LA REVISTA AGRARIA Nº 156 - Octubre

7/27/2019 LA REVISTA AGRARIA N 156 - Octubre

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AO 14 N. 156OCTUBRE de 2013


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2 LA REVISTA AGRARIA / 156

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8

10

12

Los diferentes rostros dela tenencia de tierras

La inequidad de gneropersiste enel Per rural

Preocupacin mun-dial sobre el cambioclimtico:Continua su avance yse agudiza

Las diversas polticasde Estado continan

discriminando a lascomunidades campesi-nas

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contenidocontenido

editorial

E

n enero, el Gobierno declar 2013 como el Ao de la Inversin en Desarrollo

Rural y Seguridad Alimentaria. Fue una declaratoria que cre expectativas,

sobre todo despus de un quinquenio de gobierno del APRA, en el que tanto

el desarrollo rural como la seguridad alimentaria fueron totalmente desatendidos.

Para qu desarrollo rural si los campesinos no tienen formacin ni recursos

econmicos (Alan Garca en su famoso manifiesto El sndrome del perro del

hortelano)? Para qu seguridad alimentaria si es un concepto obsoleto y

podemos exportar gas para importar alimentos (Alan Garca en entrevista al

diario Expreso)?

En la abandonada propuesta de La Gran Transformacin, del frente Gana

Per, que llev a Ollanta Humala a la presidencia, el trmino seguridad alimentaria

se repite varias veces. As, en la seccin sobre La transformacin de la

produccin agraria se afirma: Lucharemos por tener una actividad

[agropecuaria] articulada, competitiva y sostenible, orientada a dotar de seguridadalimentaria a la poblacin peruana. El trmino seguridad alimentaria

desaparece en la Hoja de Ruta, para ser reemplazado por el ofrecimiento de

asistencia alimentaria, es decir, por programas del tipo de Qali Warma, similares

a los implementados por gobiernos anteriores.

La formacin de una comisin multisectorial de seguridad alimentaria y

nutricional, en octubre del ao pasado, por iniciativa del Ministerio de Agricultura,

fue una seal positiva, pues tena como encargo el diseo de una nueva Estrategia

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (la anterior, aprobada en 2004 y

que debi regir hasta 2015, nunca dej los cajones de los escritorios). Tambin

fue una seal positiva la aprobacin unnime de un proyecto de ley de seguridad

alimentaria por la Comisin de Agricultura del Congreso, como tambin lo fue la

aprobacin de la Ley de Promocin de la Alimentacin Saludable para Nios,Nias y Adolescentes, promulgada en mayo de este ao.

Con todos estos antecedentes, haba la expectativa de que el Gobierno

anunciase en el Da de la Alimentacin algo importante, lo que no ocurri. Fuera

de algunos eventos protocolares oficiales de limitada importancia y de varios

otros promovidos por la sociedad civil, no hubo novedades. La primera dama,

Nadine Heredia, se luci en las celebraciones realizadas en la sede central de la

FAO, pero no anunci ninguna medida concreta.

En qu estado estn, pues, las iniciativas mencionadas ms arriba? Se

sabe que ya hay una propuesta de Estrategia Nacional, pero an no pasa al

Consejo de Ministros para su aprobacin. La propuesta de ley de la Comisin

Agraria del Congreso ha quedado estancada, sin que an pase a debate en la

plenaria. Y la Ley de Promocin de Alimentos Saludables an no ha sidoreglamentada (a pesar de que ya expir largamente el plazo fijado por la propia

ley), por lo que no se implementa. Se afirma que esta demora se debe a las

intensas presiones que est ejerciendo el lobbyde la industria alimentaria sobre

la comisin que elabora el reglamento, para que este los afecte lo menos posible.

El Gobierno y el Congreso han perdido, pues, una ocasin para recuperar

en algo el declinante apoyo de la ciudadana sensible al tema alimentario, y

se van diluyendo las esperanzas de que este Gobierno muestre coraje para

adoptar medidas favorables a la mayora de la poblacin, cuando poderosos

grupos empresariales elevan la ceja en seal de desaprobacin. El Ao de la

Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria est pasando sin

pena ni gloria.

Publicacin del Centro Peruano de Estudios Sociales

Av. Salaverry 818, Jess Mara, Lima 11/ PerTelf. (511) 4336610

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Bertha Consiglieri (1950-2007)

DirectorFernando Eguren

Comit editorial

Laureano del Castillo, Javier Alvarado,Beatriz Salazar, Ricardo Marapi, Jaime

Escobedo, Pedro Castillo, Miguel Pintado

Correccin/DiagramacinAntonio Luya / Jos Rodrguez

Distribucin gratuita con La Repblica elltimo mircoles de cada mes.

Fernando EgurenDirector

Da de la Alimentacin.Oportunidad perdida?


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OCTUBRE de 2013 3

Por Paola Arica y Miguel Pintado

Tabla 1. Productores por sexo y regin natural

Total

Total % Productores

Costa 71.7 28.3 100.0 354,295

Sierra 65.0 35.0 100.0 1435,657

Selva 80.4 19.6 100.0 456,750

Regin natural Hombre % Mujer %

El papel de la mujer en el agro es hoyms evidente que nunca. El IV Cenagro,de 2012, informa que la cantidad de pro-ductoras, 691 mil, se ha duplicado en re-lacin con las 357 mil que, segn el IIICenagro, haba en 1994. Esta presencia

femenina es mayor en la sierra, regin enla que ms de un tercio de productoresson mujeres (ver tabla 1)

Cules son las caractersticasde la mujer que produce?

Sin embargo, la persistencia de la inequi-dad de gnero es, a pesar de su reduccinen los ltimos lustros, un obstculo parael desarrollo social de millones de mujeresy para la superacin de los altos ndicesde pobreza. En efecto, tres de cada cincoproductoras son minifundistas con super-ficies menores de tres hectreas. La inci-

dencia del analfabetismo es mucho mayoren las mujeres: 26%, frente al 9% en varo-nes. El 28% de mujeres no fue a la escuelaprimaria ni secundaria, cifra que triplica lade 9% en varones.

La actividad agropecuaria producesuficientes ingresos para la familia? Comopuede esperarse, cuanto ms tierras tie-ne un productor, mayor es la percepcinde que la actividad agropecuaria le pro-duce suficientes ingresos (ver tabla 2).

Pero, en trminos generales, es mayor elporcentaje de hombres que percibe quelos ingresos son suficientes, que el delas mujeres que percibe lo mismo respec-to de esos ingresos.

Acerca de las razones que motivan alas productoras a sembrar determinadoscultivos, las mujeres tienden ms que loshombres a repetir los mismos cultivos ya tomar ms en cuenta los gastos querequiere su produccin.

Foto:PabloCorralVega

La inequidad dea inequidad degnero persiste ennero persiste enel Per rurall Per ruralLa inequidad degnero persiste en

el Per rural


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Una importante diferencia entre lospredios conducidos por hombres y losconducidos por mujeres es el nmero demiembros en el hogar. Los hogares delos predios conducidos por mujeres tie-nen menos miembros que los conduci-dos por hombres. Independientementedel rea del predio, en aquellos conduci-dos por mujeres, ms de los dos terciosde los hogares tienen tres miembros omenos (mientras que en el caso de losconducidos por hombres no llegan a lamitad). Las razones de esta diferencia yde sus implicancias econmicas para elhogar merecen un estudio ms detenido.

