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LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA AL SUBDESARROLLO DE
GUINEA ECUATORIAL. Oportunidades perdidas y propuestas frustradas en la década de los ochenta. Relato documentado de un cooperante. Luis de la Rasilla Madrid, 31.12.16
Texto transmedia e hipertextual en proceso de ediacción
NOTA DEL AUTOR Cuando me enfrento a la tarea de dar una clase, impartir una conferencia o intervenir en una
mesa redonda, suelo proceder del siguiente modo. Preparo, dejando un generoso margen a la repentización, un ‘relato introductorio’ lo suficientemente desenfadado, ameno y provocador para mantener la atención constante, propiciar un animado debate y animar a la sosegada y reflexiva lectura posterior del ‘texto ad hoc’, facilitado a los asistentes, en el que desarrollo el
tema anunciado con la debida sistematización. Y eso fue lo que hice en mi intervención en el III SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE GUINEA ECUATORIAL: un relato introductorio —reconozco que apasionado— que provocó un intenso debate y la entrega de un texto, en este caso, una e.novela de texto, transmedia e intertextual, titulada NOTICIA DE UN AMANECER FUGAZ, que incluye una detallada y documentada narración autobiográfica de mi experiencia como director del Programa de la UNED en Guinea Ecuatorial en la década de los ochenta.
Ahora, con ocasión de esta publicación que prepara la UNED, pongo a disposición de los lectores de la misma los siguientes materiales complementarios: a) El vídeo íntegro de mí intervención, editado por la UNED, que incluye la presentación por
parte del profesor Juan Aranzadi, el ‘relato introductorio’ y el animado debate que éste provocó.
b) El ‘texto ad hoc’ de desarrollo del tema anunciado, preparado expresamente para dicha
publicación, que ofrece dos modalidades alternativas de lectura a la edición en papel.
c) Y, por supuesto, la citada novela que puede descargarse gratuitamente.
ALTERNATIVAS DE LECTURA DEL TEXTO IMPRESO DE LA PONENCIA
Como alternativas a la lectura de esta edición impresa que prepara la UNED invito al lector a recurrir a un formato más apto para visualizar cómodamente las numerosas notas insertadas al final del mismo o, si lo prefiere, a experimentar un novedoso ejercicio de actolectura empleando esta EDIACCIÓN TRANSMEDIA E HIPERTEXTUAL. Ediacción que proporciona acceso directo al contenido de la mayor parte de los documentos citados y ofrece la posibilidad de participar en ciberacciones que podrían ser de su interés. E, incluso, de incorporar al texto
aquellas de las que tenga conocimiento o se le ocurran durante el proceso de actolectura. Requisito: utilizar un comunicador adecuado conectado a Internet.
PROPUESTAS YA INCORPORADAS DURANTE EL PROCESO DE EDIACCIÓN
01.01.17. Relaciones de políticos españoles con Obiang Nguema
01.02.17. Investigación oficial sobre el asesinato de Carmen Samaranch
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ÍNDICE
SINOPSIS
APUNTE HISTÓRICO Del comercio de negros… El presagio de una tumultuosa colonización Un país sin credibilidad para… cooperar
UN FRACASO ANUNCIADO El escaparate de la ayuda española El origen: un esquema ineficaz abocado a la descomposición El relevo: la indecisión socialista 1985: la redefinición del objetivo
La normalización de las relaciones a toda costa La evaluación oficial Otra oportunidad perdida en África Discrepancias en el seno del Gobierno Desidia parlamentaria y desacierto gubernamental Un panorama desolador
UNA REACCIÓN INDIGNADA La voz de alerta o “Una voz en el desierto Una cruzada en toda regla Represalias Una confesión personal
INICIATIVAS FRUSTRADAS Un II Informe al Congreso de los Diputados Retomar la iniciativa e insertar la cooperación en un marco multilateral eficaz Estrategia y modus operandi Una cooperación al servicio del retorno de los guineanos del exilio Guinea Ecuatorial país hispánico En la senda de la Declaración y del Pacto de Madrid
El Pacto de Madrid
CONCLUSIÓN
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SINOPSIS
España, el país “sin fuerza para litigar”, que en el París bullicioso de los albores
del siglo XX apenas pudo salvar algunos jirones de sus viejas posesiones en el Golfo
de Guinea, reaparece, a punto de finalizar el milenio, en el París amigo y socialista del
ocaso, sin credibilidad para… cooperar.
Relato documentada: a) de un nuevo fracaso en África por la probada
incompetencia de los Gobiernos de época; b) de cómo la opinión pública fue
reiteradamente engañada por los sucesivos responsables gubernamentales y, en
general, por una clase política que, a pesar de las abrumadoras denuncias de los
medios de comunicación y de la evidencia de los hechos, tardó nueve años en decidir
la constitución de una Comisión Parlamentaria que, a pesar de las maniobras de su
presidente para evitarlo, constató el fracaso; c) de la pertinente denuncia ciudadana
ante la opinión pública y las Cortes; d) de la inaceptable actitud de los políticos
españoles ante un tema demasiado complicado e insignificante como para permitir
que se interpusiera en sus carreras; e) de cómo se toleró el rebrote de los viejos
hábitos coloniales que hicieron el juego a grupos minoritarios que manejaron sin
escrúpulos los hilos de la política de cooperación con total impunidad; f) de la
malversación del dinero del contribuyente, con el agravante de causar perjuicios
irreparables a los destinarios de los fondos de ayuda al desarrollo ―un pueblo que
estaba y sigue estando en la miseria―; g) de cómo los nuevos demócratas, sin la
existencia de un estatuto del cooperante, impusieron fácilmente el silencio a los
testigos cualificados, represaliando y violando los derechos constitucionales de quienes
se atrevieron a denunciar los hechos; h) del relevo de España por Francia en Guinea
Ecuatorial como fórmula para salvaguardar in extremis los intereses occidentales
dominantes en la zona; i) de la pérdida de toda credibilidad para cooperar al
desarrollo; j) de las oportunidades perdidas tras el abandono de la estrategia que se
plasmó en el frustrado Pacto de Madrid para la Democratización y el Autodesarrollo de
Guinea Ecuatorial, de marzo de 1989; en fin, k) de la responsabilidad en ello del
presidente González Márquez y de los ingenuos dirigentes de la oposición
ecuatoguineana que se dejaron embaucar.
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A mi buen amigo Donato Ndongo Bidyogo, intelectual
ecuatoguineano internacionalmente reconocido, honesto e indoblega-ble, contra quien relevantes políticos españoles, que ahora tratan de hacer negocios con Obiang, maniobran para que España, su país de asilo político, le niegue el pan y la sal.
Si indefinición, improvisación, inexperiencia, ineficacia, dispersión y descontrol
constituyeron, en esencia, las conclusiones de la Comisión de Estudio de la
Cooperación con Guinea Ecuatorial, constituida en el Congreso de los Diputados el
09.02.88, podemos entrever que el título de este artículo no va descaminado. Y
eso que el Gobierno de la época, con la connivencia de los restantes grupos
representados en la misma, impidió que el diputado Gerardo Iglesias, secretario
general del Partido Comunista de España y representante de Izquierda Unida,
incluyese en la resolución final el término corrupción, en referencia a la propiciada por
la Administración española.
El guion básico de este texto incluye cuatro apartados: un muy breve y necesario
apunte histórico, la descripción documentada de un fracaso anunciado, la peripecia de
una denuncia ciudadana ante la opinión pública y las Cortes y, por último, las
propuestas colectivas que se plasmaron en el frustrado Pacto de Madrid para la
Democratización y el Autodesarrollo de Guinea Ecuatorial, de marzo de 1989.
APUNTE HISTÓRICO
Del comercio de negros…
Como es bien sabido, la presencia española en el Golfo de Guinea se inició el 24
de marzo de 1778. El Tratado del Pardo, celebrado entre la Reina María I de Portugal
y el Rey Carlos III, ratificó los acuerdos de primero de octubre de 1777, alcanzados
entre D. Francisco de Souza Coutinho y el Conde de Floridablanca en San Ildefonso,
mediante los que su Majestad Fidelísima cedía a su Majestad Católica “la isla de
Annobom, en la costa de Biafra, con todos sus derechos, posesiones y acciones que
tiene a la misma, para que, desde luego, pertenezca a los dominios españoles, del
mismo modo que hasta ahora ha pertenecido a los de la Corona de Portugal, y
asimismo todo el derecho y acción que tiene o pueda tener a la isla de Fernando Poo,
en el Golfo de Guinea, para que los vasallos de la Corona de España se puedan
establecer en ella y negociar en los puertos y costas opuestas a la isla como son los
puertos del río Gabón, de los Camarones, de Santo Domingo, de Cabo Formoso y otros
de aquel distrito”. Una instrucción reservada, dada el 20 de octubre de 1777,
reconocía que “la finalidad de las islas era hacer el comercio de negros en la costa de
Guinea y tener alguna arribada propia en la ruta de Filipinas”.
El presagio de una tumultuosa colonización
La expedición para posesionarse de los nuevos territorios, presagio de una
tumultuosa colonización, resultó harto accidentada. Las fragatas Santa Catalina y
Nuestra Señora de la Soledad, acompañadas por el bergantín Santiago, zarparon del
puerto de Montevideo el 17 de abril de 1778 al mando del Conde de Argelejos. Tras
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arribar a la isla de Príncipe tuvieron que aguardar casi cuatro meses la llegada de Fray
Luis Caetano de Castro, el comisionado real que debía presidir la entrega oficial.
