La Democracia Nuevas Reflexiones y Otras Dudas

La Democracia:Nuevas refLexioNes

y otras DuDas

Gustavo Arriola Quan, Claudia V. López Robles, Francisco Rodas Maltez y

Edelberto Torres-Rivas

Nota: el contenido de este documento no representa necesariamente el punto de vista de las instituciones que apoyan la publicación.

Se recomienda el uso de su contenido citando la fuente.

La democracia: nuevas reflexiones y otras dudasii

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD5ª. Avenida 5-55 zona 14, edificio Europlaza, torre 4, nivel 10Ciudad de Guatemala, 01014Tel. (502) 2384-3100www.pnud.org.gt

©Programa de los Informes Nacionales de Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo del Mileniowww.desarrollohumano.org.gt

Primera Edición: diciembre 2008, 1,000 ejemplaresCoordinación de producción editorial: Héctor Morales Delgado / equipo INDHEdición: Paola Ketmaier / de verbis edicionesIlustración y diagramación: Olga Vanegas / IntercreativaImpreso en Argrafic

Arriola Quan, Gustavo; Claudia V. López Robles, Francisco Rodas Maltez y Edelberto Torres-Rivas La democracia: nuevas reflexiones y otras dudas. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2008.

164 p. (Serie sobre democracia).

ISBN: 978-99939-909-8-7

1. Democracia, 2. Ciudadano, 3. Participación política,4. Cultura política, 5. Cultura democrática.

321.8ARRlad

Presentación iii

Índice

Presentación 1

Prólogo 5

Introducción 9

PRIMERA PARTE: Calidad y cultura democrática, ciudadanía, elecciones y otros temas 13

1. Algunos temas de debate 15

1.1 Tensiones entre los derechos ciudadanos: civiles, sociales y políticos 20

1.2 La ciudadanía en cuestión: indígenas y pobres 24

1.3 Mujeres, construcción de género y democracia 37

1.3.1 Algunos datos de la participación femenina 39

2. La calidad de la democracia y la cultura política 45

2.1 Elementos de la cultura política en Guatemala 46

2.2 ¿Desencanto político? 51

2.3 Sobre demo-participación y demo-representación 57

2.4 La calidad de la democracia en cuestión 64

3. Representación y sistema político 73

3.1 El sistema electoral guatemalteco 73

3.2 Apuntes sobre la representatividad del sistema electoral para el Congreso de la República 82

3.2.1 Sobre el malapportionment o desproporcionalidad electoral 85

La democracia: nuevas reflexiones y otras dudasiv

SEgundA PARTE: Encuesta sobre democracia, análisis de resultados 89

1. Algunos aspectos analíticos de la encuesta 91

2. Algunas reflexiones sobre la democracia y la ciudadanía en Guatemala 94

3. Sobre el apoyo ciudadano a la democracia 122

3.1 El significado que los guatemaltecos dan a la democracia 128

4. Las mujeres en la encuesta 133

a) La separación de las esferas público-privadas y su relación con la participación de las mujeres en la política 135

b) Valores políticos: las mujeres se pronuncian por valores democráticos 143

c) La autoadscripción de género como categoría de identidad 146

Referencias bibliográficas 151

Anexos 161

Presentación 1

Presentación

La Oficina Regional para América Latina del Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó, en 2004, el informe La democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos como parte de un esfuerzo investigativo sostenido en los albores del siglo XXI. La propuesta conceptual del informe incluye el siguiente planteamiento: la democracia implica un proceso de elecciones libres, justas y competitivas; sin embargo, la noción general de democracia no se agota en la democracia electoral, en tanto es y necesita de la creación y la presencia de una ciudadanía en extensión y profundidad; en otras palabras, democracia es más que elecciones, es ampliación de ciudadanías.

El PNUD Guatemala, por medio del Programa de los Informes Nacionales de Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio, se propuso complementar el esfuerzo investigativo latinoamericano con estudios sobre la realidad guatemalteca. Así, en 2007 se publicó el primer volumen de la Serie sobre Democracia, Notas sobre la democracia y el poder local, el cual tuvo como propósito producir información y organizar la existente en torno al tema general de las condiciones de funcionamiento de la vida democrática en Guatemala. Entre julio y agosto de 2007, durante las campañas electorales generales, se realizó una primera encuesta sobre democracia. Los resultados de la misma se publicaron en el segundo trimestre de 2008 bajo los títulos Percepción ciudadana de la democracia y Democracia y derechos humanos: voz ciudadana (volúmenes 2 y 3). Entre mayo y junio de 2008, a pocos meses de haberse iniciado el nuevo período de gobierno, se efectuó una segunda encuesta, cuyos resultados se incluyen en la segunda parte de

La democracia: nuevas reflexiones y otras dudas2

este nuevo libro, La democracia: nuevas reflexiones y otras dudas (volumen 4).

Manteniendo vínculos conceptuales con el informe latinoamericano sobre la democracia, este cuarto volumen contiene un análisis teórico y empírico sobre algunos elementos de la democracia guatemalteca, tales como ciudadanía, cultura política, representatividad y confianza institucional. En la primera parte se presenta una aproximación teórica que sigue la línea argumentativa de volúmenes anteriores relativa a la construcción de la ciudadanía y su articulación con la cultura política, algunos elementos de la representación y, con base en instrumentos de medición internacionales, se analizan dichos aspectos y se hacen comparaciones con el resto de países de Centroamérica. En la segunda parte se hace un análisis con base en los datos de la segunda encuesta sobre democracia. Los resultados muestran que las percepciones de la ciudadanía guatemalteca sobre la democracia son bajas en general, así como lo son las esperanzas de que las condiciones mejoren en un futuro cercano (un año) o lejano (diez años); por ende, también es bajo el respaldo ciudadano a la democracia. Sin embargo, también hay resultados esperanzadores, por ejemplo, que una inmensa mayoría de las personas encuestadas se considera ciudadana guatemalteca siempre, o que un alto porcentaje recurriría al diálogo para solucionar un conflicto. Se revela cierto respaldo —aunque crítico— a la democracia procesal y una relación directa entre el respaldo a la democracia y la esperanza en el mejoramiento de las condiciones de vida. Estos datos sobre la cultura política son potenciales gérmenes de cambio y de consolidación democrática.

Detrás de este libro está el esfuerzo de un equipo de trabajo. Karin Slowing Umaña (primer semestre de 2008) y Linda Asturias de Barrios (a partir de julio de 2008) hicieron aportes secuenciales desde la Coordinación del Programa de Informes Nacionales de Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo

Presentación 3

del Milenio. Edelberto Torres-Rivas, reconocido por su larga trayectoria en el estudio de la democracia en Centroamérica, actuó como coordinador del equipo. Gustavo Arriola, Claudia V. López y Francisco Rodas además de sus aportes teórico-metodológicos analizaron los datos y presentaron los resultados finales. Thies Hauck, politólogo alemán, apoyó en la revisión documental y la recopilación de los datos durante su pasantía en el PNUD. Tatiana Paz Lemus y Alberto Fuentes García revisaron versiones preliminares del documento. El profesor David Samuels, de la Universidad de Minnesota, colaboró, vía electrónica, en consultas sobre el cálculo específico de la desproporción electoral (malapportionment).

Entregamos este nuevo libro con la expectativa de seguir contribuyendo a la generación de estudios sólidos sobre uno de los temas cruciales para Guatemala. El país ha avanzado en materia de democracia electoral y en brindar elementos básicos para el ejercicio ciudadano, sin embargo, aún hace falta camino por recorrer en la construcción de una ciudadanía igualitaria.

Agradecemos al equipo de trabajo y a todas las personas que hicieron posible poner este libro a disposición de las instituciones y las personas interesadas. En particular agradecemos a los países amigos de Guatemala, el Reino de Suecia y el Reino de Noruega, con quienes somos socios en esfuerzos orientados a promover la democracia y el desarrollo humano.

René Mauricio ValdésCoordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas yRepresentante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala

Prólogo 5

Prólogo

“…el desarrollo de la democracia está íntimamente vinculado a la búsqueda de mayor igualdad social , la

lucha eficaz contra la pobreza y la expansión de los derechos de los ciudadanos.”

La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos1

Durante la década de 1980 Guatemala experimentó cambios profundos en la esfera económica y la política. La crisis de la deuda de principios del decenio, compartida en la región latinoamericana, fue un detonante del cambio. Las medidas para contrarrestarla –ajuste estructural- abrieron el camino para una transición del modelo de substitución de importaciones hacia el de apertura comercial.2 Paralelamente la promulgación de la Constitución de la República y las elecciones generales de 1985 –parteaguas en la historia del país- marcaron el fin de un período (1954-1985) de golpes militares, elecciones fraudulentas, represión e irrespeto a los derechos humanos. Se inició así la transición hacia la democracia.

El proceso de democratización se puede analizar desde diferentes perspectivas. Puede ser estudiado desde la óptica del cambio de régimen político, la de procesos electorales, la de instituciones públicas como los partidos políticos u otras. La democracia: nuevas reflexiones y otras dudas, cuarto volumen de la Serie sobre Democracia publicada por PNUD

1 PNUD (2004: 179)

2 Véase Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/08, Guatemala: ¿una economía al servicio del desarrollo humano?


Guatemala enfoca el tema en la construcción de ciudadanía, la representación y la cultura política. Con este abordaje mantiene una vinculación conceptual con el Informe latinoamericano sobre la democracia3, el cual insistió en la expansión de ciudadanías.

Dicho informe presentó entre sus conclusiones la destacada en el epígrafe de este prólogo. En consonancia con la misma, en este libro se exponen distintas formas de construcción de ciudadanía, principalmente en el contexto guatemalteco donde la pobreza, la exclusión, la discriminación y el racismo constituyen barreras al ejercicio de los derechos ciudadanos. En la primera parte se abordan temas de debate como las tensiones entre los derechos ciudadanos; ciudadanía, adscripción étnica indígena y pobreza; mujeres, género y construcción de democracia. También se dedica una sección a la calidad de la democracia y la cultura política y otra, a la representación y el sistema político. En esta última destaca la medición de la desproporcionalidad del sistema electoral guatemalteco en la elección de representantes para el Organismo Legislativo.

En la segunda parte del libro se analizan los resultados de una encuesta administrada a mediados de 2008 a una muestra nacional de personas guatemaltecas que permite hacer inferencias, en la dimensión espacial, para el país y sus regiones. El análisis dedica secciones a la democracia y ciudadanía, al apoyo ciudadano a la democracia, y a las mujeres. En cada una de éstas se presentan datos cuantitativos que fueron sometidos a pruebas estadísticas para establecer dependencia o independencia de variables y la fuerza de la asociación entre las mismas. Para el primer caso se usaron las pruebas denominadas Chi cuadrado y coeficiente de contingencia de Pearson y para el segundo, Phi y V de Cramer.

3 Véase PNUD 2004.

Prólogo 7

El uso de estas pruebas estadísticas permitió identificar variables demográficas que están relacionadas a elementos de los temas de estudio, democracia, ciudadanía y cultura política. Entre estas variables se encuentran sexo, etnicidad y región donde vive la persona encuestada. Los resultados estadísticos pocas veces mostraron relación entre patrones de respuesta y las variables nivel de ingresos, edad y religión. Sin embargo, en otros estudios con muestras, instrumentos y métodos distintos, estas variables podrían mostrar relaciones con elementos de los temas dichos.

El Equipo del Programa de Informes Nacionales de Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio, PNUD Guatemala, espera que este cuarto volumen de la Serie sobre Democracia contribuya al debate sobre la construcción de ciudadanías, la democratización, la representación, los cambios en la cultura política y el fortalecimiento institucional. Aspira a que el mismo ayude a formular nuevas preguntas y a encontrar nuevas respuestas en el camino de la construcción de la democracia guatemalteca. Incentiva asimismo a un diálogo intergeneracional e intercultural que abone al fortalecimiento de la cultura política.

Linda Asturias de Barrios

Coordinadora del Programa de Informes Nacionales de Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio

Introducción 9

introducción

El tema de la democracia es fructífero pero se presta para las repeticiones. Ambos aspectos han sido tomados en cuenta en esta investigación como advertencias que guiaron el proceso: es difícil ser original en estos problemas, pero sobre la democracia guatemalteca aún hay mucho por conocer.

-I- Es en relación a esto último que en esta Introducción al texto hay que hacer una aclaración obligada; el conjunto de investigaciones sobre la democracia guatemalteca que el Programa de los Informes de Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio viene realizando, tenía prevista la realización de una encuesta nacional de carácter longitudinal. Es decir, dos encuestas sucesivas con distintas pero similares preguntas a la misma muestra censal: tres mil personas, con una estratificación que consideró seis variables de base.

El propósito era conocer los cambios que se producen en las opiniones, actitudes y reacciones del ciudadano antes y después de un proceso de elecciones nacionales. En el texto se explica tal estrategia: unas semanas previas al evento el ciudadano está expuesto a los efectos de la campaña electoral, que en Guatemala se realiza con componentes de exageración mercadotécnica. Es un ciudadano más ‘excitado’ por la propaganda que movilizado ideológicamente, Y unas semanas después del acto de traslado de mandos, el ciudadano está más ‘sosegado’ por las exigencias de la vida pública.

La segunda encuesta se realizó de acuerdo a las previsiones, pero sin lograr una proporción de repetición satisfactoria, por lo que se considera como «transversal».. De esa manera, los


resultados que hoy presentamos han sido estudiados como si ésta fuera una muestra diferente, por sus nuevas características.

-II- El libro está compuesto de dos partes significativamente distintas, que guardan entre sí algunas relaciones referenciales. En la primera de ellas se plantea de manera general las tensiones que ocurren en sociedades poco desarrolladas donde se practica la democracia electoral; esas tensiones se producen porque el mercado excluye por su carácter incipiente y la democracia política necesita incluir por su naturaleza electoral. Ese desencuentro es tendencialmente mayor en el caso de la población indígena, donde opera como en Guatemala relaciones de poder de raíz colonial y racista.

Se considera también de nueva manera el tema de la cultura política, asumiendo que no es solo una definición ni un tipo ideal, sino un proceso en construcción en el que se van incorporando valores simbólicos y reales a medida que la participación política va en aumento. El punto de partida es aquí otra realidad tensional: desarrollar una cultura política democrática en un contexto nacional donde la sociedad conserva (y estimula) valores autoritarios: racismo, discriminación social y étnica, culto a la fuerza y a la ilegalidad del más poderoso, irrespeto por el diálogo, hipócrita rechazo por la política, clientelismo y otros más. O sea, Estado democrático en sociedades autoritarias.

En relación con este tema, se desarrolla una dimensión relativamente novedosa, que es lo relativo a la calidad de la democracia; esta es una dimensión recientemente manejada en los círculos académicos del exterior y se establece, como una paradoja, con criterios (variables) cuantitativos. Aunque hay que decir, que existen dimensiones difíciles de expresar con un número, para propósitos comparativos se incluyeron varias cuadros con datos provenientes de estas fuentes.

Introducción 11

Se incluyeron, también, algunas reflexiones sobre dos dimensiones claves para la democracia electoral y para sus efectos legitimadores: los temas de la participación y representación políticas.

-III- Como parte de una breve referencia a los aspectos técnicos de las elecciones, se han incluido algunas notas sobre el sistema electoral guatemalteco, su condición mayoritaria versus proporcional. Y como un dato interesante, la ‘verdad’ de la proporcionalidad y los datos del cálculo del malapportionament o desproporcionalidad electoral. Este cálculo, y otros que se presentan en el libro, pretenden ilustrar sobre la conformación del Congreso de la República, como punto clave para el debate sobre la representatividad, tema que en este libro no se agota.

-IV- En la segunda parte hay un análisis breve de algunas dimensiones de la Encuesta. Es la parte empírica del texto basado en reflexiones que en parte se hicieron en la Primera sección de este Trabajo. Entre los análisis de datos que se llevaron a cabo, destaca la ‘medición’ que se intenta con ayuda del Índice de Apoyo a la Democracia (IAdem).

Este Índice, construido técnicamente para identificar la ‘sensibilidad’ o apoyo de la ciudadanía a la democracia, que resulta útil en relación con varias preguntas básicas. Otro ejemplo, de los análisis de esta segunda parte, es la visión instrumental o substantiva de la democracia y las diferencias que se establecen con base en la etnia, el género y sobre todo las pertenencias regionales.

- V – Además el libro también contiene un breve pero sugestivo análisis de las principales variables de la encuesta en función del género, es decir, a partir de las diferencias que se establecen cuando son ciudadanas las que responden. Es esta una perspectiva analítica que deberá ampliarse en el futuro, a partir


del ambiente participatorio de la democracia guatemalteca, y en la cual es importante poder establecer el universo mental, emocional, simbólico y político que las mujeres tienen de su condición ciudadana y de las experiencias de la vida política.

Primera Partecalidad y cultura

democrática, ciudadanía, elecciones y otros temas

Calidad y cultura democrática, ciudadanía, elecciones y otros temas 15

calidad y cultura democrática, ciudadanía, elecciones y otros temas

1. Algunos temas de debate

A continuación se busca examinar sumariamente algunas de las tensiones y problemas que se producen en la construcción de la democracia en Guatemala en los últimos años. En este examen tiene particular relevancia la participación ciudadana, cuya presencia activa es condición y resultado de la democracia. La democracia como modelo de vida política y expresión de igualdad y libertad ciudadana no se alcanza nunca; es un inacabado proceso que puede tener momentos de consolidación institucional y otros de decaimiento.1 Está condicionada por factores de orden interno e internacional donde aparecen las dimensiones económicas y políticas, ambas produciendo un campo de estrategias contradictorias.

Las tensiones ocurren cuando se crean nuevas dinámicas de inclusión por parte de la democracia y de exclusión por parte del mercado. O cuando hay intentos de reconciliar dispersos aspectos de la modernización política con insuficientes esfuerzos

1 Algunas democracias se “pudren”, funcionan tan deficientemente que son sustituidas por formas perversas de ordenar el caos; otras se estancan, rutinizan su dimensión electoral; y hay las que profundizan sus cualidades hacia lo que Moufe/Laclau llaman democracia radical.


de desarrollo económico. En el último tiempo sólo se estimularon ajustes cuyas consecuencias profundizaron la exclusión social, la miseria y la socialización de las desigualdades.2

Recordemos que el concepto de democracia admite, por lo menos, dos connotaciones. Como un valor sustantivo, la entendemos como una forma de autoridad, cualitativamente superior, capaz de ordenar la vida en sociedad en condiciones de libertad e igualdad; como un valor instrumental, la democracia es el procedimiento menos defectuoso para escoger periódicamente a quienes van a gobernar el país, conforme prescripciones legales ya establecidas.

Este estudio continúa la línea analítica del informe La Democracia en América Latina, que, a partir de los fundamentos teóricos, argumenta que la democracia:3

supone una idea del ser humano y de la construcción de •la ciudadanía; es una forma de organización del poder que implica la •existencia y buen funcionamiento del Estado; implica una ciudadanía integral, esto es, el pleno •reconocimiento de la ciudadanía política, social y civil;es una experiencia histórica particular en la región que •debe ser entendida y evaluada en su especificidad; yaunque tiene en el régimen electoral un elemento •fundamental, no se reduce a las elecciones.

Cuando el argumento llega a este nivel, ya no se puede hablar sólo de democracia, allí aparece el Estado. El Estado democrático cuyo poder asegura el valor de la paz social, la

2 El tema de la construcción de la democracia como una acción humana siempre incomple-ta ha sido desarrollado por numerosos académicos, destacándose, en general, los trabajos de Sartori y, para América Latina, los de Lechner.

3 PNUD (2004: 24).


convivencia segura en comunidad, los derechos del ciudadano y una búsqueda del bienestar social, de una vida con dignidad.

La democracia y el poder que encarnan en el Estado se traducen, como ya se insinuó en otra dimensión, en su valor instrumental. La democracia es valorada no sólo por su capacidad de dar bienestar a las mayorías, también resuelve el dilema de quién gobierna y cómo se accede a los altos cargos de dirección; viviendo en democracia la única forma de acceso al poder es el procedimiento electoral libre, plural, competitivo y justo. La razón instrumental está asociada a una selección de opciones, pues la democracia electoral se apoya en ofertas plurales. Se habla de la democracia liberal, esto último se refiere al reconocimiento de la persona libre, con los derechos que por su naturaleza le corresponden; y lo democrático apunta a la igualdad de oportunidades, al combate a las desigualdades.

El tema de la ciudadanía tiene dos formas de considerarse que no son contradictorias. La perspectiva más politológica enfatiza la ciudadanía como el reconocimiento que hace el Estado de que los habitantes de la nación (los que tienen la nacionalidad) son ciudadanos con igualdad de derechos y obligaciones. También puede ser planteado en un marco más sociológico que partiendo del ciudadano ideal lo reconoce inmerso en el mundo social que está cruzado por fuertes diferencias en la estratificación socioeconómica y, por ello, modifican al ciudadano y lo convierten en obrero, empresario, campesino, general, licenciado. No hay contradicción alguna porque al reconocimiento formal (jurídico) sigue el reconocimiento real (social) que opera en la sociedad. Obviamente, el movimiento de lo teórico tiene una lógica histórica, que es el recorrido que se hace del ciudadano igual, expresión de un valor universal hoy día aceptada de forma amplia, al ciudadano profundamente desigual, para quien imperan relaciones de fuerza que son, al final, las decisivas.


Esa visión dicotómica estuvo planteada durante la segunda Postguerra entre los razonamientos de Schumpeter sobre la democracia y las propuestas de Marshall sobre la tensión clase-ciudadanía, la cual condujo a una polémica enriquecedora. Ahora se retoma en la alternativa de luchar por una democracia de políticos o una de ciudadanos, que tiene ecos en esa otra división entre la democracia representativa y la participativa. El problema pareciera ser de énfasis pero no lo es. Desde la perspectiva marshaliana, la política es el espacio público en el cual todos se reconocen como participantes de una comunidad política (el Estado nacional), pero las decisiones estratégicas siempre las toma una élite, como lo propone Schumpeter.4 Los ciudadanos concurren, finalmente, para optar a favor de una u otra minoría: la política como un pluralismo de élites.

Marshall estaba conciente de la tensión entre ciudadanía y clase, mejor dicho, de la forma como el capitalismo establece las pertenencias sociales y cómo, a partir de las mismas, varía el disfrute de los derechos universales del ciudadano.5 Pensando en Inglaterra, utilizó la propuesta del “Estado de Bienestar” como la forma de disminuir aquellas tensiones y de compensar la desigual distribución de la riqueza social, con las posibilidades de la protección del Estado en favor de los más pobres. Se hace esta referencia porque la democracia manchesteriana creó mecanismos de participación que establecieron para la clase obrera formas aceptables de representación, a través de lo que originalmente fue su partido, el Laborista.

Ésta no es la respuesta que pueda intentarse en sociedades pobres, de desarrollo desigual y heterogéneas, con extensos niveles de desigualdad y pobreza, donde los recursos materiales, el poder político, la influencia y el respeto social, la seguridad 4 Schumpeter (1984).

5 Marshall (1998: 85-86). Nótese que el autor escribe sobre Inglaterra y está convencido que ahí, durante la segunda Postguerra, las diferencias de clase quedaron disminuidas por los efectos del Estado de Bienestar.


legal, los bienes culturales, el disfrute de la libertad son monopolizados por minorías. El problema no sólo es que así ocurra, sino que se hace muy poco para que no continúe sucediendo. Sólo las luchas ciudadanas, al movilizar sus derechos, pueden alterar esa situación, que en los estratos más bajos es asumida falsamente como una fatalidad.

En el marco de esas distinciones entre ciudadanía y clase social es necesario dejar la visión estática y formal de ciudadanía como una colección de derechos y obligaciones y argumentar que por ciudadanía también debe entenderse un conjunto de prácticas legales, políticas, económicas, culturales que una persona puede realizar como ciudadano. Como un activo miembro de la sociedad, el ciudadano actúa y ejercita sus derechos, de los que es titular. Es importante señalar que en esta óptica se enfatiza la práctica, una visión dinámica de ciudadanía. Este énfasis ayuda a comprender la construcción social de la ciudadanía en el sentido que ella se realiza, ejercitándola.

El concepto de ciudadanía como un conjunto de prácticas sociales tiene, entonces, no sólo un contenido jurídico o político sino también uno sociológico. Y se sitúa así la noción de ciudadanía en el debate de las desigualdades, de las diferencias de poder e influencia, del injusto acceso a las oportunidades que la realidad de las clases sociales introduce, porque la ciudadanía está inevitable y necesariamente atada al problema de la desigual distribución de los recursos (riqueza) de la sociedad. Por eso el disfrute —y sus límites— de los derechos ciudadanos se articula a la pertenencia del ciudadano a una determinada categoría social, a uno de los distintos grados de la desigual estructura de la sociedad.

Debe destacarse que en un ambiente democrático la población puede organizarse y demandar mejores condiciones de desarrollo humano, desde las organizaciones sociales y


los partidos políticos. Si el Estado es democrático debe crear oportunidades para que el ciudadano participe en los asuntos públicos y en todos aquéllos en que sus intereses puedan estar comprometidos.

Los conceptos ciudadanía y Estado democrático que se mencionan son útiles porque pueden servir para compararlos con la dinámica cotidiana que se vive en Guatemala. El Estado democrático y el ciudadano pleno que la teoría postula no han existido sino como tipo ideal, como una aspiración o una meta. La igualdad universal es una forma declarativa de expresar una formalidad jurídica que tiene un gran valor moral. Pocos momentos de la historia reciente ofrecen un desenfreno antiigualitario tan profundo y creciente. Lo que importa para el caso es que las desigualdades han aumentado su visibilidad desde que se vive en democracia, y que desde hace veinticinco años aumenta la polarización socioeconómica y política. En Guatemala, la democracia —que en esencia es igualdad— funciona en un universo de desigualdades de todo tipo.6

1.1 Tensiones entre los derechos ciudadanos: civiles, sociales y políticos

La democracia guatemalteca es una democracia electoral, en consecuencia, los derechos políticos —básicamente votar y/o ser electo— constituyen el núcleo constitutivo del ciudadano. Examinemos a continuación algunas vicisitudes del ejercicio ciudadano. Primero, los temas de la ciudadanía indígena y los del ciudadano pobre, o ambos. Luego, los del clientelismo y la participación “por encargo” y, finalmente, la representación y la participación.

6 Los informes nacionales de desarrollo humano contienen abundante información estadís-tica sobre estos temas.


dimensiones de la ciudadanía civil

dimensión

Igualdad legal y protección contra la discriminación

derecho a la vida, la integridad física y la seguridad

Administración de justicia

Libertad de prensa y el derecho a la información

Cuestiones relevantes

Tratados internacionales, legislación y aplicación de la legislación relacionados con los derechos generales y la situación de los trabajadores, las mujeres, los indígenas y los menores.

Tratados internacionales, legislación y aplicación de legislación relacionados con derechos civiles fundamentales.

Recursos financieros destinados al sistema de justicia y medidas orientadas a la defensa de los derechos de los causados y personas privadas de su libertad.

Restricciones legales, políticas y económicas a la libertad de prensa, violencia contra periodistas, acceso a la información pública y hábeas data.

Fuente: PNUD (2004: 102).

