este modelo, concebido como un instrumento de ayuda de los países
desarrollados a los países menos desarrollados, principalmente a través de la transferencia
de recursos financieros, empezó a ser cuestionado; en especial sus mecanismos, que
pretendían aplicar “fórmulas mágicas” para el desarrollo, aplicables en todos los contextos
sociales, económicos y culturales. Igualmente, se puso en causa su carácter estadocéntrico,
que distanciaba las acciones de los beneficiarios, sin mostrar resultados totalmente
relevantes (Romero, 2004).
Surge entonces un nuevo modelo de cooperación para el desarrollo, que busca que la
primera sea un instrumento para el segundo, mediante alternativas que permitan una mejor
integración de los programas de desarrollo al contexto de los países. En ese sentido, este
nuevo modelo requiere mayores capacidades en los niveles locales, utiliza enfoques
participativos y debate con los diferentes actores estratégicos para el desarrollo, es decir
con el sector privado, los diferentes niveles del Estado y la sociedad civil. Así mismo, este
nuevo modelo despliega instrumentos distintos a la mera transferencia de recursos
financieros y se inclina también hacia la
“[…] transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos, el
refuerzo de las capacidades y el desarrollo institucional, el intercambio de
experiencias […]” (Romero, 2004. p. 37).
Dentro de este nuevo contexto, el concepto de cooperación descentralizada fue utilizado
por primera vez por la Unión Europea, dentro de los acuerdos de la IV Convención de
Lomé (firmada en 1989 entre los países de África, Pacífico y el Caribe – APC)6. Su
definición está orientada a dejar claro que este nuevo enfoque busca establecer relaciones
directas con los órganos de representación local y la población local, considerando sus
puntos de vista e intereses respecto a su propio desarrollo (Romero, 2004).
A partir del momento en que la cooperación descentralizada se erigió como un nuevo
paradigma, la Unión Europea y distintas instituciones de carácter gubernamental en los
países desarrollados, generaron políticas de cooperación descentralizada, dirigidas tanto a
los países y gobiernos locales en desarrollo, como a los desarrollados. Es así como la
cooperación descentralizada cobra cada vez más fuerza y peso dentro de los gobiernos
regionales y municipales, a pesar de que aún existen obstáculos para su progreso, como
pocos recursos financieros, humanos e institucionales y/o marcos legales débiles según los
contextos (Romero, 2004; Oddone, 2005). Cabe anotar, que esta tendencia se ha
generalizado hacia los países en desarrollo, quienes a su vez han desarrollado espacios y
herramientas indispensables para la cooperación entre gobiernos locales del sur.
A pesar de que pareciera que la cooperación descentralizada es un concepto claro, lo cierto
es que tiene significados y alcances diferentes que no permiten que todos los actores que
6 La Convención de Lomé fue un Acuerdo firmado entre la Unión Europea y 71 países de África, el Pacífico y el Caribe que combinaba la provisión de ayuda, preferencias comerciales y diálogo político. La Convención fue renegociada en cuatro ocasiones, desde su primera ratificación en 1975, hasta el año 2000, año en que expiró el cuarto capítulo de la misma. La Convención de Lomé era en su momento, el canal de comunicación privilegiado entre los países APC y la Unión Europea y fue reemplazada en el año 2000 por el Acuerdo de Cotonou. Adaptado de la página oficial del Parlamento del Reino Unido: http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199798/cmselect/cmintdev/365/36504.htm#n1. Revisado el 17 de marzo de 2008. 12:30 p.m.; y de la página de la Enciclopedia Encarta: http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961519473/Convenci%C3%B3n_de_Lom%C3%A9.html. Revisado el 17 de marzo de 2008. 12:48 p.m.
