Luis Gonzales Posada Eyzaguirre

Ex Ministro de Relaciones Exteriores y ex Presidente del Congreso de la

República del Perú

Presidente García anunciando ante el Congreso de la República la presentación de la demanda contra Chile. A su derecha, el

Presidente del Poder Legislativo, Luis Gonzales Posada Eyzaguirre.

Conferencia: La Haya: “La suerte está echada”.

elicito al Presidente Fundador de esta universidad, Raúl Diez Canseco Terry; al rector Ramiro Salas y al decano

de la Escuela de Postgrado, José Nicanor Gonzales, porque este es el primer centro de estudios superiores que

organiza un seminario reflexivo sobre las implicancias del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Vamos a tratar un asunto internacional en una universidad donde el nombre del auditorio, Fernando Belaunde Terry,

y la identificación de esta casa de la cultura con la libertad y la democracia me otorgan licencia para referirme a un

tema ajeno a la conferencia, pero de indudable importancia en el contexto internacional.

Lo hago porque miles de estudiantes venezolanos protestan ante la grave situación económica, que combina

inflación y desabastecimiento de productos básicos con el crecimiento de la violencia y los atropellos a quienes

ejercen su democrático derecho de reclamar cambios. Un elevado número de jóvenes han sido y son asesinados,

golpeados, detenidos o perseguidos por fuerzas militares-policiales y por los llamados “colectivos chavistas”,

siniestras bandas armadas de encapuchados conectados con el Gobierno; hechos que, en su conjunto, violan

sistemática y organizadamente los derechos humanos y que escalan, señor rector, por la inexplicable parálisis, por la

indolente inacción de gobiernos y organismos regionales estatutariamente comprometidos en defender los valores de

la democracia y la libertad.

Ante la represión, los venezolanos preguntan desconcertados: ¿Dónde están la OEA, el CELAC, la UNASUR, la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los gobiernos de América Latina? La respuesta la encontramos en

un silencio temeroso o complaciente, silencio que fue determinante para consagrar el fraude electoral a favor del

F

candidato oficialista Nicolás Maduro, personaje que ahora se siente libre para hacer de la represión un estilo de

gobierno. Esta situación se ha agravado porque ningún país ha solicitado una reunión de ministros de Relaciones

Exteriores, al amparo del artículo 62 de los estatutos de la OEA o la aplicación del artículo 20 de la Carta

Interamericana Democrática, para que el Consejo Permanente realice una jornada de análisis de lo que sucede en

ese país e impulse un diálogo entre las partes en conflicto para que cese la represión y para garantizar la paz interna.

Esta anorexia en asuntos externos ha tenido y tiene mayor significación porque varios gobiernos de la región no han

vacilado en respaldar los atropellos del régimen venezolano, por granjerías petroleras o convicciones ideológicas,

escribiendo una página de oscuridad en su historia diplomática (1). Sobre el tema, acudo a tres citas. Una

corresponde a Martín Niemöller, pastor luterano que vivió en los tiempos terribles del nazismo en Alemania y

escribió:

“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista; Cuando

encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata; Cuando vinieron a buscar a

los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista; Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté,

porque yo no era judío; Cuando finalmente vinieron por mí, no había nadie más que pudiera protestar”. Martín

Niemöller pagó un alto precio por su silencio y, cuando le llegó su turno, ninguna voz de protesta pudo escucharse

porque todas habían sido silenciadas. Fue internado en un campo de concentración de 1938 a 1945, hasta que las

fuerzas aliadas lo liberaron.

Tiempo después, otro pacifista, Martin Luther King, decía: “Los lugares más calientes del infierno están reservados

para aquellos que en un periodo de crisis moral mantuvieron su neutralidad. Llega el momento en que el silencio se

convierte en traición”. Finalmente, Óscar Arias, ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, recientemente

señaló sobre la represión en Venezuela: “He vivido lo suficiente para saber que no hay nada peor que tener miedo a

decir la verdad”. Por ello, nuestro deber es luchar, desde cualquier tribuna, para que se respeten los principios y

valores democráticos, conforme se obligaron, declarativa y estatutariamente, los gobiernos y organismos de la

región.

Al inaugurar esta conferencia en la Universidad San Ignacio de Loyola, el presidente Alan García destacó que,

emitido el fallo de la Corte Internacional de Justicia, el Perú y Chile cuentan con valiosos instrumentos para fortalecer

sus relaciones. Es cierto. Primero, porque formamos parte de la APEC. Además, hemos suscrito un Tratado de Libre

Comercio. Y porque integramos la Alianza del Pacífico, moderno pacto de integración económica y comercial, que

también se orienta a profundizar vínculos diplomáticos al punto de que Perú y Colombia compartirán una embajada

en Vietnam y que las cuatro naciones harán lo propio en la República africana de Ghana, demostrando de esa

manera cómo se pueden vigorizar las relaciones entre cuatro países con una población de 220 millones de personas,

que representan el PBI del 36% regional y que están comprometidos con la libertad, la democracia y la justicia social.

En su disertación, el presidente también destacó el rol positivo del jefe de Estado de Ecuador, Rafael Correa, cuando

en las postrimerías de su gobierno suscribió con nuestro país un tratado de límites marítimos, aprobado

unánimemente por el Congreso el 18 de mayo del 2011. Las cancillerías no habían podido alcanzar un acuerdo en

esa dirección por consideraciones diversas. Ante este impasse, el presidente García viajó a Cuenca, Ecuador, para

tratar el tema directamente con el mandatario Rafael Correa. El resultado de una larga conversación, en presencia de

los ministros de Relaciones Exteriores, fue acordar la firma de ese convenio, fundamental para reforzar la posición

jurídica de nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

De esta manera, la llamada “diplomacia presidencial” demostraba, de un lado, su eficiencia y, de otro, la invalidez de

la pretensión chilena de intentar convertir los documentos pesqueros de 1952 y 1954 en un tratado de límites

marítimos con Perú y Ecuador, ya que, de haber sido así, el Gobierno de Quito no habría firmado el acuerdo del

2011, expresado a través de notas reversales y de su respectiva cartografía.

Una política exterior bien diseñada debe tener como eje y horizonte la continuidad en el tiempo. Por ello, luego del

fallo de La Haya destaqué el aporte indirecto del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, porque gracias al

acuerdo de paz de Itamaraty, firmado con Ecuador el 26 de octubre de 1998, al culminar el conflicto del Cenepa, un

vecino tradicionalmente adversario nuestro se integró a una política de acercamiento y amistad con el Perú, que

debe de haber contribuido para que, 16 años más tarde, suscribiéramos el mencionado tratado de límites marítimos.

Más aún, solucionado el impasse ecuatoriano, el 27 de febrero del 2006 el Perú retiró las reservas que le había

hecho al Pacto de Bogotá y, en consecuencia, quedó expedito para presentar la demanda contra Chile, como lo hizo

dos años después.

La paz con Ecuador –recordemos– ha producido notables beneficios. De 1995, año del conflicto armado, a la fecha,

el comercio se incrementó 20 veces; se han realizado inversiones del orden de 4 mil millones de dólares; se

encuentra en desarrollo el proyecto Puyango-Tumbes, con un costo de 380 millones de dólares y que habilitará 41

mil hectáreas para la agricultura ecuatoriana y peruana; se han construido centenares de hospitales y escuelas; se

han facilitado servicios de electricidad y agua potable a un millón de personas y, desde la perspectiva diplomática, se

llegó a pactos para constituir embajadas binacionales en Argelia y en Suecia y consulados binacionales en Arizona y

en Denver, en Estados Unidos, decisiones de la más alta jerarquía que proyectan al mundo el extraordinario

desarrollo de nuestras relaciones, que periódicamente se fortalecen con reuniones de los gabinetes binacionales.

Más aún, desde el aspecto militar, este entendimiento, esta relación fluida y transparente, se refleja en la reducción

de gastos en armas y del volumen de tropas desplegadas en la línea de frontera, a diferencia de lo que sucedía hasta

1995, cuando existía gran cantidad de tanques, soldados y componentes de los servicios de Inteligencia vigilándose

unos a otros, listos para entrar en batalla, especialmente en la zona de Huaquillas; infraestructura y personal militar

que ahora han sido sustituidos por modernas autopistas que conectan a los dos países a través de cinco ejes viales,

generando riqueza y desarrollo en beneficio de nuestros pueblos.