De los diversos derechos del ciudadano —civiles, sociales y políticos— en la democracia guatemalteca, ocuparon el primer lugar temporal los derechos políticos, luego los civiles y sólo hasta hoy día se van incorporando los derechos sociales. En la historia del capitalismo original no ocurrió así, fueron los derechos civiles los que antecedieron a los otros, tales como las libertades de creencias religiosas (después de las terribles guerras religiosas), la libertad de opinión, el derecho a la propiedad o la gran reivindicación de la burguesía, todo ello consagrado después de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. En Europa, el goce de los derechos civiles abrió la puerta para el ejercicio de los derechos sociales y, luego, de los políticos. El derecho al sufragio universal en Alemania e Inglaterra, por ejemplo, sólo se obtuvo a finales del siglo XIX y después de extendidas luchas sociales.


En Guatemala sucedió al revés, pues la ciudadanía política, con restricciones, ya aparece en la constitución liberal de 1879. Fue ése un Estado que pudo darle al ciudadano el derecho al voto (derecho político), con serias limitaciones; y sólo hasta 1947 pudo reconocer el derecho social a la organización sindical. Y todavía no logra el pleno derecho a la seguridad de la persona, corazón de los derechos civiles. Por eso se afirma que el ejercicio de los derechos políticos por parte de todos los ciudadanos podrá abrir el cauce a los derechos civiles y sociales. La democracia se fortalecerá con la ciudadanía social y ésta sólo se realiza en un Estado democrático. Nótese que los derechos políticos suponen la igualdad (una persona, un voto) y se ejercen individualmente; en cambio, los derechos sociales suponen la desigualdad social y se ejercitan de forma colectiva. Aquéllos tienen como referente el poder del Estado y éstos, la dinámica del mercado. La democracia empieza, entonces, con el ejercicio del voto, pero se completa con las reivindicaciones laborales. El ideal es una democracia social.

dimensiones de la ciudadanía social

dimensión

necesidades básicas

Integración social

Cuestiones relevantes

Salud y educación

Empleo, pobreza y desigualdad

Fuente: PNUD (2008: 385).

Entre el reconocimiento de los derechos y su uso por los ciudadanos existe una mediación socioeconómica que produce resultados analíticos decisivos. Planteado lo anterior de forma operativa, se reconocen las tensiones que se producen entre los derechos como oferta formal, la igualdad para todos y los trabajadores como ciudadanos que experimentan profundas


desigualdades en su vida cotidiana. Uno de los efectos de la relación ciudadanía-clase social es que el ejercicio de los derechos depende de la posición que se ocupa en la escala socioeconómica. Hoy día se sabe que, en promedio, la mitad de nacionales ejerce los derechos políticos y sólo entre un 20% y 30% de los trabajadores tiene acceso a un empleo formal (derecho a un trabajo decente).7

La calidad de la democracia se establece por la extensión y profundidad del ejercicio de todos los derechos y no sólo por la libertad de votar. Alcanzar cuotas de justicia social no depende de las elecciones sino de la presión que desde la sociedad se ejerce frente al poder, el Estado democrático. La naturaleza y la exigibilidad de ambos conjuntos de derechos son distintas. Los derechos políticos y civiles aseguran la autonomía individual frente al poder estatal y la posibilidad de influir en sus decisiones. Los económicos y sociales buscan lograr la igualdad, el bienestar, la propiedad, se mueven en el ámbito del mercado y se expresan siempre colectivamente. Ambos conjuntos son derechos universales, indivisibles e interdependientes.

Las distancias entre estratos o clases sociales que separan y polarizan la existencia social se reproducen en la vida política. La contradicción entre ciudadanía y clase plantea un desafío que puede debilitar la democracia, pues la concentración económica también es política. Los problemas que persisten no sólo tienen relación con las dificultades para el pleno despliegue de los derechos sociales, sino con los efectos políticos de la dinámica de las desigualdades; no son bien conocidos los mecanismos vivos, poderosos, que en la conducta cotidiana del guatemalteco lo llevan a practicar la discriminación y el racismo, a mantener, a veces sin conciencia de ello, prejuicios étnicos y de género. El desencanto ciudadano por los asuntos públicos, como se verá más adelante, se convierte en un rasgo cultural que se refleja 7 PNUD (2008), capítulos 7 y 10.


en formas de abstención electoral. La democracia electoral ha sido un vehículo para formar e incorporar ciudadanos, pero si al mismo tiempo no incorpora a todos y se limita a los derechos políticos, ella es insuficiente.

En ciertas capas de la opinión pública hay una tendencia a la identificación de las elecciones con la democracia, esto es, que la democracia es electoral simplemente; esta noción, la rutinización del procedimiento como lo advierte T. Kart, es negativa. Sólo las elecciones no hacen ciudadanos plenos, pero en una situación democrática inicial, el ejercicio de los derechos políticos puede abrir las puertas para la realización de los otros derechos. Una y otra elección, muchas en el tiempo, crean una rutina, una tradición, una inercia democrática cuyos efectos son útiles para la consolidación democrática. Para la consolidación institucional es importante lo que Garretón llamó deseabilidad democrática, que en el último tiempo contrasta con una opinión pública cada vez más incrédula.8 Por eso, la consolidación es institucionalización de normas, mecanismos y estructuras cuyo fin es regular el conflicto, pero sobre todo, los procedimientos para reducir las causas sociales que producen la inclusión/exclusión de la gente.

1.2 La ciudadanía en cuestión: indígenas y pobres

Si bien indígenas y pobres han ejercido el derecho ciudadano al voto, están pendientes otros derechos que atañen a estas poblaciones, tales como la igualdad legal y la protección contra la discriminación, el derecho a la vida segura, el acceso a la justicia, la libertad de organización, a practicar las costumbres comunales y otros aspectos culturales. Son diferencias hoy día cada vez más reivindicadas que aluden a visiones particulares

8 Garretón (1995: 24).


que el Estado no siempre reconoce como parte intrínseca de su constitución. Iniciemos el análisis en el debate que existe entre ciudadanía universal y las demandas ciudadanas de las poblaciones indígenas.

La formación de las identidades básicas de la población indígena se origina en la vida en la comunidad, pero se modifican al tener experiencias negativas o no dentro de la sociedad externa a ella. La noción planteada es que la identidad que la ciudadanía supone se origina en la vida en comunidad y puede variar en la vida fuera de ella, en la sociedad nacional.

También existe otra tensión, el reconocimiento formal hoy día constitucionalmente establecido y/o el ejercicio efectivo de los derechos sociales y culturales, que son fuente de identidad, de cohesión social, de riqueza simbólica. La concepción liberal de ciudadanía tiene una pretensión universal y, por lo tanto, igualitaria. Si todos somos iguales, ¿cómo se traduce eso si al mismo tiempo hay grupos que reivindican las diferencia? ¿Cómo puede definirse la naturaleza de la pertenencia social de un ciudadano indígena (y de los grupos étnicos) cuyas prácticas sociales son parcialmente particulares y propias de su cultura? La complejidad de las respuestas alude a los temas de la ciudadanía étnica, el Estado plural y las políticas multiculturales, en un proceso de difícil constitución.

La magnitud de la fuerza que tienen las reivindicaciones étnicas, sociales y culturales en una sociedad con población étnica o socialmente diferenciada explica (o determina) la importancia de las relaciones sociales que se practican; y sólo empiezan a reconocerse a través de las luchas parciales de los indígenas o de medidas legales o decisiones administrativas. No bastan, entonces, los derechos formales de ciudadanía, la legislación común, hace falta el reconocimiento de las diferencias y la puesta en práctica de alternativas que van desde


cuotas de participación, ciudadanía diferenciada o la búsqueda de equidad étnica en la construcción del Estado.9

El tratamiento de la diversidad étnico-cultural en Guatemala ha tenido desarrollos distintos; por largo tiempo fue ignorada, a pesar de que sin presencia indígena habría sido imposible la vida económica nacional. No fueron excluidos sino incorporados al mercado de trabajo en condiciones marginales por su condición étnica. Es decir, “participaron” en el límite, ahí donde el salario casi no existía y la relación laboral no tenía ninguna protección; tampoco consumían en el mercado. De forma gradual, los indígenas se han venido ciudadanizando sobre todo por el estímulo alcanzado con los Acuerdos de Paz. En este aspecto, la identidad étnica sólo puede ser el resultado simbiótico de luchas políticas por alcanzarla, de luchas conjuntas de ladinos e indígenas, además del desarrollo de políticas multiculturales del Estado.

De hecho, los movimientos sociales que confrontan a la estructura de la sociedad y el Estado pueden producir ciudadanos que participan en la vida nacional sin renunciar a sus identidades básicas. Esta situación invita a reflexionar sobre cómo estructurar identidades étnicas en tanto el ciudadano indígena se apoya en su cultura y, así, emerge a la vida pública, demandando el reconocimiento de los derechos ingénitos a su cultura, a su pertenencia grupal y, al mismo tiempo, a la nación guatemalteca.

Gradualmente se va aceptando como un dato real —y no sólo como reconocimiento de una injusticia histórica—, que Guatemala es un Estado nacional multicultural. Los miembros de los grupos étnicos se reconocen al pertenecer a una comunidad que tiene idioma y ancestros comunes, una historia compartida que alimenta su identidad. La identidad étnico-cultural siempre aparece en el grupo de origen y, 9 Ver PNUD (2005), capítulos 12, 13 y 14.


especialmente, con su expresión lingüística. Pero sucede que ya hoy día no hay comunidades aisladas y hay una intensa interacción hacia fuera, con la sociedad nacional. La relación con “el otro”, el ladino portador de otras formas de cultura, y en el caso de Guatemala con la cultura nacional dominante, puede producir el rechazo de los “diferentes”, o la aceptación de una supuesta minusvalía por parte de aquéllos. De hecho, unos y otros resultados son frecuentes y conforman una poderosa estructura de poder de indudable raíz colonial, aspecto que no es posible tratar aquí. A manera de ilustración, en el cuadro 1.1 se observan las diferencias entre indígenas y ladinos en función del acceso a servicios básicos en su residencia, que se cimientan en profundas exclusiones sociales.

cuadro 1.1 Hogares con servicios según etnicidad, área geográfica y tipo de servicio Porcentaje de hogares, 2006

Indígena No-indígena Total

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Agua entubada (conexión a red) 88.0 61.9 71.8 93.6 64.8 82.8 92.2 63.4 78.9

Drenajes 62.3 7.3 28.1 80.6 13.0 55.3 76.0 10.3 45.6

Conexión a energía eléctrica 88.8 62.2 72.3 95.3 73.3 87.0 93.6 68.0 81.8

Teléfono de línea 16.3 2.7 7.9 40.9 5.5 27.6 34.7 4.2 20.6

Teléfono celular 50.9 33.9 40.3 71.9 47.1 62.6 66.6 40.8 54.6

Internet 0.4 0.1 0.2 4.9 0.2 3.1 3.8 0.1 2.1

TV cable 33.6 5.1 15.9 56.5 14.6 40.8 50.8 10.0 31.9

Fuente: INE (2006).

En este proceso, desde la óptica de la democracia, sería deseable que la población indígena hiciera compatibles, en su


conciencia y en su práctica, la identidad política de base nacional a la que tiene derecho y la identidad étnica con la que enfrenta ese derecho. En la historia este dualismo conflictivo no se resuelve sino en las prácticas sociales y políticas, en el ejercicio conflictivo que la democracia permite, experimentando como trabajador o como patrono, como ciudadano, la doble condición de maya y guatemalteco. El Estado está situado en una doble obligación: reconocer la igualdad de todos y también la ciudadanía del sujeto indígena en sus dimensiones particulares. El Estado plural será la expresión política de políticas que respeten y garanticen las diferencias culturales, poniendo a prueba en la cotidianidad el ejercicio del poder como síntesis del derecho a la igualdad y el reconocimiento de las diferencias. ¿Es una meta por alcanzar, un ideal o una utopía?

La ciudadanía que ostenta el indígena ha empezado a realizarse en los escenarios democráticos, a través de sus derechos políticos: cuando participa en las elecciones, cuando vota o es electo. Es visible que las relaciones interétnicas vigentes se apoyan en relaciones de exclusión relativa y de desigualdad; una relación violenta que implica expresiones de poder y de dominación. Es una relación de subordinación múltiple. Por eso, en el interior de la sociedad democrática, en la situación actual de retraso económico y social, la organización y las demandas étnicas pueden aparecer como rupturistas, confrontativas y hasta desestabilizadoras: cuando los actores indígenas practican la democracia, la ponen a prueba. El cuadro anterior y el siguiente informan sobre aspectos sustantivos de la vida de indígenas y ladinos.

Ahora bien, la ciudadanización implícita en ese proceso no sólo se ocupa de los indígenas, también de los ladinos excluidos, de una mayoría que por su ubicación de clase tampoco puede ejercer plenamente sus derechos. En todo caso, como quedó


sugerido, el Estado democrático debe asegurar que los derechos políticos, civiles y sociales sean compatibles con los culturales.

cuadro 1.2Indicadores de precariedad ocupacionalPorcentajes de la población ocupada, 2006

Con salario menor a Sub-

empleoInfor-malidad

Sin seguro social

Sin contratoCBA* CBV** SM***

Total país 61.4 87.0 50.1 15.2 71.3 81.8 82.7

Sexo

Hombre 60.4 86.4 48.6 13.9 68.7 81.0 82.7

Mujer 63.5 88.2 53.4 17.2 75.7 82.9 82.6

Etnicidad

Indígena 79.0 95.6 70.0 11.3 85.9 92.2 92.3

No-indígena 54.2 83.6 41.9 17.6 61.9 75.0 76.4

Área geográfica

Urbana 51.0 81.8 39.7 16.6 58.5 73.4 73.1

Rural 78.5 95.5 67.3 13.6 85.1 90.7 92.9

Fuente: PNUD (2008) con cifras de INE (2006).

* CBA: canasta básica de alimentos, se puede considerar una línea de pobreza extrema.** CBV: canasta básica vital, se puede considerar una línea de pobreza general.*** SM: salario mínimo.

La creación y ampliación de ciudadanías para fortalecer la democracia encuentra en su dimensión étnica posibilidades múltiples pero, también, enormes dificultades, no sólo ideológicas o efectos del racismo, sino socioeconómicas, que marginan estructuralmente a los pobres, cuya mayoría es indígena. La población indígena es básicamente pobre; según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del año 2006, del total de la población indígena (que representaba el 38.6% de la población), la incidencia de la pobreza10 era del 73%, y 10 Método de línea de pobreza basado en el consumo.


del 26.4% la de extrema pobreza, frente a un 35.5% y 7.3% entre no indígenas.11

El eje de la indivisibilidad de los derechos del ciudadano es el supuesto de la igualdad de condiciones materiales para que se realicen de forma interdependiente. Pero las desigualdades y la pobreza rompen la integración de todos los derechos, porque unos u otros no pueden ejercitarse adecuadamente, y porque la carencia de unos es condición de debilidad de los otros o viceversa. También es una ruptura sistémica porque las relaciones entre ciudadanía y clase social se condicionan inversamente. ¿Pueden los pobres practicar la democracia o, al menos, vivirla? Ni lo uno ni lo otro, por lo general.

Con el aumento del número de pobres y de las distancias sociales, Guatemala es un ejemplo de ciudadanos de distinta cualidad en extensión y profundidad. Así, es probable que la cualidad sea mayor entre los ciudadanos urbanos que los rurales, o entre los ladinos que los indígenas; entre los mejor informados que los analfabetos, o los de ingresos medios que los pobres extremos. Es una posibilidad que, por cierto, no se comprueba por completo en los resultados de la encuesta que se presentan en la segunda parte de este libro.

En las nuevas democracias, como Guatemala, hay serias dificultades para que se constituya la ciudadanía social. En ningún otro plano de la ciudadanía la democracia está más comprometida que en el de la ciudadanía social. No aparece porque ella no se ejercita individual sino colectivamente, supone la organización, la capacidad de protesta y el conflicto. Y al no existir bases estructurales para hacerlo encuentra limitaciones a veces insuperables. En Guatemala ha ocurrido un retroceso del cual hay poca conciencia si se recuerda que el primer Código de Trabajo se promulgó en 1947 y, sesenta años después, su

11 PNUD (2008).


recuadro 1.1Desarrollo humano y participación electoral

Guatemala cuenta con un Índice de Desarrollo Humano (íDH)1 calificado como “medio” en comparación con el resto de países a nivel mundial.2 Sin embargo, la conclusión del equipo del INDH3 ha sido que en Guatemala pueden encontrarse grupos poblacionales con significativas diferencias que ubican a algunos en índices “bajos o muy bajos” de desarrollo humano, a otros en índices “medios” y, por último, a una pequeña minoría en índices “altos”, evidenciando así que existen brechas importantes entre unos y otros en el interior del país.

La acotación vale la pena al preguntarnos si la democracia puede o no ser construida si gran cantidad de personas no cuenta con condiciones de vida digna. La respuesta depende del significado que se le dé a la democracia. Como lo muestra el mapa 1.1, en el que se grafica el íDH municipal y se vincula con la participación electoral durante 2007, en el aspecto geográfico no existe una relación importante entre el íDH y el ejercicio del voto en las urnas. La tendencia, de hecho, se mantiene ya que, salvo durante 1985, no se ha superado el 60.0% de participación a nivel nacional,4 por lo tanto la democracia está inclusa, estancada si se considera el porcentaje de ciudadanos que moviliza a las urnas.

Sin embargo, hablar de desarrollo humano y democracia tampoco se restringe al voto, ambos están íntimamente relacionados como resultado y condicionantes mutuos. Es decir que sin democracia no es posible el ejercico de las libertades intrínsecas e instrumentales que debe generar el desarrollo humano, y viceversa, sin desarrollo humano —y con altos niveles de precariedad y desconocimiento— los derechos no se pueden ejercer con plena libertad. La población guatemalteca participa poco, pero en situaciones bastante homogéneas. A pesar que hay municipios donde se participa mucho menos, esto puede estar determinado por condicionantes de infraestructura, servicios u otros que no se evidencian aquí.

1 El íDH es un indicador construido para medir y comparar la situación de una pobla-ción en relación con el desarrollo humano. Se trata de un promedio simple de tres subíndices, cada uno de los cuales incluye una característica básica del desarrollo humano, a saber: salud, educación e ingresos.

2 PNUD (2008).

3 PNUD (2008).

4 Durante la primera elección democrática en el país, en 1985, se dio una participa-ción promedio nacional del 69.3%, posteriormente los promedios variaron: 56.4% en 1990, 46.8% en 1995, 53.8% en 1999, 46.77% en 2003 y 60.4% en 2007. Boneo y Torres Rivas (2001) para los datos de 1985 a 1999, y TSE (2005 y 2007) para las últimas elecciones.


Otros estudios han demostrado, además, que el abstencionismo primario5 es aún más importante —el cual no se refleja en estos datos— y muchas veces tiene más peso entre poblaciones indígenas, particularmente entre las mujeres.6 Por lo tanto, más que respuestas, el mapa invita a hacer preguntas: ¿cómo se percibe la ciudadanía guatemalteca, o cómo se explica su (falta de) participación?, ¿cómo se construye la democracia?, ¿de qué democracia hablan los guatemaltecos y cuáles son sus espectativas? Más adelante, en el análisis de la encuesta, se intentará dar algunas respuestas a estas preguntas.

5 Le llamamos abstencionismo primario a aquellas personas que no cuentan con do-cumentación mínima para ejercer su derecho al voto y, por ello, no son tomadas en cuenta en el padrón electoral; es la base para calcular el abstencionismo secundario: aquellas que teniendo documentos no acudieron a votar.

6 López (2008a).

Mapa 1. Índice de desarrollo humano y participación electoralpor municipio, 2007.

Participación electoral50 a 75%más del 75%50 a 75%menos de la mitadmás del 75%50 a 75%menos de la mitad

IDHALTO

MEDIO

BAJO

*la participación electoral equivale al porcentaje de personas empadrona-das que fueron a votar en la primera vuelta.


cumplimiento es muy problemático por diversas razones: por el comportamiento del empresario en el mercado de trabajo, por la inopia del Estado para asegurar los derechos laborales y por la extrema debilidad del actual movimiento sindical.

cuadro 1.3Distribución de la población por estrato socioeconómico según etnicidaden miles de habitantes y porcentajes, 2006

Miles de habitantes % de la población

Total Indígena no-indígena Total Indígena no-

indígena

Total 12,865.3 4,946.9 7,918.4 100.0 100.0 100.0

Estrato

Bajo extremo 1,960.0 1,344.4 615.7 15.2 27.2 7.8

Bajo 4,425.7 2,292.8 2,132.8 34.4 46.3 26.9

Medio bajo 4,710.7 1,162.3 3,548.3 36.6 23.5 44.8

Medio 1,279.8 135.9 1,143.9 9.9 2.7 14.4

Alto 489.1 11.5 477.6 3.8 0.2 6.0


Si los contenidos sociales de la ciudadanía son débiles y no los incorpora la ciudadanía política, ésta no es suficiente y carece de la fuerza para consolidar la participación y la representatividad. En resumen, los derechos terminan por condicionarse mutuamente y trasladarse a escenarios conflictivos. Sólo el Estado democrático podría ayudar a corregir estos resultados, tanto promoviendo el crecimiento económico como regulando las deformaciones que el libre mercado produce. Pero, de hecho, no puede ahora recurrirse a ello, ante un Estado anoréxico como el que existe en Guatemala por el desmantelamiento que han sufrido los mecanismos de regulación económica y de representación activa, que ha practicado la privatización y la


descentralización y con una despolitización de la economía. Las políticas sociales, de bienestar, teóricamente universales, no se han aplicado con el vigor que demanda la existencia de un 65% de pobres de ingreso, y que experimenta otras carencias, como ya es bien sabido.

El razonamiento que se intenta realizar aquí es el de que no basta enunciar la importancia del ciudadano en general y su relación con la vida democrática. Es sólo una declaración incompleta. Así se viene haciendo porque la democracia es sólo electoral y, en este caso, pareciera que es suficiente el ciudadano político, es decir, el que ejecuta sus derechos políticos. No es que no tenga importancia el ejercicio del voto y alguna otra forma de participación política, sino que la configuración de la ciudadanía contempla también los derechos civiles y sociales. La condición ciudadana es completa sólo si se debilitan las situaciones de pobreza extrema y las desigualdades que dificultan la efectividad de la democracia basada en la presencia de ciudadanos plenos que actúan en la esfera pública en condiciones de igualdad.

Los datos sobre la ciudadanía social muestran que Guatemala exhibe severas deficiencias que afectan a mayoritarios segmentos de sus poblaciones. El derecho a la salud y la educación son componentes básicos de la ciudadanía social; la falta de empleo, el subempleo, el bajo salario y la pobreza de ingresos son aspectos que obstaculizan la integración de los individuos a la sociedad. Integración en este caso significa trabajar, contar con salario y vida digna, consumir, leer la prensa o informarse por otros medios sobre lo público, por quién votar y participar. De no ser así, la sociedad se “achica” en el mundo cerrado de la indigencia.


cuadro 1.4Ingreso promedio mensual de independientes en quetzales, 2006

Total Hombres Mujeres

Total país 1,853 2,331 1,183

Sector

Informal 1,646 2,019 1,136

Formal 10,314 11,293 5,752

Tipo de ocupación

Profesionales y técnicos 4,681 6,335 1,620

Gerentes y directivos 6,079 7,450 3,402

Comerciantes y similares 1,907 3,116 1,480

Agricultores 719 764 328

Artesanos y operarios 1,364 2,144 630

Trabajadores no calificados 759 1,270 625


En la dimensión de la integración social, el país evidencia las más graves carencias de la ciudadanía social en América Latina. En la medida que la ciudadanía social contiene un componente económico, el empleo/ingreso constituye para la mayoría de la población un pilar básico. El trabajo es la modalidad por la cual los ciudadanos contribuyen a la producción de la sociedad y reciben los medios que les permiten gozar de sus derechos. El empleo juega un papel decisivo en la construcción de la ciudadanía social. Para la mayoría de la población el empleo es la vía para enfrentar la pobreza y salir de ella. Sin embargo, con frecuencia esta expectativa no se satisface, lo que constituye un tremendo desafío para la política.

Existe suficiente evidencia para afirmar lo que no es tautológico, que los ciudadanos que sufren exclusiones en una dimensión de la ciudadanía son los mismos que sufren


exclusiones en otras. La pobreza material incide negativamente en las oportunidades de educación, en las cuestiones nutricionales y de salud, en las oportunidades de empleo, en la capacidad para ejercer y hacer valer los derechos civiles, políticos y sociales. La educación, la salud y el empleo requieren de alimentación, vivienda y vestimenta. Todos ellos, a su vez, habilitan la libertad, el progreso, la justicia y la conciencia de esos derechos. Por debajo de ciertos derechos sociales mínimos, el concepto mismo de ciudadanía queda disminuido o anulado. El asunto es complejo porque la expectativa de mejoría en alguno de estos temas suele estar vinculada con la evolución de alguno o algunos de los otros.

En tales condiciones, los pobres son ciudadanos para quienes el interés por lo público casi no aparece en sus vivencias inmediatas; se queda retenido, a la defensiva, en el interior de su mundo privado. La política es vida pública donde los intereses personales son colectivos. La democracia, que es vida participativa, no puede apoyarse en una ciudadanía así debilitada o así ausente.

En sociedades desiguales, los niveles de cohesión social y de sociabilidad se debilitan, tienden a rebajarse los lazos de solidaridad en la comunidad, el barrio, el grupo, así como el sentido de identidad como pertenencia a una comunidad mayor, el Estado-nación. Cuando no se tiene acceso a la información pública, ni conocimiento de los graves temas nacionales, de los problemas en debate, pareciera que la sociedad se “contrae”. En efecto, al mundo de la pobreza, reducido a los asuntos íntimos, a las angustias de la sobrevivencia, sin horizontes lejanos, se le percibe como si hubiera “menos” sociedad. Por el lado de los poderosos, los que concentran la riqueza, los efectos son igualmente perversos al endurecerse en ellos la conciencia del compromiso social, al debilitarse la sensibilidad ante la miseria de sus conciudadanos, al extraviarse el sentido de responsabilidad


con respecto al conjunto de la organización social. Esto no es un asunto ético sino el resultado de las distancias que lo monopólico establece.

1.3 Mujeres, construcción de género y democracia

Se ha hablado ya de la construcción de la ciudadanía étnica y de la representación de los sectores pobres; la necesidad de que la democracia dé respuestas que promuevan la participación y la efectiva representación social y que, además, responda a las necesidades más inmediatas de la sociedad guatemalteca. Sin embargo, existe un grupo que es fundamental en la sociedad: las mujeres, en su inmensa mayoría aún experimentando relaciones desiguales de poder y oportunidades. Hablar de las mujeres cuando se analiza la democracia es hablar de una diferencia sustantiva, el reconocimiento de un otro sexuado, con características distintas a las del sujeto tradicional de la política: el hombre alfabeto de clase media.

En las diversas publicaciones del PNUD sobre estos temas se reitera la noción de que el ejercicio de la democracia no se agota en las elecciones sino que requiere luchas por la ampliación de las ciudadanías. Ellas no se extienden sólo porque la Constitución lo establece, pues ahí lo que existe es un reconocimiento formal, una declaración de principios, que sólo es el punto de partida. La ciudadanía es el ejercicio pleno de derechos, deberes y obligaciones y también el surgimiento de identidades de pertenencia. Todo ello puede ocurrir cuando se van creando condiciones políticas, socioeconómicas y culturales en los más diversos sitios sociales y geográficos de la sociedad. La construcción social de la ciudadanía, por ello, no depende sólo de la voluntad del mayor de edad que quiera serlo, sino que pueda lograrlo efectivamente en el seno de condiciones adversas, en especial para las mujeres pobres. Y se


habla de los más variados “sitios” sociales y geográficos porque a la ciudadanía, por lo general, sólo acceden los mejor situados en la escala social, aquellos con mayores recursos cognitivos y materiales.