Reanudada la navegación avistaron la isla de Fernando Poo el 21 de octubre. Tres días
después tuvo lugar el desembarco en una bellísima bahía que bautizaron con el
nombre de San Carlos, hoy bahía de Luba. Según las crónicas los expedicionarios
tomaron posesión de aquel trozo de África con “lanzamiento de salvas y quebranto de
ramas”.
En la travesía hacia la isla de Annobón, así llamada por haber sido descubierta el
primero de enero de 1475 por los portugueses João de Santarém y Pêro Escobar,
falleció el Conde de Argelejos y asumió el mando el coronel don Joaquín Primo de
Rivera. El 29 de noviembre las naves arribaron a su destino, sin embargo, la actitud
belicosa de los annoboneses les impidió tomar posesión de la isla, viéndose forzados a
poner rumbo a Santo Tomé.
De vuelta a Fernando Poo, con intención de fundar en las costas del continente
africano algunos establecimientos militares y comerciales, las cosas se complicaron aún
más. La falta de quinina para combatir el paludismo y la escasez de víveres diezmó la
expedición. El sargento Jerónimo Martín se sublevó, arrestó al coronel y ordenó el
regreso a Santo Tomé. Primo de Rivera, liberado al llegar a la isla portuguesa, tuvo
que aguardar un año en aquellos insalubres parajes en espera de socorro e
instrucciones. El 12 de febrero de 1783 la expedición arribó a Montevideo con los
exiguos restos de una tripulación que tuvo que resistir los ataques de tres fragatas
inglesas al bergantín Santiago.
Tras esos largos y penosos años que demoró tamaña peripecia atlántica España
olvidaría aquellos territorios. De hecho, en 1827, el Anuario Real Británico incluía la
isla de Fernando Poo como dominio colonial inglés. Aún habría que aguardar hasta el
23 de febrero de 1843 para que el capitán de navío Juan José Lerena y Barry arribase
a Fernando Poo a bordo del bergantín Nervión y proclamase a Isabel II reina soberana
de aquel rincón de África. Desde aquella lejana mañana de 1778, en la que el Conde
de Argelejos zarpó de Montevideo, hasta que la expedición de Lerena hizo efectivos los
derechos españoles en el Golfo de Guinea, transcurrieron 65 años. Dilatado tiempo de
desinterés y abandono que no culminó con la firma de un acuerdo hispano-británico de
compraventa de la isla de Fernando Poo gracias a que las Cortes Españolas rechazaron
in extremis la propuesta del general Espartero.
Un país sin credibilidad para… cooperar
Cuando medio siglo después, el 2 de febrero de 1900, el embajador de España
don Fernando León y Castillo, asistido por don Gonzalo de Reparaz, tuvo que afrontar
el duro trance de negociar el futuro de las posesiones españolas en África con el
ministro de negocios extranjeros Delcassé, era plenamente consciente de que no
corrían buenos tiempos. La España de la época, tras los desastres de Cuba y Filipinas,
era, según su conocida sentencia, un “país sin fuerza para litigar”. A punto de finalizar
el milenio, Alabart, otro embajador de España, iba a pasar un mal trago en la audiencia
concedida por el jefe del Estado de la antigua colonia ecuatorial al ginecólogo sevillano
Luis Yáñez Barnuevo, a la sazón secretario de Estado de Cooperación Internacional e
Iberoamérica.
Acomodado frente al negro dictador ecuatoguineano en el sofá azul turquesa de
una lujosa suite de la segunda planta del exclusivo Hotel de Crillon comprobó que la
España de la democracia, que él y sus acompañantes representaban, era un país sin
credibilidad... para cooperar. Y es que si, en el París bullicioso de los albores del siglo
XX, el marqués del Muni salvó algunos jirones de las viejas posesiones españolas en el
Golfo de Guinea, él, probablemente, albergaba serias dudas de que en el París amigo y
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socialista del ocaso la nueva misión alcanzase a convencer al dictador de las buenas
intenciones del Reino de España. Máxime cuando sabía, y lo corroboraba el diario Le
Monde de la víspera, que Obiang y Mitterrand acababan de rubricar en el Eliseo el
definitivo ingreso de la antigua Guinea Española en el llamado círculo de la francofonía.
Y ello, como se lamentaba el vespertino, "a pesar de las numerosas violaciones de los
derechos humanos"
UN FRACASO ANUNCIADO
El escaparate de la ayuda española
Tras el derrocamiento de Macías, en 1979, la situación en Guinea Ecuatorial era
catastrófica: apenas había alimentos, no llegaban suministros del exterior, los
hospitales carecían de medicinas y España, por evidentes razones de solidaridad y
responsabilidad histórica, se volcó brindando una cooperación masiva con el objetivo
global de reconstruir el Estado y el país. Dicho de otro modo: la dura realidad se
impuso desde el primer momento provocando la adopción de facto de unos
compromisos tan amplios como dispersos. En la época de la UCD tuvo lugar, tanto el
refrendo jurídico-formal del programa de ayuda, como la formulación político-
internacional del compromiso con Guinea Ecuatorial. De hecho, el 23.10.80 se firmó el
Tratado de Amistad y Cooperación, cuyo análisis no deja lugar a dudas sobre la
amplitud y globalidad de la cooperación bilateral que regulaba. Y en abril de 1982,
ya en vísperas del relevo socialista, se celebró en Ginebra la Conferencia Internacional
de Donantes en la que el destacado protagonismo español, en su organización y
desarrollo, supuso tanto el refrendo ante la comunidad internacional del citado objetivo
de su política exterior en Guinea, como de la voluntad y del compromiso de asumir la
responsabilidad histórica de hacer frente a la reconstrucción de Guinea Ecuatorial. Y
ello, como recalcara el subsecretario Ortega Salinas, presidente de la delegación
española, “con independencia del grado de participación internacional en el proceso de
reconstrucción económica de dicho país”. Matización ésta nada baladí que no sólo
da idea cierta de la profunda convicción que respaldaba el compromiso nacional
adquirido, sino que dejaba traslucir un primer uso, ¿imprudente, tal vez, a la luz de los
resultados?, de la cuestión guineana como medio de reforzar la, por aquellos años
emblemática, política de presencia española en los foros internacionales.
El origen: un esquema ineficaz abocado a la descomposición
La modalidad específica fue la ayuda oficial articulada principalmente mediante
donaciones de emergencia, asistencia técnica y acuerdos económico-financieros
ventajosos. Decenas de miles de millones de pesetas que constituyeron, tanto en
términos absolutos como relativos, el esfuerzo de cooperación al desarrollo de mayor
envergadura emprendido nunca por el Estado español, como da idea el hecho de que
fue superior a toda la ayuda dispensada en la época a América latina. Por su carácter
global y masivo comprometió prácticamente a todos los órganos de la Administración
española en múltiples acciones directamente gestionadas in situ que pretendieron
hacer de la cooperación con la ex-colonia la piedra de toque —el escaparate, valga la
expresión— de la política de ayuda al Tercer Mundo de la incipiente democracia
española.
Sin embargo, en mi opinión, el presidente Adolfo Suárez cometió un error de
partida: nombrar embajador en Malabo al funcionario José Luis Graullera, un
incondicional que ya había colaborado estrechamente con él cuando fue director
general de Televisión Española. Cierto que su condición de interventor de Hacienda y
su previa experiencia como subsecretario de la Presidencia y secretario de Estado de la
Función Pública avalaban un buen conocimiento de la Administración española, pero
aquello era África, una realidad compleja que, como él mismo manifestó, desconocía
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completamente. Además, sus desmesuradas atribuciones, expresadas por el propio
rey Juan Carlos ante Obiang, potenció su natural carácter resolutivo a la hora de
hacer y deshacer lo que estimó oportuno. Se le había encomendado la tarea de
reconstruir la inexistente Administración guineana y se puso a ello con un notable brío
que, ayuno del más mínimo conocimiento de la idiosincrasia del país, sólo podía abocar
al fracaso. De ahí que la interacción del todopoderoso masa valenciano, de aquellos
que prestos le acompañaron con sus antiguos hábitos coloniales intactos, de la
pléyade, excepciones aparte, de bisoños funcionarios y colonos atraídos por los
elevados emolumentos y/o los pingües beneficios que producía el mercado negro
y, claro, de unos dirigentes nativos tan recelosos de España como propensos a la
corrupción, sólo podía alumbrar el esquema de cooperación ineficaz y abocado a la
descomposición que no tardó en convertir a Guinea Ecuatorial, como señaló el Informe
Donovan del FMI, en el segundo país más corrupto del mundo. Lamentablemente una
ocasión perdida para institucionalizar la cooperación moderna que ya practicaban con
éxito los países de nuestro entorno, como lo prueba la nula presencia de
organizaciones no gubernamentales (ONG) y la ausencia de cualquier atisbo de
cooperación al desarrollo con participación empresarial, en el sentido propugnado
desde hacía años por las diversas corporaciones financieras de desarrollo europeas y
norteamericanas.