Este es el logro de la paz con Ecuador, y a un objetivo similar debemos aspirar con Chile. El camino está allanado a

través de la APEC, del Tratado de Libre Comercio, de la Alianza del Pacífico y del Consejo de Integración Social,

creado en el 2006 y puesto en marcha en el 2010; consejo que reúne a ministros peruanos y chilenos para adoptar

decisiones en asuntos migratorios, laborales y en políticas sociales.

Otra fortaleza es que las inversiones ascienden a 20 mil millones de dólares y se proyectan a 27 mil millones para el

próximo quinquenio, inversiones que han creado y crearán miles de puestos de trabajo, dejando cuantiosos ingresos

al fisco para usarlos en programas sociales, en construir escuelas, hospitales y combatir la delincuencia. Pero esa

dinámica relación no se limita al comercio o a las inversiones, sino que se sustenta en seres humanos, en 150 mil

compatriotas que viven en Chile y en 25 mil chilenos que residen en nuestro país; cifras que se complementan con

seis millones de personas que cruzan anualmente la frontera por Tacna y Arica y con 900 mil chilenos que nos visitan

como turistas todos los años. Esos son los poderosos instrumentos que poseemos para garantizar la coexistencia

pacífica entre los dos países, que después del fallo de La Haya tienen la responsabilidad, ante la historia, ante las

nuevas generaciones, de dejar atrás un pasado de confrontaciones y desconfianzas.

Ahora corresponde hacer un breve resumen de la evolución de los hechos para demostrar la existencia de una línea

de continuidad de varios gobiernos en una política de Estado seria, responsable y con perspectiva histórica. Línea de

continuidad que tuvo dos ejes determinantes, dos momentos cruciales: el inicial, hace 28 años, en el primer mandato

del presidente García, cuando el 23 de mayo de 1986 la Cancillería presentó al Gobierno chileno, por vez primera en

la historia, una nota diplomática para negociar la suscripción de un tratado de límites marítimos, y 22 años más tarde,

durante su segundo gobierno, el 16 de enero del 2008, cuando ante la negativa del país vecino de negociar

directamente o mediante arbitraje o mediación, recurrimos a la Corte de La Haya, que finalmente se ha pronunciado

a través de una histórica resolución que incorpora a nuestro dominio 50 mil kilómetros de masa oceánica y de

plataforma continental.

Cuando destacamos que le correspondió al jefe de Estado la iniciativa de invitar a Chile a negociar y, luego, autorizar

la presentación de la demanda, es porque así lo dispone el artículo 118, inciso 11 de la Constitución, que le otorga la

atribución de “dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, y celebrar y ratificar tratados”. Sin embargo,

cuando se conoció la exitosa sentencia de la Corte, no faltaron quienes sostuvieron que su actuación había sido

secundaria al Ministerio de Relaciones Exteriores o en relación con otros gobiernos. No ha sido ni podría ser así

porque la Cancillería es un órgano del Poder Ejecutivo que ejecuta las disposiciones del presidente de la República,

no a la inversa. Y en este caso específico, la Cancillería implementó una decisión política de la mayor significación

con calidad y eficiencia profesional, con responsabilidad y disciplina, cumpliendo la resolución del primer mandatario.

El país conoce bien, de otro lado, que los dos periodos de gobierno del APRA constituyeron el punto de inicio y el

final de la controversia, sin obviar que otras administraciones tuvieron una calificada actuación, una línea de

inteligente continuidad que nos hizo arribar a buen puerto, incluyendo al actual mandatario, Ollanta Humala, quien

mantuvo al mismo equipo de agentes y profesionales designados por el régimen que lo precedió.

En la victoria y en la derrota, en el éxito o el fracaso diplomático, en la definición o indefinición de una política de

Estado, siempre el actor principal es quien desempeña la primera magistratura de la Nación. Sobre este tema, en un

trabajo presentado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el profesor José Rodríguez Elizondo

expresó su particular visión sobre la participación del presidente García:

“Cuando Alan García asumió su primera Presidencia del Perú, en 1985, aspiraba a ser innovador y pragmático en su

política con Chile. Al primer efecto, se dispuso a negociar el finiquito de las cláusulas pendientes del Tratado de

1929, aunque ello significara darle un buen protagonismo a Augusto Pinochet. En paralelo, la Cancillería peruana

alertaba que Chile y Bolivia preparaban un nuevo „charañazo‟. Ante ello, García desenfundó su pragmatismo de

estirpe maquiavélica: negociaría con Chile los temas pendientes y, a la vez, activaría la tesis de Faura, administrada

a la sazón por el equipo de Torre Tagle”. Y más adelante sostiene que “Alan García revelaría que en 1985, antes de

asumir, le encargó similar misión –de manera extraoficial– a Hugo Otero, aprista de su „círculo de hierro‟. Otero le

habría planteado este asunto al mismísimo general Pinochet un año antes, para lo cual no cabe la posibilidad de que

el canciller Del Valle no haya sido sorprendido por Bákula”.

La visión del académico chileno, sin embargo, reduce nuestro reclamo a un supuesto maquiavelismo pragmático del

mandatario peruano. El profesor Rodríguez Elizondo no comprendió que el objetivo histórico del Gobierno del Perú

era utilizar los instrumentos del derecho internacional para zanjar el último tema pendiente de delimitación fronteriza,

porque, de haber mantenido sin definir ese aspecto, el silencio podía haberse interpretado en el sentido de que los

acuerdos pesqueros de 1952 y 1954 eran tratados de límites, como pretendía Chile, renunciando a nuestro derecho

sobre miles de kilómetros cuadrados de dominio marítimo. O, más aún, la no definición del tema marítimo hubiera

representado una fuente de conflictos o desavenencias que perturbarían las relaciones entre los dos países.

Otra opinión confusa fue la del ex presidente y ahora senador chileno Eduardo Frei Ruiz Tagle comentando el fallo

de la Corte. En efecto, Frei Ruiz Tagle le reclamó a su gobierno “ponerse firmes y exigirle al Perú que se deje

establecido que no habrá más reclamos territoriales”, para agregar que “pueden pasar uno, dos, tres, cuatro o cinco

años… Supongamos que el señor Alan García sea elegido nuevamente –espero que no para los intereses de Chile–,

ratnavel a oveun ed av¿ otro caso más?”, se preguntó el ex mandatario sureño, para luego sostener enfático que

“esto tiene que quedar absolutamente cerrado cuando se ejecute el fallo de La Haya. Chile debe pedir a las Naciones

Unidas, bajo cuyo guas funciona la Corte Internacional, que tome una declaración clara y rotundapara, y establezca

que ya se terminaron los temas pendientes”, concluyó.

También equivoca su visión el ex presidente Frei al considerar la hipótesis del reclamo permanente de territorios, que

nunca ha estado en el ánimo del Perú, como lo demuestra que no hemos hecho esa exigencia con las provincias de

Tarapacá y Arica, arrebatadas a nuestro territorio en un conflicto bélico, pero definidas en los tratados de Ancón y de

Lima. Sobre ese aspecto, en conversaciones que sosteníamos parlamentarios y dirigentes apristas con el presidente

García, existía el convencimiento de que en asuntos internacionales no debía quedar sin resolver ningún tema

fronterizo o zonas sin definir, porque la experiencia demostraba que cuando no existen tratados específicos,

aceptados por las partes, o reclamos irresueltos, ocurren incidentes y tensiones, cuando no conflictos armados,

como sucedió con Colombia y Ecuador.

Definir los límites resulta, pues, inteligente y altamente beneficioso. Un estatus de indefinición es, a contrario sensu,

abono para el accionar de las poderosas empresas vendedoras de armas y para patrioteros chauvinistas, ambos

aliados tácticos y especializados en tensar las relaciones, crear temores y alentar conflictos, buscando unos el lucro

en el comercio de armas y otra cobertura mediática para tener relevancia pública y escalar políticamente. Hay

numerosos ejemplos de las implicancias de no solucionar temas de fronteras. España y Marruecos disputan, desde

hace décadas, la soberanía de la Isla de Perejil, de escasos 500 metros de largo por 300 metros de ancho,

deshabitada y sin ningún valor económico. A pesar de ello, en el año 2002 se produjo un grave incidente cuando

infantes de la Marina española ocuparon la diminuta isla en respuesta a que varios pescadores marroquíes habían

ingresado y levantado la bandera de su país, hecho superado con el retiro de ambas partes del islote.