recurren a ella la entiendan de la misma manera. Por lo tanto, es indispensable tener
claridad sobre los tipos de cooperación descentralizada, diferenciando principalmente entre
la cooperación descentralizada pública y la cooperación descentralizada privada:
“ […] 1) La Cooperación Descentralizada Pública –CDP- […] se define como el
“conjunto de las acciones de cooperación internacional que realizan o promueven
los gobiernos locales y regionales”; a su vez la cooperación descentralizada pública
se canaliza a través de dos vías i) la indirecta que son aquellas acciones presentadas
por una ONG y financiadas por los gobiernos sub-estatales y ii) la directa es decir la
que supone el establecimiento de una relación directa entre gobiernos locales y
regionales Dentro de este tipo de cooperación descentralizada se encuentran los
hermanamientos entre ciudades y las Redes de ciudades
2) Cooperación Descentralizada Privada: Es aquella que surge con las ONGs o
empresas y brinda la oportunidad a sus homólogos de los países receptores, de
asociarse (en forma de consorcios, uniones temporales, etcétera) para ejecutar
proyectos que pueden ser financiados por un tercero (ciudad, estado, organización
multilateral, empresa u ONG internacional) […]” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008.
p.10).
La cooperación descentralizada pública, tiene un potencial de evolución bastante alto y es a
través de ella que se hacen efectivos los dos principales mecanismos para la
internacionalización de los gobiernos locales: las redes de ciudades y los hermanamientos
bilaterales.
Las redes de ciudades son importantes espacios de interacción e intercambio de
información, experiencia y conocimiento entre las ciudades y/o los gobiernos locales.
Además de permitir la inserción de éstos en sistemas de relaciones transnacionales y de ser
un mecanismo de desarrollo de su política exterior, el valor agregado de las redes se
encuentra en las varias posibilidades que ofrecen a sus miembros. Algunas de estas ventajas
son: el acceso a grandes volúmenes de información provenientes de diferentes rincones del
mundo, el posicionamiento de temáticas específicas dentro de la agenda pública de varios
gobiernos locales y su permanencia en el tiempo, en razón de los compromisos que se
adquieren para promoverla. Así mismo, aunque en la práctica aún esto no sea el caso de
todas, las redes de ciudades
“[…] se consolidan […] como un sistema complementario de solidaridad
internacional y de aplicación de políticas redistributivas […] en tanto que se
producen efectos de difusión de ayudas, de best practice y de tecnologías desde los
centros urbanos más dinámicos y avanzados hacia aquellos con problemas de
desarrollo o crisis económicas y sociales.” (Borja & Castells, 1998. p. 323).
La redes de ciudades se clasifican de acuerdo a los criterios bajo los cuales se organizan
(Borja & Castells, 1998). Como ya se explicó anteriormente, la principal red de ciudades a
nivel mundial es CGLU, cuyo rol es ejercer una representación política de las ciudades y
gobiernos locales ante las Naciones Unidas y sus organismos asociados. Esto, con el
objetivo de ser la voz de unión de los gobiernos locales en las más importantes instancias
de concertación internacional. Una de las principales tareas de CGLU actualmente, es la
promoción de la participación activa de las ciudades y los gobiernos locales en alcanzar los
Objetivos del Milenio7.
No obstante, a pesar de ser el mecanismo más adecuado para la inserción de las ciudades y
gobiernos locales en el sistema internacional, las redes presentan algunas debilidades
principalmente ligadas a la diversidad de tipos de organización y de marcos institucionales
y legales, que dificultan muchas veces el desarrollo de proyectos comunes. En ese sentido,
a pesar de ser estructuras no jerárquicas, en muchos casos los miembros que se benefician
más de las posibilidades que estas ofrecen, son aquellos que tienen los recursos (humanos,
financieros, legales) para participar activamente en las actividades de las redes. Por esta
razón, se pueden generar asimetrías y distorsión en las relaciones internas (Borja &
Castells, 1998).
Los hermanamientos entre ciudades son la otra modalidad utilizada por las ciudades y
gobiernos locales para su inserción internacional. Así mismo, son la forma más antigua de
cooperación descentralizada pública, que ha ido adaptándose con el tiempo a los cambios y
7 Para profundizar sobre la labor de CGLU visitar la página web: http://www.cities-localgovernments.org
necesidades de los gobiernos locales. En un principio, los hermanamientos tenían la
caracterísitica de ser un acto solemne entre dos gobiernos locales, que dejaban por escrito
su voluntad de hermanarse y de tener lazos de amistad por siempre.