En el plano de la educacin, las dife-rencias entre productores y productorasson importantes. Como ya se anot, el28% de las productoras no tuvieron edu-cacin formal alguna (frente al 9% de los

hombres).En cuanto a la educacin primaria, el54% de los hombres la curs, pero hizolo mismo solo el 46% de las mujeres.

Apenas el 19% demujeres curs laeducacin secunda-ria, frente al 29% dehombres para el mis-mo nivel educativo.Esto significa quelas conductorascuentan con menosactivos de capitalhumano para condu-cir adecuadamentesus predios.

Caractersticasdel predio

Por ltimo, tambin analizamos las di-ferencias de gnero desde el punto devista de la conduccin de la unidad agro-pecuaria (UA), para lo cual incluimos las

principales variables que caracterizan esaconduccin: el uso de insumos moder-nos, la capacitacin tcnica, las fuentesde energa, la solicitud de crdito y la

pertenencia a alguna organizacin. Dadoque las tres primeras variables estnasociadas a la capacidad de adopcinde nuevas tecnologas por parte del jefede hogar, ser crucial incluir una dife-

renciacin por alfabetismo. Por otra par-te, las dos ltimas variables tienen unvnculo con la escala de produccin dela familia, por lo que ser adecuado, eneste caso, incluir una diferenciacin portamao de UA.

En cuanto al uso de insumos agrco-las, las mujeres mantienen prcticas mstradicionales en comparacin con losvarones, independientemente de su con-dicin de alfabetismo. El uso de abonosorgnicos est ms generalizado en mu-

jeres jefes de hogar que no saben leer yescribir, antes que en varones de las mis-mas caractersticas (85.7% frente a77.7%), e incluso entre aquellas que ssaben leer y escribir (78.1% frente a72.2%). Sin embargo, no hay que olvi-dar que la sustitucin del uso de abo-nos orgnicos por fertilizantes qumicosse da cuando se pasa de una condicinde analfabetismo a alfabetismo, inde-pendientemente del gnero del jefe dehogar.

Respecto a la capacitacin tcnica,

podemos observar que la proporcin dehombres jefes de hogar que la recibie-ron, siempre es mayor que la de mujeres

jefes de hogar en el mismo caso. La co-bertura de la capacitacin mejora tambinpara los jefes de hogar hombres y muje-res que son alfabetos.

Por ltimo, el uso de diferentes fuen-tes de energa tambin plantea algunasdiferencias de gnero. Considerandosolo los jefes de hogar que no saben leerni escribir, el uso de energa humana yanimal es ligeramente ms intensivo enhombres, mientras que el uso de energa

Tabla 2. Percepcin de productores hombres y mujeres sobre la suficiencia de los ingresos,

por tamao de la unidad agropecuaria, y razn principal para sembrar los cultivos

Menor a 1 De 1 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 De 10 a 20 De 20 a ms

% % % % % %

H 17.6% 24.9% 29.7% 32.8% 34.8% 35.4%

M 15.8% 22.5% 26.2% 27.6% 28.8% 27.9%


% % % % % %

H 51.6% 45.0% 41.9% 39.6% 37.7% 36.7%

M 51.5% 46.5% 44.4% 42.4% 41.5% 41.4%

H 2.6% 2.3% 2.3% 2.3% 1.7% 1.0%

M 2.7% 2.3% 2.5% 2.6% 2.0% 0.9%

H 31.4% 29.8% 27.4% 24.8% 23.9% 24.8%

M 33.3% 31.7% 28.8% 26.9% 25.2% 27.5%

La actividad agropecua-ria le produce suficien-tes ingresos:

Siempre siembra elmismo cultivo

Por el abastecimientode agua

Son cultivos de pocogasto

Razn principal parasembrar los cultivos:

S

Nmero de personas

en el hogar

Tabla 3. Predios conducidos por hombres y mujeres y nmero de personas en el hogar,

segn tamao de la unidad agropecuaria


% % % % % %

Una persona H 19.8% 15.6% 13.5% 13.2% 13.7% 15.3%

M 27.2% 23.4% 21.5% 21.4% 21.0% 22.5%

De 2 a 3 H 37.7% 36.2% 35.9% 35.8% 35.3% 36.0%

M 40.0% 41.3% 41.4% 40.8% 41.2% 41.1%

De 4 a 5 H 28.9% 31.1% 31.6% 31.5% 31.1% 29.4%

M 23.5% 24.5% 25.4% 25.7% 25.6% 24.3%

De 6 a 9 H 13.1% 16.3% 18.0% 18.4% 18.6% 18.0%

M 8.9% 10.3% 11.1% 11.5% 11.5% 11.3%

De 10 a ms H 0.5% 0.8% 1.1% 1.1% 1.2% 1.3%

M 0.4% 0.5% 0.6% 0.6% 0.7% 0.8%

Grfico 1. Grado de instruccin cursado por productores

hombres y mujeres


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mecnica lo es en mujeres. En el segmen-to de jefes de hogar alfabetos el panora-ma es similar, con la nica diferencia deque la energa humana es intensiva paraambos gneros (38.9% frente a 39%).

Tanto las mujeres que saben leer o escri-bir como las que no, hacen un uso msintensivo de la energa mecnica, lo cualpuede estar ligado con el menor esfuer-zo fsico que implica utilizar esta energa,

en comparacin con las energas animaly humana. En general, tanto en hombrescomo mujeres, las energas ms utiliza-das son la humana y la animal: juntascomprenden alrededor del 90% de las UA,lo que refleja un pobre ndice de mecani-zacin en el sector.

En cuanto a la solicitud de crdito oprstamo, las UA conducidas por varo-

nes presentan una mayor tasa de solici-tud de crdito en comparacin con lasconducidas por mujeres, cualquiera seael tamao del predio. Pero a medida quese trata de UA ms grandes, las brechasde gnero se incrementan; por ejemplo:en UA menores a 1 hectrea, de cada 100,seis hombres solicitaron crdito y cincoen el caso de las mujeres; mientras queen UA entre 10 y 20 hectreas, 17 de cada100 hombres solicitaron crdito y solo11 de cada 100 mujeres lo hicieron. Final-mente, los hombres jefes de hogar estn

ms vinculados a alguna organizacin,comit o cooperativa de produccin quelas mujeres, independientemente del ta-mao de la UA que conduzcan.

Desde la postura de una poltica quefomenta la inclusin, la persistente inequi-dad de gnero en el mundo rural debe serenfrentada con medidas que impulsen eldesarrollo productivo, la capacitacin, elacceso al crdito y una mayor seguridad

jurdica sobre la tierra por parte de lasmujeres. Estas polticas pondrn un freno

a las desigualdades, en favor de un Esta-do ms democrtico e inclusivo.

Criterio*:

Tabla 4. Uso de insumos, capacitacin y fuentes de energa por hombres y mujeres, por

condicin de alfabetismo

No saben leer o escribir Saben leer o escribir

Hombres Mujeres Hombres MujeresUso de insumos agrcolas 52,883 77,296 488,286 171,237

Fertilizantes qumicos 22.3% 14.3% 27.8% 21.9%

Abonos orgnicos 77.7% 85.7% 72.2% 78.1%

Recibieron capacitacin 144,646 194,401 1410,135 497,520

S 5.6% 3.8% 12.1% 8.2%

Fuente de energa 136,112 179,331 1394,456 489,344

Solo humana 38.2% 36.0% 38.9% 39.0%

Solo animal 46.4% 45.4% 37.2% 34.6%

Solo mecnica 5.3% 7.2% 8.6% 10.3%

* Nota: cada criterio est expresado en trminos de UA y no en hectreas.Fuente: IV Cenagro, 2012. Elaboracin: Cepes.