Estados Unidos y Canadá, países aliados y con enormes territorios, litigan desde hace 230 años por ocho pequeñas

islas, de unas ocho manzanas de extensión; Honduras y El Salvador confrontan por la Isla Conejo, ubicada en el

Golfo de Fonseca, de medio kilómetro cuadrado y ocupada desde 1982 por militares hondureños; China y Japón

disputan, desde hace 150 años, las cinco islas volcánicas Senkaku y tres rocones, de unos siete kilómetros

cuadrados, importantes porque constituyen una zona estratégica en el mar este de China; Japón y Corea del Sur

sostienen una controversia por la isla de Dokdo, un peñasco de 50 metros cuadrados; o, para referirnos a casos más

próximos, Brasil y Bolivia pugnan por la soberanía de una pequeña isla fluvial amazónica denominada Suárez o

Guajara-Mirim, en el río Mamore, de dos y medio kilómetros cuadrados, mientras que Venezuela reclama 160 mil

kilómetros cuadrados de territorio de Guyana, que representa dos tercios de la dimensión de ese país.

Volviendo al tema de Chile, el antecedente más valioso de la tesis peruana fue el brillante trabajo presentado por el

almirante Guillermo Faura Gaig, quien en 1977 escribió un libro titulado El mar peruano y sus límites. Faura participó,

en representación de la Marina de Guerra, en las sesiones de la III Conferencia sobre el Derecho del Mar, convocada

por las Naciones Unidas y realizada en 1974 en Caracas, Venezuela. El almirante siempre estuvo en contacto con

distinguidos diplomáticos que presidieron la delegación peruana, como los embajadores Alfonso Arias-Schreiber

Pezet, Juan Miguel Bákula y Carlos Alzamora Traverso, así como con otros especialistas de Torre Tagle.

El hoy embajador Jorge Abarca del Carpio, entonces tercer secretario de la Cancillería, participó como secretario de

nuestra delegación a Caracas y lo recuerda como una persona cordial y con amplios conocimientos en asuntos del

mar, que compartía con los miembros del servicio diplomático. En esas conferencias, nuestro país tuvo un éxito

notable al lograr la consagración universal del principio de las 200 millas, más tarde incorporado a la Convención del

Mar, que es la Constitución de las Naciones en asuntos marítimos.

Carlos García Bedoya, ex canciller del Perú, sostuvo que “había sido una batalla de más de 30 años y que el Perú, a

través de una acción internacional sumamente coherente y enérgica, no solo ha logrado preservar esa enorme

extensión marítima dentro de su jurisdicción nacional, en provecho de su pueblo, sino que ha llevado estos

planteamientos a la conciencia de los Estados sudamericanos, primero, y del Tercer Mundo, después; de manera tal

que lo que fue inicialmente una tesis fundamental del Perú y de los países del Pacífico Sur, actualmente tiene una

virtual aceptación mundial”.

Por su lado, el embajador Juan Miguel Bákula destaca que “bien vale la pena insistir en una circunstancia, poco

frecuente, dados los cambios y la evolución de los conceptos e intereses, representada por la continuidad de las

personas y de los sectores”: el hecho de que “ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores el que ha centralizado

esta conducción, y han sido funcionarios diplomáticos quienes han tenido a su cargo la tarea, con la indispensable

colaboración técnica de personas representativas de otros campos de la actividad nacional”.

El embajador Arias-Schreiber, por su parte, manifestó que los logros obtenidos en la Convención sobre el Derecho

del Mar han “significado el triunfo de la tesis marítima por la que tanto lucharon el Perú, Chile y Ecuador, desde la

mitad del siglo XX, y han contribuido a establecer un nuevo y más justo orden jurídico respecto al aprovechamiento y

utilización del espacio oceánico, que permite a la gran mayoría de Estados costeros en desarrollo disponer de los

recursos naturales de sus mares aledaños, como instrumentos de progreso y de bienestar de sus pueblos”. Y más

adelante recuerda que, el 22 de abril de 1982, los representantes de Perú, Colombia, Chile y Ecuador dirigieron una

carta al presidente de la conferencia reconociendo la consagración de las 200 millas “como un logro fundamental de

los países que integran la Comisión Permanente del Pacífico Sur, en concordancia con los objetivos previstos en la

Declaración de Santiago de 1952, emitida por la Conferencia diplomática sobre Explotación y Conservación de las

Riquezas Marítimas del Pacífico Sur celebrada por Chile, Ecuador y Perú en Santiago de Chile”.

Como puede observarse, el contenido de esta comunicación en ningún momento hace alusión, directa o indirecta, a

que la Declaración de 1952, como tampoco la de 1954, fueron acuerdos limítrofes, como posteriormente pretendería

hacerlo Chile, sino que estaban específicamente referidas a la conservación de las especies marinas. La destacada

actuación de los personajes citados debe merecer el reconocimiento nacional, ahora que se hemos logrado una

victoria diplomática en La Haya, porque marcaron una línea de continuidad en resguardo de nuestros derechos

marítimos y construyeron, con sus acertadas opiniones, con su visión de la política externa, el andamiaje jurídico que

años más tarde serviría de base para la presentación de nuestra demanda contra Chile ante la Corte Internacional de

Justicia.

Hecha esta necesaria digresión, debemos recordar que, en el citado texto, el almirante Faura señaló que los

documentos de 1952 y 1954 no calificaban como tratados específicos de límites marítimos, como pretendía Chile,

porque no definían los espacios correspondientes al mar territorial, a la plataforma continental y a la zona económica

exclusiva. Decía, además, que emplear como límite el paralelo del punto que llega al mar en la frontera terrestre era

totalmente desfavorable para el Perú, y en esta línea de reflexión, el almirante Faura planteaba una negociación para

buscar una línea media trazada de acuerdo con el principio de la equidistancia de la costa, lo que significa una

bisectriz, punto de vista que reconocemos los peruanos como el antecedente más importante de nuestro reclamo, y

así también lo registran internacionalistas chilenos.

La historia del reclamo que nos llevó a la Corte de Justicia se inició en julio de 1985. En esa fecha participé en una

reunión convocada por Alan García, entonces presidente electo, con los compañeros Antonio Biondi, secretario de

Finanzas del APRA, y Hugo Otero, uno de los estrategas de nuestra campaña electoral, quien después se

desempeñaría como embajador en Chile y en Francia.

Biondi, agricultor y productor de un famoso pisco que lleva su nombre, nacido en Ica y afincado muchos años en

Moquegua, había desarrollado una cordial relación con el general Augusto Pinochet cuando este servía como jefe

militar en la zona fronteriza de Arica-Parinacota. En esa reunión, el presidente electo le solicitó a Biondi que se

comunicara con Pinochet para que recibiera a Hugo Otero en calidad de enviado especial. El objetivo era

comunicarle al mandatario chileno de que, si bien ambos gobiernos representaban ideologías opuestas, el jefe de

Estado peruano consideraba necesario desarrollar relaciones respetuosas y positivas y, además, que sería una

buena oportunidad para resolver temas bilaterales pendientes, entre ellos el referido a la delimitación de la frontera

marítima.

Otero cumplió con pulcritud la misión encomendada. Conversó con el presidente Augusto Pinochet y con el canciller

Jaime del Valle, y recibió la misma lacónica respuesta a su petición: “Vamos a estudiarlo”, expresión cordial y

diplomática que significa que registraban el planteamiento del gobernante peruano, pero no hacían ninguna

manifestación para encauzarla a través de conversaciones oficiales. Por esa consideración, en el ejercicio del cargo,

el presidente instruyó al canciller, embajador Allan Wagner Tizón, a fin de que designara a un embajador de prestigio

y experiencia para que le comunicara oficialmente al Gobierno de Santiago el mensaje extraoficial que meses atrás

había llevado Otero.