Sin embargo, este tipo de relaciones se ha vuelto obsoleto con el tiempo, ya que en muchas
ocasiones los acuerdos de hermanamiento sufren de inactividad y de falta de resultados
concretos. Por esta razón, cada vez más los hermanamientos toman formas de trabajar más
dinámicas y ambiciosas que se ven reflejadas en nuevas formas de cooperación, como la
llamada cooperación ciudad-ciudad8, cuyo énfasis está en la realización de acciones y
proyectos concretos que generen beneficio mutuo (Zapata Garesché, 2007).
Un estudio realizado por el Observatorio de la Cooperación Descentralizada Unión Europea
– América Latina,9 ha identificado las últimas tendencias y modalidades de cooperación
entre los gobiernos locales, así como los principales ejes de acción alrededor de los cuales
se dan intercambios (Malé, 2008):
a) la ayuda humanitaria y de carácter asistencial
b) el apoyo a las diversas políticas públicas locales y el fortalecimiento institucional
c) el desarrollo económico y la promoción de actividades en un territorio
d) la presión política para modificar las condiciones generales de ejercicio del poder
local
e) el cambio cultural y la relación con la ciudadanía
Así mismo, el estudio pone en evidencia varios puntos sobre los cuales la cooperación
descentralizada ha avanzado en los últimos años, de los cuales son esenciales. El primero,
es que ha pasado de una lógica de consecución de recursos para mejorar las condiciones de
vida de ciertos grupos vulnerables, hacia la búsqueda de un impacto más extenso, como es
el apoyo a la consolidación y refuerzo de las políticas públicas y las instituciones locales. El
segundo, es que la cooperación descentralizada ha promovido un cambio en la visión
8 Este concepto proviene del inglés City-to-city cooperation – C2C, utilizado principalmente por los organismos de las Naciones Unidas. Aquí se utilizará su traducción al español cooperación ciudad-ciudad. 9 Para obtener mayor información sobre el Observatorio visitar: www.observ-ocd.org.
unidireccional del Norte donante y el Sur receptor y ha se avanzado positivamente hacia
relaciones de cooperación en las que las partes están situadas en pie de igualdad y logran
intercambios fructíferos (Malé, 2008).
4. Las ventajas y obstáculos de la cooperación descentralizada en política
social: la ilustración de algunos casos de Bogotá
Sonia Draibe (2004), plantea que la cooperación descentralizada puede actuar de manera
positiva en la construcción de políticas sociales en el nivel local, principalmente sobre tres
planos distintos. El primero de ellos es el plano teórico-analítico que se refiere a las
concepciones normativas sobre las cuales deben basarse las acciones en cooperación
descentralizada.
“Los objetivos comunes y las estrategias de los proyectos de cooperación
descentralizada en materia de combate a la pobreza e inclusión social
encuentran, en las teorizaciones contemporáneas sobre los estados de
bienestar social y en sus fundamentos de derechos humanos y sociales, el
terreno más adecuado para su definición y fijación conceptual” (Draibe,
2004. p.324)
El segundo plano es el estratégico-programático. Este se refiere a las estrategias que un
gobierno local busca para la construcción de sus políticas sociales:
“En el plano estratégico-programático, que se desprende naturalmente del
primero, la cooperación descentralizada puede y ha encontrado subsidios en
las estrategias de combate a la pobreza que privilegian:
• La inversión en el desarrollo de las personas y de las
colectividades locales;
• la orientación programática de “focalizar lo universal”;
y
• los principios de la productividad, la equidad, la
sustentabilidad y de potenciación de las personas y las
colectividades locales” (Draibe, 2004. p.325)
El plano institucional, tercer plano sobre el cual la cooperación descentralizada puede tener
incidencia, corresponde principalmente a los desafíos institucionales que deben enfrentar
los gobiernos locales, al tener que desarrollar capacidades de acuerdo al nuevo rol que
juegan en el mundo globalizado como actores de las relaciones internacionales y como
responsables de la política pública. En ese sentido, deben asumir nuevas funciones y por
ende, deben asumir los retos propios a la complejidad de diseñar e implementar política
social, que se caracteriza por su heterogeneidad, fragmentación y desarticulación. Dentro
de este nuevo panorama institucional, la cooperación descentralizada representa un refuerzo
importante para los gobiernos locales en si está orientada a:
• “la creación de capacidad institucional local;
• el refuerzo de la autonomía de las colectividades locales […];
• […] el buen aprovechamiento de las potencialidades de la acción en red,
tanto para la propia articulación de la cooperación, como y
principalmente, para la implantación local de acciones duraderas en pro
de la cohesión social […]” (Draibe, 2004. p. 325)
De acuerdo con estos tres planos, se realizó una exploración que a través de tres casos en
los que Bogotá ha desarrollado procesos de cooperación descentralizada en política social,
buscó ilustrar algunas de las ventajas y obstáculos que esta práctica puede tener, a la luz de
los tres planos propuestos por Draibe (2004).
