Por un nuevo servidor público,por un nuevo ciudadano

BOLETÍn1

La corrupciónafecta a alguien

siempre

Procuraduría revela estudio sobre cultura de la legalidad y de la integridad entre los servidores públicos.

1 Mayor información sobre el estudio se puede consultar en la página WEB: www.procuraduria.gov.co

Ni siquiera los servidores públicos tienen una visión positiva de muchos de sus colegas, a quienes consideran corruptos. Frases como: “El que tiene padrino se bautiza”, “El que parte y re-parte se lleva la mejor parte” y “La ocasión hace al ladrón”, no solo se escuchan en boca de la ciudadanía en general, sino precisamen-te también en la de quienes son titulares de la función pública.

Así lo evidenciaron los resultados de un estudio encargado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) al Centro de Proyectos para el Desarrollo (Cendex), de la Pontificia Universidad Javeriana, que recogió información en diferentes regiones del país de, entre otros, funcionarios públicos, actores sociales, empresarios, gremios y líderes comunitarios. Lo hizo a partir de 1.705 encuestas aplicadas

La ilegalidad implica pérdida del sentido del bien común y del de comunidad y solidaridad entre los miembros de la sociedad. El índice para las 14 entidades del estudio es débil (61,2). La más débil es la “Práctica de la sanción social”, y eso significa que la sociedad es indolente ante hechos como el daño a bienes públicos; es como si se ratificara: “lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta”.

Le sigue el “Grado de cumplimiento de la ley”, lo que indica una ten-dencia generalizada de los funcionarios públicos a desobede-cerla, quizá como una opción para favorecer intereses propios o de terceros. Luego se identificó como debili-dad la “Eficacia del entorno legal y de la autoridad”, lo que genera sin duda una percepción de desprotección por parte de la ciudadanía. De ahí que la gente diga: “La ley es para los de ruana”.

LA ILEGALIDAD

Los servidores públicos tienen que ser primero

ciudadanos de bien, antes que convertirse en malos

funcionarios.

a servidores públicos de ocho entidades piloto (que se intervendrán) y seis de control (que no se intervendrán), en los diferentes niveles de cargo, al igual que mediante entrevistas y talleres1.

Se crearon índices de legalidad e integridad que van de 0 a 100 (de más débil a menos débil), para clasificar a las entidades estudiadas según su puntaje. Los resultados se leen como actitudes y prácticas frente a ambas culturas.

Este es el primero de cuatro boletines con los que la PGN socializa-rá los resultados de la investigación, con el fin de que a partir de hoy todos los servidores públicos nos sintamos orgullosos de nuestra labor, porque podremos afirmar: “Soy correcto, no corrupto”.

La integridad se relaciona con el actuar o el estar en conformidad con los valores, las normas y las reglas válidas en el contexto en el que se opera. Sin embargo, para que un trabajador al servicio de la comunidad pueda hacer eso, definitivamente tiene que ser primero una persona íntegra. Y ello no es más que tener el hábito de comportarse como alguien con valores y principios. Es decir, que cada acto de su vida cotidiana refleje estar inspirado por esos valo-res y principios incrustados en su ser.

INTEGRIDAD

LA SoCiEDAD PErCiBE CoMo útiLES LAS LEYES Y LAS NorMAS Para mantEnEr EL orDEn y La sEgUriDaD, PEro aL mismo tiEMPo LAS CoNSiDErA PoCo EFECtivAS PArA CAStiGAr A LoS CriminaLEs y haCEr JUstiCia, y Las vE En CiErtos Casos Como favorECEDoras DE grUPos DE PoDEr EConómiCo o PoLítiCo, y DE Los CorrUPtos.

Soy correcto, no corrupto

¿Cómo estamos en el país?

La corrupción es un compor-tamiento abusivo del servi-dor público, cuando considera que su cargo es un negocio y, en consecuencia, lo pone al servicio y satisfacción de sus intereses personales, para ob-tener ganancias pecuniarias o de posición social.

Existe la percepción genera-lizada de que en Colombia hay injusticia (siempre pa-gan justos por pecadores); se buscan el atajo y el camino fácil para lograr objetivos (el éxito es cuestión de suerte y de contactos), y se pierde el

sentido de lo público cuando se ve la posibilidad de ocupar un cargo estatal para el bene-ficio propio.

Hay también baja credibilidad en la eficacia de las autoridades y del entorno legal para garan-tizar derechos y hacer justicia, y se encuentran ciertos grados de tolerancia de la sociedad a los comportamientos contrarios a las normas. Es más: se per-cibe que la lógica que guía el cumplimiento de la ley es la de que “lo malo no es violar la ley sino que lo cojan a uno con las manos en la masa”.

LoS SErviDorES PúBLiCoS No gEnEran La Confianza sU-fiCiEntE Para qUE La soCiE-DaD vaLorE Las fUnCionEs qUE CUmPLEn, PorqUE no sE ComPortan Como CiUDaDa-nos EJEmPLarEs.

Uno de los hallazgos del estu-dio es que los colombianos somos desconfiados; pero aún más cuando se trata de los servidores públicos. No se percibe coherencia entre lo que dan a conocer las instituciones sobre los valores y cómo los practican los funcionarios. En pocas palabras, una cosa son los valores que grita la entidad a los cuatro vientos, y otra muy distinta los que marcan la ruta de la función de sus servidores.

En fin, estamos fallando en va-rios aspectos, que se resumen en cinco puntos.

Del dicho al hecho

NO CONFÍO

Soy correcto, no corrupto

EN QUÉ ESTAMOS FALLANDO

1.

2.

3.

4.

5.

Falta de consistencia interna de los valores. (Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace).

El interés individual prima sobre el interés colectivo.

Debilidad en la apropiación y legitimidad de las normas y leyes.

Pérdida del sentido en torno al servicio público.

Desconfianza institucional.

“corrupción”, y hay numerosos “chistes” que así lo refuerzan. “El que sabe, sabe; y el que no… es empleado público”, dice alguno dando a entender que para el Estado colombiano valen más las palancas y las relaciones de poder que la meritocracia.

La ciudadanía se siente atropellada por el Estado cuando no tie-ne fácil acceso a los servicios, no encuentra la solución oportuna a sus quejas o reclamos, ni tampoco las respuestas pertinentes a sus inquietudes. alas instituciones cuando percibe que en ella es común el fraude, y quizá por eso tolere en muchos casos que el ciudadano de a pie infrinja normas y leyes. Todo lo cual es altamente nocivo para el país.

Los problemas comienzan con la falta de conciencia del servidor

público cuando considera que el interés propio está por encima del

interes colectivo; y cuando cree que sus principios y valores no tienen

por qué ir de la mano con los de la entidad en la que se

desempeña.

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