Y es que, según Pinto, el «50% de la población, las mujeres, tiene una representación política que está muy lejos de corresponderse con su proporción demográfica, (…) [y] cuando se aboga por la representación de la mujer se lo está haciendo por la presencia de las mujeres no tan sólo como seres humanos del sexo femenino, sino también como sujetos políticos constituidos a partir de una construcción de identidad.»12

En función de la representación es necesario tomar en cuenta que la construcción y la percepción del peso que tienen los grupos excluidos pocas veces coincide con la construcción o la percepción de la realidad que tienen los grupos tradicionalmente hegemónicos; pensar entonces que las decisiones son tomadas en su mayoría por hombres, determina en mucho el resultado de la política: exclusión para las mujeres, pues no sólo se habla de distintas percepciones de la realidad sino de distintas necesidades objetivas, que pocas veces han sido atendidas por el Estado para ellas en tanto sujetas políticas.

Dado que las mujeres forman parte de las más diversas categorías sociales, construidas a partir de marcadores étnicos, etarios, de clase, ideológicos, simbólicos, sus intereses son múltiples, como lo son las barreras correspondientes. Sin embargo, junto con esa diversidad las mujeres tienen en común —como colectivo— la exclusión y la discriminación —muchas veces violenta— que sufren por su condición de género y que, culturalmente, aún se les restringe el ejercicio pleno de sus derechos (en ámbitos económicos, políticos, sociales y familiares).

12 Pinto (2004).


1.3.1 Algunos datos de la participación femenina

Llegar al tema de la representación política es apenas el medio camino para hablar de las mujeres en la democracia guatemalteca. En un país donde alrededor de 6.6 millones de personas son pobres, y de ellas el 51% son mujeres, hablar de la calidad de la democracia tiene una connotación especial. ¿Cómo se construye ciudadanía cuando no están satisfechas ni siquiera las necesidades mínimas de la gente? Es el mismo obstáculo tanto para mujeres como para hombres. Las mujeres tienen iguales (porcentualmente un poco más) necesidades básicas insatisfechas que los hombres y, a pesar de ello, sus indicadores (políticos o económicos) siempre mantienen algún tipo de rezago, es decir, se ha normalizado la aceptación de que las mujeres vayan “atrás” de los hombres en la mayoría de actividades del espacio público. Existe, entonces, una forma culturalmente implícita de discriminación.

En particular en el tema de los derechos civiles y políticos, Guatemala fue uno de los primeros países latinoamericanos cuyo Estado otorgó el derecho al voto a las mujeres.13 Fuera de Centroamérica, países como Ecuador (1929), Brasil (1932), Uruguay (1932) y República Dominicana (1942) impulsaron el derecho al voto en años anteriores. Dentro de los países centroamericanos, sólo El Salvador reconoció el voto de las mujeres antes que Guatemala. Sin embargo, en nuestro país las mujeres obtuvieron el derecho al voto antes que el resto de países de América Latina, incluyendo Argentina (1947), México (1953) o Paraguay (1961).14

13 El Estado guatemalteco otorgó el derecho al voto a las mujeres alfabetas y casadas en 1945, y el sufragio universal en 1960.

14 IDEA Internacional (2008a).


cuadro 1.5Año de derecho al voto femenino

Costa Rica 1949

El Salvador 1939*

Guatemala 1945**

Honduras 1965

Nicaragua 1955

* Para mujeres casadas, solteras de reconocida reputación, señoritas, y con instrucción mí-nima de sexto grado.

** Para mujeres casadas (alfabetas).

Fuente: IDEA Internacional (2008a).

El ejercicio de los derechos políticos básicos es aún hoy en día un gran desafío. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para el año 1985 (veinticinco años después de alcanzado el sufragio universal), únicamente el 39.0% del padrón electoral correspondía a mujeres; hoy, veinticinco años después (y cincuenta del sufragio universal), el padrón electoral está constituido por el 46.6% de mujeres. Esto tiene relevancia si tomamos en cuenta que el 51% de la población es femenina, y que el faltante de la participación en este nivel primario (empadronamiento) a simple vista muestra que existe una cantidad de mujeres en edad de votar que aún no podrá hacerlo. ¿Por qué no se registran? Hay motivos sociales y culturales que se expresan en la creencia que la política es asunto de hombres; hay que hacer notar, además, que la acción del empadronamiento requiere de tiempo, recursos y oportunidades que muchas mujeres no tienen.

Sin embargo, en el total del país los votos emitidos por mujeres representan un 47.3%. Esto indica un incremento del 0.5% si se tomara en cuenta la conformación del padrón. Del total de mujeres inscritas participó el 61% y de los hombres, el 60%. Según el índice estimado y graficado en el mapa


1.2, en términos relativos y por municipio, en el 59% de los municipios las mujeres se movilizaron más que los hombres; a la inversa, los hombres se movilizaron más que las mujeres en el 34% de los municipios. Sólo en el restante 7% de los municipios la movilización fue igual para ambos. En suma, las mujeres tendieron a ejercer más su derecho al voto.

Este dato podría autorizar la hipótesis de que el abstencionismo electoral es un poco mayor entre hombres que mujeres, si todas las mujeres en edad de votar se encontraran empadronadas.

Sin embargo, y a pesar de esta tendencia en el plano electoral, existen otros planos importantes donde no mejora la situación cuando hablamos de mujeres y política: la afiliación político-partidaria y la participación en la dirigencia de organizaciones políticas.

Según Ann Philipps,15 esta baja representatividad y/o participación de las mujeres en el acto de sufragar (caso de mujeres aún no empadronadas o abstencionistas), o en los puestos públicos o de poder tiene al menos tres explicaciones que se pueden resumir así: a) la división sexual del trabajo productivo y reproductivo, b) las exigencias de la actividad política no permiten la participación de personas con responsabilidades privadas (cuidado de niños, ancianos, enfermos, etc.) y c) el extendido prejuicio de los dirigentes para incorporarlas como candidatas. Es decir, el prejuicio no sólo funciona para proponer candidatas mujeres sino para votar por ellas. Sufren así una doble discriminación: para votar y para ser electas.

15 Philipps, en Castells (1996).


mapa 1.2Índice de participación electoral de géneroPor municipio, primera vuelta, 2007

( ) -- ( )

Cuadro 4. Indice de participación electoral de género por municipio.Elecciones 2007, primera vuelta.

Indice de participación electoral de género. Es la razón de participación en las eleccio-nes según la intensidad de dominio de hombres o de mujeres en un determinado territorio. Se calcula:

VEM VEH _____ ____ = INDICE

MI HI

donde

VEM= votos emitidos por mujeresMI= mujeres inscritasVEH= votos emitidos por hombresHI= hombres inscritos

Para la primera vuelta en las elecciones del 2007, el padrón estaba conformado por 47% de mujeres y 53% de hombres. Del total de mujeres inscritas participaron el 61% y de los hombres el 60%.

Según el índice estimado, en terminos relativos y por municipio, en el 59% de los municipios ellas se movilizaron más que los hombres; a la inversa, los hombres se movilizaron más que las mujeres en el 34% de los municipios. Sólo en el 7% de los municipios la movilización fue igual para ambos. En suma, la mujeres tendieron a ejercer más su derecho al voto.

alta

media

Feminidad baja

en equilibrio

Masculinidad baja

media

alta

Sin dato

67

53

76

23

55

29

28

331

20

16

23

7

17

9

8

100

Categoría Valores Municipios %

0.07 a más

0.04 - 0.06

0.03 - 0.01

0.00

-0.03 a -0.01

-0.04 a -0.06

-0.07 a menos


Gráfica 1.1Es mejor que la mujer se concentre en el hogar y el hombre en el trabajo

Fuente: Latinobarómetro (2004).

Las tres características pueden comprobarse en la experiencia de la participación de las mujeres. Estudios realizados en Guatemala y en el resto de Latinoamérica16 han hecho ver que, a pesar de sus diferencias históricas o culturales, la poca participación de las mujeres con respecto a los hombres en puestos de decisión es un hecho común a todos los países, y que únicamente con medidas positivas de inclusión (cuotas, estrategias partidarias o de sensibilización, acceso a las urnas o acciones de la sociedad civil, etc.) ha podido o podría revertirse, en alguna medida, la desproporción numérica que existe entre ambos sexos en los órganos de representación o de poder en el gobierno.

La sociedad guatemalteca, que arrastra una bien conocida cultura autoritaria, tiene una estructura básica de dominación de raíz colonial en virtud de la cual el “gran patrón” es un varón, alfabeto, blanco y con recursos, el eje de la vida política y cultural. El símbolo de esa autoridad de base tradicional y

16 IDEA Internacional (2008a y 2008b), entre muchos otros.

Porcentaje de respuestas

Honduras Guatemala Nicaragua El Salvador Costa Rica

67 6559

5146


reaccionaria es el patriarca omnipotente, que se le encuentra en la familia, el trabajo, la escuela, los campos de la creatividad artística y cultural y otros sitios donde el poder se ejerce. A pesar de ello, las mujeres han abierto algunas brechas aunque, en muchos casos, de manera precaria: en el trabajo doméstico, como una extensión de los quehaceres del hogar, e incursionando en el sector laboral donde ya es conocida la feminización de la mano de obra en el sector informal; en la escuela, a contrapelo de muchos otros datos, el porcentaje de graduados aumenta a favor de las niñas; también en el arte y el mundo de la cultura es creciente la presencia de mujeres.

cuadro 1.6Evolución del porcentaje de mujeres en congresos nacionales 1997-2007

1997 2007

Costa Rica 15.8 36.8*

El Salvador 10.7 16.7

Guatemala 13.7 12.3

Honduras 7.8 23.4*

Nicaragua 10.8 18.5

* Tanto Costa Rica (1996, 40%) como Honduras (2000, 30%) han incorporado en sus legis-laciones cuotas de participación femenina.

Fuente: elaboración propia con datos del TSE para Guatemala y de IDEA Internacional (2008a) para el resto de Centroamérica.

Falta mucho por hacerse y los esfuerzos que se han dado aún no han generado sus frutos. Como se puede ver en la tabla anterior (cuadro 1.6), el porcentaje de mujeres en el Congreso de la República ha disminuido en vez de aumentar; el resto de indicadores se mantiene estable o con incrementos casi imperceptibles (número de alcaldías en manos de mujeres, número de ministras, número de magistradas a la Corte


Suprema de Justicia o de Constitucionalidad, etc.). Y aquellas mujeres que han logrado llegar a estos puestos lo han hecho con costos económicos, políticos o sociales muy altos. La historia ha dado cuenta de que las mujeres que incursionan en la política deben sacrificar muchas veces otros aspectos de su vida sentimental, familiar o profesional en aras de alcanzar altos niveles de decisión pública.17

Por ello, al hablar de mujeres y democracia no se debe perder de vista un detalle. Es necesario ampliar la participación política de las mujeres desde el ejercicio de los derechos básicos al voto, a ser electas, al salario igual, a las diversas oportunidades culturales. Pero esto debe ir acompañado de una modificación —que poco a poco se ha empezado a construir— de las conductas y la cultura política de todos, de hombres y mujeres. Además de aumentar la agencia de las mujeres en términos de la capacidad de gestionar, manejar y tomar decisiones por sí mismas, y participar en tanto persona y colectivo social, para en efecto hacerse representar o representar a la sociedad.

2. La calidad de la democracia y la cultura política

Las consideraciones anteriores sólo buscaron presentar algunos de los problemas que definen la ciudadanía guatemalteca y la posibilidad de ejercitar sus derechos. En esta sección se exponen algunas consideraciones sobre cultura política y referencias sumarias acerca de la calidad de la democracia en la óptica internacional. El funcionamiento democrático se valora en sus aspectos prácticos, con ayuda de indicadores cuantitativos; este tema se examina de nuevo en la segunda parte, al considerar las percepciones de los ciudadanos que recoge la encuesta. Finaliza

17 Tómese nota de los testimonios de Licda. Catalina Soberanis, Mtra. Walda Barrios Klee, Licda. Raquel Blandón, entre otras.


esta parte con una obligada reflexión sobre el problema de la participación/representación ciudadana en la vida política.

2.1 Elementos de la cultura política en Guatemala

El concepto general cultura política hay que situarlo en su dimensión dinámica, como el conjunto de actitudes, valores y creencias colectivas que orientan las relaciones políticas de los ciudadanos y que son el resultado de determinadas experiencias de convivencia y participación, sobredeterminadas hoy día por la vida en democracia. Se está pensando entonces en una cultura-política-para-la-democracia. La cultura política como un resultado histórico suele analizarse en la óptica de una definición típico-ideal que luego sirve como un esquema comparativo. Esta visión normativa, por lo general, se vale de esquemas de lo que ocurre ahí donde la vida democrática es más profunda y estable, en sociedades desarrolladas de origen anglosajón. Esto a veces dificulta evitar esa relación evidente entre desarrollo y democracia; la idea puede complementarse con una comparación histórica nacional donde la democratización es un proceso interno y, por lo tanto, coexisten distintas culturas políticas, probablemente una más influida por el pasado inmediato, por valores tradicionales y con rasgos más autoritarios, que otras donde la cultura política y sus valores modernos están más presentes.

Puede ser más productivo, en consecuencia, plantearla como un modelo en construcción de relaciones entre grupos sociales con ocasión de las luchas políticas y no necesariamente con referencias al poder. La cultura política comprende los mecanismos de formación cívica, la adquisición de información y conocimientos (recursos cognitivos) sobre aspectos relativos a la vida pública y las reacciones o respuestas que con esos recursos cognitivos los ciudadanos ejercitan con ocasión de


determinadas actividades políticas. ¿Existe una cultura política nacional como expresión de valores, símbolos y normas compartidas? Es difícil afirmarlo, pues en todo caso lo que habría es una desigual adhesión personal o grupal a una cultura común. La definición de cultura política tiene, por lo tanto, dos componentes: los niveles de formación/información sobre lo que ocurre en la vida pública y las adaptaciones/rechazos que los ciudadanos realizan.

recuadro 2.1Indicadores de la cultura política democrática

¿Hay suficiente grado de consenso societal y de cohesión para sostener una democracia estable y funcionando? La respuesta a tan inquietante pregunta, según el índice elaborado por The Economist, se encuentra en los siguientes indicadores:

Opiniones de liderazgo: proporción de la población que desea un líder fuerte.

Opiniones sobre la autoridad militar: proporción de la población que preferiría un gobierno militar o uno de expertos o tecnócratas.

Percepción de la democracia y del orden público: proporción de la población que cree que la democracia no es buena para mantener el orden público y proporción de la población que cree que la democracia beneficia el desempeño económico.

Relación entre Estado e iglesia: históricamente existe una separación entre el Estado y la iglesia.

Grado de apoyo popular a la democracia.

Fuente: The Economist: Economist Intelligence Unit (2009).

En la sociedad se va creado un sustrato común, un marco de valores con los cuales opera el sistema político. Numerosas investigaciones se han propuesto identificar cuánto de las diferencias que hay entre los ciudadanos de una comunidad se explica por razones estructuralmente creadas, externamente impuestas o culturalmente adoptadas en el proceso de


actividad política. Lo “históricamente dado”, en Guatemala, corresponde a las herencias que desde la Colonia, hasta las dictaduras militares han hecho de éstas unas sociedades de fuerte tradición autoritaria; lo “estructuralmente impuesto” es el efecto de las diferencias socioeconómicas, étnicas, de género existentes, desigualdades que tienen efectos políticos sustantivos; y lo “culturalmente adoptado” se refiere a lo que la socialización va creando: los ambientes más desarrollados del exterior, que influyen, son referencias, se imitan como valores democráticos cuyas prácticas forman hábitos o rutinas del comportamiento ciudadano. O sea, es la suma de herencias históricas, determinaciones estructurales e influencias culturales.

El vigor de un sistema democrático se asegura (no depende) por la calidad de la cultura política imperante, que en este caso tiene que ser una cultura que favorezca los valores más importantes de una democracia en trance de consolidación: la vigilancia por el respeto de los derechos humanos, la búsqueda de equidad social, la tolerancia frente a las diferencias, el respeto al derecho del otro, el diálogo sin jerarquías, la legalidad en la conducta privada y pública, la búsqueda de la justicia, la moderación de la impaciencia, el cultivo de una visión positiva de la vida en comunidad. No se dice que la vida democrática depende de esa cultura pero, sin duda, la vida política se vuelve de mayor calidad si esos valores orientan la interacción ciudadana.

Se olvida con frecuencia que en la formación de una cultura política democrática el sujeto político no actúa solo ni bastan sus relaciones con otros, sino frente al Estado, de modo que es la constitución democrática de éste la garantía primaria de la calidad de esa cultura política. Como lo recuerda Bachrach18 el comportamiento democrático del ciudadano de la calle depende también de lo que hagan las élites que han dirigido el 18 Bachrach (1967: 80 y ss.).


Estado autoritariamente. Éste es un tema crucial: el papel de las minorías que mandan y los valores que movilizan; se ha dicho que la cultura política dominante corresponde a la cultura de los grupos dominantes, pero también otros grupos sociales —las clases medias, por lo general— pueden desarrollar una contracultura democrática, en una visión optimista según la cual desde las bases de la sociedad se puede corregir la política. Otro tema relacionado con lo anterior es el que se refiere a instituciones formadas en ambientes democráticos consolidados y cuya implantación en otra sociedad puede no ser muy exitosa. La “implantación” se realiza con procedimientos formales y en un medio al que se adaptan con dificultades. Por ejemplo, la moderna legislación procesal penal que se implantó en Guatemala, a mediados de los noventa (oral, no inquisitiva), y la modalidad de nuevas funciones del Ministerio Público (que investiga y tiene la iniciativa acusatoria) han causado retrasos en la administración de justicia.

En el proceso de creación de una cultura política se recuerda que en la historia guatemalteca han coexistido gobiernos democráticos en el seno de sociedades que no lo son plenamente, así como prácticas democráticas de ciudadanos que conservan fuertes rasgos autoritarios. La historia política guatemalteca —llena de dictaduras militares, largos períodos de violencia, Estados de excepción y premios a la ilegalidad de todo tipo— ha producido conductas y normas, valores y principios que no son propios de una ciudadanía democrática. Crean una “zona gris”, ambigua, en la que conviven valores democráticos y otros que no lo son.

Con el nombre de Cultura política de la democracia en Guatemala se ha venido realizando un estudio periódico de la cultura política de los guatemaltecos (Proyecto LAPOP); los resultados, desde 2003 hasta la fecha, revelan variadas percepciones de los ciudadanos encuestados sobre una amplia


batería de aspectos relacionados con el funcionamiento democrático. Esta importante contribución no parte de una definición precisa de qué es cultura política, sino de una múltiple operacionalización que incluye las concepciones alternativas de la democracia, el apoyo que los guatemaltecos le otorgan a sus instituciones, las perspectivas del Estado de Derecho y, sobre todo, la percepción ciudadana de la gobernabilidad.19

En la segunda parte de este trabajo se construyen dos índices, relacionados con la cultura política, uno de autopercepción ciudadana (IAPC) y otro de apoyo a la democracia (IAD). El IAPC pretende establecer el diverso grado con que la persona se siente ciudadana en función del conocimiento que tiene de sus derechos y su ejercicio, a partir de diversas preguntas. El IAD plantea, desde su versión empírica, cómo son las acciones y percepciones del ciudadano acerca del medio político en que participa y las opiniones que derivan de tales experiencias. Se está en trance de cambio hacia una cultura democrática; no puede hablarse —en abstracto— de una cultura política nacional, ya que ella varía en función de cómo son las percepciones de los grupos marginales/integrados en una sociedad tan heterogénea como lo es hoy día Guatemala.

Tiene efectos particulares que la democracia política se empezara a vivir entre 1985 y 1986, en el momento en que las consecuencias sociales de la crisis económica internacional ya golpeaban a los sectores más vulnerables de la sociedad. El cambio político democrático ocurrió en un escenario marcado por problemas económico-sociales; el resultado fue que la democracia se percibió como un momento en que los problemas podrían cambiar, como una oferta de nuevas oportunidades. Y ése es el universo cultural en el cual el ciudadano se formula expectativas y plantea exigencias: una cultura política se va constituyendo

19 El último informe plantea como hipótesis central la percepción de la gobernabilidad como apoyo ciudadano a una democracia estable. Azpuru, Pira y Seligson (2008).


como una mezcla de esperanzas y urgencias, frustraciones y obstáculos.

Es explicable que del Estado democrático se tengan nociones equívocas: se le valora no sólo como la negación del pasado autoritario e injusto sino como el inicio del cambio. Más que valorar las elecciones sin fraude, se le aprecia como el fin del subempleo, el momento del aumento de salario, de oportunidades efectivas para estudiar y viajar, comprar casa, mejorar el consumo, en suma, vivir mejor. A la democracia esta cultura política le exige finalidades materiales. Se configura con valores prácticos, inmediatos. No tiene porque distinguirse entre el valor sustantivo de la democracia como posibilidad de libertad, civilidad, derechos humanos; y su valor instrumental, como mecanismo electoral para votar y elegir libremente. El aumento de la inseguridad personal, la violencia criminal y el narcotráfico acompaña el surgimiento democrático. Como resultado, la democracia se desacredita y, si se enfoca con la lente del sentido común, resulta que para muchos el régimen dictatorial podría ser una alternativa mejor. El tema de la cultura democrática se relaciona con el desencanto político.

2.2 ¿Desencanto político?

La democracia, decían los viejos maestros, no puede cumplir todas sus promesas. La brecha entre aquello a lo que se aspira y lo que se obtiene convoca al descontento y a la insatisfacción. ¿Deben los ciudadanos moderar sus demandas y los políticos reconocer el alcance limitado de sus ofertas? Que la democracia decepcione puede ser natural, pero no que defraude, porque esto mina sus fundamentos, por ejemplo, cuando la legalidad pierde capacidad constrictiva; el fraude más dañino se produce cuando los ciudadanos estiman irrelevante su capacidad de control.


Las consideraciones que se hacen a continuación ilustran sobre un “estado de ánimo” colectivo, resumen las experiencias políticas del ciudadano, o recogen sus percepciones acerca de la democracia y la política. Se hace una comparación con los otros países centroamericanos para apreciar mejor la situación guatemalteca. En la encuesta que se analizará hay algunas preguntas referidas a las percepciones del futuro.

En los últimos veinticinco años esta sociedad ha tenido cambios estructurales a tono con los procesos de transición política y económica. Ahora hay una generación joven, en su mayoría urbana, que ha vivido en una atmósfera con libertades públicas, sin persecuciones ideológicas; un modelo de crecimiento económico con gran apertura comercial; una reestructuración social que afecta la estratificación clasista, cosmopolitismo en el consumo, del cual el teléfono celular es la mayor prueba. Han cambiado algunos valores simbólicos como resultado de la ideología del mercado libre y surge una cultura de la información y el conocimiento. Sin duda, no han sido analizados cuidadosamente los efectos que en la vida cotidiana tiene la revolución tecnológica, por ejemplo, el aislamiento del sujeto, un individualismo que se disfraza de participación colectiva en el manejo de las redes de Internet.

Tanto lo político como el interés por lo público exhiben síntomas que expresan una “crisis de la política” que estaría revelando la impotencia de las acciones colectivas frente a la independencia de lo económico, un retraso de la política en relación con los otros cambios sociales. La modernización socioeconómica erosiona la efectividad del sistema político en su capacidad de regulación y conducción, contradicción que se observa entre la modernización que estimula la creación de ciudadanía y el retraso en la participación social y la representación política.20

20 Lechner y Calderón (1998: 17).


Sin embargo, aunque es cierto que la vida social transcurre sin los perniciosos efectos de la guerra o la dictadura militar y en ambientes donde no hay miedo a hablar, escribir, organizarse o disentir, persisten los niveles de inseguridad y violencia. Ya no es desde el Estado sino desde la sociedad que surgen amenazas y riesgos por el enorme desborde criminal y por el déficit económico, social y cultural que persiste. Reconocer las dificultades en la construcción democrática debe servir para creer más en ella, con la certeza de que aun con una democracia con anomalías, se vive mejor que en una dictadura militar.

La gráfica 2.1 contiene la respuesta a dos preguntas relacionadas entre sí porque intentan conocer el apoyo ciudadano a la democracia. Se preguntó si la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno y, luego, el nivel de satisfacción con la democracia, considerando sólo las respuestas de “muy satisfecho” o “más bien satisfecho”. Los resultados no son muy elocuentes pues exhiben que, en un período de doce años, el apoyo de los guatemaltecos a la democracia ha declinado. Se percibe un incremento, durante los años que siguieron a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el cual fue un período de estabilidad política aunque no de seguridad personal o de un mayor bienestar.

Una pregunta parecida se presenta en la gráfica 2.2 (para diversos años): ¿es la democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno? En todos los países y en el promedio latinoamericano aparecen tendencias negativas entre 1996 y 2008, más de una década en la cual se debilita la opinión sobre el valor que tiene el régimen democrático. Ésa es la actitud general que refleja, pero de manera especialmente grave en los casos de Guatemala y Honduras.

Los juicios adversos derivan de una peculiar cultura política que se forma en un medio calificado por los efectos


Gráfica 2.1Apoyo y satisfacción con la democraciaGuatemala, 1996-2008

Fuente: Latinobarómetro (1996-2008).

1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

51

5754

36

45

3228

34

27

46

40

16 16

33 33 35

21 21

41

31 3230

35

45

Apoyo a la democracia Satisfacción con la democracia

de los conflictos bélicos, la crisis económica y los cambios socioeconómicos y políticos que impone el nuevo modelo de desarrollo de apertura comercial. Pero también de una falsa información acerca de las posibilidades reales para que el cambio socioeconómico ocurra en tan poco tiempo.

La democracia política apareció, a partir de 1986, como una oferta de nuevos tiempos y oportunidades. La cultura política que se va constituyendo, como la sociabilidad imaginada de una esperanza, tiene del Estado democrático una noción equívoca que ya se señaló: se cree en la figura bíblica de que “el maná cae del cielo”, o se sueña con la trova dominicana de que “lloverá café” en el campo. No sólo no se distingue entre el valor de la democracia por sí misma —como posibilidades de libertad— y su valor instrumental —como contingencia electoral—, también se le exige más, aquello que sólo un Estado social podría, en el largo plazo, resolver. ¿Para qué libertades con hambre? Como el ambiente democrático fue una novedad


Gráfica 2.2¿Cree usted que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno?Países de centroamérica y promedio latinoamericano, 1996-2008

Fuente: Latinobarómetro (1996-2008).

y los problemas personales son urgentes y el juego electoral los estimula más, el resultado es la decepción. La gente vota y los problemas sociales se agravan, junto con el aumento de la inseguridad; una débil cultura política alimenta la sospecha de que la democracia (sus instituciones) o no está funcionando bien o no es eficaz para resolver los problemas de los pobres.