Esta delicada tarea le fue encomendada al experto en derecho marítimo, embajador Juan Miguel Bákula, quien,

como ya lo he recordado, el 23 de mayo de 1986 presentó al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Jaime del

Valle, primero verbalmente y luego a través de un memorando, la posición peruana refiriendo que debería merecer

una inmediata atención “la delimitación formal y definitiva de los espacios marinos que comprometen la

vecindad geográfica entre Perú y Chile”, que para más adelante agregar “no es necesario subrayar la

conveniencia de prevenir las dificultades que se derivarían de la ausencia de una demarcación marítima

expresa y apropiada, o de una deficiencia de la misma, que podría afectar la amistosa conducción de las

relaciones entre Perú y Chile”.

De esa forma, hace 28 años el Perú comunicó a nuestros vecinos que no reconocíamos la existencia de un tratado

de límites marítimos y que era necesario, por lo tanto, iniciar conversaciones con ese propósito, propuesta que no

tuvo respuesta por parte del país del sur. Ante el silencio, la única forma de encauzar diplomáticamente el reclamo

era recurriendo al Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, instrumento suscrito por Perú y

Chile, que establece que las diferencias se resuelven en negociaciones directas, mediante mediación o arbitraje, o si

ninguno de esos procedimientos es aceptado por una de las partes, como sucedía con Chile, acudiendo a la Corte

Internacional de Justicia de La Haya.

La segunda pica en Flandes, para usar un término empleado recientemente, fue puesta por el Ministerio de

Relaciones Exteriores del Perú cuando se desempeñaba como titular del sector el abogado y catedrático Fernando

de Trazegnies, durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. El 20 de octubre del 2000, en efecto, nuestra

Cancillería rechazó el arbitrario trazado cartográfico hecho por el Servicio de Hidrografía y Oceanografía de la

Armada de Chile, donde aparece una línea que pasa sobre el mar en el paralelo geográfico del hito número 1 de la

frontera terrestre con la identificación de “límite marítimo”. En esa oportunidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores

expresó su disconformidad con ese trazado “por no existir un tratado específico para la delimitación de la

frontera marítima entre los dos países”, apoyando su posición en las consideraciones expuestas en el memorando

del 23 de mayo de 1986. Esa nota fue respondida por el Gobierno chileno expresando que el límite marítimo ya se

había fijado y “reafirmado, por ejemplo, en los años 1968 y 1969, al instalar dos faros que indicaban su ubicación”.

Este desencuentro se produjo un año después de que los gobiernos del Perú y de Chile firmaran, el 13 de noviembre

de 1999, el Acta de Ejecución de los asuntos pendientes del Tratado de 1929, a través del cual Chile le hizo entrega

al Perú, dentro de los 2,575 metros cuadrados en la Bahía de Arica, de un muelle o malecón de atraque para buques

de calado, un edificio para la agencia aduanera y la estación terminal para el ferrocarril a Tacna. Y, también en esa

fecha, como un gesto de buena voluntad para fortalecer las relaciones bilaterales, anunciaron la entrega al Perú del

Archivo Nacional de Tacna del periodo comprendido entre 1728 a 1882, lapso que corresponde a 150 años de vida

de ese departamento.

En abril del 2001, durante la presidencia interina del doctor Valentín Paniagua, se produjo otro incidente cuando la

Armada chilena trasladó un puesto de vigilancia a territorio peruano, motivando una enérgica nota de protesta del

primer ministro y canciller, embajador Javier Pérez de Cuéllar, quien sostuvo que “una comisión técnica ha

constatado que la mencionada caseta de vigilancia se encuentra ubicada en territorio peruano. En consecuencia, el

Gobierno del Perú presenta su protesta al Gobierno de Chile por la instalación de la mencionada caseta, la que bajo

ninguna circunstancia deberá permanecer en territorio peruano, debiendo asimismo cesar toda incursión de patrullas

militares o policiales chilenas en el área anteriormente señalada”. Este hecho fue superado cuando el presidente

Ricardo Lagos ordenó el retiro de la caseta de vigilancia, mientras que su ministra de Relaciones Exteriores, Soledad

Alvear, explicaba que retrocedieron para evitar tensiones, pero subrayando que esa decisión de ningún modo

implicaba reconocer el límite terrestre planteado por el Perú.

El 19 de julio del 2004 se coloca otra pica en Flandes, durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, cuando el

mandatario instruye al canciller Manuel Rodríguez Cuadros para que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviara

una nota oficial a Santiago, cuyo texto expresaba que “hasta la fecha, el Perú y Chile no han celebrado, de

conformidad con las reglas del derecho internacional, un tratado de delimitación marítima”, y planteaba que

se iniciaran negociaciones en un plazo de 60 días. La propuesta fue desestimada por el Gobierno chileno con el

argumento de que sí existía un tratado de esa naturaleza, en referencia a los acuerdos pesqueros de 1952 y 1954

que suscribimos conjuntamente con Ecuador.

El 3 de noviembre de 2005 se promulgó la Ley 28261 o Ley de Líneas de Base de Dominio Marítimo, con respaldo de

todas las bancadas, norma legal que determina las coordenadas y el Punto Concordia en el área donde se

encuentran los 37 mil 610 metros cuadrados del triángulo interno. Luego, el 19 de diciembre del año 2006, durante el

segundo gobierno del presidente García, se presenta un delicado incidente diplomático cuando el Gobierno de

Santiago aprueba una ley creando la Región Arica-Parinacota, que en su inciso 2 del artículo 1 consideraba el

paralelo del Hito N° 1 en mar chileno, disposición arbitraria que generó que el 10 de enero del 2007 nuestra

Cancillería hiciera llegar una enérgica nota de protesta. El incidente fue superado cuando los magistrados del

Tribunal Constitucional de ese país declararon nula la norma legal aduciendo “vicio formal” porque “su contenido no

tenía relación con las ideas matrices o fundamentales del proyecto original del Ejecutivo sobre la materia, violándose

de esta forma el artículo 69, inciso primero, de la Carta Fundamental”.

El 11 de agosto del 2007, el Gobierno peruano refuerza su posición jurídica al promulgar el Decreto Supremo N° 047-

2007-RE con la nueva cartografía, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Líneas de Base de Dominio

Marítimo, y dos meses después de presentada nuestra demanda, el 16 de marzo del 2008, promulga la Ley 29189,

que aprueba la demarcación territorial del departamento de Tacna, estableciendo que el límite terrestre se inicia en el

llamado Punto Concordia.

Antes de litigar en la Corte se realizaron diversas reuniones con el presidente García y con el canciller José Antonio

García Belaunde, por separado, para comprometer el respaldo de la representación nacional en la demanda contra

Chile, con la perspectiva de mantener esa unidad en el largo periodo que transcurriría hasta que el tribunal emitiera

su sentencia, tiempo que los especialistas estimaron en seis años tras la presentación de la demanda, es decir que

se produciría en la siguiente administración de gobierno, del 2011 al 2016.

En mi condición de presidente del Congreso de la República y de ministro de Relaciones Exteriores durante su

primera administración, el presidente García me convocó en varias oportunidades para hacerme conocer el sustento

jurídico del proyecto de la demanda peruana, para pasar revista a las recomendaciones técnicas de los profesionales

de la Cancillería, escuchar los puntos de vista de los parlamentarios y coordinar las líneas de acción con el

Congreso.

Recuerdo los apuntes en letra pequeña, casi ilegible, gráficos y referencias que hacía en diversos documentos y

mapas que tenía sobre su escritorio, borrones, tachaduras y agregados, difíciles de descifrar, porque parecían

codificados, así como anotaciones que registraba en numerosos papeles, en hojas sueltas, cuando consideraba

interesantes algunos comentarios o cuando surgía una nueva idea. En dos o tres momentos retorné de la Sala Grau

a su despacho para pedirle que descifrara lo que yo llamaba “jeroglíficos peruanos”, pero que el presidente entendía

perfectamente y se sorprendía sonriente que yo no lo hiciera.

Siempre iniciaba las conversaciones haciendo un balance de la evolución del proceso, analizando los argumentos a

favor y en contra, insistiendo en que nuestros argumentos legales debían ajustarse a la línea de razonamiento de los

magistrados de la Corte y avizorando que estos se pronunciarían con un sentido de equidad, conforme lo habían

hecho en casos similares y conforme lo establecían los principios de la Convención del Mar; es decir, según su

perspectiva, el Tribunal no resolvería a favor de una de las partes, sino que encontraría una fórmula inteligente e

intermedia para solucionar equitativamente la controversia, como efectivamente lo hicieron en la sentencia que

emitieron cinco años más tarde.