Pertenece aorganizacin

Solic i tcrdito

Tabla 5. Crdito y pertenencia a alguna organizacin, hombres y mujeres,

segn tamao de la unidad agropecuaria

Criterio: Gn er o Menor a 1 De 1 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 De 10 a 20 De 20 a ms

TotalUA:

H 5.9% 9.6% 13.9% 16.5% 16.6% 14.4%

M 4.5% 6.9% 9.9% 11.9% 11.4% 8.8%

TotalUA:

H 24.7% 22.2% 24.3% 26.0% 22.5% 19.4%

M 24.1% 21.0% 22.1% 23.9% 20.6% 16.3%Fuente: IV Cenagro, 2012. Elaboracin: Cepes.

829,929 669,988 250,311 217,766 117,482 113,767

829,929 669,988 250,311 217,766 117,482 113,767

S

S

FotoGiuseppeBizzarri

Segn el reciente censo agropecuario, la mayor solicitud de crditos bancarios se ha presentado en los predios conducidos por varones. En las

unidades agropecuarias entre 10 y 20 hectreas, solicitaron crdito 17 de cada 100 hombres y solo 11 de cada 100 mujeres.


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Acerca del tema de la alimentacinhay un debate entre dos concepcio-nes distintas, debate tanto ms inten-so cuanto que de estas surgen polti-cas muy diferentes. Una es la de se-guridad alimentaria y otra la de so-berana alimentaria. De dnde sur-gen estas concepciones?

En una asamblea de la FAO1 enRoma, en 1996, los Estados reunidosse pusieron de acuerdo en una defini-cin de seguridad alimentaria, adop-tndola como orientadora de sus res-

pectivas polticas alimentarias. Pero enla misma Roma, y en los mismos das,en una reunin paralela, de La Va Cam-pesina que rene a organizacionescampesinas de todo el mundo, apro-baron por consenso otra definicin,discrepante con la primera.

Lo que afirma la definicin de la FAOes que un pas debe contar con alimen-tos suficientes y nutritivos, accesibles atoda la poblacin en todo momento2, perono seala cmo. La propuesta de La Va

Campesina va ms all, pues exige que

Soberana alimentaria: el debatemundial se intensifica

Fernando Eguren

los Estados reconozcan que la alimenta-cin es un derechoy que para alcanzar laseguridad alimentaria: a) los Estados ylos pueblos deben ser soberanos; b) losalimentos deben ser producidos de for-ma sostenible y ecolgica; c) las econo-mas y mercados locales deben priorizar-se; d) los campesinos y los agricultoresfamiliares deben tener el papel protag-nico; e) las particularidades culturalesdeben respetarse; f) se requieren nue-vas relaciones sociales, libres de opre-sin y desigualdades entre hombres y

mujeres, pueblos, grupos raciales, clasessociales y generaciones3.

Puede suponerse que la definicinde soberana alimentaria pone en cues-tin muchos de los acuerdos interna-cionales que inciden sobre la produc-cin y comercializacin de alimentos por ejemplo, los tratados de libre co-mercio, as como las polticas agra-rias que promueven prioritariamente losagronegocios exportadores y que mi-nimizan el papel de la pequea agricul-

tura. Precisamente, estas polticas son

caractersticas de los gobiernos delPer desde hace ya varias dcadas.

La seguridad alimentariagana terreno?

Hace pocos das, el director gene-ral de la FAO, Graziano da Silva, for-maliz un acuerdo con La Va Campe-sina en el marco de una nueva estrate-gia de la FAO cuyo objetivo es con-solidar lazos con movimientos socia-les, organizaciones de base y ONG quecomparten el objetivo de erradicar el

hambre, la malnutricin y la inseguri-dad alimentaria4.

No cabe duda de que este acerca-miento es positivo para los propsitosde La Va Campesina, de colocar supropuesta de soberana alimentaria enun lugar ms alto de la agenda interna-cional y, asimismo, de los Estados.

Pero tambin va en el mismo senti-do la reciente realizacin, en la presti-giosa Universidad de Yale, en Esta-dos Unidos, de un foro sobre el tema:

Soberana alimentaria: un dilogo cr-

Movimientos internacionales como La Va Campesina, que apuestan por la soberana alimentaria (Food Sovereignty), trabajan intensamente paraque los Estados del mundo adopten esta concepcin de poltica alimentaria.

Foto internet


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Hctor Salvador: luchador campesino inacabable

El martes 8 de octubre falleci Hctor Salvador Canales, batallador

dirigente campesino desde los aos previos a la reforma agraria.

Natural de Palpa, distrito del mismo nombre en la provincia de

Huaral, departamento de Lima, Hctor fue pen de la hacienda

Palpa, de la familia Vizquerra. En la dcada de 1960 ya des-tacaba su personalidad carismtica y luchadora.

En los aos de la reforma agraria fue secretario ge-

neral de la Federacin Campesina del Valle Huaral-

Chancay-Aucallama y dirigente nacional de la Con-

federacin Campesina del Per (CCP). Cumpli

un papel fundamental en la organizacin y con-

duccin del IV Congreso de la CCP, realizado

precisamente en el mismo valle, en el fundo To-

rreblanca. Junto a varios dirigentes locales, bata-

ll para que se aplicase la reforma agraria en

dicho valle y se evitase la descapitalizacin de las

haciendas en proceso de expropiacin.Despus de la reforma agraria, Hctor sigui en

su empeo de contribuir a que los beneficiarios de la

reforma agraria, convertidos en pequeos agricultores

(luego de la parcelacin de las cooperativas), encontra-

sen, en el agro reformado, oportunidades de desarrollo

econmico, poltico y social. Fue un importante soporte de

la central de cooperativas agrarias del valle, de la junta de

regantes y de toda iniciativa orientada a hacer de Chan-

cay-Huaral un espacio de ciudadanos y pequeos produc-

tores prsperos.

Hctor fue tambin un buen padre de familia, a la que deja

acongojada pero, al mismo tiempo, orgullosa de reconocer

en l un ejemplo de honestidad, coraje y generosidad.

El Cepes, siempre tan cercano a Hctor,lamenta mucho su deceso.

tico, en el cual tuvimos oportunidadde participar. Este foro reuni a pres-tigiosos acadmicos de todo el mun-do para analizar la propuesta de sobe-rana alimentaria, as como a activis-tas y representantes de La Va Cam-pesina. Con este fin se prepararonnada menos que 82 ponencias5, desdediferentes perspectivas disciplinariasy opciones polticas. Las hubo desdeconceptuales hasta la revisin de ex-periencias concretas de pases cuyosgobiernos han adoptado la opcin desoberana alimentaria (como Venezue-la, Bolivia y Ecuador).

El caso de Mxico tambin fue ana-lizado, en particular por el impacto ad-verso que ha tenido sobre su sobera-na alimentaria el acuerdo de libre co-mercio suscrito, hace dos dcadas,

con Estados Unidos y Canad (Naf-ta). Aun cuando el foro tuvo un tintegeneral favorable a la propuesta desoberana alimentaria, hubo ponen-cias bastante escpticas sobre la po-sibilidad de que esta fuera aplicablede manera integral, lo que fue reforza-do por las dificultades que los men-cionados pases han tenido para plas-marla con xito. El Per mereci unaponencia, en la que se indaga sobre elimpacto que puede tener la nueva le-gislacin de aguas sobre la soberanaalimentaria, a partir del caso de lascuencas de los ros Santa e Ica.