La decepción democrática del sujeto constituye un serio déficit político; no creer en ella es un factor grave para su

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Nicaragua 53 72 64 63 39 56 58

Guatemala 51 54 45 45 35 41 34

Costa Rica 80 69 83 77 67 75 67

El Salvador 55 79 63 40 50 51 50

Honduras 42 57 64 57 46 51 44

América Latina 61 62 60 56 53 58 57

90

80

70

60

50

40

30

Porc

enta

je


consolidación institucional porque, por lo general, el ciudadano desengañado ya no participa, se retrae a su intimidad. Pero constituye todavía un elemento más crítico los olvidos que muchas personas tienen de los gobiernos autoritarios. No es imprudente recordar que los regímenes autocráticos no sólo no enfrentaron las dolencias sociales graves, sino que las postergaron sine die, pues su problema era el orden y no las causas que lo debilitan. La gráfica siguiente revela que, en el país, casi seis de cada diez personas creen en las virtudes de la mano dura, de la dictadura. ¿No es ya suficiente con la historia de dictaduras que tenemos?

Gráfica 2.3No me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si pudiera resolver los problemas económicos

Fuente: Latinobarómetro (2008).

Ya se dijo que el Estado democrático establece los derechos y las obligaciones del ciudadano y que todos se encuentran protegidos por el sistema legal; hasta aquí se puede mantener la descripción en términos formales y declarativos. Los hiatos están siempre presentes, alimentados por una substancial contradicción entre la naturaleza legal igualitaria de lo

Honduras

Nicaragua

El Salvador

Guatemala

Costa Rica

Latinoaméric

a

6362 62

59

5453

Porcentaje


declarativo y la diferenciación clasista de la sociedad. La ley no evita las desigualdades, las profundas diferencias que el mercado genera y que el poder reproduce. Hay épocas en que un Estado democrático fuerte puede aplicar políticas para disminuirlas, y la organización y participación ciudadana pueden ayudar a resolver el desequilibrio entre igualdades enunciadas y desigualdades establecidas.

2.3 Sobre demo-participación y demo-representación

Empecemos recordando una verdad del más plano sentido común: la participación ciudadana no se agota en el acto de votar. De manera más precisa, se entiende la participación política como un conjunto organizado de acciones ciudadanas para lograr el control sobre recursos o beneficios a favor de las personas u organizaciones que lo realizan. De otra manera, la noción de participación comprende, como medio, la organización política y, como fin genérico, la búsqueda del control político. Participar es votar y algo más complejo que requiere un conjunto previsto y organizado de acciones que buscan tomar o aumentar la posibilidad de decisión sobre los recursos y las políticas públicas, vale decir, sobre los partidos, el sistema político y las instituciones del Estado.

La relación entre participación y democracia no debería ser equívoca pues es su fundamento. No hay democracia política que no asegure alguna forma de participación ciudadana,21 aunque la calidad de ésta pueda variar. La democracia participativa corresponde a una tradición que se inspira en el ideal griego 21 Schumpeter la definió como la política de la representación, que incluye sufragio universal

y libre, libertad cívica, partidos competitivos, alternatividad e instituciones que regulan los roles del gobierno y la oposición. Huntington considera democrático un sistema si los que mandan son seleccionados de manera periódica, libre y honesta, y si todos compiten en igualdad de circunstancias. Nuevas ideas sobre este reiterado tema en Camp (1996: 5 y ss.).


de la polis, y ha sido complementada por la visión liberal de la democracia representativa. Entre ambas hay relaciones, pero, de hecho, la democracia representativa es la modalidad de democracia más frecuente en el mundo contemporáneo.

En su sentido estricto, participar es influir en las decisiones públicas, tomar control de los recursos políticos, pero hay que preguntarse en qué condiciones y quién puede lograrlo. El sujeto aislado no es el actor de la política moderna, y su participación no vale a la luz de la definición de lo que hemos dicho. Se requiere “el número”, la organización y, de forma primaria, el partido y, en seguida, el acto electoral. La democracia participativa encuentra en lo electoral su expresión canónica, pero es algo que está más allá de lo meramente electoral. Esto ocurre si las virtudes cívicas del ciudadano fomentan un compromiso participativo con diversos grados de intensidad en la acción y la conciencia.

Así, el ciudadano pleno no sólo vota sino que, dada la militancia partidaria, firma peticiones, participa en acciones de protesta, se reúne, es actor de debates públicos, es candidato, ocupa puestos en el partido y el gobierno gradualmente importantes. Estas formas convencionales de hacer política no la realizan todos pues son aún menos los electos, los que ocupan cargos de dirección. Millones eligen, pocos son los elegidos. La participación política como clave en la construcción y el funcionamiento de una democracia política establece la inevitable distinción entre gobernantes y gobernados, categorías en que se funda la lógica participativa. Cuando se trata de participación democrática las relaciones entre ambas categorías son potencialmente intercambiables; ¿unos y otros pueden tener las mismas oportunidades de mandar u obedecer? Teóricamente, sí.


Esta dinámica de la democracia participativa conduce desde la importancia extensiva del “número” a la relevancia intensiva de la representación del pequeño grupo en la dirigencia, la élite. La reducción que aquí opera es el secreto de la democracia representativa: millones de ciudadanos se activan tras una variedad de demandas, pero son pocos los que toman las decisiones finales o los que influyen en ellas. La democracia no puede escapar de este anillo oligárquico que constituye la tensión inevitable entre la participación y la representación, que deriva en el acto formal de asistir a votar cada cierto tiempo, y que se satisface como una rutina cívica que atiende a la convocatoria electoral con la conciencia (¿debilitada?) de que se cumple con un deber y no que se ejercita un derecho.

En Guatemala se ha padecido de extremas formas de pasividad cívica y política, períodos de inmovilidad con miedo. El rasgo definitorio del autoritarismo de las dictaduras militares fue su horror a la participación y la movilización popular, y no sólo de las organizaciones sociales sino de las políticas también. Y, como lo argumenta Schedler, en una democracia electoral los árbitros decisivos del juego ya no son los militares sino los ciudadanos; aquéllos tuvieron el poder de abortar el proceso utilizando la fuerza, éstos, de fortalecerlo a través de los votos.22

La tradición participativa es débil en estos países. Como el cuadro 2.1 lo muestra, la diferencia entre ciudadanos con derecho al sufragio (primera columna) y los que votan (tercera columna) revela el grado de abstención en países como El Salvador y Guatemala.

22 Schedler (1999: 49).


cuadro 2.1Participación/abstención electoral ciudadanaPorcentajes, 1990-2002

Votantes registrados en relación con la población en edad

de votar

Participación de votantes en

relación con los registrados

Votos válidos en relación con la población en edad de votar

Votos válidos en relación con todos los votos

Costa Rica 90.5 73.4 66.6 96.8

El Salvador 88.2 45.4 40.1 92.2

Honduras 101.5* 64.6 65.3 90.8

Guatemala 79.2 49.1 39.3 87.4

Nicaragua 101.5* 81.7 76.2 93.2

Latinoamérica 89.9 69.1 62.4 89.3

* El número superior a l00 ocurre cuando el padrón electoral no ha sido “limpiado”: muertes, emigrados, cambios de domicilio, etc.

Fuente: elaboración propia con base en PNUD y UE (2007).

El ámbito electoral define la participación política en su expresión mínima. Muchas transiciones de democracias nuevas parecieran agotarse ahí, produciendo el efecto electoralista propio de democracias “pasmadas”.23 No obstante, en las condiciones que crea un Estado democrático se practica también la participación en una versión confrontativa: protestas, huelgas, reuniones u otras manifestaciones de plaza, presentando demandas públicas, cualesquiera que sean sus finalidades. En el entendido que todo se realiza en el marco de la ley. Activar la ley, ponerla a prueba, usarla, fortalece la noción de participación pues los objetivos sociales se suman a los intereses políticos.

Hay un ciudadano mínimo cuya condición como tal se amplía cuando ejercita toda la panoplia de derechos de los cuales es portador, y que se fortalece cuando se organiza y

23 Torres-Rivas (1998: 153 y ss.).


participa no sólo electoralmente.24 Nunca será suficiente el énfasis en la importancia de los movimientos sociales para la expansión de los derechos. En el conflicto —otra forma de participar— se define la plenitud ciudadana, según lo explican algunos teóricos: la democracia no se califica por el consenso sino por el conflicto.

La participación puede expresarse por intermedio de las organizaciones sociales pero, sobre todo, de los partidos políticos para realizar tres tipos de acciones: a) participar en la formación del poder, donde el sufragio es lo importante; b) luego, en la etapa del ejercicio del poder, donde las presiones de los partidos y las organizaciones, las conductas reivindicativas, las demandas y los conflictos, son decisivos; y, c) en la etapa final, la entrega del poder, del rendimiento de cuentas, la accountability ciudadana,25 del examen de la eficacia y la honradez públicas, donde la crítica de las consecuencias del ejercicio del poder son importantes. La forma conspicua de este control es el voto negativo, de rechazo, tan frecuente hoy día en Centroamérica por culpa de políticos mentirosos y fuleros.

Veamos ahora el tema de la representación política entendida como una ficción institucional creada por una mediación que produce igualdades y separaciones. Se dice que representar es hacer presente lo ausente. Para ello surgieron los partidos políticos como instancia que la ley crea para realizar esa “mediación” y que los partidos en sus orígenes, en el siglo XIX, mejor realizaron. ¿Por qué? Por la estrecha relación que había

24 Entre las numerosas predicciones acerca de la democracia en el siglo que viene se habla de un modelo ideal, la democracia deliberativa, que sustituirá a la democracia creada a partir de la Revolución Francesa y que supone la confrontación en espacios políticos po-larizados. La política del futuro, en consecuencia, perdería su dimensión colectiva en be-neficio de una miríada de grupos de la sociedad civil centrada en el diálogo, en un debate sobre asuntos de interés común, en los múltiples intereses individuales. Cf. Mouffe (1995: 24).

25 Este tema ha sido retomado creativamente en un reciente trabajo de G. O’Donnell que habla del control horizontal, el que se ejerce no desde las instituciones encargadas de fiscalizar la acción pública, sino desde la sociedad. En Schedler (1999: 34).


entre intereses de clase y partido político, entre ideología y organización. El ejemplo conspicuo eran los partidos obreros, donde la representación estaba asegurada. Hoy día, los partidos no sólo son multiclasistas sino, también, ideológicamente dispersos. Es de inspiración liberal la noción de democracia representativa. Así, aparece formalmente la fuerza democrática de la representación, en virtud de la cual la titularidad de los gobernantes, unos pocos, tiene la fuerza simbólica de reflejar los intereses de los gobernados.

La lógica de la representación exige una “mutación” de las desigualdades sociales reales, primero, a través del reconocimiento de la igualdad ciudadana y, después, por el mecanismo igualador del sufragio universal, apoyado en el avance democrático que significó la norma de una persona igual a un voto. Puede alimentarse una ilusión ante esa imagen engañosa de que lo mismo vale el voto de un millonario que el de un pordiosero cuando ambos ejercen su derecho. Ya afirmamos que las desigualdades económicas son desigualdades de poder. Pero el orden democrático se funda en el principio de la mayoría y la ficción cobra forma por intermedio del principio de la representación política, apoyado todo en las virtudes igualadoras de la formalidad legal. La majestad de la ley iguala las miserias desiguales del mercado. Y el sistema político realiza el “milagro” de convertir a la mayoría en un porcentaje que se adjudica al ganador: el ansiado 51%.

Para resolver el problema del “número” la democracia se vale de dos mecanismos: el régimen parlamentario, aumentando el número de escaños, dividiéndose en dos niveles (senadores y diputados); y estableciendo la representación proporcional versus el régimen de minorías. Al final, los temas de la representación se resuelven en las sofisticadas técnicas de la administración electoral, en el manejo de diversas fórmulas para combatir


las tendencias a la “mala-representación”, la doble vuelta, los referendos, etc.

No debiera ser motivo de desaliento que el demos se separe de la polis, porque el principio de la democracia representativa es mantener y asegurar las oportunidades para todos. El ánimo democrático desfallece cuando esas oportunidades no son debidamente atendidas ya que la norma democrática debe permanecer intocable. La representación es una síntesis de una voluntad colectiva, el resumen de una multiplicidad de intereses que el partido suma, recoge e intermedia. La crisis de los partidos, que es en sí la crisis de lo político, deja en el aire las raíces liberales de la representación.

Los problemas de la representación en Guatemala no sólo se originan en la falencia de los partidos políticos, también en la ausencia orgánica de intereses representables. Una incipiente sociedad civil fracturada deja vacíos de intereses sociales que no pueden representarse. Hoy día se subraya hasta el exceso el papel de la sociedad civil como fundamento de la representación, donde la variada riqueza de los intereses privados se convierte en expresión de lo público universal. La sociedad se ha vuelto más heterogénea: la presencia de nuevos actores étnicos, de género, de clase, vuelve más compleja la representación de intereses, lo que obliga a redefinir identidades. Existe también la “sociedad incivil” donde aparecen las organizaciones criminales, los grupos mafiosos que pugnan por participar alterando lo ilegal subrepticiamente, tema del que no podemos ocuparnos.

Toda invocación de la sociedad civil debe dar respuesta al problema de la integración social y de la creación de espacios públicos. Lo importante es promover la organización de aquellos intereses populares que puedan efectivizar la participación política, fomentar la sociabilidad, el asociacionismo, completar el “tejido social”. La representación de intereses tiene aquí


su fundamento. Si así se hace, todos tendrán la sensación de participar, aunque sea un “erzats” de participación, porque de esto a estar realmente representados hay la misma distancia que votar y ser votado, o de obedecer y ser obedecido.

Por último, también hay aspectos negativos o perniciosos en la representación en sociedades democráticas. ¿Realmente los incrementos de participación popular aumentan las condiciones para la consolidación democrática? ¿Qué significado tiene fortalecer la sociedad civil en relación con el Estado democrático? ¿Los mecanismos democráticos de la participación proveen también poder de dirección y control de los gobernados sobre los gobernantes? ¿Cuál es el valor de las minorías en la competencia por la representación popular?

2.4 La calidad de la democracia en cuestión

La rápida extensión de la geografía democrática en los dos últimos decenios, y en especial en la versión de una democracia electoral, ha puesto en evidencia la existencia de una gran diversidad de formas que aparecen en sociedades con las más diferentes modalidades de crecimiento económico, tradiciones políticas y luchas sociales por la participación. De hecho, la diversidad de experiencias democráticas ha fortalecido la creencia de que no hay un tipo ideal de democracia, ni que ella puede ser entendida como una dicotomía fatal: democracia o dictadura. Ha prosperado el reconocimiento de una gradualidad implícita en la pregunta ¿cuánta democracia existe en esta sociedad? o ¿qué requisitos deben satisfacerse para que el funcionamiento de un régimen político pueda ser calificado de democrático? Frente a tales interrogantes se abren paso definiciones minimalistas no sólo en materia de derechos civiles, sociales y humanos, sino también en cuanto a la efectividad de aspectos básicos del régimen político, entendiendo de manera restringida el ejercicio de los derechos políticos.


Por lo general, la calidad de la democratización se establece a partir de los procesos electorales, que por ello aparecen como el instrumento para acceder al poder, aun cuando ellos no sean suficientemente limpios, libres, plurales e institucionalizados. De hecho, el poder político es ejercido a través de una red de instituciones formales e informales, democráticas o de naturaleza autoritaria. La crisis de la teoría democrática es reflejo de esta variabilidad, en cuyo centro problemático se encuentra la noción misma de qué es la democracia y, de inmediato, el significado de la ciudadanía.

La intención de aproximarse al tema de la “calidad” de la democracia estableciendo su “cantidad” es una modalidad nueva, casi una obsesión de grupos cuantofrénicos, de examinar el funcionamiento cotidiano de las instituciones democráticas y calificar sus resultados de forma cuantitativa. Parece una contradicción pues al “medir” la democracia no se habla de cantidad sino de su calidad. Ha habido diversos esfuerzos para enfrentar este desafío epistemológico, como el notable proyecto “La auditoria ciudadana sobre la calidad de la democracia”, realizado en Costa Rica y del cual se hace referencia más adelante.

Hablar de la calidad de la democracia plantea varias cuestiones importantes, y no sólo de orden conceptual. Una, es la definición de democracia, y quienes manejan estos temas se valen de una definición operacional en la que cuentan tanto los derechos del ciudadano como el funcionamiento de ciertas instituciones, todo ello establecido a partir del juicio de expertos supuestamente bien informados sobre la historia del país del cual opinan. Otra, es que no se tiene de la democracia una visión dicotómica —¡hay o no una democracia!— sino una versión gradual, conceptualmente flexible como es en efecto variable la vida democrática. Derivado de lo anterior, un tercer aspecto es que se pondera la vida práctica de las instituciones,


el funcionamiento del día a día y, entonces, la calidad de lo político debe ser asumida como un continuum o un proceso que se califica cada cierto tiempo. Una variabilidad temporal, pues la democracia es esencialmente reversible.

Un cuarto aspecto, motivo de debate no sólo académico, se refiere ya no a si es posible “medir” la democracia, examinarla en aspectos cuantitativos, ponderar algunas dimensiones como las que se mencionan más adelante, sino los procedimientos para lograrlo, ya que no puede hacerse con métodos estadísticos o técnicas cuantificables. Por eso, muchos índices de “calidad democrática” terminan por ser refutados por la vida misma, en vista de lo cambiante de los escenarios sociales y políticos frente a los cuales la subjetividad de los “jueces” se enfrenta. Los “jueces” pueden tener un profundo conocimiento de la realidad del país y un alto sentido de responsabilidad, pero sus opiniones siempre serán personales, de una discutible objetividad.

Por ejemplo, la calidad democrática se valora por la medida en que los ciudadanos participan en procesos de votación libres, imparciales, competitivos y periódicos, si están o no bien informados por diversas fuentes de la oferta electoral, si hay libertad de expresión, de organización y de protesta, si no hay barreras discriminatorias para la participación electoral y política de todos los mayores de edad; cómo los ciudadanos influyen en la toma de decisiones políticas y exigen responsabilidad a los gobernantes. Esta noción descriptiva presupone la existencia de derechos relativos a las acciones que implican; sin embargo, consideramos que ello no es suficiente.

Una de las propuestas más conocidas sobre la calidad de la democracia incluye cinco componentes.26 Uno, lo electoral: que las elecciones sean imparciales y competitivas, libres y que los ciudadanos cuenten con toda la información para poder decidir

26 Levine y Molina (2007: 24-28).


de manera libre (recursos cognitivos). Un segundo aspecto es la participación, pues a mayor participación ciudadana aumenta la probabilidad de que el gobierno y sus decisiones representan la voluntad de la mayoría, y que así se garantice la representación. El tercer componente es la responsabilidad: la existencia de condiciones sociales e institucionales para que los funcionarios públicos rindan cuentas o se les pueda exigir y sancionar. Hay exigibilidad horizontal (instituciones formales, en el interior del gobierno) y vertical (la opinión pública, votación). En cuarto lugar, respuesta a la voluntad popular, que se refiere a la medida en que los políticos, sobre todo en el gobierno, actúan en respuesta a las preferencias de los ciudadanos, categoría que responde a la vaga noción de “la voluntad popular” y que distingue al liderazgo democrático de las arbitrariedades del poder personal o autoritario.27 Y, finalmente, la soberanía, la libertad de actuación de los funcionarios públicos para gobernar sin interferencias de quienes no son responsables ante el electorado (presiones de grupos militares o confesionales, de sectores económicos poderosos, etc.).

Para valorar la democracia en funcionamiento no es suficiente hacerlo exclusivamente en su dimensión instrumental: juzgarla sólo por los méritos del proceso electoral. También debe analizarse por el cumplimiento de su aspecto sustantivo, y comprobar cómo se realizan finalidades tan importantes como el Estado de Derecho, las políticas para alcanzar la cohesión social, la seguridad ciudadana, la estabilidad de las instituciones democráticas. Recuérdese la insistencia en utilizar la noción de democracia junto a la de Estado y, así, hablar del Estado democrático para valorar la democracia en su doble dimensión: como valor sustantivo y como procedimiento. Traducido a los propósitos de este libro, lo anterior significa que hay que tener nuevos criterios para valorar la cualidad de la democracia que 27 Ésta es una categoría muy utilizada en el mundo anglosajón, es la responsiveness, difícil

de medir. En Bingham (2004: 92).


se vive hoy día en Guatemala, y de forma más apropiada, del Estado democrático.

Con propósitos informativos y para complementar el tema de la calidad democrática, se presenta a continuación una síntesis que el Instituto Bertelsmann28 realiza sobre los procesos de la modernización política y económica en el ámbito mundial. Para el año 2008 véase la comparación regional en cinco aspectos de lo que ese centro académico llama transformation index.29

cuadro 2.2Índice Bertelsmann de transformación (modernización) políticacentroamérica, 2008

Criterios de modernización política Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua Guatemala

Estatalidad 9.8 8 7.5 7.8 7

Participación política 10 7.8 7.5 8.3 6.3

Estado de Derecho 9.5 6 6 5 5.5Estabilidad de las instituciones democráticas 9.5 8 7 6 6

Integración sociopolítica 8.8 6.3 5.3 6.3 4.8Promedio de transformación política 9.5 7.2 6.65 6.65 5.9

Fuente: Bertelsmann Institute (2008).

Se entiende por estatalidad la medida en que el monopolio estatal del uso de la fuerza se satisface plenamente. En Guatemala esta dimensión es desafiada por redes criminales en aumento y, en especial, por la organización del narcotráfico que busca ganar el control de espacios físicos y políticos y aplicar su propia legalidad. También las pandillas juveniles desafían el monopolio del Estado al aplicar la violencia. En 2007 hubo

28 Bertelsmann Institute (2008).

29 Bertelsmann Institute (2008).


5,030 muertes violentas y 2,500 policías fueron dados de baja por corrupción. Constituye otro desafío al Estado la gran cantidad de la llamada policía privada, empresas de seguridad que compiten en un mercado sin control30y que reclutan de forma anárquica a su personal.31

El criterio de participación política se refiere a las elecciones, que se les reconoce como libres y justas, pero existen, de hecho, actos de discriminación para la población indígena; algunos intelectuales mayas participan en el gobierno, pero dicha inclusión se califica como “muy simbólica”. Por ejemplo, varias comunidades indígenas han expresado su oposición a las concesiones mineras que amenazan su medio ambiente, pero las posibilidades de influir en la toma de decisiones del Estado son hasta ahora inexistentes. Hay libertad de organización y de petición, pero viene en aumento la intimidación contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos: en 2007 hubo 195 actos de violencia y en 2008, 221 ataques incluyendo doce asesinatos.32

Tales datos revelan un déficit en el Estado de Derecho: cinco personas fueron sentenciadas a tres años por discriminación racial; se ha establecido una misión del Alto Comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas, y un acuerdo con el gobierno creó una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) para investigar los grupos criminales y sus acciones ilegales. Existe la independencia de poderes, con predominio del Ejecutivo, un Congreso muy fragmentado y lento en su ejercicio de legislar y controlar. El poder judicial resulta débil frente al desborde criminal y la impunidad sigue manteniéndose. 30 Informaciones de prensa hablan de más de 40,000 guardaespaldas, vigilantes de domici-

lios, guardias en empresas privadas y otras modalidades.

31 Hasta el momento de escribir estas líneas, el Congreso de la República no ha legislado sobre el tema de la seguridad como empresa privada, la libertad de mercado de las armas de fuego y otros temas similares.

32 UPDDH (2007: 10), este último informe publicado tiene valiosa información sobre el tema. Los datos para 2008 son de Claudia Samayoa, de dicha institución.


A la falta de profesionalismo se suma la rampante corrupción, que se combate pero con poco éxito. La confianza en algunas de estas instituciones es poca.

Finalmente, la integración sociopolítica alude a varios aspectos: la fragmentación y debilidad partidaria, la alta volatilidad electoral de una ciudadanía poco anclada en la sociedad. El alto grado de organización de los empresarios contrasta con la baja organización sindical y de los indígenas, que mayoritariamente operan en el ámbito local. Hay poca confianza en el Congreso, los partidos políticos y otras instituciones públicas. El resumen arroja resultados ingratos para la modernización política de Guatemala, en relación con el resto de Centroamérica, pues Costa Rica tiene un envidiable 9.5 y Guatemala un 5.9 en 2008 (9.4 y 5.65% en 2006, respectivamente).

cuadro 2.3Índice de calidad de la democracia 2008

Rango Punteo general

Proceso electoral y pluralismo

Funciona-miento del gobierno

Participa-ción política

Cultura política

Liberta-des civiles

Democracias completas

Costa Rica 27 8.04 9.58 8.21 6.11 6.88 9.41

Democracias débiles

El Salvador 67 6.4 9.17 5.71 3.89 5 8.24

Honduras 74 6.18 8.33 6.07 4.44 5 7.06

Nicaragua 78 6.07 9.17 4.36 3.89 5 7.94

Guatemala 79 6.07 8.75 6.79 2.78 4.38 7.65

Fuente: The Economist: Economist Intelligence Unit (2009).


El índice de calidad de la democracia33 (cuadro 2.3) es otro ejemplo de un índice reciente y que califica las calidades en el ámbito mundial, lo cual es un problema por los grados de generalización para juzgar. La Economist Intelligence Unit reconoce que su índice de democracia utiliza el estado de las libertades políticas o de los derechos civiles, cuya medición es insuficiente. No se pueden aprehender con finura ciertos aspectos substantivos o cualitativos de la democracia; aspectos como la participación política o el funcionamiento del gobierno se toman en forma marginal o formal. No obstante, algo se avanza en el ejercicio que esa institución realiza, valiéndose de cinco conjuntos de indicadores: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Estas categorías están estrechamente asociadas y juntas constituyen un conjunto conceptual coherente (ver recuadro 2.2). Pero la condición de tener elecciones libres y competitivas y aspectos satisfactorios de libertad política forman, de manera evidente, el núcleo de toda definición.

Nótese que el cuadro 2.3 contiene criterios o juicios de naturaleza sustantiva, difíciles de estimar, a los que se califica con números. ¿Qué significa un 4.38 en cultura política? Esta información sobre calidad de la democracia debe tomarse como un juicio de conjunto, como un todo que sirve para fines comparativos. No importa el número sino, al final, el rango que los países ocupan en una clasificación así producida. Es decir, Guatemala está en el grupo de “democracias débiles” junto con tres países centroamericanos.

En Costa Rica se llevó a cabo, durante el período 1998-2001, una extraordinaria experiencia, la “Auditoria ciudadana sobre la calidad de la Democracia”, una herramienta para identificar los desafíos democráticos. El punto de partida son dos preguntas: por una parte, para avanzar en el conocimiento 33 The Economist: Economist Intelligence Unit (2009)


de la calidad de la democracia, ¿cómo estudiar empíricamente cuán democrática es la vida política en una democracia? y, por la otra, en presencia de malestar o apatía, ¿cómo una evaluación de la vida política puede convertirse en una herramienta para incentivar la participación ciudadana? La cuestión de la calidad de la democracia es más amplia que la de la auditoria ciudadana, pero ésta es fundamental para entender aquélla. En la imposibilidad de dar cuenta, con detalle, de esta investigación, véase el conjunto de informes que produjo y que se citan en el texto de Vargas Cullel.34

34 Vargas Cullel (2003: 160 y ss.).

recuadro 2.2Composición del índice de calidad de la democracia

Toda definición moderna, excepto las minimalistas, considera las libertades civiles como un componente vital de lo que a menudo se llamada democracia liberal. La protección de los derechos humanos básicos está internacionalmente reconocida. Ellos incluyen la libertad de expresión y de prensa, de religión, de organización y reunión y el derecho al debido proceso. Toda democracia es un sistema donde los ciudadanos toman decisiones políticas de acuerdo con la regla de la mayoría, que no necesariamente es democrática; la regla de la mayoría debe convivir con la garantía de los derechos humanos individuales y el derecho de la minoría a disentir (…) La democracia no es la suma de sus instituciones. Una cultura política democrática es también crucial para la legitimidad de aquellas, para su sostenibilidad. La cultura de la pasividad, la apatía o la obediencia ciudadana no es consistente con la democracia. El proceso electoral periódicamente divide a la población en ganadores y perdedores. La cultura política democrática implica que los perdedores aceptan el veredicto del voto (…) Nuestra medición de democracia no incluye aspectos que algunos consideran decisivos, como los niveles de bienestar económico y social. El índice respeta esa opinión en tanto que aspecto crucial consistente con la democracia política, pero es un concepto aparte.