El relevo: la indecisión socialista
Aunque la llegada del Gobierno del PSOE, a finales del 82, se caracterizó por el
mantenimiento formal del objetivo global de nuestra política guineana consensuada en
la época de UCD, pronto surgió una incipiente tendencia abandonista y con ella el
inicio de una seria discrepancia en el seno socialista. De hecho, durante este
periodo contrasta el impulso inicial, consecuente con el compromiso de una ayuda
masiva y global —protagonizado por la Oficina de Cooperación con Guinea Ecuatorial,
hasta la dimisión, en septiembre de 1983, de su director el diplomático Ricardo Peidró
y la salida de José María Castroviejo, otro diplomático sensato e inteligente
como él— con el entorpecimiento, cuando no la paralización de facto, de la cooperación
por parte, fundamentalmente, de los responsables económicos. En la práctica hubo
graves dificultades presupuestarias que, traducidas en falta de liquidez, afectaron
negativamente al trabajo de los cooperantes y repercutieron negativamente en la
ejecución de los programas de cooperación previamente acordados con la parte
ecuatoguineana.
1985: la redefinición del objetivo
Resulta fácil perderse en el complejo panorama de la acción española en Guinea
Ecuatorial durante esta década si no se tiene en cuenta un hecho esencial: la
modificación sustancial del objetivo de nuestra cooperación forjada a lo largo de
1985. De su inicial carácter global de ayuda masiva, justificada por el grave deterioro
del país, se pasó a un planteamiento que primaba esencialmente la consolidación de la
hispanidad. Una modificación sustancial que suponía un cambio radical del soporte
ideológico de nuestra política de cooperación al desarrollo. Ésta, coincidiendo con un
gobierno socialista, dejó de justificarse por sí misma, esto es, por las razones de
justicia y solidaridad que están en la base de su indiscutible obligatoriedad jurídico-
internacional, para hacerlo sólo en la medida en que resultare un instrumento útil
desde la perspectiva del interés nacional del donante. Qué duda cabe que tamaña
desviación de la política española de cooperación al desarrollo en un sentido inmovilista
o, más precisamente, reaccionario, tuvo consecuencias alarmantes que no se hicieron
esperar. Vayamos paso a paso.
Tras el relevo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en 1985 —Fernández
Ordoñez sustituyó a Morán— y la subsiguiente creación de la Secretaría de Estado para
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la Cooperación Internacional e Iberoamérica, tuvo lugar la aprobación por la III
Comisión Mixta Hispano-Ecuatoguineana (Malabo, noviembre de 1985) del Plan
Marco de Cooperación citado. Este hecho, que se produce cuando Guinea Ecuatorial ya
es miembro de pleno derecho de la Unión Aduanera y Económica de África Central
(UDEAC), supuso la renuncia a un modelo de cooperación global de carácter
sustitutorio destinado a suplir o a reemplazar a la Administración guineana en lo que
estaba fuera de su alcance, que era casi todo dado el estado del país. La redefinición
del objetivo general de la política de cooperación se hizo en el triple sentido:
a) de proceder a su delimitación, como única vía razonable de afrontar la acción y
evaluar objetivamente los resultados; b) de renunciar a continuar abarcando la
totalidad y la dispersión de los sectores objeto de la cooperación; y c) de, en palabras
del artífice de esta política, el embajador Núñez García-Sáuco, “desjustificar la
cooperación por si misma e instrumentarla al servicio de un fin político”. En
resumen:
“Frente a una Cooperación global, autojustificadora, desprovista de prioridades y
objetivos, se propone una cooperación esencialmente finalista, orientada no sólo a la defensa y potenciación de la lengua y cultura comunes, sino a incentivar el carácter hispánico de Guinea Ecuatorial (único en toda África negra), como factor de identidad e
independencia nacional”.
La normalización de las relaciones a toda costa
Quedaría incompleto el panorama si no añadiésemos una breve reflexión en
torno al permanente fracaso en el intento de normalizar las relaciones diplomáticas
bilaterales entre Guinea y la ex-metrópoli. Y es que tras estos grandes rasgos que
caracterizaron los nuevos objetivos jurídicos-formales de la acción española en Guinea,
se oculta la intencionalidad real de una incipiente política exterior española en el África
subsahariana para la que, obviamente, la presencia en Guinea se reveló inicialmente
como la más adecuada vía de penetración en la zona. Sin embargo, la lamentable
evolución posterior de los hechos acabó dando al traste con las expectativas que había
generado la reconstrucción española de la ex-colonia. La consecuencia no se hizo
esperar: la drástica y forzada reducción del atractivo de Guinea Ecuatorial como objeto
y como instrumento de la política exterior española en África que, sin duda, está en la
base de la generalizada y creciente sensación de abandonismo que los medios de
comunicación trasladaron paulatinamente a la opinión pública. No obstante, esta
reducción progresiva de las expectativas españolas en la zona encontró un tope
difícilmente franqueable, al menos en lo que atañe a la formulación político formal, en
la necesidad de conservar la hispanidad de Guinea. Cuestión que, como hemos visto,
se convirtió en la idea fuerza del nuevo compromiso contemplado en el Plan Marco de
Cooperación.
Como es bien sabido las relaciones diplomáticas hispano-ecuatoguineanas post-
coloniales se caracterizaron por el permanente conflicto que impedía normalizar sobre
bases sólidas el trato entre ambos países. Situación tensa con conflictos graves y muy
graves en la década de Macías, aunque explicables ante el cariz de los acontecimientos
que siguieron a la independencia, tanto por el alineamiento de Guinea con la Unión
Soviética en un contexto de Guerra Fría, como por el talante del dictador. Menos tensa
y menos grave, pero con insólitas crispaciones intermitentes, desde el inicio de la
segunda dictadura nguemista, por emplear la acertada terminología del profesor
Liniger-Goumaz, pero paradójica en el nuevo escenario marcado por una cooperación
tan gravosa para España. Por ello si, en lo atinente a la formulación político formal del
objetivo de la política exterior, salvar la hispanidad de Guinea constituía, a mediados
de 1985, un fin, teóricamente al menos, irrenunciable para los responsables políticos
españoles, el logro de la normalización real de las relaciones diplomáticas bilaterales
constituyó la tarea prioritaria y urgente que se asignó en Guinea el servicio exterior.
Y es que el mantenimiento permanente de la tensión guineana, siempre presta a
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saltar a los primeros titulares de las noticias, era cada vez más difícilmente sostenible
ante una opinión pública atónita ante lo que sólo podía tildar de fracaso. Y ello
precisamente en un momento y en unas circunstancias en las que la pérdida definitiva
del influjo económico español, unido a la persistencia de los problemas básicos que,
como indicaré a continuación, aquejaban a la ruda maquinaria de nuestra cooperación,
no pueden menos que convertir en quimera —y, por tanto, en pretexto político— la
permanencia de lo hispánico en el Golfo de Biafra. En una quimera y, claro está, en
una estafa para una opinión pública a la que la Secretaría de Estado para la
Cooperación Internacional trataba de convencer de que con ellos las cosas habían
cambiado por fin en las relaciones hispano-guineanas de la época.
La evaluación oficial
Un primer análisis global de la acción de cooperación llevada a cabo por España
fue efectuado con motivo de la elaboración del referido Plan Marco de Cooperación que
señaló sin ambages los siguientes rasgos que la política Yáñez pretendía corregir:
improvisación, inexperiencia, indefinición de los objetivos, falta de programación, falta
de eficacia, dispersión de esfuerzos y ausencia de mecanismos prácticos de control y
evaluación. Oficialmente nunca se hablaba de corrupción, no se sabe si por no ofender
al Gobierno Obiang o para no echar tierra sobre el propio tejado.
Y por si, a estas alturas, alguien continuase dudando de la pertinencia y
veracidad del título de este artículo, puede que el siguiente párrafo, extraído de dicho
documento oficial, que resume espléndidamente el panorama desolador que ya se
reconocía oficialmente en el otoño de 1985, acabe por convencerle. “Así nuestra
Cooperación Técnica se ha visto comprimida y asfixiada entre un Estado guineano sin
infraestructura medianamente eficaz para asimilar con eficacia nuestra aportación y un
Estado español sin unidad de acción exterior y sin una política definida, incapacitado
para ofrecer una ayuda coherente, ordenada y medianamente eficaz al desarrollo de
Guinea”.
Qué duda cabe que esta realidad, asumida por ambos Gobiernos, no es otra cosa
que la constatación oficial de un rotundo fracaso —el de tres años de gobierno UCD y
el de tres años de gobierno socialista— del compromiso oficial español, expresado en la
ONU, de asumir la responsabilidad histórica de hacer frente a la reconstrucción de
Guinea Ecuatorial, incluso “con independencia del grado de participación internacional
en el proceso…”.