Se analizaron los esfuerzos de movi-mientos sociales de productores y con-sumidores en Asia, frica y AmricaLatina para que los gobiernos modifi-quen sus polticas neoliberales y prote-jan la produccin nacional de los acuer-dos internacionales que colocan en si-tuacin de desventaja a la pequea agri-cultura. Otras ponencias destacaron laimportancia de la agricultura familiar en

la produccin de alimentos y en la prc-tica de una agricultura ambiental y so-cialmente sostenible; el actual papel dela mujer en las diferentes fases de la ac-tividad productiva; la necesidad deaprovechar los conocimientos de cam-pesinos y poblaciones indgenas; y laexigencia de incrementar el peso de laagricultura orgnica.

Fue muy interesante constatar queel inters por la soberana alimentariano solo se presentaba en los pases

en desarrollo, sino tambin en Esta-dos Unidos y Canad, en donde haymovimientos de ciudadanos contra lallamada comida chatarra, y de agri-cultores que demandan no solo unmejor trato a su produccin, sino tam-

bin una agricultura que sea de escalahumana y que fortalezca a las comuni-dades rurales activas.

El debate sobre soberana alimenta-ria en el Per apenas s se inicia. Porlo pronto, el Ejecutivo se opone a queen la propuesta de ley de seguridadalimentaria y nutricional que la Comi-sin Agraria aprob por unanimidadse haga referencia a la soberana ali-mentaria6, por temor a los reclamosproteccionistas que pudieran plan-

tear los pases con los que hemos fir-mado tratados de libre comercio, fren-te a los cuales hemos dejado despro-tegida nuestra agricultura.

Notas1 La Organizacin de las Naciones Unidas

par a la Alimenta ci n y la Agricul tura

(FAO, por sus siglas en ingls).2 Ver .3 Ver y

.4 Ver .5 Todas las ponencias pueden ser consul-

tadas en .6 El nombre del proyecto de ley es Ley de

soberana y seguridad alimentaria y nu-

tricional.

Visite: www.observatorioseguridadalimentaria.org/


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Los diferentes rostrosde la tenencia de tierras

Jaime Escobedo

Cuando discutimos sobre la tenenciade tierras en el Per, es una tentacinreducir el debate alrededor de la partici-pacin de los propietarios, porque setrata del sector ms numeroso y msvisible del sector agropecuario. Sin em-bargo, los propietarios no son los ni-cos que conducen unidades agropecua-rias (UA), pues junto a ellos existen enla actualidad miles de arrendatarios, co-muneros e incluso personas que com-binan propiedad con otros derechos deuso del terreno. Ahondar en todas es-tas modalidades de tenencia de la tierra,

a partir de la informacin recogida enlos censos agropecuarios (Cenagro) de1994 y 2012, es una tarea interesante ypuede ser fuente de algunas sorpresasy, tambin, de interrogantes.

El arriendo y la tenenciamixta de tierras estn

contribuyendo alacaparamiento de tierras?

En los ltimos aos se viene discu-tiendo sobre el papel del mercado delarriendo y de las formas mixtas de tenen-cia de UA que combinan derechos de

uso, control y/o propiedad sobre la tie-rra en el proceso de acaparamiento detierras que afronta nuestro continente.En pases como Argentina, Bolivia o Uru-guay no hay duda de que estas modali-dades de tenencia de la tierra despiertantanto inters en inversionistas como lamisma propiedad del recurso1, pero quocurre en el Per? Hay indicios de queel arriendo o las modalidades mixtas detenencia estn contribuyendo a la con-centracin de tierras en pocas manos?

Conforme al Cenagro de 1994, existanpor entonces cerca de 40 mil UA conduci-

das en la modalidad de arriendo y pocoms de 130 mil bajo modalidades mixtasde tenencia. En la actualidad, el nmerode UA arrendadas se ha duplicado, lle-gando a las 94 mil, y las modalidades mix-tas se han incrementado aproximadamen-te a 200 mil. Pero este incremento signifi-cativo en las UA se ha traducido en unaumento considerable en la cantidad dehectreas arrendadas o bajo tenencia mix-ta? No en el caso del arriendo y s tratn-dose de las modalidades de tenencia mix-ta. Entre 1994 y 2012, las hectreas arren-dadas se incrementaron en aproximada-

Si profundizamos en

las modalidades de

tenencia de la tierra,

podemos advertir, por

ejemplo, que la

propiedad no es el

nico camino para el

acaparamiento de

tierras, o que la

tenencia comunal fue

subestimada en el

ltimo censo.

FotoArchivoCepes

La actual situacin de la

tenencia de tierras dentro de

las comunidades campesinas

sigue siendo un tema crucial

para analizar el problema del

acaparamiento de tierras.


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OCTUBRE de 2013 9

Fuente Cenagros 1994 y 2012. Elaboracin propia.

Hasta 5 h De 5 a 50 h De 50 a 500 h De 500 a 3000 h De 3000 a ms

En arriendo 1994 43,390 82,297 105,460 29,605 40,752

En arriendo 2012 92,412 99,685 80,929 62,581 44,924

Mixta 1994 178,405 382,941 259,125 95,896 7,575

Mixta 2012 237,387 442,644 329,387 205,114 172379

mente 80 mil, mientras que en el caso de latenencia mixta el incremento supera las450 mil hectreas.2

Existen relaciones entre esos niveles dearriendo y tenencia mixta y la formacin denuevos latifundios? De acuerdo con losdatos del grfico 1, la superficie en arriendose ha expandido sobre todo en UA menoresde 50 hectreas, ha decrecido en las que seubican entre 50 y 500 hectreas y ha tenidoun crecimiento marginal a nivel de latifun-dios (500 o ms hectreas). La situacin enel caso de la superficie agropecuaria bajomodalidades mixtas de tenencia es opuesta:no solo ha aumentado en todos los interva-los recogidos en el grfico 1, sino que esnotable su incremento a nivel de latifundios,pues de contar con poco ms de 100 milhectreas en 1994, hoy dicho sector manejaaproximadamente 380 mil hectreas.

En resumen, segn los datos censa-les, tambin las modalidades de tenen-cia mixta vienen contribuyendo al aca-paramiento de tierras en nuestro pas.

Cunto de la propiedadcomunal se gestiona

colectivamente y cunto attulo individual?

El asunto de la tenencia de tierrasdentro de las comunidades suele con-citar mucho inters, pues hablamos deuna superficie agropecuaria de millo-nes de hectreas. En ese sentido, el Ce-nagro de 2012 era la oportunidad per-fecta para profundizar en el tema, perodesgraciadamente sus datos, en lugarde ayudarnos a aclarar el panorama,pueden inducirnos a error.

Si nos ceimos a la seccin de tenen-cia comunal del censo, advertimos quela superficie bajo este tipo de tenenciabordea el milln 400 mil hectreas. Sinembargo, revisando otro apartado delmismo censo, el relacionado con la su-

perficie agropecuaria en manos de co-munidades campesinas y nativas, se ad-vierte que esta llega a los 23 millones 500mil hectreas (verLRA155).