El primero de los casos ilustrativos es el 1er Seminario Iberoamericano de Seguridad
Alimentaria y Nutricional en la ciudad, que se realizó en Bogotá en mayo de 2006, en el
marco de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas – UCCI. Su objetivo era
compartir la experiencia del Programa Bogotá sin Hambre y escuchar experiencias de otras
ciudades sobre la temática de la Seguridad Alimentaria y Nutricional con una perspectiva
de ciudad, no solamente para intercambiar experiencias, sino para “hallar herramientas para
el fortalecimiento de este tipo de políticas públicas […]” (Alcaldía Mayor de Bogotá,
2006).
El Seminario reunió a 70 expertos internacionales sobre el tema y a 26 ciudades
iberoamericanas. Se debatieron temas como la globalización y la política de seguridad
alimentaria y nutricional para las ciudades y sus regiones circundantes; el abastecimiento en
perspectiva de ciudad región, con la lógica del ordenamiento territorial, programas de
nutrición y alimentación y experiencias de agricultura urbana, entre otros. Esto abrió la
posibilidad a los gobiernos locales de la región, de compartir sus preocupaciones, y de
aceptar y exponer sus responsabilidades frente a un tema que se ha convertido en uno de los
principales desafíos mundiales del siglo XXI.
Este Seminario, que constituye un corto proceso de cooperación descentralizada, dejó sin
embargo un importante aporte en el plano teórico analítico a las ciudades iberoamericanas.
Por un lado, el Seminario fue el primer escenario latinoamericano que buscó contribuir con
el debate teórico y político del hambre y la seguridad alimentaria desde una perspectiva
local. Por otro, planteó la importancia de analizar el hambre desde un enfoque de derechos,
y en ese sentido, hizo un llamado importante a tener en cuenta la multidimensionalidad de
dicho problema. Finalmente, como resultado de las recomendaciones de este primer evento,
se realizó el Segundo Seminario de Seguridad Alimentaria y Nutricional los días 15 y 16 de
septiembre de este año, incluyendo temas como los bío y agro combustibles y sus límites.
Este caso es una interesante ilustración que demuestra que la cooperación descentralizada
bajo la figura de intercambio de experiencias permite a los gobiernos locales encontrar
espacios y escenarios de discusión para avanzar en sus agendas institucionales y políticas
comunes.
El segundo caso ilustrativo es Bogotá Emprende, un programa de la Alcaldía Mayor de
Bogotá y de la Cámara de Comercio de Bogotá, adaptado del centro de emprendimiento
Barcelona Activa, desarrollado por el Ayuntamiento de esa ciudad. Su inauguración oficial
se realizó en noviembre de 2006. El adaptar la metodología del centro de emprendimiento
de Barcelona surgió como iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a raíz de los
diagnósticos negativos sobre el tema de la generación de ingresos y empleo. Estos
diagnósticos no solo se referían a las condiciones de empleo y desempleo de los bogotanos,
sino también a la manera como se estaban invirtiendo los recursos públicos para la creación
de proyectos productivos cuya metodología no arrojaba los resultados esperados.
De acuerdo con esto, el modelo barcelonés adaptado a las condiciones bogotanas, ofrece
una serie de ventajas en términos de indicadores de seguimiento y evaluación, que
permitirán saber a partir del tercer año de funcionamiento del centro, cuales son las
condiciones de permanencia y autosuficiencia de la primera generación de empresas
creadas por el programa. Según estos objetivos, el caso de Bogotá Emprende es una clara
ilustración del apoyo que puede prestar a la cooperación descentralizada en un plano
estratégico-programático.