Otra oportunidad perdida en África
Tras la actuación de los Gobiernos de la UCD y la titubeante indecisión socialista
en sus primeros tres años resultaba acuciante hacer algo, pero la tarea no iba a
resultar fácil. La situación se había deteriorado hasta límites insospechados y, lo más
grave, España acababa de ser relevada en la zona por Francia. Guinea, con su
economía maltrecha por los zarpazos de la corrupción galopante que su antigua
metrópoli, lejos de combatir, propiciaba, cayó como fruta madura en la red de la Unión
de Estados de África Central tejida en la zona por la hábil y mucho más previsora
diplomacia francesa. España, abocada a dar un giro radical a su presencia en la ex-
colonia, lo hizo, como ya hemos señalado, mediante la reformulación teórica del
objetivo de su política de cooperación. Sin embargo, el escollo no era simplemente
teórico y el éxito no sólo dependía de la cuasi enfermiza obsesión de los representantes
del Palacio de Santa Cruz de evitar conflictos asegurando la unidad de la acción
exterior. Y es que una política de cooperación al desarrollo, máxime en las condiciones
en que se encontraba Guinea Ecuatorial, exigía un marco jurídico, unos esquemas
organizativos y unos mecanismos de actuación específicos difíciles de improvisar. La
pregunta es obvia: ¿atinó Núñez García-Sauco con su hoja de ruta, asumida por el
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Gobierno y concretada en el Plan Marco de Cooperación? No. Lamentablemente
estamos ante otra oportunidad perdida en África. Y ello, de un lado, por haberse
cometido graves errores de planteamiento, diseño y negociación que limitaron de
antemano el alcance de la reforma emprendida; de otro, por no asegurar
razonablemente la unidad de la acción exterior. En cuanto a lo primero cabe señalar
que su proceso de diseño fue excesivamente precipitado —menos de un mes—,
personalista y, en lo sustancial, impuesto por un embajador, tan ambicioso como
oportunista, que limitó, cuando no excluyó expresamente, la participación de los
expertos de las distintas áreas ministeriales. La negociación con la parte guineana,
cuando la hubo, fue apresurada y, en todo caso, superficial. Exteriores optó por jugar
a fondo su papel de donante y no tuvo mayores dificultades en obtener el visto bueno
de la maleable parte receptora. Y ello en el tiempo y en la forma que convenía a una
Embajada de España y a una Oficina de Cooperación con Guinea deseosas de
demostrar sus aptitudes a un nuevo y poderoso patrón que pertenecía, nada más y
nada menos, que al socialista y sevillano “clan de la tortilla”.
Discrepancias en el seno del Gobierno
Si la manifiesta situación privilegiada de poder del secretario de Estado de
Cooperación, que él mismo o sus colaboradores no dejaron de hacer valer ante otros
ministerios u organismos públicos implicados, propició inicialmente una mayor unidad
en la acción exterior, ésta no tardó en toparse con el equipo económico del Gobierno
socialista, que acabó imponiendo la salida del Guinextebank del Banco Exterior de
España, presidido a la sazón por Miguel Boyer. Demasiado tarde ya para dar
respuestas a viejas preguntas que se obviaron en su momento. ¿Quién y por qué
obligó políticamente al Exterior a entrar en la operación Guinextebank? ¿La presencia
de aquella pistola sobre la mesa ―denunciada por su consejero-delegado Martínez
Cortiña― fue un elemento de presión o significaba, tal vez, la garantía de que en
esas condiciones el dinero fluiría fácilmente? Si no, ¿qué sentido tenía tolerar desde el
Gobierno tamaña amenaza? ¿Siempre hubo pérdidas o sólo se anunciaron cuando
interesó hacerlo? ¿Realmente el Gobierno no estaba al corriente de lo que la auditoría
de Pricewaterhouse puso al descubierto? Y sabiendo que el banco público perdería
dinero en la operación ¿por qué su dirección asumió, sin las habituales precauciones
bancarias al uso, un riesgo excesivo en sus créditos sin adoptar a tiempo medidas para
controlarlo? ¿O, acaso, hubo personas o grupos de interés, representados en su
Consejo de Administración, que utilizaron en su beneficio el juego que tan bien
representa la esperpéntica imagen de la pistola? ¿O, en realidad, no era tan grave
dado que siempre cabía la posibilidad de tapar los agujeros que se generasen con el
dinero del contribuyente? ¿Por qué los Gobiernos españoles se obcecaron durante
tanto tiempo en mantenerlo?...
La siguiente noticia, publicada por Fernando Jáuregui en el diario El País, en
octubre de 1988, es especialmente reveladora de la situación creada tras el que se
denominó “escopetazo Boyer”.
Yáñez devuelve a Boyer los ataques sobre la cooperación con Guinea Fernando Jáuregui El Pais, Madrid, 25.10.88.
El secretario de Estado de Cooperación Internacional, Luis Yáñez, devolvió ayer al presidente del Banco Exterior, Miguel Boyer, los ataques y acusaciones lanzados la
semana pasada por éste contra los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores acerca de la marcha de la cooperación con Guinea Ecuatorial. Yáñez explicó ayer ante una comisión parlamentaria que los fracasos de la cooperación financiera "son exclusiva responsabilidad de las autoridades ecuatoguineanas y de las del Banco Exterior de España".
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Esto puso de manifiesto, admitieron medios diplomáticos, las divergencias entre un
sector del Gobierno afín al vicepresidente Alfonso Guerra y el equipo económico del Ejecutivo. Contradiciendo la versión que Boyer ofreció la pasada semana ante la comisión parlamentaria que estudia la cooperación entre España y su última colonia, Yáñez asegura que, desde 1985, intentó que se replanteara la cooperación financiera. El secretario de Estado intentó salvar las responsabilidades del actual ministro de
Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, antecesor de Boyer en la presidencia del Banco Exterior, pero atacó reiteradamente su actuación, sin nombrarle expresamente. Entre las acusaciones de Yáñez figura la de que los responsables del Guinextebank la filial hispano-guineana del Banco Exterior, jamás consintieron en dar cuenta de su actuación a la Embajada española en Malabo: "El Ministerio de Exteriores quiso poner orden en el caos, pero nunca se nos permitió ayudar", dijo Yáñez, en una inequívoca
réplica a las afirmaciones de Boyer. Éste había señalado que los responsables de Exteriores desoyeron sus advertencias y las del ministro de Economía, Carlos Solchaga, que deseaban concluir la cooperación financiera con la ex colonia.
Medios gubernamentales admitieron que las divergencias entre los responsables de la cooperación con los países en desarrollo y, en general, de Exteriores y el equipo
económico que comanda Solchaga, no se limitan al problema de Guinea, y se extienden
"cada año" a la elaboración de los Presupuestos del Estado. La intervención de Yáñez ―quien anunció que el presidente guineano, Teodoro Obiang, realizará una visita oficial a Madrid probablemente en diciembre― clausuró el turno de comparecencias ante la citada comisión parlamentaria, que reiteradamente solicitó, y no obtuvo, la presencia de Fernández Ordóñez. La comisión deberá presentar un informe mañana mismo, antes de disolverse a finales de este mes, como conclusión de sus trabajos y sesiones, que han supuesto la comparecencia de una docena de altos cargos.
Un clima de cierta tensión con los representantes de la oposición en general, y con el democristiano José Manuel García Margallo en particular, rodeó la intervención de Yáñez, quien admitió que la cooperación "no es perfecta". Tanto Yáñez como el presidente de la comisión, el socialista Ciriaco de Vicente, aseguraron que no es voluntad del Gobierno disminuir la ayuda que se presta a Guinea, aunque haya que
partir de bases nuevas: "No me gusta la expresión borrón y cuenta nueva (pronunciada recientemente por Obiang), pero sí la de empezar desde cero", dijo el secretario de Estado. Yáñez aseguró también, contra lo que afirmaban algunos miembros de la
oposición, que Francia no tiene gran interés en penetrar económica y políticamente en Guinea Ecuatorial, y así lo comunicó recientemente el ministro francés de Exteriores, Roland Dumas, al Gobierno español.
La sesión de ayer de la comisión, a la que hoy seguirá la elaboración de un informe "muy crítico con la actuación del Gobierno", según un representante nacionalista, se completó con las comparecencias de dos de los responsables de la cooperación con la ex colonia en el inmediato pasado, Enrique Bernaldo y Gabriel Abad. Ambos reconocieron la existencia de una contabilidad basada en el cambio del ekuele en el mercado negro y los insuficientes medios para un adecuado control de las cuentas, aunque afirmaron que ahora todo se encuentra ya en orden.
Corolario: el Banco Exterior de España permaneció en el Guinextebank mientras
hubo negocio ―no exactamente para el banco público español― y salió cuando la
situación se hizo insostenible y resultó patente la pérdida de influencia española
derivada del ingreso de Guinea en la Unión Aduanera de Estados de África Central
(UDEAC) y de la consiguiente substitución del ekuele por el franco CFA.
Desidia parlamentaria y desacierto gubernamental
La constitución en 1988 de la comisión parlamentaria ad hoc, mencionada en la
anterior nota de prensa, supuso una fecha clave: por fin se iba a investigar la acción
española en la ex-colonia. Un hito histórico en las relaciones hispano-
ecuatoguineanas que aproveché registrando, el 22 de junio, un Informe-denuncia en el
Congreso de los Diputados que tuvo notable impacto como muestra esta nota del
diario El País.
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El ‘informe De la Rasilla’ Ana Camacho/Fernando Jáuregui El País, Madrid, 08.09.88.