Cmo explicar que existan casi 22 millo-nes de hectreas que son de comunidadespero que no estn bajo la modalidad detenencia comunal? Por razones de espa-cio, en este artculo no podemos explayar-nos, pero anticipamos que parte de la ex-plicacin tiene que ver con el manejo deltrmino tenencia comunal. Bajo este trmi-no, el Cenagro de 2012 contabiliza en laseccin de tenencia comunal aquellas tie-

rras conducidas de forma colectiva, perolas tierras comunales que los campesinosy nativos identificaron como propiedadindividual, las habra consignado dentrode la seccin de tenencia en propiedad.3

Por esa razn es que el Cenagro de

2012 registra 23 millones 500 mil hect-reas de propiedad comunal, pero sola-mente a un 6% de ella le atribuye lamodalidad de tenencia comunal. Po-dramos pensar que el 94% restante seconduce bajo la modalidad de propie-dad individual. Sin embargo, se tratade una conclusin errada por cuanto,solamente la superficie de pastos,usualmente conducida bajo tenenciacomunal, est muy por encima del 6%registrado por el censo. Por eso soste-nemos que en este extremo el Cenagrode 2012, en lugar de ayudarnos a acla-

rar el panorama nos induce al error.Ahondar ms en la evolucin de las

formas de tenencia de la tierra nos puedeayudar a identificar otros caminos parael control de tierras en nuestro pas, ascomo el sentir de los principales actores.

Notas1 FAO (2012). Dinmicas del mercado de la

tierra en Amrica Latina y el Caribe: con-centracin y extranjerizacin.

2 De acuerdo al Cenagro de 1994 la superfi-

cie arrendada alcanzaba las 301 mil hect-

reas y bajo tenencia mixta existan 923 mil

ha. Actualmente (Cenagro 2012), la super-

ficie de hectreas en arriendo bordea las

380 mil y en el caso de la tenencia mixta

llega a un milln 386 mil ha.3 En un sentido similar, revisar Valera, Gui-

llermo (1997). Las comunidades campesi-nas en el Per. Una aproximacin estads-tica. Lima: Instituto Rural del Per.

Grfico 1


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No es ninguna novedad que las comu-nidades son invisibles para la clase pol-tica y la opinin pblica en general. Sinembargo, en los ltimos seis aos, luegode los sucesos de Bagua, han regresadoal primer plano por la obligacin que tie-ne el Estado peruano de consultarlascuando son afectadas por una actividadextractiva, en el marco del cumplimientodel Convenio 169 de la OIT.

En pleno 2013, la discusin poltica giraen torno a si las 6,2771comunidades cam-pesinas que nunca fueron considera-das en los grandes planes nacionales dedesarrollo, como si no existieran son ono son pueblos indgenas.

A partir de este debate, los discursoscontra ellas son muy agresivos, demues-tran la actual posicin del Estado y refle-

jan el predominio de privilegios de gru-

pos de poder (empresas extractivas) queven a las comunidades, y sus derechoscolectivos sobre los recursos naturales,como agentes que no permitiran el de-sarrollo del pas.

As, desde el sndrome del perro delhortelano, todos tienen costumbresoccidentales, todos utilizan celulares,hace tiempo las comunidades campesi-nas dejaron de existir y solo existenpara hacer poltica, obtener dinero deempresas mineras o petroleras y benefi-ciar a sus dirigentes, todos estos sondiscursos que provienen de un supues-to sentido comn, que viene ganandoadeptos, pero que en realidad muestranuna carga discriminadora muy fuerte.Veamos cmo esto se traduce en polti-cas de Estado.

Comunidades, presente!Aproximadamente cuatro millones y

medio de personas es decir, tres decada cinco peruanos que viven en el cam-po son comuneros, controlan 2.6 decada 6 hectreas de la superficie agrope-cuaria nacional y viven organizados en6,277 comunidades campesinas que seencuentran en todo el Per. Segn el re-ciente censo agropecuario, manejan el

42.2% de superficie agropecuaria delpas2y el 18.74% de todo el territorio na-cional3.

Sus tierras encierran posiblemente lagran parte de la biodiversidad andina, yson los comuneros quienes se encargande mantenerla y desarrollarla. En sus tie-rras se originan las fuentes de agua quese utilizan para el consumo humano ycomo recurso indispensable para el desa-rrollo de modelo agroexportador vigente,y es en donde se encuentran los minera-les que anhelan las empresas extractivas.

La consultaPresionados por el recuerdo de los

sucesos de Bagua del 5 de junio de 2009,el actual Congreso de la Repblica apro-b con inusitada rapidez la Ley del de-

recho a la consulta previa. Como resul-tado de ello, grupos de poder y sus prin-cipales voceros, hasta ese momento cr-ticos a la vigencia del Convenio 169, sa-ludaron a pie juntillas la norma porque

justamente no incorporaba al total de lascomunidades campesinas como sujetosde derecho. Ello tiene mucho sentido siconsideramos, por ejemplo, que el 20.3%del total de la superficie nacional est

sujeto a una concesin minera4

.El gran argumento del Estado para noreconocerles este derecho a las comuni-dades campesinas radica en su mesti-zaje, bajo la premisa de que son unamezcla de culturas que dan origen a unanueva. Por ello, segn sus detractores,ellas no son pueblos indgenas, puesestn sustantivamente vinculadas a laciudad (usan celulares y jeans), al co-mercio, a los servicios del Estado, y noconservan sus tradiciones ancestrales.

El fantasma o amenaza de que se re-sistan a las actividades mineras, perocon la fuerza de una ley, hace que seniegue su existencia, afirmando que enlos Andes no existen indgenas. Al pa-recer, para dichos sectores, no ha sidosuficiente marginar a las comunidadescampesinas de las polticas pblicas,sino que tambin es necesario desapa-recerlas para negarles derechos que lescorresponden.

Base de datos

El famoso y esperado documento degestin que por fin nos iba a resolver lagran pregunta: cuntas comunidadescampesinas forman parte de los pueblosindgenas?, acaba de publicarse (27 deoctubre) y dice muy poco al respecto. Loque se sabe es que 1,992 comunidadesreconocidas no son consideradas comoparte de los pueblos indgenas. Si des-contamos las 174 de la costa y las 90 dela selva, tenemos que 1,728 comunida-des ubicadas en los Andes no son con-sideradas como indgenas. Qu criteriosse emplearon? Se aplic algn peritaje

Las diversas polticas deEstado continan

discriminando a lascomunidades campesinas

Pedro Castillo Castaeda

A partir de los trgicos sucesos de Bagua, se dieron una serie de normas supuestamente a favor

de mayores derechos para los indgenas. Sin embargo, en muchos casos marginaron a lascomunidades campesinas.

Fotointernet


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OCTUBRE de 2013 11

antropolgico para sealar que el 28%del total de comunidades reconocidas noforman parte de ningn pueblo? Nadie,fuera del Ministerio de Cultura, lo sabe.

El Congreso de la RepblicaEl ataque sistemtico contras las co-

munidades campesinas proviene de to-dos lados. Un grupo de parlamentariosnacionalistas ha presentado un proyec-to de ley (2462-2012-CR) el 15 de julioltimo, resucitando los cuestionados einfames decretos legislativos del gobier-no de Alan Garca. Lo peligroso de este

proyecto es que, a efectos de promovery facilitar la inversin privada en tierrascomunales, disminuyen el nmero devotos necesarios para disponer de dichastierras, al igual que los decretos de Gar-ca. Lo particular de esta ltima iniciativalegislativa es que solo es aplicable a lascomunidades campesinas. A la fecha, nose sabe el destino final de esta propues-ta dentro del Congreso.