Para el presidente, la fortaleza o debilidad de Chile la conoceríamos si planteaban, como excepciones preliminares,

que la Corte se declarara incompetente de administrar justicia por existir un tratado de límites marítimos. Si no lo

hacían, si no utilizaban ese recurso, establecido en el artículo 79 del reglamento del organismo, era porque

reconocían la debilidad de sus argumentos, porque resultaba muy difícil pensar que experimentados magistrados

pudieran otorgarles categoría de tratado de límites a los convenios pesqueros de 1952 y 1954, cuando la

jurisprudencia y la doctrina internacional señalan que estos deben pactarse explícitamente, con referencia de

coordenadas y precisiones geográficas, formalidades que no cumplían. Para oponerse a la intervención de la Corte,

Chile contaba con un plazo de tres meses luego de la presentación de la demanda peruana. No lo hicieron, no

arriesgaron, confirmando la precariedad de sus argumentos y anticipando que la Corte no aceptaría que los acuerdos

de 1952 y 1954 constituían un tratado limítrofe.

Sobre los documentos que se estaban preparando para sustentar nuestra demanda, el presidente afirmaba que

teníamos que ser cuidadosos en la redacción de los antecedentes históricos, que debían presentarse sobriamente y

sin estridencias porque el cometido de los magistrados estaba relacionado con los límites marítimos y no con el

conflicto de 1879. Sin embargo, resultaba inevitable expresarle a la Corte que el origen de la controversia marítima

fue la Guerra del Pacífico y recordarle someramente la rebeldía de los gobiernos chilenos para cumplir el Tratado de

Ancón de 1883, donde tuvimos que entregar la provincia de Tarapacá, al tiempo que acordamos que en un plazo de

10 años, es decir, en 1893, debía realizarse un plebiscito para que los habitantes de las provincias de Tacna y Arica

decidieran a qué país deseaban pertenecer. El plebiscito no se llevó a cabo por la agresiva chilenización de esas

regiones cautivas, asunto que se resolvió 46 años más tarde a través del Tratado de Lima de 1929, que dispuso la

reincorporación de Tacna al Perú y la cesión a perpetuidad de Arica a la República de Chile.

La Memoria presentada por el Perú, además, recordó brevemente que los derechos y servidumbres pactados a favor

de nuestro país en el referido Tratado de 1929 tuvieron que esperar 70 largos años para que el Gobierno chileno

cumpliera con implementarlos. El presidente leyó hasta en dos oportunidades los argumentos históricos, los repasó y

sopesó, subrayando que no debíamos hacer referencias a hechos graves y dolorosos ocurridos en la Guerra del

Pacífico.

En las conversaciones, sin embargo, resultaba inevitable recordar que en esa conflagración perdieron la vida miles

de compatriotas, las ciudades fueron arrasadas, los bienes confiscados y tropas chilenas ocuparon el Perú durante

cuatro años. Como consecuencia del conflicto, asimismo, perdimos 56 mil kilómetros en Tarapacá y 21 mil kilómetros

en Arica; en total, 78 mil kilómetros cuadrados, que representan cerca de cuatro veces la extensión del departamento

de Ica. Por su parte, Chile también despojó a Bolivia de 400 kilómetros de costa y 120 mil kilómetros cuadrados de

territorio, dejando al país altiplánico sin salida al mar e impulsando, con esta iniquidad, un conflicto que hasta hoy no

se resuelve y que ha provocado, después de numerosas negociaciones sin resultados, que el Gobierno boliviano

anuncie que derivará su caso a la Corte de La Haya.

En suma, por la Guerra del Pacífico, Chile incorporó a su soberanía casi 200 mil kilómetros cuadrados, y 140 años

después pretendía apropiarse de espacios marítimos que no le correspondían, afectando los legítimos intereses del

Perú. Ahora, después del fallo de La Haya, mantienen esa misma política expansionista al intentar adueñarse del

llamado “triángulo terrestre” de 37,610 metros cuadrados que le pertenecen a nuestro país, de acuerdo con lo

dispuesto en el Tratado de 1929 y en el Acta Final de la Comisión Mixta Demarcadora.

Dicha comisión expresó, de manera categórica, que “la línea de frontera demarcaba parte del Océano Pacífico en

un punto en la orilla del mar”, y más adelante dice que “se colocará un hito en cualquier parte del arco, lo más

próximo al mar posible, donde quede a cubierto de ser destruido por las aguas del océano”. No obstante, el Gobierno

chileno sostiene que la línea de frontera terrestre se encuentra en el llamado Hito número 1, ubicado a 264 metros de

la costa y colocado ahí solo como referencia y para evitar su destrucción por el fuerte oleaje.

Otro grave antecedente de esa política expansionista fue la ilegal apropiación de nuestra provincia de Tarata, de 980

kilómetros cuadrados de extensión, hecho que no fue referido, como desde mi punto de vista debió hacerse, en el

texto de la Memoria presentada en La Haya. La valiosa iniciativa del presidente Augusto B. Leguía, de solicitar un

laudo arbitral del mandatario de los Estados Unidos, John Calvin Coolidge, determinó que este resolviera la

devolución de Tarata. El 1 de setiembre de 1925, en efecto, en acto solemne con la participación del generalísimo

John Pershing, en representación de Estados Unidos; de Manuel de Freire y Santander y de Agustín Edwards, por

parte del Perú y de Chile, respectivamente, la cautiva provincia de Tarata fue reincorporada al suelo patrio.

Sin embargo, a pesar de la prudencia de nuestra Cancillería, la sola mención en la Memoria al origen del conflicto de

1879, al incumplimiento del Tratado de Ancón y a la demora en la ejecución del Protocolo Complementario causó una

insolente reacción del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, según indica el ex canciller García

Belaunde en sus Memorias. Moreno le habría expresado al mandatario peruano que consideraba “odiosa” la

referencia a esos antecedentes, recibiendo como indulgente o indiferente respuesta del jefe de Estado: “No las he

leído”, para así ponerle punto final a una desagradable e impertinente opinión no solicitada.

De nuestra parte, damos testimonio de que el presidente sí había leído y anotado todos los documentos, incluyendo

las referencias históricas. Lo dicho por el ministro chileno, empero, no fue solo un exabrupto burocrático, sino que

forma parte de una posición beligerante de algunos políticos de ese país, quienes califican de odiosos, agresivos o

inamistosos los puntos de vista que contradigan su protocolo oficial, especialmente en temas fronterizos.

En el año 2010 viajé a Chile en mi condición de presidente de la Comisión de Defensa Civil del Congreso,

acompañado de los legisladores Carlos Cánepa La Cotera y Jorge Foinquinos, integrantes de nuestro equipo de

trabajo. El objetivo de la visita era coordinar leyes y acciones conjuntas ante eventos sísmicos y otros desastres

naturales, especialmente en la zona de frontera y, desde luego, tomar el pulso sobre lo que pensaban los políticos

chilenos de nuestra demanda en la Corte de La Haya.

Fuimos atendidos con respeto y cordialidad por el presidente de la Cámara de Senadores, Jorge Pizarro, y por el

vicepresidente encargado de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Germán Becker. Nuestro embajador en

Santiago, Carlos Pareja, profesional de reconocida calidad y eficiencia, ofreció una comida en la residencia con

parlamentarios de todos los grupos políticos y con el profesor José Rodríguez Elizondo, académico bien informado

sobre el proceso ante la Corte Internacional de Justicia.

La reunión se desarrolló sin protocolos. Se habló de superar desconfianzas, recelos y distancias emocionales

producto de la Guerra del Pacífico, lastre que no deberían arrastrar las nuevas generaciones de peruanos y chilenos.

No faltaron consultas sobre el porqué de nuestra demanda, y respondimos que la presentamos porque para el Perú

resultaba inaceptable que Chile pretendiera convertir acuerdos pesqueros en un tratado de límites, con grandes

desventajas para nuestro país, y por la reiterada negativa de negociar un acuerdo conforme lo estipula el Pacto de

Bogotá.