La implementación de Bogotá Emprende ha tenido interesantes resultados positivos como
reunir en torno a un objetivo al sector público y al sector privado (representado por la
Cámara de Comercio), lo cual ha contribuido con un interesante posicionamiento del
programa en la ciudadanía. El objetivo de contar con una herramienta sólida a través de la
cual la ciudad promueva la productividad y la competitividad, con indicadores de gestión e
impacto más consistentes que los utilizados anteriormente, es la ventaja más importante.
No obstante, se han presentado algunos obstáculos en términos de la articulación de la
visión de la Cámara de Comercio y de la Alcaldía Mayor de Bogotá, frente a ciertos
aspectos importantes como son los proyectos productivos con poblaciones vulnerables. En
efecto, para la Cámara de Comercio, que es el ente encargado de implementar el programa,
no existe una clara prioridad de trabajar con estas poblaciones. Por el contrario, para la
Alcaldía Mayor, el mejorar los resultados de este tipo de proyectos fue una de las razones
por las cuales se buscó la transferencia de conocimiento por parte de Barcelona.
Sin embargo, dicho obstáculo no es inquebrantable. Es más bien un desafío en términos de
la gobernanza local para los actores involucrados en el programa. Este último constituye ya
un importante logro para la ciudad, al dotarla de de herramientas necesarias para mejorar la
competitividad y la productividad de la ciudad, gracias a la cooperación descentralizada.
El tercer y último proyecto, Derecho a una Ciudad Segura y Equitativa para las Mujeres,
fue formulado por Bogotá y otras diez ciudades de América Latina, en el marco de la red 12
de Urb-Al, Mujer y Ciudad. El objetivo principal del proyecto es lograr la aplicación en las
diez ciudades de un sistema de “monitoreo de la transversalidad de género en la
planificación y ejecución de las políticas públicas Municipales para promover el derecho a
una ciudad segura y equitativa para las mujeres (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007. p.1).
El producto final del proyecto, será un manual de monitoreo para los gobiernos de las
ciudades participantes que les permita llevar a cabo estrategias para la transversalización de
la perspectiva de género en la planeación de las mismas. Para lograr este cometido, las
ciudades participantes convinieron realizar seminarios internacionales y actividades
conjuntas. Así mismo, cada una de las ciudades debe poner en marcha proyectos piloto
internos. Todos estos pasos les permitirán identificar de manera multilateral y a través de
las experiencias de cada ciudad, las herramientas que compondrán el manual.
Para Bogotá, la participación en este proyecto ha sido provechosa y ha aportado en
términos de construcción de capacidades institucionales. Es decir que este proyecto ha
impactado en el plano institucional de la ciudad, si se retoma el planteamiento de Draibe
(2004).
En primer lugar, la entrada en este proyecto, ha permitido a la Dirección de Derechos,
Desarrollo e Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género10, marcar un nuevo
paso para el avance de la transversalización de la perspectiva de género en las políticas
públicas de la ciudad. En efecto, la discusión y el debate que se dio durante la formulación
del proyecto entre las ciudades participantes, sobre los fundamentos teóricos que sustentan
la perspectiva de género en la planeación, han sido esenciales para consolidar la posición de
10 “Dirección” en adelante.
Bogotá frente al alcance que debe tener la transversalización de la perspectiva de género en
la ciudad.11
Esto ha tenido un impacto importante en términos institucionales. A raíz de tener claro el
fundamento normativo, la Dirección pudo plantear propuestas que complementaran los
instrumentos normativos con los que ya cuenta la ciudad. Por un lado, está un ejercicio
piloto de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial – POT, de Bogotá y de los Planes
Maestros de Cultura, Seguridad y Espacio Público a la luz de la perspectiva de género. Los
resultados de este ejercicio, serán el insumo y el aporte que hará Bogotá a la construcción
de las herramientas de monitoreo del proyecto. Por otro lado, la Dirección ha dejado
establecido dentro de los procedimientos internos de la Secretaría Distrital de Planeación,12
que la labor de “revisión” de los instrumentos de planificación de la ciudad, sea una tarea
continua de la Dirección, independientemente de la administración de turno.