Adicionalmente, el gobierno humalistaparece estar en una campaa para borrarde los predios congresales todo aquelloque pueda promover la interpretacin de

que el ntegro de las comunidades campesi-nas forman parte de los pueblos indgenas,pues podra traer como consecuencia la exi-gencia de la consulta a favor de todas ellas.Esa es la nica explicacin para que, reciente-mente, la Comisin de Pueblos Andinos,Amaznicos y Afroperuanos, Ambiente yEcologa haya aceptado incorporar la catego-ra depueblos indgenasen una reciente fr-mula legal que promueve la coordinacin en-tre los diferentes sistemas de justicia comu-nal que existen en el Per. Estamos hablandode una propuesta (proyecto de ley 313-2011-PJ) que fue saludada por diferentes expertos

que vean en ella el cumplimiento de una deu-da que tena el Estado con los sistemas dejusticia comunales del pas.

Lamentablemente, est primando el enfo-que restrictivo de derechos que plantea unaantinomia entre pueblos indgenas y co-munidades. Lo que podra ser una catego-ra (pueblos indgenas) que incorpore al con-

junto de comunidades, termina siendo per-judicial, pues, en la visin estatal, sin mediarrazn alguna, no todas las comunidades sonindgenas.

La regla general debe ser que a todos, sindistingo de ningn tipo, les corresponde la

consulta si se piensa realizar una in-versin extractiva que restrinja el usode recursos naturales necesarios parael desarrollo de sus vidas. Lastimosa-mente, el actual esquema econmiconos induce a creer que no es compati-ble el reconocimiento de derechos alos pueblos indgenas (lase, tambin,comunidades) con el modelo de acu-mulacin de riquezas vigente desdelos aos noventa. El Convenio 169,lejos de convertirse en una oportuni-dad para reconciliar a los peruanosdel campo y la ciudad, est sien-

do utilizado para excluir an ms. Laclase poltica gobernante no entiendeque a mayor nmero de sujetos deconsulta, menor sera el nmero deconflictos por el aprovechamiento derecursos naturales.

Notas1 IV Censo Nacional Agropecuario (IV Ce-

nagro), de 2012. Para mayor detalle

puede verse LRA155.2 16359,073.76 ha (IV Cenagro).3 23643,958.06 ha (Cofopri 2010).4

26 millones 85 mil 500 ha. CooperAc-cin 2013.

Desde el Estado y desde ciertos grupos de poder se manejan discursos muy agresivos contra las comunidades campesinas, intentando negar su

existencia.

FotoArchivoCepes


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Preocupacin mundial sobre el cambio climtico:

Continua su avanceBeatriz Salazar

Si quedaban dudas sobre la realidad delcambio climtico y de que sus efectos pue-den ser catastrficos para el planeta, estas

han sido disipadas por el ltimo informe delPanel Intergubernamental sobre Cambio Cli-mtico (IPCC), entidad creada por las Na-ciones Unidas para evaluar el estado delconocimiento sobre este fenmeno y co-municarlo a los gobiernos, para que basensus polticas climticas en evidencia cient-fica. Si no se toman medidas drsticas paralimitar el aumento de temperatura a 2 gradosC, los glaciares podran reducirse hasta en85%, el nivel del mar podra aumentar has-ta en 82 cm y los fenmenos meteorolgi-cos extremos seran ms frecuentes, entreotras consecuencias catastrficas.

El informe del IPCC es importante por-que sus conclusiones pueden convencera los pases sobre la urgencia de tomarmedidas para enfrentar el cambio climti-co, o pueden lograr lo contrario, es decir,contribuir a que estas medidas se poster-guen indefinidamente si no se logra com-probar que este fenmeno constituye unaamenaza grave.

Un punto importante sobre el que seesperaba un pronunciamiento del IPCC

era el surgimiento de nueva evidencia

que indicara que desde 1998 se ha pro-ducido una pausa en el calentamien-to global, pues la temperatura aument

mucho menos de lo que los cientficosdel IPCC esperaban. Esta pausa hasido el principal argumento de algunosgrupos para plantear que el proceso decalentamiento global se ha detenido yque ya no es necesario tomar medidaspara enfrentarlo.

Los seres humanos somosresponsables

En este contexto, el quinto informedel IPCC ratifica que el cambio climticono se ha detenido, que los seres huma-nos son los responsables de ello y, porlo tanto, contina siendo necesario to-mar medidas para mantener el calenta-miento global por debajo de dos gra-dos, nivel que no debe superarse a finde evitar posibles efectos catastrficos.Segn advierte el IPCC, ese lmite de dosgrados se superara en 2040 si no se to-man medidas.

Entre las conclusiones del IPCC queindican que el cambio climtico consti-tuye una amenaza y debe ser enfrenta-

do resaltan:

El volumen de los glaciares podra se-guir reducindose entre 15 y 85% has-ta 2100.

El nivel del mar podra subir entre 26y 82 centmetros para 2100. En las ltimas dcadas ha habido fuer-

te incidencia de fenmenos meteoro-lgicos extremos: olas de calor, fuer-tes lluvias y crecidas, sequas y tor-mentas tropicales y extratropicales.

La acidificacin del ocano desde 1900ha aumentado en casi un 30%, lo cualperjudica a los peces, los arrecifes decoral y los ecosistemas marinos.

La temperatura al ao 2100 subir entre0.3 C y 4.8 C con relacin a la tempe-ratura media del periodo 1986-2005.

El impacto en el PerEl Per tambin ha tenido participacin

en este informe. Gabriel Quijandra, vice-ministro de Desarrollo Estratgico de Re-cursos Naturales, del Ministerio del Am-biente, advierte que la evidencia que semaneja es predominantemente generadapor la investigacin en el norte, porqueen el sur la disposicin de recursos parahacer investigacin es menor. Sin em-

bargo, en el Per tambin se cuenta con

A fines de setiembre, en Estocolmo, Suecia, se realiz una nueva reunin del IPCC, donde se present el informe sobre el alarmante avance del

cambio climtico en el mundo.

Fotointernet


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OCTUBRE de 2013 13

investigacin que evidencia que el cam-bio climtico est afectndonos.

Por ejemplo, la Autoridad Nacionaldel Agua (ANA) mostr recientementeuna actualizacin del inventario de gla-ciares. Segn explica el viceministroQuijandra, la tasa de prdida de cober-tura glaciar alcanza 39%, y en algunascordilleras ya lleg al 92%, sobre todoen las cordilleras La Viuda y La Raya enLima.

Sin embargo, poco o nada se puedehacer para detener el retroceso glaciar.Las intervenciones tienen que estar msenfocadas a cmo responder a las con-secuencias de esta prdida de glaciares,que est vinculada a menor disponibili-dad de agua. Eso pasa, primero, por me-jorar la gestin de los ecosistemas queregulan el recurso hdrico en las cabece-

ras de cuenca, en las zonas productorasde agua, seala Quijandra.Muchos de estos ecosistemas estn

amenazados por proyectos industriales,de infraestructura o de desarrollo agr-cola vinculados a la prdida de producti-vidad en otras zonas, lo que obliga a lospobladores a daar los humedales paraintentar generar ingresos. Si lo vemosen trminos de un enfoque de cuenca,esa es la estrategia de atencin en la par-te alta. En la parte media debe conside-rarse todo lo relacionado con la infraes-tructura de captacin de agua, sostie-ne el viceministro. En este sentido, el Mi-nam ha tenido un primer acercamientocon el Minagri para establecer cmo par-ticipar en el programa Mi Riego, que estinvirtiendo mil millones de soles en pro-yectos de riego en la sierra.