Fuente: The Economist: Economist Intelligence Unit (2009: 16-17) (traducción libre).


La democracia guatemalteca ha enfrentado todos estos problemas y, con lentitudes y dificultades, los viene resolviendo. En el largo camino por recorrer aparece el sistema electoral como un aspecto estratégico que se debe modernizar. Las páginas siguientes contienen referencias a esta problemática.

3. Representación y sistema político

Se hace, a continuación, una breve descripción del sistema electoral, con énfasis en aquellos aspectos que tienen un especial efecto en el sistema político. El paso más importante en la modernización de ese sistema fue la creación del TSE35 y la promulgación de la ley que tuvo como objetivo regular las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Desde entonces, el sistema electoral guatemalteco ha variado muy poco y sigue la regla no escrita de que las estructuras y los procedimientos electorales tienden a permanecer, salvo algunas excepciones.

3.1 El sistema electoral guatemalteco

El sistema electoral es el conjunto de instituciones y prácticas establecidas por la ley mediante las cuales se convierten las preferencias electorales (votos emitidos) en la selección de personas para cargos institucionales (curules o cargos electivos) mediante la intervención de los partidos políticos. Es decir, el sistema es «el conjunto de métodos para traducir los votos de los ciudadanos en escaños de representantes».36

35 El Decreto Ley 30-83, que contiene la Ley Orgánica del TSE, se emitió el 23 de marzo de 1983, justo un año después del golpe que derribó al general Lucas García.

36 Lijphart (1995: 29).


Se habla de sistema por cuanto hace referencia a distintos componentes —partidos, candidatos, leyes, instituciones— interdependientes y cuya modificación individual, en especial de aquellos que tienen una mayor relevancia, puede alterar de manera significativa los rasgos del conjunto sistémico.

La bien conocida clasificación de los sistemas electorales se refiere a un par de opciones, una que los agrupa en sistemas electorales mayoritarios y otra, en sistemas electorales proporcionales. Se trata de dos extremos de un continuo, a lo largo del cual se sitúan la mayoría de los sistemas electorales existentes. Por ello, puede haber sistemas que se clasifican como mixtos pues resultan de combinar las características de los dos modelos básicos.37

Los sistemas mayoritarios parten del principio elemental de que quien gana la mayoría de votos gana la elección y todo lo que en ella está en juego;38 los otros contendientes no obtienen nada y, de hecho, se trata de votos perdidos. Por ejemplo, en Guatemala, en una elección presidencial el ganador es presidente, mientras que los otros candidatos, por ser perdedores, quedan

37 Por ejemplo, que una de las curules de un departamento se elija por mayoría y, además, los electores puedan votar por una lista de partido sobre la que se aplica una fórmula proporcional. Considerados mixtos son los sistemas electorales de Alemania, México y, desde 1993, Italia. El caso alemán, en especial, es mixto por la combinación de listas y candidaturas individuales, si bien es claramente proporcional en sus resultados tomados en conjunto.

38 Vanaclocha (1997: 181).

Salida (poder institucional)

Sistema electoralEntrada (votos)


fuera de las instituciones.39 Cuando se habla de “ganar la mayoría” hay que notar que dicha mayoría puede ser relativa (la nueva ley electoral de Nicaragua) o absoluta (más de la mitad de los votos, como en Guatemala). En algunos países —como Guatemala— si no se alcanza la mayoría absoluta para ser electo presidente se utiliza el mecanismo de la segunda vuelta, o ballotage, en la que por participar sólo dos candidatos, uno de ellos obtiene necesariamente la mayoría.40

En los sistemas proporcionales se parte del principio de que los órganos de representación política deben ser un reflejo lo más exacto posible de la variedad de opiniones políticas organizadas. La proporcionalidad sólo puede darse en los órganos de representación colegiada, como el Congreso o las municipalidades.

Esta clasificación no es un mero ejercicio académico: los sistemas electorales no son inocentes y tienen efectos significativos sobre el funcionamiento del sistema político en aspectos como la gobernabilidad, la representatividad, la legitimación de las instituciones y las características del sistema de partidos. Por ello, la proporcionalidad de un sistema electoral es uno de los elementos de análisis más fructíferos, por razones normativas y prácticas. Desde la perspectiva normativa, frecuentemente se asocia una mayor proporcionalidad con una mayor justicia, en la medida en que el Congreso, por ejemplo, reflejaría mejor,

39 En la discusión de las reformas a la ley electoral se propuso, sin éxito, que los candidatos presidenciales derrotados que hubieran obtenido al menos el 10% de los votos tuvieran derecho a ocupar una curul. Es una técnica que se usa, por ejemplo, en Nicaragua, y ello permite a los líderes nacionales de los partidos —en el caso de que sean, asimismo, sus candidatos presidenciales— ocupar una curul y, en cierto modo, elevar el contenido polí-tico del parlamento en un régimen presidencialista. Un caso más curioso, pensado para facilitar los consensos en una etapa de transición, es el sudafricano: a partir de cierta cuota variable de votos, un candidato presidencial derrotado puede ser vicepresidente del país o ministro.

40 Se usa la expresión francesa ballotage para referirse a los procesos electorales donde hay dos vueltas. En el modelo francés originario, sin embargo, a la segunda ronda no van sólo los dos partidos o candidatos más votados, sino todos aquellos que han superado un mínimo de votos en la primera.


a mayor proporcionalidad, las preferencias políticas de los electores. Por razones prácticas, porque la proporcionalidad contribuye —aunque no sólo ella— a la configuración del sistema de partidos, según una relación en la cual un sistema electoral proporcional refuerza aún más las posibilidades de formación de un sistema multipartidista.

El sistema electoral está conformado, básicamente, por las circunscripciones electorales, la fórmula electoral, la forma de las candidaturas y el umbral mínimo, en su caso, para obtener la representación.41 Por circunscripción se entiende el ámbito físico y legal donde se agrupan los electores (los ciudadanos) y, normalmente, su criterio de articulación es de tipo geográfico.42 En Guatemala, ellas son las siguientes:

a) Circunscripción municipal, para la elección de los gobiernos locales. Hay 333 municipios y, según su tamaño, se eligen más o menos miembros de la corporación.

b) Circunscripción distrital, para la elección de diputados. El método de distribución de curules está establecido en la Constitución Política (artículo 157), precisado por el artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, según la cual debe elegirse un diputado por departamento, como mínimo, y uno más por cada 80,000 habitantes, según el último censo oficial de población. Para las elecciones de 1995, el censo utilizado fue el de 1979 y para las de 1999 la base fue la población censada en 1994, por lo que el

41 Hay otros componentes del sistema electoral que no se tratan aquí, por ser de rara fre-cuencia. Por ejemplo, el establecimiento de un mínimo de votos para que una elección sea válida —requisito establecido en algunas elecciones presidenciales del Este de Europa—, o la provisión de una prima automática a la mayoría que le otorga más representantes de los que le corresponden según la fórmula electoral, como ocurre en Italia. El sistema electoral también incorpora otros componentes que no son de especial relevancia política, como el mecanismo de provisión de las suplencias o los procedimientos de desempate.

42 No siempre es así: en el pasado, ciertas universidades británicas se transformaban en dis-tritos electorales y, aún hoy, en Nueva Zelanda, los maoríes votan en una circunscripción que no obedece a características geográficas sino étnicas.


número de curules pasó de 80 a 113,43 según dispuso el TSE (Decreto No. 3-99). Durante las elecciones de los años 2003 y 2007, el censo utilizado fue el de 2002, con lo que el número de curules aumentó a 158.44

cuadro 3.1Evolución del número de escañoscongreso de la república, 1984-2008

Año 1984 1985 1990 1994 1995 1999 2004 2008

Número de curules 88 100 116 80 80 113 158 158

Fuente: elaboración propia con base en Torres Rivas (1998) y López (2008b).

c) Circunscripción nacional para la elección de presidente y vicepresidente de la República y para los diputados de la llamada Lista Nacional. Además de los elegidos en el distrito departamental, se estableció una lista nacional, donde se elige el equivalente al 25% del total de los diputados departamentales. En esta circunscripción también se eligen los diputados al Parlamento Centroamericano (20 representantes).

Así pues, en Guatemala hay tres circunscripciones electorales; el tipo de circunscripción —su composición uni o plurinominal— está relacionada con el carácter mayoritario o

43 Una de las ironías de la consulta popular de 1999 fue que quienes rechazaban las re-formas señalaban que éstas iban dirigidas a incrementar el número de diputados y, dado el descrédito de la clase política, ello se consideraba nocivo. Es cierto que las reformas preveían el incremento de uno a dos en el mínimo de diputados por departamento; sin embargo, al incrementar al mismo tiempo la ratio de distribución de 80,000 a 100,000, el número total hubiera quedado en 101, es decir, doce menos que el número para esa épo-ca, justamente por no aprobarse las reformas.

44 En las elecciones del año 2007 (así como en las de 2003) se utilizó el censo de 2002 para establecer el número de diputados. Sin embargo en ambas convocatorias el TSE interpretó que dado que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 157, establece la presencia de “al menos” un diputado por distrito, este artículo deroga parcial-mente la obligatoriedad de un diputado “extra” por distrito. Así se asignó un diputado por los primeros ochenta mil habitantes, los siguientes ochenta mil son los que determinan al segundo diputado, y de ahí en adelante. Decreto de Convocatoria Electoral, TSE (2008).


proporcional del sistema. Es evidente, como ya se dijo, que si sólo elegimos a una persona o cargo no es posible aplicar ningún criterio de proporcionalidad, aunque no es necesariamente así a la inversa.45 Pero, desde luego, la única forma de que se produzca proporcionalidad es con la configuración de circunscripciones plurinominales. La subdivisión de un territorio en distritos electorales suele coincidir con las divisiones administrativas preexistentes (regiones, estados, provincias, departamentos, etc.). En la elección presidencial, el territorio nacional es circunscripción única y ocurre lo mismo a nivel municipal.

En la mayoría de los casos, para la asignación de diputados en distritos plurinominales46 hay dos precisiones: una es la lista nacional, ya citada, y otra por medio de la cual, a causa de su magnitud y para evitar lo que podría llamarse una “des-departamentización del departamento”, constituye a la ciudad de Guatemala como distrito central separado, mientras que el resto del departamento de Guatemala conforma otra circunscripción electoral.

El sistema por medio del cual se conforma el Congreso de la República se basa en dos circunscripciones diferentes: una de carácter local y otra nacional. Este sistema de doble voto se fundamenta por el hecho de que combina, al menos teóricamente,47 dos ventajas: los diputados de los departamentos estarían representando a su circunscripción y los deseos de sus electores48 mientras que los de la lista nacional, al conjunto del

45 Por ejemplo, en las elecciones locales en El Salvador, siendo varios los cargos a cubrir, se establece un sistema mayoritario simple según el cual obtiene todos los cargos la planilla que alcance la mayoría relativa.

46 Otro asunto es el de los sistemas mayoritarios que crean distritos unipersonales, cuya única función es electoral.

47 Así lo argumenta Arend Lijphart (1995: 71). El primer TSE se negó, en principio, a incluir la circunscripción nacional en su proyecto de ley para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, las presiones de los partidos favorables a dicha circunscrip-ción se impusieron y el propio TSE, posteriormente, se sumó a la propuesta. Torres-Rivas y González (2001).

48 Lo que en los Estados Unidos de América se llama constituency.


país, lo que permite mejorar la proporcionalidad del sistema y favorece el acceso de los partidos minoritarios al parlamento.

Para adjudicar las curules a cada uno de los partidos se utiliza la fórmula de representación proporcional de las minorías, tanto en el listado nacional (LN) como en las listas departamentales o distritales (LD). Hay varias fórmulas que permiten la representación proporcional de las minorías: la más frecuente y usada en Guatemala es la denominada D’Hondt, que se explica a continuación (ver cuadro 3.2).

cuadro 3.2Ejemplo de adjudicación de curules según la fórmula D’Hondt

Votos repartidos, formula D’Hondt

Divido entre 1

Dividido entre 2

Dividido entre 3

Dividido entre 4

Dividido entre 5

Partido A 220,000 110,000 73,333 55,000 44,000

Partido B 160,000 80,000 53,333 40,000 32,000

Partido C 72,000 36,000 24,000 18,000 14,400

Partido D 42,000 21,000 14,000 10,500 8,400

Otros partidos 6,000 3,000 2,000 1,500 1,200

Para 500,000 votos válidos y habiendo cinco curules en disputa.

En el distrito X, o en la lista nacional, se ordenan los votos obtenidos por cada partido o coalición, de más a menos. Se divide el número de votos de cada partido por 1, 2, hasta “n”, siendo “n” el número de curules a adjudicar. Por ejemplo, en Suchitepéquez, para el año 2007, habrá que dividir entre 1, 2, 3, 4 y 5, dado que son cinco las curules a las que tiene derecho; como resultado de las divisiones obtenemos una serie de cifras; la siguiente operación consiste en seleccionar, de mayor a menor,


tantas cifras como curules haya que adjudicar. Cada partido obtiene tantas curules como cifras incluidas en la selección y esto es lo que se llama cifra repartidora.

Véase que de las cinco cifras mayores49 resultantes de la división indicada (que aparecen resaltadas) tres de ellas corresponden al partido A y dos al partido B. Por tanto, el resultado de las elecciones para este distrito es el siguiente: partido A: tres curules, y partido B: dos curules.

No hay ninguna fórmula 100% justa que abarque todas las dimensiones de la representación, pero ésta no es la más proporcional.50 Sin entrar en el abundante debate sobre el tema, señalemos que normalmente la fórmula D’Hondt suele beneficiar (sobrerepresentar) a los dos partidos más votados, en detrimento de los menos votados. Véase el ejemplo anterior, que el partido A, con el 44% de los votos, consigue el 60% de la representación y el partido B, con el 32% de los votos, llega al 40% y los otros con el 24% de los votos no obtienen nada.

Hay dos aspectos adicionales a considerar: uno es el tipo de candidaturas, entendiendo por tal a la manera como ellas se presentan frente al ciudadano elector. Básicamente se trata de candidaturas unipersonales o individuales, que se usan en elecciones de tipo mayoritario, y candidaturas plurinominales o de lista, en las que los candidatos se presentan agrupados, por lo general, tras una sigla o símbolo del partido.

49 La ley electoral guatemalteca hace la operación algo más compleja, aunque el resultado es idéntico. Literalmente, señala que «los resultados electorales se consignarán en pliego que contendrá un renglón por cada planilla participante y varias columnas. En la primera columna se anotará a cada planilla el número de votos válidos que obtuvo; en la segunda, ese mismo número dividido entre dos; en la tercera, dividido entre tres y así sucesivamen-te, conforme sea necesario para los efectos de adjudicación. De estas cantidades y de mayor a menor se escogerán las que correspondan a igual número de cargos en elección. La menor de estas cantidades será la cifra repartidora, obteniendo cada planilla el número de candidatos electos que resulten de dividir los votos que obtuvo entre la cifra repartidora sin apreciarse residuos» (artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos).

50 Las más proporcionales son las de cociente entero o de Hare y la Saint Lague. Existen va-rias medidas de la proporcionalidad de un sistema electoral; la más antigua es la propuesta por Douglas Rae, a la que prosiguieron las de Rose, Gallager, etc.


En Guatemala (al igual que en Israel, España y muchos otros países), para los órganos de representación se usa la lista plurinominal en la modalidad “cerrada y bloqueada”, en la que el elector tiene que aceptar la lista completa del partido de su elección, sin que pueda incorporar o eliminar nombre alguno ni alterar el orden en el que dichos nombres se presentan.51 En el ejemplo anterior, los tres candidatos electos por el partido A serían aquellas personas que ocupaban los tres primeros lugares en la lista. Cualquier alteración introducida por el votante anula el voto.52 Se discute la reforma de esta modalidad para dar paso a la opción de listas abiertas, donde el elector escoge por nombres.

En algunos países, la barrera electoral legal es el mínimo porcentaje de votos que un partido debe obtener para entrar en el recuento. Así, en las operaciones matemáticas para llevar a cabo la adjudicación no se incluirían aquellos partidos que hubieran obtenido menos de algún porcentaje de los votos. En Guatemala no hay barrera electoral legal. Lo que sí existe aquí —y en casi todos los países— es lo que se conoce como un umbral electoral informal, que viene a ser el mínimo que un partido debería alcanzar para obtener una curul, el cual se obtiene al aplicarse la fórmula electoral en un departamento determinado. Por otra parte, la Ley Electoral (artículo 93) establece la cancelación de un partido si no obtiene al menos el 5% de los votos, salvo que hubiera alcanzado representación en el Congreso de la República. Ello no es una barrera electoral, entre otras cosas, porque es posible obtener representación en el Congreso con menos del 4% de los votos nacionales: por ejemplo, concentrando todos los votos en 51 Hay otras opciones, de las que aquí se da cuenta de manera ilustrativa: listas abiertas,

donde el elector la confecciona como quiere, y listas cerradas pero no bloqueadas (Finlan-dia, Austria, Holanda, Bélgica, Suecia), en las que no se pueden incorporar nombres, pero sí modificar el orden de los candidatos propuestos.

52 Al ser distintas las boletas para cada una de las instituciones es posible el voto cruzado, en el que un elector vota por un partido para el Congreso y, por ejemplo, por un comité cívico para la municipalidad.


un departamento poco poblado. Más adelante se hablará sobre el peso de los distritos y la diferencia de la representación en el Congreso de la República.

Para terminar, la combinación de los efectos de la fórmula D’Hondt, un número reducido de curules y, en especial, unas circunscripciones de pequeño tamaño, otorga al sistema electoral guatemalteco un sesgo mayoritario, compensado parcialmente por la concentración geográfica de electores y por la presencia de la LN. El efecto no previsto de estos resultados es el de favorecer la formación de un sistema bipartidista, más o menos imperfecto, en el que existe espacio para una tercera fuerza que puede ejercer el papel de “bisagra”. Puede formarse una constelación de partidos de escasa representación y/o baja incidencia que se benefician más de las oportunidades de la LN.

3.2 Apuntes sobre la representatividad del sistema electoral para el Congreso de la República

La magnitud política del distrito se asocia no con su tamaño geográfico sino con el número de representantes que tiene. En la elección al Congreso, el número de representantes de un distrito determinado está en función de la cantidad de población que ahí vive. Como se explicó antes, los diputados por distrito electoral son elegidos de acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y con la Constitución Política de la República con un diputado por cada 80,000 habitantes. Los diputados electos por LN conforman el 25% del total de diputados distritales.

Al caracterizar los distritos electorales guatemaltecos se puede mencionar que éstos no necesariamente están definidos con base en fronteras sociodemográficas preestablecidas, que integran poblaciones muy diversas étnica y productivamente,


que las características topográficas son distintas y que la alta densidad poblacional de unos contrasta con la baja densidad de otros. Esta combinación de factores y las características del sistema de partidos políticos hacen compleja la tarea de representar. Por ello, a pesar de que la proporcionalidad está prevista en la elección resulta que los distritos electorales más poblados siempre tienen mayor presencia en el Congreso de la República que los menos poblados.

En el cuadro 3.3 puede observarse el fenómeno: todos los diputados tienen al menos un diputado como representante ante el Congreso, el resto de diputados distritales está en función de la cantidad de población censada que habita en el distrito (primera columna). Por la misma relación de mayor número de votos se puede observar que, proporcionalmente, los votos para el LN están distribuidos en aquellos lugares donde hay más habitantes (segunda columna). Se ha dicho que los diputados electos por el LN deben cumplir con una función de representación nacional, aunque en la práctica llegan al Congreso con base en pocos distritos electorales determinantes. Se puede ver (en la tercera columna) que al menos siete de los 31 diputados electos por LN (el 22.6%) lo son por votos del Distrito Central o del departamento de Guatemala. En la última columna se puede apreciar, además, la relación entre la cantidad de representantes y el número de votantes por distrito. Esta relación permite establecer el número de ciudadanos53 que representaría cada uno de ellos si todos los votantes inscritos participaran en las elecciones.

53 Nótese que en este caso se está estableciendo relación entre votantes y representantes, a fin de identificar el “costo” en número de votos de cada diputado. No se está haciendo la relación entre diputados y población que es la que determina la representación según la Ley Electoral y de Partidos Políticos.


cuadro 3.3Número de diputados y votos que representan en el Congreso de la República Distrito electoral

DISTRITO Diputados distritales

Total de diputados por distrito*

Votos inscritos que representa cada diputado (miles)

Departamento Guatemala 19 21.5 36.7

Distrito Central 11 15.5 44.8

Distrito El Progreso 1 1.4 61.9

Distrito Sacatepéquez 3 3.7 36.3

Distrito Chimaltenango 5 6.2 35.1

Distrito Escuintla 6 7.5 41.0

Distrito Santa Rosa 3 3.8 48.0

Distrito Sololá 3 3.9 39.8

Distrito Totonicapán 4 4.9 30.3

Distrito Quetzaltenango 7 8.7 41.0

Distrito Suchitepéquez 5 6.1 36.6

Distrito Retalhuleu 3 3.7 38.5

Distrito San Marcos 9 11.2 36.2

Distrito Huehuetenango 9 11.4 34.8

Distrito Quiché 8 9.9 31.1

Distrito Baja Verapaz 2 2.6 42.1

Distrito Alta Verapaz 9 11.2 29.5

Distrito Petén 4 5.1 36.9

Distrito Izabal 4 4.9 32.3

Distrito Zacapa 2 2.5 47.9

Distrito Chiquimula 3 3.8 45.8

Distrito Jalapa 3 3.7 35.0

Distrito Jutiapa 4 5.0 46.5

Total nacional 127 158 37.9

Fuente: elaboración propia con base en datos del TSE.

* Cálculo hecho con base en el número de diputados distritales más el número de diputados del LN (31) que le corresponde al distrito, de acuerdo con su peso en las elecciones de 2007, para la papeleta correspondiente.


La adjudicación de un mínimo de curules por distrito es una muestra de que los elementos que configuran el sistema electoral no son nunca “gratuitos”, lo que tiene implicaciones importantes para el sistema electoral en su conjunto. Por ejemplo, para las elecciones de 2007, cada diputado distrital representaba, aproximadamente 37,000 mil votos inscritos (empadronados). Sin embargo, para cada distrito el número de votos que representa un diputado cambia; por ejemplo, para El Progreso son aproximadamente 62 mil votos, mientras que para Alta Verapaz son poco más de 29 mil. Esto quiere decir que mientras un solo diputado distrital en El Progreso representa a casi sesenta y dos mil empadronados, en Alta Verapaz nueve diputados representan, individualmente, cerca de veintinueve mil. Así, se constata que los costos por voto para obtener una curul en el Congreso varían de distrito a distrito. Es evidente que una persona es igual a un voto, pero no todos los votos son “iguales”.

El tamaño del distrito afecta los resultados también en un aspecto más sustantivo. La proporcionalidad de un sistema electoral está directamente vinculada —si se mantiene constante el resto de las variables del sistema— al número de representantes que se eligen en los distritos. En concreto, para una misma fórmula electoral proporcional, ella aumenta cuanto mayor sea el número de representantes en disputa. Para las elecciones de 2007, el promedio de diputados por LD era de 5.5, siendo el de mayor cantidad de diputados el Distrito de Guatemala (19) y el menor (uno), El Progreso.

3.2.1 Sobre el malapportionment o desproporcionalidad electoral

La mayoría de sistemas electorales del mundo —y Guatemala no escapa a ello— a pesar de contar con regulación sobre la


proporcionalidad no permiten que el sistema sea perfectamente proporcional. El malapportionment o desproporcionalidad electoral es un cálculo utilizado para identificar el grado de proporcionalidad del Organismo Legislativo en un sistema electoral determinado. Lo que el malapportionment permite observar es la desproporcionalidad final del sistema, por medio de un cálculo de los representantes de cada distrito electoral y el porcentaje de población que representa, permitiendo con ello identificar la desproporción final.

De acuerdo con el método utilizado por Samuels y Snyder,54 el malapportionment puede ser medido de dos maneras diferentes: una, utilizando un método unicameral (y, por lo tanto, de listado único, usualmente distrital), y la otra, utilizando un método bicameral (o con dos listas, como sucede en Guatemala). Lo que brinda la ejecución del cálculo es el porcentaje de diputaciones que no se encuentran proporcionalmente distribuidas en la población (expresado en términos de fracción). El dato resultante es un espacio cuantitativo que va de 0 a 1, donde 0 representa el ideal de proporcionalidad y 1, el sistema más desproporcional.55

En el estudio original citado se utilizó, para Guatemala, la base de datos del año 1990, y se estableció un malapportionment de 0.0609, lo que a nivel mundial ubicaba al país en el puesto 33, de un total de 77 países, y donde el primer puesto lo ocupaba Tanzania con un malapportionment de 0.2619 y el menor lo ocupaban Israel, Namibia, Holanda, Perú y Sierra Leona con 0.000.

54 Samuels y Snyder (2001).

55 De 0% a 100% de desproporcionalidad.


a. Los datos de 200756

La fórmula aplicada de malapportionment implica dos clases de datos: datos de la base poblacional: porcentaje que representa cada distrito del total de la población (x), número de diputados de cada lista (LN y LD); y el porcentaje que representan del total de diputados (y).

Mal = ½ ∑ (yn – xn)

La base poblacional utilizada para estimar el número de votos que representa cada diputado proviene del padrón electoral oficial de las elecciones del año 2007. Utilizando los datos del padrón, el cálculo de malapportionment se estima en 0.061, no muy distante del cálculo original del año 2001.

Sin embargo, de acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el número oficial de la población que se utiliza para el cálculo de adjudicación del número de diputaciones por distrito es el del último censo oficial, que para este caso es el de 2002. Este dato poblacional fue el utilizado para adjudicar el número de curules con las que se conforma el Congreso. Al calcular los datos de acuerdo con esta base poblacional, el malapportionment del Congreso oficialmente se incrementa a 0.071, lo cual se puede interpretar que al menos el 7% de las curules están entonces desproporcionalmente distribuidas.

Como pudo observarse más arriba, algunos distritos electorales pesan más que otros al momento de elegir a los diputados, y por su densidad poblacional algunos de ellos representan más población que otros y, sin embargo, no están necesariamente mejor representados. Se puede observar que las curules asignadas por medio del censo de 2002 son las que hacen más grande la brecha de la representación. Esto podría relacionarse con el hecho de que los ochenta mil habitantes 56 Para el cálculo en mención se contó con la colaboración del profesor David Samuels, de

la Universidad de Minnesota.


que se estipulan para adjudicar una curul más a cada distrito no hayan sido técnicamente determinados, lo que permite respaldar un cálculo alternativo para identificar el número de población necesario para una representación numéricamente proporcional.