El ex-delegado del programa universitario español en Guinea Ecuatorial, Luis de la Rasilla, envío el pasado mes de junio, un voluminoso informe a los diputados miembros de la Comisión de Estudio de la Cooperación entre España y Guinea Ecuatorial, denunciando no pocas irregularidades en la ex-colonia. El informe, en el que se acusa a la Administración española de “malversar” el dinero del contribuyente, de “engañar” a la opinión pública y hasta de “violar” derechos constitucionales, se convirtió ayer en el
principal testigo de cargo contra la actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores y constituyó una constante munición en manos de los diputados de la oposición que interrogaron a Fernando Riquelme, director general de la Oficina de Cooperación con Guinea Ecuatorial, y a Antonio Núñez, ex-embajador en el citado país. El informe De la
Rasilla, contra quien el Ministerio de Exteriores interpuso en su día una querella ante la Audiencia Nacional, sugiere que la situación en Guinea “ha tenido beneficiarios claros”, y cita algunos casos de muertes violentas sin aclarar, como el de la hermana Carmen
Samaranch, “quien a todas luces conocía perfectamente la corrupción" imperante. La querella del citado ministerio contra Díaz-Cueto se basaba en la acusación de no haber justificado parte del ejercicio económico de 1985 y de 1986, algo a lo que el delegado del programa universitario español en Guinea Ecuatorial se negaba al alegar que las justificaciones sólo deberían presentarse ante las autoridades universitarias.
El informe, y esto deseo destacarlo, estaba dedicado "A la Hermana Carmen
Samaranch Kirner, universitaria inteligente y honesta, asesinada, ante la
indiferencia del Gobierno y de las Cortes, por haberse atrevido a vencer la
complicidad del silencio. A todos los ciudadanos españoles que en Guinea
Ecuatorial, se han esforzado por acercar la utopía al presente. Al sufrido pueblo
ecuatoguineano, al que la España oficial tanto ha perjudicado”.
El hecho es que nueve largos años de despreocupación parlamentaria o, si se
prefiere, de preocupación superficial, con respecto a cualquier asunto de Estado es
demasiado tiempo para no encontrarse la casa revuelta. Y si, como fue el caso, a la
desidia parlamentaria se sumaba el desacierto gubernamental, la tarea resultaba tan
ingente y comprometida que se corría el riesgo, como ocurrió, de que todo quedase en
agua de borrajas.
Aunque la primera reunión formal de la Comisión tuvo lugar el 22 de junio de ese
año, las comparecencias no se iniciaron hasta después del verano. A partir de ese
momento todo lo relativo a la ex-colonia se convertía en titular candente, en gran
medida por la creciente costumbre del partido socialista, en el poder desde finales del
82, de usar a fondo su mayoría absoluta para bloquear cualquier intento de investigar
de manera efectiva la corrupción galopante que salpicaba al Gobierno de D. Felipe
González Márquez. A ese respecto resulta significativa la negativa del partido en el
Gobierno a mi comparecencia ante la comisión, solicitada por todos los grupos
parlamentarios. Negativa que tuvo un notable efecto boomerang al darme la oposición
la oportunidad de informar y de responder a sus preguntas, personalmente y en
presencia de los medios de comunicación, en una larga comparecencia oficiosa, en el
Edificio de los Grupos Parlamentarios, que tuvo una amplísima difusión mediática.
Reunión que, como editorializó el diario Ya, se interpretó como síntoma del
deterioro de las instituciones al reproducir en plena democracia un fenómeno del
franquismo tardío: las reuniones y asambleas de los “procuradores trashumantes”
fuera del recinto de las Cortes Orgánicas.
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Un panorama desolador
A finales del verano del 88 las relaciones con Guinea Ecuatorial atravesaban una
fase especialmente delicada. El Congreso de los Diputados, al propiciar la posibilidad
de poner sobre el tapete parlamentario el bochornoso papel jugado por la
Administración española en uno de los escenarios más atrasados y corruptos del
mundo, despejaba el camino para la prosecución de una iniciativa que yo había
comenzado a gestar en Bata a principios de 1986: desenmascarar la connivencia con la
dictadura de Obiang de los sucesivos Gobiernos de la UCD y del PSOE y de ciertos
grupos económicos españoles y atajar cuanto antes un modelo de cooperación
desordenado, ineficaz y dispendioso que, por el volumen de recursos y el grado de
control e influencia que ejercía, interfería negativamente en la realidad socio-
económica, generaba una corrupción galopante y esterilizaba toda posibilidad de
autodesarrollo del país y de progreso hacia la democracia. A este respecto, el editorial
de El País del 28.02.88, es rotundo.
“La cooperación española ha sido y sigue siendo sensiblera, dispendiosa para el bolsillo del contribuyente y absolutamente inútil para el enderezamiento de la economía ecuatoguineana. Sería necesario examinar en profundidad el esfuerzo cooperador de
España, ejercido a través del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), para averiguar dónde están las raíces de tal fracaso, pero probablemente no le es ajeno un anti-imperialismo distorsionado y una política de ayuda a fondo perdido que excluye cualquier filosofía inversora seria”.
Lo cierto es que la cuestión guineana volvía a estar en el candelero. Y es que
cada cierto tiempo, como si de algo inevitable se tratase, desde siempre, la antigua
colonia irrumpía bruscamente en los hogares españoles: el dictador Macías, el golpe de
libertad, el oficialmente olvidado asesinato de la hermana Carmen Samaranch, el
grave incidente del sargento Micó, la extraña muerte de Martínez Líster al pie de la
escalerilla de un avión al que nunca subió, el terrible accidente del “Aviocar”, en enero
del 87. Sucesos excitantes que en la mente de los españoles relevaban al
recuerdo, ¿al desdén?, del anterior acontecimiento y, en el súbito alboroto,
conformaban paulatinamente la parcial, aciaga y confusa imagen de la antigua colonia
ecuatorial. Tras cada espectáculo que sobresaltaba a la opinión pública, fluía un
devenir y una realidad insólitos. Un día a día que configuraba la agitada historia de un
pueblo que no levantaba cabeza: un joven país, mal habituado por los antiguos amos,
ahora títere de la ineficaz y corrupta cooperación internacional liderada por España.
En la ciudad de Bata, capital de la región continental, acababa de ser encarcelado
el secretario general del Partido del Progreso, el abogado José Luis Jones Dougan
que, en compañía del dirigente opositor Severo Moto, había viajado a Malabo para
forzar la legalización de su formación política. A su vez, un elevado número de
disidentes, entre los que se encontraban algunos ciudadanos hispano-
ecuatoguineanos, fueron acusados de un supuesto intento de golpe de Estado. Por su
parte, la organización ecologista Greenpeace denunciaba a bombo y platillo los planes
gubernamentales de convertir la Isla de Annobom en un enorme basurero de desechos
tóxicos que, en un plazo de diez años, albergaría cinco millones de toneladas de
residuos radiactivos, como informaron oportunamente Ana Camacho y Tasio Camiñas…
Así estaban las cosas con respecto a ese pequeño país africano a finales del
verano del 88. Y es que aquel doce de octubre los restos maltrechos de las viejas
posesiones españolas del Golfo de Guinea cumplirían dos décadas de independencia.
Su crónica, en tantos aspectos anunciada, era una amarga mezcla de subdesarrollo y
paranoia. Un esperpento propiciado, a golpe de complicidad y desatino, por el
enjambre insaciable de demasiados nuevos colonos llegados de demasiadas
metrópolis. Un mes después de su independencia Guinea Ecuatorial se había
convertido en el 126 Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Sin
embargo, ya se habían cometido tantos errores históricos que su futuro se encontraba
14
seriamente hipotecado. Pero ¿alguien —como me preguntaba en aquel duro artículo
que el profesor Ramón Tamames me solicitó para el Anuario de El País del 88—
alcanzó a imaginar que, veinte años después, apenas unas horas en la antigua Santa
Isabel bastarían para dar rienda suelta al desaliento? Y es que, sometido a una
inaudita tensión entre la golosina y los ancestros, aquel pueblo pluriétnico era señor,
por supuesto, más también esclavo, de una geografía artificial y dispersa. Buena
gente, sin duda, que continuaba confiando en un futuro que, por incierto que se
vislumbrase, no atinaba a turbar el ritmo sosegado y pastoso de su sangre-yuca
africana. ¡Sería que eran jóvenes!
UNA REACCIÓN INDIGNADA
La voz de alerta o “Una voz en el desierto”
Desde que pisara por primera vez tierra guineana, a principios del 83, supe que
allí, ante aquella penosa e injusta realidad que se percibía por doquier, estaba mi
próximo reto. Primero, un ímprobo esfuerzo, apoyándome a fondo en el principio
constitucional de autonomía universitaria, por librar al programa de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia del irracional corsé de la cooperación española oficial
y tratar de convertirlo en una referencia de cooperación educativa modélica, con
centros dignos en Malabo y Bata y extensiones, asociadas a los centros de enseñanza
secundaria existentes, en toda la región continental. Luego, mi desigual contienda con
el petulante embajador-virrey, Antonio Núñez García-Sauco; el inicio de mi batalla
pública alertando personalmente al secretario de Estado de Cooperación Internacional
con motivo de su primera visita a Malabo y a Bata y, meses después, en una carta
abierta que publicó Diario 16, el 3 de junio de 1986, siendo aún director del
programa universitario español en Guinea, en la que escribí que ”El plan marco de
cooperación con Guinea que propone el embajador Núñez es irrealizable con la
estructura anquilosada de una Oficina de Cooperación que mantiene, curiosamente, a
la gente de siempre. Es un hábil montaje que arropa muchos y variados intereses.