Terminada la cena, sostuvimos una reunión más pequeña, con dos o tres invitados, sin la participación del embajador

peruano, y uno de los asistentes calificó nuestra decisión como “inamistosa”, conforme lo habían sostenido la

presidente Bachelet y algunos dirigentes políticos de ese país. Sobre este punto, recordamos que en 1964 y 1967,

durante los gobiernos de los presidentes Alessandri y Frei Montalvo, los chilenos recurrieron unilateralmente al

arbitraje británico para resolver sus desacuerdos con Argentina sobre el río Palena y el Canal de Beagle, apelando al

Tratado General al Arbitraje de 1902. Ninguna autoridad argentina observó ese procedimiento ni lo calificó como

inamistoso. Por ello, el destacado diplomático y jurista chileno José Miguel Barros preguntó: “¿Por qué, entonces,

habría de ser intrínsecamente inamistoso el paso análogo que ha dado el Perú para que se resuelva un desacuerdo

acerca del cual Chile no aceptó entrar en negociaciones?”.

Más aún, sobre el punto, en la Sesión Plenaria N° 68, del 15 de noviembre de 1982, con el voto favorable de Chile, la

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 37/10 o “Declaración de Manila” sobre Arreglo

Pacífico de Controversias, que en el párrafo final del anexo del punto 5 textualmente expresa: “El recurso del arreglo

judicial de las controversias jurídicas, en particular su remisión a la Corte Internacional de Justicia, no debe ser

considerado un acto inamistoso entre los Estados”. Esta declaración, redactada y aprobada 34 años antes del fallo

de la Corte, constituye la mejor respuesta a sectores chilenos que, precipitadamente, calificaron de “inamistosa”

nuestra decisión de recurrir al más alto tribunal del mundo.

No sé si convencimos a nuestros interlocutores, pero nos sentimos satisfechos de hablarles con franqueza, sin

reservas, haciendo referencia inclusive a las enormes pérdidas territoriales que tuvimos con la guerra y a la

preocupación latinoamericana por las grandes compras chilenas de material bélico de tecnología de punta, alto poder

destructivo y solamente útiles en una guerra internacional, lo que afectaba el equilibrio estratégico regional y creaba

justificados temores. Pero también destacamos que el Perú tuvo mucho cuidado en la presentación de su Memoria

para no exacerbar pasiones, ingratos recuerdos, ni abrir nuevas brechas entre los dos países.

Antes de la presentación ante la Corte, dos incidentes tensaron las relaciones. El primero ocurrió en octubre del

2009, cuando Chile organizó ejercicios militares con participación de efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados

Unidos, Argentina, Brasil y Francia. Las maniobras fueron denominadas Operación Salitre, en clara y torpe alusión al

conflicto de 1879, precipitado cuando el Gobierno boliviano impuso una regalía de 10 centavos por cada quintal de

salitre que exportara desde Antofagasta, desconociendo un tratado suscrito en 1874 y a través del cual asumieron el

compromiso de no subir esos impuestos durante 25 años. Con ese pretexto se inicia la cruenta Guerra del Pacífico,

que involucró a nuestro país por el desatino de haber firmado un pacto secreto defensivo con Bolivia, país que

después nos abandonó militarmente y que también negoció con Chile, al culminar el conflicto, para que le entregaran

nuestros territorios en Arica o Tarapacá.

Pero la alusión chilena fue mucho más allá de utilizar irresponsablemente la denominación de Operación Salitre,

porque el protocolo diseñado para las maniobras hacía socarrona referencia a un país ubicado en Iquique (puerto

peruano que perdimos en la guerra), a una distancia de 500 kilómetros al norte de Antofagasta (puerto que perdieron

los bolivianos en el conflicto). El país agresor fue llamado “Tarapacá” (departamento que le cedimos a Chile en el

Tratado de Ancón), y el ataque, motivado por haber violado las normas internacionales. Esa fue, sin embargo, la

chauvinista respuesta de los comandos militares chilenos por la presentación de nuestra demanda en La Haya,

inexplicablemente permitida por el régimen civil de la presidente Bachelet.

Ante ello, la Cancillería y el Ministerio de Defensa, así como parlamentarios de todos los grupos políticos, protestaron

con firmeza; Chile cambió el libreto del operativo, y la bravuconada castrense tuvo como efecto positivo compactar al

país en defensa de nuestros derechos marítimos y en resguardo de los títulos históricos-jurídicos de la Nación.

Un mes antes de esos ejercicios, en setiembre del 2011, en una Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas

(UNASUR), el presidente García propuso la suscripción de un pacto de no agresión con el doble propósito de frenar

el armamentismo regional y de construir una cultura de paz en la región. Ese planteamiento fue rechazado por el

canciller chileno Mariano Fernández y, luego, por el ministro de Defensa, Francisco Vidal, quien cometió el desatino o

la ligereza diplomática de expresar que la propuesta recordaba el “pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la

Unión Soviética”. Desconocía el ministro Vidal, por carencia de formación profesional en asuntos internacionales o

por mal asesoramiento de sus consejeros militares, que ese acuerdo estaba consagrado en todos los tratados

internacionales, entre ellos los de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos y, más aún, que

Perú y Chile habían firmado, en 1933, un tratado en ese sentido denominado Pacto Antibélico de No Agresión y

Conciliación, más conocido como Pacto Saavedra Lamas, en honor al creador de la propuesta, que por esa

consideración fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

El otro incidente, no menos grave, ocurrió un mes después, en noviembre del 2009, cuando se descubrió que un

suboficial de la Fuerza Aérea había sido reclutado por los servicios de Inteligencia chilenos, hecho que motivó la

protesta del Gobierno del Perú y de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso; protesta que no tuvo

respuesta del país del sur, silencio que en lenguaje diplomático se interpreta como una tácita aceptación de los

hechos. En aquella oportunidad sostuve en el diario Correo que “hay una gran responsabilidad y una explicación que

nos tiene que dar el Gobierno de Chile porque, para que haya espías, hay quienes les pagan a los espías”. Con todo,

ninguno de estos hechos desvió al Perú de su propósito de mantener y promover la paz no solo con Chile, sino con

todos los países integrantes del sistema interamericano.

Debo concluir esta larga exposición, señor presidente, destacando el esfuerzo desplegado en la construcción de una

política de Estado en el tema que nos convoca. Con ese propósito, el ministro García Belaunde se reunió en

numerosas oportunidades con la Comisión de Relaciones Exteriores, con la Subcomisión de Seguimiento de la

Demanda del Perú y, también, con el Pleno del Congreso, eventos donde algunas veces asistió en compañía del ex

canciller y agente ante la Corte de La Haya, Allan Wagner Tizón, y de otros destacados funcionarios, entre ellos el

abogado y catedrático universitario Juan José Ruda, el embajador Gustavo Meza Cuadra y la ministra Marisol Agüero

Colunga, autora de un brillante libro titulado Consideraciones para la delimitación marítima del Perú, publicado por el

Fondo Editorial del Congreso de la República.

Este contacto permanente, abierto y cordial, fue importante para disolver temores y desconfianzas con las diferentes

fuerzas políticas acreditadas en el Poder Legislativo y para garantizar una relación de primer nivel con el Ejecutivo. El

presidente García, por su lado, desarrolló un trabajo sistemático para obtener el respaldo de las bancadas

parlamentarias. Recordamos que, en esos tiempos, el Partido Nacionalista mantenía una posición radical frente a

Chile, que lo condujo a denunciar de inconstitucional el Tratado de Libre Comercio y a movilizar a un grupo de

militantes a la zona de frontera, al departamento de Tacna, con la intención de ingresar al llamado Hito N° 1. A esos

hechos agregamos la dura oposición que le hacían al gobierno aprista, lo cual hacía presagiar que tendríamos serias

dificultades para incorporarlos al acuerdo nacional.

Desde el 26 de julio del 2007, fecha en que asumí la Presidencia del Congreso, ese fue uno de los temas centrales

de coordinación con el jefe de Estado. La directiva política era simple y clara: hay que conversar con los líderes de

las bancadas y, especialmente, con los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, uno por uno, si era

posible. Hablé primero con la Célula Parlamentaria Aprista, y todos sus integrantes comprometieron su respaldo y

ofrecieron dialogar con colegas de otras agrupaciones. Luego tuve una amplia conversación con Keiko Fujimori,

lideresa de su partido, y recibí un firme compromiso de apoyo, lo mismo que de Luisa María Cuculiza y de Alejandro

Aguinaga. Los parlamentarios de Unidad Nacional también tenían una sólida posición a favor de que recurriéramos a

la Corte de Justicia. Así lo hicieron saber Raúl Castro, Javier Bedoya de Vivanco, Lourdes Alcorta, Juan Carlos

Eguren y Lucho Galarreta, y la misma opinión recibí de Carlos Bruce, de Perú Posible; de Víctor Andrés García

Belaunde, de Alianza Parlamentaria, y de Aldo Estrada, de Unión por el Perú.