A este análisis se le puede sumar el hecho de que el censo 2002 tiene ya siete años de vigencia, por lo que puede esperarse que la desproporcionalidad haya variado —probablemente, aumentado—. Y aunque va más allá del análisis numérico, se puede decir también que el problema de la representación no es sólo de índole cuantitativa (# de votos por # de curules), sino también cualitativa (distritos verdaderamente representados). De igual importancia en la reflexión sobre la representatividad sería el peso de la representación distrital en las negociaciones del Congreso. Es decir, ¿qué pesa más para el diputado al momento de ejercer sus funciones: el partido, la adscripción ideológica, la adscripción social (étnica, de género, de clase, etaria, etc.), la adscripción distrital, etc., o intereses privados? Esto plantea un interesante problema de la democracia representativa, tal como se dice en otra sección de este libro.

Segunda parteencuesta sobre democracia,

análisis de resultados

Encuesta sobre democracia, análisis de resultados 91

encuesta sobre democracia,análisis de resultados

1. Algunos aspectos analíticos de la encuesta

El trabajo de campo inició el 22 de mayo y finalizó el 22 de junio de 2008; la encuesta se realizó con una muestra de 3,108 personas mayores de edad (con un margen de error estimado no mayor del 5%), distribuidas en todo el territorio nacional y definida para tres estratos: regiones administrativas, sexo y área, distribución que se presenta en el cuadro 1.1.

Cuadro 1.1Estructura de la población encuestada* según estratoporcentajes

Área urbana Área rural

TotalHombres Mujeres Hombres Mujeres

Metropolitana 10.7 13.0 1.4 1.6 26.7

Norte 1.0 1.2 2.8 3.2 8.2

Nororiente 1.4 1.7 2.5 2.7 8.3

Suroriente 1.3 1.5 2.4 2.7 7.9

Central 3.1 3.6 2.3 2.3 11.3

Suroccidente 4.5 5.8 5.6 6.9 22.8

Noroccidente 1.5 2.0 3.6 4.8 11.8

Petén 0.5 0.5 0.9 0.9 2.8

Total 23.9 29.3 21.5 25.2 100.0

* Ponderada.


Para el análisis se utilizaron, además, otras características que permitieran determinar heterogeneidades en las respuestas. A partir de estas características, la población encuestada se distribuye según las cifras presentadas en el cuadro 1.2.

Siendo todas estas variables categóricas o, a lo sumo, ordinales, se determinaron asociaciones estadísticas utilizando pruebas basadas en Chi-cuadrado. Los resultados que se presentan corresponden a asociaciones que muestran un nivel de significancia importante. Además, se determinaron valores tales como el Coeficiente de contingencia de Pearson, Phi y V de Cramer para evaluar la “fuerza” de la asociación. Los valores perdidos1 no se consideraron en el análisis.

De nuevo, la investigación busca nuevas facetas de los temas tratados en publicaciones anteriores. La preocupación primordial es el ciudadano cuyas opiniones son la materia prima del análisis y ya no la búsqueda de cómo es el guatemalteco real en relación con el ciudadano ideal, propio de una democracia política consolidada. En esta oportunidad partimos de un sujeto que en el escenario de sus experiencias políticas nos permite hablar de cómo ellas lo llevan identificarse como ciudadano, de la capacidad de apreciar lo que es la democracia con sus rasgos variables a partir del funcionamiento de la vida política.

Son importantes y complementan lo anterior, la cultura política en una sociedad en la cual los factores históricos —y a los que se suman los socioeconómicos— estimulan las conductas discriminatorias o autoritarias; es decir, una cultura política insuficientemente democrática. Los parámetros de participación social y política y las percepciones sobre las instituciones públicas más importantes completan los temas a desarrollar.

1 En la mayoría de preguntas, los valores perdidos representan menos del 5%. En los casos donde se encontró una excepción a esta condición se hace la aclaración respectiva.


Cuadro 1.2Distribución de la población encuestada* según características básicasporcentajes

Característica Válidos Perdidos**

EtnicidadMayas*** y xincas 32.9 4.9

Ladinos 67.1

Edad

18 a 29 años 35.5 0.6

30 a 49 años 44.9

50 años y más 19.6

Alfabetismo

Sí 91.0 0.1

No 9.0

Nivel educativo

Ninguno 9.2 0.2

Primario 55.5

Secundario 30.4

Terciario 4.9

Ingresos mensuales

Menos de Q1,540 (US$200) 40.8 3.8

De Q1,540 a Q3,080 45.7

Más de Q3,080 (US$400) 13.6

Actividad

Ocupados 51.2 0.3

Desempleados 4.4

Estudiantes 4.8

Trabajo familiar doméstico 35.3Otros 4.2

* Ponderada.** Los valores perdidos (excluidos del análisis) corresponden a personas que prefirieron no

contestar las preguntas que corresponden a estas categorías.*** Se agrupó como “mayas” a todas las personas que se autoidentificaron como pertenecien-

tes a alguno de sus 23 grupos étnico-lingüísticos.


Una vez más es necesario recordar que las encuestas de opinión ofrecen posibilidades y tiene límites en la producción de datos y en el manejo de los mismos dado que recogen opiniones y actitudes de una persona escogida al azar que, además, no está comprometida de antemano a decir una “verdad”: su opinión es relativa a sus percepciones casuísticas. En otras palabras, las respuestas que se obtienen pueden no corresponder al interés de las preguntas que se formulan; sin embargo, se asume con cierto optimismo científico que el número de entrevistados (calidad de la muestra) y la calidad del formulario y su administración (calidad de los datos) producen una materia prima con la cual puede reconocerse una realidad social. Con ese ánimo pasamos al análisis de los datos.

2. Algunas reflexiones sobre la democracia y la ciudadanía en Guatemala

Nunca se dirá lo suficiente sobre las dimensiones efectivas, por reales, de los temas de la democracia que se construye y de la ciudadanía que la vive en esta sociedad de 2008. No se tiene certidumbre de cómo el ciudadano —tal vez sea mejor decirlo en plural— la vive, es decir, cómo la experimenta en su trabajo, cuando estudia o cuando precisa de un servicio público. Las siguientes son algunas reflexiones a partir de preguntas de la encuesta, las que fueron diseñadas con propósitos relativos a lo que se indica: cómo se percibe la democracia, qué opiniones y actitudes tienen las personas encuestadas, consideradas aquí como ciudadanos que viven en una democracia en construcción.

2.1 El punto de partida es la cuestión básica de la identidad de la persona en cuanto a su relación con el Estado nacional. Como ya se dijo en la primera parte, la ciudadanía antes de ser


una situación vivida es una condición otorgada, en el sentido que el ciudadano tiene un conjunto de derechos y obligaciones y la posibilidad de autodefinirse porque puede identificarse a sí mismo. Esa identificación es la opción de pertenencia que se desarrolla a partir de las experiencias de cultura, existencia y vida en general. En una sociedad como la guatemalteca, una persona puede sentirse perteneciente a la comunidad donde nació o preferir el ambiente donde se educó y/o desarrolla su vida.

Uno de los primeros temas analizados se concentra en la pregunta “¿Se considera Ud. ciudadano guatemalteco siempre, muchas veces o pocas?”; las respuestas admiten una doble interpretación. Por un lado, puede referirse a que en todas las ocasiones en que se pone a prueba la condición ciudadana (o bien, sólo en algunas) se ha tenido una experiencia favorable. Por ejemplo, no sólo en cuanto al derecho a votar, sino en una gestión personal ante alguna autoridad, o para solicitar un servicio público.

También puede ser que contemple una serie de respuestas ubicadas en el tiempo, desde un “siempre” hasta un “nunca”. La idea de la temporalidad en la pregunta parte de la premisa de que considerarse ciudadano “siempre” contiene la aceptación de esta condición y un entendimiento de los derechos inherentes a ella. En esa línea, la ciudadanía para quienes no se consideran ciudadanos “siempre” no debería ser intrínseca a su condición, sino más bien instrumental, es decir me siento ciudadano cuando me incluyen, o me respetan, y eso no siempre ocurre. En esta situación hay un 15% de encuestados.

En general, una inmensa mayoría de personas en el país se considera ciudadana siempre (85%), lo cual es muy significativo y es suficiente para explicar que no haya diferencias relevantes cuando la pregunta se refiere a características tales como


género, edad, área (urbana/rural). No obstante, destacan las significativas diferencias entre los ciudadanos encuestados por regiones y por afiliación étnica. El lugar donde mayor número de personas se consideran ciudadanas siempre es la región Central, con un 97%, seguida por la Norte y la Suroriente, con 96% y 90%, respectivamente.

La región que más llama la atención para esta pregunta es Petén, con un 60% de encuestados que se considera ciudadano “siempre”. El resto de las regiones, como se puede observar en la gráfica 2.1, varía entre un 85% y un 87%. También es interesante comparar la región Nororiental, habitada por una mayoría ladina, con la Suroccidental, con mayoría indígena: la diferencia es de casi 25%.

gráfica 2.1Frecuencia con la que se considera ciudadano guatemaltecoporcentaje que respondió “siempre”

Pregunta: ¿Se considera usted ciudadano(a) guatemalteco(a)?

Siempre

Petén

60.2

Surocc

idente

Norocc

identeNorte

Metropolita

na

Surorie

nte

Nororie

nte

Central

72.484.6 85.5 87.3 90.2 96.5 96.9


La relación de esta pregunta con la adscripción étnica tiene un comportamiento distinto. Mientras que un 85.3% de los que se identifican como ladinos2 se considera ciudadano “siempre”, entre algunos grupos étnicos el porcentaje es relativamente más bajo, por ejemplo, entre quienes se identifican con la etnia mam (sólo el 76% se siente siempre ciudadano); el resto, que se identificó como k’iche’, kaqchikel y q’eqchi’, oscila entre el 81% y el 83.6%. Es oportuno recordar que el tema de la identidad étnica sigue siendo motivo de debates y mayores precisiones, pues la pertenencia a la comunidad lingüística, como se sabe, es aún muy fuerte; en esta ocasión la pregunta no es de ninguna manera directa y puede haber una confusión entre “considerarse” ciudadano e identificarse como guatemalteco.3

2.2 En el intento de hurgar en el tema de la democracia se examinó la opinión de los ciudadanos acerca de si “en Guatemala vivimos en una democracia”. Un número ligeramente superior a cuatro de cada diez encuestados (41%) respondió de forma afirmativa, pero otro un poco inferior (37%) sólo estuvo parcialmente de acuerdo, en tanto que un 22% de la población respondió de forma negativa. Este grave desacuerdo nacional aumenta en las regiones Nororiente (42%) y Metropolitana (29%); y también es superior al porcentaje del país (21.9%) entre los guatemaltecos analfabetos (27%), la población ladina (27%), los trabajadores del sector servicios (26%) y, sobre todo, entre la población con mayor ingreso (50%). La percepción de un realismo negativo sobre la democracia existente en Guatemala depende de cómo se la experimenta, por lo que llama a la reflexión el hecho que el porcentaje sea superior entre los ciudadanos con mayores recursos. El desacuerdo

2 Las categorías étnicas aquí utilizadas provienen de la pregunta sobre autoadscripción ét-nica. La categoría “ladino” se utiliza a pesar de su indefinición conceptual.

3 Este tema se abordó ampliamente en el informe del año 2005, Diversidad étnico-cultural: la ciudadanía en un Estado plural (PNUD: 2005).


es significativamente menor en las regiones Norte (4%) y Suroccidente (13%) y, asimismo, entre la población q’eqchi’ (15%), kaqchikel (9%), estudiantes (13%), desocupados (14%) y encuestados identificados como patronos (7%).

gráfica 2.2Desacuerdo con la afirmación de que en Guatemala vivimos en una democraciaporcentaje por región

Pregunta: ¿En Guatemala vivimos en democracia?; aquí sólo “en desacuerdo”.

2.3 Asociada de manera estrecha con el tema anterior se formuló una pregunta acerca de la “satisfacción que se tiene con la democracia existente” en el país. La anterior interrogaba sobre una percepción o una creencia, mientras que ésta se refiere a una opinión, una experiencia, y tal vez por ello las respuestas sean tan diferentes: un 41% coincidió en que se vive en democracia, pero sólo la mitad está satisfecha con la que tenemos actualmente. ¿Por qué tanta diferencia? Es probable que la explicación radique en una exigencia frente a la democracia muy común


entre la ciudadanía guatemalteca: acepta que la hay pero no le gusta porque le da poco.4 Un contundente 81% respondió que está poco o nada satisfecho (59% + 22% = 81%, ver gráfica 2.3) con la democracia existente hoy día en el país. Las diferencias en el nivel de satisfacción son significativas sólo si se las analiza regionalmente.

gráfica 2.3 Satisfacción con la democracia según regiónporcentajes

Pregunta: ¿Qué tan satisfecho está usted con la democracia que tenemos hoy en Guatemala?

2.4 Otra pregunta se relaciona con los aspectos de tolerancia o discriminación étnicas o, más bien, con el reconocimiento o rechazo frente a las diferencias étnicas. Se interroga acerca de 4 Son frecuentes las encuestas que preguntan sobre el apoyo/satisfacción/confianza en la

democracia y bien conocidas las respuestas de un extendido desamor por ella.


si el entrevistado “aceptaría que una hija suya se casara con un indígena o ladino” (según el caso). La pregunta misma, dicho con ánimo autocrítico, ya encierra o denota un prejuicio, pues se basa en el supuesto de que un matrimonio interétnico podría no ser lo mejor para los hijos; sin embargo, se consideró válida en función del contexto de discriminación étnica ya discutido en la primera parte de este libro. Además, dados los prejuicios de género de la sociedad guatemalteca, se especificó hija en la pregunta por considerar que culturalmente tendría un peso importante en la respuesta de los encuestados.

En todo caso, para efectos de este análisis, las respuestas apuntan a una forma de conducta tolerante o no y que, además, es de doble dirección pues el “prejuicio” puede existir de un “lado” o del “otro” (hijo o hija).

Lo interesante es que al margen de distinciones básicas como el ingreso, la educación, el sexo o la edad, un 72% respondió que lo aceptaría gustosamente, vale decir, no tiene problema con un matrimonio de este tipo.

Un 19% de las personas encuestadas, de probable estirpe intolerante, dijo que “aceptaría con resignación” el matrimonio de un hijo o una hija con alguien distinto étnica o culturalmente y un 4% lo rechazaría. La aceptación gustosa es mayor en las regiones del sur (en el Suroriente un 91% y en el Suroccidente un 84%) y mucho menor en las regiones del norte. En congruencia con la región Norte (17% de rechazo), la población q’eqchi’ fue la que más manifestó su rechazo a la idea (12%). La gráfica 2.4 resume las respuestas de forma concentrada.

2.5 Puede resultar una información estratégica el poder identificar el sitio donde el ciudadano aprendió el valor de los derechos políticos a los que tiene derecho; en este caso, el espacio personal donde escuchó por primera vez —y luego muchas más— el tema del voto al que tiene derecho. Los


gráfica 2.4 Aceptación gustosa, resignación o rechazoporcentajes

Pregunta: Si su hija se casara con una persona indígena o ladina (según el caso), ¿usted lo aceptaría?


agentes de socialización —instituciones, grupos, asociaciones y organizaciones que directa o indirectamente contribuyen al proceso— son decisivos en los primeros años pero varían de acuerdo con las experiencias de cada persona. A la pregunta acerca de “dónde aprendió la importancia del voto como un derecho ciudadano”, el hogar aparece como el sitio más importante (56%), luego la escuela (31%) y, con menor importancia, la iglesia, la comunidad o el lugar de trabajo. No obstante, la escuela es más influyente entre los grupos jóvenes (37%), entre los alfabetos (33%) y entre los que tienen estudios universitarios (45%).

Complementa el sentido de la pregunta anterior, la que busca conocer si “en el hogar (donde el encuestado se formó) le permitían expresar su opinión libremente”. El sentido último es saber si el sujeto se formó en un ambiente “amplio” o “estrecho”, es decir, más permisivo o más autoritario. Las respuestas otra vez señalaron el hogar como el principal sitio de aprendizaje cívico y con ello puede darse un paso adelante en el conocimiento del tema del autoritarismo en el seno familiar, que se supone existe en la sociedad guatemalteca.

¿Qué porcentaje permitiría hablar de un hogar permisivo? Más de la mitad (60%) de los ciudadanos informó que siempre se le permitió hablar y emitir opinión sin mayores cortapisas; pero un 40% dijo que sólo en ocasiones o nunca se le permitió expresarse con libertad. Aparece aquí, la ominosa figura del padre “patriarcal”, dominante, prepotente, quien asume que el silencio es la mejor prueba de su indiscutida autoridad. Es significativa la diferencia en esta respuesta5 entre las personas del área urbana (65%) y rural (55%); entre los ciudadanos hombres (64%) y las mujeres (57%); y es particularmente baja entre los entrevistados de origen q’eqchi’ (32%). Se observa una asociación positiva significativa entre esta libertad y 5 Es decir, la respuesta afirmativa en cuanto que sí se les permitió expresarse.


mejores niveles de educación (véase gráfica 2.5). El 24% de los no alfabetizados manifestó no poder expresar sus opiniones nunca.

gráfica 2.5Libertad de expresión en el hogar Según nivel de educación

Pregunta: En el hogar donde se formó ¿le permitían expresar su opinión libremente?

2.6 Para una mejor comprensión de los hábitos del ciudadano, que son reflejo de su cultura democrática, tal como se argumentó en la primera parte de este texto, se han escogido dos preguntas relacionadas de varias maneras entre sí y con el ambiente político amenazado por el uso creciente de la violencia particular, o por juicios que descalifican la vida social. Una interroga acerca de “si le regalaran un arma, que


es legal, la portaría diariamente”; ésta, de forma aislada, no autoriza a calificar de autoritaria o violenta la personalidad del 15% que respondió afirmativamente. Además, hay diferencias significativas según la región: en el Noroccidente (30%) y en el Norte (20%) hay más respuestas positivas y en el Suroccidente, más negativas (5%). También revelan distintas formas de asumir la cultura política entre hombres y mujeres, presentadas en la gráfica 2.6.

gráfica 2.6Entrevistados que “portarían un arma (legal)”porcentajes

Pregunta: Si le regalaran un arma que es legal, ¿usted portaría esta arma diariamente?

Relacionada con la pregunta anterior aparece la opinión en cuanto a “estar en contra o a favor de la pena de muerte, independiente del delito”; de acuerdo con las encuestas que periódicamente realizan los medios escritos de comunicación social, una amplia mayoría en todo el país opina, en estos últimos tiempos, estar a favor de esta modalidad de castigo


límite. En efecto, los niveles de una conciencia ciudadana cansada por el clima homicida del pasado reciente parecieran acrecentarse frente a la calidad y cantidad de los crímenes.

gráfica 2.7A favor de la pena de muerteporcentaje

Pregunta: Independientemente del delito, ¿está usted a favor o en contra de la pena de muerte?

Aquí lo más importante es que se trata de la pena de muerte como la sanción primera e inmediata “independientemente del delito cometido”, por lo que es indicativo del estado de ánimo, de una revulsión de la cultura política democrática, que un 42% de ciudadanos (del 94% que respondió esta pregunta) esté a favor de esa sanción fatal. El resto, una mayoría de 58%


está en contra. Las diferencias son importantes tanto por sexo como por región (véase gráfica 2.7). Se debe subrayar que existe una relación entre la voluntad de portar armas y estar a favor de la pena de muerte, lo que es expresivo de un tipo de personalidad que viene surgiendo en espacios alterados por la inseguridad personal, como Guatemala en estos fatales años. Esa personalidad es partidaria de la justicia privada, por mano propia; ve con simpatía los anuncios políticos de “mano dura”, le atraen los métodos violentos, en suma, perfila una personalidad autoritaria.6 Así, el 73% de los que manifestaron que portarían arma, está de acuerdo con la pena de muerte, y el 66% de los que no portarían armas, está en contra de esa sanción.

No obstante, estar a favor de la pena de muerte no implica el deseo de querer portar un arma: el 70% de los que están a favor de la pena de muerte no portaría un arma. Pero, no estar a favor de la pena de muerte sí está altamente relacionado con la negativa a portar arma, el 92% de los que están en contra de la pena de muerte no portaría arma (véase la gráfica 2.8).

2.7 Continuando el recorrido de las variadas dimensiones de la ciudadanía y la democracia, arribamos a un aspecto realmente central. El telón de fondo de una ciudadanía democrática puede ser su interés por la política. Ya se dijo en la primera parte el desinterés o indiferencia que priva en el ambiente guatemalteco e internacional por los asuntos públicos en general y por los políticos, en particular. A la pregunta directa “tiene Ud. interés por la política”, un poco más de la mitad de los ciudadanos expresa la opinión de no tener ningún interés (54%) en tanto el resto lo tiene en diverso grado, hasta llegar a un bajo 4% que confiesa estar muy interesado.

6 En otros países se han aplicado índices sofisticados para “medir” el autoritarismo perso-nal; las dos preguntas comentadas no son suficientes para llegar a esas conclusiones, pero son indicativas de una cultura de violencia.


gráfica 2.8 Comparación entre aprobación de la pena de muerte y voluntad de portar un armaporcentajes

Otra pregunta, que complementa la anterior, se refiere a si el sujeto considera que es mejor una democracia que una dictadura militar. Las tradiciones culturales no siempre marchan paralelas a las tradiciones políticas y pareciera que las excepcionalmente duras condiciones vividas durante las dictaduras militares no se transmiten de una generación a otra, más bien ocurre todo lo contrario. En la cultura política de los guatemaltecos hay una nostalgia por la feroz autocracia ubiquista porque “había orden”. Sin duda que lo hubo, no sólo porque la época de los años treinta no tenía los factores criminógenos de la actualidad, sino también porque en una dictadura el orden no se implanta con la legalidad sino con la fuerza.

2.8 Las preguntas siguientes combinan la valoración de la democracia con el politicismo del ciudadano: “¿Siempre será mejor una democracia, aun cuando haya muchos problemas que


ésta no puede aún resolver?” Produce cierta turbación en el ánimo advertir que sólo un 45% de los ciudadanos está de acuerdo con esa percepción, y de este porcentaje casi la mitad se declara desinteresada por la política (24%), lo cual debe interpretarse como la existencia de bases ciudadanas muy débiles en el respaldo a la democracia.

Cuadro 2.1Interés en la política y acuerdo con la democracia como opción a una dictadura militarporcentajes

Mejor la democracia que dictadura militar

De acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo Total

Interés en

la política

Muy interesado 2.4 0.7 0.5 3.7

Algo interesado 18.5 13.7 10.7 42.9

Nada interesado 24.0 17.2 12.3 53.4

Total 44.8 31.6 23.6 100.0

Pregunta: En Guatemala vivimos con muchos problemas sin resolver. Sin embargo, se dice que siempre será mejor una democracia que una dictadura militar. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo?, y En general, ¿qué tan interesado está usted en la política?

La figura ideal sería que el ciudadano sostén de ésta debería expresar un fuerte interés por la política, pero sólo un 2.4% lo está; en sentido contrario —y negativo— están los que prefieren una dictadura y no están interesados en la política (12.3%) Los que creen que no siempre es mejor una democracia (¿prefieren una dictadura militar?) ascienden a un 23.6%, del cual a la mitad (un 12.3%) no le interesa la política. El ciudadano apolítico y nostálgico de la dictadura no es un guatemalteco extraño, pues es bien sabido que los pilares sociales de la ciudadanía aún están en vías de consolidación. En todo caso, nótese que es mayor el número de quienes no tienen interés en la política que aquellos que reconocen la vida democrática como preferible a una alternativa autoritaria (54% frente al 45%).


2.9 Siempre vinculadas con el tema del ciudadano democrático, hay otras preguntas relacionadas con las respuestas arriba comentadas. Una se refiere al hábito de conversar de asuntos políticos lo cual, sin duda, es un componente de la cultura política; para que ésta sea democrática en una sociedad como la guatemalteca, la utilización o el recurso del diálogo es una manera directa y civilizada de sustituir al conflicto. Otra pregunta parecida y complementaria se refiere a si la persona encuestada participa o no en una conversación que aborde temas de política. Una gran mayoría (62%) escoge la opción de escuchar pero no opinar; frente a ello, una generalidad neutral, apolítico y, aun más, extremo, porque es una forma de temor, de apoliticismo activo, es retirarse del grupo cuando empieza a conversar temas políticos (20%). Sólo el 17% manifestó que participa en la charla. Son muy pocos.

El otro tópico es la voluntad de “concertar” en lugar de violentar los diferendos en una comunidad política, lo que debe ser considerado como un instrumento de la cultura cívica; las respuestas expresadas para este aspecto se presentan en el cuadro 2.2.

Cuadro 2.2Primera opción para resolver diferenciasporcentajes

Porcentaje

Dialogar para arreglar el asunto 82

Acudir con las autoridades correspondientes 17

Usar la fuerza si es necesario 1

Total 100

Pregunta: Vamos a suponer que usted tiene un problema legal con su vecino o vecina, ¿qué es lo primero que se le ocurre?


Antes de proponer una interpretación hay que advertir que se refiere a un asunto legal, por lo que dialogar puede ser una manera de evitarse la carga a veces muy pesada de un proceso judicial. No obstante lo anterior, la pregunta puede ser equívoca pues no especifica el tipo, el monto o la magnitud del problema que, a veces, en una relación de vecindario como lo prueba la vida diaria, puede llegar a ser un asunto de vida o muerte. Sin embargo, si ocho de cada diez personas indican que prefieren el recurso del diálogo como decisión inicial, resulta ser importante como parte de una actitud más próxima a una cultura democrática.

2.10 Finalmente, en este tramo del recorrido por identificar rasgos de una cultura democrática, hay una dimensión que se califica de forma genérica como actitud “pluralista” y de manera más específica como “tolerante”, entendida en este caso como una conducta de respeto o aceptación frente a personas que son percibidas como diferentes: en este caso, por el género y el origen étnico, y se pregunta si se considera poca o abundante la presencia de mujeres e indígenas en el Congreso. Existe un debate sobre la forma en que se distribuye la representación política y el poder en nuestra sociedad de grupos diferentes, que se mueve entre la discriminación racial y la inequidad de género.

En su expresión más evidente, se plantea el tema de la discriminación como un asunto de injusticia frente al dato democrático del número; no es propiamente un desinterés frente a la “ley de la mayoría”, sino la cuestión sustantiva de la representatividad. Se le llama una injusticia numérica porque apunta al hecho de que las mujeres constituyen la mitad de la población nacional (y de la empadronada)7 y, a

7 Por ejemplo, en México las mujeres representan el 51.8% del padrón (2008); en Costa Rica, el 50% (2008); en Bolivia, el 50.5% (2008); y en Guatemala, el 47% (junio de 2008). Debe aclararse que la justicia va más allá del tema numérico, en el sentido que este último no siempre asegura la primera.


pesar de ello, no les corresponde una representación numérica proporcional. Algo que también ocurre con los indígenas, cuyo número está cercano, más o menos, a la mitad de la población guatemalteca.

A pesar de que hay una asociación muy alta entre las respuestas sobre la cantidad de indígenas y de mujeres en el Congreso (81% de coincidencia), se aprecian algunas diferencias destacables. Se asume que son más “tolerantes” o “pluralistas” quienes consideran que hay pocos indígenas y mujeres. El 60% cree que hay pocas mujeres y el 56% que hay pocos indígenas, lo que revelaría que consideran más importante la presencia de mujeres que de indígenas (véase el cuadro 2.3).