Entre otros, el de un Gobierno teóricamente progresista que desea a toda costa salvar
la cara de algo que ha hecho tan mal como la UCD...”. Y recordaba “Que la
cooperación para el desarrollo es un deber internacional que compromete seriamente a
un Gobierno progresista. Por ello es un grave error ceder la responsabilidad de su
diseño y ejecución, como usted ha hecho, a quienes están dando pruebas de ser
profundamente reaccionarios”. Y le reté abiertamente. ”Aún está a tiempo. Revise el
desarrollo del plan marco de cooperación, abra una investigación sobre las
irregularidades que están sucediendo en la cooperación española en Guinea Ecuatorial
y, ¿por qué no?, atrévase a iniciar una auditoria que aclare lo que ha pasado desde que
llegamos aquí en agosto del 79”.
Una cruzada en toda regla
La cruzada en toda regla para denunciar al Gobierno español, una
apasionante aventura de “orfebrería política”, como la calificaría años después el
diputado vasco Iñaki Anasagasti, me ocupó plenamente desde el verano del 86
hasta finales del 89. Quejas al Defensor del Pueblo. Imperiosa reclamación del
inaplazable estatuto del cooperante para dignificar la incipiente cooperación
española. Continuo y siempre tenso trabajo en los medios de comunicación para
sensibilizar a la opinión pública y desmontar y acallar la sarta de graves calumnias
vertidas por el secretario de Estado Luis Yáñez y sus colaboradores. Constitución de la
Asociación de Amigos de Guinea Ecuatorial. Promoción y, en buena medida
financiación, de la iniciativa Expedición Mil km de Amistad del verano del 87 que,
junto con algunos enviados de los medios de comunicación, RNE entre otros,
recorrimos Guinea Ecuatorial para mantener vivo el interés de la opinión pública sobre
sus dificultades y expectativas. La larga lista de comprometidos artículos en la prensa
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nacional. Dos informes al Congreso de los Diputados. En fin, mis fructíferas
entrevistas con Obiang en París, recogida por la prensa, y en Malabo. Esta
última el día de Fin de Año de 1988, en la que, como relato con detalle en mi novela
Noticia de un amanecer fugaz, le puse al corriente de las gestiones en curso en torno a
preparación del documento que, dos semanas después, sería la Declaración de Madrid
(a la que aludiré en la última parte) y contribuí, decisivamente creo, a adelantar varias
semanas la salida de prisión de mi recordado amigo José Luis Jones Dougan, ya
acordada con el Gobierno español.
Represalias
Las represalias no se hicieron esperar. El gran batiburrillo de socialistas de
pacotilla, pillos y prepotentes oportunistas en que, día a día, parecía transformarse el
PSOE, era incapaz de digerir que ellos también podían equivocarse. Y cuando, en el
cenit de su poder político, sus prebostes o sus paniaguados eran pillados en el error y
la incompetencia o, simplemente, atrapados con las manos en la masa, la falta
generalizada de convicciones y de solidez democrática sólo les permitía reaccionar
como habían mamado en la dictadura franquista: demonizando a quienes les
criticaban. En los medios, en el Congreso de los Diputados o donde fuese menester. Y
si eso no bastaba, reprimiendo sin escrúpulos y con técnicas inconfesables la osadía de
atreverse a retarles en el coso. No me arrepiento de haberlo hecho tirando a dar,
desde la cuneta de la izquierda, a un poderoso paisano cuyos únicos méritos para ser
secretario de Estado de Cooperación Internacional era, lo reitero, formar parte del
conocido clan sevillano “de la tortilla”, que acababa de hacerse con el control absoluto
de la maquinaria del Estado.
Un primer cese encubierto por parte de Exteriores, del que es exponente la carta
remitida por la rectora Elisa Pérez Vera al subsecretario del departamento,
tensó las relaciones con mi universidad y trascendió a los medios de comunicación.
El cese definitivo impuesto de facto a la UNED gracias a una treta inicua, urdida por
Yáñez, los diplomáticos Núñez y Riquelme y el ministro de Aguas y Bosques, Angel
Alogo, que, servil como era, se prestó a comunicar al rectorado una supuesta amenaza
de expulsión del país del director de su programa. Expulsión pronto desmentida por
orden del propio presidente Obiang, según consta en el insólito documento que cito y
aporto. A partir de ahí dos largos e intensos años de represión política sin cuento
cuyos elementos más destacables fueron sendas falsas denuncias por parte de
Exteriores: una ante la Audiencia Nacional y otra ante el Tribunal de Cuentas. Y digo
falsas porque lo puede probar gracias a la honestidad de la rectora Elisa Pérez Vera y
al apoyo desinteresado de dos buenos amigos y prestigiosos letrados: Juan José Sanz
Delgado y Jaime Gil-Robles. Y es que, como quedó demostrado —y el lector puede
confirmarlo abriendo estos enlaces — ambas instancias las sobreseyeron. Lo
cierto era que no sólo había justificado correctamente los gastos del programa de la
UNED en Guinea, sino que la Junta de Gobierno de la universidad reconoció y me
abonó la deuda contraída conmigo por haber adelantado de mi propio peculio, durante
el tiempo que fui director del Programa de la UNED en Guinea, casi dos millones de
pesetas de la época para asegurar su normal y regular funcionamiento —y el lector
también puede acceder a ese documento insólito abriendo el enlace—.
Una confesión personal
Y al hilo de lo anterior me permitiré hacer una breve confesión personal.
Ciertamente no me resultó agradable, en la década de los setenta, ser multado por el
Gobernador Civil de Madrid; ni ser procesado y condenado en dos ocasiones por el
Tribunal de Orden Público franquista; ni pernoctar varias veces en los siniestros
calabozos de la Puerta del Sol; ni pasar un total de casi siete meses en mis tres visitas
a la tercera galería de la Cárcel de Carabanchel; ni, por supuesto, ser destinado a una
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compañía de castigo durante el servicio militar sólo por el mero hecho de haber
manifestado mis ideas y ejercido mis funciones de representante estudiantil, pero me
resultó mucho más dolorosa, con diferencia, la experiencia vivida en los ochenta a la
que me acabo de referir. Represión política arbitraria, injusta y, sobre todo, impune,
que alteró profundamente mi vida personal y familiar. Ejecutada en plena democracia
por personajes obscuros, oportunistas y reaccionarios como Antonio Núñez-García-
Sauco y Fernando Riquelme Lidón que, no obstante, han gozado de la condición de
embajadores de España. O por mi paisano Luis Yáñez Barnuevo, que tras su anodino
paso por Asuntos Exteriores, nos representó sin pena ni gloria ―elegido, es cierto, por
los votantes socialistas― en el Parlamento Europeo. Y algunos otros, subalternos o no,
de aún peor ralea y condición si cabe, a los que o no conocí o que ni siquiera son
merecedores de este recuerdo. Claro que lo esencial, lo que finalmente compensa
cualquier inconveniente de este tipo, es que ni así lograron apartarme ni un milímetro
de mis dos objetivos esenciales: forzar la convocatoria de una investigación
parlamentaria que pusiese coto a los desmanes españoles en la ex-colonia y promover
la articulación de una nueva cooperación progresista al servicio del autodesarrollo y de
la libertad.
INICIATIVAS FRUSTRADAS
Un II Informe al Congreso de los Diputados
Tras el notable eco mediático de mi primer informe-denuncia al Congreso de los
Diputados consideré, parafraseando a Mongo Beti, como es sabido uno de los
pensadores más críticos de la corrupción y la mala gestión de las dictaduras
africanas, que movida la primera piedra, debía proseguir el esfuerzo para mover la
montaña. Lo esencial era evitar que la política exterior española volviese a errar
tan groseramente. Y para contribuir a ello, el 24.10.88 registré en la Cámara Baja
y entregué personalmente a los miembros de la Comisión un segundo informe
titulado Propuestas para una cooperación alternativa al servicio de la democracia y
del autodesarrollo de Guinea Ecuatorial.
Al confirmar la comisión parlamentaria que el último episodio de la historia de las
relaciones entre España y Guinea había sido un nuevo cúmulo de errores y traspiés
resultaba esencial no errar en la siguiente decisión. Por ello, si mi primer informe-
denuncia al Congreso trató de desenmascarar la complicidad con la dictadura
nguemista y atajar un modelo de cooperación que había violado gravemente el
derecho internacional del desarrollo, al interferir de modo negativo en la realidad socio-
económica de un Estado soberano con consecuencias difícilmente reparables, el
segundo se centraba en un conjunto de propuestas orientadas a poner coto al
gravísimo nivel de corrupción que soportaba el país y a asegurar una cooperación
eficaz al servicio de la libertad y del respeto a los Derechos Humanos.
Retomar la iniciativa e insertar la cooperación en un marco multilateral eficaz
El primer requisito para ello, desde una óptica progresista, era retomar la
iniciativa internacional propiciando una cooperación multilateral. Y me apoyaba
para ello en el espíritu, al menos teórico, que animaba el Acta Única Europea y, por
supuesto, en el de todas las resoluciones de la ONU que habían dado cuerpo al
incipiente derecho Internacional del Desarrollo. Guinea Ecuatorial, como otros
muchos países del Tercer Mundo, no podía permitirse el lujo de ser mendigo
obligado a venderse al mejor postor, ya que la competencia entre los intereses de
los Estados y la descoordinación de sus acciones de cooperación al desarrollo no
tienen justificación en un mundo interdependiente. De ahí que, aunque sólo fuese
por su total descoordinación con el resto de los esfuerzos internacionales en pro de
Guinea, el Plan Marco de Cooperación Hispano-Ecuatoguineano, entonces en vigor,
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pero que ni siquiera era aceptado ya por el gobierno de Obiang, resultaba
absolutamente inviable. Lo que no significaba que gran parte de su contenido no
resultase útil si, tras revisiones profundas, se enmarcaba dentro de un proyecto de
cooperación multilateral. Y en ese sentido propuse una estrategia con su
correspondiente modus operandi.