Estas dos iniciativas corresponden perfectamente a lo que Draibe (2004) estima, son los
“refuerzos positivos que [en el plano institucional] la cooperación descentralizada puede
generar” (Draibe, 2004. p.325). Es decir, la creación de capacidad institucional, en tanto
desde la etapa de formulación del proyecto, se promueve la búsqueda de nuevos caminos y
herramientas para profundizar en la transversalización de la perspectiva de género en las
políticas públicas. Esto significa, que gracias al proceso de cooperación descentralizada, se
ha generado un aprendizaje valioso para Bogotá, el cual puede convertirse más adelante en
un ejemplo de buena práctica en política pública.
11 La argumentación en pro de la transversalización de la perspectiva de género en la planeación de la ciudad, se basa en que ésta no significa únicamente el poner en marcha acciones afirmativas a favor de las mujeres, vistas como sector de la población tradicionalmente excluido, y no significa únicamente tratar a las mujeres como objetos de la política pública.11 Significa que se debe cambiar el foco a través del cual se planifica la ciudad, teniendo en cuenta que ésta ha sido tradicionalmente pensada para los varones, bajo una mirada de una división tradicional de los roles sociales. En ese sentido, bajo esta transversalización las mujeres deben ser sujetos de la política pública, ser partícipes en el desarrollo de la ciudad, teniendo en cuenta sus necesidades y prioridades, lo cual significa que su rol y su papel son activos. 12 Los procedimientos internos a la Secretaría Distrital de Planeación permiten dejar definidas tareas que se deben cumplir independientemente de la administración de turno. Son aceptados por resolución del Secretario y/o Secretaria (Garzón, 2008).
El saber aprovechar el trabajo o la acción en red, ha permitido generar mayor legitimidad
política, ética y técnica para la Dirección y el tema que ella maneja. Esto se hizo evidente
dentro del Distrito, y con las organizaciones de mujeres con las que la Dirección trabaja.
Igualmente, este proceso ha contribuido con la tarea de demostrar que es posible generar
corresponsabilidad entre las ciudades latinoamericanas y entre los sectores de la sociedad
bogotana, para poner en concreto los argumentos normativos que se defienden.
Paralelamente a demostrar que esto se puede realizar, el proyecto ha contribuido a indicar
caminos posibles de cómo se puede realizar.
CONCLUSION
La cooperación descentralizada es una herramienta que puede resultar de gran beneficio
para la construcción de políticas sociales en el nivel local. Su incidencia radica
principalmente, en que contribuye a la construcción de capacidades institucionales que
permiten a los gobiernos locales enfrentar los desafíos sociales y por ende, lograr mayor
autonomía y poder de decisión frente a las políticas sociales que deben poner en marcha.
Las potencialidades de esta modalidad de cooperación son importantes teniendo en cuenta
su naturaleza evolutiva y flexible. Es decir, las modalidades de cooperación descentralizada
son adaptables a las necesidades de los gobiernos locales. Esto es importante, en tanto cada
contexto tiene particularidades que le son propias y requiere de políticas sociales adaptadas
a sus características. Así mismo, la cooperación descentralizada tiene la ventaja de permitir
a los gobiernos locales recurrir a ella según sus prioridades y no estar supeditados a las
exigencias y condiciones que plantea la perspectiva donante – receptor. Esto permite que la
cooperación descentralizada, especialmente en política social, dé pie al establecimiento de
modelos de intercambio más horizontales, en los cuales hay reciprocidad y un refuerzo
mutuo institucional, basadas en la igualdad entre los gobiernos locales participantes. Así
mismo, permite un intercambio de experiencias fructífero entre gobiernos locales del sur.
No obstante, la cooperación descentralizada aún presenta limitaciones que aún deben ser
sorteadas como el desconocimiento de las cualidades que ofrece, y por lo tanto la falta de
afectación por parte de los gobiernos locales de recursos financieros y humanos, que
permitan potenciar el trabajo alrededor de este tema. En ese sentido, no se priorizan ejes de
trabajo y no se identifican posibles gobiernos locales aliados con los cuales se puedan
establecer procesos importantes de cooperación. Esto tiene como consecuencia que en
muchas ocasiones la cooperación descentralizada sea percibida como un espacio que se
limita a la diplomacia entre gobiernos locales, o se confunde como otra fuente de ayuda
financiera para el desarrollo.
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