2.11 De acuerdo con la experiencia en la vida pública, el ciudadano pareciera ser más influenciable por la información que diariamente trasladan los medios de comunicación social, que por los resultados directos de sus experiencias personales. Nos referimos a la opinión o la confianza que tiene en las instituciones públicas lo cual, en síntesis, se convierte en el respaldo que le brinda o no al Estado y al orden público

Cuadro 2.3Percepción sobre cantidad de indígenas y mujeres en el Congresoporcentajes*

Mujeres

Pocas Suficientes Muchas Total

Indígenas

Pocos 51.0 3.9 1.2 56.0

Suficientes 6.1 23.8 2.3 32.2

Muchos 2.9 2.5 6.3 11.7

Total 60.0 30.2 9.8 100.0

* Nota: del total de quienes respondieron las dos preguntas (89%).Pregunta: ¿Qué piensa de la cantidad de indígenas/mujeres en el Congreso?


existente. Lo anterior supone que en una sociedad de honda raigambre democrática, estable y con un Estado de Derecho, los ciudadanos tienen confianza en las instituciones que ordenan la vida pública (véase la gráfica 2.9).

Estos resultados ratifican un cierto sentido común imperante y lo que en buena parte es el resultado de una sistemática (des) información por parte de la prensa y la televisión que, en virtud de la lucha contra la corrupción y la divulgación de la ineficacia institucional, pocas veces informan sobre los aciertos de las instituciones públicas. No se analizan aquí las razones por las cuales los medios informan de esta manera; sin embargo, vale la pena subrayar, por un lado, el respaldo que la población otorga a dos instituciones claves de toda sociedad: la escuela y la iglesia, que aún son reductos de alguna confianza y credibilidad; y, por el otro, la profunda desconfianza en los partidos políticos, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Congreso, instituciones básicas del Estado. ¿Opina así porque los medios lo dicen cuando denuncian corruptelas o ineficacias o porque tiene experiencias directas en su vida diaria?

2.12 El tema de la cultura impositiva tiene diversas articulaciones con la confianza institucional y con la cultura política democrática. Recuérdese que el ciudadano no sólo es ejecutor de derechos sino también portador de obligaciones, entre ellas, pagar impuestos y respetar la ley. No es casual que a la pregunta sobre si “los impuestos le parecen altos o adecuados”, un 88% elija la primera alternativa y las diferencias entre las categorías básicas sean menores, sin importancia, lo que revela una fuerte unanimidad. No obstante, ese alto porcentaje de los que creen que los impuestos son muy altos es menor entre las personas con formación universitaria (70%)8 y sólo una minoría cree que son adecuados (12%).

8 Sólo son significativas las diferencias entre grupos según nivel de escolaridad.


gráfica 2.9Confianza en las instituciones porcentajes*

* Nota: cálculo limitado a quienes respondieron la pregunta.

Esas respuestas tienen que ser analizadas teniendo presente el escenario particularmente negativo de una cultura política que estimula la evasión impositiva y que reproduce la ilegalidad. En Guatemala, la relación entre el crecimiento del PIB y el estancamiento o retroceso del total de impuestos pagados forma parte de una larga historia fiscal, de permanentes “desencuentros” entre las necesidades públicas y la ayuda del mundo privado. Los impuestos son parcialmente regresivos


y el más importante es el IVA, lo que se traduce en que, en proporción, pagan más quienes consumen para la subsistencia que quienes tienen mayor capacidad de ahorro.

2.13 Véase ahora lo relativo al ejercicio del principal de los derechos políticos, la participación electoral mediante el voto, que por cierto tiene, relativamente, poco tiempo de ser un derecho universal.9 El punto de partida en este rápido análisis es una pregunta básica ya analizada párrafos atrás, que busca encontrar el interés ciudadano por los asuntos políticos, pues se supone que en función de los ámbitos de ese interés se participa más, menos o, simplemente, no se hace. Así, tiene un significado especial que sólo el 46% de los ciudadanos expresara al menos “algún interés en los asuntos políticos”, actitud cívica que es mayor entre los hombres y entre la población alfabetizada. Hay una asociación débil pero significativa, en términos

9 Como se indicara en la primera parte, este derecho estuvo restringido desde la Cons-titución de 1823 y la liberal, de 1876: no votaban ni las mujeres ni los analfabetos, sólo podían los hombres alfabetos, mayores de edad y que tuvieran alguna propiedad. El voto censitario desapareció después de 1960.

gráfica 2.10 Interés por temas políticosporcentaje* según variable

* Nota: de quienes respondieron tener interés.


estadísticos, entre edad e interés en la política, manifestando los más jóvenes mayor interés. Más acentuada es la relación con el nivel educativo (véase la gráfica 2.10).

Es interesante la distribución acerca de la manera de ejercer el sufragio —derecho político central en una democracia— y su relación con el interés por la política. El número de ciudadanos que votan es mayor que el de aquellos que manifiestan su atracción por hacer política. En el cuadro que sigue (2.4) los resultados son obvios: quienes tienen interés político votaron en un 75% de ambas elecciones (2007), porcentaje distante de los que no tienen ningún ánimo por la política y, seguramente por ello, no votaron (33%).

Cuadro 2.4Interés en la política y participación en la última elecciónporcentajes

No votó Primera Ambas Segunda Total

Interés en la política

Mucho 15.5 7.3 74.5 2.7 100.0

Algo 20.8 7.5 70.5 1.2 100.0

Nada 32.9 5.4 60.9 0.7 100.0

Total 27.2 6.3 65.5 1.0 100.0

2.14 La encuesta se ocupó de algunos temas que sólo tienen cierta referencia al de la condición ciudadana. Uno de ellos es el relativo a un fenómeno de introspección entendido como la valoración que la gente hace de su propia vida, cómo la experimenta y el grado de malestar que ella le produce en términos de su percepción del futuro personal. Se trata de una inevitable pregunta, que aparece formulada de mil maneras en todas las encuestas: “cómo se ve el futuro personal o del país”. Ya es bien conocido el alto nivel de desesperanza generalizada


común a toda la población guatemalteca, sin duda debido a experiencias personales y/o familiares adversas.

A pesar de que la encuesta refleja una proporción importante de jóvenes, que ya no experimentaron ni el conflicto armado ni las dictaduras militares, y pese a mejoras visibles en la oferta de bienes y servicios, en la ampliación de oportunidades10 y el clima permisivo de la democracia; no es extraño que para la pregunta “cómo piensa usted que estará Guatemala dentro de un año”, las respuestas tengan una gradación descendente desde un “estaremos mucho peor” (6%), “peor” (44%) hasta “igual” (35%) en función de la edad de mayor a menor. Sólo un 15% piensa que podríamos estar “mejor” o “mucho mejor”.

El tema sobre las percepciones de la propia vida o la del país se repitió pero con una perspectiva de largo plazo, diez años. La alternativa de que estará “mucho peor” alcanza el 27% 10 La evolución del Índice de Desarrollo Humano (íDH) es sensible a esta mejora: en 1989

fue de 0.538; en 2000, de 0.634; y en 2006, de 0.702, es decir, mejoró en 0.164 (un 30%). Sin embargo, en comparación con el íDH del resto del mundo, mantenemos un íDH medio, sin mayor variación.

gráfica 2.11Esperanza sobre la situación del país. porcentaje

Pregunta: ¿Cómo estará el país en el futuro?


y la de “mejor” o “mucho mejor”, apenas un 15%. La variedad de respuestas entre las diversas categorías sugiere un cierto desconcierto, pues quienes escogieron que en una década el país estará “peor” fueron el 28%, y que todo seguirá igual, el 18%. El que ocho de cada diez guatemaltecos perciban el 2018 como peor revela la más preocupante de las situaciones; son “los pesimistas de largo plazo” que sin quererlo predican la profecía autocumplida: lo que es real en sus posibilidades, es real

Cuadro 2.5Esperanza sobre la situación del país, según características de la muestra porcentajes

¿Cómo estaremos en un año? ¿Cómo estaremos en diez años?

Mejor Igual Peor Total Mejor Igual Peor Total

Total 14.9 35.2 49.9 100.0 20.7 24.4 54.9 100.0

Etnicidad

Indígenas 16.8 43.8 39.4 100.0 25.1 27.1 47.8 100.0

Ladinos 13.9 31.0 55.1 100.0 18.6 23.1 58.4 100.0

Alfabetismo

Sí 15.4 34.2 50.4 100.0 21.2 23.6 55.2 100.0

No 9.9 42.2 47.9 100.0 14.8 30.7 54.5 100.0

Grupo etario

18 a 29 años 18.1 34.1 47.7 100.0 23.4 24.7 51.9 100.0

30 a 49 años 12.4 36.6 51.0 100.0 18.8 24.1 57.0 100.0

50 años y más 14.4 33.2 52.4 100.0 19.6 24.0 56.3 100.0

Estrato de ingresos

Menos de US$200 15.6 33.7 50.7 100.0 18.6 22.3 59.1 100.0

US$200 a US$400 14.4 38.3 47.2 100.0 20.5 28.4 51.1 100.0

US$400 y más 14.2 29.0 56.7 100.0 28.1 17.4 54.4 100.0


en sus consecuencias. O simplemente, formulada al contrario: para vivir mejor hay que desearlo.

Hay, en este tema, diferencias significativas por región, etnicidad, ingreso y edad. El realismo del pesimista es mayor en las regiones Suroriente y Nororiente. y menor en Petén y el Norte; los grupos indígenas exhiben un menor desaliento frente a lo que viene (véase la gráfica 2.12). ¿Qué significado tiene el futuro para unos y para otros a partir de las diferencias culturales? Estas tendencias se repiten tanto en la visión de un año, como en la de diez años.

2.15 Por diversas razones relacionadas no únicamente con el conflicto armado interno, sino con la crisis económica, el estancamiento que se alargó castigando a dos generaciones (1980-2009), las pocas oportunidades de trabajos mejor remunerados, la atracción más que simbólica que producen los niveles de vida más altos de los países desarrollados, en suma, por la oportunidad de prosperar, Guatemala se ha convertido en un país exportador de mano de obra, por no decir “expulsor” de recursos humanos; este fenómeno cobra creciente importancia en su otra faz, el envío de remesas que se transforman en una clara estrategia de escape de la pobreza para muchas familias.11 Se plantearon varias preguntas sobre el tema, de las cuales la decisiva es la relativa a “la disposición de migrar”. Un 68% de los entrevistados respondió que “no” a la pregunta de “si pudiera se iría a vivir a otro país”.

Se encontró una asociación significativa entre la intención de migrar y las variables sexo, área, edad y educación: hay una mayor inclinación por la idea de irse del país entre la población urbana, hombres, jóvenes y los de mayor nivel educativo (véase la gráfica 2.13).

11 Véase el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008 (PNUD, 2008), capítulo 11.


gráficas 2.12 a y bEsperanza sobre la situación del país

Pregunta: ¿Cómo estará el país en un año?


gráfica 2.13Disposición a la migración internacionalporcentajes según características de la muestra

Pregunta: Si pudiera, ¿se iría a vivir a otro país? Aquí sólo “sí”.

recuadro 2.1Algunos datos actualizados sobre la realidad social del país

Finalmente, hay algunas preguntas que buscaron obtener información sobre aspectos nuevos, útiles o simplemente particulares de una realidad social cambiante. Para la pregunta relativa a la religión practicada se obtuvieron los siguientes resultados, que aunque no pueden considerarse generalizables al ámbito nacional pueden identificar una tendencia sobre la religión que la población guatemalteca practica. El 55.4% de las personas encuestadas se agrupa en la religión católica, mientras un 39.7% se considera evangélico; los porcentajes de otras religiones (1.6%) y ninguna religión (3.3%) son poco representativos.

De igual manera, en un plano meramente informativo, resulta interesante saber los porcentajes de personas que informaron tener teléfono celular. Un alto porcentaje


Total

Mam

Q’eqchi’

Kaqchikel

K’iche’

Otro

Mayas

Ladinos

0% 20% 40% 60% 80% 100%

55.4 39.7

41.8 53.1

46.8 44.6

47.8 50.2

55.0 38.0

55.3 42.2

57.7 37.4

Católica

Evangélica

Otra

Ninguna

(63.3%) cuenta con teléfono celular y, como era de esperarse, ello está en relación directa con los ingresos de la población encuestada (como se puede ver en la gráfica 2.15) y con el nivel educativo. Si bien sobre este aspecto podrían hacerse otras consideraciones relativas a la “revolución” en la comunicación interpersonal, los datos son importantes en función de la capacidad de acceso a la tecnología.

gráfica 2.15Propiedad de teléfono celular. por nivel educativo e ingresos

Pregunta: ¿Tiene teléfono celular?

SI NO

Ninguno

Primario

Terci

ario

Secundario

Menos de U

$200

De US $ 200 a

US $ 400

Más de U

S $ 400

Nivel educativo Ingresos

63.0

36.6

41.8

56.7

20.5

79.1

8.5

90.8

92.2

46.8

27.3

71.6

14.3

84.9

gráfica 2.14Religión que se practica. por grupo étnico

Pregunta: ¿Qué religión practica usted?


3. Sobre el apoyo ciudadano a la democracia

El resurgimiento de la democracia en América Latina desde la década de 1980 no ha sido un proceso lineal, intenso ni ascendente; por el contrario, ha sido un recorrido sinuoso, con avances pero también con estancamientos y reversiones. Quizás porque este movimiento ha sido tan impreciso, y porque su resurgimiento en la región ha estado rodeado de muchos obstáculos y expectativas, no tardaron en aparecer dudas y preocupaciones sobre la evolución de este régimen político y con el respaldo que goza por parte de sus ciudadanos.

Como coinciden varias declaraciones, estudios y balances sobre el estado de la situación, aún se vive una democracia vulnerable o no consolidada12 y, mientras tanto, no se sabe con claridad cuáles han sido los efectos que este proceso tiene en la sociedad. No hay que olvidar que la antesala del proceso de democratización la constituyó una prolongada dictadura militar que también difundió su particular corriente de opinión y tuvo apoyo social. De manera que, por oposición, aquí también vale preguntarse cuánto de este legado subsiste. Por ser un régimen, el democrático, que se ha alejado, pero no lo suficiente, de su pasado, existe la duda sobre cuál es el apoyo social que ésta tiene o, a la inversa, cuál es el rechazo que produce. El tema sobre la conciencia democrática de la población guatemalteca es todavía objeto de disputa.

La importancia del mismo es preocupación de buena parte de las encuestas de opinión pública lanzadas desde mediados de los noventa y que dan atención a este fenómeno: el apoyo que los

12 En Latinobárometro (2008: 104) el desconcierto no puede explicarse mejor «no está para nada claro que estas democracias vayan evolucionando hacia lo que son hoy las demo-cracias occidentales más desarrolladas (…) Estos 30 años de transición muestran la lenta velocidad de cambio como factor principal a aprender para lograr comprender la manera como se consolidan las democracias en la región».


ciudadanos brindan a la democracia.13 Sobre el tema, tal como se menciona en una de las publicaciones del PNUD,14 pueden identificarse diferentes tipos: uno que califica a los ciudadanos como leales, desleales e indecisos; otro que registra la orientación y las preferencias de los ciudadanos entre los que apoyan la democracia (democráticos), los indecisos (ambivalentes) y los que no la apoyan (no democráticos).

Debido a dicha preocupación se conformó un Índice de Apoyo a la Democracia15 (IADem) que nos permite aproximarnos al fenómeno. Para el IADem se toman como referencia tres preguntas:

a) “¿En Guatemala vivimos en democracia?”; como indicador de la valoración personal sobre la democracia en el país.

b) La segunda (“mejorar la democracia ayudaría a reducir la pobreza”) es un indicativo de la confianza en el régimen político, sobre todo en su capacidad de lidiar con las desigualdades sociales.

c) La última pregunta se basa en la afirmación de que “en Guatemala vivimos con muchos problemas sin resolver, sin embargo…”, y se solicita a la persona expresar si está o no de acuerdo con que siempre será mejor una democracia que una dictadura militar.

Aunque no tenemos una explicación totalmente elaborada sobre el comportamiento en las preferencias de la ciudadanía,

13 Antecedentes de este tipo de sondeos los encontramos en Europa desde la década de 1970. Para el caso de América Latina, en este apartado utilizaremos comparativamente dos estudios de opinión pública importantes, a saber: Latinobarómetro y Latin American Public Opinion Project (LAPOP), cuyos informes se publican desde 1995. Aunque en estos estudios el modo de discernir este comportamiento varía, en ellos siempre subyace una línea comunicante entre democracia y autoritarismo.

14 PNUD (2004: 202).

15 Para detalle sobre la construcción del índice y la categorización de los grados de apoyo a la democracia aquí utilizados, referirse al Anexo, cuadro a.1.


proponemos algunos análisis que podrían explicar estos resultados:

a) Confianza en el futuro del país. La expectativa es que entre mayor sea el apoyo a la democracia se tendrá más confianza en el futuro del país. Como puede apreciarse en la gráfica 3.2, la perspectiva anterior no se verifica ni en el corto plazo (un año) ni en el largo plazo (diez años). Por ejemplo, del total que respalda la democracia, sólo el 19% y el 26%, respectivamente, piensa que el país estará mejor en esos lapsos de tiempo.

b) Desempeño del régimen. En el cuadro 3.1 se analiza el apoyo a la democracia en función de la valoración que la persona encuestada hace del funcionamiento de la misma. Los resultados expresan una actitud negativa pero congruente: de los ciudadanos que apoyan la democracia, sólo el 16% considera que funciona bien y el 74% está poco o nada satisfecho con ella.

gráfica 3.1Apoyo a la democracia según IADem porcentaje


Cuadro 3.1Opinión sobre el desempeño del régimen según grado de apoyo a la democracia

TotalApoyo a la democracia (IADem)

Apoya Ambivalente No apoya

¿Cómo cree usted que funciona la democracia en Guatemala?

Bien 10 16 5 2

Regular 51 57 58 31

Mal 39 27 36 67

Total 100 100 100 100

¿Qué tan satisfecho está usted con la democracia que tenemos hoy en Guatemala?

Satisfecho 19 26 15 5

Poco satisfecho 59 63 66 46

Nada satisfecho 22 11 19 49

Total 100 100 100 100

19.3

Apoya Ambivalente No apoya TotalApoyo a la democracia

26.0

14.0

19.3

6.89.7

15.2

20.8

En un año En diez años

gráfica 3.2Confianza en un mejor futuro del país según el grado apoyo a la democracia*

* Nota: porcentaje que respondió “mejor” o “mucho mejor” según clasificación del IADem.


c) Confianza institucional y política. En el cuadro siguiente (3.2) se asume un supuesto elemental: se espera que quienes otorguen más apoyo a la democracia opinen mejor sobre las instituciones.

Las diferencias entre ambos extremos reflejan una tendencia interesante. El nivel de asociación entre el grado de apoyo a la democracia y la confianza en las instituciones es fuerte, principalmente para el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) —ambas instauradas con la democracia.

Con menor nivel de asociación, pero igualmente importante de observar por otras razones está la confianza en el Congreso, los Juzgados, las Municipalidades, los partidos políticos y la PNC —actores fundamentales en un régimen democrático. En estos casos, quienes apoyan a la democracia confían más en estas instituciones, a pesar de que, en general, las mismas cuentan con bajos niveles de confianza.16

Niveles de asociación de un solo dígito se dan en instituciones más cercanas y cotidianas: centros de salud, comités comunitarios de desarrollo (COCODES), escuelas e iglesias. Estas instituciones cuentan, por sí mismas, con altos niveles de confianza: 61.5%, 59.9%, 86.1% y 85.2%, respectivamente, y todas ellas —salvo, quizás, los Cocodes— tenderían a permanecer por tratarse de instancias de servicio público, aun en regímenes no democráticos. Por ello es comprensible el bajo nivel de asociación entre variables y una confianza en ellas mucho más independiente al grado de apoyo a la democracia.

Un último indicador de confianza política se registra en la a) pregunta “¿para el beneficio de quién funciona la democracia

16 Si ordenamos los grados de confianza en las instituciones de menor a mayor, las que encabezarían la lista serían: partidos políticos, Congreso, PNC y Juzgados.


en Guatemala?” Como lo muestra la gráfica 3.3, el 51.3% de quienes apoyan la democracia considera que ésta beneficia a todos, mientras que el 78.9% de quienes la rechazan, al contrario, piensa que funciona para beneficio de algunos. Estos datos muestran que la confianza política está relacionada con el apoyo a la democracia.

Cuadro 3.2Confianza en instituciones* según categoría de apoyo a la democracia

Institución TotalIADem

Nivel de asociación**Apoya la

democracia Ambivalente No apoya la democracia

Procurador de los Derechos Humanos

48.2 58.1 44.5 27.8 40.6

Tribunal Supremo Electoral

35.8 42.7 33.0 21.9 20.7

Congreso 26.7 32.7 23.7 15.2 17.3

Juzgados 35.0 41.0 33.8 22.0 17.2

Municipalidades 57.4 63.8 54.7 44.7 16.7

Partidos políticos 23.6 28.7 22.5 12.9 15.0

Policía Nacional Civil 31.5 37.2 27.9 21.1 14.0

Ejército 47.9 53.7 44.3 37.5 12.2

Centros de Salud – hospitales 61.5 66.3 56.3 54.1 8.4

Comités comunitarios de desarrollo

59.9 63.9 59.9 50.5 8.1

Escuelas 86.1 88.9 81.8 82.9 5.4

Iglesias 85.2 87.4 82.2 82.2 3.3

* Porcentaje que declara tener confianza (de alguna a mucha) en la institución.** Nivel de asociación entre el IADem y la confianza en la institución [log(1/sign Chi)].


3.1 El significado que los guatemaltecos dan a la democracia

En la noción convencional de democracia —la que el sentido común reproduce— los ciudadanos entremezclan ideas sobre la democracia como un valor substantivo y como un valor instrumental.17 La encuesta recoge la percepción entre lo que podría ser una definición normativa de la democracia y otra procesal. Producto de esa interacción, el concepto de democracia varía de un tiempo a otro.

17 Como ya se indicara en la primera parte de este libro, el valor substantivo se refiere a la forma de organizar la libertad y buscar la igualdad en la comunidad política, y el valor ins-trumental, a la elección de los gobernantes y la exigencia de satisfacción de los propósitos del bien común.

gráfica 3.3Confianza política según grado de apoyo a la democracia

Pregunta: ¿A quién beneficia la democracia?


En esta sección se hace un análisis para comprender las actitudes ciudadanas y su cultura política frente a la democracia. El interés de la encuesta es el sentido de la democracia, la impresión que deja en la ciudadanía la experiencia de vivirla cotidianamente. Siendo así, se formuló una primera pregunta que interroga “para qué sirve la democracia vigente”, con un formato que da varias opciones de respuesta pero, además, deja que la persona encuestada tenga la libertad de formular otra opinión diferente; esta última opción amplió las alternativas de respuesta a otras tres más.

Cuadro 3.3Significados de la democraciaporcentajes

Respuestas (%) Significados

Elegir nuestros gobernantes 37.3

ProcesalSer representados 19.7

Para el respeto de los derechos 9.5

Procurar el bienestar de la población 13.8Instrumental

Para transformar el país 19.7

Total 100.0

Pregunta ¿Cree usted que la democracia sirve en Guatemala, mayormente para…?

Es importante la percepción que se identifica con las prácticas procesales de la democracia, es decir, a favor de unos procedimientos instituidos y compartidos universalmente, fundamentados en la legitimidad y el predominio de la ley, así también, en la delegación de poder y de gobierno. Esta identificación con la parte procesal es de 66.5%. En el segundo lugar de la percepción ciudadana de la democracia está la obtención de beneficios concretos, como el bienestar y


el progreso; de ahí su calificación de utilitaria (33.5%).18 La imagen final que se obtiene sobre el significado de la democracia es que ella se afirma en definiciones procesales o normativas y de manera secundaria en criterios instrumentales, casi en una relación de dos a uno.

Esta primera aproximación a la forma como los guatemaltecos entienden la democracia nos pareció interesante pero insuficiente, por estar planteada desde una sola pregunta. Por ello, para mejorar el análisis sobre los significados de la democracia se propusieron tres dimensiones analíticas de la democracia en tanto modelo de organización política. La primera pone a prueba el apoyo a la democracia, sobre una dictadura, cuya direccionalidad debería expresar correspondencia según los valores de democracia encontrados. La segunda se cuestiona sobre la equidad en la democracia, es decir, se analiza si se espera que una democracia genere resultados justos y equitativos. Una última dimensión se asocia con la participación ciudadana, sabiendo que el régimen político debería facilitar ciertas vías institucionales que permitan que la ciudadanía tenga oportunidad de influir en las decisiones públicas.

Se relacionaron preguntas sobre la pertinencia de la democracia y los mecanismos para ejercerla. Al final, las tendencias generales manifiestas son:

a) La indecisión y el desacuerdo para respaldar la democracia en conjunto es más fuerte que el apoyo a la misma.19

18 En la encuesta de LAPOP (2006) para Guatemala, la noción procesal o normativa también fue predominante en la ciudadanía (55.9%), aunque la noción instrumental ocupó el tercer lugar con un porcentaje bastante bajo (7.5%). En dicha encuesta, el segundo lugar lo ocu-pó la ciudadanía que no tenía una opinión formada al respecto.

19 Cabe la posibilidad que tengamos aquí otro fenómeno de volatilidad, en parte inducido por el incremento de la violencia y la inseguridad en el país, el cual tiene como correlato la demanda de control y castigo por cualquier vía, legal o extralegal.


b) Se cuestiona que el régimen político opere equitativamente, es decir, que busque el beneficio de todos.20

c) Los ciudadanos privilegian los procesos electorales y las vías orgánicas de participación en consejos de desarrollo u organizaciones sociales como mecanismos para influir en las decisiones de gobierno. Ello mostraría que los ciudadanos creen que existen modos de incidir en la política pública y confían en su actuación directa más que en las intermediaciones políticas.

Un análisis de cada grupo revela también otros clivajes en torno a la percepción de la democracia, que se revelan en el cuadro 3.4. Por ejemplo, de esta ciudadanía que tiende a interpretar

20 A una pregunta bastante similar en Latinobarómetro (2008), la opinión de que la democra-cia en Guatemala beneficia sólo a ciertos grupos representó el 69% de los ciudadanos, te-niendo una media latinoamericana del 70%, es decir, un porcentaje mayor que en nuestra encuesta.

Cuadro 3.4Dimensiones sobre el significado que se da a la democracia

TotalSignificados

Procesal Instrumental

¿Es mejor una democracia que una dictadura?

De acuerdo 46.0 44.2 49.6

Parcialmente 31.5 34.5 25.5

En desacuerdo 22.5 21.3 24.9

Total 100.0 100.0 100.0

¿Para beneficio de quién funciona la democracia en Guatemala?

De todos 41.8 40.5 44.4

De algunos 58.2 59.5 55.6

Total 100.0 100.0 100.0

¿Con qué tipo de mecanismos se puede influir en las decisiones gubernamentales?

Electoral 41.3 41.0 41.9

Social 39.3 37.4 43.1

Político 7.1 6.3 8.7

No se puede 12.2 15.2 6.3

Total 100.0 100.0 100.0


que la democracia sirve más procesal y normativamente: a) son porcentualmente menos los que apoyan la democracia sobre una dictadura; b) un mayor número piensa que la democracia sólo beneficia a algunos (59.5% vs. 55.6%); y c) más personas consideran que no se puede influir de ninguna manera en las decisiones gubernamentales (15.2% vs. 6.3%).