Estrategia y modus operandi
La estrategia incluida en mi II Informe al Congreso de los Diputados consistía
en: diseñar una iniciativa o anteproyecto español para la adopción de un plan
comunitario de cooperación al autodesarrollo y a la libertad en Guinea Ecuatorial;
propiciar en el seno de la Comisión europea, aprovechando la Presidencia española,
su elaboración, a partir del anteproyecto español; y lograr que Bruselas convocase
una nueva Conferencia de Donantes en el marco de Naciones Unidas para
coordinarlo internacionalmente. Y ello con el siguiente modus operandi: 1)
Constitución con carácter inmediato, en el seno de las Cortes, de un órgano ad hoc
con funciones de iniciativa, estudio, asesoramiento y control en materia de
cooperación con Guinea, integrado por diputados y/o senadores y asistida por los
responsables gubernamentales en la materia y por expertos propuestos por los
partidos parlamentarios. 2) Elaboración de la referida Iniciativa o anteproyecto
español para la adopción del referido Plan comunitario. 3) Aprobación
parlamentaria. 4) Propuesta a la Comisión y al Parlamento Europeos de la
Iniciativa o anteproyecto español para la adopción de un Plan comunitario de
cooperación al autodesarrollo y a la libertad en Guinea Ecuatorial. 5) Participación
en los trabajos del órgano ad hoc constituido en el seno de ambas instituciones
comunitarias. 6) Negociación del Plan europeo para Guinea Ecuatorial en el
Consejo de Ministros de la Comunidad y respaldo al mismo en el seno del
Parlamento Europeo. 7) Actuación, en los términos acordados, en el marco de la
Conferencia de Donantes de la ONU. 8) Ejecución.
En cuanto a la que denominé Iniciativa o anteproyecto español para la
adopción de un Plan comunitario de cooperación al autodesarrollo y a la libertad en
Guinea Ecuatorial añadí que, además de suplir todas las lagunas de nuestra
cooperación detectadas en los trabajos de la Comisión y, por supuesto, además de
recurrir a los mecanismos imprescindibles ―ONG, estatuto del cooperante,
cooperación con participación empresarial, etc.― ésta debería girar en torno a un
principio que sometí a la consideración de sus señorías.
Una cooperación al servicio del retorno de los guineanos del exilio
Y ello porque hacía tiempo que no tenía la menor duda de que la clave del
futuro de Guinea radicaba en el retorno de los guineanos en el exilio y en su
incorporación, especialmente de los cuadros técnicos, a la vida social, cultural y
político-económica de su país. De ahí mi propuesta de elaborar un Plan de
retorno de los exilados a Guinea Ecuatorial que debería afrontarse inmediatamente
en el seno del órgano parlamentario propuesto. ¿Cómo? La dificultad estribaba en
los innumerables obstáculos que planteaba al efecto un país que no gozaba, ni goza
aún, de la más mínima seguridad jurídica y que, en aquella época, no había puesto
en marcha ni siquiera un atisbo de proceso productivo. No obstante, hice algunas
sugerencias que posteriormente resultarían útiles en la vía civil que emprendimos
cuando el Congreso de los Diputados hizo caso omiso a mis propuestas. Entre
ellas: 1) Auspiciar y posibilitar financieramente los contactos necesarios entre los
portavoces de las distintas etnias, partidos políticos, asociaciones y colectivos
profesionales guineanos presentes en España y en el extranjero con miras a facilitar
la organización de la representación de los guineanos residentes fuera de Guinea
llamados a participar en las negociaciones. 2) Actualizar y/o conocer el censo de
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quienes deseaban regresar; de los cuadros técnicos disponibles; el inventario de
proyectos empresariales, culturales, educativos, etc. existentes; las condiciones y
requisitos exigidos; las posibles alternativas y soluciones… 3) Recurrir con
imaginación a fórmulas y mecanismos de cooperación específicos para posibilitar el
retorno, dando prioridad: a la inclusión generalizada en los programas de
cooperación de la contratación, en los términos más adecuados, de los cuadros
técnicos guineanos disponibles; al desarrollo y financiación de los proyectos
empresariales que facilitasen el retorno de los guineanos. Y todo esto en estrecha
colaboración con las ONG, los mecanismos del Convenio de Lomé, como el Centro
de Desarrollo Industrial (CDI) dirigido a promover la creación de empresas mixtas
en los países ACP, las diversas corporaciones financieras de cooperación al
desarrollo, etc. 4) Condicionando, y logrando que se hiciese internacionalmente,
toda la ayuda al desarrollo a la aceptación inmediata, por parte del Gobierno
guineano, de la negociación del referido Plan de retorno. 5) Organizando
concienzudamente las tareas de mediación entre el gobierno de Guinea y el
colectivo del retorno. 6) Disponiéndose a garantizar efectivamente, durante el
tiempo necesario y en los términos que se conviniesen entre las partes, la
necesaria cobertura y el respaldo jurídico-político y financiero, tanto de los
individuos, como de los proyectos empresariales acogidos al Plan de retorno, etc.
Guinea Ecuatorial país hispánico
El que España, jugando a fondo la baza comunitaria, propiciase el apuntado
esfuerzo coordinado de la comunidad internacional en pro del autodesarrollo y la
libertad en Guinea Ecuatorial, no relevaba a nuestro país de diseñar y ejecutar
eficazmente ―y sugerí, al efecto, contar con los restantes países de la Comunidad
Hispánica― un Plan para la promoción de Guinea Ecuatorial como país hispánico
que, obviamente, incluiría una parte sustancial de los aspectos educativos,
culturales y lingüísticos que contemplados en el vigente Plan marco de cooperación.
En la senda de la Declaración y del Pacto de Madrid
Dos hechos: que el Congreso de los Diputados hiciese caso omiso a este
conjunto de iniciativas y la aparición en escena de una gran luchadora, Clara López
de Letona, que conocía mis denuncias y se interesó por mis propuestas, abrieron la
senda a un amplio esfuerzo colectivo. Persona muy activa en el seno de la
sociedad civil organizada, que tenía las claves para que mi tarea de francotirador
diese paso a una nueva fase de trabajo compartido. Su generosidad, sentido
práctico, habilidad política y buen hacer contribuyeron decisivamente, tanto a
sumar a nuestra lucha el inestimable asesoramiento y apoyo logístico del Instituto
de Estudios Políticos para América Latina y África, dirigido por Carmelo García;
como a favorecer la imprescindible implicación de la oposición guineana en España
y de las llamadas organizaciones culturales. Diré más, sin Clara no habría sido
posible sacar adelante la Declaración de Madrid para la democratización y el
autodesarrollo de Guinea Ecuatorial, de 12.01.89, que propuso el inicio de
conversaciones con el Gobierno de Obiang e invitó a España a actuar como
activadora del proceso democratizador. Declaración, firmada por todos los partidos
y grupos políticos de la oposición y las principales asociaciones culturales y
profesionales ecuatoguineanas: Frelige, Molifuge, Partido del Progreso de GE, Unión
Popular Eriana, Organización de técnicos y profesionales guineanos en españa
(OTEPGE), Asociación Cultural de Guineanos de Levante, Asociación Cultural Unión
de la Hispanidad…
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El Pacto de Madrid
El Pacto de Madrid, de marzo de 1989, que siguió a la citada declaración
homónima, fue la expresión del compromiso de estímulo y respaldo de los
demócratas españoles ―no de todos― a los demócratas ecuatoguineanos, pero
no me detendré en detallar el conjunto de textos y protocolos que incluía, ya que
pueden ser consultados en el texto que se cita, firmado en una dependencia
del Congreso de los Diputados, en marzo de 1989. Sí transcribiré, sin embargo,
cómo Álvaro Díaz-Cueto, el protagonista de Noticia de un amanecer fugaz,
explicaba a sus interlocutores el sentido profundo que lo inspiró.