El trabajo hacia la concertación debía culminar con la bancada nacionalista. Con ese objeto conversé con los líderes

encargados de los asuntos de política internacional: Juvenal Ordóñez y Rafael Vásquez, quienes desde un primer

momento, en gesto de amplitud y responsabilidad, garantizaron el apoyo de su partido y de su bancada.

Ese consenso, que se construyó pacientemente en varios meses de trabajo, concluyó pocas semanas antes de la

presentación de la demanda. En las reuniones que siguieron con el presidente, siempre insistía en asegurar el

compromiso de las bancadas, consciente de que sin el apoyo de la representación nacional proyectaríamos debilidad

y fisuras en el frente interno, lo cual podría ser hábilmente aprovechado por el Gobierno de Chile. De cuando en

cuando, por ello, recibía notas de Palacio de Gobierno para que la concertación involucrara a todas las fuerzas

políticas del Parlamento.

Revisando mis documentos, encontré uno de esos escritos, a mano, como todos los demás, donde el presidente

informaba que había fijado para el 16 de enero del 2011 la fecha de presentación de la demanda y que, con tal

propósito, solicitaba que organizara una sesión especial del Parlamento para dirigirse al país, a la vez que insistía en

que coordinara con algunos legisladores. Me permito leer esa nota:

“Lucho, ya tenemos preparada la demanda. Fecha ideal de presentación: el 16. Por favor, convoca a la Comisión

Permanente para ese tema nacional. Muy importante que se coordine con todas las fuerzas, especialmente con la

gente del nacionalismo, Juvenal Ordóñez, también Rafael Vásquez, Lourdes Alcorta, Lucha Cuculiza, Eguren. Son

gente buena, propia de una política de Estado, como debe ser esta. Avísame a qué hora”. La nota culmina con esta

frase: “Alea jacta est”, locución latina que significa “la suerte está echada”, atribuida por el historiador Suetonio a Julio

César cuando este decidió cruzar el río Rubicón.

Ese día, el presidente asistió al Parlamento para anunciar nuestra demanda contra Chile, agradecer el trabajo del

Ministerio de Relaciones Exteriores y el respaldo que “patrióticamente han expresado todas las bancadas de este

Congreso”. En correspondencia, en señal de unidad ante el país y el exterior, al día siguiente creamos una

Subcomisión de Seguimiento de la Demanda del Perú, grupo multipartidario presidido primero por el legislador

Juvenal Ordóñez y, ante su sensible fallecimiento, por Rafael Vásquez, quienes condujeron su trabajo con

responsabilidad y en una línea de permanente coordinación con la Cancillería.

Por ese esfuerzo, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y el presidente del Congreso fueron

condecorados con la Orden del Sol del Perú el 22 de junio del 2011, en una austera pero emotiva ceremonia

desarrollada en el Palacio de Torre Tagle. El apoyo del Congreso no solo se proyectó a través de leyes y

declaraciones de sus representantes, inclusive respondiendo con firmeza expresiones agresivas de parlamentarios y

ministros chilenos, sino también impulsando iniciativas para exceptuar de restricciones presupuestales los gastos del

proceso en La Haya y para que, por estrategia, para que no se conocieran nuestros desplazamientos, no se

publicaran en el diario oficial los viajes de funcionarios que asistían a reuniones vinculadas con la demanda,

demostrando de esa forma el compromiso parlamentario para forjar y comprometerse ampliamente con esa política

de Estado.

Por ello, debo destacar las palabras del presidente García sobre el aporte del Congreso. Nos alegramos que lo

hiciera, que lo recordara, porque la mayoría de analistas ha soslayado, por desconocimiento, mezquindad o

descuido, el patriótico apoyo del Poder Legislativo a nuestra demanda contra Chile.

Con el fallo de La Haya, dictado el 27 de enero último, 28 años después de la primera nota oficial que le hicimos

llegar a Chile para iniciar conversaciones y seis años después de presentar la demanda sobre los límites marítimos,

concluye la última controversia pendiente sobre fronteras. “La suerte fue echada”, dijo el presidente, refiriéndose a

que no había marcha atrás en la decisión adoptada.

Nota del Presidente de la República, Alan García, al Presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada Eyzaguirre,

fijando la fecha de presentación de la demanda contra Chile.

El resultado ha sido ampliamente favorable, al integrar a nuestro dominio marítimo 21,928 kilómetros cuadrados del

área en disputa con Chile y 28,356 kilómetros cuadrados del triángulo externo, que en su conjunto hacen más de 50

mil kilómetros cuadrados de masa de agua y la misma extensión de plataforma continental, con todos sus recursos

vivos y no vivos. Fue el triunfo de la justicia, pero también de la unidad y la concertación entre peruanos. Fue una

victoria del derecho internacional y de quienes apuestan por la solución de los conflictos entre los Estados por

medios pacíficos.

La Haya también nos ha dejado el legado de que los peruanos debemos actuar unitariamente y de buena fe en otros

asuntos importantes, como en políticas públicas de educación, salud, seguridad, inclusión social e inversiones. Solo

así, conduciéndonos por ese camino, con amplitud y sin mezquindades, con generosidad y sin odios, con un espíritu

de concertación y tolerancia, comprendiendo que los políticos somos compatriotas que eventualmente podemos

discrepar, pero que nunca debemos actuar como enemigos, porque al hacerlo nos destruimos y afectamos a la

nación en su conjunto; solo así, reitero, podemos construir un país integrado, fuerte económicamente y con amplio

desarrollo social.

Con Chile se avizoran nuevos horizontes, como sucedió con Ecuador luego de firmado el acuerdo de paz. Hay que

trabajar en esa línea positiva. En el frente interno, a través de una inteligente política de fronteras, especialmente en

el sur, con Chile y engrandeciendo Tacna, porque geopolíticamente debemos hacerlo e históricamente tenemos esa

acreencia con la tierra ayer cautiva y hoy soberana por la voluntad general de su pueblo.

Hacerlo también implica atender puntos complejos, no soslayarlos ni archivarlos, porque las tensiones se reactivarán

periódicamente provocando innecesarias desavenencias bilaterales o confrontaciones que pueden afectar las

buenas relaciones peruano-chilenas, que es nuestro deber impulsar y acrecentar. En ese aspecto, es inaceptable

que Chile cuestione la soberanía peruana sobre el llamado triángulo terrestre para descargar emocionalmente su

frustración ante el fallo de La Haya e iniciar una controversia que, de plantearla formalmente, deberá resolverse a

través de un acuerdo binacional o mediante el arbitraje del presidente de los Estados Unidos, como lo establece el

Tratado de 1929.

Y, desde luego, también está pendiente, entre otros asuntos, la devolución de la integridad de libros y bienes

confiscados en la Guerra del Pacífico (2), la compensación equitativa por el área afectada de nuestro terreno en El

Chinchorro y que las autoridades sureñas autoricen a ENAPU PERÚ a instalar bitas adicionales en nuestro muelle en

Arica, para que puedan atracar naves de mayor tonelaje.

Muchas gracias.

Notas complementarias

(1) El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, solicitó una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la

OEA, de acuerdo con el artículo 62 de la Carta. Por ejercer ese derecho, el Gobierno venezolano rompió relaciones

diplomáticas con Panamá y agravió a su presidente calificándolo de “lacayo y rastrero” y de tener intereses

económicos para no cancelar las acreencias que tiene por usar la zona canalera, deuda que asciende a 2 mil

millones de dólares. Ningún presidente dijo una palabra ante los improperios del mandatario venezolano. El Consejo

Permanente de la OEA no se atrevió a convocar a una reunión de cancilleres, limitándose a una declaración

imprecisa, no votada por Canadá, Estados Unidos y Panamá. El Consejo Permanente tampoco hizo uso de la Carta

Interamericana Democrática y, más tarde, le negó el uso de la palabra a la lideresa de la oposición, María Corina

Machado, en sesión secreta, acordada por 22 países y con 11 votos en contra, entre ellos el del Perú. Y, por último,

el secretario general de la OEA, el temeroso y escurridizo José Miguel Insulza, se camufló en el término “no

injerencia” para callar en el caso venezolano y, a los pocos días, la diputada Machado fue arbitrariamente desaforada

del Congreso ante el silencio de UNASUR, OEA y CELAC.