Mi Riego necesita hacer ms expl-cito cmo se va a gestionar la disponi-bilidad de agua, porque en principioest orientado a que el recurso hdricoest disponible a travs de la canaliza-

cin para produccin agrcola, pero ne-cesitamos establecer qu proporcin deestos recursos debe orientarse a prote-ger los sistemas generadores de agua yqu proporcin a infraestructura quealmacena el agua, refiere Quijandra.

Proteger los ecosistemasOtra medida para enfrentar las con-

secuencias del retroceso glaciar es lacompensacin por servicios ecosist-micos, es decir, reconocer con una com-

pensacin econmica las acciones quegrupos humanos toman para preservaro mejorar los servicios ecosistmicos,sean de provisin de agua, secuestrode carbono, u otros. En el Congreso seest discutiendo una ley sobre el tema.

El ordenamiento territorial tambincontribuira a enfrentar los efectos delcambio climtico al armonizar diferen-tes usos del territorio y lograr que to-das las intervenciones ocurran en unmarco de sostenibilidad y no afecten laposibilidad de los ecosistemas de ge-nerar beneficios. El artculo de Nelly Ri-vera, en este nmero de LRA, da msinformacin al respecto.

Las polticas que aplique el Per paraenfrentar las consecuencias del cambioclimtico recibirn ms atencin, tantonacional como internacional, al ser elPer la sede de la Cumbre Mundial deCambio Climtico en 2014, y no solo enlo concerniente a adaptacin.

Nosotros, como pas sede, vamos atener que asumir compromisos vincu-lantes y ya no voluntarios como los quetenemos en la actualidad. Sern com-promisos vinculantes en el Acuerdo, ascomo los que vamos a exigir a China oIndia, o a los pases en vas de desarro-llo que no los han tenido anteriormente.Eso va a requerir un proceso de discu-sin con el sector privado y con la so-ciedad civil, sostiene Quijandra.

Tambin plantea que se producirn y

necesitarn algunos cambios en la ges-tin de los recursos naturales. Deter-minadas estrategias de desarrollo, y for-mas de hacer negocio, ya no van a serviables, porque si se mantienen va a serimposible que se cumplan los compro-misos. Se requiere repensar el desarro-llo y la forma en que nos acercamos almanejo de determinados recursos natu-rales, advierte el viceministro.

Es importante que nuestro pas sigarealmente un modelo de desarrollo bajoen carbono. Entre el 2000 y el 2009 nues-tra estructura de emisiones de gases deefecto invernadero ha evolucionado ha-cia una estructura ms parecida a la de

pases desarrollados y segn estudiosrecientes, en el ao 2062 las emisionesper cpita de carbono sern de 4.92 to-neladas por peruano, 193% que en 2012.Eso tendra que cambiar, mejorando laeficiencia del aparato productivo del pas,reduciendo los requerimientos de insu-

mos, energa y agua; y mediante la adop-cin de polticas que enfoquen de mane-ra integral los problemas ambientales.Debe entenderse que ninguna medidapara enfrentar el cambio climtico serefectiva si no se combaten fenmenoscomo la erosin y salinizacin de suelos,deforestacin, contaminacin, reduccinde la biodiversidad y otros ocasionadospor las actividades humanas. El creci-miento econmico no debe lograrse acosta de la sostenibilidad ambiental.

En el 2014, Per ser sede de la Cumbre Mundial de Cambio Climtico. Para el viceministro Quijan-

dra, los pases deben asumir compromisos vinculantes y ya no voluntarios para responder al problema.

Visite: www.observatoriocambioclimatico.org

FotoMinam


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0 - 10%

11 - 85%

86 - 95%

Proceso culminado

Grfico 1. Cuatro zonas

establecidas en distrito de

Nueva Cajamarca por ZEE

toria la ZEE en el mbito distrital y localcomo instrumento de planificacin y ges-tin de su territorio.

Cabe mencionar que la elaboracin dela ZEE pasa por la voluntad poltica regio-

nal, por la participacin activa de la po-blacin y su sensibilizacin para el usoadecuado de los recursos naturales y suterritorio. Hay que considerar, adems,que la elaboracin de dichos planes sig-nifica un abultado presupuesto para losgobiernos regionales, distritales y loca-les, porque tienen que partir de cero. Unobstculo actual es que los organismosdel Estado no cuentan con la informacinrequerida y, en muchos casos, se necesi-ta actualizar la ZEE de varias regiones5.

Por lo tanto, el debate sobre la futuraley debera considerar la ZEE como uninstrumento base para los planes de or-denamiento territorial.

Notas1 Grfico de laDivisin de Desarrollo Econmi-co Local, Servicios Pblicos y Sociales de la

Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.2 Zona protegida ubicada en la cuenca alta

del ro Mayo, entre la provincia de Rioja y

la de Moyobamba, en San Martn. Son sel-

vas de montaa, con gran biodiversidad.3 Aidee Zagaceta Campos, apoyo logstico en

la elaboracin de la ZEE de la Municipali-

dad de Nueva Cajamarca.4 Grfico de la Direccin General de Ordena-

miento Territorial del Minam.5 Ana Leyva,representante de la Plataforma

para el Ordenamiento Territorial.

Por qu necesitamos en el Per una leyque ordene el territorio? Las experienciasque hoy existen, han tenido xito? En laactualidad, la agricultura, la minera, laurbanizacin y otras actividades compi-ten con frecuencia entre s por los terri-torios. Cmo priorizar el uso entre ellas?Para esto sirve, precisamente, el ordena-miento territorial.

Durante la ltima sesin del Acuer-do Nacional, realizada el 4 de octubre,se aprob por unanimidad la trigsimacuarta poltica de Estado sobre orde-namiento y gestin territorial. De ma-nera paralela, en el Congreso de la Re-publica se estn debatiendo varios pro-yectos de ley de ordenamiento territo-rial que han sido impulsados por lasociedad civil, y, segn anunci el vi-ceministro de Desarrollo Estratgico de

los Recursos Naturales, del Minam,Gabriel Quijandra, en el Poder Ejecuti-vo tambin se est elaborando una ini-ciativa, documento que podra integrartodas las otras.

La experiencia de NuevaCajamarca (San Martn)

En 2003, con una inversin inicial de S/.25 mil,las autoridades municipales deldistrito de Nueva Cajamarca, en la selvaalta de la regin San Martin,decidieronidentificar las potencialidades y limitacio-nes de su territorio a travs de una zonifi-

cacin ecolgica econmica (ZEE), ins-trumento de diagnstico que proporcio-na informacin para un adecuado orde-namiento territorial (OT). Hacia 2005 esta-blecieron cuatro grandes zonas: la zonade cultivo limpio, lazona de recuperacin ycultivo permanente, lazona de proteccin yconservacin ecolgi-ca y, por ltimo, la zonaurbana e industrial (vergrfico 11).

Los cuarenta y cin-

co mil habitantes deNueva Cajamarca co-nocen mucho mejor laspotencialidades de suterritorio, y la ZEE losha ayudado a tener ma-yor informacin paratomar decisiones sobresus actividades econmicas y aprovecharsus recursos agua, suelos y bosques.