Por otro lado, entre quienes piensan en la democracia de manera más instrumental se encuentran los siguientes hallazgos: a) son porcentualmente más los que están en desacuerdo —total— de que la democracia es mejor que una dictadura (24.5% vs. 21.3%); b) es mayor el porcentaje de los que piensan que la democracia funciona para el beneficio de todos (44.4% vs. 40.5%); y c) son porcentualmente más quienes consideran que para influir en las decisiones es necesario un mecanismo de participación social (43.1% vs. 37.4%).

Otra opinión es que la oportunidad de influir a través del mecanismo electoral resulta, para ambos grupos, preferente (41% vs. 41.9%), aparentemente, porque cada cierre de ciclo permite deshacerse de los antes elegidos, de manera que la apuesta no está en cambiar el futuro sino en castigar el pasado.21 En esta misma línea de argumentación, la alta valoración del mecanismo electoral a la par de una muy baja estima de sus actores políticos revela que la competencia electoral, como elemento clave en la parte procesal de la democracia, es más aceptada como norma y menos por sus resultados; no es el procedimiento el que está en discusión sino su oferta, que al final defrauda las aspiraciones sociales. Así, lo que obtenemos es una democracia no tan sólida en lo político y aún más rezagada en lo social.

21 En relación con el tradicional mito de que, en Guatemala, no hay partido político que repita sus resultados electorales anteriores, ni mantenga altos niveles de credibilidad luego de un período de gobierno.


4. Las mujeres en la encuesta

En esta oportunidad, además de las reflexiones globales anteriores se ha buscado analizar las diferentes formas como las mujeres se relacionan con los temas que nos ocupan: democracia, ciudadanía, participación, cultura política, etc., teniendo a la vista datos que se acercan a las apreciaciones de quienes han estudiado la construcción del género y el desenvolvimiento de las mujeres en la vida política, poniendo el énfasis en la construcción de una ciudadanía diferenciada a partir de una apreciación de lo que ellas mismas tienen que decir..

Para este fin se hicieron análisis estadísticos con todas las preguntas de la encuesta, y se les relacionó con la variable sexo. De esta manera, se encontraron por lo menos dos tipos de resultados: a) aquellos en los que las mujeres comparten apreciaciones con el resto de la ciudadanía; y b) resultados que permiten hacer valoraciones sobre las diferencias existentes entre hombres y mujeres en los temas que nos han ocupado a lo largo de este libro. En los primeros, las respuestas brindadas por hombres y por mujeres no varían sustancialmente e incluyen las percepciones sobre la democracia y la confianza en las instituciones.

Como puede observarse en la gráfica 4.1, las mujeres en tanto ciudadanas pertenecientes a la comunidad nacional, legitiman, califican o descalifican las instituciones de manera similar que sus pares hombres; según estos resultados, ambos tienen valores similares en la apreciación de la democracia y en los patrones de preferencia por un gobierno democrático que por uno autoritario. En estos casos, son mucho más explicativas la región y la etnicidad, que la construcción de género.


gráfica 4.1Confianza en instituciones seleccionadasporcentaje*

* Nota: aquí sólo “mucha” y “alguna” confianza.Pregunta: ¿Qué tanta confianza tiene usted en…?

gráfica 4.2Mejor una democracia que una dictaduraporcentaje por sexo

Pregunta: En Guatemala vivimos con muchos problemas sin resolver. Sin embargo, se dice que siempre será mejor una democracia que una dictadura militar, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo?

Iglesia Escuela COCODES Partidos P.

84.0

Hombre Mujeres

84.6 85.6 84.6

59.5 57.3

22.3 20.1

DE ACUERDO PARCIALMENTE DE ACUERDO EN DESACUERDO

Hombre Mujeres45.47 43.76

29.18 31.9823.44 21.44


Como se observa en la gráfica 4.2, tanto las mujeres como los hombres están más de acuerdo con que es mejor la democracia, y son relativamente menos las mujeres en desacuerdo con este postulado.

Ha sido interesante y enriquecedor observar que en otras preguntas y apartados de la encuesta las mujeres sí se diferencian de los hombres, con importantes niveles de asociación.

Aquí el análisis de tres de estos temas: a) la separación de las esferas público-privadas y su relación con la participación de las mujeres en la política; b) en cuanto a los valores políticos diferenciados, las mujeres, en general, se pronuncian por valores democráticos; y c) la autoadscripción de género como categoría de identidad.

a) La separación de las esferas público-privadas22 y su relación con la participación de las mujeres en la política

Hacemos referencia aquí a la distinción entre lo público y lo privado en tanto esferas separadas de base cultural y jurídica; la primera, como expresión de relaciones abiertas, universales, colectivas, de interés general, frente a la segunda, cerrada, particularista, personal, íntima. La esfera de lo privado relega a las mujeres al mundo de la familia, de las labores domésticas, al gineceo del que hablaban los griegos y que aún hoy constituye el núcleo de las relaciones económicas, políticas y familiares básicas en nuestra sociedad.

22 Debe aclararse que el análisis de las esferas público-privadas sirve de parámetro para analizar los datos, y que no se intenta sobregeneralizar con la dicotomía. Se reconoce la existencia de ambas esferas en la sociedad, así como que los límites y separaciones entre ambas están determinados por características socioculturales, como se verá más adelante. Así, en diferentes comunidades con condiciones diversas (rurales o urbanas; indígenas, ladinas o mestizas; pobres o ricas, etc.) los roles pueden variar, pero el espacio diferenciado de género tenderá a mantenerse, como se puede observar en varias de las preguntas analizadas.


El hogar, la escuela, las relaciones parentales, son espacios primarios de socialización bien conocidos donde niños y niñas aprenden los primeros valores, normas y hábitos de conducta; es en estos lugares donde se inicia la cadena que en gran parte determinará el futuro de las mujeres, ya que son criadas con diferencias sustanciales sobre su comportamiento social, con respecto a sus pares, los varones. Estas diferencias dan cabida a la construcción social del género, que cobra significado cuando analizamos las preguntas que tienen que ver con los espacios de socialización entre hombres y mujeres.

Varias son las características que hacen distinta la socialización entre hombres y mujeres. A ellas pertenece el rico mundo familiar, los aspectos privados más tradicionales y propios de una identificación primaria, la vida en la comunidad cerrada y no en los espacios abiertos, públicos, de la sociedad global. La vida para las mujeres transcurre en el interior, físicamente representado por las paredes del hogar.23 Es a ellas a quienes tradicionalmente se les asigna el rol de velar por los valores familiares, de ocuparse de las tareas domésticas, del cuidado de los niños, los ancianos, los enfermos, etc.

Algunas de las preguntas de la encuesta dan pistas sobre esta diferenciación de género. Para la pregunta relativa a la posibilidad de expresión y/o participación política en el hogar, los resultados muestran una tendencia importante entre la libertad brindada a los hombres frente a las mujeres de la muestra.

A nivel nacional puede observarse que si bien la tendencia es que todas las personas tuvieron oportunidad de expresar 23 A veces, las mujeres trasladan este servicio a otros ámbitos de su vida, en algunos casos

a la vida pública, y es por medio de ella que se insertan en distintas esferas. Por ejemplo, en la economía muchas mujeres se insertan por medio del trabajo doméstico, la prepara-ción de comida para vender, o el cuidado de niños y ancianos, reproduciendo con ello los papeles específicos que se les han confiado en el ámbito familiar. Otro ejemplo es el rol que desempeñan en las instituciones partidarias, donde es frecuente que su colaboración esté ligada a roles de género.


su opinión libremente en sus hogares, las mujeres tienen una diferencia importante con respecto a los hombres (55.5% frente a 63.7%), diferencia que puede ser observada del otro lado del contínuum con un 11.2% de mujeres que nunca pudo expresar su opinión en el hogar.

Aunque el análisis a nivel nacional es importante, es de hacer notar que estas diferencias nacionales esconden realidades diversas entre otros grupos poblacionales; así, al analizar esta pregunta por región encontramos que son las mujeres de la región Suroriente las que tuvieron menos oportunidades de expresar su opinión (18.0% de ellas, frente al 12.2% de ellos, respondió “nunca”), seguidas por las de Noroccidente (14.3% frente al 5.8%) y Norte (13.0% frente al 12.0%). Además, al interno de las regiones existen diferencias entre sexos que llamaremos brechas; las brechas entre hombres y mujeres que respondieron “nunca” fueron de mayor a menor: región Noroccidental, -8.5; Nororiental, -7.5; Suroriental, -6.8; y Suroccidental, -4.1. En

gráfica 4.3Libertad de expresión de opinión en el hogarpor sexo

Pregunta: ¿En su hogar le permitieron expresar su opinión libremente?

SIEMPRE EN OCACIONES NUNCA

Hombre Mujeres63.7

56.5

28.4 31.8

7.611.2


las regiones Norte, Metropolitana, Central y Petén las brechas son mínimas.

La tendencia se mantiene al analizar la posibilidad que hombres y mujeres tuvieron de participar en la política. En esta pregunta, a nivel nacional casi el 57% de los hombres respondió que en su hogar sí se permitía dicha participación, mientras para las mujeres el porcentaje es cercano al 49%, es decir más de la mitad de las mujeres informaron que en su hogar nunca se dejó participar en política. También en este caso las diferencias por regiones son elocuentes: entre las mujeres de las regiones Nororiente, Central y Metropolitana hubo un resultado positivo, mientras que en el resto de las regiones (Suroriente, Suroccidente, Noroccidente, Norte y Petén) el saldo fue negativo, ya que la mayoría respondió que en sus hogares no se les dejaba participar en política (véase gráfica 4.4).

gráfica 4.4Permiso de participación en política para las mujerespor región

Pregunta: ¿En el hogar donde usted creció se permitía la participación en la política?

Petén

80.070.060.050.0 40.030.020.010.0

0.0

Surocc

idente

Norocc

identeNorte

Metropolita

na

Surorie

nte

Nororie

nte

Central

SI NO


El análisis de las gráficas 4.3 y 4.4 brinda insumos para confirmar las argumentaciones que se han venido elaborando. Con diferencias entre las regiones, se puede observar que los hombres, más que las mujeres, han percibido mayor oportunidad de participación y expresión dentro de su hogar. Ha sido ilustrativo ver las diferencias en la socialización de las mujeres, a quienes se les prepara menos, o se les brinda menos herramientas para ser parte activa de esa esfera pública a la que también pertenecen. Además, se observa que, a nivel nacional, las brechas no son tan grandes, pero tras ellas se ocultan diferencias importantes entre hombres y mujeres, que en este caso se ejemplifican regionalmente, pero que podrían ser de otro tipo.

En la misma línea, el interés por la política es mucho menor en mujeres que en hombres, encontrando una clara diferencia por regiones; de acuerdo con aspectos precisos identificados en la pregunta que aparece en las gráficas siguientes, su conducta es la abstención.

Aun cuando parece una conducta nacional, lo cual llama muchísimo la atención, en una conversación sobre política las mujeres en mayor proporción no comentan; el silencio es mayoritariamente femenino. En otros casos mejor se retiran, lo que puede entenderse como otra forma de silencio. En la gráfica 4.5b se observa que el comportamiento también está diferenciado por región, llamando la atención que en la región donde es mayor la participación de las mujeres en las charlas sobre política (Suroriente) la proporción es siempre menor que la de hombres en la región donde éstos participan menos (Noroccidente).


Participaron en la charla Se retira del lugar

Hombre Mujeres

22.4

12.0

16.8

22.6

Suroriente

Metropolitana

Norte

Central

Nororiente

Suroccidente

Petén

Noroccidente

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

PARTICIPA en la charla (mujeres)

PARTICIPA en la charla (hombres)

16.7

15.2

15.1

13.0

10.9

9.6

8.9

5.2

33.3

26.8

25.5

22.6

21.4

19.7

18.6

17.9

gráficas 4.5 a* y b**Reacciones ante cambio de conversación al tema político

Pregunta: ¿Cuándo está conversando con algunas personas y éstas empiezan a hablar de política, ¿qué hace usted?

* Sólo respuestas seleccionadas, desagregadas por sexo** “Participa en la charla”, desagregada por sexo y por región.


En la primera parte de este libro se indicó que, electoralmente, las mujeres participan si tienen la oportunidad,24 pero se insertan de diferente manera en espacios públicos de decisión y, en términos globales, están menos interesadas en temas políticos.

Promover la participación de las mujeres y su empoderamiento debería ser tarea del Estado (en su acepción más amplia), ya que sin la participación de este grupo la democracia está incompleta. Por lo tanto, proveerlas de herramientas básicas para hacerse escuchar y ejercer sus derechos (por ejemplo, el voto) es una obligación de las instituciones públicas.

También ya se abordó que muchas mujeres aún no se encuentran empadronadas, siendo ésta una primera barrera de participación usualmente invisibilizada en el abstencionismo secundario (el que se contabiliza a partir del padrón). En la encuesta, a quienes respondieron no haber votado en las elecciones pasadas se les preguntó las razones para no haberlo hecho. En congruencia con el argumento sobre la baja inscripción de las mujeres, se encontró que éstas, en un porcentaje mucho mayor que los hombres, no están inscritas o no cuentan con el documento para ejercer este derecho.

Se podría argumentar, entonces, que las mujeres, en tanto ciudadanas, van adquiriendo conciencia de su derecho a elegir, pero en términos de ejercicio del poder (en organizaciones, sus comunidades o sus hogares, etc.) aún se encuentran en clara diferencia frente a los hombres. Así también, en cuanto a las herramientas esenciales para ejercer estos derechos: aqui se exploró la identificación sin embargo, la alfabetización, la educación y otros servicios muestran que aún existen brechas 24 En la información relativa a las mujeres y el derecho al voto se observa una importante

tendencia: las mujeres empadronadas participan más que los hombres empadronados. Sin embargo, dado que el padrón electoral contiene más hombres que mujeres, éstas presen-tan un menor porcentaje total de participación a la hora de contabilizar los votos (ver punto 1.3 de la primera parte del libro).


gráficas 3.9 a y bVoto y razones para no votarporcentajes

Pregunta: ¿Votó usted en las elecciones presidenciales del año pasado? (datos desagrega-dos por sexo); Si no votó, ¿por qué no votó? (respuestas seleccionadas desagregadas por sexo, para el total de personas que respondió esta opción).

No tenia documento

No esta estaba inscrito/a

78.6

21.4

67.9

32.1

Hombre Mujeres

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0Hombre Mujeres

NS/NR

En una sola vuelta

En 1a y 2a vuelta

No votó


importantes entre hombres y mujeres.25 Como ejemplo se puede citar que para casi todas las organizaciones sociales o políticas donde se preguntó a las personas si participaban, sólo en los grupos religiosos las mujeres lo hacen en mayor cantidad que los hombres (43.8% de ellas, frente a 39.0% de ellos). En manifestaciones públicas, consejos de desarrollo, comités de vecinos, partidos políticos, comités cívicos e, incluso, clubes deportivos, participan más los hombres.

b) Valores políticos: las mujeres se pronuncian por valores democráticos

Las mujeres, aparentemente, tienen un comportamiento similar que los hombres en la calificación de la democracia y en la práctica democrática de elegir a sus representantes; es decir, si el Estado y sus instituciones, los partidos políticos y otras instancias públicas o privadas brindan la posibilidad de ejercicio de los derechos, puede que las mujeres se comporten de similar manera. Pero existe una condición subjetiva, construida desde la infancia, que hace que las mujeres no participen plenamente en la vida pública, política del país.

Esta participación diferenciada podría tener su origen en la subjetividad femenina, basada en otra lógica distinta a la androcéntrica predominante, desde la cual se han construido las nociones de lo político, la ciudadanía, el Estado moderno y otras muchas, que han condicionado la sociedad a lo largo de la historia, resultando en exclusión —tácita o explícita— de las mujeres.

No es casual que la población guatemalteca en general esté poco interesada en la política nacional, pero sí es importante

25 Para mayor información sobre brechas de género, étnicas o por ubicación geográfica, puede verse capítulo 6 y el Anexo estadístico del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008 (PNUD, 2008).


hacer notar que las mujeres en particular lo estén aun menos (véase gráfica 4.7). Para casi el 60% de las mujeres encuestadas la política no es importante, lo cual podría tener explicación si se analiza la socialización y la construcción de esa diferencia desde el seno del hogar, como se hizo en el apartado anterior.

Si bien la explicación puede no ser unicausal y los hallazgos que se presentan, no absolutamente explicativos, lo cierto es que con base en los datos recopilados se apuntaría a la reflexión sobre la existencia de valores diferenciados entre hombres y mujeres y, por lo tanto, una forma distinta de ver el mundo, y transitar en él.

Para las mujeres en Guatemala, cada vez es más difícil salir a la calle sin sentirse vulnerables. A pesar de ello, llama la atención que aún se pronuncien en un porcentaje mayor por valores ligados a la paz y a la democracia. La gráfica 4.8 ilustra al respecto: en un país donde la violencia vende —principalmente en los medios de comunicación—, son las mujeres quienes se

gráfica 4.7Interés por la políticaporcentajes

Pregunta: En general, ¿qué tan interesado/a está usted en la política?

MUY INTERESADO ALGO INTERESADO NADA INTERESADO

Hombre Mujeres

4.4 2.9

46.637.1

47.3

58.5


muestran menos proclives a estas influencias. Con un alto nivel de asociación entre variables, en particular con la pregunta sobre las armas de fuego, es claro que las mujeres optan por soluciones menos violentas. Estos resultados pueden ser entendidos como una consecuencia positiva de la socialización diferenciada, y llamar la atención sobre la vindicación de las mujeres por la (re) valorización de lo femenino, en lugar de la exaltación de los valores atribuidos tradicionalmente a lo masculino (violencia, fuerza, guerra, etc.). Nótese que a las mujeres no les interesa portar armas en proporción mucho menor que los hombres, y son mayoritarias en su opinión contra la pena de muerte, aun en un país donde el número de crímenes contra ellas es trágicamente alto y la pena de muerte no se aplica a las mujeres.

gráfica 4.8Mayor respeto por la vidaporcentaje

Pregunta: Si le regalaran un arma que es legal, ¿la portaría usted diariamente? (aquí sólo “no”); “¿Qué cree usted que debería hacerse con las maras?” (aquí sólo “ayudarlos a que se corrijan”); “Independientemente del delito, ¿está usted a favor o en contra de la pena de muerte?” (aquí sólo “en contra”).

No portaría un arma (legal)

Hombre Mujeres

61.6

82.9

58.266.9

49.2

59.4

Ayudar a los mareros a que se corrijan

En contra de la pena de muerte


Ninguna de las respuestas anteriores es inferior al 59% de la población femenina encuestada. En la gráfica faltan las opciones menos contundentes (“no sé”, “en algunos casos”, “aplicación de la justicia”, etc.), sin embargo, la tendencia se mantiene a favor de las mujeres.

A pesar de ello, existe un porcentaje que estaría apostando por valores más autoritarios, que se podría explicar por la gran influencia de los medios, por los valores culturales de algunos grupos o por el ambiente de inseguridad que se vive, y que puede llegar a incidir en los valores cuando se es víctima de algún crimen de alto impacto como ocurre en el país.

c) La autoadscripción de género como categoría de identidad

Por último, un hallazgo importante de la encuesta ha sido la adscripción identitaria al género como categoría fuerte, fundamentalmente para las mujeres. Como se observará a continuación, al momento de autoidentificarse el género es más importante para ellas que para los hombres.26 El objetivo de la pregunta era observar las categorías de identidad más representativas entre la ciudadanía, por ello, el significado de la adscripción de género, en el caso de las mujeres, tiene un valor importante en términos de representatividad política.

Es importante mencionar que tanto para hombres como para mujeres ser “guatemalteco” o “guatemalteca” es más importante que cualquier otra categoría de identidad. Es decir, la universalidad sobre la particularidad: existe un amplio sentimiento de pertenencia nacional que podría ser potencialmente útil en la tarea de reforzamiento y construcción

26 La boleta daba la opción de identificarse con las siguientes categorías: trabajador/a, ciudadano/a, joven/adulto, hombre/mujer, madre/padre, hija/o, católico/evangélico, indíge-na/ladino, estudiante, municipio donde nació, guatemalteco/a, ns/nr.


de la ciudadanía. Sin embargo, en el orden siguiente es donde aparecen las diferencias de género importantes: para los hombres es más importante considerarse trabajadores que “hombres” o, incluso, “padres”; para las mujeres, por el contrario, es más importante la maternidad y el género que el trabajo. En ambas categorías, más de la mitad de las mujeres encuestadas expresó que ser “madre” o “ser mujer” la define identitariamente.

Intentar explicar estos datos a partir de la división sexual del trabajo encuentra respaldo en la encuesta: del total de personas entrevistadas, el 77% de los hombres y el 28.9% de las mujeres dijo que su actividad principal era el trabajo, mientras que sólo el 1.2% de los hombres, frente al 63.5% de las mujeres, dijo que su actividad principal eran los quehaceres del hogar, lo que es congruente con los roles tradicionalmente asignados en la construcción de género27. Representar los intereses de una parte de la población que no comparte las condiciones de los ciudadanos hombres es tarea de los organismos del Estado.

Este hallazgo trae consigo un reto para el Estado democrático ya que de alguna manera debe asegurar la representación activa de un grupo demográfica y socialmente importante de la población. Y es que «(…) cuando se aboga por la representación de la mujer se lo está haciendo por la presencia de las mujeres no tan sólo como seres humanos del sexo femenino, sino también como sujetos políticos constituidos a partir de una construcción de identidad.»28

27 En los últimos años ha habido una tendencia al incremento de la participación de las muje-res en la Población Ocupada (PO), quienes pasaron de ser el 25.2% en 1989, al 38.0% en 2006 (PNUD: 2008). Sin embargo, esta incursión de las mujeres en la economía, primero, se ha generado en condiciones de desigualdad e inequidad y, segundo, no ha contado con una responsabilidad recíproca en el trabajo del hogar por parte de los hombres, por lo que, muchas veces, su ingreso en la PO se traduce en dobles —si no es que triples— jornadas de trabajo para ellas.

28 Pinto (2004).


Nacionalidad

Hombre Mujeres

71.167.2

44.252.5

37.4

51.6

Maternidad/paternidad

Género Trabajador/a

63.6

37.7

Ya se ha subrayado que la representatividad debería estar vinculada a la existencia de grupos a los cuales representar. Pues bien, las mujeres no sólo son un grupo específico de la población, constituido por más del cincuenta por ciento de las personas y de la ciudadanía —aunque no estén registradas—, sino también más de la mitad de ellas se identifica como tales, y esto tiene que ver con elementos simbólicos que potencialmente significan demandas políticas o sociales en tanto colectivo.29

gráfica 4.9Categorías identitarias más importantes*

* Nota: aquí las categorías más frecuentes,30 desagregadas por sexo.Pregunta:Señale tres de las siguientes categorías con las que se sienta identificado.

29 Ejemplo concreto de este punto es el intento que se ha hecho por integrar, en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), cuotas de participación para mujeres en las can-didaturas al Congreso de la República. Esta propuesta ha sido rechazada —cuando no ignorada— desde 1997. La representación en el sistema democrático tiene sustento, como primer paso, en la presencia; las cuotas han demostrado ser mecanismos efectivos para la inclusión de grupos tradicionalmente excluidos por acciones y prácticas discriminatorias, como en el caso de las mujeres (véase cuadro 1.6 en la primera parte de este libro).

30 El dato es igual al porcentaje que representa la cantidad de veces que se utilizó la cate-goría identitaria, sin importar el orden de mención. En los análisis se encontró una relación estadística significativa entre las variables “género” y “maternidad/paternidad” al relacio-narlas con el sexo de la persona entrevistada.


La adscripción de género tiene sentido como marcador de identidad de las mujeres, para reconocer (se) a sí mismas y a otras en tanto comparten características comunes; asimismo, plantea la necesidad del reconocimiento en reciprocidad del “otro”; ese otro que pueden ser los hombres, otras mujeres, la pareja, la familia, la comunidad, el Estado.



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aneXOS


anexos

a) La construcción del índice de apoyo a la democracia ( IADem)

Cuadro a.1Construcción del IADem (Índice de Apoyo a la Democracia)

Pregunta Variables de respuesta Valor Ponderado

En Guatemala vivimos en democracia.

De acuerdo=1 1

Valor mínimo: -3

Valor máximo: 3

Rangos

Apoya la democracia (punteo de 3 a 1)

Ambivalente (punteo 0)

No apoya la democracia (punteo de -1 a -3)

Parcialmente de acuerdo=2 0

En desacuerdo=3 -1

Ns/Nr=9 0

Mejorar la democracia en Guatemala ayudaría a reducir la pobreza.

De acuerdo=1 1Parcialmente de acuerdo=2 0

En desacuerdo=3 -1

Ns/Nr=9 0

En Guatemala vivimos con muchos problemas sin resolver. Sin embargo, se dice que siempre será mejor una democracia que una dictadura militar, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo?

De acuerdo=1 1

Parcialmente de acuerdo=2 0

En desacuerdo=3 -1

Ns/Nr=9 0


Cuadro b.1Distribución de la población por grupos según grados de apoyo a la democraciaporcentajes

IADemApoya Ambivalente No apoya Total

Total 57.1 18.2 24.7 100.0

Área geográficaUrbana 56.9 18.7 24.4 100.0Rural 57.3 17.7 25.0 100.0Sexo [*]Hombres 55.8 17.8 26.3 100.0Mujeres 58.1 18.5 23.3 100.0EtnicidadMayas y xincas 62.4 20.7 16.9 100.0Ladinos 55.4 16.9 27.7 100.0Edad [*]18 a 29 años 59.3 16.9 23.8 100.030 a 49 años 54.4 19.7 25.9 100.050 años y más 60.1 17.0 23.0 100.0Alfabetismo [*]Sí 57.2 18.2 24.6 100.0No 55.4 18.7 25.9 100.0Nivel educativo [*]Ninguno 59.8 16.4 23.8 100.0Primario 56.5 19.4 24.1 100.0Secundario 58.1 16.1 25.7 100.0Terciario 54.6 21.7 23.7 100.0Estrato de ingresosMenos de US$200 57.7 18.1 24.2 100.0De US$200 a US$400 54.6 18.2 27.2 100.0Más de US$400 66.2 17.9 15.9 100.0

* Asociación no significativa.Asociación significativa pero baja.


Cuadro b.2Distribución de la población por región y grupo étnico según grados de apoyo a la democraciaporcentajes

IADemApoya Ambivalente No apoya Total

Total 57.1 18.2 24.7 100.0RegiónMetropolitana 54.4 17.8 27.8 100.0Norte 79.0 17.1 3.9 100.0Nororiente 35.9 12.7 51.4 100.0Suroriente 74.2 11.1 14.8 100.0Central 54.7 16.2 29.1 100.0Suroccidente 55.1 23.2 21.7 100.0Noroccidente 54.8 20.9 24.3 100.0Petén 76.8 18.3 4.9 100.0Grupo étnicoKiche’ 54.9 24.2 20.9 100.0Kaqchikel 68.1 15.7 16.2 100.0Mam 54.7 15.8 29.5 100.0Q’eqchi’ 69.8 17.2 12.9 100.0Otros mayas 64.3 25.1 10.6 100.0Ladinos 55.4 16.9 27.7 100.0

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