(2) En la relación bilateral, formar parte de la APEC y contar con un Tratado de Libre Comercio con Chile –firmado el

22 de agosto del 2006 y en vigencia desde el 1 de marzo del 2009– constituyen sólidas columnas para acrecentar

una política de integración activa entre dos países que han superado la última controversia limítrofe pacíficamente a

través de la Corte Internacional de Justicia. A lo anterior debemos agregar que también formamos parte de la Alianza

del Pacífico junto con México y Colombia.

Jorge Rosenblut, en un artículo publicado en el diario El País de España, califica la Alianza como “un movimiento

fundado en la innovación y la imaginación”, “una hazaña notable cuyo objetivo es proporcionar resultados tangibles y

no quedarse en buenas intenciones”, para luego sostener que “es una visión y un plan para el futuro económico de

América Latina basado en las oportunidades, el juego limpio y el creciente acuerdo de que la cooperación y la

coordinación económica regionales son beneficiosas para todos”.

La Alianza del Pacífico ha sido iniciativa peruana, del presidente Alan García, quien le extendió partida de nacimiento

con la Declaración de Lima del 28 de abril del 2011, documento suscrito con los mandatarios de Chile, Sebastián

Piñera; de Colombia, Juan Manuel Santos, y de México, Felipe Calderón.

Las cuatro naciones cuentan con 220 millones de habitantes, cubren una superficie territorial de 5 millones de

kilómetros cuadrados, importan y exportan 510 mil y 540 mil millones de dólares anuales, respectivamente. Disponen

de un PIB combinado de 2 billones de dólares –que representan cerca del 40% del PIB de América Latina– y, en

conjunto, son la sexta economía mundial y la sétima potencia exportadora.

Además, concentran el 41% del comercio latinoamericano con el resto del mundo, tienen alto nivel de crecimiento,

escasa inflación, avanzan significativamente en reducir la pobreza y el desempleo, y son fuente de atracción de

capitales foráneos, que en el 2012 invirtieron 70 mil millones de dólares en diversos proyectos estratégicos.

Por ello, el analista internacional Juan Ruiz, en un artículo publicado en el diario El País de España con el sugerente

título de “El Verdadero Gigante de Latinoamérica”, sostuvo que la dinámica económica de los miembros de la Alianza

está solo por detrás de Alemania y delante de Rusia y Brasil, para agregar que “más importante aún, será la cuarta

economía mundial en los próximos 10 años, solo detrás de China, India y los Estados Unidos” y que, por su

acrecentada importancia en el contexto internacional, 25 países han solicitado membresía para participar como

observadores, entre ellos China, Estados Unidos, Canadá y Japón.

Reglas de juego claras, seguridad jurídica, economías abiertas a la inversión, tratados de libre comercio con la

mayoría de países, son características de la Alianza. Han liberado aranceles, avanzado en la supresión de visas, en

integrar las Bolsas de Valores y en establecer embajadas-consulados comunes, comenzando por una representación

conjunta en la República africana de Ghana. Chile y Colombia, por su parte, compartirán embajadas en Argelia y

Marruecos, y Perú y Colombia, en Vietnam, y ahora cuentan con una Oficina de Promoción en la República de

Turquía y, pronto, en el Reino de Marruecos.

De otro lado, la Organización Mundial del Comercio señala que los países de la Alianza exportaron 445 mil millones

de dólares en el 2010, un 60% más que el Mercosur, organización constituida por Argentina, Brasil, Uruguay,

Paraguay y Venezuela, que en una década han integrado solo un 15% de su comercio, mientras que los miembros

de la Alianza liberaron aranceles hasta en un 92% y el 8% restante lo harán a mediano plazo.

Más aún, como apunta el analista Moisé Naim en el diario español El País, los dos socios más importantes tienen

serios problemas económicos: “Argentina sigue su desenfrenada carrera hacia el precipicio económico. La economía

brasileña entró en recesión, y 2014 será su cuarto año seguido de anémico crecimiento económico”. O, como anota

el analista Andrés Oppenheimer en un artículo publicado en el diario El Nuevo Herald de Miami, mientras en el 2012

los países de la Alianza tuvieron un crecimiento combinado de 5%, los del Mercosur solo lo hicieron a una tasa

promedio de 2.9%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL).

Y en esa línea señala que “lo que es más, en medio de una desaceleración general del comercio global, el comercio

entre los países de la Alianza del Pacífico creció 1.3% el año pasado, mientras que el comercio entre los países del

Mercosur cayó un 9.4%, según CEPAL”.

Si bien los expertos coinciden en que la Alianza es un proyecto de alta calidad, diseñado talentosamente para

modernizar las economías e insertarse en los procesos de globalización del mercado económico, financiero y

bursátil, pocos han destacado que solamente pueden formar parte del mismo países comprobadamente

democráticos, a diferencia de otros esquemas de integración regional donde coexisten gobiernos democráticos y

dictatoriales, porque lo único que prima para asociarse es el interés comercial, económico o financiero.

Alan García, creador del proyecto, en su discurso del 2011 señaló como requisitos esenciales para formar parte de la

Alianza el respeto al orden constitucional, la vigencia del Estado de derecho, de la democracia y de las libertades

cívicas. Es decir, incorporó componentes principistas e ideológicos como exigencias determinantes para participar en

ese proceso de integración.

Regímenes dictatoriales como el venezolano –que reprime con esmerada violencia las protestas universitarias,

clausura o ahoga económicamente medios de comunicación opositores, somete políticamente a militares y jueces, a

fiscales y policías, ante la permisividad, el silencio o el apoyo de otros gobiernos latinoamericanos– no tendrían

cabida en un sistema sustentado en la libertad de comercio y en los valores democráticos.

No se trata, en suma, de asociarse únicamente por consideraciones mercantiles, sino hacerlo cumpliendo los

estándares democráticos. Por ello, líderes de la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA),

mecanismo político creado por el régimen venezolano del comandante Hugo Chávez, cuestionan el acuerdo suscrito

entre Perú, Chile, Colombia y México lanzando pullas y ataques de diverso calibre.

Evo Morales, presidente de Bolivia, constructor de frases desafortunadas y huecas de contenido, sostuvo el disparate

de que la Alianza ha sido impulsada por Estados Unidos: “Los países que conforman la Alianza del Pacífico –dijo en

la XII Cumbre del ALBA, celebrada en Guayaquil– son parte de una conspiración que viene desde el Norte para

dividir y para que UNASUR no avance hacia la liberación definitiva”.

Por su parte, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, expresó que resultaba “verdaderamente preocupante que se

estén tomando iniciativas para, en primera instancia, tratar de dividir y, luego, debilitar el proceso de desarrollo y

consolidación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos”.

Menos agresivo fue el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien luego de referirse al “neocolonialismo”, al

“imperialismo del dólar” y de proclamarse socialista, rechaza el pacto suscrito por Perú, Chile, México y Colombia

porque no está a favor de los tratados de libre comercio.

Brasil, por su lado, no dudó en expresar su intromisivo enojo a través de Marco Aurelio García, asesor en Asuntos

Internacionales de los presidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff, quien sostuvo la sorprendente y falsa aseveración

de que la Alianza del Pacífico “no tiene relevancia económica y no representa competencia para el Mercosur”, y el

ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, dijo poco diplomáticamente que se trataba “solo de marketing, un

nuevo empaque para un viejo producto”.

Lo cierto es que, a pesar de críticas y expresiones agresivas, la Alianza del Pacífico avanza exitosamente,

proyectando internacionalmente que integración y democracia constituyen una fórmula de alto valor y comprobada

eficiencia.

Esta iniciativa, conjuntamente con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y los 19 tratados de libre

comercio impulsados o suscritos en su gestión presidencial, que nos conectan con 51 naciones del mundo,

constituyen un invalorable legado del gobierno aprista y expresan una política de Estado que debe continuar y

extenderse a otros temas sustantivos de nuestra política interna e internacional.