Por ejemplo, con la ZEE y el OT, lascomunidades ubicadas en la parte alta dela zona de amortiguamiento del Bosquede Proteccin Alto Mayo2 identificaronlas tierras aptas para cultivos permanen-tes, como el caf; actualmente, el 80% dela poblacin se dedica a cultivar este gra-no. De igual manera, la poblacin rural de-dicada al cultivo de arroz y pastos identi-fic otras actividades, como la crianza deabejas, que ha mejorado su economa.Adems, han incursionado en la acuicul-tura y estn promoviendo el consumo detilapia en el mercado local y regional.3

Cuntas regiones identificaronusos de su territorio

Ocho regiones del pas ya cuentan consus estudios de ZEE concluidos, sieteregiones los tienen en plena ejecucin,cinco estn por concluirlos y cuatro es-tn en el proceso de formulacin y orga-nizacin (ver mapa4).

Las regiones que impulsan este pro-cedimiento se han dado cuenta del po-tencial que tiene para el desarrollo en sus

jurisdicciones. Un ejemplo por resaltares San Martn, que, como hemos grafica-do lneas atrs, utiliza de manera obliga-

Ordenamiento territorial:La hora lleg

Estado del

proceso de

elaboracin del

ZEE en regiones

peruanas

Nelly Rivera


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OCTUBRE de 2013 15

Pasaporte para integrar el

gnero en los programas de

agua. Preguntas clave para

las intervenciones en el sec-

tor agrcola. De Jong, Es-

ther; Sagardoy, Juan Anto-

nio e Ilaria Sisto. Roma: Or-

ganizacin de las NacionesUnidas para la Alimentacin

y la Agricultura (FAO), 2013.

Documento elaborado por Estherde Jong, directora adjunta de la

Alianza de Gnero y Agua; Juan An-

tonio Sagardoy, director del proyec-to Gewamed y consultor internacio-

nal de gnero y gestin de aguas; e Ilaria Sisto, oficial de

Gnero y Desarrollo (Formacin y reforzamiento de capacida-des) de la FAO. Su finalidad es apoyar al personal de campo

en la integracin de una perspec-

tiva de gnero en la planificacin,ejecucin y gestin de los proyec-

tos y programas de gestin hdri-ca para usos agrcolas. El docu-mento puede descargarse desde

.

Afrontar la escasez de

agua. Un marco de accin

para la agricultura y la se-

guridad alimentaria. Orga-

nizacin de las Naciones

Unidas para la Alimentacin

y la Agricultura. Roma: Or-

Ministerio del Ambiente (Minam)

Por R.M. 298-2013-MINAM (1 oct.) modifi-

can la actualizacin del Listado de Inclusin

de Proyectos de Inversin sujetos al SEIA,

aprobada mediante R.M. 157-2011-MINAM, en

lo relativo al apartado del Sector Agricultura,

rubro Irrigaciones.

Mediante R.M. 301-2013-MINAM (5 oct.)

aprueban el Reglamento Interno de la Comisin

Multisectorial para la Prevencin y Recupera-

cin Ambiental de la Cuenca del Lago Titicaca y

sus Afluentes, creada por D.S. 075-2013-PCM.

Ministerio de Agricultura y Riego (Mi-

nagri)

Por R.M. 0392-2013-MINAGRI (16 oct.) se

declara el 30 de junio de cada ao Da Nacio-

nal de los Granos Andinos.

Por R.Jef. 453-2013-ANA (17 oct.) se prorro-

ga el esquema de distribucin mensual de

aguas del ro Huancabamba entre los proyec-

tos Olmos y Alto Piura, aprobado por D.S. 011-

2009-AG, prorrogado por R.Jef. 244-2011-ANA.

Mediante D.S. 011-2013-MINAGRI (18 oct.)

se establecen disposiciones para la formali-

zacin de las juntas de usuarios como opera-

dores de infraestructura hidrulica pblica.

La R.M. 0409-2013-MINAGRI (19 oct.) modi-

fica la conformacin de la comisin sectorial

denominada Consejo Regional del Caf de la

Selva Central a que se refieren las RR.MM.

0300 y 0337-2013-MINAGRI.

Por R.M. 0412-2013-MINAGRI (19 oct.) se

deroga el artculo 2 de la R.M. 0293-2013-MI-

NAGRI y se aprueba el Plan Nacional de Ac-

cin de Reduccin de la Incidencia y Severi-

dad de la Roya Amarilla del Cafeto, Hemileiavastatrix, en el Per, Plan Nacional Contra laRoya Amarilla.

Presidencia del Consejo de Ministros

(PCM)

Mediante D.S. 113-2013-PCM (3 oct.) se

declara el estado de emergencia en las zonas

cafetaleras de los departamentos de Amazo-

nas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Hunuco,

Junn, Pasco, Puno, San Martn, Ucayali y Piu-

ra, incluidos los valles de los ros Apurmac,

Ene y Mantaro (Vraem).

Por R.S. 340-2013-PCM (22 oct.) se crea la

ganizacin de las Naciones Unidas para la Alimen-

tacin y la Agricultura (FAO), 2013.

Texto en el que se intenta mostrar cmo el cambio clim-tico afectar la demanda de agua para la agricultura y,

como resultado, alterar la distribucin global de la agri-

cultura. Las inundaciones y sequas ms severas y fre-cuentes daarn la produccin local, sobre todo en sec-

tores de subsistencia de latitudes bajas y en las reasclave de inseguridad alimentaria dominadas por la agri-cultura de secano. Ello acentuar la demanda en los mer-

cados globales y supondr una mayor presin para laproduccin de regado. Texto descargable desde .

Gnero, cambio climtico

y agroecologa: mdulo I.

Centro de la Mujer Perua-

na Flora Tristn, Oxfam y

Ajuntament de Barcelona.

Lima: Centro de la Mujer

Peruana Flora Tristn,

2013Se trata del material de capaci-tacin del proyecto Justicia cli-

mtica, seguridad y soberanaalimentaria con agricultoras ru-

rales de Ayabaca-Piura, que

tiene el propsito de fortalecerlas capacidades y destrezas

tcnicas y sociales de las productoras agrarias, a partir del

reconocimiento de sus saberes ancestrales como estrate-gia para su adaptacin al cambio climtico. Descargable

desde .

comisin multisectorial encargada de elaborar

la propuesta de Estrategia de Saneamiento de

la Pequea Minera y de la Minera Artesanal.

Ministerio de Economa y Finanzas

(MEF)

La R.Vicem. 020-2013-EF/15.01 (8 oct.) pu-

blica los precios CIF de referencia para la apli-

cacin del derecho variable adicional o rebaja

arancelaria a las importaciones de maz, az-

car, arroz y leche entera en polvo.

Mediante D.S. 257-2013-EF (16 oct.) aprue-ban el reglamento de la Ley 30062, Ley que

uniformiza el canon y el sobrecanon por laexplotacin de petrleo y gas para los de-

partamentos de Piura, Tumbes, Loreto, Uca-

yali y la provincia de Puerto Inca en el depar-

tamento de Hunuco.

Por D.S. 260-2013-EF (17 oct.) autorizan la

utilizacin de los recursos del Fondo de Pro-

mocin del Riego en la Sierra (Mi Riego) en el

marco de la quincuagsima disposicin com-

plementaria final de la Ley 29951, Ley de Pre-

supuesto del Sector Pblico para el Ao Fis-

cal 2013.

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LA REVISTA AGRARIA Nº 156 - Octubre