… Aquel último sábado de agosto, tras algunas explicaciones técnicas al pie de la
avioneta, Ágata, con un mono de piloto que le habían prestado, caminó hacia el hangar del Aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal de Macas en el que Naylea, Ayman y Álvaro aguardaban al Dr. Isaba para acompañarle a pasar consulta en la pequeña población de Taischa, cabecera del cantón homónimo fronterizo con Perú, perteneciente a la
provincia ecuatoriana de Morona Santiago…
—¿En qué consistía aquel plan? —quiso saber Ágata aún a sabiendas de que él aprovecharía la ocasión para enrollarse. ―El Pacto de Madrid era la expresión del compromiso de estímulo y respaldo de los demócratas españoles a los demócratas guineanos y se concretaba en un instrumento de cooperación política flexible basado en una estrategia que conjugaba cuatro principios: retorno en libertad, diálogo oposición-gobierno, cooperación
condicionada y mantenimiento de la hispanidad. A continuación, Álvaro aportó una serie de datos que procedían de una información proporcionada por la Organización de técnicos y profesionales guineanos en España (OTEPGE). Que había 727 ciudadanos de origen ecuatoguineanos graduados en España desde 1969. Que 74 de estos poseían título universitario superior y 332 de grado medio, mientras que los restantes habían finalizado la
formación profesional u otros estudios. Que 67 tenían más de una titulación y 121 eran funcionarios de la Administración española. Que habían regresado a Guinea 91 y sólo tres contratados como cooperantes. Que sólo con este número Guinea, en proporción a su extensión y población, era uno de los países africanos mejor dotados. Y que, dado que más del 80 por ciento de toda la ayuda al desarrollo debe destinarse a
sufragar los salarios de los expertos extranjeros que cubren la falta de personal local cualificado, la aceptación del principio del retorno obligaba a diseñar con imaginación y
financiar con generosidad la ejecución de un plan al respecto. ―Sí, Ágata, el principio del retorno era esencial. ¿O cabe pensar que es viable
un Estado cuando más de la tercera parte de su población y, entre ella, el 85% de sus intelectuales, cuadros técnicos y mano de obra cualificada viven en el exilio? El diálogo oposición-Gobierno ―continuó Álvaro― constituía la única vía para aplicarlo. La primera tarea del Pacto de Madrid era el logro de una ronda de conversaciones Obiang-guineanos del exterior con la mediación de todos los partidos políticos
españoles y las ONG firmantes, que sería la antesala de la constitución efectiva de una mesa de negociación en torno a un plan de apertura democrática y despegue económico. Y yo, recién llegado de Malabo, tenía datos para afirmar que eso era alcanzable a corto plazo.
—¿Qué datos? —Deseos más que fundamentos objetivos; su afán voluntarista por sacar
adelante aquel plan volvió a traicionarle —sentenció Ayman. —Debió ser así a juzgar por lo sucedido hasta la fecha.
—No te quepa la menor duda, Ágata. La llave maestra del plan era la aceptación por los países donantes, al menos por España y Francia, del principio de la cooperación condicionada. Sólo el cumplimiento riguroso por parte de Obiang del calendario de reformas que se hubiese acordado abriría el grifo de una financiación del despegue guineano internacionalmente coordinada.
—Pero ese suponía un riesgo que ni Felipe González, ni Mitterrand, estarían dispuestos a correr —comentó la chica, dando muestras de su fina percepción del problema ecuatoguineano.
—Y yo debí suponerlo tras el revelador comentario de Obiang en aquella entrevista en Malabo el día de fin de año del 88.
—¿Qué te dijo?
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—Me recordó que en la audiencia que nos concedió en el Hotel de Crillon de París
a José Luis Sanz, el periodista de “El Independiente”, y a mí, yo le había hablado de la conveniencia de hacer gestos de apertura política…
—¿Te atreviste? —interrumpió Naylea, sorprendida. —Sí. La ONU se disponía a celebrar en Ginebra una nueva Conferencia de Países
Donantes y estaba convencido de que Obiang sólo conseguiría la financiación que
necesitaba mostrando una nueva imagen. —Y lo que le confesó —se adelantó Ayman— es que había obtenido todo lo que
pretendía sin haber hecho la más mínima concesión en ese sentido. —Lo recuerdo perfectamente: arqueó los ojos y extendió sus brazos
mostrándome las palmas de sus grandes manos para expresar con elocuente cinismo el “ya ve usted… ¿qué puedo hacer?” de quien sabía que otros más poderosos le
necesitaban en el puente de mando. —Pero eso significaba que… —Contaba con el respaldo internacional. —Pero se trataba de un dictador. —Y qué importaba, Naylea. Obiang, dadas las circunstancias del país, era el mal
menor. ¿Quién iba a poner cortapisas al único guineano que había dado muestras
fehacientes de su aptitud para desempeñar con garantía el rol de carcelero de un
pequeño enclave africano que pronto dispondría de ingentes cantidades de petróleo? —Eso no se sabía entonces. —¿Tú crees, Ágata? Esa podría ser una buena pregunta para tu tío el príncipe Jaled Al Saud y tu primo Said. —Ayman tiene razón —terció Álvaro—. Esa es la verdadera clave para entender la larga permanencia en el poder de la segunda dictadura Nguemista. —Y si era así ¿qué sentido tenía vuestra iniciativa de Pacto de Madrid?
―Todo. Comprende Ágata que si Obiang se las había arreglado para que se le considerase la única garantía de mantener bajo férreo control a aquel prometedor país de apenas medio millón de habitantes la solución no podía ser el golpe de Estado que preconizaban algunos incautos. —¡Ah, no! —Carecía de sentido substituir a un dictador por otro que, dadas las
circunstancias, sólo podría haber sido otro nguemista fang menos experimentado. —¿Acaso no había demócratas? —Los había, sin duda, pero en ese momento ninguno capaz de aglutinar a
todo el pueblo guineano y liderar su desarrollo. —¿Quieres decir que sólo Obiang podía hacerlo? —Digo que sólo esa dictadura nguemista evitaba el previsible estallido del latente conflicto de intereses étnicos y tribales que, por amenazar la convivencia
entre los guineanos de la época, comprometía los intereses extranjeros en presencia. —¿Y cómo pensabas resolverlo? —Como todo en la vida: con tiempo, audacia política y mucho sentido común. Por lo pronto, la voluntad de la oposición guineana de recurrir al apoyo y confiar en la mediación española constituía un buen pretexto para intentarlo y reforzar la hispanidad.
—Cuenta. —Lo haré, Ágata, no lo dudes, pero eso ya será en Quiebra el Albor. Y ahora llévanos a la selva amazónica en ese pájaro. —Eladio gesticulaba impaciente para que se acercasen; el mensaje que acababa de recibir le anunciaba la inminente llegada al aeropuerto de su jefe…
Fue a Severo Moto al primero que le hablé de la idea que estaba fraguando. Fue
desayunando en el hotel de San Sebastián en el que nos había alojado la Televisión
Vasca la víspera de un programa en directo en el que nos iban a entrevistar. Recuerdo
que le dije que era esencial crear condiciones en España para que los dirigentes de la
oposición guineana en el exilio y también, recalqué, los de las organizaciones
culturales, pudiesen asesorarse, trabajar y debatir entre ellos en condiciones dignas.
Una estructura colectiva y plural, abierta a todas las ideologías, que debería ser el
caldo de cultivo de un conjunto de líderes demócratas capacitados para aglutinar al
pueblo ecuatoguineano. Y ese era el sentido que tenía la inclusión en el Pacto de
Madrid de una Secretaría Permanente cuya sede, debía ser facilitada ―léase
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financiada― durante turnos trimestrales por las organizaciones firmantes. Por tanto, y
en esto estribaba su originalidad, no se trataba sólo de iniciar negociaciones con
Obiang, sino de crear, con el debido respaldo de los demócratas españoles, las
estructuras imprescindibles para articular una alternativa, consistente y reconocida
internacionalmente, a la segunda dictadura nguemista. Y eso nada tiene que ver con
la práctica al uso de limitarse a apoyar, por presuntas afinidades políticas, a supuestos
líderes no debidamente contrastados.
CONCLUSIÓN
Esta crónica del innegable fracaso histórico en Guinea Ecuatorial de la España
oficial de los años ochenta ante el que siempre se ha considerado un “tema menor” de
nuestra política exterior revela el pésimo resultado de uno más de los elementales test
que no supo superar nuestra incipiente democracia. Y no cabe esgrimir, ni por los
Gobiernos, ni por los representantes políticos, como se hizo, argumentos de buenas
intenciones o de generosidad para eludir impunemente la responsabilidad política,
¿penal?, de actuaciones onerosas para el erario público que tuvieron, y siguen
teniendo, consecuencias nefastas para el pueblo ecuatoguineano. Errores que
enquistaron y aplazaron sine die conflictos cuya solución sólo requería algo de
imaginación, mucho sentido común, tolerancia cero con el rebrote de rancios
hábitos coloniales y cierta dosis de humildad política para atender las sugerencias
ciudadanas. Esto no ocurrió en relación con la política exterior española en relación
con Guinea Ecuatorial y ahí están las consecuencias casi tres décadas después.
Personalmente estoy convencido que la iniciativa colectiva que alumbró la incumplida
estrategia que subyacía al Pacto de Madrid fue otra oportunidad perdida. Seguro que
hacer fermentar aquel caldo de cultivo nos habría llevado tiempo, pero probablemente
menos y con más éxito y, sobre todo, futuro, que lo intentado hasta la fecha.
Desconozco que pasó finalmente con aquel conjunto de iniciativas consensuadas en
interminables reuniones en la sede de Iepala. Arruinado, pero ni cansado, ni
doblegado, tras tan intensa cruzada tuve que abandonar Madrid en 1990 y refugiarme
en una casa de mi familia en una playa del sur de España. Y lo cierto es que hasta que
el profesor Juan Aranzadi me propuso participar en este III Seminario nadie mostró en
todo este tiempo el menor interés en invitarme a participar en ninguna actividad
relacionada con Guinea Ecuatorial. Así que pregúntenle al presidente González
Márquez qué le llevó a desmontarlo y a los representantes ecuatoguineanos en el
mismo qué les ofreció a cambio tan hábil embaucador.
Madrid, enero de 2017.